Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 24 de abril de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 17

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 14 de Octubre de 2014

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMENEZ

APERTURA

- El C. Presidente Arturo Zamora Jiménez: (11:12 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 71 ciudadanas Senadoras y Senadores. En consecuencia, hay quórum, señor presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.

Se abre la sesión del martes 14 de octubre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda que se encuentra preparada para el día de hoy.





 

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con trece minutos del jueves nueve de octubre de dos mil catorce, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 fracción III del Reglamento del Senado y de conformidad con el Acuerdo de la Mesa Directiva para normar la Sesión Solemne de fecha dos de octubre de dos mil catorce, se abrió la Sesión Solemne para recibir la visita del señor ChungUi-Hwa, Presidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, en representación del Senado de la República, dirigió un mensaje de bienvenida al Presidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea y su comitiva.

 

El Sr. ChungUi-Hwa, Presidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea, hizo uso de la palabra para dirigir un mensaje a la Asamblea.

 

Se levantó la Sesión Solemne, a las once horas con cuarenta minutos y se continuó con la Sesión Ordinaria.

 

Fin de la Sesión Solemne.

 

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y dos minutos del jueves nueve de octubre de dos mil catorce, encontrándose presentes noventa y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador José Rosas Aispuro Torres, el Informe de su participación, conjuntamente con el Senador Miguel Romo Medina, en la "Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos", que se llevó a cabo los días 11 y 12 de septiembre de 2014, en Oslo, Noruega.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, su Informe de Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio y su Plan de Trabajo para el Tercer Año, ambos de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Turismo, su Informe de Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de la Policía Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 y se adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se determina que el ciudadano Armando Antonio Carrillo Lavat cumple con los requisitos de idoneidad establecidos por la ley para ocupar el cargo de Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.- Intervinieron los senadores: Javier Lozano Alarcón, para presentar el dictamen, por la Comisión de Comunicaciones y Transportes; Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen, por la Comisión de Gobernación; Alejandra Barrales Magdaleno, para presentar el dictamen, por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, quien solicitó además emitir excitativa a las comisiones correspondientes sobre el proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General, presentado el 21 de abril de 2014, el Presidente de la Mesa Directiva emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. Zoé Robledo Aburto del PRD; Manuel Bartlett Díaz del PT; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. Se aprobó en votación económica el dictamen con relación a la cobertura de requisitos y la idoneidad de la persona propuesta. Se aprobó en votación nominal, por 87 votos en pro, 2 en contra y 4 abstenciones, el nombramiento del ciudadano Armando Antonio Carrillo Lava, como Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del estado Mexicano, por un período de cinco años. El ciudadano tomó su protesta de ley.

(Comunicación)

Se recibió de la Comisión de Gobernación, la integración del grupo de trabajo plural a que se refiere el acuerdo aprobado el 7 de octubre de 2014, en relación con los sucesos ocurridos en la ciudad de Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre del año en curso.- El grupo de trabajo quedó conformado por los Senadores: Omar Fayad Meneses del PRI; Fernando Yunes Márquez del PAN; Armando Ríos Piter del PRD; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Ana Gabriela Guevara del PT; Mónica Arriola Gordillo. Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para recibir la comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores, Doctor José Antonio Meade Kuribreña, de conformidad con el Acuerdo aprobado en la sesión del 4 de septiembre, para el análisis de la Política Exterior del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República.

 

(R E C E S O)

 

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión.

 

En cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el punto tercero del Acuerdo aprobado para normar las comparecencias, en una intervención inicial, hizo uso de la palabra el Dr. José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores.

 

En la ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, hicieron uso de la palabra los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Rabindranath Salazar Solorio del PRD; Luis Fernando Salazar Fernández del PAN; y Marcela Guerra Castillo del PRI.

 

En la primera ronda de preguntas-respuestas-comentarios, intervinieron los senadores: Mónica Arriola Gordillo; para formular la pregunta, Layda Sansores San Román del PT y para realizar el comentario Martha Palafox Gutiérrez del PT; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Zoé Robledo Aburto del PRD; Mariana Gómez del Campo del PAN; y Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI.

 

En la segunda ronda de preguntas-respuestas-comentarios, intervinieron los senadores: Luz María Beristáin Navarrete del PRD; Jorge Luis Lavalle Maury del PAN; y Juana Leticia Herrera Ale del PRI.

 

En la tercera ronda de preguntas-respuestas-comentarios, intervinieron los senadores: Daniel Gabriel Avila Ruíz del PAN y Margarita Flores Sánchez del PRI.

 

En la cuarta ronda de preguntas-respuestas-comentarios, intervino el Senador Teófilo Torres Corzo del PRI.

 

En atención al numeral cinco del resolutivo tercero del Acuerdo, en una intervención final, hizo uso de la palabra el Dr. José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores.

 

El Presidente de la Mesa Directiva realizó una intervención final.

 

(CONTINUACION DE LA SESION ORDINARIA)

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que establece el cupo máximo y distribución de las preguntas parlamentarias que se formularán al Presidente de la República.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de consejero honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se instruyó hacer las publicaciones que dispone la Base Novena del Acuerdo aprobado.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional y de la Ley General de Vida Silvestre.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva HadamiraGastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Claudia Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXXI al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a promover un programa de combate al cambio climático y protección de la capa de ozono.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdopor el que el Senado de la República externa su reconocimiento y se congratula por la ciudadana mexicana Alejandra Ancheita, acreedora del premio Martín Ennals 2014.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a implementar políticas ambientales para contrarrestar la problemática de residuos sólidos del país.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no conceder al estado de Coahuila los créditos que solicite.- Se turnó a la Comisión de Federalismo.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a explicar y atender los hechos acontecidos el 3 de octubre de 2014 sobre la filtración de agua en el nuevo paso a desnivel de Lázaro Cárdenas, a la altura de Mederos, en el estado de Nuevo León.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República extiende una felicitación al estado libre y soberano de Baja California Sur y a la sociedad sudcaliforniana por su 40 aniversario de erección como estado integrante de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Federalismo.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe del estado que guardan los trabajos del proyecto integral de rehabilitación del corredor urbano Avenida Presidente Masaryk.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a investigar la probable comisión de anomalías en la reparación y mantenimiento de las principales vialidades de la Ciudad de México y, en su caso, se sancione a los responsables por acciones u omisiones que han derivado en inundaciones.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Ivonne Liliana Alvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin de que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, se etiqueten recursos para llevar a cabo el proyecto integral de manejo de las aguas pluviales en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se aumenten los recursos propuestos dentro del rubro del Programa de la Reforma Educativa para proveer bebederos con suministro continuo de agua potable para uso humano en los inmuebles escolares, con lo recaudado por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios a las bebidas azucaradas.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República extiende una felicitación al personal del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Armada de México, expresando su reconocimiento a las tareas que llevan a cabo en todo el país, particularmente por la labor realizada en auxilio a las comunidades que sufrieron los embates del huracán “Odile” en estado de Baja California Sur.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a Petróleos Mexicanos agilizar los trabajos para concluir la construcción de la nueva terminal de almacenamiento y reparto en Puerto Chiapas, municipio de Tapachula, en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Energía.

(Efemérides)

El Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del 100 aniversario de la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride para referirse al 190 aniversario de Guadalupe Victoria como primer presidente de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride enconmemoración del Día Internacional de la Niña.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con diecisiete minutos y citó a la siguiente el martes catorce de octubre a las once horas.

 

Fin de la sesión.”





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, señora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Senadora Angélica de Rosario Araujo Lara, con la que remite el informe de su participación en la XXII Reunión de la Comisión de Asuntos Económico, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano, celebrada el 26 de septiembre del año en curso, en Panamá.







 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, con la que remite su informe de labores correspondientes al segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.



- El C. Presidente Zamora Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación por el que comunica que el informe sobre el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá, se deberá discutir en el seno del Senado hasta que se reciba oficialmente por parte del Ejecutivo Federal la solicitud para la aprobación del mismo.



- El C. Presidente Zamora Jiménez: Esta Asamblea ha quedado enterada.

Remítase la documentación a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial; de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el informe sobre los resultados de la participación de la Armada de México en el Ejercicio Naval Cuenca del Pacífico, RIMPAC-2014, que se llevó a cabo del 27 de junio al 1 de agosto del año en curso, en las Islas Hawaii, Estados Unidos de América.

“2014, Año de Octavio Paz”

“SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/2494/14
México, D.F., 10 de octubre de 2014

CC SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y Artículo Segundo del "Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio Multinacional "Cuenca del Pacífico" (RIMPAC-2014)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del presente año, me permito remitir copia del oficio número A.- 1645 signado por el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina, y de su anexo, mediante los cuales remite el Informe sobre los resultados de la participación de la Armada de México, en el Ejercicio Naval "Cuenca del Pacífico'' (RIMPAC-2014).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Remítase dicho informe a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Marina.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el informe de la visita de trabajo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a las ciudades de Los Angeles y Sacramento, California, Estados Unidos de América, los días 25 y 26 de agosto de 2014.

“2014, Año de Octavio Paz”
“SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/2470/14
México, D.F., 9 de octubre de 2014

CC SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP/1191/14, el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el informe de la Visita de Trabajo del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a las ciudades de Los Angeles y Sacramento, California, Estados Unidos de América, los días 25 y 26 de agosto de 2014.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: La Asamblea ha quedado enterada.

Remítase el informe a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió una comunicación suscrita por la magistrada Gloria Vilmary Pérez Escobar, por la que presenta su renuncia al cargo de Magistrado del Organo Jurisdiccional en Materia Electoral del estado de Campeche.



- El C. Presidente Zamora Jiménez: Túrnese este documento a la Junta de Coordinación Política, para que proponga el procedimiento correspondiente y remítase copia a la Dirección Jurídica del Senado, para su trámite ante el órgano jurisdiccional competente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación.



- El C. Presidente Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: De la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social.



- El C. Presidente Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera, para sus efectos correspondientes.

Compañeros Senadores: Tenemos inscritas en el Orden del Día nueve proposiciones que solicitan la asignación de recursos para diversos proyectos sociales.

El trámite de dichas proposiciones debe ser a la Cámara de Diputados para su consideración, dentro del Presupuesto de Egresos para el año 2015 a efecto de que la Colegisladora tenga oportunidad de analizar las solicitudes de recursos, la Mesa Directiva acordó turnar estos asuntos inmediatamente.

De tal manera que solicito a la Secretaría dé lectura a las proposiciones que se turnarán a la Cámara de los Diputados.





 

PROPUESTAS

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy cuenta con las proposiciones que se turnarán a la Cámara de Diputados:

Del Senador Francisco Salvador López Brito, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el análisis y aprobación del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2015, se considere un mayor presupuesto al sector pesquero y acuícola y se destinen mayores recursos al Programa de Empleo Temporal del sector pesquero y acuícola nacional, que se turna a la Cámara de Diputados.







 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar el incremento de recursos que se destinan a las universidades interculturales, para su consolidación y para la creación de la Universidad Intercultural de Oaxaca, que se turna a la Cámara de Diputados.

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION PARA QUE, A TRAVES DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, EN LA DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, SECONSIDERE EL INCREMENTO DE RECURSOS QUE SE DESTINAN A LAS UNIVERSIDADES INTERCULTURALES PARA SU CONSOLIDACION Y PARA LA CREACION DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE OAXACA.

“El suscrito, Senador Eviel Pérez Magaña, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El Programa Especial de Educación Intercultural 2014 - 2018 fue aprobado por el Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado el 28 de abril del año en curso en el Diario Oficial de la Federación. Este Programa fue elaborado por la Secretaría de Educación Pública conforme a las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo que orienta la actuación gubernamental en torno a cinco metas nacionales.

Dentro de estas grandes metas destaca la Educación de Calidad, uno de cuyos objetivos es garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo mediante la ampliación de las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y sectores dela población, para lo cual resulta indispensable incrementar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad, así como crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada delos planteles.

De los seis objetivos de este Programa Especial para articular los esfuerzos educativos, el tercero establece “fortalecer la educación superiorcon calidad y pertinencia cultural y lingüística para mejorar la atención de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Para lo cual se promueven estrategias educativas específicas a fin de atender con pertinencia, la formación profesional de jóvenes con identidades culturales y lingüísticas diversas, mediante dos rutas: la consolidación del subsistema de Universidades Interculturales y el avance en la incorporación de principios del enfoque intercultural en las instituciones de educación superior convencionales”.

Las Universidades Interculturales son, de acuerdo con el glosario de dicho Programa Especial: “Proyectos educativos estratégicos cuyo propósito es explorar modalidades de atención educativa pertinente para jóvenes que aspiren a cursar el nivel de educación superior, tanto de origen indígena como de otros sectores sociales, interesados en impulsar fundamentalmente el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y en aplicar los conocimientos construidos a contextos diversos. Estas nuevas instituciones se suman al sistema educativo nacional ofreciendo un espacio que brindará nuevas perspectivas de desarrollo profesional y científico que conjugarán saberes y conocimientos desde diferentes perspectivas culturales que serán de gran valor para impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas y de la sociedad, en general”.

Al respecto, la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe en la presentación de dicho Programa estableció:

“Entre los rasgos que distinguen a las Universidades Interculturales se encuentra la función sustantiva de Vinculación con la Comunidad, con la que se propone fortalecer la formación profesional integral, así como cultural y lingüísticamente pertinente. Por ello está orientada por un conjunto de principios y prácticas que se dirigen a abordar los problemas y plantear alternativas de solución a las necesidades del contexto en el que se encuentran.

El Modelo Educativo de las Universidades Interculturales contempla que esta función persigue los fines de:

1. Recuperar, revalorar, revitalizar las lenguas, las culturas, los saberes y las experiencias de los pueblos originarios.

2. Orientar la formación profesional de los estudiantes hacia experiencias de aprendizaje significativo en su contexto.

3. Emprender acciones que ofrezcan un servicio a la comunidad de manera que se establezca un puente de comunicación e interacción que favorezca su desarrollo”.

De esta forma, se han establecido doce Universidades Interculturales: Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), Universidad Intercultural del Chiapas (UNICH), Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), Universidad Veracruzana Intercultural (UV-I) (4 sedes), Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP), Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIIMQROO), Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) (2 sedes), Universidad Intercultural del San Luis Potosí (UISLP) (11 sedes) y Universidad Intercultural de Nayarit (UIN).

En los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, el Presupuesto asignado a cada Universidad, de acuerdo con los respectivos Presupuestos de Egresos de la Federación, fue el siguiente:

PRESUPUESTO ASIGNADO

EN LOS EJERCICIOS FISCALES 2012, 2013 Y 2014

2012

Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales

Total $ 70,000,000.00


Universidad Intercultural de Chiapas

$9,036,867.00

Universidad Intercultural del Estado de México

$11,935,854.00

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

$10,918,258.00

Universidad Intercultural del Estado de Puebla

$7,580,439.00

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

$6,893,474.00

Universidad Intercultural del Estado de Guerrero

$2,954,350.00

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

$10,030,216.00

Universidad Intercultural Veracruzana

$1,475,720.00

Universidad Autónoma Indígena de México

$9,174,822.00

2013

Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales

Total $ 72,450,000.00


Universidad Intercultural de Chiapas

$9,353,157.00

Universidad Intercultural del Estado de México

$12,353,609.00

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

$11,300,397.00

Universidad Intercultural del Estado de Puebla

$7,845,754.00

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

$7,134,746.00

Universidad Intercultural del Estado de Guerrero

$3,057,752.00

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

$10,381,274.00

Universidad Intercultural Veracruzana

$1,527,371.00

Universidad Autónoma Indígena de México

$9,495,940.00

2014

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas
(Universidades Interculturales)

Total $ 97,104,677.00


Universidad Intercultural de Chiapas

$12,536,029.00

Universidad Intercultural del Estado de México

$16,557,532.00

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

$15,145,913.00

Universidad Intercultural del Estado de Puebla

$10,515,658.00

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

$9,562,694.00

Universidad Intercultural del Estado de Guerrero

$4,098,303.00

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

$13,914,013.00

Universidad Intercultural Veracruzana

$2,047,134.00

Universidad Autónoma Indígena de México

$12,727,401.00

Sin embargo, se requieren recursos financieros evidentemente mayores a los presupuestados en ejercicios anteriores para cubrir el objetivo de un país con educación de calidad, que verdaderamente garantice la inclusión y la equidad en el sistema educativo nacional mediante la ampliación de las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y sectores dela población; en el que se incrementen los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad; y se creen nuevos servicios educativos, ampliando los existentes y aprovechando la capacidad instalada delos planteles.

De acuerdo a los ramos y fondos que integran el Presupuesto de Egresos de la Federación, los incrementos podrían ser los siguientes:

Dentro del subsidio ordinario, incluido en el ramo 11 (Educación Superior de Calidad), un incremento del 20% a las universidades interculturales con respecto al último ejercicio fiscal, con una aportación federal mínima para el ejercicio 2015 de $210.2 millones de pesos.

En el Fondo de Consolidación se solicita un incremento del 33% con respecto al último ejercicio fiscal, con una aportación federal mínima, para el ejercicio 2014 de $24.1 millones de pesos.

En el Fondo de infraestructura para las universidades interculturales se solicita un incremento del 33%, con respecto al último ejercicio, con una aportación federal mínima, para el ejercicio 2014 de $42.6 millones de pesos.

Por otra parte, dentro de la relación de entidades federativas que cuentan con Universidades Interculturales no aparece el Estado de Oaxaca, con una población de 1,200,000 hablantes de lengua indígena; cifra que lo ubica en el segundo Estado con más hablantes, sólo superado por el estado de Chiapas.

Además, en Oaxaca tenemos 5 familias lingüísticas, de las 11 que se reconocen en el país; es el primer Estado en número de grupos lingüísticos, pues cuenta con 17 y es el primero en número de variantes lingüísticas. Sólo para dar ejemplos: se conocen 81 variantes del Mixteco y 61 variantes del Zapoteco.

En relación a la población afrodescendiente no se tienen datos exactos, debido a un lamentable fenómeno de exclusión que ha sido materia de Iniciativa diversa. Lo cierto es que de acuerdo con información obtenida por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se admite que Guerrero, Oaxaca y Veracruz son las entidades con mayor número de afrodescendientes, considerando sólo el fenotipo.

En consecuencia, estimo necesario que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación se asignen recursos para la creación de la Universidad Intercultural de Oaxaca con el número de sedes que el Presupuesto permita, que esté integrada al Subsistema a cargo de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública.

De acuerdo con lo anterior, me permito someter a consideración de este Honorable Senado de la República, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO:

UNICO.- EL H. SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTEA LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION PARA QUE, A TRAVES DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, EN LA DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, SECONSIDERE EL INCREMENTO DE RECURSOS QUE SE DESTINAN A LAS UNIVERSIDADES INTERCULTURALES PARA SU CONSOLIDACION Y PARA LA CREACION DELA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE OAXACA.

ATENTAMENTE

Sen. Eviel Pérez Magaña”.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Cámara de Diputados, a destinar los recursos necesarios para la terminación del Eje Interestatal Topolobampo-Chihuahua, tramos: El Fuerte-Choix a los límites de los estados de Sinaloa y Chihuahua, en este caso, el turno es a la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado el resolutivo primero; y a la Cámara de Diputados, los dos siguientes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y A LA CAMARA DE DIPUTADOS, A DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA TERMINACION DEL EJE INTERESTATAL TOPOLOBAMPO-CHIHUAHUA, TRAMOS: EL FUERTE-CHOIX A LOS LIMITES DE LOS ESTADOS DE SINALOA Y CHIHUAHUA

FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; Y A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DESTINEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA TERMINACION DEL EJE INTERESTATAL TOPOLOBAMPO-CHIHUAHUA, TRAMOS: EL FUERTE-CHOIX A LOS LIMITES DE LOS ESTADOS SINALOA Y CHIHUAHUA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El desarrollo económico de cualquier nación está ligado con su infraestructura; es por eso que el Gobierno Federal de 2012 a 2014 ha destinado 7.7 billones 700 mil pesos, sin embargo son insuficientes para terminar con los rezagos en el país. En el Plan Nacional de Desarrollo se considera que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos, fomentan la competitividad y conectan el capital humano con las oportunidades que genere la economía.

El problema de la modernización de la infraestructura carretera, generalmente se asocia con la idea de mejorar las condiciones de operación y seguridad de la misma, por lo que una adecuada distribución de los recursos destinados repercutirá en un mayor tránsito de mercancías y personas, el papel que juega la infraestructura es fundamental para el desarrollo económico, cultural y social de cualquier nación, además de proveer el fundamento de la actividad económica del país en cuestión.

El país necesita contar con un sistema carretero de gran cobertura, calidad y seguridad, que apoye la competitividad y la eficiencia de la economía y los sectores que la componen, que contribuya a eliminar desequilibrios y a potenciar el desarrollo regional mejorando el acceso a zonas rurales marginadas.

Uno de los elementos de la red carretera del Programa Sectorial, lo constituyen los 14 corredores carreteros que interconectan las cinco mesoregiones en que se divide el país, y que proporcionan el acceso y comunicación permanente a las principales ciudades, fronteras, centros turísticos y puertos marítimos, con una longitud total de 19 mil 245 kilómetros.

El contexto del presente punto de acuerdo, es la terminación del eje carretero que une a los estados litorales del Pacifico con los del Golfo de México beneficiando  a los estados de Sinaloa y Chihuahua. A la fecha se han construido poco más de 60 kilómetros de carretera, sin embargo falta por construir y modernizar alrededor de 44 kms., más 672 metros del puente de la Presa Huites, con una inversión aproximada de 1,140 millones de pesos.

Para la región es de gran relevancia ya que estamos hablando de un aproximado de 600,000 habitantes beneficiados en forma directa que habitan en comunidades indígenas y de alta marginación, aunado al intercambio comercial y turístico para el bien de millones de habitantes del Noroeste y Noreste del País.

Por lo que en ese tenor, me permito someter a esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en ejercicio de sus facultades al momento de realizar la planeación y programación de su Programa de Infraestructura para el Ejercicio Fiscal 2015, destine los recursos necesarios para la terminación del Eje Interestatal Topolobampo-Chihuahua en el Tramo: Fuerte-Choix a los límites de los Estados de Sinaloa y Chihuahua.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el marco de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, destine los recursos necesarios para la terminación del Eje Interestatal Topolobampo-Chihuahua en el Tramo: Fuerte-Choix a los límites de los Estados de Sinaloa y Chihuahua.

TERCERO. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la H. Cámara de Diputados, para que realice los esfuerzos necesarios para incorporar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la terminación del Eje Interestatal Topolobampo-Chihuahua en el Tramo: Fuerte-Choix a los límites de los Estados de Sinaloa y Chihuahua.

ATENTAMENTE

Sen.-Francisco Salvador López Brito

México, Distrito Federal, a 14 de octubre de 2014”.





 

Del Senador Arquímedes Oramas Vargas, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados, a considerar, proponer, incluir y aprobar los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, que permita la continuidad y el fortalecimiento del Fondo Sur-Sureste, que se turna a la Cámara de Diputados.







 

Del Senador Jesús Casillas Romero, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, un substancial incremento en la asignación de recursos públicos en materia de movilidad urbana sustentable, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2015, UN SUBSTANCIAL INCREMENTO EN LA ASIGNACION DE RECURSOS PUBLICOS EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

“El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CAMARA DE DIPUTADOS DE ESTE HONORABLE CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A EFECTO DE QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, SE CONTEMPLE UN SUBSTANCIAL INCREMENTO EN LA ASIGNACION DE RECURSOS PUBLICOS EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Más de alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo serán nuestras ciudades si sostenemos el modelo de crecimiento urbano de las últimas décadas. El resultado de las reflexiones al respecto no resultan nada reconfortantes, si tomamos en cuenta que bajo la actual inercia, para el año 2030 habrá 130 millones de habitantes; 70% de los cuales vivirá en las ciudades de las zonas metropolitanas del país y que en ellas circularán 70 millones de vehículos automotores (más del doble que en la actualidad).

Mucho se ha dicho sobre la movilidad de las personas, en la que la conclusión común es que constituye una necesidad y un derecho indispensable para la satisfacción de sus necesidades básicas y por lo tanto, un deber del Estado el garantizarla. No obstante, bajo el escenario planteado en el párrafo que antecede, parece un objetivo imposible de lograr, considerando que con la situación actual, los retos de la movilidad constituyen de los más grandes e impactantes, dado las graves complicaciones existentes y sus implicaciones sociales, económicas, medioambientales, energéticas, de salud, de seguridad y del espacio público.

Es indispensable actuar de forma inmediata, y cambiar el paradigma de la movilidad desde ahora. Para ello, el gobierno federal, como muchos gobiernos locales, están trabajando para planear y construir mejores ciudades donde vivir, ciudades sustentables en las que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades actuales sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

Por lo que respecta al gobierno federal, tiene bien conceptualizado el alcance de estos trabajos, los que implican la construcción y consolidación de calles para todos, que aseguren la recuperación del espacio público y la infraestructura urbana y la implementación de Sistemas Integrados de Transporte confiables, eficaces y eficientes que incentiven viajes en medios seguros y sostenibles; así como el impulso del Desarrollo Orientado al Transporte como modelo para reducir las necesidades de viajes en automóvil; y con ello  los costos sociales que genera y frenan el desarrollo bajo en carbono y sólido de México (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU).

El actual gobierno de la República, desde inicio de su gestión se apuntó para trabajar muy seriamente en esta asignatura, en las que por primera vez la movilidad urbana fue incluida en la Planeación Nacional, esto es, en el Plan Nacional de Desarrollo, sus programas sectoriales y en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2013-2018, con loables perseguibles como los siguientes:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018.

Objetivo 2.5

Para impulsar con éxito una política nacional que propicie un entorno adecuado para una vida digna, es indispensable la construcción de ciudades que garanticen el derecho a un medio ambiente sano y viajes urbanos bajo condiciones de seguridad y equidad.

Estrategia 2.5.1.

Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos.

Líneas de acción

Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte público y masivo, y que promueva el uso de transporte no motorizado.

Programa Sectorial

Objetivo 3

Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO 2013-2018
Objetivo General

Impulsar una política de movilidad sustentable que incremente la calidad, disponibilidad y accesibilidad de los viajes urbanos.

Objetivo Particular

Incentivar la gestión y diseño de políticas públicas locales que impulsen el cambio modal a medios sustentables, eficientes y seguros, como el transporte no motorizado y el transporte público.

Meta

Brindar asistencia técnica a 90 gobiernos locales en la implementación de proyectos para la movilidad urbana sustentable.

Para ello, evidentemente se hace necesario de la inversión. Esto es, canalizar recursos económicos que permitan lograr los objetivos y hacer de lo subjetivamente deseable, una objetiva posibilidad.

Esto se tiene contemplado por la Administración Pública Federal, en el que, en lo que respecta al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, se tiene contemplado lo siguiente:

Objetivo

Generar un cambio de tendencia en el financiamiento federal en materia de movilidad urbana sustentable para garantizar inversiones eficientes y efectivas.

Meta

Incrementar en 50% los recursos federales asignados a proyectos de Movilidad Urbana Sustentable

En conclusión, es indispensable y de grado prioritario el incremento de recursos a destinarse en proyectos de Movilidad Urbana Sustentable, para hacer realidad los objetivos ya transcritos, así como los estratégicos que han venido desarrollando, entre otras dependencias federales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU, entre los que destacan:

● La Implementación misma de una estrategia nacional de movilidad urbana sustentable, basada en la articulación de políticas de suelo y transporte;

● Promover en los distintos instrumentos de planeación, la inclusión de criterios y lineamientos de movilidad;

● Impulsar la adopción del modelo del Desarrollo Orientado al Transporte como modelo urbano para la planeación de las ciudades mexicanas;

● Desarrollar guías metodológicas y lineamientos de movilidad sustentable que faciliten la implementación de proyectos locales y de buenas prácticas;

● Promover con autoridades locales estudios que permitan entender los procesos de crecimiento, expansión y patrones de movilidad de las ciudades;

● Incentivar alianzas público-privadas para la ejecución y mantenimiento de proyectos de movilidad sustentable; 

● Promover el mantenimiento y modernización de la infraestructura vial y de transporte bajo criterios de “calle completa” seguridad y eficiencia;

● Incentivar proyectos de recuperación, ampliación y mantenimiento de infraestructura peatonal y ciclista para incrementar viajes sustentables;

● Promover entre actores públicos y privados el desarrollo de sistemas orientados a racionalizar el uso del automóvil a nivel institucional;

● Impulsar sistemas públicos de bicicletas;

● Implementar el uso de tecnologías de la información en sistemas de movilidad urbana para mejorar la eficiencia de traslados;

● Incentivar en conjunto con Secretaría de Energía el enfoque Evitar-Cambiar-Mejorar para reducir el consumo de combustibles fósiles y promover eficiencia energética; y

● Generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura, sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida.  

Se trata de una necesidad impostergable, así como los recursos en materia de salud, de educación, vivienda y otros rubros de primera necesidad. Es un reconocimiento institucional del gobierno como un clamor social, en el que diversas organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado, con campañas abiertas y patentes al respecto, por citar alguna, la que se denominó “Queremos lana para la ciudad humana”, en la que el año pasado se promovió y para este año se retoma, por parte de la sociedad civil, el promover inversiones públicas que favorezcan las aspiraciones en materia de movilidad y seguridad vial, de manera reconocida en los presupuestos públicos.

Aquí me permito invocar una elocuente frase de un ferviente activista en redes sociales en la materia: “Las ciclo vías salvan más vidas que los cascos”

De esta manera y como conclusión, se ha prospectado la necesidad de incrementar en cuando menos, un 50% los recursos para ser asignados a proyectos relacionados con la Movilidad Urbana Sustentable, debidamente reflejados de manera prioritaria en la infraestructura, en el transporte público, el no motorizado y la movilidad peatonal. Por ende, imperante el que tal necesidad sea reconocida como preponderante en materia de inversión pública y consecuentemente, asegurar recursos públicos en el presupuesto que en este periodo ordinario de sesiones del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos habrá de aprobarse por la honorable Colegisladora.

Para ello, es ideal que con motivo y a colación de que el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, el que se contemplen recursos en los términos descritos, esto es, en un incremento de cuando menos el 50% para proyectos de movilidad.

Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos en los términos planteados.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo.

UNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015…

a).- Se reconozca como una necesidad imperante, el incremento en la asignación de recursos públicos en materia de Movilidad Urbana Sustentable; y

b).- Se contemple en dicho presupuesto federal, un incremento substancial de recursos en cuando menos un 50 % para ser asignados a proyectos de tal naturaleza.

Suscribe

Sen.- Jesús Casillas Romero

Dado en el salón de sesiones, a 14 de octubre de 2014”.





 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se autorice un aumento adicional en el recurso que se destina al Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, con el objeto de fortalecer y modernizar los centros educativos que lo integran, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, A EFECTO DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, PARA EL EJERCICIO 2015, SE AUTORICE UN AUMENTO ADICIONAL EN EL RECURSO QUE SE DESTINA AL SISTEMA NACIONAL DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS, CON EL OBJETO DE FORTALECER Y MODERNIZAR LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE LO INTEGRAN.

“El que suscribe, Senador Angel BenjamIn Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en la siguiente:

CONSIDERACIONES

La Secretaría de Educación Pública, dentro de sus facultades y atribuciones tiene a su cargo, la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), la cual a su vez implementa el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT); sistema constituido por 263 instituciones, de las cuales 126 son Institutos Tecnológicos federales, 131 Institutos Tecnológicos Descentralizados, cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET).

Cabe señalar que, según información de la página de internet del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos1, su misión es “Ofrecer servicios de educación superior tecnológica de calidad, con cobertura nacional, pertinente y equitativa, que coadyuve a la conformación de una sociedad justa y humana.”

A pesar de que el SNIT atiende aproximadamente a 491 mil jóvenes, enfrenta un déficit tanto de infraestructura y equipamiento como en el número de programas de calidad que imparte, así como de profesores que cuentan con estudios de especialización y posgrado.

Cifras oficiales revelan que la eficiencia terminal de sus alumnos, quienes en su mayoría cursan programas de ingeniería, alcanza 69 por ciento, es decir, tres de cada 10 alumnos que se inscriben no concluyen en tiempo reglamentario sus estudios. Y al menos 8 por ciento de sus estudiantes abandona definitivamente sus aulas antes de graduarse.

El Anuario Estadístico del SNIT 2013 indica que en los institutos creados en la década pasada, la consolidación de su infraestructura y equipamiento aún es insuficiente, pues diversos planteles carecen de laboratorios ligeros y pesados, talleres y áreas deportivas. Con una matrícula en licenciatura de 486 mil 899 estudiantes, se detectó que sólo 649 de sus planes de estudio son considerados programas de calidad, mientras que un total de 86 alcanzó este reconocimiento en el posgrado que cursan 3 mil 983 alumnos.

El personal docente suma 26 mil 879 profesores, pero sólo cuatro de cada 10 cuentan con estudios de especialización, maestría o doctorado. De ellos, menos de 50 por ciento se desempeñan como maestros de tiempo completo.

De acuerdo con los datos estadísticos, seis de cada 10 jóvenes que estudian en el SNIT acuden a institutos o centros de especialización federales, cabe señalar que éstos últimos tienen el menor número de programas de calidad, con un total de 250 en licenciatura y cuatro en posgrado.

Así pues, en aras de las jóvenes y los jóvenes obtengan una educación de calidad que les permita comprender y contribuir a solucionar los problemas económicos, políticos y sociales de México en general y de sus localidades en lo particular, es imperativo se empleen los recursos humanos, materiales y económicos suficientes para lograr de la manera más eficientemente posible con los objetivos para los que fue creado el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos.

En este sentido, es urgente exhortar a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio 2015, se autorice un aumento adicional en el recurso que se destina al citado Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, con el objeto de adquirir y dar mantenimiento al equipamiento de los laboratorios, actualizar los libros de especialidad que se encuentran en las bibliotecas de los planteles, capacitar de manera permanente al personal docente y administrativo, optimizar el proceso de inscripción y reinscripción, haciendo uso de un “sistema virtual” y disminuir el monto del cobro de cuotas.

En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, estamos firmemente convencidos de que la educación es un derecho humano, reconocido tanto en la legislación internacional como en la legislación nacional y estatal.  Asumimos la educación como un elemento fundamental para el desarrollo personal de todo ser humano e incluso para el desarrollo integral de cualquier país.

Sin embargo, también tenemos claro que no se trata únicamente de  que todos tengan acceso a la educación en todos los niveles y modalidades, el verdadero objetivo ésta en que la educación que se imparte en México sea de calidad, funcional y socialmente útil para las necesidades específicas de cada persona, de cada comunidad, de las Entidades federativas, y en general de México.

Por ello, consideramos que cualquier situación que vulnere este derecho debe ser atendida por las autoridades competentes de manera urgente, sin cortapisas absurdas y sin pretextos para eludir sus responsabilidades.

En este sentido, compañeras y compañeros senadores, solicito de ustedes su voto a favor de que este punto de acuerdo, porque el desarrollo de México y su juventud no puede esperar más.

En consecuencia, someto a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio 2015, se autorice un aumento adicional en el recurso que se destina al Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, con el objeto de fortalecer y modernizar los centros educativos que lo integran. 

Atentamente

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.


1 http://www.snit.mx/informacion/sistema-nacional-de-educacion-superior-tecnologica




 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo a establecer un mecanismo democrático que considere a la comunidad politécnica en la designación del nuevo director o directora general del Instituto Politécnico Nacional, este asunto se turnará a la Comisión de Educación del Senado el primer y tercer resolutivos y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION PARA EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO SE ESTABLEZCA UN MECANISMO DEMOCRATICO QUE CONSIDERE A LA COMUNIDAD POLITECNICA EN LA DESIGNACION DEL NUEVO DIRECTOR O DIRECTORA GENERAL DEL IPN;  EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA CAMARA DE DIPUTADOS  PARA QUE SE DISCUTA Y DICTAMINE LA INICIATIVA REFERENTE A LA AUTONOMIA DEL IPN PRESENTADA RECIENTEMENTE EN ESE RECINTO Y, EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO A QUE DE SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES EN LA GESTION DE LA EXDIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO POLITECNICO, YOLOXOCHITL BUSTAMANTE DIEZ, PRESENTADAS POR LOS ESTUDIANTES DE ESA INSTITUCION Y LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN  LA CUENTA PUBLICA 2012

“La suscrita Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION PARA EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO SE ESTABLEZCA UN MECANISMO DEMOCRATICO QUE CONSIDERE A LA COMUNIDAD POLITECNICA EN LA DESIGNACION DEL NUEVO DIRECTOR O DIRECTORA GENERAL DEL IPN; EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA CAMARA DE DIPUTADOS  PARA QUE SE DISCUTA Y DICTAMINE LA INICIATIVA REFERENTE A LA AUTONOMIA DEL IPN PRESENTADA RECIENTEMENTE EN ESE RECINTO Y, EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO A QUE DE SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES EN LA GESTION DE LA EXDIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO POLITECNICO, YOLOXOCHITL BUSTAMANTE DIEZ, PRESENTADAS POR LOS ESTUDIANTES DE ESA INSTITUCION Y LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN  LA CUENTA PUBLICA 2012,  al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde su fundación en 1936, el Instituto Politécnico Nacional se ha consolidado como un pilar nacional en la formación superior y producción científica en nuestro país.  Está por demás señalar que esta institución goza de un fuerte reconocimiento nacional e internacional en tanto que una de las mejores universidades de América Latina. Por ejemplo, recientemente nos enteramos que en el ranking (2014) de la revista América Economía, el IPN desplazó a la tercera posición al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, colocándose como el segundo lugar nacional sólo después de la UNAM.

De acuerdo a las propias cifras del  “Poli”, en 2012, su matrícula alcanzó a 166 mil 738 estudiantes de los niveles medio superior, superior y posgrado. Adicionalmente, la oferta académica fue de  281 programas educativos: 72 en Nivel Medio Superior, 80 en el Nivel Superior 80, 129 a Nivel Posgrado.  Su producción de investigación no es menor pues de acuerdo al último reporte que el IPN presentó ante el CONACYT de “la producción académica y de investigación del núcleo básico”, esta consistió en 173 artículos que incluyen revistas internacionales ISI, 11 libros, 3 reseñas, 14 capítulos de libros, 30 reportes técnicos, 1 patente, 2 programas computacionales con registro de derecho de autor, 13 notas periodísticas y 221 conferencias presentadas en eventos Internacionales y Nacionales.

Por si fuera poco, actualmente el Politécnico cuenta con 20 centros de investigación, algunos de ellos distribuidos a lo largo del país, y  su órganos descentralizados se han consolidado también como difusores de la cultura e investigación. Destacan el  Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN) que cuenta con 33 departamentos separados por áreas del conocimiento, así como 10 campus establecidos a largo del territorio; la Estación de televisión Canal Once, primera estación de televisión educativa y cultural de México sin fines comerciales y,  la Estación de radio “El Politécnico en Radio” que cuenta con diversos transmisiones aunque en general su  programación gira en torno a la difusión cultural.

A lo anterior habría de sumar su acervo bibliográfico con casi un 1 millón 300 mil ejemplares de documentos en 73 bibliotecas; las becas entregadas a estudiantes que sumaron  un  total 92 mil 126 en 2012; así como la atención en  Servicios Médicos prestados en los diferentes niveles educativos que en el total fueron 264 mil 340 para el mismo año.

De este tamaño es la relevancia del Politécnico para nuestra nación. Por lo anterior, resulta fundamental que en todos los espacios del país consideremos seriamente los eventos que en días pasados se suscitaron en dicha casa de estudios.

En primer lugar, considero de gran relevancia que desde el poder legislativo manifestemos nuestro total respeto por las expresiones estudiantiles y de la comunidad del IPN. Este ha sido un  movimiento genuino, renovador y democratizador de esa institución. El movimiento estudiantil ha exigido su justo de derecho a ser incluidos en las decisiones que sobre su formación académica tomen los directivos del IPN.

En este sentido, los estudiantes del “Poli” han dado una lección al gobierno federal, dejaron claro que demandan una formación con compromiso social y favor del desarrollo de la nación. No nos extraña que se opusieran en este sentido a los diversos cambios que se planteaban en el nuevo reglamento y que acotaba estos objetivos y funciones del IPN (modificaciones a los Artículos 3, 46 y 61 del reglamento del 1998).  Como señalan en su pliego petitorio, los estudiantes manifestaron un rechazo a los cambios pues esta institución “dejaría de estar guiada por una filosofía social encaminada a mejorar la calidad de vida de la población y al uso de los recursos naturales de la nación, y en cambio, ahora tendría como fundamento una filosofía productiva, encaminada a fortalecer al sector empresarial. De esta forma, se trata de crear técnicos y mano de obra barata que en un contexto de reformas denominadas estructurales, sólo buscan entregarnos a un mundo laboral dominado por empresas transnacionales”. Sin duda, estas manifestaciones son una lección del sentir de la población joven que debe ser asimilada por el gobierno federal.

Adicionalmente, es claro que sus demandas representan el justo reclamo de millones de jóvenes, es decir,  tener acceso a una educación superior de calidad y que permita ser un auténtico eslabón para el ascenso social de los grupos más desfavorecidos. Han dado una clara batalla para revertir lo que ha pasado en los últimos años, es decir, que la educación se convierta un transmisor de las desigualdades sociales. Este reclamo es también evidente en el punto 9 del pliego donde exigen se den a conocer “...todas las formas de injerencia del sector privado en el IPN, tanto en los planes de estudio, programas de investigación y proyectos de colaboración, de manera que sea posible valorar la subordinación...” que podría tener el diseño educativo puesto al servicio no de la Patria y el interés general, sino de los privados.  De esta forma y con lo señalado en el párrafo anterior, demandan justamente que no se degrade su educación para que se les convierta en mano de obra barata al servicio únicamente de los privados y no del desarrollo general del país.

Por lo señalado, lejos de tratarse de concesiones, las respuestas a sus reclamos deben de ser abordadas como la restitución de sus derechos legítimos como estudiantes y jóvenes mexicanos. No se trata de “hacerles un favor”, como suele verse en el gobierno federal, sino de brindarles justicia social.

Desafortunadamente, queda también claro en la respuesta que dio el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, el viernes pasado,  que siguen pendientes algunas de las principales demandas de los estudiantes. Por ejemplo,  resulta paradójico que las demandas de mayores mecanismos de democratización y autonomía del instituto vayan a resolverse en la SEP, es decir, bajo el mando y dirección del gobierno central y no por la propia comunidad politécnica.

No es un tema menor la cuestión de la democracia y rendición de cuentas demandada por los estudiantes. La propia Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el manejo de los recursos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Cuenta Pública 2012. Estas anomalías implican recursos por más de 120 millones de pesos relacionados con: erogaciones para la adquisición de mobiliario de oficina y vehículos sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); limitar la participación de proveedores en el proceso de la licitación pública internacional “Para la adquisición de equipo médico y de laboratorio” y, la compra de vehículos, sin tener la aprobación de la Subsecretaría de Egresos.  Es muy sintomático de la gestión de la ahora exdirectora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante Díez, que el dictamen de la ASF concluya señalando: al IPN le faltan “mecanismos de planeación, inspección y seguimiento que concluya en la utilización y funcionamiento adecuado de los bienes adquiridos”. Además del informe de la Auditoria, también es muy indicativo de la gestión de esta institución que la exdirectora ganara un sueldo bruto anual de 2 millones 279 mil 331 pesos con 72 centavos (310 mil 958 pesos de sueldo base y 1 millón 968 mil 373 pesos como compensación anual sobre sueldo base)1

Desde el Senado vamos a estar al pendiente  del seguimiento que la ASF haga de los resultados de la Cuenta Pública señalada. Sin embargo, es fundamental que ahora el gobierno federal también haga su parte al respecto y no cierre los ojos ante esta situación por una posible terminación de la protestas de los estudiantes.  Por el contrario, es un tema en el que han insistido los miembros de la comunidad politécnica.

Se trata de un tema de democratización y rendición de cuentas pero también queda pendiente el tema de la autonomía, asuntos que no se encuentren necesariamente separados.2 Por ejemplo, frente a la actual designación que el Poder Ejecutivo hace del director o directora general del Politécnico,  podrían resultar beneficiosos mecanismos que generen mayor rendición de cuentas de los directivos frente a la comunidad politécnica y no principalmente hacia el gobierno federal que los designó. Es decir, si la comunidad politécnica lo así lo decide, se le deben de otorgar capacidades plenas para elegir a sus directivos. Los recientes eventos reflejan de fondo que la situación del Instituto Politécnico Nacional como un órgano desconcentrado de la Secretaría de  Educación Pública (Art.2, Ley Orgánica del Politécnico) no responde más a las necesidades de esta institución.

Por lo anterior es fundamental que la comunidad politécnica pueda manifestarse libremente sobre el futuro de la institución. En un acto de madurez democrática, el gobierno federal no debe intervenir o imponer, sino aceptar las decisiones que la comunidad politécnica tome hacia la designación de sus nuevas autoridades y sus decisiones centrales en general. Hasta el momento no está claro cómo se dará la sucesión. Por ello es fundamental que el gobierno federal con claridad responda a las demandas de los estudiantes para que se establezca un mecanismo democrático que escuche a la comunidad politécnica y la designación del director o directora general no sea decisión unilateral de Peña Nieto o sus asesores.

Desde el poder legislativo también debemos hacer nuestra parte, por ello exhortamos  respetuosamente a la Cámara de Diputados  para que se discuta la iniciativa referente a la autonomía del IPN presentada el 29 de septiembre por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD. De igual forma, exhortamos al gobierno federal y los legisladores de la derecha para que abordemos ya este debate,  como nos lo indican los recientes eventos, es impostergable.

Con una matrícula de casi 170 mil estudiantes, reconocimiento nacional e internacional, así como una de las principales producciones científicas del país, el IPN debe seguir poniendo “La Técnica al servicio de la patria”. El movimiento estudiantil ha dado una lección al gobierno federal, pedimos a la derecha la apertura para aceptar plenamente las demandas y decisiones de la comunidad politécnica sobre todo de cada a la designación de su nuevo director. Asimismo, no se puede seguir ignorando el debate que en esta casa de estudios se presenta respecto a su democratización y autonomía.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente Punto de Acuerdo de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, al Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong  y al Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, para que en respuesta a las demandas de los estudiantes de democratización del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se establezca públicamente un mecanismo democrático que considere a la comunidad politécnica y la designación del nuevo  director o directora general del IPN  no sea decisión unilateral del Ejecutivo.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que se discuta y dictamine la iniciativa referente a la autonomía del IPN presentada en ese recinto el 29 de septiembre por integrantes del grupo parlamentario del PRD, y de esta esta forma también pueda ser discutida a la brevedad en la Cámara de Senadores.

TERCERO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto  y al Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, para que en el ámbito de sus competencias den seguimiento a las denuncias de  irregularidades en la gestión de la exdirectora general del Instituto Politécnico, Yoloxóchitl Bustamante Díez,  presentadas por los estudiantes de esa institución y la Auditoria Superior de la Federación en  la Cuenta Pública 2012.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de octubre de 2014

Sen. Dolores Padierna Luna”.

1 Auditoria Superior de la Federación, “Instituto Politécnico Nacional Servicios Básicos y Programas de Inversión Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-0-11B00-02-0277, DS-037”, revisión de la Cuenta Pública 2012, fecha de acceso, 5 de octubre de 2014, http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0277_a.pdf  

2 Ahora exdirectora fue designada por Calderón parta tomar protesta  el 11 de diciembre de 2009 como directora general del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Para el periodo de 2009-2012. Fue ratificada, como titular del IPN, por Enrique Peña Nieto para el periodo 2012-2015.





 

Del Senador Martín Orozco Sandoval, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a iniciar con el análisis, discusión y elaboración del dictamen respectivo, del proyecto de Decreto presentado por él, que adiciona la Ley del Impuesto Sobre la Renta, turnado el 2 de septiembre del año en curso, que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA INICIAR CON EL ANALISIS, DISCUSION Y ELABORACION DEL DICTAMEN RESPECTIVO, RESPECTO AL  PROYECTO DE DECRETO PRESENTADO POR EL SENADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL, MARTIN OROZCO SANDOVAL, POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPITULO VIII AL TITULO VII CON LOS ARTICULOS 196, 197 Y 198 A LA LEY DEL IMPUESTO AL SOBRE LA RENTA, MISMO QUE FUE TURNADO A LA CAMARA DE DIPUTADOS Y PUBLICADO EN SU GACETA PARLAMENTARIA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR EL QUE SE PRETENDE IMPLEMENTAR LA DEDUCCION INMEDIATA DE BIENES, A LA LEGISLACION FISCAL, COMO UN INCENTIVO FISCAL PARA LAS EMPRESAS QUE INVIERTAN EN  NUEVAS INVERSIONES, CON EL OBJETIVO DE DETONAR EL MERCADO INTERNO.

“El que suscribe, MARTIN OROZCO SANDOVAL, Senador de la República de la LXII, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA  INICIAR CON EL ANALISIS, DISCUSION Y ELABORACION DEL DICTAMEN RESPECTIVO, RESPECTO AL  PROYECTO DE DECRETO PRESENTADO POR EL SENADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL, MARTIN OROZCO SANDOVAL, POR EL QUE  SE ADICIONA EL CAPITULO VIII AL TITULO VII CON LOS ARTICULOS 196, 197 Y 198 A LA LEY DEL IMPUESTO AL SOBRE LA RENTA, MISMO QUE FUE TURNADO A LA CAMARA DE DIPUTADOS Y PUBLICADO EN SU GACETA PARLAMENTARIA EL 2  DE SEPTIEMBRE DE 2014 , POR EL QUE SE PRETENDE IMPLEMENTAR LA DEDUCCION INMEDIATA DE BIENES, A LA LEGISLACION FISCAL, COMO UN INCENTIVO FISCAL PARA LAS EMPRESAS QUE INVIERTAN EN NUEVAS INVERSIONES, CON EL OBJETIVO DE DETONAR EL MERCADO INTERNO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

La eliminación de la deducción inmediata de activos fijos que se aprobó como parte de la reforma hacendaria y que entró en vigor a partir de enero de 2014 está siendo una amenaza para frenar las inversiones de las empresas por ser un factor que les reduce liquidez, por lo que es necesario reestablecer en la Ley del Impuesto Sobre la Renta la posibilidad de que los contribuyentes puedan optar por deducir en forma inmediata sus inversiones.

En días pasados la iniciativa privada a través de la COPARMEX expuso a los presidentes de la Cámara de Diputados y la de Senadores,  que la Reforma hacendaria no ha funcionado, debido a que no ha impulsado la inversión y generación de empleos, por lo que se les solicitó urgentemente un paquete de incentivos para las empresas para que detonen el mercado interno, uno de los principales incentivos que solicitan es la deducción inmediata de inversiones.

Desde 1987 y hasta el 2013, la deducción inmediata de bienes de activo fijo existió como un estímulo que permitió a los contribuyentes deducir en un solo año gran parte de sus bienes nuevos de activo fijo, en lugar de hacerlo de conformidad con los porcentajes que hoy se contienen en los artículos 33 al 35 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

En esencia, la deducción inmediata significa traer a un ejercicio presente el beneficio de la deducción que se tendría en cierto número de años futuros, calculado éste, a través de los porcentajes que el propio estímulo determina, siendo éstos menores al 100% y calculados en función de un análisis de valor presente en el que originalmente se utilizaron tasas de descuento del 7.5% y posteriormente un 5%, respondiendo a la realidad de la economía.

Muchas compañías venían tomando la deducción inmediata como un estímulo o financiamiento con el fisco, ya que les permitía diferir el pago del impuesto. A partir del 1 de enero de 2014 parte de los flujos que podían diferir por el estímulo fiscal ahora los van a destinar al pago de impuestos.

El modelo de crecimiento de muchas empresas estaba también apalancado en esta deducibilidad de inversiones en un solo año, que al eliminarse se les quita una fuente de financiamiento importante.

Con este cambio el pago del impuesto de las empresas aumentará, y por consecuencia distraerán dichos recursos que antes los utilizaban para la reinversión, crecimiento y creación de empleos.

Las empresas que tenían pensado reinvertir en Activos fijos que les permita incrementar su capacidad productiva, van a tener que recurrir al banco o a otra fuente de financiamiento que seguramente tendrá un mayor costo y esto les impacta en sus modelos financieros que tenían diseñados para la reinversión.

Analistas de importantes instituciones financieras como Banorte IXE, Banco Base, HSBC, Scotiabank, etc., han reconocido que hoy nuestra economía está registrando un crecimiento menor a lo esperado, lo que atribuyen directamente a las reformas fiscales lanzadas recientemente, mismas que están deteniendo las decisiones de inversión de las empresas; lo cual es confirmado directamente por diversos gremios de empresarios y lo han dado a conocer a través de diferentes foros y organismos empresariales, como son el Consejo Coordinador Empresarial, las cámaras de la industria de la construcción, de comercio, entre otras; argumentando que la reforma fiscal  reciente no está contribuyendo a la competitividad, además,

Es importante reconocer que la deducción inmediata ha sido siempre un estímulo para la inversión, tanto nacional como extranjera, tan es así, que en la página de  PROMEXICO se establecía y promocionaba este concepto como una de las razones para invertir en México, considerando que fomenta el establecimiento de nuevas inversiones en nuestro país,  y que no suceda lo que   la captación de inversión extranjera directa registró un desplome de 59% anual en comparación al primer semestre de 2013 el monto más bajo desde 2003.

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta Honorable Soberanía el Siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se  exhorta respetuosamente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Diputados para  iniciar con el análisis, discusión y elaboración del dictamen respectivo, respecto al  proyecto de decreto presentado por el senador del grupo parlamentario de Acción Nacional Martín Orozco Sandoval por el que  se adiciona el Capítulo VIII al Título VII con los artículos 196, 197 y 198 a la Ley del Impuesto al Sobre la Renta, mismo que fue turnado a la Cámara de Diputados y publicado en su gaceta parlamentaria el 2  de septiembre de 2014 , por el que se pretende implementar la deducción inmediata de bienes, a la legislación fiscal, como un incentivo fiscal para las empresas que inviertan en nuevas inversiones, con el objetivo de detonar el mercado interno y que sea un incentivo para atraer inversión extranjera directa.

México, Distrito Federal, a 14 de octubre de 2014.

Sen. Martin Orozco Sandoval”.





 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a no aprobar el dictamen que reforma el párrafo quinto del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en sus términos, pues fomenta la opacidad y constituye incentivo a los actos de corrupción, que se turna también a la Colegisladora.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA NO APROBAR EL DICTAMEN QUE REFORMA EL PARRAFO QUINTO DEL ARTICULO 13 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN SUS TERMINOS, PUES FOMENTA LA OPACIDAD Y CONSTITUYE UN INCENTIVO A LOS ACTOS DE CORRUPCION

Laura AngElica Rojas Hernández, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA NO APROBAR EL DICTAMEN QUE REFORMA EL PARRAFO QUINTO DEL ARTICULO 13 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN SUS TERMINOS, PUES FOMENTA LA OPACIDAD Y CONSTITUYE UN INCENTIVO A LOS ACTOS DE CORRUPCION.

ANTECEDENTES

El pasado jueves 9 de octubre de 2014, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Este dictamen versa sobre la iniciativa de los diputados Manuel Añorve Baños y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentado el 28 de mayo de este año a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La iniciativa pretende eliminar el carácter de “grave” del incumplimiento a las obligaciones sobre la presentación de la declaración patrimonial de los servidores públicos. Ya las organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia han reaccionado ante este dictamen. La Red por la Rendición de Cuentas han calificado esta iniciativa y dictamen favorable como un “permiso para robar” y como un acto de regresión legislativa.1

El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece las obligaciones de los servidores públicos, dentro de las que se encuentran:

XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la Ley.

El artículo 13 de la misma ley establece las sanciones al incumplimiento de las obligaciones citadas y distingue las que son graves de las que no tienen dicho carácter. Este artículo señala como grave la infracción citada con relación a mentir en las declaraciones patrimoniales o no entregarlas oportunamente.

Las sanciones administrativas van desde la amonestación privada o pública; la suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año; sanción económica, inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, hasta la destitución del puesto. La importancia de la calificación de “grave” ante la falta a alguna obligación consiste en que sólo las faltas graves pueden sancionarse con la destitución del encargo. 

No debe preocuparnos el principio de proporcionalidad de las sanciones que se aplica también al derecho administrativo según la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues la ley se sujeta a este principio. El juzgador podrá imponer gradualmente las sanciones que correspondan según el caso particular y el artículo 13 prevé que “cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de tres meses a un año de inhabilitación”.

Los Diputados argumentan que la inclusión del carácter de grave de las faltas administrativas con relación a las declaraciones patrimoniales, fue una omisión, una adición no intencionada de los legisladores en la reforma político electoral.

Coincidimos con los Diputados en que la declaración patrimonial va más allá del carácter electoral, pues según el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la obligación de presentar declaraciones es un deber del Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Secretarios Generales, Tesoreros y Directores de las Cámaras; pero también de la Administración Pública Federal Centralizada: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Presidente de la República; de la Administración Pública Federal Paraestatal; de la Procuraduría General de la República; del Poder Judicial; de los Tribunales; de los órganos autónomos; de todo servidor público que manejen o apliquen recursos económicos, valores y fondos de la Federación; realicen actividades de inspección o vigilancia; lleven a cabo funciones de calificación o determinación para la expedición de licencias, permisos o concesiones, y quienes intervengan en la adjudicación de pedidos o contratos.

Coincidimos con los Diputados en que esta obligación rebasa a los cargos de representación popular y la materia electoral. Sin embargo, creemos que precisamente en un contexto como el que vivimos, ante el incumplimiento del Ejecutivo Federal de contar con un órgano autónomo que prevenga, disuada y sancione la corrupción, nos enfrentamos a iniciativas y dictámenes que promueven la opacidad. Lo que necesita el país es el dictamen de la minuta de combate a la corrupción detenida en la Cámara de Diputados.

En el Congreso de la Unión hemos aprobado reformas de avanzada en materia de transparencia, hemos incluido a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial como sujetos obligados, así como a los sindicatos, fideicomisos públicos o cualquier persona física o moral que ejerza actos de autoridad o que se financie con recursos públicos. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos vigente es congruente con el marco legal en materia de transparencia.

Actualmente, estamos trabajando en la construcción de un Sistema Nacional de Transparencia para asegurar a los ciudadanos el derecho de acceso a la información. México está consolidándose en el plano internacional como uno de los países con mejores criterios en la materia de transparencia. No podemos permitir esta traición a los ciudadanos, en donde por un lado tenemos un equipo plural de legisladores que trabaja en la redacción de las leyes secundarias de la materia y por el otro tenemos un Legislativo regresivo, que estima que la corrupción no es grave y que elimina las herramientas para el combate a la corrupción.

Encontramos que la versión publicada de la Gaceta de 9 de octubre y la versión del día de hoy sobre ese mismo día difieren. En la primera publicación se incurría también en una omisión. Adicionalmente, se eliminaba el carácter de grave de la fracción XX del artículo 13 relativa a la corrupción:

Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI, bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. Esta restricción será aplicable hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión.

Afortunadamente, dicha fracción se ha incluido nuevamente en el catálogo de faltas administrativas graves. Confiamos en que junto con nuestros compañeros Diputados, logremos actuar en congruencia en materias de transparencia, rendición de cuentas y de combate a la corrupción.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Pleno de la H. Cámara de Diputados a no aprobar el dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en sus términos, pues fomenta la opacidad y constituye un incentivo a los actos de corrupción.

Dado en el salón de esiones del Senado de la República a14 de octubre de 2014.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández”.

Son todos los asuntos, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, señora Secretaria.

Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.

1 Red por la Rendición de Cuentas, Boletín Semanal, “Regresiones legislativas: permiso para robar”, Semana del 6 al 12 de octubre de 2014, p. 3.





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 8o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Uno de los mayores retos en las sociedades modernas es la prestación de servicios que hagan efectivos los derechos humanos por parte de quienes están al frente de las administraciones públicas.

Los casos de prepotencia, de ignorancia y de corrupción que pueden presentarse por parte de quienes ejercen una función pública, requieren de un cambio relevante para impedir un impacto negativo en perjuicio de las personas.

Una mala administración puede suponer corrupción. Por ello el derecho a una administración pública de calidad supone un instrumento de prevención y erradicación de la misma.

Para hacer efectivo el goce de los derechos humanos, resulta fundamental una administración pública de calidad, entendida ésta como un derecho que obligue a los servidores públicos y concesionarios a servir a los gobernados con objetividad, eficacia, ética y buenos modales.

Frente a esta necesidad, resulta imperante integrar a nuestro orden constitucional el derecho humano a una administración pública de calidad que nos permita hacer frente a la complejidad y dinamismo de la administración, no sólo en lo que se refiere a las obligaciones jurídicas, sino a la disposición y voluntad del servidor público que asegure a los gobernados un trato correcto y respetuoso hacia su persona.

El derecho a una administración pública de calidad no es nuevo ni producto de una ocurrencia personal; los Estados miembros de la Unión Europea lo incorporaron en la carta de derechos fundamentales de dicha Unión, proclamado en la Cumbre de Niza, en diciembre del año 2000.

Posteriormente, en una resolución adoptada el 6 de septiembre del 2001, el Parlamento Europeo aprobó un código de buena conducta administrativa dirigida a las instituciones y órganos de la Unión Europea.

Varios de los principios establecidos en estos instrumentos se encuentran ya expresado en nuestra Constitución; sin embargo, la incorporación al texto constitucional y la regulación secundaria del derecho a una administración pública de calidad, ampliaría la protección de las personas frente a la posible actuación deficiente de autoridades y funcionarios públicos.

Hoy se han superado las viejas concepciones basadas en una administración autoritaria, limitadora de los derechos fundamentales y libertades públicas, siendo ejemplo de esta nueva posición las reformas a los artículos 1o., 3o. y 6o.de nuestra Constitución, la primera ocurrida en el año 2011 que maximizó la protección de los derechos humanos. La segunda y tercera recientes donde se incorporó el término de “calidad” en los servicios públicos de educación, telecomunicaciones y radiodifusión.

La interacción entre el poder público y los gobernados en México tiene su base jurídica en el artículo 8o. constitucional, el cual consagra dos derechos: el de petición y el de respuesta.

El derecho de petición sirve para exigir el cumplimiento de derechos expresamente reconocidos en el sistema jurídico.

Por lo que respecta al derecho de respuesta, éste se hace consistir en la obligación de los órganos o servidores públicos de acordar la petición por escrita y darla a conocer al peticionario en un breve término.

Sin embargo, el texto constitucional es omiso en determinar criterios de calidad y trato en el servicio que obligue a los servidores públicos y concesionarios a responder a los gobernados con objetividad, eficacia, ética y buenos modales.

Nuestro sistema jurídico necesita perfeccionar los mecanismos de comunicación entre la administración pública y los gobernados, requiere redefinir el derecho de respuesta para que, además de las garantías ya contenidas, sea capaz de asegurar la correcta actuación de los órganos y servidores públicos.

Los mexicanos tenemos derecho a una administración pública de calidad. Para ello propongo reformar el artículo 8o. de nuestra Carta Magna. Esta iniciativa busca que dejemos de ser sujetos inertes, simples receptores de bienes y servicios públicos, busca transformarnos en protagonistas principales de los asuntos de interés general, dispone de una serie de derechos que defienden el estatuto de la persona en su relación con las autoridades y promueve la dignidad humana y el respeto a la pluralidad cultural.

No se trata de una simple remodelación semántica o sintáctica de las palabras, sino de la expresión de un nuevo modelo de convivencia humana.

Compañeras y compañeros Senadores:

Hace poco tiempo impulsamos, desde este recinto, la calidad en la educación y en las telecomunicaciones. Hoy podemos impulsar la calidad en la totalidad de los servicios públicos. Dignifiquemos la función pública.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La Administración Pública es una organización ante la cual el gobernado se presenta desde diversos perfiles: el usuario, el consumidor, el oferente, el proveedor, el jefe y jefa de hogar, el agente público; en definitiva, el ciudadano en todas sus manifestaciones. Y en ese ámbito confluyen una gama de peticiones, consultas y reclamos, junto a otra variación de notas internas, circulares, dictámenes y decisiones, sumadas, en muchas ocasiones, al abrumador silencio de efectos negativos.

“La irrupción de los derechos humanos en el ámbito internacional y su protección jurisdiccional por organismos externos al Estado, así como su reconocimiento e incorporación formal en la Constitución mexicana, ha repercutido en las prácticas administrativas de los poderes públicos. Por ello, debe afectar por igual a la conducta de los concesionarios de servicios públicos, de explotación de recursos naturales y empresas públicas. Estos nuevos escenarios deben incorporarse al rubro del derecho administrativo y procesal administrativo.”1

“Uno de los mayores problemas en las sociedades modernas, en donde México no es la excepción, es la prestación de los servicios que hagan efectivos los derechos humanos por parte de la administración pública y la privada. La prepotencia, la ignorancia o la corrupción de quienes están al frente, requieren de una llamada de atención y un cambio relevante para impedir un impacto negativo en perjuicio de las personas afectando su salud, su economía o sus vidas. Por un lado, lo que se considera como un logro laboral que permite al trabajador estabilidad y seguridad, se ha transformado, en muchos casos, en negligencia, ineptitud, corrupción, falta de disposición y desapego a las actividades por las que es contratado."2

Es innegable que para hacer efectivo el goce de los derechos humanos resulta fundamental una administración pública de calidad, entendida ésta como un derecho que obligue a los servidores públicos y concesionarios a servir a los gobernados con objetividad, eficacia, ética y buenos modales.

Frente a esta necesidad, resulta imperante integrar a nuestro orden constitucional el “derecho humano a una administración pública de calidad” que nos permita hacer frente a la complejidad y dinamismo de la administración; no solo en lo que se refiere a las obligaciones jurídicas, sino a la disposición y voluntad del servidor que asegure a los gobernados un trato correcto y respetuoso hacia su persona.

La idea de que los gobernantes deben de estar sujetos a un "deber de buen gobierno" ya se halla en diversos autores clásicos como Platón, Sócrates, Aristóteles, Cicerón o Pufendorf. Sin embargo, todos estos planteamientos se movían en niveles de gran abstracción filosófica, en su caso con apoyo en el Derecho Natural, pero sin base en normas jurídicas.

En estos días, las fórmulas del "deber ser" de la Administración se relacionan con los conceptos de “gobernanza” y “buena administración”, denominaciones en las cuales se han reunido una serie de derechos en cabeza de los ciudadanos y un listado de deberes de cumplimiento obligatorio para la Administración y los gobiernos.

Cuando me refiero a una “administración pública de calidad”, no hago alusión a un concepto filosófico para ser considerado, en todo caso, de lege ferenda; sino que aludo a un concepto jurídico incorporado en nuestra Carta Magna que genere una serie de obligaciones jurídicas públicas susceptibles de ser exigidas por diversas vías.

El paradigma de la gobernanza supone el reconocimiento de la existencia de redes integradas por actores públicos y privados en la toma de decisiones políticas. Los principios de buena gobernanza se dirigen a todos estos actores, mientras que la buena administración se refiere, en concreto, a los públicos.

Hace más de diez años que la llamada “buena administración” fue consagrada como un derecho fundamental en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales del año 2000, concepción que implica un derecho pero también un deber; el primero a favor del ciudadano, el segundo en cabeza de la propia Administración.

El derecho a una buena administración por parte de las instituciones y órganos de la Unión Europea es un derecho fundamental, según el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en la Cumbre de Niza en diciembre del año 2000, se consagra el derecho a una buena administración, es decir, que las instituciones y órganos de la Unión traten los asuntos del administrado de modo imparcial, equitativo y dentro de un plazo razonable. En el citado artículo también está el reconocimiento del derecho a ser oído antes de que se tome una medida individual que pueda afectarnos desfavorablemente. También el derecho a acceder al expediente que a uno lo afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial. A su vez, se establece la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones y derecho en cabeza del administrado a la reparación de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones. Finalmente, esta buena administración incluye el hecho de que toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación en esa misma lengua. Este texto es hoy parte del derecho originario de la Unión Europea, lo que se conoce como el derecho constitucional de la Unión Europea.

En una resolución adoptada el 6 de septiembre de 2001, el Parlamento Europeo aprobó un Código de Buena Conducta Administrativa dirigido a las instituciones y órganos de la Unión Europea, cuyo contenido debe ser respetado por esas administraciones y sus funcionarios en sus relaciones con los ciudadanos. Este Código pretende concretar en la práctica el derecho a una buena administración establecido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y expresa como principios fundamentales de una buena administración los siguientes:

a) Legitimidad. De manera genérica la entendemos como la actuación de las autoridades, funcionarios o concesionarios de conformidad con la legislación y la aplicación de las normas y procedimientos establecidos en la legislación o en la concesión;

b) No Discriminación. Se traduce en que al tramitar las solicitudes del público y al adoptar decisiones, la autoridad, el funcionario o el concesionario garantizará el respeto del principio de igualdad de trato, evitará toda discriminación injustificada sobre la base de nacionalidad, sexo, raza, color, origen étnico o social, características genéticas, lengua, religión o creencias, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, propiedad, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual;

c) Proporcionalidad. Se manifiesta en que al adoptar decisiones, la autoridad, el funcionario o el concesionario garantizará que las medidas adoptadas sean proporcionales al objetivo que se persigue, evitando restringir los derechos de los ciudadanos o imponer cargas cuando estas restricciones o cargas no sean razonables con respecto al objetivo perseguido;

d) No Abuso de Poder. La ausencia de abuso de poder impone que los poderes se ejercerán únicamente con la finalidad para los que han sido otorgados por las disposiciones legales;

e) Imparcialidad e Independencia. La autoridad, el funcionario o el concesionario deben ser imparciales e independientes, absteniéndose de toda acción arbitraria que afecte adversamente a los miembros del público, así como de cualquier trato preferente por cualesquiera motivos;

f) Objetividad. Se revela en que el funcionario tendrá en cuenta los factores relevantes y otorgará a cada uno de los mismos su propia importancia en la decisión;

g) Cortesía. Implica una conducta diligente, correcta, cortés y accesible en sus relaciones con el público;

h) Legítimas expectativas, consistencia y asesoramiento. No es otra cosa que la obligación de la autoridad, el funcionario o el concesionario de respetar las legítimas y razonables expectativas que los miembros del público tengan, asesorándolo sobre cómo debe presentarse un asunto que esté en su ámbito de competencia, el modo como se debe actuar, mientras se trate ese asunto;

i) Respuesta a la petición. Se manifiesta en que la autoridad, el funcionario o el concesionario garantizarán que todo ciudadano que se dirija por escrito a la Institución reciba una respuesta en breve término;

j) Derecho a ser oído y a hacer observaciones. Consiste en garantizar que en todas las fases del proceso de toma de decisiones, se respeten los derechos a la defensa;

k) Resolución en plazo razonable. Garantizar que la decisión sobre la solicitud o reclamación dirigida a la Institución se adopte en un plazo prudente;

l) Fundamentación y motivación. Exige que toda decisión deberá indicar los motivos en los que está basada, exponiendo claramente los hechos pertinentes y el fundamento jurídico de la misma;

m) Protección de datos. Impone a la autoridad, el funcionario o el concesionario que maneje datos personales referentes a un ciudadano, de respetar la vida privada y la integridad de la persona;

n) Notificación de la resolución. Obliga a la autoridad, el funcionario o el concesionario a garantizar que las decisiones se notifiquen por escrito, tan pronto como se haya adoptado la decisión, a la persona o personas afectadas y

o) Información y acceso a documentos y archivos:

● Información: es la prestación a cargo del responsable del asunto de facilitar al público la información que soliciten.

● Acceso a documentos: este principio obliga a tratar las solicitudes de acceso a documentos de la Institución de conformidad con las normas aprobadas por la Institución y a los principios y límites generales.

● Archivos adecuados: establece la necesidad de que las dependencias de la Institución mantengan los archivos adecuados para la entrada y salida de los documentos que reciba y de las medidas que adopten.

Podemos percatarnos que varios de los principios establecidos tanto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como en el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa se encuentran ya expresados en nuestra Constitución Política. Sin embargo, la incorporación al texto constitucional y la regulación secundaria del derecho humano a una administración pública de calidad es una novedad que ampliaría la protección de los gobernados frente a la mala administración de autoridades y funcionarios públicos.

El 10 de octubre de 2013, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) aprobó la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública. Esta Carta trasciende, y supera, la regulación europea establecida en el artículo 41 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la Persona.

En el preámbulo, la Carta afirma que “el Estado Social y Democrático de Derecho otorga una posición jurídica a la persona, un estatus de ciudadano en sus relaciones con la Administración Pública”.

Se produce una mala administración cuando un funcionario o empleado público no obra de conformidad con las normas legales y principios morales a los que debería obligatoriamente atenerse. La mala administración puede suponer corrupción, entendida en un sentido amplio como aquel supuesto en que una persona que ostenta un cargo o cumple una función determinada viola un deber propio de tal cargo o función con la expectativa de obtener un beneficio indebido. Por ello, el derecho  a una buena administración y las obligaciones jurídicas derivadas del mismo suponen además un instrumento de prevención y represión de la misma.

Hoy puedo asegurar que se han superado las viejas concepciones basadas en una administración autoritaria, limitadora de los derechos fundamentales y libertades públicas, siendo ejemplos de esta nueva posición: las reformas a los artículos 1°, 3° y 6° de nuestra Constitución Política: La primer ocurrida en el año 2011, que maximizó la protección de los derechos humanos; la segunda y tercera ocurridas apenas hace poco más de un año, donde se incorporó el término de “calidad” en los servicios públicos de educación,  telecomunicaciones y radiodifusión.

“Los mexicanos tenemos derecho a una buena administración por parte de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así, como de los responsables de las empresas públicas, de participación estatal mayoritaria o de las empresas que tienen a su cargo servicios públicos concesionados. Para garantizarlo, es indispensable incorporarlo a la Constitución. Así, se corregiría la actuación irregular a través de un trámite sencillo e incluso oral, que permita constatar la irregularidad y subsanarla inmediatamente y de no lograrlo, el derecho a acudir a los tribunales impugnando la violación correspondiente.”3

La interacción entre el poder público y los gobernados en México tiene su base jurídica en el derecho de petición, el cual se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política, concretamente en los Artículos 8°, 9° párrafo segundo y 35 Fracción V.

Por cuanto hace al contenido del artículo 8°, éste consagra dos derechos: el de petición y el de respuesta. Ambos concebidos en términos universales, es decir, se reconocen a todos los individuos que habitan en el territorio nacional.

El derecho de petición es una institución de viejo cuño y que en el sistema jurídico mexicano goza de gran aceptación. Deviene en la actualidad en un mecanismo utilísimo para la administración pública, en tanto sirve para revisar las necesidades sociales y para ver los alcances de los programas de gobierno.

En el ámbito administrativo el ejercicio de este derecho es cosa de todos los días: un cálculo simple de las peticiones que se conocen día a día en las instituciones de este tipo, nos arrojaría cifras increíbles seguramente.

Es conveniente recordar que el derecho de petición sirve para exigir el cumplimiento de derechos expresamente reconocidos en el sistema jurídico o para pedir el reconocimiento de los no reconocidos. En tal tesitura, podemos afirmar que el derecho de petición juega un papel de primer orden en los regímenes modernos donde la participación ciudadana busca vías, y una de ellas es este derecho, para el cumplimiento de sus prerrogativas y la conquista de otras.

La utilización masiva de nuevas tecnologías permite avizorar su uso en los trámites administrativos, entre los que se cuenta el ejercicio del derecho de petición, dado que el tema del llamado gobierno electrónico empieza a cobrar fuerza en México. Estas nuevas circunstancias administrativas y tecnológicas plantearán de manera inevitable cuestiones sobre algunos de los elementos que perfilan la institución del derecho de petición.

Por lo que respecta al derecho de respuesta, éste se hace consistir en la obligación de los órganos o servidores públicos de acordar la petición por escrito y darla a conocer al peticionario en un breve término. Sin embargo, el texto constitucional es omiso en determinar criterios de calidad y trato en el servicio, que obligue a los servidores públicos y concesionarios a responder a los gobernados con objetividad, eficacia, ética y buenos modales.

Nuestro sistema jurídico necesita perfeccionar los mecanismos de comunicación entre la administración pública y los gobernados. Requiere maximizar el derecho de respuesta para que, además de las garantías constitucionales ya contenidas, sea capaz de asegurar la correcta actuación de los órganos y servidores públicos.

No basta saber que el catálogo de derechos recogidos en el texto constitucional llena con creces las bases de un Estado de derecho conforme a los dictados de la doctrina jurídica y política moderna. Es preciso que además tal catálogo sea operativo, que realmente cumpla con las expectativas de la sociedad. De ahí la intención de enfatizar la necesidad de reafirmar el carácter de fundamentales de los derechos consagrados en el texto constitucional, puesto que tal consideración permitirá ampliar sus alcances actuales, y exigirá su definición mediante el desarrollo legislativo particular.

Para esto, es preciso reformar el artículo 8° de nuestra Carta Magna que, dicho sea de paso, conserva intacto su texto desde 1917.

Propongo incorporar como principios fundamentales de los derechos de petición y respuesta los siguientes:

a) Certeza. Radica en que las determinaciones de la autoridad se basen en hechos o actos veraces, reales y apegados a los hechos. Supone también la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado o resuelto;

b) Legalidad. Es la actuación de la autoridad apegada en todo momento en la Ley;

c) Independencia. Recala en la ausencia de cualquier tipo de sometimiento a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos o de otros poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna afinidad política, social o cultural;

d) Imparcialidad. Se entiende como la ausencia de cualquier trato preferente por cualesquiera motivos;

e) Eficacia. Se refiere a la rapidez, la celeridad, y a la sencillez, orientados a la satisfacción de las necesidades y expectativas del gobernado;

f) Eficiencia. Atiende a la optimización en el uso de los recursos materiales y humanos para la consecución de los fines planteados y la mejora de la calidad de los servicios, condicionando la toma de decisiones para lograr mayores logros a menores costos;

g) Objetividad. Significa el reconocimiento de la realidad tangible, por encima de opiniones o apreciaciones personales.

h) Etica. Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad;

i) Cortesía. Implica una conducta diligente, correcta, cortés y accesible en sus relaciones con el público;

j) Simplicidad. Los trámites establecidos por las autoridades deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria;

K) Congruencia. Consiste en la concordancia que debe existir entre la petición formulada y la respuesta que sobre ella tome la autoridad;

l) Exhaustividad. Implica la obligación de la autoridad de responder a todas y cada una de las peticiones sometidas a su consideración;

m) Publicidad. Significa el leal y oportuno conocimiento de las actuaciones judiciales o administrativas.

N) Proporcionalidad. Estriba en que todo acto de autoridad que restrinja un el ejercicio o goce de un derecho, lo haga en la medida estrictamente indispensable para alcanzar un fin constitucionalmente lícito, evitando en todo momento el exceso en el ejercicio del poder público.

Esta iniciativa busca que dejemos de ser sujetos inertes, simples receptores de bienes y servicios públicos; busca transformarnos en protagonistas principales de los asuntos de interés general y dispone de una serie de derechos que definen el estatuto de la persona en su relación con las autoridades y promueve la dignidad humana y el respeto a la pluralidad cultural. No se trata pues, de una simple remodelación semántica o sintáctica de las palabras, sino de la expresión de un nuevo modelo de convivencia humana.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO UNICO. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose éste último a un párrafo tercero, para quedar de la forma siguiente:

Artículo 8°. Toda persona tiene derecho a que los funcionarios y empleados públicos traten sus peticiones y asuntos bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, eficiencia, objetividad, ética, cortesía, simplicidad, congruencia, exhaustividad, publicidad y proporcionalidad.

Las autoridades respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

TRANSITORIO:

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ATENTAMENTE
México D.F., a 14 de octubre de 2014

Alejandro Tello Cristerna
Senador de la República”.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Tello Cristerna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación; y Estudios Legislativos, Segunda.


1 ALVAREZ MONTERO, JOSE LORENZO. Artículo “El Derecho Humano a una Buena Administración”. Revista Foro Jurídico Núm. 128, Mayo 2014. P 8

2 IDEM.

3 ALVAREZ MONTERO, JOSE LORENZO. Artículo “El Derecho Humano a una Buena Administración”. Revista Foro Jurídico Núm. 128, Mayo 2014. P. 11





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Torres Graciano, para presentar a nombre propio y del Senador Fernando Herrera Avila, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 2-A, FRACCION II, INCISO H) DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(Presentada por el C. Senador Fernando Torres Graciano, a nombre propio y del C. Senador Fernando Herrera Avila, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Fernando Torres Graciano: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy vengo a proponer una iniciativa que intenta y pretende, aprovechando este tiempo de reformas a lo que es el paquete fiscal y a la leyes de ingresos, se pueda tomar por parte de la Cámara de Diputados, desde este momento, esta iniciativa para efecto de su discusión y poderla integrar en este momento tan importante que va a llevarse respecto a lo que es el paquete fiscal para el año 2015.

Esta iniciativa en concreto propone modificar el artículo 2-A en su fracción II, inciso h) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Con esta iniciativa se pretende beneficiar a miles de familias mexicanas al aplicar la tasa cero a la Ley del IVA a los servicios de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales para uso doméstico y descargas de la misma.

Al día de hoy, de acuerdo a la ley que está vigente, la administración y suministro de agua aplica tasa cero; sin embargo, no especifica la ley si el concepto integral de lo que es el servicio de agua potable incluye también a la descarga y el tratamiento.

En primer lugar existen varios usos de agua; encontramos el uso agrícola, el de abastecimiento público, el de la industria, el de las termoeléctricas. En lo que respecta al uso para el abastecimiento público, se incluye la totalidad del agua a través de la red de agua potable en los municipios.

Sin duda, al disponer de agua en cantidad y calidad suficiente para el consumo humano, es una de las demandas básicas de la población, un derecho humano, pues incide directamente en su bienestar, en su salud y, en general, en lo que es el desarrollo humano y personal de las familias.

En México el servicio de agua potable conjuntamente con los del drenaje, alcantarillado y disposición de aguas residuales se encuentra a cargo de los municipios a través, como todos sabemos, de los organismos operadores de agua.

La Ley del Impuesto al Valor Agregado dispone que el servicio de suministro de agua para uso doméstico deberá calcularse aplicando tasa cero. No obstante, esta disposición no indica si dicha tasa también se aplica al servicio de alcantarillado y al de tratamiento de las aguas residuales.

Esta situación ha generado duda y diferentes interpretaciones en el cobro en los organismos operadores de agua de todo el país, los cuales son responsables de aplicar el artículo 2-A, fracción II, inciso h) de la Ley del Impuesto Agregado.

Mayoritariamente esta disposición se ha interpretado en el sentido de que el suministro de agua potable es el servicio integral; y este servicio integral incluye no solamente la administración del agua, sino también lo que es el alcantarillado y el tratamiento de las aguas.

Con esta iniciativa pretendemos beneficiar a las familias de menores recursos, al servicio doméstico estrictamente. No estamos hablando del servicio industrial o comercial, sino al servicio de abastecimiento de agua doméstico, en donde pretendemos que esta disposición del artículo 2-A de la Ley del IVA incluya no solamente la administración del agua con tasa cero, sino también la descarga y, por supuesto, el tratamiento del agua que se lleva posteriormente.

Porque al día de hoy si bien es cierto se aplica la tasa cero en lo que es el suministro del agua de acuerdo a la cuota que se fija en cada municipio en las leyes de ingresos municipales, también es cierto que se fija un cobro por la descarga y el tratamiento del agua; pero, aparte, ese cobro se le está aplicando en varios municipios el cobro del 16 por ciento del IVA, porque hay quien ha interpretado esta disposición como que la tasa cero solamente aplica para efecto de la administración del agua; incluso hay colonias, como lo sabemos, que la administración del agua o el abastecimiento del agua es, incluso, a través de pipas, ni siquiera están en las redes de agua potable; pero aún así, estas personas que son las de menores recursos sí podrán tener el drenaje, y se les cobra una comisión por la descarga del agua y aparte el IVA del 16 por ciento.

Entonces, en suma, lo que queremos es que en el artículo 2-A, se pueda esclarecer y aplicar que las tasas cero va a aplicar para el suministro, para la descarga y el tratamiento del agua, y que el 16 por ciento que se viene cobrando ya no sea válido para el siguiente año, ya no se cobre y pueda tener una repercusión directa en el beneficio de las familias mexicanas.

Por lo tanto, pedimos que se pueda turnar esta iniciativa a la Cámara de Diputados a efecto de que se pueda integrar en la discusión que se va a llevar a cabo en los próximos días respecto de la Ley del IVA, para ver la posibilidad de que podamos beneficiar a muchas familias mexicanas, insisto, sobre todo, a las de uso doméstico, las que menos recursos tienen, para que dejen de pagar el IVA del 16 por ciento a lo que es la descarga y tratamiento del agua, y se le aplique la tasa cero como se aplica hoy en día al suministro de agua potable.

Por su atención muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito, Fernando Torres Graciano, Senador de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1. fracción I, 164 numerales 1. y 2., 169 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 2-A, fracción II, inciso h), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, conforme a la siguiente:

Exposición de motivos

El artículo 2-A, fracción II, inciso h), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, dispone que el servicio de suministro de agua para uso doméstico debe calcularse aplicando la tasa del 0%. No obstante, tal disposición no indica si dicha tasa también es aplicable al servicio de alcantarillado y al de tratamiento de aguas residuales.

Tal omisión legislativa ha generado duda en cuanto a la aplicación del artículo, toda vez que los organismos operadores del país –responsables de otorgar estos servicios- han interpretado mayoritariamente que el suministro de agua potable es un servicio integral y, por lo tanto, comprende la descarga de aguas residuales al alcantarillado, así como su tratamiento. En ese sentido, la tasa del 0% señalada en el artículo citado sería aplicable no sólo al servicio de suministro, sino también a los de descarga y tratamiento.

Al respecto, se debe señalar que en términos operativos, el servicio de suministro de agua tiene tres etapas. La primera de ellas es el abastecimiento y comprende la extracción o disposición de aguas subterráneas o superficiales, potabilización, conducción, distribución y entrega de volúmenes a los usuarios. La segunda etapa se denomina de forma genérica «alcantarillado» y se refiere a la descarga de las aguas residuales en la red sanitaria una vez que es utilizada. La tercera etapa es el tratamiento y corresponde a la eliminación de cargas contaminantes que tiene el agua residual conforme a las normas de la materia, para después verterla a un cuerpo de agua o para reutilizarla en procesos y actividades en las que su carga contaminante lo permita.

Así pues, el suministro de agua potable no puede estar disociado de la descarga o el tratamiento, ya que uno es consecuencia del otro. No es óbice a lo anterior el hecho de que en los instrumentos arancelarios de los organismos operadores y en las leyes de ingresos municipales tales conceptos sean diferenciados, lo cual se debe a que las coberturas de los servicios son diferentes y, por lo tanto, puede darse el caso de que un usuario cuente con suministro de agua pero no tenga conexión a la red de descarga, o bien, que el usuario tenga fuentes alternas de abastecimiento de agua potable y, si bien no requiere el servicio de suministro, descarga sus aguas residuales a la red de drenaje.

Para entender mejor el impacto tributario en tales servicios, es necesario precisar que dentro del marco legal, cada organismo operador de agua establece un importe de pago para el abastecimiento de agua potable, el cual puede ser volumétrico, cuando se cuenta con medidor, o bien, a cuota fija, en ausencia de medidor. A dicho importe, a su vez, se le aplica una tasa de cobro para el alcantarillado y otra para el tratamiento.

A diferencia del abastecimiento, el cobro de alcantarillado y tratamiento no puede ser volumétrico porque no hay forma de individualizar la medición de las descargas, de ahí que la tasa de cobro sea fijada mediante un análisis que permita la contribución de forma proporcional, equitativa y justa. Tal cálculo hace posible que el monto pagado compense los gastos realizados por el organismo operador para que los usuarios cuenten con el servicio integral de agua potable (suministro, alcantarillado y tratamiento).

Si bien desde el punto de vista técnico el servicio de agua potable se configura de la manera antes descrita, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la tasa del 0% señalada en el artículo 2-A del referido ordenamiento no es aplicable para los servicios de drenaje y alcantarillado.1

Conforme a tal criterio, los organismos operadores deben calcular el impuesto al valor agregado del servicio de drenaje y alcantarillado con una tasa del 16%, lo que, a su vez, se traduce en un incremento neto del servicio de agua potable del 3% al 5%. Este incremento tributario, de manera evidente, repercute en las erogaciones que los usuarios deben realizar por el servicio de agua potable y, en consecuencia, en la capacidad económica de los contribuyentes.

A manera de ejemplo, se puede decir que si un usuario doméstico paga $50.00 de agua al mes, y se le aplican tasas del 20% para el alcantarillado y del 14% para el tratamiento, entonces debería pagar $10.00 por el primero y $7.00 por el segundo. Esto genera un cobro integrado de $67.00. Si tal importe se grava con tasa del 0%, el pago seguiría siendo de $67.00, pero si se aplica el IVA al alcantarillado y al tratamiento se adicionaría un pago de $2.72 resultante de aplicar el 16% a los $17.00 que suman ambos.

Estos $2.72 representan un 4.06% de incremento respecto al pago referido de los $67.00 y constituye en términos reales un incremento directo para los usuarios domésticos. Este incremento, por sí solo, es equivalente al INPC proyectado para el año 2014.

En este sentido, si se aplica la tasa general del IVA (16%) a los servicios de alcantarillado y tratamiento se estaría afectando a los usuarios domésticos y, por ende, a miles de familias de escasos recursos de todo el país, las que tendrían que pagar más dinero para seguir teniendo acceso al agua potable, así como a la descarga de aguas residuales y su tratamiento. Lo anterior genera el riesgo de que se reduzca la capacidad de pago de los contribuyentes y se limiten los volúmenes que requieren para sus necesidades básicas, lo cual afectaría gravemente la salud de las personas.

De esta manera, en observancia al artículo 4 de la Constitución Federal, que reconoce el derecho humano al agua, con relación a su artículo 1º., el cual garantiza el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas, consideramos que el servicio de suministro de agua potable comprende también los servicios de alcantarillado y tratamiento y por consiguiente, la tasa del 0% prevista en el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado también debe ser aplicada a estos últimos.

Por consiguiente, propongo ante este órgano legislativo la reforma del artículo 2-A fracción II inciso h) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en los siguientes términos:

Norma vigente

Reforma propuesta

 

Artículo 2-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I. ...

II.La prestación de los siguientes servicios independientes:

a)a g)

h) Los de suministro de agua para uso doméstico.

 

Artículo 2-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I.

II.La prestación de los siguientes servicios independientes:

a) a g)

h) Los de suministro de agua, de alcantarillado y tratamiento para uso doméstico.

 

Con base en lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con el siguiente:

Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 2-A, fracción II, inciso h), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo único.- Se reforma el artículo 2-A, fracción II, inciso h), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I.

II. La prestación de los siguientes servicios independientes:

a) a g)

h) Los de suministro de agua, de alcantarillado y tratamiento para uso doméstico.

III. y IV.


Transitorios

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 14 octubre de 2014.

Sen. Fernando Torres Graciano”.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Herrera Avila.

Como lo solicita el proponente, túrnese esta iniciativa con proyecto de Decreto a la Cámara de Diputados.


1 Tesis:2a./J. 29/2011 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Epoca, Libro V, tomo 2, febrero de 2012, página 1661, de rubro: «VALOR AGREGADO. EL BENEFICIO DE TRIBUTAR CONFORME A LA TASA DEL 0% QUE PREVE EL ARTICULO 2o.-A, FRACCION II, INCISO H), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMESTICO, ES INAPLICABLE A LOS DIVERSOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO».




 

Tiene el uso de la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en la Ley General de Desarrollo Social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El pasado día 22 de enero del año 2013, el titular del Poder Ejecutivo del gobierno arrancó el Sistema para la Cruzada Nacional contra el Hambre, en el que se establece que este programa está orientado a la población que vive en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencias de acceso a la alimentación.

En un inicio, el programa se concentró en 400 municipios seleccionados, según nos plantearon, con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta condición y personas con carencia de acceso a la alimentación.

Sin embargo, compañeras y compañeros, advertimos inmediatamente que este tema no incluyó a municipios que tienen ya, según los indicadores, mayores índices graves de pobreza o de alta marginalidad.

Y a partir de entonces, compañeras y compañeros, realizamos, como muchos de ustedes, un esfuerzo institucional a fin de que fueran más los municipios considerados en este programa.

El objetivo de esta cruzada no solamente es encomiable y loable, hay que precisarlo, es, sin duda, lo digo para un servidor, un imperativo de carácter primordial.

Sin embargo, y quiero plantearlo en esta ocasión, también reconocemos que el programa hoy se está aplicando ya a 612 municipios adicionales; es decir, en total hay 1,012 localidades, 1,012 municipalidades donde se está apoyando con este programa.

Pero si revisamos todo esto bajo la lupa de que toda política pública debe ser seria y debe regirse por los principios de justicia y de universalidad, nosotros tenemos que plantear que esta iniciativa que vengo a proponerles, busca que se reconozca también el carácter social y generoso, no solamente de esta actual política, sino que planteo que se requiere que a partir de la reforma a los artículos que estamos proponiendo, toda acción gubernamental esté ceñida, a partir de ahora, bajo criterios específicos de apoyo a los municipios, pero esos municipios que realmente inciden donde se incide alta pobreza, es decir, pobreza extrema o de alta marginación, evitando con ello las especulaciones o el uso electoral que lamentablemente se da con estos encomiables recursos.

En este sentido, compañeras y compañeros, señor Presidente, requerimos que se asignen recursos, en primer lugar, en función de prioridades sociales; es decir, un gasto social imprudentemente asignado como lo son obras suntuosas de infraestructura, cuando existen viviendas sin los servicios elementales o donde existen hospitales urbanos, cuando en el campo no se dispone de la atención médica básica, son ejemplos, sin duda, de un gasto social que, aunque alto, no tendría impactos positivos en las condiciones de vida de la mayor parte de la población.

Y en segundo lugar, sin perder la estabilidad financiera y el equilibrio macroeconómico, planteamos que es indispensable ampliar la dotación de recursos financieros para que los estados del sur de nuestra nación puedan implementar una política social de alto impacto, pero también de largo plazo.

Apoyamos estas conclusiones, señor Presidente, en la información oficial sobre la pobreza extrema que nos presenta la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la CONEVAL, cuya fuente, nos señala, que en los 9 estados que conforman la zona sur-sureste de nuestro país, viven 6 millones 432, mil personas en condiciones de pobreza extrema, es decir, el 55 por ciento de la población nacional en esta condición.

Aún y con dicha información, la primera etapa de la Cruzada Nacional contra el Hambre solo incluyó, y eso es lamentable, 295 municipios de la zona; en ellos, son 3 municipios del estado de Campeche, 55 municipios del estado de Chiapas, 46 de Guerrero, 133 de Oaxaca, 14 de Puebla, 2 de Quintana Roo, 7 de Tabasco, 33 de Veracruz y 2 de Yucatán.

De entrada, esto nos permite entender que se omitió el hecho de que la zona sur-sureste de nuestro país, existen 326 municipios, donde más del 50 por ciento, y hasta el 100 por ciento de la población viven en condiciones de pobreza extrema.

También que en 557 municipios donde más del 25 por ciento, y hasta el 50 por ciento de la población, vive en condiciones de pobreza extrema.

Por lo tanto, señor Presidente, compañeras y compañeros Senadores, venimos a plantear que no es suficiente, gastar más en salud; no, así a secas, no; es indispensable gastar en salud pero para la gente más pobre, para los municipios más pobres. No basta con asignar más recursos a la educación; no, lo prioritario es alfabetizar y ofrecer una educación básica de calidad, mediante la cual se fortalezcan los valores sociales, los valores culturales y de respeto a la naturaleza.

Siendo muy importante los datos que presento en la iniciativa en comento, le agradeceré, señor Presidente, que me obsequie el que la iniciativa quede también integrada en su totalidad en el Diario de los Debates para mejor análisis de las Senadoras y Senadores de esta Legislatura.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, Senador Robles Montoya.

Con todo gusto, le informamos al proponente que se transcribirá y se enviará al Diario de los Debates la iniciativa, y para esos efectos instruyó a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios.

Esta iniciativa con proyecto de Decreto se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene la palabra la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera para presentar a nombre propio y de las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y Leticia Herrera Ale, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XI AL ARTICULO 18 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, EN MATERIA DE  DISCAPACIDAD

(Presentada por la C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de las CC. Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y Juana Leticia Herrera Ale, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor Presidente. Buen día estimadas compañeras y compañeros Senadores:

“Las personas de edad contribuyen de distintas maneras al desarrollo económico y social; sin embargo, se les sigue discriminando y excluyendo de la sociedad. Debemos superar estos prejuicios para conseguir que la población sea activa social y económicamente, esté protegida y envejezca de forma sana.”

Estas son palabras del Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en la actualidad hay alrededor de 700 millones de personas mayores de 60 años de edad, por lo que se busca generar conciencia de las cuestiones demográficas y la dinámica de la población que deja claro que debemos ocuparnos de la población mayor de 60 años si queremos un futuro prometedor.

En México el Instituto Nacional de Geografía y Estadística señala que en 2014 el número de personas de 60 años y más es de 11.7 millones, lo que representa el 9.7 por ciento de la población total.

Con ello queda de manifiesto que el proceso de envejecimiento es notorio, dado que el número de adultos mayores duplicó su cifra en las últimas décadas, pasando de 5 a 11.7 millones de 1990 a 2014, con lo que cada vez se hace más notorio el cambio de la curva demográfica.

Es una realidad que el envejecimiento trae aparejado diversas condiciones que son parte de la naturaleza humana y se representan en diversas enfermedades o situaciones que van mermando la calidad de vida de las personas.

Asimismo, es innegable que la discapacidad es una condición de vida con mucha presencia entre las personas adultas mayores, a tal grado, que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, del total de personas con discapacidad 51.4 por ciento tiene 60 años o más, condiciones bajo las cuales las necesidades de las personas adultas mayores van en aumento.

La Ley General de Salud establece en su Artículo 3o. que la prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las personas con discapacidad son materia de salubridad general, fortaleciendo esta medida al establecer en su artículo 33 que las actividades de atención médica deben contemplar la rehabilitación que incluye acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad.

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad define, en su artículo 2, a la rehabilitación como un proceso de duración limitada y con un objetivo definido de orden médico, social y educativo, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental y sensorial óptimo.

Asimismo, en su artículo 7, establece que la Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación.

En lo que corresponde a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece que las instituciones públicas del sector salud, garantizaran a las personas adultas mayores que deberán recibir atención y asistencia a quienes sufren de discapacidades funcionales, debiendo atender las necesidades de las personas adultas mayores a fin de contribuir a prevenir discapacidades y favorecer un envejecimiento saludable.

Como se observa, el precepto contenido en la ley en materia de personas adultas mayores, está rebasado por las disposiciones del marco jurídico nacional, por lo que es necesario que se homologuen los criterios de atención y se perfeccionen las medidas, además de que es importante recordar que la discapacidad no se sufre, es una condición de vida que forma parte del ser humano.

Además de que adicional a la asistencia, la discapacidad debe ser sujeta a la prevención, atención y rehabilitación, para darle un tratamiento integral que ayude a disminuir su incidencia en las personas adultas mayores; y en caso de que forme parte de su persona, proveerles de una mejor calidad de vida.

Por lo anteriormente descrito, en el marco del recientemente celebrado Día Internacional de las Personas de Edad y en plena concordancia con el lema de este año: “no dejar a nadie atrás: promoción de una sociedad para todos”, someto a la consideración de esta Asamblea la iniciativa con proyecto de Decreto para establecer en le Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores que corresponde a las instituciones públicas del sector salud garantizar la promoción de programas de salud que contemplen la prevención, atención y rehabilitación de la discapacidad en las personas adultas mayores.

Este es el contenido, estimadas compañeras y compañeros, de la iniciativa que estamos poniendo a consideración de ustedes las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Lilia Merodio, Itzel Ríos, Cristina Díaz, Claudia Pavlovich, Leticia Herrera y una servidora, por supuesto, esperando contar en su momento con su respaldo.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO y JUANA LETICIA HERRERA ALE, Senadoras de la República de la LXII Legislatura al H. Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XI al Artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en materia de discapacidad, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

«Las personas de edad contribuyen de distintas maneras al desarrollo económico y social. Sin embargo, se las sigue discriminando y excluyendo de la sociedad. Debemos superar estos prejuicios para conseguir que la población sea activa social y económicamente, esté protegida y envejezca de forma sana.»

Ban Ki-Moon, Secretario General de la ONU

1.- De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la actualidad hay alrededor de 700 millones de personas mayores de 60 años de edad, por lo que exhorta a tener más atención a las necesidades particulares de las personas adultas mayores, promoviendo su participación activa en la sociedad y el respeto integral de sus derechos humanos.

Para la ONU, el tema del Día Internacional de las Personas de Edad de 2014 es: “no dejar a nadie atrás: promoción de una sociedad para todos”, con lo que se busca hacer conciencia respecto de la comprensión de que las cuestiones demográficas y la dinámica de la población, que deja claro que debemos ocuparnos de la población mayor de 60 años si queremos un futuro prometedor.

2.- En México, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística señala que en 2014 el monto de personas de 60 años y más es de 11.7 millones, lo que representa 9.7% de la población total.

Con ello queda de manifiesto que el proceso de envejecimiento es notorio, dado que el número de adultos mayores duplicó su monto en las últimas décadas, pasando de 5 a 11.7 millones de 1990 a 2014, con lo que cada vez se hace más notorio el cambio de la curva demográfica.

Asimismo, INEGI menciona que entre las principales estadísticas que corresponden a la realidad de las personas adultas mayores, tenemos que:

● 31.5 por ciento están en una etapa de pre-vejez (60 a 64 años);

● 41.1 por ciento  se encuentran en una vejez funcional (65 a 74 años);

● 12.3 por ciento  está en una vejez plena (75 a 79 años); y

● 15.1 por ciento  transita por una vejez avanzada (80 años y más).

Es importante hacer énfasis que dentro de este grupo de edad se presentan etapas en donde generalmente, existe la pérdida gradual de capacidades motrices y cognoscitivas, por lo que es necesario que se aborde su situación a partir de un enfoque de derechos que promueva se impulsen y fortalezcan el desarrollo de estrategias y políticas tendientes a mejorar las condiciones de las personas adultas mayores y a fomentar la cultura de la inclusión en donde su participación sea en un marco de igualdad.

3.- Es una realidad que el envejecimiento trae aparejado diversas condiciones que son parte de la naturaleza humana y se representan en diversas enfermedades o situaciones que van mermando la calidad de vida de las personas.

Asimismo, es innegable que la “discapacidad” es una condición de vida con mucha presencia entre las personas adultas mayores, a tal grado que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 (ENIGH 2012), del total de personas con discapacidad, 51.4 por ciento tiene 60 años o más, en donde los tipos de discapacidad se presentan de la siguiente forma:

● 31.6 por ciento de las personas de 60 años o más tiene alguna discapacidad.

● 71.9 por ciento  presenta mayor proporción es la dificultad para caminar, moverse, subir o bajar;

● 32.1 por ciento  tienen dificultades para ver aun usando lentes;

● 21.8 por ciento  para oír, aun usando aparato auditivo;

● 4.4 por ciento presentan limitación para poner atención o aprender cosas sencillas; y

● 2.1 por ciento relacionadas con discapacidad mental.

Bajo estas condiciones, las necesidades de las personas adultas mayores van en aumento, situación que se agudiza cuando se presenta la discapacidad, como lo señala la citada ENIGH 2012 en las siguientes cifras:

● Dentro de este contexto, del total del gasto corriente monetario trimestral en los hogares en los que hay presencia de adultos mayores con discapacidad, se destina una mayor proporción del gasto en cuidados de la salud, que en los hogares con adultos mayores sin esta condición (4.7 por ciento y 3.4 por ciento, respectivamente).

● Se observa que en los hogares donde no hay adultos mayores con discapacidad, el gasto en transporte (20.1 por ciento) y esparcimiento (11.4 por ciento) es mayor respecto a los hogares donde si los hay (16.8 y 8.3 por ciento)

Ello, sin duda alguna es clara muestra de que las personas adultas mayores con discapacidad se enfrentan a múltiples problemas adicionales a los que pueden acompañar su edad, como lo es el transitar en el entorno urbano.

4.- La Ley General de Salud establece en su Artículo 3° que la prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las personas con discapacidad son materia de salubridad general, fortaleciendo esta medida al establecer en el Artículo 33 que las actividades de atención médica deben contemplar la “rehabilitación”, que incluye acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad.

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, define en su Artículo 2 a la “rehabilitación” como un proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden médico, social y educativo entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social;

Asimismo, en su Artículo 7, establece que la Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible, para lo cual deberá diseñar, ejecutar y evaluar programas de salud pública para la orientación, prevención, detección, estimulación temprana, atención integral o especializada, rehabilitación y habilitación, de las diferentes discapacidades.

5.- Por su parte la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece que las Instituciones Públicas del Sector Salud, garantizaran a las personas adultas mayores que deberán recibir atención y asistencia a quienes sufren de discapacidades funcionales y deberán atender las necesidades de las personas adultas mayores a fin de contribuir a prevenir discapacidades y favorecer un envejecimiento saludable.

Como se lee, el precepto contenido en la Ley en materia de personas adultas mayores está rebasado por las disposiciones del marco jurídico nacional, por lo que es necesario que se homologuen los criterios de atención y se perfeccionen las medidas, además de que es importante recordar que la “discapacidad” no se sufre, es una condición de vida que forma parte del ser humano.

Además, de que aunado a recibir asistencia, la discapacidad debe ser sujeta a la prevención, atención y rehabilitación, para darle un tratamiento integral que ayude a disminuir la incidencia de la discapacidad en las personas adultas mayores y en caso de que forme parte de su persona, proveerles de una mejor calidad de vida.

Por lo anteriormente descrito, en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad y en plena concordancia con el lema de este año: “no dejar a nadie atrás: promoción de una sociedad para todos” y con fundamento en las disposiciones señaladas, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

UNICO.- Se adiciona una fracción XI al Artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 18.- Corresponde a las Instituciones Públicas del Sector Salud, garantizar a las personas adultas mayores:

I…

II. Especial atención deberán recibir los programas de detección oportuna y tratamiento temprano de enfermedades crónicas y neoplasias entre las personas adultas mayores;

III a VIII…

IX. Gestiones para apoyar y proteger a los grupos de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad social o familiar;

X…

XI. Promoción de programas de salud que contemplen la prevención, atención y rehabilitación de la discapacidad en las personas adultas mayores.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 14 de octubre de 2014.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de La Mora Sen.- María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale”.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Flores Escalera.

Le pregunta la Senadora Martha Palafox si le permite suscribirse. Que tome nota Servicios Parlamentarios, si son tan amables.

Esta iniciativa con proyecto de Decreto se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Se concede el uso de la tribuna al Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, a nombre propio y de los Senadores Francisco Salvador López Brito, Ernesto Ruffo Appel y Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 420 del Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 420, PARRAFO PRIMERO, FRACCION II, FRACCION II BIS Y PARRAFO SEGUNDO DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, a nombre propio y de los CC. Senadores Francisco Salvador López Brito, Ernesto Ruffo Appel y Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente Arturo Zamora Jiménez, Senador por el estado libre y soberano de Jalisco. Señoras y señores Senadores: muy buenas tardes.

Hago uso de esta tribuna para presentar ante ustedes, a nombre propio y de mis compañeros Senadores Francisco Salvador López Brito, Ernesto Ruffo Appel y Carlos Mendoza Davis, una iniciativa de reforma al Código Penal Federal, que contiene como propósito ajustarlo al contexto social actual para contar con un instrumento jurídico que contribuya de manera eficaz a proteger nuestros recursos naturales marinos en peligro de extinción, en veda; un tema en el que hemos venido trabajando y del que no quitaremos el dedo del renglón, porque se trata de preservar nuestro medio ambiente y recursos naturales.

Si bien es cierto que los recursos pesqueros son recursos renovables muy dinámicos y diversos, su uso responsable representa el gran desafío de nuestros días. La capacidad excesiva de pesca y la sobrecapitalización mundial de la industria pesquera, han propiciado el desarrollo de diversas medidas de control tendientes a la ordenación de las actividades.

En México, los desembarques pesqueros anuales se han estabilizado alrededor de 1.5 millones de toneladas en peso vivo, siendo notoria la creciente producción acuícola. La producción pesquera registrada, tan sólo en 2010, de acuerdo con cifras de la SAGARPA, fue de mil 473 millones de toneladas, que representan 16 mil 907 millones de pesos a precios de playa; 270 mil 717 toneladas fueron producto de la acuacultura.

La estabilización de las capturas comerciales de recursos pesqueros es indicativa de que es necesario reformar las medidas de administración y fomentar el uso racional de nuestros recursos.

Esta es la principal razón que ha llevado al Estado mexicano a implementar durante las últimas dos décadas, diversas medidas de prevención y protección de los recursos naturales.

Dentro de las acciones más importantes están el aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de marzo de 1994, por el que se dio a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática.

La adopción del Código de Cultura para la Pesca Responsable en 1995, cuya finalidad ha sido, precisamente, la estabilización de las capturas comerciales de recursos pesqueros.

La creación de la Carta Nacional Pesquera del año 2000 y actualizada en el año 2012, que contiene el diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas.

Así mismo, la CONAPESCA ha emitido diversos acuerdos de veda con el propósito de proteger los periodos de mayor vulnerabilidad de recursos pesqueros específicos y, de esa manera, garantizar niveles de abundancia sustentables que permitan su aprovechamiento responsable.

Entre los recursos pesqueros en veda tenemos, por ejemplo, el pepino de mar, el caracol, el ostión, la jaiba, entre otros. El caracol rosado, por ejemplo, al igual que el pepino de mar, del cual hablamos hace algunos días en este Pleno, es un recurso de tradición e importancia económica sobresalientes pues se trata de una de las pescaderías más significativas y es una de las especies marinas con un alto valor comercial debido a la demanda nacional e internacional.

Aunado a ello, el caracol tiene un valor heráldico, ya que, por ejemplo, se encuentra representado en el escudo del estado de Quintana Roo, lo que le confiere también un alto valor cultural y social.

Lamentablemente, con el establecimiento de periodos de veda nació también la pesca furtiva, conducta ilegal que ha causado mucho daño y que potencializa el riesgo de extinción de nuestras ya de por sí especies marinas en riesgo.

Para castigar e inhibir este tipo de conductas, en 2006 fue reformado el Código Penal Federal, tipificando como delito la captura de las especies acuáticas declaradas en veda. Lamentablemente quienes han hecho de la pesca furtiva su modus operandi han encontrado la forma de burlar las penas que establece el Código Penal Federal vigente, aprovechándose de las bajas sanciones de las lagunas y de los recursos procesales que la propia ley contempla, logran al final de los procesos, en muchos casos, el goce de la libertad de los delincuentes y el aliento a la pesca ilegal.

Por estas razones, y para garantizar la protección eficaz del bien jurídico tutelado, es decir, de los recursos marítimos en veda, resulta necesario ajustar el Código Penal Federal al contexto actual.

Lo que proponemos son tres modificaciones concretas al artículo 420 del Código.

Primero. Adicionar a la lista de especies protegidas por el Código el caracol rosado.

Segundo. Penalizar el comercio de las especies acuáticas declaradas en veda, pues el Código no lo contempla.

Y tercero. Incrementar de uno a tres años y medio de presión la pena mínima prevista actualmente para castigar a quienes capturen, transformen, acopien, transporten, comercien o dañen ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda, con el aumento de un año de prisión, como mínimo, cuando el delito se comete en áreas protegidas, así como la ampliación de la sanción económica mínima que actualmente se establece pasando de 300 a mil días multa.

Con estas modificaciones, estaremos garantizando que las personas que cometan uno de los delitos previstos en el artículo 420, como la captura y el comercio de las especies marinas en veda, alcancen una pena privativa de la libertad de una sanción económica ejemplares, sin la posibilidad de obtener el beneficio de la libertad como hoy en día sucede.

No quiero dejar de señalar que en esta propuesta cuidamos el respeto a los principios de proporcionalidad de las penas de humanidad y dignidad de la persona, para no atentar contra los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Estamos seguros que con estas modificaciones estaremos garantizando en mayor medida la protección de nuestros recursos naturales marinos en peligro de extinción y su aprovechamiento.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, Senador Avila Ruiz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 49 y 71 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 49 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

(Presentada por la C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso, compañeros Senadores:

En la memoria de las y los mexicanos quedará el 5 de junio de 2009 como el día en que ocurrió una de las peores tragedias de nuestro país, el incendio de la Guardería ABC donde fallecieron 49 niños y 76 resultaron heridos, todos de entre cinco meses y cinco años de edad.

A la fecha se nos ha dado a conocer como probable causa el haberse propagado un incendio de una bodega contigua propiedad del gobierno del estado de Sonora, de acuerdo con la Organización Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, tomando como base los peritajes realizados en la bodega señalada, puede reconocerse que el origen del fuego fue un sobrecalentamiento de una toma de energía eléctrica, aunque también se ha sospechado que el incendio pudo haber sido provocado de forma intencional.

El caso es que a la fecha no hay ninguna persona bajo proceso judicial por estos acontecimientos, pues de un total de 19 funcionarios involucrados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha exonerado a todos.

Bajo este contexto, un tema salta a la vista de manera inmediata, la exigencia de garantizar condiciones para la atención y cuidado de niñas y niños en dichos centros de atención.

A partir de 2009 presentaron varias iniciativas con la intención de subsanar las deficiencias en cuanto al cuidado y seguridad de las estancias infantiles. Todas, al ser dictaminadas en su conjunto, dieron forma a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2011.

La publicación de dicha ley constituyó un avance importante para garantizar que las condiciones de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil sean de calidad; sin embargo, la aplicabilidad ha sido limitada y muchas estancias infantiles siguen funcionando sin los apropiados niveles de seguridad.

Cabe mencionar que ley retomó puntos muy importantes contenidos en una Norma Oficial Mexicana previamente establecida en relación a las medidas de seguridad con las que cuentan las estancias infantiles.

Dicha norma exige, entre otras condiciones, que los establecimientos, además de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Protección Civil, deberán observar disposiciones en función de su capacidad instalada y, así mismo, medidas de seguridad frente al riesgo de incendios, debiendo ser obligatorias su observancia y, por ende, necesarios organismos que garanticen la certificación de un medio viable para el mecanismo.

Sin embargo, a pesar de que la norma está establecida desde el 2011, hoy en día su aplicación es solo opcional y no se revisa con detenimiento en materia de incendios, de ahí que exista un riesgo potencial de accidentes por su falta de prevención y observancia.

De acuerdo con la Federación Latinoamericana de Quemaduras, el 70 por ciento de las quemaduras se presentan en niñas y niños, y la mayoría de estas requieren hospitalización, siendo las causas más comunes las quemaduras por escaldadura y líquidos calientes, fuego, electricidad y químicos.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, en México de reportaron 109 mil 479 casos de quemaduras en el año de 2007 y en 2008 se registraron 114 mil 385; el problema es tan grave que hoy las quemadura son la causa número 11 de muerte en México en niñas y niños de uno a cuatro años de edad, de acuerdo a datos del Instituto para la Medición y Evaluación en Salud.

Gracias a la inclusión del tema en el debate público, diversos actores han tenido la sensibilidad y el sentido de la responsabilidad necesario para establecer convenios con expertos que por años han trabajo en el tema, tal es el caso de la Fundación Michou y Mau.

A partir de su creación, la Fundación Michou y Mau opera como una organización no lucrativa destinada a la asistencia y prevención de quemaduras en niñas y niños mexicanos; según estipulan en su sitio web, su misión es que ningún niño con quemaduras severas muera por falta de una oportuna atención médica especializada.

De su experiencia en el tema, esta fundación ha establecido convenios con diversas autoridades, entre las cuales se encuentra el gobierno de Naucalpan que, junto con el DIF local, ha coadyuvado a la certificación de 15 estancias infantiles.

Dicha certificación implica, entre otras cosas, la validación de la efectividad de los protocolos de evaluación, revisión de instalaciones de gas y eléctricas y verificación de existencia de cortafuego.

En cuanto al Poder Ejecutivo, el DIF Nacional, a través de su Presidenta, ha impulsado la certificación de estancias infantiles operadas por el DIF en Quintana Roo, en el estado de Hidalgo y en el Estado de México.

Desafortunadamente, esas certificaciones no son obligatorias en todos los centros de cuidado infantil; razón por la cual prácticamente todos ellos operan en dudosas condiciones que garanticen la seguridad, especialmente ante accidentes relacionados con fuego e incendios.

La propuesta central de esta iniciativa busca que se garantice que todos los centros de cuidado infantil cuenten con una certificación contra incendios que sea otorgada por el estado, que es el responsable de velar por los derechos humanos de las y los niños, incluyendo su derecho a la salud y a la seguridad.

Para que esta propuesta sea viable será importante considerar que los gastos asociados se contemplen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, considerando los tiempos y costos que se requerirán para certificar a todos los centros de cuidado infantil, esta propuesta busca que a largo plazo se certifique a todos los centros de cuidado infantil, empezando por las estancias que determine el DIF Nacional, dando prioridad a las zona en las que habita una mayor proporción de población en vulnerabilidad.

Un tema trascendental como la seguridad de nuestras niñas y niños no debe supeditarse a la voluntad política de los gobernantes.

Por lo que es imprescindible que la certificación antiincendios sea un requisito indispensable para operar centros de cuidado infantil.

Las tragedias ocurren en los momentos menos esperados; y como sociedad no podemos presenciar acontecimientos tan dolorosos una vez más.

Los invito, compañeros a que se sumen a esta propuesta.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“La suscrita, LORENA CUELLAR CISNEROS, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 171, fracción I y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 49 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la memoria de las y los mexicanos, quedará el 5 de junio de 2009 como el día en que ocurrió una de las peores tragedias de los últimos años: el incendio de la Guardería ABC, donde fallecieron 49 niños y 76 resultaron heridos; todos de entre cinco meses y cinco años de edad.

A la fecha, se nos ha dado a conocer que estos terribles acontecimientos, ocurrieron al propagarse un incendio de una bodega contigua, propiedad del Gobierno del Estado de Sonora.

De acuerdo con Lorenzo Ramos, abogado del Movimiento Ciudadano por la Justicia “5 de Junio”, tomando como base el primero y tercer peritaje realizados en la bodega de papelería ya señalada, donde el gobierno arrendaba a la Guardería ABC, se reconoció que el origen del fuego fue un sobrecalentamiento de una toma de poder, aunque también se ha sospechado que el incendio pudo haber sido provocado de forma intencional1.

A la fecha, no hay ninguna persona bajo proceso judicial por el hecho, pues de un total de 19 funcionarios involucrados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha exonerado a todos.4

En este contexto, un tema salta a la vista de manera inmediata: la exigencia de garantizar condiciones absolutas para garantizar la atención y cuidado de niñas y niños en dichos Centros de Atención.

A partir de 2009 se presentaron varias iniciativas con la intención de subsanar las deficiencias en cuanto al cuidado y seguridad de las estancias infantiles, todas, al ser dictaminadas en su conjunto, dieron forma a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2011.

La publicación de dicha ley constituyó un avance importante para garantizar que las condiciones de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil sean de calidad, sin embargo su aplicabilidad  ha sido limitada y muchas estancias siguen funcionando sin los apropiados niveles de seguridad2.

Cabe mencionar que la Ley retomó puntos muy importantes contenidos en la norma oficial NOM-032-SSA3-2010, en relación con las medidas de seguridad  con las que cuentan las estancias infantiles.

Dichas medidas, exigen, entre otras condiciones, que los establecimientos además de cumplir con lo dispuesto por la Ley de Protección Civil, deberán observar, las disposiciones contenidas en el Apéndice Normativo "A". Medidas de seguridad y protección civil para Establecimientos o Espacios que presten servicios de asistencia social a niños, niñas y adolescentes que les correspondan, conforme a la clasificación en función de su capacidad instalada.

Asimismo, en el Apéndice Normativo A, se mencionan las medidas de seguridad frente al riesgo de incendios y al ser una NORMA OFICIAL MEXICANA, su observancia debe ser obligatoria y por ende, es necesario que se verifique que se cumple, siendo la certificación un medio viable para garantizar el mecanismo.

Sin embargo, a pesar de que la norma está establecida desde el 2011, hoy en día su aplicación es solo opcional y no se revisa con detenimiento en la materia de incendios, de ahí que exista un riesgo potencial de accidentes por su falta de prevención y observancia.

¿Por qué es importante la certificación? De acuerdo con el Dr. Ariel Miranda, Presidente de la Federación Latinoamericana de Quemaduras (FELAQ) y Jefe de la Unidad de Atención a niños con quemaduras del Hospital Civil de Guadalajara, el 70% de las quemaduras se presenta en niñas y niños, y la mayoría de estas requieren hospitalización siendo las causas más comunes las quemaduras por escaldadura (líquidos calientes), fuego, electricidad y químicos.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, en México se reportaron 109 mil 479 casos de quemaduras en el año 2007 y en 2008 se registraron 114 mil 385.

El problema es tan grave que hoy las quemaduras son la causa número 11 de muerte en México en niñas y niños de 1 a 4 años de edad, de acuerdo a datos del Instituto para la Medición y Evaluación en Salud (IHME por sus siglas en inglés).

Gracias a la inclusión del tema en el debate público, diversos actores han tenido la sensibilidad y el sentido de la responsabilidad necesario para establecer convenios con expertos que por años han trabajado el tema.  Tal es el caso de la Fundación Michou y Mau.

A partir de su creación, la Fundación Michou y Mau opera como una organización no lucrativa destinada a la asistencia y prevención de quemaduras en niñas y niños mexicanos.  Según estipulan en su sitio web, su misión es “que ningún niño mexicano con quemaduras severas, muera por falta de una oportuna atención médica especializada”.3

Desde su vasta experiencia en el tema, dicha fundación ha establecido convenios con diversas autoridades, entre las cuales se encuentra el Gobierno de Naucalpan, que junto con el DIF local, ha coadyuvado a la certificación de 15 estancias infantiles.  Dicha certificación implica entre otra cosas la validación de la efectividad de los protocolos de evacuación, revisión de instalaciones de gas y eléctricas, y verificación de existencia de cortafuegos.4  En cuanto al poder ejecutivo,  el DIF nacional a través de su presidenta, ha impulsado la certificación de estancias infantiles operadas por el DIF en Quintana Roo, en el Estado de Hidalgo y en el Estado de México.

Desafortunadamente estas certificaciones no son obligatorias en todos los centros de cuidado infantil, razón por la cual, prácticamente todos ellos operan en dudosas condiciones que garanticen la seguridad específicamente ante accidentes relacionados con fuego e incendios.

La propuesta central de esta iniciativa, busca que se garantice que todos los centros de cuidado infantil cuenten con una certificación contra incendios que sea otorgada por el Estado, que es el responsable de velar por los derechos humanos de las y los niños, incluyendo su derecho a la salud y a la seguridad.

Dado que el gobierno no cuenta con suficientes instancias especializadas que pudieran realizar esta certificación, se plantea que la Fundación Michou y Mau, así como otros centros con reconocida trayectoria, puedan realizar la certificación.

Para que esta propuesta sea viable, será importante considerar que los gastos asociados se incluyan en el presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2015.

Considerando los tiempos y costos que se requerirían para certificar a todos los Centros de Cuidado infantil, esta propuesta busca que a largo plazo se certifique a todos los centros de cuidado infantil, empezando por las estancias que determine el DIF Nacional, dando prioridad a las zonas en donde habita una mayor proporción de población en vulnerabilidad.

De acuerdo con la Fundación Michou y Mau, el  monto Inicial a asignarse se estima entre 45 y 50 millones de pesos que servirán para desarrollar el programa piloto, en el cual se certificaran 350 estancias (muestra del 3.5% del total) operadas por el DIF en diversas entidades de la Republica.

Adicionalmente se propone una bolsa para dar recursos de 10 millones de pesos para cada estado, en donde pueden participar usuarios que apliquen al fondo, de esta manera se abre el programa a todas las guarderías que maneje el estado.

Posteriormente, la federación tendrá que evaluar y buscar la forma de optimizar los costos para lograr la certificación a nivel nacional en todos los Centros de Cuidado Infantil, públicos y privados.

No es posible que un tema tan trascendente como la seguridad de nuestras niñas y niños, se supedite a la voluntad política de los gobernantes, por lo que resulta imprescindible que la certificación anti-incendios sea requisito indispensable para operar centros de cuidado infantil.

Las tragedias ocurren en los momentos menos esperados, y como sociedad no podemos presenciar el interminable dolor de las familias una vez más.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se reforman y adicionan los artículos 49 y 71 de la LEY GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, para quedar como sigue:

Artículo 49.- El Inmueble deberá contar con una certificación que estará a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en los términos del artículo 14 de esta ley, para lo cual podrá establecer convenios con instancias especializadas del sector privado o social para que se encarguen de evaluar las condiciones de seguridad de los inmuebles.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, debe garantizar que los convenios que se establezcan con el sector privado y social se realicen en condiciones de transparencia y asegurando que la certificación la lleven a cabo entidades con probada experiencia en la materia.

La certificación debe garantizar que el inmueble como mínimo para su funcionamiento, a fin de prevenir y/o proteger de cualquier situación de riesgo o emergencia:

I. al XIV.  …

Artículo 71. Son causas de suspensión temporal será impuesta, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable y en los siguientes casos:

I. a VII.   …

VIII. No contar con la Certificación contra incendios, en los términos de los artículos 14 y 49 de esta ley.

Transitorios

Primero.-Los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo infantil, contarán con un plazo de 24 meses para obtener la certificación contra incendios a partir de la publicación de este Decreto.

Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de octubre de 2014.

Suscribe”.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. Túnese a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y la Adolescencia; y de Estudios Legislativos Segunda.

Sonido en el escaño de la Senadora Beristain Navarrete.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) ¡Felicidades a la Senadora Lorena Cuéllar!

Y solicito unirme a la iniciativa.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Si está de acuerdo la proponente, Senadora Lorena Cuéllar, que se sume la Senadora Beristain.

Tome nota la Secretaría de Servicios Parlamentarios.

Esta Presidencia saluda la presencia de integrantes de la COPARMEX del estado de Tlaxcala, encabezados por su Presidente licenciado Miguel García Méndez, invitados a esta sesión por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

¡Sean ustedes bienvenidos!

1 http://www.animalpolitico.com/2014/09/la-causa-del-incendio-en-la-guarderia-abc-peritajes-testimonios-e-implicaciones-legales/

2 http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2115102.htm

3 http://www.fundacionmichouymau.org/index.php?s=contenido&c=2

4 http://www.milenio.com/region/Certifican-estancias-infantiles-Naucalpan_0_253175077.html





 

En el uso de la palabra la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 87, 88 y 95 y adiciona los artículos 87 bis y 87 ter de la Ley General de Víctimas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 87, 88 Y 95 Y ADICIONA LOS ARTICULOS 87 BIS Y 87 TER DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS

(Presentada por la C. Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: Gracias, señor Presidente, con su permiso. Senadoras y Senadores:

Vengo hoy a proponer una reforma a la Ley General de Víctimas que propone algunas modificaciones para establecer con claridad aspectos que la ley no contempla o, de plano, son disposiciones ambiguas que están sujetas a interpretación por parte de los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Víctimas.

La ley debe estipular que los servidores públicos, sin distinción alguna, rindan cuentas de sus actos y sean sometidos al régimen de responsabilidades y sanciones, porque así lo mandata nuestra Constitución para los servidores de alto nivel.

Además de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la ley debe ser universal para todos, incluidos los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Se propone establecer mecanismos de control en torno a la Comisión Ejecutiva que permitan un marco estricto de actuación y eviten irregularidades en su estructura interna por ser la encargada de ejecutar los acuerdos del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Se propone, también, involucrar a la Cámara de Senadores en la rendición de cuentas, estrictamente en lo inherente a las funciones encomendadas a la Comisión Ejecutiva, relativas al cumplimiento general y del sistema, además de lo relativo a la operación del registro nacional de víctimas, dejando a la Cámara de Diputados lo referente al fondo.

Es necesario que el Senado de la República tenga información clara y oportuna sobre los trabajos que en esta comisión se llevan a cabo.

Destaco que con las propuestas de modificación se busca subsanar lagunas legales detectadas en las facultades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y, en particular, de su Presidencia durante el ejercicio administrativo de su encargo.

La forma en que actualmente aborda casos como el mencionado, ha dado lugar a una serie de interpretaciones que más allá de evaluarlas o considerarlas equívocas o limitadas, sin duda han dañado la percepción y el trabajo interno de esta comisión.

Tal es el caso de la manera y las condiciones en las que se dio el cambio de la Presidencia de este órgano colegiado.

Formas quizás poco claras y transparentes que pudieran prestarse a irregularidades que se dieron a conocer por conductos ajenos a esta Soberanía.

Para evitar disputas estériles en detrimento de los objetivos de la Presidencia de la Comisión Ejecutiva, será la Cámara de Senadores la que nombre a la persona que considere tener el mejor perfil para representar y desempeñar las tareas propias e inherentes a las del Comisionado o Comisionada Presidenta y, bajo este mismo tenor, en caso de renuncia al cargo, ésta tendrá que ser ratificada por la misma Cámara.

Por cierto, actualmente la ley no prevé, y otras disposiciones son ambiguas al respecto, lo relativo al procedimiento de destitución de los comisionados, pues en un estado democrático que se aprecie de serlo, los servidores públicos, todos, sin distinción alguna, deben estar sometidos a un régimen de rendición de cuentas, pero también de responsabilidades y sanciones.

Por ello, se propone establecer un régimen de destitución y remoción de los comisionados o la Presidencia de la Comisión, en la que el mismo órgano encargado de designar a los Comisionados sea el que se encargue de substanciar alguna denuncia o hechos contra algún comisionado que amerite la remoción de la Presidencia o la destitución respectiva, siempre respetando los derechos y garantías que establece la Constitución como es el caso de la formalidad de ser escuchados, aportar pruebas y presentar sus alegatos.

Se plantea dotar de mayores atribuciones a la Presidencia para que sea ésta la que proponga a los titulares del fondo de la asesoría jurídica federal y del registro nacional, mientras que sea el Pleno de la Comisión Ejecutiva el que ratifique tales nombramientos.

Con lo anterior, se evitaría el desorden al interior de la Comisión Ejecutiva y se dotaría de facultades a la misma Presidencia para que pueda actuar y hacer más operativa a la comisión.

Don Benito Juárez alguna vez manifestó que todos los hombres tenemos un círculo más o menos extenso de relaciones, tenemos afecciones también; pero antes que nada, debe estar el interés de corresponder a la confianza que se ha depositado en él, por lo que no debe de conocer más conducta que lo dicho por la ley y no hacer otra cosa que cumplir fríamente con su deber.

De ahí que el debate, con todo y críticas, debe ser el perfeccionamiento de la norma del marco jurídico para que la Comisión Ejecutiva cumpla con sus responsabilidades de manera objetiva y profesional y que proporcione certeza a las víctimas.

Es válido tener diferencias insoslayables con respecto a ópticas, programas o proyectos determinados, porque permite enriquecer la discusión y posibilitar puntos de acuerdo en beneficio de las personas afectadas.

Pero, bajo ninguna circunstancia, so pretexto de las diferencias, se puede aceptar la falta de entendimiento, la obstrucción por intereses particulares o de grupo, o la responsabilidad que no solamente se aceptó, sino que se comprometió y se juró al cargo.

La Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas no es una vitrina política, ni un escalón de ascenso con fines de lucro de ningún tipo. Es una responsabilidad de los comisionados libremente aceptada para dar seguimiento y supervisar la aplicación de los ordenamientos legales de la materia, lo que ayudará a aquellos que han sido lastimados, heridos o afectados.

Es una oportunidad para aplicar conocimiento y experiencia en estrategias y políticas públicas específicas que alivien el dolor humano.

Es, en términos modernos, el área de oportunidad para demostrar a la sociedad que se tiene vocación de servicio para diseñar y ejecutar mecanismos eficaces en el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas.

Por lo anteriormente expuesto, se propone reformar los artículos 87, 88 en su fracción XVIII, y 95 en su fracción VI, así como adicionar el artículo 87 bis, 87 ter, y un nuevo texto a la fracción XIII del artículo 95, recorriéndose el texto de la actual fracción para pasar a ser la fracción XIV, todo de la Ley General de Víctimas.

Es por ello, Senadoras y Senadores, que solicito su voto favorable para que esta iniciativa de reforma que pretender dar certeza jurídica y así evitar interpretaciones, sea apoyada por todos ustedes.

Muchas gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

Iniciativa

“La suscrita Adriana Dávila Fernández, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 87, 88, Y 95; Y ADICIONA LOS ARTICULOS 87 BIS Y 87 TER, DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS, en base a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 9 de enero de 2013, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas, legislación que reconoce y garantiza los derechos de las víctimas de los delitos y de las violaciones a los derechos humanos, principalmente en materia de asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, entre otros derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados internacionales de que México es parte.

Asimismo, esta ley establece las reglas para la coordinación de acciones que promuevan y garanticen el pleno respeto de los derechos de las víctimas, además de implementar esos mecanismos a través de los que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben prevenir, investigar, sancionar y lograr su reparación integral, incluyendo el efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso.

Otro de los aspectos que la ley prevé, son los deberes y las obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de toda persona que intervenga en procedimientos relacionados a las víctimas.

De esa forma, esta legislación establece al Sistema Nacional de Atención a Víctimas como una instancia superior de coordinación  que formula políticas públicas, además de proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas que deben implementarse para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, y a la verdad, así como a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.

El sistema nacional cuenta con una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el ámbito federal, y de Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas estatales y del Distrito Federal, las que conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

En el ámbito federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es el órgano operativo del Sistema Nacional, con carácter colegiado, y que goza de autonomía técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

La referida Comisión Ejecutiva, tiene entre sus atribuciones y responsabilidades, ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Sistema Nacional, además de garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que refiere la ley general en materia de derechos integrales de las víctimas.

Además elaborar el proyecto del Programa de Atención Integral a Víctimas para presentárselo al Sistema, con el objeto de perfeccionar, las políticas públicas relativas a la atención a víctimas, por lo que se convierte en brazo ejecutor de las determinaciones que adopte el Sistema Nacional, máxima autoridad en materia de atención a las víctimas.

La relevancia de esta Comisión Ejecutiva es tal, que la misma Ley General establece el procedimiento selección de los comisionados que la integrarán, tomando en cuenta para eso a los colectivos, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas. El Ejecutivo presenta ternas para elegir a cada comisionado, integrándose de la siguiente forma: 4 comisionados especialistas en las ramas del derecho, psicología, derechos humanos, sociología o especialidades equivalentes; 3 comisionados provenientes de colectivos de víctimas, propuestos por organizaciones no gubernamentales, registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años.

Además del método de selección, la ley general establece incluso, cuáles serán las comisiones del Senado que realizarán el proceso de selección de los comisionados.

Sin embargo se han detectado lagunas legales en las facultades de la Comisión Ejecutiva y de su presidencia durante el ejercicio administrativo para la cual fue designada, lo que ha dado lugar a interpretaciones equívocas que por su naturaleza han dañado el trabajo interno de dicha comisión.

Tal es el caso de irregularidades que se presentaron en el cambio de presidencia de este órgano.

Es inconcebible que se presenten situaciones como ésta en la Comisión Ejecutiva, instancia que paradójicamente debería estar más ocupada en dar cumplimiento a la legislación y diseñar y ejecutar los mecanismos para hacer válido el ejercicio de los derechos de las víctimas, en vez de acuñar actos tendientes a quebrar el estado de derecho y deteriorar a las instituciones ante la opinión pública.   

Derivado de lo anterior, es necesario establecer mecanismos de control en torno a la Comisión Ejecutiva, que permitan un marco estricto de actuación y eviten irregularidades en su estructura interna, por ser la encargada de ejecutar los acuerdos del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Un aspecto probado que se ha dado de forma sistemática y reiterada en los órganos colegiados similares a la conformación de la Comisión Ejecutiva, es que han aflorado disputas sobre la persona en la recaerá o recayó la presidencia, por lo que se plantea que sea la Cámara de Senadores aquella que nombre a la persona que considere tener el mejor perfil para representar y desempeñar las tareas propias e inherentes a las del Comisionado o Comisionada Presidenta, y bajo ese mismo tenor, en caso de renuncia al cargo de la presidencia, ésta tenga que ser ratificada por la misma Cámara.

Asimismo, se plantea dotar de mayores atribuciones a la presidencia, para que sea ésta la que proponga a los titulares del Fondo, de la Asesoría Jurídica Federal y del Registro Nacional, mientras que sea el pleno de la Comisión Ejecutiva, el que ratifique tales nombramientos.

Con lo anterior, se evita el desorden al interior de la Comisión Ejecutiva y se dota de facultades a su presidente para que pueda actuar y hacer más operativa a la Comisión.

Se propone también involucrar a la Cámara de Senadores en la rendición de cuentas, estrictamente en lo inherente a las funciones encomendadas a la Comisión Ejecutiva relativas al cumplimiento de la ley general y del Sistema, además de lo relativo a la operación del Registro Nacional de Víctimas, dejando a la Cámara de Diputados, lo referente al Fondo. Es incongruente que al Senado no se le rinda cuentas, cuando es precisamente esa Cámara la que nombra y realiza el proceso de selección de los comisionados.

Un aspecto que actualmente la ley no prevé, y otras disposiciones son ambiguas, es en el procedimiento de destitución de los Comisionados, pues en un estado democrático que se precie de serlo, los servidores públicos, todos sin distinción alguna, deben estar sometidos a un régimen de rendición de cuentas, pero también de responsabilidades y sanciones.

En el presente caso, la Ley General de Víctimas es omisa en establecer un régimen de responsabilidades y sanciones para los integrantes de la Comisión Ejecutiva, decimos lo anterior en base a dos argumentos sólidos; el primero es que  la Constitución establece en ese rubro de sanciones previsto en el Titulo Cuarto, a los sujetos de juicio político, incluidos los servidores públicos de alto nivel jerárquico.

Al respecto, es pertinente recordar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tiene su naturaleza jurídica en el decreto publicado el 8 de enero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se cambia el organismo descentralizado llamado PROVICTIMA, a la aludida Comisión.

Sin embargo, la Carta Magna establece como sujetos de juicio político para ser destituidos, a los “directores generales y sus equivalentes” de los organismos descentralizados, pero no a los integrantes del órgano de gobierno. Luego entonces, no pueden ser sujetos de juicio político para ser destituidos los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Por otro lado, tenemos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que si bien establece responsabilidades, es el órgano interno de control  el que impone la sanción, es decir el mismo ejecutivo, por lo que el mecanismo de control es intra-orgánico, y por tanto, improcedente para la naturaleza que tiene la Comisión, pues debemos no hay que olvidar que es el Senado quien elige y nombra a los integrantes de la Comisión, por lo que sería totalmente fuera de toda lógica administrativa que sea el Ejecutivo quien los destituya, debiendo ser por el contrario el mismo órgano que los designó, es decir la Cámara de Senadores.

Por lo anterior, propongo establecer un régimen de destitución y remoción de los Comisionados o la presidencia de la Comisión, en el que el mismo órgano encargado de designar a los Comisionados es decir el Senado, sea el que se encargue de substanciar alguna denuncia o hechos contra algún Comisionado, que amerite la remoción de la presidencia o la destitución respectiva, siempre respetando los derechos y garantías que establece la Constitución, como es el caso de las formalidades de ser escuchados, aportar pruebas y presentar sus alegatos.

Asimismo, y a efecto de que la presidencia de la Comisión Ejecutiva tenga mejores condiciones para desarrollar su trabajo y a la vez, y a la vez cuente con un mecanismo de control que evite la ejecución de maniobras poco claras y en detrimento de su buen funcionamiento, es que se propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para quedar en los siguientes términos:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforman los artículos 87; 88, fracción XVIII; y 95 en su fracción VI; se adiciona el artículo 87 Bis; 87 Ter; y un nuevo texto a la fracción XIII del artículo 95, recorriéndose el texto de la actual fracción para pasar a ser fracción XIV; todo de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:  

Artículo 87. La Comisión Ejecutiva será presidida por un Comisionado que será elegido por la Cámara de Senadores.

Para ese efecto se desarrollará un proceso de consulta y entrevistas que en su caso, sirvan para definir al mejor perfil para ocupar el cargo, éste se desarrollaráa través de lasComisiones de Justicia y Gobernación del Senado; la elección deberá ser por las dos terceras partes de los Senadores presentes en la respectiva sesión de Pleno.

El comisionado presidente ejercerá sus funciones durante dos años, y podrá ser reelecto para un periodo más.

En caso de renuncia, ésta deberá ser presentada por escrito en sesión de la Comisión Ejecutiva, y en su caso, deberá ser ratificada por el Senado de la República; al mismo tiempo podrá desarrollarse el procedimiento de elección conforme al segundo párrafo del presente artículo.  

Artículo 87 Bis. Los Comisionados y el Comisionado Presidente sólo podrán ser removidos de su cargo o destituidos por las causales siguientes:

I. Cuando en ejercicio de sus funciones transgredan o incumplan en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la presente ley general, o incurra en alguna responsabilidad administrativa que amerite su sanción o destitución; en este caso la sanción o destitución deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado;

 II. Cuando hayan sido condenados por un delito que merezca pena corporal, mediante sentencia ejecutoria.

Artículo 87 Ter. El Procedimiento para la sanción o destitución de los integrantes de la Comisión Ejecutiva, por alguna de las causales establecidas en la fracción I del artículo anterior, se sujetará a las reglas siguientes:

I. Será iniciado a solicitud de por lo menos la cuarta parte de los integrantes del Senado, una quinta parte de los integrantes de la Cámara de Diputados, o a solicitud del Titular del Ejecutivo Federal;

II. Si es solicitud del Titular del Ejecutivo Federal o de los integrantes de la Cámara de Diputados, se hará del conocimiento al comunicarán al Senado remitiéndose las constancias respectivas para dar vista en su momento procesal, al Comisionado que se le impute la responsabilidad, conforme a la fracción siguiente;

III. Iniciado el procedimiento, la Cámara de Senadores citará al o a los Comisionados inculpados, para que comparezcan a desahogar su garantía de audiencia, en la que podrán formular alegatos y ofrecer las pruebas que a sus intereses convengan.

Las Comisiones de Justicia y Gobernación del Senado se encargarán de sustanciar los actos procesales previstos en la presente fracción;

IV. Desahogada la garantía de audiencia, el Pleno del Senado determinará la responsabilidad del o de los inculpados, calificará la gravedad de la infracción, y resolverá, por las dos terceras partes de sus integrantes, si es el caso de proceder a la destitución, o en su caso la sanción de remoción del cargo de la presidencia.

 V. Las sanciones podrán consistir en la destitución del cargo de comisionado, osi fuera el caso y así se haya sido solicitado, la remoción del cargo de presidente, lo anterior de acuerdo con las circunstancias del particular y la gravedad de los hechos expuestos y probados, independientemente de las sanciones penales y u otras de índole administrativa que le sean imputadas.

La resolución del Senado que determine la destitución de alguno o algunos de los Comisionados, será comunicado al Titular del Ejecutivo Federal para que sea éste el que presente las propuestas conforme al artículo 85 de la presente ley general.

En caso de que la resolución consista únicamente en la remoción del cargo de la presidencia, pero la persona permanezca Comisionada, el Senado procederá a realizar la elección de la persona que presidirá a la Comisión Ejecutiva conforme al artículo 87 de la presente ley.

En el supuesto de que el Senado resuelva que no es el caso de proceder a la destitución o sanción, se dará por terminado el procedimiento respectivo.

Artículo 88. La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:

I. a XVII…

XVIII. Ratificar a los titulares del Fondo, Asesoría Jurídica Federal y del Registro a propuesta del Presidente;

XIX. a XXXVI. …

Artículo 95. El Comisionado Presidente tendrá las siguientes facultades:

I. a V. …

VI. Rendir cuentas cuando sea requerido a la Cámara de Diputados, sobre la operación y gasto del Fondo, y a la Cámara de Senadores sobre las funciones encomendadas a la Comisión Ejecutiva por esta ley general y el Sistema, en especial en lo relativo a la operación del Registro Nacional de Víctimas.

VII. a XII. …

XIII. Proponer al pleno de la Comisión Ejecutiva,  para su ratificación, a los titulares del Fondo, Asesoría Jurídica Federal y del Registro;

XIV. Las demás que se requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva.

Transitorios

Unico.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. Adriana Dávila Fernández”.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Davila Fernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto para modificar disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en referencia al cálculo del salario mínimo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN REFERENCIA AL CALCULO DEL SALARIO MINIMO

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente, como todos sabemos, el artículo 123 de nuestra Carta Magna, en su fracción VI establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes dice nuestra ley suprema para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y proveer a la educación obligatoria de sus hijos.

Este mandato constitucional, compañeras y compañeros, de defensa y de mejora, sin duda, de la vida, haría posible, en los hechos, la obligatoriedad gubernamental para crear el marco jurídico y las condiciones económicas que permitan a todos los mexicanos, padres de familia con o sin empleo, ofrecer a sus hijos y a ellos mismos, el acceso a dicho nivel de satisfacción alimentaria.

La población total proyectada, si revisamos algunos datos, para la mitad del presente año, compañeras y compañeros, proporcionada por el Consejo Nacional de Población, es de 119 millones 773 mil 203 habitantes en nuestra nación, agrupados en cerca de 28 mil familias, en un promedio de 4.6 habitantes por hogar.

Sin embargo, velar y concretar dicho objetivo de defensa y mejora de los niveles de vida de la mayoría de los mexicanos no ha sido la preocupación principal de los últimos sexenios, como se demuestra en el hecho, de que desde el año de 1982 a la fecha, el denominado salario mínimo ha perdido un 75 por ciento de su poder adquisitivo, y que en la actualidad se encuentra en condición de pobreza, por lo menos, la mitad de la población.

Esto significa que el aumento de la pobreza ha mantenido un ritmo cada vez más alto en detrimento de la vida de muchísimos ciudadanos.

El argumento, compañeras y compañeros, de que los salarios no pueden aumentar porque la inflación se dispara se ha convertido, desde hace mucho tiempo, en el rezo único del Banco de México y en la defensa de la inflación que fue, antes que cualquier otra cosa, que la defensa por el bienestar poblacional.

Creo que el término de la inflación se convirtió, por eso lo señalo, en una dictadura de moda.

Así pues, creo también que las políticas gubernamentales, en este contexto, han preferido mantener un salario mínimo, dicen ellos, antiinflacionario; un salario mínimo, dicen ellos, competitivo; un salario mínimo, han planteado, a favor de la productividad; productividad, que por cierto ha crecido, dicen algunos, como espuma, pero a costa del empobrecimiento alimentario de los mexicanos.

Y digo esto, compañeras y compañeros, porque en la actualidad, de los 49 millones 500 mil personas que se consideran ocupadas en la nación, 6 millones 500 mil tienen la remuneración de un solo salario mínimo.

Por eso digo que los funcionarios públicos competentes en este tema, han olvidado que de esas 6 millones de personas, 1.5 millones de familias son las que ahí conviven, y que esos mil 232 pesos del salario mínimo, se tienen que alimentar, pues, al menos 4 personas por día, que es lo que ganan ellos mensualmente.

Por eso señalo, señor Presidente, que el actual cálculo y los aumentos del denominado salario mínimo, basado en términos monetarios por sí mismos, no cumple actualmente con dicho propósito, y que el cálculo anterior adicionado con las variaciones monetarias expresadas como inflación tampoco permiten dicho propósito plasmado en la ley.

Por lo cual, insisto, subrayo, este tipo de cálculo no es representativo de las necesidad alimentarias y demás que tiene hoy en día un jefe de familia.

Basta recordar que la Organización Mundial de la Salud, la Conferencia Internacional sobre la Nutrición, entre otras, y de manera muy particular la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como FAO, así como algunas otras instituciones de carácter nacional, trabajan y tienen determinados cuáles son los niveles nutricionales, los niveles calóricos y los niveles proteínicos que una persona debe consumir para vivir con dignidad.

Y por eso mismo planteo, señor Presidente, que esos criterios son los que deben tomarse en cuenta, precisamente, para que se ajuste el salario mínimo.

Lo que propongo, compañeras y compañeros, señor Presidente, es que se añada un párrafo al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que ese cálculo, el cálculo del salario mínimo, se determine considerando las normas de ingesta alimentaria diaria en nutrientes, en calorías y en proteínas, en consumo por persona, esas que están establecidas ya, nacional e internacionalmente, como los mínimos necesarios para la sobrevivencia física de una persona.

Como lo he hecho en otras ocasiones, casi como una norma, señor Presidente, le agradeceré me obsequie el que la iniciativa que estoy presentando y que aparece en la Gaceta Parlamentaria, se inserte también de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Muchísimas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El que suscribe, Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución en la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8 y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN REFERENCIA AL CALCULO DEL SALARIO MINIMO, conformidad con la siguiente:

Exposición de motivos

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4° establece la protección “de la organización y el desarrollo de la familia”; además ordena que “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”

Este mandato constitucional de defensa y mejora de la vida, hace posible la  obligatoriedad gubernamental para crear el marco jurídico y las condiciones económicas que permitan a todos los mexicanos padres de familia con o sin empleo ofrecer a sus hijos –y a ellos mismos--  el acceso a dicho nivel de satisfacción alimentaria.

La población total proyectada para la mitad del presente año 2014 por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) es del orden de los 119 millones 713,203 habitantes agrupados en cerca de 28,000 familias con un promedio de 4.6 habitantes por hogar.

Sin embargo, velar y concretar dicho objetivo de defensa y mejora de los niveles de vida de la mayoría de los mexicanos no ha sido la preocupación principal de los últimos sexenios, como se demuestra en el hecho que desde el año 1982 a la fecha, el denominado salario mínimo ha perdido un 75% de poder adquisitivo, y que en la actualidad se encuentren en condición de pobreza por lo menos la mitad de toda la población. Esto significa que el aumento de la pobreza ha mantenido un ritmo cada vez más alto en desmedro de la vida de los ciudadanos. 

Este panorama es el resultado de una explícita entrega de la economía nacional a la radical al indiscriminado aperturismo comercial y de una aplicación de políticas desmesuradas e inapropiadas de privatización de las responsabilidades centrales de cualquier Estado Nacional.

Esa apertura comercialista y rapaz, que se inicia con el ingreso de México al GATT en julio de 1986 y se consolida a partir de 1994 con la firma del TLCAN, impuso la visión de fomentar la productividad por encima del bienestar.

Dejando de lado la creación del empleo y la mejora salarial en beneficio de la rentabilidad monetaria de las inversiones extranjeras y transnacionales. Nadie está en contra del aumento de la productividad de la economía, pero no es la variable primaria por donde pasan las políticas económicas en el logro del desarrollo.

Fue en el año de 1995 que inició la segunda fase de la agresiva desregulación laboral con el régimen maquilador fronterizo y extranjero permitiendo que se contratara personal con salarios míseros y sin una sola prestación. Así, este tratamiento se extendió a los demás sectores de la economía nacional agravando la caída del ingreso laboral a niveles nunca antes vistos.

A partir de entonces, diversos argumentos gubernamentales se dejaron deslizar como justificantes para seguir manteniendo ese inmisericorde saqueo laboral. El argumento de que los salarios no pueden aumentar porque “la inflación se dispara” se convirtió en el rezo único del Banco de México, y la “defensa de la inflación” fue antes que la defensa del bienestar poblacional. La inflación se convirtió en la dictadura de moda.

El gobierno de principio de la década fue aún más lejos, solicitando que para ganarle el mercado estadounidense a los productos chinos, se deberían tener aquí en México “salarios más competitivos que en China” es decir, reducir aún más el ingreso de los trabajadores.

Esa política deliberada de empobrecimiento, al igual que la complicidad de algunos líderes sindicales corruptos y la creciente cantidad de trabajadores informales sin organización ni defensa alguna, contaron con el desinterés de la denominada Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues esta fue desvirtuada de su objetivo principal y convertida en un ente descentralizado, sin capacidad de decisión, que se dedicó a publicar hasta la fecha, diversos e interesantes análisis de economía internacional, del tipo de cambio y de cuanta variable macroeconómica internacional tenga a la vista pero olvidando su papel central de la defensa del salario mínimo como instrumento de vida exitosa.

También fue en esa fecha en que se cambiaron los parámetros de la medición de pobreza para camuflar la desgracia de la mayoría de mexicanos, una muestra de ese desprecio a los trabajadores fue el regalo foxista de cientos de miles de licuadoras para que algunas familias brincaran la línea de pobreza en valor monetario y presentar esos resultados como “ataque a la pobreza”.

Así pues, las políticas gubernamentales han preferido mantener un “salario  mínimo antiinflacionario”, un salario mínimo “competitivo”, un salario mínimo en “favor de la productividad”, productividad que por cierto crecía como espuma a costa del empobrecimiento alimentario de los mexicanos. En la actualidad, de los 49 millones 500 mil personas que se consideran ocupadas, seis  millones 500 mil tienen la remuneración de máximo un salario mínimo.

Se han olvidado los funcionarios que esos 6 millones 500 mil personas representan 1.5 millones de familias y que con sus 1,232 pesos de salario mínimo se tienen que alimentar a no menos de 4 personas. Pero la problemática se extiende mucho más allá de este dato. Pues de los 49. 5 millones de la PEA, más de la mitad está en la informalidad, es decir en el segmento donde la ley laboral no rige, no existe para ellos.

Por otra parte, los llamados científicos sociales de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, han establecido doble criterio para la determinación de semejante resultado. Por un lado existe un “salario urbano” y “salario rural”, y por otro un “salario de zona geográfica A” y en “salario de zona geográfica B” unos más bajos que otros, como sí hubieran ciudadanos de cuatro categorías diversas, como sí para sobrevivir  físicamente y tener salud se debiera dejar al margen los requerimientos elementales de nutrición e ingesta básica, y ya reconocidos mundialmente.

El Artículo 123, en su fracción sexta establece que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y proveer a la educación obligatoria de los hijos”. Se establece claramente, que no se trata de solo el trabajador como tal, sino como jefe de familia. Y que este punto de partida es lo primario.

CONSIDERACIONES

Que el derecho a una vida digna es un derecho inalienable de todos los mexicanos tal como se establece en diversos artículos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y que de manera explícita –en cuanto a remuneración laboral  se refiere –  está expresado en el condicionamiento del salario de un Jefe de Familia, tal como se indica en el Artículo 4° y Artículo 123, fracción VI ya citados en los antecedentes.

Así mismo que el actual cálculo y los aumentos del denominado Salario Mínimo  basado en términos monetarios por sí mismo, no cumple con dicho propósito, y que el cálculo anterior adicionado con las variaciones monetarias expresadas como inflación tampoco permiten dicho propósito de la ley.

Por lo cual este tipo de cálculo no es representativo de las necesidades alimentarias y demás que tiene un Jefe de Familia actualmente. Que además la división promovida por la Comisión Nacional de Salario Mínimo es obsoleta, necesaria de actualizar y sin referencias exactas de las condiciones de vida en toda la Nación.

Que organizaciones mundiales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN), el Food and Nutrition Board-National Research Council y más particularmente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), así como algunos instituciones  nacionales trabajan y  tienen determinados determinado los niveles nutricionales, calóricos y proteínicos por persona que se requieren para sobrevivir con dignidad.

Que por lo mismo esos criterios se deben de tomar en cuenta no solo para el nivel de consumo del trabajador, sino que tienen que hacerse extensivo a su familia.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

Artículo único.- Se adiciona un párrafo al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:  

Artículo 90.- Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

El cálculo del salario mínimo debe proteger protegerá la organización y el desarrollo de la familia”, por lo que se deberá determinar su monto monetario considerando las normas de ingesta alimentaria diaria en nutrientes, calorías y proteínas de consumo por persona, establecidos nacional e internacionalmente como los mínimos necesarios de sobrevivencia física de una persona.    

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, Senador Robles Montoya.

Se instruye se integre esta iniciativa, de manera íntegra, al Diario de los Debates. La iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, invitados por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, quienes realizan una visita a este recinto con la finalidad de conocer el trabajo legislativo.

¡Son ustedes bienvenidos!





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo del artículo 381 del Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA   UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 381 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Ricardo Barroso Agramont: Con el permiso de la Presidencia; con el permiso de mis compañeras y compañeros Senadores de la República:

La solidaridad y la hermandad son características que han marcado la historia de México al reaccionar en momentos de emergencia por diversos desastres naturales.

Nuestro reconocimiento a quienes han arriesgado su vida para salvar otras y a la suma de esfuerzos entre la sociedad y gobierno, que han dado un ejemplo de unidad y de trabajo por el prójimo.

Tal es el caso del terremoto de 1985, que fue paradigma de la organización de la sociedad civil y que trascendió a nivel nacional demostrándonos que con organización y con espíritu de solidaridad, una ciudad de puede levantar.

Una gran cantidad de hombres y mujeres, de manera solidaria auxiliaron a las labores de rescate y aunque hubo otras, que sin importar el dolor provocado por estas enormes pérdidas, dedicaron su tiempo a saquear casas y comercios.

Esta clase de desastres naturales, como el que recientemente vivimos en mi estado, Baja California Sur, no tienen por qué ser la vía de cometer actos aberrantes, que muestren lo más ruin de la naturaleza humana.

Hoy vengo ante ustedes a exponer una realidad de enorme sensibilidad. El acontecimiento reciente que vivió mi estado, Baja California Sur, dejó muestra que cientos de personas aprovecharon la situación para cometer vandalismo, saqueos y rapiña en comercios y en casas, principalmente.

Efectivamente, bajo el pretexto del desabasto de artículos necesarios, algunas personas se valieron de la oportunidad para entrar a establecimientos comerciales, casas y hoteles y saquear no solamente víveres, sino también aparatos electrónicos, electrodomésticos, bebidas alcohólicas, ropa y demás de bienes muebles que no eran indispensables para enfrentar la verdadera situación que vivió nuestro estado por el paso del huracán “Odile”.

Con esto, y ante el desorden y la tragedia sufrida por la sociedad surcaliforniana, los criminales actuaron para beneficiarse económicamente, sin importarles la tragedia humana que en esos momentos estaban viviendo miles de familia surcalifornianas.

En casos análogos, se ha observado que los actos de rapiña han acabado con comercios organizados que tardaron años y años para establecerse, impidiendo, con ello, una rápida recuperación en las áreas de desastre.

En lo que es evidente, que la penalidad que actualmente está establecida en esta figura jurídica penal, no ha sido inhibitoria, ni mucho menos ejemplar, ocasionando la reiteración de las conductas delictivas como lo atestiguamos en los pasados sucesos.

Como surcaliforniano, como padre de familia, como joven, en este tipo de actos me lastiman profundamente, pero como legisladores, los insto a no permitir que se repitan estos actos lamentables y que por este medio los convoco a tomar cartas en el asunto.

Reiteramos que la justificación para la existencia de este tipo de actitudes no es válida, reiteramos que el objetivo principal, desde su creación hasta nuevos días, ha sido la protección de las personas y sus bienes, ya sean muebles e inmuebles. Por esto, el bien jurídico penal, se entiende como el interés que da sentido a la norma penal.

La enseñanza que nos dan estos eventos y los saqueos criminales sufrido en nuestro estado, es inhibir esta clase de acciones ilícitas, fijando una pena acorde con el tipo penal de robo calificado, descrito en la fracción VIII del artículo 381 del Código Penal Federal.

Por lo que se propone la agravación de la pena prevista para la figura jurídica-penal, de 7 a 15 años de prisión; ya que se estima que el daño que causa, o el lucro que se obtiene, derivan del aprovechamiento de las catástrofes derivadas de fenómenos meteorológicos.

Con este aumento en la pena del ilícito cometido, se logrará que en los eventuales sujetos activos de estos delitos, se desalienten para cometerlos en atención a la severidad de la sanción; lo que constituye el propósito de toda pena de inhibir cualquier intento de acción que atente contra el patrimonio humano.

Con este aumento en la pena del ilícito cometido, se logrará que estos sujetos ya lo piensen dos veces. Por eso, en ese contexto se pretende reformar el artículo 381 del Código Penal Federal, para incrementar la pena, a efecto de que la conducta se adecue a la descrita en la fracción VIII y que sea severamente sancionada.

Es cuanto, compañeros.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El que suscribe Ricardo Barroso Agramont, Senador de la República de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 381 del Código Penal Federal.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La justificación para la existencia de las normas jurídico penales, son los bienes jurídicos que tutela. Su objetivo principal, desde su creación hasta nuestros días, ha sido la protección de las personas y sus bienes, ya sean muebles e inmuebles. Por esto, el bien jurídico penal se entiende como el interés que da sentido a la norma penal.

Sobre esta última, el Jurista Enrique Bacigalupo refiere lo siguiente:

El Derecho penal moderno (a partir de Binding) se ha desarrollado desde la idea de protección de bienes jurídicos. De acuerdo con ella, el legislador amenaza con pena las acciones que vulneran (o ponen en peligro) determinados intereses de una sociedad determinada. La vida, la libertad, la propiedad, etcétera, son intereses o finalidades de la sociedad que el legislador quiere proteger amenazando a quienes los ataquen con la aplicación de una pena; de esta forma, tales intereses se convierten, a través de su reconocimiento en el orden jurídico positivo, en bienes jurídicos. De la idea de protección de bienes jurídicos se deducen en la teoría límites para el ius puniendi, es decir para el derecho de dictar leyes penales…1

El Derecho Penal Mexicano se encuentra regulado en diversos ordenamientos jurídicos, siendo uno de estos el Código Penal Federal, el cual establece varios ilícitos que son considerados como delitos. Es así que en su Título Vigésimo Segundo Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio quedan clasificados, por mencionar algunos, los delitos de fraude, abuso de confianza, daño en propiedad ajena y, para finalidades de la presente iniciativa, el ilícito penal de robo, mismo que va encaminado a evitar el detrimento de las cosas o bienes que dentro de la vida cotidiana tienen un valor económico o sentimental y al ser desapoderado, sufre afectación a su patrimonio. Este ilícito consiste en el apoderamiento de bienes ajenos, con intención de lucrar empleando para ello fuerza, violencia o intimidación en la persona.

Al efecto, el artículo 367 del Código Penal Federal establece que:

Artículo 367. Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.

De este numeral se desprenden como elementos constitutivos del tipo:

A) Una conducta consistente en el apoderamiento de un bien mueble ajeno.

B) Que el apoderamiento se realice sin derecho y sin consentimiento de quien tiene la posesión del bien mueble con arreglo a la ley. Concretamente en el hecho de que el autor despoja al sujeto pasivo de la posesión material del bien, es decir, del poder físico del bien mueble, para colocarlo en su ámbito de control con la intención de tener plena disponibilidad de él.

C) El bien jurídico penal es la posesión y para algunos autores, la propiedad.

D) El resultado material es la afectación al patrimonio.

Es decir, el delito robo es un ilícito eminentemente doloso, lo que significa que su comisión no admite la culpa.

La mayor peligrosidad del sujeto activo del robo (cuando el medio comisivo es la violencia) es el uso de la fuerza o intimidación, lo cual justifica que la pena sea acorde a la importancia del bien jurídico que se protege. Así, dentro del robo hay dos modalidades distintas, una que se distingue por el empleo de la fuerza en las cosas y otra por la violencia moral o intimidación en las personas.

En toda comunidad humana se presentan de forma paralela a su evolución, nuevas formas de eventos antisociales que afectan la paz interna y la tranquilidad necesarias para continuar su desenvolvimiento. De ahí la necesidad de perfeccionar o establecer nuevas normas que tipifiquen como delitos los actos contrarios a los intereses colectivos y finquen la base de seguridad jurídica sobre la que se sustenta la solidaridad del grupo, por lo que en el año de 1984 se creó una figura agravada del robo descrita actualmente en la fracción VIII del artículo 381 del Código Penal Federal, que señala:

Artículo 381. Además de la pena que le corresponda conforme a los artículos 370 y 371, se aplicarán al delincuente las penas previstas en este artículo, en los casos siguientes:

[…]

VIII. Cuando se cometa aprovechando las condiciones de confusión que se produzcan por catástrofe o desorden público;

[…]

Esta figura jurídico penal es conocida comúnmente como rapiña, cuya modalidad se considera mucho más grave por razón de que se ve en ella, además de una lesión al patrimonio, el aprovechamiento de las condiciones severas de confusión que provoca una catástrofe o desorden público, como sucedió por ejemplo en el mes de septiembre de 2013 en el Estado de Guerrero por el huracán “Manuel” y lo que sucedió recientemente en Baja California Sur con el paso del huracán “Odile”, circunstancias que nos hacen plantear la conveniencia de agravar la pena aplicable al robo cuando éste se comete en condiciones de confusión producidas por una catástrofe o un desorden público.

Es innegable que ante las catástrofes naturales el ser humano ha dado muestras de solidaridad con las personas que han sido víctimas de los desastres naturales. Como ejemplo tenemos el terremoto del 19 septiembre de 1985 ocurrido en la Ciudad de México, el cual duró escasamente tres minutos pero cobró la vida de más de diez mil personas y aproximadamente tres mil edificios tuvieron que ser demolidos por daños en su estructura. Ahí la sociedad civil demostró que, con organización y con espíritu de solidaridad, una ciudad se puede levantar. Una gran cantidad de mujeres y hombres de manera solidaria auxiliaron a las labores de rescate, aunque hubo otras que sin importarles el dolor provocado por la enorme pérdida de vidas humanas, dedicaron su tiempo a saquear casas y comercios. Esta clase de desastres naturales no tienen por qué ser la vía para cometer actos aberrantes que muestran lo más ruin de la naturaleza humana.

Asimismo, en el caso de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, que de acuerdo con información del Gobierno Federal provocaron la pérdida de vida de 157 personas, de las cuales 101 eran del Estado de Guerrero, 14 de Veracruz, 10 de Oaxaca y el resto de otros Estados, y donde se contabilizaron 35 heridos y 60 000 personas evacuadas en 18 Estados dañados por dichos fenómenos meteorológicos, de inmediato se observó, a través de los medios de comunicación, cómo individuos sin escrúpulos asaltaban tiendas de autoservicio llevándose no sólo víveres sino aparatos electrónicos con severa afectación económica al comercio organizado.

De igual forma, el acontecimiento reciente en el Estado de Baja California Sur dejó muestra de que cientos de personas aprovecharon la situación para cometer actos de vandalismo, saqueos y rapiña en comercios, principalmente. Efectivamente, bajo el pretexto del desabasto de artículos necesarios, algunas personas se valieron de la oportunidad para entrar a establecimientos comerciales, casa y hoteles y saquear no sólo víveres, sino también aparatos electrónicos, electrodomésticos, bebidas alcohólicas, ropa y demás bienes muebles que no eran indispensables para enfrentar la verdadera situación que se vivió por el paso del huracán “Odile”. Con esto, y ante el desorden y la tragedia sufrida por la sociedad sudcaliforniana, los criminales actuaron para beneficiarse económicamente sin importarles la tragedia humana

En casos análogos se ha observado que actos de rapiña han acabado con comercios organizados impidiendo con ello una rápida recuperación en las áreas de desastre, con lo quees evidente que la penalidad actualmente establecida en esta figura jurídico penal no ha sido inhibitoria ni mucho menos ejemplar, ocasionando la reiteración de las conductas delictivas.

Así las cosas, la enseñanza que nos deja estos eventos y los saqueos criminales, es inhibir esta clase de acciones ilícitas, fijando una pena acorde con el tipo penal de robo calificado descrito en la fracción VIII del artículo 381 del Código Penal Federal, por lo que se propone la agravación de la pena prevista para esta figura jurídico penal, de siete a quince años de prisión, ya que se estima que el daño que se causa, o el lucro que se obtiene, derivan del aprovechamiento de las catástrofes derivadas de fenómenos meteorológicos.

Con este aumento en la pena del ilícito cometido, se logrará que los eventuales sujetos activos de este tipo de delitos, se desalienten para cometerlos en atención a la severidad de la sanción, lo que constituye el propósito de toda pena.

En ese contexto, se pretende reformar el artículo 381 del Código Penal Federal, a efecto de que la conducta que se adecue a la descrita en la fracción VIII sea severamente sancionada.

En mérito de lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO: Se excluye del actual último párrafo del artículo 381 del Código Penal Federal la fracción VIII, a efecto de que esta se convierta en el penúltimo párrafo, y se adiciona un último párrafo a dicho numeral para quedar de la manera siguiente:

Artículo 381. Además de la pena que le corresponda conforme a los artículos 370 y 371, se aplicarán al delincuente las penas previstas en este artículo, en los casos siguientes:

Fracciones I a XVII […]

[…]

En los supuestos a que se refieren las fracciones VII, IX, X, XVI y XVII, de dos a siete años de prisión.

En el supuesto a que se refiere la fracción VIII, de siete a quince años de prisión.

TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO.-El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de octubre de 2014.

Atentamente

Sen. Ricardo Barroso Agramont”.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Barroso Agramount. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.


1 BACIGALUPO, Enrique, Derecho penal. Parte general, 2ª ed., Hammurabi, Buenos Aires, 1999, ps. 43 y 44.          




 

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de los siguientes dictámenes de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera.

Uno con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XII AL ARTICULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

(Dictamen de primera lectura)







 

Uno, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.

Enseguida tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores; Europa.

Informo a la Asamblea que a petición de la Junta Directiva de la comisión, se retiró de la discusión el dictamen relativo a la revisión del Acuerdo entre la Comunidad Europea y México.

El dictamen que se mantiene a discusión, en este momento, es el relativo al Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.

Este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA

(Dictamen a discusión)

- LA C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa le fue turnada la PROPUESTA DE REFORMA AL ARTICULO 5 DEL REGLAMENTO DE LA COMISION PARLAMENTARIA MIXTA MEXICO-UNION EUROPEA.

I. ANTECEDENTES

1) El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos, por un lado, y la Comunidad Europea, y sus Estados miembros, por el otro, firmado en Bruselas, Bélgica, el 8 de diciembre de1997, también denominado Acuerdo Global.

2) La Declaración Conjunta sobre Diálogo Político a nivel Parlamentario, contenida en el Acta Final de dicho Acuerdo, y que se considera parte integrante del mismo.

3) La entrada en vigor del Acuerdo Global el 1 de julio de 2000, en su parte comercial, y en su totalidad el 1 de marzo de 2001.

4) La Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea quedó establecida en el año 2004 y el Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea fue adoptado en septiembre de 2005, en Estrasburgo, Francia.

5) La Declaración Conjunta adoptada por ambas delegaciones en la XVI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea, como conclusión de los trabajos realizados durante dicho foro parlamentario, que se llevó a cabo del 19 al 21 de  noviembre de 2013, en la ciudad de Estrasburgo, Francia.

6) En el punto 1 de dicha Declaración Conjunta se acordó la modificación del artículo 5 del Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea para que se “formalice la práctica habitual de celebrar dos reuniones por año. Por lo que cada una de las partes someterá a la autoridad tanto del Parlamento Europeo como del Congreso Mexicano la aprobación de dicha modificación”.

7) En atención a lo anterior, el Senador Rabindranath Salazar Solorio sometió a la consideración del Senador Raúl Cervantes Andrade, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, la modificación propuesta.

8) Mediante oficio número DGPL-2P2A.-1293, de fecha 25 de febrero de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, para su análisis y dictamen, la propuesta de reforma al artículo 5 del Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.

II. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA PROPOSICION

1. La Declaración Conjunta concerniente a la XVI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea es el resultado del trabajo realizado del 19 al 21 de noviembre de 2013, en la ciudad de Estrasburgo, Francia, por parte de la delegación del Congreso Mexicano y la delegación del Parlamento Europeo ante la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. En dicho documento ambas partes acordaron hacer la modificación al Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea, en los siguientes términos:

Las Partes integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea acordaron hacer la modificación al Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 1 de la Declaración Conjunta, que expresa lo siguiente:

“Las delegaciones europea y mexicana expresan su satisfacción por la celebración y los resultados de la XVI Reunión de la CPM y por el hecho de que el ritmo de los dos encuentros anuales que la CPM viene realizando desde su creación no se haya visto alterado en 2013. En línea con ello, las delegaciones acuerdan modificar el reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta de manera que ésta recoja y formalice la práctica habitual de celebrar dos reuniones al año. Por lo que cada una de las partes someterá a la autoridad tanto del Parlamento Europeo como del Congreso Mexicano la aprobación de dicha modificación.”

(Enfasis añadido)

2. El actual Artículo 5 del Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea, establece lo siguiente:

“Artículo 5.

1. La Comisión se reunirá al menos una vez al año, alternativamente en uno de los lugares de trabajo del Parlamento Europeo o en México”.

 

3. La propuesta de modificación del Artículo 5 del Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea, plantea la modificación de dicho precepto, para quedar como sigue:

“Artículo 5.

1. La Comisión se reunirá oficialmente dos veces al año, alternativamente en uno de los lugares de trabajo del Parlamento Europeo o en México.”

III. CONSIDERACIONES

1. Las modificaciones al Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea, están previstas en el artículo 10 del propio Reglamento, de acuerdo a lo siguiente:

“Artículo 10.

1. Las modificaciones al presente Reglamento que proponga la Comisión, se someterán al examen de la Mesa del Parlamento Europeo y al órgano correspondiente del Congreso de los Estados Unidos de México.”

Como en el caso de las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, las modificaciones a su Reglamento se adoptan por mayoría absoluta en cada una de sus delegaciones, lo que ya ocurrió en la última reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Además, dichas modificaciones deben ser examinadas por la Mesa del Parlamento Europeo y el órgano análogo del Congreso Mexicano; en este caso, la Cámara Alta del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Hasta los días que corren, las delegaciones de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea sólo han consentido una modificación a su Reglamento, misma que hicieron constar en la Declaración Conjunta de la IV Reunión, llevada a cabo en febrero de 2007; ello, con la finalidad de permitir la institucionalización de las reuniones de la Mesa Directiva.

Por lo que hace al Parlamento Europeo, la Delegación Unión Europea-México, ya sometió, para su aprobación, la modificación a dicho Reglamento ante los órganos correspondientes del Parlamento Europeo.

En lo que respecta a México, el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga la facultad exclusiva al Senado el análisis de la política exterior, por lo que será la Cámara Alta la que dictamine la modificación a dicho Reglamento.

Como se mencionó con anterioridad, las modificaciones al Reglamento deberán ser examinadas por Parlamento Europeo y el Congreso Mexicano, lo anterior conforme al artículo 10 de dicho Reglamento:

1. Las modificaciones al presente Reglamento que proponga la Comisión, se someterán al examen de la Mesa del Parlamento Europeo y al órgano correspondiente del Congreso de los Estados Unidos de México

2 La Comisión adoptará las modificaciones y adiciones al Reglamento  por mayoría de los votos del número total de miembros de cada una de las partes

3. En el entendido que ambas partes están de acuerdo con la modificación al artículo 5 del Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea, se emiten las siguientes

IV. CONCLUSIONES

De conformidad con lo acordado por las partes, la modificación propuesta se verá reflejada en el artículo 5 de dicho Reglamento:

Artículo 5 (actual)

  1. La Comisión se reunirá al menos una vez al año, alternativamente en uno de los lugares de trabajo del Parlamento Europeo o en México.

 

La modificación a someterse al Congreso Mexicano, quedará como a continuación se indica:

Artículo 5 (Modificado)

1. La Comisión se reunirá oficialmente dos veces al año, alternativamente en uno de los lugares de trabajo del Parlamento Europeo o en México.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ARTICULO UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad exclusiva que le concede la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba la modificación al Artículo 5 del Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea en los términos propuestos, a fin de que dicha Comisión se reúna oficialmente dos veces al año, alternativamente en uno de los lugares de trabajo del Parlamento Europeo o en México.

H. Cámara de Senadores a los diez y nueve días del mes de marzo de dos mil catorce.

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión:

Comisión de Relaciones Exteriores, Europa”.

Con los términos propuestos, a fin de que dicha comisión se reúna oficialmente dos veces al año, alternativamente, en uno de los lugares de trabajo del Parlamento Europeo o en México.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.

En consecuencia está a discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Enseguida tenemos la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Vivienda. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día. Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.

COMISION DE VIVIENDA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al primer dictamen.

"COMISION DE VIVIENDA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Vivienda de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, a la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a proporcionar un informe detallado sobre la situación actual de los despachos externos que han venido realizando labores de cobranza para dicha institución, presentada por el Senador Miguel Romo Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Una vez recibido dicho Punto de Acuerdo por esta Comisión Dictaminadora, sus integrantes se avocaron al estudio detallado y responsable de su contenido para proceder a emitir el dictamen respectivo, conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 150, 177, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I.- En el capítulo de "ANTECEDENTES", se hace constar el trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno del mencionado Punto de Acuerdo para su Dictamen y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II.- En el capítulo de "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito, y

III.- En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración y los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1.- El 13 de diciembre de 2013, el Senador Miguel Romo Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a proporcionar un informe detallado sobre la situación actual de los despachos externos que han venido realizando labores de cobranza para dicha Institución.

2.- En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Vivienda el Punto de Acuerdo de mérito para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Expresa que el INFONAVIT nace como la institución encargada de coadyuvar al progreso de México y que acompaña al trabajador durante toda su vida laboral, ofreciéndole alternativas de financiamiento para satisfacer sus necesidades de vivienda e impulsar su bienestar y calidad de vida.

Precisa que la misión del INFONAVIT es en contribuir al desarrollo integral de los trabajadores para que, independientemente de resolver su necesidad de vivienda en entornos sustentables, constituyan un patrimonio de por vida y su decisión sea la mejor opción para su seguridad, tranquilidad y convivencia social.

Menciona que el 2 de Diciembre del 2013 se aprobó por unanimidad ante el Pleno del Senado de la República, el dictamen de una iniciativa con proyecto de Decreto, mediante la cual se adicionó el artículo 71 la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, para quedar como sigue:

"Artículo 71: Con el objeto de preservar y fortalecer el ahorro de los derechohabientes depositado en sus subcuenta de vivienda y atendiendo los balances necesarios que su naturaleza social exige, el Instituto promoverá la búsqueda de soluciones que ayuden a los acreditados a conservar su patrimonio, por lo que el Instituto llevará a cabo la recuperación de los créditos que hubiera otorgado partiendo de un esquema de cobranza social aprobado por el Consejo de Administración."

Resalta que para que el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no pierda su objetivo social y solidario, deben de vigilarse los esquemas de cobranza para que se logren, bajo las mejores condiciones, la amortización delos créditos otorgados, así como la generación de mecanismos que faciliten al trabajador el pago delos mismos de acuerdo a sus capacidades, teniendo presente en todo momento que el INFONAVIT no busca el lucro, si no el apoyo a la clase trabajadora de nuestro País.

Refiere que es necesario reforzar los mecanismos de cobranza, para poder beneficiar a los derechohabientes con rendimientos competitivos a sus ahorros; y, de esta forma, poder asegurar viabilidad financiera a largo plazo e incrementar los recursos disponibles para la atención de los trabajadores que aún no cuentan con vivienda.

El Punto de Acuerdo que se dictamina es del tenor literal siguiente:

PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa al titular del INFONAVIT para que envié a esta soberanía un listado con los nombres de los despachos externos que venían ejerciendo actos de cobranza a los derechohabientes de dicha institución al término de la pasada Administración Federal; así como aquellos que se han agregado, ubicándolos por entidades donde llevan a efecto esta tarea profesional.

SEGUNDO.- Se exhorta de manera respetuosa al titular del INFONAVIT para que informe a esta soberanía cual es el nombre y cuántos son los despachos externos que fueron contratados para realizar la cobranza fiscal en materia de aportaciones patronales al término de la pasada Administración Federal, así como los que actualmente se han agregado ubicándolos por entidades donde llevan a efecto esta tarea profesional.

TERCERO.-Se exhorta de manera respetuosa al titular del INFONAVIT para que informe a esta soberanía si el Instituto cuenta con un sistema de evaluación y registro de incidencias y de contar con ello, informe los niveles de satisfacción en el servicio prestado por los despachos externos en la cobranza crediticia y de aportaciones patronales.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Comisión que dictamina coincide con la propuesta de Punto de Acuerdo, respecto de la importancia de la reciente reforma aprobada por el Congreso de la Unión a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como en la necesidad de establecer y revisar permanentemente los mecanismos de cobranza social, que permitan a los acreditados conservar su patrimonio, a partir de un esquema de equilibrio que no comprometa la viabilidad financiera del Fondo Nacional de la Vivienda ni ponga en riesgo la posibilidad del resto de los derechohabientes de ejercer su crédito de vivienda, en las condiciones financieras más favorables que sean posibles.

SEGUNDA.- La Comisión Dictaminadora estima que para garantizar que el Modelo de Cobranza Social cumpla con sus expectativas, es preciso que el INFONAVIT supervise de manera puntual el desempeño de los despachos de cobranza, ya que en gran medida son éstos los responsables de aplicar dicho Modelo, dada la necesidad que tiene el Instituto de apoyarse en proveedores de servicios externos a fin de asegurar la recuperación de los créditos.

TERCERA.- Por último, esta Comisión Dictaminadora considera que además de la lista de los despachos de cobranza contratados por el INFONAVIT, es necesario conocer a detalle las distintas etapas del Modelo de Cobranza Social, así como su resultado.

En tal virtud la Comisión que Dictamina se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa al Titular del INFONAVIT para que informe a esta Soberanía a detalle, las distintas etapas del Modelo de Cobranza Social, así como sus resultados.

SEGUNDO.- Se exhorta de manera respetuosa al Titular del INFONAVIT para que informe a esta Soberanía respecto de los distintos mecanismos de control y sanciones con los que se supervisa las funciones de los despachos de cobranza; y envíe el listado de los despachos contratados, así como de los resultados de las gestiones de cobranza respectivas.

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República el día 1 del mes de octubre de dos mil catorce.

Comisión de Vivienda".

(Intervención de la C. Senadora María Elena Barrera Tapia)

VER INTERVENCION





 

COMISION DE VIVIENDA

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al segundo dictamen.

"COMISION DE VIVIENDA

H. Asamblea:

A la Comisión de Vivienda de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones Intersecretarial y Nacional de Vivienda, así como a otras dependencias y organismos de la Administración Pública Federal, a realizar acciones de mejora en materia de vivienda.

Una vez recibido dicho Punto de Acuerdo por esta Comisión Dictaminadora, sus integrantes se avocaron al estudio detallado y responsable de su contenido para proceder a emitir el dictamen respectivo, conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 150, 177, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I.- En el capítulo de "ANTECEDENTES", se hace constar el trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno del mencionado Punto de Acuerdo para su Dictamen y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II.- En el capítulo de "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito, y

III.- En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración y los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 29de enero de 2014, Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron propuesta con Punto de Acuerdo a efecto de que el Pleno de la Cámara de Senadores exhorte a la Comisión Intersecretarial de Vivienda, a la Comisión Nacional de Vivienda, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Secretaria de Desarrollo Social, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y a la Comisión Nacional del Agua, a realizar respectivamente diversas acciones en materia de vivienda.

2.- En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Vivienda la propuesta legislativa con Punto de Acuerdo de mérito, para su estudio y dictamen correspondientes.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Señala que el obstáculo principal para solucionar el déficit habitacional de la población de menores ingresos es la dificultad de acceder a las oportunidades de financiamiento existentes.

Menciona que los créditos de vivienda se han dirigido principalmente a sectores medios y al grupo de afiliados a la seguridad social, y que ha quedado rezagado el grupo de bajos ingresos.

Precisa que aproximadamente seis de cada diez empleos en México, son de carácter informal, cifra que representa un reto significativo para la política de vivienda, en tanto que dichos trabajadores no cuentan con seguridad social ni con acceso al financiamiento para vivienda como prestación laboral.

Destaca que los grupos de más bajo ingreso se ubiquen en terrenos inadecuados localizados en zonas de riesgo y que afectan al medio ambiente, así como en lugares alejados de los equipamientos humanos.

Agrega que durante el cierre de 2013 se registraron incrementos en el índice de morosidad en el pago de créditos hipotecarios, ocasionados por el efecto desaceleración económica que sufrió el País en el primer trimestre de 2013, así como por los fenómenos meteorológicos ocurridos en ese mismo año en diferentes entidades federativas.

Refiere que los últimos años se autorizó la construcción de asentamientos en lugares inapropiados y se aprobaron créditos sin el sustento debido, que sumado a la mala planeación, dieron como resultado construcciones endebles, falta de servicios públicos y de espacios educativos, altos niveles de inseguridad, y problemas de movilidad urbana.

Añade que en el marco de la Política Nacional de Vivienda, la problemática actual, representa una oportunidad para replantear las políticas de acceso, permanencia, financiamiento, seguridad y planeación urbana.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Esta Comisión Dictaminadora coincide con las argumentaciones y los objetivos del Punto de Acuerdo que se examina, en cuanto a que se traducen en exhortos a dependencias y organismos de la Administración Pública Federal, para realizar acciones tendentes a ofrecer soluciones al déficit de vivienda que sufre el País, principalmente los sectores de la población que registran menores ingresos.

SEGUNDA.- Así mismo se estiman fundadas las argumentaciones que se exponen en el Punto de Acuerdo, en torno a que la problemática actual en materia de vivienda, representa una oportunidad para replantear las políticas de acceso, permanencia, financiamiento, seguridad y planeación urbana.

TERCERA.- Se comparte así mismo la propuesta de contar con información veraz sobre los índices de morosidad y probabilidad de incumplimiento de los beneficiarios de un crédito hipotecario, para que tomen las medidas necesarias a fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores.

Por último, se coincide con los presentantes del Punto de Acuerdo, en el sentido de que es pertinente y urgente contar con información suficiente y oportuna, para diseñar nuevas políticas en materia de vivienda, en favor de la población que se encuentra en zonas de riesgo o en situación de pobreza.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Intersecretarial de Vivienda a ejecutar sus inversiones para la adquisición, mejoramiento y ampliación de vivienda con criterios de proporcionalidad según el estrato de ingreso de la población y con equidad entre las diferentes regiones del país.

Segundo. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda a informar los índices de morosidad y probabilidad de incumplimiento de los hogares beneficiarios con algún crédito hipotecario que pudieron haber sido afectados por los fenómenos meteorológicos ocurridos en 2013, que pudieran generar presión a la cartera hipotecaria y en su caso, diseñar mecanismos financieros para que puedan conservar su patrimonio familiar afectado por esos fenómenos.

Tercero. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la SEDATU, la Comisión Nacional de Vivienda, al Instituto de Estadísticas y Geografía (INEGI), a la SEDESOL, el CONEVAL, la SEMARNAT y la CONAGUA a conformar un grupo de trabajo para incorporar en el Conteo de Población y Vivienda 2015, variables e indicadores que permitan identificar y calcular las necesidades de adquisición, remodelación y ampliación de vivienda ubicada en zonas vulnerables a los fenómenos meteorológicos por parte de la población en alguna situación de pobreza.

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República el día 1 del mes de octubre de dos mil catorce.

Comisión de Vivienda".

(Intervención de la C. Senadora María Elena Barrera Tapia)

VER INTERVENCION





 

COMISION DE VIVIENDA

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al tercer dictamen.

“COMISION DE VIVIENDA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Vivienda de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a informar sobre los criterios legales mediante los cuales negó información a la Auditoria Superior de la Federación para evaluar la Cuenta Pública 2012.

Una vez recibido dicho Punto de Acuerdo por esta Comisión Dictaminadora, sus integrantes se avocaron al estudio detallado y responsable de su contenido para proceder a emitir el dictamen respectivo, conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 150, 177, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I.- En el capítulo de “Antecedentes”, se hace constar el trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno del mencionado Punto de Acuerdo para su Dictamen y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II.- En el capítulo de “Contenido del Punto de Acuerdo”, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito, y

III.- En el capítulo de “Consideraciones”, la Comisión expresa los argumentos de valoración y los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 22de abril de 2014, el Senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó propuesta con Punto de Acuerdo a efecto de que el Pleno de la Cámara de Senadores exhorte al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a informar sobre los criterios legales, mediante los cuales negó información a la Auditoria Superior de la Federación para evaluar la Cuenta Pública 2012.

2.- En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Vivienda el Punto de Acuerdo de mérito para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Señala que si bien las aportaciones de los trabajadores son la principal fuente de ingresos del organismo, también es cierto que existe una fuente de participación del Gobierno Federal.

Menciona que no puede soslayarse el hecho de que el titular del Instituto es, de facto, designado por el Presidente de la República; y que la responsabilidad de la Asamblea General en esa designación, es una mera ratificación para guardar los formalismos legales.

Indica que el Instituto cuenta con un portal electrónico, mediante el cual cualquier ciudadano puede acceder sin ningún tipo de restricción aparente, para obtener información relacionada con el organismo; y que dicho portal tiene un apartado atinente a la situación financiera de la institución.

Refiere que en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, en específico a la Evaluación número 1164 "Política Pública de Vivienda", en la que se lee lo siguiente:

“El alcance de la evaluación se circunscribió al ámbito federal, por lo que se consideraron las disposiciones y las acciones en materia de vivienda aplicables y ejercidas por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), el Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

La excepción correspondió al Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), al no proporcionar la información requerida por esta entidad en virtud de que, el INFONAVIT comunicó que no tiene a su cargo el manejo, la custodia o la aplicación de fondos y recursos públicos federales, por lo que no debe ser considerada una entidad fiscalizada.”

Resalta que es de llamar la atención que la disponibilidad de información no haya sido la misma para la Auditoria Superior de la Federación, que para el ciudadano en general.

Agrega que en otra parte de la Evaluación en cita, se menciona:

“Al respecto destacó que tanto el INFONAVIT como la banca e intermediarios financieros no forman parte del Gobierno Federal y que su operación de otorgamiento de créditos se realiza por medio de recursos propios. Al no tratarse de recursos fiscales, la disponibilidad de información sobre sus acciones en cumplimiento de la política pública de vivienda se vio limitada.”

Añade que el Informe también refiere acerca de los recursos que manejó el Instituto en el periodo 2001-2012, y que al respecto se lee:

“El INFONAVIT destinó 1,237,189.9 millones de pesos, con los que otorgó en el periodo 2001, 4,551,077 créditos por un monto promedio individual de 271,845.52 pesos.”

Menciona también que el citado documento ilustra que en relación a todos los actores que otorgaron financiamientos para vivienda en nuestro País, el INFONAVIT:

“Fue el organismo con mayor participación, al registrar el 42.3% de los financiamientos y el 45.2% de los recursos ejercidos.”

Precisa que resulta preocupante y grave que un organismo que fue creado por el Estado con fines sociales, al que se le otorgaron facultades a través de todo un andamiaje jurídico, determine no abrir la información necesaria para llevar a cabo este ejercicio de fiscalización republicano, argumentando que no es parte del Gobierno Federal, situación que es realmente incomprensible.

Sostiene que el INFONAVIT es parte de la administración pública federal, aunque su fin sea esencialmente social, es clara la participación gubernamental en el organismo por lo que no se puede abstraer del ejercicio auditor; y que la Ley que regula su funcionamiento, señala claramente que su patrimonio constará de las participaciones federales, que por mínimas que sean estas, son suficientes para que sea susceptible a ser fiscalizado.

Señala que son de dominio popular los recientes escándalos por una serie de actos de corrupción dentro del organismo de referencia, que fueron ampliamente seguidos por la prensa nacional, así como las eventuales reducciones a las aportaciones de las empresas, en virtud de la puesta en marcha del seguro de desempleo y la pensión universal; y que el titular del Instituto ha solicitado que se efectúen reformas a la ley de su funcionamiento, reconociendo de manera contradictoria, su condición de organismo dependiente del gobierno.

El Punto de Acuerdo que se dictamina es del tenor literal siguiente:

Primero.- Se exhorta al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a efecto de que informe a esta Soberanía los criterios legales mediante los cuales se negaron a entregar información al Organo Fiscalizador de la Federación para evaluar la Cuenta Pública 2012.

Segundo.- Se exhorta al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a informar a esta Soberanía sobre el estado que guarda la situación financiera del organismo a su cargo; así como, las medidas que implementarán por la eventual reducción del porcentaje de aportaciones para solventar la entrada en vigor del seguro de desempleo y la pensión universal.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Esta Comisión Dictaminadora esta cierta de que la Cuenta Pública se traduce en el informe que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales rinden de manera consolidada, a través del Ejecutivo federal, a la Cámara de Diputados, sobre su gestión financiera.

La Cuenta Pública tiene como propósito comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos federales durante un ejercicio fiscal, comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, y conforme a los criterios y con base en los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

SEGUNDA.- La Comisión que Dictamina reconoce que la revisión de la Cuenta Pública, constituye un acto político, por ser un órgano de representación popular quien lo realiza, con fundamento en disposiciones constitucionales; y que dicho órgano participa en la revisión del gasto público y en la aprobación del ejercicio presupuestario, autorizando de esta manera la actividad financiera del Ejecutivo.

Esta Dictaminadora tampoco ignora que el ejercicio del gasto público es una de las actividades más importantes de las finanzas públicas; y que el Poder Legislativo debe participar en este proceso, por ser una actividad pública que refleja un equilibrio en el poder, dentro del marco de la separación de los órganos del Estado, para contribuir a instaurar un Estado de permanente legalidad.

TERCERA.- No obstante lo anterior, la Comisión que Dictamina se estima que no es dable darle curso a la proposición de punto de acuerdo presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en atención a las consideraciones siguientes:

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación dispone en el artículo 1 que la fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, con excepción de las participaciones federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables.

Como quiera que la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, previene en el artículo 5, que el patrimonio del Instituto se integra con “las aportaciones en numerario, servicios y subsidios que proporcione el Gobierno Federal”, lo cierto es que el Instituto no recibe y por ende no administra recursos públicos federales, a los cuales se refiere el artículo 1 de la Ley  de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Además, el artículo 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación define en la fracción IX lo que debe entenderse por Entidad fiscalizada, y dispone que serán “los Poderes de la Unión, los entes públicos federales y los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial de la Federación; las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que administren o ejerzan recursos públicos federales; incluyendo a sus respectivas dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales; las entidades de interés público distintas a los partidos políticos; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos públicos o privados cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales, no obstante que no sean considerados entidades paraestatales por la ley de la materia y aun cuando pertenezcan al sector privado o social y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines”

En la citada definición se prevén varias actividades que al ser realizadas por  los sujetos ahí citados, les atribuye la calidad de “Entidad Fiscalizada”. Al respecto se destaca que el Infonavit, no lleva a cabo ninguna de dichas actividades, toda vez que como se señaló, no recibe recursos públicos Federales, por lo que en estricto sentido no debe ser considerado como una Entidad Fiscalizada.

No se omite señalar, que los recursos con los que el Infonavit sufraga sus gastos de administración, operación y vigilancia forman parte de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, previa autorización del presupuesto sometido a consideración de su H. Asamblea General y el H. Consejo de Administración, según lo previsto por los artículos 10 fracción I y artículo 16  fracción VII respectivamente de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

En este sentido importa destacar que la totalidad de los recursos que integran el citado Fondo, son patrimonio de los trabajadores, según lo prevé el propio artículo 5 de la Ley en su parte final, y en consecuencia no tienen el carácter de recurso público.

En conclusión, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por su propia naturaleza no está sujeto a las disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y por tanto sus estados financieros no pueden ser objeto de fiscalización por la Auditoria Superior de la Federación.  

CUARTA.-Por lo que se refiere a la propuesta de exhortar al Director General del INFONAVIT, a informar a esta Soberanía sobre el estado que guarda la situación financiera del organismo a su cargo, así como de las medidas que implementara por la eventual reducción del porcentaje de aportaciones para solventar la entrada en vigor del seguro de desempleo y la pensión universal, debe considerarse lo siguiente:

El 1 de junio del 2005, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, En la exposición de motivos de dicha se reforma se señaló:

“También en esta dirección de imprimir una mayor transparencia y de un oportuno y puntual rendimiento de cuentas, apuntan parte de las reformas que se proponen, en particular, las que se refieren a la obligatoriedad para el Instituto de publicar sus estados financieros en el Diario Oficial; y en el fortalecimiento y reorientación de lo que sería la Comisión de Inconformidades”

Al efecto, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el artículo 21, estableció “El Balance Anual del Instituto deberá publicarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que sea aprobado por la Asamblea General, en el Diario Oficial de la Federación y en dos de los diarios de mayor circulación”.

En adición a lo anterior, y con la finalidad de robustecer la transparencia y la rendición de cuentas, en la citada reforma igualmente se modificó el artículo 23 fracción IX de la citada Ley, relativo a las atribuciones y facultades del Director General,  para establecer “Después de ser aprobado por la Asamblea General, enviar al Congreso de la Unión, durante el mes de octubre de cada año, un Informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa que guarda el Instituto”.

En el caso del informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa al cierre del año 2012, el informe fue entregado el 28 de octubre del año 2013, mediante oficio DG041, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva LXII Legislatura de la Cámara de Senadores.

Por otra parte, como es del conocimiento de esta Soberanía, la propuesta de reforma en materia del seguro de desempleo y de la pensión universal, se encuentra aún en trámite, por lo que será a partir de que entre eventualmente en vigor el nuevo marco jurídico, para que el Infonavit conozca el contenido y los alcances del mismo y  esté en aptitud de tomar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a la reforma legal.

En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora, estima la inviabilidad del Punto de Acuerdo que se propone por lo que someten a la aprobación de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

RESOLUCION

Primero. Se da por concluido el procedimiento legislativo al Punto de Acuerdo propuesto por el Senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Archívese el Punto de Acuerdo materia del presente dictamen, como un asunto plenamente concluido.

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República el día 1 del mes de octubre de dos mil catorce.

Comisión de Vivienda”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión. No habiendo oradores, se solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores dictámenes.

- LA C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Sánchez: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

 





 

Pasamos a la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Turismo. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día. Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.

COMISION DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al primer dictamen.

“Comisión de Turismo

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Educación Pública a actualizar el Atlas Turístico de México con la información que cuenta el Sistema de Información Cultural, presentada por los Senadores Luz María Beristain Navarrete y Armando Ríos Piter, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio.

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos.

ANTECEDENTES

1.- El 8 de abril de 2014 los Senadores Luz María Beristain Navarrete y Armando Ríos Piter, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron propuesta con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Educación Pública a actualizar el Atlas Turístico de México con la información que cuenta el Sistema de Información Cultural.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de acuerdo propone lo siguiente:

Unico: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal y a la Secretaría de Educación Pública a que en colaboración se actualice el “Atlas Turístico Mexicano” con la información que cuenta el “Sistema de Información Cultural”, con la finalidad de implementar una estrategia integral y eficiente de promoción de la actividad turística de nuestro país.

CONTENIDO DEL PROYECTO

Señalan los promoventes que el turismo contribuye con el 9.3% del PIB mundial, aporta el 8.7% de los empleos en el mundo, por lo que desempeña un papel muy importante para el desarrollo del país.

Refieren que todos los países crean estrategias de difusión y promoción de sus destinos turísticos y que una forma de hacerlo, es a través de la Feria Internacional de Turismo, sin embargo, mencionan que este mecanismo de difusión no es suficiente para nuestro país, y, que en la Ley General de Turismo se creó el Atlas Turístico de México, como otra herramienta de promoción de la actividad turística.

Los legisladores dan cuenta de que el Atlas Turístico de México es el registro sistemático de carácter público de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos turísticos nacionales y sitios de interés.

También mencionan que la presente administración del gobierno federal busca que en el año 2030 México sea un país líder en la actividad turística, para ello, la estrategia del gobierno propone: reconocer al turismo como pieza clave en el desarrollo económico de México; diversificar los productos turísticos y desarrollar nuevos mercados; impulsar a las empresas turísticas a ser competitivas a nivel nacional e internacional; y, desarrollar el turismo respetando los entornos naturales, culturales y sociales.

Asimismo, indican que dada la amplia oferta turística de nuestro país, se hace necesario continuar impulsando el sector turístico, y que dado que el Atlas Turístico de México no está cumpliendo cabalmente con su función, dado que carece de información se hace necesario mejorarlo, mediante la inclusión de otros indicadores que pueden aportar información muy valiosa para el sector turismo, tales como los contemplados en el Sistema de Información Cultural.

El Sistema de Información Cultural cuenta con información por entidad federativa como espacios culturales, museos, teatros, casas de artesanías, zonas declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad, zonas arqueológicas, monumentos históricos, festivales, gastronomía, arte popular, entre otra información.

En razón de lo anterior, dan cuenta de que resultaría atractivo para los turistas conocer toda esta información, por lo que proponen que la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Educación Pública, trabajen coordinadamente, para que se actualice el Atlas Turístico con la información del Sistema de Información Cultural.

CONSIDERACIONES

La importancia del turismo como pilar de la economía mexicana, hace necesario que se continúe innovando en la promoción y diversificación de nuestros destinos y productos turísticos a fin de que se continúe aumentado el ingreso de divisas por turismo, mismo que impacta positivamente en el desarrollo socio económico de los mexicanos.

Esta Comisión Dictaminadora, reconoce el trabajo que ha venido haciendo el Gobierno Federal, para posicionar a México como un destino de clase mundial; destaca el hecho de que 2013, haya sido un gran año para el turismo mexicano, ya que se captaron 13 mil 900 millones de dólares de divisas por turismo, cifra que es 3.4 por ciento superior que lo recaudado en 2008 y recibimos a más de 23 millones de turistas internacionales, 3.5 por ciento superior a los registrados en el año 2008, lo cual es una cifra histórica.

No obstante lo anterior, dada la importancia de esta actividad para generar empleos, riqueza y combatir la pobreza se hace necesario continuar trabajando para posicionar al turismo como un sector estratégico de la economía nacional.

Los integrantes de la Comisión de Turismo, coincidimos con los promoventes del punto de acuerdo,  en el sentido de que México cuenta con una oferta turística muy rica, con un inmenso potencial para posicionarnos como uno de los primeros lugares en el ranking turístico.

Asimismo, consideramos que el Atlas Turístico de México, herramienta para la promoción de la actividad turística, que contiene el registro sistemático de carácter público de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo, debe ser mejorado a fin aprovechar al máximo su potencial.

En este sentido, los integrantes de la Comisión de Turismo, coincidimos con los promoventes, en que actualizar el Atlas Turístico de México, con la información del Sistema de Información Cultural sería una gran aportación para el Atlas y para el impulso que debemos dar al turismo cultural. 

No se debe perder de vista que México cuenta con uno de los patrimonios culturales más ricos del planeta: ocupa el primer lugar en América Latina y el sexto mundial en sitios declarados Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), lo que lo hace un destino con un amplio potencial para impulsar el turismo cultural.

Los integrantes de esta Comisión Legislativa reiteran que las diversas manifestaciones humanas que dan testimonio de la cultura de cada pueblo es, sin duda, un atractivo que invita a los turistas a conocer la riqueza de cada nación, las peculiaridades de cada sitio, por lo que nuestro vasto patrimonio cultural hace que nuestros destinos puedan ofrecer al turista productos únicos.

Por ello, el actualizar el Atlas Turístico de México con el Sistema de Información Cultural, le permitiría al viajero, conocer por cada Entidad Federativa: espacios culturales como: museos, teatros, centros culturales, galerías, auditorios, red nacional de bibliotecas, librerías, casas de artesanías, universidades, centros de educación; el inventario de bienes y acervo de conocimientos declarados como  patrimonio cultural material e inmaterial de la humanidad por la UNESCO; las zonas arqueológicas, monumentos históricos, catedrales, fototecas, fonotecas, patrimonio ferrocarrilero; instituciones culturales; convocatorias de concursos o premios culturales; festivales; gastronomía; arte popular; culturas indígenas; culturas populares, entre otros.

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideramos que el enriquecimiento del Atlas Turístico de México, en materia cultural, brindará oportunidades excelentes para la comercialización de la oferta de nuestros destinos, pues la mayoría cuenta con un rico patrimonio cultural, lo que los vuelve altamente competitivos.

Finalmente esta Comisión Dictaminadora quiere realizar un reconocimiento al trabajo de la  Secretaría de Turismo por mantener actualizado el Atlas Turístico de México, asimismo, tiene presente que en el Capítulo II del Atlas Turístico de México, en el Anteproyecto del Reglamento de la Ley General de Turismo1 se establece en el artículo 29 que la información que se integre en el Atlas Turístico de México, será tanto de carácter escrito como gráfico en cuyo caso podrá incluir mapas, fotografías, dibujos, videos, entre otros instrumentos; y, en el artículo 31, que la Secretaría podrá requerir a las Entidades Federativas, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la información que a su juicio considere relevante para la integración del Atlas Turístico de México, así como aquella que no hubiere sido proporcionada oportunamente por las autoridades respectivas.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

ACUERDO

Primero: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Turismo Federal, para que en colaboración con la Secretaría de Educación Pública actualicé el Atlas Turístico de México vinculándolo con la información contenida en el Sistema de Información Cultural, con la finalidad de fortalecer la promoción del turismo cultural de México.

Dado en el Senado de la República, a los 30 días del mes de septiembre de 2014.

Comisión de Turismo”.


1 Publicado en la COFEMER para el trámite de mejora regulatoria que debe llevar, disponible en http://207.248.177.30/regulaciones/scd_expediente_3.asp?ID=06/0115/170514





 

COMISION DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al segundo dictamen.

“Comisión de Turismo

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Titular de la Secretaría de Turismo, al Titular del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Fomento Turístico del estado de Yucatán a llevar acciones conjuntas que promuevan el turismo en la región oriente de dicho estado, presentada por el Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio.

VI. En el apartado de “CONSIDERACIONES”, esta Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustentan los Acuerdos propuestos.

ANTECEDENTES

1.- El 22 de abril de 2014 el Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Titular de la Secretaría de Turismo, al Titular del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Fomento Turístico del estado de Yucatán a llevar acciones conjuntas que promuevan el turismo en la región oriente de dicho estado.

2.- En esa fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de acuerdo propone lo siguiente:

UNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Turismo, al titular del Poder Ejecutivo del estado de Yucatán y al titular de la Secretaría de Fomento Turístico del estado de Yucatán, para que se lleven a cabo acciones conjuntas que promuevan el turismo en la región Oriente del estado de Yucatán.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El Senador promovente comenta que el estado de Yucatán se caracteriza por poseer grandes atractivos turísticos de importancia mundial, como su legado histórico, zonas arqueológicas, haciendas de la época del auge henequenero, playas, puertos, cenotes y un ecosistema que contiene gran variedad de flora y fauna.

Sin embargo, este estado establece el promovente, sólo aporta el 1.5% de la producción total del país, lo que indica una falta de incentivar actividades que propicien un mejor desarrollo de la población y que ayuden a reducir los rezagos sociales que existen entre sus diferentes regiones.

También menciona que es necesario promover e invertir en materia de turismo en la región del litoral oriente del estado que incluye los municipios de Buctzotz, Calotmul, Cenotill, Espita, Panaba, Río Lagartos, San Felipe, Sucilá y Tizimín, en donde la sociedad ha optado por ofrecer servicios enfocados al turismo de naturaleza o ecoturismo.

El promovente establece que los municipios de Río Lagartos, San Felipe y Tizimín poseen atractivos naturales impresionantes ya que se encuentran inmersos en el Area Natural Protegida Reserva de la Biosfera Río Lagartos.

En conjunto con la reserva natural, estos municipios, comenta el promovente poseen playas que son atractivos para el turismo nacional e internacional, por lo que representa una gran oportunidad de inversión.

Otro de los atractivos de esta zona de Yucatán es la celebración de sus festividades, ritos y tradiciones, los cuales son muy apreciados por los turistas que año con año acuden a disfrutar la gran variedad de expresiones culturales ancestrales con las que aún se cuenta.

El promovente comenta que los habitantes de los municipios de la región oriente se han coordinado para ofrecer servicios turísticos como hoteles y posadas, restaurantes, locales de mariscos, servicios de transporte público, sol y playa, paseos en lancha, paseos en bici, pesca deportiva y buceo, entre otros.

Por último, comenta que estas comunidades del oriente de Yucatán están haciendo importantes esfuerzos para ofrecer estos servicios al turista, pero hace falta una estrategia integral que promueva de mejor manera estos destinos con los que cuenta el estado.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión de Turismo consideran que durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo.

En nuestro país, el turismo es una actividad de mayor importancia ya que es un campo de desarrollo en distintos aspectos, como en la generación de empleos, la atracción de inversiones, contribuye a combatir la pobreza y mejorar el nivel de vida de los habitantes.

Por ello, los Senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora establecen que es importante la inversión y la promoción de los distintos atractivos turísticos, naturales y culturales con los que México cuenta a lo largo y ancho de su superficie.

El estado de Yucatán es el claro ejemplo de las bellezas que se pueden ofrecer a los turistas nacionales e internacionales, por lo que compartimos la idea del Senador promovente de que este estado posee grandes atractivos turísticos

Yucatán ofrece espectaculares sitios arqueológicos que muestran al mundo la herencia de la cultura maya, como lo son Chichén-Itzá, Uxmal, Ek Balam, Kabah, entre otros.

Sus bellas ciudades coloniales nos transportan a un pasado grandioso, podemos recorrer las calles y avenidas de Mérida, de Izamal, de Valladolid o Tizimín que dan cuenta de su belleza arquitectónica.

Es importante mencionar las maravillas naturales como Celestún, Sisal, o Río Lagartos y los varios cenotes que se pueden encontrar a lo largo de este estado. Que decir de las playas que abarcan más de 370 km de extensión donde se pueden practicar diversos deportes acuáticos y disfrutar un clima cálido la mayor parte del año.

En suma, Yucatán es un estado con maravillas naturales y culturales, con una infraestructura turística de calidad, con más de 11 mil habitaciones y con conectividad aérea, terrestre y marítima.

Los legisladores de esta Comisión, comparten la inquietud de promovente de seguir impulsando las actividades turísticas en más regiones de este estado, particularmente en la zona oriente, misma que se conforma por los municipios de Chankom, Cantamayec, Chacsinkín, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Cuncunul, Dzitás, Kaua, Peto, Quintana Roo, Sotuta, Tahdziú, Tekom, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Uayma, Valladolid y Yaxcabá.

Es relevante señalar que en septiembre de 2013 los municipios de la zona oriente de Yucatán lanzaron al mercado turístico nacional e internacional la marca turística denominada Región Oriente Maya, por medio de una feria turística que tuvo como su primera sede la ciudad de Valladolid, en ella se expusieron los atractivos naturales, fiestas tradicionales, gastronomía, riqueza artesanal y cultural de cada municipio, cabe destacar que el proyecto Oriente Maya se está realizando mediante la coordinación de la Secretaría de Fomento Turístico del estado. 

Asimismo, destaca la labor del Gobierno del Estado de Yucatán, para fortalecer la promoción del Oriente Maya, a través de la creación de una delegación de la Secretaría de Fomento Turístico en Valladolid, la impartición de cursos de capacitación a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la inversión publicitaria para la marca Región Oriente Maya de 4 millones de pesos para el 2014.

Es importante mencionar que en 2013, la Secretaría de Turismo Federal y el Gobierno del Estado de Yucatán anunciaron que se destinarían 120 millones de pesos para impulsar una serie de obras de infraestructura, destacando que 100 millones estarán destinados al espectáculo nocturno de la zona arqueológica de Chichen Itzá, iluminación de las Grutas de Loltún, mejoramiento de la imagen urbana del puerto de Sisal e impulso al turismo solidario en la comunidad rural de Pixtlá de Cuauhtémoc, ubicada en el municipio de Izamal; los recursos restantes serian para la elaboración de proyectos ejecutivos que detonarán la actividad turística en los municipios que integran la Ruta Puuc y de los conventos, el corredor turístico Progreso-X´cambó y el Plan Mundo Maya, así como en materia de capacitación, competitividad y sustentabilidad turística.

Esta Comisión de Turismo reconoce las estrategias de promoción de Yucatán como destino, lo que ha generado que entre enero y diciembre de 2013 más de 1.3 millones de personas visitarán Yucatán, lo que implica un 12% más de visitantes, con respecto a 2012.

Es importante referir que para proyectar al estado de Yucatán como destino, se invirtieron más de 68.5 millones de pesos para que en alianza con el Consejo de Promoción Turística de México, las bellezas de este estado se aprecien en los mercados norteamericano y europeo; así el territorio yucateco forma parte de la campaña de promoción turística “Live it to believe it” que se presenta en Nueva York, Los Angeles, Londres, Madrid, Montreal, entre otras ciudades.

Pese a todo este importante trabajo que han desarrollado los diversos órdenes de gobierno, y dado el gran potencial turístico de la zona oriente del estado de Yucatán, se hace necesario que la Secretaría de Turismo Federal y la Secretaría de Fomento Turístico del estado de Yucatán continúen trabajando para promover el turismo en la región del oriente maya, donde la arquitectura, lengua, tradiciones, bellezas naturales y milenaria cultura continúan sorprendiendo al mundo entero.

Por lo anteriormente señalado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República solicita de manera respetuosa a la titular Secretaría de Turismo Federal y al titular de la Secretaría de Fomento Turístico del estado de Yucatán informen a esta soberanía los recursos y acciones que han implementado para promover y fortalecer el turismo en zona oriente del estado de Yucatán. 

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la titular Secretaría de Turismo Federal y al titular del Consejo de Promoción Turística de México para que se continúen diseñando e implementando los programas necesarios para el aprovechamiento turístico en el estado de Yucatán, con impacto en los municipios de Río Lagartos y San Felipe.

Dado en el Senado de la República, a los 30 días del mes de septiembre de 2014.

Comisión de Turismo”.





 

COMISION DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al tercer dictamen.

“Comisión de Turismo

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Turismo, se designe a la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero, como la sede del Día Mundial del Turismo, a celebrarse el 27 de septiembre del presente año, presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio.

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos.

ANTECEDENTES

1.- El 8 de abril de 2014, el Senador Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Turismo, se designe a la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero, como la sede del Día Mundial del Turismo, a celebrarse el 27 de septiembre del presente año.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de acuerdo propone lo siguiente:

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Turismo se designe a la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero, como la sede del Día Mundial del Turismo, a celebrarse el 27 de septiembre del presente año.

CONTENIDO DEL PROYECTO

Menciona el promovente que el turismo es un sector clave en la economía internacional al ser fuente generadora de empleos y de ingresos que en 2013 representó el 9% del Producto Interno Bruto mundial.

Además, señala el promovente en México la derrama por divisas por turismo llegó a los 13 mil 819 millones de dólares, 3.4% más de lo captado en 2008, considerado el mejor año del turismo.

El Senador promovente refiere que un destino obligado para el turista nacional o extranjero es, sin duda, el estado de Guerrero, ya que sus bellezas naturales,  patrimonio histórico y la hospitalidad de su gente crean un ambiente muy atractivo y cordial para quienes lo visitan.

En meses pasados, continúa el Senador, la Organización Mundial de Turismo (OMT) hizo oficial la designación de nuestro país como sede del Día Mundial del Turismo 2014, a celebrarse el 27 de septiembre de este año. Por la relevancia del evento y la importancia del turismo para el estado de Guerrero, el promovente exhorta a que estos trabajos se desarrollen en dicho estado.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Comisión Legislativa coinciden con el promovente en destacar la importancia del turismo como sector clave de la economía internacional y nacional ya que en el 2013 aportó el 9% al Producto a Interno Bruto internacional.

La importancia del turismo radica en que es una herramienta en la reducción de la pobreza y la creación de puestos de trabajo. El turismo debe ser considerado cada vez más, como una fuente importante de crecimiento económico, particularmente en los países en desarrollo.

En nuestro país el turismo ha aumentado su importancia en la economía nacional, 2013 fue un año record para esta actividad productiva superando las expectativas. Como lo menciona el promovente la captación de divisas alcanzó la cifra de 13 mil 819 millones de dólares superando en más del 3% lo que se había recaudado en el 2008, el cual era el mejor año en este aspecto.

Por estas razones, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideran de gran importancia la decisión de la Organización Mundial de Turismo de designar a México como sede de la celebración del Día Mundial del Turismo el próximo 27 de septiembre de 2014.

En su visita a México a principios de esta año, el Secretario General de la (OMT) Talef Rifai, señaló que nuestro país tiene clara la importancia de la industria turística como una actividad trasformadora de la sociedad y promotora del desarrollo económico sostenible. Destacó que la designación de nuestro país obedeció a que México refleja su elevado compromiso político el cual lleva adelante con el turismo.

Ante esta gran oportunidad de nuestro país para ser anfitrión de este festejo, el Senador promovente del Punto de Acuerdo exhorta al titular del Ejecutivo a considerar al estado de Guerrero como sede para este gran evento y así seguir contribuyendo al desarrollo del turismo en dicho estado.

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, coincidimos con el promovente en señalar que el estado de Guerrero es emblemático para el turismo nacional, sus zonas arqueológicas y sus atractivos naturales hacen de destinos como: Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo o Taxco lugares imperdibles para los turistas, no hay duda de que Guerrero haría un gran papel como anfitrión para la celebración del Día Mundial del Turismo el próximo 27 de septiembre de este año.

Sin embargo, en el marco del Foro Global de la Red del Conocimiento en Turismo, celebrada a finales de mayo en nuestro país, Carlos Vogeler, secretario ejecutivo de relaciones con miembros de la Organización Mundial del Turismo (OMT) dio a conocer que la ciudad de Guadalajara, Jalisco, será la sede del Día Mundial del Turismo, comenzando así los programas y trabajos para desarrollar el lema “El turismo y las comunidades locales”

El Día Mundial del Turismo es un espacio para sensibilizar a la sociedad sobre el valor social, económico, cultural y político del turismo, a la vez de ser un espacio en el que el organizador ofrece al mundo las maravillas turísticas con las que cuenta, por ello, dentro de este marco la Secretaría de Turismo dará a conocer los nuevos lineamientos para los Pueblos Mágicos.

Derivado de estos acontecimientos, esta Comisión Dictaminadora considera que el Punto de Acuerdo presentado por el Senador Sofío Ramírez Hernández ha quedado sin materia, ya que la sede para este evento será la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

ACUERDO

Primero.-Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhortaba al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Turismo, se designara a la ciudad de Acapulco, en el Estado de Guerrero, como la sede del Día Mundial del Turismo, a celebrarse el 27 de septiembre del presente año.

Segundo.- Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

Dado en el Senado de la República, a los 30 días del mes de septiembre de 2014.

Comisión de Turismo”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Luz María Beristain Navarrete, a fin de razonar su voto en torno.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

El día de hoy discutimos dos dictámenes de la Comisión de Turismo.

El primero que exhorta a la Secretaría de Turismo para que en colaboración con la Secretaría de Educación Pública actualice el Atlas Turístico de México vinculándolo con la información contenida en el Sistema de Información Cultural.

Y el segundo, por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Turismo y al titular de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Yucatán, informar de los recursos y acciones que han implementado para promover y fortalecer el turismo en la zona oriente del estado de Yucatán.

En el caso de aprobarse, traería beneficios al turismo mexicano. El primer dictamen propone la actualización del Atlas Turístico con la información del Sistema de Información Cultural; o sea, agregándole algo de lo que adolece hoy día.

El Atlas Turístico es una herramienta que debería contener toda la información que fomente la actividad turística. Por eso debemos vincularlo con la información que consideremos pertinente para promover la actividad turística.

En aras de impulsar la cultura de nuestro país, resulta conveniente incluir en el Atlas Turístico, la información con la que cuenta el Sistema de Información Cultural, en el cual podemos encontrar datos de: espacios culturales, museos, teatros, centros culturales, galerías, auditorios, bibliotecas, librerías, casas de artesanías, universidades, patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO, zonas arqueológicas, monumentos históricos, catedrales, patrimonio cultural inmaterial, instituciones culturales, convocatorias, festivales, gastronomía, arte popular, culturas indígenas, etcétera, etcétera.

La información anterior, contenida en el Sistema de Información Cultural, no la integra el Atlas Turístico. Por ello consideramos la necesidad de actualizarlo con esta información, pues como bien sabemos no todos los turistas vienen buscando meramente el sol, la playa, la diversión en los centros nocturnos, sino que tenemos muchos visitantes, principalmente de Europa, que también desean conocer el patrimonio cultural de nuestro país.

Resulta altamente atractivo para los turistas conocer la información cultural del país; y eso es lo que México tiene que vender en primer lugar.

Por lo que esto se traduciría en una mejor herramienta de promoción de la actividad turística, generando más derrama económica.

Es una mejora básica, pero muy necesaria, la cual dentro de una estrategia integral para fomentar al turismo no puede esperar más. Por ello, les invito, compañeros Senadores, para votar a favor de este dictamen y así poder hacer llegar mayores beneficios al turismo y a las familias mexicanas que dependen directamente del turismo como la mayoría de los habitantes de mi estado, Quintana Roo, y de la Península de Yucatán.

El segundo dictamen, para promover y fortalecer el turismo en la zona oriente del estado de Yucatán, que promovió mi amigo, el Senador Daniel Avila y que desde luego todos los miembros de la Comisión de Turismo tuvimos a bien respaldar por la importancia que tiene Río Lagartos, San Felipe, Tizimin, Valladolid, que es la joya de la Península de Yucatán, es la oferta cultural que aunada a la oferta del sol, mar, playas de la parte de la Península que es Quintana Roo, hacen de la Península de Yucatán este mosaico tan diverso, tan rico, tan interesante para nuestros visitantes.

Así es que, desde luego que esta propuesta del Senador Daniel Avila, la cual respaldamos absolutamente, queda plenamente justificada, porque los flamingos que están en Río Lagartos son una belleza extraordinaria, vista en poquísimos lugares del planeta, entre otras cosas.

Y las haciendas que están ahí alrededor de Tizimin y de Valladolid, desde luego que son un patrimonio importantísimo para todos los mexicanos y una muestra de lo que la historia de nuestro país ha sido para los visitantes.

Así es que, no hay discusión en este sentido, esperamos contar con el apoyo de todos ustedes, porque la Península de Yucatán es uno de los lugares de nuestro país que más genera divisas que van a parar a la bolsa de la Federación; somos grandes generadores de divisas desde la Península de Yucatán, y todo esto tiene que ver con lo que hoy se está hablando para poder seguir contribuyendo al federalismo que vivimos en esta nación.

Y, el tercer dictamen, no se aprobó, por estar desfasado de tiempo para considerar a Acapulco como la capital mundial de turismo, porque cuando lo solicitaron ya se había promulgado que tendría otra sede.

Así que enhorabuena, gracias por su atención, y espero contar con la aprobación de todos ustedes para estos dos importantes dictámenes.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Beristain Navarrete.

Para referirse a los dictámenes tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz del estado libre y soberano de Yucatán.

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: Gracias, señor Presidente, Arturo Zamora Jiménez, Senador por el estado libre y soberano de Jalisco. Señoras y señores Senadores:

Con el dictamen del punto de Acuerdo que hoy se pone a consideración de todos ustedes la Comisión de Turismo y del cual soy promovente, quiero externar la necesidad de impulsar acciones efectivas para la promoción turística del estado de Yucatán al cual represento.

El estado de Yucatán se caracteriza por poseer grandes atractivos de importancia mundial, como su legado histórico, zonas arqueológicas mayas, haciendas de la época del auge henequenero, playas, puertos, cenotes y un ecosistema que contiene gran diversidad de flora y fauna.

Lo caracterizan también su gastronomía, su riqueza artesanal y cultural, ritos y tradiciones ancestrales y las fiestas tradicionales propias de sus habitantes.

Empero, existe una falta de aprovechamiento de los atractivos turísticos que lo distinguen, en particular en la zona oriente del estado de Yucatán. Por ello es necesario incentivar y aplicar los recursos para dar a conocer los atractivos turísticos de los municipios de Calotmul, Cenotillo, Espita, Panaba, Río Lagartos, San Felipe, Las Coloradas, El Cuyo, Sucilá, Tizimin, Valladolid, todos ellos en el oriente de Yucatán.

Es importante resaltar que los pobladores de las localidades se han coordinado para ofrecer servicios turísticos estableciendo pequeños hoteles, posadas, restaurantes, transporte público, servicios de sol y playa, paseos en lancha y de buceo, entre otros, pero sin una mayor difusión que la local; por lo que es conveniente impulsar el fomento turístico de la región para dar a conocer las bellezas naturales existentes, lo que redundará en generación de empleos y un mejor nivel de vida de los yucatecos.

Por ello, mi intención inicial fue solicitar acciones conjuntas entre el estado y la Federación para promover la zona oriente; sin embargo, atinadamente la Comisión de Turismo enriqueció la propuesta ampliando su alcance para exhortar a la titular de la Secretaría de Turismo Federal y al titular de la Secretaría de Fomento de Turismo del Estado de Yucatán para que informen a esta Soberanía sobre los recursos y acciones que se han implementado para promover y fortalecer el turismo en la zona oriente de Yucatán; así como exhortar al titular del Consejo de Promoción Turística de México para que se continúe diseñando e implementando los programas necesarios para el aprovechamiento turístico en el estado de Yucatán con impacto en los municipios de Río Lagartos, San Felipe y Tizimin.

Compañeros: los invito a votar a favor de este dictamen de punto de Acuerdo, ya que ambos exhortos nos permiten analizar la información proporcionada y actuar en consecuencia para impulsar y continuar con el diseño e instrumentación de los proyectos para el aprovechamiento turístico del estado de Yucatán, a fin de proyectar a Yucatán como destino turístico imperdible, ofreciendo tanto a los visitantes nacionales como internacionales una visita encantadora en la región oriente maya de Yucatán.

Yo estoy seguro que este punto de Acuerdo va a ser aprobado por unanimidad, porque inclusive, en la Comisión de Turismo, como bien saben muchos, la Senadora Luz María Beristain tiene raíces en Tizimin; el Senador Félix González Canto, también tiene raíces en Tizimin; un servidor también soy oriundo de Tizimin; y esta zona del oriente del estado de Yucatán nada más y nada menos que tiene tres Senadores oriundos de Tizimin, Yucatán, de la ciudad de Reyes, como bien le decimos en Tizimin.

Así es que, muchas gracias por el apoyo.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Avila Ruiz.

Agotada la lista de oradores, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos, en los términos en que se ha dado la lectura correspondiente.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Tenemos la discusión de dos dictámenes en sentido negativo que proponen desechar proyectos iniciados en el Senado. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, en consecuencia pasaremos a su discusión conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes que se han presentado en sentido negativo por las comisiones correspondientes.





 

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a los dictámenes.

De las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto que reforma el artículo 201-Bis del Código Penal Federal y adiciona un segundo párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 201 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 22 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Dictamen a discusión)







 

Y uno de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera; en relación con el proyecto de Decreto por el que se adiciona los artículos 17 y 18 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 17 Y 18 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.

Se consulta a la Asamblea, si hay intervenciones en relación a estos dictámenes. No habiendo oradores, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que propone desechar los proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos que desechan los proyectos de Decreto. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquese.

Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar oportunamente a los promoventes.





 

Compañeros Senadores: Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política que propone modificación en la integración de comisiones.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite correspondiente.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el Acuerdo referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. No habiendo oradores solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el mismo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de las comisiones.





 

En el apartado de proposiciones tiene el uso de la tribuna la Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y de los Senadores Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Jesús Casillas Romero, Manuel Humberto Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Oscar Román Rosas González, para presentar proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir a las Secretarías de Economía y de Turismo y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como a sus homólogas en las entidades federativas, para que implementen los programas y acciones de fomento, difusión, organización, publicitación y patrocinio para la comercialización de los productos y actividades artesanales a nivel nacional.

PROPUESTAS

- La C. Senadora Mely Romero Celis: Muchas gracias, señor Presidente.

A todas mis compañeras y compañeros les invito a que podamos aprobar este punto de Acuerdo que tiene que ver precisamente con llevar a cabo un exhorto muy respetuoso al titular de la Secretaría de Economía, a la titular de la Secretaría de Turismo, así como al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que se puedan coordinar con las entidades homólogas en cada estado de la República y, por supuesto, en el Distrito Federal, para que se puedan implementar programas, acciones de difusión, fomento, organización, publicitación y patrocinio, inclusive, de todos los eventos que sean tendientes a fortalecer las actividades artesanales en nuestro país, la comercialización de las mismas al interior o al exterior de México, y con esto podamos darle una mejor oportunidad de desarrollo a las miles de familias que se dedican a llevar a cabo una actividad artesanal, a producir un maravilloso artículo con sus manos, con su talento y, además, con muchos de los recursos naturales con los que cuenta nuestro país.

El punto de Acuerdo incluye también un exhorto respetuoso, por supuesto, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que, ejerciendo su facultad exclusiva, puedan incrementarse en términos reales los recursos asignados al mismo programa de Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías, o el FONART, como le conocemos, específicamente en la vertiente de apoyos a la comercialización; esto para el ejercicio 2015, precisamente para que se pueda fortalecer la parte de comercialización de todas las actividades artesanales que se llevan a cabo en el país.

El punto de Acuerdo tiene sustento en la realidad que se vive a nivel nacional. Sabemos que son miles de familias las que llevan a cabo una actividad artesanal; sin embargo, no todas tienen la posibilidad de vivir dignamente a partir de esta actividad que llevan a cabo.

Sin embargo, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo estima que la industria de la cultura a nivel internacional representa el 7 por ciento del Producto Interno Bruto de una entidad, eso es un porcentaje significativo que nos permite ver la relevancia de la industria, precisamente, cultural en la que están inmersos los artesanos.

Para México, específicamente representa el 6.7 por ciento del Producto Interno Bruto, este porcentaje es superior a países como Brasil, Colombia y otros países de otros continentes. Inclusive la misma UNESCO ha señalado, a través de un índice que denominan como de artesanía y de turismo, que en los países industrializados la producción y la comercialización de artesanías tienen especial relevancia en la economía local y, por supuesto, en la internacional. De hecho, en México el 98 por ciento de todas las empresas artesanales son pequeñas y medianas, como igual la mayoría de las empresas en el país, y los principales recursos que utilizan son naturales, son los que encontramos propiamente en la naturaleza, que son de origen animal, mineral o vegetal.

Hay datos significativos que nos ayudan a comprender cómo potenciando la actividad, no solamente de planeación, de comercialización y también la capacitación para todos los artesanos, sería fundamental para permitirles a ellos que sus ingresos puedan elevarse, que puedan convertir sus negocios en empresas realmente competitivas, como las hay algunas en el país y, por supuesto, muchas otras en otros países del mundo.

Sin embargo, lo que queremos es que México coloque sus productos, no solamente en el ámbito nacional, sino a nivel internacional de manera significativa. Lo que buscamos, dados los planteamientos de algunos de los artesanos, específicamente de mi estado, de Colima, y también de algunos otros estados de la República, como Puebla y Oaxaca, por supuesto todos los estados tienen talentos artesanales indiscutiblemente, pero su planteamiento es que se puedan sí fortalecer todas las actividades que se llevan a cabo por parte del gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales, incluyendo estas ferias o exposiciones artesanales; incluyendo, también, los recursos que se destinan para proyectos productivos en la materia; incluyendo, además, la capacitación y, sobre todo, los programas para poder detener la piratería y la competencia desleal que desafortunadamente afecta a nuestros artesanos.

Que podamos, inclusive, contemplar mecanismos para que puedan tener sus derechos de autor debidamente registrados, y reconocida la propiedad intelectual en muchas de estas piezas artesanales que son únicas en cada uno de los estados.

Desafortunadamente el mismo FONART ha publicado un diagnóstico que refleja que los habitantes que se dedican a la artesanía no tienen todas las condiciones necesarias para que sus ingresos sean realmente significativos.

Por eso y por todas las consideraciones, creemos que es muy importante que sí se puedan fortalecer los mecanismos, los programas y recursos que existen, pero que con una mayor coordinación, especialmente entre las Secretarías de Turismo y de Economía, además de la SEDESOL, que es quien coordina el FONART, que es el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, que se puedan propiciar mejores condiciones para todos los talentos mexicanos dedicados a las artesanías.

Este punto de Acuerdo lo inscribo a nombre propio y de mis compañeras y compañeros Senadores Ivonne Alvarez, Angélica Araujo Lara, Jesús Casillas, Manuel Cota, Margarita Flores, Lisbeth Hernández, Rocío Pineda y Oscar Román Rosas González.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

punto de acuerdo que exhorta  a diversas autoridades a nivel federal y estatal, en materia de difusión, fomento, organización, publicitación y patrocinio para la comercialización de productos y actividades artesanales.

“Las que suscriben, MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, JESUS CASILLAS ROMERO, MANUEL HUMBERTO COTA JIMENEZ, MARGARITA FLORES SANCHEZ, LISBETH HERNANDEZ LECONA, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI y OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ, todas Senadoras de la República por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de este Pleno Senatorial, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL EJECUTIVO, A FIN DE QUE INSTRUYA A LA SECRETARIA DE ECONOMIA, DE TURISMO Y AL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, ASI COMO A SUS HOMOLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A QUE IMPLEMENTEN LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE FOMENTO, DIFUSION,  ORGANIZACION, PUBLICITACION Y PATROCINIO PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES ARTESANALES A NIVEL NACIONAL, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.- El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, define a la industria cultural como “aquellos sectores que están directamente involucrados con la creación, producción y distribución de bienes y servicios que son de naturaleza cultural y que están usualmente protegidos por derechos de autor y propiedad industrial”. Bajo ese preámbulo, estimó hace 7 años que la industria de la cultura representa el 7% del Producto Interno Bruto a nivel internacional, asimismo, manifestó que este tipo de industria genera un valor económico, derivado de la generación y explotación de la propiedad intelectual, en razón de que esta última genera crecimiento económico y empleo.

Por su parte, la Organización de los Estados Americanos, OEA, señaló con cifras de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la importancia económica que tiene la cultura en algunos países de América Latina. Por ejemplo, resalta que para México es del 6.7%, en Brasil del 5%, Colombia del 4%y para los países andinos es del 3%, todos ellos sobre el Producto Interno Bruto, PIB.1

2.- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Tecnología, UNESCO, señaló a través del Indice Artesanía-Turismo, que en países industrializados la producción y comercialización de artesanías, tienen y poseen una especial relevancia en la economía local con impacto en la nacional.

Bajo esa tesitura, puso de ejemplo a Italia, en la cual estimó que del total de empresas, el 24% eran empresas con vocación artesanal y empleaban el 20% de los empleos en el sector privado, así mismo, indicó que la producción artesanal italiana representaba el 17% de las exportaciones.2

Para el caso de México, en su gran mayoría las empresas artesanales, 98% del total, son pequeñas y medias empresas, que utilizan como materia prima recursos de origen natural, mineral y animal. La producción artesanal, principalmente tiene como destino Estados Unidos de Norteamérica, 91%, y para la Unión Europea es del 2.7%.3

3.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó por medio de la Cuenta Satélite de Turismo 2012, que la producción de bienes y servicios en el sector turístico ascendió a 1, 272, 134 millones de pesos corrientes, aportándole al PIB nacional el 8.4%. En tal cuenta se registró un total de bienes turísticos por 199,896 millones de pesos corrientes, de éstos 57,132 millones de pesos corrientes corresponden a la producción artesanal, significando apenas el4.5% del valor monetario total del sector turístico.

En la misma fuente estadística, Cuenta Satélite de Turismo 2012, se contabilizó un total de puestos de trabajo ocupados en el sector turístico por 2 millones 279 mil 170 personas, de los cuales el 9.6% correspondió al sector artesanal, es decir, 219 mil 520 personas, ésta cifra observó una variación positiva del 1.4% respecto al año anterior inmediato, derivado en que se registró un incremento de 3 mil 18 personas dedicadas a esta actividad económica en comparación a 2011, que ascendió a los 216 mil 502 personas.4

4.- Ahora bien, el 14 de marzo de 2012, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, CESOP, llevó a cabo el Foro “Las artesanías en México. Situación actual y retos”. En este foro participaron legisladores, dependencias e instancias de la administración pública federal, además, de académicos y artesanos.

En este foro se elaboró y presentó una declaración, relativa a la situación que guarda la producción artesanal a nivel nacional, ésta se encuentra conformada por 7 disposiciones, que entre las más importantes destaca la necesidad de proteger las artesanías de la piratería, competencia desleal y otras acciones tendientes que merman los derechos de autor y propiedad intelectual; así como que la producción artesanal conlleva el fortalecimiento de la identidad de los pueblos y comunidades indígenas en favor del derecho humano a la cultura y respeto a la libertad creativa.

Empero, esta declaración careció de acciones y lineamientos para la comercialización de la producción artesanal.5 En su momento la ex Directora Nacional del Fondo Nacional de las Artesanías, Lic. Rafaela Luft Dávalos: 2008, manifestó y señaló la importancia de promover una legislación en defensa de las artesanías, con especial énfasis sobre su comercialización a nivel exterior, mismo que permitirá coadyuvar con el fenómeno socioeconómico de la piratería.

5.-Finalmente, es desafortunado, en el Diagnóstico de la Capacidad de los Artesanos en Pobreza para Generar Ingresos Sostenibles, publicación del Fondo Nacional de Fomento de las Artesanías, FONART, señala en términos generales que muchas y muchos de los artesanos habitan en localidades donde no existen las condiciones más mínimas para generar ingresos sostenibles con motivo de su producción artesanal. Esta situación no es fortuita debido en que sus localidades no cuentan con instituciones que les puedan otorgar créditos, además, de la desarticulación que se presenta en los mercados a los que van dirigidos, consumo, así como en su gran mayoría se ven en la necesidad de entregar su producción artesanal a los intermediarios o acaparadores por la falta de canales de distribución.6

Objeto de la proposición con punto de acuerdo:

         La presente proposición con punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar al Titular del Ejecutivo Federal para que instruya a las Secretarías de Economía y Turismo, y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como a sus homólogas a nivel estatal, para que se coordinen e implementen programas y acciones de difusión, fomento, organización, publicitación y patrocinio para la comercialización de los productos y actividades artesanales a nivel nacional, en pro de la producción artesanal, ello con el objetivo de apoyar y promover el desarrollo local, en razón de que el turista gasta casi 35.3 dólares para la adquisición de artesanías7.

Al mismo tiempo, la producción artesanal, tiene la capacidad de crear y generar empleos de forma sostenible, que poseen como virtud ser menos vulnerables a las externalidades negativas de las contracciones del ciclo económico. Además de emplear de manera intensiva mano de obra, con el cual sus productores tienen como cualidades la creación y especialización pero desafortunadamente sus remuneraciones son bajas, alrededor de un salario mínimo8.

Además, el presente exhorto busca que la Cámara de Diputados, en su facultad exclusiva enmarcada en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al análisis, discusión y modificación del gasto neto total, incremente en términos reales los recursos asignados al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONART, para el ejercicio presupuestal 2015, ya que este fondo federal sujeto a reglas de operación por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, coadyuva a incrementar la línea de bienestar de las y los artesanos en México, debido a que del total de artesanos, el 81.8%carece de acceso a los servicios de seguridad social y el37.5%de una alimentación adecuada.9

Por lo tanto, a partir de la implementación e instrumentación de acciones públicas tendientes al fortalecimiento de la producción artesanal, las autoridades federales y estatales, permitirán materializar y seguir salvaguardando la composición pluricultural de la nación, que radica y subyace en sus pueblos indígenas, al mismo tiempo, promoverá, respetará, protegerá y garantizara los derechos humanos de este sector vulnerable de la población, lo anterior como lo mandatan los artículo y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior con el fin de beneficiar a quienes se dedican a la creación, promoción y venta de productos y actividades artesanales, sometemos a la consideración del pleno de esta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO.- La Cámara de Senadores exhorta de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal, para que instruya a la Secretaría de Economía, de Turismo y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como a sus homólogas en las entidades federativas, a que implementen los programas y acciones de difusión, fomento, organización, publicitación y patrocinio para la comercialización de los productos y actividades artesanales a nivel nacional.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el ejercicio de su facultad exclusiva en materia de análisis, discusión, aprobación y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación, incremente en términos reales los recursos asignados al Programa del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías, FONART, en su vertiente de “Apoyos a la Comercialización”, para el ejercicio presupuestal 2015, asignados en el ramo administrativo 20 “Desarrollo Social”.

Dado en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 14 de octubre de 2014.

Atentamente

Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Oscar Román Rosas González”.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Romero Celis. Túrnese a la Comisión de Fomento Económico.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Sonido en el escaño del Senador Romo, Medina.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Solamente para preguntarle a la Senadora si me permite sumarme a su punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: ¿Está de acuerdo, Senadora proponente? Al igual todos los Senadores que deseen. Tome nota la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con todo gusto, para que se sumen a esta iniciativa, muchas gracias.

1 La cultura importa en el crecimiento económico, artículo del 9 de octubre de 2007,
www.iadb.org/es/noticias/articulos/2007-10-09/la-cultura-importa-en-el-crecimiento-economico,4058.htlm

2 Indice UNESCO. Artesanía-Turismo, París, mayo de 2004,
http://www.unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136238s.pdf

3 Ibíd., pág. 4.

4 Cuenta Satélite del Turismo de México 2003-2012. Año base 2008,
www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tavniveles.aspx?s=est&c=33657

7 Ibíd., Indice UNESCO. Artesanía-Turismo…

8 Las artesanías en México, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, marzo de 2012, file:///C:/Users/SENADO/Downloads/Contexto_No.20-Artesania-en-mexico%20(1).pdf





 

Se concede el uso de la tribuna al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a incentivar y fomentar la denuncia ciudadana.

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su permiso, señor Presidente.

Este punto de Acuerdo que vengo a presentarles, trata un tema que me parece que es fundamental para poder aprovechar y potencializar el uso de herramientas, como son las tecnologías de la información, que nos podría llevar en muchas ocasiones hasta salvar una vida; y es precisamente el fomentar, y que los tres niveles de gobierno utilicen esas herramientas para fomentar la participación ciudadana, que yo estoy seguro que coadyuvaría de manera muy importante para prevenir casos muy lamentables y graves que estamos padeciendo en nuestro país, particularmente en una población tan importante, como son nuestros niños.

Y es que en México aspiramos a ser una democracia plena, que contempla los elementos fundamentales de todo régimen contemporáneo, como la igualdad de oportunidades, una pronta y expedita impartición de justicia y que exista una auténtica participación ciudadana tanto en la construcción de las políticas públicas, como en el perfeccionamiento de éstas con base a las necesidades de la población.

En ese sentido la OCDE, se ha referido a que existen al menos tres modalidades en las cuales las instituciones públicas pueden relacionarse con la ciudadanía, que son a través de una absoluta difusión de la información pública, mediante la consulta directa a la ciudadanía o con el fomento de la participación activa de los ciudadanos, en la que éstos participen en la toma de decisiones y en la elaboración de las políticas públicas.

Así, gracias a los avances tecnológicos que viven en nuestros días, el uso de las tecnologías de la información coadyuva en el fortalecimiento del vínculo existente entre la ciudadanía y las instituciones, que sin duda es sumamente relevante porque permite a los gobiernos implementar una serie de plataformas mediante las cuales puede ahondar en el alcance de temas como la seguridad pública, la atención de emergencias o denuncias de cualquier índole que pueden ser atendidas en tiempo real y, muchas veces, de manera muy eficiente.

En México, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales han implementado paulatinamente diversos mecanismos que facilitan la culminación de trámites a través de Internet, tratando de cimentar un gobierno verdaderamente electrónico, que además de disminuir el tiempo de un trámite, genere importantes ahorros relacionados con el papel, impresiones, entre otras muchas cosas.

No obstante de todo lo anterior, el día de hoy un tema sumamente importante que tiene presencia en nuestra sociedad es la inseguridad y los actos ilícitos, que en las mayorías de las ocasiones permanece en la impunidad debido a que no existe una denuncia formal de cualquier especie de delito.

De acuerdo a datos del INEGI, de hecho lo que se denomina cifra negra, que son los delitos que ocurren, pero que no se denuncian, revelan que a nivel nacional esta cifra asciende a cerca del 91.6 por ciento de los delitos cometidos, en los cuales no hubo denuncia o no se inició una averiguación previa.

De este modo, del 100 por ciento de los no denunciantes, el 63 por ciento sostiene que no realizaron la denuncia correspondiente debido a que consideran que hay deficiencias en la autoridad, que es una pérdida de tiempo o simple y sencillamente les genera desconfianza en las autoridades ministeriales.

En ese sentido, tanto la Procuraduría General de la República, como algunas otras entidades en los estados, han implementado la denuncia ciudadana, a fin de que los ciudadanos denuncien los ilícitos de los que son víctimas y, a la vez, se sienta con mayor confianza de hacerlo al ser esto de manera anónima.

Del mismo modo, en diversos estados del país existen consejos ciudadanos de seguridad pública, los cuales pretenden ser un enlace entre las autoridades y la ciudadanía en materia de prevención, denuncia y persecución de los delitos.

Así, la principal herramienta que utilizan los consejos ciudadanos está basada en las tecnologías de la información, toda vez que mediante un mensaje de texto que contenga una fotografía, muchas veces un video o simple y sencillamente un texto, pueda realizarse una denuncia.

Sin embargo, este mecanismo no es homólogo, no se utiliza de manera uniforme en todo el territorio nacional, lo cual debería ser implementado desde las instituciones de procuración de justicia y de prevención del delito, en tanto que para alcanzar la seguridad de los ciudadanos no se debe escatimar esfuerzos ni recursos, además de que la participación de la ciudadanía es fundamental para lograrlo.

No obstante lo anterior, en nuestra sociedad contamos con diversas problemáticas que son lamentables y graves, como les comentaba al inicio de mi intervención, las que, sin duda, la denuncia anónima y ciudadana podrían coadyuvar de manera importante para revertirlas. Uno de estos problemas, como les comenté, es el caso de bullying, fenómeno del que todos estamos convencidos, tenemos y es urgente erradicar; y que si bien, hemos aprobado recientemente la ley que buscará, entre otras cosas, prevenir y sancionar esta problemática, es importante señalar que el uso de las tecnologías de la información resulta una herramienta fundamental para promover la denuncia ciudadana y ayudar a que este lamentable fenómeno, ahora sí, de una vez por todas, desaparezca de nuestra sociedad.

Como sabemos, de acuerdos de datos de la OCDE, México ocupa, hoy por hoy, el primer lugar internacional de casos de bullying en la educación básica, esto podría estar afectando a los cerca de 19 millones de alumnos de primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en privada y este gran número de menores, estoy seguro, que de existir una herramienta de esta naturaleza, podría generar denuncias que podrían ser utilizadas para proteger a nuestros niños.

Según cifras de la Secretaría de Salud, al año fallecen poco menos de 60 mil personas, de las cuales, cuatro mil 972 ocurren a causa del suicidio, y de estos el 59 por ciento se debe a causas relacionadas con el acoso físico, psicológico y, ahora, cibernético también entre los estudiantes.

En este rubro es sumamente grave porque el suicidio entre los menores de edad, entre 5 y 13 años, principalmente, se ha incrementado, ya que además del ámbito escolar los menores son humillados y maltratados en las redes sociales.

En ese sentido, en mi estado, por ejemplo, Campeche, existe un alto índice de suicidios, de hecho es el primer lugar a nivel nacional, los cuales se han tratado de prevenir; no obstante, no se tiene aún el diagnóstico certero de la causa de este fenómeno; sin embargo, es preciso implementar a la brevedad recursos que permitan utilizar denuncias de inmediato que alerten a las autoridades.

Con todo lo anterior, amigas y amigos, este punto de Acuerdo pretende congregar la voluntad de las autoridades y de los ciudadanos a participar en la denuncia anónima, que además de atacar frontalmente a la impunidad y a la comisión de delitos, ayude a generar una conciencia ciudadana, que consista en sensibilizar a todos los mexicanos respecto a la erradicación de las problemáticas que hoy nos afectan como sociedad.

Lo que pretende esta proposición es señalar la importancia que podría tener el enviar un mensaje, una alerta, que podría salvar muchas veces una vida o evitar que cualquier acto ilícito se cometa en un futuro que, en ocasiones, podría ir en contra de nuestras propias familias.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo, con un resolutivo único:

La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al gobierno federal, así como a los gobiernos estatales y municipales, a implementar el uso de tecnologías de la información para la realización de denuncias ciudadanas que permitan la prevención de actos ilícitos y la comisión de actividades que vulneran la integridad física y psicológica de las personas; así como a la de los menores de edad, denuncias a fin de que se puedan atender de manera focalizada, pronta y eficaz cualquiera de los actos mencionados.

Por su atención y esperando su solidaridad al respecto de este punto de Acuerdo, les agradezco.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO A INCENTIVAR Y FOMENTAR LA DENUNCIA CIUDADANA, A FIN DE ERRADICAR LA COMISION DE ACTOS ILICITOS Y DE AQUELLOS QUE VULNERAN LA INTEGRIDAD FISICA Y PSICOLOGICA DE LAS PERSONAS Y LOS MENORES DE EDAD

“El que suscribe, Jorge Luis Lavalle Maury, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO A INCENTIVAR Y FOMENTAR LA DENUNCIA CIUDADANA, A FIN DE ERRADICAR LA COMISION DE ACTOS ILICITOS Y DE AQUELLOS QUE VULNERAN LA INTEGRIDAD FISICA Y PSICOLOGICA DE LAS PERSONAS Y LOS MENORES DE EDAD, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Un elemento característico de los regímenes políticos contemporáneos, consiste en que cada vez exista una mayor participación de la ciudadanía en las acciones de gobierno. Esto con el fin de que las políticas públicas, respondan de manera precisa a las necesidades que plantea la población.

En ese sentido, la OCDE se ha referido a que existen al menos tres modalidades en las cuales las instituciones públicas, pueden relacionarse con la ciudadanía, a saber:

  • Mediante la Información.

 

Las Instituciones Públicas difunden, por iniciativa propia, informaciones sobre la elaboración de las políticas, o bien los ciudadanos obtienen información a partir de su propia demanda. De este modo, el flujo de información está orientado esencialmente en una sola dirección que va de las instituciones públicas hacia los ciudadanos; se trata de una relación unidireccional.

  • A través de la Consulta

 

En esta, las instituciones públicas demandan y reciben propuestas de los ciudadanos sobre la elaboración de políticas públicas. Para obtener estas, las instituciones definen de qué interlocutores desean recibir una opinión, así como los puntos precisos sobre los cuales opinar. Para que esto sea posible, también es necesario informar previamente a los ciudadanos sobre estos puntos. En estos términos, la consulta crea una relación bidireccional limitada entre las instituciones públicas y los ciudadanos.

  • Mediante la participación activa.

 

Consiste en que los ciudadanos participan activamente en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas públicas. En este sentido, la participación activa se refiere a que los mismos ciudadanos jueguen un rol en la elaboración de políticas públicas; por ejemplo proponiendo alternativas. Sin embargo, tanto la definición de una política como la decisión final sigue siendo responsabilidad del gobierno. Este tipo de participación ciudadana en la toma de decisiones crea una relación bidireccional elaborada por las instituciones públicas y los ciudadanos y se fundamentan en el principio de la coparticipación.

Acorde con lo anterior, en el marco de los avances tecnológicos que se viven en nuestros días, el uso de las Tecnologías de la Información, coadyuva en el fortalecimiento el vínculo existente entre la ciudadanía y las instituciones, que es sumamente relevante.

El uso de estas tecnologías, permite a los gobiernos implementar una serie de plataformas mediante las cuales pueden ahondar en el alcance de cada uno de los rubros que se mencionaron un poco antes y en particular, en temas de seguridad pública, atención de emergencias, o denuncias de cualquier índole en tiempo real.

Asimismo, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales, han implementado paulatinamente diversos mecanismos que facilitan la culminación de trámites a través de internet, tratando de concretar un gobierno verdaderamente electrónico, que además de disminuir el tiempo de un trámite, genera importantes ahorros relacionados con el papel, impresiones, entre otras cosas; además de que permite que el gobierno cuente con mejor seguimiento y control de las diversas áreas de la Administración Pública, lo cual deriva en una mayor eficacia en los servicios.

No obstante todo lo anterior, al día de hoy un tema sumamente importante que tiene presencia en nuestra sociedad, es la inseguridad y los actos que en la mayoría de las ocasiones permanecen en la impunidad debido a que no existe una denuncia formal de cualquier especie de delito u omisión.

De acuerdo a datos del INEGI, lo que se denomina cifra negra, que son los delitos que ocurren pero que no se denuncian, revelan que a nivel nacional esta cifra  asciende a 91.6% de los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició averiguación previa. De este modo, del 100% de los no denunciantes, el 63.2% sostienen que no realizan la denuncia correspondiente debido a deficiencias en la autoridad, pérdida de tiempo y desconfianza en las autoridades ministeriales.

En este sentido, tanto la Procuraduría General de la República, como algunas otras de los estados, han implementado la Denuncia Ciudadana, a fin de que los ciudadanos denuncien los ilícitos de los que son víctimas y a su vez, se sientan con mayor confianza de hacerlo.

Del mismo modo, en diversos estados del país existen Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública, los cuales pretenden ser un enlace entre las autoridades y la ciudadanía en materia de prevención, denuncia y persecución de los delitos. Así, la principal herramienta que estos Concejos Ciudadanos está basada en las tecnologías de la información, toda vez que mediante un mensaje de texto que contenga una fotografía o video, puede realizarse este tipo de denuncia.

Sin embargo, este mecanismo no se utiliza de manera uniforme en todo el territorio nacional, lo cual debería de ser implementado desde las instituciones de procuración de justicia y de prevención del delito, en tanto que para alcanzar la seguridad de los ciudadanos no se deben escatimar esfuerzos ni recursos, además de que la participación de la ciudadanía es fundamental para lograrlo.

Como ejemplo, pueden señalarse las cifras que ofrece el Concejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal, las cuales reflejan que se tienen registrados cerca de 39 mil mensajes de texto mediante los cuales se realizó una denuncia; 1, 600 situaciones de emergencia que fueron atendidas por este medio, y; 5,671 denuncias de actos delictivos que se estaban realizando a ojos de los ciudadanos denunciantes.

No obstante lo anterior, en nuestra sociedad contamos con diversas problemáticas que son lamentables y graves, que sin duda la denuncia anónima y ciudadana podrían coadyuvar a revertirlas. Uno de estos problemas es el Bullying, fenómeno que sin lugar a dudas todos estamos convencidos que debemos de erradicar y que una de las herramientas podría ser la denuncia mediante el uso de las tecnologías de la información.

Si bien existen en las redes sociales diversos videos que muestran situaciones de bullying, estas mismas grabaciones pueden ser utilizadas para que los mismos niños que las graban, realicen una denuncia, que alerte a los maestros, padres de familia y autoridades, a fin de que se atienda rápidamente y se garantice la seguridad de nuestros niños.

En efecto, según un estudio de la OCDE, México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica ya que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria, tanto públicas como privadas. Este mismo análisis, señala que entre los países miembros el 40.24 por ciento de los estudiantes declaró haber sido víctima de acoso; 25.35 por ciento haber recibido insultos y amenazas; 17 por ciento ha sido golpeado y 44.47 por ciento dijo haber atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y ahora a través de las redes sociales.

Por otro lado, investigaciones del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México detallan que de los 26 millones 12 mil 816 estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria, alrededor de 60 y 70 por ciento ha sufrido bullying y, aun cuando se carece de registros certeros, la ausencia de políticas para prevenir la violencia y el acoso escolar han derivado en bajo rendimiento, deserción, así como en un incremento de suicidio.

Se estima, conforme a estadísticas oficiales del Secretaría de Salud, que al año fallecen 59 mil 562 personas, de las cuales 20 mil 643 corresponden a homicidios; 14 mil 343 a accidentes de tránsito; 4 mil 972 a suicidios; dos mil 315 por caídas; mil 842 por ahogamiento; 548 por quemaduras; mil 43 por envenenamiento y 13 mil 856 por causas diversas sin especificar.

De igual manera establece que de los suicidios por razones diversas, el 59 por ciento se debe a causas relacionadas con el acoso físico, psicológico y ahora cibernético entre estudiantes. En este rubro, es sumamente grave que el suicidio entre menores de edad, de 5 a 13 años, principalmente, se ha incrementado ya que además del ámbito escolar los menores son humillados y maltratados en las redes sociales.

En este sentido, en mi estado, Campeche, existe un  alto índice de suicidios, los cuales se han tratado de prevenir, no obstante no se tiene aún el diagnóstico certero de la causa de este fenómeno, sin embargo, es preciso implementar a la brevedad recursos que permitan realizar denuncias de inmediato, que alerten a las autoridades.

Con todo lo anterior, esta proposición busca congregar la voluntad de las autoridades y de los ciudadanos a participar en la denuncia anónima que, además de atacar frontalmente a la impunidad y la comisión de delitos, genere una conciencia ciudadana que consista en sensibilizar a todos los mexicanos respecto a que la erradicación de las problemáticas que hoy nos afectan como sociedad, mismas que con el paso del tiempo podrían afectarnos a nosotros mismos, encuentran gran parte de su solución en la misma ciudadanía.

De este modo, enviar un mensaje, una alerta, podría salvar una vida o evitar que cualquier acto ilícito se cometa en un futuro, en contra de nuestra propia familia. Como ya se señaló, la tendencia internacional en la materia de participación ciudadana, apunta en la dirección del uso de las tecnologías de la información, para la construcción de políticas públicas y para la resolución de diversas problemáticas sociales.

Sin duda, para las instituciones públicas sería más conveniente recibir las denuncias de manera directa del lugar en el que se está cometiendo algún acto ilícito o, como es el caso del bullying, donde se está lastimando a un menor, a fin de poder actuar de manera pronta y eficaz cualquiera de estos tipos de problemáticas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, así como a los gobiernos estatales y municipales, a implementar el uso de tecnologías de la información, para la realización de denuncias ciudadanas, que permitan la prevención de actos ilícitos y la comisión de actividades que vulneran la integridad física y psicológica de las personas y los menores de edad; así como también, a fomentar entre la ciudadanía este tipo de denuncias, a fin de que se puedan atender de manera focalizada, pronta y eficaz, cualquiera de los actos mencionados.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a 14 de octubre de 2014.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury”.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Lavalle Maury. Túrnese a las Comisiones de Justicia; y de Anticorrupción y Participación Ciudadana.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre las acciones que llevará acabo en el marco de la transformación del programa Oportunidades en Prospera.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

Desde 1988, año en el que fue puesto en marcha el programa Solidaridad, el gobierno ha planteado una estrategia focalizada y asistencial como base para el combate de la pobreza, esta fue reproducida en Progresa; después en el programa Oportunidades; y ahora bajo el programa Prospera.

Curiosamente presentado en Ecatepec, bastión electoral del Estado de México.

A decir del Ejecutivo, el giro que se da al combate a la pobreza, busca dotar a las familias de alternativas para incorporarse a la vida productiva.

Este anuncio llega a un par de semanas de que el Banco Mundial dio a conocer el reporte Resultados del Programa Oportunidades, donde se hace una fuerte crítica a dicho programa en el sentido de que no cumple con sus objetivos principales que incluyen asegurar la movilidad social y crear las condiciones para salir de manera permanente de la pobreza.

Esto no es nuevo, distintas organizaciones de la sociedad civil, expertos en la materia e, incluso, el mismo CONEVAL, han puesto en evidencia el mal desempeño de la estrategia; y es una lástima que el gobierno haya sido omiso hasta ahora que viene del Banco Mundial, nuevamente, a plantear desde su visión cambios a su estrategia.

Recordemos las recomendaciones de este organismo a finales de los años 90’s para imponer el dogma neoliberal que reduce la pobreza a un estómago que debe alimentarse con un paradigma sustentado en un ingreso mínimo diario omitiendo necesidades básicas en un ser humano.

Esto no debe de extrañarnos si también tomamos en cuenta que en los últimos años este organismo ha prestado montos considerables a este programa. Tan sólo en el 2014 aprobó un préstamo por 300 millones de pesos.

Fíjense en esta contradicción; a una estrategia que reprueba en términos de evaluación el mismo Banco Mundial, continúa prestándole sustanciosas sumas de dinero con cargo al erario mexicano.

No cabe duda que esto obedece más a una lógica de negocios que a una intención social. No se debe lucrar con la pobreza. Lo cierto es que el programa es parte de un sistema de protección social débil, segmentado y estratificado que privilegia acciones focalizadas por encima de políticas universales.

En términos económicos no existe congruencia entre la cantidad de recursos que se designaron al programa y el número de beneficiarios.

En 2007 con un presupuesto de 36 mil millones de pesos, se atendían a 5 millones de familias; para el ejercicio fiscal 2014 con más de 73 mil millones de pesos se beneficia a 5.9 millones de familias; es decir, de 2007 al presente año el monto de los recursos asignados al programa fueron duplicados, mientras que el número de beneficiarios apenas creció en 900 mil familias.

Si repartiéramos el monto de los recursos asignados en 2014 entre el número de familias beneficiadas les tocarían a cada uno 12 mil 356 pesos.

Como puede verse, es en un contexto de más dudas que aciertos, que transitamos de Oportunidades a Prospera y, como lo ha demostrado la experiencia en nuestro país, esto nunca ha representado una mejoría en los niveles de bienestar de la población; se cambia el nombre, pero la estrategia y mañas son las mismas.

Puedo demostrarles con conocimiento y pruebas en mano del manejo de este programa con fines electorales, donde a la gente la están excluyendo por contar con otra afiliación política. Incluso, recientemente en este recinto legislativo, operadores de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, me externaron su inquietud por la diferenciación partidista que se hace para tener el beneficio de algún programa.

Siempre daremos la bienvenida al debate para dar un nuevo rumbo al diseño y operación de la política social del país. Sin embargo, este tipo de cambios no debe darse por Decreto, deben atender la complejidad de un tema que involucra aspectos estructurales de la sociedad, tales como la pobreza crónica y la desventaja de los individuos para participar en una sociedad bajo igualdad de oportunidades.

Además, un cambio de estrategia de superación de la pobreza debe apegarse a los principios establecidos en la Ley General de Desarrollo Social. El gobierno no puede ni debe seguir adivinando qué curso va a tomar una política que afectará a millones de familias mexicanas.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES QUE LLEVARA A CABO EN EL MARCO DE LA TRANSFORMACION DEL PROGRAMA “OPORTUNIDADES” EN “PROSPERA”, PARA DISMINUIR LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE VIVEN EN POBREZA

“La suscrita ,Senadora Lorena CuEllar Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en numeral 1, fracción II del artículo 8 y artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno la presente proposición con Punto de Acuerdo, por la que se EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES QUE LLEVARA A CABO EN EL MARCO DE LA TRANSFORMACION DEL PROGRAMA “OPORTUNIDADES” EN “PROSPERA”,  PARA  DISMINUIR LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE VIVEN EN POBREZA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde 1988 que fue puesto en marcha el Programa Solidaridad, el gobierno ha planteado una estrategia focalizada y asistencial como base para el combate de la pobreza, misma que fue reproducida por Progresa y posteriormente Oportunidades.

El martes pasado, Enrique Peña Nieto anunció la transformación de  Oportunidades en el Programa PROSPERA.  

Dicho cambio, a decir del Ejecutivo, busca dotar a las familias que viven en pobreza, de alternativas para incorporarse a la vida productiva.

Y este anuncio llega justo a una semana de que el Banco Mundial dio a conocer el reporte “Resultados del Programa Oportunidades”; donde hace una fuerte crítica a dicho programa ya que no está cumpliendo con sus objetivos primordiales de asegurar la movilidad social y crear las condiciones para salir de manera permanente de la pobreza.

Por si esto no fuera suficiente, existen distintas percepciones y evaluaciones desde la sociedad civil  que han denunciado las fallas de dicha Estrategia principalmente por:

1. El presunto uso de los recursos de este programa con fines electorales, situación que constituye un delito y resulta vergonzoso ante la crítica situación en la que viven millones de familias mexicanas.

2. La operación del programa  dentro de un sistema de protección social débil, segmentado y estratificado, y que ha privilegiado  en las últimas décadas acciones de tipo focalizado por encima de políticas universales.

3. Poca o nula credibilidad del Programa.

Asimismo, en términos financieros, no existe congruencia entre la cantidad de recursos que se destinaron al programa y el número de beneficiarios: En 2007, con un presupuesto de 36 mil millones de pesos se atendían a 5 millones de familias. Para el ejercicio fiscal, 2014, con más de 73 mil millones de pesos, se beneficia a 5.9 millones de familias.

Es decir, de 2007 al presente año el monto de los recursos asignados al programa fueron duplicados, mientras que el número de beneficiarios apenas creció en 900 mil familias. Si repartiéramos el monto de los recursos asignados en 2014 entre el número de familias beneficiarias, a cada una le tocarían $12,356.

En este contexto, es que el Gobierno reconoce y se ve en alerta de actuar para resolver los problemas del Programa, asido de la mano del Banco Mundial, nuevamente.

Son inolvidables las reiteradas recomendaciones que dicho organismo hiciera a finales de los 90´s para imponer el dogma neoliberal que reduce la pobreza a un estómago que se debe alimentar, con un paradigma central sustentado en un ingreso mínimo diario, omitiendo necesidades básicas en un ser humano.

Y es así que hoy pasaremos de Oportunidades a Prospera, sin embargo, como lo ha demostrado la experiencia en nuestro país, estos cambios no han representado una mejoría sustancial en los niveles de bienestar de la población; solo se cambia el nombre, pero la Estrategia es la misma.

¿Qué garantía nos ofrece ahora el Gobierno para que esta vez las familias puedan incorporarse  a la vida productiva y salgan del umbral de pobreza?

Independientemente de factores externos, el desempeño de Oportunidades ha sido malo y debe reconocer que el planteamiento conceptual y sustancial del Programa no es efectivo para atender la vulnerabilidad de los beneficiarios al no dar certeza para que estos rompan el ciclo intergeneracional de la pobreza; además de estar inserto en un sistema de protección social débil, segmentado y estratificado, y que privilegia acciones de tipo focalizado por encima de políticas universales.

Siempre daremos la bienvenida al debate para dar un nuevo rumbo al diseño y operación de la política social del país, sin embargo, este tipo de cambios no deben ser por decreto, sino que deben entender aspectos profundos de la estructura social tales como la pobreza crónica y la desventaja de los individuos para participar en una sociedad  bajo igualdad de oportunidades.

Un cambio a la Estrategia de superación de la pobreza debe apegarse a los principios establecidos en la Ley General de Desarrollo Social, y revisada en el seno de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, como lo establece la misma Ley.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, remita a esta Soberanía un informe acerca de las acciones que llevará a cabo en el marco de la transformación del Programa “Oportunidades” en “Prospera” para atender de manera efectiva y disminuir la cantidad de personas que viven en condiciones de pobreza.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de octubre de 2014.

Sen. Lorena Cuellar Cisneros”.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. Túrnese el presente punto de Acuerdo a la Comisión de Desarrollo social.





 

Se le concede el uso de la tribuna al Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a investigar las acciones de Grupo SIMSA en el estado de Zacatecas.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

En la implementación de un nuevo modelo energético constitucional se busca concretizar uno de los fines primordiales de la reforma, democratizar el acceso a los insumos energéticos. Los órganos reguladores en materia energética son pieza clave en el proceso, son los encargados de que el sector avance con claros estándares de competencia y competitividad. La Comisión Reguladora de Energía, es uno de ellos.

La CRE tiene por objeto regular y promover el desarrollo eficiente del transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público en su caso de petróleo, gas natural entre otros.

La Comisión Reguladora de Energía tiene como misión la regulación de manera transparente, imparcial y eficiente de las industrias del gas.

A su cargo está la importante tarea de generar certidumbre que fomente la inversión y una sana competencia.

Como integrante del Partido Verde, estuve a favor de las reformas a nuestro sector energético y hoy más que nunca estoy convencido de que los cambios fueron acertados.

El marco jurídico actual nos permite contar con las herramientas necesarias para exigir la competencia en el sector, así como el respeto de los intereses y derechos de los nacionales.

Y es por ello que vengo a esta tribuna a hacer pública una situación que acontece en mi estado, el estado de Zacatecas, el estado que orgullosamente represento ante este Senado.

Grupo SIMSA es un constructor y concesionario del transporte de gas natural; y en fechas recientes ha realizado actos presuntamente falsos a la ley, acciones discriminatorias entre los usuarios y consumidores nacionales que requieren de sus servicios.

Grupo SIMSA ha negado la conexión a gasoductos a empresas locales que requieren de este valioso insumo primario para generar empleo, bienes y servicios para las familias zacatecanas.

Cabe mencionar que con gran esfuerzo el gobierno del estado de Zacatecas aportó el 12.8 por ciento del financiamiento del gasoducto.

Y por otro lado, legalmente están imposibilitados a negar la interconexión, ya que el gasoducto es un servicio público.

Adicionalmente a lo anterior, la Comisión Reguladora de Energía ha resuelto recientemente que se debe de otorgar el acceso abierto al sistema y prestar el servicio de transporte en base firme e interrumpible a todos los usuarios que así lo requieran.

Las acciones que se están realizando por este grupo concesionario son actos meramente dilatorios; y de no poner un alto seguirán causando graves daños y perjuicios económicos a empresas zacatecanas, porque se les está negando ilegalmente el acceso a los energéticos necesarios para la producción de bienes y generación de empleos.

De no actuar lo más prontamente posible, se puede encausar afectaciones irreparables a la economía del estado de Zacatecas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, considero necesario realizar este punto de Acuerdo, a efecto de exhortar de manera respetuosa a la Comisión Reguladora de Energía y alentarla a las acciones ilegales que ha llevado este grupo empresarial SIMSA realiza, sobre todo porque tal grupo pretenden concursar para el transporte en otras entidades federativas.

 De conformidad con el artículo 22 de la Ley de Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética la Comisión Reguladora de Energía tiene facultades y atribuciones para imponer sanciones en el ámbito de su competencia, solicitar a los sujetos regulados información o documentación. Confiamos en que la Comisión Reguladora de Energía para que detenga la obstaculización injustificada y las prácticas discriminatorias a la industria zacatecana.

El Estado debe garantizar que los energéticos lleguen a todos en aras de la productividad del país, esto es parte de la democratización energética. Los particulares que no cumplan la ley en materia energética y limiten el acceso al gas natural atentan contra los nacionales, detienen la productividad nacional; y éstos deben de ser sancionados.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este Pleno de la Cámara de Senadores, con una moción de urgente y obvia resolución, la siguiente resolución con punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía.

Primero.- A intervenir para proporcionar un trato igualitario a la industria zacatecana en el acceso y conexión al sistema de gasoductos.

Segundo.- Realizar visitas de verificación, inspección y supervisión a Grupo SIMSA, para constatar que realiza sus actividades en cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables.

Tercero.- Requerir la presentación de información y documentación a Grupo SIMSA, para comprobar que realiza el suministro y la prestación de los servicios a precios competitivos en beneficio de los usuarios.

Cuarto.- Citar a comparecer a los representantes de Grupo SIMSA, para verificar si está propiciando una adecuada cobertura, atendiendo la confiabilidad, calidad y seguridad en la prestación de los servicios de distribución de gas natural.

Quinto.- A supervisar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables por parte de Grupo SIMSA en el estado de Zacatecas y, en su caso, aplicar las sanciones procedentes.

Por su atención y su respaldo, compañeras y compañeros Senadores, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA A INVESTIGAR LAS ACCIONES DE GRUPO SIMSA EN EL ESTADO DE ZACATECAS.

“Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía  a investigar las acciones de Grupo SIMSA en el Estado de Zacatecas.

CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS; Senador de la República, integrante de esta LXII Legislatura; en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, párrafo 1, Fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y con fundamento además en lo dispuesto por los artículos 103, párrafo 2, fracción III, 108 y 109 del mismo ordenamiento, someto a la consideración de esta H. Asamblea, con moción de urgente resolución, Proposición con Punto de Acuerdo, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

En la implementación de un nuevo modelo energético constitucional, se busca concretizar uno de los fines primordiales de la reforma: democratizar el acceso a los insumos energéticos.

Los órganos reguladores en materia energética son pieza clave en el proceso. Son los encargados de que el sector avance con claros estándares de competencia y competitividad. La Comisión Reguladora de Energía (CRE), como uno de estos órganos reguladores, cuenta con  personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, así como autosuficiencia presupuestaria.

La CRE tiene por objeto regular y promover el desarrollo eficiente del transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público, en su caso, de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo en el caso de actividades vinculadas a ductos, petrolíferos, petroquímicos y biocombustibles.

La CRE tiene como misión la regulación  de manera transparente, imparcial y eficiente de las industrias del gas, los refinados derivados de hidrocarburos y de electricidad, generando certidumbre que aliente la inversión productiva, fomentando una sana competencia, propiciando una adecuada cobertura y atendiendo a la confiabilidad, calidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios, a precios competitivos, en beneficio de los usuarios.

Como integrante del Partido Verde estuve a favor de las reformas a nuestro sector energético y hoy más que nunca estoy convencido de que los cambios fueron acertados. El marco jurídico actual nos permite contar con las herramientas necesarias para exigir la competencia en el sector, así como el respeto de los intereses y derechos de los nacionales.

En Zacatecas, el estado que orgullosamente represento en este Senado, Grupo SIMSA, propiedad de los señores Issa Tafich, constructor y concesionario del transporte del gas natural en el estado, realiza actos presuntamente faltos a la ley, acciones discriminatorias entre los usuarios y consumidores que requieren de sus servicios.

El Grupo SIMSA ha negado ilegalmente, a la empresa Cesantoni, S.A. de C.V, la conexión a gasoductos, siendo el gasoducto un servicio público.

Cabe mencionar que con gran esfuerzo el Gobierno del Estado de Zacatecas aportó el 12.8% del financiamiento del gasoducto, y por otro lado, legalmente están imposibilitados a negar la interconexión, ya que la resolución que le otorgo la CRE (RES/604/2013) a Transportadora de Gas Natural de Zacatecas, en la cláusula decimonoveno, obliga otorgar el acceso abierto a su sistema, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de Gas Natural, y prestar el servicio de transporte en base firme y en base interrumpible a todos los usuarios que lo requieran.

La CRE ya publicó las Condiciones Generales para la Prestación del Servicio (CGPS) y ante esto, Grupo SIMSA ya interpuso una inconformidad ante la publicación. Acciones similares pueden demorar el proceso por largos meses, y continuar causando graves daños y perjuicios económicos a unidades económicas zacatecanas importantes generadoras de empleos, al negarle ilegalmente el acceso a los energéticos necesarios para su producción.

Cabe destacar que, Grupo Modelo tiene el servicio desde el 28 de Agosto del presente año, que fue cuando entró en operaciones el Gasoducto Centenario, argumentando que la CRE les otorgó la autorización directamente. Esto evidencia un trato discriminatorio y el mal actuar del grupo SIMSA.

En virtud de lo anterior, considero necesario realizar el presente Punto de Acuerdo a efecto de exhortar respetuosamente a la CRE y alertarla de las acciones ilegales que Grupo SIMSA realiza, sobre todo porque tal grupo pretenden  concursar para el transporte de gas en los Estados de Sinaloa y Sonora.

De conformidad con el artículo 22 de la Ley de Organos Reguladores, la Comisión Reguladora de Energía, tiene atribuciones para:

  • Imponer las sanciones respecto de los actos u omisiones que den lugar a ello, así como imponer y ejecutar sanciones no económicas, en el ámbito de su competencia, de conformidad con las leyes aplicables (Artículo 22, fracción V Ley de Organos Reguladores);

 

  • Solicitar a los sujetos regulados todo tipo de información o documentación y verificar la misma respecto de las actividades reguladas (Artículo 22, fracción XI Ley de Organos Reguladores);
  • Requerir información directamente a los terceros que tengan cualquier relación de negocios con los sujetos regulados, en el ámbito de su competencia (Artículo 22, fracción XII Ley de Organos Reguladores);

 

  • Ordenar y realizar visitas de verificación, inspección o supervisión, requerir la presentación de información y documentación y citar a comparecer a servidores públicos y representantes de empresas productivas del Estado y particulares que realicen actividades reguladas, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, así como de la regulación, autorizaciones y permisos que hubieran emitido, y de los contratos y convenios relativos a las actividades reguladas (Artículo 22, fracción XIII Ley de Organos Reguladores);

En efecto, como se deriva de lo anterior, la CRE es la encargada de vigilar la adecuada cobertura,  atención a la confiabilidad, calidad y seguridad en la prestación de los servicios de distribución de gas natural.

El Estado debe garantizar que los energéticos lleguen a todos, en aras de la productividad del país. Esto es parte de la democratización energética. Confiamos en la Comisión Reguladora de Energía para que detenga la obstaculización injustificada y las prácticas discriminatorias a la industria zacatecana.

Los particulares que no cumplan la ley en materia energética y limiten el acceso al gas natural, atentan contra los nacionales, detienen la productividad nacional y deben ser sancionados.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores, CON MOCION DE URGENTE RESOLUCION, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía a efecto de solicitar su intervención para proporcionar trato igualitario a la industria zacatecana en el acceso y conexión al sistema de gasoductos.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía a efecto de que realice visitas de verificación, inspección y supervisión a Grupo SIMSA para verificar que realice sus actividades en cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía a requerir la presentación de información y documentación a Grupo SIMSA para comprobar que realiza el suministro y la prestación de los servicios, a precios competitivos, en beneficio de los usuarios.

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía a citar a comparecer a representantes de Grupo SIMSA, para verificar si está propiciando una adecuada cobertura, atendiendo la confiabilidad, calidad y seguridad en la prestación de los servicios de distribución de gas natural.

QUINTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía a  supervisar y vigilar, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, por parte del Grupo SIMSA en el Estado de Zacatecas, y en su caso, aplicar las sanciones procedentes.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 14 de octubre de 2014.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas”.

- El C. Senador Salvador Vega Casillas: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Sonido en el escaño del Senador Salvador Vega Casillas.

- El C. Senador Salvador Vega Casillas: (Desde su escaño) Nada más para preguntar al Senador Puente Salas ¿Si me permite adherirme a su punto de Acuerdo?

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Claro que sí, con mucho gusto.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Senador. Senador Lavalle y Senador Hermosillo, para los mismos efectos.

Como lo ha solicitado el promovente, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, está a discusión la propuesta. Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para referirse a este asunto.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Cuando discutimos el tema de las leyes secundarias en materia energética, y en especial discutimos el asunto de la Comisión Reguladora de Energía en el paquete de los órganos reguladores, insistimos en que los órganos reguladores deberían cumplir 2 aspectos fundamentales para que sus acciones pudieran tener efectos concretos, contundentes sobre los regulados.

Dijimos que no era buena idea y que no era lo más recomendable que el órgano regulador estuviese bajo la tutela del ciudadano Presidente de la República. Lo planteamos porque, haciendo una revisión de los órganos reguladores en el mundo, un porcentaje altísimo son independientes, tanto del poder público, como de los poderes fácticos.

Se habla en la Comisión Reguladora de Energía, en su integración, por ejemplo, de los consejeros independientes, nada más que estos los propone el ciudadano Presidente y los ratifica el Senado. Y la independencia, precisamente consiste en eso, en obedecer únicamente a los intereses del pueblo y al beneficio que se pudiera generar a favor de éste. Ese es el tema central, compañeras y compañeros Senadores, el asunto de la independencia.

Y el otro asunto es que se negaron a darle facultades de sanciones reales a este órganos reguladores, a pesar de las advertencias que se nos vinieron a hacer aquí mismo al Senado, de que o nos poníamos duros con la regulación o nos iban a comer vivos.

Por supuesto que no podemos estar en contra de un punto de Acuerdo que exhorte a la Comisión Reguladora de Energía para que obligue a la equidad, para que obligue a que no se perjudique a terceros en el tema que viene a plantear al ciudadano Senador Puente.

Pero hay un antecedente, y es ese que estoy mencionando. No puede la Comisión Reguladora de Energía sancionar de manera drástica, porque en la ley correspondiente no se le quisieron dar dientes, como coloquialmente se dice. Ese es el problema, compañeras y compañeros Senadores.

Le podremos hacer los exhortos que ustedes quieran, sin embargo, la Comisión Reguladora de Energía se tendrá que sujetarse a lo que ustedes quisieron que en la ley expresamente se pusiera. Ese es el problema.

Aquella advertencia del gobernador de California no se tomó en cuenta: “Si no regulan con dureza, se los van a comer vivos”.

Por si fuera poco, la semana pasada estuvieron aquí en el Senado de la República parlamentarios alemanes. Estuvimos presentes varios Senadores del PRI, del PAN y del PRD.

Y ¿Qué dijeron los parlamentarios alemanes?

Primero, vinieron a contradecir el tema del fracking, y lo plantearon con mucha crudeza. Es preocupante lo que plantearon gentes que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron absolutamente sin nada y que tuvieron que levantarse de un desastre de esta naturaleza; y para poder hacerlo con certidumbre en el tema de la regulación se pusieron estrictos, se pusieron duros, se pusieron en una situación de que nada que dañe al medio ambiente pase.

Han quitado todas sus plantas nucleares.

Dicen: “Es cierto que la energía nuclear es barata”. Pero el problema que tenemos ahora es dónde vamos a meter los residuos nucleares, es un problema que tenemos ahora.

Y en el tema del fracking, por las cantidades que se utilizan de agua y por los químicos que se utilizan, está en riesgo el medio ambiente y los mantos freáticos.

Por supuesto, Senador Puente, que vamos a votar a favor de este punto de Acuerdo, por la nobleza que tiene, pero planteamos todos los antecedentes porque las leyes no son concluidas nunca, siempre hay que mejorarlas, y ojalá reflexionemos en este tema de la regulación en México porque viene la andanada de empresas que quieren asociarse con PEMEX en México para el tema de los contratos; y entonces, es obligación del Senado mexicano cuidar el medio ambiente y cuidar los recursos naturales del país con una regulación dura, como dijo el gobernador de California.

A favor del punto de Acuerdo.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Sonido en el escaño del Senador Rabindranath Salazar, ¡dígame!

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, a favor del punto y si me permite una breve participación también desde mi escaño.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Tiene usted el uso de la tribuna.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, este punto, sin duda, de la mayor relevancia, es un tema que ya advertíamos desde la reforma energética.

Nosotros pusimos el punto en el sentido de “No a la creación de monopolios”, ese es el primer ejemplo que se da en nuestro país, y que seguro estoy que si no se genera una modificación a las leyes ya aprobadas, si no vamos más allá, pues vamos a ver más ejemplos de este tipo en todo el país.

Entonces, yo estoy de acuerdo, por supuesto, en el punto plantado por el Senador Puente, pero yo los exhortaría a ir más allá. Es decir, aprobemos este punto, pero que podamos ir planeando, la posibilidad de reformar la ley, para que este tipo de ejemplos no se siga dando en nuestro país; y lo que ya advertimos los compañeros del PRD, desde las discusiones en materia energética, pues ya empezamos, ahora, a dar cuenta que se empiezan a dar este tipo de prácticas monopólicas o a favor, solamente, de algunos empresarios en nuestro país.

Entonces, a favor del punto, por supuesto, con el atento exhorto de que podamos discutir y analizar la ley a profundidad, para ir planeando una reforma; y que la Comisión Reguladora de Energía, efectivamente, pueda tener las facultades regulatorias suficientes, la fuerza suficiente, para evitar que más casos como el que día de hoy se está planteando en este Senado, se presenten de nueva cuenta.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Salazar Solorio.

Al no haber más oradores inscritos; consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Se recibió del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, una proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a implementar una campaña permanente, exhaustiva y precisa de educación, divulgación, respeto y defensa de los derechos a la vida y libertad de las niñas, niños y adolescentes, la cual se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, PARA QUE IMPLEMENTE UNA CAMPAÑA PERMANENTE, EXHAUSTIVA Y PRECISA DE EDUCACION, DIVULGACION, RESPETO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS A LA VIDA Y LIBERTAD DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

“Sen. DAVID MONREAL AVILA,integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los derechos fundamentales en el mundo, se han posicionado como barreras infranqueables ante todo tipo de poder, posicionando en la máxima jerarquía en aras de protección de los individuos. Esto es por el reconocimiento de la dignidad y autonomía de cada ser humano; la cual, debe ser protegida y ampliada por la comunidad de los Estados en su conjunto.

Dentro del avance al reconocimiento y protección de los derechos humanos, se ha dado una creciente especialización en cuanto a los sujetos que deben ser especialmente protegidos, de tal suerte que hoy no solo se encuentran derechos pertenecientes a las personas, hoy hay derechos especiales para grupos como niñas, niños, adolescentes mujeres y personas con capacidades diferentes.

México en 2011 asumió un compromiso con los Derechos Humanos a nivel internacional, esto quiere decir que los órganos del Estado están obligados al respeto, protección, promoción y garantía de los derechos, especialmente los de las niñas, niños y adolescentes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en su artículo cuarto el principio del interés superior de la niñez; el cual, debe ser interpretado en conformidad con el artículo 1 del mismo ordenamiento; en estas tesituras, todas las autoridades del poder público deben velar porque sus actuaciones sean encaminadas al máximo beneficio de éste sector.

Sin embargo, la niñez mexicana es víctima constante de atropellos y violaciones a sus derechos, por lo que no se encuentran en las condiciones óptimas para desarrollar una vida plena. Entre otros problemas que aquejan a este sector se encuentran la violación al derecho a la vida y a la libertad personal.

México, forma parte en dos ordenamientos de especial relevancia respecto a los derechos humanos de la niñez: La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); cuyas normas tienen rango constitucional al armonizarse con el artículo 1 constitucional.

La CADH protege el derecho a la vida, a la libertad personal y los derechos de los niños al consagrar:

Artículo 4.  Derecho a la Vida

 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.

Artículo 19.  Derechos del Niño

 Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.1

Por su parte la Convención sobre los Derechos del Niño consagra:

ARTICULO 6

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.2

De estas disposiciones se subsume que, el Estado mexicano está vinculado al respeto y protección de estos derechos. El primero de ellos es consistente en la no privación de la vida y las condiciones necesarias para la supervivencia, mientras el segundo se refiere a la no privación de su libertad personal.

Sin embargo, pareciera que el gobierno mexicano, estas son sólo cartas de buenas intenciones, pues la realidad muestra que día con día se comenten múltiples abusos a estos derechos, con lo cual el Estado está faltando a sus obligaciones frente a la constitución y frente a la comunidad internacional.

Los datos de privación a la vida de éste sector son alarmantes, pues en el país entre el año 2000 y 2012 la tasa de muerte por homicidios en la población infantil y adolescente pasó de 1.7 muertes por cada 100 mil habitantes a 4 por cada 100 mil; tan sólo en Mayo 2014 se contabilizaron 923 muertes de niños debido a conflictos armados.3

La organización no gubernamental “Red por los Derechos de la Infancia en México” dio a conocer más datos al respecto: de 2007 a 2012 la tasa de mortalidad en homicidios de población adolescente de 15 a 17 años se incrementó de 5.3 a 16.3 por cada 100 mil habitantes; Tan sólo en 2012, las muertes violentas en este último grupo de edad representaban un 70% del total de los homicidios en personas menores de 18 años.4

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía registran 28,956 muertes infantiles en 2012, de las cuales 16,151 son de niños y 12,671 de niñas.5 Todo esto es muestra de la situación alarmante que se vive y que debe ser combatida por el poder público.

El derecho a la vida no sólo incluye la prohibición a privar de ella, también a otorgar las garantías necesarias para vivir plenamente. En este aspecto, también hay un gran atraso considerable y la situación es crítica. En 2012, 21.2 millones de niñas, niños y adolescentes vivía en pobreza y 4.7 millones en pobreza extrema, cerca del 53.8% de la población menor de 18 años en México.6

Aunado a lo anterior, la desnutrición es alta, pues para 2012 el 13.6% de las niñas y niños menores a 5 años la padecen, porcentaje que aumente en las zonas rurales e indígenas a un 27.5% de la población infantil7. Por otro lado, los datos de obesidad y sobrepeso en menores de cinco años indican un aumento, pues hasta 2012 eran del 9.7% de la población.8

Por si fuera poco, la integridad personal es vulnerada de forma crítica, en 2011 se reportaron 21 mil casos de maltrato infantil ante las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, lo cual no es algo que deba tomarse a la ligera, pues se trata de una prerrogativa de enorme jerarquía tanto a nivel nacional como internacional.

Por lo tanto es necesario preguntarse ¿Que garantía de sobrevivencia y vida plena tienen las niñas, niños y adolescentes del país, si padecen de desnutrición, obesidad, maltrato, homicidios y no atención a la salud?. Los derechos humanos son interdependientes, de tal manera que para la plena garantía del derecho a la vida, son necesarios otros más como la salud, educación, vivienda, alimentación, integridad personal, por mencionar algunos.

Otro gran problema es el relativo a las múltiples desapariciones de las niñas, niños y adolescentes, el cual merece una especial atención. En México existen 45 mil niños desaparecidos, y una lista oficial de 3 mil averiguaciones previas por menores robados durante el último año y medio, según datos de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños robados y Desaparecidos.9

La situación se agrava en cuanto se habla de mujeres, pues  datos del  “Programa de Apoyo a Familiares de Personas Extraviadas, Sustraídas o Ausentes” de la Procuraduría General de la República, reportó que a nivel nacional hay 810 niñas desaparecidas a la fecha, más no se especifican más datos al respecto.10

Está más que claro que hace falta mayor transparencia por parte de las autoridades, principalmente la Comisión Nacional de Seguridad y de la Procuraduría General de la República, en cuando a información oportuna y completa sobre desapariciones de niñas, niños y adolescentes, la cual se desglose por categorías de sexo, edad, nacionalidad, entidad federativa, entre otros.

El Estado mexicano está faltando al mandato constitucional establecido en el artículo 1 relativo a la prevención, investigación y sanción a los derechos humanos, al no tener datos veraces sobre las desapariciones, así como no actuar con la diligencia necesaria para erradicar este problema.

Por tal razón, el objetivo del presente punto de acuerdo, es hacer un llamado a defender los derechos humanos, pues hoy en día defender los derechos es defender la Constitución Federal. Basta de violaciones tajantes a las obligaciones impuestas por la constitución e instrumentos internacionales en aras de protección de derechos humanos. Las autoridades mexicanas tienen que ser congruentes con su verdadera función en aras de crear condiciones adecuadas para los derechos humanos.

Las niñas, niños y adolescentes del país merecen que el poder público en México tome las medidas necesarias para mejorar su calidad de vida. Por ellos y por todos los mexicanos es la lucha por los derechos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que implemente una campaña permanente, exhaustiva y precisa de educación, divulgación, respeto y defensa de los derechos a la vida y libertad de las niñas, niños y adolescentes.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Procuraduría General de la República, para que rindan un informe detallado sobre la situación actual de las desapariciones en niñas, niños y adolescentes, en un plazo no mayor a 30 días.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de Octubre de 2014

Sen. David Monreal Avila”.


1 Convención Americana sobre Derechos Humanos, en línea]. Consultado el 04/10/2014.
Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm

2 Convención Sobre los Derechos del Niño. En línea. Consultado el día 05/10/14. Disponible en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Programas/Discapacidad/Conv_DNi%C3%B1o.pdf

3 Periódico el Financiero. Piden voltear a ver la realidad infantil en México. Consultado el día 06/10/14. Disponible en:
http://www.elfinanciero.com.mx/mas/enfoques/piden-voltear-a-ver-la-realidad-infantil-en-mexico.html

4 Red por los Derechos de la Infancia en México. Informe Alternativo sobre la situación de garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes en México. Consultado el día 07/10/14. Disponible en:
http://derechosinfancia.org.mx/documentos/Info_Alt_REDIM_Mexico.pdf

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Mortalidad Infantil. Consultado el día 06/10/2014. Disponible en:
http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=adm&c=4

6 UNICEF. Informe Anual UNICEF México 2013. Consultado el día 07/10/2014. Disponible en:
http://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEFReporteAnual_2013_final.pdf

7 Ibídem

8 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Consultado el día 08/10/14. Disponible en:
http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf

9 Periódico Digital Sin embargo. México tiene 45 mil niños desaparecidos y su fin es explotación sexual o tráfico de órganos, alerta fundación. Consultado el día 07/10/14. Disponible en: http://www.sinembargo.mx/28-06-2014/1039967

10 Red por los Derechos de la Infancia en México. Op. cit.





 

Se recibió del Senador Aarón Irizar López, del grupo parlamentario del PRI, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Agua, a realizar una revisión exhaustiva a todas las empresas mineras que se encuentren registradas en el estado de Sinaloa, la cual se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.







 

Se concede el uso de la tribuna al Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a declarar la última semana de octubre como la Semana Nacional para Prevenir la Violencia Escolar.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Uno de los temas que más relevancia y atención han ocupado durante los trabajos de la LXII Legislatura es el referente a la violencia escolar.

Dicha problemática genera un entorno complejo y adverso para quienes la padecen; y a pesar de los esfuerzos realizados por la autoridad para contrarrestar y evitar su presencia, difícilmente se logrará su erradicación sin una activa participación por parte de la sociedad.

La violencia en las escuelas es un problema delicado y en constante crecimiento que se manifiesta de manera muy diversa, por lo cual resulta sumamente complejo establecer criterios claros respecto a la frecuencia y tiempo que deben manifestarse dichas acciones entre los alumnos, para poder considerar un acto como violencia o acaso escolar; y precisamente por esto, es difícil establecer mecanismos de intervención eficaces para prevenir y erradicar la violencia en las escuelas.

De acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, México ocupa el primer lugar internacional en casos de violencia escolar en educación básica; ya afecta a más de 18 millones de alumnos de primaria y secundaria, tanto públicas como privadas.

Las consecuencias derivadas de este problema tan grave generan no solo el bajo rendimiento académico de quienes la padecen, sino que, además, se ha registrado un incremento en los niveles de deserción, así como un alza en los suicidios entre menores de edad y, de manera alarmante, en algunos casos, los suicidios han sido realizados por niños entre 5 y 13 años.

No obstante los esfuerzos realizados por parte de legisladores y las autoridades, todos debemos lograr que la violencia escolar sea un tema presente en la conciencia de todos los mexicanos.

El objetivo de la Semana Nacional para Prevenir la Violencia Escolar es facilitar la elaboración de estrategias y acciones que permitan construir una auténtica política pública que incorpore la participación directa de la sociedad.

El objetivo de implementar la Semana Nacional para Prevenir la Violencia Escolar, es difundir y reforzar los programas creados desde el Estado, entre tres ámbitos fundamentales:

Primero. Desde el Sistema Nacional Educativo, ya que es ven las escuelas donde surge este problema y es el mismo entorno de los estudiantes el lugar en el cual se deben de implementar acciones de prevenciones.

Segundo. Desde los medios masivos de comunicación para sensibilizar a las familias y, en general, a todos los mexicanos sobre las principales señales mostradas por quien es víctima de violencia, informando al respecto de lo que se debe de hacer en estos casos.

Tercero. Desde una campaña en los centros de trabajo públicos y privados, con la finalidad de proporcionar información a todos los trabajadores, administrativos y directivos, sobre la oportuna atención e identificación de los actos de violencia escolar, en los cuales algunos de sus familiares se pudieran encontrar involucrados.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía sea aprobada la siguiente proposición con punto de Acuerdo.

Primero.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a declarar la última semana de octubre como la Semana Nacional para Prevenir la Violencia Escolar.

Segundo.- En el marco de la Semana Nacional para Prevenir la Violencia Escolar, las dependencias y entidades de la administración pública federal, en sus respectivos ámbitos de competencia y coordinadas por la Secretaría de Educación Pública, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, desarrollarán las acciones necesarias para la celebración de una Campaña Nacional para la Prevención de la Violencia Escolar.

Tercero.- En el marco de la Semana Nacional para Prevenir la Violencia Escolar, se invita respetuosamente a los gobiernos de los estados de la República y del Distrito Federal, a través de sus Secretarías de Educación, a realizar acciones encaminadas a prevenir la violencia escolar.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

punto de acuerdo por el que se exhorta al ejecutivo federal a declarar la última Semana de octubre como LA semana nacional para prevenir la violencia escolar.

“El que suscribe, Miguel Romo Medina, Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DECLARAR LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE COMO LA SEMANA NACIONAL PARA PREVENIR LA VIOLENCIA ESCOLAR, al tenor de los siguientes:

antecedentes

Uno de los temas que más relevancia y atención ha ocupado durante los trabajos de la LXII Legislatura es el referente a la Violencia Escolar. Dicha problemática genera un entorno complejo y adverso para quienes la padecen y a pesar de los esfuerzos realizados por la autoridad para contrarrestar y evitar su presencia, difícilmente se logrará su erradicación sin una activa participación por parte de la sociedad.

La violencia en las escuelas es un problema delicado y en constante crecimiento que se manifiesta de manera muy diversa por lo cual resulta sumamente complejo establecer criterios claros respecto a la frecuencia y tiempo que deben manifestarse dichas acciones entre dos alumnos para poder considerar un acto como violencia o acoso escolar y precisamente por esto, es difícil establecer mecanismos de intervención eficaces para prevenir y erradicar la violencia en las escuelas.

De acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica ya que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria tanto públicas como privadas.1

El análisis realizado por la OCDE entre los países miembros reporta que 40.24% de los estudiantes encuestados declaró haber sufrido acoso; el 25.35% declaró haber recibido insultos y amenazas; 17% ha sido golpeado mientras que un 44.47% dijo haber atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y ahora a través de las redes sociales.

Las consecuencias derivadas de este problema tan grave generan no solo el  bajo rendimiento académico de quienes la padecen sino que además se ha registrado  un incremento en los niveles de deserción, así como un alza en los suicidios entre menores de edad2 y de manera alarmante en algunos casos, los suicidios han sido realizados por niños entre los 5 y 13 años.

De acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud, el 59 por ciento de los suicidios por razones diversas, incluidas el acoso físico, psicológico y ahora cibernético entre estudiantes, se concentra en nueve entidades: Estado de México, Jalisco, Distrito Federal, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Tabasco, por lo anterior podemos hablar de una problemática que debe ser entendida como de interés nacional, motivo por el cual es necesario realizar acciones coordinadas por todos los órdenes de gobierno.

En la Cámara de Senadores han surgido propuestas encaminadas a resolver de fondo este problema: se ha planteado la creación de un Protocolo para que las autoridades educativas identifiquen, prevengan y combatan la Violencia Escolar en cualquiera de sus manifestaciones3, y en fecha más reciente, Senadores de diversos Grupos Parlamentarios respaldamos la creación de un Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar mediante la expedición de la Ley General para Prevenir, Erradicar la Violencia y Promover el Desarrollo Integral en el Entorno Escolar4.

No obstante los esfuerzos realizados por parte de Legisladores y la autoridad, debemos lograr que la Violencia Escolar sea un tema presente en la conciencia de todos los mexicanos, el objetivo de la Semana Nacional para Prevenir la Violencia Escolar es facilitarla elaboración de estrategias y acciones que permitan construir una auténtica política pública que incorpore la participación directa de la sociedad.

El objetivo de implementar la Semana Nacional para la Prevenir de la Violencia Escolar es difundir y reforzar los programas creados desde el Estado en tres ámbitos fundamentales:

1.-  Desde el sistema Nacional Educativo, ya que es en las escuelas donde surge este problema y es en el mismo entorno de los estudiantes el lugar en el cual se deben implementar las acciones de prevención.

2.-  Desde los medios masivos de comunicación para sensibilizar a las familias, y en general a todos los mexicanos, sobre las principales señales mostradas por quien es víctima de violencia, informando al respecto de lo que se debe hacer en estos casos.

3.-  Desde una campaña en los centros de trabajo públicos y privados con la finalidad de proporcionar información a todos los trabajadores, administrativos y directivos sobre la oportuna atención e identificación de los actos de Violencia Escolar en los cuales alguno de sus familiares se pudiera encontrar involucrado.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía sea aprobado la siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal a declarar la última de octubre como la Semana Nacional para Prevenir la Violencia Escolar.

Segundo. En el marco de la Semana Nacional para Prevenir la Violencia Escolar, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia y coordinadas por la Secretaría de Educación Pública, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, desarrollarán las acciones necesarias para la celebración de una campaña nacional para la prevención de la Violencia Escolar.

Tercero. En el marco de la Semana Nacional para Prevenir la Violencia Escolar, se invita respetuosamente a los gobiernos de los Estados de la República y del Distrito Federal, a través de sus secretarías de Educación, a realizar acciones encaminadas a prevenir la Violencia Escolar.

Sen. Miguel Romo Medina”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Romo Medina. Túrnese a la Comisión de Educación.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a consejeros y consejeras universitarias, presidentes de diversas carreras y de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, invitados por el Senador Miguel Romo Medina, quienes realizan una visita a este recinto, con la finalidad de conocer el trabajo legislativo.

¡Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos!




 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a incrementar las medidas de prevención, detección y tratamiento para contrarrestar el dengue en las entidades que están siendo afectadas por esta enfermedad.

- El C. Senador Salvador López Brito: Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes amigas y amigos Senadores:

El tema que voy a tratar, esta tarde, en esta Asamblea, es un tema urgente, es un tema de salud pública que está afectando a varias entidades del país; y una de las situaciones por las que se está exacerbando, es precisamente por los problemas de intensas lluvias, de efectos meteorológicos, ciclones que ha habido últimamente y que han afectado varios estados del país; y que por lo anterior les voy a pedir su apoyo para que en forma conveniente y congruente este tema sea tratado con la urgencia que amerita, por lo cual les pido su apoyo para elevarlo a urgente y obvia resolución.

Es una enfermedad que ya tiene varios años en México, que incluso el último estudio que se hizo en el mes reciente de septiembre, habla de una baja en la incidencia general en el país, pero una muy importante elevación e incidencia en los estados, precisamente, donde hay en estos momentos exceso de calor y de humedad por las situaciones climatológicas que les comentaba anteriormente y que es el problema viral, el dengue.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, este problema viral continúa siendo un problema de salud pública en la región de Las Américas, a excepción de Canadá y Chile, que en Canadá no se ha presentado y en Chile es mínimo, el resto de los estados de las Repúblicas Americanas presentan este problema de salud pública.

Es una enfermedad infecciosa sistémica y dinámica. La infección puede cursar de forma sintomática o expresarse con un espectro clínico amplio que incluye las expresiones graves y las no graves, que después del periodo de incubación la enfermedad comienza abruptamente y se pase por fases febril, crítica y de recuperación, pero en muchos casos de la forma crítica se pasa a la forma hemorrágica, que es de consecuencias, en muchas ocasiones, letales y provoca un grado importante de y lamentable de fallecimientos.

El dengue se transmite por la picadura de un mosquito, el Aedes aegypti, el cual previamente había sido infectado y tiene cuatro diferentes tipos de cero tipos.

Voy a pasar, por obvio de tiempo, al último informe que tenemos en México, que es el panorama epidemiológico de fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue, publicado por la dirección general de epidemiología de la Secretaría de Salud, y actualizado al 29 de septiembre de este año, donde compara cifras de los casos de fiebre por dengue, conocido como dengue clásico, y el de fiebre hemorrágica por dengue o dengue hemorrágico, que en este año 2014 con el correspondiente al mismo del 2013, observa un decremento, como les comentaba, de los casos confirmados, como se demuestra en el estudio.

Pero también este estudio nos revela que el 50 por ciento de los casos confirmados corresponden a los estados de Veracruz, Sinaloa, Baja California Sur, Oaxaca y Guerrero. En el documento se aprecia que son siete los estados de la República que presentan un mayor número de casos de fiebre por dengue y fiebre hemorrágica.

De aquí ya voy a pasar a lo que se está observando como una elevada incidencia. En Baja California Sur, se ha incrementado, y lo asociamos a los recientes fenómenos climatológicos, al 164.2 por ciento, lo cual es una epidemia en estos momentos de problema fuerte sobre nuestros hermanos de Baja California Sur, que se está asociando a las causas derivadas del fenómeno meteorológico reciente.

En Veracruz se ha incremento el 78.7 por ciento, en Oaxaca el 59.2 por ciento, en Sinaloa el 57.2 por ciento, y en el estado de Morelos el 61 por ciento, que son los estados con mayor incidencia.

De tal manera, voy a presentar el punto de Acuerdo que  someto a su consideración de urgente y obvia resolución.

En primer lugar me está preocupando la situación que se está dando en estos estados.

Primero.- El Senado de la República en el marco de colaboración entre poderes, exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a incrementar las medidas de prevención, detección y tratamiento para contrarrestar el dengue en las entidades que están siendo afectadas por esta enfermedad.

Segundo.- Estoy solicitando, a través de esta Asamblea, que también en el marco de colaboración entre poderes se exhorte al Secretario de Salud del estado de Sinaloa, por la grave incidencia que se está presentando, a que remita un informe sobre las acciones que se están implementando para atender el vertiginoso aumento de los casos de dengue en la entidad, particularmente en los municipios más afectados.

Les pido, compañeras y compañeros Senadores, de su apoyo para que esta propuesta tenga un curso inmediato y no pasara por el tiempo hasta que haya una reunión de la Comisión de Salud. El tiempo ahorita es valioso aliado para atender las medidas para, precisamente, atacar esta enfermedad que, como les comentaba a ustedes, aparte de ausentismo escolar, ausentismo en materia laboral y casos de defunción que se están presentando lamentablemente y que va incremento en estas entidades de la República, se les dé una atención rápida y adecuada.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD A INCREMENTAR LAS MEDIDAS DE PREVENCION, DETECCION Y TRATAMIENTO PARA CONTRARRESTAR EL DENGUE EN LAS ENTIDADES QUE ESTAN SIENDO AFECTADAS POR ESTA ENFERMEDAD.

“FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea, de urgente y obvia resolución, una  proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud el dengue continúa siendo un problema de salud pública en la región de las Américas,  a pesar de los esfuerzos por parte de los Estados para contenerlo y mitigar el impacto de las epidemias. Es una enfermedad infecciosa sistémica y dinámica. La infección puede cursar en forma asintomática o expresarse con un espectro clínico amplio que incluye las expresiones graves y las no graves. Después del período de incubación, la enfermedad comienza abruptamente y pasa por tres fases: febril, crítica y de recuperación.

El dengue se transmite por la picadura de un mosquito infectado con uno de los cuatro serotipos del virus del dengue.

Es una enfermedad febril que afecta a lactantes, niños y adultos, con síntomas que van desde una fiebre moderada a una fiebre alta incapacitante, con dolor de cabeza severo, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y en las articulaciones. La enfermedad puede evolucionar a un dengue grave, caracterizado por choque, dificultad para respirar, sangrado severo y/o complicaciones en los órganos. No hay vacuna ni una medicina específica para tratar el dengue.

La enfermedad tiene un patrón acorde con las estaciones: la mayoría de los casos en el hemisferio sur ocurren en la primera parte del año, y la mayoría de los casos en el hemisferio norte ocurren en la segunda mitad. En las Américas, el Aedes aegypti es el mosquito vector para el dengue. La prevención y el control del dengue debe ser intersectorial e involucrar a la familia y la comunidad.

Es importante tener presente que:

  • Cerca de 500 millones de personas en América Latina y El Caribe están actualmente en riesgo de contraer dengue.
  • La incidencia del dengue se ha incrementado en el continente en las últimas tres décadas, en tanto que pasó de 16.4 casos por 100 mil personas en los años 1980, a 218.3 casos por cada 100 mil durante la década 2000-2010.
  • En 2013, un año epidémico para la región, se registraron 2,3 millones de casos y una incidencia de 430.8 por cada 100 mil. Se registraron también 37.692 casos de dengue grave y 1280 muertes en el continente.
  • Existen  cuatro serotipos de dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DEN-V 4) circulan a lo largo de los países americanos y, en algunos casos,  circulan simultáneamente.
  • La infección por un serotipo, seguida por otra infección con un serotipo diferente aumenta el riesgo de una persona de padecer dengue grave y hasta morir.
  • El mosquito Aedes aegypti está ampliamente distribuido en las Américas. Sólo Canadá y Chile están  libres de dengue y del vector.

El dengue, enfermedad infecciosa producida por el virus del dengue (DENV), pertenece al género Flavivirus, de la familia Flaviviridae que, a la vez, pertenece al grupo de los Arbovirus (virus trasmitidos por artrópodos).

El Aedes aegypti y el Aedes albopictus son los mosquitos transmisores del dengue. Los Aedes aegypti, mosquitos hembra, son la principal fuente de transmisión del dengue. Esta especie pica durante el día, con el período de alimentación más activo 2 horas antes y 2 después del amanecer y el atardecer.  El Aedes aegypti es el más común en  México.

El mosquito pica a una persona infectada e ingiere la sangre con el virus del dengue, el cual se incuba en el mosquito por un período de 8 a 12 días, después del cual el mosquito comienza a transmitir el virus, picando a otras personas. La persona infectada puede presentar síntomas después de 5 a 7 días de la infección. También puede ocurrir la transmisión mecánica cuando el mosquito interrumpe la alimentación en una persona infectada y pasa a alimentarse inmediatamente en un huésped susceptible. Esta forma de transmisión no requiere la incubación de virus.

Las fases de la enfermedad son tres, en la fase febril los pacientes desarrollan fiebre alta y repentina. Esta fase febril aguda dura de 2 a 7 días y suele acompañarse de enrojecimiento facial, eritema, dolor corporal generalizado, mialgias, artralgias, cefalea y dolor retro-ocular. Pueden presentarse manifestaciones hemorrágicas menores, como petequias y equimosis en la piel. Los pacientes que mejoran después de que baja la fiebre, se consideran casos de dengue sin signos de alarma.

Durante la fase crítica, cerca de la desaparición de la fiebre, cuando la temperatura desciende a 37.5 grados centígrados o menos y se mantiene por debajo de este nivel, por lo general, en los primeros 3 a 7 días de la enfermedad, puede aumentar la permeabilidad capilar paralelamente con los niveles del hematocrito. Esto marca el comienzo de la fase crítica. Los pacientes que empeoran con la caída de la fiebre y presentan signos de alarma, son casos de dengue con signos de alarma. Algunos problemas que pueden presentarse en la fase crítica son: choque por la extravasación de plasma; hemorragias graves, compromiso serio de órganos.

Finalmente, cuando el paciente sobrevive a la fase crítica (la cual no excede las 48 a 72 horas), pasa a la fase de recuperación. Hay una mejoría del estado general, se recupera el apetito, mejoran los síntomas gastrointestinales se estabiliza el estado hemodinámico, y se incrementa la diuresis. Los problemas que pueden presentarse en la fase de recuperación: hipervolemia (si la terapia intravenosa de fluidos ha sido excesiva o se ha extendido en este período).

En México, el Panorama Epidemiológico de Fiebre por Dengue(FD) y Fiebre Hemorrágica por Dengue (FHD), publicado por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y actualizado al 29 de septiembre de 20141, compara la cifra de los casos de fiebre por dengue (conocido como dengue clásico) y fiebre hemorrágica por dengue (dengue hemorrágico) en 2014, con el correspondiente al mismo periodo de 2013, y observa un decremento del 54% de los casos confirmados, como se muestra en la siguiente tabla:



DATOS

2013

2014

% de variación

 

FHD confirmados

10 806

4635

-57.1

 

FD confirmados

24 513

11457

-53.3

 

Confirmados

35,319

16092

-54.4

 

Defunciones

40

22

-45.0

 

 

 

 

Asimismo, muestra  que el 50% de los casos confirmados corresponden a los estados de Veracruz, Sinaloa, Baja California Sur, Oaxaca y Guerrero. En el documento se aprecia que son siete los estados de la República que presentan un número mayor de casos de fiebre por dengue y de fiebre hemorrágica por dengue:

Veracruz, 2160 casos; Sinaloa, 1591; Baja California Sur, 1519; Oaxaca, 1452; Guerrero, 1286; Chiapas, 1210 y Nuevo León con 1018.

Sin embargo, el porcentaje de incremento, en comparación con las cinco semanas anteriores, es decir, entre los meses de agosto y septiembre, se presenta de la siguiente manera:

Baja California Sur 164,2%

Veracruz 78.7%

Oaxaca59.2%

Sinaloa57.2%

Morelos: 61%

 

De acuerdo con los Casos Confirmados de Dengue por grupo de edad y por género en nuestro país,  el mayor número de casos de Fiebre por Dengue  se presenta en sectores de la población de 15 a 19 años de edad, de los cuales el 56% se da en mujeres y 44% en hombres, con una incidencia de 1400 casos por cada 100 mil habitantes. 

Los serotipos aislados en los estados de Baja California Sur, Sinaloa, y Veracruz son los Serotipos 1 y 2 que son lo más comunes en nuestro país.

Sinaloa encabeza la estadística de entidades con mayor número de incidencia de casos confirmados y estimados con un total de 5,371 casos probables, de los cuales se han confirmado 1,591, con una incidencia de 53.81, y3, 356 casos estimados, con una incidencia de 113.51.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica informó que, al 2 de julio Sinaloa registró un aumento de 449.09 por ciento de casos confirmados de dengue con respecto a 2013.

En tanto, en Baja California Sur en menos de un mes se han triplicado los casos de dengue.  La Secretaría de Salud de la entidad reconoció que “no ha sido suficiente la participación de la población en la limpieza de hogares y patios, para prevenir la generación del mosco que propaga el dengue”. 

De un total de 876 casos confirmados de dengue, 848 corresponden a la fiebre por  dengue y 28 a fiebre hemorrágica por dengue, principalmente en un 88% en el municipio de Los Cabos. La población más afectada es San José del Cabo, donde la población del mosco se incrementó con las lluvias registradas recientemente y por efectos provocados por el huracán Odile.

Existe un importante descenso en la incidencia de dengue en México con    relación al 2013  y es  de reconocer la labor de la Secretaría de la Salud en la actualización de la información que al respecto ha hecho pública. No obstante lo anterior, las estadísticas oficiales siempre muestran un sub-registro y el aumento en los casos de esta enfermedad es un asunto preocupante, por lo que resulta necesario que se realicen a los pacientes las pruebas confirmatorias, que se revisen los protocolos para el manejo de la enfermedad, fortaleciendo a las unidades médicas y a las áreas de Urgencias con suficiente personal especializado para procurar una rápida atención, segura y oportuna al paciente con dengue, con el fin de evitar eventos adversos.

De conformidad con las cifras que proporciona la Dirección General de Epidemiología, al 29 de septiembre de este año los casos confirmados acumulados, se presentan en mayor número en los estados de Veracruz, con 2160 y Sinaloa con 1591.

Asimismo, en las últimas semanas se presenta un incremento notable y preocupante  de  la Fiebre por Dengue (FD) y  de Fiebre Hemorrágica por Dengue (FHD) en los estados de Sinaloa y Baja California Sur.

En razón de lo anterior, el Senado de la República,  en el marco de colaboración entre Poderes, emite el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República, en el marco de colaboración entre Poderes, exhorta  a la titular de la Secretaría de Salud a incrementar las medidas de prevención, detección y tratamiento para contrarrestar el dengue en las entidades que están siendo afectadas por esta enfermedad.

SEGUNDO.- El Senado de la República, en el marco de colaboración entre poderes,  exhorta al Secretario de Salud del Estado de Sinaloa a que remita un informe sobre las acciones que se están implementando para atender el vertiginoso aumento de casos de dengue en la entidad, particularmente en los municipios de Ahome y Guasave.

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 14 de octubre de 2014.

Sen. Francisco Salvador López Brito”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador López Brito.

En consecuencia la solicitud de urgente resolución y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se concidera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Aprovechamos para saludar la presencia en el Pleno de un grupo de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, acompañados por el profesor Marcos Nolasco Ramos, quienes han sido invitados por el Senador Miguel Barbosa Huerta. ¡Bienvenidas y bienvenidos!

También saludamos la presencia de estudiantes del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Hidalgo, encabezado por el director Manuel Carro Abdalá, y que son invitados por el Senador Omar Fayad Meneses, quienes realizan esta visita en el recinto con la finalidad de conocer el trabajo legislativo. ¡Sean bienvenidas y bienvenidos!

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente.

Antes de intervenir con el tema del dengue en el estado de Sinaloa, yo quisiera me permitiera un minuto solamente para que quedara registrado un hecho de carácter mundial que fue el premio que apenas el viernes recibió Malala, una niña de 17 años que sobrevivió a un ataque mortal de los talibanes y que ha ganado el Premio Nobel de la Paz, y que ha dicho algo que es muy interesante y que quisiera quedara registrado; con apenas 17 años de edad, ella dijo: “este Premio Nobel de la Paz no es el fin, sino el principio”. Mi respeto y admiración a una criatura tan chica, tan valiente y mujer además.

Yo me sumo a la propuesta que ha hecho el Senador López Brito, porque una de las incidencias más graves que tenemos del dengue está exactamente en el municipio del cual yo vengo, que es Guasave.

Tenemos un problema muy serio con el contagio, ha crecido enormemente, pero yo quisiera llamar la atención en uno de los temas muy importantes que tiene que ver con el problema del dengue, que es la prevención.

Me parece a mí que las campañas de deschatarrización no han sido lo suficientemente productivas, no han dado los resultados que nosotros estamos esperando, y que hoy ha habido una elevada incidencia en una enfermedad que limita, como dijo el Senador López Brito, al trabajo, a la escuela por las altas temperaturas que padece la gente, dolor de huesos; pero, aún más, el dengue hemorrágico también ha hecho su paso por el estado de Sinaloa.

Creo que la invitación que ha hecho el Senador López Brito es muy importante, y estoy segura que los Senadores de Sinaloa estamos muy a favor de que un problema que ha ido creciendo cada año, la incidencia ha subido cada vez más, logremos tener un informe claro acerca de esta problemática que tenemos una enfermedad que se confunde con otras enfermedades; y que pudiéramos hacer un trabajo muy importante en el apartado preventivo, y no solo a propósito de la temporada de lluvias, sino que pudiéramos realizarlo todo el año para disminuir la incidencia tan alta como es el problema del dengue básico como se nombra, pero también del dengue hemorrágico que ha causado, algunos decesos que no se conocen claramente, y que nosotros quisiéramos tener una información más clara y un trabajo más preciso.

Sabemos de los esfuerzos que el gobernador de Sinaloa y la Secretaría de Salud han realizado, pero algo tenemos que hacer para poder parar este problema que nos aqueja. En una familia, puede estar toda la familia enferma de dengue, y ha trascendido, ha contaminado, ha caminado enormemente.

Yo me sumo a la propuesta hecha aquí, en el afán de que no solamente sea el tema de Sinaloa, sino que podamos revisarlo también a nivel nacional.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

El progresivo deterioro de los salarios ha llegado a niveles que demeritan la fuerza de trabajo, que no sólo tornan ineficaz el mandato constitucional, sino que además desvirtúan el sentido y función del Estado, que ha privilegiado la implementación de medidas protectoras de los  grandes capitales, por encima de las políticas públicas en beneficio de la colectividad.

El menosprecio por la retribución salarial refleja la poca atención por parte del Estado en procurar una condición de bienestar social; especialmente de la autoridad encargada de determinar el monto salarial mínimo, el cual constituye un aspecto fundamental para la vida, no sólo de aquellas personas incorporadas al mercado laboral, sino de sus familias y dependientes económicos.

Reconocemos que la disminución del poder adquisitivo del salario mínimo ha sido un proceso multifactorial, en el que han influido en mayor o menor medida factores demográficos, los avances tecnológicos, la globalización, la expansión de los mercados financieros.

Pero también han jugado un papel importante, el deterioro de la representación sindical que ha disminuido la capacidad de negociación por parte de los trabajadores, así como la ineficacia de las políticas públicas implementadas en los últimos sexenios, las cuales han abanderado el liberalismo económico.

El hecho de que no haya existido una reacción oportuna para detener esta situación de deterioro, permite suponer una responsabilidad oficial, sino por acción al menos por omisión. Durante tres décadas el salario se fue degradando sin que existiera al menos una medida de contención. 

El problema de la insuficiencia salarial, como fenómeno social, se agrava si se tiene en cuenta que el mismo conlleva diversas manifestaciones negativas: pérdida de empleo formal, baja productividad, crecimiento de la pobreza y desigualdad social, migración, subempleo, incremento de las actividades delincuenciales, entre otras.

Nadie niega el espíritu rector del comprendido para el salario mínimo dentro de nuestra Constitución Política, siendo incluso modelo de adopción para otros sistemas jurídicos del orbe; sin embargo, sólo se trata de una previsión formal y dogmática que no se ha visto traducida en beneficios reales para la población. La realidad que viven los asalariados da cuenta del incumplimiento de sus postulados elementales, tales como la suficiencia para satisfacer las necesidades de una familia.

Un concepto que suele asociarse con la satisfacción de las necesidades familiares, es el relativo a la canasta básica. Conforme a la definición de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), ésta representa el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona o una familia cubra sus necesidades básicas a partir de su ingreso.

Apreciada en su justo contexto, esta definición ayuda a ilustrar la insuficiencia en que se ha colocado a los mini salarios.  Basta contrastar su monto con el precio de los productos que conforman dicha canasta.

Lo anterior es más que evidente cuando se observa el numerario asignado para el salario mínimo general, que rige a partir de este año. Quedando en 67.29 pesos diarios para el área geográfica “A”, y de 63.77, para la “B”.1

Estas cifras no corresponden a la realidad económica que requiere la atención de las necesidades de los hogares mexicanos; donde por ejemplo, existen productos como la carne de pollo, que tiene un precio en el mercado de 68 a 70 pesos por kilogramo;2 o la de res tasada en 92.30 pesos.3

Esto sin contemplar propiamente la gama de productos básicos de consumo nutrimental, tales como leche,4 azúcar5 y aceite6, entre otros. En concreto, la insolvencia que resulta para adquirir de forma cotidiana productos necesarios de la canasta básica: cereales, granos, semillas, hortofrutícolas, carnes, etc.

La discordancia entre la cantidad de recursos que llega a percibir familia como retribución de su trabajo y las erogaciones que resultan necesarias para su consumo elemental, es contundente. El margen para realizar otro tipo de actividades o satisfacer otros requerimientos inherentes a la vida diaria se torna difícil, sino es que imposible; como por ejemplo los insumos para educación, vestido, salud, vivienda, esparcimiento, cultura, ahorro, etcétera.

La aspiración a un trabajo digno ha quedado prácticamente en el olvido. Por ende, no es de extrañar que una de las principales críticas hacia el mercado formal sea los mínimos incentivos que ofrece, empezando por la poca valoración del trabajo a partir del salario devengado.

La pérdida del poder adquisitivo salarial no es un aspecto  desconocido por la actual administración. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se señala en forma expresa: “En el periodo 1982-1994 se llevó a cabo un complicado proceso de modernización de la economía mexicana en un contexto económico adverso. La crisis de la deuda a principio de los años ochenta llevó a una caída en el PIB per cápita, en los salarios reales y en la productividad. Sin embargo, a partir de ésta se comenzó a reemplazar de manera decidida el modelo de sustitución de  importaciones, para dar paso a una política económica que contempló la desestatización de la economía y una apertura comercial que tuvo como primer paso el ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), e incluyó a la postre la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Durante este periodo, también se lograron avances institucionales importantes encaminados a alcanzar la estabilidad macroeconómica. No obstante, este periodo culminó con una crisis que afectó el bienestar, patrimonio y poder adquisitivo de las familias mexicanas”.7(Enfasis propio).

Aunado a lo anterior, es de apuntar que el deterioro salarial ha sido referido y documentado ampliamente en informes, estudios y publicaciones de algunos organismos internacionales.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), México es el único país de la región que no ha tenido recuperación salarial en la última década. Conforme al documento "Balance de las Economías de América Latina y el Caribe", dado a conocer a finales de 2013, nuestro país tuvo una contracción. En cambio, Brasil reportó una recuperación de 2.4 por ciento; Chile, de 2.1, y Argentina, de 2.6.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario en nuestro país se encuentra por debajo de los niveles del mercado, aun para los trabajadores no calificados.8

Conforme a un estudio de 2012 realizado por la organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, los trabajadores mexicanos son los que más horas laboran en un año en promedio, con un total de 22509; pese a ello,  eran los más rezagados en cuanto a salarios se refiere.  

Por su parte, el Banco Mundial ubicó a México en el lugar 55 de 135 economías referidas al aspecto salarial. Es decir, los trabajadores mexicanos se ubican en la escala más baja de pagos, al recibir aproximadamente mil 332 dólares al año, que equivalen a 17  mil pesos, considerando el tipo de cambio a 13 pesos.

Las referencias internacionales revisten particular importancia, partiendo del nuevo paradigma del artículo 1º Constitucional, derivado de la reforma de 10 de junio de 2011. Por tanto, debemos establecer que el derecho al trabajo digno y al salario mínimo suficiente debe contar con la mayor protección y los mayores alcances previsibles dentro de nuestro sistema jurídico, atento a los principios de expansión y progresividad.

Diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales10 y el Protocolo Adicional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como “Protocolo de San Salvador"11, incluyen disposiciones relativas al derecho fundamental de la persona para acceder libremente a un trabajo, bajo condiciones de igualdad, equidad y de justicia. Entre otros aspectos, prevén el principio de suficiencia en la retribución salarial.

Un país donde existe un pago que no responde con las expectativas de las y los trabajadores, refleja la indiferencia de los otros sectores de producción, aunada a la ineficacia de las acciones emprendidas por los recientes gobiernos federales, las políticas públicas en materia económica y del trabajo. Pero sobre todo, revela fallas e ineficacia en el modelo empleado para la fijación de los salarios mínimos.

De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y Ley Federal del Trabajo, esta facultad queda reservada en exclusiva a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), quien a partir de la deliberación de su Consejo de Representantes, determina anualmente la cuantificación que habrá de recibir la clase trabajadora por concepto de su empleo.

En su portal de internet, este organismo expone que tiene como misión el “establecer las bases y los elementos para que la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales eleven el nivel de vida del trabajador y su familia, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción que reconozcan y validen el respeto a la dignidad del trabajador y de su familia.”12

Además, realza que tiene como visión “fijar y revisar los salarios mínimos generales y profesionales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia.”13

Entre sus objetivos planteados, está el “contribuir a elevar el nivel de vida de los trabajadores y a abatir los niveles de pobreza para apoyar el logro de los objetivos, para apoyar el logro de los objetivos del nuevo modelo de crecimiento con calidad.”14

Finalmente, destaca que de acuerdo al Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, del Plan Nacional de Desarrollo vigente, “se fijó como meta prioritaria mejorar el poder adquisitivo del salario mínimo.”15

Estos enunciados expuestos con grandilocuencia en la red, resultan insostenibles para las y los trabajadores mexicanos que padecen la precariedad salarial, quienes no ven sincronía con su nivel de vida y de su familia.

Sin mayor análisis es claro que la CONASAMI ha fallado en el cumplimiento de la misión, visión y objetivo que guían su actuar. Tampoco ha satisfecho el ofrecimiento contenido en el Plan Nacional de Desarrollo, instrumento que privilegia  las líneas de acción e incluye los indicadores para medir la efectividad del Gobierno, el cual fija como máxima prioridad “…convertir a México en una Sociedad de Derechos, es decir, que todos los derechos contemplados en nuestra Constitución sean una realidad para todos los mexicanos”.16(Enfasis propio).

Evidencia de lo anterior es que la última vez que se actualizó el monto del salario mínimo, el incremento autorizado fue de 3.90%, es decir, 2.43 pesos diarios, cuando el aumento en el precio de algunos insumos fue superior; ello, sin considerar los efectos de la reforma fiscal que entró en vigor este año.

De ahí que consideramos justificado, además de necesario, llevar a cabo una reunión de trabajo con la instancia nacional encargada de fijar el monto de los salarios mínimos, a fin de intercambiar recibir información e intercambiar puntos de vista para ilustrar el criterio de las Senadoras y Senadores en torno a las acciones, estrategias y avance en relación al cumplimiento del objetivo constitucional de esa instancia. Entre otros aspectos, se podrían abordar la exposición de:

● Los mecanismos que emplean para tasar el monto de los salarios mínimos.

● Las medidas que de manera particular se han considerado para detener la pérdida del poder adquisitivo del salario y, en su caso, las relativas a su recuperación.

● La opinión y acciones de la CONASAMI frente a los señalamientos hechos por organismos internacionales, tomando en cuenta el régimen de control constitucional y convencional vigente en nuestro país, a partir de la reforma de junio de 2011.

● La proyección que se tiene en torno al poder adquisitivo salarial en el corto y mediano plazo.

Por lo anterior, y en virtud de las facultades comprendidas en los artículos 8 fracciones II y VII, 129 fracción VII, 130 fracción VIII, 133 fracción IX y 276 del Reglamento del Senado de la República, de manera respetuosa solicito a esa Comisión Permanente el presente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se convoca respetuosamente al Presidente e integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a una reunión de trabajo con integrantes dela Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado, a fin de que comparta información e intercambie opiniones con integrantes de esa instancia, sobre los mecanismos que implementa dicha Comisión para determinar el monto de los salarios mínimos, las acciones particulares emprendidas para contener la pérdida del poder adquisitivo del salario y su recuperación, así como la proyección que se tiene para el corto y mediano plazo.

Salón de sesiones, a 14 de octubre de 2014

Suscribe

Sen. Alejandra Barrales Magdaleno”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Barrales Magdaleno. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Aprovechamos para saludar la presencia de estudiantes de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, invitados por la Senadora Mariana Gómez del Campo. Asimismo saludamos la presencia del General de División Diplomado de Estado Mayor, en retiro, Amado Onésimo Flores Morales, invitado por la Senadora Martha Palafox Gutiérrez.

¡Bienvenidas y bienvenidos!

1 http://www.conasami.gob.mx/nvos_sal_2014.html

2 http://ficeda.com.mx/content/boletines_huevos/HUEVO14ABR30.pdf

3http://www.sedecodf.gob.mx/archivos/Canasta%20Basica/2014/ENERO/4_INDICE%20DE%20PRECIOS%20DE%20CANASTA%20BASICA%20DE%20LA%20DGACD%20.pdf

4 Con un precio de 13.78 pesos por litro

5 Con un precio de 9.75 por kilogramo

6 Con un precio de 22.07 pesos por litro

7 Gobierno de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, p. 15.

8 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/omm/documents/publication/wcms_195244.pdf

9 Organisation for Economic Cooperation and Development, Employment Outlook 2012, p. 242

10 Artículo 7 ii …los Estados Partes dicho instrumento internacional reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto

11 Artículo 7 inciso a)  prevé que los Estados Parte que reconozcan el acceso al trabajo garantizarán en sus legislaciones nacionales, entre otros aspectos: una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción.

12 http://www.conasami.gob.mx/mision_vision.html

13 http://www.conasami.gob.mx/mision_vision.html

14 http://www.conasami.gob.mx/obj_estrategias.html

15 http://www.conasami.gob.mx/pdf/normateca/plan_anual_trabajo_dt/PLAN_ANUAL_TRABAJO_2014.pdf

16 http://www.presidencia.gob.mx/plan-nacional-de-desarrollo-2013-2018/





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, a nombre propio y del Senador Jesús Casillas Romero, para presentar proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los institutos del deporte de las entidades federativas a que, en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, implementen un programa permanente que fomente el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte.

- La C. Senadora Itzel Sarahí Ríos de La Mora: Con el permiso de la Mesa Directiva, y por supuesto de todas las compañeras y compañeros que nos hacen el favor de acompañarnos.

Presento el día de hoy un punto de Acuerdo a nombre de las Senadoras, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum, Lilia Guadalupe Merodio, Cristina Díaz, Claudia Pavlovich, Juana Leticia Herrera y, por supuesto, el Senador Jesús Casillas y la de la voz.

Antes de ir al punto medular de este punto de Acuerdo, antes de centrarnos en qué es lo que nos motiva hacerlo, sí me gustaría pedirle, señor Presidente, que se inserte de manera íntegra el texto en el Diario de los Debates. Por economía parlamentaria me centraré nada más en lo que importa de manera medular.

La recreación y del deporte son un fenómeno social y un derecho del hombre como forma cultural, al integrarse ambos, promueven valores específicos que posibilitan el perfeccionamiento de la personalidad humana en su desarrollo físico e intelectual contribuyendo a su preparación para la vida en una sociedad.

El ciclismo se puede considerar un deporte o bien sólo una actividad lúdica, es una forma de transportarse de manera barata y eficiente para viajes dentro de la ciudad, la cual ha recobrado un auge importante tanto para los beneficios que genera a la salud de las personas, como el impacto que tiene ecológicamente, ya que de ser utilizada como medio de transporte regular y autosustentable, la bicicleta no emite contaminantes y, por ende, contribuye de manera importante a la disminución del calentamiento global.

Algunos utilizan la bicicleta como medio de transporte, para sentirse saludables, para verse bien; otros la utilizan porque no tienen otra posibilidad, es su única posibilidad para transportarse, y además otros la utilizan, que aunque tengan otras posibilidades de transporte, para cuidar el medio ambiente, y más en esta ciudad.

Sin embargo, además de reducir la contaminación, genera muchos otros innegables beneficios, como el ahorro de tiempo en traslados urbanos de 10 kilómetros o menos, distancia que comprende el 90 por ciento de los traslados diarios que realiza una persona, incluso se combinan, al mismo tiempo, dos actividades en una sola; esto es, el transporte y el podernos ejercitar; y yo le pondría un tercero, que es el cuidado del medio ambiente.

Debemos de recordar que el sedentarismo es actualmente una de las características que la vida en la ciudad impone a sus habitantes; y hacer ejercicio hoy por hoy, se vuelve una necesidad para cuidar nuestra salud. Por ende, existen beneficios a la salud de las personas que utilizan este medio de transporte, no sólo se ven mejor, no solamente cuidan su figura, sino que también se sienten mejor.

El ciclismo es un deporte que genera un ejercicio aeróbico suave, rítmico, regular y de bajo impacto, con el que se fortalecen los pulmones y el corazón, aumenta la capacidad y mejora el funcionamiento de los sistemas respiratorios, también el circulatorio; y dicen algunos que además de fortalecer el cuerpo fortalece la mente y fortalece el corazón.

Asimismo, andar en bicicleta es un ejercicio relajante que elimina el estrés o la tensión emocional. En cuestiones de espacio las calles convertidas en ciclovías pueden transportar diez veces más personas, ya que la bicicleta requiere de un espacio de quince veces menor a un automóvil que circula normalmente o, también, en el estacionamiento.

Por lo anterior, es necesario plantear alternativas y conformar los nuevos esquemas urbanos para el siglo XXI, capaces de acercar a sus habitantes con la naturaleza y de brindar entornos más humanos, amigables, equilibrados, en lo que resulte innecesario que los seres humanos tengan que dedicar una parte importante de su tiempo a transportarse.

En países europeos como España, Dinamarca, Polonia, Holanda y Francia, en algunos asiáticos, como China, la bicicleta es un medio de transporte muy común entre sus habitantes. Hay gente en México que quiere transportarse en bicicleta, que lo necesita; lo importante es que nosotros veamos cómo se sientan las alternativas, se sientan las bases para que transiten en bicicleta, no corra peligro y que para que transite en bicicleta pues no le sea un problema, más que una posibilidad de gastar menos y de estar sanos.

También se cree que alrededor del mundo 800 millones de bicicletas ruedan cada día por estas ventajas que ya hemos comentado adicional al medio ambiente. En nuestro país algunas ciudades han realizado importantes y significativos esfuerzos tratando de dotar a los ciclistas de una infraestructura especial para que esta alternativa sea un medio de transporte urbano, seguro, que entre las cuales podemos destacar a la Ciudad de México, a León en Guanajuato, a Guadalajara en Jalisco, a la Paz en Baja California, entre otras.

Una ciudad con alta circulación de bicicletas por sus calles es definitivamente una ciudad amigable. Es por ello que el objeto de este punto de Acuerdo es fomentar el uso de la bicicleta implementando acciones que permitan la utilización de la vía pública en una forma equilibrada, en donde peatones, ciclistas y automovilistas convivan de una manera segura, respetuosa y cordial mediante la instrumentación de políticas públicas, programas y actividades que permitan a los ciudadanos entender las ventajas de su uso a nivel personal, como para la colectividad.

Aquí varios Senadores y Senadoras también vienen al Senado en bicicleta, también se unen a esta forma de vida. Insisto, muchos lo hacen por ejercicio, otros por salud, otros por cuidar el medio ambiente y otros simple y sencillamente porque no tienen otro medio de transporte.

Nosotros, como mucha gente en este país, necesitamos convivir con los automóviles, pero finalmente que no tengamos la obstrucción, no tengamos el freno de utilizar bicicleta porque no contamos con las alternativas y cuidados necesarios. El punto de Acuerdo radica en un único apartado que dice que este Senado exhorta de manera respetuosa a los institutos del deporte de cada una de las entidades federativas a que, en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, implementen un programa permanente que fomente entre la población el uso de la bicicleta como medio alternativo.

Pero no solamente desde la parte de deporte, también desde la parte de seguridad y, también, por supuesto, se exhorta a todas las instancias que sean competentes para que este punto de Acuerdo no quede nada más como algo que se enuncie en esta tribuna, sino que se llegue a implementar de manera efectiva en todo el país.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta



- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Ríos de la Mora. Se inscribe íntegramente su proposición en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Martha Elena García Gómez, a nombre propio y del Senador Juan Carlos Romero Hicks, para presentar proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República reconoce los esfuerzos de Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi y les extiende una sincera felicitación por la reciente recepción del Premio Nobel de la Paz.

- La C. Senadora Martha Elena García Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Solicito a esta Presidencia la inserción completa de este punto de Acuerdo en el Diario de los Debates.

Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy vengo a presentarles este punto de Acuerdo a nombre del Senador Juan Carlos Romero Hicks y del mío propio.

Como ustedes saben, el Premio Nóbel de la Paz representa, sin duda, una de las insignias más importantes en materia de derechos humanos, este premio ha sido concedido a personas y a organizaciones que por su labor humanitaria y política, han contribuido al desarrollo de los derechos humanos y a promover la cultura de la paz dentro y fuera de sus naciones.

A nivel mundial, figuras como Martin Luther King, la madre Teresa, Jimmy Carter, el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, así como diversas organizaciones, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, entre otros organismos, han sido reconocidos con esta insignia.

América Latina también ha sido reconocida a través de este premio, entre ellos se encuentran personalidades como el argentino Carlos Saavedra Lamas, el mexicano Alfonso García Robles, el costarricense Oscar Arias Sánchez, o la guatemalteca Rigoberta Menchu.

Con tan solo 17 años de edad, Malala, de origen pakistaní, se ha convertido en la persona más joven en recibir el Premio Nóbel de la Paz, que este año comparte con Kailash de la India.

Malala ha sido reconocida por su activismo en la defensa de los derechos de las mujeres y de las niñas, y ha protestado en contra de la ocupación de militares del régimen talibán en las zonas rurales, por evitar el cierre de escuelas privadas y la prohibición de la educación de las niñas entre 2003 y 2009.

Malala, acompañada siempre de su familia y, sobre todo, de su padre, ha sido invitada a participar en diversos foros internacionales para exponer la situación de las niñas en su país. Lamentablemente su lucha no ha sido fácil ya que ha sido blanco de diversas agresiones físicas y verbales, e incluso en 2012, sufrió una atentado talibán en represalia a su lucha y defensa del derecho a la educación de las niñas pakistanís. No obstante, nunca se dio por vencida y en el transcurso de lucha ha recibido numerosos premios.

En 2013, le entregaron en París y en Madrid el Premio UNICEF de España, además de ser candidata para el Nóbel de la Paz en 2013.

En octubre de 2013 fue galardonada con el Premio a la Libertad de Conciencia que otorgan los presidentes de los grupos políticos del Parlamento Europeo, entre otros.

Kailash, por su parte, ha mostrado gran valor personal y manteniendo la tradición de Gandhi, ha encabezado varias formas de protestas pacíficas centradas en la grave explotación de las niñas y los niños, para obtener beneficios financieros; ha contribuido al desarrollo de importantes convenciones internacionales sobre los derechos de la niñez.

Es fundadora del Movimiento para la Liberación de la Infancia, a través de la cual han sido rescatados miles de niñas y niños de la esclavitud y la servidumbre por deudas económicas. Sus condiciones no han sido fáciles, y al igual que Malala, ha sufrido agresiones corporales y atentados debido a las defensas de su causa.

Compañeras y compañeros Senadores, no hay mejor ejemplo de las necesidades que tiene la niñez alrededor del mundo; y es en este marco que el Senado de la República quiere reconocer los esfuerzos que Malala y Kailash han recibido a favor de los derechos humanos de las niñas y los niños.

En este sentido quienes suscribimos la presente proposición con punto de Acuerdo, sometemos a la consideración y aprobación del Pleno de esta honorable Cámara lo siguiente:

Primero. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión reconoce los esfuerzos de Malala y Kailash por la continua defensa de los derechos humanos de la niñez en sus países y les extiende una sincera felicitación por la reciente recepción del Premio Nóbel de la Paz.

Segundo. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión resuelve que, a través de los canales institucionales establecidos por la diplomacia parlamentaria, se extiende a Malala y Kailash una cordial invitación para realizar una visita de cortesía a nuestro país.

Compañeras y compañeros, concluyo con una reflexión que Malala expuso en su último discurso, ante la Asamblea de las Juventud de las Naciones Unidas: “Un niño, un maestro y una pluma, pueden cambiar el mundo, la educación es la única solución; la educación es primero”.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA, DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION RECONOCE LOS ESFUERZOS DE MALALA YOUSAFZAI Y KAILASH SATYARTHI POR LA CONTINUA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ EN SUS PAISES Y LES EXTIENDE UNA SINCERA FELICITACION POR LA RECIENTE RECEPCION DEL PREMIO NOBEL DE LA PAZ

“Quienes suscriben Martha Elena GarcIa GOmez y Juan Carlos Romero Hicks, Senadores de la LXII Legislatura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA, DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION RECONOCE LOS ESFUERZOS DE MALALA YOUSAFZAI Y KAILASH SATYARTHI POR LA CONTINUA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ EN SUS PAISES Y LES EXTIENDE UNA SINCERA FELICITACION POR LA RECIENTE RECEPCION DEL PREMIO NOBEL DE LA PAZ, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El premio Nobel de la Paz, representa sin duda, una de las insignias más importantes en materia de derechos humanos. Este premio ha sido concedido a personas y a organizaciones que por su labor humanitaria y política han contribuido al desarrollo de los derechos humanos y a promover la cultura de la paz dentro y fuera de sus Naciones.

Cada mes de septiembre de cada año, el Comité Nobel Noruego envía invitaciones confidenciales a personas y organizaciones de expertos (as), miembros de parlamentos, Cortes de Justicia, Tribunales, académicos y activistas entre los que se encuentran incluso, a fin de que propongan las candidaturas para posteriormente realizar el proceso de elección y el ganador o ganadora del Premio Nobel de la Paz, el cual, es entregado por cinco personas elegidas por el Parlamento Noruego. 

A nivel mundial, figuras como Martin Luther King, Linus Pauling, William Randal, Bertha von Suttner, la Madre Teresa, Liu Xiaboo, Jimmy Carter, el actual presidente de Estados Unidos Barack Obama, así como diversas organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre otros organismos han sido reconocidos con esta insignia.

América Latina también ha sido reconocida a través de este premio, entre ellos se encuentran personalidades como el argentino Carlos Saavedra Lamas, el mexicano Alfonso García Robles, el costarricense Oscar Arias Sánchez o la guatemalteca Rigoberta Menchu, está última por su trabajo en favor de la justicia social y los derechos humanos de las personas indígenas.

Este año, la distinción es entregada a Malala Yousafzai y a Kailash Satyarthi de Pakistán y de la India respectivamente, por su continua lucha contra la represión la niñez y la juventud y por la defensa del derecho a la educación para toda la niñez, en especial para las niñas y las adolescentes. 

Con tan sólo 17 años de edad, Malala se ha convertido en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz, que este año comparte con Kailash Satyarthi de la India de 60 años de edad.  Malala, ha sido reconocida por su activismo en la defensa de los derechos de las mujeres y de las niñas y ha protestado en contra de la ocupación de militares en las zonas rurales, así como por evitar el cierre de escuelas privadas y la prohibición de la educación de las niñas entre 2003 y 2009. Alcanzó notoriedad por escribir en un blog para la BBC utilizando un seudónimo en el que describía la situación de las niñas pakistaníes y las atrocidades que se realizaban en el valle del río Swat por militares del régimen Tehrik-i-Talibán. 

Malala ha sido invitada a participar en diversos foros internacionales para exponer la situación de las niñas en su país, ha participado en documentales como el denominado Pérdida de Clases, La muerte de la educación de la mujer, el cualmuestra a Malala acompañada por su padre realizando una protestas a favor del derecho a la educación de las niñas, convirtiéndose en portavoz de los derechos de las niñas pakistaníes. Sin embargo, su lucha no ha sido fácil a tal grado que en 2012 Malala fue blanco de un atentado talibán en represalia a su lucha y defensa del derecho a la educación.

No obstante, nunca se dio por vencida y en el trascurso de lucha ha recibido numerosos premios por su defensa del derecho a la educación. En el año 2013 le entregaron los premios Simone de Beauvoir en París y en Madrid el Premio Unicef de España. Además de ser candidata para el Nobel de la Paz en 2013, convirtiéndose en la nominada más joven con tan solo 16 años y en octubre de 2013 fue galardonada con el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que otorgan los presidentes de los grupos políticos del Parlamento Europeo.

El 15 de enero de 2014 recibió el Premio Convivencia Manuel Broseta junto a la científica Pilar Mateo. Este último premio lo recogió en marzo en la ciudad española de Valencia donde reivindicó "el poder de la palabra" para luchar contra el terrorismo y defendió el derecho a la educación para aprender no sólo conocimientos de materias sino "igualdad" y "a respetar la cultura y la religión de otros".

Con respecto a Satyarthi, el Comité Nobel destacó que, ha mostrado gran valor personal y manteniendo la tradición de Gandhi, ha encabezado varias formas protestas pacíficas, centradas en la grave explotación de los niños para obtener beneficios financieros. Ha contribuido al desarrollo de importantes convenciones internacionales sobre los derechos de la niñez. Es el fundador de la organización Bachpan Bachao Andolan (que significa movimiento para la liberación de la infancia), a través de la cual han sido rescatados miles de niñas y niños de la esclavitud y de la servidumbre por deudas económicas. Sus condiciones no han sido fáciles, al igual que Mala ha sufrido agresiones corporales y atentados debido a la defensa de su causa.

Cifras del Comité Nobel señalaron que en la India, alrededor de 12.6 millones de niñas y niños son obligados a trabajar en las perores formas de trabajo infantil, desde recoger basura, picar piedra o servir alimentos en mercados. El Comité manifestó que el mundo  hay un total de 168 millones de niños que trabajan, 78 millones menos que el año 2000, pero es importante seguir trabajando en su erradicación. 

De igual manera el Comité Nobel resaltó la importancia de que un hombre hindú de 60 años y una niña musulmana de 17 años, se unan en una lucha común en contra del extremismo, la explotación y el derecho la educación.

Compañeras y Compañeros Senadores:

No hay mejor ejemplo de las necesidades que tiene la niñez alrededor del mundo  y es en este marco que el Senado de la República quiere reconocer los esfuerzos que Malala y Satyarthi han realizado en favor de los derechos humanos de las niñas y los niños.

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración y aprobación del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República, del Honorable Congreso de la Unión reconoce los esfuerzos de Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi por la continua defensa de los derechos humanos de la niñez en sus países y les extiende una sincera felicitación por la reciente recepción del Premio Nobel de la Paz.

SEGUNDO. El Senado de la República, del Honorable Congreso de la Unión resuelve que, a través de los canales institucionales establecidos por la diplomacia parlamentaria, se extienda a Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi una cordial invitación para realizar una visita de cortesía a nuestro país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de octubre de 2014.

Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora García Gómez.

Sonido en el escaño de la Senadora Lisbeth Hernández.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño). Gracias, señor Presidente. Para solicitarle a la Senadora poderme incluir en su punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Ella lo acepta. Gracias. Inscríbase íntegramente la proposición en el Diario de los Debates para reconocer y felicitar los esfuerzos de Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi.

Sonido en el escaño de la Senadora María Beristain.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Felicitar a la Senadora, porque en estos momentos tener la presencia de Malala, que fue una joven que combatió la violencia, sería un asunto muy refrescante para todo México.

Así es que yo saludo y celebro esta gran iniciativa que usted está teniendo porque hoy por hoy, tenemos que resaltar que a la juventud se le premia, se le apoya, se le respalda y eso es lo que queremos aquí en México. Gracias por esa propuesta y me sumo con mucho gusto.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Beristain Navarrete. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Esta Presidencia saluda la presencia de ciudadanas y ciudadanos del vecino estado de Querétaro, encabezados por el señor Javier Chang, invitados por la Senadora Marcela Torres Peimbert. ¡Bienvenidas y bienvenidos!





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo las acciones necesarias para realizar una campaña intensiva de reforestación de los ecosistemas de manglar.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: Bienvenidos. Con su venia, señor Presidente. Buenas tardes Senadoras y Senadores:

El día de hoy presento un punto de Acuerdo en relación a los manglares de nuestro país. Los manglares implican una gran importancia, nuestro territorio cuenta con 17 estados con costa; al oeste tenemos el Océano Pacífico, al este, el Golfo de México y, además, al sureste el Mar Caribe, de tal manera, que dada las condiciones particulares de nuestro país nos obliga a ejecutar planes con ciertas características que salvaguarden y brinden un correcto desarrollo costero.

Los manglares son ecosistemas diversos y de gran importancia ecológica, que brindan una gran variedad de servicios ambientales. Están considerados como zonas de alimentación, refugio y crecimiento de sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras contra huracanes e intrusión salina, controlan la erosión y protegen las costas, mejora la calidad del agua, al funcionar como filtro biológico, contribuyen en el mantenimiento de procesos naturales tales como respuestas a cambios en el nivel del mar, mantienen procesos de sedimentación, son refugio de flora y fauna silvestre, poseen un alto valor estético, recreativo y de investigación.

La región de la Península de Yucatán posee el 55 por ciento de los manglares del país, mientras que la región pacífico-centro posee la menor extensión con el 0.9 por ciento.

Por otro lado, el cambio climático es una realidad que repercute en nuestro país, devastando nuestros recursos naturales; ante estas afectaciones que se provocan y los fenómenos naturales, es necesario preservar nuestros manglares.

Por dar algunos datos que ejemplifiquen el costo de los desastres naturales, tenemos que, los daños y pérdidas que los desastres de origen natural y antrópico ocasionaron en la República Mexicana durante 2013 ascendieron a 61 millones de pesos; es decir, 4 mil 776 millones de dólares, sólo después de 2010, el 2013 registra la cifra más importante desde 1999, fecha en que se inició la publicación de la serie impacto socioeconómico de los desastres en México.

Si consideramos los daños y posibles pérdidas desde el punto de vista económico en relación con el Producto Interno Bruto de 2013, el impacto en términos macroeconómicos fue de 0.37 por ciento.

Este monto de daños y pérdidas equivale a 203 veces el presupuesto anual del FONDEN para la prevención de desastres naturales, que es de 300 millones de pesos; casi tres veces el gasto programable de la Secretaría de Gobernación para el ejercicio 2013, que fue de 21 mil 41 mil millones; 1.4 veces el presupuesto del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, que ascendió a 66 mil millones de pesos en 2013.

Hoy día podemos ver cómo los fenómenos climatológicos están dañando a los manglares de la región de Guerrero. Es menester realizar acciones necesarias de prevención y restauración de los manglares.

Compañeros Senadores, el cambio climático es una realidad y nos está costando nuestro capital verde, el cual debemos preservar. Resulta conveniente para nuestro país una campaña intensiva de reforestación de manglar con la visión de conservar nuestras riquezas naturales, implementar el capital verde, la diversidad de flora e inclusive de fauna, ya que el manglar también brinda protección a diversas especies, sin mencionar que ante los constantes fenómenos climatológicos y ante la presencia humana en las zonas de manglar, han ido disminuyendo notablemente.

Un ejemplo claro que la PROFEPA nos expresa, consiste en que identificó 19 zonas de manglares con afectaciones derivadas de los efectos del huracán “Ingrid” y la tormenta “Manuel”.

Cabe mencionar que la CONANP, SEMAR, PGR y CONABIO ya han realizado acciones para conservar los manglares de nuestro territorio. Sin embargo no son suficientes para garantizar estos ecosistemas.

La PROFEPA, según información analizada de los impactos generados por los acontecimientos meteorológicos, determinó la gravedad de los impactos donde se encontraron ocho zonas con gravedad alta, cuatro zonas con media y cinco con gravedad baja.

Es de gran importancia dar continuidad a los trabajos y logros de la PROFEPA y de las demás dependencias con las que ha trabajado en coordinación.

Es imperante que la SEMARNAT realice las gestiones necesarias con las dependencias correspondientes para preservar los manglares implementando una campaña nacional intensiva de reforestación de manglar.

La reforestación de manglar atendería, principalmente, a recuperar las zonas de manglares afectadas, con repercusiones positivas para el cambio climático, un correcto desarrollo costero y fomentaría los atractivos ecoturísticos de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente punto de Acuerdo:

Unico.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que realice las acciones necesarias para una campaña intensiva de reforestación en los ecosistemas de manglar, principalmente en la Península de Yucatán y en los demás estados de la República que lo requieran.

Y aprovechamos esta ocasión para pedirle también a la PROFEPA que haga bien su trabajo y que no satanice ni castigue a los que no han cometido el delito de devastar el manglar; porque hay sueltos muchos delincuentes de cuello blanco que sí han devastado el manglar, a los que no se les toca ni con el pétalo de una rosa, pero a los campesinos humildes o a los pescadores trabajadores como es en Holbox, Quintana Roo, con el pretexto de que devastaron un manglar que no fue así, los metieron en la cárcel y siguen en la cárcel; y exigimos de inmediato que la PROFEPA reconozca ese garrafal error para que salgan de la cárcel; son gente humilde, son pescadores, pobladores de Holbox, que están pagando una condena injusta e inmerecida.

Sí, a cuidar el manglar, pero sin utilizar el cuidado del manglar para satanizar y castigar a la gente humilde, a los pescadores.

Vamos por los depredadores de cuello blanco, que están sueltos y que ellos sí han devastado muchas hectareas para construir moles de concreto en aras de un supuesto crecimiento turístico que no es sostenible y que sí afecta el clima de nuestro entorno.

Entonces liberen a los pescadores de Holbox que injustamente están en la cárcel en Quintana Roo.

Gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA INTENSIVA DE REFORESTACION EN LOS ECOSISTEMAS DE MANGLAR PRINCIPALMENTE EN LA PENINSULA DE YUCATAN Y EN LOS DEMAS ESTADOS DE LA REPUBLICA QUE LO REQUIERAN

“De la suscrita, Senadora Luz MarIa Beristain Navarrete, integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente proposición con punto de acuerdo que se fundamenta en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestro país cuenta con un amplio territorio costero, al tener 17 Estados con costa, los humedales costeros implican una gran importancia en nuestro país, toda vez que al Oeste de nuestro territorio tenemos al Océano Pacifico, al Este al Golfo de México, y además al Sureste al Mar Caribe, de tal manera que las condiciones particulares de nuestro país implica ejecutar planes con ciertas peculiaridades que salvaguarden y brinden un correcto desarrollo costero.

“MARCO DE REFERENCIA

Los manglares están presentes en los 17 Estados de la República que tienen litoral, con una cobertura de 770,057 Ha¹. El Estado de Campeche posee la mayor superficie de manglar del país con 175,614 Ha¹, y la menor, Baja California con 28 Ha¹. Guerrero² es el único Estado con manglares sin un esquema de protección a nivel federal. Existe una superficie de manglar dentro de ANP’s Federales de 408,174 Ha. La región Península de Yucatán posee el 55% (423,751 Ha) de los manglares del país, mientras que la región Pacífico centro posee la menor extensión con el 0.9% (6,590 Ha)1.

Convención Ramsar

México es uno de los países integrantes de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, cuyo principal objetivo es «La conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo».”1

Según la PROFEPA podemos entender por manglares:

“Los humedales costeros, en particular los manglares, son ecosistemas diversos y de gran importancia ecológica que brindan una gran variedad de servicios ambientales. Están considerados como zonas de alimentación, refugio y crecimiento de juveniles de crustáceos y alevines, actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras contra huracanes e intrusión salina, controlan la erosión y protegen las costas, mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro biológico, contribuyen en el mantenimiento de procesos naturales tales como respuestas a cambios en el nivel del mar, mantienen procesos de sedimentación, son refugio de flora y fauna silvestre, poseen un alto valor estético, recreativo y de investigación.”

Una vez expresado lo que se entiende por manglares, manifestado el número de Estados que cuentan con costa, es importante mencionar que en algunos Estados Costeros se presenta en mayor medida los manglares como por ejemplo Quintana Roo o Veracruz, siendo el Estado de Guerrero uno de las entidades con mayores afectaciones en sus manglares.

Un fenómeno climatológico mundial es el Cambio Climático, el cual según la Ley General de Cambio Climático en la fracción III del Artículo 3° consiste en:

“III. Cambio climático: Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables.”

El Cambio Climático es una realidad, lo podemos percibir en toda la República, el clima no se comporta de la misma manera de que hace 50 años, cada día hay más huracanes, tormentas, inundaciones, en donde se pone en riesgo a las vidas de los ciudadanos, además de que implica costos millonarios para el país por ejemplo según el estudio “Impacto Socioeconómico de los Desastres en México en 2013”2:

  • “Los daños perdidas que los desastres de origen natural y antrópico ocasionaron en la República Mexicana durante 2013 ascendieron a 61,009 millones de pesos, es decir, 4, 776 millones de dólares. Sólo después de 2010, el 2013 registra la cifra más importante desde 1999, fecha en que se inició la publicación de la Serie Impacto socioeconómico de los desastres en México.

 

  •  Si consideramos los daños y pérdidas desde el punto de vista económico en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) de 2013, el impacto en términos macroeconómicos fue de 0.37%.
  •  Este monto de daños y pérdidas equivale a 203 veces el presupuesto anual del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), que es de 300 millones de pesos; casi tres veces el gasto programable de la Secretaría de Gobernación para el ejercicio fiscal 2013, que fue de 21,041 millones de pesos; 1.4 veces el presupuesto del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, que ascendió a 66,000 millones de pesos en 2013.”

 

Ante la realidad del cambio climático y sus efectos en nuestras costas, es menester realizar acciones necesarias de prevención de daños que eviten gastos mayores en atender las emergencias.

Resultaría conveniente para nuestro país una campaña intensiva de reforestación de manglar en nuestro país, con la visión de conservar nuestras riquezas naturales, incrementar el capital verde, la diversidad de flora e inclusive de fauna, ya que el manglar también brinda protección a diversas especies de fauna, sin mencionar que ante los constantes fenómenos climatológicos y ante la presencia humana en las zonas de manglar han ido disminuyendo, un ejemplo claro que la PROFEPA nos expresa consiste en que identificó 19 zonas de manglares con afectaciones derivadas de los efectos del huracán Ingrid y la Tormenta Manuel.

“Las actividades humanas constituyen la principal amenaza para los manglares. Entre las principales actividades humanas están la destrucción del hábitat, la contaminación y la sobreexplotación de los recursos. La falta de planificación del desarrollo urbano, industrial y turístico, así como del desarrollo agrícola, ganadero y acuícola, han desplazado y reducido extensiones considerables de manglares. Los desechos sólidos urbanos, contaminantes industriales, pesticidas y fertilizantes agrícolas, derrames de petróleo, etc., así como las modificaciones a las condiciones hidrológicas han tenido un gran impacto sobre los manglares. La sobreexplotación de algunas especies altera substancialmente la composición, estructura y función de este ecosistema.”3

Cabe mencionar que la CONANP, SEMAR, PGR y CONABIO ya han realizado acciones para conservar los manglares de nuestro territorio, sin embargo no son suficientes para garantizar estos ecosistemas.

La PROFEPA con la información analizada de los impactos generados por los acontecimientos meteorológicos, determinó la gravedad de los impactos; donde se encontraron ocho zonas con gravedad alta, cuatro zonas con media y 5 con gravedad baja.

Según La PROFEPA:

- Se tienen registrados 6,331 complejos de humedales.

- Equivalen a 9´924,624 ha. que representan el 5% del territorio nacional.

Es de gran importancia dar continuidad a los trabajos y logros de la PROFEPA y de la demás dependencias con las que ha trabajado en coordinación.

Es imperante que la SEMARNAT realice las gestiones necesarias con las dependencias correspondientes para preservar los manglares, implementando una campaña intensiva nacional de reforestación de manglar.

La reforestación de manglar atendería principalmente recuperar las zonas de manglar afectadas, con repercusiones positivas para el cambio climático, un correcto desarrollo costero y fomentaría los atractivos ecoturísticos de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que realice las acciones necesarias para realizar una campaña intensiva de reforestación en los ecosistemas de manglar principalmente en la península de Yucatán y en los demás Estados de la República que lo requieran.

Presentado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 14 de octubre de 2014.

Atentamente

Sen. Luz María Beristaín Navarrete”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Torres Peimbert. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de Acuerdo que solicita la Secretaría de Salud informar la posibilidad técnica de aplicar la prueba de tamiz prenatal, desde su escaño.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Solamente pedirle, señor Presidente, que tal como presenté este punto de Acuerdo sea incorporado, no haré uso de la tribuna, solamente para solicitarle se integre en los términos como fue presentado.

Gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD INFORME A ESTA SOBERANIA LA POSIBILIDAD TECNICA Y DE PERSONAL PARA APLICAR LA PRUEBA DEL TAMIZ PRENATAL A LA MUJERES DURANTE EL EMBARAZO Y ASI PREVENIR LA MORTALIDAD MATERNA.

“La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, Senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, fracción II, y 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Como Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, comprendo perfectamente que las condiciones de equidad abarcan diversos satisfactores que deben disfrutar las mujeres, entre ellos, el derecho a gozar de un estado de bienestar pleno que les permita desarrollarse adecuadamente en el seno de nuestra sociedad. Nuestro papel legislativo abarca el compromiso de velar por la salud de las y los habitantes de nuestro país, tal como lo mandata la Carta Magna en su artículo cuarto. Lo anterior se fortalece si consideramos que la salud materna es primordial para el funcionamiento adecuado de cualquier sociedad, por lo que una tarea de suma importancia radica en desterrar por completo la mortalidad materna desde sus causas originarias.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha señalado que la mortalidad materna es la principal causa de muerte entre mujeres en edad reproductiva, generando un aproximado de 550 mil muertes anuales en el mundo por causas diversas tales como: anemia, hipertensión, infecciones de diversos tipos y fístula obstétrica, la cual se define como la formación de un orificio anómalo en la vía del parto1.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece por su parte que, sólo en 2013 murieron, 289,000 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio, lo cual es una cifra alarmante si consideramos que el derecho a la salud es protegido tanto por instrumentos jurídicos internacionales como por la propia Constitución Política de nuestro país. Al efecto, la salud materna se define como “la salud de la mujer en un ámbito concreto de su manera de vivir, realizarse y pertenecer a una familia en una sociedad, promoviendo la capacidad y la autonomía para que su condición de madre no haga peligrar su propia vida. De este modo, la maternidad saludable es esperanza para las mujeres, para sus hijos, sus familias y para la misma sociedad a la que pertenecen.”2

Por su parte, la defunción materna se define como “la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales”3

El compromiso signado por diversos países en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, refiere que una de las metas trazadas, específicamente el Objetivo número 5, se constriñe a reducir en un 75% teniendo como fecha límite el año 2015; dicho objetivo se encuentra íntimamente relacionado con el 4 el cual busca reducir la mortalidad infantil al menos en dos terceras parte para la fecha compromiso. En ese sentido, es deseo de los gobiernos, entre ellos, el mexicano, buscar que a través de políticas públicas se logren esos índices de reducción. Por nuestra parte, como legisladoras y legisladores, estamos encargados de generar un marco regulatorio que permita erradicar dichas condiciones; elementos jurídicos que nos permitan avanzar en dichas metas, sobretodo, a través de la prevención.

En México, el Sistema Internacional de Información en Salud, en consonancia con los números que arrojan las muertes maternas en el mundo, buscó llevar a cabo un recopilado de información que mostrara el comportamiento de la morbilidad materna en fechas recientes en todo el territorio nacional. Para su muestreo se basó en la información obtenida de certificados de defunción en los cuales había muertes confirmadas o sospechosas que se encuadraban dentro de los elementos de muerte materna en el periodo 2005-2007.

Dichos datos arrojaron que la principal causa de muerte materna es la que tiene que ver con enfermedad hipertensiva del embarazo, al registrar 944 defunciones en los tres años del muestreo, seguida de la Hemorragia durante el embarazo, parto o puerperio con 828 casos confirmados.

De esa manera podemos señalar que la principal causa de muerte materna en nuestro país es la hipertensión arterial, también conocida como preeeclampsia/eclampsia. De hecho, el Grupo de Atención Inmediata a Defunciones Maternas formado por la Secretaría de Salud para analizar las fallas más comunes asociadas a la morbilidad materna, señaló que cerca del 56.6% de los problemas tenían que ver con la deficiente prevención de casos que culminaban con la vida de las madres.4 Lo cual nos deja en evidencia que sigue siendo un problema urgente de atender en nuestro país tanto de forma operativa, como a través de una estructura legal que provea a todas las mujeres la posibilidad de allegarse de los estudios clínicos que le permitan detectar problemas durante el embarazo y, de esa manera, prevenir las complicaciones como las señaladas.

Siendo una de las principales causas y entendiendo la urgencia de detectar elementos que permitan la atención temprana de la hipertensión arterial, se desarrolló un estudio clínico denominado Tamiz Prenatal, el cual consiste en “un conjunto de pruebas bioquímicas y biofísicas (ultrasonido Doppler) seguido de la toma de presión arterial, estudio de proteinuria y el cuadro clínico que evalúe el médico Obstetra, tomando en cuenta importantes aspectos y síntomas de la paciente”. El estudio fue desarrollado por científicos londinenses y publicado en la revista American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Dicha prueba sirve para detectar de forma oportuna malformaciones morfológicas y genéticas en el feto, así como reconocer síntomas de hipertensión arterial de las madres que tengan el riesgo de convertirse en preeclampsia o eclampsia. Al respecto, existen tres clases de tamices prenatales: los bioquímicos, que utilizan los niveles proteínicos como marcadores de riesgo; los ecográficos, que utilizan los valores del ultrasonido para determinar el nivel de riesgo; y los combinados, que utilizan variables bioquímicas y ecográficas para llevar a cabo un dictamen detallado.

Por su parte, el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia señala que en nuestro país no existe un método alternativo que nos permita detectar, con la eficiencia que lo hace el tamiz prenatal, problemas genéticos en el feto, así como preeclampsia o eclampsia en la madre de forma oportuna y que sirva como un elemento preventivo en el combate a la mortalidad materna. Incluso, esa misma agrupación ha generado una serie de recomendaciones respecto el tamiz prenatal para que se apliquen de forma efectiva en México y sirva de parámetro para detectar las enfermedades citadas.

De ahí la preocupación como Senadora para vincular los avances científicos en la matera, con el trazado legislativo y de políticas públicas, que redunde en que los órganos de salud en nuestro país consideren la aplicación de la prueba del tamiz prenatal en tanto exista la posibilidad técnica para ello.

En atención a lo anterior es que la finalidad de la presente proposición con punto de acuerdo es: conocer si existen los elementos suficientes dentro del Sector Salud para llevar a cabo la aplicación obligatoria del Tamiz Prenatal a las Madres durante el embarazo y, de esa manera prevenir alteraciones morfológicas o genéticas en el feto, así como problemas hipertensivos en la madre.

Por los argumentos vertidos con anterioridad me permito sostener a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud informe a esta soberanía si existen todos los elementos técnicos y de infraestructura para llevar a cabo de forma obligatoria la prueba del tamiz prenatal en clínicas y hospitales del Sector Salud en nuestro país.

Segundo. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud informe a esta soberanía si el personal del Sector Salud (médicos, enfermeras, radiólogos y personal de los hospitales en general) se encuentra capacitado para una eventual aplicación del tamiz prenatal obligatorio en nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 14 de octubre de 2014

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Le agradezco, Senadora Gastélum Bajo. Túrnese a la Comisión de Salud.


1 http://www.who.int/features/factfiles/obstetric_fistula/es/

2 http://web.ssaver.gob.mx/saludpublica/files/2014/05/DiaMundial-de-lucha-contra-la-Mortalidad-Materna.pdf

3 Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionadas con la Salud. Décima Revisión, CIE-10  Volumen 2, OPS-OMS.

4 http://www.cinu.org.mx/gig/Documentos/RaymundoCanalesMEXICO.pdf





 

Se concede el uso de la tribuna al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y avances del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de todos los Senadores presentes.

Este es un punto de Acuerdo que tiende a pedir a la Secretaría de Educación Pública que informe detalladamente a esta Soberanía sobre el cumplimiento de los objetivos y avances del Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las escuelas del sistema educativo nacional.

Uno de los mayores debates que se da aquí en el Senado tenía que ver a la hora de fijar nuevos impuestos con el tema de los alimentos chatarra.

Bastante se habló de ello, las características y el efecto que tiene. Hay un estudio de la FAO que dice que durante el año 2013 más de 500 personas en el mundo presentaron problemas de obesidad y que hay cerca de 870 millones de personas que tienen problemas de alimentación, que padecen hambre, y que esto afecta las capacidades físicas y la esperanza de vida de la población infantil, particularmente.

En el panorama de la salud de 2013, se menciona que México es el segundo país, después de Estados Unidos, con mayor obesidad y que casi un tercio de los niños mexicanos tienen sobrepeso o sufren de obesidad.

En nuestro país, el problema de sobrepeso y la obesidad se ha convertido en un problema de gran magnitud que experimenta un crecimiento a gran velocidad.

Datos del Encuentro Nacional de Salud y de Nutrición indican que 1 de cada 3 adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobre peso y obesidad. Y que en los escolares, la prevalencia combinada de sobre peso y obesidad, ascendió, en promedio, en un 26 por ciento para ambos sexos, lo que representa más del 4.1 por ciento de escolares conviviendo con este problema.

En México se estima que hay un millón y medio de niños menores de 5 años que presentan desnutrición crónica, 13.6 por ciento.

Mientras que otros 2 millones menores de 5 años tienen anemia; y esto tiene implicaciones para el desarrollo académico que padece esta población infantil.

Se estima que los niños que no tienen alimentos necesarios para su etapa de desarrollo tienen un 17 por ciento menos de habilidades para resolver problemas matemáticos; y el 19 por ciento no cuenta con las herramientas necesarias para la comprensión de lectura, incluso cuando cumplen 8 años de edad.

Y hay estados que concentran a más de 850 mil niños con desnutrición y estos son: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Yucatán, Campeche y Veracruz.

Hay una segunda consideración. El derecho a la alimentación está consagrado en el artículo 4o. de la constitución, y ahí está obligado el Estado mexicano a garantizar este derecho de las niñas y los niños.

En el Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, se estableció como objetivo transitar a una sociedad equitativa e incluyente, articulando políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población. Y entre sus líneas de acción incluyo promover el desarrollo integral de los niños y las niñas en materia de salud, alimentación y educación.

Además, en el programa sectorial de educación de 2013 al 2018, planteó como objetivo asegurar la calidad del aprendizaje en la educación básica en la formación integral de todos los grupos de la población.

Por otro lado, en la Ley General de Educación, en el artículo 7o., fracciones I, IX y X, dispone obligaciones en los lineamientos que el Estado imparta, todas las escuelas, que tienen hasta incluso, reconocimiento y validez oficial, tendrán que fomentar la educación en materia de nutrición, desarrollar aptitudes solidarias de los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud.

En el mismo ordenamiento, en el artículo 24 bis, señala que la Secretaría de Educación Pública, mediante disposiciones que hará públicas en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio de cumplimiento de otras disposiciones aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparadas y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud.

Estas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos.

Por lo anterior, hay un ordenamiento ya publicado el 16 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación que establece estos lineamientos; y tenemos que diversas organizaciones han señalado que la mayoría de las escuelas han incumplido con esta regulación y que las autoridades locales no han aplicado el acuerdo que establece los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas procesadas en las escuelas del sistema educativo nacional, lo que sigue manteniendo un ambiente obsegénico escolar y permitiendo tanto la venta, como la distribución de la comida chatarra en las escuelas a nivel básico y medio-superior.

Por lo tanto, hemos propuesto el siguiente punto de Acuerdo. “El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a que informe detalladamente a esta Soberanía sobre el grado de cumplimiento a los objetivos y avances del Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las escuelas del sistema educativo nacional.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de octubre de 2014.

De tal manera, compañeros, que estamos en este punto, incluso, en el preámbulo de que entremos a la celebración del Día Mundial de la Alimentación, que va a ser ya en próximos días.

Por lo tanto, este punto yo siento que debe ser revisado, atendido y ventilado con la oportunidad que el tema señala, porque estamos tomando y abordando el tema de la nutrición infantil y el cumplimiento de estos lineamientos generales en las escuelas públicas que tiene reconocimiento en la validez oficial de sus estudios.

Muchas gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO, POR LO QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, INFORME DETALLADAMENTE A ESTA SOBERANIA, SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y AVANCES DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL EXPENDIO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PREPARADOS Y PROCESADOS, EN LAS ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

“El suscrito, Senador ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el Senado de la República LXII Legislatura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, y 276 del Reglamento del Senado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, POR LO QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, INFORME DETALLADAMENTE A ESTA SOBERANIA, SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y AVANCES DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL EXPENDIO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PREPARADOS Y PROCESADOS, EN LAS ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES:

Primera.-La comida chatarra es un tipo de alimento que contiene por lo general altos niveles de energía, azúcar, sal y/o grasa saturadas, activos químicos, colorantes y saborizantes, además, ofrecen poca variedad de nutrientes en términos de proteína, fibra, vitaminas y minerales. El consumo de este tipo de alimentos ha generado diversos problemas de salud pública, en países tanto desarrollados como subdesarrollados, como lo son es el sobre peso, obesidad, desnutrición, enfermedades cardiacas y diabetes.

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), durante el 2013, más de 500 millones de personas en el mundo presentaron problemas de obesidad, mientras que unos 870 millones tienen problemas de alimentación, lo que ha implicado un deterioro de las capacidades físicas, y la esperanza de vida, particular mente en la población infantil, la cual según la Organización Mundial de la Salud, estima que a 2010 hay 42 millones de niños con sobrepeso en todo el mundo .

De acuerdo con Panorama de la Salud 2013 (Health at a Glance 2013) menciona que México es el segundo país, después de los Estados Unidos, con mayor obesidad, casi un tercio de los niños mexicanos tiene sobrepeso o sufre de obesidad. En nuestro país la epidemia del sobrepeso y la obesidad se ha convertido en un problema de gran magnitud que experimenta un crecimiento a gran velocidad.

Datos del ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) indican que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio del 26% para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este problema.

En contraste otro gran problema derivado del consumo de comida chatarra es la mala nutrición, en México estima que un millón y medio de niños menores de 5 años presentan desnutrición crónica (13.6%), mientras otros 2 millones menores de cinco años tienen anemia, entre las implicaciones que genera esta condición en los niños en el ámbito escolares un menor alcance académico, mayores índices de reprobación y repetición del grado escolar. Se estima que los niños que no tienen los alimentos necesarios durante su etapa de desarrollo tienen un 17% menos de habilidades para resolver problemas matemáticos y 19% no cuenta con las herramientas necesarias para la comprensión de lectura, incluso cuando cumplen ocho años.

Las entidades que concentran a más de 850 mil niños con desnutrición y que están por arriba del promedio nacional son: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, Yucatán, Campeche y Veracruz. .

Segunda.-El derecho a una alimentación nutritiva y de calidad de los mexicanos, está consagrado en el artículo 4to de nuestra Constitución Política, y el Estado Mexicano está obligado a garantizarlo. Así mismo este artículo establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y educación para un desarrollo adecuado e integral y el Estado deberá velar y cumplir éstos derechos. Al respeto en los últimos años, los distintos gobiernos han implementado diversas políticas para garantizar una alimentación saludable, así como prevenir y erradicar la desnutrición y obesidad dela población infantil, sin embargo, estas políticas no han cumplido con sus objetivos.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,

Del Presidente Enrique Peña Nieto, estableció como objetivo transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, articulando políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población. Entre sus líneas de acción se incluyo promover el desarrollo integral de los niños y niñas en materia de salud, alimentación y educación. Además, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, planteó como objetivo asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población, a través de una estrategia que fortalezca la educación integral, impulsando la participación de las autoridades educativas estatales y de las escuelas en las campañas para una alimentación sana y contra la obesidad.

Por otro lado, la Ley General de Educación, en su artículo 7o., fracciones I, IX y X dispone que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá que fomentar la educación en materia de nutrición, desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud. Asimismo, dicho ordenamiento legal en su artículo 24 Bis, señala que la Secretaría de Educación Pública, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determina la Secretaría de Salud. Estas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos de carácter nutrimental.

Derivado de lo anterior, la Secretaria de Educación Pública, elaboró el Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional, que fue Publicadoel16 de mayo del 2014, en el Diario Oficial de la Federación. Dentro de estos lineamientos se prohíbe la preparación, expendio y distribución de alimentos en escuelas que presenten una fuerte cantidad de azucares simples, harinas refinadas y grasas que no cumplan con los criterios nutrimentales y por tanto no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en riesgo.

Tercero.- Al iniciar el Ciclo Escolar 2014-2015, diversas organizaciones han señalado que la mayoría de las escuelas han incumplido con esta regulación, y que las autoridades locales no han aplicado el acuerdo que establece los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, lo que sigue manteniendo un ambiente obesigénico escolar y permitiendo tanto la venta, como la distribución de la comida chatarra en las escuelas de nivel básico y nivel medio superior.

Siendo la educación un detonante relevante para el desarrollo del país, es necesario que el Estado Mexicano garantice un ambiente propicio y saludable para elevar los niveles de calidad de educación tanto básica, como media superior. Es indispensable llevar a cabo acciones que prevengan y combatan el alto consumo de comida chatarra y así disminuirlos niveles de obesidad y desnutrición en los que esta México.

Finalmente, es necesario que la Secretaria de Educación Pública (SEP), informe el grado de aplicación que tienen las entidades locales de educación, en relación al acuerdo que establece los lineamientos que deben de seguirlas escuelas para el expendio y distribución de alimentos. El informe debe contener que entidades locales de educación ya están aplicando dicho acuerdo e informar cuales han sido los avances obtenidos desde su publicación en lo que va del ciclo escolar 2014-2015.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública, informe detalladamente a esta Soberanía, sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y avances del Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados, en las escuelas del sistema educativo nacional.

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de octubre de 2014.

Suscribe

Sen. Isidro Pedraza Chávez”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias a usted, Senador Pedraza Chávez. Túrnese a la Comisión de Educación.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a atender la problemática por la comisión de delitos y atentados a los derechos humanos imputados a los integrantes del mando único de policía del estado de Morelos.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

El tema de Ayotzinapa puso en la nota nacional e internacional las violaciones recurrentes de los órganos policíacos en México. Un tema delicado, porque hoy nuestro país está siendo observado por todos los órganos de organismos de derechos humanos.

Por eso cualquier acción que haga el Senado Mexicano para prevenir violaciones a los derechos fundamentales es bien vista por la sociedad.

En este tema, quiero decirles, que el modelo de mando único policial estatal, si bien es cierto que pretende resolver de manera integral el problema de la inseguridad, su implementación en muchos casos ha generado problemas de violación grave a los derechos humanos de las personas, como detenciones arbitrarias, violaciones a la integridad personal, privación ilegal de la libertad, hasta lesiones, tortura y, en casos más graves, el homicidio y la desaparición forzada.

El escenario se complica cuando los sucesos se multiplican. Es por ello que el Senado de la República, en atención a estos casos, debe tomar cartas en el asunto.

Por eso es que exhortamos a la Junta de Coordinación Política para que analice la conveniencia de generar una comisión especial que atienda los casos donde se victimicen ciudadanos inocentes o se violen derechos fundamentales de los imputados dentro de un proceso penal o administrativo.

Hay que entender que para toda persona el derecho humano a la integridad personal; se encuentra plenamente reconocido en los artículo 14, párrafo II; 16, párrafo I; 19, último párrafo; y 22, párrafo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y en los instrumentos internacionales, en los artículos 7 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2, del Código de la Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; y 1.2 de la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en la declaración de principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder expedida por la Organización de las Naciones Unidas en 1985.

En las actuaciones irregulares policíacas del mando único, la prohibición de la tortura es un derecho constitucional consagrado en tres preceptos, en el artículo 20, apartado b) como un derecho del detenido a no ser torturado; en el 22, que prohíbe la realización de conductas contrarias a la integridad personal; y en el 19, que prohíbe los malos tratos en las detenciones.

Así también México es parte de los tratados internacionales específicos sobre la prohibición de la tortura, la Convención contra la Tortura, Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes de 1984, basada primordialmente en la Declaración sobre la Protección contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ambas ratificas por el Estado mexicano, establecido en las obligaciones para adoptar medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura y establecerla como delito conforme al derecho penal.

Sin respeto a los derechos humanos, ningún gobierno puede sustentar una verdadera estrategia de seguridad, porque se desvirtúa por sí misma. Generar culpables bajo el pretexto genérico y constante de que todos los detenidos pertenecen a células delincuenciales organizadas y bajo método de tortura, obtener todas las declaraciones de culpabilidad en la mayoría de los casos, seguramente de personas que son completamente inocentes.

Especialmente en el estado de Morelos tenemos una crisis de seguridad desde 1997, cuando fue depuesto el General Jorge Carrillo Olea gobernador del estado por ser responsable de la crisis de secuestro que vivía nuestra entidad federativa.

Después tuvimos el problema con Sergio Estrada Cajigal, del tristemente célebre señor Montiel, coordinador general de la Policía Ministerial en la entidad federativa en donde se dieron cantidades enormes de fabricación de delitos y de muchos inocentes que fueron parar a las cárceles del estado por confesiones que se les arrancaron mediante la tortura.

Un caso específico, además de los ya citados, se generó en el pasado mes de abril de 2013 contra los ciudadanos Fermín Medina Montes, Arturo Patiño Ocampo, Luis Alejandro Alcántara Estrada y Pablo Villegas Montes de Oca, por policías adscritos al Mando Unico de la Comisión Estatal de Seguridad Morelos, en el municipio de Jiutepec, fueron detenidos inconstitucionalmente para revisión de rutina, siendo golpeados en ese momento, detenidos y subidos a las patrullas de las unidades, a ser puestos boca abajo, siendo cubiertos del rostro y sufriendo golpes en diversas partes del cuerpo y con el calor de la lámina de la unidad policial, sufrieron quemaduras en cuerpo de segundo y tercer grado, requiriendo injertos de piel; lo que ha sido calificado en la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el expediente 298/2014-6, a partir de las evidencias aportadas, se advierten violaciones a derechos humanos consistentes, violación a la integridad personal, tortura, tratos crueles e inhumanos derivados de un ejercicio indebido de la función pública; hechos presuntamente constitutivos de delitos, quedando registrados en el número SS01/94/2014.

La detención arbitraria y violación al derecho a la integridad y seguridad personal, ejercicio indebido de la función pública e incomunicación cometidas por el elementos del mando único contra los ciudadanos Gerardo Cruz Luna, José Luis y Eliseo, Chávez Arredondo, el 25 de junio de 2013, en la zona oriente del estado de Morelos, sumando 95 casos debidamente fundamentados en los expedientes de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos.

Así como estos casos, nos alarman una serie desafortunada de sucesos, como la detención arbitraria contra la ciudadana Alma Rosa García Puga, en Cuernavaca, Morelos; la tortura contra los ciudadanos Suri Lisbeth Vázquez Aguilar y Elpidia Gutiérrez Mejía, también de Cuernavaca; el allanamiento de morada, detención arbitraria y acciones contra Rufino García Hernández, ejercidos en la capital del estado; y 32 casos debidamente fundamentados correspondientes a los días transcurridos del 2014; y el muy sonado asesinato del compañero Valentín Damaso González, en el municipio de Xochiapa, Morelos, donde al cometer una falta administrativa y fue golpeado y cruelmente asesinado el 23 de septiembre pasado.

Un solo caso que fuera, compañeros Senadores y Senadoras, valdría la pena el esfuerzo para corregir estos abusos institucionales.

Punto de Acuerdo:

Primero.- El Senado de la República exhorta a la Junta de Coordinación Política para que genere una comisión especial sobre atención a ciudadanos por daños e irregularidades cometidos por integrantes de los cuerpos policíacos del mando único, en particular para atender a las muchas víctimas por este problema en el estado de Morelos.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Morelos, para atender la problemática generada por las actuaciones irregulares de los integrantes del mando único en Morelos, atender a las víctimas de estos sucesos y se procede a la correspondiente reparación del daño, a efecto de que se generen las medidas necesarias para solucionar este problema.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Morelos para que en términos de sus atribuciones constitucionales y legislativas, haga comparecer al comisionado estatal de Seguridad Pública de la entidad, para explicar el comportamiento del mando único, a su cargo y los cargos denunciados donde se ha victimizado a la sociedad en general, atender a las víctimas de las actuaciones irregulares de esa corporación institucional, dar seguimiento a la autoridad responsable en el debido cumplimiento en las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos.

Cuarto.- El Senado de la República exhorta al Fiscal General del estado de Morelos, a dar celeridad a las carpetas de investigación generadas por la investigación de delito donde se imputen ilícitos a los integrantes del mando único del estado de Morelos.

Quinto.- El Senado de la República exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, a generar las recomendaciones necesarias contra las autoridades correspondientes por las quejas iniciadas respecto a la violación de derechos humanos atribuidas a los integrantes del mando único del estado de Morelos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA ATENDER LA PROBLEMATICA DE MANERA INTEGRAL POR LA COMISION DE DELITOS IMPUTADOS AL “MANDO UNICO” DE POLICIA, Y EN PARTICULAR POR LOS 128 CASOS DOCUMENTADOS DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS POR LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE MORELOS.

“El que suscribe Senador FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, integrante del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, el siguiente PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA ATENDER LA PROBLEMATICA DE MANERA INTEGRAL POR LA COMISION DE DELITOS Y ATENTADOS A LOS DERECHOS HUMANOS, IMPUTADOS A LOS INTEGRANTES DEL “MANDO UNICO” DE POLICIA DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Sendas reformas constitucionales federales en Derechos Humanos, constituyen el paradigma de un estado garantista, donde la constitucionalidad, convencionalidad y el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, constituyen el mandato más firme de que las autoridades de todos los niveles de gobierno, debemos atender la protección de los derechos humanos de todos y cada uno de los individuos en México.

Las noticias cotidianas de una sociedad con graves problemas, especialmente en el ámbito de la seguridad pública, implican la necesaria atención garante de la autoridad bien preparada, para generar la paz pública, el orden y la convivencia social armónica, mediante inteligencia institucional, procesos bien diseñados, sustento científico, y una capacitación integral de actuación preventiva, repulsiva y correctiva en su caso.

En el Estado de Morelos, al igual que en otras veinticinco entidades federativas del país se han generado estrategias para atender esa problemática social, entre ellas para conformar modelos de policía unificada, denominados “mando único”, modelo que como ha declarado el Secretario de Gobernación, fracaso en el sexenio pasado dentro de la Secretaria de Seguridad Pública Federal.

Este modelo de “mando único” policial estatal, si bien es cierto que pretende resolver de manera integral el problema de inseguridad, su implementación en muchos casos ha generado problemas de violación grave a derechos humanos de las personas, como detenciones arbitrarias, violaciones a la integridad personal, privación ilegal de la libertad, hasta lesiones, tortura y en casos más graves el homicidio y la desaparición forzada.

El escenario se complica cuando los sucesos se multiplican, es por ello que el Senado de la República en atención a estos casos debe tomar cartas en el asunto, es por ello que exhortamos a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para que analice la conveniencia de generar una comisión especial, que atienda los casos donde se victimicen ciudadanos inocentes, o se violen derechos fundamentales de los imputados dentro de un proceso penal o administrativo.

De manera particular en el Estado de Morelos, muchos ciudadanos han acudido al suscrito para solicitar apoyo en los diversos procedimientos incoados contra elementos del “mando único” policial del Estado de Morelos donde han sido víctimas, lo que por la multiplicidad de casos y la recurrencia en los múltiples municipios del Estado donde tiene presencia ese “mando único”, emerge la presencia de un problema institucional, al que atender de manera inmediata.

Hay atender que para toda persona el derecho humano a la integridad personal se encuentra plenamente reconocido en los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 19, último párrafo, y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales en los artículos 7, 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5.1, 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 5, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; y 1.2 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzada, en la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, expedida por la Organización de Naciones Unidas en 1985.

En las actuaciones irregulares policiacas de “mando único” la prohibición de la tortura es un derecho constitucional consagrado en tres preceptos, en el artículo 20 apartado B como un derecho del detenido a no ser torturado, en el 22 que prohíbe la realización de conductas contrarias a la integridad personal y en el 19 que prohíbe los malos tratos en las detenciones. Así también México es parte de los tratados internacionales específicos sobre la prohibición de la tortura: la Convención Contra la Tortura Tratos o Penas Crueles, Inhumanos  o Degradantes de 1984, basada primordialmente en la Declaración sobre la protección Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ambas ratificadas por el Estado mexicano estableciendo las obligaciones para adoptar medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura y establecerla como delito conforme al derecho penal.

Sin respeto a los derechos humanos ningún gobierno puede sustentar una verdadera estrategia de seguridad, porque se desvirtúa por si misma, generar culpables bajo el pretexto genérico y constante de que todos los detenidos pertenecen a células de delincuencia organizada y bajo métodos de tortura, obtener todas las declaraciones de culpabilidad, en la mayoría de los casos seguramente de personas que son completamente inocentes.

Un caso específico se generó en el pasado mes de abril del 2013contra los ciudadanos Fermin Medina Montes, Arturo Patiño Ocampo, Luis Alejandro Alcantara Estrada y Pablo Villegas Montes de Oca por policías adscritos al “mando único” de la Comisión Estatal de Seguridad, Morelos, mismos que refirieron al ir circulando a bordo de un vehículo sobre la calle Emiliano Zapata de la colonia Constitución en Jiutepec Morelos, fueron detenidos por elementos de la policía para una inconstitucional “revisión de rutina”, siendo golpeados en ese momento, detenidos y subidos a las bateas de las unidades, al ser puestos boca abajo, siendo cubiertos del rostro, y sufriendo golpes en diversas partes del cuerpo, y que con el calor de la lámina de la unidad policial sufrieron quemaduras en cuerpo y debieron ser hospitalizados en el Instituto Mexicano del Seguro Social; en el informe que rinde el Comisionado Estatal de Seguridad Publica en el Estado, informó que en relación a los hechos no tenía conocimiento, sin embargo refiere que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Republica, por el delito violación a la ley de Armas de Fuego y Explosivos, estableciendo que el conductor del vehículo, no había atendido las indicaciones de la policía, sin embargo al realizar la revisión del vehículo fue encontrada un arma tipo escuadra de 9mm, siendo que por testimonios de los presentes del hecho durante la detención la conducta de los imputados, fue accesible y sin oponer resistencia, aún y cuando se encontraban bajo los influjos del alcohol, por lo que en ningún momento dieron motivo alguno con el cual los elementos de esta corporación hiciera uso irracional de la fuerza, refiriendo que al encontrase en la instalaciones de la Comisión Estatal de Seguridad al realizar certificación médica a cada unos de los ciudadanos en mención, mostraron cierto dolor y molestias físicas, por lo que al ser revisados fueron trasladados al hospital, pues presentaban quemaduras en distintas partes del cuerpo, que al momento de realizar la puesta a disposición ya contaban con dichos golpes y quemaduras, sin embargo dichas personas en ningún momento refirieron comentario alguno o hicieron del conocimiento de su estado de salud sino hasta llegar a las instalaciones de la CES; por otra parte cabe señalar que el Instituto Mexicano del Seguro Social informó sobre el estado de salud de los quejosos estableciendo que efectivamente presentaban quemaduras de segundo y tercer grado y que requerían la colocación de injertos de piel; los quejosos ofrecieron evidencias testimoniales que corroboraron que efectivamente habían sido detenidos por policías del mando único con lujo de violencia, así como evidencias fotográficas de las lesiones que presentaban, lo que ha sido calificado en la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos en el expediente 298/2014-6; a partir de las evidencias aportadas se advierten violaciones a derechos humanos consistentes violación a la integridad personal, tortura, tratos crueles e inhumanos derivados de un ejercicio indebido de la función pública, cometida por policías adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad Publica, mismos que además iniciaron denuncia por estos hechos presuntamente constitutiva de delitos quedando registrada con el número SS01/94/2014; así como la detención arbitraria, violación al derecho a la integridad y seguridad personal, ejercicio indebido de la función pública e incomunicación cometida por elementos del mando único, contra los CC. Gerardo Cruz Luna, José Luis y Eliseo de apellidos Chávez Arredondo, del 25 de junio del 2013 en la zona oriente del Estado de Morelos, sumando al momento 95 casos debidamente fundamentados en los expedientes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, correspondiente al 2013.

Así como estos casos, nos alarma una serie desafortunada de sucesos, como la detención arbitraria contra la C. Alma Rosa García Puga en Cuernavaca Morelos; la tortura con los CC. Zury Lizbeth Vásquez Aguilar y Elpidia Gutiérrez Mejía también de Cuernavaca Morelos; el allanamiento de morada, detención arbitraria y lesiones contra Rufino García Hernández acaecidos en la capital del Estado, y los 32 casos debidamente fundamentados correspondientes a los días transcurridos del 2014, donde, por un solo caso que fuera valdría la pena el esfuerzo institucional para corregir estos abusos institucionales.

Lo anterior me lleva a solicitar a esta alta Soberanía que en el ámbito de nuestras atribuciones, prestemos la atención que debemos a cada uno de los ciudadanos de esta república, generando la comisión especial que proponemos apruebe la Junta de Coordinación Política para atender esta problemática que no es exclusiva de un Estado, y que por los 128 casos que se investigan en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, se exhorte a las diversas autoridades de esa Entidad, en sus diversos ámbitos de competencia para atender el problema, dando una particular atención a las víctimas, la reparación del daño y la ejecución de medidas inmediatas para restituir el Estado Constitucional y de Derecho, que devuelva la confianza de la población en las autoridades instituidas.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que este asunto sea considerado de Urgente Resolución y puesto a discusión y votación de esta Asamblea en esta sesión, por lo que nos permitimos someter a esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO: EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA ALA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, PARA QUE GENERE UNA COMISION ESPECIAL SOBRE ATENCION A CIUDADANOS POR DAÑOS E IRREGULARIDADES COMETIDOS POR INTEGRANTES DE LOS CUERPOS POLICIACOS DE “MANDO UNICO”, EN PARTICULAR PARA ATENDER A LAS MUCHAS VICTIMAS POR ESTE PROBLEMA EN EL ESTADO DE MORELOS.

SEGUNDO: EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS:

  • PARA ATENDER LA PROBLEMATICA GENERADA POR LAS ACTUACIONES IRREGULARES DE LOS INTEGRANTES DEL “MANDO UNICO” EN MORELOS;

 

  • ATENDER A LAS VICTIMAS DE ESTOS SUCESOS Y SE PROCEDA A LA CORRESPONDIENTE REPARACION DEL DAÑO;
  • A EFECTO DE QUE SE GENEREN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA.

 

TERCERO: EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS:

PARA QUE EN TERMINOS DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVAS, HAGA COMPARECER AL COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA ENTIDAD, PARA EXPLICAR EL COMPORTAMIENTO DEL “MANDO UNICO” A SU CARGO Y LOS CASOS DENUNCIADOS DONDE SE HA VICTIMIZADO A LA SOCIEDAD EN GENERAL;

ATENDER A LAS VICTIMAS DE LAS ACTUACIONES IRREGULARES DE ESA CORPORACION INSTITUCIONAL; DAR SEGUIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL DEBIDO CUMPLIMIENTO EN LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS.

CUARTO: EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS A DAR CELERIDAD A LAS CARPETAS DE INVESTIGACION GENERADAS POR LA INVESTIGACION DE DELITOS DONDE SE IMPUTAN ILICITOS A INTEGRANTES DEL “MANDO UNICO” DEL ESTADO DE MORELOS.

QUINTO. EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS, A GENERAR LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS CONTRA LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES POR LAS QUEJAS INICIADAS RESPECTO A LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS ATRIBUIDAS A LOS INTEGRANTES DEL “MANDO UNICO” DEL ESTADO DE MORELOS.

Dado en el salón de sesiones a 14 de octubre de 2014.

Suscribe

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo. Túrnese el primer resolutivo, a la Junta de Coordinación Política; y a la Comisión de Derechos Humanos, los cuatro resolutivos restantes.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a atender y adoptar las medidas de vigilancia epidemiológica y de control de seguridad, que prevengan con mayor certeza al riesgo de ingreso del virus del Ebola al territorio nacional.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores; pueblo de México, con mucho cariño.

Fíjense ustedes como está la situación del ébola.

Nada más, datos de la Organización Mundial de la Salud. Esta semana habrá más de 9 mil pacientes con ébola, prevé la OMS. Asimismo, la OMS prevé 10 mil casos de ébola semanales, para el mes de diciembre.

Traemos hoy, en el mundo, el mundo tan pequeño, 8 mil 914 casos de ébola, con 4 mil 400 muertes. Esto es algo verdaderamente impresionante.

Dado el asunto, compañeras y compañeros Senadores, nos permitimos, en el Senado, hacer este exhorto al gobierno federal.

Y en días recientes que hemos recibido con gran preocupación la noticia de los medios de comunicación nacional e internacionales, de que ya son, como decía, más de 4 mil muertes, las que han registrado en países de Africa, a consecuencia del virus del ébola, según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud.

Apenas el día de ayer se informó de una mujer que trabajaba en el sector de la Salud en Texas; y quien trató a una víctima de ébola, que ya falleció, se contagió del virus, tras producirse una falla en el protocolo de seguridad, sin duda alguna.

El contagio de esa mujer en Estados Unidos es el segundo que se registra fuera de Africa. El primer contagio, les recuerdo, se registró en España, una mujer que se infectó luego de atender a un misionero español, repatriado desde Sierra Leona tras contraer dicho virus.

En ambos casos, las afectadas son miembros del personal sanitario y se habla de que fallaron los protocolos de seguridad, incluso dicho por el propio Presidente Barack Obama.

Frente a esta situación, los gobiernos de dichos países han solicitado que las autoridades federales de salud tomen medidas adicionales inmediatas para garantizar que los hospitales y los proveedores de atención médica en todo su territorio, estén preparados para seguir los protocolos adecuados para tratar enfermos con ébola.

Dice un dicho que es del dominio popular “más vale prevenir que lamentar”. De ahí que vemos la necesidad de poner en alerta a nuestras autoridades federales en salud para que, dentro de sus responsabilidades, implementen acciones de mayor seguridad y control estricto que impidan que el virus del ébola llegue a territorio nacional; y se proteja y oriente a la población sobre los riesgos de esta epidemia, considerando que el 8 de agosto del año en curso, la Organización Mundial de la Salud declaró entorno al virus del ébola como una emergencia sanitaria pública de preocupación internacional.

El mundo vive la epidemia del ébola más mortal desde que existe registro, tanto en número de infectados como en expansión geográfica.

El ébola es una enfermedad infecciosa viral aguda, que produce fiebre hemorrágica cuya tasa de mortalidad puede llegar al 90 por ciento y que se contagia por contacto directo con la sangre o fluidos corporales de personas infectadas que presenten estos síntomas.

Hay países de América Latina que ya están haciendo lo propio, aun cuando no se ha registrado ningún caso de contagio en sus territorios. Por ejemplo, el gobierno de Argentina anunció que dispone de un sistema de alerta que incluye recursos humanos, tecnológicos y centros sanitarios de referencia para detectar rápidamente los posibles casos de contagio, además de que se han desarrollado un método que permite detectar el virus en menos de 24 horas.

Por su parte, el ministerio de Salud del Perú declaró la alerta epidemiológica en todos los servicios de sanidad del país después de que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de ébola en Africa Occidental como una emergencia pública sanitaria internacional.

A pesar de que la Secretaría de Salud ha señalado que México está en el grupo de países considerados con bajo riesgo ante el virus del ébola, según los criterios de la OMS, hay que estar preparados para impedir que esta grave epidemia llegue al territorio nacional; más aún cuando ya se registraron en el país vecino del norte los primeros casos nada más ahí pasando el río, del otro lado.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Senado de la República como de urgente resolución el siguiente punto de Acuerdo.

Unico.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud, como dependencia federal que preside el Consejo de Salubridad General, a fin de que en el seno de dicho consejo, se atienda y adopte las medidas de vigilancia epidemiológica y de control de seguridad, en coordinación con las autoridades del ámbito local, que prevengan con mayor certeza el riesgo de ingreso del virus del ébola a territorio nacional.

Asimismo, para que dicha dependencia informe sobre las acciones que ha planteado y recomendado llevar a cabo la Organización Mundial de la Salud; concretamente las que se están realizando por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica y sobre una red de laboratorios de salud pública en toda la República y del diseño de un protocolo específico para hacer frente a esta epidemia.

Gracias por su atención, compañeras y compañeros Senadores.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE CONTIENE EXHORTO A LA SECRETARIA DE SALUD EN TORNO AL VIRUS DEL EBOLA

“Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática a la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108; 276 y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Asamblea, como de urgente resolución la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días recientes, hemos recibido con gran preocupación la noticia de los medios de comunicaciones nacionales e internacionales, de que ya son más de cuatro mil muertes las que se han registrado en países de Africa, a consecuencia del virus del Ebola, según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A penas el día de ayer, se informó que una mujer que trabaja en el sector de la salud en Texas –y quien trató a una víctima de ébola que ya falleció– se contagió del virus tras producirse una falla en el protocolo de seguridad.

El contagio de esa mujer en Estados Unidos es el segundo que se registra fuera de Africa. El primer contagio se registró en España, una mujer que se infectó luego de atender a un misionero español repatriado desde Sierra Leona tras contraer dicho virus.

En ambos casos, las afectadas son miembros del personal sanitario y se habla de que fallaron los protocolos de seguridad.

Frente a esta situación, los Gobiernos de dichos países ya han solicitado que las autoridades federales de salud tomen medidas adicionales "inmediatas" para garantizar que los hospitales y proveedores de atención médica en todo su territorio están "preparados" para seguir los protocolos adecuados para tratar con enfermos de ébola.

Compañeras y compañeros Senadores:

Dice un dicho que es del dominio popular, que más vale prevenir que lamentar.

De ahí que vemos la necesidad de poner en alerta a nuestras autoridades federales de salud, para que dentro de su responsabilidad se implementen acciones de mayor seguridad y control estricto que impidan que el virus de ébola llegue a territorio nacional, y se proteja y oriente a la población sobre los riesgos de esta epidemia.

Considerando, que:

  • El 8 de agosto del año en curso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró en torno al virus del ébola, como una "emergencia sanitaria pública de preocupación internacional"-

 

  • El mundo vive la epidemia de ébola más mortal desde que existen registros, tanto en número de infectados como en expansión geográfica.
  • El ébola es una enfermedad infecciosa viral aguda que produce fiebre hemorrágica cuya tasa de mortalidad puede llegar al 90%, y que se contagia por contacto directo con la sangre o los fluidos corporales de personas infectadas que presenten ya síntomas.

 

  • Hay países de América Latina que ya están haciendo lo propio, aún cuando no se ha registrado ningún caso de contagio en sus territorios.

Por ejemplo, el gobierno de Argentina, anunció que dispone de un sistema de alerta que incluye "recursos humanos, tecnología y centros sanitarios de referencia" para detectar rápidamente los posibles casos de contagio; además de que han desarrollado un método que permite detectar el virus en menos de 24 horas.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Perú declaró la "alerta epidemiológica" en todos los servicios de sanidad del país, después de que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de ébola en Africa occidental, como una emergencia pública sanitaria internacional.

  • Se ha reconocido por las propias autoridades sanitarias, que México no cuenta con protocolos ni con hospitales preparados para atender un brote de ébola. Circunstancia que debe preocupar y ocupar al Gobierno Federal; más aún cuando la OMS ha sostenido que no existe la preparación necesaria para hacer frente a este virus.

 

  • A pesar de que la Secretaria de Salud, ha señalado que México está en el grupo de países considerados con “bajo riesgo” ante el virus del ébola según los criterios de la OMS; hay que estar preparados para impedir que esta grave epidemia llegue a territorio nacional; más aún cuando ya se registraron en el país vecino del norte, los primeros casos.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración del pleno de este Senado de la República, como de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Salud, como dependencia federal que preside el Consejo de Salubridad General, a fin de que en el seno de dicho Consejo, se atienda y adopten las medidas de vigilancia epidemiológica y de control de seguridad, en coordinación con las autoridades del ámbito local, que prevengan con mayor certeza el riesgo de ingreso del virus del ébola a territorio nacional; y en su caso, se declare la alerta epidemiológica correspondiente.

Asimismo, para que se dicha dependencia informe sobre las acciones que ha planteado y recomendado llevar a cabo la Organización Mundial de la Salud; concretamente, las que se están realizando por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica y sobre la implementación de una Red de Laboratorios de Salud Pública en toda la República y del diseño de un protocolo específico para hacer frente a esta epidemia.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de octubre de 2014.

Suscribe

Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Mayans Canabal. Como ha sido solicitado y con fundamento en los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución este asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por al afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Tiene la palabra la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, desde su escaño.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Quiero, a nombre del grupo parlamentario del PRI, externar nuestra adhesión, por supuesto a esta preocupación que ha sido manifiesta en el punto de Acuerdo que acaba de ser leído por el compañero Senador Fernando Mayans; y comentar, en abono a lo que aquí se ha señalado, que sí, por supuesto es preocupación del país, de este Senado de la República y de las autoridades en la materia, por supuesto, el tema del ébola.

Sabemos, de acuerdo a cifras que en septiembre dio la Organización Mundial de la Salud, que para noviembre, estimado Senador Mayans, serán 20 mil las personas infectadas en el mundo. Y esto, por supuesto, que nos pone en alerta a todos los países que conformamos el planeta.

Quiero aquí, en este momento, traer frases que fueron mencionadas en Ginebra en la Organización Mundial de la Salud, en la mesa de expertos sobre el tema en cuestión, y dice: “No podemos predecir cómo se va a extender la epidemia. Estamos tratando en gran medida con lo desconocido”.  Cierro la cita de lo que ahí se comentó en septiembre de este año.

Sin duda estamos viendo lo que está pasando a lo largo del mundo con esta epidemia y, por supuesto, que estamos dispuestos a sumarnos a las acciones que sean necesarias, porque nuestro país tiene que hacer lo propio, tiene que prever, en la medida de lo posible, cómo contener que pueda llegar a nuestro país, pero ante una situación como la que ya estamos viendo en países vecinos como Estados Unidos, pues tenemos que prever situaciones que pongan en peligro nuestra población.

Me parece que algunos de los temas que podemos poner sobre la mesa dentro de las acciones a realizar, pues será clave la capacitación al personal para el manejo del tema y, por supuesto, establecer acciones seguras para los trabajadores que enfrentarán esta realidad que esperemos, por supuesto, que no toque a nuestro país.

Por esto es que estamos de acuerdo en el punto que ha sido manifiesto hace un momento. Y de parte del grupo parlamentario del PRI, estamos solidarios con lo que el gobierno de la República, a través de la autoridad en la materia, lleve a cabo y reforzar las medidas desde nuestro ámbito, para coadyuvar en lo necesario.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Flores Escalera.

Sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Para respaldar la propuesta que ha presentado mi compañero el Senador Fernando Mayans.

Creo que no podemos seguir cargando nosotros con ineficiencia; y en nuestro país siempre que nos enfrentamos a un problema vemos qué acciones tomar después de que este ya generó daños irreparables en muchas de las ocasiones.

Hemos sido omisos en acciones preventivas en el caso de la violencia. Hemos sido omisos en temas que tienen que ver con garantizar medidas efectivas para la salud. Y yo creo que ahorita que empiezan a presentarse manifestaciones de preocupación en otros continentes y en otros países sobre esta grave enfermedad en la cual no hay registrado, incluso, hasta el momento, medicamentos eficaces para su cura; sí tiene este Senado que mostrar responsabilidad y encaminar medidas, sobre todo, desde la esfera de salud para que podamos garantizar que en nuestro país sí se establezca información, que se establezca, incluso, un catálogo de cuáles pudieran ser los agentes portadores potenciales de aquellos que viajan, que salen, que van incluso a encuentros de carácter mundial, y que pueden regresar a nuestro país con esa posibilidad de ser portadores, pues que se sometan a una revisión, a un chequeo y a una vigilancia que permita que esta enfermedad no logre tocar a los más desprotegidos, porque, luego, finalmente pasa que a los que menos tienen les pasan todas las calamidades; y en ese sentido reconozco la oportunidad de este punto de Acuerdo, y que no dejemos pasar la ocasión sin que manifestemos responsabilidad en este Senado de la República.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Pedraza Chávez. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria. Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Compañeras y compañeros Senadores, hago de su conocimiento que las demás iniciativas y proposiciones de la agenda de hoy se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 275 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

(Presentada por el C. Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 141-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

(Presentada por el C. Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI)

“El que suscribe Ricardo Barroso Agramont, Senador de la República de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 141-A de la Ley Federal de Derechos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hoy en día, México vive un cambio en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión con la aprobación de la Reforma en Telecomunicaciones y con la creación de la Ley de la materia, atacando cuestiones de concentración, competencia, acceso a los diferentes servicios, disminución de la brecha digital, entre otras, con lo cual se busca generar un crecimiento y un mayor desarrollo en el país.

La Reforma mencionada establece que el mercado se compone de diversos servicios que se agrupan en dos grandes sectores: el de telecomunicaciones y el de radiodifusión. Para los efectos de la presente iniciativa, nos enfocaremos en el segundo sector, es decir, en el de radiodifusión.

De conformidad con la fracción LIV del artículo 3º de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la radiodifusión comprende:

[…]

LIV. Radiodifusión: Propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, incluidas las asociadas a recursos orbitales, atribuidas por el Instituto a tal servicio, con el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos para ello;

[…]

En otros términos, el sector de radiodifusión comprende dos servicios que son completamente gratuitos: radio y televisión abiertas. Entre los servicios de radio encontramos un servicio que prestan personas con infraestructura propia, operados por sí mismas y que no dependen de un prestador de servicios o un tercero, es decir, el servicio de radioafición.

La página de internet de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) menciona que un aficionado a la radio, es una persona interesada en la radiotecnia, con capacidad según su clasificación, para instalar y operar estaciones radioeléctricas del servicio de aficionados, con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro1.

De igual forma, el Reglamento para Instalar y Operar Estaciones Radioeléctricas del Servicio de Aficionados define al servicio de aficionados como aquel que tiene por objeto la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos, efectuados por aficionados, esto es, por personas debidamente autorizadas que se interesan en la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro.

El artículo 406 de la Ley de Vías Generales de Comunicación establece que “las instalaciones de aficionados se autorizarán exclusivamente para iniciarse en la técnica y en la práctica de los sistemas de radiocomunicación, por simple entretenimiento y sin interés pecuniario alguno […]”.

De lo anterior, se entiende que un radioaficionado por lo general es autodidacta, sin embargo, puede agruparse y formar Radio Clubes, entendiéndose por estos a las agrupaciones de aficionados constituidos y registrados en el IFETEL, con el propósito de practicar el servicio de aficionados organizadamente y sin fines de lucro.

Dentro de los objetivos del servicio de radioafición está el que exista una comunicación continua entre dos puntos geográficos alejados, permitiendo así mantener un canal de comunicación útil para la población, sobre todo cuando se está en presencia de algún desastre natural, generando información en zonas donde los sistemas de comunicación comercial fallan como consecuencia de los mismos desastres.

Esta comunicación continua depende del mismo radioaficionado, ya que es éste quien crea, opera y mantiene su propia infraestructura. Con esto, puede experimentar logrando que su comunicado recorra mayores distancias día con día y que la calidad del mismo sea mejor.

Para operar una estación, el radioaficionado necesita apegarse a un marco legal, además de evitar la creación de interferencia con otros sistemas de comunicación preexistentes. Por ello, se requiere contar con un certificado de aptitud y un permiso de instalación, expedidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL),además de cubrir las cuotas establecidas en las fracciones III y IV del artículo 141-A de la Ley Federal de Derechos. Este certificado se obtiene tras realizar y aprobar una serie de exámenes teóricos, reglamentarios y radiotelegráficos. Con el certificado y el permiso, los radioaficionados se clasifican en cuatro categorías: Clase I, Clase II, Restringido y Novatos; cada una de estas con características propias.

Como ya se mencionó, el radioaficionado se ha convertido en una persona indispensable en temporadas de huracanes o de catástrofes naturales, permitiendo que exista un canal de comunicación que proporcione información, sobre todo cuando los medios de comunicación fallan y no facilitan el servicio a la comunidad damnificada.

Por esta razón, la radioafición se ha convertido en una actividad apoyada por los tres niveles de gobierno. Un claro ejemplo de esto es la Asociación Estatal de Radioaficionados de Baja California Sur, A.C., asociación acreditada por el propio Gobierno Estatal como miembro activo del Consejo Estatal de Protección Civil. Además, la Radio Afición Mexicana realiza diariamente, a nivel nacional, redes y programas en los que se hacen prácticas de radiocomunicación y se fomenta la cultura de protección civil, tales como la Red de Emergencia Mexicana y el programa “Comentario en cinco minutos”.

Cabe destacar que, históricamente, los radioaficionados han sido los primeros en poner a disposición de los gobiernos, personal de emergencias y población en general sus sistemas de comunicaciones en los casos y zonas de desastres y después de ocurridos estos, tal y como sucedió en el terremoto de 1985, donde la Asociación Estatal de Radioaficionados de Baja California Sur, A.C. apoyó a la sociedad de la entidad comunicándolos con sus familiares que se encontraban en el D.F.

Teniendo en cuenta que esta actividad es para iniciarse en la técnica y en la práctica de los sistemas de radiocomunicación, por simple entretenimiento y, en algunos casos, como una opción de apoyo en beneficio de la población, los radioaficionados gastan cantidades considerables de dinero en la instalación de su estación, la cual puede ser fija, móvil o portátil, e incluso puede contar con repetidoras.

Todo esto genera un gasto elevado que en algunas ocasiones es difícil de cubrir por los mismo radioaficionados, principalmente por aquellos que están pensionados, jubilados, o por personas mayores de 60 años, quienes normalmente cuentan con ingresos bajos que no les permiten hacer frente a los altos costos del equipamiento, aunado a las tarifas que deben pagar, establecidas en la Ley Federal de Derechos, por la expedición, modificación o revalidación de los certificados de aptitud.

Por otra parte, hay personas de más de sesenta años que se encuentran jubiladas y desean continuar sirviendo a la sociedad, por tal motivo, participan en la radiodifusión convirtiéndose en radioaficionados muy activos, sobre todo porque tienen un mayor tiempo libre y desempeñan este importante servicio por motivación, porque les agrada servir, de tal forma que encuentran una excelente vía para continuar siendo útiles a sus comunidades.

Sin embargo, es evidente que se necesitan recursos económicos para establecer una estación y, como personas mayores de sesenta años, no cuentan con un trabajo que les proporcione las posibilidades económicas para solventar la instalación y mantenimiento de las estaciones de radio, por lo que consideramos un importante apoyo el hecho de que, por disposición de la Ley, el costo por derechos disminuya siendo una ayuda más, tal y como se ha otorgado apoyo a adultos mayores por conducto de las dependencias del Gobierno Federal, como la SEDESOL, impulsando el Programa “Pensión para Adultos Mayores”, cuyo monto mensual asciende a 580 pesos mensuales con entregas de 1,160 pesos cada dos meses; y a nivel local como la “Pensión Alimentaria para Adultos Mayores” del Distrito Federal, cuyo monto asciende a 1,009.35 pesos mensuales.

Por este motivo, y en beneficio de la misma población, se plantea hacer una disminución en las tarifas establecidas en la Ley Federal de Derechos para beneficiar a los radioaficionados, y que puedan continuar con sus actividades con la finalidad de mejorar el servicio y la comunicación entre las comunidades, así como el apoyo a Protección Civil en los desastres naturales delos que el país es víctima.

En mérito de lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO: Se adiciona un último párrafo al artículo 141-Ade la Ley Federal de Derechos para quedar de la manera siguiente:

Artículo 141-A.- Por la expedición de la constancia de peritos en telecomunicaciones de profesionales técnicos responsables, de radio clubes y de certificados de aptitud para instalar y operar estaciones radioeléctricas y redes públicas de telecomunicaciones, respecto de los servicios que a continuación se señalan, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

I a V […]

Para efecto de las fracciones III y IV, y tratándose de aficionados jubilados, pensionados o mayores de 60 años, se reducirán en un 50%las cuotas establecidas.

TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO.- El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 14 octubre de 2014.

Atentamente

Sen. Ricardo Barroso Agramont”.


1 http://www.cft.gob.mx/es_mx/Cofetel_2008/Cofe_certificado_de_aptitud_y_permiso_para_instala




 

PROPUESTAS

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social a que, en coordinación con sus homólogas estatales, implementen políticas públicas focalizadas a la atención y mejoramiento de la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza en el país. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS SECRETARIAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA QUE EN COORDINACION CON SUS HOMOLOGAS ESTATALES IMPLEMENTEN POLITICAS PUBLICAS FOCALIZADAS A LA ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE POBREZA EN EL PAIS

DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El concepto de la pobreza abarca más allá de la escasez o la insuficiencia de ingresos. Entender este concepto requiere de una visión amplia, que trascienda el enfoque de satisfacción de necesidades y reconozca que, al igual que todas las personas, la población que la padece tiene derechos que derivan en este caso, en obligaciones legales del Estado mexicano.

No todas las personas en situación de pobreza la experimentan del mismo modo, ni son igualmente vulnerables a ella o tienen las mismas posibilidades y oportunidades de superarla, presentándose una importante heterogeneidad de la vivencia, origen y consecuencias de la pobreza según edad, sexo, pertenencia étnica y ubicación rural-urbana.

Un segmento altamente vulnerable es el de los menores de edad, pues no solo experimentan la pobreza en forma diferente a los adultos, sino que ésta tiene también distintas formas y facetas. Las niñas, niños y adolescentes son más vulnerables a sus efectos, sus necesidades son más urgentes, y las consecuencias son de larga duración tanto en ellos como en la sociedad en su conjunto.

La experiencia de pobreza en las primeras edades deja marcas indelebles que potencian el círculo vicioso de la pobreza. En América Latina y el Caribe, una porción significativa de los menores de 18 años enfrentan adversidades que los perjudican de forma directa en esta etapa del ciclo vital, que luego siguen teniendo repercusiones negativas en el resto de sus vidas y se transmiten a las generaciones siguientes.

Estas adversidades se relacionan con las condiciones materiales de vida, con el acceso desigual a servicios de distinta naturaleza, con los apoyos y estímulos provenientes de las agencias de protección, socialización y formación y con su exposición a riesgos, entre los que destacan la violencia y el abuso.

A su vez, las niñas, niños y adolescentes más afectados suelen estar sumidos en situaciones de insuficiencia de ingresos y privación de sus derechos con respecto a su educación, vestido, salud, nutrición y supervivencia, cuya solución efectiva no se puede postergar.

La pobreza infantil, abarca más factores que los parámetros tradicionalmente utilizados para medir la pobreza, como los bajos niveles de ingreso o consumo de los hogares. Por ejemplo, existen aspectos de la pobreza de la infancia que resultan intangibles para estas mediciones: inseguridad, carencia de libertad por hostigamiento o abuso, falta de participación, y exclusión social.

Por ello, la pobreza infantil no puede ser resuelta únicamente por medio del aumento de los niveles de ingreso individual: es un problema complejo que necesita estrategias integrales que comprendan el fenómeno desde diferentes aspectos.

Un mayor y más adecuado conocimiento de los determinantes y la situación de pobreza multidimensional en la infancia permitirán formular políticas públicas más eficaces para superarla y romper su transmisión intergeneracional. Por lo tanto, para cumplir con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario erradicar tanto la pobreza infantil como la pobreza general.

Estimar la pobreza infantil implica identificar las privaciones que afectan a los niños, los derechos que se ven vulnerados, y a partir de ellos realizar los procedimientos necesarios para reflejar el ejercicio de derechos de la infancia. Esto es hacer un seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados, y evaluar los programas y proyectos implementados en los distintos países, en relación con su impacto en la disminución de la extensión y profundidad de la pobreza y la desigualdad.

En América Latina, la pobreza de niñas, niños y adolescentes presentan índices alarmantes de pobreza, muy superiores a aquellos que padecen otros grupos de edad. Se trata de un grave problema en todos los países de la región.

Las niñas, niños y adolescentes de la región se ven imposibilitados de acceder a los estándares generales de bienestar establecidos en sus sociedades, además se hallan en gran medida impedidos de satisfacer sus necesidades básicas, lo que les perjudica en sus capacidades presentes para aprovechar oportunidades futuras a causa de la desnutrición y la mortalidad entre otros factores.

Desde el inicio de los años noventa, hasta los años de la década actual, se ha registrado un aumento de la pobreza infantil significativamente en 13 países latinoamericanos.

De ahí la importancia de generar las condiciones no solo regionales, sino globales para establecer los mecanismos necesarios y básicos que sirvan de ejemplo para la elaboración de políticas públicas acordes a la solución de las grandes problemáticas a que se enfrentan todas y cada una de las sociedades en el mundo.

En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en 1989, es adoptada de manera unánime como un instrumento internacional para establecer que todas las niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos, y su cumplimiento es obligatorio para todos los países que lo han firmado, incluido México que ratificó la Convención en septiembre de 1990.

Con la CDN, las niñas, niños y adolescentes dejan de ser simples beneficiarios de los servicios de protección del Estado, pasando a ser concebidos como sujetos de derecho.

Los compromisos asumidos por los Estados signatarios de la CDN se dirigen a aumentar las oportunidades y capacidades que permitan a los niños, niñas y adolescentes tener un presente y un futuro sin pobreza y romper su dinámica de reproducción.

Al firmar la CDN, México asumió el compromiso de cumplir cabalmente con sus disposiciones, adecuar sus leyes a estos principios, colocar a la infancia en el centro de sus agendas a través del desarrollo de políticas públicas y a destinar el mayor número de recursos posibles para la niñez y la adolescencia.

La Convención define a los niños como sujetos de derechos, y valida toda una serie de factores que se conciben como constitutivos del bienestar infantil, que están ausentes en situación de pobreza.

Los menores de 18 años que viven en la pobreza se ven privados de muchos de sus derechos, entre otros y en particular: el derecho a la supervivencia, la salud y la nutrición, la educación y la información, la vivienda, la participación y la protección frente a los riesgos, los daños, la explotación y la discriminación.

Los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño son universales, integrales e indivisibles, e impulsan un único marco jurídico, programático y de política. La CDN abarca derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y se guía por cuatro principios básicos:

I- El interés superior del niño;

II- Su derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo;

III- El respeto de sus opiniones, lo que implica la ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes; y

IV- El principio de no discriminación, que significa que cualquier negación o exclusión por motivos de raza, pertenencia étnica, género o nacionalidad es inaceptable.

Es el principio del interés superior del niño el que obliga que la superación de la pobreza infantil sea una prioridad en las acciones de reducción de la pobreza en la población en su conjunto.

Por ello, el Estado mexicano, las instituciones, la comunidad, las familias y los individuos deben compartir la responsabilidad de proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y otorgarles prioridad respecto de otros compromisos.

En México de acuerdo a algunas estimaciones para el año 2012 existían aproximadamente 39.4 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 53.8% de la población de 0 a 17 años se encontraba en situación de pobreza; es decir, que al menos 21.2 millones de niñas, niños y adolescentes presentaban carencias en el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales y vivían en hogares sin acceso a los recursos monetarios suficientes para adquirir los bienes y servicios requeridos por todos sus integrantes.1

El 12.1% de esta población se encontraba en situación de pobreza extrema, lo que implica que 4.7 millones de ellos presentaban carencias en el ejercicio de tres o más de sus derechos sociales y formaban parte de hogares con un ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias.

Al comparar los datos que se observaron durante el periodo de 2008 a 2010, los niveles de pobreza de la población infantil y adolescente en 2012 (53.8%) siguieron siendo significativamente mayores a los encontrados entre la población de 18 a 64 años (40.7%), lo que evidencia que este grupo de la población sufre en mayor medida las consecuencias de la pobreza que otros grupos sociales, tanto en términos de las carencias sociales que experimentan como en la insuficiencia del ingreso de los hogares de los que forman parte.

De manera desagregada solo 6.4 millones de menores no era pobre ni vulnerable en 2012, 8.8 millones eran considerados vulnerables por carencias sociales y 2.9 millones entraban dentro de la categoría de vulnerable por ingreso. Ver Cuadro 1.

Cuadro 1.

Composición de la población infantil en México.

Millones de personas.

CONCEPTO

CANTIDAD

POBLACION TOTAL
DE 0-17 AÑOS

 

39.4

EN SITUACION DE POBREZA

 

16.5

EN SITUACION E POBREZA EXTREMA

 

4.7

VULNERABLES POR CARENCIAS SOCIALES

 

8.8

VULNERABLES POR INGRESO

 

2.9

NO POBRE NI VULNERABLE

 

6.4

Fuente: Elaborado por cuenta propia con datos del CONEVAL 2014.

Al realizar un análisis sobre las características de los hogares de los menores, se encontró que en cuanto a la situación laboral, cuando ninguna persona se encontraba ocupada, el porcentaje de la población infantil y adolescente en situación de pobreza era de 73.4%, mientas que cuando una persona estaba ocupada esta se reducía a 59.4%, confirmando por lo tanto, que la menor proporción de personas pobres se presenta entre los hogares donde al menos dos personas se encuentran ocupadas.

En los hogares en que la jefatura contaba con nivel escolar de primaria completa o con secundaria incompleta, el 64.7% se encontraba en situación de pobreza. Cuando la jefatura contaba con secundaria completa o mayor nivel educativo, esta proporción se reduce a 37.2%. Esto demuestra que el nivel educativo de la jefatura es un indicador fuertemente correlacionado con las experiencias de pobreza de la población infantil.

Por lo que respecta a la pertenencia étnica en el 2012, el 78.5% de la población infantil indígena de 0 a 17 años se encontraba en situación de pobreza, y de esta el 33.4% se encontraba en situación de pobreza extrema.

El 93.5% de las niñas, niños y adolescentes indígenas presentaron una o más carencias sociales, 55.4% presentaba tres o más carencias sociales. El 80.8% de esta población era parte de hogares donde el ingreso per cápita era inferior a la línea de bienestar y el 48.5% en hogares con ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo.

Las desventajas a las que se enfrenta la población infantil y adolescente indígena se reflejan en los indicadores de carencia social, en especial en el acceso a la seguridad social (86.6%), acceso a los servicios básicos en la vivienda (62.6), calidad y espacios de la vivienda (41.7%) y acceso a la alimentación (38%).

El contexto territorial en el que viven las niñas, niños y adolescentes presenta diferencias considerables. En 2012 el estado con mayor porcentaje de población infantil en situación de pobreza fue Chiapas con 81.7%, del cual el 37.5% se encuentra en pobreza extrema, seguido del estado de Guerrero y Puebla que registraron niveles de pobreza infantil y adolescente superiores a 70%, con 77.1 y 72.5% respectivamente.

A pesar de que la economía mexicana registró un crecimiento anual promedio de 4.3 por ciento entre el 2010 y 2012 de acuerdo con el Banco Mundial, este crecimiento no se vio reflejado en una disminución de los niveles de pobreza en general, mucho menos entre la población de 0 a 17 años.

Existe evidencia de que el ejercicio de los derechos sociales contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población infantil y adolescente, los ingresos de los hogares en los que viven no han mejorado o lo han hecho a una velocidad insuficiente para remontar las experiencias de pobreza que enfrentan.

Con lo cual, se puede concluir que aún y con los esfuerzos en materia de política social, es crucial que las acciones de política económica logren una mejoría importante y sostenida de los ingresos de los hogares.

De tal manera que el gasto social en particular, tenga una tendencia crecientemente progresiva pero que este condicionado a resultados que permitan disminuciones efectivas en las brechas que excluyen del desarrollo y del goce de sus derechos a los grupos de población más vulnerables.

El Gobierno Federal debe entender que la población infantil funge como un activo futuro para el país y es sumamente relevante garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

Es inaceptable que millones de niños se encuentren en el seno de una familia cuyos ingresos no les permite cubrir sus gastos en productos alimentarios trayendo consigo situaciones de pobreza alimentaria; así como gastos de educación y salud traducidos en pobreza de capacidades, y adicionalmente sus gastos en vestido, vivienda y transporte que significan pobreza patrimonial.

Los altos niveles de carencia por seguridad social en la población infantil y adolescente, llaman la atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos y estrategias para garantizar que las familias puedan acceder y participar en mejores condiciones en el mercado de trabajo, ya que su acceso a la seguridad social genera condiciones de protección ante eventualidades fuera de su control, además de que estos mecanismos facilitarían una cobertura más integral de los servicios de salud.

En cuanto a las disparidades existentes entre las distintas regiones y zonas geográficas del país, es necesario aplicar con mayor énfasis políticas que respondan a sus características particulares, pues el nivel de crecimiento y desarrollo económico de cada una de las entidades federativas es diferente, las necesidades de la población son variadas.

Dado que la pobreza es más elevada entre los hogares encabezados por personas jóvenes, las políticas laborales deben incorporar en su diseño el impulso a fuentes de trabajo para los jóvenes que les permita obtener ingresos suficientes para satisfacer las necesidades de sus hogares y para acceder a prestaciones contempladas en la seguridad social.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de las secretarás de Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social para que en coordinación con sus homólogas estatales implementen políticas públicas focalizadas a la atención y mejoramiento de la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza en el país mediante:

  1.  La creación de una estrategia integral de desarrollo infantil temprano, de tipo intersectorial, que cuente con estándares comunes de aplicación nacional y estatal con un sólido enfoque de diversidad cultural que permita el acceso efectivo de la población indígena a esos servicios;

 

  1.  El impulso y creación de empleos formales con las prestaciones previstas en la ley en las regiones con mayor población infantil en situación de pobreza, permitiendo el fortalecimiento de las capacidades productivas y de ingreso de las jefaturas de familia;
  1.  El diseño de estrategias que faciliten la integración de las comunidades indígenas con mayor rezago y en situación de pobreza a la cadena productiva, mediante el mejoramiento de caminos e infraestructura básica;

 

  1.  El impulso de programas y estrategias que brinden atención integral a las carencias de la población indígena así como estrategias universales en aquellas carencias sociales presentes en una mayor parte de la población y que afectan a los grupos con menor número promedio de carencias sociales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de octubre del 2014.

Sen. David Monreal Avila”.


1 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2010-2012




 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar la creación de plantas recicladoras de pilas y acumuladores e implementar un programa nacional de reciclaje de dichos dispositivos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Punto de acuerdo, por el QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA QUE IMPULSE LA CREACION DE PLANTAS RECICLADORAS DE PILAS Y ACUMULADORES E IMPLEMENTE UN PROGRAMA NACIONAL DE RECICLAJE DE DICHOS DISPOSITIVOS.

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, Proposicion con Punto de acuerdo, por el QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE  MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A FIN DE QUE IMPULSE LA CREACION DE PLANTAS RECICLADORAS DE PILAS Y ACUMULADORES E IMPLEMENTE UN PROGRAMA NACIONAL DE RECICLAJE DE DICHOS DISPOSITIVOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La problemática ambiental tiene diferentes vertientes, esto significa que los daños que se ocasionan al medio ambiente pueden ser desde la contaminación del aire o agua, generación de basura, emisiones de bióxido de carbono, entre otras, muchas de estas como consecuencia de las actividades cotidianas de las personas.

Un problema que por muchos años ha pasado desapercibido y que ocasiona graves daños ambientales, es el relacionado con los residuos de dispositivos que convierten energía química en energía eléctrica, mediante un proceso químico transitorio, mejor conocido como las pilas.

Estos dispositivos, contienen en su mayoría, sustancias toxicas como lo son litio, mercurio, níquel, plomo, magnesio, plata y zinc, igualmente incluyen un medio conductor de corriente eléctrica que puede ser un electrodo de carbón o un electrolito de potasio o sodio y cloruro de sodio y para recubrir la pila el material es plástico, papel y lámina metálica.1

Una de las consecuencias del uso de dichos dispositivos, es la peligrosidad de los desechos que generan, aunado a su mal tratamiento. Desde que se disparó el uso de las pilas y baterías en la década de los años 60, se han desechado inapropiadamente, aun cuando se sabe que las pilas inservibles liberan sus componentes en los tiraderos a cielo abierto, lo que con el paso del tiempo y por la descomposición de sus elementos se oxidan y derraman tóxicos que causan problemas en el suelo, agua y aire.2

Desechar las pilas aparentemente es inofensivo, sin embargo, representa un grave problema ya que contienen sustancias de gran toxicidad para el medio ambiente y representan un peligro para la salud de las personas.

La ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente menciona en su artículo 3, fracción XXXIII que los residuos peligrosos: son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente; sin embargo, en ningún momento se define el concepto de baja peligrosidad ni se indica si las pilas o baterías entrarían en esta categoría y, por lo tanto, aún no se han tomado las acciones correspondientes.

En este sentido, la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas ha señalado que en México se han desechado unas 715 mil toneladas de pilas en los últimos 45 años, las cuales han liberado al ambiente sus elementos tóxicos.3 En el mismo documento, se menciona que de acuerdo al estudio “La contaminación por pilas y baterías en México”, entre 1960 y 2003 fueron desechadas a través de las pilas alrededor de 189 mil 382 toneladas de materiales tóxicos.   

Asimismo, de acuerdo al Instituto Nacional de Ecología, en los últimos años se hicieron modificaciones de tecnología en las pilas y baterías debido a que en los países desarrollados han reducido o eliminado el contenido de metales pesados es por eso que en Canadá, Estados Unidos, Europa y Japón las pilas de carbón-zinc y las alcalinas no contienen mercurio y prohíben la venta de pilas con mercurio.4

A su vez en el año 2007 y 2008, dicho Instituto realizó un análisis en el cual dio a conocer que las pilas en México contenían carbón-zinc, cadmio, plomo y lixiviables provenientes del mercado formal e informal. Estos elementos son altamente tóxicos, ya que pueden representar un riesgo para la salud y ocasionar quemaduras e irritaciones en la piel, además de contaminación de los suelos.

Ante esta problemática, en México no existen políticas públicas apropiadas que ayuden a disminuir este grave problema y que promuevan un manejo adecuado en el desecho de pilas, ya que muchas veces siguen siendo tiradas en basureros a cielo abierto en donde sus componentes tóxicos contaminan el ambiente. El reciclaje de las pilas en el país se encuentra ausente debido a los altos costos económicos y las prácticas con tecnologías no adecuadas han dado lugar a costos ambientales.

A pesar de lo anterior, autoridades ambientales y grupos de ciudadanos se han preocupado por organizar programas de recolección, lo cual ha llevado a la necesidad de pensar en alternativas para disposición segura y reciclado ya que desafortunadamente en México no existen recicladoras para pilas siendo que es un alto costo. Por ello, es importante promover un manejo adecuado de los residuos de pilas y acumuladores, a fin de evitar daños ambientales y con ello garantizar el derecho de todos los ciudadanos a vivir en un medio ambiente adecuado.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que impulse la creación de plantas recicladoras de pilas y acumuladores e implemente un programa nacional de reciclaje de dichos dispositivos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de octubre de 2014.

Sen. David Monreal Avila”.


1 Gavilán, García Arturo, et. al. “Las Pilas en México un Diagnostico Ambiental, Instituto Nacional de Ecología”, 2009Instituto Nacional de Ecología, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, [consultado 9/10/2014], disponible en http://www.inecc.gob.mx/descargas/sqre/pilas_diag_amb.pdf

2 Idem.

3 Jaramillo, Aleida, “Un Mal Necesario las Pilas”, Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, México, [consultado 10/10/2014], disponible en http://www.conanp.gob.mx/dcei/entorno/images/julio1/pdf2/int0201.pdf

4 Gavilán, García Arturo, et. al. “Las Pilas en México un Diagnostico Ambiental, Instituto Nacional de Ecología”, 2009Instituto Nacional de Ecología, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, [consultado 9/10/2014], disponible en http://www.inecc.gob.mx/descargas/sqre/pilas_diag_amb.pdf





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno y a la Contraloría General del Distrito Federal a presentar un informe detallado sobre el avance y resultados de las investigaciones y auditorías; asimismo, las sanciones por los actos y omisiones de los servidores públicos vinculados con las fallas que ocasionaron el cierre de 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO Y A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE PRESENTEN ANTE ESTA SOBERANIA UN INFORME DETALLADO SOBRE EL AVANCE Y RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS, ASIMISMO LAS SANCIONES POR LOS ACTOS Y OMISIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS CON LAS FALLAS QUE OCASIONARON EL CIERRE DE 11 DE LAS 20 ESTACIONES DE LA LINEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

“Los suscritos Senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los  artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES:

La línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, desde su apertura el 30 de octubre de 2012 ha presentado una serie de fallas operativas, deficiencias técnicas y de gestión de recursos, lo cual se ha traducido en un servicio deficiente, lento e inseguro.

A lo largo de sus 24 mil 475 km, de los cuales 20,278 km son para el servicio de pasajeros y 4 mil 197 km para el servicio de mantenimiento en diversas ocasiones ha tenido cierres parciales, entre estos destacan:

  •  Del 2 de agosto al 30 de noviembre de 2013 (fines de semana).

 

  •  4 de octubre de 2013, cierre por mantenimiento de la estación Tláhuac a Tezonco.
  •  17 de febrero 2014 (por mantenimiento preventivo).

 

El pasado 11 de marzo de 2014, se llegó a la determinación de cerrar 11 de las 20 estaciones debido a irregularidades en vías, rieles, sujetadores, agujas y durmientes que producían múltiples desgastes ondulatorios en los rieles, haciendo inseguro el traslado de los miles de usuarios que diariamente hacen uso de este medio de transporte.

De acuerdo con el informe final de Systra las fallas de la Línea Dorada son un conjunto de errores de planeación, diseño, construcción y operación. A partir de este diagnóstico se propusieron 32 acciones para la reanudación del servicio, entre las que se contempla la sustitución de más de 312 mil piezas como cambios de rieles, perfil de las ruedas de los trenes, balastros, y ajustes de curvas. 

En cuanto a la incompatibilidad que existe entre los rieles y la rodadura de los trenes el informe establece que ésta se da a nivel de la interfaz riel/rueda, produciendo un desgaste debido a que el material de los  balastos no cumple con los estándares internacionales y el sistema de vías férreas corresponde a un tren suburbano no a un diseño típico de un metro.

En virtud de lo anterior, en días recientes en medios de comunicación se dio a conocer que la Contraloría General del Distrito Federal inició procesos administrativos y sanciones contra  funcionarios y ex funcionarios en una primera etapa de fiscalización por las irregularidades en la Línea 12, mismas que diariamente afectan a más de 450 mil usuarios.

Aunado a lo anterior, se ejecutaron 54 sanciones a 33 trabajadores, de los cuales 32 formaban parte del Proyecto Metro y uno trabajaba para el Sistema de Transporte Colectivo Metro, es oportuno precisar que en función de la responsabilidad que se les acreditó, algunos de ellos serán acreedores a más de una sanción, mismas que van desde 1 año a 20 años de inhabilitación y sanciones económicas. 

Sobre el particular, el titular de la Contraloría General del Distrito Federal, ha señalado que derivado de la fiscalización, se llegó a la determinación de establecer 54 sanciones, a 21 ya se les ha destituido de sus funciones y 15 fueron denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que ésta sea quien determine la situación jurídica de los mismos. 

Además de las sanciones antes referidas, siguen en curso 4 investigaciones y 6 auditorías más, con la finalidad de determinar responsabilidades en pagos indebidos por obras, falta de supervisión, autorizaciones irregulares, adquisiciones no necesarias y firmas de contratos con información apócrifa.

Sin embargo, se debe tener presente que no se restablecerá el servicio dentro de seis meses, tiempo estimado por la administración capitalina para resolver los problemas que originaron su cierre, es decir, se seguirá afectando a usuarios.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta al Jefe de Gobierno y a la Contraloría General del Distrito Federal, para que presenten ante esta soberanía un informe detallado sobre el avance y resultados de las investigaciones y auditorias, asimismo las sanciones por los actos y omisiones de los servidores públicos vinculados con las fallas que ocasionaron el cierre de 11 de las 20 estaciones de la línea 12 del sistema de transporte colectivo.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 14 de octubre de 2014”.





 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a informar sobre las causas y su impacto macro y microeconómico de las inconsistencias en que dicha dependencia incurrió en la proyección del crecimiento del PIB en el presente año. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE HACIENDA A INFORMAR A ESTA SOBERANIA SOBRE LAS CAUSAS Y SU IMPACTO MACRO Y MICROECONOMICO DE LAS INCONSISTENCIAS EN QUE DICHA DEPENDENCIA INCURRIO EN LA PROYECCION DEL CRECIMIENTO DEL PIB EN EL PRESENTE AÑO

“El que suscribe, Senador Angel BenjamIn Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en la siguiente:

ANTECEDENTES

En el documento “Criterios Generales de Política Económica 2014”,  se informa que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) calculada oficialmente para el año actual sería de 3.9 %. Y según el mismo Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso en entrevista a un periódico de circulación nacional y en declaraciones adicionales, el 18 de marzo pasado, hizo una serie de afirmaciones cuyas implicancias teóricas podrían no tener relevancia, pero sí estas se ponen en práctica, se corre grandes riesgos económicos para el país.

En la entrevista, ante la pregunta del reportero que si  “¿tiene cuantificado más o menos a qué volumen de capital en nuestro país actualmente se puede considerar especulativo?” respondió:

el capital es el capital, y creo que no debemos ponerle ese tipo de calificativos, puesto que vivimos en un mercado abierto y México es un país ampliamente integrado a los mercados financieros internacionales y entendemos que competimos por el capital que hace inversión directa. Lo importante es que compitamos por ese capital y todo lo que hemos venido haciendo para contribuir a una mayor estabilidad de la economía…tenemos que ser atractivos para el capital por la competitividad  propia, por la productividad de las inversiones en México y no dependerá de un entorno de bajas tasas de interés. Volvernos más competitivos a partir del proceso de reformas, va a consolidarnos como un destino atractivo para el capital, en sus varias modalidades”.

Como se aprecia, la no precisión del componente especulativo de un capital que llegue al país, es también la imprecisión en metas de empleo, y en las metas de reactivación económica. No es lo mismo que un inversionista extranjero adquiera Certificados de la Tesorería, Bonos o participaciones en la Bolsa de Valores, que haga colocaciones de inversiones en las actividades de la producción. Estas últimas son generadoras de expansión del mercado interno de manera directa y segura; mientras que las primeras tienen un alto riesgo volátil, porque así como llegan se pueden ir, y por lo general son inútiles, en ocasiones se prestan para lavar dinero de actividades ilícitas.

Las argumentaciones e imprecisiones oficiales dan la pauta que existirían serios problemas metodológicos de un cálculo sólido de tasas de crecimiento económico, y de ello, se derivarían escenarios falsos de crecimiento, de expansión de mercados, de niveles de empleo, para terminar en simples ilusiones monetarias. 

Pero más aún, la audacia llena al Secretario en dicha entrevista para afirmar que 

“…estamos optimistas a que el crecimiento se acelerará. Vemos distintos indicadores que así lo señalan, desde el comportamiento de la base monetaria, la recaudación de los diferentes ingresos tributarios, todo indica que estamos viendo una aceleración del crecimiento…”

Igual, en dicha entrevista, -- y lo reitera dos días después— que son cuatro los asuntos “que todos deben de saber sobre la economía mexicana”

1.- Que se tiene una economía sólida

2.- Se tiene una política de tipo de cambio de forma tal que se evita impacto y variaciones en otros aspectos de la política monetaria

3.- Que trabaja con el FMI para preservar la línea de crédito de 72,000 mil millones de dólares.

4.- Estima un crecimiento de 3.9% para el presente año

Asimismo, aseguró que la reforma fiscal dará la posibilidad de contar con 2.5 puntos adicionales del PIB, asunto por supuesto que está muy lejos de lograrse y que por el contrario, la forma como se viene aplicando solo ha creado resultados concretos de desaceleración y hasta recesión.  

Por otra parte, los analistas especializados, así como el propio FMI, el Banco de México, el INEGI, las instituciones privadas de investigación económica aplicada y muchas otras internacionales y nacionales pronosticaban –por los mismos tiempos, exactamente lo contrario: una baja del crecimiento principalmente por un fuerte impacto de la reforma fiscal en el consumo de las familias y de las empresas y una creciente incertidumbre y desconfianza de los inversionistas en general. Así como descontento empresarial y familiar por las ineficiencias informáticas de la Secretaría de Hacienda, el cobro compulsivo de impuestos, la eliminación de incentivos y el aumento del desempleo.

Por fin, el 22 de mayo, Fernando Aportela, Subsecretario de Hacienda, anuncia que se recorta su pronóstico de crecimiento económico del país de 3.9 por ciento a 2.7 por ciento para este año. (es decir un ajuste o error del  30%) que en realidad es el mismo promedio de los últimos 14 años y que la salida es la repetición del estribillo que “solo las reformas estructurales salvarán a México”, reconociendo que fue su oficina quien realizó los pronósticos del 3.9%. Mas parece que todos los alardes triunfalistas a los que pretenden acostumbrar al pueblo de México, son técnicas psicológicas de engaño masivo y de encubrimiento de la vendetta energética que se ha montado. 

En la actualidad, en el documento de “Criterios Generales de Política Económica 2015”, se mantiene dicho pronóstico y se dice que para el próximo año, la tasa de crecimiento del PIB llegará a 3.7%. Pero, ¿cuáles son las causas verdaderas de las proyecciones erróneas de la SHCP?”. ¿Han sido deliberadas o una gran incompetencia para el manejo de las finanzas públicas permea en los funcionarios? 

CONSIDERACIONES

Que en lo que va del año 2014, las proyecciones macroeconómicas de casi la totalidad de instituciones especializadas pronosticaron muy cercanamente la baja e insuficiencia del PIB, así como el aumento del desempleo, la contracción del mercado interno, la insuficiencia de los ingresos entre otros elementos. Mientras la Secretaría de Hacienda manifestaba y manifiesta lo contrario.

Que en la actualidad los modelos matemáticos aplicados a la economía, y las propias técnicas econométricas han avanzando muchísimo en la emisión de pronósticos.

Que los errores de las proyecciones económicas y econométricas, de las dimensiones ocurridas a la Secretaría de Hacienda, solo se pueden lograr cuando existen graves inconsistencias en la generación de hipótesis. Y por lo mismo es necesario una explicación metodológica al país de cómo se hicieron dichos cálculos.

Que los inversionistas, están a la expectativa de los informes especializados para la adecuada toma de decisiones, y que la certidumbre es una variable fundamental para ellos. 

Que las expectativas de empleo, y del futuro de las familias dependen de la conducción correcta, transparente, sin mentiras, sin engaños de las políticas públicas. Y que una situación como la presentada genera incredulidad sobre las nuevas proyecciones en las que sostiene la Secretaria de Hacienda.

En ese orden de ideas, se propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. LA LXII LEGISLATURA DEL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL SECRETARIO DE HACIENDA DEL GOBIERNO FEDERAL A INFORMAR A QUE INFORME SOBRE LAS VERDADERAS CAUSAS Y SU IMPACTO MACRO Y MICROECONOMICO DE LAS INCONSISTENCIAS EN QUE DICHA DEPENDENCIA  INCURRIO EN LA  PROYECCION DEL CRECIMIENTO DEL PIB EN EL PRESENTE AÑO.

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.





 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias del día o cualquier centro de atención de adultos mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DEL (INAPAM) INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES, REALICEN UN REGISTRO UNICO OBLIGATORIO DE TODAS LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE CASAS HOGAR, ALBERGUES, RESIDENCIAS DEL DIA O CUALQUIER CENTRO DE ATENCION DE ADULTOS MAYORES.

“La que suscribe, la Senadora MarIa Cristina DIaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DEL (INAPAM) INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES, REALICEN UN REGISTRO UNICO OBLIGATORIO DE TODAS LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE CASAS HOGAR, ALBERGUES, RESIDENCIAS DEL DIA O CUALQUIER CENTRO DE ATENCION DE ADULTOS MAYORES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Abrir una guardería o un centro de día para la atención de adultos mayores en nuestro país, es frecuente sin contar con el equipo de expertos requerido y la infraestructura adecuada por la falta de supervisión y con la intención de tratar a los adultos mayores como un negocio sin humanismo.

No obstante se encuentra contemplado en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, artículo 28 fracción XI que describe: que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tendrá las siguientes atribuciones: “XI promover en coordinación con las autoridades competentes y en los términos de la legislación aplicable, que la prestación de los servicios y atención que se brinde a las personas adultas mayores en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención, se realice con calidad y cumplan con sus programas, objetivos y metas para su desarrollo humano integral”

Aún contando con esto y con la NOM031 que marca: la prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad, referida a todo tipo de establecimientos, no hay vigilancia de estos centros.

Hay casas de día que con dos cuidadores y atendiendo a cinco adultos mayores apenas caben en una estancia o salón principal este tipo de “centros” son en realidad casas sin infraestructura como rampas de acceso y/o barandales que eviten caídas, siendo la actividad principal de los huéspedes, juegos de mesa, a veces caminatas si hay un parque cercano o sí se requiere todo el día se encuentran sentados viendo televisión, al no ser tratados profesionalmente su salud y estado físico se deteriora.

Actualmente no se cuenta con un registro de centros de atención a adultos mayores lo más cercano al padrón de asilos de ancianos los da el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), gracias a que en el censo contabiliza los hogares colectivos. En 2010 en el DIF había 744 establecimientos con una población de 17 mil 938 adultos mayores. Esto ha dado como resultado sitios sin planeación en su atención.

El maltrato a los adultos mayores es cualquier comportamiento que causa daño a alguna persona mayor. Algunas veces es intencional. Otras veces es la falta de atención adecuada. De cualquier manera es maltrato.

Frecuentemente se piensa que el maltrato a las personas mayores sucede solamente en las residencia de atención a las personas de la tercera edad pero tristemente se da mayormente en la propia familia y en sus casas. El cuidado de las personas mayores puede provocar un aumento de estrés que no justifica maltrato.

Para elaborar este exhorto busque literatura, artículos e información ante un hecho probado por los encargados o por las familias cuyos parientes adultos mayores reciben atención en las casas de cuidado o en los asilos y albergues y existen datos de otros países como España o Uruguay pero de México no es posible obtener este tipo de información, lo que nos demuestra la falta de preocupación por los sitios de atención para nuestros adultos mayores. El artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores en su fracción XXX dice: “Crear un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores”

Por lo anteriormente fundamentado presento ante esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través del (INAPAM) Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en coordinación con las autoridades competentes realicen un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención de adultos mayores.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 14 de octubre de 2014.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.





 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del estado de Baja California Sur para que, a través del municipio de Los Cabos, formalicen la entrega del mantenimiento de la zona turística y vialidades de Cabo San Lucas al FONATUR, a efecto de que éste último pueda hacerse cargo de su reconstrucción, restauración y posterior mantenimiento. Se turna a la Comisión de Turismo.

Punto de Acuerdo de urgente resolucion por el que se exhorta a las autoridades del Estado de Baja California Sur para que, a travEs del municipio de Los Cabos, formalicen la entrega del mantenimiento de la zona turIstica y vialidades de Cabo San Lucas al FONATUR, a efecto de que este Ultimo pueda hacerse cargo de su reconstruccIOn, restauraciOn y posterior mantenimiento.

“El que suscribe, RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislaturadel H. Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores la proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA QUE, A TRAVES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, FORMALICEN LA ENTREGA DEL MANTENIMIENTO DE LA ZONA TURISTICA Y VIALIDADES DE CABO SAN LUCAS AL FONATUR, A EFECTO DE QUE ESTE ULTIMO PUEDA HACERSE CARGO DE SU RECONSTRUCCION, RESTAURACION Y POSTERIOR MANTENIMIENTO.

CONSIDERACIONES

En 1976 el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) comenzó a detonar el desarrollo del Centro Integralmente Planeado de Los Cabos que abarcaba el desarrollo de las comunidades de Cabo San Lucas y San José del Cabo. Gracias al trabajo de FONATUR, hoy en día este destino se ha convertido en el segundo más importante en la zona del Pacífico contribuyendo a la generación de empleos bien remunerados, atracción de divisas, crecimiento económico y desarrollo regional.

No obstante lo anterior, FONATUR entregó el mantenimiento de la localidad de Cabo San Lucas al municipio de Los Cabos. Si bien es cierto que se ha venido cumpliendo con esta labor, existe ya un deterioro en la imagen urbana, además de la falta de mantenimiento rutinario en las vialidades y zona hotelera del sitio. Aunado a lo anterior, tenemos que contemplar los destrozos que dejó recientemente el paso del huracán “Odile”.
La tormenta tropical “Odile” se originó el 10 de septiembre con la categoría de depresión tropical cerca del Estado de Guerrero. Llegó al Estado de Baja California Sur el 13 de septiembre como Huracán categoría I, convirtiéndose en huracán categoría IV el 14 de septiembre, fecha en la que fue emitida la Declaratoria de Emergencia, por parte de la Secretaría de Gobernación, en la entidad mencionada. El paso de este fenómeno meteorológico dejó un sin número de destrozos en los cinco municipios del mismo, siendo Los Cabos el municipio más dañado.

Las acciones preventivas y correctivas que ha tomado el Gobierno de la República para el auxilio de la población Sudcaliforniana han sido ejemplares en todos los rubros. La Coordinación Interinstitucional para la Reconstrucción y Reactivación Económica de Baja California Sura cargo de la Secretaria de Turismo, ha implementado las acciones de atención inmediatas posterior al impacto del fenómeno meteorológico.

Sin embargo, la entrada de este fenómeno originó que las autoridades municipales se vieran rebasadas para poder hacer frente a los daños causados. Por ello, resulta necesario garantizar a la población de Cabo San Lucas acciones inmediatas para dar continuidad a las actividades económicas y turísticas en la región, lo cual se lograría con el respaldo de una dependencia Federal con experiencia probada por más de 40 años como lo es FONATUR.

A fin de que FONATUR pueda cumplir cabalmente con esta tarea, resulta necesario que dicha entidad cuente con los recursos públicos de manera ágil y eficiente. Para ello, es preponderante que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) libere estos recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) a través de su fiduciario, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), para que a su vez FONATUR pueda realizar las labores de reconstrucción y restauración.

De la misma manera, resulta pertinente solicitar al municipio de Los Cabos que entregue formalmente al FONATUR el mantenimiento de las vialidades principales y de la zona hotelera de la localidad de Cabo San Lucas para que esta entidad sea la encargada de realizar estas tareas.

Por último, para que todo este sea posible, es indispensable que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados asigne a FONATUR los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, para que sea éste el encargado de dar el mantenimiento de la localidad de Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos en Baja California Sur.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a las autoridades del Estado de Baja California Sur para que, a través del municipio de Los Cabos, formalicen la entrega del mantenimiento de la zona turística y vialidades de Cabo San Lucas al FONATUR, a efecto de que este último pueda hacerse cargo de su reconstrucción, restauración y posterior mantenimiento.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Turismo y al FONATUR para que realicen las gestiones necesarias con las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público para acceder a los recursos del FONDEN con la finalidad de que puedan llevar a cabo las obras de reconstrucción y restauración en la zona de Cabo San Lucas.

TERCERO.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que destinen los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, al FONATUR para el mantenimiento de las vialidades principales y la zona hotelera de la localidad de Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos en Baja California Sur.

Salón del Pleno de la H. Cámara de Senadores, a 14 de octubre de 2014.

Atentamente.

Sen. Ricardo Barroso Agramont”.





 

Las efemérides inscritas en nuestra agenda del día se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMERIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre.

“PALABRAS DE LOS SENADORES MELY ROMERO CELIS Y JESUS CASILLAS ROMERO, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES, EL 15 DE OCTUBRE.

“Debemos respetar y proteger los derechos de las mujeres rurales. Cuando las mujeres tienen acceso a la tierra, hay mejoras en el nivel de vida de la familia, en la productividad agrícola y en la igualdad de género.”
Phumzile Mlambo-Ngcuka.
Directora Ejecutiva de ONU Mujeres

En México, la presencia de la mujer en el medio rural, particularmente en las actividades agrícolas y las relacionadas, es fundamental para mantener la viabilidad de éstas y para la sostenibilidad social y económica.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las mujeres representan en promedio 43% de la fuerza laboral agrícola de los países en desarrollo.

Además, la mujer rural incorporada a los procesos de producción, lo hace sin contar en la mayoría de los casos con los servicios básicos que le ayuden en esta tarea. Las mujeres rurales emplean hasta 16 horas al día produciendo, elaborando, vendiendo, preparando alimentos, recogiendo materiales para combustible y acarreando agua para el hogar, además de otras faenas como el cuidado de los hijos, familia ampliada y animales de traspatio.

Sin duda, labores y jornadas bastante desgastantes, como loables aportaciones al sostén familiar y al desarrollo comunitario, regional y nacional; que les ha merecido a nuestras MUJERES RURALES, una conmemoración internacional.

El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales, se observó el 15 de octubre de 2008. Este día internacional, establecido por la Asamblea General en su resolución 62/136, de fecha 18 de diciembre de 2007, en virtud del papel fundamental que desempeñan en las economías rurales de los países desarrollados y en desarrollo.

Esta fecha busca reconocer la función y contribución decisivas de la mujer en el medio rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural.

Por ello, compañeros legisladores, hagamos este 15 de octubre un merecido reconocimiento a todas LAS MUJERES que diariamente aportan su esfuerzo para la supervivencia económica de sus familias y el desarrollo agrícola de sus comunidades.

Mis más sincero reconocimiento a las mujeres del medio rural de México, en el marco del DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES, EL 15 DE OCTUBRE.

Suscriben

México, D.F., a los 14 días del mes de octubre de 2014

Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Jesús Casillas Romero”.

 





 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración del 12 de octubre de 1492, descubrimiento de América.

“en conmemoración del 12 de octubre de 1492, descubrimiento de América.

H. SENADO DE LA REPUBLICA:

Hace 422 años, un marino genovés auspiciado por los Reyes Católicos, al mando de un número indeterminado de marinos y aventureros, en tres embarcaciones, atravesaron temerariamente el océano Atlántico, cargados más de ambición que de información precisa sobre el destino que esperaban encontrar.

En ruta equivocada, lejos de descubrir la que los llevaría a reanudar el comercio de las especies, interrumpido por los conflictos en el Oriente, dieron con un increíble e inmenso territorio poblado por sociedades organizadas, al que llamaron “nuevo mundo”. La historia europea llamó a este hecho y su devenir, “el descubrimiento de América.

Circunstancias y desarrollo histórico plenos de paradojas: se denominó América no por Cristóbal Colon sino por Américo Vespucio;  a su pobladores originarios, o más bien dicho, a los que encontraron, se les llamo indios, por el error de considerar que habían encontrado la ruta a la India; lejos de encontrar la tierra virgen que pregonaron, se encontraron de frente con culturas milenarias que no dejaron de asombrarlos y cuatro siglos después todavía nos asombran.

De todo quedó fiel relato bajo la óptica europea de fines del Siglo XV, del descubrimiento que para los europeos significó una concepción totalmente diferente de su historia universal; de sus posteriores viajes para conocer nuevos territorios, de la conquista de sus señoríos, principalmente Tenochtitlán; de la administración del territorio conquistado bajo un virreinato; en síntesis, de su explotación que durante los tres siglos posteriores permitió el modelo colonialista de las naciones dominantes.

Los siglos XIX y XX produjeron matices diferentes a estos hechos; la nacionalidad recién adquirida exigía una interpretación histórica que le diera sustento al mestizaje.

Desde entonces, se distingue el mestizo del indígena, como en el pasado colonial lo fue el español peninsular, incluso del criollo. Fueron décadas en la que se buscó aglutinar y conformar una nacionalidad propia, tener una lengua nacional a través del integracionismo como política pública, a costa siempre de los pueblos indígenas, los explotados de siempre, aun con la Independencia, la Reforma liberal y la Revolución de por medio.

Es hasta la segunda mitad del siglo XX que surgen en todo el mundo y se proyectan en México los conceptos de interculturalidad, diversidad cultural y diversidad lingüística, lo que nos lleva a un rompimiento con el modelo monista que se fortaleció en los gobiernos post-revolucionarios.

1992 fue un año relevante en la historia legislativa de México, un primer párrafo al artículo 4° reconoce que la nación mexicana es pluricultural, cuyas raíces   indígenas son el sustento de ella. Las posteriores reformas de 2001 y 2011 han generado nuevos paradigmas en materia de derechos indígenas.

Sin embargo, desde 1958, Edmundo O’Gorman cuestionaba la interpretación histórica europea que hablaba de un descubrimiento cuando se trataba de una invención: la invención de América.

Invención de América, Día de la Raza, Día de la Hispanidad, Día de la Resistencia Indígena, Encuentro de Dos Mundos, la denominación podrá cambiar pero no cambiará la conquista, despojo, servidumbre y explotación económica en la que vivieron los pueblos originarios de América.

Habría que preguntarse ahora, si realmente la creación de las nuevas naciones produjo la reivindicación de sus derechos, o sólo ha sido durante 200 años, efecto del discurso de poder de las sociedades hegemónicas.

El siglo XXI se descubre con tendencias globalizadoras en un marco formal de respeto a los derechos humanos, inclusión de las minorías, respeto a la diversidad cultural en todas las manifestaciones de los pueblos indígenas del mundo, que ya tienen foro y lugar reservado en la Organización de Naciones Unidas.

Sin embargo, sabemos que la vida diaria arroja cifras y estadísticas de pobreza y pobreza extrema, educación marginal, servicios públicos precarios, discriminación social, que impiden celebrar esta fecha. “Indio” sigue siendo insulto en nuestra sociedad mestiza, ser indígena es nadar contracorriente y la dificultad de pronunciar el español sigue siendo motivo de burla para niños y adultos.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:

Que esta fecha sirva para comprometer los esfuerzos de todos nosotros a favor de los pueblos indígenas y sus comunidades; que más allá de posiciones partidistas o las convicciones ideológicas de quienes las conservan, coincidamos en el pensar y en el actuar a favor de las raíces del pueblo mexicano.

Atentamente

Sen. Eviel Pérez Magaña

Presidente”.





 

CITA

Se levanta la sesión, y se cita a la siguiente el próximo jueves 16 de octubre, a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:04 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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Teléfonos: 53-45-30-00
Exts. 5405/5408

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Correo electrónico: diario_d@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

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