Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 27 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 11

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 30 de Septiembre de 2014

SUMARIO                                              


Versión para descarga
Imprimir Vesrión Estenográfica  

































 

APERTURA

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: (11:11 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Lucero Saldaña Pérez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 68 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Se abre la sesión del martes 30 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

 





 

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL LUNES
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con cincuenta y dos minutos del día lunes veintinueve de septiembre de dos mil catorce, encontrándose presentes ochenta y siete ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

 

El Presidente de la Mesa Directiva, tomó protesta legal de los ciudadanos Rafael Rangel Sostmann y Federico Jesús Reyes Heroles González Garza, como miembros independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Vivienda, el Informe de Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió una Iniciativa de ciudadanos encabezados por los ciudadanos Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario Sánchez Zataraín y Robespierre Lizárraga Otero, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la segunda vuelta electoral y la revocación del mandato.- En términos de lo que establece el artículo 132, numeral 1 inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General, se instruyó remitir al Instituto Nacional Electoral las firmas que respaldan dicha iniciativa para su verificación.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación las siguientes Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo:

1) Recomendación 193 sobre la promoción de las cooperativas, adoptadas en Ginebra el 20 de junio de 2002.

2) Recomendación 194 sobre la lista de enfermedades profesionales, adoptada en Ginebra el 20 de junio de 2002.

3) Recomendación 195 sobre el desarrollo de los recursos humanos, adoptada en Ginebra, el 17 de junio de 2004.

4) Recomendación 198 sobre la relación de trabajo, adoptada en Ginebra el 15 de junio de 2006.

5) Recomendación 200 sobre el VIH y el sida, adoptada en Ginebra el 17 de junio de 2010.
6) Recomendación 202 sobre los pisos de protección social, adoptada en Ginebra el 14 de junio de 2012.

Se turnaron a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Trabajo y Previsión Social.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 37 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7º y 8º de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibieron de la Cámara de Diputados, dos oficios por los que comunican modificaciones en la integración de los Diputados ante el Organismo Permanente Parlamentarios por las Américas.- Quedaron de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del C. Raúl Alvarez Garín, por su fallecimiento el pasado 26 de septiembre.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del Doctor Bernardo Torres del Toro, por su fallecimiento el pasado 28 de septiembre.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, en atención a la petición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, relativo a su participación en el Seminario "Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional", concedió el uso de la palabra a los Senadores: Roberto Gil Zuarth del PAN; Luis Sánchez Jiménez del PRD; Manuel Bartlett Díaz del PT; Javier Corral Jurado del PAN; Enrique Burgos García del PRI; Martín Orozco Sandoval del PAN

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Atención a Grupos Vulnerables; Para la Igualdad de Género; de Educación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- A partir de la publicación del dictamen los días 26 y 29 de septiembre, se cumplió con la primera lectura en términos de lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento. La Asamblea autorizó la dispensa de su segunda lectura. El Presidente de la Mesa Directiva informó que las comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación al proyecto de decreto. La Asamblea autorizó su integración al dictamen para su discusión.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

En la presentación del dictamen, intervinieron los senadores: Martha Elena García Gómez, por la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; Hilda Esthela Flores Escalera, por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; Diva Hadamira Gastélum Bajo, por la Comisión para la Igualdad de Género; Juan Carlos Romero Hicks, por la Comisión de Educación; Angélica de la Peña Gómez, por la Comisión de Derechos Humanos; y Alejandro Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. Los posicionamientos de los grupos parlamentarios estuvieron a cargo de los Senadores: David Monreal Avila del PT; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD; Adriana Dávila Fernández del PAN; y Margarita Flores Sánchez del PRI.

PRESIDE EL SENADOR
aRTURO zAMORA jIMENEZ

En la discusión en lo general, hicieron uso de la palabra los Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, a favor; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; Ismael Hernández Deras del PRI, a favor; Martha Palafox Gutiérrez del PT, a favor; Zoé Robledo Aburto del PRD, a favor; Pilar Ortega Martínez del PAN, a favor; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM, a favor; Claudia Pavlovich Arellano del PRI, a favor; Lisbeth Hernández Lecona del PRI, a favor; José María Martínez Martínez del PAN, en contra; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; Angélica Araujo Lara del PRI; Maki Ortiz Domínguez del PAN; y Mario Delgado Carrillo del PRD. El Presidente de la Mesa Directiva informó que los Senadores Raúl Morón Orozco, Benjamín Robles Montoya, Francisco Salvador López Brito, Mónica Arriola Gordillo y Daniel Gabriel Avila Ruiz entregaron los textos de sus intervenciones, los cuales se insertaron en el Diario de los Debates. El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con los artículos reservados: al Proyecto de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: Senador Fidel Demédicis Hidalgo, artículos 21, 28, 57; Senador Daniel Gabriel Avila Ruíz, artículos 4, 15, 47, 50, 57, 69, 94, 103, 109, 116 y 122; Senador Raúl Morón Orozco, artículos 13, 19, 54, 57, 59, 79, 83, 125, 127, 128, 130 y 131; Senador Luis Fernando Salazar Fernández, artículos 50, 55, 57 y 108; Senador David Monreal Avila, artículos 57 y 80; Senador José María Martínez Martínez, artículo 58; Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, artículos 92, 93, 96 y 98; y Senadora Layda Sansores San Román, artículos 122, 123 y 127. Al régimen transitorio del proyecto de decreto: Senador Fidel Demédicis Hidalgo, adición de un Artículo Décimo Cuarto; y Senador Raúl Morón Orozco, Artículo Décimo Segundo Transitorio. Se aprobó el dictamen en lo general y los artículos no reservados, con las modificaciones incorporadas a propuesta de las comisiones por 100 votos en pro.
El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso.

(RECESO)

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión. Se procedió a la discusión en lo particular del proyecto de decreto.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD presentó sus reservas a los artículos 21 y 28, las cuales no se admitieron a discusión.

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

El Senador Daniel Gabriel Avila Ruíz del PAN presentó sus reservas a los artículos 4, 15, 47, 50, 57, 69, 94, 103, 109, 116 y 122, las cuales no se admitieron a discusión.

La Mesa Directiva dio cuenta con las reservas del Senador Raúl Morón Orozco del PRD a los artículos 13, 19, 54, 57, 59, 79, 83, 125, 127, 128, 130 y 131 del proyecto de ley y al Décimo Segundo Transitorio del proyecto de decreto, las cuales no se admitieron a discusión.

La Mesa Directiva dio cuenta también con las reservas del Senador Luis Fernando Salazar Fernández del PAN a los artículos 50, 55, 57 y 108, las cuales no se admitieron a discusión.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD presentó su reserva al artículo 57 del proyecto de ley y la propuesta de adición de un Artículo Décimo Cuarto Transitorio, los cuales no se admitieron a discusión.

El Senador David Monreal Avila del PT dio cuenta con sus reservas a los artículos 57 y 80, las cuales no se admitieron a discusión.

El Senador José María Martínez Martínez del PAN presentó su reserva al artículo 58, en votación nominal no se admitió a discusión.

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza del PT hizo la presentación de sus reservas a los artículos 92, 93, 96 y 98, las cuales no se admitieron a discusión.

La Mesa Directiva dio cuenta con las reservas de la Senadora Layda Sansores San Román del PT a los artículos 122, 123 y 127, las cuales no se admitieron a discusión.

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

Agotadas las reservas, se procedió a la votación de los artículos 4, 13, 15, 19, 21, 28, 47, 50, 54, 55, 57, 58, 59, 69, 79, 80, 83, 92, 93, 94, 96, 98, 103, 108, 109, 116, 122, 123, 125, 127, 128, 130 y 131 del proyecto de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Artículo Décimo Segundo Transitorio del proyecto de decreto, en los términos del dictamen, fueron aprobados por 82 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos a informar sobre los criterios y condiciones específicos que están presentando a las personas morales y físicas interesadas en participar en la denominada “Ronda Uno”.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a informar sobre las acciones que implementará para disminuir a la brevedad posible la Razón de la Mortalidad Materna.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía a generar acuerdos comerciales para la suspensión inmediata de la demanda interpuesta por Estados Unidos a la industria azucarera mexicana.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las veinte horas con siete minutos y citó a la siguiente el martes treinta de septiembre a las once horas.

 

Fin de la sesión."





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



 

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, en su calidad de miembro del Consejo de Administración de ParlAmericas, el informe de los trabajos de la 34a Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas, y del 6º Encuentro Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

 





 

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Asimismo, se recibió del C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente de la Comisión de Fomento Económico, su informe de actividades del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Compañeras y compañeros Senadores: Haremos un receso en nuestra sesión ordinaria, para dar inicio a los trabajos del Seminario Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional.

Previamente se designarán las comisiones de cortesía para recibir a los invitados a este evento.

Solicito a la Secretaría dé lectura a las comisiones de cortesía.

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Doy lectura a las comisiones designadas.

Para recibir al licenciado Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, los Senadores Cristina Díaz Salazar, Armando Ríos Piter, Jorge Emilio González Martínez y Omar Fayad Meneses.

Para recibir al Ministro Juan Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Senadores Arely Gómez González, Dolores Padierna Luna y Pablo Escudero Morales.

Para recibir al Diputado representante de la Cámara de Diputados, los Senadores Iris Mendoza Mendoza, Ricardo Barroso Agramont y Martha Palafox Gutiérrez.

Son todas las comisiones, señor Presidente.
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Solicito a las Senadoras y Senadores designados, acudan a las afueras de este recinto a recibir a nuestros invitados y conducirlos al patio central.

A los Senadores los invito a que, en su momento, nos traslademos al patio central a la ceremonia para la cual estamos convocados.

Al finalizar la ceremonia, reanudáremos nuestra sesión ordinaria.





 

MINUTO DE SILENCIO

Pido su atención nuevamente al Pleno. En virtud del fallecimiento de un artista plástico mexicano, Luis Nishizawa Flores, quien como pintor, escultor, vitralista, grabador, muralista, y el último heredero de la tradición paisajista de México, falleció ayer a los 96 años.

Por lo tanto, pido a las señoras y señores Senadores, nos pongamos de pie para guardarle un minuto de silencio.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Ruego a las señoras y señores Senadores, que a fin de permitir desahogar los asuntos que tenemos en cartera, en virtud de que hay tiempo todavía antes de que inicie el evento para el cual han sido convocados las Senadoras y Senadores, por Acuerdo de la Mesa Directiva, continuaremos desahogando los asuntos del Orden del Día, y en su momento haremos el receso respectivo.





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA   REPUBLICA Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El diccionario jurídico define a la ciencia forense como la aplicación de prácticas científicas dentro de un proceso legal. Lo anterior se traduce en prácticas y se traduce en investigaciones altamente especializadas y criminalistas que localizan evidencias que sólo proporcionan prueba concluyente al ser sometidas a pruebas en laboratorios.

La medicina forense es quizá el área de conocimiento más antigua que ha auxiliado al derecho, particularmente al área penal, esto en la resolución de controversias entre los miembros de la sociedad, al otorgar claridad y certidumbre en sus planteamientos.

En los últimos 8 años, compañeras y compañeros Senadores, en nuestro país se ha generado un incremento en muertes violentas, equiparable al número de decesos ocurridos en países en guerra.

Según cifras del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, desde el 2006 a octubre de 2012 se registraron un total de 101 mil 199 denuncias de homicidio doloso, es decir, un 35.7% más que las registradas durante el sexenio anterior.

En la medida en que los criminales desarrollan maneras cada vez más ingeniosas de quebrantar la ley, el Estado mexicano se ve en la imperiosa necesidad de implementar métodos mucho más efectivos para someterlos a la justicia. Sin embargo, vale la pena plantearlo, a la fecha no se cuenta con un sistema pericial y médico forense efectivo y profesional que determine y establezca la identificación de víctimas y el tiempo de su ejecución.

Entre varios de los rezagos que presentan nuestros servicios médicos forenses en todo el país, se encuentra la falta de infraestructura, de contar con instalaciones y equipamiento adecuado, y sobre todo en todas y en cada una de las áreas, un sector moderno en todas las entidades federativas del país, sin duda que la medicina forense cumpliría exitosamente sus funciones.

Ante tal situación, Senador Presidente, compañeras, compañeros Senadores, se hace imperante contar con mecanismos forenses capaces de determinar con exactitud las causas y el momento del deceso de una víctima, sino además también se hace imperiosa la necesidad de la identificación de esta a efecto de determinar incluso el móvil del crimen.

Hasta el día de hoy, los servicios médicos forenses del país no cuentan, reitero, con laboratorios debidamente equipados, y probablemente la excepción sea el Servicio Médico Forense del Distrito Federal, en donde la conservación de cadáveres para permitir su identificación y su posterior entrega a familiares puede ir más allá de un año, y posterior a la entrega, se puede inclusive practicar pruebas de ADN, de huellas dactilares y fotografía a los cadáveres.

Por esta razón, señor Presidente, compañeras y compañeros Senadores, resulta oportuno, desde nuestro punto de vista, agregar atribuciones al Centro Médico Forense de la Procuraduría General de la República a efecto de que se implemente capacitación a las procuradurías de justicia de los gobiernos estatales en materia de servicios periciales y de medicina forense, y así acrecentar el personal especializado en las áreas periciales.

Si bien es cierto que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece ya las bases para la homologación y el desarrollo de los modelos periciales, y el fortalecimiento de la coordinación que impulsa la carrera pericial, también lo es, sin duda, que en el contexto actual resulta necesario incorporar una disposición que armonice a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República con el fin de que dicha institución brinde la capacitación necesaria a las instituciones homólogas de las entidades federativas.

Y, asimismo, proponemos establecer en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública la obligación concurrente de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios para que se garantice que los servicios periciales cuenten con la infraestructura y equipamiento adecuados para el cumplimiento de sus funciones.

Con esta propuesta, señor Presidente, compañeras y compañeros Senadores, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática refrenda su compromiso por instaurar un verdadero estado de derecho y una eficaz administración de justicia.

Es cuanto, señor Presidente. Como en otras ocasiones, le agradeceré me obsequie usted, que el texto íntegro de la iniciativa que estoy presentando, también se incorpore al Diario de los Debates de manera completa y total.

Muchísimas gracias.

Iniciativa

“El suscrito, Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2, 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUESE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACITACION DE SERVICIOS PERICIALES

EXPOSICION DE MOTIVOS

El diccionario jurídico define a la ciencia forense como la aplicación de prácticas científicas dentro de un proceso legal. Lo anterior se traduce en investigadores altamente especializados y criminalistas que localizan evidencias que sólo proporcionan prueba concluyente al ser sometidas a pruebas en laboratorios.

La Medicina legal o forense es la especialidad médica que reúne los conocimientos de la medicina que son útiles para la administración de justicia y con ello dilucidar o resolver problemas de índole jurídica y cooperar en la formulación de leyes. 

La medicina forense es quizá el área de conocimiento más antigua que ha auxiliado al Derecho, particularmente al área penal, en la resolución de controversias entre los miembros de la sociedad, al otorgar claridad y certidumbre en sus planteamientos.

Quien practica la medicina forense obtiene un alto contenido humanístico, pues dicha ciencia concibe al hombre en su integración biopsicosocial.

La ciencia forense utiliza de manera rutinaria ADN para la identificación de cadáveres, solucionando muertes a partir de estos bloques estructurales de la vida; incluso las huellas dactilares delatan al o los probables responsables y arrojan datos para la identificación de cadáveres.

La patología forense, con los instrumentos y mecanismos adecuados, resulta una disciplina auxiliar de la administración de justicia, abocada a la determinación de las causas y circunstancia de la muerte, así como de la identificación de los cadáveres, mediante la aplicación de una serie de técnicas que le son específicas.

André A. Moenssens y Fred E. Inbau afirman que "la patología forense debe responder, como mínimo, a un cierto número de cuestiones de causa y efecto planteadas en los procesos penales, a saber: establecimiento de la causa de la muerte, ya sea natural o violenta; estimación del tiempo de la muerte; deducción del tipo de arma utilizada para infligir las lesiones; distinción entre los casos de homicidio, suicidio y accidente; identificación del occiso; y determinación de los efectos acumulativos de la enfermedad natural y el trauma"1.

En los últimos ocho años, en nuestro país se ha generado un incremento en muertes violentas equiparable al número de decesos ocurridos en países en guerra.

Según cifras del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, de 2006 a octubre de 2012 se registraron un total de 101 mil 199 denuncias de homicidio doloso, es decir, 35.7 por ciento más que las registradas durante el sexenio anterior2.

En la medida en que los criminales desarrollan maneras cada vez más ingeniosas de quebrantar la ley, el Estado mexicano se ve en la imperiosa necesidad de implementar métodos mucho más efectivos para someterlos a la justicia. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con un sistema pericial y médico forense efectivo y profesional que determine y establezca la identificación de víctimas y tiempo de su ejecución.

Entre los varios rezagos que presentan nuestros servicios médicos forenses en todo el país, se encuentra la falta de infraestructura. De contar con instalaciones y equipamiento adecuado y sobre todo moderno en todas y cada una de las entidades federativas del país, la medicina forense cumpliría exitosamente sus funciones como:

a) Diagnóstico de muerte.

b) Causa de la muerte.

c) Fecha de la muerte: cronotanato diagnóstico.

d) Diagnóstico diferencial de lesiones en vida y post-mortem.

e) Necropsia médico-forense.

f) Exhumación.

g) Exámenes toxicológicos.

h) Exámenes hematológicos.

i) Exámenes anatomo-patológicos.

Sin embargo en nuestro país, la patología forense ha permanecido en el olvido a pesar del importante papel que desempeña en la investigación técnico-científica de los delitos.

Ante tal situación, se hace imperante contar con mecanismos forenses capaces no sólo de determinar con exactitud las causas y el momento del deceso de una víctima, sino además la identificación de ésta, a efecto de determinar incluso el móvil del crimen.

Hasta el día de hoy, los servicios médico forenses del país no cuentan con laboratorios debidamente equipados. Probablemente la excepción sea el Servicio Médico Forense del Distrito Federal, en donde la conservación de cadáveres para permitir su identificación y posterior entrega a familiares puede ir más allá de un año y se practican pruebas de ADN, huellas dactilares y fotografía a los cadáveres.

Por esa razón, resulta conveniente solicitarle al Centro Médico Forense de la Procuraduría General de la República que implemente capacitación a las procuradurías de justicia de los gobiernos estatales en materia de servicios periciales y medicina forense, y a su vez, exhortar a dichas entidades federativas a que cuenten con personal especializado en patología, antropología, dactiloscopia, odontología y fotografía forense, cuyo objetivo sea el estudio de los cadáveres que ingresan en calidad de desconocidos, para su probable identificación.

Asimismo, es necesario que cada entidad federativa cuente con instalaciones adecuadas que le permitan el desarrollo de sus funciones con eficiencia y profesionalismo, tales como:

a) Anfiteatro, con cámaras de refrigeración y congelación para la mejor conservación de los cadáveres.

b) Aparato de rayos X para búsqueda de proyectiles.

c) Aula de Prácticas quirúrgicas.

d) Laboratorio químico.

e) Laboratorio de genética.

f) Laboratorio fotográfico.

g) Sistema de identificación genética y fotográfica.

h) Permanente cruce de registros locales con los de Plataforma México.

Si bien es cierto que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece ya las bases para la homologación y desarrollo de los modelos periciales y el fortalecimiento de la coordinación que impulse a la carrera pericial, también lo es que en el contexto actual resulta necesario incorporar una disposición que armonice a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con el fin de que dicha institución brinde la capacitación necesaria a las instituciones homólogas de las entidades federativas.

De esta manera, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establecerá una atribución complementaria a las obligaciones que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública le señala a dicha dependencia en materia de coordinación en el área pericial.

Además de encontrar plena legitimidad, dicha propuesta encuentra eco en la intención de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en voz de su Rector, el Doctor José Narro Robles, anuncióla creación de la licenciatura en Ciencias Forenses como una necesidad motivada por la ola de violencia en el país y para combatir la impunidad que afecta a la justicia mexicana, cuyo propósito es ayudar a la formación de profesionales en fenómenos relacionados con la seguridad, ciencias forense, impartición de justicia y tecnologías.

Por otro lado, se propone establecer en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la obligación concurrente de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, de garantizar que los servicios periciales cuenten con la infraestructura y equipamiento adecuados para el cumplimiento de sus funciones. 

Con esta propuesta, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática refrenda su compromiso por instaurar un verdadero estado de derecho y una eficaz administración de justicia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se adiciona una fracción XX al artículo 5, recorriéndose en su orden la subsecuente, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para quedar como sigue:

Artículo 5. Corresponde a la Procuraduría General de la República:

I. a XIX. …

XX. Brindar capacitación a las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas en materia de servicios periciales y medicina forense, de conformidad con los mecanismos de coordinación correspondientes.

XXI. Las demás que prevean otras disposiciones legales.

SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XV, recorriéndose la subsecuente, al Apartado B del artículo 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 39.- La concurrencia de facultades entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. …

B. Corresponde a la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I. a XIV. …

XV. Garantizar que los servicios periciales cuenten con instalaciones y equipamiento adecuados para el cumplimiento de sus funciones.

XVI. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley y demás disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión destinará los recursos necesarios para el cumplimiento del contenido del presente decreto, en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal inmediato posterior a la entrada en vigor del presente decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 30 de septiembre de 2014.

Atentamente

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya"

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya. Desde luego, solicito a la Secretaría Parlamentaria que se integre el texto de manera completa en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley General para el Acceso, Fomento y Disfrute de la Cultura, hasta por diez minutos.


1 Casarett, Louis y Doull, John., Manual de Toxicología, la ciencia básica de los tóxicos, pág. 16.

2 http://www.mexicoevalua.org/index.php





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA     LEY GENERAL PARA EL ACCESO, FOMENTO Y DISFRUTE DE LA CULTURA

(Presentada por la C. Senadora Blanca Alcalá Ruiz, a nombre propio y de los CC. Senadores Arely Gómez González, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Zoé Robledo Aburto y Juan Carlos Romero Hicks)

- La C. Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, señor Presidente.

Qué mejor oportunidad que hacerle un homenaje a Luis Nishizawa, que poner a consideración de esta Soberanía esta mañana la Ley General para el Acceso, Fomento y Disfrute a la Cultura.

Sin duda empezaré mi intervención haciendo referencia a lo que representan las reformas constitucionales que ocurren en este Congreso de la Unión. Para ello es necesario que sean aprobadas por dos terceras partes de los integrantes del Congreso de la Unión y el 50% de la aprobación de los congresos locales que conforman el Constituyente Permanente, se trata, invariablemente, de temas de gran trascendencia para la vida nacional.

En el caso de esta legislatura, lo hemos hecho en temas como los de educación, en temas sin duda como los de telecomunicaciones o energético. Con este mismo sentido tuvo lugar la reforma constitucional en materia de derecho a la cultura, fue precisamente en 2009 cuando tuvo lugar la reforma al artículo 4o. constitucional que hizo del acceso a la cultura un derecho fundamental de los mexicanos.

En aquel momento se adicionó un párrafo al artículo 4º para garantizar el acceso y el disfrute de toda persona a los bienes y servicios que presta el Estado, y al ejercicio de sus derechos culturales. Desde esta perspectiva, reconocer a los derechos culturales como derechos humanos y derechos fundamentales hoy nos obliga a fomentarlos, a respetarlos, a defenderlos y a promoverlos.

Es en este sentido que pongo a esta consideración la iniciativa de Ley General de Acceso, Fomento y Disfrute a la Cultura.

Hoy estamos hablando que el derecho a la cultura es un derecho sustantivo, un derecho que para hacerlo efectivo obliga a tener una nueva lógica, una nueva lógica que nos obliga, en este sentido, a tener un campo de acción, que además de la política pública, de apoyo a las artes y conservación y restauración del patrimonio, también requiere fortalecer el ejercicio del derecho a la libertad de la expresión cultural, del acceso y conocimiento, del legado material e inmaterial de la nación, de decidir la comunicación en la lengua o idioma de nuestra preferencia, de garantizar el libre respeto a la decisión y práctica de una identidad cultural, y por supuesto, de garantizar los beneficios a la educación, a las artes y al progreso científico.

Estas son algunas de las premisas que atienden esta iniciativa. Se trata, en primer término, de lograr el acceso y participación a las manifestaciones culturales; segundo, de establecer las bases de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, y por supuesto, de garantizar nuevos mecanismos que permitan el ejercicio de los derechos culturales.

La iniciativa está comprendida en siete capítulos, que implica desde las disposiciones generales, del acceso y participación, de la competencia y coordinación del Sistema Nacional de Información Cultural, de la aplicación de recursos de la Conferencia Nacional para el Fomento a la Cultura, y por supuesto, de mecanismos de participación social.

Seguramente muchos de ustedes preguntarán por qué una ley general está inspirada en lo que la propia Corte ha señalado de, primero, ser que las leyes generales deben ser normas que distribuyan competencia entre los distintos órdenes de gobierno.

Segundo, que tengan la finalidad de establecer una base general homogénea para el desarrollo de políticas públicas de la Federación, las entidades y los municipios, y también de identificar a aquellos elementos en materia cultural quienes les resulten comunes a todo lo que implica el territorio nacional.

En este sentido, la iniciativa se orienta a elevar una plataforma común desde la cual la Federación, las entidades federativas y los municipios puedan defender sus propias leyes especiales y las políticas públicas puedan ser fortalecidas.

En nuestro caso, nos parece que será primordial avanzar sobre las condiciones generales del acceso, fomento y disfrute de la cultura, y por supuesto, seguir después perfeccionando los instrumentos de la administración pública que van más allá de simplemente discutir las características burocráticas de quienes realizan en un momento dado las tareas en la materia.

Los propósitos de esta ley, señoras y señores legisladores, es abrir un cauce que reconozca la diversidad y la pluralidad de las expresiones culturales que se manifiestan a lo largo del territorio nacional. Es robustecer los elementos de la legalidad en las prácticas culturales de personas, de grupos y de comunidades y es avanzar, en una palabra, en la democratización de la cultura.

Esa democracia en la que todos hemos señalado desde muchas aristas; esa democracia en donde la cultura también merece ser tratada como lo son todos los temas sustantivos que en esta legislatura hemos abordado.

Les invito a que esta iniciativa sea la piedra de toque que nos permita analizar, discutir, proponer, pero sobre todo, avanzar en un ámbito que definitivamente todos, estoy segura, estamos comprometidos.

Gracias, señor Presidente, está a consideración de este Pleno.

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Alcalá Ruiz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de nuestra Constitución, hasta por 10 minutos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 52, 53, 54 Y 56 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Martín Orozco Sandoval: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa que busca reformar los artículos 52, 53, 54 y 56 de nuestra Carta Magna, con el objetivo de reducir y modificar el incremento, el criterio para asignar el número de Diputados y Senadores de elección proporcional.

La propuesta consiste, por un lado, en bajar el número de Diputados plurinominales a 100 para que la Cámara Baja se componga solo de 400 integrantes.

Mientras que por otra parte se busca que el Senado recupere el verdadero federalismo, el tema de estos últimos días, y se integre únicamente por 3 Senadores por cada entidad.

La iniciativa propone cambiar la manera de asignar a los Diputados plurinominales para que los candidatos se esfuercen más en el acercamiento y la confianza con la ciudadanía durante y después de sus campañas.

El día 3 de diciembre de 2013 planteé muchos motivos por los cuales se debería de reducir la Cámara de Diputados y la de Senadores.

En la reforma estructural política-electoral planteamos esta iniciativa, presentamos una reserva, y fue rechazada por la mayoría de los compañeros.

Hoy solamente doy algunos temas de los muchos motivos que hay para reducir el número de legisladores:

El costo que tiene o que viene en la propuesta económica del Presidente en tema electoral.

El Senado trae un costo para el próximo año de 2015, de 4,269 millones de pesos.

La Cámara de Diputados, 7,339 millones de pesos.

El Tribunal Electoral, 3,062 millones de pesos.

El nuevo Instituto Nacional Electoral, 18,572 millones de pesos.

De 190 países, México está en los primeros 10 más obesos en proporción a sus habitantes.

México tiene más representantes que ocho de los países más poblados del mundo.

Hay compromiso de los partidos tanto Acción Nacional, el PRI y el PRD en las plataformas políticas del 2012.

Las encuestas, insisto, las encuestas de la sociedad, la aceptación que tienen los legisladores es menor al 35 por ciento.

Y, principalmente, insisto en esta reforma por las consultas ciudadanas.

Tenemos ya una nueva estadística, de 5 a 6 millones de firmas que presenta el Revolucionario Institucional en la consulta ciudadana para la disminución de los plurinominales.

Yo espero que esta iniciativa, buscando el formato de cómo distribuir los 400 Diputados que queden en la Cámara Baja; y los 96 Senadores, basta solamente con 56 firmas del Revolucionario Institucional, 54 que son su número de Senadores, y con eso sería suficiente que transitara esta reforma y no esperar a una consulta que sabemos, de antemano, que no tiene ningún futuro, y que simplemente la propia Constitución marca que no es materia de consulta los temas electorales.

Dejemos de darle atole con el dedo a la sociedad, vayamos al fondo del tema, es un tema que seguramente la sociedad nos va a agradecer, y ahí está la prueba, las 6 millones de firmas, que simplemente el PRI se está burlando de esos 6 millones de ciudadanos, porque saben de antemano que no procederá esta consulta ciudadana.

Mejor les invito a que firmen los 54 Senadores, y terminemos pues, con los pluris, como es una demanda de la sociedad en general.

Muchas gracias.

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Orozco Sandoval. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General de Asistencia Social y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, hasta por 10 minutos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA   EL ARTICULO 56 DE LA LEY GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL; Y POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 7, 11 Y 13 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador David Monreal Avila: Gracias, con su permiso, señor Presidente.

El día de ayer aprobábamos esta nueva ley de derechos de los niños, y me parece que en este tema fundamental hay mucho que hacer para el gobierno y para la sociedad.

Diversas son las razones por las cuales niños, niñas y jóvenes en México se encuentran hoy viviendo en albergues públicos y privados, sin embargo, la situación física y jurídica de estos establecimientos es impredecible, pues operan sin normatividad uniforme bajo una supervisión no estandarizada, y con un registro poco confiable.

De acuerdo con datos del Sistema  Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el año 2011 se contaba con el registro de 18,216 menores que permanecían en albergues públicos y privados; para el 2013, esta cifra se incrementó en un 41 por ciento pasando a representar cerca de 25,700 menores.

De esta última cifra, 6,341 niños se encuentran en este tipo de establecimientos a causa del abandono; 4,841 por maltrato, 244 expósitos, y 99 por diversas cuestiones relacionadas con el crimen organizado.

La situación se agrava al no contar con un padrón confiable de número de albergues que operan en el país, ante esta situación, el pasado 22 de julio el Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, exhortó al gobierno mexicano a elaborar un sistema de registro de albergues y casas de cuidado de niños, con el objeto de generar información actualizada y puntual sobre la situación actual de los asistidos.

De acuerdo con información disponible, actualmente se tiene registro de 922 albergues, de los cuales 805 son privados y 117 públicos, mismos a los que se le destinaron en este año 39 millones 912 mil 500 pesos como apoyo por parte del gobierno federal.

Pregunto. ¿Dicha cantidad de recursos será suficiente para alimentar, vestir y educar a los 27 mil 500 menores en situación de vulnerabilidad?

La respuesta es clara. De repartir dichos recursos entre las niñas, niños y adolescentes asistidos, a cada uno les correspondería 1,553 pesos anuales, es decir, 129 pesos mensuales.

¿Dónde queda entonces el compromiso del Estado mexicano de colocar a la infancia en el centro de su agenda a través del desarrollo de políticas públicas y de destinar el mayor número de recursos posibles para la niñez y la adolescencia?

Está por demás decir que el modelo de los albergues en México se encuentra en una situación crítica, pues por parte del Estado no proporciona recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas de los menores y, por otra parte, existe poco interés por supervisar este tipo de establecimientos.

Por si fuera poco, la mayor parte de niños, niñas y adolescentes que permanecen en estos espacios, no están siendo reintegrados ni con su propia familia ni con una sustituta.

Mientras en el año 2012 se reintegraron sólo 145 menores, para el año 2013 sólo fueron 120. Todo indica que la tendencia es a la baja para el presente año.

Es impostergable que el Estado mexicano y la sociedad en general optimicen la operación de este tipo de establecimientos a través de una normatividad más rigurosa que garantice el registro obligatorio de este tipo de espacios, así como mejoras legales orientadas con normas internacionales y nacionales ya existentes.
Se debe recordar que diversas han sido las situaciones concretas que se han presentado en la sociedad mexicana, las cuales han demostrado el vacío jurídico en torno a las reglas de operación de los establecimientos públicos y privados que dotan a menores de edad de asistencia social.

En el año 2008, 15 menores fueron sustraídos de la casa hogar Casitas del Sur. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en enero de 2009, cateó y aseguró dos inmuebles de albergue de donde 126 menores fueron rescatados ante diversas denuncias por supuesto tráfico de menores.

Para el presente año, el 17 de junio, las autoridades rescataron a 33 niños de entre 5 y 17 años, y otros 10 jóvenes de 18 a 24 años de la casa hogar Domingo Sabio, en Puebla, ante indicios de ser víctimas de abusos del director.

Ese mismo año el caso de mamá Rosa evidenció un cúmulo de numerosas y graves irregularidades corroboradas por las condiciones deplorables en las que se encontraron viviendo los albergados, principalmente menores de edad.

En este último caso, la Procuraduría General de la República ha documentado ampliamente la comisión de delitos graves y la indignante situación de trato inhumano en el que se encontraban centenares de niños, adolescentes, así como algunos adultos mayores.

Los casos anteriores permiten conocer un escenario en el cual no existe del todo un sistema de protección hacia los infantes que se encuentran en este tipo de establecimientos, mucho menos la existencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento del objetivo para el cual fueron creados los mismos. Por ello es necesario que se adicione en la Ley General de Asistencia Social un párrafo en el artículo 56 en donde se establezca que se crea el Sistema Nacional de Registro de Albergues y Casas de Cuidado.

Lo que se pretende es que este sistema permita proporcionar información actualizada sobre el número exacto de tipo de establecimiento, su ubicación exacta, el número de menores asistidos, así como su situación de vida al interior de los mismos. De tal manera que exista información suficiente para crear mejores políticas públicas para la protección de este sector de la población.

Del mismo modo se debe de adecuar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer de manera puntual en el artículo 7 de las instituciones y establecimientos de asistencia social en el ámbito de sus atribuciones, estar obligadas a asegurar la protección y el ejercicio de los derechos de los menores asistidos.

En ese sentido, también se debe asentar en el artículo 11 que dichas instituciones al tener a su cuidado a niñas, niños y adolescentes, están sujetas a todas las obligaciones que establece la ley.

Finalmente, se debe considerar la modificación al artículo 13 con el objeto de fijar que no sólo son obligaciones de ascendientes o tutores las de proteger a los menores de edad en toda forma de abuso, sino que también son obligaciones de las instituciones y establecimientos de asistencia social, pues están sujetas a garantizar el cumplimiento de los derechos de los menores asistidos en ellas.

Son responsabilidad y obligación del Estado mexicano valer todas y cada una de las leyes y normas que permitan llevar acciones tendientes a modificar y mejorar la circunstancia de carácter social que impiden el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes alojados en albergues, orfanatos y en cualquier otro espacio de asistencia social.

Es tiempo de hacer algo por este sector tan vulnerable de la población en el Estado mexicano. De ser omiso estaría faltando a su compromiso internacional y nacional de proteger a los niños, a las niñas y adolescentes.

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

Iniciativa

“DAVID MONREAL AVILA, Senador de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción 1, numeral I, del Reglamento del Senado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Diversas son las razones por las cuales niños, niñas y jóvenes en México se encuentran hoy en día viviendo en albergues públicos y privados, sin embargo la situación física y jurídica de estos establecimientos es impredecible, pues operan sin normatividad uniforme, bajo una supervisión no estandarizada y con un registro poco confiable; por mencionar una cifra, por lo menos 25,700 niños a nivel nacional en situación de vulnerabilidad son atendidos por este tipo de estancias de acuerdo a diversos estudios.

De acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), y con diversas autoridades y expertos, el sistema de albergues en el país presenta fallas que urgen corregir ante el alza de niños que requieren de la atención de este tipo de organismos.

Datos emitidos en un reporte del SNDIF hablan de que en el año 2011 se contaba con el registro de 18,216 menores institucionalizados, es decir, menores que se encuentran en situación de abandono u orfandad o que se están separados de sus padres por cuestiones jurídicas y que permanecen en albergues públicos y privado; para el año 2013 esta cifra se incrementó en 41%, pasando a representar cerca de 25,700 menores.

De esta última cifra, 6,341 niños se encuentran en este tipo de establecimientos a causa del abandono, 4,841 por maltrato, 244 expósitos, esto es, recién nacidos abandonados o expuestos, y confiados a un establecimiento benéfico, 199 por orfandad y solo 99 por el crimen organizado.

La situación se agrava al no contar con un padrón confiable del número de albergues que operan  en el país, ante esta situación, el pasado 22 de julio, el Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), exhortó al gobierno mexicano a elaborar un sistema de registro de albergues y casas de cuidado de niños.

De acuerdo con información del SNDIF, actualmente existen registrados 922 albergues, de los cuales 805 son privados y 117 públicos, mismos a los que se les destinaron en este año 39,912,500 pesos como apoyo.

Es decir, de repartir los recursos a cada uno de los 922 albergues, les correspondería aproximadamente 43,300 pesos para este año en curso, por lo que con esa cantidad, mensualmente tendrían que estar gastando en alimento, vestido y educación alrededor de 3,607 pesos.

Si el ejercicio anterior se aplicara de manera individual a cada uno de los 25 mil 700 menores asistidos, el Gobierno Federal estaría gastando para este año en manutención 1,553 pesos, mientras que mensualmente la cifra representa los 129 pesos.

La situación de los albergues, sobre todo el de los privados, es delicada, pues operan con los recursos con los que cuentan, y los gobiernos estatales y municipales ejercen una supervisión deficiente sobre su forma de operar, además, es notorio el precario destino de recursos por parte de las autoridades federales a este tipo de establecimientos.

El modelo de los albergues en México se encuentra en una situación crítica, pues ni los establecimientos públicos ni privados se encuentran cumpliendo con su fin principal, el de dar estancia temporal a menores y reintegrarlos a un nuevo hogar.

Se puede observar que el Estado no proporciona recursos económicos, y poco es su interés por supervisarlos; dejando en indefensión a las niñas y niños en los albergues, en los cuales nunca se sabe el método educativo, los aportes o los daños.

Por el contrario, el problema sigue creciendo luego de que la mayor parte niños, niñas y adolescentes que permanecen en estos espacios no están siendo reintegrados con su propia familia ni una sustituta.

Mientras que en el año 2012 se reintegraron por el DIF nacional a distintas familias 145 menores, para el año 2013 solo fueron 120, y todo indica que la tendencia es a la baja para el presente año.

De las entidades con las que se cuentan con datos referentes al número de albergues en México, resalta el caso del Distrito Federal, en el cual existen oficialmente 119 albergues públicos y privados para niños, los cuales atienden a una población de 2 mil 214 menores de edad; en Veracruz operan 38 albergues de los cuales los privados lo hacen con recursos propios, sin embargo no hay registro oficial de ellos. En Jalisco el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) y la Procuraduría Social reportan un número de entre 73 y 90 albergues respectivamente.

En Tabasco, no existe un censo completo y por ello el DIF estatal ya trabaja en el levantamiento del mismo en coordinación con los municipios. Por su parte, en Yucatán el DIF estatal admite que es muy probable la existencia de albergues clandestinos y no duda que puedan existir casos de explotación de menores, toda vez que tienen bajo líneas de investigación dos sitios de este tipo.

Todos y cada uno de los datos anteriores permiten entender la actual realidad de los albergues que acogen en México a niños y niñas y jóvenes huérfanos o en situación vulnerable, las carencias en la regulación y supervisión del Estado y que generalmente propician y sientan las bases para que se produzcan violaciones importantes a los derechos humanos de los menores.

Es de extrema urgencia para el Estado, llevar un registro oficial sobre estos centros, para contar con información detallada sobre del lugar en el que se encuentran, quienes están a cargo, la metodología de trabajo, entre otros aspectos, de tal manera que el Estado cuente con las herramientas necesarias para supervisar y regular este tipo de sitios.

Ante este escenario, el Estado está obligado a cumplir con lo establecido primordialmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promoviendo y protegiendo los derechos de todos los mexicanos, y en este caso, de los niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad que hoy en día viven en algún tipo de albergue, pero que sin embargo la mayoría de los mismos se encuentran en situaciones precarias, sin un registro oficial y violando las garantías de los mismos.

Es impostergable que el Estado Mexicano y la sociedad en general optimicen la operación de este tipo de establecimientos o espacios que prestan servicios de cuidado, atención, alimentación incluso de alojamiento para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, a través de una serie de acciones específicas que establezcan no solo estándares definidos para la prestación de estos servicios, sino una normatividad más rigurosa que garantice el registro obligatorio de este tipo de espacios para dar paso en el corto plazo a la elaboración de un “Sistema Nacional de Registro de Albergues y Casas de Cuidado”, que entre otras cosas, proporcione información actualizada sobre cuántas niñas y niños y jóvenes están institucionalizados y cuál es su situación; de igual manera las mejoras legales tienen que estar orientadas a que el marco jurídico sea concordante con normas internacionales y nacionales ya existentes sobre este tema.

A nivel internacional mucha ha sido la lucha para garantizar y proteger los derechos de los menores de edad, en 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la “Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)” de manera unánime como un instrumento internacional para establecer que todas las niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos, y su cumplimiento es obligatorio para todos los países que lo han firmado, incluido México  que ratificó la Convención en septiembre de 1990.

Con la CDN, las niñas, niños y adolescentes dejan de ser simples beneficiarios de los servicios de protección del Estado, pasando a ser concebidos como sujetos de derecho.

Al firmar la CDN, México asumió el compromiso de cumplir cabalmente con sus disposiciones, adecuar sus leyes a estos principios, colocar a la infancia en el centro de sus agendas a través del desarrollo de políticas públicas y a destinar el mayor número de recursos posibles para la niñez y la adolescencia.

La CDN define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes: el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social.

Los cuatro principios fundamentales de la Convención son:

1. La no discriminación.

2. La dedicación al interés superior del niño.

3. El derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo.

4. El respeto por los puntos de vista del niño.

La Convención protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.

Los derechos a la supervivencia y el desarrollo, tienen que ver con los derechos a los recursos, las aptitudes y las contribuciones necesarias para la supervivencia y el pleno desarrollo del niño. Incluyen derechos a recibir una alimentación adecuada, vivienda, agua potable, educación de calidad, atención primaria de la salud, tiempo libre y recreación, actividades culturales e información sobre los derechos.

Por su parte, los derechos a la protección, incluyen la protección contra todo tipo de malos tratos, abandono, explotación y crueldad, e incluso el derecho a una protección contra los abusos del sistema de justicia criminal.

A nivel nacional, el marco jurídico de protección a este sector vulnerable de la población se encuentra fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º, párrafo sexto,  en el que se establece lo siguiente:

Artículo 4º… “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”

Adicionalmente, en el año 2000, se dio un paso muy importante, con el cual se consiguió ampliar aún más el marco jurídico de protección para los niños, niñas y jóvenes de este país; se crea la Ley para la Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Esta ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objetivo:

garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución”

Además se establece que la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de su competencia, podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a dicha ley.

Resulta interesante el hecho que durante la elaboración de esta ley, se retomaron algunos de los principios elementales de la Convención sobre los Derechos del Niño, tales como el interés superior de la infancia, la no discriminación por ninguna razón ni circunstancia, así como el de tener una vida libre de violencia.

El principio del interés superior de la infancia va en el sentido de abarcar todas y cada una de las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Adicionalmente, en el año 2004 se crea la Ley de Asistencia Social, la cual tiene por objeto sentar las bases para la promoción de un Sistema Nacional de Asistencia Social que fomente y coordine la prestación de servicios de asistencia social pública y privada e impulse la participación de la sociedad en la materia.

En su artículo 4°, se definen que son sujetos de la asistencia social, tanto individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Se prioriza en un primero momento, el sector de las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentran en situación de riesgo o afectados por diversos factores como el maltrato, el abuso, abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores, así como de quienes viven en la calle o son víctimas de cualquier tipo de explotación.

Se le asigna la rectoría de la asistencia social pública y privada al Estado, el cual, en forma prioritaria, proporcionará servicios asistenciales encaminados al desarrollo integral de la familia, entendida como la célula de la sociedad que provee a sus miembros de los elementos que requieren en las diversas circunstancias de su desarrollo, y también a apoyar, en su formación y subsistencia, a individuos con carencias familiares esenciales no superables en forma autónoma.

Entre los servicios asistenciales se encuentra la atención en establecimientos especializados a menores en estado de abandono, el ejercicio de la tutela de los menores, pero sobre todo la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la representación jurídica y la promoción de su sano desarrollo físico, mental y social.

Una vez establecida la normatividad vigente que promueve y protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país, es fundamental recordar que diversas han sido las situaciones concretas que se han presentado en la sociedad mexicana, las cuales han demostrado el vacío jurídico en torno a las Reglas de Operación de los establecimientos públicos y privados que dotan a menores de edad de asistencia social.

Casos sobre irregularidades en albergues sobran. En el año 2008, 15 menores de edad fueron sustraídos de la casa hogar "Casitas del Sur.1

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en enero de 2009 cateó y aseguró dos inmuebles del albergue, de donde 126 menores fueron rescatados.

Un mes después, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió una denuncia ciudadana en la que se "narraba el tráfico de menores de edad de la casa hogar “Casitas del Sur”, así como hechos similares en el Centro de Adaptación e Integración Familiar (CAIFAC), en Monterrey, y en la casa hogar “La Casita”, en Cancún”.

En el presente año, el 17 de junio las autoridades rescataron a 33 niños de entre 5 y 17 años y otros 10 jóvenes de 18 a 24 años de la Casa Hogar Domingo Savio, en la central ciudad de Puebla, ante indicios de ser víctimas de abusos de su director.

Este mismo año, el caso de “Mamá Rosa” evidenció mediante una orden de cateo, al ingresó del albergue, un cúmulo de numerosas y graves irregularidades, corroboradas por las condiciones deplorables en las que se encontraban viviendo los albergados, principalmente menores de edad.

En este último caso, la PGR ha documentado ampliamente la comisión de delitos graves en contra de menores de edad y la indignante situación de trato inhumano en el que se encontraban centenares de niños, adolescentes, así como algunos adultos mayores.

Los casos anteriores permiten conocer un escenario en el cual no existe del todo un sistema de protección hacia los infantes que se encuentran en este tipo de establecimientos, mucho menos la existencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento del objetivo para el cual fueron creados los mismos.

Por ello es necesario que el Gobierno Federal tome cartas en el asunto, y haga valer todas y cada una de las leyes y normas que permiten llevar a cabo acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes alojadas en albergues, orfanatos o en cualquier otro espacio de asistencia social,  de tal manera que logren su incorporación a una vida plena y productiva.

Derivado de lo anterior someto a esta Soberanía la siguiente: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 56 de la Ley General de Asistencia Social; y por el que se modifican los artículos 7, 11 y 13 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

PRIMERO.- Se modifica el artículo 56 de la Ley General de Asistencia Social para quedar como sigue:

LEGISLACION VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACION

Artículo 56.- Se crea el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social con el objeto de dar publicidad a los servicios y apoyos asistenciales que presten las instituciones públicas y privadas, así como su localización en el territorio nacional. El Directorio estará a cargo del Organismo.

Artículo 56.- Se crea el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social con el objeto de dar publicidad a los servicios y apoyos asistenciales que presten las instituciones públicas y privadas, así como su localización en el territorio nacional. El Directorio estará a cargo del Organismo.

Adicionalmente se crea el Sistema Nacional de Registro de Albergues y Casas de Cuidado, con el objeto de proporcionar información sobre el número de establecimientos que atienden a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, el número de menores institucionalizados, las  razones por las que los menores fueron privados de su medio familiar, así como su situación actual.

 

SEGUNDO.- Se modifica el párrafo primero del artículo 7, el párrafo primero del artículo 11 y el apartado “A” del artículo 13 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

LEGISLACION VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACION

Artículo 7.- Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.

Artículo 7.- Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, a instituciones o establecimientos de asistencia social en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.

Art. 11.- Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes:

 

A....B

Art. 11.- Son obligaciones de madres, padres, de instituciones o establecimientos de asistencia social y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes:

A…B

Artículo 13.- A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en este capítulo, las leyes federal, del Distrito Federal y de las entidades federativas podrán disponer lo necesario para que se cumplan en todo el país:

 

A. Las obligaciones de ascendientes o tutores, o de cualquier persona que tenga a su cargo el cuidado de una niña, de un niño o de un o una adolescente de protegerlo contra toda forma de abuso; tratarlo con respeto a su dignidad y a sus derechos; cuidarlo, atenderlo y orientarlo a fin de que conozca sus derechos, aprenda a defenderlos y a respetar los de las otras personas.

B….C

Artículo 13.- A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en este capítulo, las leyes federal, del Distrito Federal y de las entidades federativas podrán disponer lo necesario para que se cumplan en todo el país:

A. Las obligaciones de ascendientes o tutores, de instituciones o establecimientos de asistencia social, o de cualquier persona que tenga a su cargo el cuidado de una niña, de un niño o de un o una adolescente de protegerlo contra toda forma de abuso; tratarlo con respeto a su dignidad y a sus derechos; cuidarlo, atenderlo y orientarlo a fin de que conozca sus derechos, aprenda a defenderlos y a respetar los de las otras personas.

B…C

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 30 de septiembre de 2014.”

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Monreal Avila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 140 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; SE REFORMA EL ARTICULO 50 Y SE ADICIONAN LOS PARRAFOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
  
(Presentada por el C. Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: Con el permiso de la Presidencia. Senadoras y Senadores:

El modelo de vivienda implementado durante la última década incrementó de manera exponencial la construcción de vivienda. Lamentablemente en aras de la cantidad se sacrificó la calidad. Decenas de desarrollos fragmentados hicieron su aparición en el mercado nacional como la solución de las necesidades de vivienda.

Producto de esa política errónea existen 4.9 millones de viviendas abandonadas. Esas viviendas presentan serios déficit que las hace inhabitables, como son la falta de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos.

Tan sólo el INFONAVIT cuenta con más de 250 mil viviendas no habitadas. La falta de articulación entre las dependencias encargadas de las políticas públicas de vivienda, la duplicidad de funciones y la falta de un diagnóstico claro, produjo conjuntos habitacionales sin habitantes y ciudades semivacías.

Esa desarticulación y segmentación de la política de vivienda ha propiciado, de acuerdo con datos de la SEDATU, que el 67 por ciento de la vivienda sea irregular y no cuente con los elementos indispensables de habitabilidad y sustentabilidad.

Un problema recurrente que enfrentan los acreditados del INFONAVIT es el concerniente a los vicios ocultos, ya que esto representa un daño a su patrimonio y un gasto imprevisto para los trabajadores, daños en la cimentación y estructura, problemas con las instalaciones eléctricas, sanitarias y gas, son las quejas más comunes.

De igual manera la vigencia de las pólizas de cobertura contra daños y desperfectos es mínima y no es lo suficientemente amplia. Para contrarrestar esta solución se implementó una nueva política que va con la coordinación de la SEDATU, busca crear espacios urbanos con entornos sustentables, con viviendas de calidad en su construcción y equipamientos, dotada de infraestructura y de servicios mínimos.

Ante la situación descrita, la presenta iniciativa busca dos objetivos: 1. Armonizar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores con la nueva política de vivienda, ordenamiento territorial y urbano.

2. Proteger a los trabajadores que mediante crédito adquirieron su vivienda con un seguro de cobertura contra vicios ocultos. Para ello se reforma el artículo 140 de la Ley Federal del Trabajo para que el instituto encargado de la coordinación, promoción y financiamiento de las casas habitación de los trabajadores, formulen sus políticas bajo las siguientes directrices:

Primero. Cumplirá las disposiciones de planeación, ordenamiento y desarrollo sustentable de los centros urbanos conforme a la Ley General de Asentamientos Humanos, las políticas de la SEDATU y demás ordenamientos en materia de vivienda aplicables.

Segundo. Fomentará, coordinará y vigilará que los conjuntos habitacionales financiados, y las viviendas adquiridas a través del crédito otorgado por el instituto, cuenten con el equipamiento urbano adecuado e infraestructura y servicios públicos.

Tercero. Protegerá el patrimonio de los trabajadores a través de la promoción de cobertura y esquemas de aseguramiento contra defectos, fallas y daños en las viviendas adquiridas, en tanto la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores sufre modificaciones en sus artículos 50 y 51.

En el artículo 50 se establecen las disposiciones específicas a las que se deberá de sujetar el INFONAVIT a la hora de financiar las construcciones de conjuntos habitacionales, así como los créditos que se otorguen para adquisición de vivienda.

Contempla que los polígonos donde se construya la vivienda financiada o adquirida con créditos otorgados por el instituto, cumplan con el equipamiento urbano adecuado, cerca de las actividades económicas, laborales, centros educativos, culturales, y centros recreativos y de esparcimiento.

De igual manera los conjuntos habitacionales de vivienda contarán con la infraestructura necesaria, vías de comunicación, accesibilidad y movilidad, además de los servicios básicos como son el agua potable, alcantarillado, electricidad, y recolección de desechos.

Se detalla que las viviendas cumplirán con estándares de calidad en su cimentación y construcción, asumimos que el equipamiento de las mismas será funcional, adecuado y durable.

Finalmente, se adicionan dos párrafos al artículo 51 para otorgar mayores garantías de seguridad a los trabajadores que adquirieron su vivienda en conjuntos o desarrollos habitacionales financiados directamente por el instituto.

Para estos casos se otorgará una cobertura de al menos cinco años contra vicios ocultos, que afecte la cimentación, estructura, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica y gas. El costo de este seguro quedará a cargo de los constructores y desarrolladores habitacionales.

Con estos cambios, Senadoras y Senadores, se armoniza la legislación en materia de vivienda, para que los trabajadores con la nueva política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial se protega; el patrimonio de los trabajadores al contar con una vivienda funcional en un espacio sustentable y armónico que le permita un óptimo desarrollo.

Por su atención y por su respaldo a esta importante propuesta para los trabajadores mexicanos, muchas gracias, compañeras Senadoras y Senadores.

Iniciativa

"El que suscribe, Senador Oscar Román Rosas González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto, establece el derecho que tienen todas las familias mexicanas a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.1 Del mismo modo,la Ley de Vivienda, en su artículo segundo, hace referencia a las garantías jurídicas y especificaciones materiales con las que deben contarla vivienda de todo ciudadano; las  edificaciones deben cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de “construcción, habitabilidad, salubridad, que cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos”.2

Antes que el derecho a la vivienda fuera explicitado en el texto constitucional, el gobierno mexicano, concibió un organismo que dirigiera los esfuerzos del Estado y la Sociedad para la consecución de las metas fijadas en el sector de vivienda. Es así, como en 1972 nace el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

El INFONAVIT surge como una institución mexicana de carácter tripartito en donde converge la participación de los sectores obrero, empresarial y gubernamental, dedicada a otorgar crédito para la obtención de vivienda a los trabajadores, financiamiento de vivienda social y coordinación de programas de vivienda, así como brindar rendimientos al ahorro que están radicados en el Fondo Nacional de Vivienda para las pensiones de retiro.

Dicho esfuerzo consistió en reunir las aportaciones patronales del 5% sobre el salario de cada uno de los trabajadores en un fondo nacional, de manera que cada trabajador tenga el derecho de acceder a un crédito para la vivienda, o bien que los rendimientos del saldo de su subcuenta de vivienda complementen su ahorro para el retiro.

A lo largo de más de 40 años, éste instituto se ha consolidado como un organismo clave del gobierno mexicano para generar bienestar social, ya que no sólo promueve y coordina esfuerzos para dotar a los trabajadores de su casa propia, sino que asiste al trabajador en la construcción de su patrimonio familiar que le permita vivir con decoro y dignidad con su familia.3

De 1972 a la fecha el instituto ha otorgado 7, 897,592 créditos para vivienda, con lo cual 7.8 millones de familias adquirieron un hogar propio y un patrimonio para el futuro. En lo que va del presente año, el avance de créditos es 237,624, lo cual representa un avance del 40% de la meta proyectada por el gobierno federal; se espera llegar a la meta de medio millón de créditos para vivienda.

A pesar de estos loables esfuerzos, la demanda de vivienda en nuestro país es una constante. De acuerdo con el INEGI, existen 28.9 millones de viviendas, de las cuales 6.64 millones son habitadas por personas diferentes a los propietarios; traduciéndose en más de 6 millones de familias sin acceso a una casa propia.

Es importante destacar que, en la última década, la política de vivienda tuvo un impulso gubernamental sin precedentes, cuyo objetivo se centró en la reducción del rezago habitacional favoreciendo la construcción y oferta de vivienda, por encima de las necesidades específicas de los segmentos económicos de la población y sin una clara planeación urbana y territorial.

La consecuencia natural de la construcción de desarrollos habitacionales en áreas alejadas de los cuadrantes urbanos y, que no obedecen a los requisitos mínimos de seguridad y habitabilidad son viviendas que no cuentan con servicios, equipamiento, accesibilidad, conectividad y movilidad; en suma, viviendas con carencias en su infraestructura y construcción que minan la posibilidad de ser habitadas con dignidad y decoro por las familias, y en muchos de los casos llegan a ser deshabitadas.

Ya desde 2004, diversos estudios señalaban las deficiencias de la política en materia de vivienda, entre ellos, el realizado por el Joint Center of Housing Studies de la Universidad de Harvard que evaluó el estado de vivienda en México.

El informe señaló un número significativo de problemas relacionados con la planeación y financiamiento del suelo e infraestructura. El punto neurálgico en esta problemática se encuentra en la falta de coordinación entre los niveles gubernamentales, la insuficiencia de capacidad técnica a nivel municipal, así como la escasez y el alto costo del financiamiento del suelo y de la infraestructura.

Se encontró una espiral de oferta de vivienda, sin embargo, la demanda de hogares asequibles y dignos todavía no encontraba su intersección con la oferta, debido a la falta de coordinación institucional y a que los proyectos no se adecuaban a las necesidades de las posibles familias ocupantes.4

Otro estudio realizado por la SEDESOL, La Expansión de las Ciudades 1980-2010, apuntó que el crecimiento de las manchas urbanas en las últimas décadas ha sido enorme: entre los años referenciados, la población urbana en México se duplicó al mismo tiempo que la mancha urbana creció 7 veces.5

Por su parte, la Sociedad Hipotecaria Federal, en su estudio sobre la Demanda de Vivienda para el año 2013, que alrededor del 7.5% de los hogares en rezago habitacional demandarían un crédito, es decir, una cantidad total de 677 mil 826 créditos. Se formarían cerca de 630 mil hogares y, en suma, 92,538 familias demandarían una vivienda con mejores atributos en relación a su vivienda actual.6

Política actual en materia de vivienda

El Gobierno Federal, a partir de 2013, inició una profunda restructuración, no sólo del sector de la vivienda, sino de la política de planeación, asentamientos humanos y desarrollo urbano a nivel nacional. Para ello se dio a la tarea de crear la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) como dependencia coordinadora e impulsora de los esfuerzos de los tres nivelas de gobierno en la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento.7

Uno de sus objetivos principales es la armonización del crecimiento poblacional con los centros urbanos y rurales del país. De igual manera propiciar la estandarización de criterios para la planeación, control y crecimiento con calidad de las zonas urbanas.

La planeación habitacional y el desarrollo de la vivienda dentro de las zonas metropolitanas y ciudades del país con visión sustentable, es un componente esencial de ésta nueva política. Se privilegiará el desarrollo y construcciones de modelos habitacionales que cuenten con el equipamiento, infraestructura y servicios de calidad, para que las viviendas respondan a las necesidades de las familias que las habitaran.

Que las viviendas se construyan en polígonos con equipamiento urbano, cerca de las actividades económicas, laborales, centros educativos, culturales y de esparcimiento es requisito indispensable para que el conjunto de instituciones que conforman el sistema de vivienda nacional financien y promuevan desarrollos que cuenten con estas características.

Que las viviendas cuenten con calidad en los materiales, cumplan con los estándares de calidad en su cimentación y construcción, y el equipamiento de las viviendas sea funcional, adecuado y durable, son elementos necesarios para que los trabajadores hagan efectivo su derecho a  adquirir una vivienda digna.

Que el espacio territorial donde se ubica la vivienda cuente con la infraestructura necesaria y servicios como son agua potable, alcantarillado, alumbrado público, seguridad pública, y servicios de recolección de desechos son elementos mínimos para el desarrollo de vivienda a nivel nacional.

En suma, la nueva política consta de tres ejes indispensables; equipamiento urbano, calidad en la construcción y equipamiento de las viviendas e infraestructura y servicios mínimos; a falta de alguno de estos componentes se puede afirmar que la triada necesaria para hablar de una vivienda digna y decorosa no se cumple.

Para que éste nuevo modelo de planeación y desarrollo de las viviendas fuese directriz para estados y municipios, al igual que para la Federación, se armonizó la Ley General de Asentamientos Humanos que data de 1993, una de las reformas fundamentales que sufrió éste marco normativo fue sentar las bases para que la SEDATU8, fungiera como la dependencia federal encargada de la política nacional de ordenamiento urbano, rural y territorial, además de precisar la coordinación y colaboración que debe existir con estados y municipios en esta materia.

Lo anterior, bajo las disposiciones de la citada ley, en sus artículos 4 y 5, se considera de interés público y de beneficio social la determinación de provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios de los centros de población, contenida en los planes o programas de desarrollo urbano.9

De surte que son de utilidad pública la constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda; la edificación o mejoramiento de vivienda de interés social y popular y;la ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.

Se entiende que la planeación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de los desarrollos urbanos tenderá a mejorar el nivel de vida de sus habitantes. En su artículo tercero se delinean las tareas a realizar que impactan al sector de la vivienda, como son:

· La distribución equilibrada y sustentable de los centros de población y las actividades económicas en el territorio nacional;

· La descongestión de las zonas metropolitanas;

· La protección del patrón de asentamiento humano rural y de las comunidades indígenas;

· La creación y mejoramiento de condiciones favorables para la relación adecuada entre zonas de trabajo, vivienda y recreación;

· La estructuración interna de los centros de población y la dotación suficiente y oportuna de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;

· La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los centros de población;

· La conservación y mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos; y

· La regulación del mercado de los terrenos y el de la vivienda de interés social y popular.

Si bien las disposiciones arriba señaladas ya estaban plasmadas en el cuerpo de Ley de Asentamiento Humanos, pero en años anteriores su cumplimiento e instrumentación fue nulificada por el descontrol y la falta de regulación del mercado inmobiliario y en consecuencia de la oferta de vivienda.

Hoy en día existe una coordinación real entre las distintas entidades financieras encargadas de otorgar créditos y subsidios a la vivienda. Infonavit, Comisión Nacional de la Vivienda, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Sociedad Hipotecaria Federal, Banca Comercial y otras entidades financieras, realizaron una inversión de 263, 671 millones de pesos, durante 2013, con lo cual se logran 1.3 millones de créditos para la vivienda.10

Descripción del problema

El modelo de vivienda implementado durante la última década incremento de manera exponencial la construcción de vivienda, lamentablemente en aras de la cantidad se sacrificó la calidad. Decenas de desarrollos fragmentados hicieron su aparición en el mercado nacional como la solución a las necesidades de vivienda.

En éste sentido, el Director del Infonavit señaló en la Comisión de Vivienda del Senado de la República que, producto de esta política errónea, existen 4.9 millones de viviendas abandonas. Estas viviendas presentan serios déficits que las hacen inhabitables como son la falta de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos.11

La falta de articulación entre las dependencias encargadas de las políticas públicas de la vivienda, pero sobretodo la duplicidad de funciones y la falta de un diagnóstico claro sobre las necesidades de vivienda y la sustentabilidad de estas en su entorno urbano produjeron conjuntos habitacionales sin habitantes y ciudades semivacías.

Las externalidades de una política incorrecta se palpan en el crecimiento desmedido de las manchas urbanas, en la falta de ordenamiento territorial y la falta de una visión integral donde una vivienda digna y decorosa como lo marca nuestra Constitución, no puede ser aquella desprovista de los elementos indispensables de equipamiento, infraestructura y servicios.

Esta desarticulación y segmentación de la política de vivienda propició en los últimos años el crecimiento de la vivienda irregular. De acuerdo con la Sedatu el 67 % de la vivienda construida es irregular, sólo el 33 % de la vivienda producida a nivel nacional es regular, cifra favorecida por la lejanía de las construcciones realizadas por empresas formales.

La dependencia, también informó que para los trabajadores de bajos recursos, la vivienda irregular se ha convertido en una solución más accesible, con respecto a las casas alejadas que produce la iniciativa privada,

Como ejemplo, se indicó que en México cada año se desocupan 40 mil viviendas compradas con un crédito del INFONAVIT, por lo que éste instituto ya cuenta con más de 250 mil viviendas financiadas no ocupadas por los trabajadores que adquirieron sus créditos.12

Otro de los problemas que enfrentan los acreditados del INFONAVIT es el concerniente a los vicios ocultos, ya que estos representan un daño a su patrimonio y un gasto imprevisto para los trabajadores; daños en la cimentación y estructura; problemas con la instalación eléctrica, hidrosanitaria y gas y; daños y mal funcionamiento de puertas, ventanas, muebles y accesorios mínimos de una vivienda, son las quejas más comunes.

A pesar de que las viviendas adquiridas cuentan con pólizas de seguro por parte de las inmobiliarias o desarrolladoras, el pago por los daños o el arreglo de los desperfectos no se resuelve de manera eficaz, puesto que el afectado debe realizar una queja o solicitud por escrito a efecto de recibir la atención correspondiente.

No es de sorprenderse que la respuesta y atención oportuna de la solicitud pase por un proceso de burocratización interminable, lo que provoca malestar, preocupación, y tiempo perdido. En muchos de los casos los propios trabajadores que adquirieron sus crédito para vivienda se ven obligas a realizar las reparaciones correspondientes.

Las reclamaciones por vicios ocultos suelen estar contenidas en los contratos o en pólizas adicionales, con un periodo de garantía determinado y un listado de hipotéticas fallas y desperfectos que pueden ser reclamados. Lamentablemente, la vigencia de estos seguros o coberturas expira en su mayoría a los dos años de la adquisición de la vivienda.

Este malestar de los acreditados, lo podemos constatar con los datos que arroja la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), donde el sector inmobiliario está entre los diez agentes económicos con más demandas. En 2009 se colocó en segundo lugar con un total de 8,464 reclamaciones; un año después, para el 20 de diciembre de 2010, Profeco emitió el Comunicado 168 recomendando a los consumidores tomar precauciones al comprar casa o adquirir un crédito para la vivienda.13

En los años siguientes la Profeco acumuló 6,426 quejas entre enero y noviembre de 2010, que colocaron al sector inmobiliario en el tercer lugar por el número de reclamaciones de los consumidores. La cifras de 201114 confirmaban la tendencia constante, donde las notificaciones de inconformidad recibidas en contra del sector inmobiliario fue de 6,009 ocupando el cuarto lugar.

Ante estos hechos es necesario revisar el marco legal del INFONAVIT, para conocer las disposiciones que protegen a los trabajadores que adquirieron su vivienda, a través del financiamiento otorgado por dicho instituto, ante posibles daños o desperfectos de las viviendas.

De la misma manera es urgente conocer si la Ley del INFONAVIT ha sido armonizada para que guarde correspondencia con la nueva política en materia de vivienda, la cual se basa en tres ejes: equipamiento urbano y entorno sustentable; calidad en la construcción y equipamiento adecuado de las viviendas y; infraestructura y servicios mínimos.

Marco jurídico actual

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado A fracción XII, obliga a toda empresa a proporcionar vivienda cómoda e higiénica a sus trabajadores. Para ello, se prevé un fondo nacional de vivienda constituido mediante aportaciones de los patrones y administrado por un organismo facultado para crear sistemas de financiamiento y crédito para que los trabajadores de México puedan obtener dichas viviendas en propiedad.

La Ley Federal del Trabajo en las disposiciones contenidas en el Titulo IV Capitulo III, reafirma la obligación de los patrones para proporcionar casas higiénicas y cómodas a sus trabajadores. Para dar cumplimiento a esta obligación, los patrones deben aportar el 5% sobre el salario de sus trabajadores.

Se precisa que el organismo público encargado de administrar el Fondo Nacional de la Vivienda, deberá de crear mecanismos para que los trabajadores puedan adquirir, construir, reparar, mejorar y pagar pasivos adquiridos por dichos conceptos.

Destacar el artículo 145, que estipula que los créditos que se otorguen por el organismo-entiéndase INFONAVIT están cubiertos por un seguro, para los casos de incapacidad total o permanente, de tal suerte que el trabajador y sus beneficiarios queden liberados de las obligaciones, gravámenes o limitaciones del dominio de la vivienda deriva del crédito contraído.

Por lo que toca a la Ley del Instituto Fondo Nacional para la Vivienda, en el artículo 3 fracción II, repite la disposición constitucional que obliga al instituto a operar esquemas de financiamiento, mediante los cuales los trabajadores obtengan créditos para adquirir viviendas cómodas e higiénicas.

En su artículo 41 se explicita el derecho de los trabajadores a elegir la vivienda nueva o usada a la que se aplique el monto del crédito otorgado por el instituto. En éste apartado, tenemos que aclarar que la vivienda puede ser o no parte de conjunto habitacionales financiados por el INFONAVIT.

El artículo 42 dispone los rubros en los que el Instituto puede emplear los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda: el financiamiento para construcción de conjuntos de habitaciones; a la adquisición en propiedad de habitaciones; a la construcción de vivienda; a la reparación, ampliación o mejoras de habitaciones, y al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores.

Tratándose de seguros y coberturas que protejan a los trabajadores que hayan adquirido una vivienda a través de los créditos y financiamiento del INFONAVIT, la ley es bastante insuficiente; en el artículo 50 de la ley en comento, se apunta sencilla y llanamente que los créditos y financiamiento que sean otorgados, se destinaran a los fines que fueron creados. Es decir, un artículo que no define ni aclara nada.

En cambio, en el artículo 51 se determina que el INFONAVIT está obligado a dar un tipo de seguro, especifico, que es el seguro por incapacidad total permanente o de muerte, que libere al trabajador que adquirió un crédito y a sus familiares de pagos y gravámenes.

Se deja en calidad de opcional, que el Instituto en acuerdo con las empresas privadas, desarrolladores e inmobiliarios, abaratar esquemas de aseguramiento a cargo de los trabajadores para ampliar su cobertura por daños o siniestros.

Esta disposición va en contra del espíritu del bien tutelado por el derecho constitucional que tienen todos los mexicanos a una vivienda digna, puesto que es injusto que los trabajadores que han hecho un es fuerzo por adquirir un crédito a 25 o 30 años, tenga que erogar de su bolsillo coberturas y seguros que deben ser integrados obligatoriamente por el desarrollador como garantía de las habitaciones financiadas.

Por otro lado, tenemos que decir que el INFONAVIT realiza esfuerzos considerables por dar mayores garantías y aseguramiento del patrimonio de las familias mexicanas. Por ello, de manera contractual y con el fin de proteger a sus derechohabientes, el INFONAVIT promueve junto con la Profeco el registro de contratos de adhesión con condiciones mínimas que debe cumplir el vendedor de vivienda.

A partir de junio de 2010 los desarrolladores deben de registrar ante la esa procuraduría sus de Contratos de Adhesión, los cuales deben de otorgar una garantía mínima de 1 año, bonificaciones por fallas en el inmueble, asesoría del crédito e integración correcta de expedientes, periodo de entrega del inmueble y planos, garantías de equipo y pólizas.

Si las empresas desarrolladoras e inmobiliarias no registran sus contratos de adhesión, no podrán acceder al Registro Unico de Vivienda y con ello no podrán ofertar sus inmuebles a los trabajadores acreditados por el INFONAVIT.

Adicionalmente, el INFONAVIT incentiva a los desarrolladores que otorguen un Seguro de Calidad en las Viviendas15 que puedan ser adquiridas por los derechohabientes, y en contraprestación reciben una serie de beneficios empresariales por parte del Instituto.

Los requisitos mínimos del seguro son:

· Cobertura de al menos 10 años contra vicios ocultos que afecten la seguridad de las viviendas (cimentación y estructura).

· Cobertura de dos años mínimos contra problemas de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, gas e impermeabilización.

· Presentar procedimientos sencillos para atender las reclamaciones que los acreditados pudieran hacer sobre las coberturas antes indicadas.

· Entregar al acreditado el Certificado de Seguro Individual en el momento en que se firma la escritura.

Como se puede observar, los derechohabientes que hicieron efectivo su derecho para adquirir su vivienda con crédito INFONAVIT. En términos de la ley que regula al Instituto y de la ley federal del trabajo en materia de habitaciones para los trabajadores, el seguro por incapacidad total permanente o muerte es la única cobertura amparada por el instituto, los seguros y coberturas por daños, defectos y fallas en la vivienda del trabajador se dejan a la figura de convenios o contratos entre el instituto, o bien, entre el la empresa y el acreditado.

De igual manera, no se observa que tanto la Ley de Instituto del Fondo Nacional para la vivienda como la Ley Federal del Trabajo, en materia de vivienda y habitaciones para los trabajadores, estén armonizadas bajo la nueva política en materia de vivienda, ordenamiento territorial y urbano.

Objeto de la iniciativa

La presente iniciativa busca dos objetivos:1) armonizar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con la nueva política vivienda, ordenamiento territorial y urbano, y 2) proteger a los trabajadores que mediante crédito adquirieron su vivienda con un seguro de cobertura contra vicios ocultos.

Para ello, se reforma el artículo 140 de la Ley Federal del trabajo, para que el organismo encargado de la coordinación, promoción y financiamiento de las casas habitación que los trabajadores adquieran en propiedad, se conduzca conforme a una política de desarrollo sustentable y observe los siguientes principios generales en cuanto a la construcción de conjuntos habitacionales financiados y los créditos que otorgue para la adquisición de vivienda:

I. Cumplirá las disposiciones de planeación, ordenamiento y desarrollo sustentable de los centros urbanos, conforme a la Ley General de Asentamientos Humanos, las políticas de la SEDATU y demás ordenamientos en materia de vivienda aplicables.

II. Fomentará, coordinará y vigilará que los conjuntos habitacionales financiados y las viviendas adquiridas a través de crédito otorgado por el instituto cuenten con el equipamiento urbano adecuado, infraestructura y servicios públicos.

III. Protegerá el patrimonio de los trabajadores, a través de la promoción de coberturas y esquemas de aseguramiento contra defectos, fallas y daños en las viviendas adquiridas.

La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sufre modificaciones en sus artículos 50 y 51. En el artículo 50 se establecen las disposiciones específicas a las que se deberá sujetar el INFONAVIT a la hora de financiar la construcción de conjuntos habitacionales, así como los créditos que otorgue para la adquisición de vivienda.

Se contempla que los polígonos donde se construya la vivienda financiada o se ubique la vivienda que se adquirirá con quedito otorgado por el instituto cumpla con el equipamiento urbano adecuado; cerca de actividades económicas, laborales, centros educativos, culturales y centros recreativos y de esparcimiento.

De igual manera, los conjuntos habitacionales y las viviendas contaran con la infraestructura necesaria, vías de comunicación, accesibilidad y movilidad, además de los servicios básicos como son agua potable, alcantarillado, electricidad y recolección de desechos.

Se detalla que las viviendas cumplirán con estándares de calidad en su cimentación y construcción. Asimismo, el equipamiento de las mismas será funcional, adecuado y durable.

Finalmente, se adicionan dos párrafos al artículo 51, para otorgar mayores garantías y seguridad a los trabajadores que adquirieron su vivienda en conjuntos o desarrollos habitacionales financiados directamente por el Instituto.

Para estos casos, se otorgará una cobertura de al menos 5 años contra vicios ocultos que afecten la cimentación, estructura, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, gas e impermeabilizantes.

El costo de éste seguro quedará a cargo de los constructores y desarrolladores habitacionales.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante el Pleno del Senado de la República la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 140 de la Ley Federal del Trabajo; se reforma el artículo 50, y se adicionan los párrafos cuarto y quinto del artículo 51, recorriéndose los demás de manera subsecuente, ambos, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Primero. Se reforma el artículo 140 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 140.-…

Las acciones y políticas que se promuevan para la consecución de éste objetivo deberán observar lo siguiente:

I.- Cumplir las disposiciones de planeación, ordenamiento y desarrollo sustentable de los centros urbanos, conforme a la Ley General de Asentamientos Humanos, las políticas y lineamiento de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y demás ordenamientos en materia de vivienda aplicables;

II.- Fomentar, coordinar y vigilar que los conjuntos habitacionales financiados y las viviendas adquiridas a través de créditos otorgados por el instituto cuenten con el equipamiento urbano adecuado, infraestructura y servicios públicos; y

III.- Proteger el patrimonio de los trabajadores, a través de la promoción de coberturas y esquemas de aseguramiento contra defectos, fallas y daños en la cimentación, estructura y equipamiento de las viviendas adquiridas.

Segundo. Se reforma el artículo 50, y se adicionan los párrafos cuarto y quinto del artículo 51, recorriéndose los demás de manera subsecuente, ambos, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 50.- El Instituto instrumentará las políticas y medidas necesarias para que los créditos y financiamientos que otorgue cumplan con el objetivo figado por ésta ley.

Los Financiamientos para construcción y desarrollo de conjuntos habitacionales, así como los créditos que otorgue el Instituto para la adquisición de vivienda por parte de los trabajadores deben sujetarse a lo siguiente:

a) La construcción y ubicación de las viviendas será en polígonos con equipamiento urbano adecuado; cerca de actividades económicas, laborales, centros educativos, culturales y centros recreativos y de esparcimiento;

b) Los conjuntos habitacionales y las viviendas contarán con la infraestructura necesaria, vías de comunicación, accesibilidad y movilidad, además de los servicios básicos como son agua potable, alcantarillado, electricidad y recolección de desechos; y

c) Las viviendas cumplirán con los estándares y materiales de calidad en su cimentación y construcción. El equipamiento y acabado de las viviendas será funcional, adecuado y durable.

El Instituto vigilará que se cumpla invariablemente con las disposiciones arriba enunciadas.

Artículo 51.- …

Cuando se trate de créditos otorgados a los trabajadores para la adquisición de vivienda en conjuntos o desarrollos habitacionales financiados directamente por el instituto, éstos estarán cubiertos con un seguro de al menos 5 años contra vicios ocultos que afecten la seguridad de las viviendas en su cimentación y estructura, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y gas.

El costo de la cobertura quedará a cargo de los constructores y desarrolladores habitacionales, sin eximirlos de los demás seguros o coberturas por desperfectos y fallas en el funcionamiento de la vivienda, que deban otorgar a los trabajadores.

Transitorios

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 30 de septiembre de 2014.

Sen. Oscar Román Rosas González”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Rosas González. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se declarará un receso en tanto se desarrolla el evento para el cual hemos sido convocados. Al finalizar el mismo, inmediatamente reanudaremos la sesión.

Se abre un receso. Les pido a las comisiones designadas que cumplan con su cometido. Gracias.

(Receso)

4 Sociedad hipotecaria federal, Estado Actual de la Vivienda en México 2012,http://www.shf.gob.mx/estadisticas/costoanualtotal/CAT2010/Documents/Entrega%202012.pdf

5 La Expansión de las Ciudades 1980-2010, 2011, p.6

6 Dirección de estudios económicos de vivienda, Demanda de vivienda 2013, http://www.ahm.org.mx/docs/asociados/SHF/1301_DemandaVivienda.pdf

7 Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf/LOAPF_ref39_02ene13.pdf .Consultado 26/06/14.

8 Producto de las reforma en materia de asentamientos humanos, vivienda y desarrollo territorial podemos encontrar en los programas de la Sedatu algunos de los programas que dan forma a ésta nueva política pública. http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/programas/

15http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/proveedores+externos/desarrolladores/programas+del+infonavit+para+desarrolladores/programas+del+infonavit+para+desarrolladores. Consultado: 01/07/14.





 

(Continua la sesión)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS MIGUEL GERONIMO BARBOSA HUERTA

- El C. Presidente Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Se concede la palabra a la Senadora Marcela Guerra Castillo, en su calidad de miembro del Consejo de Administración de ParlAmericas, para referirse al informe de los trabajos de la 34a Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas y del 6° Encuentro Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias.

INTERVENCION

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señor Presidente. Colegas Senadoras y Senadores:

Bueno, si me permite la Mesa Directiva y su Presidencia, voy a dividir mi discurso en dos partes, para informar sobre la Asamblea de la Reunión del Consejo de Administración 34, que tiene que ver con un El Encuentro Anual del Grupo de Mujeres Parlamentaria, y que tuvo lugar aquí en la capital de nuestro país los días 24 y 25; y en seguida hablaré del último encuentro que tuvimos en la XI Plenaria, en Santiago de Chile, donde tuvimos el honor y la fortuna de ser nombrada, su servidora, Marcela Guerra, Presidenta del Consejo de todo ParlAmericas.

A mediados del siglo pasado cuando Europa y Asia se encontraban azotadas por el flagelo de la guerra, en las Américas surcaba el beneficio y el espíritu del panamericanismo; en todas las latitudes de nuestro vasto y diverso continente los pueblos y sus líderes mostraban la mejor de las disposiciones para estrechar los vínculos con el resto de las naciones americanas.

Distintas vicisitudes ocultaron transitoriamente el espíritu panamericano que tan buenos resultados dio para nuestros pueblos, hoy sin embargo, creo que la idea panamericana nos presenta una valiosa alternativa para pensar en las relaciones políticas, en las relaciones económicas y sociales entre las naciones de este gran continente, y donde México debe de permanecer siendo un líder en todos los sentidos de la diplomacia parlamentaria y la diplomacia formal.

En el despliegue del espíritu panamericano, organismos como ParlAmericas desempeñan un papel central para el avance de nuestros esfuerzos, por ello, me siento profundamente honrada de haber aceptado el cargo de Presidenta del Consejo de Administración de los Parlamentarios de Las Américas, y esto para mí es un desafío, y también una oportunidad en el Senado de la República, quien fue, desde un principio, y le quiero reconocer a usted, señor Presidente, su apoyo incondicional para que el Senado de la República tenga más visibilidad en el terreno de las Américas para que el Senado de la República siga siendo un líder de una potencia cultural como lo es México, como un gran país, con una gran grandeza que tenemos mucho que aportar al espíritu de las Américas.

Hoy le quiero hacer entrega, señor Presidente, de lo que fue el informe y el encuentro de las mujeres por el mes de junio.

Ahí se dieron cita 59 legisladoras y legisladores donde vinimos a discutir y donde mostramos el modelo mexicano de lo recién votado por nosotros como un ejemplo para las Américas, que fue la igualdad para las mujeres en el desafío del terreno político.

Hoy, me permito entregarle este informe, y no sin antes decirle lo que implica los parlamentarios de las Américas y los países que la comprenden:

Primeramente México, nuestro país, así como Canadá, Estados Unidos, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominicana, Granada, Haití, Jamaica, República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela, Cuba y Paraguay.

El principal objetivo de las Américas es el atraer y desarrollar el diálogo interparlamentario sobre las cuestiones hemisféricas, los problemas que compartimos y las soluciones, con exitosas soluciones que podemos también compartir.

Hoy me toca venir aquí con ustedes y decirles que vamos a seguir trabajando, pero poniendo muy en alto nuestro país, con los grandes temas que siempre hemos tenido, y que podemos seguir avanzando en ellos, como es el comercio, como es el combate al crimen organizado, el del reforzamiento de las democracias, el de la búsqueda de la paz, la economía para traer trabajo a nuestra gente, la igualdad del género donde México ha puesto ejemplo, medio ambiente, migración; pobreza, donde todos los países de las Américas tenemos que empeñarnos en los grandes esfuerzos para superarla; terrorismo y seguridad ciudadana.

Muchas gracias a este Senado de la República y especialmente a mí bancada por todo el apoyo que me han brindado para poner en alto nuestro trabajo en ParlAmericas.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Guerra Castillo. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre de las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 69 y 93 de la Constitución.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 69 Y 93 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA DISPONER MECANISMOS DE DIALOGO ENTRE PODERES DE LA REPUBLICA

(Presentada por el C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre propio y de las CC. Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, como lo ha señalado el Presidente de la Mesa Directiva, a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto para reformar y adicionar los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y espero más el día de hoy, que todos estamos imbuidos de un profundo espíritu federalista, y si no imbuidos, por lo menos asoleados.

Hagamos una reflexión profunda de nuestro sistema federalista que no se reduce a la suma de las entidades federativas al Pacto Federal, sino que se sustenta de manera fundamental en la integración y en la definición de facultades expresas de los poderes de la unión.

Y uno de los temas nodales dentro del sistema federalista es la división de poderes en un sistema de pesos y contrapesos entre los mismos, en donde lamentablemente las labores de fiscalización que corresponden al Congreso de la Unión del desempeño del Ejecutivo Federal se han demeritado de manera significativa en la medida de que el propio Poder Legislativo se ha limitado en el ejercicio de sus funciones de control político y parlamentario y, en lo que respecta a la rendición de cuentas.

En los últimos días, y con motivo del evento que ha iniciado el día de hoy en el Senado de la República, se ha dado un debate interesante, en ocasiones ríspido, destacando que el federalismo mexicano se ha demeritado en los últimos años, reconociendo que los estados de la Federación, las entidades federativas, no son realmente libres y autónomas como tampoco lo son los municipios.

Y no solamente en el ámbito de sus atribuciones y fortalezas económicas para cumplir con las funciones que les mandata la Constitución General, las constituciones de los estados y sus leyes orgánicas municipales, sino fundamentalmente también para el desempeño de otras facultades, destacadamente en los últimos años las vinculadas con la seguridad pública.

Y en el caso específico de los poderes de la unión y del Poder Legislativo ha sido lamentable el haber desmantelado uno de los instrumentos fundamentales que debería ser del control parlamentario y la fiscalización, como es el de la rendición de cuentas del Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión.

Por supuesto, no en el viejo esquema donde el 1o de septiembre se convertía en el día del Presidente, sino hacer de este día el día del Congreso donde el Ejecutivo Federal venga a rendir cuentas al Congreso de la Unión.

Lamentablemente el sistema político de nuestro país se encuentra en una fase de reconfiguración que ha pretendido recuperar y fortalecer el papel central y protagónico de la figura presidencial en demérito de los principios democráticos de pluralidad, rendición de cuentas, así como de separación y colaboración entre poderes.

Nos encontramos ante un nuevo proceso de reconstrucción constitucional en donde destaca el intento de restauración de la mecánica de imposición de las decisiones desde el Poder Ejecutivo sobre otros poderes, desmantelando al mismo tiempo los instrumentos de comunicación, diálogo y colaboración que debería de existir entre los mismos.

Hoy más que nunca, y lo ha evidenciado el debate que hemos tenido en las últimas dos sesiones, se requiere de la reconstrucción de un nuevo entramado jurídico de decisiones y disposiciones eficaces para la rendición de cuentas y el equilibrio entre poderes, para que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo Federal, cuenten con mecanismos eficientes para el diálogo, el intercambio formal de posiciones y para que el contacto entre los parlamentarios y el Ejecutivo Federal dependa exclusivamente de normas que regulen esta relación y no de la voluntad del titular del Ejecutivo o solamente de una convocatoria que limite los términos de presencia y comparecencia del Ejecutivo Federal y los funcionarios de su gabinete ante el Congreso.

Por eso en esta iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 69 y 93 de nuestra Constitución, queremos retomar la obligación de que el Ejecutivo Federal rinda cuentas ante el Congreso, pero a un mecanismo novedoso que permita establecer un diálogo y una discusión entre pares, toda vez de que ninguno de los poderes de la unión está por encima de otros y que al mismo tiempo se otorguen facultades expresas para que cualquiera de las Cámaras puedan convocar, además en el inicio del periodo ordinario de sesiones de cada año, al Ejecutivo Federal a rendir cuentas ante cualquiera de las dos Cámaras integrantes del Congreso de la Unión y al mismo tiempo el Ejecutivo tenga la facultad de poder acudir por decisión propia a cualquiera de las dos Cámaras a discutir o a defender sus iniciativas de ley o sus proyectos de políticas públicas, entre otros la política económica que promueve regularmente.

En ese contexto, proponemos que el artículo 69 establezca a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, asistirá el Presidente de la República a presentar un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, estableciéndose al efecto en la misma sesión, un diálogo con los legisladores en el formato que disponga la Ley del Congreso y su Reglamento, y adicionamos en la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Y proponemos la siguiente modificación y adición al artículo 93 de la Constitución, donde se señala que los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del Estado que guarda sus respectivos ramos, bajo la siguiente disposición:

“Cualquiera de las Cámaras podrá convocar al Presidente de la República, a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a su respectivo ramo o actividades, o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

El Presidente de la República, y esta es una relación de reciprocidad, podrá asistir a la sesión en que se discuta cualquier proyecto legislativo o se trate cualquier otro asunto relevante a efecto de exponer de viva voz sus consideraciones”.

He de decir que esta no es una propuesta nueva, la hemos hecho con anterioridad desde el Partido de la Revolución Democrática, en coincidencia con otros grupos parlamentarios de la izquierda, como ha sido, por ejemplo, la iniciativa que presentó el Diputado Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo, en septiembre de 2006, pero también a Diputados o legisladores de otros partidos que han tomado iniciativas de esta naturaleza, como el Diputado Jesús Ramírez Stabros, del grupo parlamentario del PRI, suscrita por el grupo parlamentario del Partido Verde, el 14 de diciembre de 2006; o la Diputada Ruth Zavaleta Salgado y el Diputado Mario Enrique del Toro, en el caso de la Diputada Zavaleta, entonces miembros del Partido de la Revolución Democrática.

Si realmente queremos avanzar en una redefinición de las relaciones del Poder Legislativo y el Ejecutivo Federal, y queremos que haya una auténtica separación de poderes, ejerciendo plenamente las facultades de fiscalización que competen al Congreso, es necesario no sólo retomar la iniciativa de que el Ejecutivo se presente a dar cuenta del Estado que guarda la nación una vez al año, sino establecer nuevas formas de relación para el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y de control político por parte del Congreso de la Unión.

Veamos si este espíritu federalista que hoy nos ha rodeado en el Senado, se expresa en construir una nueva relación entre poderes.

Muchas gracias.

Iniciativa

"Quienes suscriben, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 en su numeral 1, fracción I; 164 en sus numerales 1 y 2, y 169 en su numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para disponer mecanismos de diálogo entre poderes de la República, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El sistema político mexicano se encuentra sometido a una fase de reconfiguración que ha pretendido recuperar el papel central y protagónico de la figura presidencial como columna vertebral de la vida política nacional, en detrimento de los principios democráticos de pluralidad, rendición de cuentas, así como separación  y colaboración entre poderes.

Varias son las consecuencias del nuevo proceso de deconstrucción del entramado democrático en México. Entre otras, destaca la restauración de la mecánica de imposición autoritaria de decisiones desde el poder Ejecutivo, avasallando el ejercicio de las potestades constitucionales de los otros poderes, mediante el paulatino desmantelamiento de los instrumentos de comunicación, diálogo, colaboración y control entre éstos.

Todo sistema con aspiraciones democráticas requiere la incorporación a su entramado jurídico de disposiciones eficaces de rendición de cuentas, sin embargo, en este nuevo capítulo de restauración del presidencialismo en la vida nacional, es un hecho cada vez más acentuado que los poderes legislativo y ejecutivo no cuenten con mecanismos eficientes para el diálogo o el intercambio formal de posiciones y que el contacto entre los parlamentarios y la figura presidencial dependa exclusivamente de la voluntad del titular del Ejecutivo y se desarrolle sólo en ambientes controlados para su protección política.

Bajo esta tesitura, el formato en el que se presenta el informe presidencial constituye un ícono de la relación entre poderes; por lo anterior es oportuno recordar que esta disposición fue heredada de la Constitución de 1857, cuyo artículo 64 requería también la presencia del titular del Ejecutivo Federal al momento de presentar su informe de labores pero contemplaba además la contestación de su discurso por parte del Presidente del Congreso, en los términos siguientes:

Artículo 63. A la apertura de sesiones del Congreso asistirá el presidente de la Unión y pronunciará un discurso en que manifieste el estado que guarda el país. El Presidente del Congreso contestará en términos generales”.

Para el constituyente originario de 1917, este acto de rendición de cuentas fue concebido como un mecanismo de control que requería también la presencia anual del Presidente en el Congreso de la Unión, pero desestimó la parte relativa a la contestación por parte del Presidente del Congreso de la Unión –disposición que fue tardíamente recuperada en la Ley Orgánica del Congreso-.De este modo, aunque débil por el papel pasivo al que se sometía a los parlamentarios, esta figura representó la única regla de contacto entre poderes, además de la toma de protesta prevista en el artículo 87 constitucional, por lo que la supresión de dicha obligación presidencial en 2008, supuso la pérdida de un contrapeso más importante por su significancia que por sus consecuencias jurídicas.

A mayor abundamiento, al no haberse establecido la posibilidad de debate entre el legislativo y el ejecutivo y dada la hegemonía que durante décadas padeció nuestro país, el día del informe se convirtió en el día del presidente, derivando en un acto de festejo y culto a la personalidad que fue interrumpido en 1997, cuando a consecuencia del gobierno dividido, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión recayó en un Diputado de oposición, el Lic. Porfirio Muñoz Ledo, quien en su respuesta al mensaje político que el entonces presidente Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León dirigiera al Congreso para presentar su tercer informe de gobierno, lejos estuvo de elogiar los logros clamados y por el contrario, señaló de manera crítica la necesidad de “proseguir sin titubeos la ruta de la transición democrática aboliendo todos los reductos del autoritarismo”. Al concluir su mensaje, el Presidente del Congreso extendió una invitación a su par en el Ejecutivo a compartir en sesión posterior el resultado de las deliberaciones de las cámaras respecto del contenido de dicho informe.

Como es sabido, dicha invitación no fue atendida, sin embargo este episodio significó una fractura al presidencialismo que a mediano plazo obligó a replantear el formato del informe presidencial, necesidad que se hizo patente en 2006 y 2007, cuando debido a un enturbiado ambiente político, los entonces titulares del ejecutivo, Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa no dirigieron desde el Congreso un mensaje sino que se limitaron a entregar su informe escrito. Ello supuso un reto a la gobernabilidad de gran trascendencia política, pues era la muestra más clara de la frágil relación entre el titular del ejecutivo y los demás poderes y entre el mismo y la oposición.

En este contexto, diversos parlamentarios pertenecientes a cada uno de los partidos representados en el Congreso presentaron iniciativas de Ley que proponían adecuar dicho acto a la realidad vigente. Proponían confirmar la necesaria presencia del Ejecutivo Federal y a la vez establecer mecanismos de intercambio de posiciones entre los parlamentarios y el presidente, las iniciativas presentadas por:

  1. El Diputado Jaime Cervantes Rivera, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del PT, presentada el 14 de septiembre de 2006;

 

  1. El Diputado Jesús Ramírez Stabros del Grupo Parlamentario del PRI y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, presentada el 14 de diciembre de 2006;
  1. El Diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada el 29 de marzo de 2007, y

 

  1. La Diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada el 26 de abril de 2007.

Así mismo, el entonces Diputado Héctor Larios Córdova, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, presentó el 30 de mayo de 2007 una iniciativa que excluía la obligación del presidente de asistir al congreso y desde tribuna dirigir un mensaje.

Como puede verse, la mayoría de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados -que fue la instancia de origen en ese proceso de reforma- coincidieron en la necesidad de establecer un mecanismo de diálogo y debate entre los poderes ejecutivo y legislativo, pero el Grupo Parlamentario afín al presidente defendía que el jefe del ejecutivo no podía ser expuesto a la tensión de una respuesta no controlada o a la posibilidad de reproches o descalificaciones a las políticas que ha implementado, por lo que tras una negociación con el Grupo Parlamentario del PRI, se impuso esta postura.

A consecuencia de esto, hoy persiste la necesidad de un cambio de régimen que garantice la gobernabilidad y fortalezca las relaciones entre poderes, pues si bien nuestro texto constitucional contiene mecanismos de colaboración, principalmente en lo relativo al nombramiento de diversos funcionarios de gobierno, adolece de esquemas que favorezcan el dialogo y permitan proponer alternativas o realizar una crítica fundada y constructiva a los resultados del gobierno. Es entonces necesario abandonar la tendencia concentradora de la presidencia y avanzar la incorporación de mecanismos de comunicación entre poderes y rendición de cuentas, de entre los que el expuesto en esta iniciativa se presenta como uno de los más urgentes.

Lo anterior, no implica fortalecer al Legislativo en detrimento del Ejecutivo, sino por el contrario, incorporar mecanismos que garanticen una mejor rendición de cuentas por parte del Ejecutivo, a efecto de que ambos cumplan con eficiencia sus funciones en abono del auténtico Estado democrático y de derecho que hasta la fecha no hemos logrado instaurar.

De este modo, proponemos reincorporar al texto constitucional la asistencia del Titular del Ejecutivo a la sesión en la que presente su informe anual de labores, estableciendo un mecanismo que favorezca el intercambio de posturas; también planteamos que pueda acudir a cualquiera de las cámaras para exponer sus consideraciones cuando se discuta un asunto de su especial interés. Nos parece necesario que la presencia del Presidente de la República en el Congreso no sea ya un acto excepcional y con un formato estéril, sino una práctica cotidiana tal como ocurre en diversos Estados. Suponer extraño el diálogo entre poderes, sólo ha logrado confirmar los peores rasgos del sistema presidencialista. Una democracia moderna, supone el fortalecimiento de los poderes a través de su capacidad de colaboración.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa al tenor del siguiente proyecto de:

DECRETO

UNICO. Se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo, recorriendo a los subsecuentes, en el artículo 69, y se reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero, recorriendo a los subsecuentes del artículo 93, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 69. A la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, asistirá el Presidente de la República a presentar un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, estableciéndose al efecto en la misma sesión un diálogo con los legisladores en el formato que disponga la Ley del Congreso y su reglamento.

En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

(…)

(…)

Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar al Presidente de la República, a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

El Presidente de la República podrá asistir a la sesión en que se discuta cualquier proyecto legislativo o se trate cualquier otro asunto relevante, a efecto de exponer de viva voz sus consideraciones.

(…)

(…)

(…)

Transitorio.

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 30 de septiembre de 2014

Suscriben”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Encinas Rodríguez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido al escaño de la Senadora Laura Rojas.

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para preguntar al Senador Alejandro Encinas si permitiría que suscribiera su iniciativa.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Senadora Martha Palafox y Senador David Monreal en el mismo sentido. El Senador Encinas Rodríguez lo ha aceptado. Gracias.

Por Acuerdo de la Mesa Directiva, pasaremos a nuestro apartado de Efemérides.

 

Para referirse a la conmemoración del natalicio de don José María Morelos y Pavón, tiene el uso de la tribuna la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI.





 

EFEMERIDE

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Libertad, Igualdad y Justicia, es la esencia del patriótico legado de Morelos.

Hoy 30 de septiembre es un día de la mayor trascendencia en la historia política de nuestro país, en el que conmemoramos el natalicio de José María Morelos y Pavón, hombre ejemplar y mexicano visionario, cuyo pensamiento, entereza y decisión, buscaron sustituir el campo de la batalla por instituciones que dieran cause a nuestras aspiraciones y ofrecieran soluciones a nuestros conflictos con la legitimidad propia de un Estado constitucional.

Hablar de Morelos es hablar de congruencia entre las palabras y las acciones que en todo momento dejó de manifiesto si inteligencia nata, patriotismo, valor, compromiso, lealtad y empatía, virtudes que los han posicionado como un hombre verdadero de símbolo nacional.

Mexicano de origen humilde, pero con altos valores que le hicieron buscar el progreso individual y colectivo. Morelos, como la mayoría de los habitantes de la Nueva España, creció en un ambiente que se caracterizó por la presencia de la adversidad y desigualdad que a la postre dieron origen al movimiento iniciado por don Miguel Hidalgo, al que Morelos se adhirió, levantándose en armas en el sur de nuestra nación.

Por sus notables participaciones a favor de la causa insurgente, después del deceso de Miguel Hidalgo, el General Morelos se convirtió en el líder del movimiento, asumiendo así la responsabilidad de mantener vivos los ideales que le habían dado origen y de continuar aportando a la causa desde el campo de batalla, pero también en el ámbito normativo e ideológico.

Así, en 1813 organizó el Congreso de Anáhuac, donde José María Morelos y Pavón declaró a Chilpancingo capital de las Américas y posteriormente, el 14 de septiembre del mismo año, dio a conocer el célebre documento de los Sentimientos de la Nación.

Cada uno de los artículos de los Sentimientos de la Nación representa el ánimo del Cura de Valladolid, su férrea decisión de cambiar los enfrentamientos bélicos por un catálogo de constitucionales derechos para los mexicanos.

Su mente visionaria avistaba la necesaria incorporación de la soberanía popular y la división de poderes, como parte del diseño del nuevo país; precisamente, en el evento de esta mañana refrendamos la división de poderes y la soberanía popular representada en el Pacto Federal, esencia y existencia del México independiente y post-revolucionario, que simboliza la máxima e inalterable ley de la Nación.

En solo 23 puntos plasmó la ideología insurgente y con ellos la eliminación de la esclavitud, el desconocimiento de castas y la prohibición de la tortura.

Como reconocimiento a su grandeza militar y doctrinal, el propio Congreso de Anáhuac decidió otorgarle el grado de Generalísimo, así como la distinción de Alteza Serenísima, nombramiento que no aceptó, autodenominándose Siervo de la Nación.

Al rechazar tan alta distinciones, no solo reafirmó su compromiso con el movimiento y su antipatía hacia las envestiduras, abusos y arbitrariedades, sino dejó manifiesta su vocación de servicio a favor de la igualdad y la libertad.

Compañeras y compañeros legisladores, desde el inicio y hasta la conclusión del Movimiento de Independencia, surgieron grandes héroes y heroínas, artífices de memorables hazaña que permitieron alcanzar la tan anhelada y necesaria libertad en nuestro país.

Rendir tributo a los personajes emblemáticos de nuestra historia es una forma de mantener presentes los ideales y valores que motivaron sus luchas y que dieron sentido a su vida y, muchas veces, también a su muerte.

Esas figuras de historia y leyenda, ejemplares y emotivas heredaron ideas, postulados y definiciones que perviven hasta nuestros días.

En el grupo parlamentario del PRI, conmemoramos con respeto y seriedad el Natalicio de don José María Morelos y Pavón; y la mejor manera de honrar su memoria es invitarlos a refrendar simbólicamente los Sentimientos de la Nación, no como documento textual, sino como la fuente del mandato de gobierno y como origen del civismo nacional.

Que sea pues ese sentir nacional el que guíe nuestro actuar como legisladores y como mexicanos, que oriente nuestras decisiones públicas y privadas para seguir aspirando a construir y consolidar un país como el que anhelaba Morelos cuando redactaba su documento Sentimientos de la Nación, cuando guiaba sus acciones con la convicción de hacer un país mejor, para su generación y para la del México contemporáneo.

¡Qué viva Morelos, y que viva México!

Por su atención, muchas gracias.

“POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI CON MOTIVO DEL NATALICIO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON

En la Sexagésima Segunda Legislatura del Senado de la República, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, celebramos el natalicio de José María Morelos y Pavón, mexicano ejemplar que nació el 30 de septiembre de 1765, en Valladolid, actualmente Morelia.

Hoy, recordamos con admiración y respeto a uno de los personajes más importantes del movimiento de independencia en nuestro país que inicio en 1810, sin duda la participación de este excepcional michoacano fue crucial tanto en el ámbito militar como en el ideológico.

Hablar de Morelos, es hablar de congruencia entre las palabras y las acciones, en todo momento dejó de manifiesto su inteligencia nata, patriotismo, valor, compromiso, lealtad y empatía, virtudes que lo han posicionado como un verdadero símbolo nacional.

Mexicano de origen humilde pero con altos valores que le hicieron buscar el progreso individual y colectivo, Morelos como la mayoría de los habitantes de la Nueva España, creció en un ambiente que se caracterizó por la presencia de adversidad, desigualdad, abusos y excesos.

Desde sus primeros años se incorporó al mercado laboral y más adelante, también realizó sus estudios eclesiásticos en su Ciudad natal, donde por su talento y constancia obtuvo su ordenación sacerdotal, profesando en la provincia michoacana.

Hasta ese momento sus días transcurrían con normalidad, sin embargo, mientras ejercía sus labores eclesiásticas fue notificado del movimiento iniciado por Don Miguel Hidalgo, al identificarse con el mismo se adhirió a la lucha, levantándose en armas en el Sur.

En ese instante su vida había cambiado radicalmente, a partir de ese momento hizo frente a innumerables gestas heroicas, asimismo, fue testigo de múltiples y dolorosos decesos, sin embargo, el deseo de libertad e igualdad le permitirán seguir sin claudicar esfuerzos.

Sin duda, gracias su capacidad como estratega, su liderazgo, su cultura y su dominio de la geografía de la zona sur, pudo salir avante en cada una de las batallas que libró.

Por su notable participación en favor de la causa insurgente, después del deceso de Miguel Hidalgo, el General Morelos se convirtió en el líder del movimiento, asumiendo así la responsabilidad de mantener vivos los ideales que le habían dado origen.

En su carácter de líder del movimiento, continuó aportando a la causa desde el campo de batalla pero también en el ámbito normativo e ideológico.

En 1813 organizó el Congreso de Anáhuac, ahí José María Morelos y Pavón, declaró a Chilpancingo Capital de las Américas y posteriormente, el 14 de septiembre del mismo año dio a conocer el célebre documento de los Sentimientos de la Nación.

En sólo 23 puntos plasmo la ideología insurgente, como son la necesidad de que México hubiera soberanía popular, división de poderes, eliminación de la esclavitud, desconocimiento castas y prohibición de la tortura.

Como reconocimiento a su grandeza militar y doctrinal, el propio Congreso de Anáhuac decidió otorgarle el grado de “Generalísimo”, así como la distinción de “Alteza serenísima”, nombramientos que no acepto, autodenominándose "Siervo de la Nación".

Sin duda, al rechazar tan altas distinciones reafirmó su compromiso con el movimiento y su antipatía hacia las envestiduras, abusos y arbitrariedades, pero sobre todo, dejo de manifiesto su vocación de servicio en favor de la igualdad y la libertad.

Después de una vida dedicada a la lucha independentista el 22 de diciembre de 1815, fue fusilado, murió en paz porque como el mismo decía: “Morir es nada cuando por la patria se muere”.

Compañeras y compañeros legisladores

Desde el inicio y hasta la conclusión del movimiento de independencia surgieron grandes héroes y heroínas artífices de memorables hazañas que permitieron alcanzar la tan anhelada y necesaria libertad de nuestro país. Sin duda, José María Morelos es uno de los más representativos.

Hoy, reconocemos al General Morelos, uno de los pilares del movimiento de independencia y de la historia de México, es el más grande ejemplo de patriotismo y compromiso con México.

En el marco del aniversario de su natalicio, es importante mantener viva su memoria, pero más importante es mantener vigentes sus ideales y sentido de servicio en beneficio de las y los mexicanos.

Dejemos de lado los intereses egoístas y coadyuvemos en la construcción de políticas públicas que hagan posible un mejor porvenir, hagamos real el anhelo de Morelos: “Que se eduque a los hijos del labrador y del barrendero como a los del más rico hacendado.”

Atentamente

Sen. María del Rocío Pineda Gochi”.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Pineda Gochi.

Tiene el uso de la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Hoy desde este Senado y para todo el pueblo de México, rendimos homenaje a un gran héroe, a José María Morelos y Pavón por su personalidad y perfil como sacerdote, como militar y como general insurgente, como legislador y como Siervo de la Nación.

Nació en Valladolid, la actual Morelia, el 30 de septiembre de 1765. Su trabajo sacerdotal fue poco debido a que muy pronto, entusiasmado con la consigna de Miguel Hidalgo y Costilla, su maestro, amigo y compañero de ideales, se incorporó al Movimiento de Independencia en armas en la costa del sur de nuestro país.

Tras el lamentable fusilamiento de don Miguel Hidalgo en 1811, Morelos asume el liderazgo del Movimiento de Independencia. De espíritu aguerrido, pero también poseedor de una sólida formación intelectual, Morelos se entregó de lleno a la lucha, además de dar forma política a sus ideales de justicia e igualdad.

Como jefe insurgente participó en cuatro grandes campañas contra los realistas en las que adoptó estrategias militares de avanzada.

Inicialmente organizó y constituyó un cuerpo de tropas disciplinado y bien armado, además de buscar adeptos entre intelectuales, hacendados, criollos y, posteriormente, buscó expandir su ejército para combatir a las fuerzas del Virreinato.

Brillante su participación en el histórico sitio de Cuautla, un modelo de resistencia límite donde logra vencer a Félix María Calleja, lo cual socavó y atemperó el triunfalismo virreinal.

Posteriormente, obtuvo una importante victoria en el estado de Oaxaca, que le permite reforzar su prestigio personal al derrotar las tropas del general español González Sarabia.

Al llegar, y nombre yo como la cuarta de sus campañas, es fundamental esta para el surgimiento de nuestra nación, pues esta campaña es dedicada a los aspectos de contenido político y doctrinal; sus aportaciones para nuestros primeros documentos fundacionales reflejan un pensamiento social avanzado e innovador.

Consciente de las necesidades del pueblo mexicano y sensible al sufrimiento humano, el 14 de septiembre de 1813 se convoca al Congreso de Chilpancingo en el que Morelos presenta su proyecto nacional denominado Sentimientos de la Nación, con un contenido de 22 artículos, este texto, amenazador para los intereses de los realistas y de la corona Española, proclama una América libre e independiente, el derecho al trabajo, el fomento a la educación, el establecimiento de la equidad entre los mexicanos, la igualdad ante la ley y la garantía de ser respetados por su condición de seres humanos.

Morelos formuló un plan de gobierno compuesto de 59 artículos, prácticamente un proyecto de constitución.

El artículo 17 declaraba la independencia de España, sin hacer referencia a ninguna monarquía.

Reconocía el principio de la separación de poderes y proponía que el Poder Legislativo quedara en manos de un Congreso de Diputados, cuyas personas serían declaradas inviolables, manteniendo de momento el Poder Judicial existente.

Por su participación en el movimiento de independencia, fue detenido y sometido a varios juicios, tanto por autoridades eclesiásticas, como militares y civiles.

Muere el 22 de diciembre de 1815, de una manera cruel, por no doblegarse, ni manifestarse, hasta el último de momento de rechazar sus ideales de libertad, de justicia e igualdad.

Hoy, en un aniversario más de su nacimiento y a 249 años de su lucha, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional rinde homenaje al caudillo de nuestra independencia y, de manera vehemente, al Morelos legislador, quien siempre depositaba su confianza en las buenas leyes.

Por ello, en alguna ocasión, expresó que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicten nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y, de tal suerte, se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.

Estas palabras de don José María Morelos y Pavón, a quien podemos considerar como uno de nuestros primeros legisladores, deben ser ejemplo y modelo a seguir, sin importar ideologías por las legisladoras y los legisladores mexicanos de todos los partidos.

Y coincido con mi compañera que me antecedió. ¡Que Viva Morelos!

Muchas gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador López Brito.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, para hablar sobre el mismo tema.

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señor Presidente.

Un día como hoy 30 de septiembre, pero de 1765, nace don José María Morelos y Pavón.

Igual, hoy 30 de septiembre festejamos, y aprovecho la oportunidad para felicitar a nuestro Coordinador del grupo parlamentario, Miguel Barbosa Huerta, quien coincide con este héroe nacional en su fecha de onomástico, pero también en su ideología y varias de sus conductas.

Cerca de los 30 años, José María Morelos ingresó al Colegio de San Nicolás de Hidalgo, de cual me honra ser egresada. Es ahí donde toma las órdenes religiosas y se desempeña como Cura en Churumuco, Carácuaro y Nocupétaro, donde se entera del levantamiento armado de 1810.

Morelos se reúne con Hidalgo, quien en ese momento lo nombra lugarteniente y le ordena insurreccionar el sur y tomar Acapulco, para lo cual no habría ninguna estrategia planeada en ese momento.

José María Morelos pronto da muestras de poseer una gran capacidad organizativa y un innato talento militar.

“A Morelos, el militar”, le rinde homenaje hoy el grupo parlamentario del PRD.

Se interna en Guerrero, en el poblado de Petatlán, agrega a sus huestes a los hermanos Galeana, pero a pesar de sus victorias no logra tomar Acapulco, sino hasta abril de 1813.

En 1811, Morelos marcha Chilpancingo y más tarde a Izucar, Puebla y a Taxco, Guerrero para reparar y preparar lo que sería la defensa de Cuautla, importante población asediada por el Virrey Calleja. Y después de aproximadamente 72 días de asedio realista, abandona la plaza heroicamente causando grandes bajas al enemigo.

Se replegó ahí, en Izucar, y posteriormente se estableció en Tehuacán, Puebla.

En su tercera campaña, Morelos pelea con los realistas en las Cumbres de Aculzingo, cerca de Orizaba, y marcha a Oaxaca, donde funda el periódico “Correo Americano del Sur”.

Después de tomar Acapulco, en septiembre de 1813, Morelos convoca al primer congreso independiente en Chilpancingo, cuyo resultado fue la Constitución de Apatzingán que declara la independencia absoluta de México con España.

José María Morelos, también decreta como oficial, en aquel momento, la religión católica, la igualdad entre españoles e indígenas, criollos y mestizos, miembros de las distintas castas, concede el voto a todos los varones mexicanos y limita las tierras de cultivo para evitar la formación de latifundios.

Uno de los más grandes legados de José María Morelos, debemos decir, fue la Constitución de Apatzingán.

El 22 de octubre de 1814, quinto año de la independencia mexicana, la Constitución de Apatzingán establece los principios, valores y forma de gobierno que hoy se observan, mientras la nación estaba ocupada parcialmente por los enemigos que oprimían y se sublevaban los nuestros para expedir una regia constitución permanente.

La sesión solemne se promulgó y se llevó a cabo bajo la sombra de los árboles de la Villa de Apatzingán, en el corazón de la tierra caliente de Michoacán, elevada a rango de ciudad, exclusivamente para ese efecto.

Es Morelos quien establece, además, la división de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como la educación obligatoria y gratuita por parte del Estado y para todos.

Sin duda, uno de los mayores legados de Morelos, fueron los Sentimientos de la Nación. Los sentimientos representan, al mismo tiempo, el término de una etapa y el inicio de otra.

En la empresa de definir, desde el caudillaje de Morelos y, de manera concisa, los propósitos y el programa del movimiento insurgente y del nuevo estado de nación que él pretendía.

En este sentido, para recapitular y hablar un poco de los Sentimientos de la Nación habría que destacarlos casi todos. Uno de los más innovadores fue el sentimiento número 12, al apuntar hacia la equidad socioeconómica mediante la moderación de la opulencia y la indigencia, aumentando los salarios de los pobres.

Ni el Congreso de Anáhuac, ni ninguna Constitución del siglo XIX lo consideró. Hasta la Constitución de 1917, fue que se tomó en cuenta.

Los puntos reelaborados en el sentimiento relativo a la independencia, retoman el objetivo primordial de Hidalgo, y corrige el de Allende y el de Rayón, que pretendían que se siguiera invocando a Fernando VII.

El Congreso asumió este primer Sentimiento de la Nación y la Declaración de Independencia el 6 de noviembre de 1813.

Otros sentimientos se referían a los principios de soberanía, de derechos humanos, de división de poderes y a la representación democrática, que en general la asumió y la precisó en la Constitución de Apatzingán.

Es de subrayar también el sentimiento número 22 relativo a la modernización y simplificación de los cargos fiscales.

La Constitución asignaría al Congreso la facultad de establecer las contribuciones, pero sin retirar los principios de Morelos.

En resumen, los Sentimientos de la Nación son, sin duda, la más relevante formulación sintética de la visión de la insurgencia en su momento cumbre ante los nuevos imperios de la prepotencia económica y militar, así como la delincuencia organizada y la independencia y soberanía nacional hoy son una tarea inacabada y una responsabilidad de todos. Del sentimiento 12 sobre la modernización, la democratización de la riqueza y la indigencia deberíamos de pensar un poco más.

Para concluir diríamos que el espíritu de los Sentimientos de la Nación, hoy como antes, en aquel momento, debe ser retomado.

Hoy como ayer, el poner en obra el espíritu de los Sentimientos de la Nación conlleva de esfuerzo y de constancia.

Es necesario usar de algún sufrimiento porque es tiempo de sufrir, porque México sufre, lo que no sufriría yo nunca, jamás, sería la injusticia. Eso también lo dijo Morelos, que lo que nunca sufra nuestro pueblo sea la injusticia.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Mendoza Mendoza.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, para hablar sobre el mismo tema

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Gracias, señor Presidente.

A nombre del Partido del Trabajo haré algunos comentarios en relación a la efeméride del aniversario del nacimiento de don José María Morelos y Pavón hoy 30 de septiembre.

Don José María Teclo Morelos Pérez y Pavón nació en Valladolid, hoy Morelia, el día 30 de septiembre de 1765.

Estudió la carrera de sacerdote en el prestigiado Colegio de San Nicolás; y en el año de 1789 entró al seminario de Valladolid, en donde se graduó en 1795.

En el año de 1795 fue nombrado cura de Carácuaro, donde permaneció hasta el año de 1810. El 20 de octubre de ese año, fue comisionado por don Miguel Hidalgo en Charo, Michoacán, como jefe de insurgente en el Sur de México, encargado de tomar ciudades importantes.

Su carrera militar fue siempre muy destacada, siendo su principal acción bélica el sitio de Cuautla que lo convirtió en el principal enemigo realista.

Independientemente de sus logros militares, hay que destacar su labor como ideólogo al organizar el Congreso de Anáhuac, el primer cuerpo legislativo de la historia de México, cuyas sesiones se efectuaron en la ciudad de Chilpancingo, presentando los Sentimientos de la Nación, en lo que declaraba la independencia de la América Mexicana.

El 22 de octubre de 1814, la primera Constitución de nuestro país la Constitución de Apatzingán, en donde se proclamaba, entre otros aspectos, el régimen republicano de gobierno, la división de poderes, la libertad, la igualdad de los hombres y la seguridad.

Esta Constitución es tan relevante que en el momento de celebrarse su promulgación hace referencia.

La carrera militar de don José María Morelos terminó al ser capturado el 5 de noviembre de 1815 en Temalaca, por el Coronel Manuel de la Concha, juzgado por el Tribunal de la Inquisición y fusilado en el poblado de San Cristóbal Ecatepec, el 22 de diciembre de 1815. Concluye así la vida de uno de los más limpios y de los más grandes héroes de nuestra historia mexicana, grande en humildad y promotor de la libertad.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Tiene el uso de la tribuna, para referirse al mismo tema, la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy recordamos el nacimiento de uno de los principales héroes de nuestra patria, quién no sólo caminó con don Miguel Hidalgo y Costilla desde el inicio del movimiento insurgente, sino que tomó sus riendas a la muerte de éste y lo fortaleció mediante una gran dosis de nacionalismo cuyos derechos y libertades aún persisten en el modelo constitucional del Estado mexicano.

José María Morelos y Pavón no sólo fue un ideólogo y estratega militar del movimiento de independencia, sino también un gran estadista y defensor de los derechos humanos.

Más allá de su contribución a la causa insurgente, debemos rescatar dos obras fundaméntales del legado histórico de Morelos derivadas de la organización del Congreso de Anáhuac como primer cuerpo legislativo independiente de la historia de México.

En primer término, los Sentimientos de la Nación representa uno de los documentos que expresaron las aspiraciones de un México independiente, estableciendo fundamentos en materia de derechos humanos, influenciado por las ideas de la Revolución Francesa y delineando las bases de un nuevo Estado.

Entre sus aspectos más importantes, destaca la declaración de independencia de toda América, el reconocimiento de la soberanía popular, la división de poderes, el gobierno liberal, la igualdad y la abolición de la esclavitud.

En segundo término, la Constitución de Apatzingán de 1814, reconocida por los historiadores como la primera Constitución de nuestro país que reconoció la igualdad de las personas, otorgó los mismos derechos a todas las castas y dispuso la repartición de las tierras a fin de erradicar los latifundios.

Asimismo, declaró la Independencia de la América Septentrional de trono español y abolió la esclavitud bajo el sello de promoción y respeto de las libertades que caracterizó siempre a Morelos.

Aunque la Constitución de Apatzingán no tuvo vigencia, representa el principal antecedente y fundamento de la Constitución de 1824 y sus principios siguen vigentes en el régimen constitucional de nuestro país.

Compañeras y compañeros Senadores, reconocido por su espíritu de lucha y patriotismo, no sólo por la historia de México, sino también por todo el mundo, Morelos ha sido objeto de múltiples homenajes que van desde denominación de calles, avenidas y ciudades con su nombre, hasta monumentos a lo largo y ancho de todo el país.

Sin embargo, la mejor manera de recordarlo y honrar a su memoria, es seguir su ejemplo, trabajando, para hacer de los Sentimientos de la Nación una realidad para nuestro país; una realidad para México.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Para referirse a esta misma efeméride, tiene el uso de la tribuna la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Con su permiso, señor Presidente.

¡Qué mejor orgullo que tener un estado con el nombre de Morelos!

“Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo”. Principio constitucional que fue legado por un prócer de la historia de nuestra nación, don José María Teclo Morelos y Pavón.

Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy estamos recordando el nacimiento del autor de los Sentimientos de la Nación, hijo de Manuel Moreno y de Juana Pérez Pavón, fue de formación eclesiástica, política y militar un valiente caudillo del movimiento de independencia tras la muerte del cura Miguel Hidalgo y Costilla.

El mencionaba: “Morir es nada cuando de por la patria se muere”.

Su espíritu aguerrido lo condujo aceptar la encomienda del cura Hidalgo, para levantarse en armas en la costa del sur de nuestro país.

Su primer enfrentamiento fue en contra del realista Luis Calatayud, iniciando su actividad insurgente, misma que duraría cinco años; en lo que fue capaz de desarrollar cuatro campañas con estrategias militares muy avanzadas. Recordando siempre su triunfo en el sitio de Cuautla.

Pero fue en una cuarta campaña en la que se destacó por el contenido político y doctrinal que hoy configuran las bases de nuestra Constitución.

Su pensamiento social, avanzado e innovador, consciente de las necesidades del pueblo mexicano y sensible el sufrimiento humano, lo hacen presentar en la apertura del Congreso de Chilpancingo, el 14 de septiembre de 1813, su proyecto nacional de 22 artículos, denominados “Sentimientos de la Nación”.

El texto amenazó los intereses de los realistas y la corona española, pues proclamaba una América libre e independiente, la división en el ejercicio del poder, el derecho al trabajo, el fomento a la educación para abatir la ignorancia, motivo de toda rapiña y hurto, y en general, el establecimiento de una equidad entre los mexicanos, la igualdad entre la ley y la garantía de ser respetados por su condición de seres humanos, lo que adquiere el carácter de principios pétreos de nuestra ley fundamental.

Por ello fue excomulgado, perseguido, torturado por los realistas españoles, principales por Félix María Calleja, dándole muerte el 22 de diciembre de 1815, de una manera cruel, pues nunca se doblegó, ni quiso pedir compasión de sus enemigos, murió dignamente sin contradecir por lo que peleó durante su existencia.

Por lo anterior, hoy enaltecemos desde esta alta tribuna a don José María Morelos y Pavón, por defender con su cuerpo y alma sus ideales y respetar en los mexicanos la necesidad de elevar a rango constitucional las libertades nacionales y la restricción del poder como él mencionaba.

Y finalizo diciendo esta frase: “Temamos a la historia, que ha de presentar al mundo el cuadro de nuestras acciones”.

¡Que viva Morelos!

Muchas gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Compañeras y compañeros Senadores: En el apartado de proposiciones, se concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de Acuerdo por el que se exhorta al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a establecer una sola comisión por institución bancaria y un tope máximo de cobro en cajeros RED.





 

PROPUESTAS

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes compañeras y compañeros Senadores:

Hoy vengo a llamar la atención de todas y de todos ustedes con un tema que me parece, debe ser de interés del Senado de la República y exhortar con un punto de Acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México, para que atendamos un punto, que me parece muy interesante. El tema de las comisiones que le cobran al ciudadano los bancos, por hacer uso de la Red de cajeros electrónicos.

La tecnología, como todos sabemos, ha traído muchos aspectos positivos y, sobre todo, tratándose de transferencias de carácter financiero o tratándose de brindar información, esto ya es cosa de todos los días, cualquier puede acudir, no solamente en puntos de determinados y estratégicos que establezcan los bancos, sino a través de sus propios teléfonos celulares, Ipods, en fin, todos los teléfonos inteligentes hoy permiten el acceso a la información bancaria.

Pero los bancos para ofrecer un mejor servicio, pues ofrecen una gran red a lo largo y ancho de todo el país, de cajeros automáticos en los que te pueden brindar su saldo, transferencias, pagos o retirar tu dinero de tu cuenta.

Ante esta situación, que nos parece maravillosa, del uso de la tecnología para facilitar cosas en la vida cotidiana, hoy resulta ser que hay bancos que cobran comisiones diferenciadas, muy distintas comisiones por brindar esos servicios.

Por ejemplo, en el caso de cajeros automáticos, si quieres hacer un retiro, es tu dinero, te van a brindar un servicio de banca electrónica a través de un punto determinado, que es un cajero, te cobran entre 8.6 hasta 40 pesos por brindarte el servicio de darte tu dinero, en el cajero.

Y si se trata de consulta, si vas a consultar nada más tu saldo, hay bancos que te cobran de 3 hasta 19 pesos por saber qué saldo tienes.

Se me hace verdaderamente disímbolo, se me hace extremo, en algunos casos. Y sé que va a haber quien venga a decir, que se estableció de esa manera, porque así compiten los bancos.

No, señores, yo creo que hay un negocio alrededor de esto, que ni más ni menos, implican la cantidad de 84 mil millones de pesos, oyeron bien, no me parece que es una cifra menor, 84 mil millones de pesos ganan los bancos en este país por brindarte tu servicio, por el cobro de comisiones de los servicios que supuestamente te brindan esos servicios, ahí sí para competir.

Yo creo que compite más un banco que ofrece mejores servicios en líneas y mejores servicios en cajeros automáticos, que uno que no, verdad.

El tema es que te dicen. No, no podemos hacer una comisión única. ¿Por qué? Porque así compiten los bancos.

No, señores, porque hay gente que no decide con qué banco, sobre todo la gente más pobre, no decide con qué banco trabaja; porque a los jubilados y pensionados de este país no se les dice en qué banco quieren que les den su jubilación o su pensión, se les impone un banco. Y si el banco es el que tiene mayor cobertura de red, pues imagínense con los niveles y montos de las jubilaciones y de las pensiones, todavía cárguenle cada que quieren hacer una operación hacer una operación para consultar su saldo o para sacar el dinero, que es su propio dinero, hasta 40 pesos les llegan a cobrar.

Por eso me pareció que era un tema importante para podérselo transmitir a mis compañeras y compañeros Senadores, para que hagamos lo posible, a fin de que este punto de acuerdo se convierta en un exhorto respetuoso al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en el ámbito de su competencia emitan las disposiciones de carácter general que ya eliminen de una vez por todas esas comisiones diferenciadas.

Si ustedes supieran cuántos puntos de venta y cuántos cajeros existen en el país, verían que si cobraran una tasa física y muy menor, que esa tasa solo fuera para el retorno de financiar el servicio que prestan, sería más que suficiente.

No tenemos por qué imponerle una carga extra y yo pido a esta Asamblea y a la Mesa Directiva, que apoyemos este punto de Acuerdo, para que se emitan las reglas necesarias para que se acabe con esa diferenciación de comisiones y para que esto logre beneficiar, no piensen en nosotros o no piensen en personas que tienen cierta capacidad económica, piensen en quienes menos tienen y que, además, quienes menos tienen no escogen sus instituciones bancarias, sino que las distintas dependencias, sea pública o privadas, les destinan con qué bancos deben manejar sus operaciones.

Por el apoyo que me den todas y todos a este punto de Acuerdo, les anticipo mi gratitud.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta



- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Fayad Meneses. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a garantizar los principios de objetividad, certeza, legalidad, independencia e imparcialidad en materia electoral en la designación de los candidatos a consejeros electorales en los Organismos Públicos Locales.

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, señor Presidente. Con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

De hecho de esto hablamos un poco el día de ayer en la rueda de prensa que dieron los Senadores del Partido Acción Nacional, por la legítima preocupación que tenemos varios legisladores por la transparencia, imparcialidad y apartidismo, con el cual se deben de dar los nombramientos de estos OPL en todos y cada uno de los estados en los cuales habrá elecciones en el próximo proceso electoral.

Y esto es porque es de todos sabido que en meses pasados en este recinto discutimos acerca de las reformas constitucionales que en materia electoral y política podrían ofrecer soluciones reales a los problemas que en este ámbito se han presentado en la historia reciente de nuestro país. Este impulso obedece a la imperiosa necesidad de dar certeza a los ciudadanos de que sus derechos políticos y su voto son respetados, tal como lo consagra nuestra Constitución.

Con miras en ello, nos propusimos reformar al Instituto Federal Electoral y dotarlo de atribuciones suficientes para garantizar la transparencia de los procesos electorales celebrados en nuestro país. Hoy esta reforma se ve cristalizada en la transformación del Instituto Federal Electoral en el Instituto Nacional Electoral, organismo autónomo que goza de mayores atribuciones para fortalecer el sistema electoral de nuestro país y dotarlo de un carácter homogéneo en las 32 entidades federativas.

Como sabemos, una de las atribuciones conferidas a este organismo es el de la celebración de los procesos electorales en coordinación con los Organismos Públicos Locales en materia electoral, los OPL. Para ello, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral deber realizar un proceso de selección de candidatos para la designación de los consejeros presidentes y los consejeros electorales de los estados que integran la federación.

El próximo año 18 entidades federativas celebrarán comicios para elegir gobernadores, Diputados locales, presidentes municipales e integrantes de ayuntamientos. Por ello, lo que de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales el día de hoy, 30 de septiembre de 2014, vence el plazo para culminar el proceso de designación de los consejeros presidentes y consejeros electorales de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y  Yucatán.

Nuestra labor como legisladores ha sido el de favorecer en todo momento la demanda ciudadana de certeza de que su voto es respetado; disminuir el costo de nuestros procesos electorales y, sobre todo, garantizar que los derechos políticos de los ciudadanos y su voluntad sean respetados.

Por ello nuestras instituciones deben ser fuertes, sólidas y autónomas, sin que ningún interés particular o partidista pueda poner en duda la naturaleza de sus funciones.

El andamiaje jurídico con el que hoy contamos nos permite confiar en que tenemos los mecanismos institucionales adecuados para salvaguardar los principios que consagramos en esta nueva reforma que impulsamos todos nosotros de objetividad, de imparcialidad, transparencia, certeza, legalidad e independencia que rige nuestro sistema electoral, de la misma forma que busca garantizar que todos aquellos que desempeñen alguna función dentro de las instituciones electorales desarrollen su labor bajo estos principios rectores.

En ese sentido, es menester que quienes resulten designados como consejeros sean personas con una trayectoria impecable, incuestionable, que demuestren que harán todo lo posible por cumplir a cabalidad con su mandato, sin que interfiera con ningún otro interés.

La equidad en este proceso debe estar garantizada para todos los ciudadanos sin distinción. En este proceso, de acuerdo con las denuncias ciudadanas, se seleccionó únicamente a personas con trayectoria electoral, lo que dejó sin posibilidad alguna de participar a la ciudadanía que no tuviera esta carrera dentro de los anteriores órganos electorales.

Una de las quejas que aquí señalamos durante la aprobación de la reforma electoral era precisamente, que los que formaban parte de los organismos anteriores tenían trayectoria o algún interés afín con un partido político. Prueba de lo anterior son la cantidad de impugnaciones ciudadanas. Para la integración de los 18 Organismos Públicos Locales se elegirán en este momento, de hecho el día de hoy, a 126 consejeros en total.

Como respuesta a la convocatoria se presentaron un total de 2 mil 951 aspirantes, y se llevaron a cabo dentro de los procesos de evaluación del CONEVAL, la cual, la primera etapa sólo pasaron 900. En la etapa por ensayo, de la que resultaron seleccionados 273 personas, se interpusieron 6 impugnaciones ante el Tribunal Electoral, estas fueron concedidas, hubo otras 3 impugnaciones por incumplimiento de requisitos y 3 más para revisión de exámenes.

Hasta esta etapa de evaluación curricular, solamente hasta esta etapa ya existían más de 60 impugnaciones ciudadanas.

Asimismo, los representantes de los partidos políticos anunciaron ante el INE que la evaluación curricular, los aspirantes, al menos 300 de ellos tenían nexos partidistas, fuertes además.

Dadas estas circunstancias, compañeras y compañeros, es nuestro deber como legisladores permanecer atentos a que el espíritu que impulsó esta reforma político electoral sea respetado por las instituciones electorales actuales. Por ello, hago un llamado al Consejo General del INE para que designe a los candidatos idóneos a ocupar los cargos de Organismos Públicos Locales y que no permita que personas con sesgos políticos, partidistas o intereses personales tengan cabida dentro de esa institución, que debe ser imparcial y objetiva en todo momento, pues ello podría generar incertidumbre, pérdida de confianza y, por lo tanto, pérdida de legitimidad en los procesos electorales de la institución.

Esta desafortunadamente, de consumarse lo que estamos observando, podría representar la primer catástrofe en la implementación de las reformas estructurales que con tanto esfuerzo hemos aprobado todos los legisladores en este recinto.

Compañeros, dado que hoy nos encontramos dentro del plazo establecido por la legislación para que se integren los Organismos Públicos Locales, y con base en los argumentos expuestos, pongo a su consideración el siguiente punto de Acuerdo:

Se exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a observan en todo momento los principios de objetividad, certeza, legalidad, independencia, transparencia e imparcialidad en materia electoral, así como los lineamientos, bases y etapas del acuerdo del Consejo General para la designación de los Consejeros Presidentes y de los Consejeros Electorales de 18 Organismos Públicos Locales en materia electoral, con el fin de evitar que sesgos políticos e intereses partidistas o personales interfieran en el encargo de sus funciones.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta



- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Lavalle Maury. Túrnese a la Comisión de Gobernación.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna para presentar, a nombre propio y del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo en relación a los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

En efecto, venimos a presentar un tema muy doloroso, muy horroroso, que estamos padeciendo en torno a la violencia que no cesa en nuestro país. Ese mundo feliz que trata de vender el gobierno en materia de seguridad sólo existe en los discursos y en la propaganda.

Desde hace meses el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende convencer a la ciudadanía de que hay una disminución sensible en los asesinatos y otros delitos de alto impacto, pese a que numerosos reportes independientes e incluso, las cifras oficiales contradicen este discurso.

De la guerra sucia del narco de Felipe Calderón, hemos pasado a una guerra de propaganda. El gobierno quiere ganar la batalla de la seguridad en las pantallas y en los spots, mientras muchas zonas del país continúan viviendo bajo el terror.

El combate al crimen organizado y a la delincuencia común ha estado marcado por graves violaciones a los derechos humanos que involucran, no solamente a los cárteles, sino, para desgracia de nuestro país, los avances logrados en las leyes han sido letra muerta. También los órganos del Estado que deberían justamente salvaguardar las garantías individuales son letra muerta.

Entre 2003 y 2013 los casos de tortura y malos tratos por parte de los agentes de seguridad de México han aumentado 600 por ciento de acuerdo a las cifras que da Amnistía Internacional el 4 de septiembre de este año. En la actualidad de estas cifras destaca un hecho, el preocupante aumento de la tortura ocurre ya bajo un gobierno que prometió enderezar la estrategia, dejar atrás la guerra de Calderón y privilegiar las labores de inteligencia y de prevención.

Nada ha ocurrido en esa dirección; por el contrario tenemos que alzar la voz frente a hechos que nos recuerdan la época de la guerra sucia, frente a gravísimas violaciones a los derechos humanos que creíamos desterradas. Me refiero, claro, al caso del municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde el 30 de junio pasado se reportó oficialmente un enfrentamiento entre elementos del ejército y miembros de la delincuencia organizada, con un saldo de 22 civiles muertos, entre ellos, una menor de edad.

Sólo tras la publicación de reportes periodísticos que echaron por tierra la visión oficial, fue que este gobierno el que admitió que lo ocurrido en Tlatlaya no correspondía con sus propios dichos en su versión inicial.

Los hechos de Tlatlaya vuelven a poner en la mesa la pertinencia de que nuestras fuerzas armadas participen en tareas de seguridad pública que corresponden a corporaciones civiles; y también deja a un lado la promesa del gobierno federal de que paulatinamente iría regresando el ejército a sus cuarteles.

Esclarecer plenamente estos hechos es vital para la salud democrática de un país que no puede admitir la repetición de actos como los que ocurrieron el 30 de junio.

Tlatlaya es un recordatorio urgente de que es preciso un cambio radical en la estrategia de combate a la delincuencia, mientras este caso sigue sin resolverse, debemos lamentar lo ocurrido.

También, el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, donde en varios hechos violentos, presuntamente relacionados, fueron asesinadas 6 personas, entre ellas los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, según organismos de derechos humanos 20 personas más resultaron heridas y 57 se encuentran desaparecidas.

Según el Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan, las ejecuciones extrajudiciales evidencian de parte de la policía municipal un uso excesivo de la fuerza, una intención deliberada de ejecutar ilegal y arbitrariamente a los estudiantes; y de las autoridades estatales y federales una omisión para implementar medidas que evitaran una segunda agresión.

Es en este caso conveniente recordar que el Alcalde de Iguala, José Luís Abarca Velásquez ha sido señalado directamente a manos de un testigo de haber asesinado a nuestro dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, quien fue levantado, entre comillas, con otras seis personas y luego fueron brutalmente asesinados.

Según publicaciones de prensa, el alcalde es investigado por el gobierno federal debido a que tiene nexos con el grupo delictivo denominado Guerreros Unidos.

Las ejecuciones en Iguala se suman a un clima de violencia persistente en el estado de Guerrero. Sigue sin esclarecerse, por ejemplo, el asesinato de Javier Evaristo Bautista ocurrido el pasado 17 de septiembre en Ometepec, Guerrero. Evaristo era el aspirante mejor posicionado para ser el candidato a la alcaldía de Azoyu, y en este caso, como muchos otros, sigue la lacerante impunidad.

Todavía recordamos aquellos jóvenes muertos el 12 de diciembre de 2012 a manos de elementos de la policía estatal y federal en la autopista de Guerrero. Nos gustaría que esos jóvenes siguieran luchando en la defensa de la Normal Rural y por los derechos de la juventud a estudiar.

Quisiéramos también que Rocío Mesino siguiera viva defendiendo con entereza los derechos humanos de indígenas y campesinos en la sierra sur de Guerrero.

Extrañamos a Arturo Hernández Cardona, nuestro entrañable compañero de una trayectoria intachable y limpia en favor de los pobres y de las mejores causas del pueblo guerrerense.

Nos indigna que pistoleros hayan asesinado a estudiantes y a futbolistas. Y, nos llena de coraje que nuestro compañero Evaristo Bautista haya sido vilmente asesinado.

No aceptamos esta impunidad en la que se toleran ese tipo de agresiones. Urgimos a que la represión, los asesinatos, las matanzas, las desapariciones forzadas, las persecuciones, las ejecuciones extrajudiciales contra luchadores sociales, contra defensores de derechos humanos, contra periodistas, contra estudiantes, contra futbolistas, contra dirigentes de izquierda deben de movernos a todas y todos a exigir un cese inmediato a esta violencia y a cambiar la estrategia de seguridad pública y al combate al crimen organizado que todos estamos padeciendo. Es una política criminal contra movimientos sociales, es un nuevo tipo de guerra sucia para acallar voces de protesta y todo movimiento opositor, todo tipo de disidencia; y debemos ya exigir un ¡ya basta!, a esto que se puede titular como una violencia de estado.

La PGR debe de atraer los casos de Guerrero, ya lo hemos pedido insistentemente al Procurador General de la República en otras ocasiones, cuando mataron a nuestro dirigente Arturo Hernández Cardona, y no han atraído estos casos.

A todas luces las fuerzas policiales y judiciales locales están rebasadas; y en las municipales en varios casos están infiltradas por el crimen organizado.

Se requiere una sola estrategia en todos los niveles gubernamentales y, sobre todo, atacar entre todos la pobreza y la marginación que es el caldo de cultivo de la descomposición del tejido social.

Es cuanto, muchas gracias.

Propuesta



- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Padierna Luna. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a expedir o adecuar las leyes respectivas conforme al Decreto en materia política, publicado el pasado 9 de agosto del año 2012.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente.

Me llamó a la reflexión porque luego la dinámica legislativa, las reformas estructurales pasadas y lo que ha venido aconteciendo nos ha alejado de una realidad que en este momento me hizo reflexionar la Senadora Dolores Padierna.

Porque esta semana ha sido una semana cruel, una semana difícil, pesada; ésta y la que concluyó, lo del asesinato del Diputado en Jalisco, lo que nos recordaba que en meses pasados, lo sucedido en el Estado de México, con estos 22 asesinatos; lo de Guerrero, que ya suman 12 homicidios, y una serie de acontecimientos que han estado brincando en la República, me parece que amerita que en algún momento se considere por este Senado de la República.

Es verdaderamente preocupante y ojalá pudiera, como lo mencionaba, una estrategia única que nos permita cuando menos ver con esperanza que podemos volverle su tranquilidad y su paz social a este país, porque, como se ve, está lejos de que suceda, y menos si no hacemos nada.

En México, la democracia representativa está en un alto grado de desconfianza ciudadana, debido a que los ciudadanos rara vez conocen a sus representantes y poco saben de su trabajo legislativo.

Por medio del voto ciudadano pueden elegir a sus representantes, pero no los pueden llamar a rendir cuentas, si éstos utilizan el poder arbitrariamente.

De acuerdo al informe Latinobarómetro de 2013, México ha perdido 12 puntos porcentuales de apoyo a la democracia durante los años 1995 al 2013.

Nuestro país, junto con Honduras y Perú, son los países de América Latina más insatisfechos con dicha forma de gobierno.

El informe Latinobarómetro explica que en la calidad de la democracia se observan los aspectos normativos, institucionales y funcionamiento del Estado. Por tal razón, en la democracia actual, es decir representativa, los mecanismos de democracia directa, la iniciativa ciudadana, la consulta popular, las candidaturas independientes, son concebidos como contrapesos ciudadanos a los partidos, gobernantes y legisladores, pues con dichos mecanismos los ciudadanos deciden directamente sobre asuntos de trascendencia para la vida pública.

Vale la pena subrayar que los mecanismos de democracia directa deben ser instrumentos básicamente al servicio de los ciudadanos y no de los partidos. O bien, de éstos cuando consideren una decisión es de tal importancia que vale la pena someterla al escrutinio de los ciudadanos de manera que dicha decisión cuente con suficiente legitimidad.

A nivel federal, México ha incorporado tardíamente a su régimen político algunos mecanismos de democracia directa.

El 9 de agosto de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral.

Entre otros temas, se estableció en el artículo 35 de la Constitución, el derecho de los ciudadanos de solicitar su registro como candidatos independientes para ocupar un cargo de elección popular, iniciar leyes y solicitar consultas populares sobre temas de trascendencia nacional.

La lógica de estos mecanismos fue la de fortalecer la participación ciudadana incluyente en las decisiones políticas como una vía adicional para consolidar la legitimidad del régimen democrático.

Los mecanismos de la democracia directa deben ser vistos como una forma complementaria para la democracia representativa. De ninguna forma pueden ser remplazadas, ya que sería imposible que millones de ciudadanos se reunieran en un mismo lugar para debatir y deliberar asuntos de interés público.

Dichos instrumentos son un medio por el cual los ciudadanos pueden participar en la toma de las decisiones públicas. Por lo que es necesario que sea reconocido en los estados democráticos de derecho.

Sin embargo, en algunos congresos locales no han sido reconocidos en sus constituciones locales ciertos mecanismos de la democracia directa o, bien, todavía falta la expedición de sus leyes reglamentarias.

Por tal razón, el objeto el presente punto de Acuerdo es exhortar respetuosamente a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en cumplimiento con el mandato normativo previsto en su Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, a que expida las leyes respectivas en la materia o adecuen ya las existentes conforme al precepto mencionado.

Asimismo, se solicita al Instituto Nacional Electoral que diseñen e implementen una campaña federal y permanente sobre los mecanismos de democracia reconocidos en el artículo 35 de la Constitución Federal.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE EN CUMPLIMIENTO CON EL MANDATO NORMATIVO PREVISTO EN EL ARTICULO TERCERO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLITICA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 9 DE AGOSTO DE 2012, EXPIDAN LAS LEYES RESPECTIVAS EN LA MATERIA O ADECUEN LAS YA EXISTENTES CONFORME AL PRECEPTO MENCIONADO

"Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Etimológicamente la palabra democracia se deriva del término demokratía cuyas raíces etimológicas son: demos (pueblo) y kratos (gobierno, poder). Entonces se puede definir a grosso modo a la democracia como “poder del pueblo”.

La democracia directa en la antigua Grecia solamente era, sin ningún tipo de adjetivos, no es otra cosa más que el ciudadano participe en primera persona sin intermediarios, donde la voluntad de la mayoría y minoría queden expresadas en la toma de decisiones públicas.

Rousseau, el gran defensor de la democracia directa, indicó en su libro El Contrato Social: “no siendo la soberanía sino el ejercicio de la voluntad general, jamás deberá enajenarse, y que el soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado sino por él mismo: el poder se transmite pero no la voluntad”.

Entonces, la soberanía popular pertenece al pueblo siendo ésta la fuente de los poderes supremos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No obstante es difícil que esta forma de gobierno perdure en nuestro tiempo, puesto que difícilmente se pueden reunir todos los ciudadanos para debatir y deliberar asuntos de interés general.

Así pues surge la democracia representativa, la cual por cierto, está en un alto grado de desconfianza ciudadana, debido a que los ciudadanos rara vez conocen a sus representantes, poco saben de su trabajo legislativo. Por medio del voto ciudadano pueden elegir a sus representantes, pero no los pueden llamar a rendir cuentas si éstos utilizan el poder arbitrariamente.

De acuerdo al Informe Latinobarometro 2013, México ha perdido 12 puntos porcentuales de apoyo a la democracia1 respecto del promedio 1995-2013; 2 el mismo informe señala que los países que han aumentado el apoyo a la democracia son Venezuela, Ecuador y Chile, en contraposición, México junto con Honduras y Perú son los países de América Latina más insatisfechos con dicha forma de gobierno.

DISMINUCION DE APOYO A LA DEMOCRACIA EN 2013 RESPECTO DEL PROMEDIO 1995-2013 3

País

Disminución de apoyo a la democracia

Costa Rica

16

México

12

Uruguay

7

Panamá

6

Honduras

3

Nicaragua

3

El Salvador

1

 

Respecto a la disminución de 12 puntos de México en materia de democracia, el Informe menciona que el país tuvo alternancia en el poder después de 72 años de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, en el año 2000 con el triunfo de Vicente Fox. En ese momento el apoyo a la democracia alcanzaba 44%. El apoyo a la democracia tardó dos años, hasta 2002, que aumentó a 63% manteniéndose alto durante todo el resto de la presidencia de Vicente Fox, terminando con 59% en 2005. Felipe Calderón lo sucede e inaugura su gobierno con un 54% en 2006, para bajar rápidamente a 48% en 2007. La democracia no se recupera en el período de Felipe Calderón llegando a un mínimo de 40% en 2011.4

Finalmente en el año 2013, es decir, instalada la actual administración federal, sólo un 37% de su población apoyaba a la democracia, deben preocupar a toda la población en general, en especial a la élite política, pues, cabe recordar que los partidos políticos tienen como objetivo primordial promover la participación del pueblo en la vida democrática del país.

Por tal razón, en la democracia actual, es decir, representativa, los mecanismos de democracia directa (iniciativa ciudadana, consulta popular, candidaturas independientes) son concebidos como contrapesos ciudadanos a los partidos, gobernantes y legisladores, pues con dichos mecanismos son precisamente los ciudadanos quienes mediante su voto deciden directamente sobre asuntos de trascendencia para la vida pública.

En las últimas décadas muchos países han incorporado mecanismos de democracia directa como respuesta a las críticas sobre la partidocracia y la llamada crisis de representación. Se pretende que con estos mecanismos los ciudadanos decidan sobre relevantes materias en las que tradicionalmente son los gobernantes y legisladores quienes toman las decisiones.

Vale la pena subrayar que los mecanismos de democracia directa deben ser instrumentos básicamente al servicio de los ciudadanos y no tanto de los partidos, gobernantes y legisladores, o bien de estos cuando consideran que una decisión es de tal importancia que vale la pena someterla al escrutinio de los ciudadanos, de manera que dicha decisión cuente con suficiente legitimidad.

A nivel federal, México ha incorporado tardíamente a su régimen político algunos mecanismos de democracia directa, el 9 de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia, electoral; entre otros temas, se estableció en el artículo 35 de la Constitución Federal, el derecho de los ciudadanos de solicitar su registros como candidatos independientes para ocupar un cargo de elección popular, iniciar leyes y solicitar consultas populares sobre temas de trascendencia nacional.

La lógica de estos mecanismos fue la de fortalecer toda forma de participación ciudadana que fuera incluyente en las decisiones políticas como una vía adicional para consolidar y fortalecer la legitimidad del régimen democrático. En conjunto, estos mecanismos responden a tres premisas:

a. Mecanismos accesorios y no sustitutos de las instituciones de la democracia representativa;

b. La utilización de los mecanismos debe ser esporádica y en asuntos de relevancia particular;

c. No cualquier tema y/o asuntos deber de ser sometido a una consulta ciudadana.

Los mecanismos de la democracia directa debe ser vista como una forma complementaría para la democracia representativa, de ninguna forma puede ser reemplazada, ya que sería imposible que millones de ciudadanos se reunieran en un mismo lugar para debatir y deliberar asuntos de interés público. Los mecanismos de la democracia directa son un medio por el cual los ciudadanos pueden participar en la toma de de decisiones públicas, por lo que es necesario que sea reconocido en los Estados Democráticos de Derecho.

Por tal razón, la idea central de elevar a rango constitucional los mecanismos de la democracia directa, radica en que la democracia representativa presenta una crisis de representatividad ante los ciudadanos, para minimizar dicha crisis se propuso complementar aquella con mecanismos de la democracia directa, con el objeto de empoderar al ciudadano en la toma de decisiones públicas.

Sin embargo, el Congreso de la Unión al retrasarse siete meses para expedir las leyes reglamentarias de los mecanismos de la democracia directa, mostró poca voluntad para que se fortaleciera la democracia en México.

La misma situación ocurre en algunos Congresos Locales, si bien algunos han reconocidos en sus constituciones locales ciertos mecanismos de la democracia directa, todavía falta la expedición de sus leyes reglamentarias.

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CUENTAN CON MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA5

Entidades Federativas

Iniciativa Ciudadana

Consulta Popular

Candidaturas Independientes

1

Aguascalientes

x

2

Baja California

x

x

3

Baja California Sur

x

x

4

Campeche

5

Chiapas

x

x

x

6

Chihuahua

x

7

Coahuila

x

x

8

Colima

x

x

x

9

Distrito Federal

x

x

10

Durango

x

x

x

11

Guanajuato

x

x

x

12

Guerrero

x

x

13

Hidalgo

x

x

x

14

Jalisco

x

x

x

15

México

x

x

x

16

Michoacán

x

x

17

Morelos

x

x

18

Nayarit

x

x

x

19

Nuevo León

x

x

20

Oaxaca

x

x

21

Puebla

x

x

22

Querétaro

x

x

23

Quintana Roo

x

x

24

San Luis Potosí

x

x

25

Sinaloa

x

x

x

26

Sonora

x

x

x

27

Tabasco

x

x

x

28

Tamaulipas

x

x

x

29

Tlaxcala

x

x

30

Veracruz

x

x

31

Yucatán

x

x

x

32

Zacatecas

x

x

x

Por tal razón, el objeto del presente Punto de Acuerdo es exhortar respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que, en cumplimiento con el mandato normativo previsto en el Artículo Tercero Transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, a que expidan las leyes respectivas en la materia o adecuen las ya existentes conforme al precepto mencionado.

Es decir, si México quiere ser un país democrático, debe de abrir espacios de participación ciudadana, donde los ciudadanos puedan expresar su opinión sobre alguna decisión pública, su aprobación o rechazo hacia alguna ley u acto gubernamental, “elegir no basta para garantizar que la conducción del poder cumpla con los legítimos propósitos sociales. Se demanda entonces una participación sistemática, trascendente y permanente”.6

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en cumplimiento con el mandato normativo previsto en el Artículo Tercero Transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, expidan las leyes respectivas en la materia o adecuen las ya existentes conforme al precepto mencionado.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que en coordinación con sus homólogas estatales, diseñen e implemente una campaña federal y permanente sobre los mecanismos de democracia directa reconocidos en el Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 30 de septiembre de 2014.”

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Monreal Avila. Túrnese a la Comisión de Gobernación.


1 Latinobarometro explica que la calidad de la democracia se observan los aspectos normativos, institucionales y de funcionamiento del Estado.

2 Informe Latinobarómetro 2013, consultado el 11 de septiembre, disponible en http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp

3 Ibídem

4 Ibídem

5 Elaboración propia a partir de un análisis de las constituciones locales de cada entidad federativa de México.

6 Rivera Delgadillo, Virgilio J. (2003): Tareas de la democracia en México, México: Plaza y Valdés Editores, pp 163.





 

Recibimos en la Mesa Directiva, la proposición del Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al director general del Sistema de Transporte Colectivo, a realizar las acciones que correspondan para atender los requerimientos de rehabilitación, actualización, sustitución y mantenimiento de trenes e instalaciones de las líneas del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, el cual se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Propuesta







 

Compañeras y compañeros, hago de su conocimiento que las demás iniciativas y las proposiciones de la agenda de hoy, se turnarán a las comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 104 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DEL CENTRO MEXICANO DE CLASIFICACION DE ENFERMEDADES

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

“La que suscribe, María Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 104 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DEL CENTRO MEXICANO DE CLASIFICACION DE ENFERMEDADES, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

En 1985, se crea por la Secretaría de Salud el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades siguiendo una recomendación de la Organización Mundial de la Salud para ser un Centro Nacional de referencia en la promoción y vigilancia del uso de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y brindar capacitación y asesoría a los usuarios para mejorar la calidad de la información.

A partir de 1995, extendió su influencia a otras clasificaciones como la de procedimientos médicos y posteriormente a la clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CIF) y la de oncología.

Este centro viene a colaborar como un centro nacional de referencia para promover y vigilar el uso correcto de las clasificaciones internacionales de la OMS en México, dividiéndose en varios temas como se mencionó en el párrafo anterior. Con ello el Centro contribuye al mejoramiento de la calidad de las estadísticas de morbilidad, mortalidad y procedimiento en medicina en el país.

Este centro está adscrito a la Secretaría de Salud, como órgano colegiado. Fungiendo como asesores, representantes del Sistema Nacional de Salud e Instituto Nacional de Geografía y Estadística bajo la Coordinación de la Secretaría de Salud y en los últimos años, a través de la Dirección General de Información en Salud.

Este centro ha brindado asesoría recientemente para mejorar los sistemas de información en salud y ha sido considerado como un mecanismo para normar, asesorar y coordinar a las instituciones de salud, respecto del uso de las clasificaciones internacionales de salud.

Se debe resaltar que este centro en su carácter interdisciplinario, las actividades y trabajo desarrollado a nivel nacional e internacional, ha sido invitado y reconocido desde el año 2008, como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, para apoyar también a esa organización y a los países de la región de América latina en la difusión, capacitación, asesoría y uso adecuado de las clasificaciones internacionales en salud e investigación en materia de clasificaciones internacionales en salud.

La NOM 035-SSA3-2012, establece en su numeral 5.6 que la instancia que regula y vigila el uso de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud en México, es el Centro Mexicano para la clasificación de enfermedades, asimismo, en su numeral 12.2.13, párrafo segundo, señala que la generación de tabulados de principales causas de mortalidad debe realizarse conforme los criterios establecidos por dicho centro.

Aún cuando se encuentra contemplado el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades en el reglamento interior de la Secretaría de Salud, a la presente fecha no se encuentra con un instrumento jurídico que sustente su creación y garantice el desarrollo de sus funciones, las cuales son primordiales para la elaboración de las estadísticas a nivel nacional.1

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO.

Unico: Se adiciona un artículo 104bis a la Ley General de Salud, en materia del Centro Mexicano de Clasificación de Enfermedades.

Artículo 104 Bis.- La Secretaría de Salud coordinará el Centro Mexicano de Clasificación de Enfermedades, el cual será un órgano colegiado que tendrá por objeto normar, vigilar y promover el uso correcto de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, así como desarrollar las clasificaciones que se requieran en el país.

TRANSITORIO

Artículo primero: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 30 de septiembre de 2014.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.


1 Datos publicados por la Secretaría de Salud.




 

PROPUESTAS

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar acerca de las acciones que está llevando a cabo para atender los resultados del Informe sobre Desarrollo Humano 2014 “Sostener el Progreso Humano: Reducir Vulnerabilidades y Construir Resiliencia” de la Organización de las Naciones Unidas, a fin de alcanzar mejores niveles en el índice de desarrollo humano. Se turna a la Comisión de Familia y Desarrollo Humano.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, QUE INFORME A ESTA SOBERANIA ACERCA DE LAS ACCIONES QUE ESTA LLEVANDO A CABO PARA ATENDER LOS RESULTADOS DEL INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2014 “SOSTENER EL PROGRESO HUMANO: REDUCIR VULNERABILIDADES Y CONSTRUIR RESILIENCIA” DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, A FIN DE ALCANZAR MEJORES NIVELES EN EL INDICE DE DESARROLLO HUMANO.

"Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Estado mexicano, históricamente, tiene grandes deudas con la población. Muchos han sido los movimientos sociales que ha tenido como objetivo reivindicar las necesidades de la gente como educación, alimentación, el trabajo digno, vivienda o salud, ejemplos de ellos son la Revolución Mexicana, los movimientos obreros y estudiantiles, así como magisteriales.

Sin embargo, a pesar de estas luchas sociales, hoy en día las circunstancias del país siguen siendo vergonzosas, en su aspecto económico, en sus niveles de pobreza, en la calidad de vida de la gente, entre otros. Tanto sólo en el ámbito de la pobreza, de acuerdo al informe “El combate a la pobreza y campaña contra el hambre”, del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, de abril de 2013, en los últimos 42 años, el gasto gubernamental en el combate a la pobreza se ha incrementado en un 96 por ciento, lo que arroja como resultado, que se han invertido 36 millones 366 mil 541 pesos en este periodo en cada persona en situación de pobreza, sin embargo, la situación del caso mexicano no ha cambiado, ya que en la actualidad en el país siguen estando en condiciones de pobreza poco más de 53 millones de personas.

Lo anterior, permite reconocer que las condiciones de vida de casi la mitad de las y los mexicanos son lamentables, donde tienen que vivir con carencia en alimentación, educación, vivienda, salud, así como la limitación de servicios como acceso al agua, drenaje, luz eléctrica o combustibles, poniendo entre dicho la calidad de vida de las personas, y con ello limitando su desarrollo humano.

El desarrollo humano, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, se refiere a las oportunidades de los individuos para gozar de una vida larga y saludable, para acceder a conocimiento individual, y socialmente útiles, y para obtener medios suficientes para involucrarse y decidir sobre su entorno.

El cálculo internacional del Indice de Desarrollo Humano se obtiene mediante registros de distintos organismos internacionales que captan información confiable y comparable para más de 180 países en el mundo, además se apoya de registros nacionales de Secretarías y organismos descentralizados, por ejemplo, es posible obtener el índice de salud basado en el cálculo de esperanza de vida que elabora el Consejo Nacional de Población, o bien el índice de educación de acuerdo a los registros de la Secretearía de Educación Pública, mientras que el índice de ingreso resulta ser más confiable, con ayuda de la información proporcionada por los microdatos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares, así como de los registros administrativos del Sistema de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.

A partir del año 2010 el Indice de Desarrollo Humano (IDH), tiene una nueva metodología para calcular el avance de los países participantes que refina las dimensiones de educación, e ingreso y ajusta los referentes internacionales de todas sus variables y la manera en que estas se sintetizan.

El primer Informe Mundial sobre Desarrollo Humano introdujo en 1990, un enfoque sobre la manera de entender el progreso social, esto a partir de orientar la atención en las libertades personales y colectivas, estos conceptos, trascendieron los indicadores tradicionales del progreso económico y planteó la posibilidad de aglutinar mayor información que refleje el derecho fundamental de tener una vida larga y saludable, pero sobre todo de absoluto respeto a la dignidad humana.

La importancia del Indice de Desarrollo Humano, ha permitido monitorear el progreso de los países en esta materia, a fin de establecer estándares universales, a los cuales todas las naciones deben aspirar, de tal manera que sus habitantes logren mejorar sus condiciones de vida.

El índice de salud mide el logro relativo de un Estado respecto de una norma internacional mínima, de 20 años de esperanza de vida al nacer, y una máxima de 83.4. En cuanto al índice de educación, mide el progreso relativo de un país o un Estado tomando en cuenta los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolarización. Finalmente el índice de ingresos incluye como sustituto de todos los demás aspectos del desarrollo humano que no están reflejados en una vida larga y saludable ni en los conocimientos adquiridos.

En el año 2011, México se ubicaba en la posición 57 del ordenamiento internacional con un IDH de 0.770, en ese año el país se encontraba en el segundo grupo de países con mayor desarrollo humano.

Ahora bien, en el Informe sobre Desarrollo Humano 2014, “Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia”, el país cayó al número 71 de 187 de la clasificación de países respecto de su IDH, esto lo ubica por debajo de países como Chile, Panamá, Venezuela, Costa Rica, y Kazajastan, por mencionar algunos ejemplos, los cuales se encuentran en los lugares 41, 65, 66 y 70 respectivamente.

De acuerdo al informe, la población en México tiene una esperanza de vida de 77.5 años, lo que lo ubica en el lugar 43 mundial de esta variable; en contraste a esto, registra una escolaridad promedio de 8.5 años, lo que lo coloca en la posición 93 a nivel internacional. Además 55.7% de las mujeres y el 60.6% de los hombres menores de 25 años tienen una formación mínima de educación secundaria.

En cuanto a muertes maternas, en el país se presentan 50 muertes maternas por cada 100,000 nacimientos, y por cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad hay un promedio de 63.3 embarazos.

Este escenario permite esbozar las condiciones de vida de millones de mexicanos, pero también establecer la magnitud de acciones que debe llevar a cabo el Estado mexicano para abatir el rezago social en cada uno de los aspectos anteriormente señalados. Asimismo, compromete al Gobierno Federal a llevar a cabo políticas públicas más eficientes y eficaces que realmente abran la posibilidad a millones de mexicanos de mejorar sus condiciones de vida.

Derivado de los anterior, surge la necesidad de exhortar al Ejecutivo Federal a fin de que tome en cuenta con seriedad los resultados del Informe sobre Desarrollo Humano 2014 de la Organización de las Naciones Unidas, a fin de avanzar en los niveles de Indice de Desarrollo Humano en México, y de esta manera garantizar a toda la población la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, y con ello garantizar el respeto a sus Derechos Humanos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, que informe a esta soberanía acerca de las acciones que está llevando a cabo para atender los resultados del Informe sobre Desarrollo Humano 2014 “Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia” de la Organización de las Naciones Unidas, a fin de alcanzar mejores niveles en el Indice de Desarrollo Humano.

Dado en el salón de sesiones, a 30 de septiembre de 2014.

“El Indice de Desarrollo Humano en México: cambios metodológicos e información para las entidades federativas”, Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, Organización de las Naciones Unidas, México, 2012. "




 

De los Senadores Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Alejandro Encinas Rodríguez, Adán Augusto López Hernández, Sofío Ramírez Hernández, Manuel Bartlett Díaz, Ana Gabriela Guevara Espinoza, David Monreal Avila, Martha Palafox Gutiérrez y Layda Sansores San Román, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a abrogar el Decreto por el que se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán. Se turna a la Comisión de Gobernación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A ABROGAR EL DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISION PARA LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO INTEGRAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN

"JAVIER CORRAL JURADO, ERNESTO RUFFO APPEL POR EL PARTIDO ACCION NACIONAL; ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ, ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ, SOFIO RAMIREZ HERNANDEZ POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA; MANUEL BARTLETT DIAZ, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, DAVID MONREAL AVILA, MARTHA PALAFOX GUTIERREZ, Y LAYDA SANSORES SAN ROMAN POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, integrantes de la LXII legislatura del congreso de la unión, con fundamento en los artículos 69, 76 fracción V y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 8°, 1 fracción II, 95, 2, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República; solicitamos respetuosamente a esta H. Asamblea SE EXHORTE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE ABROGUE EL DECRETO INCONSTITUCIONAL POR EL QUE SE CREA “LA COMISION PARA LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO INTEGRAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN”. al tenor del siguiente punto de Acuerdo.

CONSIDERACIONES

I. Federalismo

La competencia de los gobiernos estatales en México tiene fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se complementa por sus propias constituciones.

Esta organización política se sustenta en el Federalismo, una técnica constitucional que divide la competencia entre distintos niveles de gobierno. Generalmente, los niveles básicos son el gobierno federal y los estados miembros que forman la federación. Sin embargo, algunos sistemas políticos, como el nuestro, incluyen un distrito federal y municipios. En este tipo de organización algunas facultades son exclusivas del gobierno federal o del estatal y otras son concurrentes.

Dentro de esta fórmula, todos los poderes no otorgados al gobierno federal simplemente son reservados a los estados o al pueblo.

II. Violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

PRIMERO.-

La Ordenanza del 14 de enero de 2014 –publicada el 15 de ese mes y año en el Diario Oficial de la Federación- denominada: “Decreto por el que se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán”, infringe diversas disposiciones constitucionales.

Respecto a las atribuciones de los Estados y Municipios las violaciones son las siguientes:

Artículos 40 y 41

1. Se viola la forma federal del Estado, consagrada en los artículos 40 y 41 de la Constitución, mismos que confieren a las entidades federativas soberanía en el ejercicio del poder público en sus respectivos ámbitos territoriales, en el caso de 113 municipios. Y conceden autonomía de decisión y de gobierno como partes integrantes del Estado federal.

El Ejecutivo Federal creó en ese Decreto a una autoridad intermedia entre la Federación, los Estados y los Municipios que no está prevista en la Constitución, es decir, la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, constituye un cuarto nivel de gobierno que carece de todo sustento constitucional, por tanto, invade los espacios de soberanía, autonomía y libertad del Estado de Michoacán y sus municipios.

Artículo 124

2. Se trasgrede el artículo 124 de la Constitución porque las facultades no conferidas expresamente a los poderes federales corresponden a las autoridades estatales y municipales. Ninguna disposición de la Constitución confiere atribuciones ni expresas ni implícitas al Ejecutivo Federal para constituir un cuarto nivel de gobierno.

Artículos 115 y 116

3. Se violan los artículos 115 y 116 que confieren a los municipios y a los Estados atribuciones expresas en materia de seguridad pública en el ámbito territorial que les corresponde.

Respecto a las comunidades indígenas

Artículos 2° y 133

Así mismo, se violan los artículos 2° y 133 por lo que se refiere a derechos de los pueblos indígenas en su libre autodeterminación que se debe ejercer en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. La autoridad federal no puede invadir en condiciones ajenas al procedimiento de suspensión de garantías competencias que corresponden a las autoridades locales comunitarias.

SEGUNDO.-

Artículos 41 y 116

El Comisionado Alfredo Castillo Cervantes, en franca violación a los artículos 41 y 116 con las diversas decisiones que pasan por encima de la soberanía estatal, no sólo en materia de seguridad pública, invade competencias de los tres poderes del Estado de Michoacán y de sus municipios, por tanto, suple facultades exclusivas del Gobernador, entre otras.

Por ejemplo, impone nombramientos de los secretarios del despacho local, tales como el Procurador, el Secretario de Seguridad Pública y Defensas Rurales que competen al fuero militar.

Participa en las decisiones del Congreso Local como si fuese diputado y tuviese la representación popular derivada de la unción del voto ciudadano.

Convoca y reúne a jueces y magistrados locales trastocando la independencia judicial.

Adopta decisiones de los municipios del Estado, principalmente en los que pertenecen a la región de Tierra Caliente.

Calificarlo como Virrey no constituye una expresión ligera ni superficial, pues Castillo Cervantes está por encima de los poderes públicos del Estado de Michoacán y de las autoridades municipales.

TERCERO.-

Respecto a las facultades del Senado de la República

Artículos 76 y 119

La aprobación del Decreto que crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán constituye además una violación al artículo 76, fracciones V y VI de la Constitución en relación con el artículo 119 de la Carta Magna.

En caso de trastorno interno en una entidad federativa, los procedimientos especiales de intervención federal, no están conferidos exclusivamente al Ejecutivo sino a los Poderes de la Unión, tal como indica el primer párrafo del artículo 119 constitucional.

El Senado como Cámara Federal tiene atribuciones para la desaparición de poderes y en los procedimientos para atender y resolver las cuestiones políticas al interior de los Estados, tal cual está previsto en el artículo 76 fracción V como una facultad exclusiva del Senado de la República.

El Senado de la República no ha participado en procedimiento formal alguno de intervención federal y, por tanto el Ejecutivo Federal carece de competencias para crear un cuarto nivel de gobierno en el Estado de Michoacán.

Referente a las facultades exclusivas del Presidente de la República

Artículo 89

El Ejecutivo Federal carece de facultad para disponer a su arbitrio de las fuerzas armadas, artículo 89 fracción VI de la Constitución y ordenar su intervención en el Estado de Michoacán, sin haber satisfecho los procedimientos de intervención federal de carácter excepcional que establece la Constitución en el artículo 29.

CUARTO.-

Referente a la Seguridad Pública y el uso de las Fuerzas Armadas

Artículos 21 y 129

Se violentan los artículos 21 y 129 de la Constitución porque las fuerzas armadas no tienen competencias en materia de seguridad pública.

La seguridad pública es una función exclusiva de las autoridades civiles como reza el artículo 21 constitucional.

Las facultades de auxilio que ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en varias jurisprudencias, a las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, siempre deben ser secundarias y estar subordinadas a las determinaciones de las autoridades de seguridad pública de carácter civil en los respectivos ámbitos territoriales.

En el Estado de Michoacán y en general en toda la República, las fuerzas armadas inconstitucionalmente desplazan y sustituyen a las fuerzas civiles de seguridad pública en las tareas de combate al crimen organizado y a la delincuencia común.

QUINTO.-

Referente a las facultades del Congreso para crear empleos

Artículos 73, 74 y 126

El Decreto del Ejecutivo Federal que creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, violenta la competencia del Congreso de la Unión. De acuerdo con el artículo 73 fracción XI de la Constitución en relación con los artículos 74 fracción IV y 126 de la misma, el Congreso tiene facultad para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones.

La institución de la Comisión y su estructura implica la creación de plazas y de presupuestos anexos que no han sido aprobadas por el Congreso de la Unión, ni los gastos fueron autorizados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En otras palabras, se están ejerciendo recursos públicos inconstitucionalmente, sin que las nuevas plazas fueran autorizadas por el Congreso de la Unión y sin que la Cámara de Diputados, como facultad exclusiva, haya aprobado esas erogaciones presupuestarias.

SEXTO.-

Referente a los estados de excepción y la Soberanía

Artículo 29 y 40

La actuación del Ejecutivo Federal en Michoacán y de su Comisionado Alfredo Castillo Cervantes implica un estado de excepción que no ha sido declarado constitucionalmente en los términos del artículo 29 de la Carta Magna.

El Ejecutivo Federal y el Comisionado para Michoacán violan no sólo el Pacto Federal, nuestra Constitución, sino que con sus conductas alteran la forma de gobierno democrático, republicano, federal y de Estado como lo contempla el artículo 40 de la Constitución General: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

Por tanto, estamos en presencia de un golpe de Estado que es inaceptable en el marco del Estado de Derecho.

POR LO ANTERIOR EXPUESTO, SOMETEMOS A CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA, CON CARACTER DE URGENTE RESOLUCION EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO:

UNICO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que en pleno respeto a la división de poderes abrogue el “Decreto por el que se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán” publicado el 15 de enero de 2014.

Y exigimos el inicio de los procedimientos de responsabilidad en contra de los servidores públicos que han socavado el texto constitucional atentando a la soberanía del Estado de Michoacán de Ocampo, con la aprobación, expedición y ejecución del citado Decreto.”





 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, a Petróleos Mexicanos y a la Procuraduría General de la Republica a realizar peritajes en materia ambiental para evaluar el daño causado debido al derrame referido acontecido el día 17 de agosto del presente año. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, A LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, A PETROLEOS MEXICANOS Y A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A REALIZAR PERITAJES EN MATERIA AMBIENTAL PARA EVALUAR EL DAÑO CAUSADO DEBIDO AL DERRAME REFERIDO ACONTECIDO EL DIA 17 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO

“RAUL GRACIA GUZMAN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con PUNTO DE ACUERDO, REFERENTE AL DERRAME DE PETROLEO EN EL RIO SAN JUAN EN CADEREYTA, NUEVO LEON, EN EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, A LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, A PETROLEOS MEXICANOS Y A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, A QUE EN FUNCION DE SUS FACULTADES REALICEN DE FORMA EFECTIVA Y EXPEDITA PERITAJES EN MATERIA AMBIENTAL PARA EVALUAR EL DAÑO CAUSADO DEBIDO AL DERRAME REFERIDO ACONTECIDO EL DIA 17- DIECISIETE DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. IGUALMENTE SE EXHORTA A ESTAS INSTANCIAS DEN UNA EXPLICACION SOBRE ESTOS HECHOS Y SE HAGA PUBLICO EL CALENDARIO DE TRABAJO PARA TERMINAR LAS LABORES DE LIMPIEZA EN DICHO CAUDAL Y SE INSTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES A QUE ENCUENTREN AL RESPONSABLE Y FINQUEN RESPONSABILIDADES.

ANTECEDENTES

1. De acuerdo a datos proporcionados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente al periódico la Crónica: Al menos cada semana se reporta en el país un derrame contaminante con afectaciones a ríos, lagos, lagunas, arroyos y presas. De 2010 a agosto de 2014, la dependencia tiene contabilizados 227 derrames químicos o de hidrocarburos en cuerpos de agua de más de 20 entidades del país. En este rubro Pemex es también la instancia más peligrosa a nivel nacional, al estar relacionada con 119 incidentes, el 53 por ciento.

En 12-doce casos -5%- las responsables son empresas mineras como Grupo México, involucrada en el reciente ecocidio en los ríos Bacanuchi y Sonora. Los 96-noventa y seis casos restantes -42%- se adjudican a industrias vinculadas al manejo de sustancias químicas.

Según los datos de la Profepa, tan sólo en este sexenio suman 95- noventa y cinco derrames que han dañado cuerpos de agua. Sin embargo, a decir del propio titular de la Conagua David Korenfeld, la dependencia sólo ha actuado en 33-treinta y tres casos, es decir, menos del 35- treinta y cinco por ciento. El resto, en el olvido. Pese al grave impacto al ecosistema, no hay antecedentes de compañías a las cuales se les haya retirado concesiones o clausurado en su totalidad.

Tan sólo por los accidentes en Pemex durante el sexenio, refiere la Profepa, se han afectado más de 600- seiscientos mil metros cuadrados de suelo, además de una distancia aún no cuantificada en materia hidrográfica.

Conforme a los propios datos de la Procuraduría, por los 226- doscientos veinte seis derrames desde 2010 sin contar el ocurrido recién en Cananea, sólo se impusieron multas irrisorias por un total de 73-setenta y tres millones 200 doscientos mil pesos. Sorprende que siendo Pemex la empresa implicada en más de la mitad de la incidencia, sólo ha sufragado el 20- veinte por ciento de las multas, unos 14- catorce millones 772-stecientos setenta y dos mil pesos. Mientras que mineras y otros consorcios han absorbido el otro 80 por ciento, alrededor de 58.5 millones de pesos.1 (Madrigal, 2014)

2. El pasado 17-diecisiete de agosto en el municipio de Cadereyta Nuevo León a 15- quince kilómetros de la refinería, se presento una fuga de petróleo en un ducto de Pemex presuntamente producto de una ordeña, lo anterior se pudo descubrir luego de que a lo largo de cinco a seis kilómetros se observaron “manchones” negros que cubrían gran parte del río San Juan, así como el color y olor incoloro del agua que corre por este afluente.

3. Al menos unos 4 mil- habitantes del municipio de Cadereyta ya han sido afectados por el derrame de petróleo en el río San Juan, ya que no pueden utilizar el agua de ese cauce,el agua contiene grandes cantidades de petróleo esto ya ha dañado las plantas y la tierra. Este derrame a afectado a los poblados de San Juan y ha seguido por los ejidos de Santa Isabel, Dolores y Tepehuajes, debido a que se extendió en 6.5 kilómetros.2 (Muñiz, 2014)

4. Debido a la fuga de petróleo expertos y funcionarios han advertido que hay riesgos inminentes para 100-cien especies de fauna y para el 11- once por ciento de la superficie agrícola del municipio de Cadereyta Nuevo León. Por lo cual es evidente que se trata de un desastre ecológico.33(Reyes, 2014)

5. Al igual que el derrame de petróleo que actualmente se presenta en Tierra Blanca Veracruz, en donde por una toma clandestina derramo gasolina tiñó de rojo el agua del río Hondo y ocasionó "la muerte de numerosas especies como anguilas, tortugas, conejos, ratones y diversos peces de la región". Este evento que se presenta en Tierra Blanca es muy parecido al que actualmente se puede ver en Cadereyta Nuevo León. Incluyendo la falta de capacidad de petróleos mexicanos para tratar de frenas las tomas clandestinas e impedir que se sumen los desastres al medio ambiente y a salud humana.

6. Mientras autoridades han minimizado el impacto ambiental que este derrame puede ocasionar, los habitantes del municipio de Cadereyta han denunciado que el de norias y pozos ya tiene un sabor a gas.4 4(Vázquez, 2014)

7. Datos arrojados por la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León mismos que fueron publicados por el periódico El Norte el día 30- treinta de agosto ha estimado que alrededor de 25,000- veinticinco mil toneladas de naranja están en riesgo debido al derrame de petróleo por la falta de riego.

8. Ante esta situación el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Víctor Cabrera Medrano, aseguró que no habrá sanción contra Pemex porque la fuga se derivó de una toma clandestina, además de que la paraestatal presentó una denuncia contra quienes resulten responsables por robo de combustible, y la dependencia federal a su cargo hará lo mismo por daño ambiental.

CONSIDERANDOS

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. Derivado de todos los acontecimientos suscitados en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León es urgente que los tres órdenes de Gobierno coadyuven para dar una solución expedita y efectiva a todos los habitantes de dicho municipio y que de esta forma no pierdan sus cultivos y sobre todo la salud de los habitantes no se vea mermada por el derrame de Petróleo.

III. No debemos de pasar por alto y que también es de gran observancia el daño ecológico que este desastre puede ocasionar a la región citrícola, tanto en el agua de consumo humano, de riego, así como a la fauna y flora originarios de la región por lo cual es necesario que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente así como la Comisión Nacional del Agua actúen de manera urgente sobre las providencias que se necesitan efectuara a fin de evitar y remediar los posibles daños ocasionados a la naturaleza.

IV. Sin ser menos importante ya que es la naturaleza del problema la Procuraduría General de la Republica y de igual manera a Petróleo Mexicanos a que en un esfuerzo en conjunto trabajen para detectar tomas clandestinas de hidrocarburos ya que como lo podemos constatar en este hecho son de extremo peligro para la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a Comisión Nacional del Agua a que elabore un peritaje de manera expedita y efectiva respecto a los daños que el derrame de petróleo ocasiono al agua destinada para consumo humano y de igual manera los mantos acuíferos de la región.

SEGUNDO. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente a que de manera expedita y eficaz de elabore un peritaje sobre el daño causado a la flora y a la fauna ocasionados por el derrame de petróleo en el municipio de Cadereyta Jiménez Nuevo León. Y de igual manera se haga una campaña con las providencias necesarias para evitar daños en la salud de los habitantes de la región.

TERCERO. Se exhorta a Petróleos Mexicanos a que de manera pública explique los hechos acontecidos el día 17-diecisiete de agosto del presente año con referencia al derrame de petróleo sobre el Rio San Juan en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León y de igual manera haga público el calendario de trabajo para terminar las labores de limpieza del Rio San Juan y agilice las tareas a fin de quedar limpio dicho caudal para evitar daños en la salud y al medio ambiente.

CUARTO. Se exhorta a la Procuraduría General de la Republica a que de manera expedita se encuentre a los responsables y finque responsabilidades del derrame de Petróleo sobre el Rio San Juan ubicado en el municipio de de Cadereyta Jiménez Nuevo León. De igual manera se a que en un esfuerzo en conjunto con Petróleos Mexicanos trabajen para detectar tomas clandestinas de hidrocarburos.

Sen. Raúl Gracia Guzmán”


1 Daniel Blancas Madrigal. En 4 años, 227 derrames y... ninguna concesión retirada. Segunda de tres partes. Periódico, la Crónica de Hoy. Fecha de la publicación. 2 de Septiembre de 2014. Revisión hecha el 2 de Septiembre de 2014. Disponible en: http://www.cronica.com.mx/notas/2014/854515.html

2 Erick Muñiz. Ecocidio Industrial. Temen daños en sus cosechas afectados por derrame de petróleo en río de NL. Periódico Fecha de la publicación 24 de agosto de 2014. La jornada. Revisión hecha el 1 de Septiembre de 2014. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/08/23/politica/005n1pol

3 Daniel Reyes. Es derrame desastre ecológico y social. Fecha de la publicación 24 de agosto de 2014. Revisión hecha el: 1 de Septiembre de 2014. Disponible en:
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=321723&v=3&urlredirect=http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=321723&v=3

4 Abraham Vázquez. Ya sabe a gas agua de la llave. Fecha de la publicación: 27 de Agosto de 2014. Revisión hecha el: 1 de Septiembre de 2014. Disponible en:
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=324076&urlredirect=http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=324076





 

Del Senador Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a entregar los fondos federales destinados a los municipios, en específico el Fondo de Infraestructura y Productividad, el Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Desarrollo Metropolitano. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A QUE ENTREGUEN LOS FONDOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, EN ESPECIFICO EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD, EL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL Y EL FONDO DE DESARROLLO METROPOLITANO.

"Los municipios mexicanos tienen como únicos ingresos, los enlistados en los incisos A), B) y C) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocido también como principio de ingresos mínimos del municipio.

Resulta obvio que los ingresos de los incisos A) y C) son los únicos a los que el municipio pude tener acceso de manera propia –Propiedad Inmobiliaria e Ingresos derivados de la prestación de Servicios Públicos Municipales-, siendo innegable que estos ingresos no son suficientes para que el gobierno municipal solvente el gasto de sus actividades.

Para resolver tal necesidad, el Poder Constituyente agrego a los ingresos municipales, las participaciones federales contenidas en el apartado B) del la fracción y numeral en comento.

En este sentido y aplicado al caso en concreto, en este año 2014, nos encontramos ante la problemática de que los municipios no han recibido algunas de las participaciones federales a las que por mandato constitucional tiene derecho, lo cual deriva en la imposibilidad de llevar a cabo una correcta gestión municipal, impactando en el demerito de la población.

Por lo anterior se estima pertinente exhortar a la citada autoridad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a entregar los fondos a los que se hace alusión, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El inciso B) de la fracción IV del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone de manera literal lo siguiente:

Artículo 115.- …

….

IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a)…

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

c)…

De lo anterior es posible desprender que los ingresos a los que los municipios tienen derecho, entre otros, serán las participaciones federales; para una mejor comprensión de lo anterior, resulta de utilidad la siguiente JURISPRUDENCIA de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Tesis: P./J. 82/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Epoca 189421 28 de 34 Pleno Tomo XIII, Junio de 2001 Pag. 579 Jurisprudencia (Constitucional)

PARTICIPACIONES FEDERALES. EN TERMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTICULO 115, FRACCION IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCION FEDERAL, LOS MUNICIPIOS TIENEN DERECHO AL CONOCIMIENTO CIERTO DE LA FORMA EN QUE AQUELLAS SE LES ESTAN CUBRIENDO Y, POR TANTO, A EXIGIR ANTE LA AUTORIDAD ESTATAL LA INFORMACION NECESARIA RESPECTO DE SU DISTRIBUCION.

El artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y, en todo caso, de las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. Consecuentemente, ese derecho de los Municipios de recibir, entre otros recursos, participaciones federales, conforme a las leyes estatales bajo un determinado porcentaje, implica también que tengan conocimiento cierto de la forma en que se les están cubriendo tales participaciones, para lo cual el propio precepto constitucional impone una condición a las Legislaturas de los Estados para legislar al respecto y una obligación a los gobiernos estaduales para que además de remitir esos fondos a los Municipios, les expliquen pormenorizadamente cuál es el monto global de las participaciones federales recibidas, la forma en que éstas se distribuyen entre todos los Municipios y la manera en que se conforman las sumas que se están enviando, es decir, tienen el deber de dar a conocer a cada Municipio la forma en que se establece tal distribución, a través de un informe detallado que contenga datos contables, demográficos y de ingresos, con una explicación suficiente que transparente el manejo de las referidas cantidades. En estas condiciones, cabe concluir que los Municipios tienen el derecho constitucional de recibir participaciones de los fondos federales y de exigir a la autoridad estatal la información necesaria respecto de su distribución.

2. Los fondos objeto del estudio en el presente punto de acuerdo, así como la propia Hacienda municipal se rigen por un conjunto de principios enmarcados en la Constitución Federal, entre los cuales se encuentran que los fondos federales sean entregados a tiempo a fin de que los municipios puedan llevar a cabo sus labores como gobierno y el de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas, como puede desprenderse del siguiente criterio judicial de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Tesis: 1a. CXI/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Epoca 163468 5 de 35 Primera Sala Tomo XXXII, Noviembre de 2010 Pag. 1213 Tesis Aislada (Constitucional)

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTICULO 115, FRACCION IV, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El citado precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las leyes de ingresos de los municipios.

3. En fecha 1 de Septiembre del 2014, diversos actores afectados, tales como:

· El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes.

· Presidente Municipal de Mérida, Yucatán.

· Presidente Municipal de Santa Catarina, N.L.

· Presidente Municipal de León, Guanajuato.

· Presidente de la Federación Nacional de Municipios de México.

Denunciaron la abstención de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de entregar algunos de los fondos federales de los enmarcados en la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal.

4. Tal abstención tiene como consecuencia que las autoridades municipales pierdan la mitad de sus gestiones sin poder realizar obras por el retraso en la entrega de los recursos asignados de fondos federales; así como también, los municipios corren el riesgo de encontrarse en el supuesto de subejercicio de fondos.

5. Al 29 de Agosto del 2014, de una muestra de 12 estados con un total de 552 municipios, solo al 33.82% le han transferido los recursos asignados del ramo 23.

6. En fecha 2 de Septiembre del 2014, el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público declaró que los apoyos del Fondo de Infraestructura y Productividad, por 2 mil 535 millones, aún están en proceso de revisión de proyectos tras recibir las solicitudes de los municipios.

Por otro lado, el mismo funcionario mencionó que precisó que el Fondo Metropolitano presenta un avance del 61.1 por ciento en la entrega de los recursos autorizados, mientras que el Fondo Regional se ha distribuido en un 81.4 por ciento.

7. El artículo 54 de la Ley Federal de Prepuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que los recursos federales deberán estar comprometidos y devengados al 31 de Diciembre del 2014, por lo que se considera que si los recursos no se entregan de manera urgente, los municipios no tendrán posibilidad de utilizarlos, en este sentido se realiza la transcripción del articulo en comento:

Artículo 54.- Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer pagos, con base en él por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes, hayan estado contempladas en el Presupuesto de Egresos, y se hubiere presentado el informe a que se refiere el artículo anterior, así como los correspondientes al costo financiero de la deuda pública.

Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse.

Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Cámara de Senadores exhorta a la a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que entregue los fondos federales destinados a los municipios, en específico el Fondo de Infraestructura y Productividad, el Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Desarrollo Metropolitano.

Segundo.- La Cámara de Senadores exhorta a la a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que informe los motivos que han causado la demora en la entrega de los fondos a los municipios.

Cámara de Senadores a 30 de septiembre de 2014.

Sen. Octavio Pedroza Gaitán"





 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública a presentar un informe en el que se describa la aplicación y transferencia de recursos a los beneficiarios del Programa Nacional de Becas de Educación Superior en el estado de Michoacán; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Auditoría Superior de la Federación a realizar trabajos de auditoría a dicho programa en el estado de Michoacán y emprender las acciones necesarias para la aplicación correcta del mismo. Se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A PRESENTAR UN INFORME EN EL QUE SE DESCRIBA LA APLICACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE MICHOACAN; A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A REALIZAR TRABAJOS DE AUDITORIA A DICHO PROGRAMA EN EL ESTADO DE MICHOACAN Y EMPRENDER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACION CORRECTA DEL MISMO

“LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA, Senadora de la Republica de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8°, numeral 1, fracción II, y 108 del Reglamento del Senado de la Republica, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO, POR LO QUE SE EXHORTA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, PRESENTE UN INFORME EN DONDE SE DESCRIBA LA APLICACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE MICHOACAN; A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN TRABAJOS DE AUDITORIA A DICHO PROGRAMA EN EL ESTADO DE MICHOACAN Y EMPRENDAN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACION CORRECTA DE DICHO PROGRAMA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

“La enseñanza se ha puesto muy complicada, y uno ya no sabía ni qué enseñar, ni cómo enseñar, ni a quién enseñar.”

Gonzalo Torrente Ballester

Cual pandemias bíblicas, pareciera que el actual gobierno de Michoacán no aprende y cada día un nuevo mal aqueja a nuestro bello Estado y a su pueblo.

No basta la inseguridad campante, el desorden administrativo en la procuración de justicia, la impunidad del desfalco financiero; ahora se suma la falta de pago a los jóvenes que con un esfuerzo personal y familiar intentar sacar adelante sus estudios.

El acceso a la educación, es una obligación prioritaria para el Estado mexicano, sin duda es un elemento indispensable para el desarrollo de nuestro país, la cual debe regirse bajo el principio de equidad y la subsidiariedad.

En el artículo tercero de nuestra Carta Magna, observamos que todo individuo tiene derecho a la educación, derivado de este la Ley General de Educación establece que:

Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables1”.

Si bien es cierto, que la educación es el medio fundamental, que a través de ella podemos adquirir, transformas o transmitir la cultura, llevando con ello, un proceso de trasformación del individuo, teniendo como resultado una evolución encaminada hacia la solidaridad social2, también lo es que para muchos ciudadanos el acceso a la educación está condicionada por sus capacidades económicas y tiene la necesidad de que el Estado subsidie ciertos apoyos financieros que le permita explotar todas sus potencialidades.

Tal y como lo mencioné, el Estado está obligado a otorgar educación de calidad con el objetivo de generar las oportunidades para el cumplimiento de la misma; por eso, a partir del año 2001 el Gobierno Federal conjuntamente con los Gobiernos de los Estados y las Instituciones Públicas de Educación Superior, pusieron en marcha el Programa Nacional de Becas de Educación Superior, para ampliar las oportunidades y promover la permanencia en el estudio, a jóvenes en situación adversa inicien, continúen o concluyan con sus estudios.

El PRONABES es operado por la Subsecretaria de Educación Superior, a través de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior en coordinación con los Gobiernos de los Estados, que tiene como objetivo:

· “Contribuir a lograr la equidad educativa en la educación superior, mediante el otorgamiento de becas a jóvenes en condiciones económicas adversas, con lo que se favorece el egreso de la educación superior.

Debemos de Contribuir con la generación de condiciones para todos aquellos que pretendan tener acceso a la educación, para continuar en la ruta del desarrollo, entregando eficazmente los recursos de los programas a sus beneficiarios.

En el Estado de Michoacán de Ocampo, jóvenes estudiantes del nivel medio y superior se han manifestado en los últimos días por falta de apoyo que les genera el Programa Nacional de Becas de Educación Superior, siendo ya, seis meses de retraso en los depósitos.

También en distintos medios de comunicación se ha dado a conocer las manifestaciones descritas, mencionando que son ya, treinta y cinco mil estudiantes en todo el país los se encuentran en esta situación.

Por lo que ve al Estado de Michoacán, son 13081 los beneficiarios de dicho programa cuyo último pago recibido fue en junio de este año cubriendo hasta el mes de marzo, desde entonces los jóvenes no han recibido pago alguno.

Este programa es de vital importancia para nuestros jóvenes que tratan de salir adelante no sólo su situación personal y familiar, sino también para el desarrollo de las capacidades de todos nuestros ciudadanos, que repercute directamente en poner a la vanguardia, a nuestro país. Por ello, es necesario dar continuidad a dicho programa y asegurar que los recursos públicos no sean distraídos para otros fines estableciendo mecanismos adecuados para su aplicación.

De no atenderse esta problemática, instrumentando distintas acciones, mecanismos y procedimientos que incidan positivamente, muchos jóvenes del Estado de Michoacán verán truncadas sus aspiraciones de obtener un grado profesional y peor aún de tener más oportunidades para una mejor calidad de vida.

Sé que son muchas las necesidades económicas del Estado, sin embargo no podemos poner orden con más desorden, no cerraremos los hoyos financieros que ha provocado el gobierno desviando fondos federales destinados a la educación de nuestros jóvenes.

Ya es hora de empezar hacer justicia en Michoacán; justicia entendida como aquella máxima de dar a cada quien lo que es suyo o se merece, estos miles de jóvenes se merecen y es suyo el apoyo educativo de PRONABES.

Por lo anteriormente expuesto, a fin de atender de manera oportuna este problema del sector educativo en el Estado de Michoacán de Ocampo y Garantizar el acceso a la educación superior.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, presente un informe en donde se describa la aplicación y transferencia de recursos a los beneficiarios del Programa Nacional de Becas de Educación Superior en el Estado de Michoacán.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que dentro de sus atribuciones, de manera prioritaria realice trabajos de auditoría al PRONABES, desarrollado en el Estado de Michoacán y emprenda las acciones adecuadas para la aplicación correcta.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, dentro de sus atribuciones realicen trabajos de auditoria al PRONABES desarrollado en el Estado de Michoacán y de emprendan las acciones pertinentes para deslindar responsabilidades.

Dado en el Senado del República a 30 de septiembre de 2014, México.”


1 Ley General de Educación, Articulo 2°.

2 Ibidem.





 

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Francisco Búrquez Valenzuela y Daniel Gabriel Avila Ruiz, a nombre del grupo parlamentario del PAN y Del C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se une a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de las Armas Nucleares. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA SE UNE A LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DE LAS ARMAS NUCLEARES PRESENTADA POR LOS SENADORES LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, FRANCISCO BURQUEZ VALENZUELA, DANIEL AVILA RUIZ A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL Y EL SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.

"La Senadora LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, y los Senadores FRANCISCO BURQUEZ VALENZUELA Y DANIEL GABRIEL AVILA RUIZ a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el Senador ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pertenecientes a la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 numeral 1 inciso m) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 8 numeral 1, Fracción II; 103 numeral 2 Fracción III, 108, 109, 110, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la Proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA SE UNE A LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DE LAS ARMAS NUCLEARES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El próximo 26 de septiembre, la comunidad internacional conmemorará por primera vez en su historia el Día Internacional para la Eliminación de las Armas Nucleares precisamente en el contexto del debate general de la Asamblea General de la ONU. Tras la Reunión de Alto Nivel sobre Desarme Nuclear celebrada en las Naciones Unidas el 26 de septiembre de 2013, la Primera Comisión de la Asamblea General aprobó, por 129 votos a favor, la resolución 68/32 a partir de la cual exhorta a “que se inicien de forma urgente las negociaciones en el marco de la Conferencia de Desarme para la pronta conclusión de una Convención General sobre las armas nucleares por la que se prohíban la posesión, el desarrollo, la producción, la adquisición, el ensayo, el almacenamiento, la transferencia, el empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares y se disponga su destrucción”.

En este contexto, la resolución, aprobada el 5 de diciembre de 2013 por el plenario de la Asamblea General, establece el 26 de septiembre como el Día Internacional para la Eliminación Total dedicado precisamente a la divulgación de este objetivo fundamentalmente mediante la sensibilización de la opinión pública internacional y la movilización de esfuerzos internacionales.

De acuerdo con el entonces Presidente de la Asamblea General de la ONU, Vuk Jeremic, al decidir celebrar esta Reunión de Alto Nivel, los Estados Miembros enviaron un mensaje sobre “la importancia de buscar un mundo más seguro para todos y alcanzar la paz y la seguridad en un mundo sin armas nucleares”. Convencida de que el desarme nuclear y la completa eliminación de las armas nucleares son esenciales para acabar con el peligro de una guerra nuclear, la comunidad internacional no ha escatimado esfuerzos en este sentido. En este contexto se inscriben iniciativas de gran importancia como las Conferencias Mundiales sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares –dos celebradas hasta el momento la primera en Oslo, Noruega, en 2013 y la segunda en Nayarit, México, en 2014- el proceso de revisión sobre la implementación del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y el relativo a la entrada en vigor, aún pendiente, del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares.

La Conferencia de revisión del Tratado de no proliferación prevista para mayo de 2015 -en el contexto de la conmemoración por los setenta años de los lamentables eventos de Hiroshima y Nagasaki- representa una oportunidad relevante en este sentido. No obstante, parte central de la resolución 68/32 tiene que ver con la necesidad de convocar, a más tardar en 2018, a una Conferencia Internacional de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarme Nuclear a fin de acordar una estrategia sobre el particular. Se trata, en efecto, de una decisión de la mayor relevancia que corresponde acompañar con acciones concretas desde el ámbito regional y nacional.

Históricamente, México ha sido un activo e incansable promotor del desarme. Hace alrededor de 47 años, en febrero de 1967, el anhelo de un grupo de países encabezados por México en la lucha contra la proliferación de las armas nucleares comenzó a hacerse realidad cuando el denominado Tratado de Tlatelolco se abrió a la firma de los países latinoamericanos. La entrada en vigor del Tratado fue clave para establecer precisamente en América Latina la primera zona libre de armas nucleares. A ella siguieron otras cuatro en Asia, Africa y Oceanía a partir de los Tratados de Rarotonga, Bangkok, Pelindaba y el Tratado para la zona libre de armas nucleares en Asia Central. La contribución de este pionero Tratado Internacional dejó también una impronta de la mayor relevancia en el régimen actual de control e inspección nuclear mediante la creación, en su momento, de la Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y El Caribe (OPANAL).

La amenaza de la catástrofe nuclear es vigente desde entonces. El Preámbulo del Tratado de Tlatelolco nos lo recuerda cuando advierte “Las armas nucleares, cuyos terribles efectos alcanzan indistinta e ineludiblemente tanto a las fuerzas militares como a la población civil, constituyen, por la persistencia de la radiactividad en general, un atentado a la integridad de la especie humana y aún pueden tornar finalmente toda la Tierra inhabitable”. Otro fragmento, sin embargo, nos recuerda que las armas nucleares no son un componente inevitable del futuro al señalar “La proliferación de las armas nucleares, que parece inevitable a menos que los Estados, en uso de sus derechos soberanos, se limiten para impedirla, dificultaría enormemente todo acuerdo de desarme y aumentaría el peligro de que llegue a producirse una conflagración nuclear”.

En este sentido, el contexto actual es especialmente propicio para que México recupere esta sólida tradición diplomática y este liderazgo internacional a favor del desarme. La comunidad internacional en su conjunto es testigo de la enorme expectativa por las negociaciones nucleares actuales que han registrado ya avances importantes en Irán, Corea del Norte y muchas otras latitudes. México, por vocación histórica, tradición diplomática e intereses nacionales, no puede estar ausente de estos procesos y está llamado a hacer, una vez más en su historia, contribuciones de fondo. De ahí la importancia de que nuestro país participe activamente de los esfuerzos internacionales para, al igual que se alcanzó la proscripción formal de las armas biológicas y químicas, se concrete un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba y elimine de manera total y definitiva el arsenal nuclear del planeta. Se trata de un imperativo moral y político de nuestro tiempo que no puede pasar inadvertido. En palabras del Subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo, “no hay armas nucleares buenas por estar en manos de regímenes democráticos, ni armas nucleares malas por estar en regímenes que no lo son”. El llamado es, en palabras de la Campaña Internacional para abolir lar armas nucleares (ICAN), a ¡prohibir las armas nucleares ahora!

Por lo anterior, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION

Primero. El Senado de la República se une a la conmemoración por el Día internacional para la Eliminación de las Armas Nucleares.

Segundo. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a mantener como prioridad los temas del desarme nuclear y la proscripción de las armas nucleares en la agenda a desarrollarse durante el 69 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Tercero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a dar seguimiento e impulsar la estrategia diplomática hacia la revisión integral del Tratado de no proliferación nuclear durante la Conferencia de 2015 convocada para tal efecto así como a redoblar los esfuerzos concernientes a promover una pronta entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

Cuarto. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a dar seguimiento puntual a los acuerdos alcanzados durante la Segunda Conferencia Mundial sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, que tuvo lugar en Nayarit, México, los días 13 y 14 de febrero de 2014, y a redoblar esfuerzos, durante la próxima Tercera Conferencia Mundial sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, que tendrá lugar en Viena a finales de este año, para avanzar en el objetivo de construir un instrumento jurídicamente vinculante que proscriba de manera definitiva la posesión, el desarrollo, la producción, la adquisición, el ensayo, el almacenamiento, la transferencia, el empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares y se disponga su destrucción.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 30 de septiembre de 2014.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.- Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela".




 

De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el anuncio hecho por el titular del Ejecutivo Federal durante su participación en la 69 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la participación del Estado mexicano en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA SE CONGRATULA, POR EL ANUNCIO HECHO POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL DURANTE SU PARTICIPACION EN LA 69 ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, SOBRE LA PARTICIPACION DEL ESTADO MEXICANO EN LAS OPERACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ, PRESENTADA POR LA SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.

"LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 numeral 1 inciso m) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 8 numeral 1, Fracción II; 103 numeral 2 Fracción III, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA SE CONGRATULA, POR EL ANUNCIO HECHO POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL DURANTE SU PARTICIPACION EN LA 69 ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, SOBRE LA PARTICIPACION DEL ESTADO MEXICANO EN LAS OPERACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A partir de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, se inició un proceso de ordenamiento internacional diferente, cuyos objetivos van más allá de evitar la guerra entre las naciones. Entre los fines de las Naciones Unidas están, los de mantener la paz y la seguridad internacionales (Art. 1º (1), y Preámbulo, párrafo 6º). Para realizar este propósito, las Naciones Unidas se proponen suprimir o prevenir las amenazas a la paz y los actos de agresión, mediante acción colectiva.1

Con esta lógica nacen las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) como un instrumento de Naciones Unidas para ayudar a países que viven o han salido de conflictos, a crear condiciones necesarias para alcanzar una paz duradera.2

Las condiciones mínimas para el despliegue de una OMP son:

· La existencia de una paz que mantener.

· Un mandato claro y realista.

· La aprobación de los miembros del Consejo de Seguridad.

· El consentimiento y cooperación del Estado receptor.

“Las operaciones de mantenimiento de la paz encuentran su fundamento jurídico en diversas disposiciones de la Carta de San Francisco, relativas a las funciones del Consejo de Seguridad, de la Asamblea General y de la Secretaría, de manera explícita no están establecidas en dicho documento ya que representan un mecanismo mediante el cual se ejecutan las funciones de la Organización.”3

Una misión de paz puede formarse por solicitud de un Estado, de un conjunto de Estados miembros, o por propuesta del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad. En todo caso, dichas operaciones son responsabilidad del Consejo y será éste, a través de una resolución, quien la establezca.

México ha tenido 3 participaciones previas en OMP entre 1947 y 1993; en dos con observadores militares y en una con policía civil. Igualmente, brindó asesoría electoral en los comicios presidenciales de Timor Lester en 1999 y contribuyó con el Consejo Electoral de Haití en 2004.

Como miembro electo del Consejo de Seguridad durante el bienio 2009 – 2010, nuestro país colaboró al delinear y aprobar el contenido de los mandatos de 15 operaciones de paz en el terreno.

La participación de México en las OMP, implica un mensaje claro de nuestro compromiso con los esfuerzos de paz auspiciados por las Naciones Unidas y fortalecer nuestra imagen en el escenario geopolítico regional e internacional; sería una acción congruente con el peso específico de nuestro país en el escenario internacional y regional; se podrían intercambiar experiencias internacionales en la materia con países afines, lo cual abriría un frente de diálogo y concertación política con esas naciones y aportaría una experiencia profesional invaluable al personal desplegado.

Para Acción Nacional, es relevante que México asuma su responsabilidad global, participando en las OMP, muestra de ello es la actividad que hemos tenido desde el Senado de la República, presentando en la actual legislatura, cuatro iniciativas de ley:

INICIATIVA

FECHA

PONENTE

Que reforma y adiciona los artículos 37, 76, 78, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

25/10/2012

Grupo Parlamentario del PAN en el senado de la República

Que reforma los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de participación de México en operaciones de mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria.

07/02/2013

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández

Que adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 76 y un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de operaciones de mantenimiento de la paz.

11/03/2014

Sen. Gabriela Cuevas Barrón

Que reforma la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de operaciones de mantenimiento de la paz.

11/03/2014

Sen. Gabriela Cuevas Barrón

También debemos recordar que el presidente Vicente Fox Quezada y su entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda planteaban que se necesitaba participar activamente en la conformación de la nueva arquitectura internacional, lo cual nos llevó a la participación en el Consejo de Seguridad y a impulsar nuestra intervención en las OMP.

Sin embargo, no existían las condiciones y aquiescencias internas para poder participar plenamente, por lo que se fue dando un trabajo continuo que buscaba llegar a un consenso. Incluso el canciller Castañeda, tuvo que aclarar que México sólo participaría "si se dan las condiciones, es decir, si podemos ser útiles, si creemos en la causa de que se trate, si pensamos que el conflicto es importante para nosotros, no vemos ninguna razón para no participar."

El Presidente Felipe Calderón dio continuidad a la búsqueda de consensos que permitieran la participación de México en las OMP. El entonces coordinador en materia de relaciones internacionales de la campaña de Felipe Calderón y posteriormente embajador de México ante Estados Unidos, Arturo Sarukhan Casamitjana, señaló "si México no toma un papel activo en el sistema internacional como en la participación de OMP, otros actores, como Brasil, ocuparán su lugar".

En el gobierno del Presidente Calderón fueron capacitados 169 militares mexicanos mediante el Programa de Instrucción por Correspondencia en OMP en el año 2008. Además, oficiales mexicanos tomaron parte “en las conferencias especializadas y ejercicios que se realizan sobre este tipo de operaciones” en el marco de la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA).4

El 24 de septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto anunció en su participación en la 69 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que “México apoya y valora las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz y sus labores por ser el instrumento de las Naciones Unidas para ayudar a países que viven o han salido de conflictos a crear condiciones necesarias para una paz duradera, a través de acciones para la reconstrucción, la asistencia humanitaria y la seguridad.”

Aseguró que la participación será en apego a los mandatos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en misiones humanitarias, con lo que México da un paso histórico en su compromiso con la ONU.

En la página de internet de la Presidencia se señala a la letra lo siguiente:

“México tiene la experiencia necesaria en materia de asistencia humanitaria para ponerla al servicio de las Naciones Unidas, sin desatender sus obligaciones internas.

El Gobierno de la República ha manifestado su decisión de participar nuevamente en estas operaciones, en forma gradual y con base en ciertas condiciones.

GRADUAL

La participación de México en OMP será gradual, en términos cuantitativos y en el tipo de labores en las que se participará. Dichas labores pueden comprender personal militar o civil para la realización de una amplia gama de tareas que involucren a ingenieros, médicos y enfermeros, observadores políticos y militares, asesores electorales, especialistas en derechos humanos, por solo citar algunos.

CONDICIONADA A:

1. La autorización expresa y un mandato claro del Consejo de Seguridad de la ONU, en tanto que es el único órgano facultado para tomar decisiones para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

2. El consentimiento expreso y la cooperación del Estado en donde se desplegará la OMP.

3. La conformidad con el marco jurídico nacional y las prioridades de la política exterior.

4. La realización de tareas de índole humanitaria en beneficio de la población civil.

DE ACUERDO CON LA CONSTITUCION MEXICANA

Esta decisión encuentra su fundamento en los principios normativos de la política exterior contenidos en el artículo 89-X de la Constitución y la Carta de las Naciones Unidas de la que México es Estado parte, así como en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

No se requiere de ningún cambio legislativo. La Constitución establece, en su artículo 76-III, que es facultad del Senado autorizar la salida de tropas fuera de los límites del país.

LAS OMP SON UNA MANIFESTACION DE LA RESPONSABILIDAD GLOBAL

La participación de los países en las OMP de la ONU es una de las expresiones de la responsabilidad global de un Estado.

Nuestro país es el 2o contribuyente financiero de América Latina al presupuesto de las OMP.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE MEXICO PARTICIPA EN LAS OMP

México ha participado en Operaciones de Mantenimiento de la Paz en tres ocasiones: 1) los Balcanes (1947-1950); 2) en Cachemira (frontera entre la India y Pakistán) (1949). En ambos casos con observadores militares; 3) en El Salvador (1992-1993) con 120 policías.

Se encuentran desplegadas 16 OMP en todas las regiones del mundo. Las OMP han permitido a los países la reconciliación nacional, y la normalización de su vida política, al contribuir a la reconstrucción de sus instituciones y su vuelta al camino del desarrollo en condiciones de paz.”5

La participación de México en las OMP, asume congruentemente nuestros deberes internacionales en el mantenimiento de la paz, la seguridad y justicia internacional y no sólo en lo retórico o financiero; sino que hace efectivo nuestro derecho interno acorde con las responsabilidades y compromisos de México en el ámbito internacional.

El Senado de la República en congruencia con su facultad exclusiva de autorizar al Presidente para disponer la salida del territorio nacional de unidades pertenecientes a las Fuerzas Armadas Mexicanas, debe acompañar este importante acto y debemos congratularnos por asumir nuestra responsabilidad global en materia de mantenimiento de la paz.

Con base a lo anteriormente expuesto, me permito poner a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

UNICO.- El Senado de la República se congratula por el anuncio hecho por el Titular del Ejecutivo Federal durante su participación en la 69 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la participación del Estado Mexicano en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz, como el instrumento de las Naciones Unidas para ayudar a países que viven o han salido de conflictos a crear condiciones necesarias para una paz duradera, a través de acciones para la reconstrucción, la asistencia humanitaria y la seguridad.

México D. F. a 30 de septiembre del 2014.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández”.





 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar cuál es la participación del Estado mexicano en la Coalición multilateral contra el Estado Islámico en Irak y Siria. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, INFORME A ESTA SOBERANIA, CUAL ES LA PARTICIPACION DEL ESTADO MEXICANO EN LA COALICION MULTILATERAL CONTRA EL ESTADO ISLAMICO EN IRAK Y SIRIA (ISIS). PRESENTADA POR LA SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.

“LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, del grupo parlamentario del partido acción nacional Senadora de la LXII Legislatura al congreso de la unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 numeral 1 inciso m) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 8 numeral 1, fracción II; 103 numeral 2 fracción III, 108, 109, 110, 276 y demás aplicables del reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION POR LA CUAL EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, INFORME A ESTA SOBERANIA, CUAL ES LA PARTICIPACION DEL ESTADO MEXICANO EN LA COALICION MULTILATERAL CONTRA EL ESTADO ISLAMICO EN IRAK Y SIRIA (ISIS), al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Estado Islámico en Irak y Siria (ISIS, por sus siglas en inglés) es una milicia del fundamentalismo islámico que ha roto con Al Qaeda y se ha apoderado de grandes partes de territorio en Irak y Siria, mientras que Jorasán es una célula de extremistas que el gobierno norteamericano afirma trama atentados contra occidente en cooperación con el frente Al-Nusra, afiliado de Al Qaeda en Siria.

ISIS es un caso atípico en las confrontaciones de grupos extremistas islámicos con países occidentales, que va más allá de ser un grupo terrorista para ser un intento por establecer un Estado con base en tácticas de terror.

El secretario estadunidense de defensa, Chuck Hagel ha señalado que los milicianos de ISIS “combinan ideología, sofisticación de conocimiento estratégico y táctico; están tremendamente bien financiados”.

Para Estados Unidos de América (EEUU) ISIS es una amenaza de largo plazo, que podría generar atentados terroristas, tanto en su país, como en otro países aliados.

Por ello, EEUU lidera una coalición contra ISIS, cuyos miembros pueden aportar equipo militar, ayuda y apoyo político. La mayoría de los países líderes han brindado elementos militares de apoyo aéreo y ayuda humanitaria. Según el departamento de Estado, son 60 países los que integran esta coalición, aunque Barack Obama dijo en su discurso del debate general de naciones unidas que eran 40 y el secretario de Estado americano, John Kerry, que eran 50.

La división sobre los tipos de participación en la coalición mundial contra ISIS, de acuerdo al departamento de estado norteamericano es:

· Principales países que han brindado apoyo militar (además de estados unidos): Irak, Jordania, Bahréin, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Francia, Alemania, Canadá, Reino Unido, Australia, Italia, República Checa, Albania, Países Bajos, Estonia, Hungría, Turquía, Bélgica, Dinamarca y Líbano.

· Principales países que han brindado apoyo humanitario: Suecia, Kuwait, Suiza, Japón, Austria, Nueva Zelandia, Corea del Sur, Irlanda, España, Eslovaquia, Noruega, Luxemburgo y Qatar.

· Principales países que no han concretado su tipo de apoyo, pero que lo han expresado: Bulgaria, Egipto, Finlandia, Grecia, Georgia, Israel, Kosovo, Omán, Polonia, Croacia, Rumanía, Singapur Y Taiwán.

· Países que son citados por el departamento de estado como miembros de la coalición, pero que no tienen un papel específico: Andorra, Bosnia y Herzegovina, Lituania, A. R. Y. de Macedonia, Malta, México, Moldavia, Marruecos, Portugal, Serbia, Eslovenia, Túnez y Ucrania.

· Organismos que también apoyan: la Unión Europea y la Liga Arabe.

México es el único país citado en esta lista que pertenece a Latinoamérica. esta mención podría contextualizarse luego de lo planteado por el periódico estadounidense The New York Times, que publicó que el gobierno de Barack Obama rechazó la versión de que Estados Unidos sea objeto de ataques por incursiones de ISIS desde el territorio de México debido a la “porosidad” existente en la frontera, esto insinuado por grupos conservadores, el gobernador de Texas Rick Perry y el organismo judicial watch que advertía de un ataque terrorista inminente desde Ciudad Juárez y otras ciudades del país. 1

El gobierno de México, por conducto de la secretaría de relaciones exteriores (S.R.E.), emitió el comunicado 403 de fecha 16 de septiembre de 2014, repudiando las ejecuciones de dos ciudadanos estadounidenses y uno británico, perpetradas por el grupo extremista conocido como Estado Islámico en Irak y Siria (ISIS) y expresó su solidaridad y condolencias con los pueblos y gobierno de Estados Unidos y del Reino Unido así como con los familiares de las víctimas de estos atroces crímenes. 2

No obstante, oficialmente nuestro gobierno no ha manifestado su posición en relación a la coalición contra ISIS. lo anterior a pesar de que según la lista difundida por distintos medios de comunicación como The Washington Post, CNN y otros, México destaca junto con Andorra, Bosnia, Lituania, Macedonia, Malta, Moldavia, Marruecos, Portugal, Serbia, Eslovenia, Túnez y Turquía en el rubro de países miembros de la coalición pero “sin un compromiso específico”.

Dada la relevancia de estos hechos, con fundamento en el artículo 76 fracción I de la constitución federal, es necesario que el Senado de la República conozca a detalle la posición de México ante estos hechos, el rol que jugaremos, de ser el caso, en la coalición multicitada y los alcances que podría tener para nuestro país, y así, estar en posibilidad de hacer el debido análisis de la política exterior desarrollada por el ejecutivo federal.

Por lo anterior, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION

Unico. El Senado de la República exhorta respetuosamente al ejecutivo federal a que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informe a esta Soberanía, cuál es la participación del Estado mexicano en la coalición multilateral contra el Estado Islámico en Irak y Siria (ISIS).

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 30 de septiembre de 2014.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández”.





 

De la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a que, en conjunto con el gobierno de Tamaulipas, implemente las acciones necesarias que garanticen la seguridad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como del personal que labora en todas las instituciones educativas de dicha entidad. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO DE TAMAULIPAS, SE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES, ASI COMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

"La Senadora MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Sabemos que desde hace años nuestro país ha sido azotado por una ola de delincuencia organizada, intensificándose este hecho en los últimos 12 meses en el Estado de Tamaulipas, Estado que se encuentra entre las 10 entidades más violentas de México, con un registro promedio de 36 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, en dicha entidad conforme información de la Secretaría de Gobernación, opera el Cártel del Golfo y de Los Zetas, quienes se disputan el control de municipios como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

A partir de lo anterior, cientos de familias han dejado sus residencias y ciudades natales cruzando la frontera hacia Estados Unidos.

El pasado 28 de septiembre de este año, la Secretaría de Educación de Tamaulipas, confirmó el cierre escuelas como Montessori American School y el colegio William Shakespeare, por su parte, el colegio Montessori difundió un comunicado donde anunció el cierre del plantel por amenazas y extorsiones del crimen organizado.

En el mismo sentido, la Universidad del Valle de México, denunció que dicha institución fue víctima de un atentado que puso en peligro la integridad de los estudiantes y personal tanto docente, como administrativo, ya que un comando armado irrumpió en la oficina del Rector, con fines de extorsión.

Dichas instituciones notificaron a los padres de familia, la suspensión del servicio, tras años de servicio, a partir de no contar con las herramientas necesarias que garanticen la seguridad e integridad física de menores que van de los 3 años de edad, hasta jóvenes universitarios.

El derecho a la vida, a la educación y a la seguridad de menores de edad y jóvenes que asisten no sólo a las instituciones de educación enunciadas, sino a cualquier institución de educación tanto pública como privada, y demás personas que laboran en dichos espacios, están garantizados por la Constitución, por ello es imperante que tanto el Gobierno Federal como el Gobierno de Tamaulipas, ejerzan las acciones necesarias para asegurar que no se vean interrumpidos dichos derechos, por acciones del crimen organizado y reanudar las actividades de manera normal y segura para todas y todos los Tamaulipecos.

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta a Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en coordinación con el Gobierno del estado de Tamaulipas, en el ámbito de sus competencias, implementen las acciones que garanticen la seguridad e integridad física, de todas las personas en las instituciones educativas tanto públicas como privadas y así logren reanudar las actividades lo más pronto posible en dichas Instituciones.

Suscribe

Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez”.





 

Las efemérides inscritas en el Orden del Día se insertará en el Diario de los Debates.

EFEMERIDES

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al Día Mundial del Corazón.







 

Del Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del PRI, con motivo del natalicio de José María Morelos y Pavón, ocurrido el 30 de septiembre de 1765.







 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo jueves 2 de octubre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:02 horas)

 

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

Av. Paseo de la Reforma 135,

Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,

México, Distrito Federal

Teléfonos: 53-45-30-00
Exts. 5405/5408

Internet: http://www.senado.gob.mx
Correo electrónico: diario_d@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=13&mn=1&id=2647&lg=62&anio=3