Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 27 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 14

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 07 de Octubre de 2014

SUMARIO                                              


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PROPUESTA

De los CC. Senadores René Juárez Cisneros, Armando Ríos Piter, Luisa María Calderón Hinojos, Carlos Albero Puente Salas, David Monreal Avila y Mónica Tzasna Arriola Gordillo, que contiene punto de Acuerdo sobre el caso de Iguala, Guerrero. Intervienen al respecto los CC. Senadores Layda Sansores San Román, Dolores Padierna Luna, Francisco García Cabeza de Vaca, Ismael Hernández Deras, Marco Antonio Blásquez Salinas, Angélica de la Peña Gómez, Adriana Dávila Fernández, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Francisco Salvador López Brito, Fidel Demédicis Hidalgo, Silvia Guadalupe Garza Galván, Raúl Morón Orozco, Javier Lozano Alarcón, Graciela Ortiz González, Alejandra Barrales Magdaleno, Mariana Gómez del Campo Gurza, María Cristina Díaz Salazar, Zoé Robledo Aburto, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Luisa María Calderón Hinojosa, Luis Sánchez Jiménez, Sofío Ramírez Hernández, Enrique Burgos García y Mario Delgado Carrillo. Se aprueba.











De los CC. Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Francisco Búrquez Valenzuela, Luis Fernando Salazar Fernández, Fernando Herrera Avila, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Carlos Mendoza Davis, Héctor Larios Córdova, Javier Corral Jurado, Francisco García Cabeza de Vaca, Daniel Avila Ruiz, Luisa María Calderón Hinojosa, Jorge Luis Lavalle Maury, Maki Esther Ortiz Domínguez, Fidel Demédicis Hidalgo, Patricio Martínez García, Alejandro Tello Cristerna y Ana Gabriela Guevara Espinoza, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se autoricen y etiqueten recursos para la creación del fondo de apoyo a los migrantes repatriados.










 

APERTURA

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: (11:42 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los Senadores.

- La C. Senadora Lucero Saldaña Pérez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 86 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Se abre la sesión de este martes 7 de octubre, correspondiente al primer período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.





 

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL LUNES
SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE.
PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las dieciocho horas con veintiséis minutos del lunes seis de octubre de dos mil catorce, encontrándose presentes setenta y un ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

 

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Arely Gómez González, el Informe de las actividades relativas a la reunión de Alto Nivel de la Alianza para el Gobierno Abierto, celebrada los días 24 y 25 de septiembre de 2014, en Nueva York.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción XII al artículo 3o. y un artículo 3o. Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, tomó la protesta de los magistrados de los órganos jurisdiccionales de las 17 entidades federativas, que fueron elegidos en la sesión del 2 de octubre.

DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR:
Carlos Eduardo Vergara Monroy,
Joaquín Manuel Beltrán Quibrera,
Augusto Raúl Jiménez Beltrán,

DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES EN EL ESTADO DE CAMPECHE: Mirna Patricia Moguel Ceballos, Víctor Manuel Rivero Alvarez, Gloria Vilmary Pérez Escobar,     

DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES EN EL ESTADO DE COLIMA: Roberto Rubio Torres,Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, Ana Carmen González Pimentel, Angélica Yedit Prado Rebolledo, Angel Durán Pérez,

DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS: Miguel Reyes Lacroix Macosay, Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, Mauricio Gordillo Hernández, Angélica Karina Ballinas Alfaro,

DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES EN EL DISTRITO FEDERAL: María del Carmen Carreón Castro, Eduardo Arana Miraval, Armando Hernández Cruz,
Gabriela Eugenia del Valle Pérez,
Gustavo Anzaldo Hernández,

DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES EN EL ESTADO DE MEXICO: Jorge Arturo Sánchez Vázquez, Hugo López Díaz, Crescencio Valencia Juárez, Rafael Gerardo García Ruíz, Jorge Esteban Muciño Escalona,

DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO: Ignacio Cruz Puga, Héctor René García Ruíz, Gerardo Rafael Arzola Silva,

DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES EN EL ESTADO DE GUERRERO: Hilda Rosa Delgado Brito, Paulino Jaimes Bernardino, Emiliano Lozano Cruz, René Patrón Muñoz, Ramón Ramos Piedra,

DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES EN EL ESTADO DE JALISCO: Teresa Mejía Contreras, Luis Fernando Martínez Espinosa, José de Jesús Angulo Aguirre, Rodrigo Moreno Trujillo,
Everardo Vargas Jiménez,

DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES EN EL ESTADO DE MICHOACAN: Alejandro Rodríguez Santoyo, Rubén Herrera Rodríguez, Ignacio Hurtado Gómez, Omero Valdovinos Mercado, José René Olivos Campos,

DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES EN EL ESTADO DE MORELOS: Hertino Avilés Albavera, Francisco Hurtado Delgado, Carlos Alberto Puig Hernández,

DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES EN EL ESTADO DE NUEVO LEON: Manuel Gerardo Ayala Garza, Gastón Julián Enriquez Fuentes, Carlos César Leal Isla García,

DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES EN EL ESTADO DE QUERETARO: Cecilia Pérez Zepeda, Sergio Arturo Guerrero Olvera, Gabriela Nieto Castillo, Martín Silva Vázquez, Magdiel Hernández Tinajero,

DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI:Yolanda Pedroza Reyes, Oskar Kalixto Sánchez, Rigoberto Garza de Lira,

DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES EN EL ESTADO DE SONORA: José Ricardo Bonillas Fimbres, Jesús Ernesto Muñoz Quintal, Carmen Patricia Salazar Campillo,

DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES EN EL ESTADO DE TABASCO: Oscar Rebolledo Herrera, Jorge Montaño Ventura,
Yolidabey Alvarado de la Cruz,

DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES EN EL ESTADO DE YUCATAN: Lissette Guadalupe Cetz Canche, Fernando Javier Bolio Vales, Javier Armando Valdez Morales,

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día. Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno al siguiente asunto:

Del Senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a diseñar estrategias preventivas de abastecimiento y seguridad en las zonas vulnerables al impacto de fenómenos meteorológicos.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las diecinueve horas con diecinueve minutos y citó a la siguiente el martes siete de octubre a las once horas.

 

Fin de la sesión”.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria.

Sonido en el escaño del Senador René Juárez Cisneros.
                                                       
- El C. Senador René Juárez Cisneros: (Desde su escaño) Señor Presidente, muchas gracias. Quisiera solicitarle, respetuosamente, si pudiéramos dispensar un minuto de silencio con motivo de las víctimas del episodio de violencia que lamentablemente se suscitó en el estado de Guerrero.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Sí, Senador, por supuesto.





 

MINUTO DE SILENCIO

Señoras y señores Senadores, solicito guardemos un minuto de silencio, como lo ha propuesto el Senador René Juárez Cisneros, por los hechos acontecidos en el estado de Guerrero.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias.

Continúe la Secretaría.





 

COMUNICACION

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Se recibió una comunicación suscrita por la Senadora de la voz, con la que remite el informe de sus actividades durante la 11ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas, llevada a cabo en Santiago de Chile, del 25 al 27 de septiembre del año en curso.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa, para el Desarrollo de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, hecho en la ciudad de México, el 30 de julio de 2014.

“2014, Año de Octavio Paz

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/2401/14
México, D.F., 6 de octubre de 2014

CC SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.1661/2014 signado por el Lic. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente, de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, somete a la aprobación de ese Organo Legislativo, el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa para el Desarrollo de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, hecho en la Ciudad de México el treinta de julio de dos mil catorce.

En consecuencia, adjunto al presente:

- Original del comunicado suscrito por el Lie. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y

- Copia certificada de dicho Tratado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

LIC. FELIPE SOLIS ACERO”



- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio, con similar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el que envía un informe que contiene las consideraciones y valoraciones que se tomaron en cuenta para el otorgamiento del ascenso post mortem, al extinto Teniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador Miguel Angel Alanís Valdiviezo.

“2014, Año de Octavio Paz

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/2398/14
México, D.F., 3 de octubre de 2014

CC SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Por este conducto me permito anexar el oficio No. 91715, suscrito por el Gral. Bgda. D.E.M. Luis Cresencio Sandoval González, Subjefe Operativo del E.M.D.N. de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el cual remite el Informe que contiene las consideraciones y valoraciones que se tomaron en cuenta para el otorgamiento del ascenso POST MORTEM al extinto Teniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador MIGUEL ANGEL ALANIS VALDIVIEZO.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIH del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 31 Bis de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

LIC. FELIPE SOLIS ACERO”

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Remítase dicho informe a la Comisión de Defensa Nacional.





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud sexual reproductiva.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION VIII AL ARTICULO 2º, SE REFORMAN LA FRACCION IV Y SE DEROGA LA FRACCION V DEL ARTICULO 3º, SE REFORMA LA FRACCION IV Y DEROGA LA FRACCION V DEL ARTICULO 27 Y SE REFORMA EL CAPITULO V, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente.

Las Senadoras de la República, Hilda Flores Escalera, Claudia Pavlovich, Itzel Ríos, Lilia Merodio, Leticia Herrera Ale y una servidora, hemos preparado esta iniciativa de Decreto que reforma la Ley General de Salud.
          
Hace unos días hubo un debate muy interesante acerca de que si eran derechos o era salud sexual y reproductiva.

Y hoy hemos querido presentar este tema, que es muy interesante, porque en nuestro país se deben establecer lineamientos que permitan cumplir con el derecho internacional al respecto.
          
Y nos referimos, en primera instancia, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual señala, de forma literal, en su artículo 28, lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud, entre otros.

La Organización Mundial de la Salud también habla del derecho a la salud y no solo abarca la atención a la salud oportuna, sino también los factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia, entre otros.

El tema de la salud sexual y reproductiva, a pesar de ser un derecho de toda persona, de un concepto que se aplica mayormente a la mujer; toda vez que diversas aristas de este sector de salubridad se enfocan solamente a este sector.

Pero el tema de la salud sexual y reproductiva no solamente es un tema de mujeres, es un tema de hombres y mujeres.
          
Y yo quisiera compartir con ustedes el concepto de salud sexual y reproductiva. No estoy hablando de derecho, que causa una gran polémica y divide.
          
La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y sexual, y no de mera ausencia de enfermedades o de dolencias. La salud reproductiva entraña a la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgo de procrear, con la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y cómo y con qué frecuencia. Esto lo habla la Constitución.

Pero no podemos seguir permitiendo que todavía, en la Ley General de Salud, no se hable con propiedad del tema. Hay un capítulo que todavía habla de la planificación familiar cuando deberíamos estar hablando de salud sexual y reproductiva. Vuelvo a repetir, salud sexual y reproductiva porque de repente se polemiza, los derechos de la salud sexual y reproductiva han sido un gran debate.
          
Yo hablo del tema del estado de bienestar que deben de tener hombres y mujeres.

Por eso hoy hemos presentado esta iniciativa de reforma a la fracción V del artículo 3º y a la fracción V del artículo 27 y se reforma la denominación del Capítulo VI, del Título Tercero y se adiciona una fracción VIII al artículo 2o, y se modifican los artículos 66 Bis, 66 Ter, 66 Quater y 66 Quintus de la Ley General de Salud.

Solamente daré lectura a una parte de estas reformas que es el que tiene que ver con el acceso a la información científica que permita un desarrollo pleno e informado de la salud sexual y reproductiva.

Creo que, en vez de tener debates que no nos llevan solamente a separarnos, debiéramos de estar ya ocupados de tener un puntual interés, porque México sigue ocupando el primer lugar en embarazos de jóvenes adolescentes.

Mientras sigamos, no hablando de los temas con propiedad, y sobre todo este tema, el derecho a estar informado; yo creo que esto puede de alguna manera contribuir. Yo entiendo de manera personal que el tema de la salud sexual y reproductiva empieza desde la casa, pero debemos de tener legislación adecuada que hable de los conceptos conforme los ordenamientos internacionales que México ha suscrito, y dejar de lado todos estos eufemismos, que lo único que hacen es polemizar un tema tan urgente, tan necesario de atender, como es la salud sexual y reproductiva, especialmente en el tema de adolescentes y de jóvenes.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gastélum Bajo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Le pregunta la Senadora Lucero Saldaña si le permite que se sume a su iniciativa. Y así es, ella acepta; la Senadora María Elena Barrera también solicita lo mismo.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Francisco García Cabeza de Vaca, para presentar, a nombre propio y de los Senadores Jorge Luis Preciado Rodríguez, Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Domínguez Servién, Fernando Yunes Márquez, Luis Fernando Salazar Fernández, Víctor Hermosillo y Celada y Fernando Herrera Avila, con aval del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Perdón, me comentan que no se encuentra. Sonido en el escaño del Senador Fernando Herrera.

- El C. Senador Fernando Herrera Avila: (Desde su escaño) Pudiéramos permitir que se presente la siguiente iniciativa mientras llega el Senador Cabeza de Vaca, está atorado por aquí afuera y en unos instantes más llega por acá.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Bien, vamos entonces a concederle la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION AL ARTICULO 421 DEL CODIGO PENAL FEDERAL; Y SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 605 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador David Monreal Avila: Con el permiso, señor Presidente.

Al igual que cualquier especie de ser vivo, la especie humana se ha valido de todos los recursos naturales a su alcance para subsistir, pero además de hacer uso de éstos, la humanidad ha transformado su medio, creando las condiciones necesarias de vida para el desarrollo de la sociedad.

El desarrollo y evolución de la sociedad, con sus más de 7,000 millones de habitantes, han ocasionado diversos daños ambientales, esto se traduce en pérdida de biodiversidad, aceleramiento del calentamiento global, cambio climático, alteración del ecosistema, entre muchas otras consecuencias.

De acuerdo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México es uno de los principales países megadiversos al contar con poco más de 200,000 especies, esto lo pone en un lugar privilegiado, por un lado, en cuanto a la diversidad con lo que cuenta y la importancia que representa para toda la humanidad; y por otro, en cuanto a la responsabilidad que debe asumir el Estado mexicano en el cuidado y preservación del medio ambiente.

El día de ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, daba a conocer que México perdió 353,173 kilómetros cuadrados de bosques y selvas en los últimos 20 años, lo que representa 18 por ciento del millón 964,375 kilómetros cuadrados del territorio nacional.

Todavía hasta 1990, 52 por ciento de la superficie del país, 1’021,375 kilómetros cuadrados estaba cubierta con bosques y selvas. Esto es una muestra de lo grave que es el problema ambiental en México a pesar de la legislación que desde la década de los años 80’s se comenzó a implementar en el país.

Los primeros antecedentes formales en materia de derecho ambiental en México se encuentran en la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental de 1971.

De esta ley se desprenden 3 reglamentos: para la prevención y control de contaminación atmosférica, originada por la emisión de humos y polvos; reglamento para el control y prevención de contaminación en aguas; y el tercero, para prevenir y controlar la contaminación del mar.

Adicionalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en 1982, la Ley Federal de Protección al Ambiente, que profundizó en más aspectos ambientales que la ley que le antecedía, ampliando sus horizontes y, específicamente, dándole toda la fuerza punitiva de una regulación que permitió prevalecer el interés público y social en la procuración de un ambiente limpio y sano.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente establece en su artículo 1o. que dicha legislación tiene la finalidad de garantizar que toda persona viva en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.

Esta misma legislación establece como una forma de defensa del medio ambiente las acciones colectivas, éstas, dicho de un modo simple, son aquellas acciones interpuestas por un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios a dichas personas. Esos perjuicios son derivados precisamente de violaciones a los llamados derechos colectivos, los cuales son considerados como aquellos que pertenecen a los pueblos para ser protegidos de los ataques a sus intereses e identidad como grupo.

Los derechos colectivos son los llamados derechos humanos de tercera generación que protegen la relación entre las personas y la naturaleza, el comercio, las comunicaciones, la educación y el medio ambiente a partir de los cambios tecnológicos, científicos, industriales, generando retos de defensa en los derechos de consumidores o usuarios de los bienes y servicios que estos avances han desarrollado.

Los intereses colectivos son aquellos referidos a un grupo más o menos numeroso de personas determinadas y determinables con un vínculo jurídico, en consecuencia, una asociación o una persona jurídica está constituida por personas naturales determinadas o determinables en vinculación jurídica.

El Código Federal de Procedimientos Civiles, en su Libro Quinto, Título Unico, Capítulo Primero, establece que: las acciones colectivas son procedentes en materia ambiental, en este mismo sentido, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 189, señala el derecho de todo ciudadano a presentar denuncia popular a fin de solicitar la reparación de algún daño causado al medio ambiente.

Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental establece los procedimientos que se podrán llevar a cabo para solicitar de igual modo la reparación del daño; de este modo señala una serie de multas y reparación de los daños ocasionados al medio ambiente por parte de personas físicas o morales.

Asimismo, el Código Penal establece un título respecto a los delitos ambientales, en el cual se señalan las sanciones penales de las cuales son sujetos las personas morales y físicas que causen daños ambientales.

Como puede observarse, la legislación en materia ambiental es amplia, sin embargo, los daños ambientales siguen siendo comunes en el país, y en muchos casos la reparación del daño no permite volver al estado en que se encontraban los ecosistemas antes de la afectación sufrida.

En este sentido, es necesario establecer mecanismos eficientes y sanciones que realmente vayan hacia la prevención de los daños ambientales, debido a que en un gran número de casos no permiten que pueda darse la reparación de los recursos naturales o ecosistemas dañados.

Países como Chile establecen normas sobre protección de los derechos de los consumidores, y contempla la protección de los intereses colectivos y los intereses difusos. Asimismo, se observa que una vez emitida la sentencia, ésta se da a conocer precisamente por los efectos que produce, para que todos aquellos que hayan sido perjudicados por los mismos hechos, puedan reclamar la indemnización o el cumplimiento de la reparación correspondiente, a diferencia en México no ocurre lo mismo.

En este sentido, es necesario fortalecer las sanciones para que aquellas personas que cometan daños ambientales, estableciendo que no basta con la reparación del daño o el pago de las multas correspondientes, la ley debe ser más contundente y advertir que en los casos graves de daño ambiental las personas físicas o morales que tengan bajo su tutela los derechos de una concesión para realizar una actividad determinada como puede ser la minería, la extracción, transportación o almacenamiento de hidrocarburos, o se dediquen a la construcción, o cualquier otra, podrán estar en riesgo de que dicha concesión le sea suspendida o cancelada, a fin de que en el desempeño de sus actividades establezcan los máximos criterios de cuidado al ambiente posible, y con ello realmente cumplir con el mandato de preservar y prevenir daños sobre el medio ambiente.

Por lo anterior, se adiciona una fracción VI al artículo 421 del Código Penal Federal, para que se establezca como pena la suspensión o cancelación de las concesiones o asignaciones públicas otorgadas a personas morales o físicas en los casos de que el daño ambiental ocasionado sea a consecuencia de la actividad para la cual fueron otorgados dichos derechos.

El complemento también se adicionará un párrafo al artículo 605 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a fin de que el juez pueda solicitar la cancelación de licencias o concesiones otorgadas a personas físicas o morales, cuando las afectaciones ambientales hayan sido a consecuencia de estas actividades.

Lo anterior, en virtud de que se ha hablado mucho de que quien contamina paga y repara el daño; sin embargo, ha quedado demostrado esto en una medida dócil e ineficiente para preservar el medio ambiente, y sobre todo para prevenir daños y catástrofes ambientales. Para verdaderamente proteger y prevenir daños ambientales, se requiere de medidas ejemplares que limiten la actuación de aquellos que están acostumbrados a dañar y perjudicar lo que pertenece a toda la humanidad, el medio ambiente.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

DAVID MONREAL AVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION AL ARTICULO 421 DEL CODIGO PENAL FEDERAL; Y SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 605 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El ser humano tiene aproximadamente 70 millones de años de existencia en el planeta tierra. Al igual que cualquier especie de ser vivo, la especie humana se ha valido de todos los recursos naturales a su alcance para subsistir, pero además de hacer uso de estos, la humanidad ha transformando su medio, creando las condiciones necesarias de vida para el desarrollo de la sociedad.

El desarrollo y evolución de la sociedad, con sus más de siete mil millones de habitantes, han ocasionado diversos daños ambientales, esto se traduce en pérdida de biodiversidad, aceleración del calentamiento global, cambios climáticos, alteración de los ecosistemas, entre muchas otras consecuencias.

De acuerdo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México es uno de los principales países mega diversos, al contar con poco más de 200 mil especies, esto lo pone en un lugar privilegiado; por un lado en cuanto a la diversidad con la que cuenta; y por otro, en cuanto a la responsabilidad que debe asumir en el cuidado y preservación del medio ambiente.

La experiencia de México en la regulación de legislación en materia ambiental es muy joven. Carla Aceves1 catedrática de la Universidad de Guadalajara, señala que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio fue quien dio fuerza normativa en México en la materia. Lo que destaca de este documento es la aplicación de medidas de excepción relacionadas con la protección a la vida, de la salud humana, la vida de las plantas y animales y para la conservación de los recursos naturales2.

Además, señala que el primer antecedente formal en nuestro país se encuentra en la “Ley Federal para prevenir y controlar la contaminación” de 1971. De esta ley se desprenden tres reglamentos: para la prevención y control de contaminación atmosférica originada por la emisión de humos y polvos, para el control y prevención de contaminación en aguas y para prevenir y controlar la contaminación del mar.

En este primer momento, en enero de 1971, se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 73, fracción XVI, 4a, que se otorga al Consejo de Salubridad General las facultades necesarias para dictar las medidas para prevenir y combatir la contaminación ambiental.

En 1982 se crea un nuevo intento de protección al ambiente con la Ley Federal de Protección al Ambiente. Pero es hasta 1987 que se otorga el reconocimiento a nivel constitucional, dando la facultad al Congreso de legislar en esta materia a nivel federal, estatal e incluso municipal.3

Con fundamento en las disposiciones de dicho ordenamiento se derivaron diversos reglamentos, los que culminaron con el Programa Integral de Saneamiento Ambiental, de mayo de 1980, estudiándose además las funciones de los tres órganos que tuvieron como misión específica la protección del ambiente: el Consejo de Salubridad; la Comisión Intersecretarial de Saneamiento Ambiental y la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente dependiente de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Posteriormente se publicó, en el Diario Oficial de la Federación del 11 de enero de 1982, la Ley Federal de Protección al Ambiente, que profundizó en más aspectos ambientales que la ley que le antecede, ampliando sus horizontes y específicamente dándole toda la fuerza punitiva de una regulación que permitió prevalecer el interés público y social en la procuración de un ambiente limpio y sano.

El fundamento Constitucional de las normas secundarias que regulan la conducta humana y social frente a los recursos naturales y los ecosistemas, se encuentran en los artículos 25, sexto párrafo; 26; 27, tercer párrafo; 73, fracción XVI 4ª y fracción XXIX-G; así como el 115 y 124, que se relacionan con la competencia de los gobiernos de los Estados y Municipios, y su participación en la temática ambiental.

En el artículo 25, párrafo sexto constitucional, se establece el postulado del cuidado del medio ambiente con motivo de la regulación del uso de los recursos productivos por los sectores social y privado. Esta idea fue incorporada a la Constitución Política, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983.

Asimismo, en el artículo 27 constitucional se plasma la idea de la conservación de los recursos naturales como un elemento totalizador de la protección al ambiente. Este concepto ecológico se introduce mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987.

En este sentido, el derecho ambiental no sólo comprende acciones materiales para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, sino también una adecuada planeación, regulación y organización de toda la materia ambiental; esto es, la gestión ambiental supone un conjunto de actos normativos y materiales que buscan una ordenación del ambiente, que van desde la formulación de la política ambiental hasta la realización de acciones materiales que garanticen el propósito general.

A partir del establecimiento de las bases constitucionales para la protección al ambiente en su conjunto, se puede observar como la Constitución Política Federal distribuye las facultades en esta materia entre la federación, estados y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, aunque esta cuestión atañe más específicamente al estudio de la gestión ambiental.

La ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece en su artículo primero que dicha ley tiene la finalidad de garantizar que toda persona viva en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. 

Esta misma legislación establece como una forma de defensa del medio ambiente las acciones colectivas. Estas, son mecanismos procesales que posibilitan a grandes grupos de individuos acceder a los tribunales para incoar, con el auxilio de representantes adecuados, demandas que prevengan o reparen daños a derechos colectivos. Dicho de un modo más simple, las acciones colectivas son aquellas acciones interpuestas por un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios a dichas personas.

Esos perjuicios son derivados precisamente de violaciones a los llamados derechos colectivos, los cuales son considerados como aquellos que pertenecen a los pueblos para ser protegidos de los ataques a sus intereses e identidad como grupo.

Los derechos colectivos, son los llamados derechos humanos de tercera generación que protegen la relación entre las personas y la naturaleza, el comercio, las comunicaciones, la educación y el medio ambiente, a partir de los cambios tecnológicos, científicos e industriales, generando retos de defensa en los derechos de consumidores o usuarios de los bienes y servicios que estos avances han desarrollado.

Los intereses colectivos, son aquellos referidos a un grupo más o menos numeroso de personas determinadas y determinables con un vínculo jurídico, en consecuencia, una asociación o una persona jurídica, está constituida por personas naturales, determinadas o determinables y vinculadas jurídicamente. Por su parte los intereses difusos pertenecen a una comunidad de personas indeterminadas, entre las cuales no existe una relación jurídica base.

El Código Federal de Procedimientos Civiles, establece en su Libro quinto, Título único, Capítulo primero, que las acciones colectivas son procedentes en materia ambiental. En este mismo sentido, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 189, señala el derecho de todo ciudadano a presentar denuncia popular a fin de solicitar la reparación de algún daño causado al medio ambiente.

Por su parte la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, establece los procedimientos que se podrán llevar a cabo para solicitar de igual modo la reparación del daño, de acuerdo a lo establecido en dicha ley, de este modo señala una serie de multas y reparación de los daños ocasionados al medio ambiente por parte de personas físicas o morales.

Asimismo, el Código Penal Federal establece un Título respecto a los delitos ambientales, en el cual se señalan las sanciones penales de las cuales son sujetos las personas morales y físicas que causen daños ambientales.

Como puede observarse, la legislación en materia ambiental es amplia, sin embargo los daños ambientales siguen siendo comunes en el país, y en muchos casos la reparación del daño no permite volver al estado en que se encontraban los ecosistemas antes de la afectación sufrida.

En este sentido, es necesario establecer mecanismos eficientes y sanciones que realmente vayan hacia la prevención de los daños ambientales, debido a que en un gran número de casos no permiten que pueda darse la reparación de los recursos naturales o ecosistemas dañados.

Derecho comparado.

En Chile la Ley 19496 del 14 de julio de 2004,  establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, y contempla la protección de los intereses colectivos y los intereses difusos. El incumplimiento de dichas normas dará lugar a interponer las acciones destinadas a sancionar al proveedor que incurra en infracción, anular abusos incorporados a los contratos de adhesión, cesar el acto que esté afectando los derechos de los consumidores o a obtener la indemnización por los perjuicios causados o la reparación que corresponda.  Esta misma ley señala que:

Son de interés colectivo las acciones que se promueven en defensa de los  derechos comunes a un conjunto determinado o determinable de consumidores ligados con un proveedor por un vínculo contractual.

Por su parte son de interés difuso las acciones que se promueven en defensa de un conjunto indeterminado de consumidores afectados en sus derechos.

Para hacer valer las acciones se establecen los requisitos que debe reunir la demanda, entre ellos: los facultados para presentarla que podrán ser el Servicio Nacional del Consumidor, una Asociación de Consumidores que tenga por lo menos 6 meses de haberse constituido o un grupo de consumidores que no sea inferior a cincuenta personas. Asimismo, se señala el procedimiento especial a seguir para resolver sobre este tipo de acciones. La sentencia ejecutoriada que declara la responsabilidad del o los demandados tiene efecto erga omnes.

En el caso de Chile, se observa que una vez emitida la sentencia, ésta se da a conocer precisamente por los efectos que produce, para que todos aquellos que hayan sido perjudicados por los mismos hechos puedan reclamar la indemnización o el cumplimiento de la reparación correspondientes.

Colombia cuenta con una Ley específica en la materia, cuyo origen se fundamenta en su Constitución Política, ésta regulación se encuentra dispersa en diversos ordenamientos legales. En el país en comento, las acciones colectivas se regulan a través de dos figuras como a continuación se señala:

Existen las denominadas acciones populares y las acciones de grupo; las primeras tienen por objeto la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en la ley que los regula. También se observan las acciones de grupo, que son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas.

Su Constitución determina que una ley regulará dichas acciones y definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. Dado dicho mandamiento, se encuentra la Ley 472 de 1998, por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.

Aunque ambos tipos de acciones finalmente regulan a un grupo de personas afectadas por un mismo daño, éstas tienen una diferencia claramente marcada en su objeto:

Las acciones populares son medios procesales  para la protección de los derechos e intereses colectivos y se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. 

En los últimos meses en el país ha sufrido de graves afectaciones ambientales, que han ocasionado daños a la biodiversidad y contaminación del ambiente de muchas comunidades.

En este sentido, es necesario fortalecer las sanciones para aquellas personas que cometan daños ambientales, estableciendo que no basta con la reparación del daño o el pago de las multas correspondientes, la ley debe ser más contundente y advertir que en los casos graves de daño ambiental las personas físicas o morales que tengan bajo su tutela los derechos de una concesión para realizar una actividad determinada como puede ser la minería, la extracción, transportación o almacenamiento de hidrocarburos, o se dediquen a la construcción, o cualquier otra, podrán estar en riesgo de que dicha concesión le sea suspendida o cancelada, a fin de que en el desempeño de sus actividades establezcan los máximos criterios de cuidado al ambiente posible, y con ello realmente cumplir con el mandato de preservar y prevenir daños sobre el medio ambiente.

Por lo tanto se propone modificar tanto la legislación civil federal en materia de acciones colectivas, a fin de que  el juez pueda solicitar la cancelación de licencias o concesiones otorgadas a personas físicas o morales, cuando las afectaciones ambientales hayan sido a consecuencia de estas actividades. Asimismo se propone modificar el Código Penal Federal, para que se establezca como pena la cancelación de las concesiones  o asignaciones públicas relacionadas con daños ambientales.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION AL ARTICULO 421 DEL CODIGO PENAL FEDERAL; Y SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 605 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

PRIMERO. Se adiciona una fracción VI al artículo 421 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 421. Además de lo establecido en los anteriores capítulos del Título Vigésimo Quinto, se impondrán las siguientes penas y medidas de seguridad:

I a V…

VI. Suspensión o cancelación de las concesiones o asignaciones públicas otorgadas a personas morales o físicas en los casos de que el daño ambiental ocasionado sea a consecuencia de la actividad para la cual fueron otorgados dichos derechos. 

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 421. Además de lo establecido en los anteriores capítulos del Título Vigésimo Quinto, se impondrán las siguientes penas y medidas de seguridad:

I. La reparación y, en su caso, la compensación del daño al ambiente, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental;

II. La suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o actividades, según corresponda, que hubieren dado lugar al delito ambiental respectivo;

III. La reincorporación de los elementos naturales, ejemplares o especies de flora y fauna silvestre, a los hábitat de que fueron sustraídos, siempre y cuando su reincorporación no constituya un peligro al equilibrio ecológico o dificulte la reproducción o migración de especies de flora o fauna

silvestre;

IV. El retorno de los materiales o residuos peligrosos o ejemplares de flora y fauna silvestre amenazados o en peligro de extinción, al país de origen, considerando lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales de que México sea parte, o

V. Inhabilitación, cuando el autor o partícipe del delito tenga la calidad de servidor público, hasta por un tiempo igual al que se le hubiera fijado como pena privativa de libertad, la cual deberá correr al momento en que el sentenciado haya cumplido con la prisión o ésta se hubiera tenido por cumplida.

Artículo 421. Además de lo establecido en los anteriores capítulos del Título Vigésimo Quinto, se impondrán las siguientes penas y medidas de seguridad:

I. La reparación y, en su caso, la compensación del daño al ambiente, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental;

II. La suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o actividades, según corresponda, que hubieren dado lugar al delito ambiental respectivo;

III. La reincorporación de los elementos naturales, ejemplares o especies de flora y fauna silvestre, a los hábitat de que fueron sustraídos, siempre y cuando su reincorporación no constituya un peligro al equilibrio ecológico o dificulte la reproducción o migración de especies de flora o fauna

 

silvestre;

IV. El retorno de los materiales o residuos peligrosos o ejemplares de flora y fauna silvestre amenazados o en peligro de extinción, al país de origen, considerando lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales de que México sea parte,

V. Inhabilitación, cuando el autor o partícipe del delito tenga la calidad de servidor público, hasta por un tiempo igual al que se le hubiera fijado como pena privativa de libertad, la cual deberá correr al momento en que el sentenciado haya cumplido con la prisión o ésta se hubiera tenido por cumplida o

VI. Suspensión o cancelación de las concesiones o asignaciones públicas otorgadas a personas morales o físicas en los casos de que el daño ambiental ocasionado sea a consecuencia de la actividad para la cual fueron otorgados dichos derechos. 

SEGUNDO. Se adiciona un párrafo al artículo 605 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

ARTICULO 605.- En el caso de acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas, el juez podrá condenar al demandado a la reparación del daño, consistente en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo conforme a lo establecido en este artículo.

En materia de medio ambiente el juez podrá solicitar en la sentencia a la autoridad competente, la cancelación de las concesiones o asignaciones públicas otorgadas a personas físicas o morales, cuando los daños ocasionados fueran a consecuencia de dicha materia.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTICULO 605.- En el caso de acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas, el juez podrá condenar al demandado a la reparación del daño, consistente en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo conforme a lo establecido en este artículo.

ARTICULO 605.- En el caso de acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas, el juez podrá condenar al demandado a la reparación del daño, consistente en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo conforme a lo establecido en este artículo.

En materia de medio ambiente el juez podrá solicitar en la sentencia a la autoridad competente, la cancelación de las concesiones o asignaciones públicas otorgadas a personas físicas o morales, cuando los daños ocasionados fueran a consecuencia de dicha materia.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de octubre de 2014”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Monreal Avila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.


1 Aceves, Avila Carla, bases fundamentales de derecho ambiental mexicano, 1ª edición, México 2003, edit. Porrúa p. 86

2 Ibid, 91

3 Ibid, 95





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Francisco García Cabeza de Vaca, para presentar, a nombre propio y de los Senadores Jorge Luis Preciado Rodríguez, Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Domínguez Servién, Fernando Yunes Márquez, Luis Fernando Salazar Fernández, Víctor Hermosillo y Celada y Fernando Herrera Avila, con aval del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

(Presentada por el C. Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre propio y de los CC. Senadores Jorge Luis Preciado Rodríguez, Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Domínguez Servién, Fernando Yunes Márquez, Luis Fernando Salazar Fernández, Víctor Hermosillo y Celada y Fernando Herrera Avila, con aval del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Francisco García Cabeza de Vaca: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy subo a tribuna a nombre propio y de las Senadoras y Senadores de mi grupo parlamentario, Acción Nacional, quienes respaldan esta iniciativa, a la que en obvio de tiempo no daré lectura, por lo cual solicito a la Presidencia su incorporación íntegra en el Diario de los Debates.

La iniciativa de reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que presentamos, tiene como propósito tipificar el delito de “halconeo”, así como su inclusión en el catálogo de delitos considerados como delincuencia organizada.

En nuestro país la delincuencia organizada ha crecido de manera importante ocupando nuevos territorios, diversificando y modernizando su forma de operar, a fin de allegarse de información y de que gente trabaje para su beneficio. Dentro de la cadena de eslabones que integran las organizaciones criminales, la figura de los “halcones” ocupa una de los últimos lugares, se trata de personas que espían, vigilan e informan sobre las labores, los movimientos y acciones de los cuerpos policiacos, de la Marina Armada de México o del Ejército, así como a los miembros de la delincuencia organizada, para que a su vez estos puedan cometer otros delitos o sustraerse de las instancias de seguridad pública.

A la fecha, existen diversas formas sabidas de operación de los “halcones”, una de ellas es utilizando adolescentes o menores de edad que se colocan en cruces importantes, en gasolineras o tiendas de conveniencia evaluando como puntos clave de las rutas de los cuerpos de seguridad. A estos jóvenes se les dota de radios y teléfonos celulares para transmitir el paso de convoyes y, así, hacer fallidos los operativos de los cuerpos policiacos.

También son conocidos los casos en que trabajadores informales que se establecen en cruceros y avenidas se encargan de observar y reportar los movimientos de los cuerpos policiacos. Otra forma es a través de personas con vehículos y radios, generalmente taxis que siguen a distancia los vehículos oficiales informando de su posición.

Sobre este delito sólo 19 estados de la República han realizado esfuerzos por tipificarlo, y a pesar de ello en algunos casos no se ha llegado a establecer con claridad el delito de espías del narcotráfico, que es en sí la tarea del “halconeo”.

En el estado de Coahuila se le tipificó el delito de “Facilitación Delictiva”, en Quintana Roo se le denomina “Uso Indebido de Información sobre las Actividades de Seguridad Pública”; en Nuevo León se le denomina “Delitos Cometidos Contra Instituciones Oficiales y Servicios Públicos”; en Chiapas se incorporó bajo la figura de “Delitos Cometidos contra Servidores Públicos” y, en mi estado, Tamaulipas, se le denominó “Atentado contra la Seguridad de la Comunidad”.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo a nivel estatal, 13 entidades federativas no contemplan la conducta delictiva del “halconeo”, por lo cual se propone homologar la figura y sanciones que le son aplicables a través de una reforma al Código Penal Federal, específicamente con la adición de un artículo, el 129 Bis. Este ordenamiento a fin de que se sancione el delito y se regulen las diversas conductas que constituyen lo que se ha denominado “halconeo”.

Se impone una pena de 4 a 10 años de prisión, y de mil a dos mil días de multa, sanción que podrá incrementarse hasta en una mitad bajo los siguientes supuestos:

Primero, cuando se utilice a menores de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el carácter ilícito de hecho para realizar cualquiera de las conductas descriptivas.

Segundo, cuando el delito sea cometido por servidores públicos o ex servidores públicos de instituciones de seguridad pública o personas que hayan brindado sus servicios en empresas de seguridad privada.

Tercero, cuando el delito se cometa utilizando cualquier medio de comunicación, telefonía celular, sistemas de comunicación electrónica, de radiocomunicación o cualquier otro, a través del cual se pueda realizar la emisión, transmisión de información, imágenes o datos a las corporaciones de seguridad y fuerzas armadas.

Asimismo, se propone la incorporación de la conducta delictiva del “halconeo” en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por estar estrechamente vinculada al tema.

Compañeras y compañeros: Hoy nuevamente me pronuncio en esta tribuna con una iniciativa relacionada con el tema de la delincuencia e inseguridad, seguiremos como grupo parlamentario insistiendo, continuaremos alzando la voz ante el estado de violencia que se prevalece hoy en día en nuestro país: Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Veracruz, Morelos, Durango, son cada vez muestra de una ingobernabilidad que se vive en el interior de la República.

En los delitos de alto impacto que más dañan a la población como homicidio, secuestro y extorsión, desafortunadamente mi estado, Tamaulipas, y los anteriormente citados, ocupan los primeros lugares. Hoy Tamaulipas es el primer lugar en secuestros, concentra el 33.63 por ciento del total nacional con 446 averiguaciones, y ha ocupado este deshonroso lugar en los últimos dos años, muy por arriba de los estados que ocupan los siguientes lugares.

Las extorsiones, balaceras, “narcobloqueos”, “levantones”, cobro de piso y ajustes de cuentas, es lo que se vive día a día en estados como Tamaulipas. La realidad es que la delincuencia organizada ha permeado en todas las esferas.

Recientemente lo difundido en el sector educativo, así es, se han involucrado en el sector educativo de nuestro país. Basta mencionar el colegio Montessori American School de Tampico, que después de 23 años de operaciones cerró sus puertas por el temor a la vida de sus empleados y no poder garantizar la integridad de sus alumnos, ante el acoso y extorsiones del crimen organizado.

El colegio preescolar William Shakespeare de Tampico no ha reactivado las labores desde agosto, al inicio de este nuevo ciclo escolar, por ser víctimas también de extorsiones. La Universidad, así es, la Universidad del Valle de México en Reynosa, también ha cerrado sus puertas del 24 al 30 de septiembre tras ser víctima de extorsión a sus directivos, y el ingreso de hombres armados a sus instalaciones para intentar secuestrar al rector de la universidad donde le pedían la lista de proveedores de la universidad para que fueran ellos lo que pudieran ser proveedores precisamente de la universidad, y la lista de todos y cada uno de los alumnos de esta universidad, sus correos y sus teléfonos.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas, la máxima casa de estudios de mi estado, no es la excepción, la delincuencia organizada ha penetrado en la institución amedrentando a los alumnos, haciéndoles comprar boletos de rifas cuyos premios son inexistentes, fijándoles cuotas, despojándolos de sus teléfonos celulares y dispositivos móviles.

Medios de comunicación, a nivel nacional, han publicado recientemente que 15 escuelas particulares y también algunas públicas han sido amenazadas en donde les han pedido precisamente dinero a través de la extorsión.

Los delincuentes, aprovechando las contingencias por las recientes lluvias, se hacen pasar vía telefónica por personal de protección civil a fin de recaudar información sobre las existencias de daños en los planteles educativos, para así lograr establecer comunicación con los directores, las cuotas han ido desde los 100 a los 350 mil pesos.

A la par de estos hechos, hace tan solo unos días el coordinador estatal de Tamaulipas de la Policía Federal, declaró al diario Reforma que la delincuencia organizada estaba secuestrando a jóvenes que venían en autobuses de pasajeros en las carreteras de Tamaulipas, para entrenarlos y obligarlos a trabajar para ellos.

Por todo lo anterior, se requieren resultados de la Estrategia Nacional Antisecuestro, de la Estrategia Nacional de Seguridad, y de la actuación del gobierno del estado de Tamaulipas, y porque se construya una efectiva política de prevención y contención de la delincuencia.

Nos encontramos ante problemáticas focalizadas en todos estos estados antes mencionados, son prácticamente estados de excepción, y por lo tanto se debe gobernar con medidas de excepción. Seguiremos presentando iniciativas para cerrarle el paso a los grupos delictivos. Es obligación de este Senado de la República hacer las modificaciones necesarias para asegurarnos que el crimen organizado no siga avanzando en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador García Cabeza de Vaca. Incorpórese íntegramente este proyecto al Diario de los Debates.

Sonido en el escaño del Senador Javier Lozano.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Solo para preguntarle a mi compañero si me permite adherirme a la iniciativa que acaba de presentar.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: El ha aceptado adherirse. Muy bien, Luisa María. Muy bien. A ver, Senador Cabeza de Vaca.

- El C. Senador Francisco García Cabeza de Vaca: (Desde su escaño) Señor Presidente, si me permite para hacerle mención que esta iniciativa viene avalada por todo el grupo parlamentario. Gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Así es, tiene el aval de grupo. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 76 y 89 constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 76 FRACCION I Y 89 FRACCIONES VI Y X DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente Luis Sánchez. Con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros Senadores:

La participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, que el pasado 24 de septiembre anunció el Presidente Enrique Peña Nieto, siendo un tema muy trascendental para el Estado mexicano, y así debe de ser visto por el gobierno en sus diferentes ámbitos de poder, así debe de ser discutido también de manera pública, es que hay que recordar que desde 1948, año en que las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas comenzaron, ha habido 69 misiones y un total de 3263 víctimas mortales.

Tan solo en el año 2010 un total de 173 participantes de las conocidas como Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMPs) murieron, este es el segundo año con más decesos después de 1993, cuando 252 integrantes de Operaciones de Mantenimiento de la Paz perdieron la vida.

Actualmente, como se sabe, hay 16 Operaciones de Mantenimiento de la Paz en curso, estas se llevan a cabo en Haití, en Liberia, en Costa de Marfil, en República Democrática del Congo, en Sudán del Sur, en la frontera entre Sudán y Sudán del sur, en Oriente Medio, en India y Pakistán, en Siria, en Líbano, en Chipre, en Kosovo, en Darfur, en Mali, y en Sahara Occidental.

En lo que va del 2014 se han registrado 72 víctimas mortales de estas Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Apenas el viernes pasado, 3 de octubre, nueve cascos azules de las Naciones Unidas fueron asesinados en una emboscada ocurrida en Mali.

Entonces, hay que ver y dimensionar de qué se tratan las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, hay que revisar cuáles son sus implicaciones y cuál es la pretensión o la proyección del involucramiento del Estado mexicano en estas Operaciones de Mantenimiento de la Paz para que de llegar a ocurrir, estén sujetos a vigilancia y control, no solamente por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como su órgano facultado para la toma de decisiones, sino también por alguna parte de la autoridad nacional.

En México, como todos ustedes deben saberlo, la capacidad de control de la política exterior reside histórica y legalmente en el Senado de la República.

El Presidente, como titular del Ejecutivo Federal, si bien tiene la facultad constitucional de dirigir esta política exterior, el Senado tiene a su vez la atribución constitucional exclusiva de analizarla.      Por ejemplo, para que se produzca una salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, la Cámara Alta debe de avalarlo, como lo hemos hecho en varias ocasiones.

Sin embargo, hay que ver qué esperan los ciudadanos también de la política exterior mexicana y qué podrían esperar respecto a la posibilidad de la participación en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

Solamente cito una encuesta del CIDE del año 2003 que analiza las actitudes sociales y la cultura política de los mexicanos con respecto a los temas de política exterior.

En nuestro país el apoyo a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz está supeditado a la naturaleza de las actividades en que participarán efectivos mexicanos en estas operaciones de paz.

Les doy un dato, compañeras y compañeros.

Cuando se les explicó a los encuestados que las misiones de paz de la ONU implican que los países miembros envíen fuerzas militares a zonas de conflicto, una mayoría de 46 por ciento desaprobó la colaboración de este tipo de operaciones, 46 por ciento creen que no deberíamos de involucrarnos en este tipo de operaciones, mientras que solamente un 37 por ciento dijo aprobarlas.

¿Qué es lo que ocurre?

La tradición de solidaridad ante desastres naturales es algo que compartimos y que ojalá siga por muchos años. Sin embargo, en este tema no hay un consenso respecto a si la política exterior debe de guiarse a la participación de nuestras Fuerzas Armadas en otros países o no, sobre todo en países que como aquí se ha demostrado no pueden garantizar la seguridad tampoco de esos efectivos.

Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz son operaciones complejas que por la situación de inestabilidad política y militar de los países en los que se llevan a cabo, existen víctimas mortales.
          
Se debe analizar caso por caso la participación de México en ellas, tomando en cuenta que lleva muchos años nuestro país sin involucrarse en estos proyectos y que en general los mexicanos no están de acuerdo con la participación de fuerzas militares nacionales en zonas de conflicto.

Por eso el involucramiento de México en operaciones de ayuda humanitaria o de mantenimiento de paz de la ONU se debe de estudiar a detalle y debe de ser estudiada justamente por este Senado de la República.

El tema tiene implicaciones de personal de las fuerzas militares, de recursos y de injerencia en otros países. Por ende, la decisión no puede ser tomada nunca unilateralmente, debe de haber una discusión pública al respecto en que el Senado de la República, como órgano legislativo de control de la política exterior, tenga una incidencia en las operaciones militares humanitarias en que el Ejecutivo decida participar. De eso se trata la iniciativa de reforma a la Constitución, en particular de los artículos 76 sobre las facultades exclusivas del Senado y del artículo 89 sobre las facultades, pero también las obligaciones del Presidente de la República.

Para que cada caso eventualmente la salida en operaciones de mantenimiento de paz y de ayuda humanitarias, sean avaladas antes por el Senado de la República. Esa es la intención de esta iniciativa, homologar este deber de las operaciones civiles humanitarias las cuales en las operaciones de mantenimiento de paz son tanto o más importantes el apoyo militar.

Lo anterior me parece que permitiría garantizar que esta asistencia tenga congruencia con nuestra política exterior que está fundada en la paz, en la no intervención, la solidaridad, la resolución pacífica de los conflictos y el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Si México va a tratar de defender la paz mundial, pues debe de haber un consenso en los niveles de gobierno. Y sobre todo y en enorme coincidencia con lo que acaba de mencionar el Senador García Cabeza de Vaca de la situación que viven muchos países y que además no es ajena ni desconocida para ninguno de los presentes en este salón de sesiones, debemos de preguntarnos si México está en el mejor momento de salir a intentar mantener la paz en otros países cuando hay muchas partes del país en donde es imposible para el Estado mexicano mantener la paz.

Si nuestros problemas de defensa de los derechos humanos, de seguridad, de violaciones a los derechos fundamentados en la Constitución no son posibles de mantener, debemos de realmente reconsiderar y discutir en este Senado de la República si este es el mejor momento para hacer un anuncio de esta naturaleza de que México ahora saldrá al extranjero a participar en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

Por eso la iniciativa lo que establece es esta obligación del Presidente para solicitar al Senado la autorización para que una representación del Estado mexicano, ya sea civil o sea militar, participe en operaciones de ayuda humanitaria o de mantenimiento de paz que se realicen fuera del país.

De eso se trata la iniciativa y ojalá reciba el apoyo de todos y todas las integrantes de este cuerpo colegiado.

Que tengamos concordancia con nuestra Constitución y con el sistema de gobierno, basado justamente en la división de poderes y en los mecanismos de pesos y contrapesos. Un elemento fundamental de un país democrático que lo que quiere es salir al mundo a defender la paz cuando no lo puede hacer todavía en su propio territorio.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

“El suscrito, ZOE ROBLEDO ABURTO, Senador por Chiapas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 171, fracción I y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN Y LOS ARTICULOS 76 FRACCION I Y 89 FRACCIONES VI Y X DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

El miércoles 24 de septiembre de 2014, en el marco del sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –el principal órgano deliberativo del organismo, integrado por la totalidad de sus 192 Estados miembros, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, anunció la participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) de la ONU.

Las OMP de la Organización de las Naciones Unidas, que se llevan a cabo desde hace más de 65 años la primera misión se aprobó en 1948, cuando se autorizó el despliegue de observadores militares de las Naciones Unidas en Oriente Medio–, buscan ayudar a países, que viven o han salido de conflictos, a crear condiciones necesarias para una paz duradera, a través de acciones para la reconstrucción, la asistencia humanitaria y la seguridad.

Los objetivos de las actuales operaciones son multidimensionales. Buscan lograr y mantener la paz son y la seguridad; facilitar procesos políticos; proteger a civiles; ayudar en el desarme, la desmovilización y la reintegración de ex combatientes; apoyar la organización de procesos electorales; proteger y promover los derechos humanos; y, en general, ayudar a restablecer el estado de derecho. Para lo anterior, las Operaciones se basan en tres ejes principales: consentimiento de las partes; imparcialidad, y; uso de la fuerza sólo en situaciones de legítima defensa y en resguardo del mandato encomendado.1

Para lograr la distención del conflicto, transitando hacia la seguridad y la paz, las OMP utilizan la capacidad de desplegar y mantener efectivos militares y de policía en cualquier lugar del mundo, integrándolos con el personal de paz civil, para alcanzar el cumplimiento de los mandatos, fijados, exclusivamente, por el Consejo de Seguridad de la ONU –ya que es el único órgano facultado para tomar decisiones para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Su planeación, preparación, organización y dirección dependen del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DPKO, por sus siglas en inglés). 

Desde el año en que las Operaciones de Mantenimiento de la Paz comenzaron, en 1948, ha habido 69 misiones con un total de 3,263 víctimas mortales. Tan sólo en 2010, un total de 173 participantes de las OMP murieron –el segundo año con más decesos, después de 1993, año en el que 252 personas perdieron la vida en estas operaciones. En lo que va de 2014 –hasta el 8 de septiembre– se han registrado 72 víctimas mortales.2

Actualmente hay 16 Operaciones de Mantenimiento de la Paz en curso en: Haití, Liberia, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Abyei (área entre Sudán y Sudán del Sur), Oriente Medio, India–Pakistán, Siria, Líbano, Chipre, Kosovo, Darfur, Malí y Sahara Occidental3. Para éstas, 193 países contribuyen con equipo y financiamiento; en total, entre 11, 465 policías, 84,743 tropas, y 1,739 personal militar experto de la ONU, el personal de las OMP es de 97,947, los cuales provienen de 123 países4; los países de América Latina que participan son: Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, El Salvador, Guatemala y República Dominicana. El presupuesto para estas misiones es de aproximadamente 7.83 miles de millones de dólares. Para la logística de las misiones, se cuenta con: 56 aviones, 12 buques, 144 helicópteros, 34,742 vehículos terrestres, 30 hospitales y 284 clínicas.5

Según el gobierno federal, la participación de México en las OMP será gradual, en términos cuantitativos y en el tipo de labores en las que se participará. Dichas labores podrán comprender personal militar o civil para la realización de varias tareas que involucren a ingenieros, médicos y enfermeros, observadores políticos y militares, asesores electorales, especialistas en derechos humanos, entre otros.

La participación de México en las OMP estará condicionada a:6

1. La autorización expresa y un mandato claro del Consejo de Seguridad de la ONU, en tanto que es el único órgano facultado para tomar decisiones para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

2. El consentimiento expreso y la cooperación del Estado en donde se desplegará la OMP.

3. La conformidad con el marco jurídico nacional y las prioridades de la política exterior.

4. La realización de tareas de índole humanitaria en beneficio de la población civil.

Hasta la fecha, México ha participado en tres ocasiones en operaciones de paz de la ONU, según la cancillería. Las dos primeras fueron en Los Balcanes y en Cachemira, en 1947 y en 1949, respectivamente, cuando se mandó a observadores militares. La tercera ocurrió de 1992 a 1993 con el envío de policías a El Salvador.7 Además de esta presencia, relacionada a temas de seguridad, en 1999 México brindó asesoría electoral en los comicios presidenciales de Timor Lester y en el Consejo Electoral de Haití en 2004. Actualmente, México es el segundo contribuyente financiero más importante de América Latina al presupuesto de las OMP, sólo por debajo de Brasil, ya que nuestro país aporta alrededor 25 millones de dólares al programa.

Según una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que analiza las actitudes sociales y la cultura política de los mexicanos con respecto a temas de política exterior y relaciones internacionales en México, en nuestro país el apoyo a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz está supeditado a la naturaleza de las actividades en las que participarán. Cuando se les explica a los encuestados que las misiones de paz de la ONU implican que los países miembros envíen fuerzas militares a zonas de conflicto (“cascos azules”), una mayoría de 46% desaprueba la colaboración en este tipo de operaciones contra 37% que la aprueba.8

Con la información proporcionada anteriormente, se pueden ver dos aspectos fundamentales relativos a las OMP: son operaciones complejas que, en algunos casos, por las situación de inestabilidad política y militar de los países, hay víctimas mortales, y; se debe analizar, caso por caso, la participación de México en ellas, tomando en cuenta que lleva muchos años sin involucrarse en estos proyectos y que, en general, los mexicanos no están de acuerdo con la participación de fuerzas militares nacionales en las zonas de conflicto. Por ello, el involucramiento de México en operaciones de ayuda humanitaria o de mantenimiento de paz de la ONU, se debe estudiar a detalle; el tema tiene implicaciones de personal de las fuerzas militares, de recursos y de injerencia en otros países –aunque esta se diera en el marco institucional de las Naciones Unidas.

Por ende, esta decisión no puede ser tomada unilateralmente. Debe haber una discusión pública al respecto, en el que el Senado de la República, como órgano legislativo de control de la política exterior, tenga una incidencia en las operaciones, militares o humanitarias, en la que el Ejecutivo Federal quiera participar. La participación de las fuerzas armadas mexicanas –ejército y marina–en el extranjero debe tener como requisito su absoluto respeto a los derechos humanos y tenerla acreditada previamente en territorio nacional. 

El Senado, históricamente, ha cumplido una función esencial en el marco del pacto federal mexicano: ser un contrapeso de las decisiones del poder ejecutivo.

La llamada cámara alta, se ha encargado de ratificar, designar y nombrar respecto de los encargos constitucionales del ejecutivo, así como de autorizar ciertos actos del mismo, que son de suma importancia para la nación, como lo es autorizar la movilización de tropas en territorio extranjero.

Para que personal militar participe en una Operación para el Mantenimiento de la Paz, por analogía debe existir una solicitud expresa del titular del Ejecutivo y una autorización por parte del Senado, la presente propuesta extiende esa obligación al personal civil de forma expresa en nuestra Constitución.

Lo anterior permitiría garantizar que esta asistencia tenga congruencia con nuestra política exterior fundada la paz,  la no intervención, la resolución pacífica de los conflictos y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Si las armas mexicanas van a coadyuvar a la defensa de la paz mundial, debe haber un consenso en los niveles de gobierno. Si una de las condicionantes de la participación es el consentimiento expreso y la cooperación del Estado en donde se desplegará la OMP, también se debe tener un consentimiento expreso del Estado del cual saldrá tanto la ayuda humanitaria, como las fuerzas militares.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN Y LOS ARTICULOS 76 FRACCION I Y 89 FRACCIONES VI Y X DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO.- Se adicionan un tercer párrafo a la fracción I del artículo 76, un segundo párrafo a la fracción VI y un segundo párrafo a la fracción X ambas del artículo 89, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.

Asimismo, autorizar la participación de representaciones del País en operaciones de ayuda humanitaria o de mantenimiento de paz;

II. a XIV. …

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. a V. …

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

El Presidente podrá solicitar al Senado la autorización para que la Fuerza Armada participe en operaciones de ayuda humanitaria o de mantenimiento de paz, fuera del país, en términos de las fracciones I y III del artículo 76;

VII. a IX.

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

De conformidad con los principios establecidos en el párrafo anterior y lo dispuesto por la fracción I del artículo 76, el Presidente propondrá al Senado la participación de representaciones del País en operaciones de ayuda humanitaria o de mantenimiento de paz;

XI. a XX. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 7 de octubre de 2014.

Sen. Zoé Robledo Aburto”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Robledo Aburto. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, Segunda.
          
Sonido en el escaño del Senador López Brito, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Señor Presidente, para si por favor le pregunta al Senador Zoé Robledo si me permite sumarme a su iniciativa. Yo soy de este criterio también.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Ha aceptado el Senador Robledo Aburto. Gracias.

                  En el turno que corresponde al grupo parlamentario del PVEM, la Senadora Gabriela Cuevas Barrón y el Senador Jorge Emilio González Martínez, presentarán una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 constitucional. Ambos legisladores han solicitado hacer uso de la palabra para su presentación y usarán la mitad de tiempo cada uno.

1 Organización de las Naciones Unidas (ONU), “¿Qué es el mantenimiento de la paz?”, Mantenimiento de la Paz, recuperado de
http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml el 26 de septiembre de 2014.

2 United Nations (UN), “Fatalities by year (up to 31, August, 2014)”, Peacekeeping, recuperado de http://www.un.org/en/peacekeeping/fatalities/documents/stats_1.pdf el 26 de septiembre de 2014.

3 Hay, además, una misión política adicional que depende del DPKO en Afganistán.

4 United Nations (UN), “Contributions to United Nations peacekeeping operations (as of 31, August, 2014)”, recuperado de http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2014/aug14_1.pdf el 26 de septiembre de 2014.

5 Infografía de la Organización de las Naciones Unidas, recuperada de
http://www.un.org/en/peacekeeping/images/PKD_Infographic_web.jpg el 26 de septiembre de 2014.

6 Presidencia de la República, “Participación de México en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz”, Blog de la Presidencia (24 de septiembre de 2014), recuperado de http://www.presidencia.gob.mx/participacion-de-mexico-en-operaciones-para-el-mantenimiento-de-la-paz/ el 26 de septiembre de 2014.

7 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), “México anuncia su participación en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU”, Comunicados (25 de septiembre de 2014), recuperado de
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/4920-417 el 26 de septiembre de 2014.

8 Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México, las Américas y el Mundo 2012-2013, México, CIDE, 2013, p. 91.





 

En consecuencia, tiene la palabra la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para referirse al proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 constitucional, hasta por cinco minutos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XXIX-G DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los CC. Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Jorge Emilio González Martínez)

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias a todas y a todos; y en especial agradezco al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y a mi bancada, por permitirnos presentar esta iniciativa.

Este tema sin duda es muy importante en el marco del Día Mundial del Hábitat, que se celebró el día de ayer, tiene por objetivo reformar el artículo 73 de la Constitución para permitirnos al Congreso de la Unión elaborar una ley en materia de protección y trato digno y respetuoso a los animales, y que permita el trabajo concurrente entre los tres órdenes de gobierno.
                    
La intención de tener esta ley, y quiero ser clara en este tema, parte de una visión integral de protección a los animales.

Y, ¿por qué este tema es importante?

No se trata solamente de un tema de ética con nuestra propia naturaleza y nuestro entorno, tiene que ver con la salud pública, la salud de nosotros como seres humanos al coexistir con animales, por ejemplo, en casa.

Tiene que ver también con una cultura de la violencia que se ha generalizado en nuestro país y que lo vemos en expresiones todos los días en las redes sociales en fotos, en videos sobre el maltrato animal. Y sin duda también de manera muy importante tiene que ver con el bienestar animal.

Y en este sentido, uno de los temas más importantes para cuidar nuestro planeta es erradicar la crueldad animal y atender las necesidades de bienestar de estos seres.

Debemos de estar conscientes como sociedad del trato que le damos a todos y cada uno de los seres vivos.

El cuidado a los animales, como comentaban, no es una cuestión solamente de ética ambiental, sino un elemento más para erradicar la cultura de la violencia.

Debemos y celebramos que se comiencen a discutir este tipo de temas de manera seria, informada, libre de prejuicios, de fobias o de filias.

La intención y los temas más importantes que presentamos en esta iniciativa para tener una nueva ética ambiental es, primero, la prohibición clara y expresa a los circos que utilizan animales, así como a las corridas de toros.

En segundo lugar, se prohíbe también la utilización de animales en cualquier tipo de espectáculos en el que sean inducidos a realizar acciones fuera de su comportamiento natural.

En tercer lugar, se regula la entrega y la venta de animales y también buscamos que se establezcan, en los programas de estudio de primaria y de secundaria, contenidos que promuevan una cultura de respeto a los animales y al medio ambiente.

En cuarto lugar, se precisa el uso de animales en investigación o en experimentación sólo cuando sea estrictamente necesario.
                    
En nuestro país es raro el laboratorio que no utiliza de manera cotidiana e innecesaria la experimentación animal. La experimentación en animal debe ser una excepción, no debe ser, como ha sucedido hasta ahora la regla.

Y asimismo se tipifican como delitos los actos de maltrato o de crueldad animal.
          
Haremos también un importante llamado a tener foros, a tener debates, a tener encuentros, a que este sea el inicio y un punto de partida a una sana discusión y a un debate que nos permita, en primer lugar, generar mayor conciencia sobre la relación de los seres humanos con nuestro entorno,                  pero también erradicar cualquier forma de violencia en contra de un ser vivo, en este caso, a los animales.

Muchas gracias por su atención y muchas gracias una vez más al Senador Jorge Emilio González, por ser juntos, proponentes de esta iniciativa.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Cuevas Barrón.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Preguntarle a la Senadora Cuevas Barrón, si me permite también suscribir la iniciativa.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Vamos a permitir la participación del Senador Jorge Emilio González, que es la segunda parte de esta iniciativa y supongo que acepta la Senadora Cuevas.

Tiene la palabra el Senador Jorge Emilio González Martínez, para referirse al mismo proyecto de Decreto, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Jorge Emilio González Martínez: Muchas gracias, señor Presidente.

Y gracias a la Senadora Dolores Padierna por querer suscribir esta iniciativa.

El ser humano debe asumir conductas civilizadas, no sólo entre nosotros mismos, sino también en cualquier forma de vida.
          
En tal sentido, los animales merecen un trato digno, respetuoso y no deben ser objeto de diversión a costa de su sufrimiento.

Por eso desde hace varias legislaturas se han presentado iniciativas encaminadas a satisfacer este objetivo, pero desafortunadamente no han prosperado.

El día de hoy, con la Senadora Gabriela Cuevas, presentamos una nueva iniciativa en esta materia, recogiendo lo mejor de propuestas anteriores y fortaleciéndolas a fin de que nuestro país cuente de una vez por todas con una legislación de esta naturaleza.

Con la presente iniciativa se establecen las bases para la distribución de competencias entre Federación, estados y municipios para el trato digno y respetuoso hacia los animales, reconociéndolos como seres vivos, sensibles y con importancia ambiental, ética y social.

Para lograr este objetivo se establecen obligaciones a cargo de los responsables de su cuidado para otorgarles en todo momento la satisfacción de sus necesidades básicas de acuerdo con las características especiales de cada especie.

Además de dichas obligaciones también se establecen las prohibiciones de abandono, maltrato, muerte o enfrentamiento así como su utilización en circos.
          
De manera particular se proponen reglas especiales para el traslado, alojamiento y sacrificio, así como el uso de animales de trabajo o con fines de enseñanza, investigación y experimentación.

Finalmente, las reglas que contiene la presente ley contemplan sus respectivos mecanismos de denuncia y sanción, con lo cual se garantizarán su aplicación de manera efectiva.

Bajo ninguna circunstancia se puede justificar que el ser humano se divierta con el sufrimiento de los animales. Por ello nadie puede oponerse a la expedición de una ley general sobre el trato digno y respetuoso hacia los animales, pues sólo de esta forma demostraremos que somos seres racionales y sobre todo sensibles a la necesidad de proteger todas y cada una de las formas de vida.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

Gabriela Cuevas Barron y Jorge Emilio González Martínez, Senadores de la República de la LXII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 numeral 1, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Durante los últimos años, el término de bienestar animal se ha incluido como uno de los pilares de la protección y el cuidado de los animales tanto en el ámbito jurídico nacional como internacional. Dicho bienestar se basa en la idea de que el ser humano tiene la responsabilidad de tratar digna y respetuosamente a los animales, brindándoles las condiciones que les permitan lograr su pleno desarrollo.

Con el propósito de impulsar este importante tema, que por mucho tiempo ha estado en la agenda internacional, la Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA por sus siglas en inglés) ha elaborado la Declaración Universal sobre Bienestar Animal (DUBA), instrumento que establece principios básicos para crear una mayor conciencia a nivel individual y restringir las acciones que ejercemos sobre los animales. En esta Declaración se reconoce no sólo que los animales son seres que sienten y que, por tanto, merecen la debida consideración y respeto, sino también que los seres humanos coexistimos en este planeta junto con otras especies formando un ecosistema interdependiente.

Ahora, a nivel interno tenemos la responsabilidad de elaborar un marco legal de vanguardia que nos permita erradicar la crueldad animal y atender las necesidades de bienestar de estos seres. Como representantes populares, debemos pugnar por una sociedad más responsable hacia el trato de los animales, conscientes de que la cultura de un país se nota en el trato que se da a todos los seres vivientes.

En congruencia con lo anterior, los suscritos estamos impulsando una serie de reformas para lograr la protección de los animales, tanto a nivel constitucional como en la legislación secundaria.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 171 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, cuando una propuesta involucre disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se deben presentar en iniciativas separadas indicando la correlación entre las mismas.

En ese tenor, refiero la iniciativa que expide la Ley General sobre Trato Digno y Respetuoso hacia los Animales, que se presentará simultáneamente a la presente con la finalidad de que en, primer término, se faculte al Congreso de la Unión a legislar en la materia y, posteriormente, se expida la ley que establezca la concurrencia de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de trato digno y respetuoso hacia los animales.

Para lograr lo anterior, se propone reformar la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto vigente faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que distribuyan competencias entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Con fundamento en esta disposición constitucional, han sido expedidas las leyes: (i) General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; (ii) General de Vida Silvestre; (iii) General de Desarrollo Forestal Sustentable, y (iv) General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.

Considerando la intención de que en el sistema jurídico mexicano exista una ley general en materia de protección, bienestar y trato digno hacia los animales,  en la presente iniciativa se propone establecer expresamente en la fracción de referencia la facultad del Congreso de la Unión para expedir la legislación que distribuya competencias entre los tres órdenes de gobierno materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, quedando de la siguiente forma:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, y de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico; y de protección, bienestar y trato digno hacia los animales.

De esta forma, además de otorgar facultades expresas al Poder Legislativo Federal para legislar en materia de protección, bienestar y trato digno hacia los animales, se aprovecha la oportunidad de reformar la fracción que nos ocupa para perfeccionarla, sustituyendo la expresión “gobierno de los estados” por “gobiernos de las entidades federativas”, y se hace referencia a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a fin de que el régimen político de la Ciudad de México también entre en el ámbito material de aplicación de la presente fracción del artículo 73 constitucional.

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente por su digno conducto, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

UNICO.- Se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73.- ….

I a XXIX-F…..

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, y de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico; y de protección, bienestar y trato digno hacia los animales.

XXIX-H a XXX….

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión expedirá la ley que establezca la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, y de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en materia de protección, bienestar y trato digno hacia los animales a más tardar dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2014.

Atentamente

Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. Jorge Emilio González Martínez”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador González Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Ha solicitado la Senadora Padierna Luna suscribir esta iniciativa con proyecto de Decreto, y los Senadores María Elena Barrera, Barbosa Huerta y Rosas Aispuro.





 

Tiene la palabra la Senadora Mely Romero Celis, para presentar a nombre propio y de los Senadoras y Senadores Ivonne Alvarez García, Angélica Araujo Lara, Alejandro Encinas Rodríguez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, César Octavio Pedroza Gaitán y María del Rocío Pineda Gochi, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
      
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCION XLII DEL ARTICULO 27 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y de los CC. Senadores Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, César Octavio Pedroza Gaitán y María del Rocío Pineda Gochi)

- La C. Senadora Mely Romero Celis: Muchas gracias, señor Presidente.

Presento ante este Pleno del Senado de la República una propuesta para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 27.

El tema central tiene que ver con la posibilidad de generar una capacitación profunda y permanente para todos los servidores públicos del nivel municipal.

Y es que hay suficientes estudios, así como conteos del propio INEGI que reflejan estadísticas relevantes, respecto a que de los prácticamente 2 mil 500 municipios en el país, no son altos los porcentajes de los funcionarios que tienen en primer lugar experiencia previa en el ámbito municipal o por otro lado, que tienen una formación académica superior a la educación básica.

De hecho podemos retomar algunas encuestas propiamente que señalan que la mayoría de los presidentes municipales, previo a su responsabilidad como tal, han estado en el sector privado teniendo un negocio propio, el 26 por ciento prácticamente de los presidentes municipales o siendo empleados del sector privado.

Son pocos los funcionarios que han estado en el nivel municipal, el 15 por ciento de todos los alcaldes y pocos también los que han tenido una experiencia previa en cualquier otro orden de gobierno.
      
Si consideramos además que la mayoría de los servidores públicos, es decir, los que acompañan a los presidentes municipales en la responsabilidad de llevar a cabo un gobierno municipal sabemos que, prácticamente el 40 por ciento de estos servidores públicos que se contabilizan hoy en día en aproximadamente 29 mil, el 40 por ciento de éstos se han dedicado también a un negocio propio o a una actividad independiente que no tiene que ver con el sector público.

Solamente la tercera parte de los funcionarios públicos, es decir, el 33 por ciento tiene experiencia previa ya sea en el nivel de gobierno municipal, el estatal o el federal, y son muy pocos, .3 por ciento el que ha tenido de hecho un cargo de elección popular previo a su responsabilidad en el nivel municipal.

Si consideramos estos números que nos reflejan que no son muchos los presidentes, regidores, síndicos o los mismos funcionarios que tienen una experiencia privada con una responsabilidad al frente de un municipio, además del hecho de que una investigación realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM refleja de que el 65 por ciento de la población en el país prácticamente desconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podemos concluir que una buena parte de los servidores públicos del nivel municipal no tienen un profundo conocimiento de la legislación que se deriva de la Constitución, específicamente del artículo 115 constitucional, que tiene que ver con la responsabilidad que deben desempeñar ante la ciudadanía a nivel municipal.

Esto es relevante, porque debemos de considerar que cada decisión tomada por los funcionarios públicos tiene una repercusión en ciudadanos hombres y mujeres que tienen su domicilio en un municipio en particular.

Si bien es cierto que la mayoría de estos funcionarios pueden tener la capacidad para ejercer su puesto, propiamente, es importante reconocer que al no tener conocimientos profundos en el tema, sus decisiones y el desempeño de su responsabilidad puede estar siendo no encaminado de la mejor manera posible.

De hecho, el incrementar las competencias siempre está vinculado, hay una correlación directa con el mejor desempeño de los resultados en cualquier ámbito laboral, por supuesto, incluyendo el ámbito público.

Entonces, la intención de esta iniciativa es que se pueda generar un esquema de capacitación profunda, permanente, no superficial como hoy en día existe, bajo la responsabilidad de la propia Secretaría de Gobernación, pudiendo ser el INADEM, el Instituto Nacional de Desarrollo Municipal, el que defina los criterios de la capacitación.

Claro, la aplicación sería responsabilidad local. Tendría que haber una colaboración con los gobiernos estatales, además tendría que armonizarse la legislación local por parte de los congresos estatales, y siempre buscando que esta capacitación se lleve y se aterrice a los funcionarios y a las autoridades municipales electas, independiente del proceso electoral, pero sí antes de la toma de decisiones.

Hoy en día hay capacitación, sí, pero es optativa, y solamente se brinda una pequeña muestra de lo que serán los programas y los fondos municipales bajo la responsabilidad de los ayuntamientos.

Se requiere un real conocimiento de la responsabilidad total de los servidores públicos y de las dimensiones en la repercusión de cada una de las decisiones que van tomando, porque reitero, son para beneficio, deben ser para beneficio de los ciudadanos de cada municipio en particular.
      
Entonces, la Secretaría de Gobernación sería la responsable de coordinar esta capacitación, certificación o profesionalización, de manera que los más beneficiados sean los ciudadanos.

El proyecto de Decreto, que pido a la Presidencia sea inscrito de manera íntegra, por favor, en el Diario de los Debates, concluye planteando que se modifique el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que se pueda incorporar una nueva fracción y se puedan recorrer las subsecuentes fracciones.

Esta fracción quedaría de la siguiente manera, como una de las responsabilidades de la Secretaría de Gobernación:

“XLII.- Proponer, instrumentar, fomentar y publicitar una política de capacitación permanente, dirigida a los integrantes del ayuntamiento y a los funcionarios municipales para fortalecer y profesionalizar la administración y la gestión pública municipal”.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Romero Celis. Inscríbase el presente

Decreto de manera íntegra en el Diario de los Debates, y túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene la palabra el Senador Ernesto Ruffo Appel, para presentar, a nombre y de diversas Senadoras y Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1C FRACCIONES IV, V Y VI Y 2A FRACCION I, ULTIMO PARRAFO; Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 2º Y 5º ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(Presentada por el C. Senador Ernesto Ruffo Appel, a nombre propio y de diversas Senadoras y Senadores)

- El C. Senador Ernesto Ruffo Appel: Muchas gracias, señores integrantes de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores:

El famoso IVA, en las franjas fronterizas norte y sur, en los estados de Baja California; Baja California Sur, y Quintana Roo, es ya claro el retraso económico que proviene de esta razón fiscal, que lo único que ha provocado es que nuestra competitividad se demerite, y por esta razón nuestro futuro no sea nada halagador.

Por esta razón, 58 Senadores han firmado esta iniciativa, 4 más pendientes de hacerlo, y creo que esto ya es un mensaje bastante claro.

62 Senadores de la República, empujando porque la competitividad regrese a nuestro país. Esto lo hago, entonces, así en ese tenor, en el de las razones de la nación que quiere tener un buen futuro y no en razones de discusión político-partidista, sino en lo que deviene nuestro futuro y lo que nos pasa ahora.

Compañeras Senadoras y Senadores:

Analicemos: 34 por ciento del egreso público total depende del petróleo, por lo tanto, entonces, maestros, burócratas, soldados, marinos, funcionarios, políticos, partidos políticos, sólo en ellos principalmente se van estos dineros.

Pues pareciera que este asunto de la reforma energética cayó en un callejón, donde la necesidad de los ingresos públicos forzó la situación y nos llevó a este asunto de reformar algo de lo más preciado para todos los mexicanos y ponernos en riesgo.

No había alternativa, por esas razones me parece que la reforma energética era inminente.         Sin embargo, mientras tanto ¿Qué hacemos?

¿Tomamos conciencia de la situación económica gubernamental? Porque la del pueblo ya está clara, está precaria, está mal.

¿Subir los impuestos para mantener a los que estamos en el gobierno? ¿Les suena lógico?

El gobierno se está salvando, pero a la nación la tenemos en riesgo, sus ingresos, su bienestar.

¿Incrementar la deuda, sin tener la certidumbre de que vamos a poder pagar?

¡Pongámonos a analizar, compañeros!

¿No hemos ya desarrollado la experiencia para evitar devaluaciones, la del 76, la del 82, la del 94, y todo por defender los intereses del gobierno o los del grupo político en turno?

Ya llegó el precio del petróleo al umbral de los 85 dólares, o sea, que la tendencia es a la baja.

El dólar ya ha rebasado los 13 pesos, o mejor digamos, los 13 mil por 1, después de tanta devaluación.

¿No les parece que debemos ver por el interés nacional?

Quienes se deben sacrificar somos todos los que estamos en el gobierno, todos, no los ciudadanos.

Por eso propongo que se regrese la ley del IVA a como estaba, y si fuera posible, todos los asuntos fiscales que aprobamos el año pasado.

¡No se puede!

Tenemos que ver ¿Dónde el gobierno podrá subsanar sus necesidades financieras? Y lo primero es que nos recorten el sueldo a todos nosotros.

Así, pues, que la ley esté en los términos de antes, y le demos expectativas positivas a nuestros ciudadanos.

Que todos los que vivimos de la nómina, pues recibamos menos de la nómina gubernamental.

Regresemos a la vitalidad del trabajo de la nación y no sigamos con este excesivo gobierno, y no me refiero particularmente a éste, sino a esa tendencia que siempre hemos tenido de tener una alta burocracia.

Muchas gracias, compañeros.

Iniciativa



- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Ruffo Appel. Túrnese a la Cámara de Diputados.
                    
Aprovechamos para saludar la presencia de 26 alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, invitados por el Senador Carlos Puente Salas.
                    
¡Bienvenidas y bienvenidos!

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Sonido en el escaño de la Senadora de la Peña Gómez.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.
                    
Disculpe usted y la Asamblea que irrumpa de esta manera, solicitando la palabra, porque hoy ha sido reconocida una mexicana con el Premio conocido como el “Nobel de Derechos Humanos”, el premio Martin Ennals 2014.

Esta mexicana, creo que es importante que el Senado de la República le reconozca, es Alejandra Ancheita. Ella dirige una organización en Chiapas, pro derechos económicos, sociales y culturales, es una activista de los derechos humanos de migrantes, de ecologistas, tiene una trayectoria importantísima, y nos parece que hay dos cuestiones muy importantes que destacar y que debemos, este Senado de la República, también identificarnos con este reconocimiento.
                    
El primero. Como defensora de los derechos humanos y, el segundo, que aun siendo este tema tan delicado y tan sentido para el país, nos parece relevante que esta mexicana tenga este reconocimiento que lo merece por toda su trayectoria. De tal forma, que solicito a esta plenaria, que pueda unirse a la felicitación a la galardonada.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: A nombre del Senado, por supuesto, Senadora Angélica de la Peña, nos sumamos a la felicitación y a este importante reconocimiento a la abogada mexicana Alejandra Ancheita, por haber recibido el premio Martin Ennals. ¡Felicidades a la abogada!





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 93 constitucional.

Con esta intervención, damos fin a esta ronda de iniciativas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 93 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Hemos estado constituyendo en el Congreso de la Unión, sobre todo en los últimos tiempos, una gran cantidad de organizaciones, de organismos constitucionalmente autónomos.

Nos parece que, más allá de la relevancia que pueda tener cada uno de estos organismos, que son de materias diversas, es importante destacar que requerimos, aun cuando básicamente el desempeño de sus distintas actividades, los organismos autónomos, justamente estriba en que, son totalmente independientes de los órganos públicos que no ejercer una función explícita, como en el ámbito gubernamental en el estado, sí es importante que distingamos la necesidad de que haya ciertos controles, sobre todo, ante los organismos que los nombran.

Nos parece que, el patrimonio que son objeto año con año para que puedan realizar con toda puntualidad sus actividades, cada uno de estos organismos autónomos, obligan a una rendición de cuentas puntual, no podría ser menos que los organismos gubernamentales.

       Por supuesto también, es necesario conocer, no solamente a partir de la obligación de que cada año presenten un informe de sus actividades ante el Congreso de la Unión o bien la Comisión Permanente, en los recesos de las Cámaras, sino que también podamos incluso tener posibilidades en cada Cámara, dependiendo quiénes son los que les eligen, que puedan tener más relación en sus actividades y, por supuesto, tengamos posibilidades las y los legisladores en saber, de manera pertinente y de manera puntual, algún asunto particular de preocupación

En ese sentido, bueno, se comenzó con dotar de autonomía constitucional, por ejemplo, a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Banco de México, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al IFE, ahora INE, por supuesto al INEGI, y últimamente la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a la Fiscalía General de la República, también que habrá lugar para su funcionamiento próximamente y el Instituto Federal de Acceso a la Información.
          
En fin, nos parece que es necesario revisar, también, la Constitución, para que se pueda tener, en esta autonomía constitucional, insisto, una rendición de cuentas, la autonomía no quiere decir que tengan que eximirse, que tengan que estar exentos de este esquema de rendición de cuentas, de transparencia y, por supuesto, de control.

De tal manera que hoy estoy poniendo a consideración y turnado para que sea estudiado y revisado en la comisión y comisiones en la materia, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 93 de nuestra Constitución, que sería una adición, un quinto párrafo a este artículo, recorriéndose el actual párrafo quinto, para pasar a ser un párrafo sexto.

La adición diría lo siguiente:

“Los titulares de los órganos dotados de autonomía constitucional, deberán presentar ante la Cámara correspondiente que les nombró, un informe anual de actividades. Podrán ser citados por la comisión o comisiones respectivas para el análisis y la glosa del mismo, para cualquier otro asunto de su competencia o que sea de trascendencia nacional.”

Gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“La suscrita ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 93 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.

Los órganos constitucionales autónomos, son aquellos que son creados directamente por el texto constitucional y que no se encuentran adscritos ni orgánica ni estructuralmente a uno de los Poderes de la Unión, de igual manera la Constitución le establece un núcleo competencial básico para el desempeño de sus atribuciones.

Por tanto, son órganos públicos que ejercen una función de Estado y, por tanto tienen relaciones de coordinación con los demás poderes tradicionales u órganos autónomos, sin subordinarse a uno de ellos.

Algunos autores los han definido como: “Aquellos inmediatos y fundamentales establecidos en la Constitución y que no se adscriben claramente a ninguno de los poderes tradicionales del Estado. Representan una evolución en la teoría clásica de la división de Poderes, porque se entiende que puede haber órganos ajenos a los poderes tradicionales sin que se infrinjan los principios democráticos o constitucionales”1.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 32/2005, estableció las características de estos órganos con la siguiente tesis:

ORGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS. SUS CARACTERISITICAS. Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco. 22 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez.

Por tanto, la creación de un órgano de estas características debe radicar, en la importancia de su existencia para el Estado. Algunos autores señalan que la relevancia de estos órganos es tal que, si dicho organismo desapareciera, se vería afectada la globalidad del sistema constitucional o el buen funcionamiento del modelo del Estado de derecho2.

Por otra parte, los órganos constitucionales autónomos deben tomar decisiones por y en nombre del Estado que vinculen o comprometan a la sociedad.

Por tanto, no se trata de órganos aislados, sino que al ser parte esencial del Estado deben mantener una constante coordinación con otros órganos constitucionales. De no ser así, estaríamos ante una instancia marginal cuya existencia no tendría mayor trascendencia o, en su caso, ante un órgano que violenta el sistema de pesos y contrapesos.

Se trata entonces de órganos excepcionales y esenciales para el Estado. De no ser así resultaría ocioso dotarlos de tal naturaleza, ya que la globalidad del sistema constitucional no se vería afectada, pudiendo incorporarse a alguna de las áreas del gobierno ya establecidos.

La autonomía de estos órganos es indispensable para garantizar su independencia respecto de los poderes tradicionales, particularmente del Presidente de la República, ya que se busca que la actuación de sus integrantes no esté sometida a las presiones e intereses políticos o de otro tipo, sino que por el contrario, actúen de una forma libre, teniendo por único límite a la Constitución.

En México contamos con los siguientes organismos dotados de autonomía constitucional: El Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y los de reciente creación como son la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Fiscalía General de la República y el Instituto Federal de Acceso a la Información como organismo garante del acceso a la información y la protección de datos personales.

Con la excepción del Instituto Nacional Electoral, la designación de las y los integrantes de todos los órganos autónomos es a propuesta del Presidente de la República con la aprobación del Senado de la República.

En la selección de las personas que aspiran a integrar dichos órganos, existen modalidades y variaciones en su designación. En algunos casos se valora la trayectoria política, en otros el nivel técnico o curricular, en algunos casos las comisiones respectivas realizan una convocatoria amplía hacia la sociedad donde las y los aspirantes comparecen a expones sus proyectos, programa u opiniones respecto al cargo al que aspiran.

En el caso de los órganos que regulan un sector, se busca que toda decisión se tome con base en consideraciones estrictamente técnicas, ya que es indispensable para el adecuado funcionamiento de los órganos reguladores que sus integrantes sean especialistas en la materia regulada.

Sin embargo, el hecho de contar con autonomía constitucional, no están exentos del esquema de rendición de cuentas, trasparencia y control.

“Una política de rendición de cuentas debe ser entendida como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos que tiene como propósito fortalecer la legalidad y el sentido democrático de las responsabilidades públicas y sancionar (positiva o negativamente) a los actores que la asumen3.

Por tanto la iniciativa que ponemos a la consideración de esta Soberanía propone que las y los titulares de los órganos dotados de autonomía constitucional puedan comparecer en cualquier momento ante las comisiones de las Cámaras que los han designado o nombrado; asimismo presentar ante las mismas un informe anual de labores y ser requeridos para el análisis y la glosa del mismo o para cualquier otro asunto de su competencia y que sea de trascendencia nacional.

Se trata de establecer un mecanismo de control parlamentario, pero también de impulsar una coordinación entre el órgano autónomo y la Cámara del Congreso que los nombra, independientemente del régimen de responsabilidades al que se encuentren sujetos.

Actualmente el artículo 93 constitucional establece la obligación de los Secretarios de Despacho a dar cuenta ante el Congreso del estado que guardan sus respectivos ramos. Asimismo señala que la Cámaras podrán convocar a los Secretarios de Estado, a directores y administradores de las entidades paraestatales y titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad , cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Sin embargo dicha disposición en cuanto a los titulares de los órganos autónomos sólo se limita a convocarlos cuando se discuta una ley  o se estudie un asunto concerniente a sus actividades, no se habla de una comparecencia per se o de una efectiva rendición de cuentas ante el órgano legislativo que los designó.

En mérito de lo expuesto se propone a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 93 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO. Se adiciona un quinto párrafo al artículo 93, recorriéndose el actual párrafo quinto para pasar a ser un sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 93. …

Los titulares de los órganos dotados de autonomía constitucional, deberán presentar ante la Cámara correspondiente que los nombró un informe anual de actividades. Podrán ser citados por la comisión respectiva para el análisis y la glosa del mismo, para cualquier otro asunto de su competencia o que sea de trascendencia nacional.

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora de la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Compañeras y compañeros Senadores, por Acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, para referirse al aniversario luctuoso del doctor Belisario Domínguez Palencia.


1 Cárdenas Gracia Jaime F. Una Constitución para la Democracia. Propuestas para un nuevo orden constitucional. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México 200, p 244.

2 Moreno Ramírez Ileana. Los órganos constitucionales autónomos en el ordenamiento jurídico mexicano. En Breviarios Jurídicos número 34. Editorial Porrúa, México 2005, p 9.

3 López Ayllón Sergio y Merino Mauricio. La rendición de cuentas en México. Perspectivas y retos. En La estructura de la rendición de cuentas en México. López Ayllón Sergio, Merino Mauricio y Cejudo Guillermo (coordinadores). Serie Doctrina Jurídica, número 551. Instituto de Investigaciones Jurídicas/Universidad Nacional Autónoma de México. México 2010, p 9.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI.

INTERVENCIONES

- El C. Senador Roberto Armando Albores Gleason: Platón decía que: “cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se extingue; pero el principio inmortal se retira sano y salvo. Más aún, cuando la muerte es honrada, enaltece uno de los valores cardinales de la humanidad: la libertad”

Señor Presidente del Senado, amigas y amigos Senadores:
          
Hace unas horas, en la antigua casona de Xicoténcatl, fuimos afortunados testigos de un modesto homenaje a uno de los más grandes guardianes de los ideales nobles de nuestra patria. A un hombre que aclaró con dignidad el camino de la joven democracia mexicana, oscurecida por los nubarrones del autoritarismo.

El 7 de octubre de 1913, el Senador Belisario Domínguez fue ultimado en el panteón del pueblo de Xoco, en la ciudad de México.
          
La avaricia del poder del general Victoriano Huerta y el temor de la representación nacional, para oponerse a éste, condujeron al Senador a realizar el máximo sacrificio por la Patria: la ofrenda de la vida.

Hace 101 años la brutalidad, parafraseando al maestro Ernesto de la Peña, apagó el torrente de su sangre y detuvo el perfil que lo animaba. Sin embargo, fueron la acción y la palabra de Don Belisario Domínguez lo que originó otro torrente, un torrente mucho mayor, el de la esperanza, el de la colectividad mexicana inspirada en luchar por un país libre; su virtud es incuestionable.

La voz en defensa de la libertad, las palabras que rompen el yugo de la opresión, que son sable que se esgrime en contra de la censura, de la intolerancia, de la ignorancia y del autoritarismo.

Don Belisario Domínguez denunció con valentía, mientras otros callaron; pero además trazó con astucia un eje de acción hacia la dignidad de México; inspiró a todo un país a no mostrarse ajeno a la construcción de su propio destino y que nuestro carácter es el que erige mejores mañanas.

Es referente del país de la libertad, de la democracia, del equilibrio de poderes y de la justicia social que día a día los mexicanos construimos.

Hoy, a 101 años de su artero asesinato, honramos al mártir trágico a su inteligencia, a su calidad humana, a sus valores incuestionables de libertad, de democracia y bienestar social.

Sin embargo, ciertos estamos que no hay mejor homenaje que podamos hacer al prócer de la libertad que seguir construyendo un mejor país, en diálogo y en democracia.

Nuestra nación aún debe superar grandes marginaciones, injusticias y obstáculos para alcanzar su desarrollo pleno. Qué mejor momento que éste, el tiempo de los cambios y la transformación, el recordar que nuestra obligación moral independientemente de nuestras diferencias ideológicas es seguir transformando a nuestro país, es seguir generando soluciones trabajando en unidad; es seguir alcanzando acuerdos para lograr los cambios que México requiere.

Amigas y amigos, decía Víctor Hugo: “El futuro tiene muchos nombres: para los débiles es lo inalcanzable; para los temerosos, lo desconocido; para los valientes, es la oportunidad”.

Honrar a Belisario Domínguez es atrevernos a mirar más lejos, a enfrentarnos con valentía, imaginación a los problemas de nuestro presente e ir hacia delante.

Honrar a Belisario Domínguez, es como decía don Manuel Gómez Morín: “Usar nuestras ideas como poderosas armas, porque ni tenemos otras ni hay mejores para convertir nuestros retos en oportunidades para los mexicanos…”. Y así hacer florecer a nuestra nación más grande, más unida y más hermosa que nunca, y así mirar al pasado que nos lega y aprender con humildad.

Hace un año, cuando honramos el centenario de su artero asesinato, y el 150 aniversario del nacimiento de Don Belisario Domínguez, recordamos un poema de Amado Nervo que inevitablemente nos remite a los grandes, a los grandes como Don Belisario Domínguez.

“Eras tú, y a tus pies cayendo al verte te murmuré: quiero ser fuerte, dame tu fe, tu obstinación extraña, quiero ser como tú, firme y sereno; quiero ser como tú, paciente y bueno, quiero ser como tú, nieve y montaña.  Soy una chispa, enséñame a ser lumbre; soy un guijarro, enséñame a ser cumbre; soy una ninfa, enséñame a ser río; soy un harapo, enséñame a ser gala; soy una pluma, enséñame a ser ala.”

Muchas gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Albores Gleason.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Como siempre, a principios de octubre en este Senado de la República se rinde homenaje a Don Belisario Domínguez, al entregar la medalla que lleva su nombre a algún distinguido mexicano.

Pero siempre es conveniente recordar y reflexionar sobre quién fue, y qué hizo este médico y político chiapaneco.

El 7 de octubre de 1913, fue arteramente asesinado en el Cementerio Municipal de Coyoacán por órdenes de Victoriano Huerta.

Puede decirse, sin duda, que Don Belisario Domínguez inaugura una práctica que hoy es cotidiana en nuestras vidas: ejercer nuestra libertad de expresión.

Se requería de mucho valor, de mucho patriotismo hacerlo en 1913, cuando amenazaban a nuestro país los signos de una naciente dictadura.

Belisario Domínguez registró para las sesiones del pleno senatorial de los días 23 y 29 de septiembre de aquel año para criticar algo que ahora nosotros hacemos de manera normal y sin problemas, el informe rendido por Victoriano Huerta ante el Congreso de la Unión. Unos días antes, al enterarse el Presidente en turno de la Cámara del contenido, impidió a Don Belisario el uso de esta tribuna.

El Senador chiapaneco, férreo y constante opositor del régimen de Huerta, pretendía denunciar los graves delitos cometidos en contra de la población, lo llamó usurpador, asesino, traidor, vergüenza nacional, además de pedir su inmediata renuncia a la Presidencia. De alguna manera Belisario Domínguez logró su cometido, pues su desaparición originó que en el Congreso se hicieran fuertes críticas al régimen huertista durante las sesiones del 9 y 10 de octubre. La Cámara de Diputados es disuelta por medio de la fuerza pública, y encarcelados 110 Diputados; mientras que el Senado resuelve su autodisolución.

Es pues, gracias al asesinato de Belisario Domínguez que se rompe la aparente legalidad en que se sustentaba la dictadura.
El discurso que año con año se lee en esta tribuna, tiene un párrafo final escrito personalmente por el Senador Belisario Domínguez, en el cual recomienda a todo aquél que lo lea, distribuirlo entre sus amigos y conocidos de la capital y de las entidades federativas, pues él no podía disponer de ninguna imprenta.   Hubo manos valientes y generosas que se aprestaron a esta arriesgada labor, y gracias a ello, buena parte de los mexicanos pudieron conocer el contenido de ese discurso, que más bien, podríamos calificar de proclama.

Este discurso, impreso y profusamente difundido desde entonces, es lectura obligada para la ciudadanía mexicana, su texto nos recuerda la necesidad de que tenemos como legisladores de defender la liberta de expresión.

El ejemplo de Belisario Domínguez debe inspirarnos en nuestra diaria labor como Senadores, su rectitud y sus sólidos principios son modelo a seguir por toda la clase política. Otra sería la situación de nuestro país si contáramos con gobernantes de su talla, patriotas de una sola pieza, íntegros y dedicados en plenitud a las tareas para las cuales fueron elegidos.

Finalizo destacando una frase de esta memorable arenga del Senador Belisario Domínguez:

“Si cada uno de los mexicanos hiciera lo que le corresponde, la patria estaría salvada”.

Los invito, compañeras y compañeros Senadores, a hacer realidad el deseo de justicia y libertad de este gran mexicano.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Avila Ruiz.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

“Por tratarse de un asunto urgentísimo para la salud de la Patria, me veo obligado a prescindir de las fórmulas acostumbradas y a suplicar a usted se sirva dar principio a esta sesión, tomando conocimiento de este pliego y dándolo a conocer enseguida a los señores Senadores. Insisto, señor Presidente, en que este asunto debe ser conocido por el Senado en este mismo momento”.

Esas eran las palabras con las que iniciaba Don Belisario Domínguez hace poco más de 101 años el discurso que le costó la vida. Así lo iniciaba, sabiendo claramente del peligro que representaba. Como lo dijo el poeta mayor, Jaime Sabines, “Sabiendo que en el momento en el que terminara esa locución, la muerte la llevaría en sus manos. Con la seguridad de perder la existencia, pero convencido de que la representación nacional de la que formaba parte debía cumplir con su deber para salvar a la patria, y que así ésta floreciera más grande, más unida, más hermosa que nunca”.

Hoy en esta fecha, que es particularmente significativa para el Senado de la República, la recordamos en medio de una dolorosa y una preocupante circunstancia nacional. Conmemoramos el aniversario del asesinato de Belisario Domínguez con la patria en vilo. Cada año, en esta fecha, recordamos al máximo tribuno de nuestra historia, recordamos sus valientes alocuciones, su denuncia franca y sin cortapisas, y también las consecuencias trágicas y previsibles de haber asumido la defensa de la patria y de sus instituciones por encima de todo.

Cada oportunidad que recordamos a Don Belisario Domínguez, necesariamente surgen los conceptos de valor, de valentía, de verdad, de honestidad, de sacrificio y de libertad; conceptos que son propios de Don Belisario Domínguez, pero que no deberían de ser ajenos a nuestra generación. El, Belisario Domínguez, no tuvo dudas; él, Belisario Domínguez, no tuvo ambigüedades; él, Belisario Domínguez, no tuvo titubeos.

El doctor Belisario Domínguez pagó con su vida el decir la verdad, decir lo que sucedía en el país hace un siglo, y pagó con la vida la osadía de llamar a las cosas por su nombre. Llamó dictador al dictador; llamó mal gobierno al mal gobierno, llamó usurpación a la usurpación. Hoy nuestro país se encuentra en una coyuntura grave y delicada, y hoy, como hace 101 años, es necesario llamar las cosas por su nombre.

Hoy es necesario y obligado seguir el ejemplo que pusiera Don Belisario Domínguez al convocar al Senado de la República a actuar con valentía y con honestidad por el bien de México. Hoy es claro que la República vive momentos de extrema violencia, de ingobernabilidad que cobra vidas y que exige de parte de nosotros, de todos, objetividad, autocrítica y una acción decidida.

El momento que vivimos nos reclama respuestas urgentes y profundas, lo mismo en Guerrero, pero también en Michoacán, en el Estado de México o en Tamaulipas, como antes lo requirieron hace apenas unos años Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Nuevo León o Jalisco, una larga lista que abriría un repaso a la extensa geografía nacional.

México hoy tiene un grave problema de seguridad, tiene un grave problema que ha rebasado muchos gobiernos municipales y pone a prueba la fortaleza institucional de los gobiernos estatales. Nuevos usurpadores del poder lo representan, el crimen organizado y su inaceptable pretensión de ocupar posiciones de autoridad, por eso es necesario que hoy, y ojalá hubiera más Senadores en este salón de sesiones para que escucharan y recordaran el ejemplo de Belisario Domínguez, y que empezaran a hablar con la verdad, aunque esta incomode.

No podemos continuar en este juego de espejos en el que señalando los errores de mis adversarios, pero omito señalar los de mis correligionarios. O el juego de espejos de no señalar a mis adversarios para evitar que éstos señalen a los míos, y señalar los errores de mis correligionarios.

Esto, esta actitud sería reprobada por Belisario Domínguez, esta actitud nos deshonra, y deshonra 101 años después la memoria del médico chiapaneco. Hoy, en el aniversario de la muerte de Belisario Domínguez, llamo respetuosamente a un examen de conciencia, a analizar con seriedad lo que no está funcionando, y lo que es necesario renovar en gobiernos, en partidos políticos, en instituciones; pero sobre todo, compañeras y compañeros, en el fuero interno de cada uno de nosotros.

Es urgente honrar la confianza con la que la patria nos honra a nosotros, decirles la verdad y no dejarla caer en el abismo que se abre a sus pies, como lo señaló hace 101 años un chiapaneco, un mexicano de Comitán llamado Belisario Domínguez. El, hace 101 años, denunció: “La verdad es ésta, durante el gobierno de Don Victoriano Huerta no solamente no se hizo nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes”.

Compañeras y compañeros Senadores, estamos a tiempo de no repetir nuestra historia, está en nuestras manos, la patria espera de nosotros que sepamos cumplir con nuestro deber y lo honremos ante el resto de la República.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Un día como hoy, hace 101 años, perdió la vida un chiapaneco ejemplar, un mexicano que tuvo la visión de la grandeza de su país, la convicción de heredar a su patria el más elevado concepto, el más alto valor del concepto de la libertad de expresión, que como ya se dijo aquí o ya fue expresado por otros compañeros, quedó de manifiesto en sus valientes intervenciones en el Pleno del Senado de la República con su ideología liberal.

Por ello, hoy en su aniversario luctuoso debemos recordar y reconocer que gracias a este hombre se logró un parteaguas en el Poder Legislativo de nuestro país, siempre fue incesante su lucha por defender la autonomía de las decisiones en el Senado de la República, aunque ello le haya costado la vida. Tal como lo mencionó él mismo el último día con aliento: “Si cien vidas tuviera para el triunfo de mi causa, con todo placer las daría”.

Eso en su memoria, compañeros legisladores, que debemos inspirarnos cada vez que estemos en esta alta tribuna para defender los ideales de Don Belisario Domínguez, que son los mismos de millones de mexicanos hoy en día. Ya que hoy en el Senado se abre una ventana en el tiempo, que reúne al pasado de este ilustre mexicano y al presente con un solo objetivo, lograr un México libre, seguro, con autosuficiencia alimentaria, con seguridad social, con oportunidades laborales e igualdad de condiciones.

Es por ello, compañeras y compañeros, que en mi grupo parlamentario estamos convencidos que estamos en el camino correcto para transformar a México en el país que todos queremos. Hoy, como hace 101 años, con el ejemplo de Don Belisario Domínguez los Senadores de la República debemos actuar con pasión, imaginación y dedicación absoluta a mejorar las condiciones de bienestar de nuestros compatriotas.

No tengo duda que en cada uno de nosotros vibra el espíritu libre y comprometido de Don Belisario Domínguez para defender con firmeza los intereses de la sociedad, más que de uno mismo, porque al representar cada uno de nosotros a una de las instituciones que integran el Estado mexicano, como a los ciudadanos de este país, se convierte en un mandato el velar por el bien común que debe regir la vida de toda la ciudadanía.

No sólo los chiapanecos, sino todos los mexicanos debemos estar orgullosos del ejemplo de un político de gran estatura que legó las bases de un Congreso firme y de gran fortaleza frente a las demás instituciones políticas de este país.

Hoy el honor que confiere ser Senador de la República, sería inconcebible sin la figura del doctor Belisario Domínguez, ciudadano, profesionista y político ejemplar, cuyos principios reflejados en la manera en que se condujo durante toda su vida constituye el modelo de comportamiento que debe imperar en la tribuna más alta de nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, y con esta intervención cerramos esta ronda de participación sobre la efeméride del Centésimo Primer Aniversario Luctuoso del Senador Belisario Domínguez Palencia.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Con su permiso, señor Presidente; con el permiso de la Asamblea.

Hoy honramos la memoria de un mexicano universal, de un mexicano liberal por definición, pero que cuando expreso que hablamos de una persona universal es cuando su filosofía, su doctrina es reconocida por todas las corrientes de pensamiento y, por supuesto, aprobada, no solo por los liberales, ya hemos escuchado aquí algunas disertaciones de compañeros de diferente corriente de pensamiento, que igualmente honran la memoria de Belisario Domínguez Palencia.

Un día como hoy hace 101 años, y eso es lo que congrega a este discurso, el mundo perdió, México perdió a uno de los más grandes exponentes de la política, lo que significa la política, que es el conjunto de servicios y conocimientos para servir al pueblo.

En lo personal, tengo una gran cercanía, una gran afinidad con el compañero héroe nacional de marras, porque además de ser un gran legislador y, además de ser un médico cirujano reconocido, fue un prócer de la libertad de expresión; fue periodista practicante y fue director del periódico “El Bate”, que era uno de los opositores, si no es el que más, a Porfirio Díaz.

Inclusive el trofeo que el sanguinario Victoriano Huerta recibió en prenda de la muerte de Belisario, fue la lengua de Belisario Domínguez, fue precisamente aquel 7 de octubre de 1913, cuando precisamente le fue arrancada de manera quirúrgica la lengua y se la presentaron como un trofeo al villano Victoriano Huerta.

Decía en aquel discurso célebre, que se pronunció el 22 de septiembre de 1913, y que se cree fue el que colmó la de por sí corta paciencia del dictador Victoriano Huerta, decía Belisario Domínguez: “El mundo está pendiente de Vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honréis ante todo el mundo, evitándole la vergüenza de tener por primer mandatario a un traidor asesino”.

En cualquiera de las legislaturas posteriores a la del maestro, médico y periodista Belisario Domínguez, esta expresión es actual porque si la enclavamos hace 20 años, hace 40, hace 50, o inclusive en el contexto, en el espacio y en la circunstancia que estamos viviendo en el país, parece que es un mandato eterno, para los que representamos, ya sea a nuestros estados, ya sea a nuestros distritos en la otra Cámara. El mundo está pendiente de Vosotros, el mundo está pendiente de nosotros, y así es.

 Y quiero concluir señalando que este gran esfuerzo que esta gran labor que realizó el maestro Belisario Domínguez debe de ser precisamente el ejemplo con el que nos conduzcamos todos y cada uno de los Senadores de la República de esta legislatura.

Desde aquí una gran memoria, desde aquí un gran aplauso a ese héroe nacional y también hay que decirlo, a la tierra que lo vio nacer: La gran Chiapas.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS MIGUEL GERONIMO BARBOSA HUERTA

- El C. Presidente Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Gracias, Senador Blásquez Salinas.




 

Compañeras y compañeros Senadores: les informo que en el Orden del Día se inscribió un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Vivienda.

A ese dictamen se le dio primera lectura el 2 de octubre pasado, sin embargo, las comisiones solicitaron hacer una nueva inscripción después de haber aplicado diversas adecuaciones de técnica legislativa.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2, 6 FRACCION IV; 19 FRACCION XVII; 22 FRACCION VII; 33 FRACCION XI; 43 SEGUNDO PARRAFO, 71 Y 78 SEGUNDO PARRAFO; Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IV Y V AL ARTICULO 4, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES DE LA LEY DE VIVIENDA

(Dictamen de primera lectura)



El texto con las adecuaciones está disponible en sus escaños. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita su lectura.

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Queda de primera lectura.




 

PRONUNCIAMIENTO

Con relación a los hechos de violencia ocurridos en Iguala, Guerrero, en los días recientes, en los cuales fueron asesinados siete personas, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la fuga del Presidente Municipal de Iguala, el hallazgo de una fosa clandestina con varios cuerpos, cuyas identidades están procesándose, y por la gravedad, urgencia e irreparabilidad de los acontecimientos, el Senado de la República expresa su severa condena a estos lamentables hechos, que afectan gravemente la vida de Guerrero y de nuestro país.

El Senado de la República se solidariza con los familiares de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y de las víctimas localizadas en las fosas clandestinas y manifiesta su respaldo con la población de Iguala y del resto de este estado.

La Mesa Directiva ha acordado con los coordinadores de los grupos parlamentarios lo siguiente: Que cada grupo parlamentario presentará su posicionamiento, primero el Partido Revolucionario Institucional, después el Partido Acción Nacional, enseguida el Partido de la Revolución Democrática, continúa el Partido Verde Ecologista de México, y concluye el Partido del Trabajo.

Inmediatamente después se abrirá a la participación de todas y todos los Senadores de los grupos que deseen hacerlo. No va a haber inscripción ni a favor ni en contra, al mismo tiempo una comisión de Senadores, uno por cada grupo parlamentario intentará construir una propuesta de consenso como resolutivo para que al final sea votada por el Pleno del Senado.

Por eso el pronunciamiento que hicimos como Mesa Directiva fue muy corto, porque finalmente el pronunciamiento del Senado será el que se construya una vez que se desahogue la participación de los representantes de los grupos y de las y los Senadores interesados en participar.

Con la tolerancia del tiempo que esta Mesa Directiva ha tenido para las y los oradores, el tiempo asignado para cada intervención es de 5 minutos. Advierto, con la tolerancia del tiempo que ha sido regla en el debate y en la conducción del mismo.

Con esa manifestación abriremos la participación de este asunto en el que, repito, el Senado no será omiso, el Senado no será el lugar donde se valga la discusión. En el Senado tenemos que estar muy atentos a que estos hechos se esclarezcan y de estos hechos se determinen las responsabilidades correspondientes.

Es un hecho que lamentamos, es un hecho que no es del estado de Guerrero, es de México, es de la nación. Y que sin duda nos tienen que ver a las y los Senadores y a este órgano del Estado involucrado con la verdad y con el esclarecimiento de los hechos tan lamentables y que reprochamos.




 

En ese tenor, tiene el uso de la palabra el Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI.

PROPUESTA

- El C. Senador René Juárez Cisneros: Con su venia, señor Presidente. Senadoras y Senadores de la República:

Es un error esencial considerar la violencia como una fuerza. La violencia engendra odio y rencor y propicia más violencia. Rechazamos la violencia en cualquiera de sus expresiones.

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional expresamos nuestra más amplia solidaridad a los familiares de los jóvenes normalistas y de las personas que perdieron la vida en esos lamentables, dolorosos, indignantes e inaceptables hechos de violencia suscitados en el estado de Guerrero, el 26 y 27 de septiembre del año en curso.

Condenamos enérgicamente estos hechos de violencia que enlutan hogares guerrerenses y provocan indignación nacional.

Exigimos a las autoridades que las investigaciones se conduzcan con estricto apego a la legalidad, con profesionalismo, eficiencia y eficacia y se aplique la ley a los responsables, evitando que estos delitos queden impunes, garantizando siempre los derechos de las víctimas y de sus familias.

La mejor forma de resolver una dificultad es no tratar de soslayarla. Reconocemos la decisión del gobierno federal de mantener la cooperación y coordinación institucional con el gobierno del Estado, instruyendo a los órganos de seguridad pública federal que se aboquen a investigar los hechos, conocer la verdad, dar con los responsables y castigarlos conforme a la ley con todo el poder del Estado.

Frente a estos hechos de violencia no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad. Esto debe expresarse con toda claridad frente al mundo en consonancia y respeto irrestricto a los derechos humanos y de la paz. A los que se ha comprometido nuestro país en el ámbito internacional.

Expresamos nuestro enérgico rechazo a cualquier intención perversa que pretenda politizar y lucrar con el dolor de las familias afectadas.

Ningún partido político tiene derecho a buscar beneficios electorales. Este es un asunto judicial y en ese ámbito exclusivamente debe atenderse.

Evitemos rumores y especulaciones que confundan al pueblo de Guerrero y abonen a la desconfianza y al desencuentro de los guerrerenses.

Por el bien de todos, estos delitos deben de investigarse y resolverse a la brevedad posible, siempre en cumplimiento del estado de derecho. Nadie, absolutamente nadie, puede estar por encima de la ley.

Una vez esclarecidos estos indignantes y aberrantes acontecimientos, el estado de Guerrero debe entrar en un profundo proceso de reconciliación y concordia que permita avanzar en la recuperación de la armonía, la tranquilidad y la paz que indiscutiblemente merece el pueblo de Guerrero.

Es cuanto, señor Presidente.

Senadoras y Senadores, muchas gracias por su atención.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Juárez Cisneros.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN.

Si no está, pasamos al que sigue y habla cuando llegue.

Tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

En los últimos meses la zona norte del estado de Guerrero ha sufrido una importante escalada de violencia.

A lo anterior se suman los indignantes hechos del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre pasado que dejaron un saldo de 6 personas muertas y al menos 20 heridos.

La profunda indignación de la sociedad guerrerense de todo el país incrementa día a día por la ausencia de 43 jóvenes normalistas que aún se encuentran en calidad de desaparecidos.

Ante estos lamentables hechos, el lunes 29 de septiembre pasado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero informó que detuvo a 22 elementos de la Policía Preventiva de Iguala.

Derivado de las declaraciones de los detenidos, se hallaron distintas fosas clandestinas en cuyo interior se localizaron restos humanos que desafortunadamente se presume son de estudiantes normalistas.

El gobernador Angel Aguirre Rivero instruyó a la Fiscalía General del estado para promover un juicio de procedencia ante el Congreso del Estado en contra del Presidente con licencia del Municipio de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a efecto de que se le retire el fuero constitucional y pueda responder a los señalamientos existentes en su contra.

Compañeras y compañeros:

Los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa se suman, sin duda, a las más negras horas de la vida nacional.

Es un hecho sin precedente en la historia contemporánea, de esos hechos que dejan heridas profundas en la memoria de un país.

La indignación y el dolor de las familias que han perdido a sus hijos, el agravio de la comunidad de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, llegan hoy a esta tribuna.

Después de lo ocurrido en Iguala, tenemos que reconocer que hoy México es otro, no sólo por las acciones de violencia del crimen organizado contra jóvenes estudiantes, sino porque aquí se trata de la erosión y la colusión de la propia autoridad municipal que siendo responsable de la seguridad, participó y ordenó asesinar y desaparecer a ciudadanos.

Hoy en el Senado de la República están las voces de una sociedad guerrerense agraviada, la demanda nacional de justicia y la denuncia de organismos internacionales que reclaman los actos de omisión en los distintos órdenes de gobierno.
          
Se requiere llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer estos hechos de horror y castigar con todo el peso de la ley se trate de quien se trate, a los culpables. No pueden quedar en la impunidad este tipo de acciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto de urgente resolución a esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

Primero.- El Senado de la República expresa su más profunda condolencia a los familiares de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, víctimas de los actos de violencia cometidos en la ciudad de Iguala, Guerrero.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al gobierno de Guerrero, al gobierno federal, para que lleven acciones de coordinación determinantes que conduzcan a la inmediata identificación de los responsables de dichos crímenes, así como el desmantelamiento de toda la organización criminal y las redes de complicidad con autoridades y actores de la clase política que atentan contra la vida, integridad y tranquilidad de los ciudadanos y trastocan el estado de derecho en la entidad.

Tercero.- El Senado de la República solicita que las investigaciones que se lleven a cabo se realicen en un marco de transparencia, celeridad u objetividad y contínua comunicación con la sociedad, con el objetivo de identificar y sancionar conforme a derecho procedan contra quienes resultan responsables.

Asimismo, a que se informe a esta Soberanía sobre el avance y resultados de las investigaciones.

Para ello se propone conformar un equipo de trabajo plural dentro de la Comisión de Gobernación que conjuntamente con la Mesa Directiva, pueda coadyuvar con las autoridades para estos propósitos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Ríos Piter.

Hago la referencia de que hay un grupo de Senadores, uno por cada grupo parlamentario que va a construir una propuesta que será sometida a votación del Pleno del Senado.

Así es que, cada grupo parlamentario presentará su punto de Acuerdo y presentará proyectos de resolución, pero finalmente lo que va a ser sometido al Pleno es la conjugación de los mismos con toda la voluntad de que así pueda ser.

Estamos desahogando bajo este procedimiento cuatro propuestas de grupos parlamentarios y uno de la Senadora Mónica Arriola, vamos, cuando terminen las posiciones de los proponentes, vamos a proponer a consideración si se admite a discusión y como estoy cierto que va admitirse, es lo que va a permitir la intervención de las y los Senadores de manera libre que quieran hacer.

Con esa referencia, por el hecho de la duda o de un poco la posición que tuvo el Senador Ríos Piter, de hacer propuestas en específico.
          
Sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza.
          
- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Nada más para precisarle que me inscriba el Senador Ríos Píter en su punto de Acuerdo y poder ampliar no solamente a los alumnos, sino a los familiares de la sociedad que ha sido lastimada en otros delitos.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Adelante, Senador, ojalá nos hiciera esa visión por escrito y la incorporamos como parte del punto de Acuerdo que presentó el Senador Ríos Píter.

Tiene el uso de la palabra Senadora Luisa María Calderón Hinojosa del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señor Presidente.

Quiero sumarme a esta enérgica protesta, el Partido Acción Nacional acudió a Guerrero a protestar y a solidarizarnos y a saber qué está pasando por ahí.

Pero me parece que no podemos verlo como un caso aislado y vernos sorprendidos, creo que hoy es lo que menos podemos hacer y es en donde menos podemos atoranos.

Para ello haré un recuento rápido de lo que ha pasado en los últimos años, recuerdo que en el año de 1997 se expidió una primera Ley contra la Delincuencia Organizada, esa ley tiene 17 años y no sé si hemos tenido tiempo de validar, revisar o de evaluar su eficiencia.

Estoy segura que a finales de 2006 aprobamos también en el Senado si podía haber concurrencia entre los estados de la Federación y los municipios para perseguir y detener a los vendedores de tachas y narcomenudistas porque había alarma en todos los partidos políticos respecto de la venta y el acceso tan fácil que tenían los niños y adolescentes a la venta de drogas.
          
Más tarde y en el año 2007 a partir de una solicitud del gobierno de Michoacán, el Presidente de la República entró a coordinarse con el Gobernador Lázaro Cárdenas a tratar de contener la delincuencia organizada que se presentaba de forma terrorista en algunos municipios del estado con ejecuciones violentas que cada vez han ido haciéndose más crueles, más inhumanas, más reprochables.

A partir de ahí se hizo visible que hay una red de narcotráfico que ha ido variando su forma de operación, que ha ido variando su estrategia y que fue ocupándose no sólo del trasiego, no sólo de la siembra, sino también fue buscando aliados, modelo que tenemos clarísimo en Michoacán, buscando aliados desde los procesos electorales, previendo desde recursos financieros para sus campañas y después pidiendo la dirección de la policía y después pidiendo la libertad para transitar de un municipio a otro con secuestrados, teniendo cuotas, teniendo halcones, de tal forma que hoy y en este proceso el Presidente de la República empezó por un diagnóstico y después tras otras líneas estratégicas para tratar de contener; la primera fue la contención, a partir de ello empezó a armar cuerpos de inteligencia en la policía, pasó de tener 8 mil integrantes a 35 mil, muchos de ellos con universidad con un núcleo de inteligencia, por cierto en ese núcleo de inteligencia trabajaba el que hoy es el comisionado de la policía federal, y empezó sí, de un llamado de emergencia a ir construyendo una estrategia en tres sentidos, la primera fue la contención.

Encontró también que en el Ejército había muchas desviaciones, cambios de los militares hacia la banda de la delincuencia organizada y después sólo empezó a buscar incentivos para que el Ejército se quedara, se quedara del lado del Estado.

Coordinación entre los militares y los marinos, acompañamiento en Veracruz y en Tamaulipas, una segunda línea estratégica que tenía que ver con la reconstrucción de las instituciones en este Senado y en la legislatura anterior, que ha ido modificando la extinción de dominio, la Ley de Lavado, los procedimientos penales, únicos, varias legislaciones que tenían que ver, que tienen que ver con contenerlos y una tercera estrategia que surge a partir de Ciudad Juárez, teníamos la atención puesta todos en las muertas de Ciudad Juárez, empezó a construirse un modelo, modelo que se ha replicado, que hoy se conoce y que está implementado en los polígonos de este país donde hay población vulnerable a la delincuencia organizada.

No podemos hoy, repito, llamarnos a sorprendernos, han pasado 17 años de la primera Ley contra la Delincuencia Organizada, ahora lo aprendimos clarito, la delincuencia organizada frente a los intentos de contención también ha hecho su modelo y tiene ese modelo que ha repetido en Michoacán, que está repitiendo en Tamaulipas, que hoy vemos muy claramente en el estado de Guerrero.

Este modelo es el que hoy tenemos que atacar.

Es claro que la delincuencia se infiltra, se diversifica, se hace aliados a los candidatos y los obliga después a tener sus policías, los obliga a tenerles el paso libre para atrás y topar el trasiego para la venta, para hacerse dueños hoy de las vidas, de la economía, es lo que tenemos que atacar.

El modelo lo tenemos enfrente y no podemos decir que es hoy un tema sorpresivo, hoy ya no podemos llamarnos a sorprendidos tanto que el CISEN sabía, sabía hoy que el Alcalde de Iguala era una persona que había sido financiado por la delincuencia organizada y que había recibido recursos para dar y regalar.

Hoy es nuestra obligación como Senado, no podemos decir tiene la culpa a, b, c o d, hay 17 años de trabajo para poder contenerla y frente a ese trabajo a un municipio, a un estado, a la Federación, a las legislaciones distintas, hoy nuestra responsabilidad es decir juntos basta, sí es exigible decir a los que fueron los hechos, pero también es exigible que todos tengamos cuidado en las candidaturas, en los órganos electorales, en las policías, que sumemos esfuerzos, que cumplamos con las metas, que no tengamos el pretexto de que no tenemos recursos, que dejemos de lado el tema mediático, nadie ya en este país podemos patear el bote cada vez que tenemos un evento que nos duele, que nos lástima, porque del otro lado, del otro lado la delincuencia sigue haciendo de aliados; la del otro lado de la delincuencia tiene más recursos, del otro lado de la delincuencia se hace más la gente vulnerable y de este lado ni siquiera hemos sido capaces de reivindicar el valor de la vida, el cuidado de la vida de parte del Estado, porque esa es la tarea fundamental del Estado.
          
Una estrategia que tenemos que hacer juntos es: reivindicar el valor de la vida. Para eso está la policía, para eso estamos nosotros, para eso los alcaldes, para eso el Presidente de la República, para cuidar la vida, para eso es que venimos aquí. Y es la primera reivindicación y la primera línea estratégica que sugiero que tomemos como nuestra responsabilidad.

La segunda es también saber, ¿cuáles tramos de control podemos tener con indicadores, con persecución, con observatorios ciudadanos, con cuentas claras y pertinentes?

Cuando es sólo cuando el alcalde se enoja porque los normalistas van y le interrumpen su fiesta a la señora del DIF, que está dando su informe, porque el alcalde la quiere de candidata a alcaldesa, no es sólo ese evento, no es sólo cuando revienta, no es sólo cuando desoyen a los chicos, que no podemos ni siquiera mencionar que sea aceptable.

¡No es posible! Hoy es nuestra responsabilidad compartida.

Hoy, con el aprendizaje que hemos tenido.

Hoy, con las instancias que se han fortalecido.

Hoy, con los sistemas de inteligencia.

Hoy, con el esfuerzo de cada uno de nosotros.

Yo creo que no podemos, ninguno, llamarnos sorprendidos.

Ya debemos tener la capacidad de una estrategia de prevención. Ellos la tienen, ellos se han ido adaptando, ellos han ido vulnerando a nuestra sociedad.

Así que, repito, es hora de que tengamos una estrategia de prevención; es hora de que revisemos el Poder Judicial; es hora de que revisemos este sistema de justicia penal que entrará pronto en vigencia, y del que tenemos que tener controles en cada uno de sus tramos:

Cuando alguien va a denunciar.

Cuando el fiscal tenga claro qué hizo del levantamiento de expediente.

Cuando nos diga cuántos de los casos que levantó se cayeron en el juzgado.

Cuando sepamos a cuál juez lo fueron a visitar con un portafolio en el estado de Michoacán.

Cuando tengamos cada uno de los tramos de control, entonces, digamos, hemos empezado a ganar la batalla, mientras, de repente, nos damos golpes de pecho.

Pero es inaceptable, inadmisible que la delincuencia cada vez sea más inhumana, más cruel y más impune.

Así que hoy nos toca recuperar el sentido de la vida, nos toca hacer una estrategia de prevención en donde todos hagamos la parte que nos corresponda, y que le digamos a la ciudadanía que también la necesitamos con nosotros en los tramos de control.

Que nos supervise a los gobernantes; que vea quién al ministerio; que vea quién, a cada Senador y a cada Diputado que actúa, de qué manera.

Entonces, podremos empezar a decir: estamos trabajando para recuperar el sentido de la vida.

Le agradezco, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

Se concede el uso de la palabra al Senador Carlos Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, con la venia de la Presidencia. Senadoras y Senadores:

Por todos nosotros es conocido estos lamentables hechos y acontecimientos violentos que ocurrieron en el municipio de Iguala, Guerrero, desde la muerte de 6 personas, varios heridos y desaparición de más de 40 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, hasta el hallazgo de 6 fosas clandestinas en las que se encontraron 28 cuerpos.

Al respecto, mi partido y nuestra bancada en este Senado de la República condena estos actos violentos y cualquier otro acto que viole los derechos humanos.     

Asimismo, las y los Senadores de este instituto político, queremos manifestar que estaremos atentos para que con estricto apego a la ley se investigue y sancione a los responsables de estos hechos inaceptables y dolorosos para todas y para todos los mexicanos.

Reconocemos la sensibilidad y el compromiso del gobierno federal, pero también la colaboración de los tres órdenes de gobierno para que los hechos delictivos no queden impunes y se conozca la verdad y se sancione a los responsables en términos de la ley.

Destacamos también que el gobierno federal ha sido respetuoso de la ley y del federalismo, y también ha sido muy firme en su decisión de generar las condiciones que permitan recuperar la paz y tranquilidad en todos los rincones del país. Los tres órdenes de gobierno deben de participar en este propósito.

En Guerrero estamos frente a una situación que requiere una atención inmediata por parte de todas las fuerzas políticas.

Los invito y los culmino a que sumamos los esfuerzos para lograr este cometido, para poder reconstruir el tejido social y reforzar las instituciones que permitan el ejercicio de gobierno.

Por su atención, gracias.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Puente Salas.

Saludamos la presencia de las presidentas del DIF municipales del estado de Yucatán, que han sido invitadas por la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama.

¡Bienvenidas a esta sesión, amigas de Yucatán!

Tiene el uso de la palabra para este tema, el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con el permiso, señor Presidente.

2 de octubre de 1968, jueves Negro de Corpus, de 1971.

“Aguas Blancas”, de 1995.

“Acteal”, de 1997.

“Viejo Velasco y San Salvador Atenco”, en el 2006.

Y ahora Tlatlaya e Iguala, en el 2014.

Han sido actos inhumanos, crueles, que consistieron en asesinatos, persecuciones o abusos excesivos de la fuerza contra la población civil por motivos sociales y políticos perpetrados por las autoridades o por particulares que actuaron bajo su tolerancia.

En todos estos casos, el Estado mexicano es el responsable por acción y omisión de dichos actos, que bien se pueden considerar muchos de ellos de esa humanidad, y que nunca han esclarecido, y lejos de los discursos de estado, no ha existido una verdadera intención de frenar este tipo de actos inhumanos e indignantes en contra de la sociedad, mucho menos han asumido su responsabilidad.

Ante estas fechorías, los tres órdenes de gobierno y su elite política siguen pugnando por difundir una realidad utópica. En contraste, la sociedad civil se mantiene espectante, temerosa, refugiada en movimientos y luchas sociales.

Se admita o no, el Estado ha fallado en una de sus principales y primordiales funciones: preservar la paz y garantizar la vida de la población.

Se tiene un México bárbaro. Hoy en día la violencia extrema configura la forma suprema de definición de asuntos públicos ante la imposibilidad de resolverlos por vías institucionales y pacíficas.

Abundan los escenarios en que los policías reprimen con saña por el mero gusto de mostrarse superiores.

Ministerios Públicos que consideran el debido proceso como mero accesorio y como el asesinato de una veintena de personas de Tlatlaya, Estado de México, donde el gobierno ha restado importancia a las acusaciones de una masacre perpetrada por el Ejército, para posteriormente tratar de encubrirlo.

O ahora, el caso atroz, inhumano, indignante, donde el crimen organizado, legalizado como parte de la policía municipal, detiene y ejecuta a 17 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y desaparecen a 43 más, cuyos presuntos restos ahora emergen de fosas clandestinas, con marcas de terror.
          
¿Qué futuro nos espera con un Estado que mata, que reprime, que tortura y desaparece a sus estudiantes?
          
En el suelo de Tlatlaya y de las fosas clandestinas de Iguala, emergen las consecuencias de un estado que se convierte en el lobo de sus habitantes; donde no impera el estado de derecho y, en cambio, la corrupción se disfraza de legalidad; la impunidad se legitima en la retórica de las autoridades involucradas y responsables, y en la que el sufrimiento, el dolor y el miedo se entretejen en la vida cotidiana de millones de mexicanos, y se diluye en la esperanza de: un día las cosas puedan cambiar.

Lo que ha acontecido en Iguala no son hechos aislados, ahí está Michoacán, Tamaulipas y otros muchos estados de nuestra República.

Fue en Guerrero donde más se agudizó tener un comisionado y toda la fuerza federal al mando, no es la solución, aun cuando en Guerrero se esté pensando también en enviar un comisionado.
          
Es inaceptable, cualquier tipo de represión a la protesta social, pero más aún, es indignante cuando esto ocurre contra estudiantes, porque no es un delito manifestarse.

¿Quién va a resarcir el dolor de las familias que han perdido a sus hijos? Desde aquí, me uno al sufrimiento de las familias de los estudiantes y personas asesinadas en los hechos de Iguala.

Son más que evidentes las acciones del Estado en contra de la sociedad, pues diversos han sido los mecanismos que han utilizado para descalificar la protesta civil, que no tiene otro objetivo que el demostrar su inconformidad con todos los actos que atropellan sus libertades, sus derechos, establecidos en la Constitución Política Federal.

La impunidad es la condición perfecta para que estos crímenes de Estado sigan ocurriendo. De nada servirá que ahora buscan mandar un comisionado, también, a Guerrero, porque además de ser una clara injerencia en la soberanía y autonomía de las entidades federativas y los municipios, no estriba ahí una verdadera solución, ya que ha quedado más que claro, que las redes del crimen alcanzan vínculos hasta con funcionarios de alto nivel.

La gente en Iguala, en Tlatlaya, ha sido como en todo el país, está cansada de tanta violencia, injusticia e impunidad, pero sobre todo, de tantas mentiras por parte de la autoridad, cuando salen a decir, que ahora sí no habrá impunidad.
          
Es indignante que se escuchen con mayor contundencia reclamos de justicia desde el extranjero, en lugar de que fuera desde el gobierno federal.
          
Iguala en la historia de México, es el símbolo del fin de la Guerra de Independencia y cuna de la Bandera Nacional.
          
Y ahora es el referente de la sangre derramada y la impunidad que se vive en el país. Además de la vida que les arrancaron a los estudiantes normalistas, a la gente de Iguala, han robado su libertad, su derecho a vivir bajo la protección del Estado y han llenado sus vidas de miedo, pero sobre todo, les ha arrebatado su tranquilidad.

Reitero públicamente mi compromiso y exigencia por la justicia, la veracidad y el irrestricto respeto, divulgación y salvaguarda de los derechos humanos.

Exigimos desde acá, castigo a los autores materiales e intelectuales de los crímenes; reparación integral del daño y adopción inmediata de medidas ante estos indignantes hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad, de los cuales el Estado mexicano también tiene responsabilidad.
          
Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Monreal Avila.
      
Para hablar sobre el mismo asunto, tiene el uso de la palabra la Senadora Mónica Arriola Gordillo, de Nueva Alianza.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

La defensa de los derechos humanos es más que un encendido discurso, definitivamente es mucho más que una oratoria de índole política.

El día 26 de septiembre aconteció un suceso trágico, que conmueve a toda la nación. Una violenta acción que lastima a los futuros educadores de nuestro país, y con ello, a cada uno de nosotros.
      
Las reformas estructurales, como lo fue en su momento la educativa, nos encaminan por un sendero de innovación y transformación, en donde la mayoría de los presentes apostamos por mejorar a México a través del cambio, sin embargo, no existe voluntad política o acción noble que se sobreponga a este violento acontecimiento.
      
Horroriza pensar que los jóvenes víctimas de estas imperdonables acciones, sean aquellos que decidieron dedicar el resto de su vida como maestros, a pensar y sentir, y hacer pensar y sentir.

Ellos decidieron destinar su existencia dar forma y rumbo a la vida de otros, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de los hijos de México.

No juzgamos, hacemos conciencia, conciencia de la obligación del Estado a garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad de su población.

Sabemos que no hay mejor regalo de la vida, que encontrar un verdadero maestro, una persona que su único propósito es el rescatar el valor humano del conocimiento, abrir nuestros horizontes y que nos desafiemos a nosotros mismos, que rompamos nuestras limitaciones, en suma, los que dan formación al presente y el futuro del país.
      
Ellos representan la luz de las posibilidades, nos confieren regalos invaluables: la libertad, el juicio y la oportunidad de una nueva realidad.
      
Compañeras y compañeros Senadores: No podemos permitir que el esfuerzo realizado se vea opacado por el actuar ilegal e inhumano de unos cuantos individuos. Esos, los que atentan contra la integridad de nuestra nación y de nuestro futuro, no representan nuestra esencia, no reflejan lo que es México.

Hemos asumido como parte fundamental de nuestra agenda el respeto, la promoción y expansión de los derechos humanos. Nuestra voz en este momento tiene que ser fuerte. Hoy se debe escuchar en todo el país.

Los testimonios de lo acontecido en el estado de Guerrero, ponen en riesgo el avance que se ha marcado claramente por nuestra sociedad.

6 personas que perdieron la vida, 43 desaparecidos y más de 20 heridos, representan un saldo doloroso.
      
Saber que dentro de estos números se encuentran jóvenes deportistas, futuros maestros con un porvenir brillante, es inaceptable.

El pronóstico después de encontrar 28 cuerpos calcinados en fosas clandestinas, nos estremece, no solo como sociedad, sino como personas.

Se han realizado, al día de hoy, varias acciones para resolver la situación de manera inmediata. Especialmente por el gobierno federal, al instruir operativos de seguridad e investigación en el estado, reconociendo ampliamente el esfuerzo manifestado, quisiera expresar mi inmensa preocupación por el respeto intrínseco e irrestricto a los derechos humanos de las víctimas, tanto directas como indirectas. Y, sobre todo, la reparación integral del daño causado.
      
Entiendo que el vacío y el dolor provocado por la pérdida de un hijo, un hermano, un maestro en formación, son irreparables, sin embargo, la obligación del Estado, de subsanar estas omisiones, no desaparece.

Nos ubicamos en esta tribuna para que se garanticen en todas las actuaciones de la autoridad los derechos humanos, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Víctimas y los Tratados Internacionales.
      
Específicamente para una investigación pronta y eficaz, que lleve, en su caso, a la identificación y el enjuiciamiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos, y a la inmediata localización de los estudiantes normalistas del estado de Guerrero. 
      
En este mismo sentido debe existir la reparación integral del daño por parte del Estado de forma adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva. Que se les brinde protección y se salvaguarden sus vidas y su integridad corporal.

Su derecho a solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado. En suma, la aplicación efectiva de la Ley General de Víctimas.

Lo ocurrido nos lastima a todos como mexicanos, pero me rehuso de manera firme a quedar en el lamento y a tolerar que las acciones de unos cuantos sujetos se sobrepongan a la esencia solidaria de esta gran nación, pero sobre todo, de este Senado de la República.

Compañeras y compañeros Senadores: el daño hecho no sólo es doloroso e irremediable; se ha dicho que el secreto de la paz es el respeto a los derechos humanos.

Debemos exigir el resguardo de manera absoluta de los derechos que se han visto perjudicados en los hechos acontecidos el pasado 26 de septiembre en Guerrero.

Sé que los ataques individuales son continuos, pero comprendo, con absoluta convicción, que nuestra voluntad, nuestra defensa y nuestra lucha es incansable.

Hoy nos toca dar un paso más por los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, y por los jóvenes del equipo Avispones de Chilpancingo, confían en nuestro buen juicio, por ello es momento de corresponder.

Hoy, como única Senadora del Partido Nueva Alianza en el Senado de la República, les dejo el punto de Acuerdo que propongo que dice:

Primero. Que el Senado exhorta respetuosamente al gobierno federal para que, en conjunto con el gobierno del estado de Guerrero, garantice los derechos de las víctimas directas e indirectas del delito y de violaciones a derechos humanos de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Víctimas, específicamente a una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y a la inmediata localización de los 43 estudiantes normalistas del estado de Guerrero.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno federal para que, junto con el gobierno del estado de Guerrero, garantice la reparación integral del daño por parte del estado de forma adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el perjuicio o menoscabo que han sufrido como consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos y por los deterioros que esas violaciones les causaron, a que se les brinde protección, y se salvaguarde su vida y su integridad corporal.

A solicitar y recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante.

Así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar en ningún caso a una nueva afectación, y todos aquellos señalados en el artículo 7o de la Ley General de Víctimas.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Arriola Gordillo.

Han sido presentados los puntos de Acuerdo de diversos grupos parlamentarios, y de la Senadora Mónica Arriola.

Para poder abrir la discusión, vamos a someter a consideración del Pleno en términos de los artículos 109 y 110 del Reglamento del Senado, si es de considerarse de urgente resolución, por tanto, le solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución, y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Esta Mesa Directiva ha recibido a lista de oradores de los grupos parlamentarios, voy a dar lectura, se han hecho agrupamientos de oradores de menor representación a mayor representación, en bloques.

Si alguna Senadora o Senador que no haya pedido el uso de la palabra, que no esté considerado en esta lista, y quiera hacer uso de la palabra, nos lo indica y lo incluimos.

Primer bloque.

Senadora Layda Sansores San Román, Senadora Dolores Padierna Luna, Senador Francisco García Cabeza de Vaca, Senador Ismael Hernández Deras.

Segundo bloque.

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, Senadora Angélica de la Peña Gómez, Senadora Adriana Dávila Fernández.

Tercer bloque.

Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Senador Salvador López Brito.

Cuarto bloque.

Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Senadora Silvia Garza Galván.

Quinto Bloque.

Senador Raúl Morón Orozco, Senador Javier Lozano Alarcón.

Sexto bloque.

Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

Y, finalmente dos oradores, Senador Zoé Robledo Aburto y Senador Sofío Ramírez Hernández.

Si durante el desahogo de esta discusión, en la intervención de estos oradores alguna oradora u orador quiere registrarse, con mucho gusto lo anotamos; se ha agregado el Senador Enrique Burgos.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Señor Presidente; compañeras y compañeros:

Creo que lo sucedido en Iguala es el hecho criminal más grave que ha acontecido en los dos años de Peña Nieto. Pero más grave aún es que no se trata de un hecho aislado, forma parte de una cadena de asesinatos y de masacres que nos hablan ya de una crisis de Estado.

Esta es una responsabilidad local, decían en un principio, no, también federal, fundamentalmente; es la globalización del crimen, y ahí tenemos, recientemente, Tlatlaya, en el Estado de México, que gobernó Peña Nieto, porque es para lo que le alcanza.

Pero las primeras protestas ya se tienen por el Ejército, por miembros de la tropa; y esto hay que tomarlo en cuenta, y por eso quiero hacer este apartado.

Estas protestas son inéditas, y se requiere una explicación más amplia y más puntual, y por eso, insisto otra vez, en que comparezca el Secretario de la Defensa y el Secretario de Marina, porque hay muchas preguntas, a lo mejor él no tenga tantas respuestas, pero sí, hay cosas que tiene que puntualizar para nuestra tranquilidad.

Cuesta trabajo creer, conociendo las jerarquías en el Ejército, que los únicos responsables son un teniente y miembros de la tropa.

¿Quién es el hombre de atrás? ¿Cómo se le llama en una doctrina jurídica para explicar el dominio del hecho? O, digamos, ¿quién es el hombre de arriba?, el que no jala el gatillo, pero es el que da la orden y suministra los materiales.

Se acusa a un teniente que por desobediencia, y yo más bien diría, que por obediencia ciega a un alto mando. Porque, ¿dónde quedó el coronel?, ni siquiera se habla de él, pero él es quien estaba a cargo de las tropas.

Y la máxima responsabilidad tendrá que recaer siempre en los altos mandos, y hay un artículo que lo indica en la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

“El superior será responsable del orden en las tropas que tuviere a su mando, así como del cumplimiento de las obligaciones del servicio, sin que pueda disculparse en ningún caso de la omisión o descuido de sus subalternos”. Igual lo es del alto mando militar, porque de ahí provienen las órdenes, y a lo mejor habría que ver, quién es el jefe supremo.

De los 600 desaparecidos en la guerra sucia, en Guerrero; de la masacre de Aguas Blancas; de la de Acteal; de la Sierra de Chihuahua, de la matanzas del bosque; de la de Agua Fría; de la masacre de San Fernando; de las muertes sin fin en Michoacán; de las matanzas de El Charco; de Mesa de la Guitarra; de las masacres de Tlatlaya y, ahora, de Iguala.

¿Saben cuántos funcionarios están en la cárcel? Ninguno. Porque la espada de la justicia en nuestro país es inflexible cuando se dirige hacia abajo; pero cuando apunta hacia arriba se tuerce.

Peña Nieto sale en cadena nacional para una catarsis personal, pero no para ahondar en el problema. Piensa candorosamente que la difusión de ese discurso inocuo, vacío, frente a la gravedad de los hechos, va a tranquilizar a la comunidad internacional como si fueran menores de edad. Se trata de pedir una investigación que va a encubrir su propia responsabilidad, y creo que el ocultamiento no puede ser de ninguna manera la solución, ya estamos hartos de máscaras y antifaces.

Y repitió en su discurso una frase que ya está desgastada de tanto usarla y de no servir para nada: “En un estado de derecho no hay resquicios para la impunidad”. Por favor, quién puede creerle, ni dentro ni fuera del país, si en dos años de gobierno sigue solapando a pillos cercanos a su vida política.

Mientras Peña recibía en Nueva York otro galardón internacional, de los que tanto disfruta coleccionar, bandas y “corcholatas”, membretes y portadas, y hablaba de cifras frescas extraídas de su mundo virtual. Así dijo textual: “La violencia ha bajado en un 40 por ciento”. Qué le responde la realidad implacable, esa le respondió y le replicó sus mentiras.

La masacre de Tlatlaya: once asesinados en Chihuahua; la matanza de Iguala con la desaparición de 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa.  En una semana cimbraron a México y hablaron con la verdad, “Iremos a otras latitudes a preservar la paz, mientras México es tierra que arde”.

En fosas comunes recién descubiertas se intuye que yacen posiblemente sin féretros y sin cruces decenas de jóvenes. ¿Saben que para ser alumno de Ayotzinapa es un requisito indispensable ser pobre, ser hijo de campesino, y de campesino pobre? Entonces ahí están los pobres entre los pobres.

No les dio tiempo de inventar que eran bandas de narcos y que hubo fuegos cruzados, su delito es no conformarse, es revelarse contra la miseria y la desigualdad histórica, sus cenizas sin sangre provocan la indignación nacional. Y hay un escrito de Luis Hernández Navarro hace tres años, que describía cómo estos jóvenes fueron a pedir una entrevista con el gobernador Angel Aguirre para solucionar demandas, lo hacen casi cada año, porque también son condiciones reprobables las que existen en estas normales rurales.

Pedían, entre otras cosas de su pliego petitorio, que se aumentaran, se incrementaran los 35 pesos que destinan a diario para cada joven. Desayuno, comida y cena por 35 pesos, hagamos la prueba los Senadores un día.

¿Y cómo les respondieron? Los balacearon, los golpearon, los asesinaron, los hirieron, los detuvieron, los torturaron; pero parece que la escena es la misma pero más grave, la respuesta es igual pero con mayor violencia. El título, en ese entonces, Ayotzinapa otra vez. Pues iremos a Ayotzinapa otra vez y para siempre; pero también vale la pena mencionar la frase de otro analista que decía: “Ayotzinapa de parte de quién”.

Gracias.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Sólo después de que el país entero fue puesto frente a una atrocidad sin nombre, sucedió que el Presidente de la República consideró necesario hacer un pronunciamiento sobre la matanza ocurrida en Iguala los días 26 y 27 de septiembre, tres días antes, había dicho que eso era un asunto local.

Compartimos con el Ejecutivo la idea de que estos hechos son indignantes, dolorosos e inaceptables. Nos unimos a la pena de los padres y las madres que están con alguna esperanza de encontrar a sus hijos, y otros con el dolor de saber que los han perdido. La atrocidad de Iguala pudo evitarse si las autoridades hubiesen cumplido con su responsabilidad cuando se denunciaron los asesinatos igualmente atroces, indignantes, dolorosos e inaceptables de otros compañeros muertos que quedaron en total impunidad.

Las matanzas de Iguala nos llenan de indignación, al igual que otros actos que han quedado impunes y que siguen siendo una vergüenza para todo el país. La matanza de los migrantes de San Fernando en Tamaulipas; los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez; la brutal represión en Chignahuapan, Puebla; la ejecución de 22 jóvenes a manos del Ejército en Tlatlaya, Estado de México, sólo por citar algunos de ellos.

Estos casos, como los hechos de Iguala, están marcados por la omisión oficial, por investigaciones torcidas, por la negligencia o el afán de encubrir a los responsables. La impunidad es la materia prima que permite que las atrocidades se repitan, México padece una espiral de violencia y descomposición social derivada del crimen organizado y la corrupción institucional.

El Estado mexicano es hoy incapaz de garantizar la paz, la seguridad, la integridad física a miles de mexicanas y mexicanos. La actuación de las autoridades frente a la barbarie de Iguala ha estado plagada de errores y de omisiones.

En Iguala estamos ante una crisis Estado, no sólo frente a una crisis de un gobierno local o un asunto de partidos, como en el caso de la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, como en otros hechos violentos en Michoacán, en Tamaulipas, en Durango, en Chihuahua o en varias entidades, estamos ante la presencia de un debilitamiento de la función principal del Estado, que es la de brindar seguridad y bienestar a su sociedad.

Se reproduce el mismo error de privilegiar el uso de la fuerza por encima de una estrategia integral de combate al narcotráfico, se hace uso político y partidista de los problemas de inseguridad en vez de afrontarlos con una visión de Estado que integre a los niveles de gobierno y a los tres poderes de la unión. Los vínculos del alcalde José Luis Abarca con la delincuencia organizada y su actuación directa en crímenes ominosos en desaparición de personas, en asesinatos de propia mano del alcalde fueron ampliamente documentados y denunciados desde el año pasado.

El Senado aprobó en dos ocasiones el exhorto a que la PGR atrajera los casos por tratarse de presencia del crimen organizado y no hizo nada, hasta hace algunos meses en que atrajo la investigación. El caso del dirigente social Arturo Hernández Cardona, que fue asesinado por el alcalde José Luis Abarca junto con Félix Rafael Banderas Román y Angel Román Ramírez, ha sido un atroz ejemplo del desinterés gubernamental.

Todavía la semana pasada denuncié en esta tribuna el asesinato de nuestro compañero Javier Evaristo Bautista el pasado 17 de septiembre, de la misma manera en que mataron a nuestros otros compañeros. Aquí denunciamos con indignación el brutal crimen contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y el Ejecutivo sólo contestó que era un asunto local.

En este momento, en esta hora lo más importante es conocer el destino de todos y cada uno de los jóvenes desaparecidos, que se esclarezcan los hechos, que se castigue a los responsables de este bárbaro ataque que sufrieron estos estudiantes.

Es urgente tomar medidas de políticas públicas, legislativas y sociales concluyentes, no solo medidas policiacas o de fuerza como de enviar a la gendarmería como apagafuegos frente a la crisis de un ascenso de la criminalidad en nuestro país; el Senado se tiene que incorporar como eje del Pacto Federal en las medidas que se adopten para resolver estos casos, le tomamos la palabra al Presidente de la República, la lucha es contra la corrupción y contra la impunidad, que no quede en discursos, en pronunciamientos mediáticos.

Encabezaremos o deberíamos de encabezar una cruzada nacional contra la impunidad, legislemos ya para crear la fiscalía anticorrupción, que la PGR asuma sus funciones principales señaladas en la Constitución; que no se le deje la Secretaría de Gobernación esas tareas, porque se diluyen, pero ninguna medida será suficiente si desde el Senado no hacemos todo lo necesario para ser coadyuvantes y encontrar a todos y cada uno de estos jóvenes desaparecidos, tal como nos lo demandan sus familiares, y debemos pronunciarnos por frenar la criminalización contra los estudiantes normalista de Ayotzinapa, y de otras normales rurales.

El crimen contra estos jóvenes inicia con el menosprecio y la persecución a los normalistas en todo el país. La Secretaría de Educación Pública debe asumir una clara y franca responsabilidad en estos hechos.

Es cuanto, señor Presidente; gracias, compañeros.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Tiene el uso de la palabra el Senador Francisco García Cabeza de Vaca.

- El C. Senador Francisco García Cabeza de Vaca: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Llevo la voz también de mis compañeros del Partido Acción Nacional, antes de iniciar, quiero expresar mi solidaridad, mis más sentidas condolencias a las familias de los estudiantes que perdieron la vida, así como desear a los familiares de los que todavía se encuentran desaparecidos, tengan la fortaleza y la fe para soportar todo este tiempo de incertidumbre.

La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre ocurrieron los hechos más lamentables de los que nuestra historia moderna tenga memoria, se trata de la masacre de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, así como de los jugadores del equipo de fútbol de la Tercera División, Los Avispones, por parte de los policías municipales del municipio de Iguala que claramente están ligados a la delincuencia organizada, específicamente del grupo delictivo “Guerreros Unidos”.

El resultado de esta masacre fue de 6 muertes, más de 20 heridos, así como la desaparición de los 58 estudiantes, hasta el momento 43 siguen en calidad de desaparecidos.

El 28 de septiembre el Procurador General de Justicia de Guerrero detuvo a 22 policías por estos ataques, el 30 se septiembre el alcalde pidió licencia al cabildo y se fugó sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero.

También se fugó el que fungía como Secretario de Seguridad Pública de aquel municipio. El 4 de octubre las autoridades de Guerrero localizaron varias fosas clandestinas, con 28 cuerpos calcinados, hasta el momento no se ha dicho si se trata de los estudiantes desaparecidos, sin embargo, el Procurador admitió que llegaron a esas fosas gracias a las declaraciones de los detenidos.

De acuerdo a las primeras investigaciones, fue el Secretario de Seguridad Pública el que ordenó la detención de los estudiantes y uno de los mandos de “Guerreros Unidos” fue quien ordenó matar a estos estudiantes.

A pesar de que el Ejecutivo Federal pidió a las autoridades asumir la responsabilidad de investigación y deslinde de responsabilidades, también es necesario que el Ejecutivo Federal asuma su propia responsabilidad. Ya la PGR atrajo el caso y está llevando a cabo las investigaciones, pero por supuesto que no es suficiente. Exigimos al gobierno federal actúe a tiempo, y no solo con medidas reactivas.

Estos hechos reflejan la grave descomposición social y de los cuerpos policiacos en Guerrero, aunque sabemos que no es nada más en aquella entidad federativa, en muchos estados de la República los gobernadores están totalmente ausentes en su responsabilidad y, peor aún, también están los presidentes municipales.

Lamentablemente las desapariciones forzadas son cada vez más comunes en estados como el que represento, Tamaulipas, en estados como Veracruz, Durango y Michoacán, y es cada vez más frecuente escuchar a las personas clamar porque aparezcan sus familiares.

Durante estos días se ha escuchado mucho que no se politice el tema, que debemos mantenernos unidos, y yo me pregunto, ¿cómo podemos quedarnos callados ante esta atrocidad? ¿Acaso el tema no es un caso de urgencia nacional, no es un tema que a todos nos debe alarmar? ¿Es normal que policías municipales ataquen, junto a civiles armados, a jóvenes estudiantes? ¿Acaso es mezquino estar realmente asombrados por estos hechos? No podemos perder en ningún momento la capacidad de asombro, aquí el asunto es muy claro.

El presidente municipal tenía ya averiguaciones previas por delincuencia organizada. El gobierno federal supo desde antes, en efecto, este edil estaba ligado a grupos delictivos, ¿qué hizo entonces la autoridad todo este tiempo? ¿Teníamos que esperar a que ocurriera esta masacre para reaccionar? ¿Y los demás alcaldes? Y otros alcaldes que están o pueden estar en la misma situación en Veracruz, en Michoacán, en Tamaulipas, que se tienen antecedentes de éstos. ¡Ah! Eso sí, al llegar a la presidencia municipal se justifican diciendo que esos delitos son del fuero federal, con eso se justifican, pero lo que no pueden justificar es que exista gente armada por las calles y que estos no las denuncien, este es un hecho recurrente que se da en muchos municipios del país, y mi estado no es la excepción, donde llegan, inclusive, a tener ferias, la feria del pueblo, organizadas, ¿por quién creen?, por el crimen organizado. Nos van a decir que esos presidentes municipales no están involucrados con los grupos delictivos.

Estos actos de violencia que se ven en diferentes partes del país no es producto de la casualidad, es producto de la irresponsabilidad, pero sobre todo de la complicidad de esos políticos que en aras de mantenerse en el poder, o peor aún, de querer ganar elecciones, han entregado lo más sagrado que tenemos los mexicanos, después de la vida, que es nuestra libertad, es por eso que estamos viendo hoy en día esos actos de violencia como los que vimos ahora en Guerrero.

Resulta muy alentador que el gobierno federal presuma la disminución de los delitos como los homicidios, sin embargo, la realidad que viven los mexicanos todos los días es otra, los delincuentes secuestran con una facilidad increíble, matan con una frialdad espantosa, cobran derecho de piso a sus negocios, amenazan a las autoridades, controlan a los policías municipales, esta es la realidad que se vive en muchas zonas de nuestro país.

Por supuesto que este tema no debe de ser politizado, pero los Senadores de Acción Nacional no vamos a ser omisos en nuestro deber de señalar lo que no se está haciendo bien.

Aquí en esta tribuna lo dijimos muy claro: vamos a apoyar, porque lo hemos hecho, los cambios y estrategias en materia de seguridad, pero vamos a ser muy enfáticos en señalar si las cosas no se están haciendo bien, o ya se nos olvidó.

Nosotros no regateamos al gobierno federal, modificamos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para pasar a la Secretaría de Seguridad Pública al mando del Secretario de Gobernación, lo dijimos, no estamos de acuerdo, en ningún país democrático del mundo el secretario del interior maneja la seguridad pública, no lo regateamos, le dimos todo el apoyo al gobierno federal.

Por ello nos pronunciamos porque el gobierno federal dé resultados ya. A dos años de gobierno, es momento de que asuman plenamente su responsabilidad.

No podemos decir que hemos avanzado en materia de seguridad o en la reconstrucción de la confianza de la policía, cuando 22 policías municipales reciben órdenes de detener y matar a un grupo de jóvenes que se manifestaban porque respetaran sus derechos. Peor aún, a balacear a un camión que traía un grupo de jóvenes de un equipo de fútbol profesional.

Me parece que es el momento de hacer una pausa de lo que se está haciendo en materia de seguridad.

En primer término, se debe señalar con firmeza que no puede volver a ocurrir un caso así.

En segundo término, se debe aceptar con humildad que la estrategia ante el crimen que tanto vendió el gobierno federal, no está funcionando.

Y en tercer término, no podemos seguir solapando a gobernadores ausentes.

Guerrero no es el único caso, ahí tenemos la historia de Tamaulipas, Veracruz y Michoacán, estados donde hace tiempo se pacta con la delincuencia organizada para mantenerse en el poder y para ganar elecciones.

Sin duda alguna el Partido Acción Nacional está listo para colaborar en lo que sea necesario para esclarecer estos hechos, sin embargo, quedarnos callados nos convertiría en cómplices de aquellos que siguen diciendo que México en materia de seguridad es mucho mejor desde que entró esta administración.

La estrategia de medios de minimizar los hechos de inseguridad, simplemente no han funcionado. Bajar el volumen en estas noticias no resuelve nada, al contrario, permitió a los delincuentes darse cuenta que podrían una vez más atacar lo más preciado que puede tener un ser humano, que es la vida y su libertad.

Si seguimos en esta estrategia reactiva de presumir que el asunto se resuelve deteniendo policías al otro día de la masacre, como fue el caso, estaremos sólo resolviendo lo más mínimo del problema y el problema tiene mucho más fondo.

Concluyo.

Es urgente que se tomen las medidas necesarias para limpiar a las policías, capacitarlas y dotarlas de las herramientas eficientes para combatir el crimen. Pero además que se establezcan estrategias focalizadas por cada estado, independiente de los problemas que tengan.

No es lo mismo lo que sucede en Michoacán que lo que sucede en Durango y en Tamaulipas. En Michoacán se encuentran las autodefensas.

En Tamaulipas hay 17 cruces fronterizos, tenemos a Estados Unidos que hoy en día desafortunadamente están pagando la droga con armas; y con esas mismas armas están matando a gente de las Fuerzas Armadas.
          
No es lo mismo la estrategia en Guerrero que puede ser en Durango. Es por eso que exigimos y demandamos al gobierno federal a hacer una estrategia en cada uno de los estados del país que hoy en día se tienen problemas.

Asimismo, es urgente que el gobierno federal modifique esta estrategia policial de reacción y que iniciemos un modelo eficiente de prevención de crímenes, empezando por hacer un frente común contra la corrupción y la impunidad.

Hoy fueron los policías, el alcalde y el secretario de seguridad pública quienes se sentían intocables e impunes, mañana puede ser un gobernador, un diputado federal. Así cómo vamos a resolver el problema de inseguridad

Los Senadores del Partido Acción Nacional exigimos que se esclarezcan los hechos de manera pronta, que se castigue a los responsables, incluyendo a todos los funcionarios públicos que participaron. Que se resarza el daño a las víctimas, pero además, exigimos que el gobierno federal haga un alto en su estrategia y reconsidere seriamente modificarla.

Asimismo, solicitamos que se realice una reunión urgente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional con autoridades federales y estatales, en la que nos informen los resultados puntuales de las investigaciones.

Ya el Senador Fernando Yunes Márquez solicitó formalmente el día de ayer que la comisión se reuniera de una manera urgente.

Compañeras Senadoras y Senadores:

Las promesas ya no son alentadoras, las cifras de diversos delitos van en aumento, la violencia se recrudece, el grado de penetración de la delincuencia organizada es alarmante. El grado que podemos decir que en algunas entidades federativas existen estados de excepción.

El gobierno federal debe, de manera urgente, empezar a dar resultados en materia de seguridad pública. Dos años es suficiente.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador García Cabeza de Vaca.

Vamos a rogarles a los oradores ajusten sus intervenciones a los cinco minutos que están concedidos. Esta Mesa Directiva seguirá siendo tolerante con el tiempo del que hagan uso las y los Senadores. Sólo la recomendación para no afectar las intervenciones de quienes sigan en el uso de la palabra.

Se concede la tribuna al Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Ismael Hernández Deras: Gracias, señor Presidente. Amigas y amigos Senadores:

Hemos escuchado en mi fracción parlamentaria en este Senado todas y cada una de las intervenciones en relación a este abominable hecho que ha acontecido en Iguala, Guerrero.

El gobierno de la República está comprometido con la seguridad de los mexicanos.

El gobierno de la República no pacta con nadie, ejerce la fuerza del Estado y del derecho. Estamos comprometidos todos a que haya una coincidencia y una preocupación de poder en cada caso, pero sobre todo para el futuro, ir profundizando en una política pública de seguridad que nos permita aportar a cada uno de los tres niveles de gobierno y de los poderes también los mejores instrumentos para la seguridad de nuestro país.

Yo creo que ningún hecho nos da la posibilidad de venir y generar acusaciones sin sustento, alguna acusación frívola que lo único que nos provoque sea el distanciamiento de los acuerdos para bien del país.

En el PRI nosotros aspiramos a la coordinación plena entre las instituciones encargadas de la seguridad pública, independientemente de los colores partidarios del origen de cada uno de los niveles de gobierno municipal, estatal o federal.

No es descalificando como se construye en un tema tan complejo.

No es aprovechando el momento para poder confrontar en un tema que tiene tantas variables, incluso hasta fuera del país y que sin duda desde cada una de nuestras responsabilidades yo creo que siempre deberemos de aspirar al fortalecimiento del Poder Judicial, de los Ministerios Públicos, de las investigaciones para que se hagan en todos los casos investigaciones serias, científicas para que efectivamente el desmembramiento del crimen organizado sea verdaderamente una realidad.

Este es un problema que los mexicanos 1o. hemos vivido y lo hemos sufrido y se ha recrudecido desde hace más de una década.

Dos años son dos años de un trabajo que creo es el caso en Guerrero, en los demás estados, vuelvo a reiterar, independientemente del origen del color partidario, donde se ha ido profundizando en la capacitación y la coordinación entre los tres niveles de gobierno, no aspiremos a repartir culpas, porque los mexicanos aspiran a que nosotros, los que tenemos una responsabilidad, la asumamos en ocasiones con mucho esfuerzo, en ocasiones hasta con humildad y con discreción, pero que los resultados vayan dando muestra y mensajes positivos para bien del país.

El México de nuestra sociedad merece, sin duda, y necesita para el desarrollo la paz y la tranquilidad, el país de oportunidades y progreso que anhelamos debe de ser el mismo que cada mexicano tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos y las autoridades cumplan con sus funciones de manera responsable, profesional y honesta.

Esta ha sido la postura de la Presidencia y del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, desde el inicio de la presentación estuvo muy clara la convocatoria, no politicemos el tema de seguridad, porque más nos vamos a distanciar para coordinar los esfuerzos y lograr mejores resultados.
      
La visión de los Senadores del PRI, de nuestro grupo parlamentario es seguirle sumando para que cada acontecimiento como este que ha pasado, que constituye una trasgresión al estado de derecho, es una responsabilidad sin duda de nosotros a exigir que se esclarezcan estos hechos.

Condenamos estos lamentables sucesos.

Nuestra fracción parlamentaria del PRI se solidariza con las familias que demandan la aparición de los jóvenes estudiantes de esta escuela normal.

Hay información de la Procuraduría del Estado de Guerrero, hay información en donde define la intervención de policías del municipio de Iguala en la privación de la libertad de los normalistas desaparecidos.

Expresamos nuestra indignación, lo hemos visto y también reclamamos que los procesos que han sido iniciados para deslindar la responsabilidad de algunos de los presuntos participantes se lleven con el apego a la ley sin el ánimo de dar anuncios espectaculares, que no aspiramos en el PRI, hay anuncios espectaculares sino que deseamos profundizar en cada hecho y sobre todo para el futuro y quien sea aprendido, sea realmente a través de una investigación profesional y científica el delincuente que debe de estar tras las rejas.

No toleramos  que existan actos de impunidad ante los hechos ocurridos y creo que nos debemos de convocar todos, todos aquí en el Senado, a que supervisemos puntualmente que las autoridades estén rindiendo informes sobre los avances de esta investigación.

Las autoridades competentes deben de asumir su responsabilidad que la ley mandata para la atención de cada caso, pero también importa mucho la coordinación, la coordinación entre autoridades para que se dé certidumbre y para que los avances le generen también contundencia a la sociedad.

La participación del gobierno federal, la colaboración del gobierno federal a través de la PGR, sin duda que nosotros confiamos en la participación y colaboración del ámbito local también.
          
Deseamos que en todo haya el ánimo y la necesidad de construir transparencia, construir legalidad y certidumbre, cada investigación, cada hecho y sobre todo, estamos seguros que el gobierno federal habrá de destinar los mejores de sus esfuerzos y de sus elementos para este trabajo que de manera conjunta habrá de ser profesional y eficiente.

El objetivo es justicia para las familias afectadas, justicia para la sociedad guerrerense.

Es importantísimo que todos tengamos y expresemos un compromiso, reitero, el compromiso del seguimiento puntual y reafirmemos nuestro interés para lograr en el futuro un México en paz.

El exhorto de nuestra fracción es a las autoridades, para que todas las autoridades competentes realicen efectivamente una investigación muy eficiente y profesional.
          
Esta petición, estamos seguros que es el sentir de millones de mexicanos que quieren hoy, sentir tranquilidad y armonía, un país donde no existe una sola región, un municipio, una entidad para que las alternativas de vida y desarrollo sean las mejores, por el bien de nuestros hijos.

Nosotros no venimos a repartir culpas, nosotros venimos, sin duda a manifestar una preocupación, nosotros como Senado de la República, verdaderamente preocupados todos, y estoy seguro que así pasa, si este hecho contra los jóvenes estudiantes de Iguala, de lo acontecido en Iguala, Guerrero nos une hoy a todos, estoy seguro que el resultado del futuro para el bien de las familias será mejor, aportemos el mejor de nuestros esfuerzos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador, Hernández Deras.

Damos la bienvenida a un buen número de ciudadanas y ciudadanos integrantes del Club Rotario Campestre Real de Puebla, del Club Rotario Industrial de Cholula, del Club Rotario Reforma de Puebla, del Club Rotario Colonial, del Club Rotario Yautepec, del Club Rotario Atlatlahuacan y del Club Rotario Cocoyoc que han sido invitados por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz.

Ellas y ellos asistieron a la presentación de una muestra de arte de las artistas poblanas Sary Haddad y Fernanda Pedruchi, que se dio en llamar “La imposibilidad de la permanencia”.

¡Bienvenidas y bienvenidos a este recinto, les damos un saludo!

Me pide la Senadora Lucero Saldaña Pérez, les digamos ¡bienvenidas y bienvenidos, paisanas y paisanos!

Tiene el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente.

¡Qué razón tiene el Senador Francisco García Cabeza de Vaca, cuando dice que no podemos comparar, le doy la razón sin reserva, no podemos la inspiración, la motivación de actos de rudeza, de actos de salvajismo y de impunidad, por ejemplo, de la guardería de Hermosillo, Sonora; con el reciente evento de las aguas envenenadas, también en Sonora, o por ejemplo, con las ejecuciones que se dieron recientemente en el Estado de México y tantos eventos que no nos espantan, porque acostumbrados a ellos estamos, que se han dado históricamente en la República Mexicana!

En 1988, ahí por la primavera, siendo yo muy joven todavía, un célebre líder de izquierda, cuya mención creo que le va a erizar la piel a algunos, Heberto Castillo Martínez, nos llevó a un grupo de seguidores, amigos de él, entre ellos estaba Alejandro Encinas Rodríguez, a la cárcel de Iguala.

Nos hizo un recorrido, porque era muy dado él, a visitar a los presos. Decía que ellos estaban ahí por su pobreza; les decía que ellos estaban ahí por el delito de ser pobres.

       Y nos señaló, precisamente, el separo donde años atrás había estado preso Genaro Vázquez Rojas.

Y recuerdo con mediana claridad cuando me dijo: “Esos dos fueron asesinados, pero están insepultos”.

No entendí en ese momento lo que quería decir el maestro Heberto Castillo, cuando decía que esos dos estaban insepultos.

Bueno, pues lo que decía, era que las aspiraciones, que la lucha que dieron sostén a esos grandes movimientos agrarios, estudiantiles, e inclusive, urbanos de los 60s y los 70s, se mantenían vigentes.

Y cuando mencionamos frecuentemente la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, necesariamente nos conduce la mención de esta escuela a dos luchadores sociales, en su momento declarados guerrilleros y personas no gratas por el sistema, me refiero al ya citado Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, egresados, de esa escuela normal de Ayotzinapa. Los dos, profesores rurales.

Entonces, cuando nosotros presenciamos eventos en la República mexicana por separado, ya hablaban aquí los casos de Tamaulipas, muy lamentables; de las fosas comunes de San Fernando; cuando hablamos de Michoacán, ya hablaban también, aquí de esos eventos; cuando hablamos de los casos de Sonora, muy lamentables, en mi tierra, en Baja California, hace 5 años me tocó presenciar 25 cuerpos apilados de personas civiles, todos con el tiro de gracia y, obviamente, pues no, no creo que ellos mismos se hayan conducido a la muerte, o una sola persona o un comando policiaco haya tenido la suficiente fuerza táctica para haber acabado con la vida de 25 personas de manera apilada con el tiro de gracia. Era obvio que se trataba en ese momento del sistema de gobierno, el que estaba aplicando esos comandos de muerte.

Entonces, si en los muros de la escuela de Ayotzinapa está inscrita la frase: “Lograr la liberación de México y una patria nueva, o morir por ella”, que es el credo de Genaro Vázquez Rojas, entonces ¿De qué nos sorprendemos?

¿Cuál tendría que ser la sorpresa, si transcurren décadas, pasan los años y el estado de Guerrero, vive exactamente bajo la misma condición de injusticia y de oprobio que vive desde tiempos inmemoriales?

Por eso reconozco, en todo lo que vale, la expresión del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, en que tenemos que analizar los casos por separado, ¡Sí, y demandar justicia!

Sí, por supuesto, demandar la pronta intervención del gobierno federal para el esclarecimiento de los hechos.

Pero si nosotros no abordamos la cuestión antropológica, me refiero a la serie de eventos que se fueron sumando hasta dar con la realidad que se vive en Guerrero, en quince años estaremos discutiendo lo mismo.

Todos los estados del sur-sureste son tierras de caciques, todos, todos.

¿Qué podemos decir, por ejemplo, de Oaxaca?, ¿qué podemos decir de Yucatán? y ¿qué podemos decir de Chiapas?

Sin embargo, en la capacidad reactiva, a nivel social, Guerrero es la entidad que presenta la mayor violencia y el mayor número de desorden político, jurídico, administrativo.

Sirva nada más unos números. Desde 1917 a la fecha, el estado de Guerrero se ha visto involucrado, en 7 incidentes de desaparición de poderes.

Es el estado que presenta el mayor número de incidencias constitucionales en este sentido, y obviamente esto nos debe de merecer un estudio aparte.

Entonces, sí creo que debemos de usar la materia de la coordinación, por supuesto, debemos de comprometer, como siento que ya está el gobierno federal, a esclarecer los hechos, la parte que le corresponde al gobierno estatal, bueno, el gobierno municipal sé que, incluso, está ausente, está en calidad de prófugo, pero no dejemos de observar precisamente las causas históricas por las cuales Guerrero se comporta como tal.

Quiero agradecer mucho el favor de su atención.

Y a veces, cuando estamos encumbrados en los altos niveles políticos, creemos que los luchadores sociales, son una especie como de personas que se mueven por algún tipo de interés ajeno al del país, por lo menos, muchos de nosotros así los vemos.

Pero quiero obsequiarles, inclusive, a mis compañeros guerrerenses que se encuentran aquí, una expresión que me parece del mejor nivel político y, cabría en este momento como una clave para resolver la problemática del estado, es precisamente de Genaro Vázquez Rojas, y dice:

“Ser pueblo, hacer pueblo, y estar con el pueblo”.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Blásquez Salinas.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente. Con su venia.

En noviembre de 2010, la opinión quedó consternada por un hecho que se hizo entonces, del conocimiento respecto de la muerte de Alejo Garza Tamez.

Su rancho a unos kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas, él perdió la vida protegiendo su territorio, perdón, su patrimonio frente a un grupo de los “zeta”, que le habían amenazado pidiéndole su rancho.

Supimos que él despidió a todos los empleados, se quedó solo, se perpetro literalmente y dio batalla hasta el final.

En Tamaulipas, también conocimos de candidatos y presidentes municipales que habían sido asesinados, igual que ha acontecido en otros estados de la República y, entonces, junto con las cifras de desapariciones de personas, muchas de ellas desaparición forzada, otras derivadas de enfrentamiento entre bandas, cárteles; unas involuntarias o voluntarias, tenemos un país con un problema muy grave desde hace rato.

Y el asunto de Guerrero, como aquí claramente lo han recordado todas y todos quienes han intervenido, no es, ni debiese ser una sorpresa.
      
Yo coincido plenamente con eso.

Ahora, condenar, solidarizarnos, consternarnos, reaccionar frente al horror de que se encuentren entre estos cadáveres, de estas fosas, los estudiantes de Ayotzinapa, es verdaderamente terrible.

No lo sabremos hasta el final que terminen los médicos forenses de determinar, a partir de las pruebas forenses, de exhumación de estos cadáveres, si son o no son los estudiantes que están desaparecidos.
      
Lo cierto es que, el día 3 de octubre, a tres días de haberse presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones, voy a mencionarlas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlalchinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

Se apersonaron ante esta Comisión, en representación de los familiares y de las víctimas, para requerir, en base a las pruebas que se analizaron, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, procediese a ingresar una recomendación al Estado mexicano, frente a estos hechos, y sobre todo por la preocupación de que los estudiantes desaparecidos; quienes están en el hospital, los familiares de quienes fallecieron o de las personas desaparecidas o que se encuentran en el hospital, pudiera obtenerse las medidas cautelares necesarias para proteger sus vidas, que efectivamente es por todos conocidos, pueden estar sufriendo grave riesgo.
      
Tras analizar estas alagatas de hecho y de derecho, presentada por los solicitantes, la comisión consideró que esa información presentada era suficiente, para demostrar, prima fase de los 43, respecto de que los 43 estudiantes que están desaparecidos no localizados, y también de quienes están heridos, al igual que los familiares se encuentran ante una situación de gravedad y urgencia.
      
Pero además esgrimen otro elemento: irreparabilidad. La gravedad de la situación significa, el si hay un pacto que una acción u omisión, puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente, en un caso una petición ante los órganos del sistema interamericano.
      
La urgencia de la situación, se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza son eminentes y pueden materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar.
      
Y el daño irreparable, significa la afectación sobre derechos que por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

Este es un asunto del Estado mexicano. No solamente compete a los tres órdenes de gobierno; no solamente compete al gobierno del estado de Guerrero, ni siquiera compete a quienes pudiesen quedar al frente del municipio, hoy con un grave deterioro, por la vulnerabilidad de que ha sido objeto el ayuntamiento de Iguala.
      
Requerimos por lo tanto, y yo invito, señor Presidente, si me permite, que también le demos más allá de esta manifestación de nuestra preocupación y de nuestra reacción frente a este horror, requerimos insistir en que, en el Senado, tenemos temas pendientes. Por cierto, todos ligados, si me permiten señalar.

El uso legítimo, de la fuerza pública tiene que ver. La formación y profesionalización de las fuerzas policiacas, junto con el Mando Unico, tiene que ver.

El tema de la desaparición forzada de personas, tiene que ver. El problema de la entrada ilegal de armas al país, tiene que ver. La discusión, inclusive, sobre la discriminalización de las drogas, claro que tiene que ver, no podemos negar que no hay manera, no hay manera de que estemos, ganandole a la delincuencia organizada, dedicada justamente al tráfico de drogas.

       Necesitamos, también, y con esto termino, el fortalecimiento de las Normales Rurales, durante años se ha pretendido por distintos gobiernos desaparecerlas, eso nadie lo ha dicho. Los estudiantes desaparecidos, los 80 muchachos estudiantes que el día 26 de septiembre tomaron tres camiones, para hacer lo que siempre hacían, manifestarse, y que hoy, están en la prensa de todo el mundo, requieren una reivindicación puntual del Estado.
          
No solamente la Normal de Ayotzinapa, sino todas las Normales Rurales del país, que son la única alternativa de los estudiantes más pobres y más marginados, no pueden seguir estando en la situación en la que viven.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora de la Peña Gómez.

Rogamos nuevamente a los siguientes oradores se ajusten al tiempo de cinco minutos, siendo tolerantes con el tiempo, como lo hemos sido.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: Gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Las condiciones de inseguridad que se padecen hoy zonas completas del territorio nacional, nos obligan a la reflexión sobre el desempeño de las autoridades en los tres órdenes de gobierno, sus estrategias y, en particular, preguntarnos:

¿Si las acciones emprendidas para detectar y neutralizar hechos de violencia, que afectan vidas humanas, han sido eficientes?

Desde el inicio de este sexenio, cuando el gobierno federal presenta, ante los medios de comunicación, la captura de algunos miembros destacados de la delincuencia organizada, se vanagloria de la utilidad de sus labores de inteligencia, minimizando los logros que en el pasado se obtuvieron.

Hechos violentos que se manifiestan un día y otro también. A pesar de los esfuerzos de este gobierno federal, para cambiar la narrativa y evitar la numeraria en las noticias ya cotidianas, desvían el camino triunfalista de políticas públicas, en materia de seguridad, que solamente en los spots tienen buenos resultados.

Ayotzinapa, Guerrero, es referente obligado de la realidad violenta que azota al país. Crimen organizado, por un lado; y abuso de fuerzas policiales por el otro. Corrupción e impunidad, binomio que hace dudar de las instituciones y que altera el cotidiano colectivo.

¿A quién puede recurrir la población para vivir pacíficamente?

A la delincuencia organizada se le reconoce por sus acciones al margen de la ley, para obtener beneficios económicos, sin importar, ni respetar las condiciones y circunstancias.

En las acciones del gobierno, hay que señalarlo, entraña la irresponsabilidad en el desempeño de sus funciones y abuso de autoridad, no es posible garantizar la seguridad de los ciudadanos con la violación de los derechos humanos.

El caso de Guerrero, desde hace meses ameritaba seguimiento puntual, los actos de violencia son conocidos, reportados por medios de comunicación locales y nacionales; para nadie es una sorpresa que sin haber tomado acciones correctivas desde hace tiempo, el atropello a los derechos humanos se incrementa significativamente.

Lo que sorprende es la omisión de las tres esferas del poder público, ante evidencias que sólo han demostrado la irresponsabilidad de las autoridades para la seguridad de los habitantes.

No existe justificación para los hechos de Iguala, aunque el gobierno federal haya determinado una semana después de esos crímenes atroces, y casi año y medio posterior de conocer la filtración, del crimen organizado en el gobierno municipal de Iguala, tomar las riendas de la investigación de los 43 normalistas desaparecidos y hacerse cargo de la seguridad de la ciudad.

Al igual que en Michoacán con la sustitución de las fuerzas locales por federales se pretende dar mensaje de eficiencia política a la opinión pública, que lamentablemente nada ayuda a la solución de fondo de este problema.

¿Qué sigue? ¿Nombrar también un comisionado?

Ese es el federalismo al que han hecho referencia las últimas semanas la bancada del PRI, que lamentablemente hoy no está presente, espero, que nos estén viendo en sus oficinas.

De ser así, más de medio país estará en la circunstancia de sustituir a sus autoridades en materia de seguridad, Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Morelos, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, por mencionar solo algunos. Cambiar la estrategia mediática no cambia la realidad de México.

¿Cómo se le explica a un padre o madre de familia, que su hijo menor regresaba del partido de fútbol, cuando en el autobús en el que viajaba fue interceptado por policías para realizar un ajuste de cuentas? Es inaceptable cualquier explicación.

Los datos sobre este caso que han sido evidenciados en los medios de comunicación, nos demuestran una vez más, que la delincuencia organizada no se detiene para debilitar a la autoridad, pero también es fundamental, urgente e impostergable, revisar el papel de los partidos políticos en la selección de sus candidatos; no se puede gobernar a costa de lo que sea, pero menos pueden ignorarse las denuncias de la presencia del crimen organizado en los cargos públicos.

En Michoacán se denunció, entre otras cosas, la participación con la delincuencia de Jesús Reina, ex secretario de gobierno y de Rodrigo Vallejo Mora, hijo del ex gobernador; en aquél entonces, nada pasó.

En Guerrero, tristemente y sabemos las consecuencias, la combinación entre la delincuencia y la política no puede seguir pasando. El grave problema de este país es la impunidad, hoy se reflejó en Iguala, pero existe lamentablemente también en otras partes de la República, lo sucedido nos llena de indignación, consternación, pero también de vergüenza.

Al inicio de esta administración se nos dijo en el Senado, el derecho que el gobierno federal tiene de organizarse en administración pública como desee.

El PAN, con responsabilidad, respaldó ese derecho, se cambió la Ley Orgánica de la Administración Pública, se creó una súper secretaría, para, entre otras cosas, coordinar los esfuerzos del gobierno federal con los gobiernos estatales en una sola estrategia de seguridad.

En ninguna de estas acciones hubo por parte del PAN, frivolidad, como se quiso mencionar, lamentablemente se confundió el concepto de coordinación con el de la complacencia y simulación con los gobiernos estatales; muchos gobernadores no han asumido su responsabilidad en la materia, es más, la solapan.

¿Dónde quedaron los controles de confianza para las policías? ¿Dónde está la eficiencia de la gendarmería? ¿Cómo resolvemos las carencias en materia de seguridad en los municipios a pesar del enorme presupuesto? ¿Cómo está funcionando el mando único?

No es una crítica al gobierno, es un reclamo social, rendir cuenta por parte del gobierno.

Hago un llamado a este Senado, a no solo conceder, sino a observar y asumir nuestra corresponsabilidad en la solución de este problema. Con discursos complacientes y halagos al gobierno federal, no estamos contribuyendo al combate contra el crimen organizado. Sí es importante señalar lo qué está pasando para poder resolverlo; la ceguera política puede generar más casos como el de Iguala.

Senadoras y Senadores: Hace unos días el Titular del Poder Ejecutivo demandó la responsabilidad del gobernador del estado de Guerrero, eso es precisamente lo que demandaron durante 12 años los gobiernos del PAN, porque es inevitable llamar a cuentas a los responsables estatales; pero en estos 12 años la petición de no politizar y mucho menos hacerlo un tema de partidos políticos, no fue escuchada, celebro que hoy, lo pidamos todos, y más agradeceríamos que se le dé la seriedad que merece.

Esclarecer el crimen no es suficiente, se tienen que tomar medidas, determinar responsabilidades y sancionar a los implicados en hechos tan denigrantes, así sean omisiones.

México, ante la Organización de las Naciones Unidas, le comunica al mundo que participará en la conformación de las fuerzas de paz, reconocida como “Cascos Azules”; sin demeritar el anuncio, mucho se tendría que trabajar en el seguimiento de casos como el de Iguala, para encontrar la serenidad y la paz, así sea con “cascos blancos” mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Dávila Fernández.

Esta Presidencia saluda a ciudadanas y ciudadanos el estado de Querétaro, invitados a esta sesión por la Senadora Marcela Torres Peimbert. ¡Bienvenidos, queretanas y queretanos!

Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Yo estoy convencido de que frente al acto de terror y de barbarie que se ha registrado en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, no caben las ambigüedades; el Senado debe asumir una actitud firme; no basta solidarizarnos o dar las condolencias a los familiares de las víctimas ni condenar los hechos.

Se requiere de una respuesta contundente del Estado mexicano, en todos sus órdenes de gobierno, donde el Senado tiene una responsabilidad, y una respuesta en ética del Estado contra los delincuentes no contra los luchadores sociales.

Que se detenga y se castigue a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes; pero también hay que investigar y castigar los actos cometidos por omisión por parte de las autoridades.

La Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero conocía, por denuncia del asesinato de nuestro compañero Arturo Hernández Cardona y de otros militantes de nuestro partido.

El Congreso del Estado de Guerrero conoció de la solicitud del gobernador del estado para el desafuero de José Luis Abarca por la presunción de la comisión de delitos, particularmente el homicidio, y nunca atendió la solicitud de desafuero.

La Procuraduría General de la República conoció de los hechos; y señaló que no podía intervenir porque se trataba de un asunto que correspondía a la autoridad local, cuando tiene la facultad de atracción, como lo ha hecho ahora, para intervenir en la comisión de estos delitos, particularmente cuando existe la presunción de vínculos de una autoridad municipal con la delincuencia organizada.

Y el colmo, hoy el CISEN reconoce que tenía información sobre los vínculos del Presidente Municipal con la delincuencia organizada y nunca se intervino.

Yo creo que frente a esos hechos no cabe la impunidad; y debe de investigarse a las autoridades que teniendo conocimiento de estos hechos, fueron omisas y permitieron, con esa omisión, estas ejecuciones que son una vergüenza para todas las mexicanas y para todos los mexicanos.

En estos asuntos no cabe la impunidad, ni en Iguala, ni en las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, en el Estado de México, ni del asesinato de 3 jóvenes en la ciudad de Hidalgo, Michoacán, por la policía del Mando Unico, porque no obedecieron la orden de detener su vehículo. Como no caben los avisos contra miles de migrantes que son asesinados, extorsionados, vejados y muchos de ellos son víctimas de trata de personas o la trata para el ejercicio de la prostitución. Yo creo que es el momento de un replanteamiento de la política no sólo de seguridad pública, sino de cómo interviene el Senado en un escenario de descomposición política y de descomposición social muy similar al que vivimos en la Guerra Sucia de los años 70.

Yo por eso digo, no cabe la ambigüedad; y el Senado debe exigir al gobierno federal y al gobierno del estado de Guerrero el pleno esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades con los autores materiales e intelectuales, y con aquellas autoridades omisas o cómplices de estos grupos delictivos. Y por eso, atendiendo las propuestas que se han hecho, yo quisiera plantearle al Partido Acción Nacional que este tema no lo atienda la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, porque eso implicaría llevar al sigilo el trabajo legislativo, ya que por ley el trabajo de esa comisión es estrictamente privado.

Y sería más conveniente que fueran las Comisiones de Defensa Nacional, de Gobernación, de Justicia y, por supuesto, de Seguridad Pública las que en el ámbito…

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Señoras y señores Senadores, recuerdan ustedes algo tan obvio, como que no hay diálogo.

Adelante, Senador Encinas Rodríguez.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Pero que sean las comisiones ordinarias, en el ejercicio de sus funciones, quienes hagan el seguimiento de la investigación, que Defensa Nacional se reúna con el General Secretario y avance en el seguimiento de las investigaciones.

Que la Comisión de Seguridad Pública, que no está aquí el Senador Fayad, conozca de estos cambios en la estrategia y porque teniendo, en el caso de la Comisión de Justicia, la información las procuradurías de la República y la local no intervinieron, porque la omisión fue fundamental para propiciar el escenario, y cometer estos crímenes.

Y finalmente, yo creo que en esto no sólo hay una responsabilidad de la autoridad federal y local, también hay responsabilidad de los partidos políticos en la selección de sus candidatos, en el financiamiento de sus campañas; y nosotros tenemos que asumir autocríticamente los errores que hemos cometido al permitir que con la idea de obtener votos, recursos y triunfos fáciles abramos la puerta a delincuentes.

Hay que cuidar la selección de candidatos en este 2015, y asumamos nuestras responsabilidades desde los partidos y desde el Senado de la República.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes compañeras y compañeros Senadores:

Qué indignante, triste y conmovedor resulta constatar que la vida de las personas pueda ser vulnerada y ultrajada de una manera atroz, ya sea en manos de criminales y, lo más lamentable, por fuerzas policíacas, o incluso las mismas fuerzas armadas, como ha acontecido en estos dos últimos acontecimientos que hemos estado aquí lamentando y dialogando, hechos lamentables de excesos, negligencia, omisión o irresponsabilidad.

Esta indignación nacional es ya una indignación mundial, y los ojos de todo el orbe voltean hacia México y se preguntan: ¿Qué está pasando en México? Nos llenan de indignación por el desprecio manifiesto a la vida de las personas asesinadas en los hechos ocurridos hace tres meses en Tlatlaya, municipio del Estado de México, y en el más reciente, en el municipio de Iguala, donde lamentablemente hay pérdidas de vidas humanas, de estudiantes normalistas y de 43 jóvenes que estamos temiendo, lamentablemente, por su vida.

Estamos viviendo en una situación de violencia extrema en una paz tensa,  donde el derecho a la vida está siendo violentado reiteradamente. Este derecho a la vida que es inalienable del ser humano, que es un valor superior, esencial y troncal consagrado en nuestro orden constitucional, ya que aun cuando no está expresamente en nuestra Carta Magna lo eleva a este rango, en el primer párrafo del artículo 1o. al reconocer que en los Estados Unidos Mexicanos toda las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Ante los hechos de Tlatlaya, Estado de México, y de Iguala, Guerrero, el Estado mexicano no debe quedarse con los brazos cruzados y continuar tolerando malas prácticas por parte de las corporaciones policíacas o las propias Fuerzas Armadas que pudieran ser constitutivas de delitos. Estos hechos han sido denunciados como ejecuciones sumarias por organizaciones defensoras de los derechos humanos; se debe investigar a fondo todas estas presuntas violaciones y sancionar con la pena máxima a los culpables en estos hechos criminales, además de analizar las normas y protocolos de detención de acuerdo a los estándares internacionales en la materia.

Se debe poner un alto a la cultura de la muerte, ya que existe una gran insensibilidad por el respeto a la vida del ser humano. El Estado mexicano, quien está obligado a respetar los derechos humanos y establecer en el orden jurídico normas que aseguran su observancia, por eso es que una vez que concluyan las investigaciones y de resultar culpables estos cuerpos policíacos que participaron en los casos mencionados, se debe reconocer su responsabilidad, porque sus fuerzas del orden violentaron los derechos a la vida, la integridad física y psicológica de las víctimas, así tanto en Iguala, como en Tlatlaya; de la misma manera se debe considerar indemnizar a las familias de las víctimas.

Es preocupante que más allá de los discursos y cifras oficiales, la realidad en muchas ciudades y comunidades de nuestro país nos muestran que los delitos que más lastiman a la sociedad, como son los homicidios, el secuestro y la extorsión lamentablemente van a la alza. En lo que va de la presente administración se han registrado 30 mil 703 homicidios dolosos de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los casos de extorsión se han incrementado en los primeros 21 meses del gobierno de Peña Nieto en 23 por ciento; los secuestros se han disparado en 15 por ciento en comparación con los últimos 21 meses de la pasada administración.  Es de resaltarse que en esta administración federal cada día se cometen más de 21 extorsiones, esto es lo registrado, 5 secuestros y 49 homicidios dolosos; esto quiere decir que cada hora dos personas son asesinadas, observándose que de las entidades con mayor índice delictivo lo lidera el estado natal del Presidente, que es el Estado de México, y continúan los estados de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y el Distrito Federal.

Es lamentable, el retroceso que tenemos a nivel nacional del tema que más se prometió solucionar, la seguridad. Nuestra sociedad no puede seguir experimentando la inseguridad como ocurre ahora, víctima de secuestros, robos, extorsiones, asesinados y, ahora, desapariciones forzadas en contra de la población civil.

Tenemos derecho a vivir sin miedo y el Estado mexicano está obligado a garantizar nuestra integridad personal. Coincidiendo con el Senador que me antecedió en la palabra, también me sumo a esa propuesta, que desde esta Senado de la República se dé seguimiento a este tema a través de las Comisiones de Seguridad Pública, de Derechos Humanos, de Justicia y de Defensa Nacional.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador López Brito.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, de la fracción parlamentaria del PRD.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeras Senadoras y Senadores.

“No rehuyamos la lucha cuando se trata de preservar el derecho o la dignidad del hombre, solo así podremos congratularnos de pertenecer a la humanidad” Albert Einstein.

Hay muertes que cuando ocurren se llevan pedazos del alma y dejan un profundo dolor; más cuando son producto de un crimen y los criminales gozan de impunidad; las huellas de estos miserables crímenes son tan profundos que los criminales no podrán ocultarlas.

Las matanzas, los genocidios en nuestro país, casi todos han quedado en la impunidad. 2 de octubre 1968, matanza de estudiantes en Tlatelolco. Resultado: impunidad; hasta la fecha el Estado mexicano se ha negado a que haya una Comisión de la Verdad, para que se dé con los responsables y se castigue a los que cometieron este crimen.

Junio de 1971, matanza de estudiantes, resultado; impunidad.

Junio de 1995, matanza de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero; impunidad.

Diciembre de 1997, matanza de indígenas en Acteal, Chiapas; impunidad.

Junio de 1998, matanza de campesinos en El Charco, Guerrero; impunidad.

Febrero de 2006, muerte de mineros en Pasta de Conchos, Coahuila; resultado: impunidad.

Diciembre de 2011, asesinato de dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; resultado hasta la fecha: impunidad.

26 de septiembre de 2014, matanza de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero. Hoy estamos discutiendo qué rumbo le vamos a dar a este asunto para que no quede en la impunidad, igual que como han quedado todos los que estamos señalando.

El Senado de la República debe decir ya basta a que la impunidad siga cabalgando sin control a lo largo y ancho del país, ante la pasividad de quien tiene la obligación constitucional de combatirla, sin miramientos, pensando siempre en el bien del pueblo y no el interés político que traería como consecuencia, abrir una cloaca que es imposible contener ya porque su contenido, por la acumulación de sociedad producto de la impunidad y corrupción que México ha padecido por años y años de regímenes autoritarios que encontraron en la represión de Estado, dígase la implementación del terror a través del encarcelamiento, producto de la fabricación de delitos, las desapariciones forzadas o las masacres como la ocurrida de los estudiantes normalistas el pasado 23 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

La salida para silenciar los reclamos de una sociedad que ya no aguanta más y que encuentra en la protesta social una vía para hacerse escuchar ante los oídos sordos de un gobierno indiferente e insensible.

En este terrible caso, en el cual perdieron la vida 6 personas, entre ellos 3 estudiantes, 20 heridos y hay 57 desaparecidos, este crimen de Estado, crimen de lesa humanidad no debe quedar impune, se tiene que investigar hasta sus últimas consecuencias; por el bien del país se debe encontrar la verdad histórica y se tienen que deslindar responsabilidades hasta dar con los responsables materiales e intelectuales para castigarlos de manera ejemplar, ¡basta de impunidad!

Hay preguntas que se está haciendo el pueblo y que es necesario que se le aclaren; aunque duela el tratar de tapar el sol con un dedo solo agravaría el problema y solo traería una reacción ciudadana de consecuencias impredecibles.

¿Por qué no actúo el gobierno federal, si los titulares de la PGR y de Gobierno tuvieron conocimiento del secuestro de nuestro compañero luchador social, y asesinato del mismo ingeniero Arturo Hernández Cardona? Esto a través de una declaración notarial firmada por uno de los sobrevivientes del secuestro colectivo perpetrado por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, en la cual se detalla:

Primero. El secuestro del ingeniero Hernández Cardona.

Segundo. La tortura de que fue objeto.

Tercero. Quién ordenó el secuestro.

Cuatro. Quién lo ejecutó.

La respuesta del Secretario de Gobernación al ciudadano que presentó el caso fue: “Lo voy a revisar”.

¿Cuántas veces hemos escuchado estas respuestas de funcionarios de todos los niveles a ciudadanos que se acercan a pedir justicia? Y como dice el pueblo, hasta que se ahoga el niño se quiere tapar el pozo.

Ahora sí la PGR atrajo el caso, la gendarmería ya tomó el control de la seguridad en Iguala; ahora si Monte Rubido ya volteó los ojos a Iguala; ahora sí, después del crimen perpetrado en contra de 43 normalistas, la Federación toma las riendas de Iguala.

¿Por qué hasta ahora? Son las preguntas reiteradas que el pueblo de Guerrero y el pueblo de México se hacen con una profunda tristeza, pero también con una profunda indignación.

El Senado de la República, ante estos momentos de dolor colectivo por la muerte de ciudadanos y de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, no le debe regatear al pueblo la exigencia de que se haga justicia, acompañando en todo momento hasta que se dé con el paradero de los responsables, sean quienes sean y provengan de donde provengan, para llevarlos ante la justicia y así mitigar en algo el profundo dolor que padecen los familiares y el pueblo de México en general por la muerte de estos profesores en ciernes, que su único delito, por eso protestan, es exigir mejores condiciones como estudiantes para llevar acabo con eficiencia el proceso de enseñanza y aprendizaje y así lograr ser mejores maestros de México.

Se equivocan los asesinos y los que mandaron a estos asesinos, si creen que los normalistas de Ayotzinapa van a dar un paso atrás en su lucha histórica por tener mejores condiciones como estudiantes.

Se equivocan si piensan que con estos crímenes el normalismo en México va a desaparecer, los profesores, los maestros estamos hechos de una pasta que nos obliga a seguir luchando para lograr la emancipación definitiva de México.

Compañeras y compañeros Senadores, por todos los muertos ciudadanos y estudiantes de la histórica Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, nuestros muertos por este crimen de Estado, tenemos el deber ético y político de honrarlos y exigir que los asesinos materiales e intelectuales sean castigados con todo el rigor de la ley. Junto con ello, debemos de exigir justicia para los muertos de México 68 y 71, Agua Fría de Oaxaca, Aguas Blancas y El Charco, Guerrero; los de Acteal, Chiapas; los de San Salvador Atenco; los de la APPO, de Oaxaca; los de Pasta de Conchos, entre los más conocidos.

Hay que luchar también, por la libertad de los presos políticos y por la presentación con vida de los desaparecidos por esas mismas causas.

Cuando esto suceda, compañeras y compañeros Senadores, nuestros muertos, podrán descansar y nosotros, tal vez, podamos vivir con un poco de tranquilidad.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS MIGUEL GERONIMO BARBOSA HUERTA

- El C. Presidente Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente.

Guerrero es un ejemplo claro del fracaso del gobierno federal en la estrategia de seguridad.

En Iguala no sólo lo sabían, sino que se toleró la presencia del crimen organizado en el gobierno. Son lamentables, compañeras y compañeros Senadores, estos titulares; es muy lamentable lo que está pasando.

¿Cuál es la responsabilidad que nos toca asumir de cara a la Nación en el tema de las ejecuciones extrajudiciales? En Tlatlaya fueron militares los que ejecutaron a presuntos delincuentes. En Iguala fueron policías quienes dispararon contra los estudiantes y jugadores de fútbol. En Iguala la policía se llevó 43 estudiantes que a la fecha no sabemos dónde están.

¿Cuántos compatriotas han perdido la esperanza y, en consecuencia, la confianza en las instituciones ante la violencia que lastima a la Nación?

¿Cuántos funcionarios públicos traicionan cada día el juramento constitucional de hacer cumplir la ley?

¿Cuántos de ellos con su indolencia han alimentado el rencor entre connacionales, al hacerlos víctimas de la injusticia que provoca la incapacidad e indiferencia en el ejercicio de sus responsabilidades?

¿Cuántas víctimas de la violencia siguen siendo ignoradas en su desesperación y clamor de justicia?

Son muchas las preguntas que me pasan por la mente en torno a este tema lastimoso que hoy vuelve a sacudir la conciencia de quienes tenemos el privilegio de expresarnos en la máxima tribuna de la Nación.

Escuchar los últimos acontecimientos de Guerrero, tal vez ya no inmuta. La crueldad de los grupos criminales que operan en México ya no es novedad para muchos, pero la participación de policías en la ejecución de los estudiantes de Iguala no puede ignorarse.

¿Cómo procesar mentalmente que te ejecute quien precisamente debe cuidar tu integridad?
          
¿Cómo creer en el Estado como ente jurídico encargado de otorgar bienestar cuando sus policías, quienes deben cuidar tu seguridad, asesinan sin piedad impunemente a tus jóvenes y con ello alimentan el odio de una generación ofendida hasta el cansancio?

Guerrero hoy pone al desnudo la realidad que se vive en este país; nos recuerda que hay muchos temas por resolver y entre los que la justicia sigue durmiendo, irónicamente, el sueño de los justos.

Hoy las familias de estudiantes de Iguala se suman a la tragedia que aún enluta a muchas otras en distintas partes del territorio nacional.

¿Cómo olvidar las narco-fosas de Taxco?

Y así podría hablar de experiencias lamentables en muchos estados de la República. Pero, ¿para qué ocuparme de enumerarlas todas, es sólo un recordatorio de lo que sucede y se pretende ocultar.

En Guerrero todos coincidimos que no hay lugar a las mediocridades, la contundencia del Estado en castigar a los culpables de tales homicidios no debe hacerse esperar.

El gobernador está obligado a dar respuestas claras y ejecutar acciones contundentes. En eso creo no existen diferencias entre quienes conformamos esta Legislatura.

Que se aplique la ley y se finquen responsabilidades a cualquier nivel debe ser nuestra exigencia contundente. Y que el gobierno federal no eluda sus responsabilidades, porque Guerrero es ejemplo claro del fracaso de la estrategia de seguridad que tanto cuestionó en otro tiempo.

Exigimos una política integral en materia de seguridad pública, porque mandar 250 gendarmes sabemos que no va a solucionar el problema.

Sólo haciendo justicia lograremos que este país cambie en el camino de las instituciones.

Hoy Guerrero exige castigo a los culpables.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Garza Galván.

Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Su servidor es egresado de una normal de este país; y el normalismo es un sentimiento que tenemos muy arraigado los que somos egresados de esas normales. Y por eso estos días el normalismo está de luto, los educadores del país estamos indignados. La educación no puede ni debe soportar estos horrendos acontecimientos de ninguna manera.

El Estado mexicano debe sentirse avergonzado de lo que está pasando en el país, avergonzado ante el mundo porque esto no se puede concebir.

¿Cómo justificar lo que ha acontecido en Guerrero? ¿Cuál es el delito de estos jóvenes normalistas que fundamentalmente luchan por mejores condiciones para su institución, porque tomen en cuenta sus propuestas para mejorar la calidad de la educación y ver que el normalismo y la educación jueguen un papel digno en este país?

¿Qué y quién está detrás de este artero crimen?

En las normales están los jóvenes más humildes de este país. En las normales rurales, fundamentalmente, están pobladas de hijos de campesinos, de hijos de indígenas, que es la única alternativa que tienen ellos para poder superar la condición de vida que tienen sus familias y sus comunidades. En ellos está centrada la expectativa de muchas familias, de padres, de madres y de hermanos que hacen un esfuerzo importante para que estos jóvenes puedan estudiar, 43 jóvenes en una circunstancia que nadie quisiéramos para nuestra familia.

Por eso me parece que lo primero que tiene o debe contener el punto de Acuerdo es que los presenten con vida. No podemos nosotros dar por descontado que algo más grave ha pasado hasta que se demuestre lo contrario. Que aparezcan con vida, que los presenten con vida, debería ser el primer planteamiento que el Senado de la República pueda esbozar en este punto de Acuerdo.

La responsabilidad primera de cualquier Estado es garantizar la seguridad de todos sus habitantes, de todos sus ciudadanos. Y esa es la obligación que nosotros tenemos qué reclamar, que tenemos que exigir de este gobierno mexicano, de este Estado mexicano y de todos sus niveles de gobierno, porque no hay ninguna duda que ha habido omisión por el relato que ha habido de los acontecimientos, tanto del gobierno municipal, del gobierno estatal y del gobierno federal.

Yo no concibo a ningún gobernante que abandone a su suerte a sectores tan importantes como los estudiantes. No concibo no poder haber mesas de diálogo de interlocución para poder resolver los problemas que se presentan de manera cotidiana.

No me explico, y ahora caigamos a la realidad, cómo puede pesar más, generar condiciones óptimas en una escuela normal cualquiera que ésta sea. Generar mesas de diálogo para que puedan expresar sus propuestas o reaccionar ante hechos como este, cuando ya es tarde.

La gente está cansada de discursos; que hablen los hechos, que ya no hablen más las palabras; que hablen acciones precisas, que generan mejores condiciones, porque la gente está en la calle, porque no encuentra soluciones a sus problemas, porque ocupa vivir, aquí se ha reivindicado la vida, pero cuál vida, la vida en la ignominia, la vida en la pobreza, la vida en la indigencia o una vida digna.

Yo creo que todos queremos que nuestros paisanos, mexicanas y mexicanos, los de nuestros estados, vivan de manera digan. Generen condiciones entonces, generemos condiciones de aquí, lo que corresponda al Senado de la República.

Estamos cansados todos, no es este un caso aislado como aquí se ha dicho, Michoacán está bañado de sangre y de jóvenes, de adolescentes que hace unos días fueron masacrados por ese bando único, que aquí reivindican mucho, que no conoce a la ciudadanía y que fueron baleados nada más porque no se detuvieron ante una llamada de alto.

Todos esos hechos, amigas y amigos, merecen castigos, porque hay responsabilidades, abróguense esas responsabilidades, castíguese a los responsables directos, pero también a los que por omisión, y está la lista grande de los omisos, han permitido que esto pase en el estado de Guerrero y que esto pase en nuestro querido país.

Vamos a continuar denunciando muchos hechos que se han venido dando en el pasado; y yo espero que ésta pueda ser ya la conclusión de lo que tenemos que soportar en este país.

Hagamos lo que nos toca, compañeras Senadoras y Senadores. Hay aquí propuestas muy concretas y me parece que podemos ya nosotros actuar, que exijamos con toda firmeza que quienes tienen responsabilidad y autoridad hagan también lo que les corresponde; y si no lo hacen, este Senado de la República puede tomar decisiones. Tomémoslas.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Morón Orozco.
      
En el uso de la palabra el Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: Con su permiso, señor Presidente.

Buenas tardes a todos.

En primer término quiero felicitar al Senador Alejandro Encinas, porque nos ha brindado un discurso muy valiente, concreto, directo, porque su defensa al PRD y a los militantes de su partido no es una defensa ciega ni irracional.

Porque eso es no politizar los temas, precisamente el reconocer cuando los problemas están en la propia casa, es no politizar los asuntos, y nos acaba de dar un buen ejemplo y por eso lo felicito, así como en otras ocasiones no coincidimos, en esta ocasión lo quiero felicitar.

Hay dos preguntas que nos tenemos que hacer: uno, si las autoridades federales, locales y municipales, en determinadas oficinas, determinados funcionarios, supieron con antelación quién era este personaje, el alcalde de Iguala, con quién estaba vinculado él, su familia, sus cercanos, cómo llegó al poder, cómo financiaron su campaña, qué pasó recientemente, había testimonios, documentos evidencias. ¿Cómo demonios no se actuó a tiempo?

Y me refiero a los tres órdenes de gobierno, porque eso se llama corresponsabilidad; y si tanto nos indigna este caso, como nos indigna y nos lastima, por supuesto que tenemos también que señalar a los tres órdenes de gobierno como corresponsables de una u otra manera, porque no basta con venir a lamentar hoy los hechos.
      
Segunda pregunta. ¿Por qué estudiantes normalistas?

Miren, antes se daban entre los grupos criminales, los homicidios dolosos se daban entre los grupos de la delincuencia, las redes de la delincuencia, hoy estamos viendo esto, que como bien decía Alejandro Encinas, nos lleva a los peores terrenos y tiempos de la Guerra Sucia, donde había todo ese tipo de atrocidades contra inocentes, contra jóvenes que están estudiando para preparar a otros jóvenes o los que mueren en un autobús que son jóvenes deportistas que van a jugar fútbol o una señora inocente, un chofer del autobús.

Encima se llevan, desaparecen a decenas de normalistas por órdenes del tal Chucky. ¿Quién es el Chucky?

Uno que manda en la policía, porque ahora los delincuentes se ponen el uniforme de las policías; y con esa impunidad es que están actuando en contra de los civiles, en contra de la gente.

Por eso este no es un caso aislado, este no se suma a la estadística, esto claramente nos tiene que mover y remover las conciencias, pero también la acción, como dijo el Senador Encinas.

Miren, por eso no basta con señalar a los niveles de gobierno, nosotros como Senado tenemos una clara responsabilidad sí, legislar y hacer todas las reformas que sean necesarias para que en un marco jurídico apropiado, pero si no hay implementación, si no hay ejecución, y por eso se llama poder ejecutivo, en tres órdenes de gobierno, de nada sirven las leyes; y si además hay una impunidad creciente respecto a la delincuencia en el país, por supuesto que es una invitación al delito y eso es lo que se está viviendo y eso es lo que se está reflejando.

Pero también es cierto que los partidos políticos estamos fallando, porque nos asociamos con un impresentable con tal de mantener o alcanzar el poder, ya luego vemos cómo le hacemos o cómo justificamos.
      
Y eso no se vale, porque hemos visto casos como en Michoacán, en las elecciones de Michoacán, en Durango, que lo vimos también, en Tamaulipas, en su momento, en Guerrero, donde se asocian con el crimen y ganan.

¡Valiente, triunfo!

¡Descarados!

Eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Eso es precisamente lo que tenemos nosotros que venir a revisar aquí, hoy y ahora.

Y ¿saben por qué no funcionan las cosas?

No funcionan porque no hay mando único policial en los estados, no funcionan porque no les pega la gana someterse a exámenes de confianza, ni toxicológicos, ni a la depuración de sus policías, porque no hay ética política, porque hay un gran descaro y un menosprecio ¿saben a qué?, a la vida de las personas.

Eso es lo que nos está pasando.

No perdamos, concluyo, la capacidad de asombro y la capacidad de indignación, lo digo en serio.

Aquí el que no quiera cumplir con su responsabilidad que se largue, si a un presidente municipal, un gobernador, un servidor público federal, un legislador, pero aquí estamos para desquitar un mandato que se nos confió. Ya basta de alcaldes delincuentes, gobernadores ausentes y servidores públicos federales que se contentan con lamentar los hechos.
      
Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Lozano Alarcón.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Es un momento triste, aciago para el país, cuando tenemos en la agenda nacional un terrible hecho como ha sucedido en Iguala, Guerrero, y que hoy hemos discutido ampliamente en el Senado de la República.

Un hecho que nos lleva a lamentar, hasta este momento, la desaparición de 43 jóvenes, un hecho condenable y que debe de llevarnos a todos a condenar, por supuesto, de manera enérgica los hechos, como lo hemos realizado en esta mañana y en diferentes expresiones, Senadoras y Senadores, la propia Mesa Directiva del Senado de la República y la sociedad entera en estos últimos momentos, en esta últimas horas.

Un hecho que nos debe de llevar, me parece, a hacer un compromiso, un compromiso de atender de manera puntual, de manera enérgica, de manera firme y de manera muy comprometida lo que debe de ser el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades y de manera inmediata fincar responsabilidades a todos aquéllos que no solamente hayan sido autores materiales, sino que hayan llevado a este momento trágico para México.
      
Quiero recordar aquí, en esta Alta Tribuna, momentos como éste que hemos vivido en el país en otros tiempos; quiero recordar mi tierra, quiero recordar Ciudad Juárez, Chihuahua; quiero recordar la muerte artera de jóvenes entre 12 y 17 años que fueron masacrados cuando se encontraban en el interior de una vivienda en una fiesta por grupos delincuenciales; jóvenes que fueron calificados, pasado el homicidio, como malandros, como criminales por quien en ese momento conducía los destinos de la República.
      
Por fortuna, quien así lo hizo, pronto rectificó, reconoció su error y asumió la responsabilidad que debería de asumir como responsable de los destinos de la Nación, y junto con las autoridades del estado y del municipio de Ciudad de Juárez, se dieron a la tarea de atender este tema.

Como éste, muchos otros hechos se han dado en los que hemos tenido que lamentar en el país entero la muerte de miles, de miles de jóvenes que han perdido la vida por una actuación de los grupos del crimen organizado que han asolado al país desde hace más de 14 años.
      
En dos sexenios vimos un incremento considerable y llegamos, incluso, a la condición de tener una guerra en contra del crimen organizado; y en esos años; lo que hemos visto es que la Patria, es que este país, es que las familias hemos padecido y hemos llorado secuelas de toda naturaleza, la más grave, la más terrible, la más devastadora es el homicidio de los jóvenes la que siempre es irreparable y que nos deja a todos con una sensación de dolor y con una sensación de profunda tristeza, porque vivimos en México lo que no debiéramos de vivir.
      
Y me parece que esta condición en la que ha estado el país desde hace varios años, de manera señalada, desde 14 años, nos debiera de llevar a lo que yo llamo un ejercicio de congruencia, un ejercicio en el que de manera muy objetiva llevemos a cabo, como lo ha estado haciendo el Gobierno de la República, un diagnóstico claro de cuáles son las causas, de cuáles son las consecuencias y de cómo atender las causas y de atajar las consecuencias para que esto no se siga dando.

Y esto es lo que debemos de tratar el día de hoy, como atendemos el problema y no como lo aprovechamos electoralmente, y no cómo venimos aquí a decir, en un ejercicio total de incongruencia, cómo se deben de hacer las cosas, porque cuando yo escucho a algunas compañeras y compañeros señalar el qué debe de hacerse, entiendo, entiendo que ante hecho tan terrible y ante la indignación que nos causa, busquemos el cómo atenderlo; lo que no entiendo es que vengamos a señalar responsabilidades en un ejercicio, primero totalmente estéril, y segundo completamente falso.
      
¿De qué país hablamos? ¿De qué país hablamos cuando señalamos que es lo que debe de hacer el actual gobierno de la República? ¿De un país que se nos haya dejado en la mejor de las condiciones? ¿Un país con crecimiento económico? ¿Un país con educación al alcance de todos? ¿Un país con un desarrollo social tal y un desarrollo económico tal en el que no fuesen considerados siquiera el que se dieran estos hechos? No, no fue ese el país que recibió el actual gobierno de la República.
          
Recibimos un país en el que solamente durante 2010, más de 210 mil millones de pesos, el 1.53 por ciento del Producto Interno Bruto del país, se perdía derivado de los costos de inseguridad; recibimos un país con lugares como San Fernando, que hoy en la mañana fue mencionado; un municipio en el estado de Tamaulipas en el que vimos el horror del descubrimiento de fosas con más de 75 cadáveres. Y curiosamente ese municipio de San Fernando, lugar de tránsito de migrantes; lugar donde estos eran asesinados, masacrados por el crimen organizado no tenía, fíjense que curioso, no tenía el más mínimo respaldo del subsidio de seguridad para los municipios; un municipio que estaba solo, completamente solo en un ejercicio que debió de haber sido, como bien se dijo aquí, un ejercicio de corresponsabilidad de todos los órdenes de gobierno en el país.

¿De qué país hablamos? ¿De ese Ciudad Juárez lastimado, lacerado, lesionado por el crimen? ¿De qué país hablamos? ¿De la proliferación de casinos que vienen asociados, sin duda alguna, en la mayoría de las veces, al lavado de dinero y a otros aspectos lamentables de delincuencia organizada? ¿De qué país hablamos? ¿De ese país que llora a sus jóvenes, pero que está en la discusión banal cuando debiéramos estar todos en lo que debiera de agruparnos, aglutinarnos que es la defensa de esos jóvenes de la mejor manera posible, de la forma que se da en la unidad?

Yo quisiera concluir con dos reflexiones: la primera la convicción absoluta del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, absoluta convicción, derivada de la experiencia de muchos de nosotros; derivada de la experiencia de muchos de quienes trabajan en los estados en los diferentes órdenes de gobierno derivada de la experiencia desde las esferas federales, de que solamente en condiciones de total coordinación es posible sacar adelante las cosas.

No quisiera sacar uno y otro y otro ejemplo de lo que vivimos en esos años en el que nosotros todavía no gobernábamos, no es ese el propósito; el propósito es hacer una reflexión; verdaderamente, hechos como éste nos deben de concitar al aprovechamiento de las condiciones, a la denostación de las autoridades que están haciendo lo mejor para que esto se resuelva, o debe de llevarnos a hacer una reflexión de mayor profundidad, de mayor altura, de menos mezquindad, de verdadera cohesión de la clase política mexicana para atender un tema que nos duele, nos lastima, nos lacera a todos los mexicanos: la muerte, la desaparición, el conflicto permanente, el asedio y el hostigamiento que sufren nuestros jóvenes en todas las partes del país en donde el crimen organizado está posesionado y debemos de sacarlo con la unidad de la clase política,.

Yo quisiera concluir mi participación diciéndoles solamente una cosa: No se puede, señoras y señores Senadores, no se puede en 2 años resolver el desastre de país que se construyó en 12 años, es imposible. Trabajemos juntos por que esto no vuelva a suceder, trabajemos de verdad por esas madres de familia, por esos padres de familia que hoy están llorando la desaparición de sus hijos, dejemos la mezquindad a un lado y pongámonos todos, como hemos dado ejemplo en otras ocasiones, pongámonos todos a trabajar por el bien de la República.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Graciela Ortiz.
          
Tiene el uso de la palabra la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno: Con su venia, señor Presidente.

Vengo a esta tribuna, compañeras y compañeros, a manifestar mi solidaridad, también, con los familiares de estos jóvenes desaparecidos en Guerrero.

A compartir ese dolor, ese sentimiento que sabemos que invade a todos los familiares, cuando un ser querido es lastimado y ese dolor que se vive a título personal.
      
Pero también la desaparición de estos 43 jóvenes normalistas en Guerrero, nos debe cimbrar, nos debe sacudir como sociedad.
      
Hemos dicho ya que todos estos acontecimientos trastocan, rebasan nuestros valores como sociedad.

Hemos hablado ya, hemos coincidido en que se trata de la impunidad que debilita nuestra confianza en nuestras autoridades, que debilita a nuestras instituciones, que nos debilita como sociedad, que finalmente nos roban la paz, nos roban la seguridad; que todo gobierno está obligado a garantizarles a sus ciudadanos; de eso se trata estos acontecimientos; y sí es cierto, estos acontecimientos a todos nos indignan.

Pero lo importante es que nos obliguen a actuar de manera diferente; que nos obliguen a ver las cosas de manera diferente, a verlas en perspectiva, a verlas a profundidad, a ir más allá del territorio del que se está hablando, a ver realmente estos acontecimientos con una actitud autocrítica, como algunos compañeros han acudido a esta tribuna y lo han podido hacer.

Estos acontecimientos nos obligan a reconocer que por desgracia lo que hemos señalado, lo que hemos denunciado que sucedió en Iguala, Guerrero, no es un caso único en nuestro país.

Tenemos que ver el problema en su completa dimensión. Y eso nos obliga a reconocer, por ejemplo, lo que ha acontecido también en Tlatlaya, Estado de México; en Michoacán, ha acontecido en Tamaulipas, nos obliga a reconocer esas cifras que el Sistema Nacional de Seguridad proporcionó el año pasado y que nos habla de 23 mil asesinatos en nuestro país.      No es una cifra menor.

Estamos obligados, entonces, a reconocer que hoy lo que vive nuestro país, es una completa descomposición. Y ante eso, también tenemos que reconocer que estos acontecimientos van más allá de fronteras, van más allá de partidos políticos.

Que hoy no hay un solo partido político que no haya sido alcanzado por el crimen organizado. Y eso lo tenemos que reconocer, pero no como consuelo, lo tenemos que reconocer, asumiendo también nuestra responsabilidad.
      
Porque a la gente no le sirve, a la gente no le resuelve saber qué partido fue, a la gente no le resuelve saber si fue el gobierno local, el gobierno federal o el gobierno estatal, la gente lo que requiere es recuperar la paz, recuperar la tranquilidad y la confianza de transitar libremente en nuestro país.

Y nosotros como Senado, tenemos una gran obligación. No podemos perder nuestra capacidad de asombro, no podemos no cimbrarnos, no podemos no dolernos por estos acontecimientos, porque estamos hablando de vidas, de seres humanos, estamos hablando de hijos, estamos hablando de hermanos; y ese dolor también nos tiene que llegar a todos los que estamos en este Senado.

Claro que tenemos que sorprendernos por el dolo, por la saña, por la mala fe con la que hoy el crimen organizado está actuando.

Y déjenme decirles que hoy ese crimen organizado se está burlando de sus instituciones, se está burlando, también, de este Senado, no podemos quedarnos cruzados de brazos.

Por eso, es importante hacernos la pregunta:

¿Hasta dónde tenemos que llegar para que este Senado se decida actuar, se decida ir más allá de esta tribuna?

¿Hasta dónde vamos a llegar para poder responderle a la gente?

¿Qué vamos hacer en este Senado para darle una respuesta a la gente?

Tenemos que actuar en dos sentidos, tenemos que actuar con responsabilidad.

Primero. Tenemos que garantizarle justicia a la gente, tenemos que fincar responsabilidades. Tenemos que castigar a los responsables, sean del gobierno que sean, sean del partido que sean. Tenemos que recuperar el estado de derecho.

Y segundo. Tenemos que trabajar, también, en la prevención. Tenemos que garantizar que estos acontecimientos no se vuelvan a presentar, tenemos que blindar a nuestras instituciones, para que no sean infiltradas por el narcotráfico, por la delincuencia. Tenemos que blindar a nuestros jóvenes para que no vean en este tipo de actos la única actividad que les puede remunerar, que les puede generar ingresos.

Tenemos que blindar a nuestros jóvenes y blindar, también, a nuestros pobres.

Ya se ha hecho aquí una propuesta, por el Senador Encinas, que por cierto, quiero confirmar, el Senador Encinas en ningún momento reconoció que en nuestra casa estén aconteciendo algún tipo de actividad.

El Senador Encinas, lo que dijo, es que en la casa de todos los que estamos aquí se están presentando este tipo de acontecimientos; y por lo tanto tenemos que tomar responsabilidades.

Quiero, finalmente, sumarme a esta propuesta. Quiero hacer un llamado para que el Senado actúe, para que conformemos o designemos a estas comisiones, a las que se les acaba de señalar, para que den seguimiento, para que den respuesta a estos acontecimientos, para que hagan visible todos estos actos, para que podamos darle una respuesta a la gente.

Hacer un llamado a este Senado, para demostrarle a la ciudadanía que tenemos el tamaño, primero, para elevar el discurso, para que ojalá a los Senadores de la República no se les escuche echándonos la bolita unos a otros, diciendo que fue el PRI, que fue el PAN, que fue el PRD, que fue el gobierno estatal o federal. Que dejemos de echarnos la bolita y que asumamos nuestra responsabilidad.
          
Que le demostremos a la ciudadanía, que tenemos el tamaño suficiente para recuperarles la paz, la tranquilidad y, sobre todo, la esperanza.

 Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Barrales Magdaleno.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.
          
Yo si quiero recordarle al partido que hoy gobierna, que este gobierno recibió una serie de modificaciones en diferentes instituciones, con protocolos, que fueron sirviendo, bases de datos también, y porque no decirlo, con un Ejército fortalecido.

Hoy quiero decir, que desafortunadamente no han sabido hacer las cosas; y no han sabido hacer las cosas, porque este país, el día de hoy, podemos decirlo todos los que estamos aquí, que ha sido un desastre.
          
Desastre, porque ustedes no han sabido gobernar.

Desastre, porque no han dado una, tampoco, en materia de seguridad pública, no han dado una en materia de gobernabilidad, no han dado una en materia de economía.
          
Puras promesas de campaña.

Yo sí pediría que devolvieran las entradas.

Quiero también ser contundente con el cambio que en su momento tuvo el gobierno federal anterior. Y quiero destacar la estrategia que se siguió concretamente en el estado de Chihuahua; un programa, que de manera coordinada con la sociedad civil organizada denominado “Todos Somos Juárez”, fue implementado y fue exitoso, así lo dijeron, no nada más en su momento el gobernador, sino muchos actores de la sociedad civil y actores importantes; en su momento lo dijo incluso el Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica.

Yo quisiera que en este momento se hiciera una reflexión por parte del partido en el gobierno; por qué no involucrar a la sociedad civil para cambiar la estrategia en materia de seguridad pública. Y yo quiero compartirles, hoy desafortunadamente pues al estado que vayamos, Tamaulipas, es una nulidad, por ejemplo; y por otro lado, Guerrero es una barbarie; y así podríamos ir enumerando los diferentes estados de la República.

Y ustedes dirán, es que ustedes qué hicieron cuando estuvieron en el gobierno. Nosotros reculamos en gran parte de la estrategia en su momento. Este gobierno a dos años, no lo está haciendo.

Estamos muy conscientes de que perdimos la elección. Hoy ustedes están gobernando y no están demostrando el tener una estrategia contundente que vaya de la mano con lo que quiere la sociedad civil organizada.

Si nosotros no involucramos a la sociedad civil, las cosas no van a cambiar y el tejido social no se va a reconstruir.

Y quiero recordarles que en su momento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó, el año pasado, lo que era una advertencia, lo que era un llamado de atención, su informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero.

Y quiero decirles, que en este informe se concluyó que el gobierno del estado de Guerrero, en lugar de asumir el ejercicio de gobierno para recuperar el orden y la paz pública, optó por delegar indebidamente sus facultades en grupos de autodefensa y por alentarnos e, incluso, apoyarlos económicamente para que desarrollaran estas funciones.

¿Cómo entender hoy y cómo justificar al gobierno federal?

Que el Sistema Nacional de Seguridad Pública teniendo toda esta información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está al alcance de todos, porque no puede decir alguien que no la vio, hoy la podemos encontrar en Internet, desafortunadamente no ha actuado desde que inició esta administración.

Por qué el gobierno federal ha tenido que esperar una y otra vez a que ocurra una desgracia para intervenir.

En Michoacán, hasta que las autodefensas tomaron cabeceras municipales y hubo serios enfrentamientos, intervinieron con una figura violatoria de la Constitución, como es la creación de un comisionado estatal que ha suplantado a las autoridades locales.

Por qué ignoran el daño a la imagen internacional de nuestro país, llegando a que el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos haya solicitado el esclarecimiento de lo que calificó, cito textual: “Un asesinato tan inhumano como absurdo”; resaltando que toda la región se encuentra de luto por este terrible suceso.

En Valle de Bravo, hasta que los casos de secuestros fueron evidentes, desplazaron fuerzas a la región; lo mismo ocurrió en Tamaulipas, en Jalisco y en el Estado de México.

Lo dramático de ello, es que la presencia de fuerzas federales no ha transformado la situación.

En Michoacán los homicidios han aumentado 35 por ciento; las extorsiones, 41 por ciento. Ayer mismo vimos como el crimen organizado, retando a las autoridades y con total impunidad, incendió un cine en el municipio de Múgica, a unas cuadras del Palacio Municipal.

Las ejecuciones siguen a la orden del día; y ahora, por primera vez, nos encontramos frente a las acusaciones graves de violaciones a derechos humanos llevadas a cabo por las fuerzas armadas, como presuntamente ocurrió en Tlatlaya.

La realidad nos confirma que este gobierno federal no tiene una verdadera estrategia en materia de seguridad pública. Le ha apostado a tres acciones, que no han dado resultados.

La primera. La centralización exagerada de facultades en la Secretaría de Gobernación.

Segunda. Empeño por ocultar la realidad, por desterrar del discurso oficial cualquier mención a la inseguridad y a la violencia.  

Tercera. Ante la falta de estrategia, lo que queda es la reacción.

Tenemos un gobierno federal que solamente reacciona una vez que la crisis en los estados se ha vuelto insostenible.

Ya han transcurrido dos años de este gobierno. El pueblo de México sigue esperando que den muestras de capacidad, que den muestras de decisión, no de inercia y opacidad.

Quiero invitarlos el día de mañana, Senadores, los que así lo deseen, para que podamos acudir al lugar de los hechos, junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ver cómo están trabajando los peritos antropólogos forenses. Tener una plática también con los familiares de las personas desaparecidas. Ver también cómo está trabajando la Procuraduría General de la República y el equipo argentino. Y también por supuesto, revisar que en todo momento lo más posible, y en la medida de lo posible se estén respetando en estos momentos los derechos humanos de todos los familiares de las víctimas.

Es claro que en este estado hubo una violación contundente y terrible a los derechos humanos y no podemos guardar silencio.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Tiene el uso de la palabra la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeros Senadores:

Tendríamos que asumir con muchísima responsabilidad un tema tan delicado, porque estamos hablando de vidas humanas, de lo más lamentable que es perder a nuestros jóvenes, jóvenes estudiantes, normalistas, seguramente con sueños y con deseos, sus familias; y hoy estamos aquí centrados en un debate de cifras y de acusaciones. Eso me parece lamentable.

En lugar de estar construyendo juntos el Senado con el Ejecutivo Federal una respuesta ante un hecho tan doloroso y tan lamentable.

Me preocupa también ver que entre las cifras que estamos rebotando, yo creo que hay cifras que hablan por sí solas. Miren, más del 24 por ciento de los mexicanos mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito en el 2010, esto habla de una descomposición social y del rompimiento del tejido social.

El gobierno federal ha asumido con responsabilidad el tema de la seguridad, inclusive tenemos una Subsecretaría de Prevención del Delito que lo que busca es la recomposición social de un tejido que se rompió, que se erosionó y que por falta de política de Estado no lo tomamos con tiempo.

Lamentablemente si seguimos señalando las cifras, nos van a llevar a un pasado en el que no quisiéramos ya regresar. Miren, en el 2011 se registraron 1.6 millones de delitos en el país, un 23 por ciento más que en el año 2000, y las recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos de enero a julio de 2014 también han disminuido, y han disminuido para las dependencias que integran el gabinete de seguridad.

El gobierno ha trabajado de manera importante en la transversalidad de los derechos humanos del Ejecutivo Federal. Nosotros hemos visto que el Ejecutivo Federal tomó con decisión y asumió con muchísima responsabilidad, la Procuraduría General de la República tiene apenas unas horas de haber asumido la responsabilidad del caso.

Yo creo que tendríamos que darle el tiempo necesario, el tiempo suficiente para la investigación de un hecho no solamente doloroso, tan delicado por el número, primero, de desaparecidos y, después, de muertos y de fosas clandestinas. La erosión social del estado de Guerrero lleva varios años en esta descomposición, y habría que preguntar también ¿qué ha hecho el gobierno del estado para recuperarlo?

Yo creo que en estos momentos lo más importante sería la suma de voluntades de todos los grupos parlamentarios aquí representados para trabajar con el Ejecutivo Federal, con el propósito de encontrar una solución a este grave problema. Creo también que el gobierno federal ha mostrado transparencia, ha mostrado firmeza en los hechos; y ha demostrado una gran voluntad política para trabajar de cara con la sociedad; no ha ocultado, en ningún momento, ningún dato y ninguna evidencia.

Démosle el tiempo necesario para que la Procuraduría General de la República arroje la investigación, démosle tiempo antes de asumir una postura o acusaciones. Al final, nosotros no somos el Ministerio Público aquí en el Senado; sí somos hacedores de leyes; y por supuesto que buscamos que las leyes se hagan respetar; y somos los primeros, seguramente todos los Senadores de la República, en apostarle en una cultura de respeto a los derechos humanos.

Yo les pediría el tiempo para esperar a que la Procuraduría General de la República arroje el resultado de la investigación. Son unas cuantas horas que asumió este caso tan doloroso y tan lamentable.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Reconociendo el tono correcto con el que se han expresado las y los Senadores, esta Presidencia recomienda que las siguientes se circunscriban al caso Ayotzinapa, de los hechos lamentables.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Ratificando lo que usted acaba de decir, y con respecto a mis compañeras y compañeros Senadores, esto no es un debate sobre las incapacidades de doce años del pasado, o las frustraciones de dos años del presente, este es un debate sobre el futuro, es un debate sobre Iguala, y es un debate sobre los jóvenes de nuestro país.

Por eso es tan importante y tan grave lo que estamos discutiendo el día de hoy. Iguala de la Independencia es el lugar de la República donde hoy menos se puede hablar de libertad, su raíz náhuatl, “donde serena la noche”, pierde todo su sentido; nunca había estado más lejana de su significado. Iguala, cuna de la Bandera Nacional, nos obliga hoy a repensar el significado del color rojo de nuestro Lábaro Patrio, capital alguna vez de Guerrero, la primera de la historia de ese estado, hoy es la capital del horror de nuestro país.

Y no exagero, hay características particulares en este negro episodio que lo ubican en un grado distinto de la tragedia; eran jóvenes, eran pobres, eran hijos de campesinos, eran estudiantes. En cualquier otra parte del mundo democrático al que aspiramos pertenecer, ellos hubieran sido objeto de la mayor atención de todos los niveles de gobierno y de todos los poderes del Estado.

Ellos, en cualquier otro rincón del mundo al que queremos y aspiramos pertenecer, hubieran sido atendidos para que sus talentos y sus esfuerzos fueran el ancla del futuro de la Nación. Pero en Iguala, en México la historia es muy diferente, en Iguala los secuestraron, en Iguala los torturaron, en Iguala los mataron, ¿Por qué? ¿Por qué es esto posible en nuestro país? ¿Por qué las instituciones no son capaces de evitarlo?

Luis Hernández Navarro hoy ofrece una respuesta sencilla, pero contundente, porque quienes secuestraron, quienes torturaron, quienes mataron, podían hacerlo porque no les costaba absolutamente nada; porque se erigen en la base que ha gobernado ya muchos espacios de nuestro país, y esa base tiene ángulos muy claros: corrupción, impunidad, violencia y complicidad.

Como lo mencioné en una de mis intervenciones anteriores, refiriéndonos a los 101 años del asesinato de Belisario Domínguez, los nuevos usurpadores del poder ya no llevan el apellido de Huerta, los nuevos usurpadores los representan el crimen organizado y su inaceptable pretensión de ocupar posiciones de mando, su inaceptable pretensión de decidir el rumbo y el desarrollo de comunidades y sociedades, de hacer y aplicar su propia ley; fusión y confusión de autoridades con el crimen, fusión y confusión sobre quién es quien debe decidir el futuro de nuestra sociedad. Esa es la mayor amenaza que hoy tenemos a la gobernabilidad.

Y lo mismo ha ocurrido en Michoacán, en Jalisco, en Nuevo León, y en muy diversos puntos de nuestra geografía, como sucede hoy en Guerrero. Si no atajamos esta amenaza, compañeras y compañeros, la amenaza a la propia viabilidad del Estado, si consentimos por acción o por omisión que criminales asciendan en la escala de decisiones públicas, lo que ha ocurrido hoy en Iguala será la historia de todos los días.

Nuestra solidaridad y apoyo a las familias y a la comunidad de Iguala y la Escuela Normal de Ayotzinapa, nuestra solidaridad por estos condenables hechos. Pero hay que ser claros, ellos no esperan nuestra solidaridad, ellos no esperan nuestras condolencias, no es suficiente para ellos y no debería de ser suficiente para nosotros. A la responsabilidad jurídica de quienes cometieron estos salvajes hechos debe de venir también un minucioso análisis para conocer a los responsables políticos.

Hoy, ya lo había dicho, celebramos 101 años del asesinato de Belisario Domínguez. El pagó con su vida decir la verdad, él pagó con su vida llamar a las cosas por su nombre; y hoy más que nunca es necesario que los Senadores y las Senadoras sigamos su ejemplo.

En esa búsqueda no podemos continuar con este juego de espejos en el que simplemente señalo los errores de mis adversarios, pero omito señalar los de mis correligionarios, o no señalo los errores de mis adversarios para evitar que éstos señalen los míos o los de mis aliados; además de la impostergable investigación y el castigo que esperan los mexicanos a los responsables, debe venir un delicado trabajo de reconstrucción de la unidad y la cohesión social, de valorar el papel social y académico de las normales rurales no solo la de Guerrero, sino las de todo el país y, sobre todo, dejar de criminalizar su lucha reivindicatoria, que nunca más en este país se vuelva a establecer aquel principio que durante los últimos años se convirtió en regla, en la que toda víctima es sospechosa de su propia muerte, porque así es más fácil olvidarse de ella.

Este crimen, sin duda, debe de ser la más poderosa advertencia de que nos queda poco tiempo, todos los ámbitos de gobierno tienen responsabilidad en Iguala, todos los poderes tenemos responsabilidad en Iguala y no podemos eludirla.

Nunca más otro Aguas Blancas, otro Acteal, otro Villas de Salválcar, otro Casino Royal, otro Bar Heaven, otro Tlatlaya u otro Ayotzinapa. Eso es lo que esperan los mexicanos y a ellos les debemos una respuesta muy clara.

Muchos temas deberían de estarse discutiendo y ojalá formen parte de la agenda de este Senado de la República; cohesión social, inversión productiva local, prevención, unidades de inteligencia financiera autónomas en los estados, no es una agenda que haya estado en la discusión, por lo menos en lo que va de este año, ojalá también la retomemos.

Finalizo con la trágica ironía de nuestro Himno Nacional, que hoy dibuja lo que no queremos ver repetido en ningún otro lugar de nuestra Nación.

Su coro número noveno, en su versión original que decía: “Y de Iguala la enseña querida, a su espada sangrienta enlazada de laurel mortal coronada, formará de su fosa la cruz”.

Tengamos siempre presente estas líneas, porque tenemos responsabilidad con el horror.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Tiene el uso de la palabra el Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Con su venia, señor Presidente.

Hechos lamentables que nos ponen en los límites de la barbarie; y esto ocurre en pleno siglo XXI. Hoy tenemos la pérdida de la vida de decenas de jóvenes mexicanos, fusilados y masacrados; es un hecho que no podemos permitir que pase inadvertido y que, como muchos otros hechos, se juegue a que el tiempo haga que ya nadie los recuerde.

A los Senadores del PRI les digo que en Ciudad Juárez la violencia se dio con gobierno municipal y estatal priísta; y se los recuerdo, se controló cuando permitieron trabajar al gobierno de la República panista, sí, en ese momento se empezó a controlar la situación; pero los gobiernos locales, mientras no permitieron ese trabajo al gobierno federal, sufrieron sus ciudadanos, esa violencia....

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Senador Francisco Búrquez, permítame un momento.

Está pidiendo la palabra la Senadora Graciela Ortiz, ¿con qué propósito?

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Solamente, señor Presidente, para hacerle una pregunta al Senador Búrquez Valenzuela, que parece conocer muy bien el tema de mi tierra, si me la permite; y si no pedirle que me permita subir para hechos de manera posterior.

Senador Búrquez Valenzuela, ¿acepta la pregunta?

- El C. Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Por supuesto.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Adelante, Senadora Graciela Ortiz González.

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) ¿Usted sabe, Senador, que Chihuahua tuvo, antes de llegar el auxilio del gobierno federal, dos años y medio incendiado sin una sola respuesta del gobierno federal? ¿Sabe usted cuántos jóvenes murieron en Chihuahua ante esa ausencia? ¿Tiene usted idea de lo que vivieron las familias chihuahuenses en el total desamparo del gobierno federal que nunca asumió su responsabilidad de ser el primer facultado por la Constitución y por las leyes de este país para tratar los problemas del narcotráfico? Hay que conocer los hechos para venir a hablar de ellos con conocimiento, pero sobre todo, con sensibilidad.

Siguen habiendo madres de familia, padres de familia que todavía lloran la muerte y la ausencia de sus jóvenes, por una ausencia de acción que nunca llegó.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Puede usted contestar, Senador Búrquez Valenzuela.

- El C. Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Sí, precisamente de eso quiero hablar. De cómo un partido en el gobierno se justifica y se quiere justificar echándole la culpa a otros, cuando sus gobiernos locales tenían una gran responsabilidad; y precisamente de eso quiero hablarles.

Ahora resulta que el PRI se justifica de no poder enfrentar esta situación de ingobernabilidad en nuestro país, por la situación en que recibió al país, de los gobiernos anteriores, gobiernos del Partido Acción Nacional.

Yo le recuerdo que hace dos años dejó de gobernar el Partido Acción Nacional, que ahora la responsabilidad es del PRI, del gobierno emanado del PRI; es inaceptable que quieran eludir esa responsabilidad. El gobierno federal tiene que ir a hacerle frente a esta situación y no se vale ninguna justificación.

¿Dónde está el gran proyecto de policía nacional acreditable y muchos otros proyectos que decidieron dejarlos a un lado?, lo suspendieron y lo advertimos, el PRI no puede venir a decir que ahora tira la toalla, cuando lo que dijo, y lo dijo a todos los mexicanos, es que el PRI sí sabía cómo gobernar.

Nosotros le hemos dado todo el respaldo, hemos aprobado todo lo que necesitan ustedes para enfrentar a la delincuencia...

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Senador Búrquez, perdón, solo para efecto de la contabilización del tiempo, ¿ha dado respuesta a la pregunta de la Senadora Ortiz y está en la intervención?

- El C. Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Sí lo di, la primera parte, era para eso.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Puede iniciar el conteo, porque no me hace caso el reloj.

- El C. Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: No hay cuidado, vamos a terminar pronto.

La delincuencia hoy se agrava, la delincuencia se apodera de policías y gobernantes, el gobierno federal tiene que actuar.

Además de esto, recibió una economía sana, y hoy la economía se desmorona. ¿Dónde está el gobierno de la República? ¿Dónde están los que sí sabían gobernar?

Ahora nos piden unidad a toda la clase política, que no es unidad, pero la unidad de los hechos, cuando les aprobamos todo lo que ustedes nos plantean para poder enfrentar a la delincuencia y hacerle frente a los problemas de México; les hemos dado todo lo que han pedido.

No tienen pretexto, ahora les pedimos resultados; no vamos a permitir que haya impunidad, tenemos que hacerle frente y le exigimos al gobierno federal que actúe.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Dígame, Senadora Graciela Ortiz.

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Para rectificación de hechos, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Se han registrado para rectificación de hechos las Senadoras Graciela Ortiz González y Luisa María Calderón Hinojosa. La exhortación, centrémonos en el debate de Ayotzinapa, pero tienen libre expresión de manifestar su dicho en tribuna.

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente.

Muchas gracias por esta posibilidad, no solamente de retomar lo que me parece que es sustantivo esta tarde, que es el debate sobre cómo debemos de atender un tema que ya dijimos, nos parece, debe de congregarnos a todos, sino también para rectificar algunos hechos que son importantes.

Voy a empezar primero con el ejemplo de mi estado, lamento que tenga que ser mencionado como referente, pero creo que vale la pena recordar que en el estado de Chihuahua, por razones de posición o desempeño de posiciones, me tocó trabajar, por indicaciones del señor gobernador del estado, en lo que era la tarea de coordinación de las fuerzas federales locales y municipales, en el tema de contención y de atención del tema de seguridad.

Me tocó trabajar con un gobierno federal del PAN, efectivamente en el gobierno del estado, un gobierno priísta, y en Ciudad Juárez y en algunos otros municipios, gobiernos priístas, y en la Ciudad de Chihuahua, capital, gobierno del PAN.

Entonces, tenemos referentes en uno y en otro sentido. Solamente dejo como referencia que en materia de coordinación de seguridad el problema no era coordinarnos los dos órdenes de gobierno estatal y municipal, el problema tampoco era por parte del estado el coordinarnos con la Federación, el problema era que la federación se coordinara entre sí.

Y tuvimos en la mesa de la Secretaría General de Gobierno problemas de coordinación entre las fuerzas federales, entre el Ejército, entre la Policía Federal, entre las fuerzas que por parte del gobierno federal deberían de atender el problema.

Por fortuna esa mesa sirvió para que todos entendiéramos, como yo espero que entendamos a partir de esta discusión, que el problema que se estaba discutiendo era más grave que las posiciones de orden partidista; que el problema que se estaba discutiendo requería de todos nosotros, como lo dije desde el inicio, altura de miras, compromiso y generosidad con la población y no posiciones de orden partidista. Y ojalá lo logremos esta tarde, ojalá logremos ponernos por encima de lo que son las disputas de orden territorial y de orden político, y pensemos en esos cientos, miles de jóvenes.

Y lo reitero una y otra vez, porque son madre de familia, porque soy ciudadana que le importan sus hijos, que le importan los jóvenes de este país, ojalá tengamos esa altura de miras, esa generosidad, ese deseo de trascender mezquindades y atender aspectos sustantivos para el país.

Creo, compañeros, y los invito a ello, porque podemos durante todo el día, y traigo cifras acá, durante todo el día podemos manejar cifras en uno y en otro sentido. El tema importante y trascendente es qué hacemos, qué hacemos en este momento de la República, como lo hicimos ayer, como lo hicimos pensando en cómo resolvíamos los problemas y no cómo responsabilizábamos a alguien.

Volvemos a reiterar, el gobierno de la República, que encabeza nuestro Presidente Enrique Peña Nieto, está atendiendo de la mejor manera un tema que no fue fácil ni sencillo cuando se asumió el poder en este país. Los invitamos a que nos sumemos todos en un propósito muy superior, en un objetivo muy superior que trascienda nuestras mezquindades, que trascienda nuestra coyuntura y nuestra circunstancia.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Ortiz González.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, desde su escaño.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Le agradezco, señor Presidente.

Reconozco la rectificación de posición de la Senadora de Chihuahua, me parece que es una posición muy seria la que ha tomado en esta segunda intervención.

Y sí creo que nadie ha dicho que es fácil gobernar; y como yo dije en mi primera intervención, creo que tenemos que ser prudentes y recuperar lo que los otros han hecho. Ningún gobierno puede empezar a construir la historia a partir de que nació.

Y respecto de Chihuahua yo diría que antes, cómo en el 2003 ó 2004, se mandó una comisión plural, con distintas dependencias de gobierno, a atender de fondo el tema de las mujeres asesinadas en Juárez; y a partir de ahí se fue construyendo un modelo plural, interinstitucional, que pudiera acompañar a Juárez reconociendo su composición compleja de frontera permeable, de muchas mujeres trabajando, en fin, de narcotráfico presente.

Se construyó un modelo de recomposición de la cohesión social que nunca se abandonó.

Se fue trabajando en él y hoy es el modelo Juárez que se siga aplicando en los polígonos de población vulnerable al narcotráfico.

Lo que quiero decir es que ni la historia empezó en 2000. Yo podría decir que antes de 2000, en los 90’s, en Michoacán el número de ejecuciones era de más o menos 34 por 100 mil habitantes; en 2012 se había reducido a 18 por cada 100 mil habitantes.

El tema es que no podemos seguir culpando al de enfrente, no podemos culpar al anterior. Pero tampoco podemos decir que una estrategia mediática pueda resolver el problema.

Yo ratifico mi posición inicial, necesitamos sumarnos a una estrategia todos, una estrategia integral de prevención, de recuperación de valores esenciales de vida. Y también reconocer que las propias fuerzas armadas tenían problemas de coordinación y, también, lo siguen teniendo en el presente.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros.

Iguala, Tlatlaya, Apatzingán, son municipios de una misma región, de la región conocida como Tierra Caliente. Esta región está compuesta en Guerrero por 9 municipios, en el Estado de México por 5 y Michoacán por 17.

Y ustedes han escuchado en los últimos años noticias graves, todas ellas de esta región.

Se sabe hace muchos años, y hablo de décadas tal vez, de que es una región productora de estupefacientes, es una región con características no solamente de geografía, sino culturales que coinciden. Hace décadas, insisto, se sabe de estas actividades.

¿Qué pensaban estas personas, estos policías municipales cuando asesinaron a estos jóvenes estudiantes, cuando se llevaron a otros tantos?

¿Qué pensaban los militares cuando asesinaron, cuando ejecutaron a unos presuntos delincuentes?

¿Qué pasaba por su mente en ese momento?

Casi puedo adivinar lo que pasaba por su mente. Y era la palabra impunidad, impunidad que aliente la criminalidad, eso es lo que pensaban.

Pensaron que estos hechos no se conocerían, que no iban a trascender. Seguramente que pensaban eso. Ese es el motor que alimenta la delincuencia, la impunidad.

La lentitud con que se ha actuado se ha reaccionado ante estos dos hechos de esa misma región de Tierra Caliente, dibuja en mucho lo que sucede en este país; he incluso, en el caso de Tlatlaya, la intención de encubrir el hecho por parte de diversas autoridades.

El gobierno del Estado de México sostuvo hasta el último momento que había sido un enfrentamiento aun cuando ya se sabía por la Agencia AP, de que había sido una ejecución extrajudicial lo que había sucedido.

Aun cuando ya había testimonios de gente que presenció el hecho, en el gobierno del Estado de México se negaban a reconocerlo para encubrirlo.

Bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿cuándo reaccionó ante lo de Tlatlaya? Cuando se percató de que era un tema que daba para los medios, un tema mediático; y entonces se metió el Ombudsman.

Por cierto, que está haciendo sus investigaciones y dio un poco más de un mes para que nos diga qué pasó.

Pero más allá de estos hechos, creo que no estamos aquí para buscar los culpables, no es el momento de entre nosotros: “quién tuvo la culpa, si el gobierno federal, si los gobiernos estatales, si los partidos políticos, si es la culpa de este gobierno, de este sexenio o es la culpa del gobierno del sexenio pasado”.

Recuerdan ustedes hace pocos días cuando discutíamos una modificación al Código Penal Federal, aquí acusamos desde la posición de incrementar la penalidad por secuestros no solucionaba absolutamente nada, y más bien era una actitud frívola para que el Partido Verde Ecologista cumpliera la promesa de campaña, así lo dijimos.

Apoco creen ustedes que estos delincuentes se ponen a pensar en que les pueda alcanzar la justifica y se les va a aplicar 150 años de cárcel; por supuesto que no, porque saben estos delincuentes que hay impunidad.

Este Senado, creo yo, tampoco ha estado a la altura de las exigencias.

Recuerden, la impunidad, insisto, es lo que nos lleva a un estado así, 2 por ciento de los delitos, apenas el 2 por ciento de los delitos de este tipo se castigan, de secuestros.

¿Qué pensaron entonces los policías municipales de Iguala al asesinar a estos jóvenes?

¿Qué pensó ese Presidente municipal?
          
¿Qué pensó la esposa del Presidente municipal?

Pues pensaron en eso, en que hay impunidad, en que no pasa nada, en que reina la impunidad en el país.

Por eso es tan importante este debate, por eso me parece bien que hagamos estos espacios para tratar de dar luz al verdadero problema, el verdadero problema que es el tráfico de armas que se sigue dando desde Estados Unidos a nuestro país; el verdadero problema que es la corrupción de las procuradurías, de las policías, de aquellos que son responsables de velar por la seguridad de las familias; el problema que es la incapacidad de responder por parte de los diversos órganos de gobierno. Y entonces me pregunto: ¿es una debilidad que nosotros reconozcamos que hemos sido rebasados por la acción criminal?

Es en verdad debilidad de conocerlo o es el inicio de la voluntad para encontrar una salida.

 Señoras y señores, compañeras y compañeros, la sociedad hoy está indignada, está dolida por tantas y tantas vidas perdidas, no hablo de las de estos días, hablo de las de ya unos años atrás.

Y veo que en este Pleno hay voluntad de reconocer y hacer un planteamiento serio y honesto; se está construyendo, me dicen que ya lo tienen, me parece que hay que dar reconocimiento a este debate.

Más allá del pésame para las familias de Tlatlaya e Iguala, creo que tenemos la responsabilidad y de por lo menos, mi compromiso de hacer con ellos, de comprometerme ante ellos; para hacer lo que corresponda para que esto no se repita y espero que todos lo compartamos.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Sánchez Jiménez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

He escuchado con atención, durante el desarrollo de esta sesión, las intervenciones de todas y todos ustedes; he compartido con mis compañeros Senadores en sus escaños de que coincidimos todos en que es una realidad que nos lastima. Pero particularmente como mexicano, como guerrerense, me sumo a las miles de voces que lamentamos, reprobamos y repudiamos  estos acontecimientos.
      
Esto no debe de suceder, nunca debió de haber sucedido por las razones o responsabilidades que fuese, por acción de un gobierno municipal en función de la división o los niveles de responsabilidad de gobierno, como lo señala el artículo 115 constitucional, de que los estados para su ordenamiento o régimen interno como gobiernos, se instituirán en los municipios que tienen autonomía, patrimonio y que, al mismo tiempo, tienen también la figura de policía municipal; o quizás también por omisión.

Pero más allá de la responsabilidad de quienes tienen la competencia de atender el crimen organizado, de los que fueron en el gobierno del ayer o en el gobierno del presente, hoy Guerrero le pide, los guerrerenses le pedimos a los mexicanos su más profunda solidaridad. Le pedimos a todas las instituciones, organismos públicos autónomos, descentralizados, a todos los niveles de gobierno, que sumemos esfuerzos, ya no tengamos mezquindades en aportar lo necesario a los estados del sur y particularmente al estado de Guerrero.

Lo han expresado aquí con anterioridad, acompañado de la marginación, de la pobreza, ausencia, olvido y de la falta de oportunidades, acompañado de lo que la historia nos ha dado, de los diferentes acontecimientos, hasta de la guerrilla en los años 70’s, hoy aparece el caso de Iguala; Iguala que es cuna de nuestra independencia, Iguala que es el cuarto municipio más importante para el estado de Guerrero, hoy se encuentra envuelto en todos los señalamientos de la opinión pública de lo que nunca debió de haber sucedido.

La realidad ahí está, jóvenes que perdieron la vida, muchos heridos, 43 jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos; la realidad que lastima de que muchos de ellos perdieron la vida.

Pero como los códigos que tienen las organizaciones o hasta en la ética que existe la vida, hay maneras de cómo se pierde la vida; y los acontecimientos de Iguala tienen la marca, tienen el sello de la actitud despiadada de cómo quitar la vida.

Eso es lo que debe de llamarnos a todos para sumar esfuerzos.

La manera de cómo perdieron la vida esos tres jóvenes, estudiantes, particularmente uno de ellos que terminó desollado; y el encuentro de cerca de 28 cuerpos en las fosas clandestinas y la información que se tiene de la Procuraduría del Estado debe de llevarnos y conllevarnos a una profunda reflexión.

A que el Estado mexicano, todos debemos de estar coadyuvantes, sumándonos a los esfuerzos en el caso concreto de Guerrero. Va, pues, desde este espacio, sumándome a las voces de ustedes, nuestra solidaridad a las familias de quienes lamentablemente perdieron la vida o de quienes sus hijos se encuentran desaparecidos.

El dolor humano que hoy enluta a las familias por sus seres queridos, enluta también al pueblo de Guerrero y estoy convencido también que al pueblo de México.

Nuestra más enérgica condena y solicitud de que se lleve a cabo la investigación necesaria, no nada más para el esclarecimiento de los hechos, sino para poder castigar a los responsables.

Los guerrerenses, en verdad, no merecemos, y mucho menos los jóvenes estudiantes, que estos lamentables acontecimientos sucedieran.

¿Dónde está el principio de responsabilidad o de las culpas o del por qué sucedieron las cosas? Nosotros consideramos que el principio de responsabilidad sin pretender, desde luego, delimitar responsabilidades de nadie, el principio de responsabilidad se encuentra en la Policía Municipal porque así ha quedado plenamente acreditado. Es importante decirlo, porque tampoco vamos a aceptar como guerrerenses, o particularmente mi responsabilidad como representante popular, que se tomen acusaciones por todos lados, y que en las acusaciones vaya la especulación, el interés político o quizás partidista.

No pretendo ser vocero de otros Poderes o responsabilidades de gobierno, pero nos preocupa la estabilidad social en Guerrero; y consideramos que los señalamientos que se han hecho públicos hacia los tres niveles de gobierno, de acuerdo a las últimas investigaciones, deben de estar presentes más en la responsabilidad del gobierno municipal.

Nosotros como guerrerenses y como parte que fui de la actual administración del gobierno del estado que encabeza Angel Aguirre Rivero, puedo compartirles que desde el primer momento todos, hasta los ciudadanos, sociedad civil cuando nos enteramos de estos hechos nos sumamos al esfuerzo de poder coadyuvar en lo posible para encontrar a estos 43 jóvenes.

Ahí están los resultados de la Procuraduría de Justicia del Estado; se detuvieron de manera inmediata a 22 policías y muchos de ellos vinculados, y a otros 8 más que hacen un número de 30 y la información que se tiene es que fue gracias a la detención oportuna de estas personas de cómo dieron la información de donde estaban las fosas clandestinas y dieron con los resultados que todos ustedes ya conocen.

Por eso es que pedimos una investigación profunda y completa. Qué bueno que hoy, 8 días después de estos lamentables acontecimientos, la Procuraduría General de la República atrajo el caso, aunque deba hacer la observación o consideración, que desde un principio, desde que se dieron los hechos por haber existido armas de alto calibre o por la forma de cómo perdió la vida uno de los jóvenes que terminó desollado, consideramos que debimos de estar presentes todas las instituciones en la coadyuvancia con el gobierno del estado.

Yo quiero concluir mi intervención, que lo más importante ahorita es, lamentando primero lo sucedido y de quienes perdieron la vida, hoy lo más importante es que podamos encontrar a los 43 jóvenes desaparecidos.

Que se aplique la ley, que haya justicia, pero al mismo tiempo, que podamos generar opinión todos y que no alentemos a lo que ya se vive en Guerrero, no alentemos la inestabilidad o las opiniones en acusaciones sin fundamento para quienes pretendan con intereses políticos pretender generar ingobernabilidad.

El pueblo de Guerrero nos vamos a organizar, porque soy parte de ese sector social, y no vamos a aceptar que en la antesala a un proceso electoral, el 2015, porque habrá elecciones para gobernador, no vamos a aceptar y lo denunciaremos de manera pública, si partidos políticos o los propios políticos de diferentes colores pretendieran agarrar este lamentable acontecimiento para hacer señalamientos irresponsables que puedan confundir a la ciudadanía.

Aspiramos entonces, amigas Senadoras y Senadores, a que podamos verdaderamente alcanzar la oportunidad de que sea una investigación profunda, seria, responsable; y me quedo con la confianza que la aportación del gobierno del estado y sobre todo ahora que la Federación, la Procuraduría de la República ha atraído el caso, que será una investigación que pueda dar los resultados inmediatos.

Ya no queremos más violencia en México, particularmente en Guerrero. Los lamentables acontecimientos que sucedieron en Iguala con los jóvenes estudiantes nos deben de conllevar a una profunda reflexión.

Es tiempo también, sí, de pedir justicia, pero también es tiempo de que promovamos la unidad de los mexicanos; es tiempo, también, de que hagamos un esfuerzo, todos, para que los estados del sur, perdón por ser tan reiterativo, pero aquí lo compartieron con anterioridad allá donde están los pueblos originarios, Pacífico Sur, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, es tiempo también que podamos darles a los hombres y mujeres de estas tierras una mayor oportunidad de cómo podamos vivir mejor.

Como guerrerense y a nombre de los guerrerenses, pido con humildad que todos podamos sumarnos a las voces de que se haga justicia, pero que también de que todos podamos sumarnos a las voces de que los guerrerenses queremos vivir en paz y que queremos trabajar a favor del derecho a la vida y que se generen las mejores condiciones de cómo vivir mejor, y que esos lamentables acontecimientos nunca, nunca más vuelvan a suceder en ninguna parte del territorio nacional.

Muchas gracias y buenas tardes.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Ramírez Hernández.

Tiene el uso de la palabra el Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Enrique Burgos García: Con su permiso, señor Presidente.

En esta sesión en la que ha habido muchas voces, todas importantes, todas respetables; si me permiten yo diría, una opinión personal, de lo que yo extraería.

Por un lado una solidaridad absoluta y un respeto absoluto con quienes en este momento transitan por horas de dolor; por las familias de las víctimas, por sus amigos, por los guerrerenses que son en primera instancia los que resienten el impacto de estos fenómenos.

Cuando se habla de lamentar los hechos, yo diría no es para lamentarlos, es para condenarlos enérgicamente es para señalarlos y para advertir que esto es lo que no debe de ocurrir. Exigencia de una investigación puntual, rigurosa; exigencia de que se acredite a suficiencia las presuntas responsabilidades y las sanciones que procedan; vigencia y aplicación de la ley.

No solamente es toda la fuerza del Estado, es la fuerza misma de la ley.

Es la hora y aquí se ha dicho también, de que nos respaldemos. Respaldar a la autoridad federal, como ayer lo propuso y lo instruyó a sus colaboradores el propio Presidente de la República, de manera muy significada y muy puntual.

Hacer lo necesario para sancionar a los responsables.
          
Nunca, jamás, nadie, ningún mexicano de bien podrá, ni deberá tolerar el reto, que ése es el tema, el reto que hace la delincuencia a la ley y al estado de derecho; este es el verdadero fondo del asunto.

Lo digo con respeto y nos lo aplicamos todos, no es el momento de un debate de matiz electoral.
          
La Nación padece un cáncer, la Nación padece una enfermedad seria, que se ha venido gestando por años, que se ha encarnado. Nadie genuinamente puede sentirse ajeno, ni extraño, ni indiferente, es una realidad que a todos nos alcanza.
          
Tampoco se vale, ahora, distribuir y repartir culpas, no en este momento, no en este día. No en este debate.
          
El riesgo sería extraviarnos en lo coyuntural, sin tocar el verdadero fondo del asunto. El enemigo es la delincuencia organizada; el enemigo que reta al Estado y reta a la ley, es la delincuencia organizada.

Por eso requerimos, ahora, una reflexión de todos y de fondo.

¿Debe prevalecer o no el estado de derecho?

La respuesta es puntual. El estado de derecho debe prevalecer, como los antiguos doctrinarios, como los antiguos doctrinarios y es válido, sobre todo y sobre todos.

No hablamos del gobierno, estamos hablando del estado de derecho y del riesgo que se corre de no enfrentarlo todos, los partidos políticos, los que tengan distintas responsabilidades en la función gubernamental.
          
Yo recuerdo alguna expresión de don Jesús Reyes Heroles, porque aplica, ahora, en mi opinión, “hay momentos en los que tenemos que tolerarnos en medio de nuestras diferencias”.
          
Alguna vez dijo Reyes Heroles, y lo dijo en Guerrero, precisamente: “Cuando no se tolera, se incita a no ser tolerado y se abona el campo fratricida de la más absoluta intolerancia, de todos contra todos”.

Este Senado ha contribuido y ha hecho un ejercicio relevante, con el afán y con ánimo de aportar para el pueblo mexicano, expectativas de vida digna y más promisoria.
          
Por eso, lo único que hoy no podemos tolerar, son hechos como los que acontecen en Guerrero.

Yo haría, señor Presidente, a mis amigas y amigos Senadores, una petición respetuosa, para que con ceñimiento a nuestra ley, a nuestra competencia, a nuestros escenarios, respaldemos una propuesta que proponga la Mesa Directiva y fije con toda nitidez la posición del Senado mexicano, la posición del Senado de la República y el esfuerzo conjunto de que por todo y sobre todo, y perdonen el latinajo, super omnia decían y super omnibus, prevalezca el estado social de derecho.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Burgos García.

La Cámara de Senadores no ha sido ni será omisa ante los hechos de Iguala.

Se ha hablado del horror de estos hechos. Se expresó una condena y una exigencia de justicia unánime. Fue unánime, la necesidad del fincamiento de responsabilidades a servidores públicos, sean quien sean.
      
Se habló de la solidaridad con los familiares de las víctimas, de la urgencia de una justicia clara y expedita, de la necesaria y obligada transparencia en las investigaciones, de la corresponsabilidad en el esclarecimiento de los hechos, de los órdenes de gobierno federal y estatal.
      
Las y los Senadores, tenemos que acreditar, ante la sociedad, que vamos a involucrarnos para conseguir el esclarecimiento de los hechos a través de una investigación profunda, una investigación que lleve a los responsables a la cárcel, al fincamiento de responsabilidades.

En esa virtud, como se informó al inicio de las deliberaciones, los grupos parlamentarios construyeron un punto de Acuerdo de consenso.

Durante las intervenciones se dijo, que las comisiones con competencia relacionada con estos hechos, como son la de Derechos Humanos y la de Seguridad Pública, conservan, sin duda, su derecho y su obligación para poder actuar en relación al esclarecimiento de los mismos.

Por tal motivo, a la lectura que dará la Secretaría, sobre los resolutivos consensados entre los grupos parlamentarios, esta Mesa Directiva sugiere se agregue un último, que diría así:

“Se deja en aptitud a las comisiones que corresponda del Senado de la República, para que en el ámbito de su competencia atiendan lo relativo a este lamentable acontecimiento”

Así es que, con ese agregado, le voy a pedir a la Secretaría dé lectura a la propuesta consensada entre los grupos parlamentarios.

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Doy lectura a los puntos de Acuerdo.

Caso Iguala, Guerrero.

Primero.- El Senado de la República expresa su más amplia solidaridad a los familiares de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa y de las personas que perdieron la vida en los lamentables, dolorosos, indignantes e inaceptables hechos de violencia cometidos en la ciudad de Iguala, Guerrero, el pasado 26 y 27 de septiembre del año en curso.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Guerrero a que las investigaciones se conduzcan con estricto apego a la legalidad, con profesionalismo, y se aplique la ley a los autores materiales e intelectuales, asimismo, a quienes por acción u omisión tuvieron algún grado de participación, evitando que estos delitos queden impunes, garantizando siempre los derechos de las víctimas y sus familias.

Tercero.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención de Víctimas, para que haga uso de sus facultades conferidas por la ley, a fin de garantizar a los afectados por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero; sus derechos de asistencia, asesoría jurídica, protección, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia.

Cuarto.- El Senado de la República solicita que las investigaciones que se llevan a cabo, se realicen en un marco de transparencia, celeridad, objetividad y comunicación continua con la sociedad, con el objetivo y objeto de identificar y sancionar conforme a derecho a quienes resulten responsables.

Asimismo, que se informe a esta Soberanía sobre el avance y resultados de las investigaciones. Para ello se propone conformar un grupo de trabajo plural dentro de la Comisión de Gobernación, con el objeto de coadyuvar con las autoridades para el logro de estos propósitos.

Finalmente, se mandata a celebrar una sesión de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, en la que se aborde la situación de la seguridad pública en el estado de Guerrero”.

Se adhiere la propuesta en un último párrafo leída por el Presidente: “Se deja en aptitud a las comisiones que corresponda del Senado de la República, para que en el ámbito de su competencia atiendan lo relativo a este lamentable acontecimiento”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Solamente para hacer dos muy pertinentes agregados:

En el primer párrafo no se menciona el caso de quienes están desaparecidos. Me parece que tiene que mencionarse con puntualidad que vaya en contexto de este punto de Acuerdo, que se garantice la seguridad, también, de las y los familiares de las víctimas sobrevivientes. Y por supuesto, el último punto es necesario que el informe no solamente se dé a la sociedad, sino que se dé de manera permanente y puntual a familiares de las víctimas de los estudiantes desaparecidos y también haya una reparación integral del daño.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Permítame, Senadora Angélica de la Peña, si se refiere al primer punto, solicito que se agregue y que así se presente para su valoración el término de “perdieron en la vida” y “desaparecidos, hasta el momento”.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente, es que no tenemos el documento y es muy difícil pescar la lectura.

Yo creo que lo que tenemos que cuidar en la redacción, desde mi punto de vista, es que hay que separar claramente y no dar por hecho que los cuerpos que fueron encontrados en las fosas pertenecen a estudiantes, eso no puede ser, hay que cuidarlo; debe quedar puntualizado en el punto.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Le propongo, Senadora Angélica de la Peña, que haga usted las observaciones, ya que tiene el documento, y las que sean atendibles se agregan, con mucho gusto.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Quiero hacer un comentario acerca de este punto de Acuerdo, porque después de escuchar las vehementes participaciones de mis compañeros en las que se desbordó muchas veces la indignación, me parece un punto de Acuerdo demasiado light, como dicen ahora, tan banal e inútil como el discurso de Peña Nieto, tratando de convencer a la comunidad internacional, eso y nada, para mí, es lo mismo; se dice aquí que el Senado no es omiso; no, es solamente sumiso.

¿Qué se pide?

Que se investigue, que se señalen a los culpables, que nos informen, que se apoye a las víctimas, que estemos unidos, que seamos lindos; nada sustancial y contundente.

Y aquí no es, y mi muy respetable el Senador Burgos, de las personas que más respeto en esta Cámara, pero cuando él dice, no es el momento de buscar culpables, y por ahí se repitió la misma frase, esto no es de ocurrencias, aquí la ley dice, en el artículo 21 de la Constitución, que la organización de la seguridad pública debe estar compartida con los niveles municipal, estatal y federal; pero que el responsable de la seguridad pública es el Poder Ejecutivo, y el principal responsable es Peña Nieto; y que lo que tendríamos que estar haciendo es estar exigiendo respuestas inmediatas de su parte, objetivas, puntuales, con tiempos, y que él reconozca que su política de seguridad es un fracaso.

Creo que tiene visión política militarista, y no visión política social.

Y no se trata, para mí, de ver quién lo hizo bien y quién lo hizo peor, no, eso no es cuestión de partidos, esto es una cuestión de Estado, y me parece que estamos más preocupados por cuidar la imagen de Peña Nieto, que por responderle a los mexicanos que en medio de esta tragedia sólo están clamando justicia.

Ayotzinapa es el dolor de todos, pero ya se ve claro que es la responsabilidad de nadie.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Sansores San Román.

¿Con qué objeto? Senador Mario Delgado.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Para hacer algunas observaciones respecto al punto de Acuerdo que se ha leído, desde aquí en mi lugar.

A mí me parece que el punto de Acuerdo debe estar a la altura de los hechos que están ocurriendo, que quede claro que aquí se está entendiendo lo que está pasando en el país.

No puede aprobarse un punto de Acuerdo donde no haya una sola mención a los jóvenes desaparecidos. Algo mínimo que debería pedir el Senado es, que se vuelquen todas las fuerzas del Estado para encontrar a los jóvenes que están desaparecidos; no hay una sola palabra en el punto de Acuerdo al respecto, y eso me parece inaceptable.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Hay un consenso de los grupos parlamentarios para incorporar.

Pido una pausa de un minuto para hacer una redacción; es sobre lo mismo a lo que se refiere el Senador Delgado Carrillo.

Aclaro que la propuesta de documento la formularon los grupos parlamentarios.

Asamblea, voy a dar paso a un trámite ordinario de sustitución de integrantes de comisiones en tanto termina la redacción.





 

Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que propone modificación a la integración de comisiones.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Doy lectura al Acuerdo.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: Está a discusión el Acuerdo. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo mencionado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones referidas.

Voy a pedir que nuevamente se dé lectura a los resolutivos del punto de Acuerdo para que esta Asamblea quede enterada de su contenido final.

Quiero referir que en la construcción de este Acuerdo, intervinieron los siguientes representantes de los grupos parlamentarios:

Del Partido Revolucionario Institucional, el Senador René Juárez Cisneros.

Del Partido Acción Nacional, el Senador Javier Lozano Alarcón.

Del Partido de la Revolución Democrática, el Senador Armando Ríos Piter.

Del Partido Verde Ecologista, el Senador Carlos Alberto Puente Salas.

Del Partido del Trabajo, el Senador David Monreal Avila.

Adelante, señora Secretaria.

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Doy lectura a los resolutivos del Acuerdo:



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de Acuerdo anterior.

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Aprobado. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República.

Informo a la Asamblea que el jueves 9 de octubre realizaremos sesión solemne para recibir la visita del Presidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea.

Al terminar la sesión solemne procederemos a nuestra sesión ordinaria con la comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores para el Análisis del segundo informe de gobierno, en materia de política exterior.





 

Informo a la Asamblea que las iniciativas y propuestas inscritas en el Orden del Día se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL SOBRE TRATO DIGNO Y RESPETUOSO HACIA LOS ANIMALES Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL Y DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por los CC. Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Jorge Emilio González Martínez)

“La suscrita Senadora GABRIELA CUEVAS BARRON, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y el Senador JORGE EMILIO GONZALEZ MARTINEZ integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 8, numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL SOBRE TRATO DIGNO Y RESPETUOSO HACIA LOS ANIMALES Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL Y DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante los últimos años, el término de bienestar animal se ha incluido como uno de los pilares de la protección y el cuidado de los animales tanto en el ámbito jurídico nacional como internacional. Dicho bienestar se basa en la idea de que el ser humano tiene la responsabilidad de tratar digna y respetuosamente a los animales, brindándoles las condiciones que les permitan lograr su pleno desarrollo.

Con el propósito de impulsar este importante tema, la Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA, por sus siglas en inglés) elaboró la Declaración Universal sobre Bienestar Animal (DUBA), instrumento que establece principios básicos para crear una mayor conciencia a nivel individual y restringir las acciones que ejercemos sobre los animales. En esta Declaración se reconoce no sólo que los animales son seres que sienten y que, por tanto, merecen la debida consideración y respeto, sino también que los seres humanos coexistimos en este planeta junto con otras especies formando un ecosistema interdependiente.

En este sentido, los legisladores tenemos la responsabilidad de elaborar un marco legal de vanguardia que nos permita erradicar la crueldad animal y atender las necesidades de bienestar de estos seres. Como representantes populares, debemos pugnar por una sociedad más responsable hacia el trato de los animales, conscientes de que la cultura de un país se nota en el trato que se da a todos los seres vivientes.

Del análisis realizado por especialistas y organizaciones protectoras de animales se ha concluido que el tema del bienestar animal rebasa las cuestiones medioambientales y de salud pública para circunscribirse, principalmente, en la esfera de la ética ambiental y colectiva. En este sentido, las organizaciones que participaron en foros sobre protección y bienestar animal realizados durante la pasada Legislatura, convergen en la urgencia de contar con ordenamientos que propicien la convivencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza, especialmente con disposiciones que regulen el trato digno y responsable de los animales tomando en cuenta los múltiples problemas que se generan por el maltrato de estos seres.

En los últimos años hemos observado incontables escenas de maltrato hacia todo tipo de animales, escenas en las que observamos cómo se les inflige dolor, sufrimiento y estrés, ya sea por la negligencia de los responsables que no les brindan los cuidados básicos (como la provisión de refugio, alimentación o atención veterinaria adecuada), o bien, por actos de tortura o mutilación cruel e intencional. Estas acciones -que por sí mismas son injustificables y moralmente reprochables- no sólo afectan a los animales, ya que también pueden conllevar perjuicios a la sociedad como los siguientes: la sobrepoblación de animales en la calle; y la violencia que entre las personas ocasiona el maltrato sistemático hacia los animales.

Respecto al tema de la sobrepoblación animal, es necesario mencionar que ésta puede generar no sólo problemas medioambientales, sino también de salud pública y de convivencia social, principalmente por los ataques que puede sufrir la gente por animales que no se encuentran bajo el cuidado de personas responsables. Además, se tiene conocimiento de la transmisión de diversas enfermedades zoonóticas que se generan por el contacto directo de personas con animales que no reciben una atención veterinaria adecuada.1 Tan sólo en la capital del país se atienden cada año a cerca de mil personas por mordeduras de perros y existen alrededor de 120,000 animales callejeros,2 los cuales producen cientos de toneladas mensuales de excremento que pueden ocasionar enfermedades respiratorias y gastrointestinales como asma, conjuntivitis, parasitosis y salmonelosis.

Por otro lado, es importante decir que las acciones que se cometen en contra de los animales guardan cierta relación con la violencia que se ejerce hacia otras personas. De hecho, algunos estudios han hallado una relación entre la crueldad hacia los animales y la subsecuente violencia contra seres humanos. Esto hace ver que el cuidado de los animales no sólo es una cuestión ética o ambiental, sino un elemento más para evitar la cultura de la violencia.

Y una de las soluciones a los problemas arriba esbozados lo constituye la regulación del trato digno y respetuoso de los animales por parte de sus “guardianes” o “cuidadores”,3 quienes deben encargarse de satisfacer sus necesidades físicas, psicológicas y ambientales, así como de prevenir cualquier riesgo que puedan ocasionar a la comunidad (bien sea una potencial agresión, la transmisión de enfermedades o daño a terceros).

La importancia de estas acciones las podemos dimensionar si consideramos lo siguiente: que el número de perros otorgados por sus dueños a los centros antirrábicos representa el 80 por ciento de los capturados; y que en el periodo 2010-2012, en el Distrito Federal se sacrificaron 110 mil animales de compañía por los Centros Antirrábicos Veterinarios que dependen de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.4

Cabe agregar que en 3 de cada 10 casas hay un perro confinado, amarrado o viviendo en la azotea, mientras que sólo el 10 por ciento tiene dueños responsables (el resto pasa la mayor parte del tiempo en la calle sin los cuidados ni las vacunas necesarias). En el Distrito Federal, por ejemplo, tan sólo en dos años (2010-2012) la Brigada de Vigilancia Animal atendió 6,304 denuncias relacionadas con el maltrato animal, animales agresivos, entregas voluntarias, rescate de animales y animales silvestres y de compañía que causan molestia a la población.5

A lo anterior se suman maltratos como los infligidos a los animales que se utilizan en espectáculos públicos. Según datos de la organización Animal Defenders International (ADI), los animales que se utilizan en los circos padecen circunstancias como las siguientes: los caballos y ponis pasan hasta el 96 por ciento del tiempo atados a cuerdas de poca longitud; los tigres y leones pasan entre el 75 y el 99 por ciento del tiempo en jaulas situadas en los camiones; y los elefantes pasan desde el 58 al 98 por ciento del tiempo encadenados al menos de una pierna.6

Todas estas problemáticas evidencian la necesidad de formular una legislación que, desde el ámbito federal, siente las bases para que las leyes locales y los gobiernos subnacionales apliquen de manera coordinada y uniforme las mismas medidas de trato digno y respetuoso a los animales, fomentando así una nueva ética ambiental.

Marco jurídico actual

El Congreso de la Unión, en uso de sus facultades, ha reformado diversos ordenamientos para legislar en materia de protección y bienestar animal. Sin embargo, lo ha hecho sin un propósito claro ni una política homogénea. Por ejemplo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que la preservación y aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre debe considerar, entre otros criterios, el fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales con el propósito de evitar la crueldad en su contra, tema que debe regularse por los tres órdenes de gobierno de acuerdo al artículo 87 Bis 2 de dicho ordenamiento.

Por su parte, la Ley Federal de Sanidad Animal fija las bases para el diagnóstico, la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales. Asimismo, incluye disposiciones encaminadas a procurar el bienestar de los animales destinados al consumo humano, entendido éste como el “conjunto de actividades encaminadas a proporcionar comodidad, tranquilidad, protección y seguridad a los animales durante su crianza, mantenimiento, explotación, transporte y sacrificio”.

De igual manera, la Ley General de Vida Silvestre tiene por objeto la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, pero también contiene previsiones para regular las poblaciones ferales, es decir, aquellos ejemplares pertenecientes a especies domésticas que, al quedar fuera del control del hombre, se establecen en el hábitat natural de la vida silvestre y sobre las cuales se permite la aplicación de medidas para su control y erradicación. Por lo cual se hace necesario procurar dicho bienestar a todos aquellos animales, tanto domésticos, como para alimentación y de trabajo, entre otros.

Y no podemos pasar por alto que esta Cámara Alta ha aprobado reformas a la Ley General de Vida Silvestre, y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para definir lo que debe entenderse por “Trato Digno y Respetuoso”, “Crueldad” y “Maltrato Animal”. Sin embargo, debemos reconocer que si bien esta es una muestra de la sensibilidad y preocupación por atender este tema, dichas modificaciones no responden a una visión integral del bienestar que se debe procurar a todo tipo de animales, pues únicamente se enfocan en la fauna silvestre.

A toda esta dispersión y heterogeneidad de disposiciones debemos agregar las Normas Oficiales Mexicanas que han emitido las Secretarías de Salud y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de regular el trato que se debe dar a los animales de compañía; aunque lo hacen desde un enfoque centrado en la sanidad animal: NOM-042-SSA2-2006 sobre especificaciones sanitarias para los centros de atención canina;NOM-033-ZOO-1995 sobre sacrificio humanitario de los animales domésticos; NOM-045-ZOO-1995 sobre características zoosanitarias para la operación de establecimientos donde se concentren animales para ferias, exposiciones, subastas, tianguis y eventos similares; y NOM-051-ZOO-1995 sobre trato humanitario en la movilización de animales.

Como puede observarse, las disposiciones vigentes parten de una visión muy restringida del bienestar animal y se enfocan únicamente en los temas de sanidad. Así que, además de ser confusos y ambiguos, los ordenamientos carecen de un hilo conductor que procure el trato humanitario de todos los animales y no únicamente de aquellos que sean utilizados para consumo humano o que sean considerados como silvestres.

A ello debemos agregar el interés que ha ido cobrando este tema entre los congresos estatales, pues tan sólo en 2013 se promulgaron 7 leyes estatales que están relacionadas con la protección de los animales.7 Desafortunadamente, las leyes locales que existen cubren aspectos diferentes y limitados de todo lo que conlleva el trato digno y respetuoso hacia los animales.

La mencionada heterogeneidad presenta obstáculos importantes. Evidencia de esto es que mientras algunas leyes están enfocadas a proteger a toda la fauna, otras contemplan únicamente a los animales domésticos. Además, estados como Oaxaca y Sinaloa no incluyen dentro de sus leyes vigentes un ordenamiento exclusivo para la protección y el trato digno de los animales, sino que incluyen estos temas en leyes enfocadas en el equilibrio ecológico.

Cabe decir que dentro de las diferencias que se observan entre las legislaciones estatales se encuentra el grado de prohibiciones que contemplan. Como ejemplo de esto podemos decir que la mayoría de los estados prohíbe las peleas de perros pero permite las peleas de gallos o las corridas de toros. Además, algunos estados prohíben que se regalen animales como propaganda, promoción comercial o como premio en juegos, ferias, sorteos y eventos similares, pero otros no establecen esta prohibición, ocasionando que los animales terminen en manos de personas que no necesariamente tienen el tiempo, la capacidad o el deseo de darles un trato digno y un ambiente propicio para su bienestar. Algunas leyes también contemplan y regulan el trato que debe procurarse a los animales que se encuentran en circos, (incluso Querétaro y el Distrito Federal han prohibido el uso de animales en estos espectáculos), pero hay otros estados que no contemplan disposiciones en este rubro.

La mayor diferencia entre legislaciones locales en lo que respecta a protección de los animales se encuentra en la parte de las sanciones. La heterogeneidad de las sanciones es un elemento importante que requiere de la atención del poder legislativo federal para que haya un criterio proporcional a la falta cometida y sea igual en todo el territorio nacional. La mayoría de los estados contemplan dentro de sus leyes sanciones administrativas que incluyen amonestaciones, multas, arresto administrativo hasta por 36 horas y penas como clausura de establecimientos o decomiso de ejemplares. Sonora incluye también tiempo en prisión que va desde seis meses hasta cuatro años.

La mayor diferencia radica, entre otras cosas, en la magnitud de las multas, pues mientras que en estados como Sonora y Zacatecas las multas llegan hasta los 400 salarios mínimos y hasta 500 en Aguascalientes y Veracruz, Yucatán impone una cantidad de 50,000 salarios mínimos como máxima multa, en tanto que en Nayarit es de 100 salarios mínimos y en Michoacán de 10 salarios mínimos. Es importante resaltar estas diferencias porque en muchos estados no se contempla una relación específica entre la falta cometida y su correspondiente sanción, sino que el margen de sanciones se decide sin criterios claros a quien transgreda cualquier disposición de la ley.

Otro problema que se encuentra en las leyes locales es que no todas contemplan las mismas agravantes para la imposición de las multas o sanciones. Algunos estados contemplan como agravante la reincidencia del delito pero tienen conceptos diferentes de lo que es “reincidir”, pues mientras que Chiapas define a los reincidentes como “quienes cometan una falta dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que hubieran sido sancionados”, Querétaro lo define dentro del plazo de un año y Aguascalientes de dos años.

Por todo lo anterior, la aprobación de una Ley General sobre Trato Digno y Respetuoso hacia los Animales debe considerarse como necesaria si se busca fomentar una nueva ética ambiental, dotando a las autoridades de los tres órdenes de gobierno de un marco jurídico eficaz que les permita sancionar debidamente aquellas conductas que afecten el bienestar de los animales.Sin embargo, para que pueda emitirse una Ley General en esta materia es necesario que exista una disposición constitucional que determine la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y otra que obligue expresamente al Congreso de la Unión a emitir dicha ley. Por ello, junto con la presente iniciativa se presenta una reforma constitucional que propone reformar la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor siguiente:

“Unico. Se reforma la fracción XXIX-G al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 73. …

“I. a XXIX-F. ...

“XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico; de vida silvestre; y de protección, bienestar y trato digno hacia los animales.

“XXIX-H a XXX. ...

“Transitorios

“Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

“Segundo. El Congreso de la Unión expedirá la ley a que se refiere el presente decreto a más tardar dentro de los 60 días siguientes a su entrada en vigor.

“Tercero. Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán adecuar su legislación aplicable conforme a lo dispuesto en este decreto dentro de los 180 días siguientes de su entrada en vigor.”

Propuesta

El bienestar de los animales no sólo implica proveerles de los cuidados básicos como salud, alimentación adecuada y espacio de descanso que los resguarde de las inclemencias del tiempo. También comprende la adopción de medidas que les permitan desarrollar las actividades propias de su especie. Para ello, las personas deben asumir una serie de obligaciones que estén enfocadas a satisfacerlos requerimientos físicos, psicológicos y ambientales de los animales, previniendo al mismo tiempo las afectaciones que estos pueden ocasionar a la comunidad y al medio ambiente mediante agresiones, transmisión de enfermedades y daño a propiedad ajena.

Tomando en cuenta lo anterior, esta ley se inspira en varios principios. El primero de ellos, y el fundamental, es el reconocimiento de que el cuidado y la protección de los animales recae directamente en sus guardianes, desde su mantenimiento fisiológico hasta su consideración como ser vivo con el que se establece un vínculo que conlleva una serie de responsabilidades.

En específico, se proponen las siguientes medidas para asegurar el trato digno y respetuoso hacia los animales:

· Se establece que los responsables de animales deben procurarles el mismo cuidado a todos, independientemente de que éstos sean domésticos, de trabajo o utilizados para exhibiciones.

· Se señalan las acciones que deben emprenderse para evitar la reproducción incontrolada de animales, enfatizando la importancia de las campañas de esterilización y adopción como las medidas más efectivas para solucionar el problema de la sobrepoblación.

· Se prohíben los circos que utilizan animales.

· Se prohíben las peleas de gallos, corridas de toros, novillos y becerros a partir de enero de 2016.

· Se establecen prohibiciones como las siguientes: desollar animales vivos, implicarlos en peleas de cualquier clase, enajenarlos en la vía pública, sacrificarlos sin causa alguna, entre otras.

· Se regula la entrega y venta de animales, así como los cuidados y el tratamiento que se debe dar a los que sean catalogados como abandonados.

· Se regula la participación ciudadana en el cuidado y la protección de los animales.

· Se responsabiliza a los padres o a quienes ejerzan la patria potestad o tutela de menores de edad por las faltas que estos cometan. Al respecto, es importante decir que algunas entidades ya cuentan con esta medida: Distrito Federal, Nuevo León, Baja California, Veracruz y Campeche.

· Se regulan los establecimientos que por cualquier razón tienen contacto con animales. En especial, se reorienta el trabajo de los llamados Centros Antirrábicos por los Centros de Control y Atención Animal, los cuales buscarán una relación armónica entre la sociedad y los animales.

· Se establece que los planes y programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria incluyan contenidos que promuevan una cultura de respeto a los animales.

· Se precisa que el uso de animales en la investigación o experimentación sólo se justifica cuando sea imprescindible para el estudio y avance de la ciencia, y siempre que no exista algún método alterno que los sustituya, tomando en cuenta que en la actualidad existen procedimientos avanzados como cultivos in vitro, películas, modelos en computadora, entre otros.

También se establece que para el manejo y la utilización de animales con fines de enseñanza e investigación, las instituciones deben desarrollar programas de capacitación en materia de protección y trato respetuoso a los animales, fomentando la sensibilización de estudiantes y profesores frente a la experimentación animal.

Se prohíbe el uso de animales en los cursos y materias que se impartan en la educación básica y media superior.

· Se establecen restricciones para la posesión de especies exóticas o distintas a las consideradas de manera tradicional como animales de compañía.

· Se establece que las entidades federativas deberán asignar anualmente recursos suficientes para la operación del Centro de Control y Atención Animal a fin de que cumplan con las funciones señaladas en esta Ley.

· Se regulan las denuncias anónimas que los ciudadanos podrán presentar por las infracciones que se cometan en contra de lo dispuesto por esta ley.

· Se plantean reformas a leyes secundarias que regulan algunos aspectos del bienestar animal como la Ley Federal de Sanidad Animal y el Código Civil Federal.

· Además, se tipifican como delito los actos de maltrato o crueldad animal, tomando como referente lo establecido en el Código Penal para el Distrito Federal. 

En síntesis, se vela por la protección de las “5 libertades” de los animales que se reconocen en la Declaración Universal sobre Bienestar Animal, es decir, que estén libres de hambre, de sed y malnutrición; de miedo y angustia; de incomodidad física y térmica; de dolor, heridas y enfermedades; y que sean libres de expresar patrones normales de comportamiento.

Además, se incluyen las tres “R’s” que sirven como guía para brindarles un trato adecuado: 1) Reducir la sobrepoblación de animales, 2) Refinar los métodos experimentales, y 3) Reemplazar a los animales con técnicas de vanguardia.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL SOBRE TRATO DIGNO Y RESPETUOSO HACIA LOS ANIMALES Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL Y DEL CODIGO CIVIL FEDERAL.

Artículo Primero. Se expide la Ley General sobre Tarto Digno y Respetuoso hacia los animales, para quedar como sigue:

LEY GENERAL SOBRE TRATO DIGNO Y RESPETUOSO HACIA LOS ANIMALES

TITULO I
Disposiciones generales

CAPITULO I
Del Objeto de la Ley

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés general, reglamentaria de los artículos 4 y 73 fracción XXIX-G de la Constitución. Su objeto es establecer la concurrencia de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de trato digno y respetuoso hacia los animales, para asegurar y promover la salud pública, la sanidad y el bienestar animal.

Para los efectos de esta Ley, quedan excluidos de la presente, los animales previstos en la Ley General de Vida Silvestre.

Artículo 2.- Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto establecer las bases para:

I. Proporcionar atención, salud y protección a los animales sujetos al control, cuidado, uso y aprovechamiento del ser humano;

II. Garantizar el bienestar de los animales evitándoles enfermedades, estrés y sufrimientos innecesarios;

III. Regular el trato digno y respetuoso hacia los animales controlando su reproducción mediante sistemas que eviten la crueldad;

IV. Fomentar la participación de los sectores público, social y privado en la promoción de una cultura de respeto por los animales y su bienestar;

V. Promover el reconocimiento de la importancia social, ética, ambiental y económica que representa la procuración de niveles adecuados de protección y trato digno y respetuoso hacia los animales.

VI. Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual y colectiva, en la protección de los animales;

VII. Impulsar mecanismos de coordinación entre autoridades de la federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, así como entre éstas y los sectores social y privado, en materia de protección de los animales; y

VIII. Garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley, así como la imposición de las sanciones administrativas que correspondan.

Artículo 3.- La presente Ley se refiere a la protección y al bienestar de los animales mediante el trato digno y respetuoso que hacia ellos deben tener las personas físicas o morales responsables, quienes deberán cumplir con lo dispuesto en la misma.

CAPITULO II
De las Definiciones

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, y la Ley Federal de Sanidad Animal, se entenderá por:

I. Animal: organismo vivo, no humano, sensible, que posee movilidad propia y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente, perteneciente a una especie doméstica.

II. Animal abandonado: aquél que deambula libremente por la vía pública sin placa de identidad u otra forma de identificación y que en algún momento estuvo bajo el cuidado y protección de una persona

III. Animales de compañía: cualquier animal que por sus características evolutivas y de comportamiento pueda convivir y hacer compañía a las personas en el hogar con fines lúdicos, educativos o sociales, sin poner en peligro la vida del ser humano;

IV. Animales domésticos: los animales que se crían y viven bajo la dependencia directa de las personas;

V. Animal de trabajo: aquellos animales entrenados para realizar trabajos de terapia, asistencia, guardia, protección, detección de drogas o explosivos, búsqueda y rescate, así como tiro, carga y monta.

VI. Animales en exhibición: aquellos que se encuentran en cautiverio en aviarios, granjas didácticas y espacios similares de propiedad pública;

VII. Asociaciones protectoras de animales: las asociaciones legalmente constituidas cuyo objeto principal sea la defensa, asistencia, protección y el bienestar de los animales, así como la educación y concienciación de la sociedad.

VIII. Bienestar Animal: estado en que los animales pueden satisfacer sus necesidades de salud, comportamiento y fisiológicas de acuerdo a su especie. También comprende la prevención y el tratamiento de los trastornos que les ocasiona el cautiverio;

IX. Centros de control y atención animal: los centros públicos destinados para la captura de animales abandonados o ferales, y que brindan la atención necesaria para velar por la protección y el bienestar de los animales como consulta externa, desparasitación y el servicio de cirugía para la esterilización de mascotas

X. Crueldad: acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción directa o por negligencia;

XI. Ley: la Ley General sobre Trato Digno y Respetuoso hacia los Animales;

XII. Maltrato: todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar estrés, dolor o sufrimiento a los animales, afectando su estado de salud, integridad física  comportamiento y vida;

XIII. Responsable o guardián: la persona física o moral que tenga bajo su cuidado algún animal;

XIV. Sacrificio animal adecuado: Procedimiento realizado por un médico veterinario zootecnista, por el cual se provoca la muerte al Animal sin sufrimiento, ya sea por métodos físicos o químicos;

XV. Sufrimiento: carencia de trato digno y respetuoso hacia los animales, que causa dolor, enfermedad, falta de atención a las necesidades fisiológicas, ocasionado por causa externa sin motivo razonable de quien lo provoca.

XVI. Trato digno y respetuoso: Conjunto de medidas que se le brindan a los animales, para disminuir el estrés, enfermedad, deterioro físico, sufrimiento, lesión y dolor durante su posesión, captura, cautiverio, crianza, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento o sacrificio.

CAPITULO III
Principios de la política de protección animal

Artículo 5. Para la formulación y conducción de la política de protección animal, se observarán los siguientes principios:

I. Los animales son seres vivos capaces de sufrir, sentir dolor y padecer estrés, por lo que se prescindirá todo acto de crueldad y maltrato;

II. Cualquier persona física o moral que tenga bajo su dominio, posesión, cuidado o control directo a un animal, tiene la obligación de garantizar su atención, salud, protección y trato digno y respetuoso de conformidad con lo establecido por la presente Ley;

III. Todo animal deberá tener un mantenimiento, alojamiento, traslado y movilización adecuados a sus necesidades biológicas y acordes a su especie;

IV. La comercialización de animales se realizará en los establecimientos mercantiles y sitios que  se  dediquen  a  la compraventa previamente regulados por la autoridad y en cumplimiento con la normatividad aplicable;

V. El aprovechamiento de animales debe adoptar medidas de trato digno y respetuoso para evitar estrés, sufrimiento, traumatismo y dolor, así como, prescindir todo acto de crueldad y maltrato;

VI. La muerte de un animal, deberá ser instantánea, indolora y no generadora de angustia mediante el uso de técnicas y procedimientos aplicado por persona capacitada; y

VII. La participación ciudadana en la protección de los animales es de total relevancia por lo que, se suma de forma activa para alcanzar los fines tutelares y asistenciales que persigue esta Ley. 

TITULO II
Distribución de competencias y coordinación

Artículo 6. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal ejercerán sus atribuciones en materia de trato digno y respetuoso hacia los animales, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales.

Artículo 7. Son facultades de la Federación:

I. Formular, conducir, operar y evaluar, con la participación que corresponda a las entidades federativas, la política nacional de protección y trato digno y respetuoso hacia los animales, así como la elaboración y aplicación de los programas y proyectos que se establezcan para ese efecto.

II. La aplicación de mecanismos para evitar el abandono, la pérdida, la sobrepoblación de animales y su sacrificio injustificado;

III. El establecimiento de un Consejo Ciudadano para la Protección de los Animales que evaluará las políticas que se implementarán a nivel nacional;

IV. La supervisión de las políticas de protección de los animales de trabajo que se encuentren en las instalaciones de las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal;

V. La expedición de normas oficiales mexicanas y la vigilancia de su cumplimiento en las materias previstas en esta Ley;

VI. La promoción de la participación social en materia de trato digno y respetuoso hacia los animales;

VII. Promover una cultura de respeto, responsabilidad, protección y trato digno y respetuoso hacia todos los animales, así como difundir permanentemente información en esta materia;

VIII. La realización de un censo que estará integrado al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales para regular y controlar la población de las especies animales domésticas y abandonadas;

IX. La emisión de recomendaciones a autoridades federales, estatales,  municipales y demarcaciones territoriales, con el propósito de promover el trato digno y respetuoso hacia los animales;

X. La vigilancia y promoción, en el ámbito de su competencia, del cumplimiento de esta Ley y los demás ordenamientos que de ella se deriven;

XI. La determinación de las características para la operación de establecimientos donde se concentren animales para ferias, exposiciones y eventos similares;

XII. La elaboración, ejecución y vigilancia de normas que regulen el uso de animales para la investigación y enseñanza;

XIII. Fomentar programas de educación y capacitación en materia de protección y trato digno y respetuoso hacia los animales;

XIV. Promover un registro de animales domésticos;

XV. Emitir los listados de especies de animales que no pueden ser considerados como animales domésticos;

XVI. Promover el establecimiento de campañas de vacunación antirrábica, sanitarias para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación y de esterilización de animales domésticos;

XVII. Promover los establecimientos, lugares e instalaciones destinados al mantenimiento, cuidado y alojamiento temporal o definitivo de los animales;

XVIII. Fomentar la creación de un registro de los establecimientos mercantiles y todo aquel lugar que se dedique a la compraventa de animales domésticos, así como, promover cumplan con la normatividad aplicable;

XIX. Emitir certificados de adistramiento para guardia y defensa; y

XX. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la Federación.

Artículo 8. Corresponde a los estados y al Distrito Federal:

I. Formular, conducir, operar y evaluar la política local de protección y trato digno y respetuoso hacia los animales de su competencia;

II. Instalar y operar, en coordinación con los municipios o delegaciones y las asociaciones protectoras, los Centros de control y atención animal, a fin de evitar el maltrato y el sacrificio injustificado, procurando en todo momento la protección, la preservación y el trato digno y respetuoso hacia los animales;

III. Realizar campañas sanitarias permanentes para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, así como de desparasitación y de esterilización, en coordinación con los municipios o las delegaciones y las asociaciones protectoras de animales;

IV. Instalar Consejos Ciudadanos que supervisen el trato que se proporcione en los Centros de control y atención animal, así como el debido cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley;

V. Supervisar las políticas de protección de los animales de trabajo que se encuentren en las instalaciones de las dependencias o entidades de la Administración Pública local;

VI. Vigilar  que  no se utilicen animales en espectáculos;

VII. Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, de educación tecnológica y superior, para que brinden atención médica a los animales abandonados;

VIII. Establecer y operar el padrón de las asociaciones protectoras de animales, y remitirla a la federación para que sea incorporada al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales;

IX. Elaborar políticas para el manejo, control y remediación de los problemas asociados a los animales abandonados y callejeros;

X. Promover la participación de la sociedad en materia de protección y trato digno y respetuoso hacia los animales, de conformidad con lo establecido en la presente Ley;

XI. Asignar en sus presupuestos de egresos correspondientes, recursos suficientes para la operación de Centros de Control y Atención Animal, con la finalidad de que cumplan con las funciones señaladas en esta Ley y en otros ordenamientos legales en la materia;

XII. Promover una cultura de respeto, responsabilidad,  protección y trato digno y respetuoso hacia todos los animales, así como difundir permanentemente información en esta materia;

XIII. Efectuar y aplicar los programas de educación y capacitación en materia de protección y trato digno y respetuoso hacia los animales;

XIV. Establecer, operar y actualizar un registro de animales domésticos, en coordinación con los municipios;

XV. Promover el establecimiento de campañas de vacunación antirrábica, sanitarias para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de esterilización de animales domésticos;

XVI. Establecer, regular y vigilar la operación de los establecimientos, lugares e instalaciones destinados al mantenimiento y cuidado temporal o definitivo de los animales, en coordinación con los municipios;

XVII. Crear un registro de los establecimientos mercantiles y todo aquel lugar que se dedique a la compraventa de animales domésticos, así como, observar y vigilar en coordinación con los municipios, que cumplan con la normatividad aplicable; y

XVIII. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales les atribuyan.

Artículo 9. Corresponde a los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal:

I. Emitir los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que correspondan, para que en sus respectivas circunscripciones, se cumplan las previsiones del presente ordenamiento;

II. Implementar operativos permanentes para supervisar la venta de animales en establecimientos mercantiles legalmente autorizados, así como evitar y sancionar su comercialización en la vía pública;

III. Crear y operar el registro de los prestadores de servicios vinculados a la transformación, tratamiento, preparación, aprovechamiento y comercialización de ejemplares, partes y derivados de animales, así como supervisar que sus actividades se realicen con apego a esta Ley. Dicho padrón se remitirá a la Federación para que se incorpore al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales;

IV. Autorizar los establecimientos vinculados al manejo, crianza, cuidado, adiestramiento y producción de animales y actualizar el registro de los mismos, el cual será remitido a la Federación para que se incorpore al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales;

V. Recoger animales abandonados o ferales en la vía pública y canalizarlos a los Centros de Control y Atención Animal o a las asociaciones protectoras de animales que cuenten con instalaciones para el resguardo de animales;

VI. Implementar campañas permanentes y gratuitas de vacunación, esterilización y adopción de  animales de compañía;

VII. Realizar programas de formación ciudadana sobre trato digno y respetuoso hacia los animales;

VIII. Implementar el sacrificio de animales en los términos establecidos en esta Ley y habilitar centros de incineración para animales debidamente establecidos y ponerlos a la disposición de las personas que lo requieran, así como disponer de los cadáveres y residuos biológicos peligrosos conforme a la normatividad vigente;

IX. Coadyuvar con la Federación para integrar al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales el censo de las especies animales domésticas y abandonadas que se encuentren en su territorio;

X. Supervisar las políticas de protección de los animales de trabajo que se encuentren en las instalaciones públicas locales;

XI. Verificar cuando exista denuncia sobre ruidos, hacinamiento, falta de seguridad e higiene y olores fétidos que se producen por la crianza o reproducción de animales en detrimento del bienestar animal y la salud humana;

XII. Atender las denuncias que se presenten e imponer las sanciones correspondientes en los términos de esta ley;

XIII. Responder a situaciones de peligro por agresión animal;

XIV. Establecer las obligaciones y derechos de los propietarios o poseedores de animales domésticos;

XV. Promover una cultura de respeto, responsabilidad,  protección y trato digno y respetuoso hacia todos los animales, así como difundir permanentemente información en esta materia;

XVI. Aplicar los programas de educación y capacitación en materia de protección y trato digno y respetuoso hacia los animales, que para tal efecto formulen los Estados y el Distrito Federal;

XVII. Establecer, crear y operar el Padrón de las Asociaciones Protectoras de Animales y de Organizaciones Sociales, debidamente constituidas y registradas, dedicadas al mismo objeto;

XVIII. Establecer, operar y actualizar un registro de animales domésticos;

XIX. Establecer campañas de vacunación antirrábica, sanitarias para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de esterilización de animales domésticos en coordinación con la Secretaría de Salud;

XX. Establecer, crear, regular, controlar y vigilar la operación de los establecimientos, lugares e instalaciones destinados al mantenimiento y cuidado temporal o definitivo de los animales;

XXI. Autorizar que las instalaciones sean las adecuadas para procurar el bienestar de los animales en ferias, exposiciones y otros similares; y

XXII. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales les atribuyan.

Artículo 10.- Las instancias gubernamentales que actúen en programas para la protección de los animales y para la preservación de la salud pública deberán establecer la coordinación correspondiente a fin de eficientar su actividad y cumplir con sus objetivos.

El Ejecutivo Federal establecerá los órganos y mecanismos de coordinación que cuenten con la participación de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud, con la finalidad de que exista uniformidad en las políticas de bienestar y protección animal. Estas dependencias tendrán la atribución de elaborar, modificar o cancelar las normas oficiales mexicanas en materia de esta Ley, de conformidad con lo señalado en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementarán acciones programáticas en materia de bienestar y protección animal en las zonas metropolitanas. También deberán participaren la capacitación y actualización de su personal en el trato, sociabilización, interacción y manejo de los animales a través de cursos, talleres, publicaciones y demás proyectos que contribuyan a dicho fin.

Artículo 11.- Con el propósito de vigilar el estricto cumplimiento de esta Ley, la federación y los gobiernos estatales contarán con las atribuciones señaladas en la misma y podrán celebrar acuerdos de coordinación.

Artículo 12.- Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expedirán las disposiciones legales que sean necesarias para regular, en el ámbito de su competencia, las materias previstas en esta Ley.

Artículo 13.- En los términos de la Ley General de Educación, las autoridades educativas deberán incorporar en los planes y programas de estudio, así como en los libros de texto, contenidos que promuevan una cultura de respeto y trato digno y respetuoso hacia los animales, considerando la opinión de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.

Para el manejo y la utilización de animales con fines de enseñanza e investigación, las instituciones deberán desarrollar programas de capacitación en materia de protección y bienestar animales, en coordinación con las autoridades educativas correspondientes y con las asociaciones protectoras de animales.

TITULO III
Del trato digno y responsable

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 14.- Los responsables de animales domésticos deberán proporcionarles agua y alimento nutritivo en cantidad y calidad de acuerdo  a su especie, edad y estado fisiológico, además de los cuidados necesarios que les permitan realizar las actividades propias de su especie y etapa reproductiva, brindándoles la infraestructura necesaria para una estancia segura, higiénica y acorde a las necesidades de cada especie.

Los animales deberán estar sujetos a un programa de medicina preventiva bajo supervisión de un médico veterinario y deberán ser revisados y atendidos regularmente. También se les proporcionará atención inmediata en caso de enfermedad o lesión.

Para los efectos de este artículo, los responsables deberán contar con una cartilla que indique las vacunas que le han sido aplicadas al animal y deberá ser expedida por un médico veterinario.

Artículo 15.- Los responsables de animales tendrá las obligaciones siguientes:

I. No les infligirán daño o maltrato alguno y les proporcionarán las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para su desarrollo;

II. Garantizarán que todo el tiempo existan medidas preventivas para protegerles en caso de cualquier accidente, contingencia ambiental o emergencia ecológica;

III. Los animales cuyo modo de comportamiento es preferentemente grupal que se encuentren en instalaciones o lugares cerrados sólo podrán aislarse permanentemente por prácticas de manejo, en cuyo caso se les deberá permitir que establezcan algún grado de contacto visual, auditivo u olfativo ya sea con sus compañeros de grupo o con el ser humano;

IV. Tratándose de especies cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua, los estanques y acuarios deberán proveer el espacio adecuado para el número de animales alojados, estar construidos de un material resistente, contar con un sistema de filtración y la calidad del agua deberá satisfacer las necesidades de pH, temperatura, salinidad, saturación de oxígeno y limpieza de acuerdo a cada especie, de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

Artículo 16.- El responsable de un animal doméstico tiene las siguientes obligaciones:

I. Proporcionarle mantenimiento, cuidado, alojamiento, atención, salud, protección y trato digno y respetuoso acorde con su especie;

II. Colocar dependiendo de la especie un medio de identificación en la que constarán al menos los datos de identificación del responsable o poseedor;

III. Reparar los daños y perjuicios que le ocasione a terceros;

IV. Inmunizar contra enfermedades de riesgo zoonótico o epizoótico así como, aplicar las vacunas propias de la especie;

V. Tomar las medidas necesarias con el fin de no causar molestias a sus vecinos por ruido y malos olores;

VI. Tomar las medidas necesarias para que no escape o ponga en riesgo la seguridad y bienestar del ser humano, otros animales, ecosistemas, bienes o cultivos;

VII. Garantizar en caso de que los animales domésticos se reproduzcan, tanto para progenitores como crías el mantenimiento, cuidado, alojamiento, atención, salud, protección y trato digno y respetuoso acorde con su especie;

VIII. Sujetar y controlar en todo momento al animal cuando se encuentre en la vía o espacio público; y

IX. Retirar excremento cuando el animal a su cargo defeque en la vía y espacios públicos.

Artículo 17.- El sacrificio de cualquier animal no destinado al consumo humano sólo estará justificado si su bienestar está comprometido por el sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad, incapacidad física o trastorno senil, previo dictamen de un médico veterinario, con excepción de aquellas especies animales que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Salud consideren una amenaza para la salud animal o humana o para el medio ambiente.

Las autoridades federales emitirán normas oficiales mexicanas que establezcan las medidas, condiciones y procedimientos necesarios para la insensibilización y el sacrificio de animales, lo que se hará de una forma instantánea e indolora.

Artículo 18.- Queda prohibido a toda persona:

I. El abandono de cualquier animal o comprometer su vida y salud al desatenderlos por períodos prolongados.;

II. El maltrato o agresión física hacia cualquier animal;

III. Conservar a un animal silvestre como doméstico;

IV. Cualquier mutilación, alteración de la apariencia física o modificación negativa de los instintos animales, excepto en aquellos casos en que sean precisas por motivos sanitarios o por suponer un beneficio futuro para el animal, lo que se realizará por un médico veterinario con cédula vigente;

V. Provocar la muerte de animales por envenenamiento, asfixia, el uso de ácidos corrosivos e instrumentos punzo cortantes, golpes, así como el uso de métodos o procedimientos que causen dolor o prolonguen la agonía de éstos;

VI. Introducir animales vivos en líquidos calientes o en ebullición;

VII. Desollar animales vivos;

VIII. La venta de animales en la vía pública o en cualquier establecimiento que no cuente con los requerimientos establecidos en la ley correspondiente;

IX. Realizar la eutanasia de animales en la vía pública, salvo por motivos de peligro inminente que ponga en riesgo la integridad de las personas, así como para evitar que se prolongue la agonía del animal cuando no sea posible su traslado inmediato a un lugar adecuado, y

X. Utilizar animales en circos, así como celebrar peleas de gallos, corridas de toros, novillos y becerros.

Artículo 19.- A los responsables de animales domésticos les está prohibido:

I. Darles muerte, excepto en los supuestos establecidos en el artículo 17 de la presente Ley;

II. Implicarlos en peleas de cualquier clase;

III. Pasear a sus animales sin identificación, placa u otro medio de identificación, y sin el control debido para evitar afectaciones a las personas o a sus bienes;

IV. El comercio o el intercambio de animales, excepto en establecimientos debidamente autorizados por la autoridad competente;

V. El obsequio de cualquier animal como propaganda, promoción comercial o como premio en juegos, ferias, sorteos y todo tipo de eventos;

VI. Dedicarse a la crianza de animales domésticos sin la correspondiente autorización para ello;

VII. Enajenar animales domésticos para la experimentación y otros fines científicos, a entidades no autorizadas o no reconocidas legalmente;

VIII. Mantener animales atados o aislados durante la mayor parte del tiempo y/o con limitación de sus movimientos básicos;

IX. Dejar las heces fecales de los animales de compañía en aceras, jardines y, en general, en espacios públicos o privados de uso común;

X. Dejarlos en medios de transporte cerrados y sin ventilación;

XI. Administrarles cualquier sustancia o darles algún tratamiento con el propósito de modificar su condición corporal;

XII. Colocarles collares eléctricos y de castigo;

XIII. Utilizarlos en ritos, como obsequio, propaganda política, premios en sorteos o cualquier otra actividad análoga; y,

XIV. Proporcionarles bebidas alcohólicas o suministrarles drogas.

Artículo 20.- Los Centros de Control y Atención Animal deberán contar con un programa de educación al público sobre los riesgos potenciales de mantener animales silvestres en cautiverio. Además, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Contar con autorización correspondiente para tal fin;

II. Cumplir con esta Ley y la normatividad que resulte aplicable;

III. Garantizar que el responsable, el personal y el Médico Veterinario Zootecnista que tenga contacto directo con los animales, proporcione en todo momento protección y trato digno y respetuoso durante el tiempo que los animales permanezcan bajo su cuidado;

IV. Realizar evaluación a los animales en su llegada por un Médico Veterinario Zootecnista, con el objetivo de decidir su destino el cual podrá ser la reubicación con una familia, permanencia en el sitio previa esterilización o el sacrifico animal adecuado;

V. Garantizar que si el animal bajo su custodia contrae alguna enfermedad infecto contagiosa se le comunicará de inmediato al responsable o propietario y a la autoridad correspondiente.

VI. Garantizar que los espacios destinados para alojar un animal temporal o definitivamente sean acordes a las necesidades y condiciones que cada especie así como, la amplitud que permita libertad de movimiento, descanso y recreación.

VII. Prever que el diseño y la construcción de los espacios para el mantenimiento, cuidado y alojamiento de los animales, deberán permitir el examen veterinario y la contención de los animales, incluyendo la separación de algún individuo del grupo al igual que, considerar que los animales deberán estar separados dependiendo de su especie, sexo, edad y condición y nunca en situaciones de hacinamiento que propicien peleas. Las hembras en avanzado estado de gravidez o en periodo de lactancia deberán mantenerse en instalaciones individuales acompañadas de sus crías.

VIII. Garantizar que el manejo médico o quirúrgico, preventivo o terapéutico, que se realice dentro de estos espacios es proporcionado por un Médico Veterinario Zootecnista, y que se cumple siempre con los principios de asepsia y analgesia.

La vigilancia de las condiciones sanitarias de los Centros de Control y Atención Animal, así como los procedimientos de verificación y sanciones en dichas materias se sujetarán a lo dispuesto en la Ley General de Salud.

Artículo 21.- Los responsables de animales deberán adoptar las medidas necesarias para que éstos no puedan ocasionar molestias como ruido excesivo y malos olores, o suponer peligro, amenaza o daños a las personas, animales o cosas. También deberán adoptar las medidas necesarias para evitar su reproducción incontrolada y proceder a su esterilización.

Capítulo II
Del traslado y alojamiento de los animales

Artículo 22.- Los animales se deberán movilizar bajo las mejores condiciones posibles que permitan su bienestar, atendiendo a las características y necesidades propias de su especie.

Las autoridades competentes emitirán normas oficiales mexicanas a fin de implementar sistemas y diseños en los equipos de arreo, rampas, contenedores y vehículos utilizados para la movilización de cada especie animal en particular, incluyendo los tiempos máximos de trayecto, los cuales permitirán cumplir con los propósitos mencionados en esta ley.

Artículo 23.- Los responsables de movilizar animales tendrán las siguientes obligaciones:

I. Mantenerlos tranquilos en todo momento, actuando sin brusquedad, evitando hacer ruido excesivo o dar gritos o golpes para que los animales no sufran tensión ni se lastimen, agredan o peleen;

II. Debe tener certificado zoosanitario de movilización nacional que para tal efecto expide la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

III. El responsable de traslado de animales debe tener certificado médico veterinario donde se mencione estado de salud, condiciones físicas y médicas que presenta, recomendaciones clínicas, y autorización para ser sujeto a movilización.

IV. El responsable de realizar el traslado de animales, deberá cumplir con las recomendaciones clínicas establecidas en certificado médico veterinario, brindar alimento, higiene, protección y trato digno y respetuoso, además de acatar lo establecido en el Titulo III de la Presente Ley y las normas oficiales mexicanas aplicables.

V. El manejo previo, durante y después del traslado de los animales deberá realizarse tomando en cuenta las características y necesidades de cada especie, su estado médico y fisiológico y evitando condiciones de maltrato.

VI. El medio de transporte para el traslado de animales deberá protegerlos de condiciones climáticas e insalubres, cumplir con acondicionamientos propios de la especie a trasladar, contar con barreras de protección contra movimiento, tener señalización de presencia de animales vivos en su interior y de la posición en la que se encuentran. Se prohíbe el hacinamiento, la inmovilización y atadura que provoque lesión o dolor.

El embarque y desembarque de animales deberá realizarse utilizando medios que presenten absoluta seguridad y protección durante su movilización de acuerdo con las características de cada especie. En caso de ser necesario, se deberán instalar montacargas, rampas y puentes con pisos antiderrapantes y protección lateral para el ascenso y descenso que concuerden con los diferentes niveles de los medios de transporte o el anden. Queda prohibido embarcar o desembarcar animales vivos suspendiéndolos de los cuernos, las extremidades o cualquier otra parte del cuerpo.

Artículo 24.- Las autoridades competentes se coordinarán para que en los puntos de verificación e inspección zoosanitaria operen de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Animal y revisen que las condiciones de traslado de los animales cumplan con lo previsto en la presente Ley, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables.

Los puntos de verificación sanitaria deberán proveer lo necesario para verificar la protección y el trato digno y responsable hacia los animales. En el caso de los puntos de entrada al país, deberán contar con la infraestructura adecuada para el alojamiento temporal de animales.

Artículo 25.- Cuando se trasladen varios animales en un mismo medio de transporte, estos deberán estar en compartimentos separados en los siguientes casos:

I. Los animales manifiesten estrés, alteración o nerviosismo;

II. Las hembras en celo, de los machos;

III. Los animales jóvenes, de los adultos;

IV. Los sementales;

V. Las hembras que viajen con sus crías;

VI. Animales de diferentes especies, por especie; y

VII. Los demás animales que determinen las normas oficiales mexicanas.

Artículo 26.- En el caso de que los medios de transporte terrestre en donde se trasladan animales vivos tengan que detenerse en el trayecto por descomposturas, accidentes, causas fortuitas o de fuerza mayor, se deberá desembarcar a los animales o solicitar un reemplazo del medio de transporte, siempre y cuando el certificado zoosanitario de movilización lo permita. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación promoverá el establecimiento de puntos de descanso provistos de corrales para que los animales descansen cuando se realicen trayectos de más de 24 horas. Queda prohibido trasladar animales en medios de transporte de varios niveles.

Artículo 27.- Los medios de transporte destinados al traslado aéreo y marítimo de animales deberán contar con un número suficiente de cuidadores que puedan asegurar la protección y el trato digno y respetuoso hacia todos los ejemplares trasladados, diseñados de forma que los animales puedan ser examinados y se les proporcione los requerimientos necesarios.

Artículo 28.- En el caso de que los animales sean trasladados por vía marítima, éstos no deberán ir en la cubierta, salvo que se encuentren en contenedores debidamente estibados o en instalaciones que garanticen su protección del mar y la intemperie.

Artículo 29.- Los lugares e instalaciones en donde se encuentren animales alojados deberán contar con una amplitud que les permita libertad de movimiento y las condiciones necesarias para evitar causarles alguna lesión, enfermedad, angustia o estrés.

Las autoridades emitirán normas oficiales mexicanas a fin de regular el alojamiento de los animales domésticos, de trabajo, de compañía, exhibición y para espectáculos, procurando en todo momento su bienestar en los términos establecidos por esta Ley.

Artículo 30.- Las entidades federativas expedirán leyes para regular la operación de los Centros de Control y Atención Animal, así como las instalaciones de las asociaciones protectoras de animales para el resguardo de animales y cualquier establecimiento donde se encuentren de manera temporal animales domésticos y abandonados, con estricto apego a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 31.- A su llegada al Centro de Control y Atención Animal, los animales deberán ser sometidos a una evaluación por un médico veterinario con el objetivo de decidir su destino, el cual podrá ser la reubicación con una familia, la permanencia en el centro o la muerte sin dolor ni sufrimiento. Esta evaluación se realizará con base en los criterios que determinen las autoridades competentes y todos los animales que lleguen al centro deberán ser esterilizados.

Artículo 32.- Los animales capturados que se encuentren en Centros de Control y Atención Animal que no sean reclamados por su guardián o responsable en el término de ciento veinte horas, serán entregados a las personas físicas que así lo soliciten o a las asociaciones protectoras de animales cuando medie petición expresa de parte de ellas y cumplan con lo dispuesto en el artículo 44 de esta ley. De lo contrario, se les dará muerte sin dolor ni sufrimiento en los términos del artículo 15 de esta Ley.

Para cumplir con lo anterior, los Centros de Control y Atención Animal divulgarán las fotografías e información disponible de cada uno de los animales en la página de internet que se diseñe para tal efecto.

Capítulo III
De los animales de trabajo y en exhibición

Artículo 33.- Las autoridades competentes supervisarán que los animales de trabajo y en exhibición se encuentren en perfecto estado físico y de salud para la realización de sus actividades. En caso de que los animales padezcan alguna enfermedad o lesión grave, los poseedores o propietarios que los obliguen a cumplir con sus funciones serán sancionados en los términos de esta Ley.

Artículo 34.- Toda persona que se dedique a la cría, venta o adiestramiento de animales, está obligada a contar con la autorización correspondiente y a valerse de los procedimientos más adecuados y disponer de todos los medios necesarios a fin de que los animales en su desarrollo reciban un trato digno y respetuoso, de conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes.

Artículo 35.- Todo evento relacionado con ferias, exposiciones y otros similares, deberán contar con la autorización de la autoridad competente y estarán sujetos a supervisiones periódicas por parte de médicos veterinarios. Además, se contará durante todo el evento con médicos veterinarios, quienes estarán encargados de vigilar el estado de salud de los animales, así como el trato humanitario de los mismos.

Artículo 36.- Para que las autoridades autoricen la realización de ferias, exhibiciones y eventos similares, deberá efectuarse el siguiente procedimiento:

I. Presentar solicitud de autorización del evento ante la autoridad competente, con un mínimo de 60 días previos al mismo;

II. El documento deberá señalar que el solicitante cuenta con las instalaciones adecuadas para procurar el bienestar de los animales, de conformidad con lo establecido en la norma oficial mexicana correspondiente;

III. Lo anterior deberá ser verificado y determinado por el personal técnico oficial designado por la autoridad;

IV. Proporcionar mantenimiento, cuidado, alojamiento, atención, salud, higiene, descanso, protección y trato digno y respetuoso, tomando en cuenta características, necesidades y sano estado fisiológico de cada especie, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y las normas oficiales mexicanas aplicables;

V. Disponer de un área de atención médica que cuente con material y equipo completo, así como con un Médico Veterinario Zootecnista capacitado y con experiencia; 

VI. Utilizar animales que se encuentren en sano estado fisiológico avalado por certificado médico;

VII. Practicar al término de la participación del animal una revisión médica por Médico Veterinario Zootecnista, el cual expedirá certificado médico del estado del animal;

VIII. Mantener el área exhibición libre de toda clase de objetos o instrumentos que puedan provocar lesiones al animal;

IX. Programa de educación al público sobre la responsabilidad y los riesgos potenciales de mantener a estos animales en cautiverio, así como la situación y estatus de la especie;

X. Asegurar que en todo tiempo existan medidas de precaución suficientes para proteger a los animales y al público en caso de cualquier accidente, contingencia ambiental o emergencia ecológica;

XI. Garantizar la seguridad de los asistentes y animales, procurando que exista una distancia considerable entre éstos. En caso de animales peligrosos se deberá colocar letreros de advertencia y proporcionar vigilancia permanente;

XII. Prohibir la entrada de animales ajenos a la colección o ejecutantes de un deporte;

En caso de negativa por la causa de instalaciones inadecuadas, el solicitante contará con un plazo perentorio para la corrección de las mismas, sujeta a una nueva verificación.

Artículo 37.- Los animales de trabajo podrán utilizarse para dar terapia, brindar seguridad a las personas y los bienes, detectar drogas o explosivos, realizar búsquedas y rescates, así como para tiro, carga y monta. La frecuencia de su uso no comprometerá su bienestar, por lo que no deberán trabajar por períodos de tiempo que rebasen su resistencia ni ocasionándoles dolor, sufrimiento, lesiones, enfermedad o la muerte, de conformidad con lo establecido en la norma oficial mexicana correspondiente.

Tendrán cubiertas sus necesidades fisiológicas y tiempo de descanso después de la jornada de trabajo, la cual no se reiniciará antes de transcurridas por lo menos 10 horas de reposo.

Artículo 38.- El entrenamiento de animales de trabajo deberá realizarse por entrenadores certificados, en lugar autorizado y con la asesoría de un médico veterinario, de conformidad con las normas oficiales mexicanas que al efecto expidan las autoridades competentes.

Artículo 39.- El adiestramiento para guardia y defensa deberá efectuarse por adiestradores que cuenten con certificado de capacitación expedido por la autoridad competente y con instalaciones y alojamientos adecuados desde el punto de vista higiénico-sanitario, de protección animal y seguridad pública.

Artículo 40.- Queda prohibido:

I. Administrar a los animales fármacos, drogas, enervantes, estupefacientes u otro tipo de sustancias, que comprometan la salud o vida del animal;

II. Aplicar castigos, golpes, mutilaciones, maltrato o cualquier forma de coacción que puedan causar lesión o comprometan la salud o vida del animal;

III. Privar de alimento o agua a un animal como parte del entrenamiento;

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IV. Realizar el entrenamiento de animales en espacios públicos o en espacios privados de uso común sin las medidas adecuadas para evitar algún perjuicio a las personas o a sus bienes;

V. Utilizar animales silvestres;

VI. Utilizar animales vivos como señuelos u objetivos de ataque durante el entrenamiento de animales para guardia y protección;

VII. Utilizar hembras que se encuentren recién paridas o en el último tercio de la gestación, así como équidos que no hayan cumplido tres años de edad en actividades de tiro y carga;

VIII. Utilizar animales en condiciones físicas no aptas, enfermos, lesionados o desnutridos, así como en superficies abrasivas sin el herraje adecuado;

IX. Utilizar animales para guardia y protección en planteles escolares;

X. Vender, donar o abandonar una vez concluida la vida útil de animales adiestrados o utilizados para prestar servicios de guardia y protección o para la detección de drogas y explosivos. Deberán ser reubicados en centros de control y atención animal que garantice su protección y trato digno y respetuoso y que no constituyan un riesgo para otros animales o el ser humano;

XI. Instar a los animales a forcejear entre sí o con un ser humano como parte de un espectáculo;

XII. Utilizar a un animal como parte de un espectáculo en el que se maltrate, se obligue, muestre violencia, atente contra su vida,  o realice actividades ajenas al de su propia naturaleza; 

XIII. Forzar a los animales a que realicen actos contrarios o exhaustivos a sus capacidades físicas y jornadas de trabajo que comprometan su salud.

Artículo 41.- Los responsables de animales que se utilicen en ferias, carreras de caballos, jaripeos, así como en la industria del cine y la televisión, deberán garantizar el bienestar de los animales antes y después de que se desarrolle el espectáculo, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley.

Artículo 42.- Los responsables de animales en exhibición deberán mantenerlos en instalaciones que les permitan satisfacer sus necesidades de comportamiento, salud y fisiológicas, incluyendo exhibidores, alojamientos o albergues nocturnos, cuarentena, hospitalización, reproducción y crianza, a fin de evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que pudiera ocasionárseles.

Artículo 43.- Aquellos lugares y servicios que tengan acceso al público, incluyendo establecimientos, comercios y cualquier tipo de servicio privado o público, estarán obligados a permitir el acceso a los animales que asistan a personas con alguna discapacidad, o que por prescripción médica deban acompañarse de algún animal. Dicha disposición deberá anunciarse en la entrada y en lugar visible.

Capítulo IV
De la enajenación de animales

Artículo 44.- Las entidades federativas regularán los establecimientos mercantiles que se dediquen a la enajenación de animales domésticos, procurando en todo momento su bienestar.

Artículo 45.- Los responsables de establecimientos mercantiles y todo aquel lugar que  se  dedique a la compraventa de animales, tienen la obligación de informar por escrito a los compradores de las necesidades específicas para el mantenimiento, cuidado y alojamiento de los animales en cautiverio, con el fin de garantizar su atención, salud, protección y trato digno y respetuoso de conformidad con lo establecido en la presente Ley.

Artículo 46.- Los responsables de establecimientos mercantiles y lugares dedicados a la compraventa de animales entregarán al comprador tres certificados a saber, de venta, de salud y de vacunación, los dos últimos serán suscritos por médico veterinario zootecnista. 

a) El certificado de vacunación contendrá calendario de vacunación donde conste la aplicación de vacunas de rabia y desparasitación interna y externa, y pueda dar seguimiento el comprador.

b) El certificado de salud dará fe y constancia, de que el animal se encuentra libre de enfermedad y óptimo estado de salud.

c) El certificado de venta deberá contener por lo menos:

I. Animal de que se trate;

II. Sexo y edad del animal;

III. Procedencia;

IV. Datos de registro y autorización del establecimiento mercantil o lugar de compraventa; y

V. Las demás que establezca la normatividad aplicable.

Los establecimientos están obligados a integrar la información de los certificados expedidos a la Federación para que ésta lo integre al censo de especies animales domésticas del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales. Asimismo, están obligados a otorgar al comprador un manual de cuidado, albergue y dieta del animal adquirido, que incluya los riesgos ambientales de su liberación al medio natural o urbano y las faltas a que están sujetos por el incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. Dicho manual deberá estar certificado por un médico veterinario zootecnista.

Las autoridades competentes de los municipios y los órganos político administrativos realizarán visitas para vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a estos establecimientos. 

Artículo 47.- Es obligación de los responsables de los animales que se encuentren sujetos a comercialización, asegurar que exista una distancia entre los animales y el público, estar efectivamente asegurados en jaulas o compartimientos con letreros de advertencia al público.

Artículo 48.- Toda persona que compre, adquiera o venda un animal está obligada a cumplir con las disposiciones de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 49.- Queda prohibida a toda persona:

I. La venta de animales domésticos y de compañía en la vía pública, vías generales de comunicación, ferias, tianguis y mercados ambulantes, con excepción de los animales para consumo humano, en cuyo caso se deberá contar con la autorización de la autoridad correspondiente;

II. Queda prohibida la enajenación de animales domésticos para la experimentación y otros fines científicos a entidades no autorizadas o no reconocidas legalmente;

III. La venta de animales a menores de edad, si no están acompañados por una persona mayor de edad, quien se responsabilice ante el vendedor, por el menor, de la atención, salud, protección y trato digno y respetuoso hacia el animal;

IV. La venta de animales silvestres;

V. La exhibición de animales para su venta en condiciones que les impida libertad de movimiento  o descanso.  En ningún momento podrán estar colgados  o bajo la luz solar directa.

VI. La venta de animales enfermos o con lesiones, fracturas, traumatismos o heridas;

VII. Realizar actividades de mutilación, sacrificio animal adecuado u otras similares, en presencia de los clientes o a la vista de menores de edad.

VIII. Que el público ofrezca cualquier clase de alimentos u objetos a los animales que se encuentran en exhibición; y

IX. La manipulación de manera artificial o inducida el aspecto o las características físicas de los animales para promover su venta.

Capítulo V
De la enseñanza, investigación y experimentación

Artículo 50.- En la utilización de animales para la enseñanza, investigación y experimentación, se deberá garantizar en todo momento su salud y deberán utilizarse con la asistencia o bajo la supervisión de un Médico Veterinario Zootecnista certificado en animales de laboratorio. Además, se deberá acatar lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables.

Los responsables de los animales que regula el presente Capítulo son personas físicas o morales, instituciones públicas o privadas y tienen la obligación de salvaguardar su salud, brindarle protección y el trato digno y respetuoso, como factores esenciales al planear y llevar a cabo actividad docente o experimental. El personal involucrado, deberá contar con la capacitación necesaria para el cuidado y manejo de los animales.

Artículo 51.- El uso de animales en la investigación o experimentación sólo se justifica cuando sea imprescindible para el estudio y avance de la ciencia, y siempre que no exista algún método alterno que los sustituya como esquemas, dibujos, modelos en computadora, cultivos in vitro, películas, fotografías, videocintas, materiales biológicos y genómicos o cualquier otro procedimiento análogo.

La federación expedirá una norma oficial mexicana para fomentar el cuidado de los animales utilizados en la experimentación, en tanto que los centros de investigación y enseñanza deberán expedir protocolos para supervisar el trato digno y respetuoso de los animales durante las investigaciones. Queda prohibido el uso de animales en la educación básica y media superior.

Artículo 52.- En el caso de que el uso de animales sea necesario para cumplir los  objetivos  de  planes  y programas de estudio de una institución de enseñanza superior o avances de la ciencia, o bien, se tenga como propósito obtener una aportación novedosa y útil al conocimiento de la salud y del bienestar de humanos y animales, se deberá procurar la utilización de cadáveres o la menor cantidad de ejemplares, el empleo de técnicas y prácticas que reduzcan o eliminen su dolor y sufrimiento, así como las medidas que aseguren su salud antes, durante y después de su uso.

Las autoridades emitirán normas oficiales mexicanas para regular esta materia.

Artículo 53.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación celebrará convenios de coordinación y de concertación, según corresponda, con instituciones públicas y privadas, docentes o investigadores que realicen enseñanza, investigación y experimentación con animales con el objeto de:

I. Propiciar la creación de un registro;

II. Fomentar el establecimiento de foros de participación con personas y organizaciones de la sociedad interesada en la investigación con animales; y

III. Proponer que los planes y programas de estudio de instituciones de enseñanza promuevan una cultura sobre la importancia de salvaguardar la protección y el trato digno y respetuoso hacia los animales en toda actividad humana.

Artículo 54.- Durante el desarrollo de un proyecto de enseñanza, investigación y experimentación, se deberá evitar que el animal se someta a periodos prolongados de inmovilización. En caso de que así se requiera, se deberán tomar en cuenta las necesidades biológicas del animal. Si el animal muestra signos de dolor, sufrimiento o lesiones, se deberá modificar el método de inmovilización o retirar al animal del proyecto.

Artículo 55.- Los proyectos de enseñanza, investigación y experimentación que involucren el uso de substancias peligrosas en animales, así como la administración de organismos infecciosos o que por las características de las substancias u organismos empleados impliquen un riesgo al ser humano u otros animales, deberán ser debidamente aislados. Se deberá incluir las medidas de bioseguridad necesarias, así como un plan de contingencias para atender emergencias.

Artículo 56.- El proyecto de enseñanza, investigación y experimentación que requiera la muerte del animal, o si el animal sobrevive, pero como consecuencia del proyecto sufrió lesiones graves, alguna incapacidad física o padezca dolor que no pueda ser controlado con analgésicos, se le deberá aplicar el  sacrificio animal adecuado.

Artículo 57. En los casos en que a consecuencia del proyecto de enseñanza, investigación y experimentación el animal muera se deberán tomar las previsiones necesarias para la rápida eliminación sanitaria de los cadáveres y material de desecho, de conformidad con las normas que al efecto establezcan la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Artículo 58.- Una vez finalizado el proyecto de enseñanza, investigación y experimentación, los animales empleados deberán recuperar su estado fisiológico y de salud.

Artículo 59.- Los responsables señalados en este capítulo tendrán las siguientes prohibiciones:

I. Realizar más de una cirugía en el mismo animal.

II. Capturar animales en su hábitat, en la vía o espacio público, en establecimientos, lugares e instalaciones destinados al mantenimiento, cuidado y alojamiento temporal o definitivo, centros de trabajo, espectáculo o exhibición, para utilizarlos en actividades de enseñanza , investigación y experimentación;

III. Aplicar y utilizar técnicas de identificación en los animales que provoquen lesiones, pérdida de una parte sensible del cuerpo, alteración de la estructura ósea y problemas de salud en la posteridad.

IV. Maltratar, lesionar, matar o provocar dolor a un animal para realizar experimentos, prácticas o demostraciones, incluyendo las vivisecciones, en instituciones de todos los niveles y tipos, granjas didácticas o lugares e instalaciones en donde se usen animales con fines educativos. Dichos planteles deberán recurrir a la utilización de modelos plásticos, videos y demás material disponible;

V. Utilizar un animal en más de un experimento que comprometa su salud en la posteridad ya sea que se trate o no del mismo proyecto de enseñanza, investigación y experimentación.

VI. Suministrar durante el transcurso de las investigaciones agentes paralizantes de las placas motoras de los músculos. En caso de utilizar relajantes musculares, éstos deberán emplearse simultáneamente con un anestésico.

CAPITULO VI
Sacrificio animal adecuado de los animales

Artículo 60.- Las disposiciones del presente Capítulo regulan el sacrificio animal adecuado de los animales. La persona que lo realice deberá estar certificado en la utilización y aplicación de diversas  técnicas  y procedimientos para provocar la muerte del animal instantánea e indolora de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas que para tal efecto emita la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Artículo 61.- El sacrificio animal adecuado requerirá de la opinión de un Médico Veterinario Zootecnista y procederá en los siguientes casos:

I. Padecer una enfermedad incurable o se encuentre en fase terminal;

II. Sufrir lesiones graves que comprometan su salud;

III. Tener incapacidad física o sufra de dolor que no pueda ser controlado;

IV. Padecer estrés crónico irresoluble;

V. Sufrir problemas conductuales irreversibles que representen un riesgo para las personas, otros animales y el propio animal;

VI. Padecer sufrimiento provocado por un accidente;

VII. Sufrir trastornos seniles;

VIII. Cuando se encuentren en una instalación de alojamiento temporal y el número de animales exceda la capacidad de operación de éste, comprometiendo la salud del animal y los demás ejemplares;

IX. Cuando haya nacimientos a pesar de que los animales se encuentren en un programa de control reproductivo;

X. Por medida sanitaria, situación de emergencia, epidemias, epizootias de conformidad con la Ley General de Salud y las normas oficiales mexicanas aplicables;

XI. Por contingencias ambientales y emergencias ecológicas, siempre y cuando los métodos empleados cumplan con las disposiciones que establece la presente Ley y de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Animal y las normas oficiales mexicanas aplicables;

XII. Por falta de reclamación de animales capturados que se encuentren en establecimientos, lugares e instalaciones destinados al mantenimiento temporal o definitivo, en término de 15 días;

XIII. Por agresión reincidente a animales o personas;

XIV. Por orden expresa de la autoridad ministerial o jurisdiccional, debidamente fundada y motivada;

Artículo 62.- Queda prohibido:

I. Provocar la muerte de animales por envenenamiento, asfixia, el uso de ácidos corrosivos e instrumentos punzocortantes, corriente eléctrica, golpes, así como el uso de métodos o procedimientos que causen dolor o prolonguen la agonía de éstos.

II. Introducir animales vivos en líquido hirviendo o caliente;

III. Desollar o desplumar animales vivos;

IV. Realizar el sacrificio animal adecuado de animales en la vía pública,  salvo por motivos de peligro inminente que ponga en riesgo la integridad de las personas, así como para evitar que se prolongue la agonía del animal, cuando no sea posible su traslado inmediato a un lugar adecuado;

V. Realizar el sacrificio animal adecuado de hembras en el último tercio de gestación, salvo en los casos que este en peligro su salud o que se trate de medidas de control animal o restauración ecológica;

VI. Permitir que los menores de edad observen el sacrificio animal adecuado de animales; y

VII. Permitir que los animales presencien el sacrificio animal adecuado de otros.

Artículo 63.- Unicamente se podrá provocar la muerte por sacrificio animal adecuado previa insensibilización de los animales, salvo que el método elegido para provocar la muerte garantice por sí mismo una muerte sin dolor y sin sufrimiento, el cual deberá estar previsto en las normas oficiales mexicanas.

La muerte de hembras,  visiblemente  gestantes, sólo podrá ser inducida mediante el uso de anestésicos.

CAPITULO VII
De la participación ciudadana

Artículo 64.- Las asociaciones protectoras de animales podrán proporcionar servicios de atención médico-veterinaria en los Centros de Control y Atención Animal, siempre que cuenten con médicos veterinarios que tengan cédula profesional.

Artículo 65.- Para la elaboración de las normas oficiales mexicanas a que se refiere esta Ley, las autoridades competentes tomarán en cuenta la opinión de los ciudadanos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Artículo 66.- Las autoridades competentes podrán celebrar convenios de concertación con las asociaciones protectoras de animales para apoyar en la captura de los animales abandonados y ferales en los espacios públicos y remitirlos a los Centros de Control y Atención Animal o, en su caso, a las instalaciones para el resguardo de animales de las asociaciones protectoras de animales, siempre y cuando cuenten con la infraestructura necesaria y el personal capacitado debidamente autorizado por la autoridad competente para dicho fin.

También podrán celebrar convenios en los que se establezca el destino que se dará a los animales que no sean reclamados por su guardián o responsable en los términos del artículo 25 de esta ley.

Los Centros de Control y Atención Animal promoverán la adopción de animales abandonados y, en general, la educación ambiental basada en el trato digno y respetuoso de los animales. Los animales que sean dados en adopción deberán ser esterilizados previamente.

Artículo 67.- Los Centros de Control y Atención Animal proporcionarán la atención médica y alimenticia necesaria a los animales domésticos o abandonados que se encuentren bajo su cuidado. También estarán obligados a retirar de la vía pública y de las áreas de uso común de inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio, a los animales cuyo bienestar se encuentre comprometido ante la ausencia de una persona responsable de su cuidado sin que se condicione dicho servicio al pago previo del mismo.

Artículo 68.- Las autoridades competentes autorizarán la presencia de representantes de las asociaciones protectoras de animales que así lo soliciten, cuando se realicen actos de sacrificio humanitario de animales en las instalaciones públicas destinadas para dicho fin. También se permitirá la presencia de observadores cuando se realicen visitas de verificación a establecimientos públicos y privados que manejen animales.

Los animales muertos en los domicilios o en la vía pública deberán ser llevados en bolsas de polietileno o contenedores herméticamente cerrados a los centros de inhumación o disposición final autorizados o establecidos por los municipios y los Organos Político-Administrativos del Distrito Federal.

Artículo 69.- Los Consejos Ciudadanos para la Protección de los Animales serán órganos de vinculación y enlace con instituciones públicas y privadas, organizaciones académicas y asociaciones protectoras de animales, para coadyuvar en el diseño y evaluación de las políticas que sobre protección y bienestar animal se implementen a nivel nacional y estatal.

La integración y el funcionamiento de este Consejo se regirán conforme a lo que establezca el reglamento correspondiente.

Artículo 70.- Toda persona tiene derecho a que las autoridades competentes pongan a su disposición la información que les solicite en materia de protección, trato digno y respetuoso a los animales, en los términos previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 71.- Los ciudadanos en lo individual o en lo colectivo fomentarán en la sociedad, la protección y el trato digno y respetuoso hacia los animales y los valores que sustentan esta Ley.

TITULO IV
De las medidas de seguridad, de las sanciones, de los delitos y de las denuncias

CAPITULO I
Disposiciones Generales

Articulo 72.- Las autoridades, en el ámbito de sus facultades, tienen la obligación de realizar las investigaciones correspondientes ante cualquier denuncia de maltrato o sacrificio injustificado de animales y, en general, ante cualquier hecho, acto u omisión derivado del incumplimiento de la presente Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como emitir y aplicar las sanciones correspondientes.

Artículo 73.- Las entidades federativas determinarán, en los términos de sus respectivas leyes, las infracciones, sanciones, procedimientos y recursos en materia de protección y bienestar animal, de conformidad con lo establecido en esta Ley.

Artículo 74.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su reglamento y demás disposiciones que emanen de ella, serán sancionadas administrativamente por las autoridades correspondientes, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.

CAPITULO II
Medidas de Seguridad

Artículo 75.- De existir riesgo inminente, ante flagrancia, o se estén llevando a cabo actividades, prácticas, hechos u omisiones, que alteren la protección, trato digno y respetuoso y la salud de un animal, las autoridades competentes, fundada y motivadamente, podrá ordenar inmediatamente las siguientes medidas de seguridad:

I. Clausura temporal de los establecimientos, instalaciones, servicios o lugares donde se tengan, utilicen, exhiban y comercien animales donde no se cumpla con la legislación correspondiente;

II. El aseguramiento precautorio de animales cuya salud y vida esté en peligro. En este caso, la autoridad podrá designar un depositario que garantice el bienestar del animal de conformidad con lo establecido en la presente Ley; y

III. Clausura definitiva cuando exista reincidencia en los casos que haya motivado una clausura temporal o cuando se trate de hechos, actos u omisiones cuyo fin primordial sea el de realizar actos prohibidos por la presente Ley.

Podrán ser designados como depositarios las sociedades protectoras de animales que cuenten con instalaciones para el resguardo de animales. El presunto infractor será responsable por los gastos en que incurra el depositario en el cuidado del animal.

Artículo 76.- Cuando la autoridad administrativa ordene alguna de las medidas de seguridad previstas en esta Ley, indicará al interesado las acciones que deberá llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su realización a fin de que una vez cumplidas éstas se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta.

CAPITULO III
De las Sanciones

Artículo 77.- Es responsable de las faltas previstas en esta Ley cualquier persona que participe en la ejecución de las mismas o induzca directa o indirectamente a cometerlas.

Artículo 78.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley serán sancionadas administrativamente por las autoridades competentes con las siguientes sanciones, independientemente de las sanciones penales a que haya lugar en su caso:

I. La violación a las disposiciones contenidas en los artículos 14, 15, 16, 22, 29, 33, 34, 37, 38 con multa de 10 a 1,000 días de salario mínimo;

II. La violación a lo dispuesto en las fracciones II, III, VIII, IX y X del artículo 18 y en las fracciones II, VII, XI y XIV del artículo 19, con arresto administrativo hasta por 36 horas, el decomiso de los animales, la clausura definitiva del lugar donde se realice el espectáculo y multa de 10 a 3,000 días de salario mínimo;

III. La violación a lo dispuesto en los artículos 23 y 25 con multa de 50 a 1,000 días de salario mínimo;

IV. La violación a lo dispuesto en el artículo 35 con clausura temporal o definitiva del lugar donde se realice el espectáculo;

V. La violación a lo dispuesto en las fracciones IV a XIII del artículo 36con una multa de 100 a 2,000 días de salario mínimo, así como clausura temporal o definitiva del lugar donde se realice la exhibición;

VI. La violación a lo dispuesto en las fracciones IV, V, VII, VIII, IX y X del articulo 40 y el artículo 50 con una multa de 100 a 2,000 días de salario mínimo, así como clausura temporal o definitiva del lugar donde se realice el entrenamiento;

VII. La violación a lo dispuesto en las fracciones I, II, III, VI XI, XII y XIII del artículo 40 con arresto administrativo hasta por 36 horas, el decomiso de los animales y multa de 1,000 días 3,000 días de salario mínimo;

VIII. La violación a lo dispuesto en los artículos 45 y 46con una multa de 100 a 2,000 días de salario mínimo, así como, clausura temporal o definitiva de los establecimientos mercantiles y todo aquel lugar que  se  dedique  a la compraventa de animales;

IX. La violación a lo dispuesto en el artículo 49 con una multa de 4,000 días de salario mínimo, arresto administrativo hasta por 36 horas, el decomiso de los animales y la clausura definitiva del lugar.

X. La violación a lo dispuesto en los artículos 59 y 62, con una multa de 300 a 3,000 días de salario mínimo.

En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por el doble de la sanción pecuniaria correspondiente.

En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, la autoridad competente deberá indicar al infractor las medidas correctivas y acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron dicha sanción, así como los plazos para su realización.

Los animales decomisados podrán ser donados a establecimientos que tienen animales en exhibición, o bien, a las asociaciones protectoras de animales, quienes deberán garantizar la existencia de las condiciones adecuadas para el bienestar de los animales.

Artículo 79.- Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, se tomará en cuenta:

I. La gravedad de la infracción;

II. Las condiciones económicas del infractor;

III. La reincidencia, si la hubiere;

IV. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción; y

V. El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la sanción.

Para efectos de la presente Ley, se reincide cuando habiendo quedado firme una resolución que imponga una sanción se cometa una nueva falta posterior a aquélla.

Artículo 80.- Para el caso de violaciones que realicen los laboratorios científicos, las instituciones educativas o quienes ejerzan la profesión de médico veterinario, el monto de la multa se incrementará hasta en un treinta por ciento, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que incurrieran.

Artículo 81.-Del dinero que se recaude por concepto de multas derivadas de violaciones a esta Ley, las autoridades destinarán el cincuenta por ciento de los montos recaudados a los municipios o delegaciones para atender las acciones relacionadas con las atribuciones que esta Ley les confiere.

Artículo 82.- Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de esta Ley podrán ser impugnadas en los términos previstos por las leyes de procedimiento administrativo correspondientes.

CAPITULO IV
DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE ANIMALES

Artículo 83.- Las autoridades de procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere este capítulo.

Artículo 84.- Al que intencionalmente realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal, causándole lesiones evidentes, sin que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión. Esta pena se aplicará a quien transgreda lo establecido en las fracciones II, IV, VI, VII y X del artículo 18, fracciones II, XI, XIII y XIV artículo 19, fracciones I, II, III, VII, XI, XII y XIII artículo 40, fracciones V y IX artículo 49, fracciones I, III, V, VI artículo 59  de esta ley.

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se incrementarán en una mitad las penas señaladas.

Artículo 85.- Al que intencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal provocándole la muerte, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión. En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su muerte, la pena se aumentará en una mitad. Esta pena se aplicará a quien transgreda lo establecido en las fracciones V y IX artículo 18, fracción I artículo 19, fracción VI artículo 40, fracción VII artículo 49 y fracción IV artículo 59 de esta Ley.

Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento todos aquellos que lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal, como la muerte por envenenamiento, asfixia, el uso de ácidos corrosivos e instrumentos punzo cortantes, golpes, así como el uso de líquidos calientes o en ebullición.

CAPITULO V
De las Denuncias

Artículo 86.- Toda persona, ya sea física o moral, podrá denunciar de manera anónima ante las autoridades competentes aquellos actos u omisiones que puedan constituir infracción o violación a las disposiciones de la presente Ley.

Si por la naturaleza de los hechos denunciados se tratare de asuntos de competencia de otra autoridad, quien reciba la denuncia deberá turnarla a la autoridad competente.

La autoridad está obligada a informar al denunciante sobre el trámite que recaiga a su denuncia y en el plazo de 15 días hábiles le notificará personalmente las medidas que se hayan tomado y, en su caso, la imposición de la sanción respectiva.

Artículo 87.- La denuncia deberá presentarse por escrito y contener al menos:

I. Los actos, hechos u omisiones denunciados;

II. Los datos que permitan identificar al presunto infractor; y

III. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.

En situaciones de emergencia, la autoridad competente procederá a realizar una visita de verificación en términos de las disposiciones legales correspondientes, a efecto de determinar la existencia o no de la infracción o violación motivo de la denuncia.

Una vez calificada el acta levantada con motivo de la visita de verificación referida en el párrafo anterior, la autoridad correspondiente procederá a dictar la resolución que corresponda.

Sin perjuicio de la resolución señalada en el párrafo anterior, la autoridad dará contestación en un plazo de treinta días hábiles, la que deberá notificar personalmente al denunciante y en la cual se informará del resultado de la verificación, de las medidas que se hayan tomado y, en su caso, de la imposición de la sanción o pena respectiva.

La autoridad está obligada a informar al denunciante sobre el trámite que recaiga a su denuncia y sobre las medidas adoptadas para garantizar el bienestar de los animales que fueron objeto de cualquier maltrato.

Si fuese una denuncia ciudadana, derivada de un espectáculo público o algún deporte, bastará que el denunciante se presente ante la instancia correspondiente a manifestar los hechos de su denuncia, a través de una comparecencia o fe de hechos. La autoridad correspondiente ejecutará el procedimiento de verificación y vigilancia a efecto de aplicar las sanciones y medidas de seguridad que correspondan, de acuerdo a esta Ley y demás disposiciones que correspondan.

Artículo Segundo.- Se reforma el párrafo décimo primero del artículo 4, el párrafo primero del artículo 20 y el párrafo primero del artículo 21; se deroga el párrafo segundo del artículo 21; todos de la Ley Federal de Sanidad Animal para quedar como sigue:

Artículo 4.- …

…Bienestar animal: lo establecido en la Ley General para la Protección de Animales…

Artículo 20.- La Secretaría en términos de esta Ley y su Reglamento, emitirá las disposiciones de sanidad animal que definirán los criterios, especificaciones, condiciones y procedimientos para salvaguardar el bienestar de los animales conforme a lo establecido en la Ley General para la Protección de Animales. Para la formulación de esos ordenamientos se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes principios básicos.

I. a V. …

Artículo 21.- Los propietarios o poseedores de animales domésticos o silvestres en cautiverio tendrán las obligaciones que establece la Ley General para la Protección de Animales.

Derogado

Artículo Tercero.- Se reforman los artículos 874 y 2470 del Código Civil Federal para quedar como sigue:

Artículo 874.- La apropiación de los animales domésticos se rige por las disposiciones contenidas en el Título de los bienes mostrencos así como en la Ley General para la Protección de Animales.

Artículo 2470.- El arrendatario está obligado a proteger el bienestar del animal en los términos señalados en la Ley General para la Protección de Animales, sin poder cobrar nada al dueño.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto en esta Ley.

TERCERO.- Las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emitirán las disposiciones para regular las materias que este ordenamiento dispone dentro de los ciento ochenta días siguientes a su entrada en vigor. Asimismo, reformarán las leyes correspondientes para definir las unidades administrativas que se encargarán de su aplicación.

CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedirá las disposiciones reglamentarias correspondientes dentro de los ciento ochenta días naturales a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

QUINTO.- Las peleas de gallos y corridas de toros, novillos y becerros a que se refiere la fracción X del artículo 18 quedarán prohibidas a partir del primero de enero de 2016.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de octubre de 2014.

Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. Jorge Emilio González Martínez”.

 

 

1 Para mayor referencia de estas enfermedades véase: Maguiña Vargas, Ciro, et al., Enfermedades de mascotas en humanos. Revisión actualizada, Revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, 17(1), 2004.

2 Los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal estiman que “de 1,200,000 animales que anualmente se les aplica la vacuna antirrábica, un 10% (120,000), son callejeros, sin especificar si son gatos o perros”. Respuesta a la Solicitud de Información Pública No. 0321500008813.

3 Estos términos son práctica común en otros países para hacer referencia a los poseedores de algún animal, enfatizando que sus vidas deben ser custodiadas y protegidas por los humanos.

4 Respuesta de los Servicios de Salud Pública del D.F. a la solicitud de información pública No. 0321500008813.

5 Respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a la solicitud de información bajo el número de folio 0109000018013.

6 Animals In Traveling Circuses: The Science on Suffering, 2006. Citado en: http://www.animanaturalis.org/p/1375/cautividad_y_transporte#nota1.

7 Dichas entidades fueron: Baja California Sur, Coahuila, Durango, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tabasco.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 4o. PARRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA RECONOCER EL DERECHO HUMANO A LA SALUD UNIVERSAL E IGUALITARIO, EL QUE DEBE SER GARANTIZADO POR EL ESTADO

(Presentada por la C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT)

“La suscrita Martha Palafox Gutiérrez, Senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8.1 fracción I, 164.1, y 169 del Reglamento de la Cámara de Senadores, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 4° PARRAFO 4 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA RECONOCER EL DERECHO HUMANO A LA SALUD UNIVERSAL E IGUALITARIO, EL QUE DEBE SER GARANTIZADO POR EL ESTADO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución mexicana en distintos preceptos alude al derecho a la salud. El párrafo cuarto del artículo 4 constitucional garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud. En su segunda parte, dicho párrafo ordena al legislador definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como a disponer la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno sobre la materia, de acuerdo a lo establecido en la fracción XVI del artículo 73 de la Carta Magna.

El artículo 2 apartado B fracción III de la Constitución señala respecto a los pueblos indígenas lo siguiente: “Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido entre algunos criterios, el del 25 de octubre de 1999, señaló respecto a los infectados con el virus de VIH/SIDA que el derecho a la salud comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. También ha formulado criterios sobre los límites a las donaciones de órganos, con la construcción y adecuado abastecimiento de los centros de atención médica y, sobre el derecho a la salud y la libertad de trabajo.

En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ésta ha determinado en su Manual para la calificación de hechos violatorios de derechos humanos, algunas conductas que infringen los derechos fundamentales en el ámbito de la salud: abandono de paciente, aislamiento hospitalario por tener la condición de seropositivo o enfermo de sida, deficiencia en los trámites médicos, falta de notificación del estado de salud de VIH, investigación ilegal en seres humanos, negativa de atención médica, negativa de atención médica por tener la condición de seropositivo, negativa o inadecuada prestación de servicio público y negligencia médica, así como la falta de unidades especializadas en nefrología en todos los estados de la república para prevenir esta grave enfermedad.

El derecho a la salud está reconocido en diversos instrumentos internacionales, en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el artículo

12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 10 del Protocolo en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y, en la Convención sobre los Derechos del Niño.

En el derecho internacional del derecho humano a la salud es muy importante la observación general 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, la que sostiene, entre otros aspectos, lo siguiente:

  1.  El derecho a la salud debe ser entendido como un derecho muy amplio. No sólo se refiere al acceso a la atención médica;

 

  1.  El derecho a la salud tiene que ver con las condiciones que permiten a las personas tener una vida sana: alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso al agua limpia potable, a las condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas, y a un medio ambiente sano, entre otras;
  1.  El derecho a la salud tiene que ver también con libertades personales como los derechos a controlar la propia salud y el cuerpo, con la libertad sexual y genésica, con el derecho a no padecer injerencias y experimentos médicos no consensuales;

 

  1.  El derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel de salud;
  1.  El derecho a la salud debe tener la característica de la disponibilidad, es decir, cada Estado debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas;

 

  1.  El derecho a la salud debe ser accesible, sin discriminación alguna, lo que supone: no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica y, acceso a la información;
  1.  El derecho a la salud debe ser respetuoso con la ética médica y sensibles a los requerimientos de género y del ciclo de vida y, a través de él se deben respetar la confidencialidad e intimidad de las personas;

 

  1.  El derecho a la salud debe ser de calidad;
  1.  El derecho a la salud en particular implica la obligación del Estado para adoptar medidas para mejorar la salud infantil y materna, los servicios de salud sexuales y genésicos, incluido el acceso a la planificación de la familia, la atención anterior y posterior al parto y, los servicios obstétricos de urgencia;

 

  1.  El derecho a la salud en su relación con el derecho al trabajo entraña la adopción de medidas preventivas, la necesidad de velar por el suministro adecuado de agua limpia potable y la creación de condiciones sanitarias básicas, la prevención y reducción de la exposición de la población a sustancias nocivas tales como las radiaciones y sustancias químicas nocivas u otros factores ambientales perjudiciales que afectan directa o indirectamente la salud y, a reducir al mínimo los peligros para la salud resultantes del medio ambiente laboral;
  1.  El derecho a la salud debe ser también preventivo y en ese sentido se deben promover programas de seguridad ambiental, educativos, de desarrollo económico y, de igualdad de género;

 

  1.  Los Estados tienen la obligación especial de proporcionar seguro médico y los centros de atención de la salud necesarios a quienes principalmente carezcan de medios suficientes para que las asignaciones inadecuadas de recursos no den lugar a discriminaciones fundamentalmente en la atención primaria y preventiva de salud;
  1.  Los Estados deben incorporar la perspectiva de género en todos sus programas de salud, al igual que se debe insistir de manera especial en la salud a niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidades y a los pueblos indígenas;

 

  1.  El derecho a la salud no debe ser regresivo, ni debe impedir los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales. Deben prohibirse los medicamentos peligrosos y los tratamientos coercitivos. Los Estados no pueden limitar el acceso a los anticonceptivos ni censurar la educación sexual ni limitar la participación del pueblo en los asuntos relacionados con la salud;
  1.  La privatización de la salud no debe constituir una amenaza a la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud;

 

  1.  Las leyes deben controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros y, se debe asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación, experiencia y deontología;
  1.  El derecho a la salud es antitético con prácticas tradicionales como la mutilación de órganos sexuales femeninos y con la prohibición y barreras al acceso de las personas a la información y a servicios relacionados con la salud;

 

  1.  Los Estados deben garantizar la atención a la salud, en particular estableciendo programas de inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;
  1.  Los Estados tienen como obligación fundamental el establecimiento de un sistema de seguro de salud público, privado o mixto que sea accesible para todos, así como al fomento de las investigaciones médicas y la educación en materia de salud, así como la organización de campañas de información en particular por lo que se refiere al Sida, la salud sexual y genésica, las prácticas tradicionales, la violencia en el hogar, el uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y otras sustancias nocivas;

 

  1.  Los Estados deben adoptar una política nacional de salud con miras a garantizar el derecho a la salud de todos;
  1. Todas las personas que sean víctimas de una violación al derecho a la salud deben contar con recursos judiciales efectivos para  garantizarlo a través de la restitución, indemnización, satisfacción o garantías de que no se repetirán los hechos; y,

 

  1.  Los Estados deben prestar especial atención a las necesidades y los derechos en materia de salud de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos como las de las emigrantes, refugiadas y desplazadas internas, las niñas, las ancianas, las mujeres que trabajan en la prostitución, las mujeres autóctonas y las mujeres con discapacidad física o mental.

En México el sistema de salud no es preventivo y es un derecho humano, reconocido en la observación general 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, del cual se ha hecho caso omiso, el estado mexicano a través del estado de salud de lo único que se encarga es de atacar la enfermedad, hasta el día de hoy el gobierno federal ha creado el sistema preventivo a través de del Programa chécate, mídete y muévete, pero a más de 50 años el sistema de salud ha sido estático en este tema

En México, el derecho a la salud es una tarea pendiente. La cobertura universal no está garantizada, principalmente respecto a la población con mayores necesidades. La propia Secretaría de Salud ha señalado que es necesario construir un auténtico sistema universal de salud que comprenda a los que no participan como asalariados en el sector formal de la economía1. El gasto público en salud en México se encuentra al 3.1% del PIB, lo que es sumamente reducido en comparación con los demás países de la OCDE y de América Latina.

La Academia Mexicana ha propuesto para construir el sistema universal de salud que éste reúna tres elementos: la portabilidad, la convergencia y el fomento al mercado de servicios sanitarios. La portabilidad consiste en que todo ciudadano que cuente con algún seguro de salud, tenga el derecho de acudir a cualquier institución para su atención. La convergencia entraña políticas de coordinación para que en la inversión en infraestructura médica como en la provisión de servicios intervenga el sector público y el privado. Finalmente, el mercado de servicios sanitarios, integrado por el sector público y privado, debe ayudar a disminuir los costos y eficientar el sistema2, por lo que es necesario establecer un modelo de salud adecuado al siglo XXI.

Lo anterior quiere decir, que existe por parte de las autoridades competentes en la materia como en el mundo académico la nacional, la tendencia a privatizar el derecho a la salud, es decir, a sustraer como principal responsable en la materia al sector público. El modelo neoliberal del que parte esta tesis no está diseñado para distribuir la riqueza y para evitar la inequidad. Eso significa que las obligaciones a cargo del Estado para la protección y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales se reducen sensiblemente. Si analizamos algunas variables en México, confirmamos nuestra hipótesis: a) En el caso del poder adquisitivo del salario mínimo encontramos que si en 1982 el salario correspondía al 64.29% del de 1976, en 2005, tras 23 años de neoliberalismo sólo alcanza al 23.59%3; b) En materia de agricultura y campo, Armando Bartra, señala que “…si queremos comer, los mexicanos necesitamos importar más de 100 mil millones de pesos anuales en alimentos, entre ellos 25% del maíz que aquí se consume. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué, si antes nos dábamos abasto sobradamente, caímos en la dependencia? La respuesta es sencilla, pero alarmante: porque desde los años ochenta del pasado siglo los tecnócratas en el poder renunciaron voluntariamente a la soberanía alimentaria en nombre de las “ventajas competitivas”; un paradigma según el cual es mejor exportar mexicanos e importar comida que apoyar a los campesinos para que cultiven aquí nuestros alimentos. El resultado ha sido dependencia alimentaria y migración, es decir, hambre y éxodo”4. En los años del neoliberalismo se ha reducido la tasa de crecimiento de la producción agropecuaria, se han incrementado las importaciones agropecuarias, existe un progresivo déficit nacional de bienes de consumo básico, ha aumentado la pérdida de puestos de trabajo en el campo con la consiguiente migración de población rural a los Estados Unidos y, los niveles de desigualdad y polarización van en aumento5; c) En materia de pensiones y laboral, los derechos de los mexicanos se han visto mermados; en el sistema de pensiones (IMSS e ISSSTE) los cambios legislativos de los últimos años -1995 y 2007- han modificado las antiguas bases del derecho de seguridad social para favorecer la acumulación de ganancias privadas en las administradoras de fondos para el retiro (Afores); y, en materia laboral, la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012, ha supuesto una reducción de los derechos de los trabajadores, principalmente por lo que a la regulación del outsourcing y a la flexibilidad y abaratamiento del despido laboral; d) En materia educativa con el pretexto de promover la calidad educativa se aprobó una reforma a la Constitución en 2013 que ha impuesto un modelo de evaluación magisterial puramente represivo, que no pretende fortalecer las competencias pedagógicas de los maestros ni la calidad de la educación, sino que busca dotar al gobierno de instrumentos para reducir el poder sindical de los maestros y en limitar la insurgencia sindical; y, e) por lo que ve a la salud, los gobiernos han hecho decrecer el gasto. En 1980 se destinaba para gasto en salud de 3.4%, en 1983 el 2.8% del PIB, en 1988 el 2.2% y, en 2000 el gasto fue de 2.6%6.

Como Senadora del grupo parlamentario del PT propongo una modificación al párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución para que el derecho a la salud universal e igualitario a cargo del Estado sea considerado como un derecho fundamental. El actual texto constitucional exclusivamente alude al derecho a la protección a la salud pero el derecho humano a la salud comprende elementos mucho más amplios, tal como determina la observación 14 de Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, misma que indica que el derecho humano a la salud es interdependiente con los derechos y con las condiciones que permiten a las personas tener una vida sana: la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso al agua limpia potable, a las condiciones sanitarias adecuadas, las condiciones de trabajo seguras y sanas, y a un medio ambiente sano, entre otras.

Además, es necesario que en el texto constitucional se reconozca que el derecho humano a la salud es un derecho universal e igualitario, por lo que cualquier persona debe tener acceso a él en las mismas condiciones. El Estado debe garantizarlo, independientemente de si la persona cotiza o no como trabajador en alguna de las instituciones de seguridad social del país. El carácter universal del derecho a la salud se debe garantizar para todos, lo que significa que no puede satisfacerse como hasta ahora, de manera fragmentada, inequitativa e incompleta7. El acceso y la cobertura universal e igualitaria a la salud son elementos fundamentales e imprescindibles del derecho a la salud. Las condiciones de satisfacción del derecho a la salud deben ser semejantes para todos en cuanto acceso, prestación de los servicios y calidad.

El derecho a la salud debe implicar en lo particular la obligación del Estado para adoptar medidas para mejorar la salud en el trabajo, la salud infantil y materna, los servicios de salud sexuales y genésicos, incluido el acceso a la planificación de la familia, la atención anterior y posterior al parto y, los servicios obstétricos de urgencia. Igualmente el derecho a la salud entraña en el Estado mexicano prestar especial atención a las necesidades y los derechos en materia de salud de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos como las de las emigrantes, refugiadas y desplazadas internas, las niñas, las ancianas, las mujeres que trabajan en la prostitución, las mujeres autóctonas y las mujeres con discapacidad física o mental.

Para garantizar el derecho a la salud, el Estado debe adoptar una política nacional de salud de carácter participativa y deliberativa con miras a garantizar el derecho a la salud de todos. La ley secundaria debe señalar que todas las personas que sean víctimas de una violación al derecho a la salud deben contar con recursos judiciales efectivos para  garantizarlo a través de la restitución, indemnización, satisfacción o garantías de que no se repetirán los hechos infractores de derechos humanos.

Los particulares podrán ofrecer servicios de salud condicionados a las autorizaciones del Estado y siempre que cumplan con los principios y las reglas, internacionales y nacionales, que salvaguardan el derecho a la salud igualitario y universal. La ley secundaria establecerá las vías de esa participación.

En esta iniciativa proponemos el incremento año con año del gasto en salud del Estado. Anualmente el gasto en salud debe aumentar un 0.5 del PIB en relación con el gasto efectuado en el año inmediato anterior. Lo anterior para dar cumplimiento al principio de progresividad que es característica de los derechos fundamentales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía propongo la siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PROYECTO DE DECRETO por el que se reforma  el párrafo cuarto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Articulo 4°.- …

Toda persona tiene derecho a la salud universal e igualitaria a cargo del Estado. La ley establecerá la concurrencia de los tres niveles de gobierno conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. El Estado debe garantizar el derecho a la salud independientemente de si la persona cotiza o no como trabajador en alguna de las instituciones de seguridad social del país. El derecho a la salud implica en lo particular la obligación del Estado para adoptar medidas para mejorar la salud en el trabajo, la salud infantil y materna, los servicios de salud sexuales y genésicos, incluido el acceso a la planificación de la familia, la atención anterior y posterior al parto y, los servicios obstétricos de urgencia. Igualmente el derecho a la salud entraña prestar especial atención a las necesidades y los derechos en materia de salud de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos como las de las migrantes, refugiadas y desplazadas internas, las niñas, las ancianas, las mujeres que trabajan en la prostitución, las mujeres autóctonas y las mujeres con discapacidad física o mental. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado debe adoptar una política nacional de salud de carácter participativa y deliberativa con miras a garantizar el derecho a la salud de todos. La ley secundaria debe señalar que todas las personas que sean víctimas de una violación al derecho a la salud deben contar con recursos judiciales efectivos para garantizarlo a través de la restitución, indemnización, satisfacción o garantías de que no se repetirán los hechos infractores de este derecho humano. Los particulares podrán ofrecer bienes y servicios de salud condicionados a las autorizaciones del Estado y siempre que cumplan con los principios y las reglas, internacionales y nacionales, que salvaguardan el derecho a la salud igualitario y universal. La ley secundaria establecerá las vías de esa participación.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Segundo.- El gasto público en salud se incrementará anualmente, debe aumentar un 0.5 del PIB en relación con el gasto efectuado en el año inmediato anterior.

Dado en el Senado de la República. México, D.F. a 7 de octubre de 2014.

Sen. Martha Palafox Gutiérrez”.


1 SECRETARIA DE SALUD, Sistema de protección social en salud. Elementos conceptuales, financieros y operativos, 2 edición, México, Secretaría de Salud-FUNSALUD-INSP-FCE, 2006, p. 19.

2 AGUILERA, Nelly, Gasto en salud: gasto público en salud en México en el marco de la cobertura universal, México Evalúa, 2011, pp. 19 y 20.

3 MONTALVO ORTEGA, Enrique, Neoliberalismo: la Dictadura (realmente) perfecta, México, UNAM, Ariel-INAH, 2013, p. 175.

4 BARTRA, Armando, “México: crisis del maíz, saldo de 25 años de neoliberalismo y 13 de TLCAN”, periódico La Jornada, 17 de febrero de 2007.

5 PEDRAZA CHAVEZ, Isidro, Reforma estratégica del campo, México, Senado de la República-Instituto Belisario Domínguez, 2014.

6 UGALDE, Antonio y HOMEDES, Nuria, “Las reformas neoliberales del sector de la salud: déficit gerencial y alienación del recurso humano en América Latina”, Revista Panamericana de Salud Pública-Pan-Am J. PublicHealth, 17 (3), 2005, p. 207.

7 CARBONELL, José y CARBONELL, Miguel, El derecho a la salud: Una propuesta para México, México, UNAM, 2013.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA   LA FRACCION XVII AL ARTICULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, EN MATERIA DE EDUCACION Y MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

“La que suscribe, María Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación, en materia de educación y movilidad urbana sustentable, conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestro país atraviesa grandes cambios impulsados desde el Ejecutivo Federal y por el Congreso de la Unión, estos cambios tienen por objeto el desarrollo económico, social, político y académico. Sin embargo, un tema que no puede ser dejado a un lado, es el de la cultura y el civismo; en particular, el enfoque a la educación vial, tema trascendente en la vida diaria de los ciudadanos. Otro aspecto importante y que no debe separarse de la educación vial es la movilidad urbana sustentable, la cual influye en diversos aspectos cotidianos y con la cual, los ciudadanos tienen acceso a una mejor calidad de vida.

Al respecto, es importante señalar que todas las personas tenemos contacto diario con los medios de transporte y que todos formamos parte del escenario vial: las personas con discapacidad, peatones, ciclistas, usuarios de la movilidad no motorizada, motociclistas, automovilistas, usuarios y conductores del servicio público de transporte, masivo y colectivo, así como del transporte de carga pesada, lo que tiene un impacto directo en la vida de todos los mexicanos.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que, en el mundo, cada año mueren más de 1.3 millones de personas por accidentes automovilísticos, entre 20 y 50 millones sufren lesiones en las vialidades y el 62% de las muertes por accidentes de tráfico ocurren en 10 países en el mundo, ocupando México el séptimo lugar en esta lista1. Esto se debe entre otros factores por la falta de precaución e incumplimiento a las reglas de transito al conducir.

Actualmente, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que en todo el territorio nacional existe un parque vehicular de cerca de 35 millones de automóviles, destacando las siguientes entidades: Distrito Federal con 4.6; Estado de México 4.1; Jalisco 2.9; Nuevo León 2.1; Michoacán 1.7; Veracruz 1.6; Guanajuato 1.4; Chihuahua 1.2; y Puebla 1.3 millones de automóviles2.

Tomando en cuenta lo anterior, que más del 75% de los mexicanos vive en zonas urbanas, y que la tendencia apunta a que en el mediano plazo sea alrededor del 90%, la educación vial y la movilidad urbana sustentable toman un papel mucho más relevante en la elaboración de políticas públicas y de seguridad en las principales zonas urbanas y metropolitanas del país.

En el caso de la movilidad urbana, la planeación y elaboración de dichas políticas toman un rol de especial importancia en la vida diaria de los ciudadanos. El uso excesivo del automóvil ha generado efectos negativos en la salud, el medio ambiente y en la economía de los mexicanos, a esto se suma la falta de educación y cultura vial que persiste en varias entidades federativas que genera una movilidad urbana ineficiente.

Es por lo anterior, que no sólo debemos promover la correcta planeación y elaboración de las mismas, sino también que estas sean sustentables. Al respecto, es fundamental brindarle una mayor importancia a la formación de niños, niñas y adolescentes en la materia, que en muchos casos incluye cambiar la mentalidad e influir en el comportamiento y forma de vida de las familias.

La movilidad urbana sustentable va más allá de las medidas típicas que conocemos: autobuses ecológicos, uso de transporte no motorizado o los combustibles alternativos, ya que esta debe tener como base la situación real y prioridades de cada ciudad y no requiere únicamente de la existencia de tecnología, infraestructura o programas necesarios3.

Al respecto, existen casos de éxito en otros países del mundo que han focalizado sus esfuerzos en combatir la tendencia de los ciudadanos a elegir medios de transporte que no son los más eficientes desde el punto de vista energético y ecológico.

Podemos destacar casos como: La ciudad de Nueva York, Estados Unidos, con el programa “CitiBike”4 que tiene como propósito fomentar el uso de la bicicleta para desplazarse en tramos cortos dentro de la ciudad a partir de la obtención de una membresía anual; Barcelona, España, en donde desde 2007 se puso en marcha el programa “Bicing”5 programa similar al programa “Citibike”; La ciudad italiana de Bolonia, en donde desde el lanzamiento de su campaña de sensibilización para el uso de la bicicleta, su informe de revisión anual mostró un aumento del 11% en el número de ciclistas en comparación el año anterior; Donostia-San Sebastián, una de las 27 ciudades españolas que se han comprometido con estrategias de transporte urbano limpio, las autoridades han registrado un impresionante aumento sostenido del uso del autobús, en buena medida gracias a las mejoras del servicio y a una exhaustiva campaña de compromiso ciudadano; La capital de Macedonia, Skopie, en donde las autoridades se están centrando en campañas educativas para inhibir el uso del automóvil6; Bogotá, Colombia, en donde desde hace más de una década existe una medida que regula el número de vehículos que pueden circular según el último número de la placa con el programa “Pico y Placa”7, y muchas más ciudades en todos los continentes que tienen la preocupación de brindarles una mayor calidad de vida a sus ciudadanos.

Aunque existe algunos casos de éxito en nuestro país como el programa Ecobici8 y Metrobús9 en la Ciudad de México, en nuestras ciudades el transporte público se ha convertido insuficiente e ineficiente y las autoridades encargadas en la elaboración de dichas políticas han continuado privilegiando el uso del automóvil sobre el transporte público generando lo que se conoce como tráfico inducido.10 Puentes, deprimidos, distribuidores viales y conversión de calles en vías rápidas han ocasionado que el ciudadano ocupe de manera excesiva el automóvil y que las medidas tomadas por los gobiernos resulten en soluciones a corto plazo que no brindan una solución al problema de fondo.

En este sentido, es de la mayor trascendencia promover el uso del transporte público eficiente y sustentable en las principales zonas urbanas y metropolitanas del país desde una temprana edad, para lograr entre otros objetivos inhibir el uso irracional del automóvil, la utilización del transporte público y la cordialidad en el mismo.

En cuanto a la educación vial, es importante destacar que si bien las entidades federativas ya cuentan con ordenamientos en materia vial, que tienen por objeto establecer las normas relativas al tránsito peatonal y de vehículos, es desafortunado que la mayor parte de la población no siga esta reglamentación. Esto se debe a diversos motivos, siendo uno de los principales el que los supuestos en la práctica no se castigan; o bien, simplemente no son sancionables por la autoridad, facilitándole al ciudadano el incumplimiento de estas obligaciones.

El problema de fondo es la poca cultural de respeto vial entre la población. De allí la importancia de la promoción y educación vial, tema que debe estar enfocado particularmente hacia los futuros conductores, ciclistas, y usuarios del transporte público en nuestro país; es decir, las niñas, niños y adolescentes.

Al respecto, considero que es deber del Estado formar ciudadanos concientes del cumplimiento de las normas básicas, sobre todo las de convivencia ciudadana, ya que el respeto a los derechos y deberes mutuos en una sociedad democrática como la nuestra, debe ser una obligación para todas las autoridades y un pilar de la educación en nuestro país.

En este sentido, la cortesía y precaución en la conducción de vehículos, el respeto al agente de vialidad, el respeto a los peatones, personas con discapacidad y ciclistas, la prevención de accidentes y el uso racional del automóvil particular, deben ser medidas impartidas desde una temprana edad, siendo que los hábitos y costumbres se crean desde la infancia.

Realizando acciones de capacitación y concienciación en los menores, podremos en un futuro disminuir situaciones como los accidentes automovilísticos, ya sea a causa del conductor o del peatón; podremos generar un medio ambiente más sano, fomentando el uso racional del automóvil y el uso de transporte no motorizado, que ayudan a reducir la cantidad de contaminantes que la masa vehicular expide; y podremos construir una sociedad más respetuosa de las normas de conducta establecidas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se adiciona la fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación.

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I.- ... a XVI.- ...

XVII.- Fomentar la educación vial y movilidad urbana sustentable, así como el conocimiento de los derechos, deberes y responsabilidades de todos los actores del escenario vial y movilidad urbana.

Transitorio

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el día 7 de octubre de 2014

Sen. María Cristina Díaz Salazar.”

1 OMS, “Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial, es hora de pasar a la acción”, Ginebra, Suiza. 2009.  http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/report/web_version_es.pdf?ua=1

2 INEGI, vehículos de motor registrados en circulación, datos del 2012. http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=adm&c=8





 

PROPUESTAS

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente a vigilar y sancionar a las empresas que derramen sustancias tóxicas u algún tipo de contaminantes en ríos o afluentes hídricos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente.







 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Cámara de Diputados a considerar la instalación de mesas interinstitucionales de presupuesto para la niñez y la adolescencia para el ejercicio fiscal del año 2015. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ASI COMO A LA CAMARA DE DIPUTADOS A CONSIDERAR LA INSTALACION DE MESAS INTERINSTITUCIONALES DE PRESUPUESTO PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015.

“La que suscribe, MARTHA ELENA GARCIA GOMEZ, Senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, párrafo 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento y la representación de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, además de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida.

Posteriormente, la Asamblea General aprobó dos Protocolos facultativos de la Convención; el Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que entró en vigor el 12 de febrero de 2002, y el Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, cuya entrada en vigor fue el 18 de enero de 2002.

Al respecto, el Estado Mexicano suscribió y ratificó la Convención y sus dos Protocolos obligándose a su observación y cumplimiento.

Ahora bien, en México la reforma a la Constitución Política en materia de derechos humanos representó un gran avance en la materia, sin embargo, por sí misma no representa el respeto absoluto a los derechos humanos, es importante considerar que la niñez y la adolescencia mexicana es un tema prioritario para el Estado y en ese sentido se debe brindar los mayores mecanismos para garantizar sus derechos.

Por lo anterior, se deben analizar las políticas públicas necesarias para la niñez y la adolescencia, así como los recursos necesarios para llevarlas a cabo, observando el principio del interés superior de la niñez.

Cabe resaltar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, se contempló el Anexo de Presupuesto Transversal para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes.

Los recursos asignados en el Anexo de Recursos para Niñas, Niños y Adolescentes de conformidad con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, aumentó en 7.5 por ciento real del 2012 al 2014. Para este último año se asignaron 655,956.4 millones de pesos, distribuidos en 84 programas presupuestarios.

De conformidad con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF), un presupuesto con enfoque de derechos de la niñez y de la adolescencia debe de contener una vinculación entre la clasificación funcional del gasto usada en el presupuesto y los derechos que estipula la Convención sobre los Derechos del Niño (Derecho a la Supervivencia, Derecho al Desarrollo, Derecho a la Protección y Derecho a la Participación).

Ahora bien, al ser un presupuesto transversal las dependencias que se encargan de ejercer dicho presupuesto y de atender a la infancia por mencionar algunas son;  el Sistema Nacional DIF, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado, Procuraduría General de la República, Secretaría de Educación Pública, Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional Electoral, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional.

De esta manera las dependencias enumeradas cuentan con programas presupuestarios federales para la atención de la niñez y la adolescencia observando el enfoque integral de derechos de la infancia al desarrollo, a la protección, a la participación y a la supervivencia.

Es así, que se debe de contar con un balance y analizar bajo este enfoque de derechos la asignación de los recursos con el objeto de hacer efectivos los derechos de la niñez y adolescencia a través del eficiente y eficaz ejercicio de los recursos públicos.

Por lo anterior, a través de este exhorto se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a considerar la instalación de Mesas Interinstitucionales de presupuesto para la niñez y la adolescencia para el ejercicio fiscal del año 2015.

La realización de estas mesas interinstitucionales, representa un ejercicio eficiente de transparencia y rendición de cuentas de las dependencias que ejercen el presupuesto transversal con enfoque de niñez y de adolescencia.

Ahora bien, desde el inicio de la Legislatura la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia que me honro en presidir, impulsó un Acuerdo Legislativo que establece el compromiso de las y los senadores de generar acciones legislativas adecuadas a las condiciones actuales de la niñez y la adolescencia mexicana.

Una de los ocho acuerdos consiste en promover mayores recursos orientados a políticas públicas y acciones a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Es así que en seguimiento a este Acuerdo, se realiza este exhorto, además de que es importante visualizar los esfuerzos que las y los legisladores estamos realizando para que a la brevedad se tenga una Ley General que contemple un Sistema Nacional de Protección Integral en el país, que determine la rectoría en el tema de los derechos de la infancia y se encargue de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para lo cual se requiere de los recursos presupuestales necesarios para tal fin.

Estamos conscientes que tenemos que cumplir en el ámbito legislativo a nuestra infancia,  observando siempre el principio del interés superior de la niñez, y los demás principios señalados en los instrumentos internacionales.

En nuestro país se requiere del respeto, la garantía y la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, no podemos permitir que nada prevalezca sobre los derechos de la niñez mexicana.

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación del Pleno del Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a considerar la instalación de Mesas Interinstitucionales de Presupuesto para la niñez y la adolescencia para el ejercicio fiscal del año 2015.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de octubre de 2014.

Sen. Martha Elena García Gómez”.





 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a revisar la actuación del delegado de dicha dependencia en el estado de Baja California para que, en su caso, sea removido de su puesto. Se turna a la Comisión de Gobernación.







 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a fortalecer y consolidar en los programas de salud, los rubros de prevención, detección oportuna y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A FORTALECER Y CONSOLIDAR EN LOS PROGRAMAS DE SALUD, LOS RUBROS DE PREVENCION, DETECCION OPORTUNA Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

“Las Senadoras LISBETH HERNANDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI Y MELY ROMERO CELIS, integrantes del grupo parlamentario del partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, 76, fracción IX, 276 y demás relativos y aplicables del reglamento del Senado de la República, nos permitimos presentar ante ésta Honorable Asamblea, PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICAEXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES Y COMPETENCIA, A EFECTO DE FORTALECER Y CONSOLIDAR EN LOS PROGRAMAS DE SALUD, LOS RUBROS DE PREVENCION, DETECCION OPORTUNA Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, en base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el marco de la conmemoración del 21 de septiembre, fecha erigida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional del Alzherimer, como día mundial del Alzheimer, que tiene como propósito dar a conocer la enfermedad y difundir información respecto a la misma, se plantea el presente documento legislativo en los siguientes términos:

Al referirnos a la enfermedad del Alzheimer, y derivado de un proceso lógico, surge la idea de manera inmediata del envejecimiento en la población, que en México es un proceso biológico cada vez más importante que debe que ser abordado en los ámbitos social, económico y moral, y que sin duda es preciso verse reflejado en los programas públicos a efecto de difundir y brindar información a la ciudadanía sobre las enfermedades que se desarrollan en esta etapa de la vida, pero sobre todo brindar información sobre la prevención y detección oportuna de sus padecimientos específicos.

A nivel mundial de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 11.5 por ciento de la población tiene una edad de 60 años y más, cifra que se eleva a 22.6 por ciento en las regiones más desarrolladas, por lo que formula una proyección que revela que para el año 2050 uno de cada cinco habitantes del planeta será mayor de 60 años, en virtud de que este sector poblacional mostró una tendencia al crecimiento a nivel mundial a partir de la segunda mitad del siglo pasado, debido al aumento del nivel de sobreviviencia de la población.

Por lo que corresponde a la población mexicana, y derivado de las cifras que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se infiere que la población mayor de 60 años supera los 10.9 millones de habitantes, lo que representa más del 9.3 por ciento de la población total, crecimiento exponencial que se hizo evidente a partir de la última década del siglo pasado el cual proyecta necesidades y sobre todo significa retos médicos-sociales, que deben ser atendidos de manera integral por el estado Mexicano.

Biológicamente, el envejecimiento es asociado con un progresivo deterioro morfológico y fisiológico que trae como consecuencia un aumento de los problemas de salud. Dentro de las condiciones más comunes que pueden afectar a un anciano, son las demencias dentro de las cuales se encuentren la enfermedad del Alzheimer, cuya identificación se remonta hacia 1907, año en que el siquiatra y neuropatólogo alemán Alois Alzheimer, describió la enfermedad como una demencia progresiva presenil, antes de los 65 años, y que a la fecha representa del 60 al 80% de las enfermedades neurocerebrales, a comparación del 20% y 5% que corresponden a demencia vascular y Parkinson, respectivamente.

Ahora bien, a manera de referencia es importante identificar que la demencia es un síndrome clínico en el que se produce un deterioro del nivel cognitivo, y que determina una disminución de la capacidad intelectual del individuo, suficiente como para interferir en su desempeño social y funcional, así como en la disminución su calidad de vida.

En la actualidad esta enfermedad afecta a 15 millones de personas en el mundo. Su incidencia se  incrementa desde 0.5% por año de edad sobre los 65 años a aproximadamente el 8% por año después de los 85 años de edad.

En México viven 350 mil personas con esta enfermedad y al año se registran 2 mil muertes por esta causa, en tanto que en la ciudad de México, entre 5% y 7% tienen o están en riesgo de padecer Alzheimer, entendida esta enfermedad como aquellos desórdenes neurodegenerativos, que son progresivos y que terminan con pérdida  de neuronas sensitivas, motoras y cognitivas. Su diagnóstico es clínico ya que su confirmación es histopatológico post-mortem, sin embargo es importante destacar que existen alteraciones significativas y evidentes a través de las cuales se pueden identificar indicios sobre la existencia del Alzheimer, de entre las cuales se encuentran, las alteraciones en el comportamiento, disminución de la memoria, desorientación en tiempo y espacio, la dificultad para resolver problemas, y pérdida de la independencia del paciente.

En ese sentido se recomienda, estar al pendiente de cualquier alteración de la salud en los adultos mayores con éstas sintomatologías, a efecto de identificarla y brindar el apoyo y atención a través de los tratamientos específicos para cada uno de los casos en particular.

Aunado a lo anterior, se encuentran los diversos métodos de diagnóstico que brindan un mayor apoyo en cuanto al diagnóstico de la enfermedad, como son el historial físico detallado en cuanto a la evolución de los síntomas, incontinencia urinaria y temblores; un examen mental que debe incluir una evaluación cognitiva y afectiva; y exámenes de laboratorio que contemplen entre otros hemogramas, análisis de electrolitos, calcio y hormonas tiroideas.

Estudios integrales en los que además se deberán contemplar los factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer, como son la edad, el sexo femenino, el nivel educacional, los antecedentes de trauma cerebral asociados a la pérdida de conciencia, y la historia familiar, donde los parientes en primer grado de un individuo con demencia incrementan su riesgo en 10 a 30%.

En ese sentido, en cuanto a la detención de la enfermedad, los especialistas alertan que el 80% de las personas que padecen la enfermedad en grado leve no son conscientes de ello debido a que un principio la enfermedad puede pasar desapercibida para el afectado y su familia, debido a que muchas veces resulta complejo distinguir los primeros síntomas del Alzheimer de los cambios propios de la edad, por lo tanto es preciso acudir al especialista ante cualquier síntoma de alarma, como pueden ser la desorientación espacial y temporal, los problemas de lenguaje y los cambios en el estado de ánimo o personalidad, en virtud de que en gran medida la escasez del diagnóstico de Alzheimer responde a que la enfermedad tiene una aparición variada y un desarrollo gradual que puede provocar que, en su inicio, pase desapercibida para el propio afectado y su familia. 

En base a lo anterior, es determinante potenciar el diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ya que si bien es cierto, no hay cura para la enfermedad, si hay tratamientos farmacológicas y no farmacológicas o psicosocial, que pueden mejorar los síntomas cognitivos conductuales y funcionales de la enfermedad y que pueden estabilizar entre uno y dos años la evolución de los síntomas e incluso retrasar la necesidad de ingreso en residencia.

De esta manera, los tres grandes temas que proponemos a fortalecer y consolidar en los programas de salud, son los rubros de prevención, detección oportuna y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, tanto en el paciente como en los cuidadores primarios, bajo los siguientes diseños.

En el rubro de prevención, uno de los principales factores de riesgo que influye en el desarrollo de estas enfermedades crónicas degenerativas cerebrales, es el relacionado con el síndrome metabólico, esto es, el sobrepeso, diabetes e hipertensión arterial que guardan una relación directa con los hábitos de alimentación y la falta de actividad física, además del factor de la edad y la carga genética.

Por lo anterior es que la prevención debe estar enfocada a los cambios en la alimentación de los adultos jóvenes, a efecto de que la población en general sea orientada respecto del consumo de alimentos adecuados en función de sus posibilidades económicas, disponibilidad, actividad cotidiana y preferencias.

De esta forma, en comparación con los otros factores de riesgo conocidos, el régimen alimenticio constituye una posibilidad real y a corto plazo, sobre el cual se propone implementar una campaña y programas de prevención de los síndromes demenciales relacionado con la enfermedad de Alzheimer.

En el mismo rubro de la prevención, se tiene en primer término la valoración integral del estado de salud del paciente adulto mayor, y evaluaciones del estado mental y deterioro cognitivo con el uso de la Escala del Examen Mínimo del Estado Mental de Folstein, como instrumento inicial de detención oportuna y segundo término, a través de la estimulación cognitiva, el control de la tensión arterial para procurar una adecuada reserva neuronal y la diabetes y hábitos de vida saludables a través del ejercicio moderado al menos tres veces por semana y llevar un régimen alimenticio adecuado, que en conjunto frenarán en cierta medida la pérdida de la capacidad cognitiva.

Otra de las medidas de prevención, es incluir a los pacientes en grupos socializados, ya que en muchas ocasiones y ante la falta de memoria, los pacientes tienden a recluirse y a salir menos de los hogares, lo que en realidad genera una consecuencia contraproducente en el estado anímico de los pacientes.

Por último es preciso resaltar que dentro los hábitos saludables para prevenir y tratar el Alzheimer, se encuentran evitar los hábitos tóxicos, como el tabaco y una mala alimentación.

Respecto a la detención y diagnóstico se deben conjugar la necesidad de contar con los equipos y el personal suficiente para realizar los estudios clínicos, así como el de disponer de especialistas, ya sean psiquiatras, neurólogos o geriatras, que integren los resultados en virtud de que el diagnóstico de estos síndromes es eminentemente clínico, en consecuencia se requiere de las unidades y los profesionales adecuados y suficientes.

En cuanto al tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, se realiza énfasis en las técnicas farmacológicas y no farmacológicas o psicosocial, destacando que en una primera etapa lo ideal es que el paciente sea evaluado por un equipo multidisciplinario, ya que su manejo  involucra distintos aspectos, como el apoyo a la familia, al cuidador, estimulación física y mental.

Concerniente al tratamiento farmacológico, se debe valorar primero el riesgo beneficio que tiene las sustancias actualmente disponibles en el mercado, en cuanto al costo y los efectos terapéuticos reales, lo que por su puesto implicará determinar quién los prescribirá, de qué manera, y durante cuánto tiempo.

Por otra parte el tratamiento biológico incluye el uso de psicofármacos dentro de los que se encuentran los antidepresivos, neurolépticos, benzodiaceptinas, etcétera, que están dirigidos al manejo sintomático de las manifestaciones neuropsiquiátricas de estas enfermedades, siendo su objetivo mejorar o por lo menos enlentecer la pérdida de la memoria y la función cognitiva, a fin de mantener la independencia del individuo.

En este tratamiento se recomienda los fármacos enlentecedores de la progresión de la enfermedad, dentro de los cuales se encuentran los antioxidantes (vitamina E, selegilina, ginkgo Biloba), los estrógenos y los antiinflamatorios.

En lo relativo al tratamiento o manejo psicosocial, en un primer momento se trata de orientar, asesorar y eventualmente tratar médica y/o psiquiátricamente, ya sea por ansiedad y/o depresión, a los cuidadores primarios, sean familiares o no, ya que estos son los que realizan este tratamiento que consiste en la implementación de cuidados específicos para mantener la calidad de vida de los pacientes, y que debido a la problemática que llegan a presentar los cuidadores, implica estados de agotamiento físico y emocional denominado, colapso del cuidador.

De esta manera se propone a su vez dar difusión a los tratamientos no farmacológicos, para lo cual se recomienda:

· Preparar un lugar  grato  donde el paciente se sienta a gusto,  no esté expuesto a peligros, pueda vagabundear y moverse con libertad.

· Optimizar la seguridad, evitando que el paciente tenga que utilizar escaleras.

· Mantener una adecuada alimentación e hidratación.

· Utilizar la menor cantidad de medicamentos posibles.

· Eliminar factores que puedan agitarlos y precipitar conductas agresivas.

· Es importante el apoyo a la familia y al cuidador ya que además se registra una alta prevalencia de depresión en los cuidadores de estos pacientes.

No pasa desapercibido en este tema, la falta de ayuda a los cuidadores no profesionales o primarios, quienes a través de la convivencia diaria tienen a su cargo la responsabilidad del cuidado físico y esfuerzo mental de las personas con esta enfermedad que necesitan atención durante las 24 horas del día, apoyo que consiste en la orientación y contención, por lo que se propone crear los espacios suficientes de capacitación así como el número de profesionales que puedan orientar directa o indirectamente a la red de apoyo primario para que a su vez puedan apoyar adecuadamente a su paciente, capacitación que incluso debe abarcar a los cuidadores profesionales, ya sean los que se encuentren en instituciones como en residencias de mayores, o bien personal que trabaja en atención a domicilio, quienes también llevan una gran carga física y emocional al tratar con este tipo de pacientes.

En estos casos, lo que se propone es incluir dentro de los programas de acción, tanto en los cuidadores no profesionales o primarios como a los profesionales, las acciones siguientes: 

1. Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, y control de enfermedades.

2. Situar la calidad de vida en la agenda permanente del Sistema Nacional de Salud.

3. Organizar e integrar la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud,  de manera preponderante a favor de los adultos mayores.

4. En cuanto al financiamiento equitativo y sostenible, garantizar recursos financieros para llevar a cabo las acciones de prevención de enfermedades en personas de la tercera edad, a través de la promoción de la salud.

5. Consolidar la y hacer efectivo el acceso universal a los servicios de salud a las y los adultos mayores.

6. En el mes de septiembre, llevar a cabo una campaña de difusión a través de los medios masivos de comunicación, sobre la enfermedad de Alzheimer, en el marco del día Mundial de la Enfermedad Alzheimer.

7. Aumentar la atención en la actividad física y alimentación de acuerdo al plan de salud alimentaria en la población del adulto mayor en los centros de salud.

8. Mejorar las detecciones de alteraciones cognoscitivas y de depresión en población de adultos mayores.

9. Fortalecer la educación y la implementación de talleres sobre Alzheimer en los grupos de ayuda mutua en las diferentes instituciones.

10. Mejorar la calidad de vida en salud a través de educación, detección y control del stress, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, depresión y alteraciones cognoscitivas en adultos mayores.

11. Firma de convenios de clubes de la tercera edad con instituciones culturales y sociales a fin de proporcionar instructores y capacitadores en actividades recreativas, deportivas y sociales dentro de los mismos.

Impulsar hábitos saludables y buscar actividades de ocio que impliquen actividad física como los paseos en bicicleta, excursiones y caminatas son de gran ayuda para soportar el esfuerzo físico y mental realizado a diario.

12. Talleres impartidos por fisioterapeutas que enseñan a cómo movilizar a este tipo de pacientes y que ayudan a evitar lesiones y problemas de los cuidadores a largo plazo.

13. Hacer ejercicio de forma habitual lo que ayuda al cuerpo y la mente de los cuidadores, con efectos positivos en su salud, lo cual repercute en una mejor atención al paciente que sufre una enfermedad como el mal de Alzheimer.

14. Implementar un programa de capacitación para la detención oportuna, que tenga como objetivo la capacitación a médicos y enfermeras de primer nivel de atención, así como a los psicólogos que laboran en los servicios de salud para la detención, tratamiento y referencia del paciente con Alzheimer y otros síndromes demenciales.

15. Promover la realización de actividades comunitarias, a través de talleres para la activación mental en adultos mayores con el fin de estimular el mantenimiento de operaciones mentales tanto simples como complejas.

16. Apoyar la prestación de servicios de salud mediante el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento necesarios.

De esta forma la estimulación a nivel físico y mental ayudaran a fomentar y preservar durante más tiempo las capacidades de los enfermos, con lo que conseguirá mejorar la calidad de vida del enfermo y sus familias.

En conclusión, las proponentes estamos conscientes que la enfermedad del Alzheimer se trata de un problema de salud que va en una escala de crecimiento incalculable que cada día reclama una atención especializada, no solo en el paciente, sino que aborda implicaciones familiares, sociales, culturales y económicas urgentes y que requieren de manera integral de la intervención por parte del estado a fin de establecer las pautas de prevención, atención y tratamiento que éste padecimiento representa.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, SOMETEMOS A CONSIDERACION DEL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES, LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICAEXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES Y COMPETENCIA, A EFECTO DE FORTALECER Y CONSOLIDAR EN LOS PROGRAMAS DE SALUD, LOS RUBROS DE PREVENCION, DETECCION OPORTUNA Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, en base a lo siguiente:

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud en el ámbito de sus facultades y competencia, a efecto de fortalecer y consolidar en los programas de salud, los rubros de prevención, detección oportuna y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 7 de octubre de 2014.

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Mely Romero Celis”.





 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Francisco Búrquez Valenzuela, Luis Fernando Salazar Fernández, Fernando Herrera Avila, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Carlos Mendoza Davis, Héctor Larios Córdova, Javier Corral Jurado, Francisco García Cabeza de Vaca, Daniel Avila Ruiz, Luisa María Calderón Hinojosa, Jorge Luis Lavalle Maury, Maki Esther Ortiz Domínguez, Fidel Demédicis Hidalgo, Patricio Martínez García, Alejandro Tello Cristerna y Ana Gabriela Guevara Espinoza, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se autoricen y etiqueten recursos para la creación del fondo de apoyo a los migrantes repatriados. Se turna a la Cámara de Diputados.







 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno, en el marco de la conmemoración del 141 aniversario del natalicio de Ricardo Flores Magón, a realizar acciones dirigidas a impulsar ordenamientos y políticas públicas que garanticen la riqueza social del pueblo de México. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL 141 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE RICARDO FLORES MAGON, A REALIZAR ACCIONES DIRIGIDAS A IMPULSAR ORDENAMIENTOS Y POLITICAS PUBLICAS QUE GARANTICEN LA RIQUEZA SOCIAL DEL PUEBLO DE MEXICO

"El que suscribe Senador ANGEL Benjamín Robles Montoya integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República; de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA TENGA A BIEN, DENTRO DEL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL 141 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE RICARDO FLORES MAGON, EXHORTAR CON TODO RESPETO A LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO DE NUESTRO PAIS, PARA QUE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN ACCIONES DIRIGIDOS A IMPULSAR ORDENAMIENTOS Y POLITICAS PUBLICAS QUE GARANTICEN LA RIQUEZA SOCIAL DEL PUEBLO DE MEXICO YA QUE POR ESE SOLO HECHO SE TIENE EL DERECHO NO SOLO DE VIVIR, SINO DE GOZAR DE TODAS LAS COMODIDADES MATERIALES, Y DE TODOS LOS BENEFICIOS MORALES E INTELECTUALES DE QUE AHORA SE APROVECHAN EXCLUSIVAMENTE LAS ELITES DEL PODER QUE HAN LOGRADO UNA HUMILLANTE REFORMA ENERGETICA.

Lo anterior, en base a las siguientes consideraciones,

En la esfera política y de comunicación de México, es imposible dejar de recordar las ideas que Ricardo Flores Magón sembró como periodista, escritor y político.

Nosotras y nosotros los oaxaqueños, nos sentimos muy orgullosos de que tierras mazatecas lo hayan visto crecer; pues al igual que sus hermanos, representa un ejemplo de patriota activo y pensante.

Ricardo Flores Magón nos heredó la idea de que el pensamiento no debe ser un actuar en base al seguimiento de lo que dictan los grandes grupos de poder; sino que nuestro pensamiento y nuestro actuar, deben obedecer al espíritu y amor por México y por nuestro futuro como sociedad.

Sabemos bien que participó de manera activa en movimientos armados para defender territorio mexicano, a lado de dos grandes oaxaqueños como lo fueron Don Benito Juárez y el Gral. Porfirio Díaz; así como en movimientos estudiantiles en defensa de la libertad y en contra de la reelección del mismo Gral. Díaz. Situación que lo llevó a prisión y al exilio-.

El esfuerzo por impulsar de nueva cuenta las ideas de libertad, de expresión y justicia social lo arroja a volver a publicar el periódico Regeneración desde tierras extranjeras y a ser parte del Partido Liberal Mexicano para postular ideas vanguardistas en contra de la reelección, la supresión de la pena de muerte para presos políticos, establecer la obligatoriedad de la enseñanza elemental hasta los 14 años, el establecimiento de un salario mínimo decoroso y lo más importante: defender a las familias mexicanas en contra de la expropiación de latifundios.

Recordemos pues que en su artículo de Regeneración, publicado el 3 de septiembre de 2010, exhorta al pueblo a dejar de sufrir opresión ¡a causa de los hombres del gobierno! Que sólo se han dedicado a empequeñecer los ideales mexicanos por el simple deseo de cambio de manos en los grupos que se erigen dentro de la administración pública.

Y así mismo, no olvidemos que con sus ideas nos incitó a continuar en el empeño de obtener la plena libertad política y que la condicionante para que esta ocurra es la de contar con la libertad económica ¡situación que con las recientes reformas secundarias en materia de energía, las y los mexicanos jamás palparán!-

Por lo tanto, si en México se desea plantear un sistema verdaderamente democrático y moderno; debemos conducirnos en base a ideas equitativas y de justicia social;

UNICO: Se solicita sea aprobada la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA TENGA A BIEN, DENTRO DEL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL 141 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE RICARDO FLORES MAGON, EXHORTAR CON TODO RESPETO A LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO DE NUESTRO PAIS, PARA QUE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN ACCIONES DIRIGIDOS A IMPULSAR ORDENAMIENTOS Y POLITICAS PUBLICAS QUE GARANTICEN LA RIQUEZA SOCIAL DEL PUEBLO DE MEXICO YA QUE POR ESE SOLO HECHO SE TIENE EL DERECHO NO SOLO DE VIVIR, SINO DE GOZAR DE TODAS LAS COMODIDADES MATERIALES, Y DE TODOS LOS BENEFICIOS MORALES E INTELECTUALES DE QUE AHORA SE APROVECHAN EXCLUSIVAMENTE LAS ELITES DEL PODER QUE HAN LOGRADO UNA HUMILLANTE REFORMA ENERGETICA.

Dado en el salón de sesiones da la Cámara de Senadores, a 7 de octubre de 2014.

Atentamente

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.





 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se consideren y destinen mayores recursos para conservar y mantener la seguridad en el estado de Yucatán. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE, EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2015, SE CONSIDEREN Y DESTINEN MAYORES RECURSOS PARA CONSERVAR Y MANTENER LA SEGURIDAD EN EL ESTADO DE YUCATAN

Rosa Adriana Díaz Lizama, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numerales 1 y 2, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, SE CONSIDEREN Y DESTINEN MAYORES RECURSOS PARA CONSERVAR Y MANTENER LA SEGURIDAD EN EL ESTADO DE YUCATAN. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La seguridad pública, es un asunto que debe ser atendido por todos los niveles de gobierno. Así lo establece el noveno párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese tenor, es importante que se procuren todos los instrumentos legales y financieros para que las entidades federativas puedan cumplir con la parte que les corresponde en materia de seguridad,

Lamentablemente, muchos estados de la Federación sufren de importantes crisis de seguridad pública que deben ser atendidos a la brevedad. Es deber del Poder Público, dotar a la ciudadanía de condiciones de seguridad que les permitan vivir con tranquilidad.

La otra cara de la moneda, es de estados como Yucatán. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mes de agosto de 2014, el estado de Yucatán es uno de los estados con menor incidencia delictiva al aportar tan solo el 2% al gran  total de delitos a nivel nacional, muy lejos del 15% que aporta el Estado de México al ser el estado con mayor número de delitos.

Asimismo el estado de Yucatán es el segundo estado con menor número de homicidios dolosos. Del mismo modo, presenta sólo 37 casos de extorsión, muy por debajo  a las 700 denuncias del estado de México y las 399 denuncias del estado de Jalisco que encabezan a los estados con mayor extorsión.

El estado de Yucatán al mes de agosto no presenta denuncias por secuestro. Es así que son vitales los recursos que son transferidos para la prevención y combate a la inseguridad que permiten tener niveles bajos de inseguridad.

Sin embargo, todo recurso que pueda invertirse para la prevención es importante y necesario.

Por ello es que exhorto respetuosamente a la Colegisladora y al Poder Ejecutivo, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, consideren una mayor asignación de recursos para el Estado de Yucatán, considerando el buen manejo y resultados que se están dando cotidianamente en materia de seguridad pública.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la  Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se asignen mayores recursos presupuestarios al Estado de Yucatán para los programas y acciones de seguridad pública, que permitan conservar la seguridad y mantener a la entidad como una de las más bajas en incidencia delictiva.

Atentamente,

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama”.





 

De la Senadora Adriana Dávila Fernández, a nombre del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Quintana Roo a realizar diversas acciones en materia de libertad de expresión. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

PUNTO DE ACUERDO CON CARACTER DE URGENTE RESOLUCION, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESION QUE PRESENTAN LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

“EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN LA LXII LEGISLATURA DE LA CAMARA DE SENADORES, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 8 NUMERAL 1 FRACCION II, 95, 108, 109, 110 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETE A LA CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA LA SIGUIENTE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO CON CARACTER DE URGENTE RESOLUCION, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESION, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES.

Las condiciones democráticas del México de hoy exigen, sin duda alguna y sin reparo, de las garantías por parte del Estado a la libre expresión y manifestación de las ideas. Pero también, debe ser parte sustancial de una nueva cultura política la responsabilidad de hablar con la verdad, de propiciar ambientes de mayor respeto en la búsqueda del fortalecimiento de la democracia y de las instituciones que la sustentan.

Lamentablemente hoy existen en nuestro sistema político voces y actitudes irresponsables; unas escudadas en su fuero constitucional, en el ejercicio del poder,  y otras que utilizan su capacidad de influencia mediática para, escudados en la libertad de expresión, hacer señalamientos infundados con el fin de dañar a las personas, a los adversarios políticos y a las instituciones del Estado Mexicano.

Acción Nacional quiere apelar a la responsabilidad de quienes tienen el mandato constitucional de servir al pueblo y no de servirse de él. Apelamos a la responsabilidad de quienes ostentan un encargo público; responsabilidad para consolidar nuestra democracia, para hacer de la palabra un instrumento para la búsqueda de la verdad. Responsabilidad por parte de los actores políticos para edificar un México diferente, donde las insinuaciones o especulaciones no priven como verdades absolutas, donde se construyan nuevos ambientes de diálogo en pro de la patria y no en detrimento de la sociedad.

Y nos referimos a las acciones que ha llevado a cabo en últimas fechas el gobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Basta citar dos casos que atentan profundamente en contra de la libertad de expresión.

Los acontecimientos señalados por la revista Luces del Siglo en Quintana Roo  la cual ha denunciado que han sido víctimas de “robos dirigidos, persecuciones, agresiones contra reporteros y reporteras y repartidores del semanario”, y que a las opiniones disidentes y opositores se les somete a un régimen de terrorismo político-fiscal,  por el simple hecho de atreverse a criticar o disentir de lo que piense el gobernador.

La estrategia para coartar, someter y acallar las opiniones críticas a su administración es la de fabricar campañas de desprestigio, así lo afirman los directivos de esa revista, que aseguran, ha sido objeto del trabajo sucio ejecutado  durante un mes por parte del periódico 'Respuesta' con fotomontajes y caricaturas grotescas de miembros del semanario, acompañadas con información dolosa, afirman los miembros de Luces del Siglo, que son acusados de extorsionadores, defraudadores y vendedores de droga, los ejemplares de Respuesta fueron distribuidos en las colonias, zonas habitacionales el entorno laboral para desprestigiar a los directivos de Luces.

Esta estrategia gubernamental de ataque a las opiniones críticas ha contemplado la clonación del semanario Luces del Siglo en 40 ediciones digitales y 8 impresas. En los ejemplares se sustituye el contenido real de la publicación, la cual es de crítica al Gobierno del estado, con boletines y noticias que favorecen a la administración estatal; además de artículos para descalificar a los opositores del Ejecutivo estatal.

La situación es tan grave que el Juez Cuarto de Distrito de Quintana Roo, Ricardo de Jesús Vázquez Carballido, al otorgar una suspensión provisional de amparo, ha ordenado  al gobernador Borge abstenerse de elaborar y difundir las portadas y ejemplares falsos de la revista, a rendir un informe donde aclare ‘si son o no ciertos los actos que se le atribuyen, pudiendo agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión’”, así también se ordena por el juez que “cese la transmisión de mensajes difamatorios, denostativos o acusatorios” en contra del medio.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido la siguiente Tesis:

“LIBERTAD DE EXPRESION Y DERECHO A LA INFORMACION. CONCEPTO DE INTERES PUBLICO DE LAS EXPRESIONES, INFORMACIONES, IDEAS Y OPINIONES SOBRE FUNCIONARIOS Y CANDIDATOS.

La jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que las expresiones e informaciones atinentes a los funcionarios públicos, a particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, y a candidatos a ocupar cargos públicos, gozan de un mayor grado de protección. Tales personas, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, están sujetas a un tipo diferente de protección de su reputación o de su honra frente a las demás personas, y correlativamente, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica. Ahora bien, a fin de determinar si cierta expresión sobre algún funcionario o candidato a ocupar un cargo público tiene relevancia pública no se requiere que un determinado porcentaje de la población concentre su atención en la controversia o que los líderes de opinión se refieran a ella, pues el mero hecho de que la expresión esté relacionada con el control ciudadano sobre su desempeño hace la información relevante.

Amparo directo en revisión 3123/2013. María Eugenia Olavarría Patiño. 7 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación.”

Como podemos observar, estas denostaciones y calumnias por medio de supuestas publicaciones periodísticas,  no se limitan al periodismo crítico. Incluyen también a partidos políticos y a representantes populares. El pasquín Razón QR elaborado desde las oficinas gubernamentales en donde no se incluye responsable de la publicación o redactor de las notas, no solo realiza el culto a la personalidad del gobernador Roberto Borge, sino además fomenta la guerra sucia rebajando el debate político con notas que rayan en la vulgaridad, la misoginia y en la violación de las leyes.

Acción Nacional siempre, como lo ha hecho hasta ahora, defenderá la libertad de expresión de todos los ciudadanos, bajo el entendido de que es la única forma en que se pueden construir nuevos ambientes en la convivencia pública. La libertad de expresión debe ser ejercida no sólo como un derecho, sino como una virtud democrática. Cuando se restringe la libertad de expresión, por el motivo que sea, se deteriora el orden y el respeto, y eso es algo que la sociedad mexicana no puede permitirse. Es necesario que el Estado mexicano proteja a como dé lugar esa libertad que tanto esfuerzo y lucha ha costado a los mexicanos.

Y también queremos que todos los esfuerzos que desde el Poder Legislativo se han hecho para proteger la seguridad, la integridad y la dignidad de las mujeres sea una realidad en todos y cada uno de los rincones del país. Por ello evitar la violencia en cualquiera de sus tipos y modalidades contra ellas es un imperativo, además para los tres órdenes de gobierno.

Nuestra norma fundamental es clara en señalar la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas y cada una de las y los mexicanos, y específicamente en el tema de violencia contra las mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la obligación de los gobiernos federal, local y municipal, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Por tanto, es nuestra obligación a que desde este Congreso de la Unión se promueva la protección y respeto del derecho de las mujeres a vivir con paz, con tranquilidad y a garantizarles el pleno respeto a su dignidad humana.

En otro criterio de la Suprema Corte encontramos que:

“DAÑO AL PATRIMONIO MORAL DE LAS PERSONAS. SE PUEDE CAUSAR CON NOTAS PERIODISTICAS QUE SOBREPASAN LOS LIMITES DEL LIBRE EJERCICIO DEL PERIODISMO, EL DERECHO A LA INFORMACION YLA LIBERTAD DE EXPRESION, AL NO TENER LA INTENCION DE HACER DEL CONOCIMIENTO UN HECHO DE INTERES GENERAL, NI SIRVEN A LAS PERSONAS PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE ENRIQUEZCAN LA CONVIVENCIA O PARTICIPACION DEMOCRATICA (LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCION DELDERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL).

Atendiendo a lo previsto por el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecinueve de mayo de dos mil seis, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, su objeto o finalidad es regular el daño al patrimonio moral de personajes de la vida nacional o servidores públicos, derivado exclusivamente del abuso del derecho a la información o de libertad de expresión. Por consiguiente, la responsabilidad civil por daño al patrimonio moral de las personas que se reclame al amparo de la referida ley debe, necesariamente, tener su origen en la utilización de medios informativos, a través de los cuales se ejerza tal libertad de expresión. Ahora bien, conforme a la citada ley, se considera que la información que den los periodistas debe ser de interés público y no debe sobrepasar ciertos límites, esto es, no debe ir en contra de la reputación de persona alguna, aun y cuando ésta sea un personaje de la vida nacional o bien un servidor público, pues el derecho de información no debe ser totalitario, sino que debe tener como sustento dos condiciones, a saber: que esa información sea de interés general o en beneficio de la sociedad democrática. Ello en virtud de que la finalidad de una nota periodística es informar al público en general sobre hechos de interés general. En consecuencia, las expresiones denostatorias que se realicen en un medio informativo en contra de determinada persona sin ese propósito, es decir, que no conllevan la finalidad de informar, sino sólo el de dirimir conflictos personales entre el autor de la nota periodística y la persona a la que se hace referencia en la misma, se deben considerar como insultantes, vejatorias e innecesarias en el ejercicio de la libertad de expresión, porque sobrepasan los límites de libre ejercicio del periodismo, el derecho a la información y la libertad de expresión, al no tener la intención de hacer del conocimiento un hecho de interés general, ni sirven a las personas para la toma de decisiones que enriquezcan la convivencia o participación democrática.

DECIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 474/2010. Miguel Lerma Candelaria. 28 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Concepción Alonso Flores. Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores.”

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores, lamentamos que la democracia, que tanto trabajo ha costado consolidar a nivel nacional, no sea una práctica común a nivel local. Es inaudito que haya entidades como Quintana Roo, donde los derechos humanos y las libertades ciudadanas sean vulnerados de forma tan evidente y que el oprobio se haya convertido en lo habitual y cotidiano.

Pero más grave es que estas acciones, sean dirigidas en contra de mujeres quintanarroenses que por su actividad política o periodística, se vean inmiscuidas en publicaciones denostativas, que dañan su imagen pública, su integridad moral y que de alguna u otra manera, forman opinión pública negativa en su contra.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, Licenciado Roberto Borge Angulo, a respetar los derechos humanos e implementar las acciones necesarias, que permitan el correcto ejercicio de la libertad de expresión en los medios de comunicación, vigilar su estricto cumplimiento, así como a acatar la resolución del Juez Cuarto de Distrito de Quintana Roo, Ricardo de Jesús Vázquez Carballido, en la que se ordena al citado gobernador abstenerse de elaborar y difundir las portadas y ejemplares falsos de la revista Luces del Siglo y a que cese la transmisión de mensajes difamatorios, denostativos o acusatorios” en contra del medio.

Senado de la República, a 7 de octubre de 2014

ATENTAMENTE.

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez.- Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Francisco Domínguez Servién.- Sen. Sonia Mendoza Díaz.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Fernando Torres Graciano.- Sen. Francisco Javier García Cabeza de Vaca.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.- Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Martín Orozco Sandoval.- Sen. Javier Lozano Alarcón.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Fernando Herrera Avila.- Sen. Cesar Octavio Pedroza Gaitán.- Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Roberto Gil Díaz.- Sen. Fernando Yunes Márquez.- Sen. Victor Hermosillo y Celada.- Sen. María Marcela Torres Peimbert.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. José Rosas Aispuro Torres.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.- Sen. Carlos Mendoza Davis.- Sen. José María Martínez Martínez.- Sen. Salvador Vega Casillas.- Sen. Raúl Gracia Guzmán”.





 

De los Senadores Armando Ríos Piter, Luz María Beristain Navarrete, Mariana Gómez del Campo Gurza, Maki Esther Ortiz Domínguez, Víctor Hermosillo y Celada, Salvador López Brito y Martín Orozco Sandoval, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo a dar promoción a los destinos turísticos religiosos ubicados en el municipio San José de Gracia en Aguascalientes y en los municipios de Acapulco de Juárez, Chilapa de Alvarez, Petatlán, Pungarabato, Taxco de Alarcón y Tlapa de Comonfort, en Guerrero, a fin de generar una mayor derrama económica que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. Se turna a la Comisión de Turismo.







 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a continuar e incrementar los programas de información de factores de riesgo, medidas preventivas y acceso a los servicios de salud para evitar la mortalidad por cáncer mamario. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD SE CONTINUE E INCREMENTEN LOS PROGRAMAS DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGO, MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EVITAR LA MORTALIDAD POR CANCER MAMARIO

“La que suscribe, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD SE CONTINUE E INCREMENTEN LOS PROGRAMAS DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGO, MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EVITAR LA MORTALIDAD POR CANCER MAMARIO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Este mes de octubre se dedica al cáncer de mama con el objetivo de sensibilizar la importancia de diagnosticarlo en etapas tempranas para reducir la mortalidad y poder ofrecer un tratamiento menos agresivo dependiendo de su estado.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cáncer más frecuente entre las mujeres es el de mama que a nivel mundial representa 16% de los cánceres femeninos.

Este padecimiento se presenta más frecuentemente en países con desarrollo pero tienen mayor impacto en países en desarrollo con bajos y medios ingresos como México, para reducir el impacto de esta enfermedad entre la población la detección temprana es fundamental para un diagnóstico en su inicio para ofrecer un tratamiento y control oportuno.

Para acelerar el diagnóstico se recomienda a las mujeres su auto exploración detectando lesiones palpables y acudir al servicio médico, así mismo, la importancia de practicarse una mastografía es un resultado fundamental para un tratamiento temprano.

Los conocimientos actuales sobre las causas de cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección precoz es fundamental, se conocen varios factores de riesgo como los antecedentes familiares de cáncer de mama multiplican el riesgo por dos o tres, una exposición prolongada a estrógenos endógenos, así como una menarquía precoz, una menopausia tardía y una edad madura del primer embarazo, las hormonas exógenas también llevan a un mayor riesgo por el contrario la lactancia materna tienen un efecto protector.

La organización mundial de la Salud promueve la lucha contra el cáncer de mama en el marco de programas nacionales haciendo énfasis en la prevención, detección precoz, el diagnóstico y tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. El control de factores de riesgo específicos modificables promoviendo la ingestión de alimentos saludables, la actividad física y el control de consumo de alcohol, el sobre peso y la obesidad, podrían tener resultados en la reducción de la incidencia de cáncer de mama a largo plazo. Aunque se puede lograr cierta reducción del riesgo con medidas de prevención esas estrategias no pueden eliminar la mayoría de los cánceres de mama, solo la detección precoz que mejore el pronóstico y la supervivencia.

La mastografía o mamografía es actualmente el método más eficaz y cercano a la población conjuntamente con la autoexploración que ha empoderado a la mujer para hacerse responsable de su salud, detectándose algún cambio en el tejido mamario, no obstante, la tecnología a base de mastógrafos es complejo y absorbe muchos recursos.

La neoplasia de mama es el tumor maligno más frecuente en mujeres de todo el mundo y en México, desde 2006, se ha convertido en el primer causante de muerte por cáncer, así como la segunda causa de mortalidad en las mujeres mexicanas de 30 a 54 años. Esta patología representa un costo emocional, económico y social elevado para las mujeres que lo padecen, sus familias y la sociedad en su conjunto, particularmente cuando se detecta en fases avanzadas como es lo habitual en nuestro país.

Durante la comparecencia de la Secretaría de Salud Dra. Mercedes Juan López, ante la Comisión de Salud de esta soberanía expresó su preocupación por el aumento en los últimos 10 años de la mortalidad en México por cáncer de mama en un 14 por ciento lo que ha provocado que a través del fondo de protección contra gastos catastróficos se haga una inversión por más de mil 800 millones de pesos para la atención de 9 mil 586 casos nuevos de cáncer de mama.1

Por lo anteriormente fundamentado presento ante esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud se continue e incrementen los programas de información de factores de riesgo, medidas preventivas y acceso a los servicios de salud para evitar la mortalidad por cáncer mamario.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 7 de octubre de 2014.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.


1 Secretaría de Salud e Instituto Nacional de las Mujeres OMS




 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, así como titular del ayuntamiento de Cuautla, Morelos, a impulsar las acciones del Pacto por Cuautla, dentro del que se encuentra el proyecto de saneamiento del Río Cuautla, en virtud de los altos índices de contaminación e inseguridad. Se turna a la Comisión de Recursos Hidrahúlicos.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, ASI COMO TITULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, A IMPULSAR LAS ACCIONES DEL PACTO POR CUAUTLA, DENTRO DEL QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL RIO CUAUTLA, EN VIRTUD DE LOS ALTOS INDICES DE CONTAMINACION E INSEGURIDAD

“La Senadora LISBETH HERNANDEZ LECONA, integrante del grupo parlamentario del partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, 76, fracción IX, 276 y demás relativos y aplicables del reglamento del Senado de la República, me permito presentar ante ésta honorable asamblea, proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, ASI COMO TITULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, PARA QUE EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, IMPULSEN LAS ACCIONES DEL PACTO POR CUAUTLA, DENTRO DEL QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL RIO CUAUTLA, DEL ESTADO DE MORELOS, EN VIRTUD DE LOS ALTOS INDICES DE CONTAMINACION E INSEGURIDAD, en base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Municipio de Cuautla, es el tercero más poblado en el Estado de Morelos, después de los Municipios de Cuernavaca y Jiutepec, y el décimo quinto más extenso en el territorio del Estado Morelense.

En cuanto a su hidrología superficial, el Municipio de Cuautla, se encuentra dentro de la subcuenca del Río Cuautla, que es parte de la Región hidrológica denominada Balsas, y nace en la zona de Protección ecológica de los Sabinos, Santa Rosa y San Cristóbal, mismo que  tiene una superficie de captación de casi 500 kilómetros cuadrados.

Actualmente en las riberas del río Cuautla, de manera concreta desde el puente Carlos Pacheco hasta el Puente de San Pedro Apatlaco, se ve afectado por un alto índice de contaminación con más de doscientas descargas de aguas negras, aguas residuales hospitalarias, así como la construcción de viviendas en áreas federales en sus márgenes, por lo que es necesario direccionar la atención hacia aquella región en atención al elemento esencial que constituyen los peligros que la contaminación genera alrededor del Rio Cuautla, así como las repercusiones que ésta genera en la población que habita en las riveras y que constituyen en su conjunto, un sistema afectable, ya que impacta en la población, sus bienes y el ecosistema en general.

Sobre el tema es indispensable hacer referencia al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que corresponde al Estado Mexicano, la salvaguarda y protección de la salud de los mexicanos como un derecho social y universal. Por su parte de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, señala que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, es decir, no solo se trata de la ausencia de afecciones o enfermedades.

Función del Estado que es atendida, en el rubro específico del agua y su contaminación, a través de la actuación de las instituciones públicas como son la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, y de manera estadual por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, y el Ayuntamiento de Cuautla Morelos, que de acuerdo al ámbito de su competencia, llevan a cabo sus atribuciones tendientes al fomento y apoyo en los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso de aguas; la protección, restauración y conservación de los recursos naturales, así como el apoyo en el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado, todo ello con la finalidad de identificar las fuentes de contaminación del agua para garantizar su calidad.

En ese ámbito, desde mediados del año dos mil diez, llamó la atención el problema de la contaminación del Río Cuautla, lo que motivó a que la Comisión Nacional del Agua, anunciara la integración de la Comisión de la Cuenca del Río Cuautla para el rescate del río Cuautla, como órgano auxiliar subordinado del Consejo de Cuenca del Río Balsas, que tendría como objetivo la gestión de recursos para saneamiento y preservación de la cuenca, a través de la participarán los tres niveles de gobierno y ciudadanos de los ayuntamientos de Tetela del Volcán, Yecapixtla, Ocuituco, Atlatlahuacan, Cuautla, Ayala y Tlaltizapán, con el propósito de llevar a cabo tareas como son el diagnóstico de calidad del agua tramo por tramo; detectar descargas contaminantes; proyectar un plan estratégico de solución, y por último, la ejecución de las acciones.

Bajo ese sentido y hacia una búsqueda de la conservación y rescate delos espacios del Municipio de Cuautla, fue que en el mes de marzo del año curso, el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, el Alcalde del Municipio de Cuautla, Jesús González Otero, y ciudadanos cuautlenses, suscribieron el Pacto por Cuautla, que comprende un paquete de obras públicas a desarrollarse en el municipio de Cuautla, con una inversión superior a los 156 millones de pesos, dentro de las que se incluyen la consolidación del Parque Ecológico Cuautla, sobre la rivera del Río del mismo nombre, y que implica obras para el rescate y saneamiento del Río Cuautla, a través de la clausura de puntos de descarga a lo largo del cauce en 15 municipios, y con una inversión de 34 millones de pesos, en lo que resta del sexenio, de acuerdo a lo informado por el Director del Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua, Ingeniero Jorge Malagón Díaz, trabajos que se proyecta sean desarrolladas por medio del trabajo en red de seis Secretarías de despacho del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, como son, las Secretarías de Obras Públicas, Desarrollo Social, Desarrollo Sustentable, Economía, Turismo, Cultura y la Comisión Estatal del Agua.

Pacto por Cuautla, en el que se destaca que por primera vez se integró la participación ciudadana, ya que debido al gran interés de los ciudadanos cuautlenses en colaborar con el rescate hidrológico del lugar, “Deportistas de Todas las Edades”, que han abanderado la lucha a favor del río, se logró que el proyecto de saneamiento fuera incluido y que contemplara la rehabilitación de la fractura del colector principal que va de la colonia Gabriel Tepepa del Municipio de Cuautla, hacia la planta de tratamiento de aguas residuales de ese Municipio, para evitar que las aguas negras se sigan vertiendo al río.

En ese sentido significó un gran desafío en primer término, proyectar el plan de trabajo que permitiera identificar la problemática de las áreas contaminadas, evaluar las alternativas, reflejarlo en el presupuesto y una vez aprobado, licitar la obra, así como proyectar obras como la puesta en marcha de tres plantas de tratamiento de aguas residuales y cuatro proyectos de drenaje que complementen el flujo hacia las plantas, entre ellos, las descargas que pasan por el puente vehicular Carlos Pacheco.

Plan que abarcó además los proyectos ejecutivos para la construcción de Plantas de Tratamiento en Ayala y Anenecuilco, que carecen de esta infraestructura y cuyas aguas grises también desembocan en el río sin tratamiento alguno.

Bajo este esquema y con motivo de la reunión de diseño y operación de estrategias para integrar la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas, celebrada el veintiséis de febrero del año en curso, con la participación del ciudadano Justo Cardoso García, Director Técnico de la Comisión Nacional del Agua, se expuso el Diagnóstico Hídrico Inicial de la Cuenta del Rio Cuautla, a través de cual se logró identificar solo algunas de las problemáticas que generan  la contaminación del Rio Cuautla, como son, las descargas desde los Municipios de Yecapixtla y Ocuituco; un colector dañado en Santa Cruz; descargas domiciliarias en Santa Rosa, descargas a la barranca de Santa María y del Amate Amarillo; las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales (PTAR) de Cuautla y Apatlaco no funcionan adecuadamente y por lo tanto contamina los yacimientos de aguas cercanos; contaminación de los yacimientos de agua cercanos al Campo Deportivo de la Colonia Torres Burgos; descargas al cauce del Río a nivel del IMSS de Ayala; y descargas al río de los poblados de Anenecuilco, Abelardo Rodríguez y San Antonio.

En ese sentido, durante el mes de julio del año dos mil catorce, el grupo interinstitucional del Consejo de Cuenca del Río Cuautla, del cual forma parte la Comisión Estatal del Agua (CEA), sostuvo una reunión en la que se revisaron los avances de las obras y acciones que han realizado diversas instancias del gobierno del Estado del Morelos para lograr recuperar este importante afluente, entre las que se encuentran diversas campañas de recolección de residuos, colocación de mallas ciclónicas para protección de los manantiales, colocación de letreros informativos, instalación de viveros para la protección de plantas forestales y represas de gavión.

Además, la Comisión Estatal del Agua del Estado de Morelos, dió a conocer que se han realizado obras para incrementar el flujo de agua residual, que llega a las plantas de tratamiento, como es la obra de construcción de alcantarillado sanitario de las colonias Peña Flores, Vicente Guerrero, Polvorín y Narciso Mendoza en Cuautla, Morelos, aunado a que se han realizado recorridos para ubicar descargas clandestinas e invasiones.

Aunado a lo anterior, y como otro elemento que afecta del mismo modo la rivera del Río Cuautla, es de resaltarse que con motivo de la puesta en marcha del mando único en el Estado de Morelos, lejos de continuar efectuándose los patrullajes, se prescindió de los mismos, colocando a la población en un estado de inseguridad y obligando a la ciudadanía a implementar mecanismos de vigilancia vecinal.

Clima de inseguridad, del cual no se excluye la ribera del río Cuautla y la Unidad Deportiva que se encuentra a un costado, ya que los vecinos, deportistas y cientos de personas que a diario corren por la ribera del río son despojados de sus pertenencias, llámese zapatos, tenis, teléfonos celulares y cualquiera otra pertenencia que lleven.

Problemática que incluso ante la inoperancia de la policía montada que mantuviera la seguridad de la ribera del río Cuautla, fue necesario que el Gobierno Municipal pusiera en marcha un escuadrón de policías en bicicleta, aunado a que ante la falta de luminarias desde el puente Carlos Pacheco hasta el Puente de San Pedro Apatlaco, se incrementa y acentúa aún más los problemas de contaminación e inseguridad en ese perímetro.

En  ese contexto, tenemos frente a nosotros un problema severo de falta de planeación y de estrategias para la protección del río Cuautla, lo que ha ocasionado que este importante afluente se encuentre contaminado con descargas de drenajes y basura, problemática en la que, si bien es cierto se han llevado a cabo reuniones mensuales de seguimiento para el rescate y saneamiento del río Cuautla, en la que participan representantes de la Comisión Nacional del Agua, de la Comisión Estatal del Agua y de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, también es cierto que es indispensable dar impulso a las acciones que permitan dar cumplimiento a los proyectos de saneamiento del Rio Cuautla en el menor tiempo, y no esperar hasta finales del sexenio para su atención y que incluso la contaminación se convierta en focos de infección que se traduzca en epidemias y que además se convierta en un espacio propicio para que siga proliferando la delincuencia en esa región del Municipio de Cuautla.

Lo anterior en virtud que de que a la fecha no se cuenta con al avance relativo a los análisis de las muestras, y en consecuencia tampoco se cuenta con la información relativa la licitación de las obras que impulsen el proyecto de saneamiento del Río Cuautla, siendo entonces indispensable proyectar una ruta emergente de acciones a implementarse en los próximos meses y que contemple estrategias para ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Rio Cuautla, a efecto de disminuir la vulnerabilidad de la población que habita en la rivera del Rio Cuautla, y a la población que utiliza el Parque Cuautla como espacio recreativo.

Por lo expuesto, se exhorta respetuosamente al Ejecutivo del Estado de Morelos, así como titular del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos para que en el ámbito de su competencia se continué en el diseño y definición de las estrategias y proyectos pertinentes que coadyuven a la planeación, elaboración e implementación de políticas públicas dirigidas a reducir la vulnerabilidad de la población cuautlense ante la contaminación del Río Cuautla, y que representa el agente perturbador que impacta de manera nociva en la comunidad y su entorno, y de esta forma reducir la vulnerabilidad de la población cuautlense que habita en la rivera del Río Cuautla, así como a la población qua hace uso del parque ecológico que se encuentra a su costado.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, SOMETO A CONSIDERACION DEL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES, LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, ASI COMO TITULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, PARA QUE EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, IMPULSEN LAS ACCIONES DEL PACTO POR CUAUTLA, DENTRO DEL QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL RIO CUAUTLA, DEL ESTADO DE MORELOS, EN VIRTUD DE LOS ALTOS INDICES DE CONTAMINACION E INSEGURIDAD, en base a lo siguiente:

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como titular del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, para que en el ámbito de su competencia, impulsen las acciones del Pacto por Cuautla, dentro del que se encuentra el proyecto de saneamiento del Río Cuautla, del Estado de Morelos, en virtud de los altos índices de contaminación e inseguridad.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 7 de octubre de 2014”.





 

De los Senadores Armando Ríos Piter, Rabindranath Salazar Solorio, René Juárez Cisneros, Fidel Demédicis Hidalgo, María Alejandra Barrales Magdaleno y Sofío Ramírez Hernández, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Turismo, en coordinación con los gobiernos del Distrito Federal, Morelos y Guerrero, a establecer un corredor turístico de la salud con el objeto de elevar la competitividad y las inversiones en dicha región, como polo de desarrollo. Se turna a la Comisión de Turismo.







 

La efeméride inscrita en el Orden del Día se insertará en el Diario de los Debates.

EFEMERIDE

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con motivo del 101 aniversario luctuoso del Dr. Belisario Domínguez Palencia, ocurrido el 7 de octubre de 1913.

“EFEMERIDE del Grupo Parlamentario del PRI con motivo del 101 aniversario luctuoso de Belisario Domínguez PALENCIA -7 DE OCTUBRE DE 1913

“La patria os exige que cumpláis con vuestro deber aun con el peligro y aun con la seguridad de perder la existencia”. “Vuestro deber es imprescindible señores, y la Patria espera de vosotros que sabréis cumplirlo”. 

“Belisario Domínguez Palencia”.

A ciento un años del cobarde homicidio de Belisario Domínguez Palencia, en la Sexagésima Segunda Legislatura del Senado de la República, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos al chiapaneco ejemplar que se distinguió por su lucidez, patriotismo, voluntad y valor inquebrantables. Por sus acciones, él representa las más grandes virtudes del hombre.

Para dimensionar su importancia, es oportuno mirar en retrospectiva y recapitular los pasajes más emblemáticos de su extraordinaria vida.

Nació el 25 de abril de 1863 en Comitán, Chiapas, donde llevó a cabo sus primeros estudios, después ingresó al Instituto de Ciencias y Artes en San Cristóbal Las Casas y en 1879 viajó a Europa para estudiar en la Escuela de Medicina de París, titulándose como Médico Cirujano, Partero y Oculista en julio de 1889.

Sin duda, uno de los acontecimientos que marcó su vida ocurrió en 1897, cuando sufrió la dolorosa muerte de su madre a quien a pesar de realizar todo tipo de esfuerzos no pudo salvar, y cinco años más tarde, su padre tuvo el mismo destino. 

Además de la medicina, también se destacó por su excelsa crítica al sistema político de su tiempo, lo cual queda de manifiesto en sus célebres escritos, entre los que destaca el titulado “Chiapas”, de 1903, documento en el que, por un lado, exhibía los grandes contrastes e injusticias que prevalecían en su entidad, y por el otro lado, reprochaba a los periodistas por su indiferencia ante la situación. 

Su anhelo de ayudar a los más necesitados, lo llevó a instalar su propio Consultorio Médico en el año de 1904, y más adelante, en 1906, a abrir su farmacia a la que llamó “La Fraternidad”, privilegiando el bienestar de sus pacientes sobre cualquier interés económico. 

Ese mismo deseo de igualdad y equidad, lo impulsó a incursionar en el ámbito de la política, donde debido a su constante apoyo hacia la comunidad de Comitán, en 1911 fue electo Presidente Municipal. Posteriormente, fue Senador suplente por el estado de Chiapas en 1912 y en 1913, tomó protesta como integrante de la XXVI legislatura, donde concentró sus esfuerzos para hacer asequible la consolidación de la democracia y la libertad de expresión. 

Como fue durante todas las etapas de su vida, desde la Cámara Alta combatió enérgicamente las injusticias, arbitrariedades y actos autoritarios, distinguiéndose por desaprobar y denunciar a los políticos que accedían a cargos de elección popular aprovechándose de las necesidades de las personas.

De esta manera, el Doctor Belisario Domínguez, reivindicó el quehacer legislativo, representando dignamente a la población mexicana y coadyuvando para que el Congreso de la Unión fuera un verdadero recinto de contrapeso. Durante esta etapa de su vida se distinguió por luchar incesantemente para materializar los más nobles e importantes anhelos y demandas sociales. 

Su entereza y compromiso con el bienestar de México, lo llevaron a denunciar, sin distinción alguna, las injusticias de la época. Lo anterior queda de manifiesto en sus discursos del 23 y del 29 de septiembre de 1913, en los cuales manifestó su indignación por los homicidios de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, cuestionó severamente la conducción del gobierno huertista y exhortó al Congreso para destituir a Victoriano Huerta.

En consecuencia, el 7 de Octubre de 1913 en el cementerio de Xoco, Coyoacán fue torturado brutalmente, hasta que finalmente con un disparo en el cráneo fue privado de la vida, terminando de manera trágica con una vida brillante dedicada al servicio de la patria.

Como vemos, es incuestionable que se trata de uno de los más importantes personajes de la historia de nuestro país, orgullo de Chiapas y México, modelo a seguir dentro del servicio público, referente por excelencia en el desempeño de las actividades legislativas y símbolo de la libertad de expresión.

Mexicano de dimensiones descomunales al que recordamos con profundo respeto y admiración. En el PRI, reconocemos al político, al médico, al defensor de los derechos humanos, y por supuesto a la excepcional persona, sin duda, el México actual no podría concebirse sin las aportaciones del Dr. Belisario Domínguez.

Aunque no vio concretados sus ideales, nos demostró que cuando se trabaja de manera inteligente, fundada, constante y con esfuerzo, se pueden alcanzar los más grandes anhelos, prueba de ello es el México plural, tolerante, con libertad de expresión, con acceso a la justicia y garante de los derechos humanos. En este orden de ideas, estamos convencidos de que el mejor homenaje que le podemos brindar es corresponder con trabajo constante y responsable, a la confianza que la población depósito en cada uno de nosotros.”





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita el jueves 9 de octubre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 18:02 horas.)

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