Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 23 de octubre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 34



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 30 de Abril de 2014

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: (12:38 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 85 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se abre la sesión del miércoles 30 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta minutos del día martes veintinueve de abril de dos mil catorce, encontrándose presentes ochenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del lunes veintiocho de abril de dos mil catorce.

 

La Presidencia informó de las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta fecha:

1) Se emitieron las excitativas que dispone el artículo 214 del Reglamento del Senado a las comisiones que concluyeron su plazo para la presentación de su dictamen.- Las excitativas están referidas a 69 proyectos y la relación se publicará en la Gaceta del Senado.

2) Con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, se autorizó 16 ampliaciones de plazo al mismo número de asuntos que le solicitó la Comisión de Salud para la presentación de los dictámenes respectivos.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Informe sobre el seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y del Vigésimo Tercer Periodo Extraordinario de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, titulado "La Mujer en el año 2000: Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI", dentro del 58 Periodo de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y social de la Mujer, que se llevó a cabo del 10 al 20 de marzo del año en curso, en Nueva York.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Arely Gómez González, el Informe Anual de Actividades del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, correspondiente a 2013.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento expedido a favor del ciudadano Jorge Carlos Hurtado Valdez, como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y de los Senadores Layda Sansores San Román y Luz María Beristáin Navarrete, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Prohibición de la fractura hidráulica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, a nombre propio y de los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Alvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Jesús Casillas Romero, Raúl Aarón Pozos Lanz, Ricardo Barroso Agramont y Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Insolvencia Familiar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de denuncia popular.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, a nombre propio y de los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Marcela Guerra Castillo, Layda Sansores San Román, Adriana Dávila Fernández, Zoé Robledo Aburto, Humberto Mayans Canabal, Eviel Pérez Magaña, Gabriela Cuevas Barrón, Adán Augusto López Hernández, Luz María Beristáin Navarrete, María Marcela Torres Peimbert y Sofío Ramírez Hernández, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el artículo 30 bis de la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Ernesto Gándara Camou, a nombre propio y de los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, María Verónica Martínez Espinoza, María Cristina Díaz Salazar, Fernando Mayans Canabal, Miguel Romo Medina, Graciela Ortiz González, Luis Miguel Barbosa Huerta, Armando Ríos Piter y César Octavio Pedroza Gaitán, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en materia de publicación de calorías en los menús de las cadenas de restaurantes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 20 de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XIV Bis al artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se reforman y adicionan la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de audiencia.- El dictamen se acompaña del voto particular del Senador Benjamín Robles Montoya. Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de garantías.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de San José, Costa Rica, el diecinueve de febrero de dos mil trece.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lecturaun dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la Ciudad de Manama, el veintinueve de noviembre de dos mil doce.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado en la Ciudad de México, el veintidós de febrero de dos mil trece.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de decreto por el que se aprueban las Enmiendas al artículo 3, en sus apartados “b) y c)” del Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania, firmado ad referéndum por el Embajador de la República Federal de Alemania en México y por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 2012, teniendo como antecedente elConvenio suscrito el 8 de octubre de 1997.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea cinco dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, los siguientes instrumentos internacionales:

1) Protocolo que Modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Bélgica para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado ad referéndum en la Ciudad de México, el 26 de agosto de 2013.

2) Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Principado de Liechtenstein para el Intercambio de Información en Materia Tributaria y su Protocolo, firmado ad referéndum en Washington, D.C. el 20 de abril de 2013.

3) Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos, respecto de Aruba, para el Intercambio de Información con respecto a los Impuestos, firmado ad referéndum en la Ciudad de México, el 18 de julio de 2013.

4) Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Malta para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Roma, el 17 de diciembre de 2012.

5) Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Gibraltar para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, firmado ad referéndum en la Ciudad de México el 9 de noviembre de 2012 y el 29 de noviembre de 2012 en Gibraltar.

Intervinieron los Senadores: Rabindranath Salazar Solorio, para presentar los dictámenes, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa; Gabriela Cuevas Barrón, para presentar los cinco instrumentos, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores. Los cinco instrumentos internacionales fueron aprobados por 100 votos en pro. Se remitieron al Ejecutivo Federal.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Luis Arturo Puente Ortega, como Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos en Shanghai, República Popular China.- Intervinieron los Senadores: Teófilo Torres Corzo, para presentar el dictamen, por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y Gabriela Cuevas Barrón, para presentar el dictamen, por la Comisión de Relaciones Exteriores. Fue aprobado por 97 votos en pro. El cónsul rindió su protesta de ley.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, los siguientes puntos de acuerdo:

1) Por el que se aprueba el nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan de Dios Castro Lozano, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.- Intervinieron los Senadores: Isidro Pedraza Chávez del PRD; y Marco Antonio Blásquez Salinas del PT. Fue aprobado por 62 votos en pro, 3 en contra y 15 abstenciones. El magistrado rindió su protesta de ley.

2) Por el que se aprueban los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos David Gustavo Bustos Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, Rolando Javier García Martínez y Fabiola Montes Vega, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.- Sin discusión, fue aprobado por 78 votos en pro y 1 en contra. Los magistrados rindieron su protesta de ley.

3) Por los que se aprueban los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos Ramón Ignacio Cabrera León y Gabriela María Chaín Castro, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.- Sin discusión, fue aprobado por 87 votos en pro y 1 abstención. Los magistrados rindieron su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de reciclamiento de neumáticos.- Intervino el Senador Zoé Robledo Aburto, por las comisiones, para presentar el dictamen. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador Benjamín Robles Montoya entregó su intervención sobre este dictamen, el cual se integrará al Diario de los Debates. El decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 82 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el dos de diciembre de dos mil cuatro, para los efectos jurídicos y diplomáticos a que haya lugar.- Intervino la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, por las comisiones, para presentar el dictamen. El decreto fue aprobado por92 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Turismo a implementar estrategias que consideren y fortalezcan las políticas relacionadas al turismo lésbico, gay, bisexual y transexual.- Intervino la Senadora Luz María Beristáin Navarrete del PRD.

2) Que exhorta a diversas secretarías de Estado a implementar un mecanismo de trabajo en el seno de la mesa de Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación Institucional con los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los Municipios, a fin de que los objetivos que se ha planteado el Gabinete Turístico del Gobierno Federal sean más fructíferos y equitativos con las regiones de la República Mexicana.

Los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Geografía y Estadística a que, en el próximo Conteo de Población, se modifiquen los formatos empleados en los cuestionarios, a fin de obtener con mayor precisión el volumen total de la población indígena en el territorio nacional.- Intervinieron los Senadores: Eviel Pérez Magaña, por la comisión, para presentar el dictamen; Isidro Pedraza Chávez del PRD; Rosa Adriana Díaz Lizama del PAN. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Sen. Benjamín Robles Montoya entregó su intervención, la cual se integró al Diario de los Debates. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a llevar a cabo el cambio tecnológico y de combustibles en diversas centrales de combustión interna del estado de Baja California Sur.- Intervino el Senador Carlos Mendoza Davis del PAN. Fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE LA SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea seis dictámenes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a promover ante la Organización de las Naciones Unidas la elaboración de una convención amplia e integral que establezca medidas y principios en materia de protección de los derechos humanos, la independencia, atención, autorrealización, dignidad y participación de las personas de edad.

2) Que exhorta a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a los gobiernos del Distrito Federal y de sus demarcaciones territoriales, a fortalecer sus programas y políticas públicas enfocadas a la promoción, protección, respeto y seguridad de niñas, niños y adolescentes; personas adultas mayores, y personas con discapacidad.

3) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a promover ante la Organización de las Naciones Unidas que el 25 de octubre de cada año se conmemore el Día Mundial de las Personas de Talla Pequeña.

4) Que exhorta al Ejecutivo Federal a firmar los acuerdos de cooperación necesarios con las empresas que prestan el servicio de internet, con la finalidad de implementar mecanismos de seguridad que impidan el acceso a los sitios web que contengan, promuevan, difundan o vinculen pornografía infantil.

5) Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre las acciones que está implementando en la frontera norte de nuestro país, en relación a la explotación y utilización de niñas, niños y adolescentes en el tráfico de personas y de drogas de México hacia los Estados Unidos de Norteamérica.

6) Por el que se solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación un informe sobre las acciones y campañas que está implementando para proteger a los grupos sociales vulnerables.

Intervinieron los Senadores: Hilda Esthela Flores Escalera, por la comisión, para presentar el dictamen; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD para referirse a los dictámenes; Itzel Ríos De La Mora del PRI, para referirse al dictamen sobre personas de talla pequeña; Angélica de la Peña Gómez del PRD, para referirse a los dictámenes sobre pornografía infantil y sobre tráfico de personas; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, para referirse a los dictámenes sobre personas de talla pequeña y sobre tráfico de personas. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el Senador David Monreal Avila entregó su intervención sobre el dictamen en torno a los grupos sociales vulnerables, la cual se integró al Diario de los Debates. Los seis dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

Se recibió de la Comisión de Seguridad Pública, dictamen con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Jorge Carlos Hurtado Valdez, como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- La Asamblea autorizó su incorporación en el Orden del Día de la Sesión. Intervino el Senador Omar Fayad Meneses, por la comisión, para presentar el dictamen. Fue aprobado por 91 votos a favor y 2 abstenciones. El funcionario rindió su protesta de ley.

 

Se recibió de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, dictamen con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Luis Javier Campuzano Piña, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Noruega.- Intervinieron los Senadores: Gabriela Cuevas Barrón, por la Comisión de Relaciones Exteriores, para presentar los dictámenes; Rabindranath Salazar Solorio, por la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, para referirse a los dictámenes. Fue aprobado por 84 votos en pro. El embajador rendirá su protesta de ley en sesión posterior.

 

Se recibió de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, dictamen con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Agustín Gasca Pliego, como Embajador de México en el Reino de Suecia y, en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Letonia y Lituania.- Sin discusión, fue aprobado por 89 votos en pro. El embajador rendirá su protesta de ley en sesión posterior.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 11 bis a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y se adiciona un artículo 4 bis 2 y se recorre la secuencia de los artículos 4 bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que, a través de su dirección local en San Luis Potosí, realice un diagnóstico actualizado sobre el estado que guardan doce presas consideradas de alto riesgo en el estado.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Fernando Salazar Fernández, Salvador Vega Casillas, Fernando Torres Graciano, María del Pilar Ortega Martínez, Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Yunes Márquez, César Octavio Pedroza Gaitán y Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a modificar los criterios nutricionales incluidos en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Etiquetado Frontal y de Uso del Distintivo Nutrimental para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, publicado el 15 de abril de 2014.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a difundir los alcances y proyecciones de la reforma energética, dando especial énfasis a atender las preguntas en torno a este tema, expresadas públicamente por el ciudadano Alfonso Cuarón Orozco.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar los mecanismos para seleccionar a las empresas encargadas en prestar el servicio de parquímetros.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre incluir en su próxima selección a diversos municipios de San Luis Potosí, a efecto de que sean beneficiados por esta iniciativa federal.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita la intervención del Secretario de Gobernación y del Procurador General de la República para velar por el pleno respeto de la libertad de expresión de las periodistas Carmen Aristegui y Denise Dresser y a iniciar acción legal en contra de quienes resulten responsables.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a rendir un informe especificando cuál será la disminución del aporte de renta petrolera y de utilidades de la industria energética como ingresos públicos, y como se revertirá la problemática derivada de la estimación del precio del barril de petróleo exportado.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo acciones emergentes para evitar el desbordamiento de la Laguna Negra, en el municipio de Tixtla en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con cuarenta minutos y citó a la siguiente sesión ordinaria el miércoles treinta de abril a las once horas.

 

Fin de la sesión”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.






SECRETARIA DE GOBERNACION

Informo a la Asamblea que este día el titular del Poder Ejecutivo Federal entregó en el Senado de la República, los siguientes nuevos proyectos en materia energética:

1. Decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica.








2. Decreto por el que se expide la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.








3. Decreto por el que se expide la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.








4. Decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos, y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.








5. Decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera; Ley Minera, y Ley de Asociaciones Público y Privadas.








6. Decreto por el que se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.








El Ejecutivo Federal también remitió los tres siguientes proyectos de Decretos:

1. Decreto por el que se expide el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.








2. Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de   Coordinación Fiscal.








3. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública.



Dichos proyectos, por su contenido, se colocan en los supuestos del inciso h) del artículo 72 constitucional, por lo que deben de iniciar su proceso legislativo en la Cámara de Diputados, y ya se cumplió con su remisión a la Colegisladora.

Todos los proyectos de Decreto están publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día; y si es de su interés, pueden solicitar copia de formato electrónico.

Continúe la Secretaría, por favor.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, con la que remite el informe de su participación a la 52ª Reunión del Comité Director Europeo sobre la Juventud y a la 30ª Reunión del Consejo Adjunto de la Juventud, que se llevaron a cabo del 24 al 26 de marzo del año en curso, en Budapest, Hungría.








Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, con la que remite el informe de su participación en la 7ª Edición del Foro Urbano Mundial, celebrado del 7 al 11 de abril de 2014, en Medellín, Colombia.








De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, con la que remite el informe de la gira de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, por Ecuador, Perú, Chile y Brasil, en enero de este año.








De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, con la que remite el informe de actividades de la Comisión de Derechos Humanos.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO NACIONAL PARA LA
EVALUACION DE LA EDUCACION

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, su informe de actividades y del ejercicio del gasto corriente al año 2013, y el informe 2014, denominado “El derecho a una educación de calidad”

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Remítase dicha documentación a la Comisión de Educación.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal y el artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Merodio Reza: La Cámara de Diputados remite un oficio con el que devuelve el expediente del proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

"2014, Año de Octavio Paz"
CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-8-3362
EXP.: 3285/2a

CC. Secretarios de la
Cámara de Senadores
Presentes

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se resuelve devolver a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

México D. F. a 28 de abril de 2014

Dip. Magdalena Del Socorro Núñez Monreal

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos.






PROTESTA DE LEY

Compañeros Senadores, a partir de la aprobación, el día de ayer, de nombramientos de personal diplomático, procederemos hoy a la toma de protesta de los señores Luis Javier Campuzano Piña, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en el Reino de Noruega y Agustín Gasca Pliego, como Embajador de los Estados Unidos Mexicanos en el Reino de Suecia.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Luis Javier Campuzano Piña, por lo que solicito a los Senadores Oscar Román Rosas González, Gabriela Cuevas Barrón, Luz María Beristain Navarrete y Layda Sansores San Román, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Les pido ponerse de pie.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Ciudadano Luis Javier Campuzano Piña: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en el Reino de Noruega, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

- El C. Luis Javier Campuzano Piña: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades señor Embajador!

(Aplausos)

Le deseamos éxito en su encargo, señor Embajador.

Le solicito a la comisión designada acompañe al señor Embajador Campuzano Piña, cuando desee retirarse del salón.

(La comisión cumple)

Sonido en el escaño del Senador Francisco García Cabeza de Vaca.

- El C. Senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Preguntarle, el pasado 11 de marzo, el de la voz presentó un punto de Acuerdo con respaldo del grupo parlamentario del PAN, donde se exhorta al Ejecutivo Federal a que el gobierno del estado de Tamaulipas implemente una estrategia integral de seguridad pública, misma que se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

El día de ayer venía ya agendado ese dictamen, ya fue aprobado, pero me llama la atención que el día de hoy no aparece en la Gaceta Parlamentaria. Nada más para ver si sabe la Mesa Directiva el motivo por el cual fue retirado un tema que hoy en día nos preocupa y nos ocupa a todos los tamaulipecos, y que bien valdría la pena que este Senado se pronunciara.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Ahorita le pregunto a la Secretaría de Servicios Parlamentarios y le informo, permítame desahogar el trámite de toma de protesta del Embajador, lo vemos ahorita y se lo resuelvo.

- El C. Senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Procederemos ahora a la toma de protesta del ciudadano Agustín Gasca Pliego.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Simplemente para comentar respecto del asunto que hace señalamiento el Senador García Cabeza de Vaca. Efectivamente, es un asunto aprobado en la Comisión de Seguridad Pública, turnado a la Mesa Directiva en tiempo y forma.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Fayad Meneses.

Vamos a continuar el trámite, y seguramente se va a resolver, lo van a ver con Servicios Parlamentarios, como ya se lo había ofrecido al Senador.

Procederemos ahora a la toma de protesta del ciudadano Agustín Gasca Pliego, como Embajador de México en el Reino de Suecia.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Agustín Gasca Pliego, por lo que solicito a los Senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo, Hilda Esthela Flores Escalera, Mariana Gómez del Campo Gurza, Luz María Beristain Navarrete, Ana Gabriela Guevara Espinoza y María Elena Barrera Tapia, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Favor de ponerse de pie.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadoras y Senadores.

Ciudadano Agustín Gasca Pliego: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se la ha conferido de Embajador de los Estados Unidos Mexicanos en el Reino de Suecia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Letonia y Lituania, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

- El C. Agustín Gasca Pliego: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Embajador!

(Aplausos)

Le desea el Senado de la República éxito en su encargo, y le pido a la comisión designada lo acompañe a retirarse del salón cuando él lo desee.

Senador García Cabeza de Vaca, el asunto a que hizo usted referencia por una omisión de la Secretaría Parlamentaria no se inscribió en el Orden del Día. En atención a la aclaración del Senador García Cabeza de Vaca, el asunto queda incorporado para su discusión en la agenda de hoy.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes que tenemos para primera lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy cuenta con los dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de los elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para participar en el Ejercicio Combinado "TEAMWORK SOUTH 2014", que se llevará a cabo del 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2014, así como en la "EXPONAVAL-TRANSPORT 2014", que se llevará a cabo del 3 al 5 de diciembre de 2014, en el Puerto de Valparaíso, Chile.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MEXICO FUERA DE LOS LIMITES DEL PAIS PARA PARTICIPAR EN EL EJERCICIO COMBINADO "TEAMWORK SOUTH 2014", QUE SE LLEVARA A CABO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014, ASI COMO EN LA "EXPONAVAL-TRANSPORT 2014", QUE SE LLEVARA A CABO DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014, EN EL PUERTO DE VALPARAISO, CHILE

(Dictamen de primera lectura)








Seis de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, que contienen proyectos de Decreto:

Por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, para autorizar al gobierno federal a efectuar una aportación a la Asociación Internacional de Fomento.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 2o. DE LA LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCION EN MEXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO, PARA AUTORIZAR AL GOBIERNO FEDERAL A EFECTUAR UNA APORTACION A LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

El 4 de julio de 2012, fue turnada por la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, suscrita por el Ejecutivo Federal.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I;174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1;178; 182; 183, párrafos 1 y 2;184; 186; 187, y 190, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la Iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del tema de la Iniciativa de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 189; 190, párrafo 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de la República se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En sesión de la Comisión Permanente de fecha 4 de julio de 2012,el Ejecutivo Federal,  en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento

2. En esta misma fecha la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, mediante oficio número CP2R3A.-1326, turnó la Iniciativa antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

3. En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos, a efecto de analizar y valorar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus consideraciones de orden general y específico a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

Propone la reforma al artículo 2 de la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1960, modificada por decretos de los años 1981, 1983, 1984, 1988, 1990, 1993, 1997, 2001, 2008 y 2009, mediante lo cual se propone autorizar al Gobierno Federal para que por conducto del Banco de México efectúe la aportación de 66´140,000 (sesenta y seis millones ciento cuarenta mil)Derechos Especiales de Giro.

Asimismo, se autoriza al Ejecutivo Federal para actualizar las aportaciones a que se refiere la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento (AIF).

III. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA

La Iniciativa en dictamen, expone entre otras consideraciones, las siguientes:

La Asociación Internacional de Fomento, conocida por sus siglas AIF, es un Organismo Financiero Internacional filial del Grupo Banco Mundial, creado en el año de 1960 con el propósito de ayudar a elevar el nivel de vida de los países miembros en desarrollo más pobres, a través del otorgamiento de asistencia financiera y técnica en términos concesionales.

Durante los últimos años, la Asociación Internacional de Fomento se ha constituido como uno de los principales proveedores de financiamiento concesionario a los países en pobreza extrema. Desde su creación en 1960, la AIF ha otorgado financiamiento por valor de 222 mil millones de dólares americanos a 108 países. La cifra anual de créditos concedidos ha aumentado en forma constante y ha ascendido, en promedio, a unos 16 mil millones de dólares americanos durante los últimos tres años.

En la actualidad, 82 países pueden tener acceso a recursos de la AIF, los cuales en conjunto albergan a 2,800 millones de personas, la mitad de la población total del mundo en desarrollo. De esa cifra, se estima que 1,800 millones viven con ingresos de 2 dólares americanos al día o menos.

En este contexto, la Asociación Internacional de Fomento es una de las mayores fuentes de asistencia para los países de mayor pobreza en el mundo, 40 de los cuales se encuentran en Africa. Los créditos de la Asociación no devengan intereses y el reembolso se extiende por un período de 25 a 40 años, incluido un período de gracia de 10 años; además, otorga donaciones a los países en riesgo de sobreendeudamiento y brinda, asimismo, servicios financieros y de conocimientos a los países clientes para apoyar sus prioridades y necesidades.

Areas como la educación primaria, servicios de salud básicos, agua potable y saneamiento, salvaguardas medioambientales, mejoras en el clima para los negocios, infraestructura y reformas normativas e institucionales, son las que reciben el financiamiento que otorga la Asociación. Con estos proyectos, se busca facilitar el camino hacia el crecimiento económico, la creación de empleos, mayores ingresos y mejores condiciones de vida para las personas en mayor pobreza.

Los recursos con los que opera la Asociación Internacional de Fomento provienen principalmente de las aportaciones que hacen los gobiernos de los países donantes, los cuales se complementan con los reembolsos de los créditos pendientes, los ingresos de las inversiones de la Asociación y las transferencias que realizan el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), miembros también del Grupo del Banco Mundial.

Hasta el año 2010, el número de donantes, que ha ido en aumento, suma 52 países, en los que se encuentran países desarrollados como Estados Unidos y el Reino Unido, así como países en desarrollo de ingreso mediano como es el caso de México, Brasil, Argentina y Chile.

Con objeto de hacer más eficiente el uso y destino de sus recursos, la Asociación Internacional de Fomento realiza sus asignaciones con base en indicadores de desempeño, monitoreo y evaluación de resultados, las cuales son revisadas en el marco de cada reposición de recursos. De esta forma, de 1970 a 1998 se alcanzaron más avances en el combate a la pobreza y el incremento en la calidad de vida que en ningún otro período en la historia. A manera de ejemplo puede citarse que, según datos publicados por la Asociación en su informe "Aumento de los Recursos de la AIF: Decimosexta Reposición, AIF: Dando Resultados de Desarrollo" (documento que se encuentra disponible en la página del Banco Mundial), en el segmento de países que han sido apoyados por la Asociación, el producto interno bruto real per cápita aumentó 5.8% al año entre 2005 y 2008.

Este fuerte crecimiento se asocia a una reducción de la pobreza, la proporción de gente viviendo con menos de 1.25 dólares americanos al día bajó al 42.4% en 2005, (año de referencia para esta reposición de recursos) comparado con el 51.4% en 1990 y 46.4% en 2002. Adicionalmente, 105 millones de niños se han beneficiado de las mejoras en la calidad de la educación y en las instalaciones educativas, 47 millones de personas se han beneficiado de servicios de salud básica, nutrición y población, 310 millones de niños fueron inmunizados, 113 millones de personas tuvieron acceso a una fuente de agua mejorada y 5.8 millones tuvieron acceso a instalaciones sanitarias mejoradas. Asimismo, en los últimos cinco años, la Asociación ha ayudado a mejorar los sistemas de manejo del sector público y de presupuesto del Gobierno en más de la mitad de sus países elegibles y ha mejorado el manejo financiero y el acceso a la información en cerca de un tercio de sus miembros.

Los avances con respecto a las reformas regulatorias han sido sólidos en cuanto a la reducción de obstáculos al desarrollo del sector privado y su acceso a la infraestructura básica, donde el registro de nuevas empresas se redujo alrededor del 25% en costo y 20% en tiempo, haciéndolo menos costoso y más rápido. En cuanto al acceso a servicios, el avance ha sido significativo, en 2004 únicamente el 55% de los hogares de los países miembros de la Asociación gozaban de electricidad; en 2007 el 62% ya cuenta con ella. De 1990 a 2006, la población con acceso a una fuente mejorada de agua subió del 63% al 77%. Por lo que respecta a los avances en materia de desarrollo humano han sido un poco más lentos, particularmente en materia de mortalidad materna e infantil y acceso universal a la salud reproductiva, sin embargo, se han logrado avances en la detención y reversión de enfermedades como el VIH y el paludismo; así como un aumento en la tasa de culminación de educación primaria, la cual alcanzó el 80.4% de los niños en edad de graduarse.

No obstante, aún y cuando ya han transcurrido dos tercios del período (hasta el año 2015) fijado como meta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, quedan enormes desafíos por superar. Es por ello, que con el fin de avanzar en los retos futuros, la Asociación Internacional de Fomento se ha establecido como objetivo que los países que asiste alcancen las Metas de Desarrollo del Milenio acordadas por diversos países en la Conferencia Internacional sobre Financiamiento al Desarrollo celebrada en México en 2002.

Con este propósito, la Asociación está otorgando asistencia a través de más de 1,000 proyectos distribuidos principalmente en Africa, Sur de Asia, Este de Europa y en algunos países latinoamericanos como es el caso de Bolivia, Haití, Honduras y Nicaragua, en los cuales las operaciones están dirigidas, en su mayoría, al combate a la pobreza extrema a través del fortalecimiento de las instituciones de desarrollo nacionales; y proyectos sociales en rubros como salud, educación básica, energía, tecnología agrícola y manejo de desastres.

Nuestro país ha sido miembro de la Asociación Internacional de Fomento desde su establecimiento y sus relaciones con la misma quedaron señaladas en la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de dicha Asociación de fecha 30 de diciembre de 1960, misma que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del mismo año.

La participación inicial de México en el capital de la Asociación fue de 8´740,000.00 (ocho millones setecientos cuarenta mil) dólares americanos, lo que correspondió al 0.874% del total, quedando abierta la posibilidad de aumentarse los recursos por acuerdo de la Asamblea de Gobernadores de este organismo.

A la fecha de presentación de esta Iniciativa, se han realizado dieciséis reposiciones de recursos incluyendo la que contiene la presente iniciativa de Decreto dirigida respetuosamente a este Honorable Congreso de la Unión, y se está gestando ya la reposición número diecisiete. Para la primera y segunda sólo se solicitó la aportación de los países desarrollados. En la tercera y cuarta se invitó a los países en desarrollo, miembros de la Asociación, para que efectuasen contribuciones adicionales de recursos. Sin embargo, en estas ocasiones México no participó.

Fue al inicio de la década de los 80, en la que México reinicia sus participaciones con la quinta y subsecuentes reposiciones de capital de la Asociación, las cuales fueron debidamente autorizadas por el H. Congreso de la Unión por los Decretos del 27 de diciembre de 1980, 21 de diciembre de 1981, 11 de octubre de 1983, 21 de noviembre de 1984, 22 de diciembre de 1987, 14 de julio de 1990, 6 de julio de 1993, 16 de abril de 1997, 30 de abril de 2001, 6 de noviembre de 2008 y 11 de diciembre de 2008 publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1981, 28 de diciembre de 1981, 4 de noviembre de 1983, 24 de diciembre de 1984, 19 de enero de 1988, 26 de julio de 1990, 16 de julio de 1993, 7 de mayo de 1997, 01 de junio de 2001, 30 de diciembre de 2008 y 22 de enero de 2009 respectivamente.

Es importante señalar que, para evitar la erosión del valor real de las reposiciones debido a las fluctuaciones cambiarias de las monedas de los países donantes, a partir de la sexta reposición, la Asociación Internacional de Fomento ha venido otorgando sus créditos en Derechos Especiales de Giro, solicitando de igual manera el apoyo de los países para denominar sus contribuciones en los referidos Derechos Especiales de Giro, a fin de evitar la pérdida del valor real de las contribuciones, así como brindar un marco de referencia estable para sus operaciones de financiamiento.

Durante el período de la XV Reposición de Recursos de la Asociación, sus países miembros atestiguaron una rápida sucesión de crisis (de precios de los alimentos y combustibles, y más recientemente la crisis económica global). Adicionalmente, varios de los países miembros de la Asociación fueron severamente impactados por desastres naturales, incluyendo terremotos, huracanes e inundaciones. En particular, la crisis financiera (2008-2009) ha reducido drásticamente el crecimiento de sus países miembros, a través de la reducción en las ganancias por exportaciones, remesas, turismo e inversión extranjera directa, entre otros.

El crecimiento promedio del producto interno bruto (PIB) en los países en desarrollo descendió de 8.1% en el período pre-crisis (2006-2007) a 3.4% durante la crisis (2008-2009). El crecimiento en Africa Sub-Sahariana y Asia del Sur (dos de las regiones con la concentración más alta de pobreza) decrecieron de 6.7% y 8.7% en el período pre-crisis a 3.1% y 5.1% durante la crisis, lo cual está por debajo de las tasas necesarias para reducir significativamente la pobreza. Es por ello que las operaciones de la Asociación son tan relevantes: solo en 2013, los compromisos de AIF para apoyar proyectos en materia de salud, educación, agricultura, transporte, energía, agua, entre otros, fueron de aproximadamente  16,300 millones de dólares americanos.

La Asamblea de Gobernadores de la Asociación Internacional de Fomento reconoció que el período de la Decimosexta Reposición de Recursos es el último previo al objetivo de 2015 para alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio y que será un tiempo crítico para otorgar asistencia a los países de la Asociación para ayudarlos en sus esfuerzos para alcanzar dichas metas para el 2015. Con ese fin y para dar continuidad a su mandato de reducir la pobreza extrema, mediante resolución 227 del 26 de abril de 2011, aprobó la Decimosexta Reposición de Recursos de este organismo, por un monto de 32,800'000,000 (treinta y dos mil ochocientos millones) Derechos Especiales de Giro, mismos que serán utilizados para cubrir su programa de operaciones durante el período comprendido entre los ejercicios 2011 y 2014.

México contribuirá en esta Reposición con el 0.29% del total de las aportaciones de los donantes; esto es 66'140,000 Derechos Especiales de Giro.

La aportación de nuestro país a la Decimosexta Reposición de Recursos de la Asociación Internacional de Fomento constituye un elemento importante dentro de las relaciones globales de México con el Grupo del Banco Mundial, además de representar una medida concreta de apoyo al fortalecimiento de la asistencia que brindan las instituciones financieras multilaterales y de ser un factor determinante en la generación de una corriente de recursos financieros concesionales que favorecen el proceso de desarrollo de los países que carecen de acceso a recursos financieros en el mercado internacional en términos razonables.

Adicionalmente, México como economía emergente y país de ingreso medio, juega un papel no sólo como receptor de recursos de los organismos financieros internacionales, sino también como donante para apoyar el desarrollo de países de menor ingreso. En este sentido, la participación de México en la Asociación Internacional de Fomento es una muestra importante de solidaridad con los países de menor grado de desarrollo económico y contribuye a lograr una mayor integración y cooperación de la comunidad.

Asimismo, las contribuciones de México se enmarcan dentro de la relación con el Banco Mundial, donde como país de ingreso medio juega un papel de liderazgo en la conformación de la política de desarrollo de esta institución.

De igual modo, constituye una medida concreta de apoyo al "Consenso de Monterrey" impulsado por nuestro país en el marco de la Conferencia Internacional sobre Financiamiento al Desarrollo celebrada en México en el año 2002, el cual entre otras cosas, establece que la ayuda oficial al desarrollo juega un rol esencial como complemento de otras fuentes de financiamiento al desarrollo, en especial en aquellos países con menor capacidad para atraer inversión extranjera directa.

Además mejora el entorno económico para la actividad del sector privado y es un instrumento crucial para apoyar la educación, la salud, la infraestructura pública, la agricultura, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Adicionalmente, propone que los países en desarrollo reciban apoyo de los organismos financieros internacionales para alcanzar al menos los indicadores sociales básicos que se postulan en las Metas de Desarrollo de la Declaración del Milenio.

Aunado a todo lo anterior, como parte de la membresía en diferentes bancos multilaterales de desarrollo, nuestro país ha recibido apoyo cuando ha atravesado situaciones económicas difíciles, por lo que se espera una reciprocidad hacia los países de menor ingreso, la cual se ve reflejada al ser miembro de la Asociación.

Consecuentemente, que México deje de cumplir con el compromiso indicativo que realizó para esta ronda de reposición número XVI, sujeto a la aprobación de esta H. Cámara de Senadores, implicaría un daño en la imagen internacional de nuestro país, además que el poder de voto de México dentro de la Asociación se vería disminuido. Por último, es importante subrayar que la Asociación Internacional de Fomento constituye un elemento fundamental dentro de la Iniciativa de la comunidad financiera internacional, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para apoyar el Programa de Reducción de la Deuda de los Países Pobres Altamente Endeudados y la Iniciativa de Condonación de Deuda Multilateral, ya que la ejecución de estos mecanismos de alivio financiero se lleva a cabo a través de este organismo.

IV. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES, A LA INICIATIVA

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187;188; 189, y190,del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, resultan competentes para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas consideran adecuada la Iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal, en virtud de la importancia de la participación de México en la reposición de recursos a la Asociación Internacional de Fomento, institución que constituye un elemento fundamental en la comunidad financiera internacional para apoyar el Programa de Reducción de la Deuda de los Países Pobres Altamente Endeudados y la Iniciativa de Condonación de Deuda Multilateral, ya que la ejecución de estos mecanismos de alivio financiero se lleva a cabo a través de este organismo.

TERCERA. Adicionalmente las Comisiones Unidas, consideran la importancia de la participación de México en el incremento de capital por lo siguiente:

1. La participación de México en la AIF es congruente con el Quinto Eje de Gobierno del Ejecutivo Federal, que busca “lograr que México sea un actor con responsabilidad global. Un país con participación propositiva en el mundo, dispuesto a fomentar la cooperación entre las naciones, con una diplomacia moderna e innovadora. México debe contribuir a la estabilidad en un mundo convulso, una voz que se escuche, una voz que defienda la libertad y promueva un orden más justo y un mundo sustentable en el Siglo XXI.”

2. De igual manera, la participación de México en la AIF es acorde a las acciones propuestas por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.

3. México como economía emergente y país de ingreso medio, juega un papel no sólo como receptor de recursos de los organismos financieros internacionales, sino también como líder emergente en la economía mundial y como donante para apoyar el desarrollo de países de menor ingreso. En este sentido, la participación de México en AIF es una muestra importante de solidaridad con los países de menor grado de desarrollo económico y contribuye a lograr una mayor integración y cooperación de la comunidad.

4. Las contribuciones de México se enmarcan dentro de la relación con el Grupo del Banco Mundial, donde como país de ingreso medio-alto tiene un papel de liderazgo en la conformación de la política de desarrollo de esta institución. Como parte de la membresía en diferentes bancos multilaterales de desarrollo, nuestro país ha recibido apoyo cuando ha atravesado situaciones económicas difíciles, por lo que se espera una reciprocidad hacia los países de menor ingreso, la cual se ve reflejada al ser miembro de AIF.

5. Es menester destacar que si bien nuestro país no puede beneficiarse de los créditos concesionales otorgados por la AIF, la operación de los mismos se ejecuta mayormente a través de empresas que trabajan para los gobiernos de las naciones menos desarrolladas, mismas que obtienen los contratos mediante la participación en licitaciones. En dichas licitaciones se dará preferencia a aquellas empresas de la nacionalidad de los países donantes de la AIF.  Por lo tanto, las aportaciones de México permitirían que las empresas mexicanas puedan expandir sus operaciones a este tipo de naciones, compitiendo por estos contratos para la implementación de proyectos y programas financiados, en todo o en parte, por la AIF.

6. En el caso de que México dejase de participar en la recapitalización de la Asociación, produciría una mala imagen al país, de no cumplir con sus obligaciones y compromisos acorde a su estatus en el concierto de las naciones.

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Unidas que suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 2 DE LA LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCION EN MEXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO.

ARTICULO PRIMERO- Se reforma el Artículo 2 de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1960, modificada por Decretos publicados en el propio Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1981, 28 de diciembre de 1981, 4 de noviembre de 1983, 24 de diciembre de 1984, 19 de enero de 1988, 26 de julio de 1990, 16 de julio de 1993, 7 de mayo de 1997, 01 de junio de 2001, 30 de diciembre de 2008 y 22 de enero de 2009 para quedar como sigue:

“ARTICULO 2.- Se autoriza al Gobierno Federal para que por conducto del Banco de México efectúe la siguiente aportación a la Asociación Internacional de Fomento hasta por el equivalente en Derechos Especiales de Giro, que a continuación se indica:

a) 66´140,000 (sesenta y seis millones ciento cuarenta mil), por concepto de suscripción adicional correspondiente a la Décimo extra Reposición de Capital, cantidad que se adicionaría a las suscripciones anteriores efectuadas por nuestro país”.

ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para actualizar las aportaciones a que se refiere la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 30 de abril de 2014.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.






Por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 3o. y se reforma el artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución, para autorizar al gobierno federal a efectuar la suscripción de acciones o partes sociales del Banco de Desarrollo del Caribe.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 3o. Y SE REFORMA EL ARTICULO 4o. DE LA LEY QUE APRUEBA LA ADHESION DE MEXICO AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE Y SU EJECUCION, PARA AUTORIZAR AL GOBIERNO FEDERAL A EFECTUAR LA SUSCRIPCION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE Y SU EJECUCION

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

En sesión ordinaria de fecha 20 de noviembre de 2012, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 3o. y se reforma el artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución, suscrita por el Ejecutivo Federal.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I;174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1, y 2;184; 186; 187, y 190, párrafo 1,fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración dela Iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del tema de la iniciativa de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 189, y 190, párrafo 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria de fecha 20 de noviembre de 2012, el Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confieren el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 3o. y se reforma el artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, mediante oficio número DGPL-1P1A.-2205, turnó la Iniciativa antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

3. En sesión ordinaria, los integrantes de estas Comisiones Unidas, realizaron diversos trabajos, a efecto de analizar y valorar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus consideraciones de orden general y específico a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

Propone que se autorice al Gobierno Federal, para que por conducto del Banco de México, efectúe la suscripción de acciones o partes sociales del Banco de Desarrollo del Caribe hasta por el equivalente a 28'210,000 (veintiocho millones doscientos diez mil) dólares americanos, de los cuales, serían pagaderos en efectivo 6'206,000 (seis millones doscientos seis mil) dólares americanos.

Asimismo, que el monto total aportado por México al Fondo Especial de Desarrollo de la cantidad de 29´333,000 aumente a 32´333,000 (treinta y dos millones trescientos treinta y tres mil) dólares americanos.

III. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA

La Iniciativa en dictamen, expone entre otras consideraciones, las siguientes:

Como parte del desarrollo regional impulsado a finales de la década de los sesenta, se constituyó el 18 de octubre de 1969, como institución financiera internacional, el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), iniciando sus operaciones el 26 de enero de 1970, cuyo objetivo plasmado en el artículo primero de su Convenio Constitutivo alinea su finalidad de contribuir al crecimiento económico armónico y desarrollo de los países miembros en el Caribe, así como promover la cooperación económica e integración de los mismos, poniendo especial énfasis en las necesidades de los países menos desarrollados de la región.

Actualmente, el Banco cuenta con 27 países y territorios miembros, de los cuales 19 son miembros regionales prestatarios (Anguilla, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, St. Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago e Islas Turcas y Caicos), tres son miembros regionales no prestatarios (Colombia, México y Venezuela) y cinco son miembros extrarregionales (Canadá, China, Alemania, Italia y Reino Unido).

Si bien es cierto que la estructura regional de apoyo financiero en la zona caribeña incluye diversas agencias bilaterales y multilaterales, el Banco constituye una de las fuentes más importantes de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional sostenible de la región del Caribe. En igual sentido, posee una gran ventaja comparativa sobre otras instituciones de financiamiento que operan en la zona, ya que conoce de cerca los problemas de los países de esta región, así como la dinámica de éstos y la forma en que se relacionan.

De los bancos multilaterales de desarrollo que operan en esta región del mundo, este Banco es el que abarca un mayor número de naciones, ya que tiene operaciones en 19 países de la región, comparado con el Banco Europeo de Inversiones que opera en 6, el Banco Mundial en 11 y Banco Interamericano de Desarrollo que opera en 8 países de la región.

El Banco tiene la capacidad de movilizar importantes cantidades de financiamiento concesional y no concesional con una base de capital relativamente pequeña a tasas de interés favorables, lo que permite a sus países prestatarios maximizar el uso de los recursos financieros que pone a su disposición. De igual forma, durante sus años de actividad ha acumulado una invaluable experiencia de apoyo a pequeñas comunidades rurales y urbanas en sus países de operación, con objeto de desarrollar e implementar soluciones a problemas locales.

En 2013, esta institución aprobó créditos por un total de 139 millones de dólares americanos y otorgó donaciones por un total de 18.4 millones de dólares americanos. El préstamo más grande fue para cuatro prestatarios (Barbados, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, y Dominica) para un préstamo por 65 millones para la aerolínea LIAT, que es esencial para la comunicación entre estas islas. Destaca también el importante papel del Banco en apoyar a los países caribeños a enfrentar los efectos del cambio climático, por lo que en 2013 se aprobaron proyectos para fortalecer las líneas costeras en Guyana (25 millones de dólares americanos) y en Barbados (46 millones de dólares americanos).

México es miembro del Banco desde el 5 de enero de 1982. La participación de nuestro país en esta institución financiera regional representa el refrendo a uno de los principios normativos de la política exterior de nuestro país, consagrado en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual refleja el compromiso de México con la promoción de la cooperación internacional para el desarrollo y en particular, el apoyo con los países de la región con un menor grado de desarrollo relativo.

De igual forma, la participación de México en el Banco es una clara muestra de la voluntad política, que se tiene por materializar esfuerzos de cooperación para el desarrollo con los países de la región, lo cual a su vez retribuye a México al tener una región vecina fortalecida con la que se puedan entablar relaciones económicas más fructíferas y duraderas.

Para integrarse como miembro del Banco, México ha realizado dos tipos de aportaciones, una al Capital Ordinario del Banco, a través de la compra de acciones, y otra al Fondo Especial para el Desarrollo (FED).

Tanto la suscripción de acciones al capital ordinario como la contribución inicial al Fondo se realizaron con fundamento en los artículos 3o. y 4o. de la Ley que aprueba la adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 5 de enero de 1982. A través de esta Ley, se autorizó la suscripción de acciones del Banco hasta por la cantidad de 15´600,000 (quince millones seiscientos mil) dólares americanos y cubrir una primera contribución al Fondo por la cantidad de 7´000,000 (siete millones) de dólares americanos.

Posteriormente, México ha participado en los acuerdos de reposición de capital del citado Fondo, mediante decretos que reformaron la Ley, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985, el 19 de enero de 1988, el 24 de diciembre de 1991 y el 16 de junio de 2011.

Séptima Reposición del Fondo Especial de Desarrollo.

El Fondo se estableció originalmente en 1970 con contribuciones de donantes y actualmente otorga garantías, donaciones y préstamos en términos concesionales a áreas de alta prioridad en el desarrollo de los países caribeños (como educación, inclusión social, agua y saneamiento, etc.). Las reposiciones de recursos del Fondo se realizan cada cuatro años.

Después de la primera contribución al Fondo señalada anteriormente, México ha participado en todos los posteriores acuerdos de reposición de este Fondo.

En este contexto, mediante la resolución de Contribuyentes al Fondo, de febrero de 2009, se acordó llevar a cabo la séptima reposición de recursos, que se utilizará para financiar diversos programas de préstamo que permitan a los países miembros prestatarios: i) reducir la pobreza y fortalecer el desarrollo humano; ii) apoyar la sostenibilidad ambiental y avanzar en la agenda sobre combate al cambio climático; iii) fortalecer la cooperación e integración regional, y iv) mejorar la efectividad del uso de los recursos destinados al desarrollo. El monto total de recursos destinados al Fondo en esta reposición es de aproximadamente 260'000,000 millones de dólares americanos.

En este sentido, nuestro país, como miembro de dicha institución, acordó la aportación correspondiente a 3'000,000 de dólares americanos, según se indica en la resolución citada. Lo anterior completaría una cantidad total de contribuciones por parte de México equivalente a 32'333,000 de dólares americanos.

Aumento de capital del Banco de Desarrollo del Caribe.

A partir de la segunda mitad de 2008, con la irrupción de la crisis financiera global, las economías de los países del Caribe se vieron fuertemente afectadas, debido principalmente a: i) una reducción en la demanda de servicios turísticos y materias primas, como bauxita y alúmina; ii) una caída en los precios mundiales de la energía, y iii) una disminución de los flujos de remesas e inversión extranjera directa. Por ejemplo, durante 2009, solamente cuatro países miembros del Banco reportaron un crecimiento positivo del Producto Interno Bruto (Belice, Guyana, Haití y Montserrat).

En el entorno internacional, se observó un incremento en la aversión al riesgo y una migración de capital a activos de alta calidad. Esto tuvo como consecuencia una drástica reducción en la oferta de financiamiento en los mercados internacionales de capital, así como un desplazamiento indeseado de los países emergentes y en desarrollo.

Para hacer frente a esta situación, y con el propósito de evitar que la crisis afectara aún más a los países emergentes y en desarrollo, los países miembros del G-20 acordaron que los bancos multilaterales de desarrollo (conocidos por sus siglas en inglés como MDBs) actuaran como un instrumento para contribuir, primero, a evitar una mayor caída en las economías emergentes y en desarrollo, y después, a apoyar sus procesos de recuperación. Asimismo, se acordó la revisión de sus niveles de capital para determinar la capacidad de respuesta de estas instituciones y, en su caso, fortalecerla.

Derivado de la referida crisis, en el caso del Banco, se observó un incremento en su demanda por financiamiento en razón de lo siguiente:

- Para compensar el menor financiamiento de los mercados internacionales de capital;

- Para redoblar los esfuerzos encaminados a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la cual se vio afectada negativamente por la crisis financiera internacional, y

- Para lograr una sostenibilidad fiscal y de deuda de la mayoría de sus países miembros prestatarios.

Con objeto de que el Banco pudiera enfrentar este aumento en las necesidades de financiamiento de parte de sus países miembros prestatarios y en el marco de su Plan Estratégico para el periodo 2010-2014, el 19 de mayo de 2010 durante su Asamblea de Gobernadores se aprobó la Resolución No. 4/10 titulada "Incremento en el Capital Suscrito del Banco y Suscripciones de los Miembros del Banco", en la cual se aprueba un aumento al capital suscrito de esta institución financiera regional por un monto de 984,796,000 dólares americanos, del cual, el 22% (216'655,000 dólares americanos) corresponde al capital pagadero en efectivo, y el restante 78% (768'141,000 dólares americanos) se proporcionará en forma de capital exigible. Cabe mencionar que, de acuerdo a esta Resolución, se tiene previsto que el pago del capital en efectivo se realice en 6 contribuciones.

En este contexto, el número de acciones adicionales que suscribiría México sería de 4,677 consistentes en 1,029 acciones de Capital Ordinario pagadero en efectivo equivalentes a 6'206,000 (seis millones doscientos seis mil dólares americanos), los cuales se pagarán mediante seis cuotas anuales, y 3,648 acciones de Capital Ordinario exigible, equivalentes a 22'004,000 (veintidós millones cuatro mil dólares americanos). El pago de estas últimas acciones únicamente será necesario cuando se presenten situaciones extraordinarias previstas en el propio Convenio Constitutivo del Banco.

Este aumento de capital le permitirá al Banco seguir contribuyendo a combatir la pobreza y la desigualdad, así como fomentar el crecimiento sostenible, los cuales son las piedras angulares del desarrollo de la región caribeña. En particular, y de acuerdo a su Plan Estratégico para el periodo 2010-2014, el Banco ha centrado sus esfuerzos en: i) promover el crecimiento económico y el desarrollo social incluyente; ii) apoyar la sostenibilidad ambiental y administración de riesgos naturales; iii) mejorar la gobernabilidad institucional en los países miembros prestatarios; iv) fomentar la cooperación e integración regional, y v) mejorar su eficiencia organizacional y efectividad.

IV. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES A LA INICIATIVA

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187;188; 189, y190, del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, resultan competente para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas consideran adecuada la Iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal para participar en el incremento de Capital  del Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) y contribución al Fondo Especial de Desarrollo (FED) por lo siguiente:

1. La participación de México en el BDC cobra especial relevancia a la luz del 5 eje de trabajo de la entrante administración que es “Lograr que México sea un Actor con Responsabilidad Global” ya que el fomento a la cooperación entre las naciones implica una presencia activa de México con su entorno, particularmente con la región vecina. Es por esto que el BDC es un espacio ideal para fortalecer la presencia de México en la región caribeña y estrecha los lazos de cooperación entre la región.

2. Participar en la capitalización del BDC y en la reposición del FED es una forma clara y práctica de apoyar al Caribe en su desarrollo. Asimismo, el BDC ofrece oportunidades de trabajo para los mexicanos y brinda ofertas de negocio a las empresas mexicanas en los proyectos apoyados por el Banco.

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Unidas que suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 3o Y SE REFORMA EL ARTICULO 4o DE LA LEY QUE APRUEBA LA ADHESION DE MEXICO AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE Y SU EJECUCION.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 3o y se reforma el artículo 4o de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución, para quedar como sigue:

ARTICULO 3o.-...

….

Se autoriza al Gobierno Federal, para que, por conducto del Banco de México, efectúe la suscripción de acciones o partes sociales del Banco de Desarrollo del Caribe hasta por el equivalente a 28'210,000 (veintiocho millones doscientos diez mil) dólares de los Estados Unidos de América, de los cuales, serían pagaderos en efectivo 6'206,000 (seis millones doscientos seis mil) dólares de los Estados Unidos de América.

ARTICULO 4o.- El Ejecutivo Federal por conducto del Banco de México cubrirá el equivalente a 3,000,000 (tres millones) de dólares de los Estados Unidos de América, correspondiente a la séptima reposición de capital del Fondo Especial de Desarrollo del Banco de Desarrollo del Caribe, a que se refiere el artículo 8o del Convenio Constitutivo del propio Banco. En consecuencia, el monto total aportado por México al Fondo Especial de Desarrollo asciende a la cantidad de 32,333,000.00 (treinta y dos millones trescientos treinta y tres mil) dólares de los Estados Unidos de América.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a 29 de abril de 2014.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.






Por el que se reforma el artículo 12 y se deroga el artículo 2o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, para autorizar al gobierno federal a efectuar una suscripción adicional del Banco Interamericano de Desarrollo.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 12 Y SE DEROGA EL ARTICULO 2o. DE LA LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCION EN MEXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, PARA AUTORIZAR AL GOBIERNO FEDERAL A EFECTUAR UNA SUSCRIPCION ADICIONAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

El 25 de abril de 2014, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, suscrita por el Ejecutivo Federal.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187, y 190, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la Iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del tema de la iniciativa de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 189; 190, párrafo 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de la República se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I.ANTECEDENTES

1. En sesión del día 25 de abril de 2014, el Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.

2. En esta misma fecha la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, mediante oficio número DGPL-2P2A.-4401, turnó la Iniciativa antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos, a efecto de analizar y valorar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus consideraciones de orden general y específico a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

La Iniciativa propone que se autorice al Gobierno Federal, para que por conducto del Banco de México, efectúe la suscripción adicional de 54,925 acciones del Banco Interamericano de Desarrollo, hasta por el equivalente a 662,584,023.46 (seiscientos sesenta y dos millones quinientos ochenta y cuatro mil veintitrés punto cuarenta y seis) dólares de los Estados Unidos de América, de los cuales, serían pagaderos en efectivo 16,104,682.23 (dieciséis millones ciento cuatro mil seiscientos ochenta y dos dólares 23/100) dólares de los Estados Unidos de América. La suscripción accionaria de que se trata, formaría parte de las acciones que quedaron disponibles derivadas del Noveno Aumento General de Recursos del BID.

III. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA

La Iniciativa en dictamen, expone entre otras consideraciones, las siguientes:

Desde sus inicios, que datan de la segunda mitad del siglo pasado, los organismos financieros internacionales han adquirido gran relevancia en el funcionamiento y desarrollo de nuestra sociedad. Desde entonces y hasta nuestros días, estos organismos han creado los espacios propicios para el diálogo entre las naciones y los bloques económicos, ya que además de establecer la agenda y el dialogo de los temas de trascendencia internacional, interactúan con las políticas y planes de desarrollo de cada país.

En este contexto y como parte de un esfuerzo para el desarrollo sustentable, la reducción de la pobreza y la desigualdad en la región de América Latina y el Caribe, en 1959 fue creado el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, como una institución multilateral de financiamiento de cobertura regional, cuyo objetivo es la contribución al proceso de desarrollo económico, individual y colectivo de sus países miembros con una perspectiva continental. En la actualidad, se encuentra integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Interamericana de Inversiones (CU), creada en el año de 1985 y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), cuyo año de creación fue 1993.

Con el surgimiento del BID, las naciones latinoamericanas se vieron favorecidas ante el deseo conjunto de contar con un organismo de desarrollo que atendiera los problemas de la región. Es así como el BID, es considerado en la actualidad como una de las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional sostenible de América Latina y El Caribe.

Los principales objetivos del BID son: i) promover la inversión de capitales públicos y privados para fines de desarrollo; ii) utilizar su propio capital, fondos que obtenga en los mercados financieros y demás recursos de los que disponga para el financiamiento de proyectos, dando prioridad a los préstamos y operaciones de garantía que contribuyan al crecimiento económico; iii) estimular las inversiones privadas en proyectos, empresas y otras actividades cuando no existan capitales particulares en términos y condiciones razonables; iv) cooperar con los países miembros para orientar su política de desarrollo hacia una mejor utilización de sus recursos; y v) proveer la asistencia técnica para la de propuestas sobre proyectos específicos.

En sus inicios, el BID se encontraba conformado por 19 países de América y El Caribe; desde entonces y hasta nuestros días, sus miembros suman un total de 48, de los cuales 28 son países regionales y 20 extra-regionales.

El 19 de diciembre de 1959 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de la Ley que establece bases para la ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, a través del cual el H. Congreso de la Unión autorizó, entre otros, la suscripción de acciones del Gobierno Federal al BID hasta por la cantidad de 66,300,000.00 (sesenta y seis millones trescientos mil) dólares de los Estados Unidos de América.

A partir de 2008, los países de América Latina y el Caribe se vieron afectados en gran medida con la irrupción de la crisis financiera global, y en el año 2009, el PIB regional sufrió un decremento del 1.8% y las condiciones de los mercados financieros cambiaron radicalmente.

Ante este panorama, los países miembros pertenecientes al G20 acordaron que los bancos multilaterales de desarrollo (conocidos por sus siglas en inglés MDBs) actuarían como un instrumento para contribuir, en primer lugar, a evitar una mayor caída en las economías emergentes y en desarrollo, en segundo lugar, a apoyar sus procesos de recuperación, esto con la finalidad de evitar que la crisis afectara en mayor manera, a los países emergentes y en desarrollo. Asimismo, se acordó la revisión de sus niveles de capital para determinar la capacidad de respuesta de estas instituciones y, en su caso, el fortalecimiento de las mismas.

Derivado de la crisis antes mencionada, en el caso del BID se observó un incremento en su demanda por financiamiento en razón de lo siguiente:

I.- Para compensar el menor financiamiento de los mercados internacionales de capital;

II.- Para redoblar los esfuerzos encaminados a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la cual se vio afectada de forma negativa por la crisis financiera internacional; y

III.- Para incorporar nuevas prioridades en la agenda para el desarrollo, como por ejemplo la mitigación y adaptación ante el cambio climático y la atención de los desastres naturales.

Ante los desafíos que representaba la crisis en mención, en marzo de 2009 la Asamblea de Gobernadores del BID solicitó, a la Administración comenzar una evaluación de la necesidad que representaría realizar un aumento general al Capital Ordinario. El resultado de esa tarea fue la formulación de propuestas para incrementar la capacidad financiera del BID, la realización de una nueva estrategia institucional y una agenda para mejorar la eficiencia, transparencia y gobernabilidad en el BID.

Como resultado de esos trabajos, con fecha 22 de marzo de 2010, la Asamblea de Gobernadores del BID adoptó la Declaración de Cancún, por medio de la cual se aprobó la Resolución AG7/10, que autorizó el Informe sobre el Noveno Aumento General de los Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de US$70,000 millones de dólares de los Estados Unidos de América, del cual, la parte pagada en efectivo del Capital Ordinario sería el equivalente al 2.43%, es decir 1,700 millones de dólares de los Estados Unidos de América y el restante 97.5%, por la cantidad de 68,300 millones de dólares de los Estados Unidos de América, se mantendría en forma de Capital Exigible.

De esta manera, el Noveno Aumento de capital del Banco le permitiría a éste continuar en el combate la pobreza y la desigualdad, así como fomentar el crecimiento sostenible de los países en desarrollo. Asimismo, el BID se concentraría en dos objetivos estratégicos que son esenciales para alcanzar su misión como institución; i) ocuparse de las necesidades especiales de los países menos desarrollados de la región; y ii) promover su desarrollo a través del sector privado.

El Noveno Aumento de Capital Ordinario se hizo efectivo el 29 de febrero de 2012, momento en el que el BID recibió el número necesario de Instrumentos de Suscripción con los que los países miembros acceden a suscribir el número de acciones del Capital Ordinario que les fue asignado según lo establecido en la Resolución AG-1/12. Al efecto, el H. Congreso de la Unión aprobó la participación de México en el Noveno Aumento de Capital Ordinario con fecha 14 de mayo de 2012.

Una vez cumplida la fecha límite para que los miembros del BID presentaran los Instrumentos de Suscripción, se observó que no fueron suscritas un total de 353,917 acciones por un valor de 4,269,453,798 de dólares de los Estados Unidos de América, debido a que Venezuela y Países Bajos decidieron no participar, procediendo a ofrecer las mismas a miembros prestatarios (las correspondientes a Venezuela) y no-prestatarios (las correspondientes a Países Bajos), según el caso, a fin de ser distribuidas de manera proporcional y con base en el porcentaje accionario vigente.

Según lo establecido en el documento AB-2764-11, emitido por el Secretario del Banco para la Asamblea de Gobernadores, se invitó a los países miembros a que expresasen su interés en ejercer ciertos derechos preferenciales para la suscripción de las acciones no suscritas, con sujeción a la asignación final de acciones que aprobó el 22 de enero de 2013 la Asamblea de Gobernadores mediante la Resolución AG-1/13, en la que se contempla la reasignación de las acciones no suscritas, de conformidad con las expresiones de interés que el BID recibió de los países miembros.

Nuestro país ha tenido una activa participación desde el año de 1959 y hasta nuestra época en el BID. En el año 2012, previa aprobación de ese H. Congreso, México participó en el Noveno Aumento de Capital del BID, suscribiendo 401,052 acciones de Capital Ordinario, de las cuales 9,739 acciones serían de capital ordinario pagadero en efectivo (equivalente a 117,485,768 de dólares de los Estados Unidos de América), y 391,313 acciones corresponderían al capital ordinario exigible.

Previo al Noveno Aumento de Capital, México contaba con una participación como accionista dentro del Banco conformada por 299 acciones del capital ordinario pagado y 6,681.3 acciones del capital ordinario exigible, que daban un total de 6,980.3 acciones suscritas del Capital Ordinario, equivalente a 6,912% del poder de votación.

A lo largo de 55 años y hasta diciembre de 2013, el BID ha otorgado recursos a la región por la cantidad de 210,300.4 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Para el caso de México, el BID ha aprobado operaciones con cargo al capital ordinario por más de 33,005 millones de dólares de los Estados Unidos de América, monto que lo convierte en el tercer país receptor de recursos con mayor número de préstamos y desembolsos del BID en América Latina y El Caribe.

El BID ha apoyado en México en sectores como, el combate a la pobreza, el apoyo a la educación, a la consolidación de la agenda de cambio climático, las áreas estratégicas para la modernización del sector laboral, el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera y al financiamiento al sector vivienda, entre otros.

Recientemente, el BID realizó un préstamo a nuestro país por la cantidad de 450 millones de dólares para el Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales IV, el cual beneficiará a 600 mil personas mediante el acceso de agua potable, y alrededor de 390 mil personas con acceso a alcantarillado nuevo, así como el saneamiento básico en zonas rurales en 31 estados del país.

Al día de hoy, México ha participado en la totalidad de aumentos de capital del BID, los cuales fueron debidamente autorizados por el H. Congreso de la Unión, siendo el último de los Decretos de aprobación el publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo 2012.

En este contexto, el número de acciones adicionales que suscribiría México de las que quedaron disponibles del Noveno Aumento General de Recursos, sería de 54,925 acciones, de conformidad con las condiciones establecidas en las Resoluciones AG-1/12 y AG-1/13, consistentes en 53,590 acciones de capital ordinario exigible (el pago de estas acciones sólo sería necesario si se presentaran situaciones extraordinarias previstas en Convenio Constitutivo del BID, y considerando que desde el inicio de operaciones del citado organismo financiero internacional, no se ha requerido el pago de las acciones de capital exigible), y 1,335 acciones de capital ordinario pagadero en efectivo equivalentes a 16,104,682.23 (dieciséis millones ciento cuatro mil seiscientos ochenta y dos dólares 23/100) dólares de los Estados Unidos de América, los cuales se podrán pagar mediante cuotas anuales, finalizando el pago total en marzo de 2016, o en las fechas que determine posteriormente el Directorio Ejecutivo del Banco.

En este mismo sentido, debe destacarse que con el Noveno Aumento General de Recursos, el poder de voto relativo entre América Latina y el Caribe, Estados Unidos, Canadá y los miembros extrarregionales, permanecerá inalterado. Sin embargo, con la suscripción de acciones que quedaron pendientes, el poder de voto de los países que suscriban dichas acciones se incrementaría, en el caso de México pasaría de 6.912% a 7.299%.

En este orden de ideas y con el propósito de incrementar la participación y presencia de nuestro país en organismos financieros internacionales como lo es el BID, el Ejecutivo Federal estima de sumo interés, y dados los contextos económico y financiero mundial, que ese H. Congreso de la Unión analice y, de ser el caso, apruebe en su oportunidad la propuesta que aquí se contiene, garantizando así la participación y liderazgo de México en la región de América Latina y El Caribe.

Por otro lado, como un esfuerzo que realiza el Ejecutivo Federal para armonizar los principios y reglas aplicables a los acuerdos y tratados internacionales que han sido el fundamento jurídico para que nuestro país participe en organismos financieros internacionales como el que nos ocupa, es importante mencionar que en su oportunidad, la fracción X del artículo 89 de nuestra Carta Magna, disponía como facultades y obligaciones del Presidente, entre otras, "Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federar”.

En este sentido y en atención, entre otros, al mandato constitucional aquí referido, hasta antes de la reforma constitucional a dicho precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1988, la participación de nuestro país en un organismo financiero internacional, como es el caso del BID, se realizó mediante la expedición de diversos decretos que autorizaron la suscripción de los convenios constitutivos de distintos organismos financieros internacionales.

Consecuentemente y como fue expuesto en la exposición de motivos de la reforma constitucional de mayo de 1988, resultó conveniente introducir modificaciones al texto de la propia fracción X del artículo 89, ajustando la expresión correspondiente a la ratificación de los tratados por "El Congreso Federal", para hacerla congruente con los artículos 76, fracción I y 133 de la propia Constitución, que precisan que tal acto aprobatorio corresponde exclusivamente al Senado.

Por tal motivo y después de las posteriores reformas a la misma fracción X de artículo 89 constitucional, aprobadas por el Constituyente Permanente en los años 2007 y 2011, el texto actual de la fracción que nos ocupa, a la letra señala que son facultades y obligaciones del Presidente: "Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales."

De conformidad con todo lo anterior, en aras de armonizar con nuestra Constitución el tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, en atención a la naturaleza del instrumento jurídico internacional de que se trata, la presente Iniciativa propone también reformar el Artículo 12 del Decreto en comento, para señalar que el Gobierno Federal requerirá la autorización expresa del Senado para aceptar o proponer una modificación a la suscripción del Gobierno de México al Banco Interamericano de Desarrollo, y aceptar enmiendas del Convenio respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES, A LA INICIATIVA

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187; 188; 189, y 190, del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, resultan competentes para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas consideran adecuada la Iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal para participar en el incremento de Capital del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por lo siguiente:

1. La participación de México en el BID cobra especial relevancia a la luz del Quinto Eje de Gobierno del Ejecutivo Federal, que busca “lograr que México sea un actor con responsabilidad global. Un país con participación propositiva en el mundo, dispuesto a fomentar la cooperación entre las naciones, con una diplomacia moderna e innovadora”. Es por esto que el BID es un espacio ideal para fortalecer la presencia de México en la región y estrecha los lazos de cooperación en ésta.

2. Estas Comisiones Unidas, consideran adecuada la Iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal de la participación de México en el incremento de Capital del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Participar en la capitalización del BID es una forma clara y práctica de apoyar el desarrollo en la región, además de que estas aportaciones se enmarcan en una serie de acuerdos que se tomaron a nivel regional para fortalecer a esta institución financiera.

3. El BID ha sido un instrumento decisivo para que América Latina y el Caribe pudiera enfrentar mejor la crisis financiera global, el BID siempre ha actuado de manera rápida y responsable como instrumento contracíclico para extender su capacidad de préstamo y así apoyar a sus países prestatarios.

4. El fortalecimiento del BID a través de los respectivos aumentos de capital cobra una gran relevancia para México ya que se está reforzando una fuente indispensable de financiamiento y un elemento clave para detonar el crecimiento y mejorar la calidad de vida en los países en vías de desarrollo.

5. Históricamente, el BID ha aprobado para México más de 32.9 miles de millones de dólares de los Estados Unidos de América en financiamiento, mientras que el país ha suscrito 416.5 millones de dólares de los Estados Unidos de América de capital pagadero en efectivo, lo cual quiere decir que México ha recibido 78.99 dólares por cada dólar aportado al BID.

6. Adicionalmente, el BID acompaña el financiamiento que otorga, con asistencia técnica y la provisión de mejores prácticas internacionales en el desarrollo de importantes proyectos en diversos sectores como el social, finanzas públicas o cambio climático. Es decir, las aportaciones que da México a estos organismos se traducen en beneficios tangibles para el país, en las formas de financiamiento y de asistencia técnica con alto impacto en el desarrollo económico.

7. Estas Dictaminadoras destacan la necesidad de armonizar el ordenamiento legal que en esta ocasión nos ocupa, con los que se dispone en nuestra Carta Magna, actualizando el tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo del BID y en tal virtud observa no sólo conveniente, sino necesario, reformar el Artículo 12 de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, para señalar que la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación de declaraciones interpretativas al Convenio Constitutivo del BID, deberán ser sometidas exclusivamente a la aprobación del Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de nuestra Carta Magna.

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Unidasque suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCION EN MEXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

PRIMERO.- Se REFORMA el artículo 12 y se DEROGA el artículo 2o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-. Se deroga.

Artículo 12.- El Gobierno Federal requerirá exclusivamente la aprobación del Senado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación de declaraciones interpretativas del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo o para modificar la suscripción del Gobierno de México al Banco Interamericano de Desarrollo.

SEGUNDO.- Se autoriza al Gobierno Federal, para que, por conducto del Banco de México, efectúe la suscripción adicional de 54,925 acciones del Banco Interamericano de Desarrollo, hasta por el equivalente a 662,584,023.46 (seiscientos sesenta y dos millones quinientos ochenta y cuatro mil veintitrés punto cuarenta y seis) dólares de los Estados Unidos de América.

TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para actualizar la suscripción adicional de acciones del Banco Interamericano de Desarrollo que a México corresponde hasta por los montos máximos autorizados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Segundo anterior y para aceptar las enmiendas correspondientes a fin de cumplimentar la citada autorización.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones del H. Senado de la República, a 29 de abril de 2014.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA






Por el que se reforma el artículo 4o. del Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del gobierno de México, los convenios consultivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para autorizar al Ejecutivo Federal a efectuar una suscripción adicional del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 4o. DEL DECRETO QUE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL A FIRMAR, EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE MEXICO, LOS CONVENIOS CONSTITUTIVOS SOBRE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO, PARA AUTORIZAR AL EJECUTIVO FEDERAL A EFECTUAR UNA SUSCRIPCION ADICIONAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA

En la sesión de la Comisión Permanente del día 30 de mayo de 2012, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 4o del Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, suscrita por el Ejecutivo Federal.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I;174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2;184; 186; 187, y 190, párrafo 1,fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración dela Iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del tema de la Iniciativa de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187, 188, 189, 190, párrafo 1., fracción VII, del Reglamento del Senado de la República se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En sesión de la Comisión Permanente del día30 de mayo de 2012,el Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 4o del Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

2. En esta misma fecha la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, mediante oficio número CP2R3A.-526, turnó la Iniciativa antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

3. En sesión ordinaria, los integrantes de estas Comisiones Unidas,  realizaron diversos trabajos, a efecto de analizar y valorar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus consideraciones de orden general y específico a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

Propone reformar el artículo 4o del Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, a fin de que el Gobierno Federal, por conducto del Banco de México, haga la suscripción adicional de 21,021 acciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento hasta por el equivalente a 2,535´868,335 (dos mil quinientos treinta y cinco millones ochocientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y cinco) dólares americanos, de las cuales 8,459 acciones corresponden al Aumento General de Capital, equivalentes a 1,020´451,465 (mil veinte millones cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos sesenta y cinco) dólares americanos, y 12,562 acciones corresponden al Aumento Selectivo de Capital, equivalentes a 1,515´416,870 (mil quinientos quince millones cuatrocientos dieciséis mil ochocientos setenta) dólares americanos.

III. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA

La Iniciativa en dictamen, expone entre otras consideraciones, las siguientes:

En el marco de las negociaciones previas al término de la Segunda Guerra Mundial y como resultado de los acuerdos tomados en la Conferencia celebrada en Bretton Woods en 1944, se creó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, conocido por sus siglas en español como BIRF o Banco Mundial, establecido principalmente para financiar la reconstrucción de los países devastados por la guerra.

Con el transcurso de los años y a la par del crecimiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para complementar su actuación, el propio organismo ha creado a la Corporación Financiera Internacional (CFI), fundada en 1956; Asociación Internacional de Fomento (AIF), en el año de 1960; el Organismo Multilateral de Garantías a la Inversión (OMGI), creado en 1988, y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (CIADI), fundado en 1966, que juntos conforman lo que hoy conocemos como el Grupo Banco Mundial (GBM).

Inicialmente, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento estuvo integrado por 28 países, entre ellos, Canadá, China, Reino Unido, Estados Unidos y México, quien fue el miembro número 28. Con el paso del tiempo, 160 países más se han unido a la misión de este Organismo Internacional, siendo Tuvalu y Sudán del Sur los más recientes.

Uno de los problemas de las economías del mundo, con impactos políticos y sociales al que ha tenido que hacer frente, es la pobreza. Como ejemplo, puede señalarse que países como Haití, Nicaragua, Afganistán y Zimbabwe son algunos de los que viven por debajo de la línea internacional de pobreza, esto es, su ingreso per cápita es igual o menor a 1.25dólares estadounidenses por día.

En este contexto, reducir o, en su caso, erradicar la pobreza es uno de los retos que el Grupo Banco Mundial se ha puesto como objetivo; para ello, a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento se busca impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de aquellos países de ingreso medio que están en vías de desarrollo, a través del suministro de recursos, transferencia de conocimientos y promoción del desarrollo sustentable.

Nuestro país ha tomado parte activa en este esfuerzo internacional, a partir de la publicación, el 31 de diciembre de 1945, del Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del Convenio Sobre el Fondo Monetario Internacional, aprobado en Bretton Woods, E.U., mediante el cual, el H. Congreso de la Unión aprobó, entre otros, la unión de México como miembro del Convenio del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y autorizó la suscripción de acciones de dicho organismo hasta por 65´000,000 (sesenta y cinco millones) de dólares americanos.

Actualmente, la participación de México como accionista dentro del Banco está conformada por 1,153 acciones del Capital Ordinario Pagado y 17,651 acciones del Capital Ordinario Exigible, para totalizar 18,804 acciones suscritas del Capital Ordinario equivalente a 1.17% del poder de voto.

La dirección y representación del Banco recae en la Junta de Gobernadores, la cual está integrada por un Gobernador y un Gobernador Suplente de cada país miembro, cargo que suele ser ocupado por el Secretario de Hacienda o el Gobernador del Banco Central. Para una mejor administración, la Junta delega sus facultades en un Consejo de Administración integrado por 25 Directores Ejecutivos, cada uno en representación de grupos de países conformados de entre la totalidad de 188 Estados miembros de la Institución. Los 6 países con mayor número de acciones (Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia y Reino Unido) designan a un Director Ejecutivo cada uno; los otros 19 Directores son electos por la Junta de Gobierno. Dentro de la Dirección o “Silla” en la que se encuentra México también se agrupa Centroamérica, España y Venezuela, que juntos tienen el 4.41% del total del poder del voto en el Banco.

A partir de la creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y hasta nuestros días, el orden internacional, la arquitectura financiera y las relaciones globales han evolucionado. Por tal motivo, la estructura de la propia institución se ha venido modificando, como también ha sucedido con los proyectos que éste financiaba. Desde la mitad de la década de los noventa, el Banco ha incrementado su asistencia a través de cooperación técnica y reformas de política que ayudan a los Estados en sus procesos de desarrollo y ha introducido un menú amplio de productos y servicios financieros.

A lo largo de los casi 70 años de operaciones, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ha otorgado recursos por un monto de 599.5 mil millones de dólares americanos. Para el caso de México, el Banco ha aprobado operaciones para México por 53.9 miles de millones de dólares americanos y donativos por 394.4 millones de dólares americanos aproximadamente; montos que lo convierten, hasta ahora, en elmayor receptor de préstamos y desembolsos del Banco referido, que a finales de diciembre de 2013 el saldo ascendía a 15.1 miles de millones de dólares americanos.

Entre los principales sectores que el Banco ha apoyado en México se encuentran: áreas estratégicas para el combate a la pobreza, el apoyo a la educación, a la salud y a los sectores de energía, agropecuario y forestal, a la consolidación de la agenda de cambio climático, al fortalecimiento de la sostenibilidad financiera y al financiamiento del sector vivienda, entre otros. Ejemplos de proyectos que han sido apoyados en los últimos años por el Banco son el Programa de Bosques y Cambio Climático, el Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional para el Mejoramiento Climático, el Desarrollo de Políticas para la Educación Media Superior y el Desarrollo de Políticas para el Fortalecimiento de la Resiliencia Social al Cambio Climático.

A partir de 2009, ante la peor crisis financiera y desaceleración económica a nivel global, el Grupo Banco Mundial le hizo frente con una respuesta rápida, proveyendo durante 2009 y 2010cerca de90 mil millones de dólares americanos de apoyo total a sus países miembros. Sin embargo, este nivel extraordinario de asistencia dejó al Banco con recursos limitados y poca capacidad para desempeñar el mismo papel durante la recuperación. Para el caso de México y durante 2009-2011, el Banco aprobó préstamos para nuestro país por un monto aproximado a los 9.7 mil millones de dólares americanos con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas del país, en un momento en el cual el capital escaseaba en los mercados financieros internacionales y el costo del mismo era sustancialmente elevado en comparación a años anteriores.

Por ello, en el año 2010, el Comité Conjunto del Banco y del Fondo para la Transferencia de Recursos Reales a Países en Desarrollo (conocido también como “Comité de Desarrollo”, conformado por 24 Gobernadores que representaban a cada una de las constituyentes y que funge como comité de dirección del Grupo Banco Mundial) solicitó revisar la capacidad financiera, incluyendo la adecuación de capital, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y de la Corporación Financiera Internacional.

En ese entonces, en abril de 2010, los 186 países que a la fecha tenían participación accionaria en el Grupo Banco Mundial respaldaron un aumento de capital en más de 86,000 millones de dólares americanos, además de transferir más poder de voto a países en desarrollo y en transición (el cual, desde la creación del organismo, ha estado concentrado en los países industrializados) y la introducción de cambios administrativos y gerenciales para colocar a la institución a la altura de los desafíos de la transformación del mundo que tuvo lugar a raíz de la crisis mundial.

Junto a este aumento general de capital y la transferencia de más poder de voto a países en desarrollo y en transición, el Comité de Desarrollo también respaldó la nueva estrategia del Banco para el período posterior a la crisis, así como un paquete integral de reformas operativas para que el Banco pueda actuar con más rapidez y flexibilidad, así como rendir mejores cuentas. Esta reforma interna comprende al propio Banco, a la Asociación Internacional de Fomento y a la Corporación Financiera Internacional y, aunque los puntos específicos de las reformas difieren entre las instituciones, sus objetivos principales (la necesidad de estar más cerca de sus clientes, mejorar los servicios financieros y diseminar de mejor manera el conocimiento y la experiencia) son los mismos.

La agenda de reforma interna tiene tres elementos: i) modernizar y mejorar la efectividad de los instrumentos financieros y no financieros del Banco para ajustarlos a las necesidades de los clientes; ii) facilitar la entrega eficiente de servicios al cliente a través de cambios en la forma en que el Banco está organizado, incluyendo mejoras a la matriz y una presencia local mejorada, acompañada de una mayor devolución de responsabilidad y contabilidad, y iii) apoyar servicios más efectivos y una mejor entrega de éstos a través de cambios en las políticas, infraestructura y el sistema de incentivos.

Este capital adicional puede usarse para combatir la pobreza y estimular un crecimiento compartido y sustentable que genere empleos y proteja a los más vulnerables mediante inversiones en infraestructura, la pequeña y mediana empresa y en redes de protección. La transferencia del poder de voto ayudará, además, a corregir desbalances de representación para alinear el voto con el peso económico de cada país en el mundo y así reflejar mejor las realidades de una nueva economía mundial multipolar, en la que los países en desarrollo y en transición (sobre todo los mercados emergentes y países de ingreso medio) se han vuelto los motores de crecimiento económico global.

Debe observarse que los principales componentes del paquete aprobado son los siguientes: un aumento de 86.2 miles de millones de dólares de los Estados Unidos de América del capital del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que conlleva un aumento general de su capital de 58.4 miles de millones de dólares americanos, de los cuales 3.5 miles de millones de dólares americanos serían de capital pagadero en efectivo, y un aumento selectivo del capital, vinculado a la transferencia del poder de voto por 27.8 miles de millones de dólares americanos con capital pagadero en efectivo por valor de 1.6 miles de millones de dólares americanos. Dicho cambio conlleva un aumento de 3.13 puntos porcentuales en los derechos de voto de los países en desarrollo y en transición en el Banco, que los llevaría a 47.19% del total y representaría una transferencia total de 4.59 puntos porcentuales del poder de voto a estos países desde 2008.

Con este aumento de capital, el Banco está acentuando su enfoque estratégico en las esferas en que puede agregar más valor y haciendo hincapié en lo siguiente: i) la focalización en sectores que se encuentren en situación de pobreza y/o vulnerabilidad; ii) la generación de oportunidades de crecimiento, prestando especial atención a la agricultura e infraestructura; iii) la promoción de acciones colectivas mundiales en cuestiones que van desde cambio climático y comercio hasta agricultura, seguridad alimentaria, energía, agua y salud; iv) el fortalecimiento del buen gobierno y lucha contra la corrupción, y v) la prevención de crisis.

Es preciso señalar que no es la primera vez que se requiere un aumento de capital del Banco, ya que esta circunstancia depende de la capacidad financiera del Organismo en cuestión. De esta manera, desde la firma del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, el Congreso de la Unión ha reformado en diversas ocasiones el Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, a fin de incorporar los aumentos en las aportaciones. Dichas reformas han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 10 de octubre de 1959, 13 de enero de 1965, 15 de diciembre de 1977, 12 de diciembre de 1983, 13 de enero de 1986 y 4 de enero de 1989.

En este marco, la aportación de México al aumento de capital del Banco sería de 2,535´868,335 (dos mil quinientos treinta y cinco millones ochocientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y cinco) dólares americanos:

a) 1,020´451,465.00 (mil veinte millones cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos sesenta y cinco) dólares americanos corresponden al Aumento General de Capital, y

b) 1,515´416,870 (mil quinientos quince millones cuatrocientos dieciséis mil ochocientos setenta) dólares americanos corresponden al Aumento Selectivo de Capital.

El total de la aportación de México correspondería a 2.93% del total del aumento de recursos del Banco, con lo cual, su poder de voto se elevaría de 1.17% a 1.68%.

IV. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES A LA INICIATIVA

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187;188; 189, y190, del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, resultan competentes para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas, consideran adecuada la Iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal de la participación de México en el incremento de Capital del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Estas aportaciones se enmarcan en una serie de acuerdos que se tomaron a nivel mundial para reformar a las instituciones financieras internacionales, aumentando el peso relativo de los países en desarrollo y en transición que se han convertido en motores de crecimiento económico internacional, a fin de reflejar el peso relativo de sus mercados.

TERCERA. Adicionalmente, las Comisiones Unidas consideran la importancia de la participación de México en el incremento de capital por lo siguiente:

1. La participación de México en el BIRF es congruente con el Quinto Eje de Gobierno del Ejecutivo Federal, que busca “lograr que México sea un actor con responsabilidad global. Un país con participación propositiva en el mundo, dispuesto a fomentar la cooperación entre las naciones, con una diplomacia moderna e innovadora. México debe ser un factor de estabilidad en un mundo convulso, una voz que se escuche, una voz que defienda la libertad y promueva un orden más justo y un mundo sustentable en el Siglo XXI”; de esta manera, México adquirirá una mayor relevancia en el concierto de las naciones, acorde al tamaño de su economía y la relevancia de su mercado.

2. De igual manera, la participación de México en el BIRF es acorde a las acciones propuestas por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.

3. El Banco Mundial ha actuado, en tiempos de crisis, como una institución contra cíclica, ya que mediante su participación ha procurado evitar una mayor caída en las economías emergentes y en desarrollo, y al mismo tiempo, apoyan sus procesos de recuperación. Es en este contexto que la revisión de sus niveles de capital para determinar la capacidad de respuesta de esta institución y, en su caso, fortalecerla, ha tomado una gran importancia en los últimos tiempos. Para el caso específico del compromiso de México con esta institución financiera internacional, la misma es aún más relevante tomando en cuenta que nuestro país es el cliente con la cartera crediticia más grande del Banco.

4. El fortalecimiento del BIRF a través de los respectivos aumentos de capital cobra una gran relevancia para México ya que se está reforzando una fuente indispensable de financiamiento y un elemento clave para detonar el crecimiento y mejorar la calidad de vida de los países en vías de desarrollo.

5. Históricamente, el BIRF ha aprobado para México 53.9 miles de millones de dólares americanos en financiamiento, mientras que el país ha pagado 139 millones de dólares americanos en suscripciones de capital en efectivo, lo cual quiere decir que México ha recibido 385 dólares por cada dólar aportado. Al 31 de diciembre de 2013, México tenía una obligación crediticia con el BIRF equivalente a 15.1miles de millones de dólares americanos, aproximadamente.

Por otra parte, cabe destacar que el BIRF, en consonancia con las necesidades de nuestro país y los otros 4 de los 5 grandes acreedores del mismo, elevó el techo de endeudamiento individual por país de 16 mil 500 a 19 mil millones de dólares americanos.

6. Adicionalmente, el BIRF acompaña el financiamiento que otorga, con asistencia técnica y la provisión de mejores prácticas internacionales en el desarrollo de importantes proyectos en diversos sectores como el social, finanzas públicas o cambio climático. Es decir, las aportaciones que da México a estos organismos se traducen en beneficios tangibles para el país, en las formas de financiamiento y de asistencia técnica.

7. Por el contrario, si México dejase de participar en la recapitalización del Banco no solamente implicaría que veríamos diluida nuestra participación porcentual en el poder de voto de los países en el mismo a apenas el 0.82%, sino que produciría una mala imagen del país, que no solamente incumple con sus obligaciones y compromisos acorde a su estatus en el concierto de las naciones, sino que en el seno de la institución podrían producirse críticas en virtud de que uno de los clientes más grandes del Banco, haya dejado de lado la estabilidad futura del mismo.

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Unidas que suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o DEL DECRETO QUE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL A FIRMAR, EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE MEXICO, LOS CONVENIOS CONSTITUTIVOS SOBRE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el Artículo 4o del Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para quedar como sigue:

ARTICULO 4o.- El Gobierno Federal, por conducto del Banco de México, hará la suscripción adicional de 21,021 acciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento hasta por el equivalente a 2,535,868,335 (dos mil quinientos treinta y cinco millones ochocientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y cinco) dólares de Estados Unidos de América, de las cuales:

a) 8,459 acciones corresponden al Aumento General de Capital, equivalentes a 1,020,451,465 (mil veinte millones cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos sesenta y cinco) dólares de Estados Unidos de América, y

b) 12,562 acciones corresponden al Aumento Selectivo de Capital, equivalentes a 1,515,416,870 (mil quinientos quince millones cuatrocientos dieciséis mil ochocientos setenta) dólares de Estados Unidos de América.

ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para aceptar enmiendas al Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que sean consecuencia de las reformas y adiciones a que se refiere el artículo primero de este Decreto.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a 29 de abril de 2014.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.-

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.






Por el que se reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, para autorizar al Ejecutivo Federal a suscribir acciones adicionales de la Corporación Financiera Internacional

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO QUE APRUEBA EL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL, PARA AUTORIZAR AL EJECUTIVO FEDERAL A SUSCRIBIR ACCIONES ADICIONALES DE LA CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

En sesión ordinaria de fecha 25 de abril 2014, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, Iniciativa de Decreto por el que se reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, suscrita por el Ejecutivo Federal.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I;174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1, y 2; 184; 186; 187, y 190, párrafo 1,fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la Iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del tema de la iniciativa de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 189, y 190, párrafo 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria de fecha 25 de abril de 2014, el Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confieren el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, mediante oficio número DGPL-2P2A.-4397,turnó la Iniciativa antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

En sesión ordinaria, los integrantes de estas Comisiones Unidas, realizaron diversos trabajos, a efecto de analizar y valorar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus consideraciones de orden general y específico a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

Propone la Iniciativa se apruebe la reforma al Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1955, modificado por decretos de los años 1980, 1986, 1992 y 1994, considerando autorizar al Gobierno Federal, suscribir 2,943 acciones adicionales de la Corporación Financiera Internacional, por la cantidad de dos millones novecientos cuarenta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América, cantidad que se adicionará a las suscripciones anteriores efectuadas por nuestro país, para hacer un total de 30,532 acciones por la suma de treinta millones quinientos treinta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América.

Asimismo, se propone autorizar al Ejecutivo Federal, además de la suscripción accionaria de la Corporación Financiera Internacional, para aceptar las enmiendas correspondientes al Convenio Constitutivo del organismo financiero internacional de que se trata, así como para aceptar la enmienda que modificaría el cálculo de los votos básicos de cada miembro, misma que deriva de la Resolución no. 256 denominada “Enmienda al Convenio Constitutivo y aumento selectivo del capital de 2010”, que modifica el párrafo a) de la Sección 3 del Artículo IV del Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, a fin de aumentar los votos básicos por país miembro de 250 a lo que resulte de la distribución equitativa entre todos los miembros del 5.55% de la suma total de los derechos de voto de todos los miembros, sin que los votos básicos se fraccionen. Los votos por acciones de cada miembro, no se modifican, se mantiene el número de votos que resulte de la asignación de un voto por cada acción en su poder.

III. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA

La Iniciativa en dictamen, expone entre otras consideraciones, las siguientes:

Dentro de las acciones para integrar a nuestro país de forma más efectiva al contexto internacional, se encuentra la adhesión de México a diversos organismos internacionales.

En este contexto, México fue uno de los países fundadores de la Corporación Financiera Internacional (en adelante, la "CFI"), cuyo Convenio Constitutivo fue firmado el 25 de mayo de 1955 por 54 países fundadores, iniciando sus operaciones en 1956. El H. Congreso de la Unión aprobó el citado Convenio Constitutivo y autorizó la suscripción del mismo mediante el Decreto que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera internacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1955.

La CFI se constituyó como un organismo financiero internacional filial del Grupo Banco Mundial, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico, estimulando el establecimiento de las empresas productivas privadas en los países miembros, particularmente en las regiones menos desarrolladas, complementando con esto las actividades del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

Las principales actividades de la CFI consisten en reunir y aportar financiamiento, asistencia técnica y capacidad de gestión necesarios para desarrollar las oportunidades de inversión productiva de los países en los cuales actúa, ya sea a través de operaciones privadas, mixtas o de tipo gubernamental, siempre que éstas permitan encauzar asistencia técnica hacia el sector privado.

De igual manera, la CFI permite crear oportunidades para abatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas a través de: (i) la promoción de mercados abiertos y competitivos en los países en desarrollo; (ii) apoyar a las empresas privadas y; (iii) contribuir en la generación de empleos productivos y prestar servicios esenciales a los sectores marginados de la población.

Históricamente, la CFI ha otorgado financiamientos por más de ciento noventa y ocho mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, a más de cinco mil compañías. Actualmente, la CFI tiene un portafolio aproximado a los cincuenta mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, invertidos en cerca de 2 mil compañías en 126 países del mundo. Hoy por hoy, la Corporación es una de las mayores fuentes de financiamiento para el sector privado en muchos de los Estados Unidos de América; montos que lo convierten hasta ahora, en el mayor receptor de préstamos y desembolsos del Banco referido, a finales de diciembre de 2013 el saldo ascendía a 15.1 miles de millones de dólares de los Estados Unidos de América.

La CFI inició sus operaciones con un capital de 100 millones de dólares americanos, el cual por resoluciones de la Asamblea de Gobernadores ha sido incrementado en seis ocasiones para llegar a la suma de 2,580 millones de dólares. Respecto de tales incrementos, ese H. Congreso de la Unión ha autorizado al Ejecutivo Federal, en cuatro ocasiones, la suscripción de acciones hasta por un total de 27'589,000 dólares de los Estados Unidos de América, según Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1980, el 13 de enero de 1986, el 11 de diciembre de 1992 y el 18 de julio de 1994, respectivamente.

México no participó en dos aumentos de capital aprobados por la CFI, debido a que estaban dirigidos a nuevos miembros, siendo éstos los siguientes: i) Aumento por 10 millones de dólares de los Estados Unidos de América, aprobado el 3 de septiembre de 1963 y ii) Aumento Especial de Capital por 150 millones de dólares de los Estados Unidos de América que permitió el ingreso de las antiguas Repúblicas Soviéticas y de otros nuevos miembros, aprobado en diciembre de 1992.

Los recursos con los que opera la CFI provienen principalmente de su fondeo a través del mercado de valores; sin embargo, también ha contado con contribuciones de los países miembros, así como países y organizaciones donantes.

Con el propósito de transferir más poder de voto a países en desarrollo, el 9 de marzo de 2012, la CFI aprobó la Resolución no. 256 denominada "Enmienda al Convenio Constitutivo y aumento selectivo del capital de 2010" (en lo sucesivo, la "Resolución"), la cual, conforme a su contenido, entró en vigor el 27 de junio de 2012. Con esta Resolución, la CFI incrementó su capital social en 130´000,000 de dólares americanos, para quedar en un total de 2,580'000,000 de dólares. Para ello, se ha invitado a nuestro país a que realice una suscripción de 2,943 acciones adicionales con las cuales, la participación de nuestro país en el citado organismo financiero internacional, estaría representada por 30,532 acciones con un importe de 30'532,000 dólares de los Estados Unidos de América.

En caso de aprobarse la presente Iniciativa, el pago de las acciones se efectuaría mediante dos erogaciones anuales, que deberán realizarse antes del 27 de junio de 2015, cuyos importes se incluirán dentro del presupuesto autorizado, asignando para tales efectos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que no se requerirán recursos adicionales para su aprobación.

Por otra parte, con la citada Resolución también se modificó el párrafo a) de la Sección 3, del Artículo IV, del Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, a fin de aumentar los votos básicos por país miembro de 250, a lo que resulte de la distribución equitativa entre todos los miembros del 5.55% de la suma total de los derechos de voto de todos los miembros, sin que los votos básicos se fraccionen. Los votos por acciones de cada miembro no se modifican, se mantiene el número de votos que resulte de la asignación de un voto por cada acción en su poder. La modificación quedará redactada de la siguiente manera:

"SECCION 3. Votación

a) Los derechos de voto de cada miembro serán equivalentes a la suma de sus votos básicos y sus votos por acciones.

I. Los votos básicos de cada miembro serán el número de votos que resulte de la distribución equitativa entre todos los miembros del 5.55% de la suma total de los derechos de voto de todos los miembros, estipulándose que los votos básicos no se fraccionarán.

II. Los votos por acciones de cada miembro serán el número de votos que resulte de la asignación de un voto por cada acción en su poder." 

Nuestro país es uno de los países que ha recibido más grandes apoyos de CFI. Desde 1957 a marzo de 2014, este organismo internacional ha participado en México con un importe de aproximadamente nueve mil trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de América, distribuidos en doscientos setenta y dos proyectos, en ramas de actividades económicas tales como la manufactura, siderúrgica, petroquímica, metalúrgica, textil, cemento, turismo, papel, electrónica, agroindustria y en infraestructura, en ciento setenta y cuatro compañías, lo que en conjunto ha constituido un gran apoyo al desarrollo económico del país.

La estrategia de la CFI en nuestro país, se centra en los sectores prioritarios que pueden aumentar las tasas de crecimiento económico y reducir la pobreza. Asimismo, promueve el acceso al financiamiento para las personas de bajos ingresos y microempresas, desarrolla marcos para la participación efectiva del sector privado, apoyando proyectos de eficiencia energética e infraestructura para fortalecer la competitividad, y hace hincapié en el desarrollo ambiental, social y el buen gobierno corporativo.

Mediante su labor, la CFI proporciona asistencia a México complementando las actividades del Banco Mundial a través del financiamiento y asesoría técnica de proyectos del sector privado que son prioritarios para el desarrollo económico nacional.

No obstante, la importancia de la CFI va más allá de la asistencia financiera y técnica, ya que permite elevar el grado de confianza de los inversionistas en un proyecto y ejerce una importante función catalítica en la movilización de financiamiento adicional para proyectos con otros inversionistas prestamistas, ya sea en forma de cofinanciamiento o mediante la formación de consorcios para préstamos, garantías de deuda y emisiones de valores y otros tipos de garantías.

De esta manera, la CFI cumple una función especial, ofreciendo su experiencia y prestigio de organismo internacional con clasificación AAA, como medio para atraer inversiones en sectores diversos a través de capital semilla. Este apoyo de la CFI ha sido muy importante para el desarrollo del sector privado de nuestro país.

Consecuentemente, a fin de mantener estos apoyos, se propone a esta Soberanía, fortalecer la participación de nuestro país en la CFI, mediante la suscripción de las 2,943 acciones adicionales que se han ofrecido a nuestro país, para hacer un total de 30,532 acciones por la suma de 30'532,000 dólares americanos, así como autorizar al Ejecutivo Federal para aceptar la enmienda al párrafo a), de la Sección 3, del Artículo IV, del Convenio Constitutivo de la CFI, a fin de modificar el cálculo de los votos básicos de cada miembro.

En otro orden de ideas, como un esfuerzo que realiza el Ejecutivo Federal para armonizar los principios y reglas aplicables a los acuerdos y tratados internacionales que han sido el fundamento jurídico para que nuestro país participe en organismos financieros internacionales como el que nos ocupa, es importante mencionar que en su oportunidad, la fracción X del artículo 89 de nuestra Carta Magna, disponía como facultades y obligaciones del Presidente de la República, entre otras, "Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federal".

En este sentido y en atención, entre otros, al mandato constitucional aquí referido, hasta antes de la reforma constitucional a dicho precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1988, la participación de nuestro país en un organismo financiero internacional, como el caso de la CFI, se realizó con la expedición de diversos decretos que autorizaron la suscripción de los convenios constitutivos de distintos organismos financieros internacionales.

Consecuentemente y como fue expuesto en la exposición de motivos de la reforma constitucional de mayo de 1988, resultó conveniente introducir modificaciones al texto de la propia fracción X del artículo 89, ajustando la expresión correspondiente a la ratificación de los tratados por "El Congreso Federal", para hacerla congruente con los artículos 76, fracción I y 133 de la propia Constitución, que precisan que tal acto aprobatorio corresponde especialmente al Senado.

Por tal motivo y después de las posteriores reformas a la misma fracción X del artículo 89 constitucional, aprobadas por el Constituyente Permanente en los años 2007 y 2011, el texto actual de la fracción que nos ocupa, a la letra señala que son facultades y obligaciones del Presidente: "Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales."

De conformidad con todo lo anterior, en aras de armonizar con nuestra Constitución el tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo de la CFI, en atención a la naturaleza del instrumento jurídico internacional de que se trata, la presente Iniciativa propone también reformar el Artículo 9o. del Decreto en comento, para señalar que el Gobierno Federal requerirá la autorización expresa del Senado para aceptar o proponer una modificación a la suscripción del Gobierno de México al Convenio Constitutivo de la CFI, y aceptar enmiendas del Convenio respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES A LA INICIATIVA

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187; 188; 189, y 190, del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, resultan competente para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas consideran adecuada la Iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal, en virtud de la importancia de la participación de México en el incremento de capital de la Corporación Financiera Internacional. Estas aportaciones se enmarcan en una serie de acuerdos que se tomaron a nivel mundial para reformar a las instituciones financieras internacionales, en virtud de la reciente crisis económica global de 2009 y del reconocimiento del estatus de las economías emergentes, como la mexicana, como motores del crecimiento mundial. De igual manera, es relevante destacar que la CFI promueve el acceso al financiamiento para microempresas, desarrolla marcos para la participación efectiva del sector privado, apoyando proyectos de eficiencia energética e infraestructura para fortalecer la competitividad, también hace hincapié en el desarrollo ambiental, social y el buen gobierno corporativo.

TERCERA. Adicionalmente las Comisiones Unidas, consideran la importancia de la participación de México en el incremento de capital por lo siguiente:

1. La participación de México en la CFI es congruente con el Quinto Eje de Gobierno del Ejecutivo Federal, que busca “lograr que México sea un actor con responsabilidad global. Un país con participación propositiva en el mundo, dispuesto a fomentar la cooperación entre las naciones, con una diplomacia moderna e innovadora. México debe contribuir a la estabilidad en un mundo convulso, una voz que se escuche, una voz que defienda la libertad y promueva un orden más justo y un mundo sustentable en el Siglo XXI.”

2. De igual manera, la participación de México en la CFI es acorde a las acciones propuestas por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.

3. El fortalecimiento de la CFI a través del aumento de capital cobra una gran relevancia para México ya que se está reforzando un elemento clave para detonar el crecimiento y mejorar la calidad de vida en los países en vías de desarrollo a través del apoyo al sector privado, que es reconocido como el sector clave para lograr la prosperidad compartida y avanzar en la eliminación de la pobreza extrema.

4. Históricamente, la CFI ha participado en operaciones en México con un importe de aproximadamente 9,300 millones de dólares de los Estados Unidos de América, mientras que el país ha pagado 27.6 millones de dólares de los Estados Unidos de América en suscripciones de capital en efectivo, lo cual quiere decir que México ha recibido 337 dólares por cada dólar aportado.

5. Participar en la recapitalización de la Corporación se traducirá en el fortalecimiento de la participación porcentual de México en el poder de voto de los países de 1.04% a 1.15%. Asimismo, se evitará producir una mala imagen del país, manteniéndolo como un socio que cumple con sus obligaciones y compromisos (sin poner en peligro el renombre que tiene México en los mercados financieros internacionales), y en el seno de la institución se mantendrá como un buen accionista además de ser uno de los mayores beneficiarios de los préstamos que otorga el Grupo Banco Mundial.

6. Estas Dictaminadoras destaca la necesidad de armonizar el Decreto que en esta ocasión nos ocupa, con los que se dispone en nuestra Carta Magna, actualizando el tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo de la CFI y en tal virtud observa no sólo conveniente, sino necesario, reformar el Artículo 9o. del Decreto de mérito, para señalar que la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación de declaraciones interpretativas al Convenio Constitutivo de la CFI, deberán ser sometidas exclusivamente a la aprobación del Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de nuestra Carta Magna.

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Unidas que suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO QUE APRUEBA EL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL.

PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 2o. y 9o. del Decreto que Aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1955, reformado por Decretos publicados en el propio Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1980, 13 de enero de 1986, 11 de diciembre de 1992 y 18 de julio de 1994, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para que, por conducto del Banco de México, haga la suscripción de acciones o partes sociales de la Corporación Financiera Internacional, hasta por la cantidad adicional de dos millones novecientos cuarenta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América, para hacer un total de 30,532 acciones por la suma de treinta millones quinientos treinta y dos mil dólares.

Artículo 9o.- El Gobierno Federal requerirá exclusivamente la aprobación del Senado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación de declaraciones interpretativas del Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional o para modificar la suscripción del Gobierno de México a la Corporación Financiera Internacional.

SEGUNDO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para efectuar la suscripción adicional de acciones de la Corporación Financiera Internacional que a México corresponde hasta por los montos máximos autorizados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero anterior y para aceptar las enmiendas correspondientes a fin de cumplimentar la citada autorización.

TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para aceptar la enmienda al párrafo a) de la Sección 3 del Artículo IV del Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional a fin de modificar el cálculo de los votos básicos de cada miembro, a lo que resulte de la distribución equitativa entre los miembros, del 5.55% de la suma total de los derechos de voto de todos los miembros, sin que los votos básicos se fraccionen.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a 29 de abril de 2014.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.






Por el que se reforma el diverso que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del gobierno de México, los convenios constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para efectuar la suscripción adicional de acciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO QUE AUTORIZO AL EJECUTIVO FEDERAL A FIRMAR, EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE MEXICO, LOS CONVENIOS CONSTITUTIVOS SOBRE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO, PARA EFECTUAR LA SUSCRIPCION ADICIONAL DE ACCIONES DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO

(Dictamen de primera lectura)








Tenemos, también, tres dictámenes de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, con los siguientes proyectos de Decreto:

Por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para incentivar la igualdad de género dentro de la actividad empresarial.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL ARTICULO 34 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA INCENTIVAR LA IGUALDAD DE GENERO DENTRO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

(Dictamen de primera lectura)








Por el que se reforma la fracción VI y se adiciona una fracción VII al artículo 6° de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de regular la violencia obstétrica en nuestro país.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VI Y SE ADICIONA UNA FRACCION VII AL ARTICULO 6 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Dictamen de primera lectura)








Por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por el que se constituye como violencia laboral la exigencia de la presentación de certificados médicos de no embarazos.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 11 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Dictamen de primera lectura)








Asimismo, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contienen proyectos de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII, pasando la actual XXIII a ser XXIV al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de publicidad sobre bienes y servicios considerados como riesgosos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XXIII, PASANDO LA ACTUAL XXIII A SER XXIV AL ARTICULO 24 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, EN MATERIA DE PUBLICIDAD SOBRE BIENES Y SERVICIOS CONSIDERADOS COMO RIESGOSOS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la Minuta con proyecto de decreto que REFORMA el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores y turnada como Minuta a la Cámara de Diputados.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. El 15 de febrero de 2011, el entonces Senador Alejandro Moreno Cárdenas integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se ADICIONA un párrafo tercero a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó la referida Iniciativa a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El 29 de noviembre de 2011, en sesión de trabajo de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial aprobaron el dictamen en comento.

El dictamen referido fue aprobado en la Comisión de Comercio y Fomento Industrial con 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de 15 miembros que la integraban.

En la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, fue aprobada con 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de 5 miembros que la integran.

4. El 14 de diciembre de 2011 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores fue aprobado el referido dictamen.

En esta misma fecha, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, la Minuta referida.

5. El 01 de febrero de 2012 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Minuta, a la Comisión de Economía para su análisis y dictamen correspondiente.

6. El 08 de mayo de 2013, en sesión de trabajo de la Comisión de Economía, se aprobó con modificaciones la Minuta referida con 18 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de 31 miembros que la integran.

7. El 03 de septiembre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turno el referido dictamen a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen correspondiente.

III.- Contenido de la Minuta

La Minuta tiene por objeto, el establecer como una atribución de la Procuraduría Federal del Consumidor, el publicar a través de cualquier medio, cuando los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones sean detectados como riesgosos o incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables.

La colegisladora comparte con la Cámara de Origen la modificación al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, toda vez que con el establecimiento de esta nueva atribución a la Procuraduría Federal del Consumidor, se mejorarían los mecanismos de información a los consumidores para la toma de decisiones de un consumo inteligente.

No obstante, la colegisladora consideró agregar al texto la frase “y los demás procedimientos previstos en la Ley” con el objetivo de perfeccionar la reforma.

A continuación se muestra en el siguiente cuadro comparativo las modificaciones propuestas por la Cámara Revisora.

Ley Federal de Protección al Consumidor

Texto Vigente

Minuta
Cámara de Senadores

Minuta
Cámara de Diputados

Observaciones

Capítulo II
De las autoridades

ARTICULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I a XXI.-

XXII.- Coadyuvar con las autoridades competentes para salvaguardar los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas, y

 

No existe

 

 

ARTICULO 24.-…

 

 

I a XXI.-

XXII.- Coadyuvar con las autoridades competentes para salvaguardar los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas;

 

XXIII.- Publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones sean detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables, y

 

XXIV.- Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos.

 

 

ARTICULO 24.-…

 

 

I a XXI.-

XXII.- Coadyuvar con las autoridades competentes para salvaguardar los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas;

 

XXIII.- Publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones y los demás procedimientos previstos por la Ley sean detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables, y

XXIV.- Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la colegisladora, se estableció la frase y los demás procedimientos previstos por la Ley” para no restringir el texto únicamente a las “verificaciones” sino ampliarlo a un catálogo más amplio de posibilidades, de acuerdo con los demás procedimientos para los que la PROFECO es competente en el marco de sus facultades establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

 

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Que de acuerdo con la Ley Federal del Consumidor unos de los principios básicos en la relación de consumo es la protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos, por lo que es fundamental la información para los consumidores que adquieran bienes o servicios.

Segunda.- Estas dictaminadoras coinciden con la Colegisladora que con esta reforma se fortalecerán las facultades de la Procuraduría Federal del Consumidor, toda vez que esta institución informará a los consumidores a través de cualquier medio sobre los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones u otros procedimientos previstos por la Ley sean detectados como “riesgosos”.

Tercera.- Actualmente en los Estados Unidos de América y varios países de la Unión Europea, el consumidor puede enterarse de cuáles son los productos que se ofertan en un establecimiento y que por razones de seguridad fueron retirados del mercado. Es por ello que con esta modificación a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se pretende fortalecer las facultades a la PROFECO para establecer responsabilidades al proveedor cuando así lo amerite.

V. Resolutivo

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, aprueban en sus términos la Minuta referida y someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Artículo Unico.- Se adiciona una fracción XXXIII, pasando la actual XXIII a ser XXIV al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

ARTICULO 24.-…

I a XXI.-

XXII.- Coadyuvar con las autoridades competentes para salvaguardar los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas;

XXIII.- Publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones y los demás procedimientos previstos por la Ley sean detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables, y

XXIV.- Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos.

Transitorio

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 11 de marzo de 2014.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.

Pasamos al apartado de dictámenes de segunda lectura.

Compañeros Senadores, les informo que a petición de la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación, y con el acuerdo de la Mesa Directiva, se retiraron de su discusión los siguientes dictámenes:

El que propone expedir la Ley Reglamentaria del Artículo 33 Constitucional, en Materia de Derechos de Audiencia; y el que propone expedir la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, en Materia de Suspensión de Garantías.






En consecuencia, pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre México y Costa Rica.

CONVENIO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE COSTA RICA, FIRMADO AD REFERENDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA, EL 19 DE FEBRERO DE 2013

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA LATINA Y EL CARIBE;
DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE COMERCIO
Y FOMENTO INDUSTRIAL

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial; de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el “Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de San José, Costa Rica, el 19 de febrero de 2013”, que remitió el Poder Ejecutivo Federal a esta Soberanía.

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de dicho instrumento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGIA

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de las Comisiones Dictaminadoras.

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite brindado al instrumento internacional, desde su remisión al Senado de la República hasta la elaboración del dictamen respectivo.

C. En el apartado denominado Objeto y descripción del Instrumento, se exponen de manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances del instrumento en estudio.

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del Dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 4 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 191 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República; estas Comisiones Dictaminadoras se abocaron al análisis, estudio y discusión del “Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de San José, Costa Rica, el 19 de febrero de 2013”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial; someten a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes Generales

1. El Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio No. SEL/300/1460/13 de fecha 7 de octubre de 2013, remitió a los CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el “Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de San José, Costa Rica, el 19 de febrero de 2013”, a efecto de que dicho instrumento sea sometido a consideración de este Senado de la República, para los efectos precisados por el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Senado de la República, el instrumento antes referido fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, y de Comercio y Fomento Industrial, mediante el oficio número DGPL-1P2A.-1970con fecha 8 de octubre de 2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento del Senado de la República.

3. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, se amplió el turno para que el instrumento internacional fuera dictaminado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial; de acuerdo con el oficio número DGPL-1P2A.-2780 de fecha 21 de octubre de 2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 del Reglamento del Senado de la República.

4. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado, el instrumento mencionado fue enviado a los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades de proceder a elaborar el dictamen correspondiente.

5. El 24 de octubre de 2013, el Senador Humberto Domingo Mayans Canabal envió sus comentarios relacionados a la proposición que nos ocupa, indicando que: “Costa Rica es un país muy cercano a México, no sólo por su situación geográfica sino por el amplio espectro de relaciones que nos unen tanto de carácter político como económico y cultural”.

6. La Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, mediante el oficio número SEN/CREALYC/LXII/0107, solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el instrumento internacional, mismo que fue contestado por el Lic. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Cancillería, con el oficio número DEP0501/14 adjuntando una tarjeta de apoyo sobre el Convenio que nos ocupa.

Objeto y Descripción del Instrumento

En el artículo I del Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, se señala que el mismo tiene como objetivo continuar con la promoción y el fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo entre ambas Partes, para lo cual elaborarán, de común acuerdo, un Programa de Cooperación Bienal que beneficie a ambos países y/o a terceros, en el ánimo de generar sinergias que maximicen sus intercambios de manera significativa en todos los ámbitos de la cooperación.

En el artículo II, se establece que las partes desarrollarán proyectos y/o actividades de cooperación, especialmente dirigidas pero no limitadas, en las siguientes áreas: medio ambiente y cambio climático, fomento de la micro y pequeña empresa, desarrollo agropecuario, ciencia y tecnología, salud, desarrollo social, gestión pública y cualquier otra área que tenga incidencia en el desarrollo de sus respectivos países.

El artículo III dispone que la cooperación entre las partes podrá asumir las modalidades siguientes: promoción de proyectos de beneficio mutuo, de investigación y de cooperación con terceros países; intercambio de información, publicaciones y conocimientos sobre investigación científica y tecnológica; intercambio de iniciativas, planes, programas y proyectos; actividades conjuntas de información, incluyendo intercambio de especialistas y técnicos, con el objeto de capacitar a funcionarios y realizar asesorías en temas de interés mutuo; organización de seminarios, talleres, cursos y conferencias; intercambio de misiones de expertos para realizar diagnósticos en materias de interés común; intercambio de especialistas, investigadores y profesores universitarios; y cualquier otra que convengan las partes.

En el artículo IV se señala que las partes elaborarán conjuntamente un Programa de Cooperación Bienal, integrado por proyectos y actividades a ser desarrollados, teniendo presente las prioridades en el ámbito de los respectivos planes y estrategias de desarrollo económico y social. Cada proyecto deberá especificar objetivos, recursos financieros y técnicos, cronogramas de trabajo, áreas de ejecución de proyectos y/o actividades, obligación operativa y financiera de las partes y, la información que se estime pertinente. El proyecto será evaluado anualmente por las entidades señaladas en el artículo VI.

El artículo V establece la manera en que las partes gestionarán proyectos y/o actividades de cooperación, en los que se podrá considerar la participación de organismos y entidades de los sectores público y privado de ambas Partes, de universidades, organismos de investigación y organizaciones no gubernamentales. Las partes podrán suscribir acuerdos complementarios de cooperación en áreas específicas de interés común.

El artículo VI establece que el mecanismo de coordinación y seguimiento de los proyectos y actividades de cooperación previstas en el Convenio será la Comisión Mixta de Cooperación presidida, por parte de México, por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por parte de Costa Rica, por la Dirección de Cooperación Internacional (DCI) del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Se establecen como funciones de la Comisión Mixta de Cooperación, las siguientes: 

A. Evaluar y determinar áreas prioritarias en que sería factible la realización de proyectos y/o actividades de cooperación para el desarrollo;

B. Analizar y aprobar proyectos y/o actividades que conformarán el Programa;

C. Revisar y evaluar el avance del Programa;

D. Supervisar la adecuada observancia y el cumplimiento del Convenio, así como proponer recomendaciones;

E. Elaborar diagnósticos globales y sectoriales representativos de la cooperación de las partes;

F. Garantizar la elaboración de propuestas de interés mutuo destinadas a la aplicación y la profundización de la cooperación, mediante la presentación de proyectos de investigación y colaboración Sur Sur;

G. Fomentar la elaboración de proyectos do cooperación trilateral;

H. Efectuar el control sobre el cumplimiento de los acuerdos complementarios de cooperación y sus resoluciones;

I. Promover la participación de organismos internacionales regionales y subregionales, entidades gubernamentales e instituciones públicas y privadas de terceros países, universidades e instituciones o centros académicos y de investigación, entidades nacionales de sectores públicos, privados y regionales, comunales y de organizaciones no gubernamentales; y cualquier otra que le atribuyan las partes.

Cada una de las partes podrán someter a consideración de la otra, en cualquier momento, proyectos y/o actividades de cooperación para su estudio, y en su caso aprobación.

Con relación al financiamiento, el artículo VII establece que las partes financiarán las actividades de cooperación en el marco del Convenio, de conformidad con su disponibilidad presupuestal y lo dispuesto en su legislación nacional.

Cada Parte sufragará los gastos relacionados con su participación en los proyectos y/o actividades de cooperación emanados del presente Convenio, a través de la modalidad de “costos compartidos”, es decir, los costos de transporte internacional para el envío del personal de una de las Partes al territorio de la Otra, se sufragarán por la parte que lo envía, mientras que los correspondientes a hospedaje, alimentación y transporte local se cubrirán por la Parte receptora. Lo anterior, sin perjuicio de que las Partes puedan convenir modificaciones a los rubros señalados.

Las Partes podrán identificar mecanismos de financiamiento alternos para proyectos y/o actividades de cooperación específicos, según se considere apropiado.

El artículo VIII, establece que en materia de cooperación trilateral, cada parte podrá sugerir a la Otra la ejecución de proyectos de cooperación trilateral (en beneficio de terceros), en áreas de interés común, a fin de aprovechar sus fortalezas y potenciar impactos, por medio de la utilización coordinada de recursos humanos, técnicos y financieros. Las propuestas serán analizadas por las Partes de conformidad con sus normas y procedimientos internos y en coordinación con los gobiernos de los Estados participantes.

La ejecución de los proyectos aprobados se formalizará a través de un intercambio de Notas, que deberán especificar en cada caso: los objetivos; medios de acción; formas de participación; obligaciones de cada `Parte; contribuciones técnicas, financieras, de recursos humanos y otros; presupuestos, incluyendo los costos de supervisión técnica y administrativa que correspondan y cualquier otra información que asegure el adecuado cumplimiento de lo convenido. Cada Parte contribuirá al financiamiento de los proyectos de cooperación trilateral de conformidad con su legislación nacional y su disponibilidad presupuestal existente. Los porcentajes del financiamiento serán definidos para cada caso.

El artículo IX, referente a la entrada, permanencia y salida del personal participante, se establece que cada Parte otorgará las facilidades necesarias para la entrada, permanencia y salida del personal que en forma oficial intervenga en los proyectos y/o actividades de cooperación que se deriven del Convenio. Los participantes se someterán a las disposiciones migratorias, fiscales, aduaneras, sanitarias y de seguridad nacional en el país receptor y no podrán dedicarse a ninguna actividad ajena a sus funciones.

Por su parte, el artículo X dispone que las Partes se otorgarán las facilidades administrativas, fiscales y aduaneras necesarias para la importación temporal y exportación del equipo y materiales que se utilizarán en los proyectos o actividades de cooperación al amparo del Convenio, de conformidad con su respectiva legislación nacional.

Con relación al intercambio y difusión de información, el artículo XI establece que se observarán las leyes y demás disposiciones vigentes en cada una de las Partes, así como los respectivos compromisos internacionales, los derechos y obligaciones que se acuerden en relación con terceros. Cuando la información sea proporcionada por una de las Partes ésta podrá señalar, cuando lo juzgue conveniente, restricciones para su difusión con fundamento en su ordenamiento jurídico.

El artículo XII se refiere a la solución de controversias (que será de común acuerdo) y el artículo XIII establece que el Convenio entrará en vigor 30 días después de la fecha de recepción de la última de las notificaciones en la que las Partes se comuniquen, por la vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos exigidos por su legislación nacional para tal efecto y permanecerá vigente por 5 años, prorrogables automáticamente por periodos de igual duración.

Al entrar en vigor el Convenio, quedarán sin efecto las disposiciones del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicano y el Gobierno de la República de Costa Rica.

La Comisiones, habiendo dado cuenta del contenido del instrumento internacional que es objeto de estudio, emiten en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba. Lo anterior proporciona el sustento jurídico para que estas Comisiones Dictaminadoras consideren que dentro de las funciones de este órgano legislativo se encuentran los planteamientos incluidos en el instrumento internacional.

SEGUNDO. Que el 6 de abril de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la cual tiene por objeto: dotar al Poder Ejecutivo Federal de los instrumentos necesarios para la programación, promoción, concertación, fomento, coordinación, ejecución, cuantificación, evaluación y fiscalización de acciones y Programas de Cooperación Internacional para el desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y los gobiernos de otros países así como con organismos internacionales, para la transferencia, recepción e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras.

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 10 fracción IV de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) tiene como atribuciones:

IV. Apoyar, supervisar, evaluar y dar seguimiento, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las instituciones cooperantes que correspondan, a la ejecución de las políticas y acciones de cooperación internacional de conformidad con los lineamientos del Programa [de Cooperación Internacional para el Desarrollo].

CUARTO. Que los jefes de Estado, ministros y representantes de países desarrollados y en desarrollo reconocieron en la Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, suscrita en diciembre de 2011, que:

“Podemos y debemos mejorar y acelerar nuestros esfuerzos. Nos comprometemos a modernizar, profundizar y ampliar nuestra cooperación, con la participación de actores estatales y no estatales que desean construir una agenda que hasta hace poco era decidida por un número restringido de actores del desarrollo. En Busan estamos forjando una nueva alianza mundial para el desarrollo que abarca la diversidad y reconoce las distintas funciones que cada actor en la cooperación puede desempeñar para apoyar el desarrollo”.

Por lo que estas Comisiones Dictaminadoras valoran que es de respaldarse el esfuerzo que realizan los países, reforzando sus gobiernos y mejorando el desempeño del desarrollo lo cual es más sencillo si las existentes y nuevas iniciativas bilaterales y multilaterales conducen a ampliar todavía más la cooperación internacional.

QUINTO. Que en el oficio de fecha tres de octubre de 2013, suscrito por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que es estrategia del Gobierno de México reforzar y extenderlos lazos políticos, económicos y culturales con América Latina yel Caribe, con miras a elevar el bienestar social y el desarrollo económico de la región. Y que derivado de esta estrategia, se valoró la necesidad de actualizar y ampliar la cooperación entre México y Costa Rica, de conformidad con los nuevos estándares internacionales, a través de la negociación de un convenio en materia de cooperación para el desarrollo.

Así mismo, se señala que el Convenio fomentará la promoción y el fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo, para lo cual se elaborará, de común acuerdo un Programa de Cooperación Bienal, integrado por los proyectos y actividades que beneficien a ambos países.

SEXTO. Que una vez que entre en vigor el Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, éste sustituirá al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y El Gobierno de la República de Costa Rica, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 30 de junio de 1995, sin perjuicio de que se concluyan los acuerdos complementarios, proyectos y actividades que se encuentren en ejecución con base en éste.

SEPTIMO. Que ambas naciones han mantenido relaciones diplomáticas desde el 28 de mayo de 1831, las cuales se han basado en el respeto y la cooperación. Ambos países son importantes socios comerciales, México es el tercer proveedor a nivel mundial de Costa Rica y el primero en la región. En 1995 ambos países firmaron un Tratado de Libre Comercio, el cual a 16 años de vigencia ha incrementado el comercio en un 21.46 por ciento promedio anual.

Ambos países han suscrito una gran cantidad de instrumentos internacionales que incluyen el Tratado de Libre Comercio, convenios en materia de procuración de justicia, de cooperación técnica, científica, educativa y cultural. Actualmente existen 11 tratados vigentes.

OCTAVO. Que Costa Rica es el único país centroamericano con el cual México desarrolla proyectos de investigación científica y tecnológica. Cabe mencionar que el 25 de noviembre de 2013 se firmó en la Ciudad de México el XV Programa de Cooperación Técnica y Científica 2013-2015 en el que ambas delegaciones reconocieron que este programa representa una oportunidad para brindar un renovado dinamismo a los vínculos de cooperación entre los dos países, para promover el desarrollo sostenible de ambos                 pueblos. Este programa está integrado por veinte proyectos en cuatro sectores identificados como prioritarios: agropecuario productivo; medio ambiente y energía, turismo sustentable y gestión pública.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera viable aprobar el instrumento internacional objeto de dictamen, así pues las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO

UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de San José, Costa Rica, el diecinueve de febrero de dos mil trece.

Dado en el Senado de la República, a 23 días de abril de 2014.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES AMERICA LATINA Y EL CARIBE.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL”.

Debido que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite su lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Está a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado; y después se le concederá el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, en términos del mismo artículo.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, recibimos este convenio para realizar primero un estudio y después el dictamen de este Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, que hoy ponemos a consideración de esta Soberanía.

Este instrumento remplaza un acuerdo sobre cooperación técnica y científica que ya sosteníamos ambos países y amplía la cooperación hacia todos los ámbitos para el desarrollo.

Entre las actividades de cooperación que plantea, se incluyen medio ambiente y cambio climático, fomento de la micro y pequeña empresa, desarrollo agropecuario, ciencia y tecnología, salud, desarrollo social y gestión pública.

Es importante destacar que México cuenta con una condición dual de Estado donante y receptor de cooperación internacional para el desarrollo, por lo que esta debe ser horizontal y recíproca. Este Convenio, sin duda alguna, contribuye a esto.

Dentro de sus bondades, encontramos un nuevo esquema de costos compartidos para los gastos que contribuyan a los fines que él mismo plantea. Por ejemplo, para financiar viajes de expertos en los temas e incorpora la cooperación triangular, es decir, con terceros destinatarios.

Además busca sustituir convenios básicos con convenios con objetivos evaluables, lo cual es fundamental para tener claro de qué están sirviendo los acuerdos que suscribe México con el exterior. Es muy importante, porque toda acción que no es medible y sometida a evaluación, de poco sirve y pocos resultados nos garantiza.

El Convenio que analizamos, cuyo dictamen estamos presentando en este momento, establece que cada proyecto deberá especificar objetivos, recursos financieros y técnicos, cronogramas de trabajo, áreas de ejecución y demás información operativa y financiera de las partes.

Yo quisiera destacar puntos importantes en cuanto a nuestra relación con Costa Rica.

Costa Rica es el único país de Centroamérica con el que México realiza proyectos de investigación científica. Contamos con un Acuerdo de Asociación Estratégica desde el 2009, que es muestra de la profundidad de la relación entre ambos países, pues este tipo de acuerdos contienen no sólo elementos comerciales, sino también políticos y de cooperación.

Los dos países también somos miembros del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, por lo que compartimos el objetivo de facilitar el financiamiento y la ejecución de programas y proyectos que beneficien a toda la región.

Hay que mencionar que en los últimos 11 años el comercio bilateral creció 583 por ciento y que Costa Rica es candidato para integrarse a la Alianza del Pacífico, lo que es hoy nuestro principal proyecto de integración internacional.

Compañeras y compañeros, la aprobación de este Convenio no solamente va a contribuir al desarrollo de acciones y políticas en sectores clave para generar progreso, innovación y riqueza, también se va a promover la sustentabilidad en ambos países y va a permitir que nos acerquemos aún más a un actor tan importante en América Latina como lo es la República de Costa Rica.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Mariana Gómez.
Senadora Gabriela Cuevas, por favor.

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I de nuestra Constitución, hago uso de esta tribuna para fundamentar cinco dictámenes por los que se aprueban diversos instrumentos internacionales.

Primero quiero hacer referencia al Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre México y Costa Rica, firmado el 19 de febrero de 2013.

Este Convenio tiene por objetivo continuar con la promoción y el fortalecimiento de la cooperación y el desarrollo entre ambos países mediante la elaboración de un programa de cooperación, el intercambio de información, publicaciones sobre investigación científica y tecnológica, así como el intercambio de iniciativas, planes, programas, proyectos e incluso de especialistas, investigadores y profesores universitarios.

Este mecanismo permitirá desarrollar proyectos y actividades de cooperación en materia de medio ambiente y cambio climático, fomento empresarial, desarrollo agropecuario, salud, ciencia y tecnología, entre otros.

Por lo que hace al Tratado de Extradición entre México y la República Dominicana, firmado el 23 de julio de 2013, es importante señalar que tiene un triple propósito:

En primer lugar, fortalecer el marco jurídico bilateral en materia de procuración de justicia.

Segundo, eficientar el combate a la delincuencia organizada.

Y tercero, disminuir la impunidad del crimen organizado transnacional.

En este instrumento se establecen los supuestos y el procedimiento para hacer efectiva la extradición de aquellas personas que se encuentran en un proceso penal o que sean requeridas para la imposición o ejecución de una sentencia que implique pena privativa de la libertad. Además se determinan las causas por las que se podría denegar la extradición.

Por ejemplo, cuando se tengan razones fundadas para creer que la solicitud de extradición tiene como fin perseguir o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas o bien cuando la persona reclamada vaya a ser juzgada por un tribunal de excepción.

Después de hacer un análisis a este tratado, las comisiones dictaminadoras consideramos que no contraviene lo dispuesto en el artículo 15 constitucional y que se encuentra en sintonía con lo dispuesto en el artículo 119, en el sentido de que las extradiciones serán tramitadas por el Ejecutivo Federal con la intervención de autoridad judicial en los términos de la Constitución, y de los propios tratados internacionales.

De igual manera quiero referirme a los dictámenes por los que se aprueban dos Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, uno firmado con el Reino de Bahrein, y otro con el Estado de Kuwait. En estos apris se tiene como objetivo intensificar la cooperación económica mediante la promoción y protección de la inversión y el fomento de los flujos de capital productivo.

Buscan crear y mantener condiciones favorables y equitativas para los inversionistas mexicanos, estableciendo para ello un marco legal congruente con los principios del derecho internacional.

En los últimos diez años el comercio entre México y Kuwait pasó de 3.2 millones de dólares a 84 millones de dólares; mientras que con Bahrein pasó de 2.6 a 41 millones de dólares.

Sin embargo, nuestro país no reportó ninguna inversión en Bahrein en ese periodo.

Las comisiones dictaminadoras consideramos que estos acuerdos van a permitir el flujo de inversión que no sólo contribuirá a financiar el crecimiento económico a largo plazo, sino que también permita transferir conocimientos y tecnologías, crear puestos de trabajo, aumentar la productividad, aumentar los salarios, y estimular la competitividad.

De aprobarse estos instrumentos, estaremos creando y manteniendo condiciones favorables y equitativas para los inversionistas mexicanos, pero, sobre todo, estamos sentando las bases para que junto con los 26 apris, que están en vigor, mejore la calidad de vida y el bienestar del pueblo de México.

Finalmente quiero comentar que se pone a su consideración el dictamen por el que se aprueba la Enmienda al Convenio de Cooperación Técnica entre México y Alemania, firmado el 14 de noviembre de 2012.

Con este acuerdo se actualiza el Convenio de 1997, a fin de precisar los compromisos fiscales de cada uno de estos gobiernos, y en específico, en lo que concierne a la exención de impuestos y derechos generados por la importación y exportación de materiales requeridos para ejecución de los referidos proyectos de cooperación.

De esta manera, México considera todas las facilidades administrativas, fiscales y aduaneras para la importación y exportación del material requerido y destinará el cien por ciento de los recursos otorgados por el gobierno alemán al financiamiento a proyectos de cooperación.

Esto significa que ninguno de estos recursos podrá utilizarse para el pago de impuestos o derechos generados en nuestro país.

Consideramos que la cooperación alcanzada entre México y Alemania durante los últimos años es una de las más productivas y exitosas, y con esta Enmienda, estaremos estrechando todavía más estos programas de cooperación.

Estimadas compañeras y compañeros: De aprobarse estos dictámenes, el Senado de la República estará cumpliendo con sus obligaciones legales y constitucionales; pero, sobre todo, estará fortaleciendo el marco jurídico para que nuestro país siga ampliando su presencia en el exterior.

Por último, quiero aprovechar para felicitar y agradecer el trabajo comprometido de los presidentes y, sin duda, de los integrantes de cada una de las comisiones con las que trabajamos: de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores, Asía-Pacífico; de Comercio y Fomento Industrial; y de Hacienda y Crédito Público, con quienes estamos cerrando un periodo muy fructífero a favor de las y los mexicanos.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Cuevas Barrón.

Tiene el uso la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para razonar su voto.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Los dictámenes de comisiones unidas que se presentan a su consideración en esta sesión, versan sobre diferentes temas entre los que destacan los acuerdos de promoción recíproca de las inversiones y los tratados en materia de extradición.

México es un país muy activo en lo que hace al debate sobre la cooperación internacional para el desarrollo, así ha participado en la definición de los objetivos del milenio, y actualmente en la definición de los objetivos post 2015.

Para fortalecer la participación de nuestro país en la materia, en septiembre de 2011 se creó la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en cumplimiento a la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, publicada en abril de aquél año.

Con instrumentos como los señalados, México participó en el lanzamiento de la Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, en diciembre de 2011.

En este marco, es que se da el Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre México y Costa Rica. Se trata de un acuerdo que contribuye a fomentar la cooperación que nuestro país ha venido impulsando a lo largo de más de dos décadas, ya que derivará en un programa de cooperación que beneficiará a ambos países, y/o a terceros, en el ánimo de generar sinergias que maximicen los intercambios de manera significativa en todos los ámbitos de la cooperación.

Además, el Convenio sustituirá al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre ambas naciones.

Costa Rica es el único país centroamericano con el cual México desarrolla proyectos de investigación científica y tecnológica.

Cabe mencionar que el 25 de noviembre de 2013 se firmó, en la ciudad de México, el Décimo Quinto Programa de Cooperación Técnica y Científica 2013-2015, que es reconocido por ambas naciones como una oportunidad para brindar un renovado dinamismo a los vínculos de cooperación entre los dos países, así como promover el desarrollo sostenible de ambos pueblos.

Este programa está integrado por 20 proyectos en cuatro sectores identificados como prioritarios: El Agropecuario Productivo, el Medio Ambiente y Energía, el de Turismo Sustentable y el de Gestión Pública.

El objetivo del tratado que se aprobará con República Dominicana, consiste en fortalecer el marco jurídico bilateral en materia de procuración de justicia, hace más eficiente el combate a la delincuencia organizada, así como disminuir la impunidad del crimen organizado trasnacional.

Con relación al contenido del tratado encontramos que éste está conformado por 23 artículos que incluyen disposiciones que regulan los términos de la extradición entre ambos países.

Entre los aspectos destacables, el tratado establece que la extradición será procedente cuando se refiera a conductas penalmente sancionadas en la legislación de ambos países con pena privativa de la libertad, y también cuando se trate de delito que se refiera a impuestos, aduanas u otra clase de contribuciones.

Con relación a las causas para denegar una extradición, el instrumento contempla las siguientes: Cuando se trate de delitos considerados por parte requerida como políticos; cuando la parte requerida tenga razones fundadas para creer que la solicitud de extradición tiene como fin perseguir o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas; cuando la persona reclamada vaya a ser juzgada por un tribunal de excepción o, en su caso, cuando fuera para la ejecución de una pena impuesta por un tribunal si la acción penal o pena por la que se solicita la extradición ha prescrito conforme a la legislación de la parte requiriente entre otras causales.

El tratado al que nos estamos refiriendo se encuentra en sintonía con lo dispuesto en el artículo 119, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en el sentido de que las extradiciones esta a requerimiento de Estado extranjero, los serán tramitadas por el Ejecutivo Federal con la intervención de la autoridad judicial en los términos de Constitución Tratados Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias correspondientes.

Asimismo, el tratado no contraviene lo dispuesto en el artículo 15 constitucional, que versa sobre la prohibición de celebrar tratados sobre materia por diversas causales.

Es de interés mencionar, junto con la aprobación de estos instrumentos antes citados, los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscritas con Bahréin y Kuwait, tienen el objetivo de intensificar la cooperación económica entre México y dichos países, mediante la promoción y protección de la inversión y fomento de los flujos de capital productivo, así como buscar, crear y mantener condiciones favorables y equitativas para los inversionistas de las naciones involucradas.

Así, México extiende su red de Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones a tres decenas con diferentes Estados.

Por último, el Convenio de Cooperación Técnica, vigente desde 1998, provee el marco jurídico para el desarrollo de proyectos de cooperación técnica entre instituciones de México y Alemania, las cuales permiten fomentar el desarrollo técnico, económico y social de la población de ambos países.

Alemania y México comparten una importante historia de colaboración en distintos ámbitos, donde la cooperación ocupa un lugar primordial y constituye una herramienta de trabajo común.

El Convenio ha debido renovarse para que sus disposiciones sean acorde con la realidad actual de ambos países.

Las modificaciones al Convenio buscan precisar los compromisos fiscales de cada gobierno, específicamente lo que concierne a la exención de impuestos y derechos generados por la importación y exportación de materiales requeridos para la ejecución de proyectos de cooperación.

De este modo, México concederá, conforme a su legislación vigente, todas las facilidades administrativas, fiscales y aduaneras para la importación y exportación de material requerido para la ejecución de los proyectos de cooperación y destinará el 100 por ciento de los recursos otorgados por el gobierno alemán al financiamiento de los proyectos de cooperación, por lo que tales recursos no podrán utilizarse para el pago de contribuciones incluidos impuestos o derechos generados en México.

Los dictámenes, el PRD los votará a favor.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Padierna Luna.

No habiendo más oradores, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

Saludamos a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, invitados por el Senador Héctor Yunes.

¡Sean bienvenidos!



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 95 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de San José, Costa Rica, el 19 de febrero de 2013. Remítase al Ejecutivo Federal.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre México y la República Dominicana.






TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, FIRMADO AD REFERENDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL 23 DE JULIO DE 2013 EN LA CIUDAD DE MEXICO

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA LATINA Y EL CARIBE;
DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE JUSTICIA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia; de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnado para su análisis y dictamen, el “Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México”, remitido por el Ejecutivo Federal.

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de dicho instrumento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGIA

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de las Comisiones Dictaminadoras.

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite brindado al Tratado Internacional, desde su remisión al Senado de la República hasta la elaboración del dictamen respectivo.

C. En el apartado denominado Objeto y descripción del Instrumento, se exponen de manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances del instrumento en estudio.

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del Dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios

Las Comisiones que suscriben el presente dictamen, de conformidad con lo establecido por los artículos 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Ley sobre la Celebración de Tratados;85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 191 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República; se abocaron al análisis, estudio y discusión del “Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México”, y conforme a las deliberaciones que se realizaron someten a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes Generales

1. El Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio No. SEL/300/1828/13 de fecha 19 de noviembre de 2013, remitió a los CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el “Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México”, a efecto de que dicho instrumento fuera sometido a consideración del Senado de la República para los efectos precisados por el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Senado de la República, el “Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México” fue turnado para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia; mediante oficio número DGPL-2P2A.-1de fecha 4 de febrero de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento del Senado de la República.

3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado, el instrumento mencionado fue enviado a los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades de proceder a elaborar el dictamen correspondiente.

4. La Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, mediante el oficio número SEN/CREALYC/LXII/0107, solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el instrumento internacional, mismo que fue contestado por el Lic. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Cancillería, con el oficio número DEP0501/14 adjuntando una tarjeta de apoyo sobre el Tratado que nos ocupa.

Objeto y Descripción del Instrumento

De acuerdo con lo señalado en el comunicado por el cual se somete a la aprobación del Senado de la República el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, el objetivo del Tratado consiste en fortalecer el marco jurídico bilateral en materia de procuración de justicia, hacer eficiente el combate a la delincuencia organizada, así como disminuir la impunidad del crimen organizado trasnacional.

Con relación al contenido del Tratado, encontramos que éste está conformado por 23 artículos que incluyen disposiciones sobre la obligación de extraditar, los delitos que darán lugar a la extradición, los delitos fiscales, las causas para denegar una extradición, la extradición de nacionales, los documentos necesarios para la presentación de solicitudes de extradición, la detención provisional con fines de extradición, el procedimiento, la extradición simplificada, la resolución y entrega, la entrega diferida, la entrega temporal, la entrega de objetos, la extradición en tránsito, el principio de especialidad, los gastos, la relación con otros Tratados, la confidencialidad de la información, las consultas y controversias, el ámbito temporal de aplicación, la entrada en vigor y la terminación.

Entre otras cosas, el instrumento establece que las partes se comprometen a entregarse recíprocamente en extradición a aquellas personas respecto de las cuales las autoridades competentes de la Parte Requirente hayan iniciado un proceso penal o sean requeridas para la imposición o ejecución de una sentencia que implique pena privativa de la libertad.

Se determina que la extradición será procedente cuando se refiera a conductas penalmente sancionadas de conformidad con la legislación de ambas Partes con pena privativa de la libertad y también cuando se trate de un delito que se refiera a impuestos, aduanas u otra clase de contribuciones.

Con relación a las causas para denegar una extradición, el instrumento contempla las siguientes:

a. Cuando se trate de delitos considerados por la Parte Requerida como políticos;

b. Cuando la Parte Requerida tenga razones fundadas para creer que la solicitud de extradición tiene como fin perseguir o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas.

c. Cuando la persona reclamada vaya a ser juzgada por un Tribunal de excepción o, en su caso, cuando fuera para la ejecución de una pena impuesta por ese Tribunal;

d. Si la acción penal o la pena por la que se solicita la extradición ha prescrito conforme a la legislación de la Parte Requirente;

e. Cuando la Parte Requerida considere que el delito es exclusivamente militar;

f. Cuando la solicitud de extradición sea por hechos por los que la persona reclamada ya fue juzgada y sentenciada;

g. Cuando la extradición se refiera a un hecho penalmente sancionado con una pena prohibitiva por la legislación de la Parte Requerida;

h. Cuando la sentencia de la parte requirente haya sido dictada en rebeldía y no se dieran las seguridades para oír al procesado y permitirle el derecho de defensa;

i). Cuando la solicitud carezca de los documentos que se señalan en el Tratado.

Por lo que se refiere a la extradición de nacionales, el instrumento dispone que la Parte Requirente podrá conceder la extradición si a su entera discreción lo considera pertinente. Y en caso de que la extradición sea negada exclusivamente porque la persona reclamada es un nacional de Parte Requerida, ésta última deberá someter el caso a las autoridades competentes para el enjuiciamiento del delito.

Respecto a los requisitos que se deben cumplir para presentar una solicitud de extradición, se establecen los siguientes: que la solicitud se presente por los canales diplomáticos y que se señale el delito por el cual se pide la extradición, acompañándose la misma de los documentos que establece el artículo 6.En caso de que la solicitud de extradición se refiera a una persona sentenciada, se deberá hacer constar la parte de la pena que le falte por cumplir.

En cuanto a la Detención Provisional con Fines de Extradición, se señala que cualquiera de las Partes podrá pedir por los canales diplomáticos la detención provisional de una persona, previa solicitud de detención que contenga los requisitos establecidos en el Tratado. La Parte Requerida deberá tomar las medidas necesarias para detener a la persona reclamada, para lo cual, la Parte Requirente deberá formalizar la solicitud de extradición dentro de los 60 días contados a partir de la detención, ya que en caso contrario se pondrá fin a la detención provisional.

En caso de Solicitudes Concurrentes, es decir, cuando la misma persona sea requerida por dos o más Estados, la Parte Requerida deberá determinar a cuál de esos Estados será extraditada la apersona, para lo cual se tomarán en consideración las circunstancias relevantes que se establecen en el Tratado.

Las solicitudes de extradición que sean presentadas por la parte Requerida, serán tramitadas de conformidad con los procedimientos establecidos en la materia y que se encuentren regulados por la legislación de dicha Parte.

Respecto a la extradición simplificada se establece que en cualquier etapa del proceso la persona reclamada podrá dar su consentimiento a la extradición ante la autoridad competente de la Parte Requerida, debiendo ésta resolver a la brevedad y proceder a la entrega de en el plazo establecido para tales efectos. El consentimiento debe ser expresado en los términos del Tratado.

Respecto a la resolución y entrega, la Parte Requerida comunicará sin demora, por los canales diplomáticos a la Parte Requirente su resolución respecto a la solicitud de extradición, una vez que ésta haya quedo firme. En caso de denegación la Parte Requerida expondrá las razones en que se haya fundado.

Si se concede la extradición, las Partes se pondrán de acuerdo para realizar la entrega de la persona reclamada dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que la Requirente haya recibido la comunicación. En caso contrario, la persona reclamada será puesta en libertad y la Parte Requerida podrá posteriormente negarse a extraditarlo por el mismo delito.

El Tratado también señala que la Parte Requerida podrá, después de resolver favorablemente la extradición, diferir la entrega de la persona reclamada cuando existan procesos penales en curso en contra de la misma o cuando se encuentre cumpliendo una pena en el territorio de la Parte Requerida por un delito distinto de aquél por el que se concedió la extradición.

Por cuanto hace a la Entrega Temporal, la Parte Requerida podrá, después de haber concedido la extradición y a petición de la Parte Requirente, entregar temporalmente a la persona reclamada que haya recibido una sentencia condenatoria o se encuentre sometida a un proceso penal en trámite en la Parte Requerida, a fin de que pueda ser procesada en la Parte Requirente durante la ejecución de la sentencia en la Parte Requerida. La persona así entregada deberá permanecer en custodia de la Parte Requirente y ser devuelta a la Parte Requerida al término del proceso correspondiente.

Respecto a la Entrega de Objetos, el Tratado establece que en la medida que lo permita la legislación de la Parte Requerida y sin perjuicio de los derechos de terceros, todos los artículos, instrumentos, objetos de valor o documentos relacionados con el delito, aun cuando no hayan sido utilizados para su ejecución o que de cualquier manera puedan servir de prueba en el proceso y sean encontrados en poder de la persona reclamada en el momento de su detención, serán entregados a la Parte Requirente cuando se conceda la extradición. La Parte Requerida podrá retener temporalmente o entregar bajo condición de restitución o devolución los objetos que se han señalado.

Además de lo anterior, este instrumento internacional señala que el tránsito por el territorio de una de las Partes de una persona entregada a la otra Parte por un Tercer Estado, será permitido, previa presentación de una solicitud por los canales diplomáticos acompañada de una copia certificada de la resolución en la que se concedió la extradición. Corresponderá a las autoridades del Estado en tránsito la custodia del extraditado mientras permanezca en su territorio.

El Principio de Especialidad significa que la persona extraditada no será detenida, enjuiciada o sancionada en el territorio de la Parte Requirente por un delito cometido con anterioridad a la entrega y distinto de aquél por el cual se concedió la extradición, ni será extraditada por dicha Parte a un tercer Estado, a menos que se actualice lo dispuesto en el artículo 17. Y si en el curso del procedimiento se cambia la calificación del delito por el cual la persona reclamada fue extraditada, ésta será enjuiciada y sentenciada a condición de que el delito en su nueva configuración legal cumpla con lo dispuesto en el Tratado.

A partir del artículo 18, el Tratado contempla las reglas que regirán el pago de los gastos y costos que deriven del procedimiento de extradición; la relación de éste con otros tratados; la confidencialidad de la información que se intercambie con motivo de su ejecución; la forma en que las Partes podrán celebrar consultas cuando lo estimen pertinente; y el ámbito temporal de aplicación del Tratado. Respecto a la Entrada en Vigor y la Terminación se establece que el Tratado entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de recepción de la última notificación, recibida por los canales diplomáticos.

Finalmente, se establece que cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el Tratado en cualquier momento y que también podrá modificarse por mutuo consentimiento de las partes.

Consideraciones

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba. Lo anterior proporciona el sustento jurídico para que estas Comisiones Dictaminadoras hayan entrado al análisis y dictamen del Tratado en comento.

SEGUNDO. Que el Tratado que se dictamina se encuentra en sintonía con lo dispuesto en el artículo 119 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, con la intervención de la autoridad judicial en los términos de la Constitución, los Tratados Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta días naturales.

TERCERO. Que el Tratado que se dictamina no contraviene lo dispuesto en el Artículo 15 Constitucional, el cual establece que “no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.

CUARTO. Que el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México, busca mejorar la cooperación entre ambos países con la intención de combatir la delincuencia y contar con un marco jurídico actualizado en contra del crimen organizado trasnacional.

QUINTO. Que los Estados Unidos Mexicanos han firmado diversos tratados en materia de extradición, tales como:

· El Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, firmado en la Ciudad de México, el 30 de mayo de 2011.

· Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado en la Ciudad de México, el 22 de agosto de 2011.

· Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa, firmado en la Ciudad de México el 27 de enero de 1994.

· Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá, firmado en la Ciudad de México el 16 de marzo de 1990.

· Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado en la Ciudad de México el 4 de mayo de 1978.

SEXTO. Que el combate al crimen organizado no debe limitarse al ámbito territorial de los Estados Unidos Mexicanos, sino que debe expandirse más allá de sus fronteras, atendiendo en todo momento lo dispuesto por nuestra Carta Magna y, desde luego, con estricto apego a los instrumentos de derecho internacional, respetando en todo momento la soberanía de los Estados Parte.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia; consideran viable aprobar el “Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México”, y someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO

UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el “Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México”.

Dado en el Senado de la República, a 23 de abril de 2014.

 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Comisiones de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión:

ComisiOn de Relaciones Exteriores, AmErica Latina y el Caribe.

COMISION DE Relaciones Exteriores.-

COMISION DE Justicia”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Está a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para presentar dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

Les pediría que pusieran atención, Senadores.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Gracias, señor Presidente. Me encantaría que me escucharan, Senadores, es un tratado muy importante.

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, realizamos un análisis puntual del contenido del Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, que nos permitió llegar a este dictamen.

Quisiera destacar la importancia de nuestra relación bilateral de manera integral. En términos comerciales, República Dominicana es nuestro principal socio comercial en El Caribe y el décimo en América Latina.

Por su parte, México para la República Dominicana es el cuarto socio comercial, después de Estados Unidos, China y Venezuela.

En el año 1997 se creó la Comisión Mixta Intergubernamental como un foro de alto nivel para fortalecer el diálogo político y dar seguimiento a las relaciones entre los dos países. Este Tratado es un paso más en el acercamiento de México con el Caribe porque fortalece el marco jurídico bilateral en materia de procuración de justicia, y permitirá que sea eficiente, con ello, el combate a la delincuencia organizada transnacional.

Con este tipo de acuerdos, buscamos que disminuya la impunidad mediante la cooperación, particularmente con un país que tiene una localización geográfica estratégica para el crimen internacional, ya que República Dominicana se encuentra en el mar Caribe, entre los centros productores de drogas y los principales mercados consumidores, como son Estados Unidos y Europa. En este sentido, se han encontrado operaciones de cárteles mexicanos en República Dominicana; además, este país caribeño tiene sustanciales movimientos de lavado de dinero, y es origen, tránsito y destino de explotación sexual de personas y de trabajos forzados.

Si en el siglo XXI el crimen es transnacional, también lo debe ser su combate, y Tratados como este contribuyen para ello.

Quiero mencionar que este Tratado se encuentra vinculado armónicamente con otros instrumentos suscritos por nuestro país, y a la legislación mexicana vigente en el rubro de extradición.

Esperamos que con la aprobación de esta herramienta continúen cerrándose espacios a la impunidad de la que han gozado grupos criminales que operan más allá de nuestras fronteras.

Es importante que con total respeto al derecho internacional, los delincuentes enfrenten procesos judiciales en los países en los que cometieron actos ilegales.

Una de las principales virtudes de instrumentos de este tipo, es que contribuyen a la prevención en la comisión de los delitos y a tener sistemas de procuración de justicia eficientes, modernos y que respondan a la exigencia de los ciudadanos de tener seguridad y paz, y que quienes delinquen sean llevados ante la justicia.

En este sentido, las comisiones unidas ponemos a su consideración el presente dictamen por el que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana.

Estamos seguros que la aprobación de este dictamen va a contribuir a que México continúe ampliando sus lazos de colaboración y hermanamiento con los países de la región, países hermanos con los que compartimos retos y ahora también compartimos soluciones.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

No habiendo más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, de acuerdo al registro en el sistema electrónico, se emitieron 93 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la ciudad de México. Remítase al Ejecutivo Federal.






COMISION PERMANENTE

Para dar cumplimiento a los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General, se procederá a la elección de los ciudadanos Senadores que integrarán la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Sírvanse la Secretaría llamar a los ciudadanos Senadores por orden de lista, a efecto de que pasen a depositar su voto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se solicita a los ciudadanos Senadores pasen a depositar su voto al ánfora al ser llamados por orden de lista, y al personal de apoyo proceda a repartir las cédulas de votación.

(Por orden de lista los CC. Senadores pasan a depositar su voto en el ánfora)

(Se realiza el escrutinio)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, se emitieron 105 votos en favor de la planilla integrada por las siguientes Senadoras y Senadores:

Leeré primero los titulares y después los sustitutos.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Si ponen atención, Senadoras y Senadores, por favor, si son tan amables.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura

Titular: Senador Raúl Cervantes Andrade.

Sustituto: Cristina Díaz Salazar.

Titular: Senador Emilio Gamboa Patrón.

Sustituto: Senador Miguel Romo Medina.

Titular: Senador Enrique Burgos García.

Sustituto: Senador Manuel Cavazos Lerma.

Titular: Senador René Juárez Cisneros.

Sustituto: Senadora Graciela Ortiz González.

Titular: Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Sustituto: Senador David Penchyna Grub.

Titular: Senador Omar Fayad Meneses.

Sustituto: Senador José Francisco Yunes Zorrilla.

Titular: Senador Ismael Hernández Deras.

Sustituto: Senadora Itzel Saharí Ríos de la Mora.

Titular: Senadora María Verónica Martínez Espinoza.

Sustituto: Senador Manuel Cota Jiménez.

Titular: Senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

Sustituto: Senador Juan Carlos Romero Hicks.

Titular: Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

Sustituto: Senador Fernando Herrera Avila.

Titular: Senador Jorge Luis Lavalle Maury.

Sustituto: Senador Roberto Gil Zuarth.

Titular: Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

Sustituto: Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez.

Titular: Senador Héctor Larios Córdova.

Sustituto: Senador Ernesto Ruffo Appel.

Titular: Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.

Sustituto: Senadora Dolores Padierna Luna.

Titular: Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Sustituto: Senador Armando Ríos Piter.

Titular: Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.

Sustituto: Senador Manuel Camacho Solís.

Titular: Senadora María Elena Barrera Tapia.

Sustituto: Senador Carlos Alberto Puente Salas.

Titular: Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza.

Sustituto: Senador Manuel Bartlett Díaz.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En vista del resultado de la votación, esta Presidencia declara que son miembros de la Comisión Permanente, para el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, los Senadores que dio lectura la Secretaria.

Se informa a las señoras Senadoras y Senadores que han sido electos que a las 17:00 horas haremos la instalación de la Comisión Permanente en este recinto. Comuníquese a la Cámara de Diputados.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de México y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL REINO DE BAHREIN PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MANAMA, EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES,
ASIA-PACIFICO; DE RELACIONES EXTERIORES;
Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

H. ASAMBLEA:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 fracción X, 76 fracción I y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo Federal remitió a esta Soberanía el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Manama el veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Las Comisiones que suscriben el presente dictamen, de conformidad con lo establecido por los artículos 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 3, 4 y 10 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; 85, 86, 90 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 177, 178, 182, 183, 188 y demás concordantes del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio del Acuerdo y conforme a las deliberaciones que se realizaron someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes generales.

1. Con fecha del 7 de octubre de 2013, mediante oficio SEL/300/1455/13, la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, remitió a los CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, copias certificadas del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Manama el veintinueve de noviembre de dos mil doce.

2. En sesión celebrada el 8 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio DGPL-1P2A.–1958., turnó el citado Acuerdo a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia–Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En sesión celebrada el 21 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio DGPL-1P2A.-2760, dispuso ampliar el turno del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Manama el veintinueve de noviembre de dos mil doce, para quedar en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

4. En sesión ordinaria, los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del citado Acuerdo, con el objetivo de expresar sus observaciones y comentarios mismos que forman parte del presente dictamen.

II. Objetivo y descripción del Instrumento

El principal objetivo del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), es intensificar la cooperación económica entre México y Bahréin mediante la promoción y protección de la inversión y fomento de los flujos de capital productivo; así como buscar crear y mantener condiciones favorables y equitativas para los inversionistas mexicanos como para los inversionistas bahreinís, estableciendo para ello un marco legal congruente con los principios del derecho internacional.

El ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, en el documento que remite al ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, señala que México ha realizado esfuerzos por convertirse en un destino atractivo para la inversión y es en este contexto en el que los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) alcanzan su verdadera dimensión, ya que los flujos internacionales de capitales privados, en particular de las inversiones extranjeras directas, constituyen un complemento fundamental para impulsar el crecimiento económico y brindar las oportunidades crecientes para un mayor bienestar.

Indica que los flujos de inversión no sólo contribuyen a financiar el crecimiento económico sostenido de largo plazo, sino que ofrecen importantes posibilidades de transferir conocimientos y tecnologías, crear puestos de trabajo, aumentar la productividad general, estimular la competitividad y el espíritu de empresa y, a largo plazo, mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población al fomentar el crecimiento y el desarrollo económicos.

Subraya que en los últimos diez años el comercio entre México y Bahréin aumentó 1,491.1 %, al pasar de 2.6 millones de dólares (mdd) en 2002 a 41.4 mdd en 2012. Las exportaciones mexicanas crecieron 971.6%, de 2.6 mdd a 27.5 mdd. El mayor crecimiento tuvo lugar en las importaciones procedentes de Bahréin (43,025%) al pasar de 32 mil dólares a 13.8 mdd. Durante casi todo el periodo se registró superávit para México en la balanza comercial.

El Titular del Poder Ejecutivo Federal refiere que en 2012, el intercambio comercial bilateral aumentó 111.3% con respecto a 2011. En el caso de las exportaciones (27.5 mdd) registraron un incremento de 57.0% en relación a 2011, cuando alcanzaron 17.5 mdd.

También señala que las importaciones mexicanas (13.8 mdd) crecieron 574.1% respecto a 2011 (2.1 mdd), lo que se debió a que la importación de aluminio en bruto y aceites de petróleo o de mineral bituminoso llegó en 2011 a 8.3 mdd y 3.5 mdd, respectivamente. En 2012, la balanza comercial registró un superávit de 13.7 mdd para México.

Destaca que de enero a marzo de 2013, el intercambio comercial entre México y Bahréin sumó 14.7 mdd, con un incremento de 114.8% respecto al mismo periodo de 2012. Las exportaciones (11.7 mdd) crecieron 112.0% y las importaciones (3.1mdd) lo hicieron en 125.8%.

Asimismo, indica que durante el periodo comprendido de 1999 a 2012, la inversión extranjera directa de Bahréin en México fue de 0.6 millones de dólares, mientras que nuestro país no reportó ninguna inversión en Bahréin, por lo que el Acuerdo en comento cobra mayor relevancia al impulsar el intercambio de mayores flujos de inversión.

El Licenciado Enrique Peña Nieto afirma que el Acuerdo forma parte de la estrategia de política económica del Gobierno Federal en materia de inversión extranjera y tiene por objeto intensificar la cooperación económica entre México y Bahréin mediante la promoción y protección de la inversión y el fomento de los flujos de capital productivo. Busca crear y mantener condiciones favorables y equitativas para los inversionistas mexicanos y bahreinís, al establecer un marco legal acorde con los principios del derecho internacional.

Destaca que, de ser aprobado por el Senado de la República, el Acuerdo con Bahréin no requerirá de reformas legislativas ni de instrumentos adicionales o accesorios para su operación e implementación, por lo que los objetivos del mismo podrían empezar a cumplirse en cuanto entre en vigor.

Finalmente señala que el APPRI negociado con Bahréin es congruente con el sistema jurídico mexicano e internacional. Las disposiciones contenidas en el mismo no sólo reflejan principios y reglas de derecho internacional en materia de inversión, sino también reglas contempladas en nuestra legislación.

Para cumplir los objetivos y las consideraciones señaladas anteriormente, el Acuerdo consta de 31 artículos agrupados en cuatro capítulos como se enlista a continuación:

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1: Definiciones

ARTICULO 2: Admisión de las Inversiones

CAPITULO II: PROTECCION DE LA INVERSION

ARTICULO 3: Trato Nacional y Trato de la Nación Más Favorecida

ARTICULO 4: Nivel Mínimo de Trato

ARTICULO 5: Compensación por Pérdidas

ARTICULO 6: Expropiación e Indemnización

ARTICULO 7: Transferencias

ARTICULO 8: Subrogación

CAPITULO III: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

SECCION PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE Y UN INVERSIONISTA DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE

ARTICULO 9: Objetivo

ARTICULO 10: Notificación de Intención y Consultas

ARTICULO 11: Sometimiento de una Reclamación

ARTICULO 12: Consentimiento de la Parte Contratante

ARTICULO 13: Integración del Tribunal Arbitral

ARTICULO 14: Acumulación

ARTICULO 15: Sede del Procedimiento Arbitral

ARTICULO 16: Indemnización

ARTICULO 17: Derecho Aplicable

ARTICULO 18: Laudos y Ejecuciones

ARTICULO 19: Medidas Provisionales de Protección

SECCION SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES

ARTICULO 20: Ambito de Aplicación

ARTICULO 21: Consultas y Negociaciones

ARTICULO 22: Establecimiento del Tribunal Arbitral

ARTICULO 23: Procedimiento

ARTICULO 24: Laudo

ARTICULO 25: Derecho Aplicable

ARTICULO 26: Costos

CAPITULO IV: Disposiciones Finales

ARTICULO 27: Aplicación del Acuerdo

ARTICULO 28: Consultas

ARTICULO 29: Denegación de Beneficios

ARTICULO 30: Aplicación de Otras Reglas

ARTICULO 31: Entrada en Vigor, Duración y Terminación

En el Capítulo I denominado “Disposiciones Generales”, se enlistan los conceptos y categorías que regirán el Acuerdo, tales conceptos son: “empresa”, “CIADI”, “Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI”, “Convenio del CIADI”, ”inversión” (se exponen las diferentes categorías en las que se descompone la inversión), ”inversionista de una Parte Contratante”, ”Convención de Nueva York”, ”Reglas de Arbitraje de la CNUDMI”, “empresa del Estado” y “territorio”.

En el Capítulo II, se establecen las disposiciones centrales mediante las cuales se va a regir el Acuerdo bajo análisis, para ello se estipulan los artículos que establecen la protección a la inversión; los principios de protección a la inversión (Trato Nacional y Trato de la Nación más Favorecida); las obligaciones en materia de Nivel Mínimo de Trato, la Compensación por Pérdidas; la  Expropiación e Indemnización; las Transferencias y la Subrogación. Todos ellos en total congruencia con lo estipulado por nuestra Carta Magna, La Ley de Inversión Extranjera y La Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en materia Económica.

En el Capítulo III denominado “Solución de Controversias”, está dividido en dos secciones y cada una contiene nueve artículos, la primera de ellas corresponde a la solución de controversias entre una Parte Contratante y un Inversionista de la Otra Parte Contratante; mientras que la segunda sección se refiere a la solución de controversias entre las Partes Contratantes. Cabe mencionar que las controversias en ambas secciones pueden resolverse mediante una consulta, notificación o arbitraje internacional, en cuyo caso el marco normativo aplicable será lo establecido en el presente Acuerdo así como las reglas y principios del derecho internacional tales como la reciprocidad internacional, garantía de audiencia e imparcialidad en la composición de los órganos de decisión.

Los artículos mencionados en las secciones primera y segunda son compatibles con el marco normativo interno establecido en la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica artículo 4, fracción I así como la Ley sobre la Celebración de Tratados estipulado en el artículo 8, haciendo referencia a la solución de controversias.

El Capítulo IV contiene las Disposiciones Finales del Acuerdo. En ellas se establece la aplicación del acuerdo, consultas, denegación de beneficios, aplicación de otras reglas, la entrada en vigor, duración y terminación del acuerdo.

El acuerdo contiene un Anexo al Artículo 10, párrafo 2, con relación a la notificación de intención y consultas. En él, se establece la instancia a la cual el inversionista debe dirigirse para efecto de dirimir una controversia. Tal notificación deberá ser presentada por escrito y en los idiomas correspondientes así como la documentación que deberá contener la misma.

III. Método de trabajo, análisis, discusión y valoración de las propuestas

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, señalan que con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden especializado y jurídico para la elaboración del instrumento internacional sujeto del presente dictamen, acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado de la República. Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y elaboración del presente dictamen.

En el proceso de análisis, se subrayó que el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de los Estados Contratantes, además de que establece mecanismos para resolver de una forma consensuada previamente los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación.

El Acuerdo sujeto a análisis en el presente dictamen, fue adoptado cumpliendo con los parámetros establecidos de manera consuetudinaria en la legislación nacional e internacional, que versan sobre la materia.

IV. Consideraciones de orden general

La celebración de los tratados en México, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra legislación con la concurrencia de dos poderes: el Ejecutivo Federal quien tiene la facultad de celebrar un tratado internacional; y el Senado de la República, en quien recae la facultad exclusiva de aprobar aquel tratado internacional celebrado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, tal como lo establecen los artículos 89 fracción X y 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra ordenan: 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I…-IX…

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI…-XX…

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

II…XII…

Con base únicamente en las consideraciones de orden general, el APPRI sujeto de análisis del presente dictamen, cumple con los requisitos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para su aprobación. 

V. Consideración de orden específico

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público que suscriben este dictamen, señalan que la inversión extranjera directa (IED) impacta de manera benéfica en el desarrollo de los países, pues son un complemento del ahorro interno que permite impulsar el crecimiento económico a través del financiamiento de inversiones productivas.

Advierten que los beneficios de la IED también se manifiestan al aumentar la posibilidad de transferir tecnologías entre las Partes, sobre todo en forma de nuevas variedades de insumos de capital; promueve la creación de empleos; estimula la competencia que repercute en mejores insumos y servicios para el consumidor; contribuye al desarrollo del capital humano de un país a través de la capacitación que ofrece la empresa o la entidad inversora; y se incrementan los recursos monetarios del país receptor a través de la recaudación de impuestos.

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, señala como principal objetivo, intensificar la cooperación económica entre ambos Estados así como crear y mantener condiciones favorables y equitativas para los inversionistas de ambas naciones.

Lo anterior, es congruente con el Artículo 4 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados en Materia Económica, que a la letra ordena:

Artículo 3. Para la aprobación de un tratado se observarán los siguientes objetivos generales:

I. Contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana; 

II. Propiciar el aprovechamiento de los recursos productivos del país;

III. Promover el acceso de los productos mexicanos a los mercados internacionales;

IV. Contribuir a la diversificación de mercados;

V. Fomentar la integración de la economía mexicana con la internacional y contribuir a la elevación de la competitividad del país; y

VI. Promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales y el pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las comisiones dictaminadoras, destacan que en los últimos años el comercio entre México y Bahréin aumentó 1,588.5%, al pasar de 2.6 millones de dólares (mdd) en 2002 a 41.3 mdd en 2012. En consecuencia, las exportaciones mexicanas crecieron 1,069.1% al pasar de 2.567 mdd a 27.443 mdd en el mismo periodo.1

Enfatizan que las importaciones procedentes de Bahréin se incrementaron en un 43,125% al pasar de 32 mil dólares en 2002 a 13.8 mdd en 2012, y sólo en 3 años (2004, 2006 y 2007) se registró un déficit en la balanza comercial de México.2

Asimismo, señalan que durante el periodo comprendido de 1999 a 2012, la inversión extranjera directa de Bahréin en México fue de 0.6 mdd, mientras que nuestro país no registró ninguna inversión en Bahréin, por lo que el Acuerdo bajo análisis cobra mayor importancia para que el dinamismo que existe en el comercio bilateral pueda corresponderse con el crecimiento en el intercambio de los flujos de inversión entre ambas economías.

El Reino de Bahréin es una economía exportadora de capitales y servicios mientras que el Estado Mexicano ha registrado crecientes flujos de inversión. Es así que del intercambio y dinamismo que se dé entre ambas economías, existirá un potencial para atraer inversiones de Bahréin a los sectores turísticos y financieros de México.

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas, destacan que al intensificarse la cooperación económica, este Acuerdo permitirá fomentar los flujos de capital productivo e incrementar los flujos de inversión provenientes del Reino de Bahréin y propiciará que empresarios mexicanos realicen inversiones en este país, ello dentro del marco legal establecido en el acuerdo y en congruencia con los principios de derecho internacional.

Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, reconocen que el Trato Nacional y Trato de la Nación más Favorecida son disposiciones totalmente congruentes con el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que refiere a que los extranjeros gozarán de las garantías que otorga la propia Carta Magna, así como los artículos 3 y 4 de la Ley de Inversión Extranjera; y 4 fracción IV de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica que establece los principios de protección a la inversión, impulsando con ello el fomento y protección recíproca de las inversiones, lo cual se confirma en el contenido de los artículos del 3 al 8 del Acuerdo.

Las dictaminadoras destacan que según lo establecido por las Partes Contratantes, el APPRI no requiere de instrumentos adicionales para su operación e instrumentación y no obliga al Estado Mexicano a crear, reformar, abrogar o modificar su legislación interna en materia de inversiones.

Las comisiones dictaminadoras concuerdan con la estrategia de política exterior del Poder Ejecutivo Federal que busca intensificar la cooperación económica entre México y Bahréin mediante la promoción y protección recíproca de las inversiones y el fomento de los flujos de capital productivo, así como crear y mantener condiciones favorables y equitativas para los inversionistas mexicanos y bahreinís, al establecer un marco legal acorde con los principios de derecho internacional.

Las dictaminadoras destacan que el Acuerdo se sumaría a la red de 28 APPRI´s que México tiene vigentes con Argentina, Cuba, Panamá, Trinidad y Tobago, Uruguay, Alemania, Austria, Belarús, Dinamarca, España, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Unión Belgo-Luxemburguesa, Australia, China, Corea, India y Singapur.

Las comisiones dictaminadoras señalan que el Poder Ejecutivo Federal remitió adjunto al APPRI, el documento titulado: “Memorándum de Antecedentes” mismo que integra el informe relativo al Acuerdo entre el Gobierno de los Estado Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la Ciudad de Manama, el 29 de noviembre de 2012. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido por el artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.

En dicho documento, se señala que México no concedió ningún rubro, ni se negoció ningún elemento ajeno al contemplado en otros acuerdos de esta naturaleza, mismos que fueron aprobados en su oportunidad por el H. Senado de la República. En este sentido, los principios negociados reflejan únicamente el contenido de las obligaciones contraídas con anterioridad en los APPRIs suscritos por México.

El Memorándum de Antecedentes también señala que el Acuerdo no conlleva una apertura adicional a lo establecido en la legislación mexicana vigente, ya que sus principios y disciplinas son aplicables únicamente a la dase del post-establecimiento de la inversión. Esto significa que la admisión de un inversionista en México y su inversión se llevarían a cabo conforme a lo establecido en la Constitución y en la legislación mexicana (Artículo 2 del Acuerdo).

Por lo anterior, no resulta necesario incluir un conjunto de reservas y excepciones a las disciplinas del APPRI, tal y como sucede en los tratados de libre comercio suscritos por México, puesto que es en las leyes de la materia en donde se contemplan las restricciones específicas a la participación de capital extranjero o de naturaleza privada.

Asimismo, las codictaminadoras manifiestan que el Acuerdo cumple con el marco normativo aplicable, una vez analizado y cotejado por cuanto a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia.

En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de lo que dispone el Artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de lo que establece el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Finalmente, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen reconocen que la suscripción del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, cumple con las disposiciones constitucionales para su aprobación y, con base en el análisis y estudio, se ha corroborado que el mismo fue celebrado con apego a lo dispuesto en el Artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley sobre la Celebración de Tratados en Materia Económica.

Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Acuerdo bajo análisis no se lesiona ni la Soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, nos permitimos, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, someter a la consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el Artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprueba el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL REINO DE BAHREIN PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES, firmado en la Ciudad de Manama, el veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Sala de comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, D.F., a 24 de abril de 2014.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión el anterior dictamen.

Se concede el uso de la palabra al Senador Teófilo Torres Corzo, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Hago uso de esta tribuna a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, para referirme a dos Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre los gobiernos de México, Bahréin y Kuwait, en forma respectiva.

Hemos señalado reiteradamente, que uno de los principales objetivos del Estado mexicano en el actual gobierno, es identificar las oportunidades de negocio e intensificar los esfuerzos para presentar a nuestro país como un destino atractivo para las inversiones. En este rubro, donde los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones alcanzan su verdadera dimensión, porque constituyen un aumento fundamental para impulsar el crecimiento económico y brindar las oportunidades de un mayor bienestar para los mexicanos a través del flujo de la inversión extranjera directa.

Cabe resaltar que los flujos de inversión resultan fundamentales porque no sólo contribuyen a financiar el crecimiento económico sostenido a largo plazo, sino que ofrecen importantes posibilidades de transferencia de conocimientos y tecnología, creando puestos de trabajo, aumentando la productividad y estimulando la competitividad y el espíritu de empresa con un claro efecto multiplicador a largo plazo para mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población al fomentar el crecimiento y el desarrollo económico.

En el último año, y este es un dato importante, el comercio bilateral con el Reino de Bahréin ha aumentado el 111 por ciento, y en el caso de Kuwait ha registrado un incremento del 575 por ciento, por lo que la suscripción de ambos Acuerdos tiene la justificación en el dinamismo comercial que recientemente hemos tenido con estos países.

La Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, votó a favor de la aprobación de ambos instrumentos internacionales, porque busca que se creen y se mantengan las condiciones favorables, equitativas para todos los inversionistas al establecer un marco legal acorde a los principios del derecho internacional.

Al someter a la consideración del Pleno ambos instrumentos internacionales, las comisiones dictaminadoras destacamos que, de aprobarse en sus términos, no serán necesarias reformas legislativas, ni instrumentos adicionales para su operación e implementación. Asimismo, señalamos que los Acuerdos con Bahréin y con Kuwait son congruentes con el sistema jurídico mexicano y con el sistema del derecho internacional.

Señoras y señores Senadores, al otorgar su voto a favor en la aprobación de ambos instrumentos internacionales, estaremos coadyuvando a que el potencial de atracción de inversiones de México crezca, abriendo la posibilidad para que los inversionistas procedentes de ambos países incrementen los flujos de capital productivo en sectores como el turístico y financiero en nuestro país.

Agradezco a todos y cada uno de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, por su destacada participación en las reuniones de análisis para la aprobación de ambos instrumentos, y por su compromiso de enriquecer con sus comentarios y observaciones los dictámenes que hoy sometemos a su consideración.

Por el apoyo y por el voto a favor, señoras y señores Senadores, mi agradecimiento.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Torres Corzo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Daniel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para hablar en pro de este dictamen.

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: Senador Rosas Aispuro, señor Presidente, Senador por el estado libre y soberano de Durango; señoras y señores Senadores:

Como parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a fijar el posicionamiento en torno a los Convenios que ha firmado el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos con el estado de Kuwait y el Reino Unido de Bahréin en cuanto a la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, en virtud de las siguientes razones:                           

Se trata de dos países a quienes reconocemos que en muy poco tiempo han conducido grandes transformaciones para sus pueblos. Kuwait y el Reino de Bahréin son considerados países de altos ingresos por instancias como el Banco Mundial, son naciones que con liderazgo y estrategia han sabido mejorar sus índices de desarrollo humano, son países que abrazan el cambio a medida que se modernizan en consonancia con su historia e instituciones y valores culturales.

Tal es el caso de El Diwaniyah, una institución exclusiva de la cultura del Kuwait, son reuniones de hombres libres que ocurren por las tardes una o varias veces por semana, para discutir sobre temas políticos, sociales y económicos, locales o internacionales, sin miedo a la persecución. Esta institución es un símbolo y prueba del talante democrático y la libertad de expresión del país.

México, por su parte, desde hace casi tres décadas, con su política de diversificación comercial internacional, se convirtió en la nación en desarrollo que más acuerdos de libre comercio ha firmado en el mundo. Desde entonces hemos procurado que los exportadores aprovechen el potencial de las negociaciones comerciales, primero a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, después, con el impulso de la integración de nuestra economía con los países de la región Asia-Pacífico.

Compartimos con nuestras naciones hermanas una política exterior que busca la cooperación, así como la resolución de los desacuerdos mediante el diálogo.

Señoras y señores, en la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, de la cual formo parte en el carácter de Secretario, entendemos que es momento de avanzar hacia una relación que remueva obstáculos y agilice el intercambio con los países árabes, pues hay un amplio potencial mutuamente benéfico que no hemos aprovechado.

De ahí la relevancia que para nosotros ha tenido, en esta Legislatura, la aprobación de instrumentos con los países hermanos de la cultura árabe. El día de ayer, por ejemplo, pudimos aprobar en el Pleno otro instrumento firmado entre México y los Emiratos Arabes Unidos para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto Sobre la Renta.

Entendemos que si bien cada nación tiene sus propios desafíos, nuestras coincidencias y aspiraciones compartidas nos motivan a ser aliados estratégicos.

Estoy seguro que la aprobación de este Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los gobiernos de Kuwait y el Reino de Bahréin, permitirá la promoción y protección recíproca de inversiones, que será la piedra angular para ampliar el potencial de nuestras relaciones.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Daniel Avila Ruiz.

Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 93 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin, para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado en la ciudad de Manama, el 29 de noviembre de 2012. Remítase al Ejecutivo Federal.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.






ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE KUWAIT PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL 22 DE FEBRERO DE 2013

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES,
ASIA-PACIFICO; DE RELACIONES EXTERIORES;
Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

H. ASAMBLEA:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 fracción X, 76 fracción I y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo Federal remitió a esta Soberanía el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el veintidós de febrero de dos mil trece.

Las Comisiones que suscriben el presente dictamen, de conformidad con lo establecido por los ARTICULOS 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 3, 4 y 10 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; 85, 86, 90 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 177, 178, 182, 183, 188 y demás concordantes del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio del Acuerdo y conforme a las deliberaciones que se realizaron someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes generales

1. Con fecha del 7 de octubre de 2013, mediante oficio SEL/300/1454/13, la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, remitió a los CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, copias certificadas del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el veintidós de febrero de dos mil trece.

2. En sesión celebrada el 8 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio DGPL-1P2A.-1956, turnó el citado Acuerdo a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En sesión celebrada el 21 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, mediante oficio DGPL-1P2A.-2757, dispuso ampliar el turno del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el veintidós de febrero de dos mil trece, para quedar en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

4. En sesión ordinaria, los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del citado Acuerdo, con el objetivo de expresar sus observaciones y comentarios mismos que forman parte del presente dictamen.

II. Objetivo y descripción del Instrumento

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones(en adelante APPRI), tiene por objetivo crear un marco jurídico previsible y estable para los inversionistas y las inversiones de ambos Estados, además de intensificar la cooperación económica.

El ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, en el documento que remite al ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, señala que México ha realizado esfuerzos por convertirse en un destino atractivo para la inversión y es en este contexto que los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) alcanzan su verdadera dimensión, ya que los flujos internacionales de capitales, en particular de las inversiones extranjeras directas, constituyen un complemento fundamental para impulsar el crecimiento económico y brindar las oportunidades crecientes para un mayor bienestar.

Refiere que los flujos de inversión no sólo contribuyen a financiar el crecimiento económico sostenido de largo plazo, sino que ofrecen importantes posibilidades de transferir conocimientos y tecnologías, crear puestos de trabajo, aumentar la productividad general, estimular la competitividad y el espíritu de empresa y, a largo plazo, mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población al fomentar el crecimiento y el desarrollo económicos.

Indica que el gobierno de Kuwait se propone estimular la inversión extranjera, como demuestra la reciente decisión de permitir por primera vez la participación extranjera en el desarrollo de los recursos energéticos de su país, concretamente la producción de gas natural, con objeto de facilitar la adquisición de la tecnología y los conocimientos técnicos necesarios para explotar esos recursos de manera más eficaz.

Asimismo, destaca que según datos del último Reporte de la Inversión en el Mundo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en 2011 Kuwait ocupó el primer lugar en exportación de inversión extranjera de la región de Asia Occidental.

Detalla que en los últimos diez años el comercio entre México y Kuwait aumentó 38.6% en promedio anual, al pasar de 3.2 millones de dólares (mdd) en 2002 a 84.1 mdd en 2012. Las exportaciones mexicanas crecieron 38.6% en promedio anual, de 3.2 mdd a 84 mdd. Por su parte, las importaciones procedentes de Kuwait crecieron 46.2% en promedio anual, de 2 mil dólares a 70 mil dólares. Durante todo el periodo se registró superávit para México en la balanza comercial.

También señala que en 2012, el intercambio comercial bilateral creció 575.2% con respecto a 2011. En el caso de las exportaciones se registró un incremento de 576.6% al pasar de 12.4 mdd en 2011 a 84.0 mdd en 2012.

El Licenciado Enrique Peña Nieto puntualiza que las importaciones mexicanas (70 mil dólares) crecieron 93.2% respecto a 2011 (36 mil dólares). Esto se debió a que la importación de resistencias eléctricas aumentó 884.7% respecto de 2011, al pasar de 2.9 mil dólares ese año a 28.8 mil dólares en 2012. En 2012 la balanza comercial registró superávit para México de 83.9 mdd.

Destaca que de enero a marzo de 2013, el intercambio comercial entre México y Kuwait sumó 4.3 mdd, con un incremento de 14.6% respecto del mismo periodo de 2012. Las exportaciones (4.3 mdd) crecieron 14.3% y las importaciones (13 mil dólares) lo hicieron exponencialmente. La balanza comercial registró un saldo superavitario para nuestro país de 4.3 mdd.

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos refiere que el APPRI forma parte de la estrategia de política económica del Gobierno Federal en materia de inversión extranjera y tiene por objeto intensificar la cooperación económica entre México y Kuwait mediante la promoción y protección de la inversión y el fomento de los flujos de capital productivo, así como crear y mantener condiciones favorables y equitativas para los inversionistas mexicanos y kuwaitíes, al establecer un marco legal acorde con los principios del derecho internacional.

Destaca que de ser aprobado por el Senado de la República, el Acuerdo con Kuwait no requerirá de reformas legislativas ni de instrumentos adicionales o accesorios para su operación e implementación, por lo que los objetivos del mismo podrán empezar a cumplirse en cuanto entre en vigor.

Finalmente, manifiesta que el APPRI negociado con Kuwait es congruente con el sistema jurídico mexicano e internacional. Las disposiciones contenidas en el mismo no sólo reflejan principios y reglas de derecho internacional en materia de inversión, sino también reglas contempladas en nuestra legislación.

Para cumplir los objetivos y las consideraciones señaladas anteriormente, el APPRI contiene 30 ARTICULOS agrupados en cuatro CAPITULOS tal y como se enlista a continuación:

CAPITULO UNO: DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1: Definiciones

ARTICULO 2: Admisión de las Inversiones

CAPITULO DOS: PROTECCION A LAS INVERSIONES

ARTICULO 3: Trato Nacional y Trato de la Nación más Favorecida

ARTICULO 4: Nivel Mínimo de Trato

ARTICULO 5: Compensación por Pérdidas

ARTICULO 6: Expropiación y Compensación

ARTICULO 7: Transferencias

ARTICULO 8: Subrogación

CAPITULO TRES: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

SECCION PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE Y UN INVERSIONISTA DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE

ARTICULO 9: Objetivo

ARTICULO 10: Notificación de Intención y Consultas

ARTICULO 11: Sometimiento de una Reclamación

ARTICULO 12: Consentimiento de la Parte Contratante

ARTICULO 13: Integración del Tribunal Arbitral

ARTICULO 14: Acumulación

ARTICULO 15: Sede del Procedimiento Arbitral

ARTICULO 16: Indemnización

ARTICULO 17: Derecho Aplicable

ARTICULO 18: Laudos Definitivos y su Ejecución

ARTICULO 19: Medidas Provisionales de Protección

SECCION SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES

ARTICULO 20: Ambito de Aplicación

ARTICULO 21: Consultas y Negociaciones

ARTICULO 22: Constitución del Tribunal Arbitral

ARTICULO 23: Procedimientos

ARTICULO 24: Laudo

ARTICULO 25: Derecho Aplicable

ARTICULO 26: Costos

CAPITULO CUATRO: DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 27: Aplicación del Acuerdo

ARTICULO 28: Consultas

ARTICULO 29: Denegación de Beneficios

ARTICULO 30: Entrada en Vigor, Duración y Terminación

En el CAPITULO UNO:DISPOSICIONES GENERALES, se definen los conceptos que regirán el APPRI tales como: “empresa”, “CIADI”, “Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI”, “Convenio del CIADI”, ”inversión”, ”inversionista de una Parte Contratante”, ”Convención de Nueva York”, ”Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI”, “Empresa del Estado”, “territorio” y el término “sin demora”.

En el CAPITULO DOS: PROTECCION A LAS INVERSIONES, se establecen los principios de protección a la inversión (Trato Nacional y Trato de la Nación más Favorecida), y las obligaciones en materia de Nivel Mínimo de Trato, la Compensación por Pérdidas, la  Expropiación y Compensación, las Transferencias y la Subrogación.

El CAPITULO TRES: SOLUCION DE CONTROVERSIAS, se divide a su vez en dos secciones; la primera incluye lo relativo a la solución de controversias entre una Parte Contratante y un inversionista de la otra Parte Contratante; mientras que la segunda sección se refiere a la solución de controversias exclusivamente entre las Partes Contratantes.

En 18 ARTICULO (del ARTICULO 9 al ARTICULO 26), se establece de manera detallada el mecanismo para la solución de las controversias que se susciten, derivadas de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el APPRI; así como el procedimiento arbitral dispuesto para dirimir dichas controversias; el Derecho Aplicable que regirá ante una o varias controversias; las características de una eventual indemnización; el Laudo y su Ejecución.

El CAPITULO CUATRO: DISPOSICIONES FINALES establece que el APPRI aplica a las inversiones realizadas antes o después de la entrada en vigor del Acuerdo, pero indica puntualmente que no aplica a controversias derivadas de eventos que ocurrieron, o a reclamaciones que ya hayan sido resueltas, antes de esa fecha.

Asimismo, dispone que se podrán realizar consultas entre las Partes con relación al APPRI, a propuesta de cualquiera de ellas; y también señala que las Partes, a través de consultas, tienen la prerrogativa de negar los beneficios del APPRI a una empresa de una Parte Contratante y a sus inversiones, si dicha empresa es propiedad o está controlada por una persona física o por otro empresa de una Parte no Contratante.

El ARTICULO 30 establece que el APPRI entrará en vigor treinta días después de que ambas Partes se notifiquen por escrito el cumplimiento de los requisitos constitucionales de la aprobación del Acuerdo, a través de los canales diplomáticos apropiados para ello.

También señala que la vigencia del APPRI será de diez años. Si alguna de las Partes desea darlo por terminado después de transcurridos los diez años, el Acuerdo continuará en vigor por 12 meses más, a partir de que cualquiera de las Partes Contratantes notifique a la otra por escrito, su voluntad de terminar el Acuerdo.

Finalmente, determina que el APPRI puede ser susceptible de modificaciones previo consentimiento entre las Partes Contratantes, y la modificación acordada entrará en vigor treinta días después de que ambas Partes se notifiquen por escrito el cumplimiento de los requisitos constitucionales de la aprobación del Acuerdo, a través de los canales diplomáticos apropiados para ello.

III. Método de trabajo, análisis, discusión y valoración de las propuestas

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, señalan que con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden especializado y jurídico para la elaboración del presente dictamen, acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores y  Economía, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo y, desde el ámbito de sus atribuciones, sus consideraciones y justificaciones para su aprobación.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del ARTICULO 184 del Reglamento del Senado de la República.

Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y elaboración del presente dictamen.

IV. Consideraciones de orden general

La celebración de los tratados en México, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra legislación con la concurrencia de dos poderes: el Ejecutivo Federal quien tiene la facultad de celebrar un tratado internacional; y el Senado de la República, en quien recae la facultad exclusiva de aprobar aquel tratado internacional celebrado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, tal como lo establecen los ARTICULOS 89 fracción X y 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra ordenan:

ARTICULO 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I…-IX…

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI…-XX…

ARTICULO 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

II…XII…

Con base únicamente en las consideraciones de orden general, el APPRI sujeto de análisis del presente dictamen, cumple con los requisitos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para su aprobación. 

V. Consideraciones de orden específico

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público que suscriben este dictamen, señalan que la inversión extranjera directa (IED) impacta de manera benéfica en el desarrollo de los países, pues son un complemento del ahorro interno que permite impulsar el crecimiento económico a través del financiamiento de inversiones productivas.

Advierten que los beneficios de la IED también se manifiestan al aumentar la posibilidad de transferir tecnologías entre las Partes, sobre todo en forma de nuevas variedades de insumos de capital; promueve la creación de empleos; estimula la competencia que repercute en mejores insumos y servicios para el consumidor; contribuye al desarrollo del capital humano de un país a través de la capacitación que ofrece la empresa o la entidad inversora; y seincrementan los recursos monetarios del país receptor a través de la recaudación de impuestos.

Coinciden en la importancia que tiene para el Estado Mexicano, fortalecer su posición en el mundo como un destino atractivo para la inversión, que según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), se ubicó en 2013 como la décima segunda economía captadora de IED con un monto de 38 mil millones de dólares.1

Asimismo, las dictaminadoras coinciden en que el Estado de Kuwait es un país exportador de capitales y posee fondos soberanos importantes que pueden ser susceptibles de invertirse en México, si existe una protección jurídicamente vinculante para los flujos de capital que otorgue seguridad y certidumbre al inversionista.

Los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras también enfatizan la necesidad de crear un marco normativo que contenga reglas claras y transparentes con el objetivo de proteger jurídicamente los flujos de capital destinados al sector productivo, sobre la base de reciprocidad entre México y Kuwait. 

Las comisiones dictaminadoras concuerdan con la estrategia de política exterior del Poder Ejecutivo Federal que busca intensificar la cooperación económica entre México y Kuwait mediante la promoción y protección recíproca de la inversión y el fomento de los flujos de capital productivo, así como crear y mantener condiciones favorables y equitativas para los inversionistas mexicanos y kuwaitíes, al establecer un marco legal acorde con los principios de derecho internacional.

Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, reconocen que el Trato Nacional y Trato de la Nación más Favorecida son disposiciones totalmente congruentes con el ARTICULO 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que refiere a que los extranjeros gozarán de las garantías que otorga la propia Carta Magna, así como los ARTICULOS 3 y 4 de la Ley de Inversión Extranjera; y 4 fracción IV de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica que establece los principios de protección a la inversión, impulsando con ello el fomento y protección recíproca de las inversiones, lo cual se confirma en el contenido de los ARTICULOS del 3 al 8 del Acuerdo.

Asimismo, destacan que el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Protección Recíproca de Inversiones, incorpora estándares de derecho internacional consuetudinario en materia de expropiación, y en su ARTICULO 6, se encuentra la prohibición para que una Parte expropie o nacionalice de manera directa o indirectamente las inversiones, salvo que sea por causa de utilidad pública, sobre bases no discriminatorias, con apego al principio de legalidad y mediante el pago de una indemnización que debe ser equivalente al valor justo del mercado.

Las dictaminadoras destacan que el Acuerdo se suma a la red de 28 APPRI´s que México tiene vigentes con Argentina, Cuba, Panamá, Trinidad y Tobago, Uruguay, Alemania, Austria, Belarús, Dinamarca, España, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Unión Belgo-Luxemburguesa, Australia, China, Corea, India y Singapur.

Las comisiones dictaminadoras, manifiestan que las disposiciones contenidas en el CAPITULO TRES del APPRI, relativas a la solución de controversias, son coherentes con los ARTICULOS 3 y 4 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados en Materia Económica, que a la letra ordenan:

Artículo 3. Para la aprobación de un tratado se observarán los siguientes objetivos generales:

I. Contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana; 

II. Propiciar el aprovechamiento de los recursos productivos del país;

III. Promover el acceso de los productos mexicanos a los mercados internacionales;

IV. Contribuir a la diversificación de mercados;

V. Fomentar la integración de la economía mexicana con la internacional y contribuir a la elevación de la competitividad del país, y

VI. Promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales y el pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción X del ARTICULO 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4. Para la aprobación de un tratado se observará congruencia con los siguientes objetivos particulares según proceda:

I. En materia de solución de controversias:

a) Otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte en la controversia el mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional;

b) Asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus defensas, y

c) Garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren su imparcialidad;

II…-III…

IV. Impulsar el fomento y la protección recíproca de las inversiones y las transferencias de tecnología, generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional;

V…-VII…

Las comisiones dictaminadoras señalan que el Poder Ejecutivo Federal remitió adjunto al APPRI, el documento titulado: “Memorándum de Antecedentes” mismo que integra el informe relativo al Acuerdo entre el Gobierno de los Estado Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado en la Ciudad de México, el 22 de febrero de 2013. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido por el ARTICULO 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.

En dicho documento, se señala que México no concedió ningún rubro, ni se negoció ningún elemento ajeno al contemplado en otros acuerdos de esta naturaleza, mismos que fueron aprobados en su oportunidad por el H. Senado de la República. En este sentido, los principios negociados reflejan únicamente el contenido de las obligaciones contraídas con anterioridad en los APPRIs suscritos por México.

El Memorándum de Antecedentes también señala que el Acuerdo no conlleva una apertura adicional a lo establecido en la legislación mexicana vigente, ya que sus principios y disciplinas son aplicables únicamente a la dase del post-establecimiento de la inversión. Esto significa que la admisión de un inversionista en México y su inversión se llevarían a cabo conforme a lo establecido en la Constitución y en la legislación mexicana (ARTICULO 2 del Acuerdo).

Por lo anterior, no resulta necesario incluir un conjunto de reservas y excepciones a las disciplinas del APPRI, tal y como sucede en los tratados de libre comercio suscritos por México, puesto que es en las leyes de la materia en donde se contemplan las restricciones específicas a la participación de capital extranjero o de naturaleza privada.

Las dictaminadoras destacan que según lo establecido por las Partes Contratantes, el APPRI no requiere de instrumentos adicionales para su operación e instrumentación y no obliga al Estado Mexicano a crear, reformar, abrogar o modificar su legislación interna en materia de inversiones.

Asimismo, las comisiones legislativas manifiestan que el Acuerdo cumple con el marco normativo aplicable, una vez analizado y cotejado por cuanto a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia.

En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de lo que dispone el ARTICULO 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de lo que establece el ARTICULO 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Finalmente, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen reconocen que la suscripción del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, cumple con las disposiciones constitucionales para su aprobación y, con base en el análisis y estudio, se ha corroborado que el mismo fue celebrado con apego a lo dispuesto en la fracción X del ARTICULO 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley sobre la Celebración de Tratados en Materia Económica.

Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Acuerdo bajo análisis no se lesiona ni la Soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, someten a la consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el ARTICULO 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprueba el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE KUWAIT PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, firmado en la Ciudad de México, el veintidós de febrero de dos mil trece.

Sala de comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, D.F., a 24 de abril de 2014.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

En primer término, se le concede el uso de la palabra al Senador Teófilo Torres Corzo, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

Sonido en el escaño del Senador Teófilo Torres Corzo.

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para efecto de agilizar el trabajo legislativo, en mi anterior intervención me referí a ambos Acuerdos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Teófilo Torres Corzo.

En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 83 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado en la ciudad de México el 22 de febrero de 2013. Remítase al Ejecutivo Federal para los efectos a que haya lugar.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de Decreto por el que se aprueban las Enmiendas al Artículo 3 en sus apartados b) y c) del Convenio de Cooperación Técnica entre México y Alemania.






ENMIENDAS AL ARTICULO 3, EN SUS APARTADOS B) Y C) DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, FIRMADO AD REFERENDUM POR EL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN MEXICO Y POR LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012, TENIENDO COMO ANTECEDENTE EL CONVENIO SUSCRITO EL 8 DE OCTUBRE DE 1997

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA;
DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE COMERCIO
Y FOMENTO INDUSTRIAL

H. ASAMBLEA:

Con fecha 7 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura, remitió el oficio No. DGPL-1P2A.-1968-SEL/300/1459/13, dando turno para dictaminar a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores, y de Comercio y Fomento Industrial, con Proyecto de Decreto que Aprueba el Acuerdo de Enmienda al Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania, firmado ad referéndum por el Embajador de la República Federal de Alemania en México y por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 2012, teniendo como antecedente el  Convenio suscrito el 8 de octubre de 1997.

Las Comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción I y 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 113, 117, 135, fracción I, 174, 175, párrafo 1., 178, 182, 183, párrafos 1 y 2, 184, 186, 187, 190, y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, formulan el presente dictamen conforme a lo siguiente:

METODOLOGIA.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas presentan el siguiente dictamen en cinco apartados, a saber

I. ANTECEDENTES: Se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo.

II. OBJETO, DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO: Donde sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. CONSIDERACIONES: Expresa los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de la Comisión Dictaminadora.

IV. CONCLUSIONES, y

V. DICTAMEN.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 8 de octubre de 1997 se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania.

2. El 14 de noviembre de 2012, en la Ciudad de México, se suscribió el Acuerdo de enmienda al Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania.

3. Mediante oficio No. DGPL-1P2A.-1968SEL/300/1459/13, de fecha 7 de octubre de 2013, el Poder Ejecutivo Federal, remitió dicho Convenio a esta Soberanía.

4. En la sesión ordinaria del 8 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó el Convenio a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. OBJETO y DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO

El Convenio de 1997, que inició su vigencia el 17 de agosto de 1998, provee el marco jurídico de referencia para el desarrollo de proyectos de cooperación técnica entre instituciones de México y Alemania, las cuales permiten fomentar el desarrollo económico, técnico y social de la población de ambos países.

Con el paso del tiempo, sin embargo, ambas partes coincidieron en la necesidad de adecuar el instrumento anterior, por medio de la introducción de algunas enmiendas para facilitar el cumplimiento de sus objetivos mediante la actualización de disposiciones que regulan el pago de costos, por parte del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, de las aportaciones relativas a los proyectos que fomentan las partes en el marco de la cooperación técnica.

Las enmiendas acordadas por el Gobierno de la República Federal de Alemania y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, son del tenor siguiente:

“Artículo 1

El texto del Artículo 3, inciso b), del Convenio del 8 de octubre de 1997, será sustituido por el siguiente:

“b) concederá de conformidad con la legislación nacional de los Estados Unidos Mexicanos todas las facilidades administrativas, fiscales y aduaneras necesarias para la importación y exportación del material que se precise para la ejecución de los proyectos y programas en el marco del presente convenio, pondrá a disposición de las oficinas competentes la documentación correspondiente a efectos de la concesión de dichas facilidades y asegurará que el material pase aduana sin demora;”

Artículo 2

El texto del Artículo 3, inciso c), del Convenio del 8 de octubre de 1997, será sustituido por el siguiente:

“c) se compromete a aplicar al cien por ciento (100%), a los fines determinados, los recursos concedidos por el gobierno de la República Federal de Alemania a efectos de financiación, de tal manera que dichos recursos en ningún caso podrán utilizarse para el pago de contribuciones (incluidos los impuestos y los derechos). Dichas contribuciones serán pagadas por el beneficiario, entiendo por este el organismo ejecutor designado por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos;”

Artículo 3

El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de recepción de la nota en que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos notifique al Gobierno de la República Federal de Alemania que se han cumplido los requisitos legales internos para su entrada en vigor.

Hecho en la Ciudad de México el catorce de noviembre de dos mil doce, en dos ejemplares originales, en los idiomas español y alemán, siendo ambos textos igualmente idénticos…

III. CONSIDERACIONES

El Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania, suscrito con fecha, 8 de octubre de 1997, constituye un instrumento de facilitación para el desarrollo de la cooperación bilateral entre ambas partes.

Alemania y México comparten una importante historia de colaboración en distintos ámbitos, donde la cooperación ocupa un lugar primordial y constituye una herramienta de colaboración y entendimiento mutuo.

El 6 de abril de 2011 se publicó en México, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo que, entre sus objetivos tiene el de dotar al Poder Ejecutivo Federal de los instrumentos necesarios para la programación, promoción, concertación, fomento, coordinación, ejecución, cuantificación, evaluación y fiscalización de acciones y Programas de Cooperación Internacional para el desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y los gobiernos de otros países. Asimismo, por medio de este cuerpo normativo se creó la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

A partir de la ejecución de los proyectos de cooperación enmarcados en el Convenio de 1997, las autoridades mexicanas y alemanas identificaron la necesidad de modificar el Convenio para precisar los compromisos fiscales de cada Gobierno, específicamente en lo que concierne a la exención de los impuestos y derechos generados por la importación y exportación de materiales requeridos para la ejecución de los referidos proyectos de cooperación. Ello, con el propósito de aprovechar los recursos que el Gobierno de Alemania destina a los proyectos para ser ejecutados en México.

Luego de las consultas respectivas, las autoridades de México y de Alemania acordaron modificar el Convenio de 1997, con la finalidad de precisar que México concederá, sujeto a lo dispuesto por la legislación mexicana vigente, todas las facilidades administrativas, fiscales y aduaneras para la importación y exportación del material requerido para la ejecución de los proyectos de cooperación, y que destinará el cien por ciento de los recursos otorgados por el Gobierno alemán al financiamiento de los proyectos de cooperación, por lo que tales recursos no podrán utilizarse para el pago de contribuciones, incluidos impuestos o derechos generados en México.

Como referencia, es de señalarse que el Programa de Cooperación Técnica México-Alemania 2011-2013, adoptado conforme al Convenio de 1997, integró diecinueve proyectos con una asignación presupuestaria de ciento dieciocho millones de euros por parte del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Para el siguiente bienio, se perfilan alrededor de treinta proyectos, cuya estimación presupuestaria está siendo definida por las autoridades mexicanas y alemanas correspondientes.

IV. CONCLUSIONES

Los integrantes de la Comisiones unidas del Senado mexicano, luego de un profundo análisis del instrumento internacional en cuestión, consideran que las Enmiendas b) y c) del artículo 3 del Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania, firmado ad referéndum por el Embajador de la República Federal de Alemania en México y por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México, el 14 de noviembre de 2012, teniendo como antecedente el  Convenio suscrito el 8 de octubre de 1997, contribuirá a un más eficiente aprovechamiento de los recursos aportados por el Gobierno alemán para la ejecución de los proyectos de cooperación técnica en México.

Adicionalmente, estas comisiones dictaminadoras estiman pertinente destacar que la cooperación alcanzada entre México y Alemania durante los últimos quince años es una de las más productivas y exitosas, pues ha permitido el desarrollo de proyectos específicos en los campos de la ciencia y la tecnología, el medio ambiente y la energía.

Finalmente, estas Comisiones, hacen notar que la aprobación de dichas enmiendas son acordes con nuestro orden jurídico, especialmente con los principios que en materia de política exterior dicta nuestro texto constitucional y, muy especialmente en la materia de “la cooperación internacional para el desarrollo”, lo que constituye una muestra de que nuestro país ejerce con mayor responsabilidad y proactividad el papel que le corresponde  en el concierto internacional, en sus esfuerzos por lograr un mayor desarrollo económico y social a nivel mundial.

Por todo lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

V. DECRETO

La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción I, de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

ARTICULO UNICO.- El Senado de la República aprueba las Enmiendas al artículo 3, en sus apartados “b) y c)” del Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania, firmado ad referéndum por el Embajador de la República Federal de Alemania en México y por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 2012, teniendo como antecedente el  Convenio suscrito el 8 de octubre de 1997.

Sala de comisiones del Senado de la República a 13 de diciembre de 2013.

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión:

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

En primer término, se le concede el uso de la palabra al Senador Rabindranath Salazar Solorio, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Me permito poner a consideración un dictamen que tiene por objeto aprobar las Enmiendas al artículo 3, en sus apartados b) y c) del Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania, firmado ad referéndum por el Embajador de la República Federal de Alemania en México y por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de México, el 14 de noviembre del año 2012, teniendo como antecedente el Convenio suscrito el 8 de octubre de 1997.

Alemania y México comparten una importante historia de apoyo mutuo entre distintos ámbitos, donde la cooperación ocupa un lugar primordial y constituye una herramienta de contribución y entendimiento recíprocos.

El Convenio al que hoy hacemos referencia, fue suscrito el 8 de octubre de 1997; posteriormente, el 14 de noviembre del año 2012, en la ciudad de México, se firmó el Acuerdo de Enmienda al Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania.

Dicho instrumento internacional provee el marco jurídico de referencia para el desarrollo de proyectos de cooperación técnica entre instituciones de México y Alemania, los cuales permiten fomentar el desarrollo económico, técnico y social de la población de ambos países.

A partir de la ejecución de los proyectos de cooperación, enmarcados en el Convenio de 1997, las autoridades mexicanas y alemanas identificaron la necesidad de modificar el Convenio con la finalidad de precisar los compromisos fiscales de cada gobierno, específicamente en lo concerniente a la exención de impuestos y derechos generados por la importación y exportación de materiales requeridos para la ejecución de los antes mencionados proyectos.

Así, por medio de la introducción de las Enmiendas propuestas, se facilitará el cumplimiento de los objetivos antes mencionados, mediante la actualización de disposiciones que regulen los costos en los que incurre el gobierno mexicano sobre las aportaciones realizadas a los proyectos que se establezcan entre las partes en el marco de la cooperación técnica.

Es pertinente destacar que los niveles de reciprocidad alcanzados entre México y Alemania durante los últimos 15 años, son de los más productivos y exitosos, pues han permitido el desarrollo de proyectos específicos en los campos de la ciencia, la tecnología, el medio ambiente y la energía, entre otros.

Por lo antes expuesto, la aprobación de dichas Enmiendas garantiza un mejor aprovechamiento de los recursos que el gobierno de Alemania destina a los proyectos que serán ejecutados en nuestro país.

Cabe mencionar que las Enmiendas propuestas son acordes con nuestro orden jurídico, especialmente con los principios que en materia de política exterior dicta nuestro texto constitucional y, en especial, en lo correspondiente a la cooperación internacional para el desarrollo.

Lo que constituye una muestra de que nuestro país ejerce con mayor responsabilidad y proactividad el papel que le corresponde en el concierto internacional en aras de lograr un mayor desarrollo económico y social a nivel mundial.

Por último, quiero aprovechar la ocasión para agradecer a los integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, a sus Presidentes, la Senadora Gabriela Cuevas Barrón y al Senador Héctor Larios Córdova, así como a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, y a todos los que participaron en el proceso de dictaminación.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Rabindranath Salazar Solorio.

No habiendo más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos a favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene las Enmiendas al artículo 3 en sus apartados b) y c) del Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania, firmado ad referéndum por el Embajador de la República Federal de Alemania en México y por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de México, el 14 de noviembre de 2012, teniendo como antecedente el Convenio suscrito el 8 de octubre de 1997. Remítase al Ejecutivo Federal.

Esta Presidencia saluda la presencia de alumnos de la Licenciatura en Derecho del sistema abierto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, invitados por la Senadora María del Rocío Pineda Gochi.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Pasamos a la discusión de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 1395 del Código de Comercio.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 1395 DEL CODIGO DE COMERCIO

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO
Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta con proyecto de decreto, por el que se ADICIONA un párrafo cuarto al artículo 1395 del Código de Comercio, enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. El18 de octubre de 2012, el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se REFORMA el artículo 1414 Bis 7 del Código de Comercio.

2. En la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Economía para su análisis y dictamen correspondiente.

3. El 19 de Marzo de 2013 en sesión de la tercera reunión ordinaria de la Comisión de Economía fue aprobado el dictamen por el que se REFORMAN diversas disposiciones del Código de Comerciocon29 votos a favor y 1 en contra de 30 miembros que conforman la Comisión.

4. El 24de abril de 2013 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado el dictamen referido con 409 votos a favor, y 0 en contra.

En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida.

5. El 25 de abril de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, Segunda para su para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la Minuta

La Minuta en análisis tiene por objeto, establecer la obligatoriedad para la parte “actora”, el presentar desde el escrito inicial de demanda, el demostrar que consultó el Registro Unico de Garantías Mobiliarias (RUGM) en el caso de los bienes muebles, lo anterior para garantizar el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado.

De acuerdo con la colegisladora, el Registro Unico de Garantías es un registro que permite mayor seguridad y certeza jurídica de los derechos de crédito que recaen sobre los bienes muebles, facilitando una mayor publicidad de dichas garantías.

No obstante, uno de los problemas que se presentan es cuando no existe un dispositivo legal que establezca la obligación de consultarlo tanto para los gobernados como las autoridades jurisdiccionales. Por lo que, el principal momento de conflicto es en el momento en que se elabora una demanda donde se reclama el pago del crédito y se desconoce la existencia de los derechos de terceros.

Agravándose el conflicto cuando ya existe sentencia y comienza el pago del crédito, dicha situación llevará a futuros juicios de amparo donde además del objeto de la garantía, también se le podría exigir al juzgador el pago de daños y perjuicios por la omisión de su derecho en el proceso, ya que no se toma en cuenta el registro que un acreedor inscribió con el fin de hacerlo oponible a terceros.

Por lo que existe la necesidad de fortalecer el comentado Registro, para establecer de forma obligatoria el registro de los acreedores, instituciones financieras de una garantía mueble en el RUGM para que dicha consulta esté disponible en el sitio y cuando se presente o exista otro acreedor él tenga la información de las posibles garantías muebles anteriormente ya registradas, con la finalidad de evitar daños a terceros.

Así, la colegisladora aprobó la siguiente:

“MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO CUARTO AL ARTICULO 1395 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Artículo Unico.- Se adiciona un párrafo cuarto, recorriéndoselos actuales párrafos cuarto y quinto, a ser quinto y sexto párrafos al artículo 1395 del Código de Comercio para quedar como sigue:

Artículo 1395. …

I. a V. …

En caso de bienes muebles, el actor deberá demostrar fehacientemente que realizó una consulta al Registro Unico de Garantías Mobiliarias, y establecer en su escrito inicial de demanda el resultado de la misma. Lo anterior a fin de garantizar el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado. En su caso, el juez deberá realizar la notificación correspondiente.

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Las que dictaminan coinciden con la colegisladora en el sentido de que desde su implementación el Registro Unico de Garantías Mobiliarias (RUGM), representa una herramienta de apoyo que otorga certeza jurídica al sector financiero para promover el otorgamiento de crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Cabe mencionar, que de acuerdo con datos oficiales, la Financiera Rural se ha convertido en el principal usuario de este sistema. Tan solo en el primer año de su implementación, se registraron 35 mil 956 garantías inscritas, lo que permitió simplificar el procedimiento registral, promoviendo así el financiamiento para impulsar la inversión, la innovación y mejorar la competitividad de la economía.

Que de conformidad con los artículos 32 bis 1, 32 bis 2 y 32 bis 3 del Código de Comercio, el Registro Unico de Garantías Mobiliarias (RUGM), se inscribirán los actos jurídicos mercantiles por medio de los cuales constituya, modifique, transmita o cancele un privilegio especial o derecho de retención sobre bienes muebles en favor de terceros.

Dicho Registro estará exclusivamente a cargo de la Secretaría de Economía, su operación se lleva a través de medios digitales con una base de datos nacional.

Segunda.- Que de conformidad con el artículo 32 bis 4 del referido Código, dispone que se encuentran facultados para llevar a cabo inscripciones o anotaciones en el RUGM:

• Fedatarios públicos.

• Jueces.

• Oficinas habilitadas de la Secretaría de Economía en las entidades federativas.

• Entidades Financieras.

• Servidores públicos y otras personas que para tales fines autorice la Secretaría Acreedores y personas autorizadas por éstos

El procedimiento para la inscripción de garantías mobiliarias en el RUGM, se realiza de acuerdo a las bases siguientes:

• Esautomatizado;

• Las inscripciones, anotaciones o cualquier acto vinculado con ellas se realiza a través de medios digitales.

• El Registro genera una boleta que se entrega de manera digital a su solicitante, y

• Podrán inscribirse los documentos mercantiles a través de los cuales se constituya, modifique, transmita o cancele una garantía mobiliaria.

Cualquier interesado estará facultado para solicitar a la Secretaría la expedición de certificaciones respecto de los actos inscritos en el Registro, previa presentación de la solicitud correspondiente y pago de los derechos respectivos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 bis 7 del citado Código.

Tercera.- Que el pasado 29 de abril del año en curso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, solicitó la opinión de órganos jurisdiccionales como los Tribunales Superiores de Justicia del Distrito Federal y el del estado de Sonora, quienes han mostrado su disposición por coadyuvar, intercambiar información, estudios y opiniones, respecto de los asuntos encomendados a esta Comisión dictaminadora cuando sea materia de su competencia con la finalidad de perfeccionar el trabajo legislativo.

Así, el 07 de mayo del año en curso, a través del oficio número P/SPRIV/073/2013 dicha instancia, dio contestación a la petición, enviando a la comisión dictaminadora, la opinión con respecto a la iniciativa referida bajo los argumentos siguientes:

La propuesta sin duda generaría una gran problemática al momento de su aplicación, ya que provocaría incertidumbre en la sociedad y en lugar de dar celeridad a los juicios ejecutivos mercantiles los retrasaría, contraviniendo con ello los principios de justicia completa, pronta y expedita, lo que se traduce en un total descontento de la sociedad.

Efectivamente, la inclusión del término “tercero perjudicado” está mal ubicado porque era un aspecto que se regulaba exclusivamente en la anterior Ley de Amparo (artículo 5o); por ende, no es dable agregarla a la materia mercantil, porque ello generaría enormes confusiones en los justiciables, abogados y juzgadores, al manejarse por dos distintos ordenamientos legales, la misma figura jurídica.

Máxime porque conforme a la nueva Ley de Amparo, publicada el 2 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, ya no se contempla la figura del “tercero perjudicado”.

Además en el proyecto de reforma no se precisa cuál es el alcance del llamamiento al acreedor como posible tercero perjudicado, lo cual se estima indispensable para saber cuál será la participación que tenga el acreedor en el procedimiento judicial de ejecución de garantías.

Incluso, si se pretende garantizar las prerrogativas de terceros con derechos garantizados por el bien o bienes muebles que son objeto de un litigio de este tipo, sería conveniente que se les notifique la existencia del juicio hasta la etapa de ejecución (como ya se regula en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio) pues llamarlos al inicio de la contienda judicial solo entorpecería su tramitación, debido a que tampoco podrían incorporarse al proceso de inicio con la demanda del actor, pues este juicio sólo versará respecto del crédito del accionante y no del acreedor.

En consecuencia, la reforma es un desacierto, pues en lugar de proporcionar una solución, generaría dudas y demoras en la impartición de justicia”.

Cuarta.- Estas Comisiones dictaminadoras estiman valiosas las aportaciones vertidas en la minuta materia del presente dictamen, no obstante desde el punto de vista jurídico se contraponen a las normas vigentes derivado del análisis anterior, que lejos de contribuir al fortalecimiento del Registro Unico de Garantías como lo apunta la colegisladora tendría efectos negativos y confusos tanto para los abogados como para juzgadores como acertadamente lo apunta el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en sus observaciones.

V. Resolutivo

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha la Minuta con proyecto de decreto, por el que se ADICIONA un párrafo cuarto al artículo 1395 del Código de Comercio, en los términos en que fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión, y turnada en sesión ordinaria a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos Segunda, el día25 de abril de 2013.

Segundo.- Se devuelve el expediente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos de lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.

Tercero.-Archívese el expediente como formal y materialmente concluido.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 31 de julio de 2013.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA”.

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, está a discusión.

No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal que propone desechar el proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 87 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaría. En consecuencia, queda desechado el proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 1395 del Código de Comercio. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país.






DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MEXICO FUERA DE LOS LIMITES DEL PAIS PARA PARTICIPAR EN EL EJERCICIO COMBINADO "TEAMWORK SOUTH 2014", QUE SE LLEVARA A CABO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014, ASI COMO EN LA "EXPONAVAL-TRANSPORT 2014", QUE SE LLEVARA A CABO DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014, EN EL PUERTO DE VALPARAISO, CHILE

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 85 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para participar en el ejercicio combinado “TEAMWORK SOUTH 2014”, que se llevará acabo del 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2014, así como en la “EXPONAVAL-TRANSPORT 2014”, que se llevará acabo del 3 al 5 de diciembre de 2014, en el Puerto de Valparaíso, Chile. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, para autorizar al gobierno federal a efectuar una aportación a la Asociación Internacional de Fomento.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 2o. DE LA LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCION EN MEXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO, PARA AUTORIZAR AL GOBIERNO FEDERAL A EFECTUAR UNA APORTACION A LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

El 4 de julio de 2012, fue turnada por la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, suscrita por el Ejecutivo Federal.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I;174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1;178; 182; 183, párrafos 1 y 2;184; 186; 187, y 190, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la Iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del tema de la Iniciativa de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 189; 190, párrafo 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de la República se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En sesión de la Comisión Permanente de fecha 4 de julio de 2012,el Ejecutivo Federal,  en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento

2. En esta misma fecha la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, mediante oficio número CP2R3A.-1326, turnó la Iniciativa antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

3. En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos, a efecto de analizar y valorar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus consideraciones de orden general y específico a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

Propone la reforma al artículo 2 de la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1960, modificada por decretos de los años 1981, 1983, 1984, 1988, 1990, 1993, 1997, 2001, 2008 y 2009, mediante lo cual se propone autorizar al Gobierno Federal para que por conducto del Banco de México efectúe la aportación de 66´140,000 (sesenta y seis millones ciento cuarenta mil)Derechos Especiales de Giro.

Asimismo, se autoriza al Ejecutivo Federal para actualizar las aportaciones a que se refiere la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento (AIF).

III. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA

La Iniciativa en dictamen, expone entre otras consideraciones, las siguientes:

La Asociación Internacional de Fomento, conocida por sus siglas AIF, es un Organismo Financiero Internacional filial del Grupo Banco Mundial, creado en el año de 1960 con el propósito de ayudar a elevar el nivel de vida de los países miembros en desarrollo más pobres, a través del otorgamiento de asistencia financiera y técnica en términos concesionales.

Durante los últimos años, la Asociación Internacional de Fomento se ha constituido como uno de los principales proveedores de financiamiento concesionario a los países en pobreza extrema. Desde su creación en 1960, la AIF ha otorgado financiamiento por valor de 222 mil millones de dólares americanos a 108 países. La cifra anual de créditos concedidos ha aumentado en forma constante y ha ascendido, en promedio, a unos 16 mil millones de dólares americanos durante los últimos tres años.

En la actualidad, 82 países pueden tener acceso a recursos de la AIF, los cuales en conjunto albergan a 2,800 millones de personas, la mitad de la población total del mundo en desarrollo. De esa cifra, se estima que 1,800 millones viven con ingresos de 2 dólares americanos al día o menos.

En este contexto, la Asociación Internacional de Fomento es una de las mayores fuentes de asistencia para los países de mayor pobreza en el mundo, 40 de los cuales se encuentran en Africa. Los créditos de la Asociación no devengan intereses y el reembolso se extiende por un período de 25 a 40 años, incluido un período de gracia de 10 años; además, otorga donaciones a los países en riesgo de sobreendeudamiento y brinda, asimismo, servicios financieros y de conocimientos a los países clientes para apoyar sus prioridades y necesidades.

Areas como la educación primaria, servicios de salud básicos, agua potable y saneamiento, salvaguardas medioambientales, mejoras en el clima para los negocios, infraestructura y reformas normativas e institucionales, son las que reciben el financiamiento que otorga la Asociación. Con estos proyectos, se busca facilitar el camino hacia el crecimiento económico, la creación de empleos, mayores ingresos y mejores condiciones de vida para las personas en mayor pobreza.

Los recursos con los que opera la Asociación Internacional de Fomento provienen principalmente de las aportaciones que hacen los gobiernos de los países donantes, los cuales se complementan con los reembolsos de los créditos pendientes, los ingresos de las inversiones de la Asociación y las transferencias que realizan el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), miembros también del Grupo del Banco Mundial.

Hasta el año 2010, el número de donantes, que ha ido en aumento, suma 52 países, en los que se encuentran países desarrollados como Estados Unidos y el Reino Unido, así como países en desarrollo de ingreso mediano como es el caso de México, Brasil, Argentina y Chile.

Con objeto de hacer más eficiente el uso y destino de sus recursos, la Asociación Internacional de Fomento realiza sus asignaciones con base en indicadores de desempeño, monitoreo y evaluación de resultados, las cuales son revisadas en el marco de cada reposición de recursos. De esta forma, de 1970 a 1998 se alcanzaron más avances en el combate a la pobreza y el incremento en la calidad de vida que en ningún otro período en la historia. A manera de ejemplo puede citarse que, según datos publicados por la Asociación en su informe "Aumento de los Recursos de la AIF: Decimosexta Reposición, AIF: Dando Resultados de Desarrollo" (documento que se encuentra disponible en la página del Banco Mundial), en el segmento de países que han sido apoyados por la Asociación, el producto interno bruto real per cápita aumentó 5.8% al año entre 2005 y 2008.

Este fuerte crecimiento se asocia a una reducción de la pobreza, la proporción de gente viviendo con menos de 1.25 dólares americanos al día bajó al 42.4% en 2005, (año de referencia para esta reposición de recursos) comparado con el 51.4% en 1990 y 46.4% en 2002. Adicionalmente, 105 millones de niños se han beneficiado de las mejoras en la calidad de la educación y en las instalaciones educativas, 47 millones de personas se han beneficiado de servicios de salud básica, nutrición y población, 310 millones de niños fueron inmunizados, 113 millones de personas tuvieron acceso a una fuente de agua mejorada y 5.8 millones tuvieron acceso a instalaciones sanitarias mejoradas. Asimismo, en los últimos cinco años, la Asociación ha ayudado a mejorar los sistemas de manejo del sector público y de presupuesto del Gobierno en más de la mitad de sus países elegibles y ha mejorado el manejo financiero y el acceso a la información en cerca de un tercio de sus miembros.

Los avances con respecto a las reformas regulatorias han sido sólidos en cuanto a la reducción de obstáculos al desarrollo del sector privado y su acceso a la infraestructura básica, donde el registro de nuevas empresas se redujo alrededor del 25% en costo y 20% en tiempo, haciéndolo menos costoso y más rápido. En cuanto al acceso a servicios, el avance ha sido significativo, en 2004 únicamente el 55% de los hogares de los países miembros de la Asociación gozaban de electricidad; en 2007 el 62% ya cuenta con ella. De 1990 a 2006, la población con acceso a una fuente mejorada de agua subió del 63% al 77%. Por lo que respecta a los avances en materia de desarrollo humano han sido un poco más lentos, particularmente en materia de mortalidad materna e infantil y acceso universal a la salud reproductiva, sin embargo, se han logrado avances en la detención y reversión de enfermedades como el VIH y el paludismo; así como un aumento en la tasa de culminación de educación primaria, la cual alcanzó el 80.4% de los niños en edad de graduarse.

No obstante, aún y cuando ya han transcurrido dos tercios del período (hasta el año 2015) fijado como meta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, quedan enormes desafíos por superar. Es por ello, que con el fin de avanzar en los retos futuros, la Asociación Internacional de Fomento se ha establecido como objetivo que los países que asiste alcancen las Metas de Desarrollo del Milenio acordadas por diversos países en la Conferencia Internacional sobre Financiamiento al Desarrollo celebrada en México en 2002.

Con este propósito, la Asociación está otorgando asistencia a través de más de 1,000 proyectos distribuidos principalmente en Africa, Sur de Asia, Este de Europa y en algunos países latinoamericanos como es el caso de Bolivia, Haití, Honduras y Nicaragua, en los cuales las operaciones están dirigidas, en su mayoría, al combate a la pobreza extrema a través del fortalecimiento de las instituciones de desarrollo nacionales; y proyectos sociales en rubros como salud, educación básica, energía, tecnología agrícola y manejo de desastres.

Nuestro país ha sido miembro de la Asociación Internacional de Fomento desde su establecimiento y sus relaciones con la misma quedaron señaladas en la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de dicha Asociación de fecha 30 de diciembre de 1960, misma que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del mismo año.

La participación inicial de México en el capital de la Asociación fue de 8´740,000.00 (ocho millones setecientos cuarenta mil) dólares americanos, lo que correspondió al 0.874% del total, quedando abierta la posibilidad de aumentarse los recursos por acuerdo de la Asamblea de Gobernadores de este organismo.

A la fecha de presentación de esta Iniciativa, se han realizado dieciséis reposiciones de recursos incluyendo la que contiene la presente iniciativa de Decreto dirigida respetuosamente a este Honorable Congreso de la Unión, y se está gestando ya la reposición número diecisiete. Para la primera y segunda sólo se solicitó la aportación de los países desarrollados. En la tercera y cuarta se invitó a los países en desarrollo, miembros de la Asociación, para que efectuasen contribuciones adicionales de recursos. Sin embargo, en estas ocasiones México no participó.

Fue al inicio de la década de los 80, en la que México reinicia sus participaciones con la quinta y subsecuentes reposiciones de capital de la Asociación, las cuales fueron debidamente autorizadas por el H. Congreso de la Unión por los Decretos del 27 de diciembre de 1980, 21 de diciembre de 1981, 11 de octubre de 1983, 21 de noviembre de 1984, 22 de diciembre de 1987, 14 de julio de 1990, 6 de julio de 1993, 16 de abril de 1997, 30 de abril de 2001, 6 de noviembre de 2008 y 11 de diciembre de 2008 publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1981, 28 de diciembre de 1981, 4 de noviembre de 1983, 24 de diciembre de 1984, 19 de enero de 1988, 26 de julio de 1990, 16 de julio de 1993, 7 de mayo de 1997, 01 de junio de 2001, 30 de diciembre de 2008 y 22 de enero de 2009 respectivamente.

Es importante señalar que, para evitar la erosión del valor real de las reposiciones debido a las fluctuaciones cambiarias de las monedas de los países donantes, a partir de la sexta reposición, la Asociación Internacional de Fomento ha venido otorgando sus créditos en Derechos Especiales de Giro, solicitando de igual manera el apoyo de los países para denominar sus contribuciones en los referidos Derechos Especiales de Giro, a fin de evitar la pérdida del valor real de las contribuciones, así como brindar un marco de referencia estable para sus operaciones de financiamiento.

Durante el período de la XV Reposición de Recursos de la Asociación, sus países miembros atestiguaron una rápida sucesión de crisis (de precios de los alimentos y combustibles, y más recientemente la crisis económica global). Adicionalmente, varios de los países miembros de la Asociación fueron severamente impactados por desastres naturales, incluyendo terremotos, huracanes e inundaciones. En particular, la crisis financiera (2008-2009) ha reducido drásticamente el crecimiento de sus países miembros, a través de la reducción en las ganancias por exportaciones, remesas, turismo e inversión extranjera directa, entre otros.

El crecimiento promedio del producto interno bruto (PIB) en los países en desarrollo descendió de 8.1% en el período pre-crisis (2006-2007) a 3.4% durante la crisis (2008-2009). El crecimiento en Africa Sub-Sahariana y Asia del Sur (dos de las regiones con la concentración más alta de pobreza) decrecieron de 6.7% y 8.7% en el período pre-crisis a 3.1% y 5.1% durante la crisis, lo cual está por debajo de las tasas necesarias para reducir significativamente la pobreza. Es por ello que las operaciones de la Asociación son tan relevantes: solo en 2013, los compromisos de AIF para apoyar proyectos en materia de salud, educación, agricultura, transporte, energía, agua, entre otros, fueron de aproximadamente  16,300 millones de dólares americanos.
La Asamblea de Gobernadores de la Asociación Internacional de Fomento reconoció que el período de la Decimosexta Reposición de Recursos es el último previo al objetivo de 2015 para alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio y que será un tiempo crítico para otorgar asistencia a los países de la Asociación para ayudarlos en sus esfuerzos para alcanzar dichas metas para el 2015. Con ese fin y para dar continuidad a su mandato de reducir la pobreza extrema, mediante resolución 227 del 26 de abril de 2011, aprobó la Decimosexta Reposición de Recursos de este organismo, por un monto de 32,800'000,000 (treinta y dos mil ochocientos millones) Derechos Especiales de Giro, mismos que serán utilizados para cubrir su programa de operaciones durante el período comprendido entre los ejercicios 2011 y 2014.

México contribuirá en esta Reposición con el 0.29% del total de las aportaciones de los donantes; esto es 66'140,000 Derechos Especiales de Giro.

La aportación de nuestro país a la Decimosexta Reposición de Recursos de la Asociación Internacional de Fomento constituye un elemento importante dentro de las relaciones globales de México con el Grupo del Banco Mundial, además de representar una medida concreta de apoyo al fortalecimiento de la asistencia que brindan las instituciones financieras multilaterales y de ser un factor determinante en la generación de una corriente de recursos financieros concesionales que favorecen el proceso de desarrollo de los países que carecen de acceso a recursos financieros en el mercado internacional en términos razonables.

Adicionalmente, México como economía emergente y país de ingreso medio, juega un papel no sólo como receptor de recursos de los organismos financieros internacionales, sino también como donante para apoyar el desarrollo de países de menor ingreso. En este sentido, la participación de México en la Asociación Internacional de Fomento es una muestra importante de solidaridad con los países de menor grado de desarrollo económico y contribuye a lograr una mayor integración y cooperación de la comunidad.

Asimismo, las contribuciones de México se enmarcan dentro de la relación con el Banco Mundial, donde como país de ingreso medio juega un papel de liderazgo en la conformación de la política de desarrollo de esta institución.

De igual modo, constituye una medida concreta de apoyo al "Consenso de Monterrey" impulsado por nuestro país en el marco de la Conferencia Internacional sobre Financiamiento al Desarrollo celebrada en México en el año 2002, el cual entre otras cosas, establece que la ayuda oficial al desarrollo juega un rol esencial como complemento de otras fuentes de financiamiento al desarrollo, en especial en aquellos países con menor capacidad para atraer inversión extranjera directa.

Además mejora el entorno económico para la actividad del sector privado y es un instrumento crucial para apoyar la educación, la salud, la infraestructura pública, la agricultura, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Adicionalmente, propone que los países en desarrollo reciban apoyo de los organismos financieros internacionales para alcanzar al menos los indicadores sociales básicos que se postulan en las Metas de Desarrollo de la Declaración del Milenio.

Aunado a todo lo anterior, como parte de la membresía en diferentes bancos multilaterales de desarrollo, nuestro país ha recibido apoyo cuando ha atravesado situaciones económicas difíciles, por lo que se espera una reciprocidad hacia los países de menor ingreso, la cual se ve reflejada al ser miembro de la Asociación.

Consecuentemente, que México deje de cumplir con el compromiso indicativo que realizó para esta ronda de reposición número XVI, sujeto a la aprobación de esta H. Cámara de Senadores, implicaría un daño en la imagen internacional de nuestro país, además que el poder de voto de México dentro de la Asociación se vería disminuido. Por último, es importante subrayar que la Asociación Internacional de Fomento constituye un elemento fundamental dentro de la Iniciativa de la comunidad financiera internacional, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para apoyar el Programa de Reducción de la Deuda de los Países Pobres Altamente Endeudados y la Iniciativa de Condonación de Deuda Multilateral, ya que la ejecución de estos mecanismos de alivio financiero se lleva a cabo a través de este organismo.

IV. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES, A LA INICIATIVA

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187;188; 189, y190,del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, resultan competentes para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas consideran adecuada la Iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal, en virtud de la importancia de la participación de México en la reposición de recursos a la Asociación Internacional de Fomento, institución que constituye un elemento fundamental en la comunidad financiera internacional para apoyar el Programa de Reducción de la Deuda de los Países Pobres Altamente Endeudados y la Iniciativa de Condonación de Deuda Multilateral, ya que la ejecución de estos mecanismos de alivio financiero se lleva a cabo a través de este organismo.

TERCERA. Adicionalmente las Comisiones Unidas, consideran la importancia de la participación de México en el incremento de capital por lo siguiente:

1. La participación de México en la AIF es congruente con el Quinto Eje de Gobierno del Ejecutivo Federal, que busca “lograr que México sea un actor con responsabilidad global. Un país con participación propositiva en el mundo, dispuesto a fomentar la cooperación entre las naciones, con una diplomacia moderna e innovadora. México debe contribuir a la estabilidad en un mundo convulso, una voz que se escuche, una voz que defienda la libertad y promueva un orden más justo y un mundo sustentable en el Siglo XXI.”

2. De igual manera, la participación de México en la AIF es acorde a las acciones propuestas por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.

3. México como economía emergente y país de ingreso medio, juega un papel no sólo como receptor de recursos de los organismos financieros internacionales, sino también como líder emergente en la economía mundial y como donante para apoyar el desarrollo de países de menor ingreso. En este sentido, la participación de México en AIF es una muestra importante de solidaridad con los países de menor grado de desarrollo económico y contribuye a lograr una mayor integración y cooperación de la comunidad.

4. Las contribuciones de México se enmarcan dentro de la relación con el Grupo del Banco Mundial, donde como país de ingreso medio-alto tiene un papel de liderazgo en la conformación de la política de desarrollo de esta institución. Como parte de la membresía en diferentes bancos multilaterales de desarrollo, nuestro país ha recibido apoyo cuando ha atravesado situaciones económicas difíciles, por lo que se espera una reciprocidad hacia los países de menor ingreso, la cual se ve reflejada al ser miembro de AIF.

5. Es menester destacar que si bien nuestro país no puede beneficiarse de los créditos concesionales otorgados por la AIF, la operación de los mismos se ejecuta mayormente a través de empresas que trabajan para los gobiernos de las naciones menos desarrolladas, mismas que obtienen los contratos mediante la participación en licitaciones. En dichas licitaciones se dará preferencia a aquellas empresas de la nacionalidad de los países donantes de la AIF.  Por lo tanto, las aportaciones de México permitirían que las empresas mexicanas puedan expandir sus operaciones a este tipo de naciones, compitiendo por estos contratos para la implementación de proyectos y programas financiados, en todo o en parte, por la AIF.

6. En el caso de que México dejase de participar en la recapitalización de la Asociación, produciría una mala imagen al país, de no cumplir con sus obligaciones y compromisos acorde a su estatus en el concierto de las naciones.

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Unidas que suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 2 DE LA LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCION EN MEXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO.

ARTICULO PRIMERO- Se reforma el Artículo 2 de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1960, modificada por Decretos publicados en el propio Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1981, 28 de diciembre de 1981, 4 de noviembre de 1983, 24 de diciembre de 1984, 19 de enero de 1988, 26 de julio de 1990, 16 de julio de 1993, 7 de mayo de 1997, 01 de junio de 2001, 30 de diciembre de 2008 y 22 de enero de 2009 para quedar como sigue:

“ARTICULO 2.- Se autoriza al Gobierno Federal para que por conducto del Banco de México efectúe la siguiente aportación a la Asociación Internacional de Fomento hasta por el equivalente en Derechos Especiales de Giro, que a continuación se indica:

a) 66´140,000 (sesenta y seis millones ciento cuarenta mil), por concepto de suscripción adicional correspondiente a la Décimo extra Reposición de Capital, cantidad que se adicionaría a las suscripciones anteriores efectuadas por nuestro país”.

ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para actualizar las aportaciones a que se refiere la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 30 de abril de 2014.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura y se ponga de inmediato a discusión este dictamen.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para razonar su voto.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Este tema es sumamente importante y vale la pena hacer varias reflexiones.

Se trata de diversas disposiciones que somete a consideración del Senado el Ejecutivo Federal, para autorizar recursos a distintos bancos de cooperación internacional. Uno de ellos es el Banco Interamericano de Desarrollo; y antes de eso, como son seis dictámenes, anuncio que voy a hablar de los seis, en tres de ellos, a mi juicio, es correcta la petición, y en otros daré argumentos de por qué sería inconveniente la autorización de recursos, fundamentalmente para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Pero a lo que se refiere al Banco Interamericano de Desarrollo, es que es una institución multinacional de financiamiento regional y cuyo propósito es contribuir al desarrollo económico de los países miembros, nos parece importante apoyar esta petición.

México tiene el 6.9 por ciento de las acciones en este banco, y desde su creación el BID ha otorgado a México 33 mil millones de dólares en créditos y apoyos diversos para proyectos de combate a la pobreza, para la educación y para el cambio climático, entre muchos otros.

México es el tercer país en importancia para el BID en cuanto a apoyos; los proyectos que se realizan con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo tienen una característica positiva de que son sujetos a una evaluación rigurosa antes, durante y después del ejercicio del presupuesto.

Otra característica de los créditos del BID es que no hay condicionamiento para que México implemente políticas económicas respecto a su soberanía, de nuestro país, y esto me parece sumamente importante subrayarlo.

Otra característica positiva del BID es que por mandato tiene que enviar al menos un 40 por ciento de sus recursos a programas que promueven la equidad social y se destinan a los sectores más pobres.

La iniciativa del Ejecutivo consiste en solicitar al Senado la aprobación de adquirir 54 mil 925 acciones adicionales, con un valor de 662.6 millones de dólares, de las cuales mil 335 acciones, con un valor de 16.1 millones de dólares, se pagarían en efectivo y el resto sería capital ordinario exigible.

El capital ordinario exigible es la deuda contingente, el capital ordinario exigible es un capital que se suscribe pero no se entrega más que en casos extraordinarios o de extrema emergencia, y aunque en la exposición de motivos se afirma que nunca ha sido necesario el pago de capital exigible, la suscripción del acuerdo implicaría esta adquisición de deuda contingente por 8 mil 500 millones de dólares.

Por otra parte, en el artículo 2 del proyecto de Decreto solo se señala la autorización de 662.6 millones de dólares, y el artículo no especifica que solo se pagarán 16.1 millones de dólares, y que lo demás no se debe de pagar hasta que haya alguna emergencia o alguna crisis, que ojalá no la hubiera, y entonces puede ejercerse el capital ordinario exigible.

El Banco de México solo debe de pagar 16.1 millones de dólares.

En resumen, se puede comentar que la participación de México en el BID ha dado resultados positivos, y es aceptable que incremente su participación en dicho organismo, por lo que nuestro voto en este dictamen será favorable, solo pedimos que quede claro que de adquirir 54 mil 925 acciones adicionales, solo se pagarán mil 335 acciones, el resto corresponde al capital ordinario exigible.

Otro dictamen que nos parece positivo es el del Banco de Desarrollo del Caribe. Este banco se constituyó desde 1969 y tiene la finalidad de contribuir al crecimiento económico, al desarrollo de los países miembros en el Caribe, poniendo especial énfasis en las necesidades de los países menos desarrollados.

Este banco es uno de los más importantes que dan financiamiento para el desarrollo de la región caribeña, es una institución noble que se acerca a los problemas de los países y busca la manera de movilizar capitales con tasas de interés blandas y favorables, es muy importante que México participe y apoye este organismo financiero regional como una estrategia para lograr la integración de Latinoamérica y el Caribe.

Asimismo, es de justicia que México apoye a países más pobres, y puede hacerse a través de su presencia en el Banco de Desarrollo del Caribe. El voto del PRD o el mío, será favorable a este dictamen.

Al igual, el de la Asociación Internacional de Fomento. La participación de México en este organismo es de carácter solidario con los países más pobres, no es beneficiario directo, ciertamente, pero es correcto que México apoye proyectos.

Sin embargo, la propuesta implica un gasto de mil 260 millones de pesos, que aunque se pagarán antes de 2020, sí representa una erogación importante para las finanzas públicas.

En este dictamen no queda claro si la cantidad se entrega a plazos o en una sola exhibición, los dictámenes se hacen, no tienen todo el rigor técnico, ni la transparencia, ni la exactitud de cifras, ni la claridad del destino, y se hacen como muy mecánicamente, y tienen, después de una lectura minuciosa, muchas lagunas informativas. Aún con ello, la participación de México en ese organismo internacional es muy importante.

Algo que sí me parece llamar su atención, y que ojalá este Senado pueda reflexionar su voto en contra, es el del Fondo Monetario Internacional y del banco, que tiene una sucursal, por decirlo de alguna manera, que se llama Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

La iniciativa solicita la autorización del Senado para que el Ejecutivo Federal suscriba con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 21 mil 315 acciones adicionales a las 18 mil 804 acciones que actualmente tiene.

En la exposición de motivos se explica que en el 2012 el Ejecutivo solicitó al Senado la misma autorización, y no la obtuvo. Habría que ver primero las causas por las cuales hace 2 años el Senado de la República rechazó esta petición; es importante, porque esa cantidad de acciones solicitadas en el 2012 fueron de 21 mil 12 acciones, y ahora se agregan 294 acciones más, se pide más que hace 2 años.

El argumento para solicitar aumentar la participación accionaria de México en el BIRF, es lograr una mayor representación.

El BIRF tiene 188 países asociados, entre ellos están: Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia y Reino Unido, con un enorme poder de decisión, y prácticamente son estos países los que toman las decisiones.

México sólo tiene una participación marginal de sólo 0.9 por ciento.

Si se autorizara este incremento, que hoy solicita el Ejecutivo, aumentaría su participación a 1.6 por ciento, con lo cual seguirá siendo marginal, seguiría teniendo escaso o nulo poder en la toma de decisiones, y lo más grave es que el BIRF forma parte del Banco Mundial, o del Grupo Banco Mundial, y tiene como objetivo, se supone, reducir la pobreza en países de ingreso mediano, entiéndase países grandes.

El BIRF tiene la grave inconveniencia de que impone a los países acreditados condiciones que limitan seriamente su capacidad de decisión en política económica, financiera y monetaria, porque su objetivo primario es imponer y extender la política económica neoliberal, que no sólo no reduce la pobreza, sino que la incrementa.

El proyecto, en la exposición de motivos, señala que México ha recibido 53 mil 600 millones de dólares del BIRF, y se dice que estos recursos se aplicaron para combate a la pobreza, para la educación, para el sector energético, el sector agropecuario y forestal, para la agenda del cambio climático, para la sostenibilidad financiera y para el financiamiento del sector gobierno, entre otros. Pero todos estos temas tienen enormes rezagos en el país, por lo que son muy cuestionables los beneficios.

Es mucho lo que compromete México a cambio de estas firmas, y sus beneficios son nulos; y los perjuicios que impone este banco son enormes.

Se le impone al país un modelo de desarrollo que no ha funcionado en beneficio de la población, y ha sido el causante del retroceso económico en México.

Antes de tomar una decisión para incrementar las acciones de México en el BIRF, es necesario que el Ejecutivo informe al Senado los costos y condiciones que el BIRF ha impuesto a nuestro país.

¿Qué beneficios ha traído para México cada uno de estos préstamos? Que se desglosen los préstamos, por qué en las áreas en las que se aplica es justamente donde hay un mayor rezago; y que se revise la pertinencia de que contiene México en el BIFR.

Otro documento muy delicado, grave, a mi juicio, que debe de votarse en negativo, es el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional.

El dictamen está solicitando que el Senado autorice al Banco de México suscribir acciones de la Cooperación Financiera Internacional, hasta por 2 millones 943 mil millones de dólares, para sumar 30 mil 532 acciones con un valor de 30 millones 532 mil millones de dólares.

La Corporación Financiera Internacional es otra filial del Banco Mundial, encargada de fomentar el crecimiento económico estimulando a empresas productivas privadas de los países miembros, subrayo, de los países miembros.

En el convenio se establece que la Corporación Financiera Internacional permite crear oportunidades para abatir la pobreza, crea empleos, pero la pobreza no se acaba, porque los recursos destinados a abatir la pobreza y a generar empleos, justamente se le dan a gente que es del extranjero y no a mexicanos.

Algunas empresas mexicanas han recibido financiamiento de la CFI, pero son las menos. Sin embargo, tampoco se nos da una evaluación de los efectos de estos financiamientos.

Por otra parte, aún con el incremento de esta participación accionaria de México, seguiría siendo un socio marginal sin poder real para influir en las políticas de esta corporación.

Por ello, nuestro voto no debe de ser favorable si antes no se realiza una evaluación rigurosa y objetiva de los beneficios que ha recibido el país por pertenecer a este organismo.

Y quiero ponerles de ejemplo algunas empresas que han sido apoyadas como: la APM, que tiene la concesión del manejo de contenedores en el municipio de Lázaro Cárdenas, que es parte de las que se acaban de llevar la PGR.

El Braskem Idesa, una empresa trasnacional dedicada a la petroquímica.

Hoteles City, que es una cadena de hoteles en varios estados de la República.

BINTER, desarrolladora de vivienda.

Hospitalaria, un hospital privado en Monterrey, y otras. Todas estas empresas son extranjeras.

Cuando el convenio que están ustedes firmando, dicen que es para apoyar a empresas nacionales, mexicanas, y todas estas que he mencionado son empresas extranjeras.

Y México paga, con estos recursos que el Senado les autoriza a extranjeros, y es incapaz de aumentarle el presupuesto a las PyMES.

Creemos que el Senado debe darle una revisión a las autorizaciones que otorga sin leer, sin estudiar, sin analizar sus consecuencias, y vigilar que estos recursos realmente sirvan para lo que se autoriza.

Es cuanto, señor Presidente. Gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Dolores Padierna Luna.

No habiendo más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Señor Presidente, ¿cuál de los 6 documentos es el que se va a votar en este momento?

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, vamos a votarlos 6, uno por uno. Iniciando en el orden en el que se presentaron.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos a favor, cero en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, para autorizar al gobierno federal a efectuar una aportación a la Asociación Internacional de Fomento. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 3o. y se reforma el artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución, para autorizar al gobierno federal a efectuar la suscripción de acciones a partes sociales del Banco de Desarrollo del Caribe.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 3o. Y SE REFORMA EL ARTICULO 4o. DE LA LEY QUE APRUEBA LA ADHESION DE MEXICO AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE Y SU EJECUCION, PARA AUTORIZAR AL GOBIERNO FEDERAL A EFECTUAR LA SUSCRIPCION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE Y SU EJECUCION

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

En sesión ordinaria de fecha 20 de noviembre de 2012, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 3o. y se reforma el artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución, suscrita por el Ejecutivo Federal.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I;174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1, y 2;184; 186; 187, y 190, párrafo 1,fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de La Iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del tema de la iniciativa de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 189, y 190, párrafo 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria de fecha 20 de noviembre de 2012, el Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confieren el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 3o. y se reforma el artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, mediante oficio número DGPL-1P1A.-2205, turnó la Iniciativa antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

3. En sesión ordinaria, los integrantes de estas Comisiones Unidas, realizaron diversos trabajos, a efecto de analizar y valorar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus consideraciones de orden general y específico a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

Propone que se autorice al Gobierno Federal, para que por conducto del Banco de México, efectúe la suscripción de acciones o partes sociales del Banco de Desarrollo del Caribe hasta por el equivalente a 28'210,000 (veintiocho millones doscientos diez mil) dólares americanos, de los cuales, serían pagaderos en efectivo 6'206,000 (seis millones doscientos seis mil) dólares americanos.

Asimismo, que el monto total aportado por México al Fondo Especial de Desarrollo de la cantidad de 29´333,000 aumente a 32´333,000 (treinta y dos millones trescientos treinta y tres mil) dólares americanos.

III. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA

La Iniciativa en dictamen, expone entre otras consideraciones, las siguientes:

Como parte del desarrollo regional impulsado a finales de la década de los sesenta, se constituyó el 18 de octubre de 1969, como institución financiera internacional, el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), iniciando sus operaciones el 26 de enero de 1970, cuyo objetivo plasmado en el artículo primero de su Convenio Constitutivo alinea su finalidad de contribuir al crecimiento económico armónico y desarrollo de los países miembros en el Caribe, así como promover la cooperación económica e integración de los mismos, poniendo especial énfasis en las necesidades de los países menos desarrollados de la región.

Actualmente, el Banco cuenta con 27 países y territorios miembros, de los cuales 19 son miembros regionales prestatarios (Anguilla, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, St. Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago e Islas Turcas y Caicos), tres son miembros regionales no prestatarios (Colombia, México y Venezuela) y cinco son miembros extrarregionales (Canadá, China, Alemania, Italia y Reino Unido).

Si bien es cierto que la estructura regional de apoyo financiero en la zona caribeña incluye diversas agencias bilaterales y multilaterales, el Banco constituye una de las fuentes más importantes de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional sostenible de la región del Caribe. En igual sentido, posee una gran ventaja comparativa sobre otras instituciones de financiamiento que operan en la zona, ya que conoce de cerca los problemas de los países de esta región, así como la dinámica de éstos y la forma en que se relacionan.

De los bancos multilaterales de desarrollo que operan en esta región del mundo, este Banco es el que abarca un mayor número de naciones, ya que tiene operaciones en 19 países de la región, comparado con el Banco Europeo de Inversiones que opera en 6, el Banco Mundial en 11 y Banco Interamericano de Desarrollo que opera en 8 países de la región.

El Banco tiene la capacidad de movilizar importantes cantidades de financiamiento concesional y no concesional con una base de capital relativamente pequeña a tasas de interés favorables, lo que permite a sus países prestatarios maximizar el uso de los recursos financieros que pone a su disposición. De igual forma, durante sus años de actividad ha acumulado una invaluable experiencia de apoyo a pequeñas comunidades rurales y urbanas en sus países de operación, con objeto de desarrollar e implementar soluciones a problemas locales.

En 2013, esta institución aprobó créditos por un total de 139 millones de dólares americanos y otorgó donaciones por un total de 18.4 millones de dólares americanos. El préstamo más grande fue para cuatro prestatarios (Barbados, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, y Dominica) para un préstamo por 65 millones para la aerolínea LIAT, que es esencial para la comunicación entre estas islas. Destaca también el importante papel del Banco en apoyar a los países caribeños a enfrentar los efectos del cambio climático, por lo que en 2013 se aprobaron proyectos para fortalecer las líneas costeras en Guyana (25 millones de dólares americanos) y en Barbados (46 millones de dólares americanos).

México es miembro del Banco desde el 5 de enero de 1982. La participación de nuestro país en esta institución financiera regional representa el refrendo a uno de los principios normativos de la política exterior de nuestro país, consagrado en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual refleja el compromiso de México con la promoción de la cooperación internacional para el desarrollo y en particular, el apoyo con los países de la región con un menor grado de desarrollo relativo.

De igual forma, la participación de México en el Banco es una clara muestra de la voluntad política, que se tiene por materializar esfuerzos de cooperación para el desarrollo con los países de la región, lo cual a su vez retribuye a México al tener una región vecina fortalecida con la que se puedan entablar relaciones económicas más fructíferas y duraderas.

Para integrarse como miembro del Banco, México ha realizado dos tipos de aportaciones, una al Capital Ordinario del Banco, a través de la compra de acciones, y otra al Fondo Especial para el Desarrollo (FED).

Tanto la suscripción de acciones al capital ordinario como la contribución inicial al Fondo se realizaron con fundamento en los artículos 3o. y 4o. de la Ley que aprueba la adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 5 de enero de 1982. A través de esta Ley, se autorizó la suscripción de acciones del Banco hasta por la cantidad de 15´600,000 (quince millones seiscientos mil) dólares americanos y cubrir una primera contribución al Fondo por la cantidad de 7´000,000 (siete millones) de dólares americanos.

Posteriormente, México ha participado en los acuerdos de reposición de capital del citado Fondo, mediante decretos que reformaron la Ley, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985, el 19 de enero de 1988, el 24 de diciembre de 1991 y el 16 de junio de 2011.

Séptima Reposición del Fondo Especial de Desarrollo.

El Fondo se estableció originalmente en 1970 con contribuciones de donantes y actualmente otorga garantías, donaciones y préstamos en términos concesionales a áreas de alta prioridad en el desarrollo de los países caribeños (como educación, inclusión social, agua y saneamiento, etc.). Las reposiciones de recursos del Fondo se realizan cada cuatro años.

Después de la primera contribución al Fondo señalada anteriormente, México ha participado en todos los posteriores acuerdos de reposición de este Fondo.

En este contexto, mediante la resolución de Contribuyentes al Fondo, de febrero de 2009, se acordó llevar a cabo la séptima reposición de recursos, que se utilizará para financiar diversos programas de préstamo que permitan a los países miembros prestatarios: i) reducir la pobreza y fortalecer el desarrollo humano; ii) apoyar la sostenibilidad ambiental y avanzar en la agenda sobre combate al cambio climático; iii) fortalecer la cooperación e integración regional, y iv) mejorar la efectividad del uso de los recursos destinados al desarrollo. El monto total de recursos destinados al Fondo en esta reposición es de aproximadamente 260'000,000 millones de dólares americanos.

En este sentido, nuestro país, como miembro de dicha institución, acordó la aportación correspondiente a 3'000,000 de dólares americanos, según se indica en la resolución citada. Lo anterior completaría una cantidad total de contribuciones por parte de México equivalente a 32'333,000 de dólares americanos.

Aumento de capital del Banco de Desarrollo del Caribe.

A partir de la segunda mitad de 2008, con la irrupción de la crisis financiera global, las economías de los países del Caribe se vieron fuertemente afectadas, debido principalmente a: i) una reducción en la demanda de servicios turísticos y materias primas, como bauxita y alúmina; ii) una caída en los precios mundiales de la energía, y iii) una disminución de los flujos de remesas e inversión extranjera directa. Por ejemplo, durante 2009, solamente cuatro países miembros del Banco reportaron un crecimiento positivo del Producto Interno Bruto (Belice, Guyana, Haití y Montserrat).

En el entorno internacional, se observó un incremento en la aversión al riesgo y una migración de capital a activos de alta calidad. Esto tuvo como consecuencia una drástica reducción en la oferta de financiamiento en los mercados internacionales de capital, así como un desplazamiento indeseado de los países emergentes y en desarrollo.

Para hacer frente a esta situación, y con el propósito de evitar que la crisis afectara aún más a los países emergentes y en desarrollo, los países miembros del G-20 acordaron que los bancos multilaterales de desarrollo (conocidos por sus siglas en inglés como MDBs) actuaran como un instrumento para contribuir, primero, a evitar una mayor caída en las economías emergentes y en desarrollo, y después, a apoyar sus procesos de recuperación. Asimismo, se acordó la revisión de sus niveles de capital para determinar la capacidad de respuesta de estas instituciones y, en su caso, fortalecerla.

Derivado de la referida crisis, en el caso del Banco, se observó un incremento en su demanda por financiamiento en razón de lo siguiente:

· Para compensar el menor financiamiento de los mercados internacionales de capital;

· Para redoblar los esfuerzos encaminados a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la cual se vio afectada negativamente por la crisis financiera internacional, y

· Para lograr una sostenibilidad fiscal y de deuda de la mayoría de sus países miembros prestatarios.

Con objeto de que el Banco pudiera enfrentar este aumento en las necesidades de financiamiento de parte de sus países miembros prestatarios y en el marco de su Plan Estratégico para el periodo 2010-2014, el 19 de mayo de 2010 durante su Asamblea de Gobernadores se aprobó la Resolución No. 4/10 titulada "Incremento en el Capital Suscrito del Banco y Suscripciones de los Miembros del Banco", en la cual se aprueba un aumento al capital suscrito de esta institución financiera regional por un monto de 984,796,000 dólares americanos, del cual, el 22% (216'655,000 dólares americanos) corresponde al capital pagadero en efectivo, y el restante 78% (768'141,000 dólares americanos) se proporcionará en forma de capital exigible. Cabe mencionar que, de acuerdo a esta Resolución, se tiene previsto que el pago del capital en efectivo se realice en 6 contribuciones.

En este contexto, el número de acciones adicionales que suscribiría México sería de 4,677 consistentes en 1,029 acciones de Capital Ordinario pagadero en efectivo equivalentes a 6'206,000 (seis millones doscientos seis mil dólares americanos), los cuales se pagarán mediante seis cuotas anuales, y 3,648 acciones de Capital Ordinario exigible, equivalentes a 22'004,000 (veintidós millones cuatro mil dólares americanos). El pago de estas últimas acciones únicamente será necesario cuando se presenten situaciones extraordinarias previstas en el propio Convenio Constitutivo del Banco.

Este aumento de capital le permitirá al Banco seguir contribuyendo a combatir la pobreza y la desigualdad, así como fomentar el crecimiento sostenible, los cuales son las piedras angulares del desarrollo de la región caribeña. En particular, y de acuerdo a su Plan Estratégico para el periodo 2010-2014, el Banco ha centrado sus esfuerzos en: i) promover el crecimiento económico y el desarrollo social incluyente; ii) apoyar la sostenibilidad ambiental y administración de riesgos naturales; iii) mejorar la gobernabilidad institucional en los países miembros prestatarios; iv) fomentar la cooperación e integración regional, y v) mejorar su eficiencia organizacional y efectividad.

IV. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES A LA INICIATIVA

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187;188; 189, y190, del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, resultan competente para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas consideran adecuada la Iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal para  participar en el incremento de Capital  del Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) y contribución al Fondo Especial de Desarrollo (FED) por lo siguiente:

1. La participación de México en el BDC cobra especial relevancia a la luz del 5 eje de trabajo de la entrante administración que es “Lograr que México sea un Actor con Responsabilidad Global” ya que el fomento a la cooperación entre las naciones implica una presencia activa de México con su entorno, particularmente con la región vecina. Es por esto que el BDC es un espacio ideal para fortalecer la presencia de México en la región caribeña y estrecha los lazos de cooperación entre la región.

2. Participar en la capitalización del BDC y en la reposición del FED es una forma clara y práctica de apoyar al Caribe en su desarrollo. Asimismo, el BDC ofrece oportunidades de trabajo para los mexicanos y brinda ofertas de negocio a las empresas mexicanas en los proyectos apoyados por el Banco.

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Unidas  que suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 3o Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o DE LA LEY QUE APRUEBA LA ADHESIÓN DE MÉXICO AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE Y SU EJECUCIÓN.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 3o y se reforma el artículo 4o de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución, para quedar como sigue:

ARTICULO 3o.-...

….

Se autoriza al Gobierno Federal, para que, por conducto del Banco de México, efectúe la suscripción de acciones o partes sociales del Banco de Desarrollo del Caribe hasta por el equivalente a 28'210,000 (veintiocho millones doscientos diez mil) dólares de los Estados Unidos de América, de los cuales, serían pagaderos en efectivo 6'206,000 (seis millones doscientos seis mil) dólares de los Estados Unidos de América.

ARTICULO 4o.- El Ejecutivo Federal por conducto del Banco de México cubrirá el equivalente a 3,000,000 (tres millones) de dólares de los Estados Unidos de América, correspondiente a la séptima reposición de capital del Fondo Especial de Desarrollo del Banco de Desarrollo del Caribe, a que se refiere el artículo 8o del Convenio Constitutivo del propio Banco. En consecuencia, el monto total aportado por México al Fondo Especial de Desarrollo asciende a la cantidad de 32,333,000.00 (treinta y dos millones trescientos treinta y tres mil) dólares de los Estados Unidos de América.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil catorce.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. En virtud de que no hay oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema de electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

VER DOCUMENTO

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos a favor, cero en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 3o. y se reforma el artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución, para autorizar al gobierno federal a efectuar la suscripción de acciones o partes sociales del Banco de Desarrollo del Caribe. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 12 y se deroga el artículo 2o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, para autorizar al gobierno federal a efectuar una suscripción adicional del Banco Interamericano de Desarrollo.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 12 Y SE DEROGA EL ARTICULO 2o. DE LA LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCION EN MEXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, PARA AUTORIZAR AL GOBIERNO FEDERAL A EFECTUAR UNA SUSCRIPCION ADICIONAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

El 25 de abril de 2014, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, suscrita por el Ejecutivo Federal.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187, y 190, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la Iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del tema de la iniciativa de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 189; 190, párrafo 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de la República se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En sesión del día 25 de abril de 2014, el Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.

  1.  En esta misma fecha la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, mediante oficio número DGPL-2P2A.-4401, turnó la Iniciativa antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

 

En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos, a efecto de analizar y valorar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus consideraciones de orden general y específico a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

La Iniciativa propone que se autorice al Gobierno Federal, para que por conducto del Banco de México, efectúe la suscripción adicional de 54,925 acciones del Banco Interamericano de Desarrollo, hasta por el equivalente a 662,584,023.46 (seiscientos sesenta y dos millones quinientos ochenta y cuatro mil veintitrés punto cuarenta y seis) dólares de los Estados Unidos de América, de los cuales, serían pagaderos en efectivo 16,104,682.23 (dieciséis millones ciento cuatro mil seiscientos ochenta y dos dólares 23/100) dólares de los Estados Unidos de América. La suscripción accionaria de que se trata, formaría parte de las acciones que quedaron disponibles derivadas del Noveno Aumento General de Recursos del BID.

III. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

La Iniciativa en dictamen, expone entre otras consideraciones, las siguientes:

Desde sus inicios, que datan de la segunda mitad del siglo pasado, los organismos financieros internacionales han adquirido gran relevancia en el funcionamiento y desarrollo de nuestra sociedad. Desde entonces y hasta nuestros días, estos organismos han creado los espacios propicios para el diálogo entre las naciones y los bloques económicos, ya que además de establecer la agenda y el dialogo de los temas de trascendencia internacional, interactúan con las políticas y planes de desarrollo de cada país.

En este contexto y como parte de un esfuerzo para el desarrollo sustentable, la reducción de la pobreza y la desigualdad en la región de América Latina y el Caribe, en 1959 fue creado el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, como una institución multilateral de financiamiento de cobertura regional, cuyo objetivo es la contribución al proceso de desarrollo económico, individual y colectivo de sus países miembros con una perspectiva continental. En la actualidad, se encuentra integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Interamericana de Inversiones (CU), creada en el año de 1985 y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), cuyo año de creación fue 1993.

Con el surgimiento del BID, las naciones latinoamericanas se vieron favorecidas ante el deseo conjunto de contar con un organismo de desarrollo que atendiera los problemas de la región. Es así como el BID, es considerado en la actualidad como una de las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional sostenible de América Latina y El Caribe.

Los principales objetivos del BID son: i) promover la inversión de capitales públicos y privados para fines de desarrollo; ii) utilizar su propio capital, fondos que obtenga en los mercados financieros y demás recursos de los que disponga para el financiamiento de proyectos, dando prioridad a los préstamos y operaciones de garantía que contribuyan al crecimiento económico; iii) estimular las inversiones privadas en proyectos, empresas y otras actividades cuando no existan capitales particulares en términos y condiciones razonables; iv) cooperar con los países miembros para orientar su política de desarrollo hacia una mejor utilización de sus recursos; y v) proveer la asistencia técnica para la de propuestas sobre proyectos específicos.

En sus inicios, el BID se encontraba conformado por 19 países de América y el Caribe; desde entonces y hasta nuestros días, sus miembros suman un total de 48, de los cuales 28 son países regionales y 20 extra-regionales.

El 19 de diciembre de 1959 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de la Ley que establece bases para la ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, a través del cual el H. Congreso de la Unión autorizó, entre otros, la suscripción de acciones del Gobierno Federal al BID hasta por la cantidad de 66,300,000.00 (sesenta y seis millones trescientos mil) dólares de los Estados Unidos de América.

A partir de 2008, los países de América Latina y el Caribe se vieron afectados en gran medida con la irrupción de la crisis financiera global, y en el año 2009, el PIB regional sufrió un decremento del 1.8% y las condiciones de los mercados financieros cambiaron radicalmente.

Ante este panorama, los países miembros pertenecientes al G20 acordaron que los bancos multilaterales de desarrollo (conocidos por sus siglas en inglés MDBs) actuarían como un instrumento para contribuir, en primer lugar, a evitar una mayor caída en las economías emergentes y en desarrollo, en segundo lugar, a apoyar sus procesos de recuperación, esto con la finalidad de evitar que la crisis afectara en mayor manera, a los países emergentes y en desarrollo. Asimismo, se acordó la revisión de sus niveles de capital para determinar la capacidad de respuesta de estas instituciones y, en su caso, el fortalecimiento de las mismas.

Derivado de la crisis antes mencionada, en el caso del BID se observó un incremento en su demanda por financiamiento en razón de lo siguiente:

I. Para compensar el menor financiamiento de los mercados internacionales de capital;

II. Para redoblar los esfuerzos encaminados a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la cual se vio afectada de forma negativa por la crisis financiera internacional; y

III. Para incorporar nuevas prioridades en la agenda para el desarrollo, como por ejemplo la mitigación y adaptación ante el cambio climático y la atención de los desastres naturales.

Ante los desafíos que representaba la crisis en mención, en marzo de 2009 la Asamblea de Gobernadores del BID solicitó, a la Administración comenzar una evaluación de la necesidad que representaría realizar un aumento general al Capital Ordinario. El resultado de esa tarea fue la formulación de propuestas para incrementar la capacidad financiera del BID, la realización de una nueva estrategia institucional y una agenda para mejorar la eficiencia, transparencia y gobernabilidad en el BID.

Como resultado de esos trabajos, con fecha 22 de marzo de 2010, la Asamblea de Gobernadores del BID adoptó la Declaración de Cancún, por medio de la cual se aprobó la Resolución AG7/10, que autorizó el Informe sobre el Noveno Aumento General de los Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de US$70,000 millones de dólares de los Estados Unidos de América, del cual, la parte pagada en efectivo del Capital Ordinario sería el equivalente al 2.43%, es decir 1,700 millones de dólares de los Estados Unidos de América y el restante 97.5%, por la cantidad de 68,300 millones de dólares de los Estados Unidos de América, se mantendría en forma de Capital Exigible.

De esta manera, el Noveno Aumento de capital del Banco le permitiría a éste continuar en el combate la pobreza y la desigualdad, así como fomentar el crecimiento sostenible de los países en desarrollo. Asimismo, el BID se concentraría en dos objetivos estratégicos que son esenciales para alcanzar su misión como institución; i) ocuparse de las necesidades especiales de los países menos desarrollados de la región; y ii) promover su desarrollo a través del sector privado.

El Noveno Aumento de Capital Ordinario se hizo efectivo el 29 de febrero de 2012, momento en el que el BID recibió el número necesario de Instrumentos de Suscripción con los que los países miembros acceden a suscribir el número de acciones del Capital Ordinario que les fue asignado según lo establecido en la Resolución AG-1/12. Al efecto, el H. Congreso de la Unión aprobó la participación de México en el Noveno Aumento de Capital Ordinario con fecha 14 de mayo de 2012.

Una vez cumplida la fecha límite para que los miembros del BID presentaran los Instrumentos de Suscripción, se observó que no fueron suscritas un total de 353,917 acciones por un valor de 4,269,453,798 de dólares de los Estados Unidos de América, debido a que Venezuela y Países Bajos decidieron no participar, procediendo a ofrecer las mismas a miembros prestatarios (las correspondientes a Venezuela) y no-prestatarios (las correspondientes a Países Bajos), según el caso, a fin de ser distribuidas de manera proporcional y con base en el porcentaje accionario vigente.

Según lo establecido en el documento AB-2764-11, emitido por el Secretario del Banco para la Asamblea de Gobernadores, se invitó a los países miembros a que expresasen su interés en ejercer ciertos derechos preferenciales para la suscripción de las acciones no suscritas, con sujeción a la asignación final de acciones que aprobó el 22 de enero de 2013 la Asamblea de Gobernadores mediante la Resolución AG-1/13, en la que se contempla la reasignación de las acciones no suscritas, de conformidad con las expresiones de interés que el BID recibió de los países miembros.

Nuestro país ha tenido una activa participación desde el año de 1959 y hasta nuestra época en el BID. En el año 2012, previa aprobación de ese H. Congreso, México participó en el Noveno Aumento de Capital del BID, suscribiendo 401,052 acciones de Capital Ordinario, de las cuales 9,739 acciones serían de capital ordinario pagadero en efectivo (equivalente a 117,485,768 de dólares de los Estados Unidos de América), y 391,313 acciones corresponderían al capital ordinario exigible.

Previo al Noveno Aumento de Capital, México contaba con una participación como accionista dentro del Banco conformada por 299 acciones del capital ordinario pagado y 6,681.3 acciones del capital ordinario exigible, que daban un total de 6,980.3 acciones suscritas del Capital Ordinario, equivalente a 6,912% del poder de votación.

A lo largo de 55 años y hasta diciembre de 2013, el BID ha otorgado recursos a la región por la cantidad de 210,300.4 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Para el caso de México, el BID ha aprobado operaciones con cargo al capital ordinario por más de 33,005 millones de dólares de los Estados Unidos de América, monto que lo convierte en el tercer país receptor de recursos con mayor número de préstamos y desembolsos del BID en América Latina y El Caribe.

El BID ha apoyado en México en sectores como, el combate a la pobreza, el apoyo a la educación, a la consolidación de la agenda de cambio climático, las áreas estratégicas para la modernización del sector laboral, el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera y al financiamiento al sector vivienda, entre otros.

Recientemente, el BID realizó un préstamo a nuestro país por la cantidad de 450 millones de dólares para el Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales IV, el cual beneficiará a 600 mil personas mediante el acceso de agua potable, y alrededor de 390 mil personas con acceso a alcantarillado nuevo, así como el saneamiento básico en zonas rurales en 31 estados del país.

Al día de hoy, México ha participado en la totalidad de aumentos de capital del BID, los cuales fueron debidamente autorizados por el H. Congreso de la Unión, siendo el último de los Decretos de aprobación el publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo 2012.

En este contexto, el número de acciones adicionales que suscribiría México de las que quedaron disponibles del Noveno Aumento General de Recursos, sería de 54,925 acciones, de conformidad con las condiciones establecidas en las Resoluciones AG-1/12 y AG-1/13, consistentes en 53,590 acciones de capital ordinario exigible (el pago de estas acciones sólo sería necesario si se presentaran situaciones extraordinarias previstas en Convenio Constitutivo del BID, y considerando que desde el inicio de operaciones del citado organismo financiero internacional, no se ha requerido el pago de las acciones de capital exigible), y 1,335 acciones de capital ordinario pagadero en efectivo equivalentes a 16,104,682.23 (dieciséis millones ciento cuatro mil seiscientos ochenta y dos dólares 23/100) dólares de los Estados Unidos de América, los cuales se podrán pagar mediante cuotas anuales, finalizando el pago total en marzo de 2016, o en las fechas que determine posteriormente el Directorio Ejecutivo del Banco.

En este mismo sentido, debe destacarse que con el Noveno Aumento General de Recursos, el poder de voto relativo entre América Latina y el Caribe, Estados Unidos, Canadá y los miembros extrarregionales, permanecerá inalterado. Sin embargo, con la suscripción de acciones que quedaron pendientes, el poder de voto de los países que suscriban dichas acciones se incrementaría, en el caso de México pasaría de 6.912% a 7.299%.

En este orden de ideas y con el propósito de incrementar la participación y presencia de nuestro país en organismos financieros internacionales como lo es el BID, el Ejecutivo Federal estima de sumo interés, y dados los contextos económico y financiero mundial, que ese H. Congreso de la Unión analice y, de ser el caso, apruebe en su oportunidad la propuesta que aquí se contiene, garantizando así la participación y liderazgo de México en la región de América Latina y El Caribe.

Por otro lado, como un esfuerzo que realiza el Ejecutivo Federal para armonizar los principios y reglas aplicables a los acuerdos y tratados internacionales que han sido el fundamento jurídico para que nuestro país participe en organismos financieros internacionales como el que nos ocupa, es importante mencionar que en su oportunidad, la fracción X del artículo 89 de nuestra Carta Magna, disponía como facultades y obligaciones del Presidente, entre otras, "Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federar”.

En este sentido y en atención, entre otros, al mandato constitucional aquí referido, hasta antes de la reforma constitucional a dicho precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1988, la participación de nuestro país en un organismo financiero internacional, como es el caso del BID, se realizó mediante la expedición de diversos decretos que autorizaron la suscripción de los convenios constitutivos de distintos organismos financieros internacionales.

Consecuentemente y como fue expuesto en la exposición de motivos de la reforma constitucional de mayo de 1988, resultó conveniente introducir modificaciones al texto de la propia fracción X del artículo 89, ajustando la expresión correspondiente a la ratificación de los tratados por "El Congreso Federal", para hacerla congruente con los artículos 76, fracción I y 133 de la propia Constitución, que precisan que tal acto aprobatorio corresponde exclusivamente al Senado.

Por tal motivo y después de las posteriores reformas a la misma fracción X de artículo 89 constitucional, aprobadas por el Constituyente Permanente en los años 2007 y 2011, el texto actual de la fracción que nos ocupa, a la letra señala que son facultades y obligaciones del Presidente: "Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales."

De conformidad con todo lo anterior, en aras de armonizar con nuestra Constitución el tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, en atención a la naturaleza del instrumento jurídico internacional de que se trata, la presente Iniciativa propone también reformar el Artículo 12 del Decreto en comento, para señalar que el Gobierno Federal requerirá la autorización expresa del Senado para aceptar o proponer una modificación a la suscripción del Gobierno de México al Banco Interamericano de Desarrollo, y aceptar enmiendas del Convenio respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV.ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, A LA INICIATIVA

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187; 188; 189, y 190, del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, resultan competentes para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas consideran adecuada la Iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal para participar en el incremento de Capital del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por lo siguiente:

1. La participación de México en el BID cobra especial relevancia a la luz del Quinto Eje de Gobierno del Ejecutivo Federal, que busca “lograr que México sea un actor con responsabilidad global. Un país con participación propositiva en el mundo, dispuesto a fomentar la cooperación entre las naciones, con una diplomacia moderna e innovadora”. Es por esto que el BID es un espacio ideal para fortalecer la presencia de México en la región y estrecha los lazos de cooperación en ésta.

2. Estas Comisiones Unidas, consideran adecuada la Iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal de la participación de México en el incremento de Capital del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Participar en la capitalización del BID es una forma clara y práctica de apoyar el desarrollo en la región, además de que estas aportaciones se enmarcan en una serie de acuerdos que se tomaron a nivel regional para fortalecer a esta institución financiera.

3. El BID ha sido un instrumento decisivo para que América Latina y El Caribe pudiera enfrentar mejor la crisis financiera global, el BID siempre ha actuado de manera rápida y responsable como instrumento contracíclico para extender su capacidad de préstamo y así apoyar a sus países prestatarios.

4. El fortalecimiento del BID a través de los respectivos aumentos de capital cobra una gran relevancia para México ya que se está reforzando una fuente indispensable de financiamiento y un elemento clave para detonar el crecimiento y mejorar la calidad de vida en los países en vías de desarrollo.

5. Históricamente, el BID ha aprobado para México más de 32.9 miles de millones de dólares de los Estados Unidos de América en financiamiento, mientras que el país ha suscrito 416.5 millones de dólares de los Estados Unidos de América de capital pagadero en efectivo, lo cual quiere decir que México ha recibido 78.99 dólares por cada dólar aportado al BID.

6. Adicionalmente, el BID acompaña el financiamiento que otorga, con asistencia técnica y la provisión de mejores prácticas internacionales en el desarrollo de importantes proyectos en diversos sectores como el social, finanzas públicas o cambio climático. Es decir, las aportaciones que da México a estos organismos se traducen en beneficios tangibles para el país, en las formas de financiamiento y de asistencia técnica con alto impacto en el desarrollo económico.

7. Estas Dictaminadoras destacan la necesidad de armonizar el ordenamiento legal que en esta ocasión nos ocupa, con los que se dispone en nuestra Carta Magna, actualizando el tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo del BID y en tal virtud observa no sólo conveniente, sino necesario, reformar el Artículo 12 de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, para señalar que la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación de declaraciones interpretativas al Convenio Constitutivo del BID, deberán ser sometidas exclusivamente a la aprobación del Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de nuestra Carta Magna.

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Unidas que suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCIÓN EN MÉXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

PRIMERO.- Se REFORMA el artículo 12 y se DEROGA el artículo 2o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-. Se deroga.

Artículo 12.- El Gobierno Federal requerirá exclusivamente la aprobación del Senado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación de declaraciones interpretativas del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo o para modificar la suscripción del Gobierno de México al Banco Interamericano de Desarrollo.

SEGUNDO.- Se autoriza al Gobierno Federal, para que, por conducto del Banco de México, efectúe la suscripción adicional de 54,925 acciones del Banco Interamericano de Desarrollo, hasta por el equivalente a 662,584,023.46 (seiscientos sesenta y dos millones quinientos ochenta y cuatro mil veintitrés punto cuarenta y seis) dólares de los Estados Unidos de América.

TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para actualizar la suscripción adicional de acciones del Banco Interamericano de Desarrollo que a México corresponde hasta por los montos máximos autorizados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Segundo anterior y para aceptar las enmiendas correspondientes a fin de cumplimentar la citada autorización.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones del H. Senado de la República, a 29 de abril de 2014.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura y se pone de inmediato a discusión este dictamen.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la lectura del dictamen y se someta a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor, cero en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 12 y se deroga el artículo 2o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, para autorizar al gobierno federal a efectuar una suscripción adicional del Banco Interamericano de Desarrollo. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4o. del Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para autorizar al Ejecutivo Federal a efectuar una suscripción adicional del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 4o. DEL DECRETO QUE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL A FIRMAR, EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE MEXICO, LOS CONVENIOS CONSTITUTIVOS SOBRE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO, PARA AUTORIZAR AL EJECUTIVO FEDERAL A EFECTUAR UNA SUSCRIPCION ADICIONAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA

En la sesión de la Comisión Permanente del día 30 de mayo de 2012, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 4o del Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, suscrita por el Ejecutivo Federal.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I;174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2;184; 186; 187, y 190, párrafo 1,fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración dela Iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del tema de la Iniciativa de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187, 188, 189, 190, párrafo 1., fracción VII, del Reglamento del Senado de la República se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En sesión de la Comisión Permanente del día30 de mayo de 2012,el Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 4o del Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

2. En esta misma fecha la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, mediante oficio número CP2R3A.-526, turnó la Iniciativa antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

3. En sesión ordinaria, los integrantes de estas Comisiones Unidas,  realizaron diversos trabajos, a efecto de analizar y valorar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus consideraciones de orden general y específico a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

Propone reformar el artículo 4o del Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, a fin de que el Gobierno Federal, por conducto del Banco de México, haga la suscripción adicional de 21,021 acciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento hasta por el equivalente a 2,535´868,335 (dos mil quinientos treinta y cinco millones ochocientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y cinco) dólares americanos, de las cuales 8,459 acciones corresponden al Aumento General de Capital, equivalentes a 1,020´451,465 (mil veinte millones cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos sesenta y cinco) dólares americanos, y 12,562 acciones corresponden al Aumento Selectivo de Capital, equivalentes a 1,515´416,870 (mil quinientos quince millones cuatrocientos dieciséis mil ochocientos setenta) dólares americanos.

III. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA

La Iniciativa en dictamen, expone entre otras consideraciones, las siguientes:

En el marco de las negociaciones previas al término de la Segunda Guerra Mundial y como resultado de los acuerdos tomados en la Conferencia celebrada en Bretton Woods en 1944, se creó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, conocido por sus siglas en español como BIRF o Banco Mundial, establecido principalmente para financiar la reconstrucción de los países devastados por la guerra.

Con el transcurso de los años y a la par del crecimiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para complementar su actuación, el propio organismo ha creado a la Corporación Financiera Internacional (CFI), fundada en 1956; Asociación Internacional de Fomento (AIF), en el año de 1960; el Organismo Multilateral de Garantías a la Inversión (OMGI), creado en 1988, y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (CIADI), fundado en 1966, que juntos conforman lo que hoy conocemos como el Grupo Banco Mundial (GBM).

Inicialmente, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento estuvo integrado por 28 países, entre ellos, Canadá, China, Reino Unido, Estados Unidos y México, quien fue el miembro número 28. Con el paso del tiempo, 160 países más se han unido a la misión de este Organismo Internacional, siendo Tuvalu y Sudán del Sur los más recientes.

Uno de los problemas de las economías del mundo, con impactos políticos y sociales al que ha tenido que hacer frente, es la pobreza. Como ejemplo, puede señalarse que países como Haití, Nicaragua, Afganistán y Zimbabwe son algunos de los que viven por debajo de la línea internacional de pobreza, esto es, su ingreso per cápita es igual o menor a 1.25dólares estadounidenses por día.

En este contexto, reducir o, en su caso, erradicar la pobreza es uno de los retos que el Grupo Banco Mundial se ha puesto como objetivo; para ello, a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento se busca impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de aquellos países de ingreso medio que están en vías de desarrollo, a través del suministro de recursos, transferencia de conocimientos y promoción del desarrollo sustentable.

Nuestro país ha tomado parte activa en este esfuerzo internacional, a partir de la publicación, el 31 de diciembre de 1945, del Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del Convenio Sobre el Fondo Monetario Internacional, aprobado en Bretton Woods, E.U., mediante el cual, el H. Congreso de la Unión aprobó, entre otros, la unión de México como miembro del Convenio del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y autorizó la suscripción de acciones de dicho organismo hasta por 65´000,000 (sesenta y cinco millones) de dólares americanos.

Actualmente, la participación de México como accionista dentro del Banco está conformada por 1,153 acciones del Capital Ordinario Pagado y 17,651 acciones del Capital Ordinario Exigible, para totalizar 18,804 acciones suscritas del Capital Ordinario equivalente a 1.17% del poder de voto.

La dirección y representación del Banco recae en la Junta de Gobernadores, la cual está integrada por un Gobernador y un Gobernador Suplente de cada país miembro, cargo que suele ser ocupado por el Secretario de Hacienda o el Gobernador del Banco Central. Para una mejor administración, la Junta delega sus facultades en un Consejo de Administración integrado por 25 Directores Ejecutivos, cada uno en representación de grupos de países conformados de entre la totalidad de 188 Estados miembros de la Institución. Los 6 países con mayor número de acciones (Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia y Reino Unido) designan a un Director Ejecutivo cada uno; los otros 19 Directores son electos por la Junta de Gobierno. Dentro de la Dirección o “Silla” en la que se encuentra México también se agrupa Centroamérica, España y Venezuela, que juntos tienen el 4.41% del total del poder del voto en el Banco.

A partir de la creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y hasta nuestros días, el orden internacional, la arquitectura financiera y las relaciones globales han evolucionado. Por tal motivo, la estructura de la propia institución se ha venido modificando, como también ha sucedido con los proyectos que éste financiaba. Desde la mitad de la década de los noventa, el Banco ha incrementado su asistencia a través de cooperación técnica y reformas de política que ayudan a los Estados en sus procesos de desarrollo y ha introducido un menú amplio de productos y servicios financieros.

A lo largo de los casi 70 años de operaciones, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ha otorgado recursos por un monto de 599.5 mil millones de dólares americanos. Para el caso de México, el Banco ha aprobado operaciones para México por 53.9 miles de millones de dólares americanos y donativos por 394.4 millones de dólares americanos aproximadamente; montos que lo convierten, hasta ahora, en elmayor receptor de préstamos y desembolsos del Banco referido, que a finales de diciembre de 2013 el saldo ascendía a 15.1 miles de millones de dólares americanos.

Entre los principales sectores que el Banco ha apoyado en México se encuentran: áreas estratégicas para el combate a la pobreza, el apoyo a la educación, a la salud y a los sectores de energía, agropecuario y forestal, a la consolidación de la agenda de cambio climático, al fortalecimiento de la sostenibilidad financiera y al financiamiento del sector vivienda, entre otros. Ejemplos de proyectos que han sido apoyados en los últimos años por el Banco son el Programa de Bosques y Cambio Climático, el Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional para el Mejoramiento Climático, el Desarrollo de Políticas para la Educación Media Superior y el Desarrollo de Políticas para el Fortalecimiento de la Resiliencia Social al Cambio Climático.

A partir de 2009, ante la peor crisis financiera y desaceleración económica a nivel global, el Grupo Banco Mundial le hizo frente con una respuesta rápida, proveyendo durante 2009 y 2010cerca de90 mil millones de dólares americanos de apoyo total a sus países miembros. Sin embargo, este nivel extraordinario de asistencia dejó al Banco con recursos limitados y poca capacidad para desempeñar el mismo papel durante la recuperación. Para el caso de México y durante 2009-2011, el Banco aprobó préstamos para nuestro país por un monto aproximado a los 9.7 mil millones de dólares americanos con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas del país, en un momento en el cual el capital escaseaba en los mercados financieros internacionales y el costo del mismo era sustancialmente elevado en comparación a años anteriores.

Por ello, en el año 2010, el Comité Conjunto del Banco y del Fondo para la Transferencia de Recursos Reales a Países en Desarrollo (conocido también como “Comité de Desarrollo”, conformado por 24 Gobernadores que representaban a cada una de las constituyentes y que funge como comité de dirección del Grupo Banco Mundial) solicitó revisar la capacidad financiera, incluyendo la adecuación de capital, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y de la Corporación Financiera Internacional.

En ese entonces, en abril de 2010, los 186 países que a la fecha tenían participación accionaria en el Grupo Banco Mundial respaldaron un aumento de capital en más de 86,000 millones de dólares americanos, además de transferir más poder de voto a países en desarrollo y en transición (el cual, desde la creación del organismo, ha estado concentrado en los países industrializados) y la introducción de cambios administrativos y gerenciales para colocar a la institución a la altura de los desafíos de la transformación del mundo que tuvo lugar a raíz de la crisis mundial.

Junto a este aumento general de capital y la transferencia de más poder de voto a países en desarrollo y en transición, el Comité de Desarrollo también respaldó la nueva estrategia del Banco para el período posterior a la crisis, así como un paquete integral de reformas operativas para que el Banco pueda actuar con más rapidez y flexibilidad, así como rendir mejores cuentas. Esta reforma interna comprende al propio Banco, a la Asociación Internacional de Fomento y a la Corporación Financiera Internacional y, aunque los puntos específicos de las reformas difieren entre las instituciones, sus objetivos principales (la necesidad de estar más cerca de sus clientes, mejorar los servicios financieros y diseminar de mejor manera el conocimiento y la experiencia) son los mismos.

La agenda de reforma interna tiene tres elementos: i) modernizar y mejorar la efectividad de los instrumentos financieros y no financieros del Banco para ajustarlos a las necesidades de los clientes; ii) facilitar la entrega eficiente de servicios al cliente a través de cambios en la forma en que el Banco está organizado, incluyendo mejoras a la matriz y una presencia local mejorada, acompañada de una mayor devolución de responsabilidad y contabilidad, y iii) apoyar servicios más efectivos y una mejor entrega de éstos a través de cambios en las políticas, infraestructura y el sistema de incentivos.

Este capital adicional puede usarse para combatir la pobreza y estimular un crecimiento compartido y sustentable que genere empleos y proteja a los más vulnerables mediante inversiones en infraestructura, la pequeña y mediana empresa y en redes de protección. La transferencia del poder de voto ayudará, además, a corregir desbalances de representación para alinear el voto con el peso económico de cada país en el mundo y así reflejar mejor las realidades de una nueva economía mundial multipolar, en la que los países en desarrollo y en transición (sobre todo los mercados emergentes y países de ingreso medio) se han vuelto los motores de crecimiento económico global.

Debe observarse que los principales componentes del paquete aprobado son los siguientes: un aumento de 86.2 miles de millones de dólares de los Estados Unidos de América del capital del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que conlleva un aumento general de su capital de 58.4 miles de millones de dólares americanos, de los cuales 3.5 miles de millones de dólares americanos serían de capital pagadero en efectivo, y un aumento selectivo del capital, vinculado a la transferencia del poder de voto por 27.8 miles de millones de dólares americanos con capital pagadero en efectivo por valor de 1.6 miles de millones de dólares americanos. Dicho cambio conlleva un aumento de 3.13 puntos porcentuales en los derechos de voto de los países en desarrollo y en transición en el Banco, que los llevaría a 47.19% del total y representaría una transferencia total de 4.59 puntos porcentuales del poder de voto a estos países desde 2008.

Con este aumento de capital, el Banco está acentuando su enfoque estratégico en las esferas en que puede agregar más valor y haciendo hincapié en lo siguiente: i) la focalización en sectores que se encuentren en situación de pobreza y/o vulnerabilidad; ii) la generación de oportunidades de crecimiento, prestando especial atención a la agricultura e infraestructura; iii) la promoción de acciones colectivas mundiales en cuestiones que van desde cambio climático y comercio hasta agricultura, seguridad alimentaria, energía, agua y salud; iv) el fortalecimiento del buen gobierno y lucha contra la corrupción, y v) la prevención de crisis.

Es preciso señalar que no es la primera vez que se requiere un aumento de capital del Banco, ya que esta circunstancia depende de la capacidad financiera del Organismo en cuestión. De esta manera, desde la firma del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, el Congreso de la Unión ha reformado en diversas ocasiones el Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, a fin de incorporar los aumentos en las aportaciones. Dichas reformas han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 10 de octubre de 1959, 13 de enero de 1965, 15 de diciembre de 1977, 12 de diciembre de 1983, 13 de enero de 1986 y 4 de enero de 1989.

En este marco, la aportación de México al aumento de capital del Banco sería de 2,535´868,335 (dos mil quinientos treinta y cinco millones ochocientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y cinco) dólares americanos:

a) 1,020´451,465.00 (mil veinte millones cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos sesenta y cinco) dólares americanos corresponden al Aumento General de Capital, y

b) 1,515´416,870 (mil quinientos quince millones cuatrocientos dieciséis mil ochocientos setenta) dólares americanos corresponden al Aumento Selectivo de Capital.

El total de la aportación de México correspondería a 2.93% del total del aumento de recursos del Banco, con lo cual, su poder de voto se elevaría de 1.17% a 1.68%.

IV. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES A LA INICIATIVA

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187;188; 189, y190, del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, resultan competentes para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas, consideran adecuada la Iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal de la participación de México en el incremento de Capital del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Estas aportaciones se enmarcan en una serie de acuerdos que se tomaron a nivel mundial para reformar a las instituciones financieras internacionales, aumentando el peso relativo de los países en desarrollo y en transición que se han convertido en motores de crecimiento económico internacional, a fin de reflejar el peso relativo de sus mercados.

TERCERA. Adicionalmente, las Comisiones Unidas consideran la importancia de la participación de México en el incremento de capital por lo siguiente:

1. La participación de México en el BIRF es congruente con el Quinto Eje de Gobierno del Ejecutivo Federal, que busca “lograr que México sea un actor con responsabilidad global. Un país con participación propositiva en el mundo, dispuesto a fomentar la cooperación entre las naciones, con una diplomacia moderna e innovadora. México debe ser un factor de estabilidad en un mundo convulso, una voz que se escuche, una voz que defienda la libertad y promueva un orden más justo y un mundo sustentable en el Siglo XXI”; de esta manera, México adquirirá una mayor relevancia en el concierto de las naciones, acorde al tamaño de su economía y la relevancia de su mercado.

2. De igual manera, la participación de México en el BIRF es acorde a las acciones propuestas por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.

3. El Banco Mundial ha actuado, en tiempos de crisis, como una institución contra cíclica, ya que mediante su participación ha procurado evitar una mayor caída en las economías emergentes y en desarrollo, y al mismo tiempo, apoyan sus procesos de recuperación. Es en este contexto que la revisión de sus niveles de capital para determinar la capacidad de respuesta de esta institución y, en su caso, fortalecerla, ha tomado una gran importancia en los últimos tiempos. Para el caso específico del compromiso de México con esta institución financiera internacional, la misma es aún más relevante tomando en cuenta que nuestro país es el cliente con la cartera crediticia más grande del Banco.

4. El fortalecimiento del BIRF a través de los respectivos aumentos de capital cobra una gran relevancia para México ya que se está reforzando una fuente indispensable de financiamiento y un elemento clave para detonar el crecimiento y mejorar la calidad de vida de los países en vías de desarrollo.

5. Históricamente, el BIRF ha aprobado para México 53.9 miles de millones de dólares americanos en financiamiento, mientras que el país ha pagado 139 millones de dólares americanos en suscripciones de capital en efectivo, lo cual quiere decir que México ha recibido 385 dólares por cada dólar aportado. Al 31 de diciembre de 2013, México tenía una obligación crediticia con el BIRF equivalente a 15.1miles de millones de dólares americanos, aproximadamente.

Por otra parte, cabe destacar que el BIRF, en consonancia con las necesidades de nuestro país y los otros 4 de los 5 grandes acreedores del mismo, elevó el techo de endeudamiento individual por país de 16 mil 500 a 19 mil millones de dólares americanos.

6. Adicionalmente, el BIRF acompaña el financiamiento que otorga, con asistencia técnica y la provisión de mejores prácticas internacionales en el desarrollo de importantes proyectos en diversos sectores como el social, finanzas públicas o cambio climático. Es decir, las aportaciones que da México a estos organismos se traducen en beneficios tangibles para el país, en las formas de financiamiento y de asistencia técnica.

7. Por el contrario, si México dejase de participar en la recapitalización del Banco no solamente implicaría que veríamos diluida nuestra participación porcentual en el poder de voto de los países en el mismo a apenas el 0.82%, sino que produciría una mala imagen del país, que no solamente incumple con sus obligaciones y compromisos acorde a su estatus en el concierto de las naciones, sino que en el seno de la institución podrían producirse críticas en virtud de que uno de los clientes más grandes del Banco, haya dejado de lado la estabilidad futura del mismo.

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Unidas que suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o DEL DECRETO QUE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL A FIRMAR, EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE MEXICO, LOS CONVENIOS CONSTITUTIVOS SOBRE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el Artículo 4o del Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para quedar como sigue:

ARTICULO 4o.- El Gobierno Federal, por conducto del Banco de México, hará la suscripción adicional de 21,021 acciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento hasta por el equivalente a 2,535,868,335 (dos mil quinientos treinta y cinco millones ochocientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y cinco) dólares de Estados Unidos de América, de las cuales:

a) 8,459 acciones corresponden al Aumento General de Capital, equivalentes a 1,020,451,465 (mil veinte millones cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos sesenta y cinco) dólares de Estados Unidos de América, y

b) 12,562 acciones corresponden al Aumento Selectivo de Capital, equivalentes a 1,515,416,870 (mil quinientos quince millones cuatrocientos dieciséis mil ochocientos setenta) dólares de Estados Unidos de América.

ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para aceptar enmiendas al Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que sean consecuencia de las reformas y adiciones a que se refiere el artículo primero de este Decreto.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a 29 de abril de 2014.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.-

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura y de inmediato se ponga a discusión este dictamen.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Señor Presidente, ¿Qué dictamen estamos discutiendo?

- El C. Presidente Aispuro Torres: Del que he dado cuenta, que leí íntegramente hace un momento, pero si gusta lo vuelvo a repetir. Es de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Gracias, Senador Isidro Pedraza Chávez.

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado.

- El C. Senador Mario Martín Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Señor Presidente, hay dos dictámenes a discusión y votación que tratan exactamente de la misma situación, son ampliaciones a los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, por eso vale la pena saber en estos momentos cuál vamos a votar, cuál de los dos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Estamos votando el cuarto de seis dictámenes, en los cuales la Senadora Dolores Padierna Luna subió hace un momento a hablar sobre los seis dictámenes, y por ello estamos poniendo a la consideración del Pleno, primero la autorización para que se dispense la segunda lectura y que podamos entrar a la discusión; así es que estamos en el cuarto de los seis dictámenes que tienen que ver con estos instrumentos internacionales.

Vuelvo a leer el artículo que se reforma en este caso. Es artículo 4o. del Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para autorizar al Ejecutivo Federal a efectuar una suscripción adicional del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, ese es el dictamen que hoy nos ocupa, el cual ya fue autorizado por la Asamblea para que se dispense la segunda lectura, y en este momento está a discusión.

Senador Mario Delgado, ¿desea intervenir sobre este asunto?

En virtud de que no hay oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto…

- El C. Senador Mario Martín Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Para qué asunto? Senador.

Sonido en el escaño del Senador, porque ya estamos culminando, una vez que se inicia el proceso de votación ya no hay lugar a hablar sobre esto; pero en atención a su inquietud, con todo gusto se le concede el uso de la palabra para que pueda hacer los comentarios al respecto.

En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Mario Martín Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente.

Nada más para hacer algunas precisiones.

Se están votando distintos dictámenes para aumentar la participación accionaria y de capital de nuestro país en distintos organismos internacionales.

Lo que hoy estamos aprobando aquí, por ejemplo, en el caso del presente dictamen que México va a hacer una aportación. Bueno, a ver, primero el que ya se votó, la Asociación Internacional de Fomento representa un compromiso por mil 260 millones de pesos; el del Banco del Caribe por 32 millones de dólares; y el que estamos votando en este momento representa más de 2 mil 533 millones de dólares para que México tenga el doble de la participación accionaria que mantiene actualmente en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

Me parece que la decisión que está tomando actualmente el Senado de la República en este dictamen y dado que somos la representación del Congreso responsable de aprobar este tipo de acuerdos que suscribe nuestro país a nivel internacional, vale la pena ser muy específicos en lo que estamos aprobando y si hacemos una lectura detallada del dictamen, además de múltiples inconsistencias que vamos a encontrar en las cifras, me parece que no hay información suficiente para poder dar el aval a estos aumentos de capital.

Un compromiso de 2 mil 535 millones de dólares que se autorizará para el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, yo creo que mínimo debió haber asistido algún funcionario de Hacienda a dar una explicación de por qué México está decidiendo tener una participación mayor en este banco.

Por supuesto que México se ha beneficiado de pertenecer a estos acuerdos y por supuesto que sería ilógico pensar que nos vamos a oponer a ello.

Hay que recordar la crisis de 1994, cómo fue definitiva la participación de los organismos internacionales para generar un ambiente de certidumbre.

Pero yo me pregunto si en estos momentos donde la economía no crece, donde no tenemos recursos presupuestarios suficientes para muchas necesidades que tiene nuestro país; y si con la participación que tiene hasta el momento nuestro país hemos salido beneficiado de ellos, yo me pregunto, en dónde está la lógica que nos lleva en estos momentos a decidir que, podemos destinarle, como país, 2 mil 500 millones de pesos al Fondo Monetario Internacional.

¿Cuál va a ser el beneficio que tendría México de manera directa, además de contenidos generales?

Porque nuestra aportación se iría al doble, nuestra participación se está yendo al doble, en este caso, ¿cuál es el beneficio que vamos a tener?

¿Nos sobra dinero para en estos momentos decidir que podemos destinar este dinero a los organismos internacionales?

Creo que estos dictámenes debieron haber merecido otro tratamiento y estamos aquí decidiendo nada más y nada menos que poco más de 2 mil 500 millones de dólares y más de mil 260 millones de pesos en los distintos dictámenes que se están haciendo.

Yo pediría que se pudiera hacer una revisión minuciosa de las cifras que se presentan en los dictámenes, ya lo estuvimos comentando con los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, parece que hay varias inconsistencias. Pero yo sí quisiera dejar la pregunta en el aire.

¿Qué gana México con esta modificación de la participación en estos organismos financieros internacionales?

Hasta el momento en los casos de crisis podemos decir que han funcionado con determinada participación de nuestro país.

¿Por qué ahora decidimos ampliarla y ampliarla en este momento, a cambio de qué, qué va a ganar nuestro país?

¿De verdad nos sobran 2 mil 500 millones de dólares?

Es la pregunta que le dejo a este Pleno.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

No habiendo más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

Informo a la Asamblea que faltan dos votaciones, dos proyectos de dictamen que tienen que ver con organismos internacionales.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 71 votos a favor, 13 en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4o. del proyecto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para autorizar al Ejecutivo Federal a efectuar una suscripción adicional del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

A continuación, tenemos otro dictamen más de instrumentos internacionales de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, para Autorizar al Ejecutivo Federal a suscribir acciones adicionales de la Corporación Financiera Internacional.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO QUE APRUEBA EL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL, PARA AUTORIZAR AL EJECUTIVO FEDERAL A SUSCRIBIR ACCIONES ADICIONALES DE LA CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

En sesión ordinaria de fecha 25 de abril 2014, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, Iniciativa de Decreto por el que se reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, suscrita por el Ejecutivo Federal.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I;174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1, y 2; 184; 186; 187, y 190, párrafo 1,fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la Iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del tema de la iniciativa de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 189, y 190, párrafo 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria de fecha 25 de abril de 2014, el Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confieren el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, mediante oficio número DGPL-2P2A.-4397,turnó la Iniciativa antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

En sesión ordinaria, los integrantes de estas Comisiones Unidas, realizaron diversos trabajos, a efecto de analizar y valorar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus consideraciones de orden general y específico a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

Propone la Iniciativa se apruebe la reforma al Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1955, modificado por decretos de los años 1980, 1986, 1992 y 1994, considerando autorizar al Gobierno Federal, suscribir 2,943 acciones adicionales de la Corporación Financiera Internacional, por la cantidad de dos millones novecientos cuarenta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América, cantidad que se adicionará a las suscripciones anteriores efectuadas por nuestro país, para hacer un total de 30,532 acciones por la suma de treinta millones quinientos treinta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América.

Asimismo, se propone autorizar al Ejecutivo Federal, además de la suscripción accionaria de la Corporación Financiera Internacional, para aceptar las enmiendas correspondientes al Convenio Constitutivo del organismo financiero internacional de que se trata, así como para aceptar la enmienda que modificaría el cálculo de los votos básicos de cada miembro, misma que deriva de la Resolución no. 256 denominada “Enmienda al Convenio Constitutivo y aumento selectivo del capital de 2010”, que modifica el párrafo a) de la Sección 3 del Artículo IV del Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, a fin de aumentar los votos básicos por país miembro de 250 a lo que resulte de la distribución equitativa entre todos los miembros del 5.55% de la suma total de los derechos de voto de todos los miembros, sin que los votos básicos se fraccionen. Los votos por acciones de cada miembro, no se modifican, se mantiene el número de votos que resulte de la asignación de un voto por cada acción en su poder.

III. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

La Iniciativa en dictamen, expone entre otras consideraciones, las siguientes:

Dentro de las acciones para integrar a nuestro país de forma más efectiva al contexto internacional, se encuentra la adhesión de México a diversos organismos internacionales.

En este contexto, México fue uno de los países fundadores de la Corporación Financiera Internacional (en adelante, la "CFI"), cuyo Convenio Constitutivo fue firmado el 25 de mayo de 1955 por 54 países fundadores, iniciando sus operaciones en 1956. El H. Congreso de la Unión aprobó el citado Convenio Constitutivo y autorizó la suscripción del mismo mediante el Decreto que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera internacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1955.

La CFI se constituyó como un organismo financiero internacional filial del Grupo Banco Mundial, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico, estimulando el establecimiento de las empresas productivas privadas en los países miembros, particularmente en las regiones menos desarrolladas, complementando con esto las actividades del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

Las principales actividades de la CFI consisten en reunir y aportar financiamiento, asistencia técnica y capacidad de gestión necesarios para desarrollar las oportunidades de inversión productiva de los países en los cuales actúa, ya sea a través de operaciones privadas, mixtas o de tipo gubernamental, siempre que éstas permitan encauzar asistencia técnica hacia el sector privado.

De igual manera, la CFI permite crear oportunidades para abatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas a través de: (i) la promoción de mercados abiertos y competitivos en los países en desarrollo; (ii) apoyar a las empresas privadas y; (iii) contribuir en la generación de empleos productivos y prestar servicios esenciales a los sectores marginados de la población.

Históricamente, la CFI ha otorgado financiamientos por más de ciento noventa y ocho mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, a más de cinco mil compañías. Actualmente, la CFI tiene un portafolio aproximado a los cincuenta mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, invertidos en cerca de 2 mil compañías en 126 países del mundo. Hoy por hoy, la Corporación es una de las mayores fuentes de financiamiento para el sector privado en muchos de los Estados Unidos de América; montos que lo convierten hasta ahora, en el mayor receptor de préstamos y desembolsos del Banco referido, a finales de diciembre de 2013 el saldo ascendía a 15.1 miles de millones de dólares de los Estados Unidos de América.

La CFI inició sus operaciones con un capital de 100 millones de dólares americanos, el cual por resoluciones de la Asamblea de Gobernadores ha sido incrementado en seis ocasiones para llegar a la suma de 2,580 millones de dólares. Respecto de tales incrementos, ese H. Congreso de la Unión ha autorizado al Ejecutivo Federal, en cuatro ocasiones, la suscripción de acciones hasta por un total de 27'589,000 dólares de los Estados Unidos de América, según Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1980, el 13 de enero de 1986, el 11 de diciembre de 1992 y el 18 de julio de 1994, respectivamente.

México no participó en dos aumentos de capital aprobados por la CFI, debido a que estaban dirigidos a nuevos miembros, siendo éstos los siguientes: i) Aumento por 10 millones de dólares de los Estados Unidos de América, aprobado el 3 de septiembre de 1963 y ii) Aumento Especial de Capital por 150 millones de dólares de los Estados Unidos de América que permitió el ingreso de las antiguas Repúblicas Soviéticas y de otros nuevos miembros, aprobado en diciembre de 1992.

Los recursos con los que opera la CFI provienen principalmente de su fondeo a través del mercado de valores; sin embargo, también ha contado con contribuciones de los países miembros, así como países y organizaciones donantes.

Con el propósito de transferir más poder de voto a países en desarrollo, el 9 de marzo de 2012, la CFI aprobó la Resolución no. 256 denominada "Enmienda al Convenio Constitutivo y aumento selectivo del capital de 2010" (en lo sucesivo, la "Resolución"), la cual, conforme a su contenido, entró en vigor el 27 de junio de 2012. Con esta Resolución, la CFI incrementó su capital social en 130´000,000 de dólares americanos, para quedar en un total de 2,580'000,000 de dólares. Para ello, se ha invitado a nuestro país a que realice una suscripción de 2,943 acciones adicionales con las cuales, la participación de nuestro país en el citado organismo financiero internacional, estaría representada por 30,532 acciones con un importe de 30'532,000 dólares de los Estados Unidos de América.

En caso de aprobarse la presente Iniciativa, el pago de las acciones se efectuaría mediante dos erogaciones anuales, que deberán realizarse antes del 27 de junio de 2015, cuyos importes se incluirán dentro del presupuesto autorizado, asignando para tales efectos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que no se requerirán recursos adicionales para su aprobación.

Por otra parte, con la citada Resolución también se modificó el párrafo a) de la Sección 3, del Artículo IV, del Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, a fin de aumentar los votos básicos por país miembro de 250, a lo que resulte de la distribución equitativa entre todos los miembros del 5.55% de la suma total de los derechos de voto de todos los miembros, sin que los votos básicos se fraccionen. Los votos por acciones de cada miembro no se modifican, se mantiene el número de votos que resulte de la asignación de un voto por cada acción en su poder. La modificación quedará redactada de la siguiente manera:

"SECCIÓN 3. Votación

a) Los derechos de voto de cada miembro serán equivalentes a la suma de sus votos básicos y sus votos por acciones.

I. Los votos básicos de cada miembro serán el número de votos que resulte de la distribución equitativa entre todos los miembros del 5.55% de la suma total de los derechos de voto de todos los miembros, estipulándose que los votos básicos no se fraccionarán.

II. Los votos por acciones de cada miembro serán el número de votos que resulte de la asignación de un voto por cada acción en su poder." 

Nuestro país es uno de los países que ha recibido más grandes apoyos de CFI. Desde 1957 a marzo de 2014, este organismo internacional ha participado en México con un importe de aproximadamente nueve mil trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de América, distribuidos en doscientos setenta y dos proyectos, en ramas de actividades económicas tales como la manufactura, siderúrgica, petroquímica, metalúrgica, textil, cemento, turismo, papel, electrónica, agroindustria y en infraestructura, en ciento setenta y cuatro compañías, lo que en conjunto ha constituido un gran apoyo al desarrollo económico del país.

La estrategia de la CFI en nuestro país, se centra en los sectores prioritarios que pueden aumentar las tasas de crecimiento económico y reducir la pobreza. Asimismo, promueve el acceso al financiamiento para las personas de bajos ingresos y microempresas, desarrolla marcos para la participación efectiva del sector privado, apoyando proyectos de eficiencia energética e infraestructura para fortalecer la competitividad, y hace hincapié en el desarrollo ambiental, social y el buen gobierno corporativo.

Mediante su labor, la CFI proporciona asistencia a México complementando las actividades del Banco Mundial a través del financiamiento y asesoría técnica de proyectos del sector privado que son prioritarios para el desarrollo económico nacional.

No obstante, la importancia de la CFI va más allá de la asistencia financiera y técnica, ya que permite elevar el grado de confianza de los inversionistas en un proyecto y ejerce una importante función catalítica en la movilización de financiamiento adicional para proyectos con otros inversionistas prestamistas, ya sea en forma de cofinanciamiento o mediante la formación de consorcios para préstamos, garantías de deuda y emisiones de valores y otros tipos de garantías.

De esta manera, la CFI cumple una función especial, ofreciendo su experiencia y prestigio de organismo internacional con clasificación AAA, como medio para atraer inversiones en sectores diversos a través de capital semilla. Este apoyo de la CFI ha sido muy importante para el desarrollo del sector privado de nuestro país.

Consecuentemente, a fin de mantener estos apoyos, se propone a esta Soberanía, fortalecer la participación de nuestro país en la CFI, mediante la suscripción de las 2,943 acciones adicionales que se han ofrecido a nuestro país, para hacer un total de 30,532 acciones por la suma de 30'532,000 dólares americanos, así como autorizar al Ejecutivo Federal para aceptar la enmienda al párrafo a), de la Sección 3, del Artículo IV, del Convenio Constitutivo de la CFI, a fin de modificar el cálculo de los votos básicos de cada miembro.

En otro orden de ideas, como un esfuerzo que realiza el Ejecutivo Federal para armonizar los principios y reglas aplicables a los acuerdos y tratados internacionales que han sido el fundamento jurídico para que nuestro país participe en organismos financieros internacionales como el que nos ocupa, es importante mencionar que en su oportunidad, la fracción X del artículo 89 de nuestra Carta Magna, disponía como facultades y obligaciones del Presidente de la República, entre otras, "Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federal".

En este sentido y en atención, entre otros, al mandato constitucional aquí referido, hasta antes de la reforma constitucional a dicho precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1988, la participación de nuestro país en un organismo financiero internacional, como el caso de la CFI, se realizó con la expedición de diversos decretos que autorizaron la suscripción de los convenios constitutivos de distintos organismos financieros internacionales.

Consecuentemente y como fue expuesto en la exposición de motivos de la reforma constitucional de mayo de 1988, resultó conveniente introducir modificaciones al texto de la propia fracción X del artículo 89, ajustando la expresión correspondiente a la ratificación de los tratados por "El Congreso Federal", para hacerla congruente con los artículos 76, fracción I y 133 de la propia Constitución, que precisan que tal acto aprobatorio corresponde especialmente al Senado.

Por tal motivo y después de las posteriores reformas a la misma fracción X del artículo 89 constitucional, aprobadas por el Constituyente Permanente en los años 2007 y 2011, el texto actual de la fracción que nos ocupa, a la letra señala que son facultades y obligaciones del Presidente: "Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales."

De conformidad con todo lo anterior, en aras de armonizar con nuestra Constitución el tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo de la CFI, en atención a la naturaleza del instrumento jurídico internacional de que se trata, la presente Iniciativa propone también reformar el Artículo 9o. del Decreto en comento, para señalar que el Gobierno Federal requerirá la autorización expresa del Senado para aceptar o proponer una modificación a la suscripción del Gobierno de México al Convenio Constitutivo de la CFI, y aceptar enmiendas del Convenio respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES A LA INICIATIVA

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187; 188; 189, y 190, del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, resultan competente para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas consideran adecuada la Iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal, en virtud de la importancia de la participación de México en el incremento de capital de la Corporación Financiera Internacional. Estas aportaciones se enmarcan en una serie de acuerdos que se tomaron a nivel mundial para reformar a las instituciones financieras internacionales, en virtud de la reciente crisis económica global de 2009 y del reconocimiento del estatus de las economías emergentes, como la mexicana, como motores del crecimiento mundial. De igual manera, es relevante destacar que la CFI promueve el acceso al financiamiento para microempresas, desarrolla marcos para la participación efectiva del sector privado, apoyando proyectos de eficiencia energética e infraestructura para fortalecer la competitividad, también hace hincapié en el desarrollo ambiental, social y el buen gobierno corporativo.

TERCERA. Adicionalmente las Comisiones Unidas, consideran la importancia de la participación de México en el incremento de capital por lo siguiente:

1. La participación de México en la CFI es congruente con el Quinto Eje de Gobierno del Ejecutivo Federal, que busca “lograr que México sea un actor con responsabilidad global. Un país con participación propositiva en el mundo, dispuesto a fomentar la cooperación entre las naciones, con una diplomacia moderna e innovadora. México debe contribuir a la estabilidad en un mundo convulso, una voz que se escuche, una voz que defienda la libertad y promueva un orden más justo y un mundo sustentable en el Siglo XXI.”

2. De igual manera, la participación de México en la CFI es acorde a las acciones propuestas por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.

3. El fortalecimiento de la CFI a través del aumento de capital cobra una gran relevancia para México ya que se está reforzando un elemento clave para detonar el crecimiento y mejorar la calidad de vida en los países en vías de desarrollo a través del apoyo al sector privado, que es reconocido como el sector clave para lograr la prosperidad compartida y avanzar en la eliminación de la pobreza extrema.

4. Históricamente, la CFI ha participado en operaciones en México con un importe de aproximadamente 9,300 millones de dólares de los Estados Unidos de América, mientras que el país ha pagado 27.6 millones de dólares de los Estados Unidos de América en suscripciones de capital en efectivo, lo cual quiere decir que México ha recibido 337 dólares por cada dólar aportado.

5. Participar en la recapitalización de la Corporación se traducirá en el fortalecimiento de la participación porcentual de México en el poder de voto de los países de 1.04% a 1.15%. Asimismo, se evitará producir una mala imagen del país, manteniéndolo como un socio que cumple con sus obligaciones y compromisos (sin poner en peligro el renombre que tiene México en los mercados financieros internacionales), y en el seno de la institución se mantendrá como un buen accionista además de ser uno de los mayores beneficiarios de los préstamos que otorga el Grupo Banco Mundial.

6. Estas Dictaminadoras destaca la necesidad de armonizar el Decreto que en esta ocasión nos ocupa, con los que se dispone en nuestra Carta Magna, actualizando el tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo de la CFI y en tal virtud observa no sólo conveniente, sino necesario, reformar el Artículo 9o. del Decreto de mérito, para señalar que la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación de declaraciones interpretativas al Convenio Constitutivo de la CFI, deberán ser sometidas exclusivamente a la aprobación del Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de nuestra Carta Magna.

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Unidas que suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO QUE APRUEBA EL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL.

PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 2o. y 9o. del Decreto que Aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1955, reformado por Decretos publicados en el propio Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1980, 13 de enero de 1986, 11 de diciembre de 1992 y 18 de julio de 1994, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para que, por conducto del Banco de México, haga la suscripción de acciones o partes sociales de la Corporación Financiera Internacional, hasta por la cantidad adicional de dos millones novecientos cuarenta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América, para hacer un total de 30,532 acciones por la suma de treinta millones quinientos treinta y dos mil dólares.

Artículo 9o.- El Gobierno Federal requerirá exclusivamente la aprobación del Senado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación de declaracionesinterpretativasdelConvenioConstitutivodelaCorporación Financiera Internacional o para modificar la suscripción del Gobierno de México a la Corporación Financiera Internacional.

SEGUNDO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para efectuar la suscripción adicional de acciones de la Corporación Financiera Internacional que a México corresponde hasta por los montos máximos autorizados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero anterior y para aceptar las enmiendas correspondientes a fin de cumplimentar la citada autorización.

TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para aceptar la enmienda al párrafo a) de la Sección 3 del Artículo IV del Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional a fin de modificar el cálculo de los votos básicos de cada miembro, a lo que resulte de la distribución equitativa entre los miembros, del 5.55% de la suma total de los derechos de voto de todos los miembros, sin que los votos básicos se fraccionen.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de comisiones del H. Senado de la República, a 29 de abril de 2014.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 77 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, para autorizar al Ejecutivo Federal a suscribir acciones adicionales de la Corporación Financiera Internacional. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos al último de los dictámenes que tienen que ver con instrumentos internacionales, se refiere al dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el diverso que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para efectuar la suscripción adicional de acciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO QUE AUTORIZO AL EJECUTIVO FEDERAL A FIRMAR, EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE MEXICO, LOS CONVENIOS CONSTITUTIVOS SOBRE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO, PARA EFECTUAR LA SUSCRIPCION ADICIONAL DE ACCIONES DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 79 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el diverso que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para efectuar la suscripción adicional de acciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativas, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para incentivar la igualdad de género dentro de la actividad empresarial.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL ARTICULO 34 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA INCENTIVAR LA IGUALDAD DE GENERO DENTRO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura y de inmediato se ponga a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión este dictamen, para ello, ha solicitado hacer uso de la palabra la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro del dictamen.

- La C. Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Ricardo Ruiz Carbonell refiere que la perspectiva de género nos permite advertir que la desigualdad consolida la subordinación de las mujeres y se expresa en valores, en paradigmas de identidad, en prácticas culturales y normas, así como la forma de interpretarlas y de aplicarlas.

Pero también esta perspectiva de género es una mirada que nos permite identificar alternativas para modificar estas desigualdades.

Este dictamen se inscribe en la ruta iniciada por nuestro país para erradicar la exclusión laboral causada por género.

Quiero agradecer la enorme disposición de las comisiones dictaminadoras, particularmente de la Presidenta Diva Hadamira Gastélum y del Presidente Alejandro de Jesús Encinas. Muchas gracias por la disposición de ustedes y de todos los integrantes de las comisiones que presiden.

El propósito es incentivar la equidad de género dentro de la actividad empresarial otorgando, a través de ésta, beneficios al momento de licitar a través de compras de gobierno, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y los organismos que están facultados para tal efecto.

Para el logro de ellos, se establece un esquema similar al ya previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que está dirigido a empresas que cuentan con trabajadores o trabajadoras con algún tipo de discapacidad.

Así, se establece que las empresas que someten sus servicios o productos a un proceso de licitación, además de cumplir con los requisitos ya establecidos actualmente en la legislación, deban obtener una mayor puntuación, si comprueban que su empresa promueve la inclusión y hace efectivo el desarrollo de las mujeres de forma permanente.

Este dictamen también propone modificar la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de ser más específicos en la información que se refiere a los certificados de igualdad, los cuales se conceden anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en esta materia.

Así pues, quedaría, con su voto aprobatorio, establecido que para la obtención de estímulos y certificados de igualdad, las empresas observarán:

1.- La existencia y aplicación de un código de ética que prohíba la discriminación por género y establezca sanciones internas para las empresas debido a su incumplimiento.

2.- La integración de la plantilla laboral, cuando ésta se componga de al menos 40 por ciento de personas de un mismo género y 10 por ciento del total corresponda a mujeres que ocupan puestos directivos.

3.- La aplicación de procesos igualitarios en la selección del personal desde la publicación de sus vacantes, hasta el ingreso del mismo personal.

Lo que se pretende es dar un paso más para que México alcance su máximo potencial en materia de igualdad, fomentando acciones legales que garanticen un piso común de oportunidades.

Y yo quisiera llamar la atención que en este tema que traerá, sin duda, beneficios para las empresas, vamos a llevar beneficios, desde luego, que abonen a esta desigualdad o que acorten las brechas de desigualdad que persisten en materia de género en el ámbito laboral, pero también llamo la atención sobre un tema fundamental que ahí está, que crece en las estadísticas año con año y que son los hogares jefaturados por mujeres.

Me parece fundamental que podamos, con el voto aprobatorio de todos ustedes, avanzar en ese sentido; y reconocer y dar motivos para que las mujeres que son jefas de hogar, puedan emprender un negocio.

Esperamos contar con su voto aprobatorio.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.

Para hablar sobre este dictamen, se le concede el uso de la palabra, desde su escaño, al Senador Alejandro Encinas.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Simplemente para respaldar lo señalado por la Senadora Ana Lilia Herrera. Esto fue discutido ampliamente en la Comisión de Estudios Legislativos y avalamos previamente el dictamen; y estábamos en comisiones, por eso nos estamos reintegrando.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, desde su escaño.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo solamente quiero resaltar la importancia de esta propuesta que ha hecho la Senadora Ana Lilia, que me parece muy integral, muy acabada, y que además debo de admitir que sin ningún problema transitó a la comisión que presido, y con todo el apoyo. De veras, Senadora, yo la quiero felicitar porque es una propuesta muy visionaria que va más allá de lo que siempre luchamos aquí, que visibiliza uno de los temas muy importantes, como es: jefa de familia, y la quiero felicitar una vez más.

Sé que votaremos a favor, porque la propuesta es muy buena, y además refleja el adelanto que buscamos las mujeres en este país.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo. En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema de electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 100 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de incentivar la igualdad de género dentro de la actividad empresarial. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de regular la violencia obstétrica en nuestro país.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VI Y SE ADICIONA UNA FRACCION VII AL ARTICULO 6 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En virtud de que no hay oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS SANCHEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI y se adiciona una fracción VII al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de regular la violencia obstétrica en nuestro país. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que se constituye como violencia laboral la exigencia de la presentación de certificados médicos de “No Embarazo”.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 11 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Dictamen de segunda lectura)

 



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión en lo inmediato.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Está a discusión el dictamen. En virtud de que no hay oradores registrados, ábrase el sistema…

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Tiene la palabra Senadora Angélica de la Peña Gómez.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Quiero hacerlo desde aquí, si usted me lo permite.

Por la premura, en vista de todo el trabajo que tenemos pendiente en esta última sesión, simplemente quiero destacar la importancia de estos dictámenes que estamos poniendo a consideración y que han sido enviados para discusión de la Comisión para la Igualdad de Género, y también de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

Por lo tanto, simplemente quiero dejar constancia de que, aún con la premura, es importante destacar, de entre los temas que estamos discutiendo, estos dictámenes que reforman, en este caso, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y las anteriores que reforman a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Angelica de la Peña Gómez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Avila Ruiz.

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: Con su venia, señor Presidente Luis Sánchez, Senador por el Estado de México. Senadoras y Senadores:

“Me opongo a la violencia, porque cuando parece causar el bien, éste sólo es temporal, el mal que causa es permanente”. Mahatma Gandhi.

Y es cierto cuando cualquier ser humano sufre algún tipo de maltrato, ya sea verbal o físico, el daño es imborrable, se estanca en la mente de quien lo sufrió.

Más aún, resulta el caso de las mujeres, quienes en muchos casos, no sólo reciben violencia familiar, sino laboral, que se traduce en acoso, hostigamiento sexual, pocas oportunidades de ascenso y despidos injustificados cuando el empleador sabe que están embarazadas.

Es lamentable que año con año las cifras nos confronten con realidades intolerables.

De acuerdo con el estudio “Mujeres y Hombres en México 2013” realizado por el INEGI, de 2006 a 2011, las cifra de mujeres de 15 años y más que han enfrentado episodios de violencia a lo largo de la relación con su actual o última pareja, aumentó 3.8 puntos porcentuales, al pasar de 43.2 a 47 por ciento.

Las agresiones que sufren presentan diversos matices. La emocional y la económica muestran incrementos de 5.6 y 1.1 puntos, respectivamente; mientras que la física y la sexual disminuyen en ese orden 5.2 y 1.7 unidades.

Otros datos que demuestra el estudio son que 27 de cada 100 mujeres son agredidas en el ámbito privado donde se vive la violencia de pareja y familiar; y que 23 por ciento considera el maltrato laboral, escolar o comunitario.

De las mujeres de 15 años y más, ocupadas en el país, 21 por ciento declaró haber sufrido algún incidente de discriminación en su trabajo.

Quienes registran la mayor proporción de este tipo de agresión, son las que se encuentran entre las edades de 35 y 44 años.

Más allá de la violencia, también se encuentra la gran desigualdad en sueldos entre los trabajadores industriales, artesanos y ayudantes. La remuneración de las mujeres en estas ocupaciones tendría que aumentar 30.5 por ciento para alcanzar la equidad salarial.

En el transporte, la remuneración de las trabajadoras tendría que incrementarse en un 24.3 por ciento.

Y qué decir de las horas que las mujeres destinan a las jornadas laborales, que van de 10 a 12 horas adicionales a la semana, en comparación a los varones en el trabajo total. Esto es reflejo de la doble jornada femenina que se realiza, tanto fuera como dentro del hogar.

En ese sentido, resulta relevante legislar a favor de todas las mujeres de nuestro país; luchar por la protección de sus derechos humanos y la igualdad de género.

En ese sentido, el dictamen que hoy se presenta toma, muy atinadamente, como referencia la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que establece, dentro de su articulado, condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.

Los mismos derechos a las oportunidades de empleo, a elegir libremente profesión, al ascenso, a la estabilidad en el empleo, el derecho a igual remuneración, a la seguridad social, a la protección de la salud, incluso, la salvaguarda de las funciones de la reproducción.

Asimismo, se incluyen medidas para prohibir que se exija a una mujer cuando solicite un empleo que se someta a un examen para comprobar si está o no embarazada.

Mi voto será a favor de este dictamen, que incorpora en el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia varios conceptos, que de no respetarse constituirían un tipo de violencia laboral como son: las oportunidades de ascenso, permanencia, la exigencia de certificados médicos de no embarazo, y el impedimento de llevar a cabo el periodo de lactancia.

No me cabe duda que con estas acciones podremos contribuir a disminuir las agresiones y violaciones a los derechos humanos de todas las mujeres de nuestro México.

¡Que vivan las mujeres de México!

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Daniel Avila Ruiz.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, desde su escaño.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Abonando al comentario que hace la Senadora Angélica de la Peña, nosotros no quisimos hacer uso de la tribuna por economía de esta sesión.

Sin embargo, creo que es pertinente dejar asentado que lo que aquí se está aprobando es de la mayor trascendencia.

El tema de la violencia obstétrica es uno de los temas que está generando una fuerte discriminación en contra de las mujeres, un gran negocio, más del 50 por ciento de los partos que se hacen a través de las cesáreas.

El que fue presentado por la Senadora Ana Lilia Herrera, que es una propuesta incluyente en las empresas para las mujeres jefas de familia.

Y que en este momento lo que estamos tratando es, el tan llevado y traído tema de no exigir un certificado de no embarazo para poder emplear a las mujeres y el tema de la lactancia.

Creo que esto es de la mayor importancia, agradezco sobre todo la participación de los varones que han hecho uso de la palabra para estos temas, que los consideramos de gran manera en el avance de esta lucha que tenemos a favor de más de la mitad de la población.

Muchas gracias, señor Presidente.

Y estamos esperando que el resto de los dictámenes que han sido presentados también prosperen.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del PRD.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Yo sé que tenemos por delante todavía una carga de trabajo muy importante, pero no quiero dejar pasar desapercibido el paquete de tres reformas legales, que en materia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, hemos adoptado en las discusiones con las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se trata de reformas importantes que enfrentan problemas a los que se enfrentan todos los días las mujeres, en donde ha habido abusos, no solamente de la autoridad, sino omisiones graves, que atentan contra la salud y la vida de las mujeres.

Por eso es muy importante el dictamen de esta iniciativa promovido por la Senadora Diva Gastélum, que reforma el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres una Vida Libre de Violencia, donde de manera muy clara se enfrenta la violencia obstétrica, en donde se considera ésta, como toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud, que dañe, lastime o denigre a la mujer durante el embarazo, el parto y puerperio.

Yo creo que esto de señalar expresamente en la ley como un acto de violencia, el uso de métodos anticonceptivos o esterilización sin que medie el consentimiento voluntario de la mujer, debe ser sancionado, así como los casos donde se obstaculiza, sin causa médica justificada, el apego precoz de niño o niña con su madre, negándole la posibilidad de cargarlo o amamantarlo inmediatamente después de nacer.

Es el caso, también, de otra iniciativa que presentaron diversas Senadoras del Partido Revolucionario Institucional, a la misma ley, en el caso del artículo 11, en donde consideramos importante profundizar en la definición de violencia laboral, ya que la Ley vigente en materia de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no señalaba, más que solamente que en la actualidad hay más de 100 millones de mujeres trabajadoras y que existe una tendencia a darse en el aumento en el número de mujeres participando activamente en la economía.

Y por eso se establece, con toda precisión, en el artículo 11, que constituye violencia laboral la negativa ilegal a contratar a la víctima o respetar su permanencia, sus oportunidades de acceso, al exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo, así como la explotación y el impedimento de llevar a cabo el periodo de lactancia, previsto en la ley.

Creo que estos dos temas, vinculados con el dictamen a la iniciativa de la Senadora Ana Lilia Herrera, también vinculado con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para reconocer a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación que corresponde, emitida por las autoridades, van abonando en los asuntos de enfrentar problemáticas concretas, pero hacer más que una acción afirmativa, el establecimiento de la garantía de igualdad de derechos entre mujeres y hombres en nuestro país.

Por eso no quise dejar pasar por alto, y nuestro reconocimiento a las comisiones unidas, y particularmente a las legisladoras que han tomado iniciativas en esta materia.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Encinas Rodríguez.

En virtud de que no hay más oradores registrados, hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por el que se constituye como violencia laboral la exigencia de la presentación de certificados médicos de no embarazo. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de publicidad sobre bienes y servicios considerados como riesgosos.






DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XXIII, PASANDO LA ACTUAL XXIII A SER XXIV AL ARTICULO 24 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, EN MATERIA DE PUBLICIDAD SOBRE BIENES Y SERVICIOS CONSIDERADOS COMO RIESGOSOS

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la Minuta con proyecto de decreto que REFORMA el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores y turnada como Minuta a la Cámara de Diputados.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. El 15 de febrero de 2011, el entonces Senador Alejandro Moreno Cárdenas integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se ADICIONA un párrafo tercero a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó la referida Iniciativa a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El 29 de noviembre de 2011, en sesión de trabajo de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial aprobaron el dictamen en comento.

El dictamen referido fue aprobado en la Comisión de Comercio y Fomento Industrial con 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de 15 miembros que la integraban.

En la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, fue aprobada con 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de 5 miembros que la integran.

4. El 14 de diciembre de 2011 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores fue aprobado el referido dictamen.

En esta misma fecha, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, la Minuta referida.

5. El 01 de febrero de 2012 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Minuta, a la Comisión de Economía para su análisis y dictamen correspondiente.

6. El 08 de mayo de 2013, en sesión de trabajo de la Comisión de Economía, se aprobó con modificaciones la Minuta referida con 18 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de 31 miembros que la integran.

7. El 03 de septiembre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turno el referido dictamen a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen correspondiente.

III.- Contenido de la Minuta

La Minuta tiene por objeto, el establecer como una atribución de la Procuraduría Federal del Consumidor, el publicar a través de cualquier medio, cuando los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones sean detectados como riesgosos o incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables.

La colegisladora comparte con la Cámara de Origen la modificación al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, toda vez que con el establecimiento de esta nueva atribución a la Procuraduría Federal del Consumidor, se mejorarían los mecanismos de información a los consumidores para la toma de decisiones de un consumo inteligente.

No obstante, la colegisladora consideró agregar al texto la frase “y los demás procedimientos previstos en la Ley” con el objetivo de perfeccionar la reforma.

A continuación se muestra en el siguiente cuadro comparativo las modificaciones propuestas por la Cámara Revisora.

Ley Federal de Protección al Consumidor

Texto Vigente

Minuta
Cámara de Senadores

Minuta
Cámara de Diputados

Observaciones

Capítulo II
De las autoridades

ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I a XXI.-

XXII.- Coadyuvar con las autoridades competentes para salvaguardar los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas, y

No existe

 

 

ARTÍCULO 24.-…

 

 

I a XXI.-

XXII.- Coadyuvar con las autoridades competentes para salvaguardar los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas;

 

XXIII.- Publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones sean detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables, y

 

XXIV.- Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos.

 

 

ARTÍCULO 24.-…

 

 

I a XXI.-

XXII.- Coadyuvar con las autoridades competentes para salvaguardar los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas;

 

XXIII.- Publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones y los demás procedimientos previstos por la Ley sean detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables, y

XXIV.- Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la colegisladora, se estableció la frase y los demás procedimientos previstos por la Ley” para no restringir el texto únicamente a las “verificaciones” sino ampliarlo a un catálogo más amplio de posibilidades, de acuerdo con los demás procedimientos para los que la PROFECO es competente en el marco de sus facultades establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

 

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Que de acuerdo con la Ley Federal del Consumidor unos de los principios básicos en la relación de consumo es la protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos, por lo que es fundamental la información para los consumidores que adquieran bienes o servicios.
Segunda.- Estas dictaminadoras coinciden con la Colegisladora que con esta reforma se fortalecerán las facultades de la Procuraduría Federal del Consumidor, toda vez que esta institución informará a los consumidores a través de cualquier medio sobre los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones u otros procedimientos previstos por la Ley sean detectados como “riesgosos”.

Tercera.- Actualmente en los Estados Unidos de América y varios países de la Unión Europea, el consumidor puede enterarse de cuáles son los productos que se ofertan en un establecimiento y que por razones de seguridad fueron retirados del mercado. Es por ello que con esta modificación a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se pretende fortalecer las facultades a la PROFECO para establecer responsabilidades al proveedor cuando así lo amerite.

V. Resolutivo

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, aprueban en sus términos la Minuta referida y someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Artículo Único.- Se adiciona una fracción XXXIII, pasando la actual XXIII a ser XXIV al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 24.-…

I a XXI.-

XXII.- Coadyuvar con las autoridades competentes para salvaguardar los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas;

XXIII.- Publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones y los demás procedimientos previstos por la Ley sean detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables, y

XXIV.- Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos.

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 11 de marzo de 2014.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

En lo que se lleva a cabo la votación, les informo a las Senadoras y Senadores, si me regalan un poquito de su atención, vamos a desahogar inmediatamente después de este dictamen el tema del IFAI, después haré un receso para instalar la Comisión Permanente con los Diputados designados para el efecto, y los que votamos nosotros, a los Senadores. Después reanudaremos, votaremos el nombramiento del Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y después el dictamen de delitos electorales de la Comisión de Justicia y otros.

Gracias, Senadoras y Senadores.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 87 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de publicidad sobre bienes y servicios considerados como riesgosos. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Honorable Asamblea, recibimos en la Mesa Directiva el dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda, presentan en cumplimiento del resolutivo VIII del acuerdo aprobado el 25 de febrero de 2014, que contiene propuesta de candidatos a integrar el nuevo organismo constitucional autónomo a que se refiere la fracción VIII del Apartado A del artículo 6º Constitucional.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de hoy para su trámite.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de este día el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: El dictamen está disponible en sus escaños para su conocimiento.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






NOMBRAMIENTOS COMO COMISIONADOS DEL ORGANISMO AUTONOMO, GARANTE DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y A LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la palabra al Senador Pablo Escudero Morales, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciaré agradeciendo a los presidentes de las comisiones que nos acompañaron durante este largo proceso, a los Senadores Alejandro Encinas, Javier Corral y, por supuesto, a las Secretarias de la Comisión Arely Gómez y Marcela Torres, muchas gracias por haber estado aquí.

También agradecemos a los coordinadores toda la intervención que tuvieron durante este proceso.

Y antes de iniciar, hablar respecto a los siete que sí quedaron, que van a conformar un equipo de trabajo de alto desempeño, quiero hablar de los que no quedaron, quiero hablar de esos que no quedaron. Y quiero decirles que si alguno de ellos se sintió agraviado, se sintió lastimado por las redes sociales o por el dictamen que yo he presentado, del cual soy responsable al cien por ciento, les pido una disculpa.

Si estos mismos candidatos consideran que tenían un mejor perfil, lo que les debo es una explicación, de eso se trata esta presentación de este dictamen.

Sin duda el ejercicio, un ejercicio democrático, incluyente, transparente, abierto a la sociedad, al escrutinio en todo momento, en tiempo real prácticamente, acompañado de diez expertos, a los cuales también agradezco desde esta tribuna y no abundaré mucho más, porque sé que mi compañera la Senadora Arely Gómez hablará respecto a los expertos.

Hay que decirlo, en todo momento seguimos las mejores prácticas internacionales; en específico, un protocolo de Naciones Unidas, un protocolo de transparencia en la selección de nombramientos de altos funcionarios que usa la ONU para nombrar a sus funcionarios en Ginebra, en Nueva York y en Viena.

Un protocolo que nos ayudó a que fuera un procedimiento transparente, eficaz, incluyente, oportuno y que rindiera cuentas en todo momento.

Hay que reconocer que existe una facultad discrecional que otorga la Constitución a los Senadores para hacer estos nombramientos, habría qué reconocerlo.

Eso por ningún motivo debía de interpretarse como un cheque en blanco, nadie lo hicimos así, por ninguna manera podía interpretarse que era un procedimiento que podía llevarse de manera opaca, nadie lo hicimos así. El reto, así lo entendimos todos, era transparentar y dar toda la información para que los 128 Senadores, para que la sociedad en general, para que los ciudadanos que participaron en esta auscultación pública y abierta, estuvieran satisfechos de que había existido un proceso abierto, justo, transparente, sin comprometer, en ningún momento, la privacidad de ninguno de los que se habían inscrito, una convocatoria pública y abierta a toda la sociedad. Inició con el registro de candidaturas, donde hay que decirlo, las mejores prácticas internacionales sí contemplaban que hubiera un primer filtro, sí lo contemplaban, el manual de la ONU sí lo contempla que hubiera un filtro; nosotros decidimos que no iban a haber filtros, que todos aquellos que cumplieran con las características, con las condiciones que se habían puesto en la convocatoria derivadas de la Constitución Política de los Estados Unidos, debían de pasar a audiencia.

Y fue así como celebramos 147 audiencias, fue así también como estipulamos en comisiones y votamos los criterios bajo cuales debíamos de conducirnos, 158 currículum revisamos; 158 ensayos; 158 evaluaciones. Se decidió de manera transparente, sensible y responsable invitar a un comité de expertos, a un comité ciudadano.

Se informó en la página web de la comisión toda esta información, todos sus reglamentos, los protocolos que adoptaban sus criterios.

Iniciamos estas audiencias acompañados de los expertos, y acompañados de la sociedad civil organizada que participó de manera directa enviando preguntas, preguntas que se incluyeron en una urna y que fueron tomadas de manera aleatoria para poder examinar a todos los que participaban.

Estuvimos buscando sin duda perfiles, pero con vistas, con miras a integrar un equipo, un equipo de trabajo de alto desempeño, que fueran autónomos, que fueran imparciales, que tuvieran un amplio criterio, que tuvieran resultados tangibles, que tuvieran una gran formación académica, casi peritos; que tuvieran una congruencia entre sus dichos y su manera de actuar.

Lo hicimos como lo mandataba el manual de la ONU, en pie de igualdad, el equipo de entrevistadores, los presidentes de estas comisiones, estuvimos en las 147 audiencias; entrevistas muy respetuosas; entrevistas, también hay que decirlo, muy rigurosas; entrevistas técnicas con casos prácticos con un alto grado de complejidad, eso fue lo que se hizo en comisiones.

Cada uno de los Senadores realizó su propia evaluación con matrices complicadas y con muchos reactivos para tener una evaluación clara y cierta.

También, como lo mandataba el manual de la ONU, hicimos una reflexión de consulta oficiosa, fue así que en varias ocasiones los coordinadores, los presidentes de las comisiones, nos acercamos a ustedes a preguntarles qué opinaban de algunos de los candidatos en estas conformaciones.

Y quisiera decirles de dónde parte esta idea de tener un equipo de trabajo de alto desempeño.

Antes de iniciar el procedimiento, tuve la oportunidad de ser invitado a una universidad, a platicar justamente del proceso que íbamos a desarrollar, de cómo garantizar, en este nuevo órgano autónomo, que existiera un equipo. Durante toda esa plática yo en todo momento me referí a grupos de trabajo, grupos de trabajo del IFAI.

Cuando acabó la plática, se acercó un muchacho universitario y me dijo: Senador, si usted lo que quiere es un grupo de trabajo, la tiene fácil. Si usted lo que quiere es un equipo de trabajo de alto desempeño, entonces, sí, va a estar complicado.

Y hay que reconocerlo, ante la ignorancia de lo que me estaba hablando el muchacho, pues yo acusé recibo, y le dije: sí, lo vamos a revisar.

Y fue así cuando nos metimos a buscar la bibliografía a ver de qué hablaba este muchacho, y fue así donde encontramos obras muy interesantes de Kurt Lewin, desde el 47 se hablaba de estos equipos de trabajo de alto desempeño; de White y Lippitt, de Carot, Ishikawa, de Trist y Bamforth, de Héctor N. Fainstein y de Ulrich, un consultor, un investigador de Michigan.

Y cuando empezamos a ver qué era lo que exponían y de qué se trataban estas diferencias de equipos de trabajo y grupos de trabajo, déjenme decirles lo que encontramos en los grupos de trabajo, algunas de las características que mencionan estos autores.

Grupo de trabajo: Liderazgos poco efectivos, integrantes con bajo compromiso, clima inhibitorio, logros de poco alcance, dinámica interna deteriorada, falta de confianza entre sus miembros, conflictos y luchas de poder, falta de potencia por fuertes egos y status.

A muchos de ustedes les suena esta historia. Esto es el IFAI, esto es el IFAI. Nadie puede reconocer que teníamos grandes personalidades en el IFAI, estaban ahí, pero era un grupo de trabajo, por eso no funcionaba.

Y entonces fuimos a desarrollar en el modelo lo que queríamos, a lo que estábamos apostando, lo que queríamos desarrollar y cómo lo queríamos hacer.

Y lo que queremos es un equipo que tenga responsabilidad compartida, apoyo mutuo, respeto y compromiso, interdependencia entendida como que cada uno responsable de su aprendizaje, pero también del de los demás.

Que también aprendan de los errores unos de los otros.

Confianza, queremos que generen ideas, que esas mismas puedan valorarse; debates ordenados y ricos en contenidos, que logren consenso, que definan objetivos y ambiciones que cumplan de manera sistemática; generar altos niveles de confianza.

De eso se trataba este diseño. Esto es lo que refleja el dictamen que hoy hemos traído, por eso, sin duda cuando alguno de ustedes piensa, reflexiona que hay un mejor perfil, yo los invito a que revisen el dictamen, y a que traten de comprender que lo que buscamos aquí no era un grupo de trabajo, era la articulación justamente de todos estos para encontrar un equipo de trabajo de alto desempeño, y fue así como quedaron seleccionados como un equipo de trabajo de alto desempeño, el doctor Acuña Llamas, doctor en ciencias políticas, diplomado en altos estudios internacionales, especialista en derechos humanos, licenciado en derecho, amplios reconocimientos en Estados Unidos y en Europa; muchas obras publicadas; desde 2011 coordinador de información y documentación y transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial.

Oscar Guerra Ford, licenciado en economía, estudios en licenciatura en sociología, maestro en ciencias económicas, actualmente Comisionado y Presidente del Instituto de Acceso a la Información del Estado de México, y muchas publicaciones en transparencia y acceso a la información.

Es así también, como decidimos junto con ellos integrar estos tres perfiles de comisiones estatales, Guerra Ford; también a Monterrey Chepov, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la información, INFOEM, responsable de solicitudes de información y recursos, invitado a muchos foros en este Senado de la República, autor de muchas publicaciones.

Fue también como decidimos tener una gran académica, una gran académica, la doctora María Patricia Kurczyn Villalobos, reconocida con nivel 3 de investigación por la UNAM, el máximo nivel de investigación que puede tener alguien; con una peculiaridad, con mucha experiencia en órganos colegiados y, además de ello, experta en materia laboral; y ¿por qué en materia laboral? Porque efectivamente con las facultades que hicimos, que dimos en la Reforma Constitucional, hicimos sujetos obligados a los sindicatos. Es importante que además de que sea una gran académica, una gran investigadora, con una gran formación y experta en materia laboral, pueda contribuir en esa gran tarea que es respectiva a los sindicatos.

También la doctora Ximena Puente, doctora en derecho, maestra en ciencias jurídicas, licenciada en derecho, Presidenta del Instituto de Transparencia de Acceso a la Información en el estado de Colima, profesora, investigadora, también miembro del Sistema Nacional de Investigación.

Al señor Joel Salas Suárez, candidato a doctor en ciencias políticas, maestro en ciencia política, licenciado en comercio internacional, pues fue él, el que se encargó de llevar las políticas públicas en la administración pasada justamente para poder tener un gobierno abierto.

Eso es, si van entendiendo, cómo van entrelazándose todos estos perfiles para hacer este diseño.

Areli Cano Guadiana, maestra en administración pública, licenciada en derecho, cuenta con diversas publicaciones y ella también tiene un valor agregado, estuvo en la transición de este Instituto del Distrito Federal, vivió la propia transición de un consejo a un instituto.

Señor Presidente, pues me parece que con esto y que seguramente tenemos oportunidad de tener otras intervenciones y siendo respetuoso, porque más compañeros Alejandro Encinas y Javier Corral, seguramente también quieren hablar.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Escudero Morales.

Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, para presentar el dictamen en términos de lo dispuesto en el artículo 96 del Reglamento del Senado.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Voy a hablar en primer lugar en mi carácter de Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, y posteriormente quisiera emitir mi opinión y mi evaluación personal sobre este proceso que indudablemente es de gran importancia no solamente para el Senado, para la opinión pública, sino para el establecimiento de un órgano con autonomía constitucional que debe garantizar uno de los derechos ciudadanos fundamentales, que es el acceso a la información pública sin ninguna restricción y la protección de sus datos personales.

En primer lugar tengo que reconocer el trabajo que en comisiones unidas realizamos junto con la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, que preside el Senador Pablo Escudero; la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que preside el Senador Javier Corral, en donde desde la emisión de la convocatoria hasta el desarrollo de las audiencias públicas, se ha sentado un precedente muy importante, no solamente de un proceso legislativo, parlamentario, abierto, de cara a la población, sino que en cada momento a cada una y a cada uno de los 158 participantes del proceso se les atendió de manera respetuosa, de manera profesional, entendiendo y reconociendo a cada una y a cada uno de ellos sus capacidades y su desarrollo profesional y, particularmente, permitiendo a la ciudadanía conocer no solamente el perfil y las posiciones de cada uno de los aspirantes, sino también del desempeño de cada una y cada uno de los legisladores que participamos en esta audiencia.

Yo quiero, por ello, en primer lugar, destacar el perfil de los aspirantes, hay que señalar que emitida la convocatoria se inscribieron 160 participantes, de los cuales dos no cumplieron con los requisitos de legibilidad; y de los 158, de los cuales 136 fueron hombres y 22 mujeres, 86 por ciento frente al 14 por ciento, sólo comparecieron 147, ya que no ejercieron su derecho a la audiencia 11 de los participantes quienes fueron evaluados también a partir de los documentos curriculares y del ensayo que entregaron en el proceso de inscripción.

Vale la pena destacar el perfil académico de todos y de cada uno de ellos.

En primer lugar, señalar que el 34 por ciento de los participantes tiene por lo menos nivel de maestría; 26, casi 27 por ciento, nivel de doctorado con 12 por ciento de doctorantes; y 17 por ciento con maestría y sumado con la especialidad, prácticamente se alcanza el 25 por ciento.

La mayor parte de los participantes provienen de instituciones de educación pública y correspondieron particularmente a las carreras de derecho, el 55 por ciento, ciencias políticas el 9 por ciento y administración y contabilidad 7 por ciento cada uno de ellos.

Muchos de ellos provenientes de instituciones de educación superior pública, el 60 por ciento; el 40 por ciento de instituciones privadas y con una representación muy vasta de su lugar de origen en el territorio nacional, pues prácticamente se incorporaron gente originaria de prácticamente la totalidad de nuestro territorio.

Fue un ejercicio acompañado de un comité de expertos que también debo de reconocer su trabajo profesional y la diligencia de su desempeño, quienes se comprometieron a entregar una lista de 25 de los candidatos y candidatas participantes que a su criterio, cumplían el perfil adecuado para el desarrollo de las nuevas funciones del Instituto Federal de Acceso a la Información.

Creo que se ha sentado un precedente de una acción ejemplar que debería de establecerse como una práctica regular en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, para evitar el proceso de audiencia y selección en grupos cerrados.

Una vez concluido el proceso de la audiencia, lo dijimos con toda claridad, faltaba la cereza del pastel, y eso tendría que ser con la definición puntual de los 7 integrantes comisionados al órgano garante.

Y como lo señale desde un principio, era muy urgente hacerlo con premura y con profesionalismo, a fin de evitar la distorsión del proceso, y de la lista de 25 que nos presentó el comité de expertos redujimos una primera propuesta a 20 entre los presidentes de las comisiones unidas, lista que se redujo posteriormente a una relación de 15 y que llegamos a delimitar en una lista de 10 aspirantes que podrían concitar consenso, hasta que se nos atravesó el Senador Javier Lozano y el conflicto en la Comisión de Telecomunicaciones que hay que reconocer, generó un clima adverso al entendimiento y a la construcción de acuerdos en el Senado de la República y que posteriormente se fue contaminando al momento de definir otros temas como lo hemos visto en nombramientos, particularmente derivados de la Reforma Energética en la Comisión Nacional de Hidrocarburos y las discusiones que tendremos más adelante en la Ley de Telecomunicaciones y de las leyes reglamentarias en Reforma Energética.

Y evidentemente esto distorsionó el proceso y a muchos nos deja un mal sabor de boca, porque nos hubiera gustado no solamente resolverlo con mayor prontitud, sino también con mayor certeza de la forma de su resolución.

Creo, sin embargo, que por supuesto, seis de los siete propuestos no podemos cuestionar a ninguno de estos, vienen, derivan de la propuesta presentada por el comité de expertos, y solamente el caso de Eugenio Monterrey es el que no venía contemplado y esto también, debemos de asumir, generó descontento e inconformidad en los integrantes de las comisiones unidas.

De parte nuestra, ahora ya habló más a nombre propio, en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática insistimos en destacar tres criterios fundamentales; el primero, que las y los siete integrantes del nuevo órgano surgieran de la lista de los 25 propuestos por el comité de expertos.

Segundo, que se estableciera con toda claridad el criterio de equidad de género que se ha cumplido por lo menos con la incorporación de tres mujeres, aunque ya vamos a discutir la posibilidad de integrarlo con cuatro, y que se definiera en particular por el perfil profesional y la experiencia en los temas vinculados con esta materia.

Evidentemente que los 25 y los 7 que están aquí planteados reúnen ese criterio, pero ha habido reclamos e insatisfacción.

Yo creo que debemos asimilar la experiencia, en primer lugar, no solo para mantener los procesos de audiencia, sino para construir de mejor manera, con mayor madurez e inteligencia política, mecanismos que permitan que las comisiones legislativas, sin la intromisión de conflictos o de debates ajenos al tema de resolución, se contaminen, y que puedan éstas ejercerse con plena libertad en el desempeño de sus funciones.

Hubo diversos planteamientos, incluso, pretender que no se aprobara este dictamen en el periodo de sesiones y, como lo dije en las comisiones unidas, la experiencia parlamentaria legislativa, que muchos tenemos aquí, donde hemos visto que el retraso en definiciones en integración de órganos autónomos debilitan su carácter y merman el desarrollo institucional de las mismas, como sucedió en la legislatura anterior, en la integración de tres miembros del Instituto Federal Electoral, creemos que sería inconveniente posponer esta decisión, y si bien hay, sin lugar a dudas, propuestas muy diversas de los integrantes de las comisiones unidas, porque en esto la valoración no solo de los expertos, sino la individual que realizamos cada uno de los integrantes, no coincidía necesariamente con la lista de los expertos, hay muchos a los que dentro del PRD calificamos, no solamente por su alto grado académico, sino por su experiencia profesional, no quedaron incluidos en la lista.

Yo creo que se ha hecho un esfuerzo, esperamos que se constituya este órgano con plena responsabilidad, es gente que tiene experiencia en la materia, y la conclusión fundamental que yo quisiera derivar de ello, es que todavía falta mucho por construir en los órganos de representación, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, mecanismos de evaluación y de toma de decisiones que constituyan consenso más allá de la simpatía personal, del interés partidario, o de cualquier otro criterio ajeno a garantizar independencia, autonomía y profesionalismo en cada uno de los órganos autónomos.

De nuestra parte votaremos, por supuesto, a favor en sus términos, y hacemos ese exhorto a seguir construyendo formas de entendimiento institucionales, con participación de la ciudadanía, con respecto a los mecanismos de participación de los aspirantes a los distintos órganos, y tener órganos verdaderamente autónomos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Encinas Rodríguez. Sonido en el escaño del Senador Javier Lozano, ¿para qué efecto?

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Para alusiones personales, señor Presidente. Desde aquí.

Miren, yo francamente no acabo de entender, no puedo entender qué tiene que ver la discusión en el tema de las telecomunicaciones, con la discusión del nombramiento de los comisionados del IFAI, esto es querer endosar una responsabilidad que simplemente no existe.

El Senador Alejandro Encinas y su grupo parlamentario que se hagan cargo de sus responsabilidades, y que nos dejan a nosotros trabajar en las nuestras. No contentos con las tácticas dilatorias que practicaron para que no avanzara el tema en telecomunicaciones hace unos días, ahora resulta que dicen que vino a contaminar el tema de la negociación para nombrar a los comisionados del IFAI, el asunto del predictamen en materia de telecomunicaciones. Me parece una falta de seriedad absoluta, que desde luego no acepto, y yo lo único que le digo al Senador Encinas Rodríguez, que se haga cargo de sus asuntos, que yo sabré hacerme cargo de los míos.

Gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Lozano Alarcón.

Sonido en el escaño del Senador Ríos Piter.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente.

De lo dicho por el Senador Javier Lozano, bueno, yo creo que hay que hacer una aclaración, que es pertinente, y creo que en el comentario del Senador Encinas Rodríguez cabe muy bien recordarle al Senador Javier Lozano lo que pasó hace dos semanas, porque cuando no se le recuerda al presidente de una comisión su mal actuar y el por qué no salen las cosas, entonces todo se difumina como si no hubiera responsabilidad.

Creo que este dictamen es realmente interesante en cuanto a la muestra de cómo se tiene que construir un dictamen entre varios grupos parlamentarios, esto se va a votar prácticamente por unanimidad, también su partido lo va a votar a favor, pero esto se construyó de manera transparente, se solicitó la participación de muchos actores, vino gente que fue convocada precisamente para sesiones de trabajo, y creo que sería interesante, señor Presidente de la Comisión de Comunicaciones, que usted tomara nota porque las leyes y los dictámenes se hacen entre muchos grupos parlamentarios, en lugar de querer traerlo bajo el brazo, con la intención de querer meter una bola rápida como el dictamen que hoy todavía, pareciera que usted quiere defender.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Ríos Piter.

Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Le agradezco los consejos y recomendaciones al Senador Javier Lozano, los cuales son innecesarios, porque si algo hemos acreditado en esta legislatura, no solamente es nuestro apego estricto a nuestras prácticas y reglamentos dentro del Senado de la República, sino además de un trabajo profesional, el respeto y la deferencia que siempre he tenido con mis compañeras y compañeros legisladores, así como con los invitados, a quienes vienen a este Senado a expresar libremente sus opiniones.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero, ¿es para el mismo tema?

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Si usted me lo permite, yo quisiera hacer una invitación a todos mis compañeros Senadores a que no abramos en estos momentos el debate de cualquier otro tema, este tema es muy importante, es un tema que llevamos 25 Senadores trabajando más de 50 días, es un dictamen de más de 500 hojas, hay un trabajo de más de 300 horas.

Yo les pediría a todos mis compañeros que habláramos del tema por respeto a todos ellos, del tema que pusimos sobre la mesa. Se los digo a todos con mucho respeto.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias. Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Ojalá que un día podamos hablar del tema estrictamente de transparencia y cómo se eligen a los diferentes aspirantes a diversos puestos que han pasado aquí por este Senado.

Yo creo que este proceso prometía ser impecable, se contó con un comité de expertos, pero tan solo el que el dictamen haya sido terminado hace 15 días; y pasa estas dos semanas bajo un velo de opacidad, y que despierta sospechas que terminó siendo, que quienes aspiraban terminaron siendo rehenes de esta indigestión legislativa, y hoy de pronto, sin estar inscrito en el Orden del Día, está el tema de la votación de los comisionados del IFAI.

Yo sigo pensando, tengo muchas sospechas, que esto se debe a que no les alcanzaba la sábana para estirarla y para cómo repartirse el botín de guerra que ya tienen acordado en los partidos fundamentales, que hoy incluso un ex Senador, y que hoy está de licencia, pero que tiene conocimiento sobre este asunto, hace declaraciones que son parte de los acuerdos y de los arreglos, y eso es lo que me parece lamentable, porque termina siendo un gran montaje escenográfico y terminamos lastimando a ciudadanos que vienen aquí de buena fe.

Yo creo que la imposición se vale, si así la quieren, ustedes los ganadores, repártanse son lo que quieran, se vale la imposición, lo que no se vale es la simulación.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Layda Sansores.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Javier Corral Jurado, por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para presentar el dictamen en términos de lo dispuesto en el artículo 196 del Reglamento del Senado.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Toda vez que el Presidente del Senado ha fundamentado el artículo con el que debo hablar, debo aclarar que en realidad no puedo ahora, en ese carácter, venir a defender el dictamen o a fundamentarlo, y entonces mi intervención tendría más el carácter de una postura personal, no sé si lo pudiera hacer dentro de este espacio.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: No tendría ningún inconveniente. Se le concede, Senador. Y gracias por la aclaración en beneficio del conocimiento de la Asamblea.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Muchas gracias, señor Presidente.

Sí, porque cuando los presidentes de las comisiones hablan en este turno, bajo el artículo del Reglamento citado, lo hacen para fundamentar los términos del dictamen.

Yo debo reconocer dos partes en esta intervención, como lo hacía el Senador Alejandro Encinas, la primera tiene que ver con el proceso que se puso en marcha, un proceso que incluso ha sido calificado por algunos legisladores como inédito, en términos de las reglas de transparencia, en términos de un compromiso de respeto a todos los participantes, incluso una apertura para recibir el mayor número de aspirantes; y en ese sentido yo puedo coincidir con la primera parte del planteamiento de mi amigo Alejandro Encinas, en que el proceso, pues, es un proceso importante, transparente, un proceso que incluso nos hizo albergar esperanzas de que así culminaría.

Porque los procesos parlamentarios no solamente tienen que ser calificados en términos del desarrollo de sus trabajos iniciales, sino en la integralidad, me refiero a sus resultados.

Y en este sentido, reconociendo el trabajo que se hizo de recibir a todos los aspirantes, primero, se inscribieron 160, 2 no cumplieron los requisitos; se inscribieron comparecencias de 158, y sólo concurrieron 147.

Ese proceso no sólo permitió exponer a los participantes del proceso en su visión sobre el IFAI, sobre uno de los derechos más importantes de la construcción del sistema democrático, que es el acceso a la información pública gubernamental.

También ese proceso permitió exponer o expuso a los legisladores en su nivel de compromiso con el tema, en la información que poseían, lo enterado o no que estaban de los asuntos, y yo señalo que en la mayoría de los casos, los compañeros dieron una muestra de compromiso y conocimiento del tema.

Yo creo, sinceramente, que ese proceso que llevamos se truncó por distintos motivos. No podría dejar de reconocer que los conflictos en otras comisiones tensan el ambiente político; pero yo creo que ese proceso se interrumpió en sus principales características cuando salió del ámbito de las comisiones legislativas, porque entonces, los procesos de evaluación que llevábamos los grupos parlamentarios en el seno de las comisiones, que se apartaron o empezaron a apartarse del criterio de escoger a los mejor calificados, y entonces entraron otras valoraciones.

Debo reconocer que en la lista propuesta por el dictamen de las comisiones, hay seis personajes dentro de la lista de los 25, entregado por el comité de expertos, pero esa lista era en orden albafético.

Fuimos haciendo una evaluación los grupos parlamentarios, y quienes participamos directamente del proceso y estuvimos en todas y en cada una de las comparencias, y las que no pudimos ver directamente, incluso, fuimos y las repetimos en televisión e hicimos nuestra propia valoración.

Yo creo que se fueron invirtiendo los criterios. Dentro del mismo universo, los criterios se fueron invirtiendo.

Entre los mejores o mejor calificados, hacia a los que estuvieran más cercanos o con mayor afinidad a los grupos parlamentarios o a los partidos políticos, o a grupos dentro de los grupos parlamentarios.

Yo no puedo cuestionar ni la integridad, ni el conocimiento, ni la capacidad de ninguno de los siete.

¿Son personas capaces? ¡Sí!

¿Conocen del tema? ¡Sí!

¿Tienen algún vínculo o experiencia con el tema? ¡Sí!

Pero lo que yo sí creo que estábamos obligados a privilegiar en una altura de miras que merecía nuestra propia reforma constitucional en materia de acceso a la información, el IFAI, era el criterio de mayor independencia política; el criterio de mayor autonomía partidaria, porque teníamos el deber de cuidar a una de las instituciones más importantes de nuestra transición democrática y para la democracia, que es el IFAI.

Yo no tengo la menor duda, quizás tan importante como el Instituto Nacional Electoral, lo es el IFAI, porque se encarga de la procuración de un derecho fundamental para el ejercicio democrático, que es la información pública.

Sin información, los ciudadanos no pueden tomar decisiones correctas.

En un sistema democrático, la información es un elemento esencial.

Con todo respeto al trabajo que se hizo por los distintos miembros de estas comisiones, yo me separé y voté en contra del dictamen. No puedo acompañar la decisión, se los expliqué hoy en la mañana a mi grupo parlamentario.

Lo digo con toda sinceridad, mi voto en contra del dictamen obedece al criterio que predominó en la decisión final.

¿Quiénes estaban más cerca de partidos o de grupos parlamentarios?

Hoy al mediodía, en la reunión que tuvimos, Alejandro Encinas decía: “Que de un elemento inesperado, cambió el rumbo que tenía el proceso de designación”.

No es de un elemento inesperado, mi estimado Alejandro Encinas. El proceso empezó de cara al sol, a la luz del día, y terminó esta madrugada, a las 2 de la mañana, en un acuerdo en el que ya no participamos los presidentes de las comisiones.

Que un proceso empiece de cara a la sociedad y termine en un encerrón de coordinadores a las 2 de la mañana, es un pésimo mensaje.

Mi objeción, por supuesto, es de conciencia. Hubo cuatro personas que estuvieron votados por el comité de académicos y por los integrantes de los tres partidos políticos, se trata de profesionistas con todas las credenciales académicas y profesionales, que no tuvieron ninguna objeción por algún nexo partidista o de otros elementos, particularmente me refiero a las dos, que en esas listas fueron las mejor evaluadas: Cecilia Azuara y Rocío Bárcenas.

También estuvo considerado por los cuatro entes de calificación: Francisco Ciscomani y Oscar Guerra Ford. Sólo Oscar Guerra Ford se incorporó a la lista.

El proceso podrá ser, desde el punto de vista formal, correcto, legal, pero ha terminado en una injusticia.

¿Por qué salieron estas dos mujeres, con los mejores y mayores atributos? Porque nadie las apadrinó, porque nadie se hizo cargo de ellas, porque nadie las reconoció como cuota de partido.

Dichos aspirantes tenían méritos suficientes y probados para ser comisionados, además representaban la posibilidad de ayudar a comprender el funcionamiento del IFAI a los nuevos consejeros. Es decir, todos estos personajes representan el criterio de institucionalidad, capacidad, independencia y conocimiento de la materia.

Pero los criterios finales los excluyeron. Los mejor evaluados fueron excluidos, y esto no me parece válido para una decisión que pretendía fomentar la meritocracia y no el amiguismo, y menos la relación de partido.

Esta forma de hacer política no es la conveniente en el país.

Mezclar circunstancias, incluso, revolver temas entre órganos reguladores, no es correcto. Y no resolver conforme a sus méritos y necesidades, es mezclar el agua sucia con la limpia.

Estoy consciente de que el diseño fue el mejor; la motivación final es la que no considero adecuada.

Dicho esto, también expreso mi reconocimiento por su cortesía, amabilidad, trabajo, a los Senadores Alejandro Encinas y Pablo Escudero; y por supuesto, a los compañeros que han acompañado este dictamen y esta posición.

Claro que felicito, por supuesto, a las dos Senadoras del Partido Acción Nacional, Pilar Ortega y Laura Rojas, que se han abstenido de votar este dictamen en las comisiones unidas.

Por su atención y comprensión, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Corral Jurado.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Arely Gómez González, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro del dictamen.

- La C. Senadora Arely Gómez González: “La transparencia y la rendición de cuentas no son una concesión de los servidores públicos, sino una obligación ante una ciudadanía que exige y tiene el derecho a ser informada”.

Con su venia, señor Presidente. Amigas y amigos Senadores:

Hace apenas poco menos de tres meses, el Estado mexicano cuenta en el texto constitucional con el modelo de defensa y garantía del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales más ambicioso a nivel internacional.

El sistema nacional que se crea a partir de la reforma constitucional, representa un cambio sin precedentes en la protección de un derecho humano por el Estado mexicano en su conjunto.

En el fondo de estos cambios, está en el entendimiento de que la información pública es el insumo más importante para generar ciudadanía proactiva y, en esa medida, una mejor sociedad.

El camino a favor de la transparencia, cumplió su primer gran paso con la reforma constitucional. El día de hoy daremos el segundo paso, la conformación del pleno del organismo garante del derecho de acceso a la información y protección de datos personales.

Para que sea adecuadamente instrumentada la reforma, se requiere de un organismo autónomo fuerte, que cuente con perfiles, con una visión institucional, experiencia en la materia y capacidad probada para enfrentar los grandes retos que hay por delante.

Es por eso, que en el acuerdo que aprobamos las comisiones dictaminadoras, señalamos con claridad los criterios que se ponderarían para la selección de los mejores perfiles para integrar el pleno del organismo garante.

Estos criterios que analizamos a detalle fueron: los méritos académicos, la experiencia profesional, conocimiento de los temas sustantivos, la participación en las comparecencias y equidad de género.

Durante ocho días recibimos y escuchamos las propuestas de 147 aspirantes. Las comparecencias fueron públicas, accesibles, transmitidas en tiempo real por espacios electrónicos, como el Canal del Congreso, redes sociales y vía streaming.

El compromiso es ser un parlamento abierto y por ello era indispensable que en absoluta congruencia fuéramos transparentes en el proceso de seguimiento de designación de las mexicanas y mexicanos que tendrán la importante tarea de promover que el Estado mexicano sea un gobierno abierto a la sociedad.

Es necesario que las ciudadanas y ciudadanos que sean designados, cuenten con legitimidad, no solo por la elección que haremos las 128 Senadoras y Senadores, sino también por resultar de un procedimiento limpio, en el que quedó más que probado, que cuentan con el perfil idóneo para desempeñar las importantes funciones que tendrán encomendadas.

En estos casi dos meses de trabajo, el común denominador ha sido el compromiso para hacer de este organismo uno de carácter propositivo, objetivo e independiente. Con una agenda institucional de vanguardia que impulse la política de un gobierno abierto, que rinde cuentas y promueve la participación ciudadana.

Para ello, se debe decir, contamos, de nueva cuenta, con el apoyo de la sociedad civil organizada, representada en un comité de seguimiento, conformado por académicos, expertos y representantes de organizaciones civiles.

Este comité nos acompañó con insumos sumamente valiosos en la evaluación de los perfiles de los aspirantes que se registraron. Su actuación fue en todo momento imparcial, objetiva e institucional.

Mi agradecimiento a Sergio López Ayllón, Mauricio Merino, Jacqueline Peschard, Haydeé Pérez, Issa Luna, Pedro Salazar, Eduardo Guerrero, Eduardo Bohórquez, Alejandro González y Agustín Millán.

Este ha sido un ejercicio deliberativo inédito en el Senado de la República, que sienta las bases para la selección de futuros comisionados y es muestra de lo que el trabajo conjunto, entre sociedad y representantes populares, puede hacer en favor de las mejores causas del país.

La decisión fue complicada. Y es justo decir, que la gran mayoría de los aspirantes contaban con trayectoria, conocimientos y capacidades más que descatables, que pudieran aportar en la consolidación de un Estado abierto a la sociedad.

A todos ellos y a todos los que de una u otra forma participaron en este procedimiento, les doy mi más sincera felicitación y reconocimiento.

No cabe duda de que estamos transformando a México de raíz.

Con el listado que presentamos el día de hoy, retomamos una serie de análisis, evaluaciones y recomendaciones que pusieron en el centro del debate, la integración de un pleno capaz de afrontar los profundos cambios institucionales que encabezará el organismo garante como cúspide del sistema nacional de transparencia.

Las tres mujeres y los cuatro hombres, que votaremos hoy, garantizan contar con un pleno de alto rendimiento, en el que se logra el equilibrio.

Tenemos comisionados con perfiles académicos destacables; cuatro de ellos cuentan con doctorado, dos son doctorantes y uno cuenta con maestría. Estos hombres completan su experiencia y antecedentes profesionales.

Cuatro de ellos provienen de organismos locales de transparencia, que son el gran semillero de expertos con que cuenta el país; uno proviene del Poder Judicial de la Federación; una de las candidatas proviene de la academia; y el último, tiene amplia experiencia en la Administración Pública Federal.

La mayoría de los candidatos tienen estudios en derecho y ciencias jurídicas, así como dos perfiles con la carrera de economía y uno con estudios en comercio internacional.

Por último, se respetó el compromiso y el mandato constitucional, que señala que en la conformación del organismo garante, se procurará la equidad de género.

El pleno contará con tres mujeres y cuatro hombres.

No cabe duda que estamos ante candidaturas de peso, que han sido avaladas por las evaluaciones realizadas por los propios Senadores y por el comité de seguimiento.

La decisión fue complicada, pero se logró el consenso en beneficio de la sociedad mexicana.

Felicito especialmente al Senador Pablo Escudero y a su equipo de colaboradores por la conducción de este proceso.

Así como a los Senadores Alejandro Encinas y Javier Corral, presidentes de las comisiones dictaminadoras.

Y a todo el equipo de Senadoras y Senadores que estuvieron presentes en todo este proceso, su compromiso con la transparencia y con este procedimiento es más que destacable.

Estamos transformando a México. Los invito a que sigamos trabajando en el ámbito de nuestras responsabilidades y campos de acción en la promoción y defensa del derecho humano a la información.

Siempre tengamos presente, que la transparencia y la rendición de cuentas nos beneficia a todos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Arely Gómez.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

- La C. Senadora Marcela Torres Peimbert: Con su permiso, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Estamos por concluir una etapa muy importante en este proceso que inició hace algunos meses con la aprobación de la reforma constitucional en materia de derecho a la información y la protección de datos personales, por la cual las diferentes fuerzas políticas, aquí representadas, acordamos darle un nuevo impulso a la transparencia y a la rendición de cuentas, dotando de autonomía constitucional al organismo garante y eliminando los espacios de opacidad que aún prevalecen, como son: los fideicomisos, los partidos políticos, sindicatos y, sobre todo, entidades federativas que, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, ya son sujetos obligados.

El escritor Morris West alguna vez dijo: “Todas las instituciones son propensas a la corrupción y los vicios de sus miembros”.

Esta frase señala claramente el gran reto al que nos enfrentamos los miembros, tanto de las comisiones dictaminadoras, como del Pleno del Senado, al procesar y elegir a los nuevos integrantes que ocuparán un lugar dentro del nuevo órgano garante.

Bien sabemos que estas personas definirán el rumbo del país en materia de transparencia, y que de ellos y ellas dependerá concretar todo lo ganado con la reforma constitucional. No quiero dejar de decir que éste es un gran compromiso el que adquieren ellos con la nación, los que resulten elegidos.

A lo largo de estas semanas, quienes integramos las comisiones dictaminadoras, hicimos un gran esfuerzo para que el organismo constitucional autónomo, que habrá de sustituir al IFAI, se integre por personas que cuenten con un perfil sólido a partir de su trayectoria profesional, sus conocimientos y su experiencia en la materia.

Para ello se creó el Comité de Acompañamiento al Senado de la República, comité conformado por académicos de reconocida trayectoria y gran experiencia en esto de la transparencia y los datos personales. Este comité estableció libremente y por unanimidad sus propias reglas internas de funcionamiento y los lineamientos de ética que observaría durante la selección de los candidatos.

Para la etapa de comparecencias, se acordó que tres miembros del comité asistieran a todas y cada una de las sesiones, y valoraran el desempeño de las y los aspirantes. Además de la asistencia a las comparecencias, el comité realizó una valoración documental donde todos los expedientes fueron revisados de manera exhaustiva, por al menos dos integrantes del comité.

Para calificar a cada candidato, este grupo de expertos tomó el número total de puntos que cada aspirante obtuvo tanto en la evaluación de la comparecencia, como en la valoración del expediente.

Finalmente, el comité hizo entrega de una lista en orden alfabético y sin prelación alguna de las 25 personas que considera cubren los requisitos, trayectoria, habilidades y competencias para integrar el organismo garante de la transparencia, el acceso a la información y los datos personales.

Esta lista constituye un insumo indispensable para el Senado, en cuya responsabilidad constitucional la tenemos de designar a los comisionados.

Seis de las siete personas, seis de las personas hoy propuestas en el dictamen están dentro de la lista de 25. Con ello, hemos demostrado que el Senado de la República se encuentra en un momento muy importante, en una transición de un foro cerrado de deliberación, a un parlamento transparente, donde las comparecencias se realizaron con total publicidad, y además se incluye a la ciudadanía en la toma de decisiones.

Me siento obligada a señalar que uno de los siete candidatos, sin demeritar su currículum y trayectoria profesional, no se encuentra en la lista enviada por el comité, y que el criterio que atendió la selección de este aspirante fue la de la filiación partidaria. A pesar del esfuerzo de los presidentes de las tres comisiones, los Senadores Pablo Escudero, Javier Corral y Jesús Encinas Rodríguez, para mantener el mérito académico y profesional por encima de las afinidades políticas, debo lamentar que quien indiscutiblemente recibió una de las mejores calificaciones de entre todos los aspirantes, tanto por expertos, como por las Senadoras y Senadores que participamos en este ejercicio, no está incluida en el proyecto de dictamen, y me refiero a la maestra Cecilia Azuara.

Parece que en ocasiones las cercanías y los apoyos siguen pesando más que los méritos.

Otro de los temas de primordial interés y por el cual personalmente he pugnado, junto con todas mis compañeras del Senado, más allá de partidos o intereses personales, es que habrá un órgano garante paritario, donde la visión de hombres y mujeres equilibrarán las decisiones de este órgano.

A pesar de este logro, tres mujeres en este órgano, 43 por ciento del mismo, sabemos que el camino que tenemos que recorrer en la vida institucional del país es largo y difícil. En particular porque las resistencias por parte del género masculino se dejan ver constantemente a través de diversos medios, sean jurídicos, institucionales o legislativos.

Sé que tenemos ante nosotros la oportunidad de integrar nuevas visiones en esta transición, a sumar en lugar de restar, a fortalecer y no a debilitar, eso justamente significará elegir a los mejores perfiles por encima de cualquier otro interés. Dicen que lo mejor es enemigo de lo bueno, por ello debemos seguir perseverando para encontrar cada vez mejores métodos de selección; pero ello no obsta para reconocer que las propuestas que en unos momentos habremos de votar, son propuestas muy buenas, cumplen con los requisitos para desempeñar el cargo, y lograron generar los consensos requeridos por encontrar más virtudes que defectos, y muchas más luces que sombras, tanto en el proceso, como en el resultado, el voto del grupo parlamentario del PAN, acordado hoy en sesión previa, será a favor del dictamen, igual que el mío.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Torres Peimbert.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros:

Creo que vivimos en un país donde lo ordinario lo convertimos en extraordinario y viceversa. Un proceso tan simple de seleccionar un equipo, un cuerpo colegiado para que se encargue de conducir un órgano de la transparencia, se ha dicho aquí que fue un procedimiento inédito y que genera una perspectiva de un trabajo transparente, y eso debe de ser lo ordinario en este país, compañeros.

Lo extraordinario a lo que nos acostumbramos es a la corrupción cotidiana que cada día vamos conociendo y a las formas tramposas de decidir muchas cosas en este país.

Por eso, cuando ahora se dice que se respeta un trabajo, o se reconoce un trabajo, no se respeta el trabajo, compañeros, el trabajo si se reconociera se respetara, porque lo que reconocemos lo respetamos.

Yo he invertido, en nombre de mi grupo parlamentario, tiempo en este análisis, en esta definición que se ha hecho; y es un tiempo que hemos dedicado para hacer con responsabilidad un trabajo que se traduzca en una herramienta que le dé a la sociedad un órgano garante y confiable para garantizar el acceso a la información, a la transparencia y a la protección de los datos personales.

La sociedad ha venido demandando y luchando que podamos acceder a un Estado democrático; y el Estado democrático pleno lo podemos alcanzar en la medida en que conozcamos el alcance de las acciones que realizan nuestros gobernantes, nuestros Poderes Judicial y Legislativo.

Hoy hay nuevas personas morales anexadas a esta obligación de transparentar sus gastos y el manejo del dinero público, como son los partidos políticos y los sindicatos.

Y veníamos de un antecedente de un órgano colegiado que no supo trabajar de manera colegiada. Por eso este dictamen que hoy se presenta, esta evaluación que hemos hecho, ha invertido responsabilidad.

Yo quiero decirles que, a veces, cuando se cuestiona, yo creía que aquí estábamos volviendo a reeditar el debate que ayer se vivió en el PAN y empezar a sacar trapos sucios a ver quién tiene más cercanía con el gobierno para ver quién negocia.

En el PRD, compañeros, hemos sido respetuosos e institucionales para poder lograr por consenso y con acuerdo del grupo parlamentario el análisis de los perfiles que fueron revisados.

Aquí no hay ganancia partidista, aquí no hay ganancia de grupos o de intereses o de amigos, aquí hay una ganancia social y una ganancia institucional, porque queremos fortalecer a la Cámara de Senadores en la pulcritud de su proceso de selección de los integrantes de este órgano garante.

Sacrificamos amistad, compañeros, por perfil; y eso es lo que importa en este dictamen.

Aquí ha hablado ya mucho el Senador Pablo Escudero del tiempo invertido, en número de personas examinadas y todo lo que se tuvo que hacer, lo hizo la Senadora Arely Gómez, la compañera Senadora Marcela Torres, y todo eso es cierto, no voy a abonar en función de esto.

Aquí tenemos un dictamen que nunca va a dejar satisfecho a nadie, porque la evaluación, como yo he comentado, desde mi punto de vista de mi formación docente, siempre es subjetiva; y hoy tenemos individuos en los que buscamos que garanticen congruencia en el método de selección y congruencia para el desempeño del cargo al que los estamos proponiendo.

Que tengan un principio de vocación de servicio y que, además, mantengan independencia.

Cuestionamos los perfiles de los ciudadanos que acudieron a la entrevista y que tenían fuertes nexos políticos o señalamientos muy claros de conductas impropias que los pudieran inhabilitar moralmente para este cargo.

Por eso, compañeras y compañeros, no pisoteemos un trabajo que decimos reconocer, sino dignifiquemos este trabajando lo que hemos hecho en este Senado. Por eso los llamo a votar a favor de este dictamen.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Tiene el uso de la tribuna el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente.

Quiero, en principio, felicitar a los integrantes de estas comisiones por un trabajo que a todas luces se antojaba concluyera impecable, un trabajo que lleva lo que necesita este país: la participación ciudadana. Desde el día de su convocatoria surge el interés ciudadano en un tema tan importante como es el de la transparencia, el de la rendición de cuentas; y me parece que el trabajo que realizaron sus miembros es incuestionable desde la convocatoria, la comparecencia, el tiempo, el tino de haber formulado este comité de especialistas para no cometer hierros a la hora de la decisión.

Sin embargo, viene la preocupación ante las confesiones que hiciera el Senador Javier Corral, ante algunos elementos que ya ventiló también la Senadora del PAN que me antecedió y que no es otra cosa sino lo que se ha dejado en duda, si en efecto sigue prevaleciendo la cuota partidaria sobre el interés del ciudadano y sobre un derecho elemental, este, el de la participación ciudadana en estos procesos.

Y nuestro grupo, hasta antes de esta intervención, estuvimos deliberando, porque me parece que también quienes habrán de ser seleccionados el día de hoy reúnen en efecto con el perfil, con la preparación, con la convicción de llevar a cabo la función que habrá de encomendárseles y que sin duda, eso también nos da tranquilidad, puedan hacerlo con una gran honestidad, puedan hacerlo alejado de cualquier tentación, de caer en intereses de grupos o intereses partidarios. No vale la pena.

Me parece que a este país le ha hecho mucho daño ese tipo de acciones y ese tipo de actitudes.

Por eso en el grupo seguramente habrá el voto en distinto sentido, porque hasta este momento sigo deliberando y sigo pensando, porque me parece injusto, también, que quienes con un gran esfuerzo, dedicación y con toda una trayectoria de vida de buscar que en este país haya la transparencia, la rendición de cuentas y que haga una nueva función pública, vaya a padecer los trucos o tratos de este Senado de la República.

Me da tranquilidad el hecho de que de los 25 que nombró este comité de especialistas, seis hayan quedado. Inclusive yo no descalificaría al otro tampoco, al séptimo, yo creo que tendrá las cualidades, la capacidad y el talento suficiente para servir.

Y desde este momento a nombre del grupo parlamentario y a nombre de muchos mexicanos, quiero pedirles, con mucha humildad a quienes sean electos, que no vayan a traicionar a la patria, que no vayan a traicionar su convicción y que no renuncien a esa calidad con la que vinieron a ofrecer su conocimiento, su talento y su convicción al servicio de México. Que no vayan a ceder a ningún tipo de presión ni de chantaje, porque me parece que al país le hace falta y es necesaria la rendición de cuentas.

En un régimen que se considera como democrático los ciudadanos gozan del derecho de llamar a rendir cuentas a todos sus representantes y que el principio de máxima publicidad consagrado en la Constitución Política, le será respetado.

La ciudadanía demanda una participación sistemática, trascendente y permanente.

Sin embargo, debemos reconocer que actualmente, en todos los ámbitos gubernamentales, el tema de la opacidad sigue afectando su buen funcionamiento.

El proceso de selección de comisionados para integrar al nuevo órgano autónomo constitucional en materia de transparencia, al final me parece que dejó esa pequeña duda que yo espero en el transcurso de la función se pueda enmendar.

Si bien se celebraron comparecencias públicas para la designación de los mismos, la forma de selección se realizó como ya se evidenció, con algunas dudas y con alguna falta de transparencia, me parece que no debimos o no se debió dejar ninguna duda en un tema tan trascendental como es la nominación de los consejeros de este organismo autónomo; no debimos permitirlo, porque hoy, en los diferentes medios de comunicación, quienes están escuchando y atendiendo este debate, seguramente les quedará un mal sabor en esta decisión, y seguramente les quedará la duda de si habrán de llevar con esa pulcritud y con esa definición las tareas que les habremos o que este país, y este Senado, con estas reformas que ha estado llevando, les va a facultar.

Yo espero, que lo que hoy estamos por decidir sea en bien de México, sea en bien de nuestra República. Y también estoy convencido, por el trabajo que hicieron nuestros compañeros Senadores, que fue un buen trabajo.

Lástima que en el último momento, y a confesión también de nuestro compañero Senador Javier Corral y otras que se han ventilado públicamente, nos haga duda de la conclusión de este trabajo en la selección de estos comisionados.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Monreal Avila.

Agotada la lista de oradores, procedemos a la designación de los correspondientes comisionados como lo dispone el resolutivo noveno del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que estableció el procedimiento para el nombramiento de los Comisionados del Organismo Garante de Transparencia y Derecho a la Información y que aprobamos el 25 de febrero pasado.

Esta designación la cumpliremos bajo el formato de una votación por cédulas.

En consecuencia, y a fin de cumplir con lo dispuesto en los párrafos octavo y noveno de la fracción VIII del Apartado A del artículo 6o. constitucional, procederemos al nombramiento de Comisionados del Organismo Garante de Transparencia y Derecho a la Información.

Se les entregará un sobre rotulado con su nombre y una cédula para que manifiesten su voto, misma que deberán depositar en la urna que se encuentra al pie de este presídium.

Terminada la votación se hará el escrutinio correspondiente y se dará a conocer el resultado.

Se instruye al personal proceda a distribuir las cédulas de votación.

En consecuencia, proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los señores Senadores a fin de que vengan a depositar sus cédulas en la urna.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Me permito solicitar a las señoras y señores Senadores pasar a depositar su voto en cuanto escuchen su nombre.

(Los CC. Senadores por orden alfabético, depositan su voto en el ánfora)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Adelante, pido a la Secretaria que haga el escrutinio de los votos emitidos por las señoras y señores Senadores.

(Se realiza el escrutinio)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, se va a dar cuenta con el resultado de la votación.

Se emitieron 110 votos en total, de los cuales: Francisco Javier Acuña Llamas, para el periodo del ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2023, recibió 106 votos a favor.

Rosendoevgueni Monterrey Chepov, para el periodo del ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2022, tuvo 101 votos a favor.

Oscar Mauricio Guerra Ford, para el periodo del ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2022, recibió 110 votos a favor.

María Patricia Kurezyn Villalobos, para el ejercicio del periodo que concluirá el 31 de marzo de 2020, recibió 107 votos a favor.

Joel Salas Suárez, para el periodo del ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2020, recibió 108 votos a favor.

Ximena Puente de la Mora, para el periodo del ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2018, recibió 108 votos a favor.

Areli Cano Guadiana, para el periodo del ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2018, recibió 108 votos a favor.

Celia del Carmen Azuara Arai, Recibió 1 voto a favor.

Además se recibieron dos cédulas en contra de todos.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. Senadoras y Senadores, un momento de su atención.

En consecuencia, y por el resultado de la votación, por todos haber recibido más de 100 votos, cuando las dos terceras partes de los 110 votos emitidos eran 74, se designa a los siguientes ciudadanos como Comisionados del Organismo Garante de Transparencia y Derecho a la Información:

Francisco Javier Acuña Llamas, para el periodo del ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2023.

Rosendoevgueni Monterrey Chepov, para el periodo del ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2022.

Oscar Mauricio Guerra Ford, para el periodo del ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2022.

María Patricia Kurczyn Villalobos, para el periodo del ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2020.

Joel Salas Suárez, para el periodo del ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2020.

Ximena Puente de la Mora, para el periodo del ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2018.

Areli Cano Guadiana, para el periodo del ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2018.

Comuníquese el resultado al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de lo dispuesto en los párrafos octavo y noveno de la fracción VIII del Apartado A del artículo 6o. constitucional.

En nombre del Senado de la República, a los ciudadanos antes mencionados, los felicitamos. Sabemos que el proceso constitucional y legal todavía tiene elementos en el Poder Ejecutivo, pero para efectos del Senado, ¡los felicitamos y les deseamos el mayor de sus éxitos!

(Aplausos)

Senadores, tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Energía, con punto de Acuerdo por el que se designa al ciudadano Juan Carlos Zepeda Molina, como Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Les informo que la Comisión de Energía dejó el dictamen a los términos de la reforma constitucional publicada el 20 de diciembre de 2013. En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






NOMBRAMIENTO COMO COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE ENERGIA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 24 de abril de 2014, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y el Décimo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, presentó ante este Senado de la República oficio número SELAP/300/763/14, mediante el cual somete a consideración de dicho órgano legislativo la terna para la designación del Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por un periodo de cinco años, mismo me comienza a correr a partir del día de conclusión del actual Presidente, integrada por los siguientes ciudadanos:

* C. Oscar Jaime Roldán Flores

* C. Guillermo Ignacio García Alcocer, y

* C. Juan Carlos Zepeda Molina

Los integrantes de la Comisión de Energía que suscriben, y con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 117, 174, 177, 182, 183, 184, 190, 229, 230, fracción III, 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 255, párrafo 2, 256 y 277 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis del asunto antes señalado, y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus miembros, reunidos en pleno, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGIA

Los Ciudadanos Legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la terna, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE TERNA

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

I. ANTECEDENTES

Con fecha 24 de abril de 2014, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, con fundamento en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica del Administración Pública Federal; y Décimo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Energía, presentó ante este Senado de la República el oficio número SELAP/300/763/14, mediante el cual somete a la consideración de dicho Órgano Legislativo la Terna para la designación del Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos por un periodo de cinco años, misma que se conforma por los ciudadanos Óscar Jaime Roldán Flores, Guillermo Ignacio García Alcocer, y Juan Carlos Zepeda Molina.

Con la misma fecha el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores instruyó turnar a esta Comisión de Energía la terna en comento para su estudio y dictamen.

Con fecha 28 de abril del mismo año, comparecieron ante esta Comisión que dictamina a los ciudadanos Oscar Jaime Roldan Flores, Guillermo Ignacio García Alcocer, y Juan Carlos Zepeda Molina, tal y como lo señala el artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Energía.

Además de lo anterior, los Senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada propuesta, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE TERNA

Refiere el Titular del Ejecutivo Federal que la Reforma Energética busca fortalecer a los órganos reguladores, por lo que en el régimen transitorio del Decreto de reformas constitucionales en materia de energía que aprobó el Congreso de la Unión el pasado mes de diciembre, se mandató que posterior a dichas reformas, el Congreso de la Unión debía realizar adecuaciones necesarias al marco jurídico para convertir a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía en órganos reguladores coordinados en materia energética, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, así como autosuficiencia presupuestaria.

Dicho lo anterior, señala la propuesta de mérito, que la Comisión Nacional de Hidrocarburos actualmente tiene como objeto regular y supervisar la exploración y extracción de carburos de hidrógeno, que se encuentren en mantos o yacimientos, cualquiera que fuere su estado físico, incluyendo los estados intermedios, y que compongan el aceite mineral crudo, lo acompañen o se deriven de él, así como las actividades de proceso, transporte y almacenamiento que se relacionen directamente con los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos.

Asegura el proponente, que derivado de la reforma en materia de energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos tendrá también entre otras atribuciones la prestación de asesoría técnica a la Secretaría de Energía, la recopilación de información geológica y operativa, la autorización de servicios de reconocimiento y exploración superficial, la realización de licitaciones, asignación de ganadores y suscripción de los contratos para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, la administración en materia técnica de asignaciones y contratos, y la supervisión de los planes de extracción que maximicen la productividad del campo en el tiempo.

Es por ello que resalta el Titular del Ejecutivo Federal que es clara la importancia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el contexto de la citada reforma energética, tanto en actividades que ya se están llevando a cabo, como en las que le corresponderán a partir de las adecuaciones que se realicen a la legislación secundaria, a fin de hacer efectivas las disposiciones previstas en el Decreto señalado.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

PRIMERA. La Comisión que dictamina considera que el papel de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el contexto de la reforma energética es trascendental, ya que no solo es un órgano que regula y supervisa la exploración y extracción de carburos de hidrógeno, sino que como consecuencia de las reformas constitucionales hechas el pasado mes de diciembre, dicha Comisión tendrá bajo su responsabilidad el otorgamiento de concesiones tanto para PEMEX como para los demás operadores que tengan el interés de explorar y explotar petróleo y los hidrocarburos en territorio nacional.

En efecto, el otorgamiento general de concesiones serán asignadas a través de procesos de licitación internacional abiertos a empresas públicas o privadas, así como a asociaciones público privadas, ya sean nacionales o extranjeras, y vigiladas en todo momento por la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Dicho lo anterior esta Comisión de Energía destaca la importancia que tiene el citado órgano regulador, ya que como es de conocimiento público, mediante el mencionado Decreto será la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como órgano encargado de regular la exploración y extracción de hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas, cualquiera que fuere su estado físico.

Es importante destacar que actualmente, y dentro del plazo previsto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto en cuestión, Petróleos Mexicanos sometió a consideración de la Secretaría de Energía la adjudicación de las áreas en exploración y los campos en producción que está en capacidad de operar, a través de asignaciones.

El proceso referido en el párrafo anterior, que constituye la denominada Ronda Cero, permitirá a Petróleos Mexicanos contar con los recursos petroleros para asegurar un nivel de inversión en exploración, desarrollo y extracción sostenible, además de estar en posibilidad de acceder a nuevas áreas como resultado de las rondas de licitación que posteriormente se emitan.

Adicionalmente, la Ronda Cero definirá los recursos petroleros con los que contará el Estado para multiplicar la inversión en exploración y extracción de hidrocarburos en el país a través de rondas de licitación abiertas a la participación de la industria petrolera, con el fin de incrementar la seguridad energética de México.

De ahí la importancia de la designación de los Comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el alcance de la ronda cero la debe determinar la Comisión Nacional de Hidrocarburos conforme a la política pública establecida por la Secretaría de Energía. Así, los nuevos operadores, a través del procedimiento de asignaciones que prevea la ley, realizarán los trabajos de exploración o explotación en aquellos lugares en los que PEMEX actualmente no lleva a cabo dichas actividades, lo que garantizará que haya no sólo competencia sino mayor eficiencia en la extracción de los recursos naturales del país.

SEGUNDA. La Comisión que dictamina, derivado del análisis del curriculum, así como de las comparecencias de fecha 28 de abril del presente año considera que los integrantes de la terna propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal, se distinguen en el ámbito profesional del sector, así como en el ámbito académico y cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para ejercer el cargo de Comisionado Presidente.

TERCERO. No obstante lo descrito en el considerando que antecede, la conducción y solidez de este órgano regulador resulta vital para la industria energética del país, por lo que el papel del Presidente de dicha comisión resulta clave para la toma de decisiones para hacerle frente a los retos que presenta el desarrollo energético y toda vez que está próximo a concluir el periodo del actual Comisionado Presidente, los integrantes de la Comisión de Energía, estimamos que no es conveniente que un órgano tan importante como lo es la Comisión Nacional de Hidrocarburos no cuente con su titular.

Por lo anterior, y después de realizar un estudio pormenorizado de los candidatos propuestos mediante la terna remitida a éste Órgano Legislativo por parte del Titular del Poder Ejecutivo, es que esta Comisión de Energía arriba a la conclusión que la persona que cuenta con el mejor perfil, experiencia y conocimiento de los retos presentes y futuros que la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene por delante, para ocupar el cargo de Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es el Ciudadano Juan Carlos Zepeda Molina.

Su ratificación daría la continuidad necesaria a los trabajos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y enriquecería las facultades que le han sido encomendadas mediante la reforma constitucional a que se ha hecho referencia.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Energía somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República ratifica el nombramiento para ocupar el cargo de Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en favor del C. JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA, por un periodo de cinco años a partir de la terminación de su actual nombramiento.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores a 29 de abril de 2014.

ComisiOn de EnergIa”.

Es todo, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Está a discusión el dictamen. Para ello, se le concede el uso de la palabra al Senador David Penchyna Grub, a nombre de la comisión, para presentar el dictamen.

- El C. Senador David Penchyna Grub: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, amigas y amigos Senadores:

El pasado 24 de abril el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, hizo llegar, en base a las facultades del Poder Ejecutivo Federal, una terna de candidatos a Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, órgano regulador del Estado mexicano para, precisamente, regular la actividad de los hidrocarburos en México.

El titular del Ejecutivo Federal sometió a esta Soberanía, a este órgano legislativo, una terna integrada por los señores ciudadanos: Oscar Jaime Roldán Flores, Guillermo Ignacio García Alcocer y Juan Carlos Zepeda Molina.

Ante el turno de la Mesa Directiva de este Senado de la República y publicado en la Gaceta el viernes pasado, fue turnada a la Comisión de Energía dicha propuesta del Ejecutivo Federal para proceder a su análisis, discusión y, en su caso, la aprobación de alguno de los integrantes de esta terna.

La Comisión de Energía, junto con la Mesa Directiva, elaboró una convocatoria para poder citar a la Comisión de Energía para el día lunes, a las nueve de la mañana, cumpliendo con todos los requisitos que dicha convocatoria, en nuestra Ley Orgánica y en nuestros reglamentos, se debe de contener.

El día lunes 28 de abril del presente año, 14 de 15 miembros de la Comisión de Energía nos dimos cita en este edificio del Senado de la República para proceder al análisis, en orden alfabético, de los propuestos por el señor Presidente de la República.

Debo de destacar y reconocer que los 3 candidatos, en el turno que ocuparon en estricto orden alfabético, fueron respetuosos hacia los integrantes de esta comisión, tuvieron el mismo espacio de tiempo para exponer, no sólo sus objetivos en caso de ser electos por este cuerpo colegiado, sino el poder exponer su trayectoria profesional, para poder así aspirar a obtener la confianza de esta Soberanía.

Debo agradecer y reconocer en estos 3 ciudadanos mexicanos la mejor de las disposiciones, porque una vez que fueron notificados se presentaron puntualmente y se condujeron de manera respetuosa y profesional, y creo que de eso fuimos testigos los 14 de los 15 integrantes que asistimos a dicha comisión.

Una vez examinados por separados cada uno de ellos, nosotros nos dimos un receso en dicha comisión para que cada quien normara un criterio de opinión sobre quién, dentro de los 3 perfiles presentados, en donde a juicio de muchos de nosotros cubrían los requisitos plenamente para ser electos, creímos que eran los mejores, el mejor perfil para poder ocupar tan trascendente cargo.

El día de ayer, la Presidencia de la Comisión de Energía, que tengo el honor de presidir, presentó un anteproyecto de dictamen con el cual nos dimos a la tarea de hacer la discusión los integrantes de dicha comisión.

Ese predictamen contendría la propuesta de que para dicho cargo, en los próximos 5 años, fuera considerado para ser electo el maestro Juan Carlos Zepeda Molina, quien cuenta con una larga trayectoria en el sector financiero, en el sector hacendario, en el sector energético, tanto de Petróleos Mexicanos como de la propia Secretaría de Energía, y quien ha ocupado durante los últimos 5 años la Presidencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde fue electo hace 5 años justamente, aproximadamente en el mes de mayo.

Ese proyecto de dictamen que discutimos los 14 miembros, mereció una votación aprobatoria de 10 votos a favor y 4 en contra.

Y es por ello que hoy vengo, reconociendo la participación de todos y cada uno de las y los integrantes de esta comisión, de haber elaborado este dictamen que hoy se somete a la consideración de este Pleno.

Es un cargo de la mayor trascendencia en el contexto de la transformación del sector energético nacional.

Si revisamos lo que aprobamos por una mayoría calificada en este Senado en diciembre pasado, más allá de la legislación vigente en materia secundaria con la que hoy contamos en materia energética, debemos de recordar el Artículo Sexto Transitorio de la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos está llamada a ser un órgano regulador con más facultades y con más retos hacia el futuro, de un sector abierto a la competencia donde pasa de un solo participante en materia de hidrocarburos, que es Petróleos Mexicanos, a la posibilidad de la participación del sector privado.

Hoy, el señor Presidente de la República, ha hecho llegar a esta Soberanía 9 paquetes de iniciativas en materia energética que contienen 28 leyes; 21 ya vigentes con sus debidas llamadas a ser transformadas y 7 nuevas legislaciones de lo que en este Senado y en la Cámara de Diputados, en su momento, aprobamos como parte de la Reforma Energética.

Es por eso que la trascendencia, a juicio de la mayoría de esta comisión, es darle continuidad a lo que ha invertido el Estado mexicano en un órgano regulador, donde hasta hoy su titular ha tenido un comportamiento recto y honesto; donde se ha preocupado con un personal pequeño en poder tener un actuar transparente, responsable y profesional.

México requiere de sus mejores hombres y sus mejores mujeres para esta transformación del sector energético; y lo que hemos considerado es que hay que aprovechar el capital humano vigente que se ha preparado y que ha tenido un desempeño que hasta hoy ha sido intachable.

Es por eso que el dictamen viene a favor del maestro Juan Carlos Zepeda Molina.

Respeto, al interior de la comisión que tengo el honor de presidir, todas las opiniones de aquellos que votaron a favor y que votaron en contra, les agradezco la participación de dicho proceso, y reiteramos desde el Senado nuestro reconocimiento al profesionalismo y a la brillante participación que tuvieron: don Oscar Jaime Roldán Flores y don Guillermo Ignacio García Alcocer, quienes en esta ocasión no han sido designados por privilegiar y designar al maestro Juan Carlos Zepeda.

Está a consideración de esta Soberanía dicho dictamen.

Está a consideración de esta Soberanía el poder seguir ejerciendo con responsabilidad nuestros actos legislativos para contar con un sector energético que signifique mayor competitividad, mayor productividad, mayor inversión y mayor empleo, con un Estado rector fuerte, donde le demos al Estado mexicano los instrumentos normativos, seguramente en los próximos meses con la legislación secundaria del modelo constitucional que se ha aprobado y que ha merecido más de la mayoría calificada de este Pleno de Senadores.

Yo les agradezco mucho la atención al presente asunto, me parece de la mayor trascendencia, y como Presidente de la Comisión de Energía, agradezco a todos sus integrantes la conducción de la misma.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador David Penchyna Grub.

Una vez que el Presidente de la Comisión de Energía ha fijado su posicionamiento, daremos paso a las intervenciones de los diferentes grupos parlamentario.

En primer término, se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, para fijar su posicionamiento en torno a este asunto.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su permiso, señor Presidente.

Una pequeña introducción. Desde que se instaló este Congreso, se ha instaurado la patología de la violación y de la ilegalidad.

Lo sabemos. Recientemente hubo en el proyecto de telecomunicaciones, un intento de presentar un dictamen, que no era dictamen, pero que al final de cuentas, ha sido la práctica durante todo este periodo.

Uno de los ejemplos más destacados fue la Reforma Energética, que se aprobó violando todos los principios, desde la Constitución hasta los reglamentos. Que por cierto, está sometida a un análisis de constitucionalidad en el Poder Judicial de la Federación, y que esperamos que eche abajo este non plus ultra de la arbitrariedad y de la ilegalidad, la Reforma Energética.

Hoy se pretende una nueva ilegalidad. Y se trata, nada menos, que quien será, según la reforma y futuras leyes, el personaje más importante en el manejo de las licitaciones, de la supervisión y vigilancia de las empresas nacionales y extranjeras.

Por lo tanto, estamos viendo a toda velocidad la elección de una persona fundamental, y como siempre, vámonos rápido sin dar información.

El dictamen que se nos presentó y que votamos en contra establece que, analizado el tema de esta selección, en el contexto de la Reforma Energética y toda una serie de principios en relación con la reforma constitucional, que no fue cierto, eso no se analizó, se analizó otra cosa, pero no entramos al análisis de la reforma constitucional, porque no viene al caso.

Se dice también que se analizó profundamente los currículums de los tres participantes, lo cual tampoco es cierto.

Se presentaron unos pequeños resúmenes, se pidió más información y se entregó ya sobre la marcha algo que estaba, nos decían, en Wikipedia.

Es grotesco que en este proceso, con esos currículum mínimos, vayamos a votar a una persona que va a tener a su cargo, supuestamente, toda esa reforma, que yo espero que la Suprema Corte eche abajo, de las más importante tareas, ahí, en ese señor.

Se establece en el dictamen que del estudio pormenorizado, los tres candidatos presentados por el Presidente cumplían perfectamente el perfil; y la verdad es que ninguno lo cumple. Ninguno lo cumple porque establece una serie de principios que no están en la ley.

Y finalmente, se decide en este dictamen que el mejor perfil, es del que desempeña actualmente Presidencia de la Comisión de Hidrocarburos.

Ese señor, que presentan como que cubre los requisitos, no los cubre.

Por eso digo, van a presentar en este dictamen una reelección ilegal.

¿Y por qué hacer eso? Hoy llegan las leyes apresuradamente, fuera de tiempo; hay que sacar a este señor como Presidente, porque se está venciendo su cargo y lo vamos a reelegir. Y esto obedece, sin duda alguna, como el episodio pasado que acabamos de aprobar, es un arreglo entre el PAN y el PRI.

Aquí se dijo, por parte del coordinador del PAN, cuando se levantaron de la mesa de negociación de la Reforma Energética, que el PRI se estaba agandallando, estaba violando los principios del espíritu de la reforma y el espíritu de la reforma es, para los señores Senadores y Senadoras que han participado en esto, a quién le toca cada posición. Y en este caso, se le está reconociendo la posición al PAN. No obstante que es un señor que no cumple los requisitos; pero no importa, al fin tienen la mayoría.

El señor que señalan como el de mejor perfil, viola la Constitución.

La ley establece que el presidente de la comisión deberá poseer título de ingeniero o su equivalente. Lo discutimos horas en la comisión, pero son oídos sordos.

El señor no es ingeniero, ni tiene una formación equivalente en una de las materias más complicadas y difíciles en donde hay muchísimos petroleros que sí las tienen; pero esos no están presentados por la cúpula del partido, además Acción Nacional, que el PRI acepta

Es una posición importantísima.

¿Y qué te dicen? Es que el señor tiene una enorme experiencia de cinco años.

Para empezar no cumple el perfil, es ilegal. Y así lo establece su presidente en su planteamiento. Es él el que dice, que está actuando conforme al artículo 15 de la ley, que acabo de leer; pues no cumple el perfil, porque ni es ingeniero, ni tiene las capacidades para manejar toda esa importantísima función, que es fundamentalmente geológica, y no la tiene.

Bueno, ni tiene el título, viola la ley, ni tiene las capacidades; y los cinco años en que ha sido el presidente de este organismo, no ha hecho nada que valga la pena.

Así es que, estamos nuevamente en una simulación.

Vamos a escoger a una persona que les plantea que no tiene el perfil. Y están dispuestos, por este arreglo, entre el ahora le toca para que no se enoje el coordinador que reclamó que se estaban quedando con todos los puestos, se les entrega al PAN el derecho de nombrar, y nombran a una persona que corresponde a la cúpula, al panismo que estuvo antes, pero que no hizo nada de lo que tenía que haber hecho, en un desempeño, verdaderamente mediocre.

Es muy grave, es muy grave que se esté ya adelantando el procedimiento y la aplicación de esa reforma que aún no existe.

Que dicen que en la Constitución está mencionada la Comisión de Hidrocarburos o grandes funciones, nada más que esa no existe.

La que existe es la que está ahora; y tan es así que el presidente, en su recomendación, aplica la ley que está en vigor. Y esa ley que está en vigor y que el propio presidente, en su escrito, establece no llena el perfil el candidato; tampoco está en la ley, porque no existe, porque están retrasadas.

Ahorita nos llegó el paquete, hace un rato, ni siquiera cómo van a operar, y ya están en la ronda cero. Ya están repartiéndose posiciones que no están permitidas en la ley.

Y estamos ya, a toda velocidad, aplicando una Reforma Energética cuyas leyes secundarias no existen. Pero no importa, hay que apurarnos, dicen, al señor se le vence su presidencia, y el PAN está demandando que ese puesto les corresponde a ellos.

Y aunque viole la Constitución, aunque viole la ley, aunque no tenga la capacidad, aunque se requiera una enorme capacidad para dirigir eso que están pretendiendo hacer, de la Comisión de Hidrocarburos, no importa, esta le toca al PAN.

Y las otras le van a tocar al PRI. Y ahí vamos, ahí nos vamos. Adelante, a disfrutar del pastel, del festín, de la privatización y de la entrega al extranjero de los recursos energéticos.

No creo que debamos, de ninguna manera, empezar violando la ley. Yo les decía en la comisión: qué necesidad tienen de violar la ley si tienen la mayoría. Yo he dicho que la mayoría te echa por delante, tenemos la mayoría; pero una mayoría que no respeta la ley no es mayoría, es una banda de malhechores, porque para ser mayoría tienen que respetar la ley que les dé esa mayoría.

Y están violando la ley, ¿y por qué lo hacen? Así nos vamos a ir en todo este repartimiento de contratos, de licitaciones, repartiéndose entre el PAN y el PRI, todavía no le toca nada a ningún otro lado así es que eso es lo que estamos promoviendo, la violación, la violación constitucional, los dictámenes que no se elaboran en el Congreso, la votación sin ninguna reflexión.

Aquí ustedes van a votar sin saber nada de este personaje, nada. Debió de haberse hecho una gran investigación para encontrar en los mexicanos, tenemos cien años de petroleros, tenemos a los mejores geólogos con grandes antecedentes, tenemos personalidades que saben y que podrían desempeñar esta función fundamental. No, pero ellos no conocen ni a Cordero ni a Videgaray, entonces ellos no pueden entrar a posesionarse de esta fusión tan importante.

Yo les pido, señores Senadores, a aquellos que estén atentos todavía, señoras Senadoras, que no hagan eso, que no inicien este nuevo proceso bajo la ley de la ilegalidad, de la violación constitucional. Yo espero que la Suprema Corte de Justicia eche abajo este proceso, porque fue ilegal desde el principio hasta el fin.

Pero ustedes recapaciten, vamos a seguir en este Senado violando la Constitución, violando la ley, aplastando con una mayoría hechiza para que se repartan los puestos, como es el caso de hoy, le están entregando al Partido Acción Nacional una persona que no cumple ni con la ley, ni tiene la capacidad para hacerse cargo de lo que pretende ser la primera institución en materia de petróleo.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett Díaz.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, hasta por diez minutos.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores:

Para el Partido de la Revolución Democrática el nombramiento de quien asumirá la Presidencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es de especial atención e importancia, debido no solamente a las funciones que por ley desempeña al ser ésta la responsable de la Ronda Cero, los procesos de licitación y la migración de los contratos públicos o privados en materia de hidrocarburos, entre otras trascendentes atribuciones.

El Ejecutivo Federal somete a consideración ternas sin el perfil idóneo que se requiere para el cargo, sin embargo, de manera inexplicable se afirma que cuentan con una trayectoria profesional y académica que los acredita como candidatos idóneos para ocupar el cargo de Comisionado Presidente.

Hay que señalar que cada comisión se integra por una junta directiva, constituida por un presidente y dos secretarios. Así lo refiero en virtud de que el artículo 128 del Reglamento del Senado lo señala; es decir, en cada comisión tienen la facultad de elaborar dictámenes, informes y opiniones respecto de los asuntos que se les turnan, así anunciado en el artículo 117 del mismo Reglamento, situación que no fue seguida en este procedimiento.

Durante el proceso de dictaminación no se permitió, a quienes integramos la junta directiva de la comisión, hacer uso de la facultad consignada en el artículo 129 del Reglamento del Senado, respecto a orientar al secretario técnico sobre la elaboración de un proyecto de dictamen en relación a las facultades establecidas en el artículo 158 fracción III del Reglamento, por lo que se denota que no sólo el Senador Javier Lozano trata de imponer dictámenes personales. Y lo que es peor, durante la sesión que tuvimos el día 28 de abril, el Senador Francisco Domínguez, haciendo uso de la palabra, nos informaba que qué bueno que se quedaba en sesión permanente al día siguiente, hasta las dos de la tarde, porque a las once se estaría reuniendo el PAN para ver los avances que hubiera en materia electoral, y una vez definiendo esto, apoyarían por supuesto el tema energético, es decir, una cosa por la otra.

Lo que confirma lo que desde la izquierda hemos venido señalando, que son acuerdos en los cuales tú me das, yo te doy, y quedó debidamente registrado y grabado para cualquiera de los compañeros que quisiera consultarlo, porque ahí quedó la grabación de esa sesión.

De igual manera, no es menos importante referir que durante la reunión de la Comisión de Energía, del día 28 de abril del presente, en el marco de las comparecencias de los ciudadanos propuestos, el maestro Guillermo Ignacio García Alcocer, el maestro Oscar Jaime Roldán Flores y el actual Comisionado Presidente, el maestro Juan Carlos Zepeda Molina, le solicité a este último que respondiera, qué opinión le merecía el caso de corrupción de la empresa Oceanografía o la adquisición de los flóteles, que nos pudiera especificar en qué periodo presidencial se puede atribuir esos casos de corrupción, si fue durante Acción Nacional, si fue en la actual administración, o si fue en ambas.

Pero su respuesta fue: “que la facultad de fiscalización no es una atribución de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y que no contaba con la información necesaria para responder”. Situación que trae como consecuencia que se vislumbre una omisión del Comisionado Presidente al no contar con la información suficiente del caso, en virtud de que la empresa denominada Oceanografía estuvo inmiscuida en 76 contratos asignados por el área Coordinadora de Servicios Marinos de PEMEX Exploración, área que está justamente bajo la dirección general de PEMEX Exploración y Producción.

Siendo que el tema se encuadra dentro del objeto fundamental plasmado en el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es precisamente la supervisión y regulación de la explotación y extracción de los hidrocarburos de hidrógeno y, por ende, resultaría ilógico que su presidente desconociera del asunto y se lavara las manos bajo el argumento de que no tiene funciones de fiscalización, siendo que dicho organismo es el supervisor de todas las actuaciones que efectúa la paraestatal en las primeras etapas de la cadena productiva de los hidrocarburos.

Retomando el objeto de la presente discusión, que es la elección del ciudadano que ocupará la alta encomienda de presidir la Comisión Nacional de Hidrocarburos, bajo la imperiosa premisa de que sea aquella persona que además de cubrir los requisitos establecidos en el artículo 6o. de la ley, tenga la idoneidad de cumplir para el caso del Comisionado Presidente que está expresamente señalado en el artículo 5o., es decir, que posea título de ingeniero o su equivalente en alguna disciplina relacionada con la industria petrolera.

Debo además señalar, que derivado de los currículums que nos hicieron llegar, tenemos que el ciudadano Oscar Jaime Roldán Flores tendría de experiencia dentro de la industria alrededor de 6 años con 5 meses; en el caso de Guillermo Ignacio García Alcocer 7 años 5 meses; y en el caso de Juan Carlos Zepeda Molina 7 años cinco meses, lo cual también es violatorio de la ley en el sentido de no contar cuando menos con diez años de experiencia en la industria.

En virtud de que mediante una interpretación lógica de la ley, lo establecido en el artículo 6o., no resulta una antinomia en el contenido de la norma, ya que este artículo establece de forma general los requisitos que deberán cumplir los comisionados integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y el artículo 5o. regula el requisito específico que deberá cumplir el Consejero Presidente de la comisión.

Al respecto, amablemente el presidente de la comisión, nos sugería que pudiéramos interponer algún recurso jurídico, situación que efectivamente ya el cuerpo de abogados del grupo parlamentario está analizando para ver la posibilidad de interponer este instrumento jurídico que, sin duda, será de mucha utilidad.

El requisito del perfil es condición indispensable, éste no es producto de la casualidad o por ocurrencia, es consecuencia de un profundo estudio del tipo de profesionista que se requiere para desempeñar un cargo con funciones tan específicas y de especialización de conocimientos académicos tan definidos y que por ello están determinados por la ley.

Para el caso particular del maestro Juan Carlos Zepeda Molina, quien es el elegido, como consta en el dictamen, es necesario hacer un juicio de valor adicional respecto a otorgarle el voto de confianza para continuar en el cargo de presidente, mediante un ejercicio en retrospectiva y evaluación del desempeño que tuvo durante su encargo y así conocer si cumplió a cabalidad.

Resulta necesario conocer su proceder respecto a qué acciones tomó al momento de que se permitió la participación de empresas internacionales en el sector de exploración de hidrocarburos, mediante la construcción ya de tres torres de perforación y explotación para el Gas Shell, en el estado de Coahuila, por parte de una empresa estadounidense denominada Geokinetics, situación que por cierto son prácticas que ya están siendo eliminadas, particularmente en el caso de Francia, el que en nuestro país ahora pretendemos repetir el modelo que se está llevando a cabo en el estado vecino de Texas.

Así surgen las siguientes preguntas.

¿En qué calidad o bajo qué tipo de mecanismo, legislación jurídica, permitió el inicio de actividades de esta trasnacional?

Si aún no se cuenta con normas secundarias que permitan y regulen la participación de empresas extranjeras, ¿cuál es el proceso o la forma en la que opere bajo la supervisión de qué autoridad fiscalizadora?

Finalmente ¿qué normas ambientales fueron el sustento y permitieron la autorización a las licencias o permisos de esta operación?

Por todo lo anterior, compañeras y compañeros, no podemos permitir una violación normativa disfrazada de consenso legislativo. Aunque la Corte haya dicho en varias ocasiones que los errores de procedimiento los subsana el Pleno, no estamos ante un error, estamos ante una trasgresión a la normatividad de la que somos conscientes.

Tan conscientes que de ello estamos dejando testimonio en el Diario de los Debates las y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, en el que manifestamos que no acompañaremos el sentido de este dictamen y exigimos se envíe a este Senado una nueva terna con perfiles que de entrada cumplan los requisitos que establece la norma que les aplica.

Amigas y amigos, yo los invito a que no procedamos, como ha sucedido en el caso de telecomunicaciones, que no nos alozanemos.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Salazar Solorio.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del PAN, para presentar su posicionamiento.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: Con su permiso, señor Presidente.

En la fracción parlamentaria de Acción Nacional en el Senado de la República, estamos convencidos que es nuestro deber hacer un frente que nos permita ir en una sola dirección. Nuestra prioridad es recuperar el desarrollo humano sustentable, combatir formalmente la pobreza y fomentar el crecimiento económico. Esas acciones nos permitirán detonar la creación de empleos y mejorar el nivel de vida de nuestro país.

Es así que el 24 de abril de 2014 el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, por conducto de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, presentó ante el Senado de la República un oficio mediante el cual somete a consideración de dicho órgano legislativo la terna para la designación del Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos por un periodo de cinco años, mismo que comienzan a correr a partir del día de la conclusión del actual presidente.

Quiero decirles que los Senadores de Acción Nacional hemos sido críticos del Ejecutivo en determinadas circunstancias, pero también tenemos puntos de vista qué compartir y qué reconocer. Es como la ratificación del nombramiento a favor del ciudadano Juan Carlos Zepeda Molina como Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Coincidimos con el dictamen en que la Reforma Energética busca fortalecer a los órganos reguladores. Por lo que este régimen transitorio del Decreto de reformas constitucionales en materia de energía, que aprobó el Congreso de la Unión el pasado mes de diciembre, se mandató que posteriormente a dichas reformas el Congreso de la Unión debía realizar adecuaciones necesarias al marco jurídico…..

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Senador Domínguez Servién, perdón.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño)¿Acepta una pregunta el Senador Domínguez Servién?

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: Si usted, un político de tantos años, conociera la Constitución, con mucho gusto; pero hoy ha dado cuenta que no. Entonces, por hoy no se la acepto.

Se mandató que posteriormente ha dichas reformas el Congreso de la Unión debería de realizar adecuaciones necesarias al marco jurídico para convertir a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía en órganos reguladores coordinados en materia de energía, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, así como autosuficiencia presupuestaria.

Asimismo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos actualmente tiene como objeto regular, supervisar la exploración, extracción de carburos de hidrógeno que se encuentren en mantos o yacimientos, cualquiera que fuera su estado físico, incluyendo los estados intermedios que compongan el aceite mineral crudo, los acompañen o se deriven de él, así como las actividades de proceso, transporte, almacenamiento de desagregación directamente con los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos.

Además, derivados de la materia de energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos tendrá, entre otras atribuciones, la prestación de asesoría técnica a la Secretaría de Energía, la recopilación de información geológica y operativa, la autorización de servicios de reconocimiento y exploración superficial, la realización de licitaciones, asignación a ganadores y supresión de los contratos para las actividades de exploración, extracción de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos; la administración en materia técnica de asignaciones y contratos y la supervisión de los planes de extracción que máxime la productividad del campo en el tiempo.

También coincidimos con el dictamen que el papel de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en el contexto de la Reforma Energética, es trascendental, ya que no sólo es un órgano que regula y supervisa la exploración, extracción de carburos de hidrógeno, sino como consecuencia de las reformas constitucionales hechas el pasado mes de diciembre, dicha comisión tendrá bajo su responsabilidad el otorgamiento tanto para PEMEX como para los demás operadores que tengan interés de explotar el petróleo y los hidrocarburos en territorio nacional.

Por lo que debo de señalar que el Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, jugará un papel relevante en la implantación de la legislación secundaria en materia de energía que eventualmente aprobaremos aquí en el Senado de la República.

A pesar del gran paso que ya hemos dado al haber aprobado la reforma constitucional en materia de energía, no podríamos decir que hemos terminado con nuestra tarea legislativa en el tema. Los detalles son un factor primordial en el desarrollo de los fines de la reforma constitucional; y los detalles se encuentran dados en las leyes secundarias.

Por ello, los integrantes del grupo parlamentario del PAN, seriamente comprometidos con el cambio que se han propuesto en la Reforma Energética, hemos puesto todo nuestro esfuerzo y dedicación para que se cumpla con la finalidad de la reforma constitucional.

Es por ello que reiteramos que estamos a favor del nombramiento de Juan Carlos Zepeda Molina como Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco Domínguez Servíen.

¿Para qué asunto?, Senador Mario Delgado.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Para ver si el orador me permite una pregunta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Domínguez Servién, ¿acepta usted una pregunta del Senador Mario Delgado?

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: Está al lado del Secretario de la Comisión de Energía del Senado de la República.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador, no hay diálogos, le pido, que si ya concluyó.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: No aceptó. Muchas gracias. Quiero decirle que no aceptó, y es una facultad de él.

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado.

Nada mas quiero informarle que las preguntas que se formulan, es decisión del orador en turno aceptarlas o no con previa anuencia de la Presidencia, y en este caso, el orador no la ha aceptado, por lo tanto, no ha lugar a ninguna pregunta suya ya.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Señor Presidente, está muy claro que es opción absoluta del orador aceptar o no la pregunta, pero creo que debe contestar que acepta o no acepta la pregunta. Y no ha contestado.

- El C. Presidente Aispuro Torres: El tácitamente al bajarse de la tribuna no ha aceptado.

Yo le pregunté, y no ha lugar ya después en este momento, porque ya se ha bajado de la tribuna.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) La pregunta es, no puede usted asumir que porque abandona la pregunta no la acepta; creo que debería contestarla.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Ya en esa etapa del procedimiento ha concluido.

Senador Manuel Bartlett, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente, porque nada más quería yo señalar que el orador, que no quiso contestar, dijo que el Presidente de la República se basó en su petición, en su promoción de estos candidatos, en el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la…

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador, nada más le informo que en este momento estamos en el posicionamiento de los grupos parlamentarios, no ha lugar a debate; entraremos en un momento al debate en lo general; indudablemente ahí habrá lugar para que cualquier Senadora o Senador quiera participar en debate. En este momento no ha lugar a ningún debate, por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al Senador Ernesto Gándara Camou, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Senador Mario Delgado, le informo que no ha lugar ya en este momento hacer ningún comentario. Lo anoto, en su momento en la discusión en lo general.

Una vez que el Senador orador se ha bajado de la tribuna no tiene ya la posibilidad de darle ninguna respuesta. Le informo que ya se bajó de la tribuna el Senador y por esa razón no hay ninguna posibilidad de que haya un diálogo, por eso le pido que nos permita continuar con el desahogo del tuno de cada una de las posiciones de los grupos parlamentarios.

Yo le pido al Senador Ernesto Gándara que continúe, y le informo, Senador Delgado Carrillo, que no aceptó, señor Senador, no aceptó, que quede en el Diario de los Debates, no aceptó el Senador Francisco Domínguez Servién, se retiró de la tribuna, y al retirarse de la tribuna sin contestar, tácitamente está definiendo.

Continúe Senador Ernesto Gándara Camou, con el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

- El C. Senador Ernesto Gándara Camou: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores de la República:

En representación de la fracción parlamentaria y de las Senadoras y Senadores del PRI, venimos a emitir nuestro posicionamiento respecto al dictamen de la comisión...

- El C. Presidente Aispuro Torres: No podemos interrumpir al orador, porque está iniciando el posicionamiento; una vez que vaya avanzando el mismo, podrá hacerle una pregunta, en este momento no se puede hacer pregunta alguna cuando él apenas está iniciando el posicionamiento.

Continúe, por favor, Senador Ernesto Gándara Camou.

- El C. Senador Ernesto Gándara Camou: Gracias, señor Presidente.

Reitero, a nombre de las Senadoras y Senadores de la fracción parlamentaria del PRI, venimos a emitir nuestro posicionamiento respecto al dictamen de la Comisión de Energía sometido a este Pleno, en relación a la terna presentada por el Ejecutivo Federal para la designación del Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el marco de las reformas constitucionales aprobadas en diciembre por esta Cámara de Senadores, por la Cámara de Diputados, por las legislaturas de los estados y por el Constituyente Permanente.

En base y en función a esta responsabilidad, quienes integramos la Comisión de Energía, turnado por la Presidencia de la Mesa Directiva, recibimos el expediente y, desde luego, en debate y en discusión y análisis de comisión recibimos las propuestas de tres profesionales del medio de los hidrocarburos; de tres técnicos profesionales que tienen una experiencia reconocida, y a quien la fracción parlamentaria de nuestro partido, reconoce al maestro Oscar Jaime Roldán Flores, al maestro Guillermo Ignacio García Alcocer y al maestro Juan Carlos Zepeda Molina.

En la fracción parlamentaria del PRI sabemos y entendemos nuestra responsabilidad constitucional; en la fracción parlamentaria sabemos y entendemos que precisamente los artículos que se aprobaron constitucionales, así como los artículos transitorios, son para respetarse, para, obviamente, precisarse cuando se dé la facultad y, desde luego, cuando tengamos la posibilidad de la legislación ordinaria, pero también hay mandatos fundamentales de la Constitución con las que tenemos que continuar.

Por eso, en la Comisión de Energía se ha escuchado a esta terna, se ha analizado los perfiles, se ha discutido internamente, se ha reflexionado, se ha dictaminado y también se está en este momento sometiendo al máximo órgano de deliberación de esta Cámara, que es el Pleno.

Aquí estamos todas las fracciones parlamentarias representadas, aquí está el mosaico de todos los estados de la República en donde democráticamente estamos representando a los ciudadanos. Aquí las fracciones parlamentarias expresan sus coincidencias y sus diferencias, y aquí estamos cada quien expresando con respeto nuestras posiciones, nuestras decisiones y nuestras interpretaciones.

En el Partido Revolucionario Institucional creemos y estamos convencidos que el dictamen presentado por la Comisión de Energía se apega a derecho, se apega a la ley y, más importante, se apega a la Constitución.

Por eso, la fracción parlamentaria del PRI apoya este dictamen en donde se propone a este Pleno la candidatura de Juan Carlos Zepeda Molina para que sea ratificado en esta Presidencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos con más facultades y, desde luego, con el mandato constitucional.

Nosotros sabemos, independientemente de nuestras diferencias, compañeras y compañeros Senadores, que tenemos que tomar decisiones.

Nosotros entendemos muy bien que con el respeto que nos merecemos estamos representando el mandato que nos dieron en las urnas; y nosotros sabemos muy bien que finalmente, como toda decisión democrática, la última palabra la tendrá la mayoría de los cuerpos colegiados, como es el Senado y, en su caso, desde luego cuando vengan las leyes ordinarias, las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Reconocemos el trabajo de la comisión y, desde luego, avalamos, reconocemos y, desde luego, estamos totalmente de acuerdo en el dictamen que propone a esta Cámara de Senadores a la Presidencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos al maestro Juan Carlos Zepeda Molina.

Muchas gracias por su atención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ernesto Gándara Camou.

Una vez que hemos concluido los posicionamientos de los grupos parlamentarios, iniciamos la discusión en lo general de este proyecto.

Informo a la Asamblea que están inscritos los siguientes Senadores:

Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra.

El Senador Salvador Vega Casillas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor.

El Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra.

Y el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra.

Pregunto a la Asamblea si hay más intervenciones, porque vamos a cerrar la lista de oradores.

Senador Vega Casillas, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Salvador Vega Casillas: (Desde su escaño)Para declinar mi participación.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para declinar su participación, con todo gusto tomo nota de ello, el Senador Adán López, ¿para que asunto? Para que se inscriba, con todo gusto lo inscribimos.

Senador Fidel Demédicis, para hablar sobre el mismo tema, en contra.

Senador Mario Delgado, en contra.

Se cierra la lista de oradores. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal.

Las intervenciones en lo general, informo a la Asamblea y a los participantes, que es hasta por cinco minutos, de acuerdo al Reglamento del Senado. Les pido nada más que nos ajustemos en los términos reglamentarios.

- El C. Senador Fernando Mayans Canabal: Señor Presidente, ya empezó el cronómetro y no estoy en el tema. Yo sí pediría moción de orden, que hay demasiada gente extraña aquí en el Pleno del Senado.

Yo quisiera ver nada más a los Senadores aquí sentados y que presten atención, porque el cronómetro no lo reconozco, estoy haciendo una petición al Presidente, porque hay demasiado desorden, aquí uno viene a hablar y habla a la pared, nadie me escucha, nadie presta atención y si hacemos un examen ahorita de qué es lo que estamos votando, nadie sabe ni lo que está sucediendo en este Pleno del Senado.

Una verdadera vergüenza ajena lo que está pasando, así es que por favor, Presidentes, ahí está mi solicitud y el cronómetro tiene que retrocederse.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Usted inició la participación...

- El C. Senador Fernando Mayans Canabal: Yo no he iniciado, señor Presidente, ni en el Reglamento, ni el Senado es su casa, señor Presidente, ya basta, se está pasando usted.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Continúe en el uso de la palabra, señor Senador, tiene usted el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Fernando Mayans Canabal: Es una petición de moción de orden, yo no voy a hablar con el Pleno en desorden.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido al Pleno que guarde el silencio necesario; y a partir de este momento inicia el tiempo para usted.

- El C. Senador Fernando Mayans Canabal: Le agradezco la consideración, señor Presidente; y sí le pido a las compañeras y compañeros Senadores que por favor, de la manera más atenta, se los suplico, presten atención, porque luego estamos anotando cosas que desconocemos y verdaderamente que luego quien padece es la nación, es el país y es el pueblo pobre y miserable que tenemos en este país, México, porque así lo han decidido los que mal han gobernado nuestro país, durante hace muchos años.

Hoy, como dijo nuestro compañero Rabindranath, tenemos un dictamen para nombrar al Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, un dictamen que la comisión, de forma vertical lo dictaminó sin trabajo de comisión y, por supuesto, ahí está una vez más lo que sucede con la ley de Herodes en este Senado, que podemos cambiar la Constitución las veces que queramos y como queramos.

Segundo, dice la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Si me prestaran atención, señor Presidente, hay mucho chacaleo ahí en el Pleno. No podemos avanzar así, porque van a votar algo.

Miren nada más, compañeras y compañeros Senadores, y al pueblo de México con todo mi cariño y respeto.

Este nombramiento es más importante que el Director General de PEMEX, es el que va a manejar las reservas petroleras del país, dónde se va a explorar; entiéndanlo, no es cualquier cosa lo que se va a votar hoy.

Obviamente entiendo que aquí el asunto es el negocio, dado que el que vamos a nombrar hoy, porque mi voto será en contra, pues finalmente es una posición que el PRI le da al PAN, se entiende; y qué va a dar el PAN, pues va a aprobar las leyes secundarias a como vengan. Esa es la situación, está clarito.

Aquí, este señor Zepeda, que no tengo nada en contra ni el gusto de conocerlo hasta anteayer, es un panista íntimo de Jordi Herrera y Georgina Kessel, y darle esta posición a un panista que no tiene experiencia por los siguientes cinco y diez años, resulta francamente absurdo, y hablo de perfiles serios y comprometidos con México.

¿Qué dice la ley? Para el pueblo de México que nos está viendo, la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Capítulo III, es la que está vigente, si ustedes esperan otra cosa en las leyes secundarias, bueno, hay que aprobar las leyes secundarias primero, que apenas hasta hoy llegaron al Senado, tenemos que aprobar con las leyes vigentes.

No se pasen la Constitución por donde no les da el sol, cuando les conviene y cuando no, sí respetamos la ley, aquí nadie respeta nada.

Artículo 5o.- La Comisión Nacional de Hidrocarburos tendrá un Organo de Gobierno que se compondrá de cinco Comisionados designados por el Ejecutivo Federal.

Leo textual.

“El Presidente de la Comisión deberá poseer título de Ingeniero o equivalente en alguna disciplina relacionada con la industria petrolera, en los términos del artículo siguiente”.

Y el artículo 6o. habla de los demás comisionados.

Pero incluso, ahí también, por si no leen, dice que debe tener experiencia reconocida de más de diez años en la industria petrolera. Ninguno tiene diez años. Ya hombre, olvídense del negocio.

El señor es economista, nos presentaron una terna de economistas del ITAM, como si no hubiera un economista bueno de la UNAM o del Instituto Mexicano del Petróleo.

¿Por qué? Porque es plan con maña, es el negocio.

Miren, aquí está la ley, cómo vamos a aprobar algo o a discutir algo el día de hoy que está violentando la ley, cuando nosotros deberíamos de ser los primeros en defender la ley, el estado de derecho de este país.

Y aquí están, quien quiera léalo.

Diez años de antigüedad, ser ingeniero petrolero, no privilegiar los negocios, el dinero, la tranza, el país, del que no tranza, no avanza.

Eso es el cáncer que tiene a todo el país en la pobreza y en la miseria y si no, hoy día, el 54 por ciento de los niños de México viven en extrema pobreza.

Y debemos de aplaudirle a los malos gobiernos que han tenido el PRI y el PAN durante muchos años.

Y teniendo un país rico, lleno de pobres, tenemos litorales, tenemos tierras, tenemos agua, gas, petróleo, ¿y para qué nos han servido? Para tener a más de la mitad de la población en pobreza, muertos de hambre.

Quien opine lo contrario, que venga aquí y me lo diga.

Cómo vamos a aprobar a un economista que ya demostró que no puede con el paquete y ahora lo van a reelegir, cuando necesitamos ingenieros petroleros expertos.

Miren, compañeros, les platico.

En la comparecencia, se los digo, en serio, con toda honestidad le pregunté al señor Zepeda: “señor Zepeda, tenemos un pozo Cantarell que daba 2 billones 400 mil barriles de petróleo diarios y que hoy apenas da 600 mil barriles”.

Acabaron con la gallina de los huevos de oro.

¿Por qué? Porque le inyectaron nitrógeno cuando se le debe de inyectar agua, que eso saben los expertos del petróleo. ¿Y qué sucedió señor Zepeda, explíquenos?

No, es que fueron las recomendaciones técnicas.

¿De quién, de un economista del ITAM, de un administrador, o de un experto en petróleo?

El PAN, ya lo vivimos el sexenio pasado, pusieron un ingeniero químico metalúrgico al frente de la CONAGUA, cuando debería de ser un ingeniero hidráulico, y lo único que hizo fue ir a inundar y querer desaparecer el sureste.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador, concluya por favor.

- El C. Senador Fernando Mayans Canabal: Mire, señor Presidente, me vuelve a interrumpir y no respondo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Por favor, respeto al Reglamento.

- El C. Senador Fernando Mayans Canabal: Pero si usted no respeta a nadie, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Son cinco minutos, Senador, a todos les hemos dado el mismo trato, yo le pido que respete al Pleno y que respete el Reglamento de este Senado.

- El C. Senador Fernando Mayans Canabal: Mire, usted está bien para irse a una iglesia a un sermón, pero aquí es el Senado de la República, es la casa del pueblo de México, así que también respeto al pueblo de México; yo soy representante del pueblo, usted porque es plurinominal, seguramente, y su único compromiso es con su partido.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador, le pido que concluya su intervención.

- El C. Senador Fernando Mayans Canabal: Bueno, yo entiendo que tienen prisa de que se hagan negocios, pero tengan paciencia. Ustedes van a dar el voto traicionando a quienes representan, eso se los digo claro. La ley, nada más le insisto y ya me voy aquí, dice diez años de antigüedad e ingeniero petrolero, y no como la ley de Herodes, que aquí por los negocios quieren que sea un panista puro para que luego el PRI les cobre el favor, y apoye incondicionalmente las leyes secundarias, y acabemos de enterrar a este país; pero allá ustedes, la historia se los va a juzgar a cada uno de ustedes, y el pueblo, afortunadamente que hay cámara de televisión del Canal del Congreso, lo está viendo.

Y van a ver que más temprano que tarde se los van a cobrar, yo vengo de un estado petrolero y sé lo que es eso, y cómo han acabado con un estado que nada más tiene el 2 por ciento de la selva tropical, y cómo han contaminado el agua y nuestras tierras; y ustedes, los que no tienen petróleo, están disfrutando ese beneficio que Tabasco y el pueblo de Tabasco está sufriendo; y Campeche igual, y aquí hay Senadores de Campeche y se quedan callados, qué vergüenza.

Es cuanto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Le agradezco su participación, Senador Fernando Mayans Canabal.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su permiso, señor Presidente.

Han hablado dos en pro, el Senador Domínguez Servién, que corrió, se fue y no quiso responder nada, todavía no menciona al Senador David Penchyna porque ese es otro tema, y también ha participado el Senador Ernesto Gándara, ninguno ha dicho nada, y sé que lo que están esperando es que no se discuta, que no se analice, que sigamos nada más con los pedacitos de “WikiLeaks” que nos mandó el Presidente.

Yo le quería preguntar al Senador Domínguez Servién que, ¿por qué mencionó que el nombramiento que pretende el Presidente está hecho con base en el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la reforma? Y no es cierto, miren, yo tengo aquí el documento que mandó el Presidente; el Presidente es el primer violador de la ley, porque aquí utiliza dos medidas.

Una, decir que la Constitución es la que se va a aplicar, pero aquí dice: las personas propuestas, firma el Presidente, cumplen con los requisitos que establece el artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y eso es muy claro, el Presidente está utilizando la ley que está vigente; entonces no pueden venir a decir que están aplicando los artículos transitorios de la Constitución, porque los artículos transitorios ni siquiera establecen las facultades que va a tener la comisión, no los establece; los transitorios mencionan a la comisión y dicen, por cierto, que aquí hay una equivocación de esta torpeza y prisa, el Presidente pide que se apruebe por las dos terceras partes, cuando la ley en vigor siempre establece que sea mayoría, en qué van a aplicar la Constitución o la ley. El Presidente aplica la ley, y la ley establece que el Presidente de la comisión tiene que ser un ingeniero, y eso es lo que violan, no lo han respondido.

El Senador Ernesto Gándara, que mucho aprecio, por una gran voz y una enorme estatura, con todo respeto no dijo nada; nos dijo que aquí estamos todos, nos dijo que todos somos, y que estando todos somos, y que representamos a todos, pero no dijo nada.

No dijo nada porque no quieren decir nada, porque no pueden decir nada, lo grave que quieren consumar, en lo menos que se pueda discutir, para que sea rápido, como nos decía el doctor Penchyna, nos ponemos de acuerdo en que solamente una ronda y se acabó.

Ya está empezando la repartición del pastel, ya está empezando, sabemos todos que esta persona no cumple, y no tenemos nada en contra de él, no cumple con el requisito de la ley que el propio Presidente cita en su escrito, que no tiene los diez años, que apenas tiene cinco, que ha reconocido, cuando le hemos preguntado si tiene capacidad para controlar a las grandes transnacionales que van a entrar, gracias al patriotismo de este Senado de la República, no los va a poder controlar, no tiene con qué, no han hecho nada en cinco años.

Analizamos ya el desempeño, nada, todas las tareas que tiene la Comisión de Hidrocarburos, no se han cumplido, ni tienen más reservas, ni tienen más tecnología, nada, cero, y tienen 80 personajes ahí trabajando para hacer trabajos burocráticos, no tienen ninguna experiencia, ninguna capacidad y se van a enfrentar a los monstruos estos que llegan y se apoderan de territorios y de estados en todo el mundo.

Es absurdo que ustedes entreguen en manos de una persona que no sabe, que no domina la geología, que no puede señalar cuáles son las reservas y cuáles son las posibles reservas, que le entreguen, nada menos, que la riqueza petrolera nacional, eso es verdaderamente una irresponsabilidad.

Pero no importa, le van a entregar los contratos, le van a entregar todo lo que es esa riqueza y como se va a manejar, una y, ¿de quién es amigo? Aquí de la cúpula panista; eso no se vale, no se vale buscar tener un amigo gente que ha sido leal a la señora Kessel, ¿se acuerdan de la señora Kessel? Todavía trabaja para los españoles, violando todas las leyes y la ética profesional, es la misma gente con cinco años de experiencia que no sirven para nada, para nada, es verdaderamente grave que, por proteger un interés de la cúpula panista, ni siquiera ustedes le van a entregar esta posición formidable a una gente que no puede.

Y están viendo ya, los llevan a los negocios, lo dijo mi compañero hace unos momentos, a las licitaciones; y lo que es más grave, la falta de capacidad de control de las empresas transnacionales que se van a apoderar de este territorio. Nos van a llevar al desastre, están operando sin leyes, están ya repartiendo con la Ronda Cero, que es ilegal también, están ya decidiendo cuánto va a aportar PEMEX, sin tener las leyes, sin tener ninguna facultad para hacerlo, están ustedes en el camino de hundir a este país porque la riqueza petrolera ha sido el sostén de México, y violando la ley.

¿Por qué violan la ley?, ya les decía yo, si tienen mayoría.

¿Por qué la prisa de colocarlo rápidamente, para que les coloquen otro a los del PRI? ¿Por qué la prisa?

¿Por qué no respetan su responsabilidad?

¿Por qué no se apegan a la ley, a la que el propio Presidente menciona?

¿Por qué?

¿Cuál es su prisa?

¿Cuál es su desesperación?

¿Qué les pasa?

Es realmente patológico lo que ha hecho este Senado, un Senado que viola contumazmente la Constitución y las leyes.

Es una vergüenza, y espero que reaccionen y que no voten por este despropósito.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Manuel Bartlett.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Adán Augusto López Hernández, del grupo parlamentario del PRD, en contra, hasta por 5 minutos.

- El C. Senador Adán Augusto López Hernández: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Bienvenidos al mundo ITAM. Hace unos días el Presidente de la Comisión de Energía de esta Cámara fue interrogado respecto ¿si iban o no a imponer la mayoría en las leyes secundarias; y contestó diciendo que no, que se trataba ya de un nuevo PRI, de un PRI que no recurre al mayoriteo, sino que se encarga de construir consensos.

Senador David Penchyna: “Chango viejo no aprende maroma nueva”.

Vamos, el Pleno de este Senado va a cometer esta noche una grave irregularidad.

Aquí ya se ha mencionado que la persona a quien pretenden ratificar como Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no reúne los requisitos de ley.

No nada más no reúne el requisito que señala, que debe de ser un especialista, un ingeniero petrolero, sino lo que es más grave, no reúne el requisito de la antigüedad.

Enrique Peña, el Presidente de los 37 renglones, porque en 37 renglones describió aquí 3 hojas de vida, conocidas como currículum, aunque Penchyna lo calificó de Presidente Wikipedia, en la misma propuesta, ni siquiera observó la ley.

Propone en la terna a una persona que estaba impedida por el simple hecho, y así lo confesó en la Comisión de Energía, de haber sido consejero de una empresa que se llama COMESA, que es un organismo descentralizado con participación de Petróleos Mexicanos.

Pero el que nos ocupa, el señor Zepeda, el que seguramente van a imponer, no reúne tampoco los requisitos contenidos en el artículo 6o.

Y permítanme referirme a algo que sucedió en esta Cámara hace 5 años, específicamente el 2 de junio del año 2009. Aquí en esta Cámara, en la Comisión Permanente, se aprobó un punto de Acuerdo mediante el cual se le solicitaba al titular del Poder Ejecutivo, en esa época Felipe Calderón, a que revocara el nombramiento del ciudadano Juan Carlos Zepeda Molina, porque no cumplía con el requisito mínimo de los diez años como funcionario en las áreas petroleras, pero tampoco cumplía con el requisito de diez años en la docencia.

Finalmente ayer, a trasmano nos entregaron el currículum, y quienes aprobaron este punto de Acuerdo tienen toda la razón. Y hay miembros de esta Cámara que estuvieron presentes en esa sesión y que aprobaron ese punto de Acuerdo y que exhortaron a Felipe Calderón a que cesara de sus funciones a Juan Carlos Zepeda Molina.

Hay también, y leí por ahí que un integrante de la Comisión Permanente, ahora Diputado, en aquella época Senador, aprobó también esa petición a Felipe Calderón; que cesara de su cargo a Juan Carlos Zepeda Molina.

Quienes firmaron, entre otros, ese punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo fueron, los entonces Senador: José Isabel Trejo Reyes; el Diputado Antonio Soto Sánchez; la Senadora María Beatriz Zavala Peniche; La hoy Senadora y entonces Diputada Adriana Dávila Fernández; la Diputada Rocío del Carmen Morgan Franco; el Senador Mario López Valdez; el entonces Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera; el Diputado Adolfo Mota; el Diputado Juan Ignacio Guerra y la Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz.

De este punto de Acuerdo, de este exhorto, se giraron oficios a las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo.

Se le entregó el oficio al entonces Secretario de Gobernación, el 17 de junio, en el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que cese de sus funciones como Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos al ciudadano Juan Carlos Zepeda Molina, quien a esta fecha había acreditado 5 años 3 meses de antigüedad laboral.

Se le envió también a la entonces Secretaria de Energía, Georgina Kessel, quien recibió el oficio el 18 de junio.

Pero también se le envió al que ya dijimos, que fue un omiso Secretario de la Función Pública, y que hoy participa, incluso, en la Comisión de Energía, el Senador Vega Casillas.

¿Saben cuál fue la respuesta prepotente de estos funcionarios ante un exhorto del Congreso de la Unión? Fue el silencio.

Y hoy los priístas vienen aquí a ratificar al ilegalmente impuesto por Felipe Calderón.

Una ilegalidad no se puede corregir con una ilegalidad.

Y yo les voy a decir algo, lean las iniciativas que hoy mandó Peña Nieto, porque se está acordando de salud. Y ahora le pretende cambiar la antigüedad de quien quiere ser Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, porque reduce de 10 a 5 años.

Entonces, vivimos en el mundo de la ilegalidad, vivimos en el país de lo absurdo.

No hay duda, compañeros, que pueden imponer una votación, pero la legitimidad, la decencia para respetar la ley, esa no se alcanza con la trampa y la imposición cínica que a como dé lugar designar a un cuate.

Y al Senador Domínguez Servién, pues qué poco le duró su bravuconería, porque ni hubo ley electoral, pero va a ir como borrego a aprobar este dictamen.

Es cuanto.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Informo a la Asamblea que hay tres Senadores inscritos más, como ya se les había dicho, en contra; y después inmediatamente consultaré a la Asamblea si está suficientemente discutido.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, hasta por 5 minutos.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con el permiso, señor Presidente.

Bueno, el día de hoy hemos podido apreciar las distintas formas de dictaminar al interior de nuestro Senado.

Acabamos, hace un momento, de votar para el nombramiento de los Consejeros del IFAI, donde fue un proceso, me parece inteligente, cuando se le da la participación a la ciudadanía; un proceso en el que se pudo construir una comisión de expertos que permitieran auxiliar en la decisión a esta Cámara de Senadores y a las comisiones que intervinieron.

Y éste, el que lo ha evidenciado, la falta de discusión, la falta de la construcción de consensos y la transparencia en la misma.

Estoy convencido cada vez más de que es necesario empoderar al ciudadano en este país.

Convencido de que ha llegado el tiempo de dar paso a una democracia participativa, en la que el propio ciudadano también sea corresponsable del destino de su país y el destino propio.

La situación política que vive hoy en día el país, para la mayoría de los mexicanos es desconocida y vacía de su contenido, debido al debate banal, de tan bajo nivel y el cual únicamente se da en núcleos selectos de la oligarquía de este país y, sobre todo, ajeno a tomar en cuenta la opinión y necesidad de la ciudadanía.

Solo por dar un ejemplo, el 68 por ciento de los mexicanos, de acuerdo a una encuesta que publicara un periódico en el mes de abril, señalaron no saber de las reformas estructurales.

La prisa con las que se ha buscado legislar las reformas en telecomunicaciones y la político-electoral, han llevado al Congreso de la Unión a ser la mesa de trámite del Ejecutivo Federal, ya que se ha violentado el proceso legislativo y se ha impuesto dictámenes a las comisiones, lo que significa una clara invasión al Poder Legislativo.

La administración del Ejecutivo Federal se ha caracterizado por la negligencia de actuar solo para favorecer intereses de grupo y no los intereses de la mayoría. Y la única respuesta a las exigencias sociales ha sido la de criminalizar la protesta y la persecución.

Todas las reformas llamadas estructurales han sido aprobadas en medio de cercos policiacos e inconformidad social, pero con el consenso del grupo o de los grupos de poder.

En el marco de la simulación de discusión de la Reforma Energética, se aprobaron una serie de modificaciones para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que buscaron fortalecerla dándole mayores atribuciones y tratando de otorgarle cierta autonomía, pero sin dejar la dependencia del Ejecutivo Federal.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos será el organismo que deberá tener en sus funciones actividades cruciales para el funcionamiento del país, como lo son: aprobar planes de inversión de las empresas y la operación de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos.

Esto la convierte en uno de los órganos estratégicos para el país, y con ello los directores de esta comisión deben de estar a la altura de las circunstancias.

La propuesta del Ejecutivo Federal para ratificar en el cargo a Juan Carlos Zepeda Molina como Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos por un periodo de cinco años, a partir de la terminación de su actual nombramiento, no es otra cosa más que el resultado de las negociaciones de una reforma por otra.

Ya que a pesar de las críticas al nombramiento que buscan ratificar, se han hecho de oídos sordos.

Desde el año 2009, cuando Juan Carlos Zepeda fue propuesto por primera vez para dirigir la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entonces, hubo críticas a su perfil de economista y falta de experiencia en el ramo de hidrocarburos.

Ahora, en el marco de la discusión de su ratificación, nuevamente salen a la luz pública la falta de experiencia del comisionado, así como su perfil de economista, frente a un organismo que requiere de expertos en materia de hidrocarburos.

Resulta curioso que los otros tres comisionados y una comisionada, que integra la Comisión Nacional de Hidrocarburos, son doctores y expertos en la materia, desde su formación de ingenieros petroleros o geólogos, hasta su posgrado en la misma área. Y que se insista en dejar al frente de este organismo, que deberá ser el regulador de las licitaciones de contratos millonarios a un economista que no conoce a profundidad y a nivel de experto el tema de hidrocarburos, resulta incomprensible.

Con todo esto, lo único que hacen es demostrar que todas las reformas estructurales y los nombramientos que de ella se desprende, únicamente son el resultado de las negociaciones en las altas esferas del poder.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Monreal Avila.

Se le concede la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente.

Desde que llegamos al Senado de la República, hemos sido insistentes en que el Senado de la República debe caracterizarse por cumplir y hacer cumplir la ley; y que este Senado no puede actuar a voluntad caprichosa, sino que todos sus actos deben regirse a partir del marco de derecho que nos hemos dado en nuestro país para encontrar la armonía de la sociedad con las determinaciones que aquí tomemos.

Es preocupante que se esté impulsando un nombramiento, a todas luces, violatorio de la ley.

Aquí mis compañeros que me antecedieron en la palabra y que van en contra, han planteado con mucha insistencia, que es importante que los que van a votar a favor reflexionen si violan la ley o se ajustan al marco de derecho; porque si violan la ley, en consecuencia estarán violando el propio juramento que le hicieron al pueblo de México el 1° de septiembre de 2012.

¿Qué dice el artículo 5o.? La Comisión Nacional de Hidrocarburos tendrá un órgano de gobierno que se compondrá de cinco comisionados designados por el Ejecutivo Federal, el Presidente de la Comisión deberá poseer título de ingeniero o equivalente en alguna disciplina relacionado con la industria petrolera.

Y compañeras y compañeros, aquí se ha dicho hasta el cansancio, esta cuestión es violatoria. Cuando establecemos debate y empezamos a reflexionar a partir de la historia del Congreso mexicano, nosotros, los de la izquierda, hemos insistido en que el PRI AN, históricamente han colaborado de manera importante para que el país entre en una situación de deterioro.

70 años del PRI, y luego la alternancia en el 2000, pero el país no se compone, a pesar de discursos y discursos demagógicos.

Hemos visto con preocupación, que la acumulación de la riqueza se hace en pocas manos y la inmensa mayoría de los mexicanos viven en la pobreza.

El ciudadano Juan Carlos Zepeda Molina, actual Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pretende ser ratificado, a pesar de lo aquí señalado.

Hay un caso que ha conmocionado al país, y que es el caso Oceanografía. Tiene o no responsabilidad esta persona en este caso gravísimo que hoy, incluso, está investigando el Senado mexicano.

¿Qué dice la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en su artículo 2o.?

Dice: “La Comisión Nacional de Hidrocarburos tendrá como objeto fundamental regular y supervisar la exploración y extracción de carburos de hidrógeno, que se encuentren en mantos o yacimientos, cualquiera que fuere su estado físico, incluyendo los estados intermedios, y que compongan el aceite mineral crudo, lo acompañen o se deriven de él, así como las actividades de proceso, transporte y almacenamiento que se relacionan directamente con los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos”.

¿Qué dice el artículo 4o. en su fracción VI?

Dice: “Dictaminar técnicamente los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, previo a las asignaciones que otorgue la Secretaría de Energía, así como sus modificaciones sustantivas. La ejecución de las obras, trabajos y servicios del proyecto y su funcionamiento se realizará conforme a lo establecido en el reglamento correspondiente”.

Este asunto de dictaminar técnicamente también tiene que ver con el costo-beneficio. Y solamente les voy a leer un caso en donde la Comisión Nacional de Hidrocarburos no dio su dictamen y solapó el tema de Oceanografía. El caso de la construcción del gasoducto de 21 kilómetros de la plataforma Ixtal a la de Abkatun, cuyo costo inicial fue de mil 477 millones de pesos, el proyecto tenía que concluirse al 10 de julio de 2009; y se terminó un mes después, y se tuvieron que pagar 327.4 millones de pesos porque hubo un desfase en la fecha de terminación y por supuesto el señor que vamos a nombrar el día de hoy solapó esto.

Desde el punto de vista del grupo parlamentario del PRD, no debería ratificarse a esta persona, sino que se le debiera de iniciar juicio político por el tema Oceanografía. Y con esto concluyo, ojalá y la comisión que se le encargó el tema dé pronto resultados para ver cuál fue la participación de la persona que quieren ratificar el día de hoy.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, hasta por cinco minutos, en contra.

- El C. Senador Mario Martín Delgado Carrillo: Buenas tardes, compañeras y compañeros:

Estamos acudiendo al primer acto jurídico y legislativo, que tiene que ver con la industria petrolera post Reforma Energética. Es la primera decisión que se va a tomar en el nuevo contexto constitucional y, desafortunadamente, tal como lo advertimos durante el debate de la Reforma Energética, se está dispuesto a todo, y a pasar incluso por encima de la ley.

Es un muy mal precedente que se esté haciendo un nombramiento ilegal el día de hoy por parte del Senado de la República, es una mancha para todas las buenas intenciones y beneficios que hoy en la mañana describieron varios miembros del gobierno de la República, es una mancha para las 21 iniciativas presentadas hoy por el Presidente Peña.

Porque si se está dispuesto incluso a violar la ley, como se va hacer el día de hoy, quienes juramos respetar la Constitución y las leyes, pues quiere decir que se está dispuesto a todo; y echa por tierra los supuestos beneficios que va a traer esta reforma o que la motivación principal de la reforma es el beneficio y el desarrollo del país.

Este funcionario que hoy quieren ratificar fue propuesto hace cinco años por el Presidente Calderón, y hoy lo propone el Presidente Peña. ¿Por qué él? ¿Por qué está confluencia de intereses? ¿Por qué esta coincidencia sobre esta persona? Y se está dispuesto, para ratificarlo, a violar la ley. ¿De verdad vale la pena?

Solamente hay una explicación; que lo que sigue prevaleciendo en el tema de la Reforma Energética son los intereses. Este personaje que hoy se aprueba, en el nuevo escenario, con las nuevas leyes, va a ser uno de los funcionarios más poderosos del país, y tendrá en sus manos decisiones que van a comprometer el futuro de varias generaciones mexicanas. El, junto con el Secretario de Hacienda, tendrán un poder inmenso.

El Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es el responsable de distribuir los campos con reservas petroleras en México.

Durante diez años México ha invertido en exploración, y poco sabemos de las características y condiciones de los campos que se van a subastar; lo que sí sabemos es que PEMEX ocupa el tercer lugar mundial en la eficiencia y en la incorporación de reservas, y que en la última década el valor de esas rebasan los 125 mil millones de dólares, eso es lo que va a distribuir la persona que hoy se está aprobando.

Hay lecciones internacionales de escenarios parecidos, privatizar con una estructura institucional, débil o inexistente y en condiciones de poca transparencia, como en el caso mexicano, inevitablemente conducirá a una gran corrupción. ¿Por qué hacemos esto el día de hoy en el Senado? Si revisamos el perfil, pues no vamos a encontrar suficientes motivos para pensar que es una persona que podría tener una excepción a la ley, en ningún caso puede pasar nadie por encima de la ley, pero son los intereses.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos, la persona que lo encabeze va a tener acceso a información privilegiada con un valor de miles de millones de dólares, y si no tenemos la seguridad de que es una persona, cuando menos que cumpla con el requisito de la ley, quiere decir que no vamos a tener o no podemos esperar buenos resultados.

De tal manera que no es un asunto personal. Lo que tenemos que ver es el significado del acto que estamos a punto de consumar, todo por encima de la ley para garantizar un modelo privatizador que garantiza, pues el desarrollo del país no, pero sí la prevalencia de un esquema de intereses en el que han estado Acción Nacional y el PRI.

Ojalá se vote en contra, ojalá se posponga, ojalá el Senado de la República y sus integrantes cumplan con lo que prometimos aquel 1º de septiembre de 2012, respetar la ley y respetar la Constitución.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett, ¿Para qué efecto?

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente, quisiera simplemente hacer, para hechos, una pregunta, nada más un minuto.

No han respondido ninguno de los escasos oradores que han dado la cara, ¿cómo es que justifican esta violación a la ley? Nada más, ¿Cuál es la interpretación que le dan a los artículos transitorios que están diciendo que se basan en los artículos transitorios de la Constitución y los aplican cuando no hay leyes secundarias?

Yo quisiera que algunos de los eminentes constitucionalistas o la brillantez de David Penchyna, por ejemplo; o Lavalle Maury que por ahí anda, y ya se fue, que nos expliquen por qué no responden a la ilegalidad que estamos reclamando.

Muchas gracias, señor Presidente, por su comprensión.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para recoger la votación nominal del dictamen.

Para la aprobación de este asunto deberemos reunir dos tercios de votos en pro de los Senadores como lo exige el Artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto de reformas publicado el 20 de diciembre de 2013.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 83 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el punto de Acuerdo.

En consecuencia, se designa al ciudadano Juan Carlos Zepeda Molina como Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos por un periodo de cinco años a partir de la terminación de su actual nombramiento. Comuníquese.

En el salón contiguo se encuentra el ciudadano Juan Carlos Zepeda Molina, por lo que solicito a los Senadores David Penchyna Grub, Jorge Luis Lavalle Maury, Rabindranath Salazar Solorio, Ninfa Salinas Sada y José Ascención Orihuela Bárcenas, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Favor de ponerse de pie.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadoras y Senadores.

Ciudadano Juan Carlos Zepeda Molina: ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

- El C. Juan Carlos Zepeda Molina: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Zepeda Molina!

(Aplausos)

A nombre del Senado se le desea éxito en su encargo. Solicito a la comisión designada acompañe al señor Comisionado Presidente cuando desee retirarse del salón.

(La comisión cumple)

Compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En el dictamen está disponible en sus escaños.





PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

(Dictamen de primera lectura)



Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita le lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Presidente, será muy breve. Honorable Asamblea:

El dictamen que se presenta ante este Pleno, recoge tres iniciativas presentadas por Senadores integrantes de los grupos parlamentarios del partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y también del Partido Acción Nacional.

Este trabajo legislativo, la primera ley reglamentaria de la reforma político-electoral que aprobó este Congreso, y es la primera que aprueba este Congreso, da respuesta al reclamo de la sociedad mexicana. Un reclamo de una sociedad que está agraviada por conductas, por actos que han quedado en la impunidad en los procesos electorales.

Es por ello que como primer objetivo de este ejercicio se construyeron hipótesis delictivas con base en la experiencia de los últimos procesos electorales tanto federales como locales.

Sin embargo, esta ley no sólo establece sanciones penales para quienes vulneran el adecuado desarrollo de las contiendas electorales, sino que además establece las disposiciones que regulan las cuestiones competenciales en la materia penal-electoral, así como las directrices que permiten el establecimiento de políticas públicas tendientes a prevenir y combatir las conductas que vulneran los bienes jurídicos protegidos en materia electoral.

Derivado de la Reforma Política del 9 de agosto de 2012, en nuestro sistema constitucional se introdujo la figura de la consulta popular como instrumento de democracia directa, por medio del cual los ciudadanos tienen el derecho de votar en asuntos de trascendencia nacional.

El dictamen que hoy presentamos también establece las conductas delictivas que serán perseguidas a propósito de la organización de estas consultas.

Para preservar los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal en materia electoral que son: el adecuado desarrollo de la función público-electoral en específico, entre otros el sufragio libre, secreto, directo, intransferible y la equidad en la contienda, así como la voluntad popular desarrollada en los procesos de democracia representativa y directa.

El presente dictamen se encuentra estructurado en tres títulos:

En el primer título se establecen las disposiciones básicas que se aplican a las leyes generales como son, el objeto y las definiciones.

El título segundo comprende las hipótesis delictivas en materia electoral, así como las reglas comunes para su aplicación.

En relación a la forma de persecución de los delitos electorales, en este dictamen se establece que el Ministerio Público, en todos los casos que reciba noticia de la comisión de un ilícito, procederá de oficio con el inicio de la investigación respectiva.

Respecto de las conductas delictuosas, se aborda en primer término los relativos a las personas; esto es, aquellos en los que no se exige calidad alguna específica del sujeto activo del delito, después a quienes ostentan la calidad de funcionarios electorales, funcionarios partidistas o candidatos y finalmente a los servidores públicos.

Por lo que respecta a este último sujeto activo, es decir, a los servidores públicos, las comisiones dictaminadoras consideran particularmente lacerante para la sociedad el condicionamiento de los programas gubernamentales con fines electorales. Particularmente han sido un reclamo social que además de establecer sanciones para aquellos que ejercen una función pública, el legislador sea enfático en disuadir todas aquellas conductas en las que se utilicen programas sociales para condicionar el voto de los ciudadanos.

En ese sentido, en este dictamen se prevé que tratándose de servidores públicos que utilicen este tipo de programas, se incrementa hasta en una tercera parte más la pena en relación con el tipo genérico correspondiente.

Adicionalmente, el dictamen recoge diversos supuestos que tienen que ver con la debida protección de los sistemas informáticos del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o el listado de electores, de la credencial para votar y de los listados nominales.

Asimismo, derivado del fenómeno denominado turismo electoral, o bien, expedición de credenciales para votar con domicilios irregulares.

El título tercero comprende las competencias, facultades y coordinación entre la Federación y entidades federativas. Por lo que se refiere a cuestiones competenciales se precisan en el dictamen los supuestos en los que la Federación será completamente competente para la investigación, persecución y sanción de los delitos electorales por los que fuera de estas hipótesis compete a las entidades federativas la persecución de los ilícitos.

Asimismo, se establecen los supuestos de coordinación entre la Federación y las entidades federativas para prestar auxilio a la autoridad competente conforme a la ley y demás disposiciones electorales.

Quiero agradecer, a nombre de la Comisión de Justicia, el trabajo dedicado que ha hecho la Mesa Directiva, a los Senadores Manuel Camacho y Arely Gómez González; asimismo a las comisiones codictaminadoras, al Senador Alejandro Encinas, al Senador Miguel Angel Chico y, asimismo, también a los Senadores que han enviado observaciones para enriquecer este dictamen.

Es una buena noticia que este periodo de sesiones concluya con la primera ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia político-electoral aprobada por el Senado de la Republica.

Muchísimas gracias por su atención.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Gil Zuarth.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Miguel Angel Chico Herrera, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Reforma del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- El C. Senador Miguel Angel Chico Herrera: Con su permiso, señora Presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer a las comisiones unidas que han realizado este magnífico trabajo. A la Comisión de Gobernación que preside la Senadora Cristina Díaz; a la Comisión de Justicia, que preside el Senador Roberto Gil; y a la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, que preside el Senador Alejandro Encinas.

Su trabajo ha sido arduo, difícil, pero por fin hemos logrado este dictamen que pondremos a consideración de esta Honorable Asamblea.

Compañeras y compañeros Senadores, la vida democrática de México ha estado a lo largo de los años llena de altibajos a pesar de contar con un sistema electoral de calidad y avanzado.

Las dudas que existen alrededor de los comicios son frecuentes.

La dinámica de la democracia en la que existen ganadores y quienes no tuvieron la oportunidad de lograr el triunfo electoral, se ve interrumpida por la presencia de agentes que daña la armonía de la misma.

Las constantes acusaciones en torno a los resultados electorales generan dudas en la ciudadanía, inhibe la participación y en ocasiones han desestabilizado al país.

La confianza en que los órganos encargados de atender las incidencias previas y al momento de la elección sean eficaces es central para el correcto desarrollo de la vida política nacional.

Los ciudadanos exigen sanciones congruentes en contra de los delincuentes electorales.

Es momento de acatar ese mandato público y sentar bases para lograr una mayor calidad en la certeza jurídico-electoral.

Es por eso que hoy, a nombre de la Comisión de Reforma del Estado, presento ante este Pleno el dictamen referente a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Dicha ley funge como ordenamiento de carácter general que contiene tipos penales por excepción y mandato de la propia Constitución.

Esta Reforma Política incluye delitos electorales que no habían sido incorporados en las últimas reformas en la materia, las de 2007, 2008 y 2009.

Es importante resaltar que desde que instalamos en sesión permanente las cinco comisiones unidas en materia político-electoral, se ha desarrollado un trabajo arduo para construir las leyes secundarias que en esta materia le urgen a México.

Aprovecho para agradecer a todos los integrantes de estas comisiones unidas por su impecable trabajo, así como por su voluntad política para llegar a los acuerdos.

En esta ley general se garantiza la protección, transparencia y calidad en los procesos electorales al sancionar a quienes atenten contra los valores fundamentales de la competencia electoral.

Dichos valores, al ser violentados, generan afectaciones en el interés público y coartan los derechos de los ciudadanos a elegir de manera libre a sus gobernantes.

El presente ordenamiento jurídico responde a las necesidades sociales vigentes, propias de la evolución política mexicana, se modifican normas obsoletas para observancia y el mejoramiento de los procesos con los que el sistema democrático subsiste.

Esta ley delimita el régimen de competencias de carácter federal para robustecer el sistema electoral y complementar la evolución política nacional que se vive con este proceso de transformación.

Lo aquí plasmado es un claro paso en la ruta para hacer valer la voz ciudadana en el país.

Con este instrumento jurídico se dará más certeza a los procesos electorales y, así, que lo puedan operar los congresos de los estados.

Dentro de los grandes avances que esta ley contempla, está la suspensión de derechos políticos ante la violación de las normas en ella estipuladas, resaltando entre los casos el desvío de recursos públicos. Esto, sin embargo, no contraviene las penas en multas y cárcel a las que se hacen acreedores quienes transgreden este reglamento, penas que pueden ascender de tres meses a nueve años de prisión, mientras que las multas van de los 10 a los 500 días.

Es importante resaltar la creación de una fiscalía especializada en materia electoral federal; dicha fiscalía regula el orden de competencias y la manera en que se coordina la Federación y los estados, entre los tres niveles de gobierno para la investigación, persecución y sanción de los delitos electorales, creando con ello los tipos penales en materia electoral y sus sanciones.

La ya mencionada Fiscalía Especializada, la cual dota de autonomía constitucional al Ministerio Público, los titulares de la fiscalía especializada en Delitos Electorales serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República.

De igual forma, se adopta la metodología utilizada en el Código Penal Federal y los códigos de las entidades federativas considerando al sujeto activo del delito y se establecen hipótesis delictiva, éstas van desde el ciudadano, ministros de culto religioso, funcionarios electorales o partidistas, candidatos, servidor público, legisladores y presidentes municipales.

En el caso específico de ministros de cultos, se sanciona a quienes aprovechando su posición ejerzan presión para dirigir el sentido del voto o la abstención del mismo por un candidato de un partido o coalición.

Se busca también erradicar las prácticas en las que se usan los programas sociales gubernamentales a fines electorales.

Se añaden sanciones a quienes voten sin cumplir los requisitos de la ley, quienes ejerzan su voto más de una vez en la misma elección, obstaculicen el desarrollo normal de las votaciones, soliciten votos por paga, organice reunión o transporte de votantes el día de la jornada, altere documentos públicos electorales, entre otros.

Consciente de los riesgos de mantener bases de datos en línea ante la existencia de denominados piratas cibernéticos, la Ley General en materia de Delitos Electorales busca proteger la elección. Se blinda en esta ley todos los recursos informáticos relacionados al Registro Federal de Electores, el padrón electoral y el listado de electores, de la credencial para votar y los listados nominales.

De igual forma se introduce la sanción al fenómeno denominado turismo electoral, las sanciones recaerán tanto en quién lo promueva como en quién lo ejecute.

Se eleva la sanción a quienes utilicen fondos provenientes de determinadas actividades prohibidas por disposiciones electorales; esto incluyendo candidatos.

La presente ley renueva la regulación de los delitos electorales que habían permanecido de la misma manera por 17 años.

La regulación penal a los delitos electorales permitirá sancionar a quienes agrediendo los valores fundamentales de nuestra democracia pretendan impedir el goce al derecho ciudadano de sufragar libre, secreto, directo, intransferible y a la equidad en la contienda, así como la voluntad popular desarrollada en los procesos de democracia representativa y directa.

Compañeras y compañeros Senadores, estoy convencido que la presente ley es un avance en la vida democrática del país. La Ley General en materia de Delitos Electorales junto con el resto de la legislación secundaria en materia político-electoral, fungirán como piedra angular en nuestra vida política.

Mediante esta ley se dará certidumbre a los ciudadanos de que sus voces han sido escuchadas y plasmadas en una garantía legal de los procesos electorales en el país.

Así alcanzamos una democracia de calidad, capaz de responder a los retos que la política actual presenta y sentando bases para las dificultades que en un futuro pudieran suscitarse.

Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Chico Herrera.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señora Presidenta.Señoras y señores Senadores:

El dictamen que presentamos ante ustedes sienta un precedente para el cumplimiento al mandato constitucional para este órgano legislativo respecto de la Reforma Política publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 2014.

Las consideraciones del presente dictamen se han elaborado a partir de las propuestas de creación de una legislación que contempla los lineamientos generales para asegurar el debido acatamiento de las reglas electorales, así como el funcionamiento de las instituciones y los procedimientos electorales a nivel federal y local.

El dictamen refleja el acuerdo de los grupos parlamentarios representados ante las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Deriva del análisis de las iniciativas presentadas por las Senadoras y Senadores de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara. Ante ello, es importante expresar que en la reforma constitucional aludida, se establece un régimen transitorio que obliga al Congreso de la Unión a expedir nuevas leyes generales en las siguientes materias: organismos electorales, procesos electorales, partidos políticos, y delitos electorales. Esta, la de delitos electorales, es el primer acuerdo trascendental para la vida democrática de nuestro país, y asegura, por tanto, el cumplimiento de los principios generales descritos en la Constitución para los procesos electorales, de manera que estos no se encuentren contaminados por intereses o actividades del crimen que afectan las elecciones.

Los delitos en materia electoral se instituyen a partir de conductas que por vulnerar bienes jurídicos de mayor entidad requerían una sanción mayor que la administrativa. La separación entre las sanciones administrativas y penales es una cuestión delicada que debe justificarse plenamente, de manera que la sanción penal sea el último recurso del Estado cuando las sanciones administrativas e, incluso, los buenos oficios políticos, son insuficientes para preservar los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal en materia electoral.

Tales bienes jurídicos tutelados son el adecuado desarrollo de la función pública electoral, en específico, entre otros, el sufragio libre, secreto, directo e intransferible y la equidad en la contienda, así como la voluntad popular desarrollada en los procesos de democracia representativa y directa.

El conjunto de normas penales establecidas en esta ley, es la expresión extrema del poder del Estado frente a los ciudadanos, por ello debe garantizar en última instancia la eficacia de la autoridad, a fin de que cuenten con los tipos penales que abarquen correctamente el amplio espectro de sujetos y conductas que puedan perturbar la adecuada función pública electoral, el proceso electoral, las instituciones y el sufragio.

Hacer posible la persecución y sanción a los infractores, siempre en la inteligencia de que la intervención del Estado a estos niveles debe estar perfectamente justificada cuando otros métodos de control son insuficientes, garantizando el pleno ejercicio de derechos.

Esta ley, compañeros, establece nuevas conductas delictivas; modifica y adecúa las existentes en el ordenamiento punitivo federal; además, establece las disposiciones que regulan las cuestiones competenciales en materia penal electoral, así como las directrices que permiten el establecimiento de políticas públicas tendientes a prevenir y combatir las conductas que vulneran los bienes jurídicos en materia electoral.

Es importante dejar asentado que en el proceso de dictaminación, los integrantes de las comisiones unidas consideramos necesario y oportuno llevar acabo diversas modificaciones a la materia penal electoral, a efecto de comprender básicamente la descripción de conductas que se realizan durante los procesos electorales que afectan intereses de las instituciones democráticas, el desarrollo adecuado de la función pública electoral y el sufragio libre, directo y secreto.

Atendiendo a lo anterior, el contenido de la ley pretende no solo dar claridad respecto a la estructura que debe considerarse en los ordenamientos jurídicos de este tipo, sino que además se plantean hipótesis delictivas con base en las experiencias de los últimos procesos electorales, federales y locales.

La precisión de los tipos penales, sin duda obedece al principio de estricto derecho que señala el artículo 14 de la Constitución Federal. En este sentido el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en materia de Delitos Electorales, está estructurado de la siguiente manera:

Título Primero. Disposiciones Generales. Establece las disposiciones básicas que se aplican a las leyes generales como son el objeto y las definiciones de aplicación general.

Título Segundo. De los Delitos en Materia Electoral. Que comprende las hipótesis delictivas así como reglas comunes para su aplicación y las calidades del sujeto activo para hacer responsable de dichas conductas dentro de los procesos electorales y de consulta popular.

El Título Tercero. Comprende las Competencias, Facultades y Coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas, en materia de delitos electorales respecto de la investigación, persecución y sanción de los delitos electorales o lo que fuera de las hipótesis que competen a la Federación, la competencia será a favor de las entidades federativas.

Sabemos que aun quedan pendientes las expediciones de leyes generales en materia de instituciones y procedimientos electorales, así como lo referente a partidos políticos. Estamos convencidos que la ruta seguida para la construcción de acuerdos es la correcta y en los próximos días daremos cuenta de ello ante este Pleno del Senado de la República.

Señoras y señores Senadores, este dictamen, que sin duda será ampliamente respaldado por todos ustedes, es el punto de partida para la Reforma Político-Electoral. Por lo anteriormente expresado, pido su voto a favor del dictamen, porque se expida la Ley General en materia de Delitos Electorales, no sin antes felicitar a los Presidentes de la Comisión de Justicia, de Reforma del Estado, de Estudios Legislativos, y de Gobernación y a todos sus integrantes.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señora Presidenta.

Yo no quisiera repetir lo que han venido a fundamentar y muy bien hecho, tanto el Senador Roberto Gil, Presidente de la Comisión de Justicia, y quien encabezó de manera importante la elaboración de este dictamen, así como los compañeros Miguel Angel Chico, de la Comisión de Reforma del Estado, y la Senadora Cristina Díaz, de la Comisión de Gobernación. Y solamente quisiera destacar cinco cuestiones respecto a este dictamen, con el cual se publica la Ley General en materia de Delitos Electorales.

El primero de ellos es que se trata, en primer lugar, de una actualización de los tipos penales ya contenidos actualmente en el Código Penal Federal, y que si bien hay definiciones de carácter general, empiezan a tener definiciones más puntuales.

Segundo, y creo que esto es lo que más vale la pena destacar, se generan nuevos tipos de delitos, derivados del esquema tan sofisticado de las conductas jurídicas ilegales que hemos conocido en los últimos procesos electorales.

Ahora sí se va a sancionar, esperamos, la compra y la coacción de los votos de manera masiva e individual.

Debe sancionarse, a partir de esta ley general, el uso de recursos de procedencia ilícita o, incluso, el uso de recursos lícitos, pero aplicados indebidamente en las campañas, así como debe sancionarse el condicionamiento de los programas sociales y de otros programas de carácter público, como hemos visto, que hoy se condicionan al voto a favor de un solo partido.

Con toda seguridad, esta acción va a fortalecerse con la reforma, o más bien dicho, con la publicación de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde va a quedar expresa plenamente la prohibición de la entrega de cualquier tipo de dádivas a cambio del voto.

Y se va a suprimir el uso de dádivas e, incluso, de utilitarios como los tinacos, los bultos de cemento, todo este tipo de prácticas que se conocen, para reducir estrictamente el uso de utilitarios a materias textiles que tengan contenido de propaganda específico en la contienda electoral.

Yo espero que esto no derive pronto en el reparto de cobijas, uniformes escolares, uniformes deportivos, etcétera, sino que sea una restricción para eliminar la dádiva, la coacción y la compra del voto.

Otra medida importante de la sanción a lo que se ha denominado el turismo electoral, que supera con mucho la vieja práctica del carrusel, que conocimos con el uso y traslado de electores de una casilla a otra en la elección, sino que ahora hemos conocido prácticas, incluso, de empadronar ciudadanos de un estado, en el que no concurre una elección, para ir a votar a otra entidad federativa, como se acreditó plenamente, por lo menos con la existencia de 5 mil ciudadanos yucatecos que fueron dados de alta en la lista nominal de Quintana Roo, y que fueron a votar, sobre lo cual existe una denuncia pendiente por resolver en la fiscalía especial para atender los delitos electorales.

Junto con estas acciones, se establecen nuevas sanciones derivadas de las reformas constitucionales. Pongo 2 ejemplos:

El establecimiento de sanciones a partidos o candidatos que compren o adquieran tiempos en radio y televisión, lo cual ya está prohibido desde la reforma constitucional y quedará establecido en la Ley General de Procedimientos Electorales.

Y otras sanciones derivadas de la reforma, ya también constitucional, en materia de consulta popular, en donde, toda vez de que es concurrente la consulta popular con la celebración de los procesos electorales federales y se realizarán en la misma casilla y ante la misma mesa directiva, pues, hay conductas que pueden configurarse en delitos, si es que se pretende afectar el desarrollo de este derecho de los ciudadanos.

Creo que afortunadamente esta es la única de las 3 leyes a las que la reforma constitucional obligaba al Senado y a la Cámara de Diputados a emitir el 30 de abril, y qué bueno que lo logramos.

Pero también hay que ser objetivos y decir, con toda franqueza, el alcance de esta ley.

Esta ley, y qué bueno que sale, es una ley de solamente 26 artículos, por lo cual no fue muy difícil ponerse de acuerdo.

Lo importante hubiera sido que hubiéramos cumplido con nuestra responsabilidad en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que serán cerca de 500 artículos, o la de partidos políticos que rondará por un articulado cercado al número 300.

En estos momentos se está llevando a cabo una reunión para ir acercando las posiciones, cuando ya se han hecho los nombramientos, ratificando los compromisos en la Presidencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en el Tribunal Fiscal, los Magistrados, nombramientos en torno al IFAI, ahora sí entremos en serio a desencorchetar nuestras diferencias y tener muy pronto la reforma, porque no se trata solamente de que se expidan las leyes generales en esta materia para que se establezcan las condiciones a las entidades federativas para hacer lo propio en la Constitución y en la legislación local, sino como lo estableció la reforma constitucional, es condición necesario para que el nuevo Instituto Nacional Electoral y la reforma constitucional que realizamos, pueda entrar en vigor plenamente.

Sin estas leyes no entraría en vigor la reforma constitucional y se generaría una profunda contradicción con una nueva autoridad autónoma, con un rediseño institucional que no opera y en donde seguirían vigentes las legislaciones locales.

Qué bueno que se avanzó.

El reconocimiento a las comisiones que dictaminamos, a sus integrantes, pero falta lo más importante y habrá que agotarlo los primeros días de la próxima semana.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Alejandro Encinas.

Pasamos a posicionamientos. Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, hasta por 5 minutos.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su permiso, señor Presidente.

Bueno, creo que con esto vamos a terminar, a no ser que todavía nos presenten alguna otra sorpresa.

Aquí tengo anotada la hora en que me entregaron este documento. Este documento me lo entregaron a las 19:31, cuando estábamos discutiendo otro dictamen.

¿Cómo quieren que de las 19:31 a ahorita, porque nadie tuvo tiempo de leer nada, puédase discutir textos tan importantes como los delitos electorales?

Y ese es el problema que hemos venido reclamando una y otra vez, y no se corrige.

No basta que en una mesa se reúnan por ahí los 3 partidos, o inclusive hasta el Verde, para que sean 4, y todo, no basta, no sirve, porque por ejemplo, nosotros los Senadores no sabemos cuál es el tema de la disputa electoral, no sabemos; no sabemos qué tiene esto.

Yo creo que el Senador Alejandro Encinas es honesto y ha establecido cuestiones importantes, pero no sirve, y voy a explicar otra vez con el temor de molestarlos. El que el Senado de la República maneje los temas en secreto, en mesas ocultas, es absoluta y totalmente antidemocrático.

Para poder saber qué se discutió ahí, habría que tener el documento y se entera uno. La prensa sabe más que lo que nosotros sabemos.

Hay un texto que presentó quién sabe quién, pero luego el gobierno metió su cuchara y metió otro texto que cambió todo y se echó para atrás, bueno, todo eso es lo que declaran a los medios.

Pero al hacer esto con mesas, que además está sentado el representante de Gobernación, pues, ¿qué debate es eso? Parecería que está dando instrucciones.

Por eso esa institución que se llaman comisiones. Para esos son.

Y hay hasta fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando se busca anular una resolución, se dice, si hubo debate, discusión, dictamen, entonces hubo un procedimiento adecuado.

Porque nosotros no debemos negociar en secreto. Eso es antidemocrático y contrario a la representación que se tiene.

Las comisiones deben sesionar públicamente, abiertas al público, y solo así la opinión pública puede saber cuál es la posición del PAN, del PRI, del PRD, de todos; y es donde se genera la representación realmente válida, de quienes estamos aquí.

Pero si se esconden y se organizan mesas de discusión, fuera, pues nadie sabe.

Entonces, nos presentan esto, que sí los que estuvieron ahí están muy bien enterados, pero nadie está enterado, ni ustedes que están aquí, no saben nada de esto, nada, más que creerles a quienes le quieran creer.

Pero los mexicanos no saben nada; nada saben de la discusión política, tan importante, porque se maneja todo en secreto. Y esa es una posición nefasta, porque en secreto se dan, dame dos y dame tres, y fíjate que sí llegamos hasta aquí. No, eso lo tiene que presenciar la opinión pública nacional, eso tiene que ser público, eso tiene que enseñarle a los mexicanos qué se está discutiendo, no estar encerrados en un cuarto por ahí y saber ustedes qué paso, los que estuvieron, y los demás no sabemos nada.

Entonces, el proceso está viciado. El proceso es falso. El proceso es escondido. El proceso es antidemocrático. No sabe la opinión pública nada.

Nos pasamos este tiempo de la discusión supuesta, entre unos cuantos, de la importantísima reforma o las leyes secundarias políticas y de partidos, nos enteramos por lo que le quisieron decir a la prensa. Había que estar atentos, a ver qué salió. La prensa no sabe tampoco, más lo que les dicen.

Esto es público. Mientras sigamos escondiendo el debate político, estamos violando nuestra representación y estamos permitiendo que haya toda clase de tráficos, de posiciones, de hipocresías y de simulaciones. Estamos terminando un periodo nefasto.

Yo invitaría a los coordinadores, a los que sí citan, a mí no me citan, la Junta de Coordinación Política tiene meses de no sesionar, pero se permiten sacar un letrero atrás, y decir, la Junta de Coordinación Política y mentira, son tres los que se reúnen.

Y eso es una hipocresía y es la que se presta a simulaciones; y esas dame tú y te doy yo, y esa negociación que es antidemocrática.

Ojalá los coordinadores, que sí asisten y se reúnen en lo oscurito, déjen de hacerlo, porque es vergonzoso. Eso no es negociación política, eso es tranza.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros:

El 10 de febrero del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia político-electoral.

La reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales en materia de delitos electorales.

Adicionalmente se da autonomía al Ministerio Público, el cual contará con una Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.

Así, con el dictamen que está a discusión en estos momentos, damos cumplimiento al mandato constitucional.

El dictamen que hoy presentan las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, es producto de un trabajo intenso, pero respetuoso de los grupos parlamentarios representados en este Senado de la República.

Reconozco la conducción de las Mesas Directivas y de los integrantes de las comisiones dictaminadoras, porque gracias a su labor se llegó a un dictamen de consenso.

El contenido del presente dictamen tiene cuatro ejes principales.

Primero. Establece los delitos electorales que serán aplicables en todo el país.

Los congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, armonizarán su marco legal con las disposiciones contenidas en el presente dictamen.

Segundo. Estipula mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para investigar, perseguir y sancionar los delitos electorales.

Tercero. El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de la investigación por la comisión de delitos electorales. En este punto, cabe destacar que el Senado nombrará al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.

Cuarto. Actualiza los tipos penal en materia electoral y establece sanciones de tipo administrativas y de tipo penal, incluyendo la inhabilitación de los servidores públicos por un periodo de dos a seis años y, en su caso, con la destitución del cargo.

El presente dictamen tutela varios bienes jurídicos, pero en esta ocasión solo haré referencia a tres de ellos: el derecho al voto libre y secreto, la equidad en la contienda electoral, y el correcto ejercicio de la función electoral.

Para evitar y combatir conductas que afecten el voto libre y secreto, se establece prisión de seis meses a tres años, a aquella persona que:

Obstaculice o interfiera el desarrollo de la jornada electoral.

Compre o coaccione el voto.

Introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente boletas electorales.

Amenace con suspender los beneficios de los programas sociales o intimide al electorado, entre otras hipótesis.

Para asegurar la equidad, se establece prisión de dos a nueve años al servidor público que:

Amenace a sus subordinados para participar en eventos de campaña o de precampaña.

Coaccione la prestación de un servicio público, condicione este mismo a cambio del voto, y si se trata de un programa social, la pena se aumentará hasta un tercio o haga uso ilegal de los recursos públicos, por mencionar solo algunos aspectos.

En lo que se refiere a la función electoral, la pena será de prisión de dos a seis años al funcionario electoral que haga uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores, al Padrón Electoral o lista de electores, que no cumpla con sus obligaciones y que, por ende, afecte al proceso electoral, altere los resultados electorales o coaccione el voto, por mencionar algunos de los supuestos.

Compañeras y compañeros Senadores, en el Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen, porque éste fortalecerá el sistema electoral mexicano.

Hoy ninguna de las fuerzas políticas tendrá duda de que se están estableciendo reglas electorales que nos permitan asegurar los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en los procesos electorales.

Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Puente Salas.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Bueno, como preparé una intervención para diez minutos, voy a cortar, diciendo solamente que esta iniciativa incluye nuevos delitos que se incorporan por la nueva realidad que vivimos en el país, de presencia del crimen organizado en los eventos electorales, así como la compra masiva de votos.

Cuando los delitos los cometen servidores públicos, cualesquiera delitos que cometan, se les va a imponer dos tipos de sanciones: la inhabilitación como servidor público y la sanción penal que corresponda al delito que cometa; y sería un delito grave, que implica de cuatro a nueve años de prisión y de 200 a 400 días de multa.

O a cualquier persona que cometa delitos de este tipo, que haga proselitismo, presione a los electores para orientar el sentido del voto, quien introduzca boletas falsas, quien solicite declaración firmada de cómo votó o retenga sin causa justificada la credencial de elector, estos van a ser penas de seis meses a tres años y de 100 días de multa.

O quien solicite el voto a cambio de paga, dádiva, promesa de dinero o cualquier recompensa. Si además se hace mediante violencia, entonces aumenta la penalidad. Si se hace con personas armadas, se aumenta 50 por ciento la pena. Quien impida la instalación o clausura de casillas, y si son varias personas armadas, la pena también aumenta a más una mitad.

Se acorta el tiempo de veda. Las encuestas o sondeos de opinión ya solamente se van a hacer tres días antes, la prohibición.

También a quien perturbe el orden en la casilla o cause temor o intimidación, y si esta conducta la realizan varias personas armadas, la pena aumenta la mitad más.

Quien reciba recursos del extranjero para el partido, la coalición, el candidato o agrupación política también va a merecer una severa sanción.

Si se trata de funcionarios electorales los delitos leves que cometen, que son los de 50 a 200 días de multa y de dos a seis años de prisión, es cuando divulguen noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral. Si se trata de funcionarios partidistas o candidatos, llevan una prisión de uno a seis años y de 100 a 200 días de multa a aquellos que no rindan cuentas cuando se les requiera legalmente, aquellos que soliciten votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación, o nieguen información cuando legalmente les sea requerida, o falsifiquen los documentos comprobatorios de los gastos, ya sea sobre costos o subfacturación.

Si se trata de servidores públicos la pena es grave, es de 200 a 400 días de multa y de cuatro a nueve años de prisión a quien condicione la prestación de servicios públicos, programas gubernamentales, otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, realizaciones de obras públicas, etcétera, o a cualquier persona también que amenace con suspender programas sociales, todo esto será pena grave.

Si el condicionamiento lo hacen servidores públicos utilizando programas sociales, la pena aumentará un tercio.

Se sanciona también la alteración de datos en el Padrón Electoral y, algo muy relevante, se sanciona el financiamiento ilícito en las campañas electorales, ya sea mediante el uso de recursos de procedencia ilícita o bien sea mediante el uso ilícito de recursos de legítima procedencia.

Se sanciona el exceso de los gastos de campaña, las aportaciones de particulares a partidos o a sus campañas, el uso para fines políticos de recursos derivados de actividades ilícitas, como el narcotráfico u otras formas de delincuencia organizada. Específicamente se persigue el financiamiento ilícito de campañas con recursos provenientes del extranjero, se configura el delito denominado turismo electoral, se fija una sanción a las autoridades electorales que ejerzan su cargo siendo incompatibles de acuerdo a la reforma constitucional.

Algo muy importante, es que se establecen, de manera relevante, una serie de tipos penales a conductas que atenten contra el buen desarrollo de la consulta popular, a quien atente contra los procedimientos de consulta popular. Quedan pendientes, como tipificar como delito la creación de estructuras paralelas de financiamientos ilícitos de campañas políticas.

Estos sofisticados mecanismos de ingeniería financiera que se han usado, por ejemplo, en “Amigos de Fox”, donde corrió un río de dinero por 3 años consecutivos para un candidato, o bien esa estructura paralela de financiamiento que organizaron los gobernadores de Elba Esther Gordillo en la elección de 2006, o el flujo millonario de dinero triangulado a través de tarjetas Monex o Soriana que implicaron un empleo desmedido de recursos en la compra de millones de votos.

Lamentamos que delitos cometidos en los procesos internos de los partidos queden en la impunidad, porque no fueron incluidos en esta ley; y tampoco se sanciona la publicidad encubierta en radio y televisión, que se sancione esta práctica cometida ya sea por el partido, el candidato o el medio de comunicación; ni que los sindicatos u organizaciones triangulen recursos hacia candidatos o campañas, como el PEMEX GATE.

Termino diciendo que votaremos a favor esta iniciativa porque contiene avances muy importantes, aunque deben de subrayarse los pendientes y seguir trabajando en ello, esto contribuirá a la evolución de nuestro sistema electoral.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, con su permiso, señor Presidente.

El diseño de las instituciones democráticas y republicanas de nuestra nación nos ha ocupado poco más de 200 años, entendiendo a la democracia como aquel Estado en que un pueblo soberano guiado por sus leyes se gobierna así mismo por medio de autoridades y de representantes electos libremente.

Sin embargo, para consolidar la democracia es preciso proteger el funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, lo cual reviste una muy alta prioridad. Por ello, estimamos que es necesario pugnar desde el ámbito legislativo por el respeto cabal a los derechos político-electorales de los ciudadanos en una contienda electoral, por hacer que se respete a los partidos políticos en sus derechos y prerrogativas, y por garantizar que los órganos electorales sean árbitros neutrales de una lucha política, todo ello con miras a proteger los valores fundamentales que debe ostentar todo sistema democrático.

Por ello, estimamos que debe salvaguardarse el valor jurídico electoral constitucionalmente tutelado de mayor trascendencia, que es el voto universal, libre, secreto y directo, por ser el acto mediante el cual se expresa la voluntad ciudadana para elegir a sus representantes y, consecuentemente, resulta fundamental la protección del principio de equidad e igualdad dentro del proceso electoral.

Hoy estamos discutiendo el dictamen sobre la Ley General en materia de Delitos Electorales; y la lógica para el establecimiento de delitos electorales parte de la lesión a los bienes jurídicos que se tutelan, es decir, bienes jurídicos de mayor trascendencia, bienes jurídicos mayores, y esa es la razón para que la sanción sea mayor que la sola sanción administrativa.

La reciente reforma constitucional en materia político-electoral, recogió en su motivación los agravios que hoy nuestra sociedad enfrenta por fenómenos como la corrupción, como la impunidad, muchas veces por parte de autoridades electorales; y por ello se faculta al Congreso de la Unión a emitir una Ley General en materia de Delitos Electorales.

La importancia de la ley que hoy se somete a votación de este Pleno del Senado de la República, radica no sólo en la adecuación de los tipos penales existentes, que ya era necesario modificar, y también la introducción de nuevos tipos penales. La importancia de esta ley también radica en establecer aspectos competenciales y principios claros orientados a sancionar conductas que vulneren el derecho al voto libre y secreto.

Quiero felicitar a las comisiones dictaminadoras por el esfuerzo para consensar este dictamen, para consensar este cuerpo normativo que hoy se discute.

Y adelanto y anticipo que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor del mismo, porque es un instrumento necesario para consolidar nuestra democracia y para proteger y salvaguardar los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Quisiera destacar de manera breve alguno de los aspectos fundamentales que consideramos importantes en este dictamen.

Por ejemplo, está que todos los delitos electorales se perseguirán de oficio por el Ministerio Público, se establecen sanciones para los funcionarios partidistas o candidatos que atentan contra el adecuado ejercicio de la función público electoral.

Merece especial mención la inclusión de conductas en las que se exige que el sujeto activo sea un servidor público, sancionándose el actuar indebido de dichos sujetos y el desvío de recursos públicos, incrementándose hasta en una tercera parte más la pena en relación con el tipo genérico correspondiente cuando se condicione el otorgamiento de programas sociales a cambio del voto.

Yo creo que esta es una de las partes esenciales de este dictamen.

También en cuanto a los temas de turismo electoral y de expedición de credenciales para votar por domicilios irregulares, incrementándose considerablemente en los últimos años, resulta necesario establecer el marco sancionatorio para aquella persona que promueva, traslade, subsidie o contrate servicios o bienes, o bien, gestione que uno o más ciudadanos proporcionen documentos o información falsa al Registro Federal de Electores.

Se prevé una sanción más elevada para ciertas conductas que se relacionan con el aprovechamiento de fondos provenientes de determinadas actividades prohibidas por las propias disposiciones electorales, incluyendo en este supuesto a precandidatos y candidatos.

Para el caso de fedatarios públicos, se prevé sancionar en aquellos casos a quien se niegue injustificadamente a dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección.

En materia de consulta popular, se establece que se impondrá de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien durante el procedimiento de consulta popular haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada de consulta popular con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo.

En cuanto al ámbito de competencia de la ley, se establecen en el dictamen los supuestos en que la Federación será competente para la investigación, persecución y sanción de los delitos electorales, así como los supuestos en que serán competentes para los mismos efectos las entidades federativas.

Finalmente, se establece la obligatoriedad de que las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas cuenten con estas fiscalías especializadas en materia de delitos electorales.

Por las razones antes expuestas, compañeras y compañeros Senadores, solicito su voto a favor de este dictamen en la inteligencia de que de ser aprobado estaremos dando cumplimiento a la reforma constitucional en materia político-electoral, pero sobre todo, con este instrumento legislativo dotaremos de mayor certeza al proceso electoral.

Así el trabajo legislativo realizado pretende proporcionar un marco penal abstracto que permita al juzgador individualizar la pena, teniendo en cuenta circunstancias concretas a cada caso, así como a otros factores sociales o individuales que sirvan para establecer la exigibilidad de la conducta a efecto de que se atienda el debido desarrollo de los procesos electorales.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Arely Gómez González, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Arely Gómez González: “La democracia puede ser un método o bien un sistema de reglas para tomar decisiones colectivas con el más amplio consenso”.

Con su venia, señor Presidente.

Hoy nos convoca la aprobación de un dictamen de relevancia para fortalecer la vida democrática de nuestro país.

La arquitectura institucional en materia electoral en México tiene tres pilares independientes, pero interrelacionados entre sí que trabajan en la protección de los principios rectores en las elecciones democráticas. Las autoridades administrativas encargadas de la organización de los comicios y de garantizar una contienda equitativa, transparente y apegada a la ley.

Los órganos jurisdiccionales en materia electoral, cuya tarea es resolver las impugnaciones y calificar las elecciones correspondientes.

Y el tercer elemento son las autoridades encargadas de la investigación y persecución de los delitos electorales.

El proyecto que hoy sometemos a su consideración busca fortalecer a uno de estos tres pilares: el de la justicia penal electoral, al dotarle de las herramientas jurídicas necesarias para el desempeño eficaz de su función.

Fortalecer la investigación y persecución de las conductas que atentan contra los valores fundamentales de la democracia electoral, traerá como consecuencia una mejor calidad de los procesos electorales.

La Ley General en materia de Delitos Electorales busca proteger los bienes fundamentales para garantizar el adecuado desarrollo de la función pública electoral; entre otros, la libertad y secrecía del voto, la equidad en la contienda electoral y la certeza de los resultados.

Este dictamen que es el resultado de la reforma constitucional en materia político-electoral, es una propuesta de avanzada que considera las distintas formas de participación de la sociedad en la vida democrática. Es de vanguardia, porque introduce figuras jurídicas para tutelar el procedimiento de consulta popular que apenas hace unos meses aprobamos en el Congreso y que por primera ocasión se considera en la materia de delitos electorales.

La legislación federal en materia de delitos electorales no había sido reformada desde noviembre de 1996. Ello producía un desfase entre la materia penal y la administrativa. El dictamen de la Ley General en materia de Delitos Electorales establece los tipos penales clasificados con base a los posibles sujetos activos del delito.

Sanciona conductas como el proselitismo efectuado el día de la jornada electoral y amplía la circunstancia de tiempo para sancionar la compra de votos en los tres días previos a la jornada electoral.

Se establecen penas para los servidores públicos que desvíen recursos públicos en apoyo a partidos políticos o candidatos, que coaccionen, induzcan o amenacen a sus subordinados a participar en eventos proselitistas que condicionen el cumplimiento de programas gubernamentales o que soliciten a sus subordinados aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un partido político, precandidato o candidato.

Por la comisión de estos ilícitos, las sanciones adicionales a la pena de prisión para los servidores públicos van desde la inhabilitación de dos a seis años, así como a la destitución del cargo.

La sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada, entre otros factores, por la impunidad, la corrupción y la falta de coordinación entre las autoridades de los distintos niveles de gobierno.

Tales circunstancias justifican el establecimiento de disposiciones que regulen las cuestiones competenciales entre autoridades federales y locales, con el fin de establecer políticas públicas que prevengan y combatan de manera eficaz las conductas que vulneren los bienes jurídicos en la materia electoral.

Con la aprobación del dictamen que sometemos a su consideración, estableceremos reglas electorales más justas, eficientes y transparentes en beneficio de nuestra democracia electoral y de todos los ciudadanos.

Compañeras y compañeros, la Ley General en materia de Delitos Electorales permitirá cumplir con el mandato de la reforma constitucional publicada en febrero pasado, y contribuirá en dar mayor certidumbre a los procesos electorales y en incrementar la confianza de todos los mexicanos, porque establece instrumentos que garantizan el respeto de su voto, que es la forma más directa de ejercer la democracia.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Gómez González.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 numeral 1, fracción III del Reglamento del Senado, informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen, se han inscrito los Senadores David Monreal Avila y Angélica de la Peña Gómez.

¿Hay alguien más? Se cierra la lista, y se concede el uso de la tribuna al Senador David Monreal Avila, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador David Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

La democracia en México consiste en partidos políticos, elecciones, candidatos, campañas y encuestas, lo que acarrea un sinfín de delitos en materia electoral; los cuales son el reflejo fiel de la falta de voluntad y de cultura democrática, la falta de voluntad política para apegarse a lo establecido en las leyes en materia.

La democracia mexicana no ha logrado consolidarse debido a que tenemos instituciones públicas débiles que no cumplen cabalmente la función para las que fueron creadas.

Una muestra de la inoperancia de las instituciones públicas la encontramos en la elección para ocupar un cargo de elección popular. En estos procesos se presentan retrocesos que infieren directamente en el voto libre de los ciudadanos, son reiteradas las denuncias por la compra y coacción; y en el peor de los casos, del uso de recursos y programas públicos para el proselitismo electoral, sin que los autores intelectuales sean sancionados.

Tan solo en las pasadas elecciones federales, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales abrió 2,618 averiguaciones relacionadas a los delitos electorales.

La FEPADE hace referencia a que los delitos electorales lejos de disminuir, van en aumento, al comparar el periodo de agosto del 2010 a julio de 2011, y de agosto de 2011 a julio de 2012, se presentó un incremento del 101 por ciento.

Asimismo, se observa un incremento del 20.7 por ciento al comparar los meses de julio de 2011 y 2012; por tal razón, el principal desafío de las instituciones democráticas en esta llamada nueva etapa de transición, es obtener la confianza de los ciudadanos; esto se logrará otorgando a los ciudadanos instrumentos jurídicos para ejercer la supervisión y vigilancia de las elecciones para ocupar un cargo de elección popular.

Sin embargo, se está desaprovechando una gran oportunidad para crear una correcta ley en materia de delitos electorales, delitos que tanto aquejan a nuestra incipiente democracia.

Por citar un caso, el presente dictamen, a grandes rasgos, en el Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal, que habla sobre delitos electorales en materia de registro nacional de ciudadanos, si ya todos los partidos han sido víctimas de alguna u otra manera de delitos electorales, por qué mantener el mismo modelo que ha fracasado a lo largo de bastantes años en distintos procesos.

Sin duda, esta ley que estamos por votar tiene, con la incorporación de nuevos delitos, algunos avances, pero hemos dejado fuera algunos otros, como el que se refiere a las famosas encuestas que en muchas ocasiones se utilizan más para influir en el estado de ánimo de los electores persuadiendo que para el propósito de una verdadera medición, y no viene contemplada en esta nueva ley.

Las sanciones que se imponen a quienes incurran en los delitos electorales también son, diríamos, bastante cómodas o laxas, porque en el mejor de los casos habrá quien prefiera pagar la sanción de 26 mil y tantos pesos, que sería la sanción máxima, o un año de prisión, dependiendo del caso que respetar la ley electoral.

Me parece que pudimos tener una mejor ley en materia de delitos electorales; pero, sin duda es un avance que tendremos que considerar y que tendrá que permanecer el debate abierto para ir mejorando nuestras instituciones electorales.

Nosotros, su servidor, en lo personal, otorgaré mi voto a favor de este dictamen, esperando continúen las discusiones para ir incorporando delitos electorales que no fueron considerados en esta ocasión.

Es cuanto, señor Presidente.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Monreal Avila .

Para razonar su voto, tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señora Presidenta. Señoras y señores Senadores:

El pasado día 10 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia Político-Electoral.

Al reformarse la Constitución en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), el Congreso debe expedir una ley de carácter general en materia de delitos electorales, la cual, junto a las leyes generales de secuestro y de trata de personas, vendrá a ser el tercer ordenamiento de carácter general que contiene tipos penales por excepción y mandato de la propia Constitución.

Con base en dicho Decreto, el Congreso de al Unión cuenta con facultades para legislar a través de leyes generales sobre delitos electorales.

En ese sentido, el Artículo Segundo Transitorio mandata al Congreso a expedir una ley en materia de delitos electorales que establezca los tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas, a más tardar, dice el mandato, el 30 de abril de 2014; es decir, hoy, en esta sesión, estamos cumpliendo en tiempo y en forma.

Como podemos observar, estamos frente a una reforma política que modificó sustancialmente el desarrollo de los procesos electorales en nuestro país.

Es un cambio radical en el modelo de organización electoral de los últimos 20 años y que impacta de manera directa no sólo en la forma y los procedimientos electorales, sino en el propio procedimiento penal electoral.

Este dictamen expide la Ley General en materia de Delitos Electorales, que habían sido apartados de las respectivas reformas electorales de los años 2007, 2008 y 2009.

Si bien es cierto que no podemos fundar la democracia en el derecho penal, también lo es que una reforma integral no puede dejar en el vacío o en la obsolescencia las sanciones de aquellas personas que atentan contra los valores fundamentales de la democracia. De ahí la necesidad de contar con una legislación general que salvaguarde la voluntad popular y la democracia.

No hay que olvidar, señoras y señores, que México lamentablemente es un país que cuenta con un largo historial de elecciones cuestionadas y con presunciones de fraudes electorales.

Al hablar, por lo tanto, de una ley como la que ahora estamos a punto de votar, como una ley general, tenemos que entender que son ordenamientos respecto a los cuales el Constituyente o el poder revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades federativas que integran el Estado mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido en el artículo 124 constitucional.

Además estas leyes no son emitidas motu propio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas. De manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales.

En el caso de los delitos electorales, a diferencia de otros delitos, su comisión no percibe como una afectación a la integridad física, al patrimonio u a la libertad de las personas. Sin embargo, el ámbito de afectación es igual de reprochable, porque se afecta no sólo a la democracia, sino el derecho de las y los ciudadanos para elegir libremente a sus gobernantes y representantes.

En la actualidad parte de los delitos electorales no responden a las condiciones con las que actualmente se desarrollan los comicios en el país. Tan sólo en las elecciones de 2012, el proceso federal fue inédito por el carácter concurrente que tuvo en 15 elecciones locales.

De ahí la importancia de aprobar el presente dictamen para actualizar los tipos penales, los cuales, insistimos, suman ya 17 años sin modificarse, es decir, que en todos estos años el Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal no sufrió reformas. Por cierto, hoy tiene que ser necesariamente derogado.

En la actualidad, varias de las conductas ahí descritas son obsoletas, requieren, por lo tanto, de actualización; y ese es el sentido fundamental del dictamen que hoy vamos a votar.

Por todo lo anterior, el voto nuestro, como ya ha sido expresado por mis colegas de mi grupo parlamentario, será votar a favor del presente dictamen.

Sin embargo, insistiremos en incluir como conductas físicas aquellas que tienen que ver con sancionar no sólo a servidores públicos, sino aquellos líderes sindicales que obliguen a sus agremiados a votar a favor o en contra de determinado candidato y no menos importante, sancionar la utilización de aquellos recursos económicos en la creación de estructuras paralelas de financiamiento o de personas morales.

En ese sentido, anticipo que reservaré tres artículos de este dictamen.

Es cuanto, y muchísimas gracias por su atención.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Agotada la lista de oradores en lo general, informo a la Asamblea que han sido reservados los siguientes artículos para la discusión en lo particular.

El Senador Fernando Salazar Fernández, reservó el artículo 7.

Y la Senadora Angélica de la Peña Gómez, como ya lo anticipó, reserva los artículos 9, 15 y 21.

Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 103 votos a favor, cero en contra y 3 abstenciones.

PRESIDENCIA DEL C. SENAODOR

RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto.

Se concede la palabra al Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al artículo 7 del proyecto de Decreto.

- El C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

La reserva tiene por objeto establecer agravante en el delito previsto en el artículo 7 de la ley mencionada, relativo a la de compra de votos y coacción, para votar en un determinado sentido o abstenerse de hacerlo durante la jornada electoral.

Dicha agravante se refiere al aumento de la pena prevista para dicho tipo penal, cuando lo anterior se cometa por un elemento de seguridad pública o de cualquier corporación policiaca.

Hemos visto que algunas entidades, en algunos estados, en algunos municipios, sobre todo, los elementos de seguridad pública al servicio de la administración correspondiente muchas veces actúan como verdaderos mapaches electorales que coaccionan la voluntad del electorado, amedrentan y encierran a los ciudadanos para coaccionarlos a votar por determinado candidato o a participar o abstenerse de participar en algún evento partidista. Justamente el hecho de que un funcionario público, en este caso, un policía municipal, estatal o ministerial se presente en la jornada electoral con uniforme, con patrulla, con charola, con pistola, puede influir de manera negativa en la voluntad y la libertad del elector.

Es por eso que es realmente grave, que no es lo mismo que un ciudadano cualquiera realice dicha coacción de compra de voto a que lo haga, en este caso, alguna persona, algún funcionario o algún elemento que forme parte de un cuerpo policiaco o de seguridad pública, ya que la coacción se dé en un ámbito claro de desigualdad entre el ciudadano coaccionado y la autoridad.

Es por lo anterior que resulta necesario adecuar la pena para el caso que la conducta tipificada la realice un integrante de seguridad pública de cualquier orden de gobierno; y la reserva consiste en lo siguiente:

Primero. Se agrega un párrafo a la fracción VII del artículo 7, para quedar como sigue:

Artículo 7. Se impondrán de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien; y se agrega un párrafo segundo a la fracción VII, que dice lo siguiente:

Si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por un integrante de un organismo de seguridad pública, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en el presente artículo.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Salazar Fernández. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta formulada por el Senador Luis Fernando Salazar Fernández.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Luis Salazar. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se hará la votación nominal del artículo 7 con la modificación aceptada.

Se concede la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para referirse a los artículos 9, 15 y 21 del proyecto de Decreto.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente, con su venia. Señoras y señores Senadores:

El proyecto de dictamen que presentan las comisiones, desde mi punto de vista, continúa siendo omiso respecto a sancionar a aquellas personas que ejerciendo funciones de mando, dirección o de gobierno de un sindicato, ejerza presión sobre sus agremiados para que emitan su voto a favor o en contra de un partido político o un candidato, o bien abstenerse a votar.

Por lo tanto, en el artículo 9 proponemos que al final de los incisos se incluya, a partir de que se establece la sanción de prisión de uno a seis años o de 100 a 200 días de multa, al funcionario partidista o al candidato, y la visión tiene que ver con la misma pena se aplicará a quien utilice sus facultades, funciones y atribuciones de dirección o de gobierno, según lo establecido en las normas, y ejerza presión sobre los agremiados de un sindicato para que emitan su voto a favor o en contra de un partido político o candidato, o bien abstenerse de votar.

Por el poco tiempo que tengo, me parece que la argumentación simplemente tiene que ver con atender una preocupación que ha sido reiterada en los resultados cuestionados de muchas elecciones, respecto de la utilización de estos recursos, como lo estoy estableciendo en la adición para favorecer tal o cual candidato o partido político.

En el caso del artículo 15, lo que estoy proponiendo es que se agregue un tercer párrafo, para que tome en consideración que la pena prevista en el párrafo anterior, es decir, aumentar en una mitad más la conducta cuando se realice en determinada situación, lo que yo estoy poniendo a consideración de ustedes es que se aumente hasta en una mitad más a quien participe en la creación de estructuras paralelas de financiamiento o de personas morales antes o durante el proceso electoral con el propósito de proveer de manera ilícita de recursos, bienes o servicios, gestionar pagos o hacer transferencias a las campañas de partidos y candidatos.

¿Qué les puedo decir sobre esta adición? Reiteradamente se sigue señalando que este tipo de situaciones siguen empañando el resultado de las elecciones, me parece que hoy que estamos justamente tocando la materia, debiese integrarse un tercer párrafo al artículo 15.

Finalmente, el artículo 21. Si nosotros como partidos políticos hemos propuesto que el Instituto Nacional Electoral organice las elecciones de los partidos políticos, no veo por qué no demos el paso completo; es decir, que cuando también, quienes participamos en los partidos políticos y cometemos un ilícito, seamos llamados a cuentas por la autoridad.

Y en ese sentido, en el artículo 21 lo que estoy proponiendo es que en la fracción IV se agregue el inciso d), que también defina con puntualidad que en las elecciones internas de los partidos políticos nacionales, cuando el Instituto Nacional Electoral las organice a solicitud de la dirección nacional de los mismos.

Tiene que ver con la atribución del Ministerio Público Federal que ejerza la facultad de atracción cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos. Lo que estoy proponiendo es que se agregue este cuarto supuesto. Es lo mínimo que tendríamos que hacer, también, para que los partidos políticos seamos congruentes como la democracia plena, pero también para que se sancione a quienes dentro de los partidos políticos cometen ilícitos; y entonces yo creo que debiera, en esta ley, estar también integrado este precepto y no excluirnos, aquí en el Senado de la República, que como militantes de los partidos políticos, en esta parte sí tomamos una actitud de no ser tocados como debiese ser, insisto, en congruencia con lo que hoy estamos dictaminando.

Lo pongo a consideración de esta plenaria.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas de modificación de los artículos 9, 15 y 21, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura a las propuestas de modificación.

"Artículo 9.-

. . .

. . .

. . .

La misma pena se aplicará a quien utilice sus facultades, funciones y atribuciones de dirección o de gobierno, según lo establecido en las normas, ejerza presión sobre los agremiados a un sindicato para que emita su voto en favor o en contra de un partido político o candidato, o bien, abstenerse de votar".

"Artículo 15.-

. . .

. . .

La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará hasta en una mitad más a quien participe en la creación de estructuras paralelas, de financiamiento o de personas morales, antes o durante el proceso electoral con el propósito de proveer de manera ilícita de recursos, bienes o servicios, gestionar pagos o hacer transferencias a las campañas de partidos y candidatos".

"Artículo 21.-

d): En las elecciones internas de los partidos políticos nacionales, cuando el Instituto Nacional Electoral las organice a solicitud de la dirigencia nacional de los mismos”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Los artículos 9, 15 y 21 quedan en los términos del dictamen para su votación nominal.

Al no haber más reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación de los artículos reservados del proyecto de Decreto, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo 7, con la modificación aceptada, y los artículos 9, 15 y 21 en los términos del dictamen.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 84 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 7, 9, 15 y 21 del proyecto de Decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en materia de Delitos Electorales. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la discusión de 18 dictámenes emitidos por diversas comisiones que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay oradores inscritos para su discusión.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con ellos.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy cuenta con los dictámenes.






COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)








COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)








COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)








COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)








COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)








COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)








COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)








COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

(Dictamen a discusión)








COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA

(Dictamen a discusión)








COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA

(Dictamen a discusión)








COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA

(Dictamen a discusión)








COMISION DE EDUCACION

(Dictamen a discusión)








COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

El Senador Raúl Morón entregó el texto de su intervención sobre el punto de Acuerdo que propone la Comisión de Educación, para que se inserte en el Diario de los Debates. Se agradece, Senador.

(Intervención del C. Senador Raúl Morón Orozco)

"Compañeras y Compañeros Senadores:

Como integrante de la Comisión de Educación del Senado de la República, vengo a razonar mi voto a favor del Dictamen por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades de las entidades federativas, para garantizar el respeto irrestricto a los derechos laborales y profesionales de los trabajadores docentes y directivos del sector educativo.

Cuando se aprobó la reforma al artículo 3º. Constitucional, y la Ley General del Servicio Profesional Docente, advertimos que la autoridad educativa, buscaba con cierta predisposición, contar con un marco jurídico que condicionara los derechos de los docentes y de los directores y supervisores de la educación básica y media superior, supeditándolos a esquemas de evaluación que no respetaban su estabilidad y permanencia en el servicio.

Advertimos que a la autoridad educativa, no le interesaba establecer verdaderos programas de profesionalización docente que dignificaran, mejoraran y revaloraran, la función del maestro y de los directivos docentes, sino establecer medidas de control político y administrativo, cuyo único fin era la disminución de la planta docente y el adelgazamiento de la nómina. Es decir, todo se reducía a un asunto de recursos y autoritarismo educativo.

Lo que hoy está ocurriendo en estados como Morelos y que seguramente va a ocurrir en varias entidades de la república mexicana, no es sino la comprobación de esa hipótesis, es la realidad educativa, que denunciamos desde el momento en que se aprobó el Servicio Profesional Docente, como un régimen laboral de excepción para los maestros de México y no como una verdadera reforma educativa estructural.

A pesar de que como bien lo establece el dictamen de la Comisión de Educación y no obstante que los artículos noveno y Décimo Cuarto transitorios de la Ley de la materia, establecen condiciones específicas al enunciar que - a la entrada en vigor de la Ley-, el personal que no cuente con un nombramiento, o bien, que posea uno de carácter provisional, continuará ejerciendo sus funciones y será sujeto de la evaluación del desempeño establecida en el artículo 52 de la Ley, la autoridad educativa, no ha respetado dichas disposiciones.

Es un hecho que se están despidiendo maestros, directores y supervisores de la educación básica y media superior, sin existir siquiera resultados derivados del procedimiento evaluatorio, sin haber acreditado si estos resultan satisfactorios o no y sin darles la oportunidad de permanecer y aspirar al otorgamiento de nombramientos definitivos, aunque ello no implica que justifiquemos el despido por evaluación y resultados insuficientes, la permanencia en el servicio educativo, es un derecho adquirido, definitivo e inamovible, que debe estar sujeto a los términos de la legislación laboral aplicable, pero nunca al capricho y libre albedrío de la autoridad educativa.

Esto nos parece, un nuevo atentado contra el magisterio mexicano y la demostración de un engaño artero y premeditado, que los legisladores de izquierda no estamos dispuestos a tolerar y sobre el que exigimos a la autoridad educativa no sólo explicar con la mayor claridad posible, sino detener y reparar, reinstalando de inmediato a todos aquellos trabajadores de la educación, que hubieran sido separado del servicio injustificadamente, bajo los supuestos denunciados.

Como ya lo dijimos en muchas de nuestras anteriores intervenciones,  los cambios en la formación docente deben estar enmarcados en una reflexión integral sobre la situación de los maestros, que ayude a dar un salto cualitativo en la reformulación de las características de la formación de los pedagogos, para avanzar hacia una educación con calidad y equidad.

La perspectiva de la evaluación del docente en la actualidad debe ser entonces, la de ayudarlo a mejorar en su desempeño, identificando sus logros y detectando sus problemas, mantenerle motivado o reconocer social y económicamente su trabajo, perspectiva que coincide con el enfoque de la evaluación formativa para el desarrollo profesional, que diversos legisladores de izquierda hemos venido reivindicando.

Cualquier propuesta de evaluación docente debe partir de una concepción de lo que es ser un buen docente, no de una concepción economicista o política de lo que más le conviene al Estado o al gobierno, incluyendo en este enfoque, la utilización de la evaluación para el adelgazamiento de la nómina o para el condicionamiento político o para la limitación de derechos laborales y sindicales adquiridos.

Compañeros y compañeras Senadores:

En la lucha por la dignificación de la función magisterial y del respeto a los derechos laborales y profesionales de nuestros compañeros maestros y directivos docentes de la educación, no estamos dispuestos a ceder, ni tolerar, ni aprobar nada que atente contra sus derechos y conquistas históricas, más bien, exigimos a la autoridad educativa federal y las correlativas de los estados, la salvaguarda de sus derechos en los términos que la constitución y la legislación correspondiente han establecido.

Pedimos a todos su solidaridad y su apoyo, en un tema que no sólo es trascendente para la vida laboral de los maestros de México, es un precedente que no debe repetirse, ni permitirse bajo ninguna condición, ni circunstancia, en contra de ninguno de los gremios de trabajadores mexicanos.

Por su atención muchas gracias."

En virtud de que todos los dictámenes están publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo. No teniendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Senadoras y Senadores:

Hemos concluidos las votaciones del día de hoy, solo tengo una solicitud del Senador Pablo Escudero. Sonido en su escaño, por favor.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente para felicitarlo a usted y a la Mesa Directiva, por el gran trabajo que han hecho en este periodo ordinario.

Su conducción imparcial, siempre objetiva, la gran tolerancia, creo que fueron factores fundamentales para poder lograr todas las reformas tan importantes para este país que hemos votado.

También hay que decirlo, fue un digno representante de este Senado hacia fuera, lo seguimos en los eventos que usted fue a nombre del Senado, con gran honor, con gran conocimiento y con gran responsabilidad.

Es un orgullo que haya sido Presidente de este Senado, por lo menos para la fracción parlamentaria del Partido Verde.

¡Enhorabuena a usted y a toda su Mesa Directiva!

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Escudero Morales.

En nombre de la Mesa Directiva, y en lo personal, se lo aprecio mucho.

Compañeros Senadores, informo a ustedes que las iniciativas y las proposiciones inscritas en el Orden del Día de hoy, se turnarán a comisiones.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 5o. DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura;  con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, fracción l, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara Alta, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTÍCULO 5° DE LA LEY AGRARIA, A FIN DE ARMONIZARLA CON LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

EXPOSICION DE MOTIVOS

Ante los retos que presenta la humanidad por la seguridad alimentaria, el crecimiento de la mancha urbana, la explotación y quema de hidrocarburos, construcción de vías de comunicación, entre otros temas que involucran a los recursos naturales; toma gran relevancia la actividad agraria y la problemática del deterioro ecológico, ligado al cambio climático. Estos temas han dejado de ser una discusión para convertirse en la mayor preocupación, no solo de los pueblos y continentes, sino de todo el planeta en general.

El mundo entero ha despertado al problema que se avecina con la destrucción del medio vital en todas sus variables, por lo que los gobiernos preocupados por tal destrucción, han empezado a tomar medidas y cada vez se designan más recursos con el propósito de profundizar en el estudio, manejo, explotación, defensa e incremento de los frutos o beneficios que el suelo y el subsuelo nos ofrecen en forma integral para garantizar la supervivencia del género humano.

Es imposible comprender el desarrollo de las actividades agrarias al margen de su concatenación, interdependencia e interacción con las demás actividades relacionadas con los recursos naturales, pues todo ello conforma un gran sistema, el cual incluye la relación intrínseca entre la regulación de la actividad agraria y el uso racional y normado de los recursos naturales.

Las leyes en materia agraria regulan los aspectos relacionados con la tenencia de la tierra y los aprovechamientos de los recursos naturales que se encuentran en ella. Están compuestas por un conjunto de normas teóricas y prácticas enfocadas al cultivo del campo y al sistema que regula todo lo relativo a la organización territorial rústica y a las explotaciones que se determinen como agrícolas, ganaderas y forestales.

Los derechos que provienen de la tenencia de la tierra en forma particular, también acarrean derechos colectivos como lo es el derecho a un ambiente adecuado, conceptos que la Ley Agraria ya contempla y se expresan disposiciones conservacionistas y  ambientalista, lo cual propicia el desarrollo sustentable.

Es importante mencionar que en total interacción, la normatividad ambiental, regula las actividades productivas del hombre sobre los recursos naturales, siendo un sistema normativo que conduce las relaciones entre los seres vivos y su medio ambiente, para propiciar su propio equilibrio y desarrollo sustentable.

Por ende, es claro que las actividades agrarias y el cuidado y conservación de los recursos naturales están íntimamente vinculadas, y sus campos regulatorios o normativos deben estar en completa vinculación y armonización, con el propósito de alcanzar un desarrollo sustentable y además, en esta nueva etapa mundial donde los fenómenos naturales cada vez son de mayores consecuencias a causa del cambio climático, no debe existir impedimento para fortalecer las leyes que rigen las actividades humanas involucradas con los ecosistemas.

Asimismo el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, contempla en su objetivo 4.4. el impulso y orientación de un crecimiento verde incluyente y factible que genere riqueza.

De ésta forma el artículo 4° de la Ley Agraria, nos habla de que se tiene que promover el desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales para el bienestar de la población, y que su participación en la vida nacional solo puede darse en un marco de respeto hacia los recursos naturales, puesel bienestar de la población no se concibe en un ambiente deteriorado donde sean escasos los recursos naturales esenciales para la supervivencia. De hecho en la misma ley el artículo 5°, trata de encontrar la íntima relación que tiene el Derecho Agrario con el Derecho Ambiental y la importante función que desempeña el proceso agrario para colaborar con la garantía de proporcionar a los mexicanos el derecho fundamental de vivir en un ambiente adecuado.

Tal es la concordancia de ambas disciplinas jurídicas que diversos juristas hacen referencia a lo que pudiera ser un Derecho Agrario Ambiental y justamente en éste mismo contexto  " el ambiental" es por lo que se requiere adicionar los conceptos de adaptación y mitigación del cambio climático.

Por lo anteriormente expuesto, se propone la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTÍCULO5° DE LA LEY AGRARIA, A FIN DE ARMONIZARLA CON LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO 5.- Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal fomentarán el cuidado y conservación de los recursos naturales y promoverán su valor, aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico, el ambiente, de los ecosistemas y de la biodiversidad, considerando medidas o mecanismos  de mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático, con el fin de propiciar un mejoramiento en las condiciones de la producción, el aprovechamiento potencial y aptitud de la tierra en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo, promoviendo y en su caso participando, en las obras de infraestructura e inversiones.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 30 de abril de 2014.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 38 BIS A LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

“El que suscribe, Armando Ríos Piter, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 38 Bis la Ley Orgánica del Poder Judicial tenor siguiente:

CONSIDERACIONES

La presente iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tiene como punto de partida la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica de fecha once de junio de dos mil trece. Ésta reforma estableció la importancia de proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, derechos fundamentales de naturaleza económica que buscan en última instancia proteger los derechos de los consumidores de bienes y servicios en todo el país.

Es en la Constitución Política donde se contienen las reglas de organización y funcionamiento de los órganos del Estado, pues desde sus normas se distribuyen las competencias a partir de las cuales dichos órganos podrán desplegar y realizar los actos administrativos, legislativos o jurisdiccionales que les son propios, según su propia esfera competencial lo establezca. Con ello se establece una división de función para el ejercicio del poder, donde cada órgano tiene una función delimitada y precisa, siempre con miras a mantener un contrapeso y evitar así la concentración del poder.

Sin embargo, en las sociedades modernas las funciones del Estado se han expandido de manera considerable a sectores que anteriormente no existían, o que si bien ya existían, requerían para su operación un grado de autonomía mucho mayor. Tal es el caso de la supervisión de violaciones a derechos humanos, la política monetaria o la responsabilidad de censar a la población en diversos rubros; funciones de relevancia nacional, pertenecientes respectivamente, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Banco de México y al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, todos ellos órganos constitucionales autónomos.

Los órganos constitucionales autónomos no pertenecen a ninguno de los tres poderes clásicos del Estado, pero ello no significa que estén aislados de la organización estatal. Más bien guardan relaciones de coordinación con los demás poderes, ya que la función que realizan requiere de independencia absoluta por ser tan trascendente en el correcto funcionamiento del país. Tampoco son creados por la ley, sino que su creación obedece a un mandato directo de la Constitución, donde también se establecerá su mínima esfera competencial.   

En ese orden, en la reforma constitucional de once de junio de dos mil trece, se le dio autonomía constitucional a la Comisión Federal de Competencia Económica, y se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La primera encargada de garantizar la libre competencia y concurrencia entre las empresas, evitar las prácticas monopólicas y lograr el adecuado funcionamiento de los mercados nacionales; el segundo, encargado de lograr el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, mediante la regulación del espectro radioeléctrico y la prestación de servicios relacionados con el mismo. Así mismo, estos órganos serán los encargados de ejecutar y aplicar las disposiciones reglamentarias que en su momento apruebe y expida el Congreso de la Unión en dichas materias.

Sin embargo, estos órganos no están exentos de tramitar ante ellos diversos procedimientos seguidos en forma de juicio, pues al ser la máxima autoridad en la materia, deben asumir cada uno de las fases seguidas en dichos procedimientos. En el marco de estos procedimientos, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones pueden emitir resoluciones respecto de las cuales los actores económicos se vean perjudicados, naciendo con ello el ineludible derecho a una defensa adecuada y a una tutela efectiva, derechos consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos cuerpos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 25 consagra el derecho al recurso efectivo.

El derecho a una defensa adecuada es propio de todas las personas, físicas y morales, que se encuentran en una relación de supra a subordinación respecto a los actos del Estado. En lo que a esta iniciativa se refiere, se trata de proteger a los agentes económicos y demás actores involucrados en la legislación secundaria de la materia, contra las arbitrariedades de los órganos constitucionales autónomos citados.

Cierto es que el artículo Décimo Segundo transitorio del decreto de reformas a la Constitución de fecha once de junio de dos mil once, le da la obligación al Consejo de la Judicatura Federal para que, mediante acuerdos, establezca en toda la República Tribunales especializados en competencia económica y telecomunicaciones; sin embargo en el propio decreto se estableció en la fracción VII del artículo 28 constitucional, que los actos u omisiones de los órganos reguladores Comisión Federal de Competencia Económica e Instituto Federal de Telecomunicaciones, serían únicamente impugnados mediante juicio de amparo indirecto, lo que significa que sólo puede conocerse la constitucionalidad de dichos actos, dejando fuera de control jurisdiccional a la ley de la materia. En este sentido, se impediría el conocimiento de asuntos por parte de otros tribunales que no fueran de constitucionalidad, dejando desprotegidos a los agentes económicos y demás empresas que fueran afectadas por los órganos reguladores.

Por ello, la presente iniciativa con proyecto de adición, busca crear un Tribunal Especializado en competencia económica, que funja como autoridad jurisdiccional entre la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de las Telecomunicaciones por un lado, y las empresas de radiodifusión, servicios de telecomunicaciones y demás, por otro.  No debemos olvidar que los órganos enunciados no son los  únicos encargados de operar la reforma constitucional aludida, sino todos aquellos órganos del estado que, desde el ámbito de sus atribuciones tienen de alguna u otra manera competencias relacionadas con las telecomunicaciones y la competencia económica. Y ello es así porque las reformas a la constitución tienden a ser transversales, a ocuparse de varios temas de forma simultánea, a fijar obligaciones jurídicas recíprocas que sólo se entienden en el dinamismo propio del derecho público del siglo XXI.

En este sentido, la presente iniciativa de reforma busca que las materias de Competencia Económica y Telecomunicaciones estén fortalecidas, y dado que la Comisión no es un órgano responsable de dirimir las controversias a nivel jurisdiccional, se hace necesario establecer un Tribunal especializado que sin perjuicio de los ya existentes y creados por Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, resuelva la legalidad de la actuación de los órganos reguladores citados.

De esta forma los actos que constituyen prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones injustificadas al funcionamiento eficiente de los mercados, pueden ser revisados jurisdiccionalmente por un órgano especializado, fortaleciendo el sector y la división de poderes. La implementación de las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de competencia económica no es privativa de una sola ley, sino de varias. Tal fue el caso de la reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de agosto de dos mil once, mediante la cual se introdujo un Título Quinto para regular las denominadas acciones colectivas, estableciéndose una procedencia cerrada y exclusiva a la afectación de derechos e intereses colectivos en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados.

En este decreto también se modificó el artículo 38 de la Ley Federal de Competencia Económica para permitir a la autoridad judicial solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica su opinión en las acciones colectivas que los particulares promuevan.

Todo lo anterior permite concluir que la defensa de los derechos de consumo, no es exclusiva de la Comisión Federal de Competencia Económica o de los Tribunales de la Federación, sino que permite la participación de otros órganos del Estado, como en este caso lo sería el Tribunal Federal de Competencia Económica, pues una reforma sin propuestas reales, correría el riesgo de vaciarse de sentido, toda vez que los agentes económicos sólo tendrían una sola instancia jurisdiccional, el amparo, y no recursos de legalidad para revisar la normal tramitación a los procedimientos que ventilan ante los multicitados órganos reguladores. Es por ello que el Estado debe desplegar su fuerza normativa y mantener en un adecuado balance a los distintos poderes que se desenvuelven en el marco político del país, en este caso para garantizar la defensa de los agentes económicos del mercado.

Se propone en este decreto que los Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión suplirán la deficiencia de la queja y podrán solicitar a las personas físicas o morales, dependencias y entidades de la administración pública o a todo servidor público cualquier tipo de información que considere necesaria para mejor proveer, teniendo bajo su estricta responsabilidad la obligación de salvaguardar, en su caso,  el carácter confidencial de la misma en virtud de la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta asamblea el estudio, discusión y en su caso, aprobación del presente Proyecto Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en los términos siguientes:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 38 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para quedar como sigue:, para quedar como sigue:

Artículo 38. Bis Los Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión suplirán la deficiencia de la queja y podrán solicitara las personas físicas o morales, dependencias y entidades de la administración pública o a todo servidor público cualquier tipo de información que considere necesaria para mejor proveer, teniendo bajo su estricta responsabilidad la obligación de salvaguardar, en su caso,  el carácter confidencial de la misma en virtud de la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 30 de abril de 2014.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 22 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el C. Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI)

“El que suscribe Ricardo Barroso Agramont, Senador de la República de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La educación es una de las claves de la evolución de la sociedad y de todos los aspectos de la calidad de vida. En el transcurso del tiempo, más países han tomado conciencia de que la educación media superior es estratégica para el desarrollo económico, la formación de ciudadanía y estado de derecho.

La tendencia internacional nos indica que cada vez más países están garantizando alguna modalidad de educación media superior para incrementar sustancialmente sus tasas de cobertura y brindar oportunidades de estudio a todos los jóvenes en edad de cursar este nivel educativo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 3° el derecho humano a la educación, la cual, debe cumplir con los requisitos de ser pública, laica, gratuita e impartida por el Estado ya sea a través de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios, desde preescolar hasta la educación media superior, por ser todos estos niveles educativos obligatorios en México a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de febrero de 2012.

El acceso a la educación obligatoria, garantiza la mejoría en los niveles de educación y preparación de los mexicanos, fortalece la cultura educativa y el desarrollo, formando al estudiante de mejor manera para enfrentar los retos cada vez más difíciles del campo laboral en nuestro país y posiblemente en el extranjero.

Con esta reforma a la Constitución General de la República, el Estado asumió su responsabilidad de brindar más educación y de mejor calidad, tal como lo señalan el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966 y la Convención sobre los derechos del niño de 1985, logrando así, que nuestra legislación interna sea compatible con los tratados internacionales de los que México es parte.

Si bien, era indispensable lograr que nuestra Constitución fuera afín a los tratados internacionales, es fundamental lograr que la legislación secundaria, en éste caso, la Ley Federal del Trabajo, sea compatible a la Carta Magna, respetando el principio de supremacía constitucional1 consagrado en el artículo 133 de éste ordenamiento.

El artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo a la letra dice:

“Artículo 22.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de  años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.”

Por la redacción de dicho numeral, podemos entender que los menores de 14 años y aquellos que se encuentren entre los 14 y los 16 años de edad deben haber terminado la educación obligatoria, es decir, desde preescolar hasta la media superior para trabajar.

La redacción actual de la Ley Federal del Trabajo no tiene razón de ser, pues el requisito de que los menores de 14 años y aquellos que se encuentren entre los 14 y los 16 años de edad deban tener terminada la educación obligatoria para trabajar, no puede cumplirse, pues cualquier persona que termine la educación obligatoria tiene, al menos, 18 años de edad.

Es necesario reformar el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo ya que su redacción actual, con el requisito que exige la terminación de educación obligatoria a los menores de edad, no es necesario, pues el supuesto que contemplaba antes de la reforma al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es decir antes de que se estableciera como obligatoria la educación media superior, ya no existe.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del Pleno,  en la Tesis Aislada con el número VIII/2007 de rubro “Supremacía constitucional y ley suprema de la unión. Interpretación del artículo 133 constitucional”, señaló lo siguiente:

A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las Leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de "supremacía constitucional" implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la "Ley Suprema de la Unión", esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales.

Tal como señala la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ninguna legislación secundaria puede contradecir a nuestra Carta Magna; por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta soberanía el siguiente:

DECRETO

ÚNICO: Se reforma el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 22.  Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República a 30 de abril de 2014.

Atentamente

Sen. Ricardo Barroso Agramont”.

1 Bajo el término de supremacía de la constitución, se hace referencia a la cualidad de la constitución de fungir como la norma jurídica positiva superior que da validez y unidad a un orden jurídico nacional. Osornio Corres, Francisco Javier y Ma. de Lourdes Martínez Peña. Voz, “Supremacía de la Constitución”, en Diccionario Jurídico Mexicano. México: Porrúa; Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad  Nacional Autónoma de México, 2007. t. P-Z. p. 3600.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGA LA FRACCION XXII AL ARTICULO 2o. Y SE REFORMA EL ARTICULO 60 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; Y SE REFORMA LA FRACCION LX DEL ARTICULO 2o. DE LA LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

(Presentada por la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura;  con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, fracción l, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara Alta, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGA LA FRACCIÓN XXII AL ARTÍCULO 2°; SE REFORMA EL ARTÍCULO 60, DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN LX DEL ARTÍCULO 2° DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El cambio climático global es la mayor amenaza que enfrenta la vida tal y como hoy la conocemos porque eleva la temperatura promedio del planeta. Por pequeña quesea, la variación de temperatura afecta el ciclo del agua, altera la frecuencia de los fenómenos climatológicos normales y hace más catastróficos los desastres naturales; a su vez, esto daña comunidades, cultivos y ecosistemas rompiendo el equilibrio ecológico en el cual se sustenta la vida actual en la Tierra. El cambio climático está afectando a todo el planeta, provocando cientos de miles de víctimas cada año e impactando diversas actividades económicas. Se trata de un fenómeno tan complejo que sus causas e impactos están relacionadas con todos los ecosistemas y con diversos ámbitos de la actividad humana: los océanos y los ecosistemas marinos; los bosques y la rica biodiversidad que albergan; las formas en que producimos nuestros alimentos (agricultura y ganadería); el agua dulce; las formas de producir, distribuir y consumir la energía, por mencionar algunos. Aunque el cambio climático es un proceso normal en nuestro planeta, el problema es que se ha incrementado rápidamente por la acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero, emitidos por actividades humanas1.

El cambio climático puede ser considerado un problema de gestión de riesgo, donde los cambios en la temperatura y precipitación resultan del incremento en la concentración de Gases de Efecto Invernadero, mientras que la vulnerabilidad surge del modelo de desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales. Para reducir la magnitud del peligro se ha propuesto la reducción de emisiones de GEI en lo que se conoce como medida de mitigación. Para reducir la vulnerabilidad se propone diseñar e implementar estrategias de adaptación al cambio climático. Por ello, hablar de adaptación requiere entender y evaluar la vulnerabilidad a anomalías climáticas.

México, por su ubicación geográfica, se encuentra sujeto a una gran concurrencia de fenómenos naturales, que cada año causan daños y pérdidas tanto en vidas humanas como económicas. Estas pérdidas retrasan el desarrollo del país e inciden en diversos sectores estratégicos: transporte, educación, salud, entre otros, que se ven afectados en su funcionamiento regular, dedicando recursos y esfuerzos adicionales a la atención de emergencias y a la reconstrucción. Es por este motivo que la reducción del riesgo de desastre es una política prioritaria en el Plan Nacional de Desarrollo.

Enmarcada en este contexto, la población en México se ha duplicado en los últimos 30 años, y pasó de ser eminentemente rural a localizarse en las zonas urbanas. Esto ha provocado una fuerte presión sobre la reserva territorial existente, aunado a una cada vez mayor necesidad de vivienda. Esta problemática se ha intentado solucionar a través de los planes de desarrollo urbano, sin embargo estos planes por si solos no establecen en muchos de los casos las zonas que son susceptibles a sufrir daños por el impacto de algún fenómeno perturbador.

Por las características geográficas que presenta el territorio nacional, éste se encuentra expuesto a la ocurrencia de fenómenos naturales, situación que provoca que más de 90 millones de habitantes en el país residan en zonas de riesgo, de los cuales cerca del 70% habitan en zonas urbanas, el 9.5% en zonas semiurbanas y el resto 20.5% lo hace en zonas rurales.

En los últimos años, la Protección Civil se había enfocado básicamente a la atención de emergencias, sin incidir eficazmente a la reducción de pérdidas. A partir del año 2000, se inició un cambio en las estrategias, políticas y programas, donde se priorizaron los aspectos enfocados a la prevención y mitigación de los fenómenos que causaban daño. El punto de partida de esta nueva visión es indudablemente el diagnóstico del riesgo.

Los fenómenos y su distribución geográfica, así como la manera en que impactan en la población, vivienda, infraestructura y agricultura. Las características, temporalidad y recurrencia de los fenómenos perturbadores, obligan a mantener un sistema de organización y preparación en materia de protección civil en los distintos niveles de gobierno y sectores de la población, para afrontar cualquier tipo de emergencia con las  menores pérdidas posibles.

El conocimiento de los riesgos permite definir e intensificar acciones preventivas de manera integral, tomando en cuenta, entre otros componentes, la investigación científica, la reducción de la vulnerabilidad, la preparación para atender las emergencias y la promoción de una cultura de autoprotección y corresponsabilidad entre las autoridades, sector social y privado, medios de comunicación y la población en general.2

Los Atlas de Riesgo tendrán que identificar la vulnerabilidad en torno de una condición de referencia, en tanto que en el caso del contexto de cambio climático se debe trabajar con la respecto a la evolución de la vulnerabilidad del peligro y por tanto del riesgo y con ello poder crear los escenarios a futuro del potencial impacto en una región determinada, en un sector socioeconómico o en un grupo social.

Lo anterior a fin de saber qué tipo de adaptación debe construirse para evitar o reducir los impactos negativos y aprovechar las oportunidades.

Actualmente, existe una desvinculación de la planeación territorial y las políticas para la prevención del riesgo, lo que ha propiciado la expansión de los asentamientos humanos hacia zonas no aptas. y si además le sumamos el aumento en cantidad e intensidad de los fenómenos relacionados con el cambio climático, el deterioro ambiental, la marginación y la insuficiente cultura de prevención y mitigación, entre otros, todo ello nos conlleva a desastres cada vez más devastadores, tal como los que se han presentado en las últimas décadas.

La falta de certeza jurídica sobre la propiedad es un problema común entre los habitantes de asentamientos irregulares los cuales son, en algunos casos, la única opción para que las familias en condiciones de pobreza puedan acceder a suelo para construir su vivienda. Esta situación impide que los hogares se beneficien plenamente del uso y usufructo de su propiedad.

La irregularidad o informalidad de un asentamiento humano se define como “la ocupación de un conglomerado humano de un suelo o tierra determinada sin autorización y al margen de las leyes y de los planes de desarrollo, lo que genera un problema de carácter urbano por la falta de servicios públicos o por incumplimiento de requisitos mínimos y otros de carácter legal, que consisten en la disputa por la posesión de los predios que no cuentan con un título de propiedad”3.

En síntesis, los asentamientos irregulares son el conjunto de personas y viviendas que se establecen en una tierra nueva sin título legal y comúnmente en terrenos de origen no aptos para el desarrollo.

Algunos países, en sus legislaciones, prohíben la formación de asentamientos humanos en los lechos y cauces de ríos, zonas expuestas a variaciones marinas, terrenos inundables, pantanosos o de relleno, cerca de zonas industriales, basureros, vertederos municipales, depósitos o instalaciones de sustancias peligrosas, bases militares, lugares donde existan probabilidades ciertas de la ocurrencia de desbordamiento de aguas, deslizamiento de tierra y cualquier condición que constituya peligro para la vida y la propiedad de las personas.

Por ende modificar las Leyes, Reglamentos y Normas en la materia, podría evitar ambigüedades y eliminar lagunas existentes, así como ampliar y dotar de mayores facultades legales a las áreas de Protección Civil.

Reformar la Ley General de Asentamientos Humanos, será para que a través sea incluyente y se restrinja y prohíba la construcción de viviendas en zonas de riesgo grave.

Es por estas razones con antelación expuestas, que se pretende reformar los artículos 2 y 60 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para armonizarla con la Ley General de Protección civil, acorde a la prevención en las zonas de riesgo grave y las autorizaciones que se den a la población para la ocupación irregular de áreas y predios en los centros de población, que se encuentren dentro las zonas de riesgo grave.

Por lo antes expuesto y fundado, se propone el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGA LA FRACCIÓN XXII AL ARTÍCULO 2°; SE REFORMA EL ARTÍCULO 60, DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN LX DEL ARTÍCULO 2° DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL.

PRIMERO: Se adiciona una fracción XXII al Artículo 2 y se modifica el artículo 60 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue.

Artículo 2…

I al XXI….

XXII. Zona de Riesgo Grave: Espacio territorial determinado, en el que existe la probabilidad de que se produzca un daño real a los asentamientos humanos, originado por un posible fenómeno perturbador.

Artículo 60. Quienes realicen, autoricen u ordenen, la ocupación irregular de áreas y predios en los centros de población o en zonas de riesgo grave, se harán acreedores a las sanciones establecidas en las disposiciones jurídicas aplicables.

SEGUNDO: Se modifica la Fracción LX, del Artículo 2 de Ley  General de Protección civil.

Para quedar como sigue.

Artículo 2…..

I a LIX….

LX.- Zona de Riesgo Grave: Espacio territorial determinado, en el que existe la probabilidad de que se produzca un daño real a los asentamientos humanos, originado por un posible fenómeno perturbador.

TRANSITORIOS:

PRIMERO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.


1 El año 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, una de sus funciones es evaluar el riesgo del cambio climático originado por las actividades humanas y sus informes se basan en publicaciones de revistas técnicas y científicas.

2 CENAPRED

3 Aguilar, 2007.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 36 DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL

(Presentada por el C. Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD)

“El suscrito Senador de la República, Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, Fracc. III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, Fracc. II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36° DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL AL TENOR DE LA SIGUENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

El oficio artesanal es uno de los más antiguos de la humanidad. Este empleo destaca por realizar un producto con elementos culturales y materiales de la región donde vive, lo cual crea una identidad de la comunidad.1

La palabra “artesanía” proviene del italiano “artigianato”, término que explica las actividades del trabajador artesanal. Una artesanía, es un objeto o producto de identidad cultural comunitaria, hecho por los procesos manuales continuos, auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de función mecánica que aligeran ciertas tareas. La materia prima básica transformada generalmente es obtenida en la región donde habita el artesano. El dominio de las técnicas tradicionales de patrimonio comunitario permite al artesano crear diferentes objetos de variada calidad y maestría, imprimiéndoles, además, valores simbólicos e ideológicos de la cultura local. La artesanía se crea como un producto duradero o efímero, y su función social está determinada en el nivel social y cultural; en este sentido, puede destinarse para uso doméstico, ceremonial, ornato, vestuario, o bien, como implemento de trabajo.2

El origen de las artesanías mexicanas tienen su historia en las zonas rurales, debido a que los artesanos creaban una gran variedad de figuras de barro, madera, cerámica, alambre, migajón, cobre, textiles, cantera, vidrio, talavera, entre otros, con gran dedicación. Estos artesanos plasmaban en las artesanías mexicanas el folclor mexicano que nos distingue, reflejando la diversidad cultural y la riqueza creativa de nuestros pueblos, de nuestros antepasados y de nuestros colores, identificándonos en todo el mundo. Sin duda alguna, las artesanías son en gran parte, el medio ideal y primer contacto de los extranjeros con nuestra cultura, lo que permite identificarnos del resto del mundo.3

El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) es un fideicomiso público del Gobierno Federal sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social que surge como una respuesta a la necesidad de promover la actividad artesanal del país y contribuir así a la generación de un mayor ingreso familiar de los artesanos; mediante su desarrollo humano, social y económico.

Dicha instancia está dedicada exclusivamente a la atención del sector artesanal mexicano, fue constituida el 28 de mayo de 1974. Durante estos ya casi cuarenta años, sus esfuerzos han impulsado la iniciativa de crear espacios que permitan el diálogo entre las instancias encargadas de atender al sector artesanal en los estados de la República, invitando a artesanos, organismos no gubernamentales y la organización civil que promueven la artesanía, financiamiento y/o ejecución de proyectos de desarrollo artesanal, así como a especialistas y técnicos, con la finalidad de agregar acuerdos para el desarrollo efectivo de políticas públicas orientadas al sector artesanal.

Su misión, como ella misma la define, es ser la institución líder en la generación de políticas públicas de atención al sector artesanal, a través de un modelo generador de desarrollo sustentable, individual, regional y comunitario, bajo criterios que definen a los artesanos como generadores de rentabilidad social, cultural y económica para el país4.
Por su parte, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2003, en su artículo 2° fracción I, define que dicha Comisión, es la instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal desarrollen en la materia.

Desde el punto de vista económico, la actividad artesanal es medio de vida principal o complementario de más de 8.5 millones de mexicanos en comunidades, locales, regiones; pueblos indígenas y centros urbanos; es importante generadora en divisas, y que sus técnicas y diseños artesanales expresan, en muchos casos, nuestros orígenes e identidad nacional y son parte de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible.

Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el tercer trimestre de 2011, cerca de un millón 800 mil miembros de la población económicamente activa trabajaron en las actividades artesanales. De ellos, 507,368 eran parte de la población ocupada y 1,290,547 de la subocupada.5

Las entidades federativas con más trabajadores industriales, artesanos y ayudantes en el tercer trimestre de 2011 eran: Oaxaca (58,398); Guerrero (39,107); Estado de México (34,687); Jalisco (32,504) y Yucatán (29,310).6

En los últimos años el Fonart apoyó a más de 121 mil artesanos, con un presupuesto ejercido cercano a 238 millones de pesos. Pese a esto, el número de artesanos apoyados ha disminuido7.

La complejidad y problemática por la que atraviesa el sector, no ha permitido su desarrollo y no le permite alcanzar niveles de desarrollo importantes para el país, lo que hace necesario una urgente adecuación a sus normas.

Por su naturaleza, las artesanías en México, como en muchos otros países, son principalmente elaboradas por las comunidades indígenas. En diversas partes del mundo, esta actividad se ha desarrollado con marcos jurídicos específicos, que regulan e impulsan la actualización de manera integral con el objetivo de hacerla competitiva: y así permitirles a estas comunidades, acceder a mejores formas de organización, producción, comercialización, ganancia, desarrollo y, por ende, de calidad de vida.

La modificación que se propone, busca armonizar las múltiples competencias del gobierno federal y combatir la descoordinación que existe en el sector, en una solo instancia competente, que será la responsable de generar las políticas, acciones y programas necesarios, para el fomento, desarrollo y promoción de la actividad artesanal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36° DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL, para quedar como sigue:

ARTICULO 36.- La Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, se integrará por sendos representantes propietarios de la Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Energía, de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, y de Desarrollo Social, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Gobierno del Distrito Federal, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

TRANSITORIO

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 30 de abril de 2014.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.


1 CESOP (2012), Las Artesanías en México. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados En Contexto #20 07/03/2012.

2 Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (2014), “Manual de Diferenciación entre Artesanía y Manualidad” , SEDESOL, México, 2014.

3 PROMEXICO, Las tradicionales artesanías mexicanas, [En línea] http://www.promexico.gob.mx/productos-mexicanos/las-tradicionales-artesanias-mexicanas.html

4 [En línea] www.dif.gob.mx/dgadc/media/presentación%20FONART.pp

5 CESOP, Ibíd.

6 Ibíd.

7 Ídem.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL CAPITULO VIII AL TITULO VII CON LOS ARTICULOS 196, 197 Y 198 A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el C. Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN)

Martín Orozco Sandoval, Senador de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  así como los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el Capítulo VIII al Título VII con los artículos 196, 197 y 198 a la Ley del Impuesto al Sobre la Renta, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La eliminación de la deducción inmediata de activos fijos que se aprobó como parte de la reforma hacendaria y que entró en vigor a partir de enero de 2014 está siendo una amenaza para frenar las inversiones de las empresas por ser un factor que les reducirá liquidez.

Desde 1987 y hasta el 2013, la deducción inmediata de bienes de activo fijo existió como un estímulo que permitió a los contribuyentes deducir en un solo año gran parte de sus bienes nuevos de activo fijo, en lugar de hacerlo de conformidad con los porcentajes que hoy se contienen en los artículos 33 al 35 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Como por ejemplo una empresa que construye una nave industrial con valor de 10 millones de pesos, en una deducción normal la empresa manda a gastos fiscales sólo $500,000 pesos cada año durante 20 años.

En el caso de la deducción inmediata puede mandar a gastos fiscales  en un sólo año  $ 7’400,000 pesos.

En esencia, la deducción inmediata significa traer a un ejercicio presente el beneficio de la deducción que se tendría en cierto número de años futuros, calculado éste, a través de los porcentajes que el propio estímulo determina, siendo éstos menores al 100% y calculados en función de un análisis de valor presente en el que originalmente se utilizaron tasas de descuento del 7.5% y posteriormente un 5%, respondiendo a la realidad de la economía.

Muchas compañías venían tomando la deducción inmediata como un estímulo o financiamiento con el fisco, ya que les permitía diferir el pago del impuesto. A partir del 1 de enero de 2014 parte de los flujos que podían diferir por el estímulo fiscal ahora los van a destinar al pago de impuestos.

Con el estímulo de la deducción inmediata, de alguna manera las empresas financiaban su inversión, era un apoyo que tenían al no pagar el ISR inmediatamente y ahora al quitarles ese atractivo les costará más porque tendrán que obtener financiamiento a una tasa mayor de lo que implicaba ahorrarse el impuesto.

El modelo de crecimiento de muchas empresas estaba también apalancado en esta deducibilidad de inversiones en un solo año, que al eliminarse se les quita una fuente de financiamiento importante.

Con este cambio el pago del impuesto de las empresas aumentará, y por consecuencia distraerán dichos recursos que antes los utilizaban para la reinversión, crecimiento y creación de empleos.

Las empresas que tenían pensado reinvertir en Activos fijos que les permita incrementar su capacidad productiva, van a tener que recurrir al banco o a otra fuente de financiamiento que seguramente tendrá un mayor costo y esto les impacta en sus modelos financieros que tenían diseñados para la reinversión.
Analistas de importantes instituciones financieras como Banorte IXE, Banco Base, HSBC, Scotiabank, etc., han reconocido que hoy nuestra economía está registrando un crecimiento menor a lo esperado, lo que atribuyen directamente a las reformas fiscales lanzadas recientemente, mismas que están deteniendo las decisiones de inversión de las empresas; lo cual es confirmado directamente por diversos gremios de empresarios y lo han dado a conocer a través de diferentes foros y organismos empresariales, como son el Consejo Coordinador Empresarial, las cámaras de la industria de la construcción, de comercio, entre otras; argumentando que la reforma fiscal  reciente no está contribuyendo a la competitividad.

Adicionalmente resulta revelador saber que la tasa de desempleo no ha disminuido conforme a los pronósticos del gobierno federal, ya que continúa en niveles de 4.73 % para el primer bimestre de 2014,  no obstante los esfuerzos que se han hecho para disminuirla durante los últimos años, incluyendo la reforma laboral de fines de 2013.

Si bien es cierto que durante 2013 la inversión extranjera se mantuvo en niveles aceptables, falta mucho por hacer en ese segmento, si consideramos que la OCDE ha pronosticado para México un crecimiento esperado para 2014 de un 4.3% y 4.0%. Asimismo, el Banco de México pronostica una disminución de 22.32% en la inversión extranjera directa para 2014.

Es importante reconocer que la deducción inmediata ha sido siempre un estímulo para la inversión, tanto nacional como extranjera, tan es así, que en la página de  Proméxico se establecía y promocionaba este concepto como una de las razones para invertir en México, considerando que fomenta el establecimiento de nuevas inversiones en nuestro país, lo que es sin duda correcto, puesto que más allá de consideraciones teóricas e incluso ideológicas, los gobiernos siempre han hecho esfuerzos para la atracción de inversiones, por lo que  siempre están en la búsqueda de mecanismos fiscales que fomenten y generen crecimiento económico y sean atrayentes de inversión y por ende de empleos.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se adiciona el Capítulo VIII al Título VII con los artículos196, 197 y 198 a la Ley del Impuesto al Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Título VII

Capítulo I a VII…

Capítulo VIII

Artículo 196.- Los contribuyentes del Título II y del Capítulo II del Título IV de esta Ley, podrán optar por efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en lugar de las previstas en los artículos 33, 34 y 35 de la Ley, deduciendo en el ejercicio en el que se efectúe la inversión de los bienes nuevos de activo fijo, en el que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión, únicamente los por cientos que se establecen en este artículo. La parte de dicho monto que exceda de la cantidad que resulte de aplicar al mismo el por ciento que se autoriza en este artículo, será deducible únicamente en los términos del artículo segundo de esta Ley.

Los por cientos que se podrán aplicar para deducir las inversiones a que se refiere este artículo, son los que a continuación se señalan:

I. Los por cientos por tipo de bien serán:

a) Tratándose de construcciones:

1. 85% para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, que cuenten con el certificado de restauración expedido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes.

2. 74% en los demás casos.

b) Tratándose de ferrocarriles:

1. 63% para bombas de suministro de combustible a trenes.

2. 74% para vías férreas.

3. 68% para carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones.

4. 80% para maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles para vías, gatos de motor para levantar la vía, removedora, insertadora y taladradora de durmientes.

5. 85% para el equipo de comunicación, señalización y telemando.

c) 78% para embarcaciones.

d) 93% para aviones dedicados a la aero fumigación agrícola.

e) 94% para computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores; impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo.

f) 95% para dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.

g) Tratándose de comunicaciones telefónicas:

1. 74% para torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica.

2. 82% para sistemas de radio, incluye equipo de transmisión y manejo que utiliza el espectro radioeléctrico, tales como el de radiotransmisión de microonda digital o analógica, torres de microondas y guías de onda.

3. 85% para equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos de la planta interna que no forman parte de la conmutación y cuyas funciones se enfocan hacia las troncales que llegan a la central telefónica, incluye multiplexores, equipos concentradores y ruteadores.

4. 93% para equipo de la central telefónica destinado a la conmutación de llamadas de tecnología distinta a la electromecánica.

5. 85% para los demás.

h) Tratándose de comunicaciones satelitales:

1. 82% para el segmento satelital en el espacio, incluyendo el cuerpo principal del satélite, los transpondedores, las antenas para la transmisión y recepción de comunicaciones digitales y análogas, y el equipo de monitoreo en el satélite.

2. 85% para el equipo satelital en tierra, incluyendo las antenas para la transmisión y recepción de comunicaciones digitales y análogas y el equipo para el monitoreo del satélite.

II.  Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en la fracción anterior, se aplicarán, de acuerdo a la actividad en que sean utilizados, los por cientos siguientes:

a) 74% en la generación, conducción, transformación y distribución de electricidad; en la molienda de granos; en la producción de azúcar y sus derivados; en la fabricación de aceites comestibles; y en el transporte marítimo, fluvial y lacustre.

b) 78% en la producción de metal obtenido en primer proceso; en la fabricación de productos de tabaco y derivados del carbón natural.

c) 80% en la fabricación de pulpa, papel y productos similares; en la extracción y procesamiento de petróleo crudo y gas natural.

d) 82% en la fabricación de vehículos de motor y sus partes; en la construcción de ferrocarriles y navíos; en la fabricación de productos de metal, de maquinaria y de instrumentos profesionales y científicos; en la elaboración de productos alimenticios y de bebidas, excepto granos, azúcar, aceites comestibles y derivados.

e) 84% en el curtido de piel y la fabricación de artículos de piel; en la elaboración de productos químicos, petroquímicos y farmacobiológicos; en la fabricación de productos de caucho y de plástico; en la impresión y publicación gráfica.

f) 85% en el transporte eléctrico.

g) 86% en la fabricación, acabado, teñido y estampado de productos textiles, así como de prendas para el vestido.

h) 87% en la industria minera; en la construcción de aeronaves. Lo dispuesto en este inciso no será aplicable a la maquinaria y equipo señalado en el inciso b) de esta fracción.

i) 90% en la transmisión de los servicios de comunicación proporcionados por las estaciones de radio y televisión.

j) 92% en restaurantes.

k) 93% en la industria de la construcción; en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

l) 95% para los destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo de tecnología en el país.

m) 96% en la manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos para discos duros y tarjetas electrónicas para la industria de la computación.

n) 85% en otras actividades no especificadas en esta fracción.

o) 93% en la actividad del autotransporte Público Federal de carga o de pasajeros.

En el caso de que el contribuyente se dedique a dos o más actividades de las señaladas en la fracción II de este artículo, se aplicará el por ciento que le corresponda a la actividad en la que hubiera obtenido más ingresos en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se realice la inversión.

La opción a que se refiere este artículo, no podrá ejercerse cuando se trate de mobiliario y equipo de oficina, automóviles, equipo de blindaje de automóviles, o cualquier bien de activo fijo no identificable individualmente ni tratándose de aviones distintos de los dedicados a la aerofumigación agrícola.

Para los efectos de este artículo, se consideran bienes nuevos los que se utilizan por primera vez en México.

La opción a que se refiere este artículo, sólo podrá ejercerse tratándose de inversiones en bienes que se utilicen permanentemente en territorio nacional y fuera de las áreas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, salvo que en estas áreas se trate de empresas que no requieran de uso intensivo de agua en sus procesos productivos, que utilicen tecnologías limpias en cuanto a sus emisiones contaminantes y que en este último caso además obtengan de la unidad competente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, constancia que reúne dicho requisito, la opción prevista en este párrafo no podrá ejercerse respecto de autobuses, camiones de carga, tractocamiones y remolques.

Artículo 197. Los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en el artículo anterior, por los bienes a los que la aplicaron, estarán a lo siguiente:

I. El monto original de la inversión se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo que transcurra desde que se efectuó la inversión y hasta el cierre del ejercicio de que se trate.

El producto que resulte conforme al párrafo anterior, se considerará como el monto original de la inversión al cual se aplica el por ciento a que se refiere el artículo 196 de esta Ley por cada tipo de bien.

II. Considerarán ganancia obtenida por la enajenación de los bienes, el total de los ingresos percibidos por la misma.

III. Cuando los bienes se enajenen, se pierdan o dejen de ser útiles, se podrá efectuar una deducción por la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión ajustado con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que se haya efectuado la deducción señalada en el artículo 36-A de esta Ley, los por cientos que resulten conforme al número de años transcurridos desde que se efectuó la deducción del artículo 36-A de la Ley citada y el por ciento de deducción inmediata aplicado al bien de que se trate, conforme a la siguiente:

TABLA

POR CIENTO DEL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN DEDUCIDO

NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 en adelante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%

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96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

95

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

94

1.35

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

93

2.16

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

92

3.43

1.73

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

90

5.04

3.15

1.68

0.65

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

87

7.71

5.66

3.91

2.47

1.34

0.54

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

86

8.67

6.59

4.77

3.24

1.98

1.02

0.37

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

85

9.80

7.70

5.83

4.20

2.83

1.71

0.87

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

84

11.17

9.05

7.13

5.42

3.93

2.67

1.64

0.85

0.31

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

82

12.85

10.71

8.75

6.98

5.39

3.99

2.79

1.79

1.00

0.43

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

80

14.95

12.81

10.83

8.99

7.31

5.79

4.44

3.25

2.24

1.40

0.76

0.30

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

78

17.64

15.53

13.54

11.66

9.91

8.29

6.80

5.45

4.23

3.16

2.23

1.46

0.84

0.39

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

74

21.23

19.17

17.19

15.31

13.52

11.83

10.23

8.74

7.35

6.07

4.90

3.85

2.91

2.10

1.41

0.86

0.43

0.15

0.00

0.00

0.00

 

63

33.61

31.79

30.02

28.28

26.58

24.91

23.29

21.71

20.17

18.68

17.23

15.82

14.47

13.16

11.91

10.71

9.56

8.46

7.43

6.45

5.53

Para los efectos de las fracciones I y III de este artículo, cuando sea impar el número de meses del periodo a que se refieren dichas fracciones, se considerará como último mes de la primera mitad el mes inmediato anterior al que corresponda la mitad del periodo.

Artículo 198. Para los efectos del artículo 36-A de esta Ley, se consideran áreas metropolitanas las siguientes:

I. La correspondiente al Distrito Federal que comprende todo el territorio del Distrito Federal y los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Juchitepec, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Ocoyoacac, Tenango del Aire, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán, Valle de Chalco-Solidaridad y Xalatlaco, en el Estado de México.

II. La correspondiente al área de Guadalajara que comprende todo el territorio de los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, en el Estado de Jalisco.

III. La correspondiente al área de Monterrey que comprende todo el territorio de los municipios de Monterrey, Cadereyta Jiménez, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Guadalupe, San Pedro Garza García, Santa Catarina, General Escobedo, García y Juárez, en el Estado de Nuevo León.

Cuando se modifique total o parcialmente la conformación territorial de alguno de los municipios a que se refiere este artículo y como resultado de ello dicho municipio pase a formar parte de otro o surja uno nuevo, se considerará que el municipio del que pase a formar parte o el que surja con motivo de dicha modificación territorial, se encuentra dentro de las áreas metropolitanas a que se refiere este artículo.

TRANSITORIOS

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 21 de abril de 2014”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL SOBRE LA DIVERSIDAD SEXUAL

(Presentada por la C. Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD)

“La suscrita, Senadora Luz María Beristain Navarrete, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 171, fracción I y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Instituto Nacional sobre la Diversidad Sexual, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México presenta una composición multidiversa, particularmente en lo relativo a  la condición  de la identidad sexo-genérica de grupos de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual, Travestí, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI). En años recientes se inició un proceso de apertura de la vida política, social y cultural del país. Lo anterior incluyó un avance en la forma en cómo se percibía a los grupos de la comunidad LGBTTTI. En ese sentido, México se ha convertido en un espacio representativo de libertad, tolerancia y respeto de los derechos humanos para los gay y lesbianas del país.

En particular, la Ciudad de México es pionera en América Latina en materia de matrimonios entre personas del mismo sexo, al ser una de las primeras ciudades del subcontinente al legislar en ese sentido, colocándose a la vanguardia a nivel mundial en ese tema y otros que tienen que ver con el desarrollo social de sus habitantes. Lo anterior generó un proceso que abrió las posibilidades de cambio para la comunidad gay y en México la población es más respetuosa de la orientación sexual de una parte de los ciudadanos. Ese panorama no es gratuito, pues desde el año 1979 se realizó la Primera Marcha del Orgullo Gay, donde confluyeron luchadoras (es) lesbianas y homosexuales que se organizaron para demandar justicia, respeto y tolerancia, en un país homofóbico.

En la actualidad el tema de la diversidad sexual ha resurgido de manera exigua en diversos espacios: académico, político, cultural, medios de comunicación, Internet, etcétera. La cobertura actual de la diversidad sexual, que hace algunas décadas hubiera sido impensada, es cada vez más amplia, dado que en diversos espacios se discuten temas relacionados con la comunidad LGBTTTI. La apertura de esos espacios propició, a su vez, una más amplia sensibilidad, más respeto y un más amplio conocimiento del tema de la diversidad sexual por parte de algunos actores de la sociedad.

Lo anterior trajo como resultado la trasformación, en parte, de las actitudes, opiniones y creencias, es decir de las representaciones sociales que la sociedad tenía de la cuestión homosexual y lésbica de nuestro país. Aún con lo anterior, vale la pena recordar que aun existe una carga homofóbica que permea diferentes ámbitos de la cultura de la sociedad mexicana, en el ámbito jurídicos, judiciales, de impartición de justicia, familiares, educativos, e incluso académicos. A ese respecto cabe señalar unas de las recomendaciones que el CONAPRED1 hace a las instancias Federales de gobierno:

A) El Estado mexicano deberá tener un rol activo en lo que se refiere a la lucha para combatir la discriminación.

B) Esta participación estatal, señala el documento, deberá contener la capacitación de los funcionarios de estado, diseño, realización y difusión de campañas públicas para la sensibilización en torno a generar una cultura política que tenga como eje rector el respeto a la diferencia.

C) El Estado, en sus diferentes niveles, deberá tener interacción con las organizaciones no gubernamentales con amplia experiencia de trabajo y apoyo social con la comunidad LGBTTTI, para que la colaboración con las entidades de gobierno sea útil y eficaz.

Así mismo dicho organismo señala que para que la comunidad LGBTTTI o grupos de minorías sexuales dejen de ser vulnerados en sus derechos humanos y  civiles, se deben de llevar a cabo las siguientes actividades: 1) Cumplimiento estricto de la ley por parte de los funcionarios públicos, para lo cual se requiere conocimiento y capacitación sobre la misma y vigilancia estricta para evitar las corruptelas; 2) Respeto por el carácter laico del Estado en todas sus funciones y acciones; 3) Regulación de los contenidos de los mensajes que difunden los medios de comunicación que promueven imágenes denigrantes de las mujeres,  los homosexuales, travestidos y transexuales. 4) Realización de campañas en contra de la discriminación y a favor de la información y la educación que estén avaladas por los recursos y el aparato estatal. Estudio sobre la diversidad sexual y los retos de la igualdad y la inclusión; 5) Implementación de programas de política pública específicos y focalizados para atender la problemática homosexual y transexual.

Como se puede desprender de lo anterior, el papel del Estado conjuntamente con los grupos, colectivos o asociaciones de la comunidad LGBTTTI, es fundamental para la creación y generación de las políticas públicas. Para el cabal cumplimiento de las agendas o de generación de políticas dirigidas a las minorías sexuales, es trascendental e imperante que se integren a la población concernida, si no se corre el riesgo de no dar cumplimiento a las recomendaciones surgidas desde los organismos nacionales e internacionales.

Otro tema fundamental que se aborda en las recomendaciones de atención a la comunidad de la diversidad sexual es la educación, sin duda fundamental en la generación de políticas públicas. Al respecto, se señala que una educación objetiva, abierta y completa en términos de la sexualidad en general y en particular de la diversidad, es la columna para generar una sociedad más tolerante, respetuosa y equitativa de la comunidad LGBTTTI. Se remarca que  las generaciones futuras son la esperanza del cambio y en ese sentido la educación a los  niñas (os) y  jóvenes es fundamental.

En relación con el diseño de las políticas públicas, el CONAPRED reitera la recomendación de que: Se integre y aproveche la experiencia existen desde la sociedad civil, expresadas en colectivos, grupos y asociaciones de la diversidad sexual, en relación con el diseño de campañas, acciones y políticas públicas que tienen como objetivo dicha población; Es necesario implementar indicadores reales sobre la comunidad LGBTTTI (dónde están, cuántos son, nivel de escolaridad y de ingresos, desempleo, marginación, etcétera) para poder diseñar políticas públicas focalizadas.

Entre otros grupos vulnerables el CONAPRED señala los integrantes de la comunidad LGBTTTI y en relación con lo anterior refiere lo siguiente: “La población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual, (LGBTTTI) se considera un grupo vulnerabilizado por enfrentar distintas formas de exclusión, discriminación y negación de acceso pleno a sus derechos fundamentales.  Estas conductas antisociales, se deben principalmente a la difusión y aceptación normalizada de prejuicios acerca de la diversidad sexual, que en lo cotidiano se traducen en diferentes formas de violencia y discriminación en ámbitos sociales, culturales, religiosos, laborales, legales y políticos” (Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación el Distrito Federal) (COPRED).

Por otro lado, el Consejo anterior recomienda las siguientes consideraciones: 1) Reformas para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y la serie de derechos sociales que éste conlleva tales como el derecho a la salud, Estudio sobre la diversidad sexual y los retos de la igualdad y la inclusión derecho a la sucesión de bienes, derechos para unir los ingresos mutuos y solicitar un crédito; 2) Es necesario que se reformen las leyes para que se permita la inseminación artificial en el sistema de salud pública para las mujeres lesbianas que así lo deseen; 3) Reformas para que las madres o los padres por opción tenga derechos y obligaciones sobre los hijos de su pareja con quien han optado vivir, para que en caso de separación puedan verlos y seguir cumpliendo con sus obligaciones, tal como ocurre con las parejas heterosexuales después de un proceso de divorcio; 4) Eliminar la homosexualidad y la bisexualidad como causal de divorcio o agravante en el juicio y como un impedimento para otorgar la custodia de los hijos;  5) Contra el menor, cuando a veces a los niños los dejan ir con el padre que los ha maltratado, que los ha humillado, que los ha abusado y nada más les quitan este derecho o no están con la madre, por ser lesbiana; 6) Reformar la Ley para Prevenir la Discriminación para que pueda emitir sanciones a las instituciones o individuos que discriminen; 7) Reformar la Ley de Radio y Televisión para que existan espacios destinados a las campañas y acciones de prevención del virus del SIDA, y para que se permita mayores tiempos para difundir las actividades y los mensajes de las organizaciones de la sociedad civil; 8) Reformar las leyes necesarias para que sea posible otorgar educación sexual a los niños y jóvenes sin el riesgo de ser acusado del delito de corrupción de menores; 9) Reformas a la Ley Federal del Trabajo que establezca explícitamente que por la transexualidad no se puede negar el derecho a un empleo; 10) Reformas para que las personas transexuales puedan existir como ciudadanos de primer nivel después de su cambio de género; es decir que puedan contar con un acta de nacimiento, pasaporte, credencial de elector y certificados de estudios. Asimismo, se requieren acciones afirmativas para que las personas transexuales puedan ser compensadas socialmente por la discriminación que han vivido. Lo anterior a través de empleos remunerados, y apoyos monetarios o educativos2
Además, en relación con la investigación académica-científica acerca de la diversidad sexual es pobre, tanto en el ámbito de las universidades como en centros de investigación. No existe un espacio de discusión extensa y científica donde los académicos que estudian la diversidad sexual puedan disertar de manera cotidiana sus productos de investigación. No existe en la currícula de las universidades, temas relacionados con la homosexualidad masculina y femenina, como si es el caso en muchas universidades norteamericanas y europeas.

Ante ello, el objetivo de nuestro planteamiento de la creación del Instituto Nacional de la Diversidad Sexual, es convertirse en un espacio de referencia, donde se discutan temas de la diversidad sexual desde diferentes disciplinas con una perspectiva transdisciplinar, respondiendo a la creciente diversificación de la temática gay en nuestro país. Se pondrá énfasis en las relaciones que se establecen entre los discursos y las prácticas culturales y las identidades vinculadas a la diversidad sexual desde la perspectiva de género; se reflexionará sobre cómo los diferentes grados y las formas de la diversidad sexual cuestionan en gran medida los marcos culturales, normativos, discursivos y simbólicos de las prácticas sexuales, culturales y de las identidades de la sociedad mexicana. Propondrá una discusión teórica, así como una actualización de conocimientos y reflexión crítica en torno a teorías, discursos, prácticas, experiencias, y condiciones cotidianas concretas que involucren la temática de la diversidad sexual y de género entre la población LGBTTTI. Analizará también los aspectos jurídicos y los cambios a la legislación en materia jurídica para la promoción de los derechos humanos. Realizará un recuento histórico de los movimientos sociales en materia de liberación homosexual. Propondrá al gobierno a los diversos entidades y gobierno federal, una serie de temas en materia de políticas públicas para la comunidad LGBTTTI.

Por lo anterior, el Instituto Nacional de la Diversidad Sexual deberá proporcionar una respuesta desde una perspectiva teórica que dé cuenta de esa diversidad. Por ello, el gobierno federal tiene una oportunidad invaluable de convertirse en referencia en materia de estudios sobre la diversidad sexual y desarrollo de políticas públicas, no sólo de la capital sino del país entero y eventualmente a nivel internacional y poder presentarse como un país incluyente, moderno y respetuoso la diversidad.

Otro aspecto que se recomienda por parte del Consejo es el que tiene que ver con las cuotas de representación política. Al respecto creemos que un gobierno que genere políticas públicas a favor de la diversidad sexual, debe de garantizar las cuotas de representación de la comunidad LGBTTTI en los partidos y las Cámaras, en el sentido de que se garantice la discusión en la Cámara local los temas que interesen a la diversidad sexual.

Ante ello, el objetivo de la creación del Instituto Nacional de la Diversidad Sexual, es convertirse en un espacio de referencia, donde se discutan temas de la diversidad sexual desde diferentes disciplinas con una perspectiva transdisciplinar, respondiendo a la creciente diversificación de la temática gay en nuestro país.

El Instituto Nacional de la Diversidad Sexual, deberá proporcionar una respuesta desde una perspectiva teórica que dé cuenta de esa diversidad. Por ello, el gobierno federal tiene una oportunidad invaluable de convertirse en referencia en mataría de estudios sobre la diversidad sexual y desarrollo de políticas públicas, no sólo de la capital sino del país entero.

Es importante señalar que la comunidad LGBTTTI de nuestro país, a través de diferentes curias de comunicación, de información de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ha expresado que la agenda para la diversidad sexual y que justifican la creación del Instituto Nacional de la Diversidad Sexual, debería de contener por los menos los siguientes principios: 1) Generar una cultura anti homofóbica en la ciudad a través el reconocimiento de la diferencia en el marco de la igualdad de derechos; 2) Que las políticas públicas tengan como objetivo la detección y eliminación de la discriminación, partiendo del principio de igualdad ante la ley; 3) Proponer la revisión de leyes para garantizar condiciones igualitarias por orientación sexual e identidad de género; 4) Elaborar modelos de atención integral a las personas que viven con VIH-SIDA; 5) Generar una cultura de respeto, trato equitativo, justo y digno por parte de los elementos de Seguridad Pública y por los funcionarios públicos; 6) Llevar a cabo un censo de la comunidad LGBTTTI en la ciudad de México para poder cuantificar el número real de personas con orientación sexual diferente a la heterosexual y con lo anterior realizar políticas públicas más específicas y diferenciadas; 7) Desarrollar acciones positivas y de respeto que incidan en la eliminación de la discriminación; 8) Disminuir la violencia sexual asociada a la homofobia y a la discriminación; 9) Desarrollar programas o talleres que tengan como tema el decidir por el propio cuerpo con el objetivo de fortalecer la libertad de conciencia y la construcción de una identidad propia y de libre expresión; 10) Llevar a cabo reformas para instituir una igualdad ante la ley y el ejercicio libre de los derechos sexuales y reproductivos; 11) Sensibilizar a la comunidad LGBTTTI y a los servidores públicos sobre los derechos de que gozan las personas de la diversidad sexual; 12) Desarrollar políticas públicas en término del reconocimiento y protección social para dar cobertura completa a las familias diversas; 13)  Reinterpretar y ampliar el paradigma de los derechos humanos en el marco de la inclusión y reconocimiento de los diversos grupos sociales y de la diversidad sexual; 14) Generar las políticas públicas necesarias y específicas para eliminar los impedimentos estructurales y formales para que la comunidad LGBTTTI pueda acceder a una verdadera ciudadanía  con la protección y los derechos que ello implica; 15) Generar políticas culturales y educativas que incidan en un cambio en la percepción deformada de la población hacia la comunidad LGBTTTI que haga posible el acceso al ejercicio de la libertad  y una verdadera ciudadanía; 16) Visibilizar a las personas bisexuales, transexuales, travestis y  garantizarles libertad de circulación y de acceso; 17) En el marco de día contra la homofobia denominar al 17 de mayo como “Día Internacional contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia y la interfobia”; 18) Combatir los abusos de autoridad por parte de elementos policiacos y la situación de la población LGBTTTI interna en los reclusorios del Distrito Federal; 19) Generar políticas públicas que incidan en la erradicación del machismo homofóbico que no sólo afecta la persona, sino a su entorno, lo cual genera violencia y en su expresión más extrema: los asesinatos por odio; 20) Permear las políticas públicas con la idea de que no basta con cambiar la ley es necesario generar un cambio también en la mentalidad que nos lleve a entender que todas y todos somos dignos de respeto, con independencia de nuestra orientación e identidad sexual, que implica una discusión de carácter cultural; 21) Prohibir y en su caso penalizar los discursos discriminatorios y homofóbicos en los espacios públicos, en los medios de comunicación y entre los servidores públicos; 22) Generar políticas públicas y acciones positivas para empoderar a la comunidad LGBTTTI  para que tomen sus propias decisiones y sea capaz de participar en la elaboración de políticas públicas y de agenda para la comunidad LGBTTTI; 23) Ofrecer diferentes estrategias a través de talleres para jóvenes, talleres para madres y padres de las familias diversas, pláticas, terapias, grupos de apoyo y capacitación, para poder enfrentar la vida cotidiana en contextos adversos; 24) Modificar el estatuto legal para dar cobertura de seguridad social a las familias diversas y a las mujeres, en estricto apego a los estándares nacionales e internacionales en materia de No Discriminación; 25) Generar acciones para terminar con la arbitrariedad de las distinciones entre las personas con el objetivo de negarles derechos u oportunidades; 26) Desarrollar políticas públicas de prevención y atención, a los crímenes de odio así como acceso a la justicia y reparación de daños a las víctimas; 27) Generar acciones para combatir la falta de programas, políticas y servicios gubernamentales, que prevengan, atiendan, mitiguen, investiguen o castiguen la violencia homofóbica; 28) Implementar programas de sensibilización  y educación de las madres y padres hacia sus hijos con una identidad homosexual, bisexual, transexual, gay, lesbiana, para  favorecer su autocuidado y el ejercicio de prácticas sexuales seguras, como la prevención del VIH; 29) Generar un cambio cultural que tenga como objetivo central, la idea de que la diversidad sexual es un valor a reivindicar, pues nutre y enriquece a las sociedades y a los individuos; 30) Definir y establecer lineamientos jurídicos basados en derechos fundamentales y valores democráticos que tengan como objetivo los derechos a la igualdad; 31) Proponer intervenciones políticas especificas y diferenciadas a las distintas realidades de la comunidad LGBTTTI (Saéz, 2006); 32) Proponer estrategias culturales y educativas en pro de la normalización de la homosexualidad como estrategia global de actuación;3 33) Generar acciones positivas que se comprometan al acompañamiento de la comunidad LGBTTTI con el propósito de que pueden desarrollar una identidad homosexual4; 34) Generar acciones que contribuyan al bienestar individual y social promoviendo el desarrollo autónomo y libre de la comunidad LGBTTTI5; 35) Fomentar en los homosexuales el “empoderamiento”, el ser sujetos de su propio desarrollo y transformación; 36) Incidir en la generación de una sociedad más justa e incluyente, mediante la dinamización comunitaria y los trabajos preventivos de sensibilización, concientización, información y formación en la diversidad del deseo sexual y la normalización de las orientaciones sexuales no hegemónicas y 37 realizar una reasignación de identidad sexo-genérica pronta y expedita.

Es evidente que los puntos anteriores implican replantear las políticas de la agenda legislativa para que desde dentro de este organismo se genere un cambio en la forma de percibir y pensar la diversidad sexual y con eso proyectar una trasformación más global en la población de México, en el sentido de crear y fomentar un respeto y convivencia ciudadana democrática e incluyente al margen de la orientación sexual.

Por otro lado, es importante señalar que la creación del Instituto Nacional de la Diversidad Sexual, se fundamenta en ordenamientos internacionales para la atención de la población LGBTTTI, como son los Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la  legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la Identidad de género. Si el gobierno de nuestro país, quiere estar a la altura de los derechos humanos y civiles de las minorías sexuales, deberá integrar a su agenda para la comunidad LGBTTTI, dichos ejes rectores. Éstos son una serie de principios legales sobre la aplicación de los derechos humanos con estándares internacionales, en relación con la orientación sexual e identidad de género.6

Es importante señalar que se encuentra también la Resolución de la OEA respecto a los derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, donde por primera vez la OEA adopta una resolución consagrada a los derechos humanos y su relación con la orientación sexual y la identidad de género. En esta resolución los Estados miembros señalan su preocupación por la violencia y sistemática violación de los derechos humanos cometidos en contra de las personas como consecuencia de su orientación sexual o su identidad de género, y que el gobierno Federal debería considerar.

Por otro lado se encuentra la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de Naciones Unidas que es, a todas luces, importante que se considere por la creación del Instituto Nacional de la Diversidad Sexual como marco internacional sobre los derechos humanos de la comunidad LGBTTTI.7

En días recientes el gobierno Federal instituyó el 17 de mayo como el día nacional contra la homofobia, sin duda esa acción habla de los deseos de encaminar a nuestro país a los senderos de la inclusión y respeto de la orientación sexual de los y las ciudadanos (as). El gobierno Federal tiene la invaluable oportunidad de coronar esa acción con la creación y la puesta en marcha del Instituto Nacional de la Diversidad Sexual y presentarse ante la comunidad internacional pero sobre todo antes sus ciudadanos (as) como un gobierno que está a tono con los cambios de una sociedad moderna y democrática.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se crea la Ley del Instituto Nacional sobre la Diversidad Sexual, para quedar como sigue:

Ley del Instituto Nacional sobre la Diversidad Sexual

Capítulo I
Disposiciones Generales

Articulo 1. Se crea la Ley del Instituto Nacional sobre la Diversidad Sexual como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Articulo 2. Toda persona que tenga una orientación sexual y expresión e identidad de género diversa será sujeto de los derechos reconocidos por esta Ley, los cuales no podrán restringirse ni ser impedidos por prácticas discriminatorias.

Articulo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

Instituto: Instituto Nacional sobre la Diversidad Sexual

Ley: Ley del Instituto Nacional sobre la Diversidad Sexual

Diversidad Sexual: Es el conjunto de diversas preferencias, orientaciones e                  identidades sexuales y de género que existen en la especie humana: hombre, mujer, heterosexual, homosexual, bisexual, transgénero, transexual, e intersexual.

LGBTTTI: Es un acrónimo para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales,     travestis, transexuales, transgénero e intersexuales.

Sexualidad Humana: Aspecto central de la existencia humana que incluye el sexo, la identidad de género y sus modos de expresión, la orientación o preferencia sexual, el erotismo, el placer sexual, los vínculos afectivos y la reproducción. Se puede expresar como pensamientos, fantasías, deseos, convicciones, actitudes, opiniones, valores, comportamientos, prácticas, miedos, interacciones entre personas.

Salud Sexual: La salud sexual es un estado persistente de bienestar físico, mental, emocional, y social en relación con la sexualidad. No se trata simplemente de la ausencia de enfermedades o disfunciones. Requiere de un enfoque positivo y respetuoso de las distintas formas de expresión de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como de la posibilidad de tener experiencias sexuales seguras, dignas, libres de coerción, de discriminación y de violencia. Para que la salud sexual se logre, es necesario que los derechos sexuales de las personas se conozcan, se respeten y se garanticen.

Orientación sexual: Atracción erótico-afectiva hacia hombres, mujeres o ambos. No se elige, se descubre y no puede cambiarse. No se debe a factores externos, familiares o experiencias. Básicamente hay tres orientaciones: homosexualidad (atracción por el mismo sexo), heterosexualidad (atracción por el otro sexo) y bisexualidad (atracción por ambos). De acuerdo con la organización Mundial de la Salud ninguna de las tres es enfermedad. Personas con preferencia homosexual, heterosexual o bisexual tienen la misma capacidad reproductiva y para ser buenos padres o madres e integrar familias.

Expresión e identidad de género: Innata identificación de cualquier persona con algún sexo que pueda o no corresponder al cuerpo de la persona o el sexo designado al nacer.

Incitación al odio: Acción mediante la comunicación de las declaraciones en cualquier lugar, que provoque al odio contra cualquier grupo identificable, donde es probable que conduzca a un quebrantamiento del respeto y tolerancia.

Homofobia: Aversión personal, interpersonal, cultural e institucional obsesiva por causas de orientación sexual, expresión e identidad de género

Articulo 4. El propósito de esta Ley es:

I. Desarrollar procesos de sensibilización e información para combatir y eliminar toda forma de discriminación por causas de orientación sexual, expresión e identidad sexo genérica.

II. Promover el reconocimiento de que la composición diversa en lo relativo a la condición sexo genérica, es un reflejo de la multiculturalidad que consagra nuestra Constitución Política.

III. Sensibilizar a la sociedad respecto de la aceptación y respeto de la existencia de miembros de la comunidad que comparten una orientación sexual, así como expresiones e identidades de género diversas y su contribución al desarrollo del país.

IV. Impulsar la participación en igualdad de condiciones ante la ley para las personasque se identifiquen con una orientación sexual o expresión e identidad sexo genérica.

V. Formular, seguir y evaluar políticas públicas en término del reconcomiendo y protección legal para las personas sujetos de esta Ley.

VI. Realizar investigaciones académicas-científicas sobre la diversidad sexual que contribuyan al mejor conocimiento de esta población.

Articulo 5. Para la realización de sus objetivos, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Apoyar y formular políticas públicas gubernamentales e impulsar las de la sociedad civil, para alcanzar el respeto a la orientación sexual y expresiones e identidades de género diversas.

II. Promover entre los tres Poderes de la Unión y la sociedad civil, acciones dirigidas a erradicar una cultura homofóbica en contra de grupos identificables con una orientación sexual o expresión e identidad sexo genérica, en los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural.

III. Establecer vínculos de colaboración con el H. Congreso de la Unión, así como con los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para impulsar acciones legislativas que garanticen el derecho a la igualdad ante la ley de los grupos identificables con una orientación sexual o expresión e identidad de género diversas.

IV. Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades responsables de la prestación de salud para garantizar modelos de calidad en la atención integral de las personas sujetos de esta Ley, principalmente de las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana y aquellas que requieran de apoyo psicológico

V. Impulsar acciones para promover la libertad de las personas sujetas de los de derechos de esta Ley, para someterse a procedimientos de reproducción asistida sin ser discriminados.

VI. Proponer medidas de prevención contra cualquier forma de discriminación e incitación al odio de grupos identificables con una orientación sexual o expresión e identidad de género diversas y coordinarse con aquellas instituciones que ya existen y trabajen es ese sentido.

VII. Asistencia para la presentación en forma de denuncias contra toda persona o servidor público que se presuma de haber cometido homicidio, encarcelamiento injustificado, torture, persiga, hubiere incitado al odio o realice cualquier otro acto u omisión inhumana contra los grupos identificables con una orientación sexual o expresión e identidad sexo genérica.

VIII. Realizar y patrocinar cualquier investigación, incluyendo básica, teórica fundamental o bien la investigación aplicada, para crear nuevos conocimientos en apoyo a las características, necesidades, desarrollo y oportunidades de los miembros de las personas sujetas de esta Ley, en coordinación estrecha con universidades e instituciones de educación superior e institutos académicos.

IX. Desarrollar programas y talleres para fortalecer el conocimiento sobre el derecho a decidir por el propio cuerpo, la libertad de conciencia y expresión.

X. Llevar a cabo acciones para la reinterpretación y la visibilidad pública de las personas con una orientación sexual o expresión e identidad de género diversas, de los tratados internacionales celebrados en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

XI. Implementar programas de sensibilización y educación de los familiares de las personas con una orientación sexual o expresión e identidad sexo genérica.

XII. Establecer y concertar acuerdos y convenios con el sector privado, para que se respeten y consideren en igualdad de condiciones a las personas con una orientación sexual o expresión e identidad de género diversas en la actividad del sector productivo, competitivo y privado, en particular las pequeñas y medianas empresas.

Articulo 6. Las oficinas centrales del Instituto Nacional sobre la Diversidad Sexual, tendrán su domicilio legal en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Capítulo II
De la Estructura y Organización del Instituto

Articulo 1. El Instituto sobre la Diversidad Sexual se integrará con un Director  General del Instituto, un Consejo de Gobierno, Área Legal y las demás estructuras administrativas que establezca su Estatuto Orgánico. Asimismo, contará con Órgano de Vigilancia.

Articulo 2. El Consejo de Gobierno se integrará por:

A) El o la titular de la Dirección del Instituto;

Los secretarios titulares de:

Gobernación;

Relaciones Exteriores;

Trabajo y Previsión Social;

Salud;

Desarrollo Social;

Hacienda y Crédito Público, y

B) Ocho integrantes de la diversidad sexual, es decir; con una orientación sexual o expresión e identidad sexo genérica, que provengan de organizaciones sociales no gubernamentales, empresariales o de la academia y que reflejan los más altos estándares de excelencia científica, quienes durarán en su encargo tres años.

Los miembros a que se refiere el Apartado B, serán designados por el o la titular del Poder Ejecutivo Federal y podrán ser nombrados para no más de dos mandatos consecutivos; los cuales serán avalados y ratificados en el Senado de la República podrá objetar dichos nombramientos.

Articulo 3. El Consejo de Gobierno tendrá las siguientes facultades indelegables:

I. Evaluar el desempeño general del Instituto, sobre todo con respecto a los alcances de sus objetivos;

II. Autorizar en forma anual su presupuesto;

III. Proporcionar fondos para promover, apoyar y llevar a cabo la    investigación sobre el tema;

IV.  Establecer una o más comisiones temporales para coadyuvar al Ejecutivo Federal con respecto a la elaboración de Políticas Públicas mediante la investigación en temas de orientación sexual e identificación de género;

V. Establecer procesos de recepción, revisión, creación y difusión de propuestas de investigación realizados en el Instituto;

VI. Aprobar los contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar el Instituto con terceros en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios;

VII. El establecimiento de políticas para la colaboración con toda persona y organizaciones de la sociedad civil que tengan un interés en la investigación en la materia;

VIII. Aprobar el reglamento interior, la organización general del organismo y los manuales de procedimientos, y

Cualquier otro asunto que el Consejo de Gobierno considere necesaria para el desarrollo de sus orientaciones estratégicas, los objetivos y las políticas.

Articulo 4. El Consejo de Gobierno podrá reunirse en los momentos y en los lugares que considere necesarios, pero deberá realizarlas al menos dos veces al año.

Articulo 5. El Director General es el representante legal del Instituto y responsable de su gestión y la dirección.

Articulo 6. Para ser Director General del Instituto el candidato no deberá encontrarse en uno o en varios de los impedimentos establecidos en la fracción III del artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y ser nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Federal durante un período de no más de cinco años.

El Director General podrá ser nombrado para no más de dos mandatos consecutivos.

Articulo 7. El Director General del Instituto tendrá las siguientes facultades:

I. Formar parte de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto;

II. Nombrar al personal del Instituto;

III. Celebrar contratos, acuerdos, memorandos de entendimiento u otros acuerdos con un departamento o agencia del Gobierno Federal y Estatal, de cualquiera de sus organismos o con cualquier persona u organización;

IV. Formular anualmente el proyecto de presupuesto del Instituto, para someterlo a la aprobación del Consejo de Gobierno;

V. Ejercer el presupuesto del Instituto con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

VI. Con la aprobación del Consejo de Gobierno, adquirir o arrendar bienes inmuebles o bienes inmuebles;

VII. Otorgar licencia, ceder, vender o poner a disposición de cualquier patente, derecho de autor, diseño industrial, marca comercial, secreto comercial u otro derecho de propiedad como el celebrado, controlados o administrados por el Instituto;

VIII. Proporcionar la información que soliciten las o los Comisarios Públicos propietario y suplente, y

IX. Hacer cualquier otra cosa que sea necesaria o complementaria para lograr el objetivo.

Articulo 8. El Área Legal tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Acciones, juicios u otros procedimientos legales en relación con cualquier derecho u obligación que adquiera el Instituto, ya sea en su propio nombre o en representación de toda persona que lo solicite;

II. Auxiliar a la Presidencia en la administración, organización y operación del Instituto, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico, y

III. Las demás que le confiera el Estatuto Orgánico del Instituto.

Capítulo III
Del Patrimonio, Presupuesto y Control de los Recursos del Instituto

Articulo 15. El patrimonio del Instituto se integra con las provisiones presupuestarias necesarias para su operación, incluidas en las partidas y previsiones del Presupuesto de Egresos de la Federación, sin perjuicio desubsidios, transferencias, donaciones y legados otorgados por terceros.

Articulo 16. El Instituto queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicables a la Administración Pública Federal.

Capítulo IV