Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 23 de abril de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 9

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 26 de Febrero de 2014

SUMARIO                                              


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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Gobernación; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda. Se acompaña del anexo a las consideraciones del dictamen. El C. Senador Manuel Camacho Solís presenta moción suspensiva que se admite a discusión. Intervienen al respecto los CC. Senadores Omar Fayad Meneses y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. No se aprueba la moción.

Para presentar el dictamen intervienen los CC. Senadores María Cristina Díaz Salazar, a nombre de la Comisión de Gobernación; Arely Gómez González, a nombre de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

Para presentar su voto particular intervienen los CC. Senadores Armando Ríos Piter, a nombre de diversos Senadores del grupo parlamentario del PRD, Isidro Pedraza Chávez y Mario Delgado Carillo.

Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, intervienen los CC. Senadores Manuel Bartlett Díaz, Luis Armando Melgar Bravo, Angélica de la Peña Gómez, Héctor Larios Córdova y Gerardo Sánchez García.

Para su discusión en lo general intervienen los CC. Senadores Dolores Padierna Luna, Manuel Bartlett Díaz, Javier Corral Jurado, Raúl Morón Orozco, David Penchyna Grub, Zoé Robledo Aburto, Fidel Demédicis Hidalgo, Lorena Cuéllar Cisneros, Fernando Enrique Mayans Canabal y Omar Fayad Meneses. Se inserta intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya.

Los Coordinadores de los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD, y los Presidentes de las Comisiones Unidas presentan propuestas de modificación al dictamen que se aprueban.

Para su discusión en lo particular intervienen al respecto los CC. Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 9, 11, 12 y 14, que no se admiten; Raúl Morón Orozco, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 6, 12, 14, 15, 33 y 64, que no se admiten; Javier Corral Jurado, quien presenta propuesta de modificación al artículo 41 que no se admite; Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, quien presenta propuesta de modificación al artículo 6, que no se admite; Dolores Padierna Luna, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 6, 12, 14, 28, 33, 34, 64 y Quinto Transitorio y la adición de un artículo 66, que no se admiten; Lorena Cuéllar Cisneros, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 9 y 14 que no se admiten; Angélica de la Peña Gómez, quien presenta propuesta de modificación al artículo 9 que no se admite; Laura Angélica Rojas Hernández y María Marcela Torres Peimbert, quienes presentan propuesta de modificación a los artículos 15, 26, 27 y 28 que no se admite; Fernando Enrique Mayans Canabal, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 15, 23 y 33 que no se admiten; Manuel Bartlett Díaz, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 21 y 25 que no se admiten; Adolfo Romero Lainas, quien presenta propuesta de modificación al artículo 17 que no se admite; Zoé Robledo Aburto, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 19, 23 y 28 que no se admiten; Isidro Pedraza Chávez, quien presenta propuesta de modificación al artículo 25 que no se admite; Armando Ríos Piter, quien presenta propuesta de modificación al artículo 41 que no se admite; Rabindranath Salazar Solorio, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 41 y 64 que no se admiten; Raúl Gracia Guzmán, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 41, 60, 61 y 62 que no se admiten; y Mario Delgado Carrillo, quien presenta propuesta de modificación al Artículo Quinto Transitorio que no se admite. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

COMUNICACIONES

- De la Mesa Directiva, por la que da cuenta con el dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con las solicitudes de los ciudadanos Wanda Sigrid Arzt Colunga, Gerardo Laveaga Rendón, María Elena Pérez-Jaén Zermeño y Angel José Trinidad Zaldívar, comisionados del extinto Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; así como con el oficio por el que turna el dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda a la Junta de Coordinación Política; de la Junta de Coordinación Política, por la que se hace del conocimiento a la Mesa Directiva, que no se alcanzaron los acuerdos para aprobar la petición de los ciudadanos Gerardo Laveaga Rendón, Wanda Sigrid Arzt Colunga, María Elena Pérez-Jaén y Angel José Trinidad Zaldívar, para formar parte del organismo garante en materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.




 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: (14:07 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Informo a la Asamblea que se han acreditado 102 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se abre la sesión del miércoles 26 de febrero, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y dos minutos del día martes veinticinco de febrero de dos mil catorce, encontrándose presentes ochenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves veinte de febrero de dos mil catorce.

 

La Presidencia informó de las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta fecha:

1) Autorizó el retiro del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; a la Ley General de Educación; a la Ley General de Salud, y a la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentado el 13 de febrero de 2014, por la Senadora Cristina Díaz Salazar.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, oficio con el que remite información diversa en relación con los ciudadanos Wanda Sigrid Arzt Colunga, Gerardo Laveaga Rendón, María Elena Pérez-Jaén Zermeño y Angel Trinidad Zaldívar, quienes solicitaron ser considerados para formar parte del organismo autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública que dispone el decreto de reformas constitucionales del 7 de febrero de 2014.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el procedimiento para el nombramiento de los comisionados del pleno del organismo constitucional autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho a la información pública y la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.- Fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se propone realizar sesión solemne el martes 4 de marzo de 2014, para recibir la visita del Presidente del Parlamento del Reino de Dinamarca.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de autorización para que el Buque Escuela ARM "CUAUHTEMOC" (BE-01) efectúe el crucero de instrucción correspondiente a la anualidad, del 9 de abril al 23 de noviembre de 2014.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 4, 62, 64 y 68 de la Ley de Aviación Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que devuelve el expediente para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 133, fracción I de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social, de Atención a Grupos Vulnerables, de Trabajo y Previsión Social, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que devuelve el expediente para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional del proyecto de decreto que reforma las fracciones V, VI, VIII, XI y XIV del artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

 

Los grupos parlamentarios intervinieron para referirse al Día de la Bandera.- Hicieron uso de la palabra los senadores: Martha Palafox Gutiérrez del PT; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM; Angel Benjamín Robles Montoya del PRD; Sonia Mendoza Díaz del PAN; y Lilia Guadalupe Merodio Reza del PRI.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

(Iniciativas)

El Senador René Juárez Cisneros, a nombre propio y de los senadores Miguel Angel Chico Herrera, Enrique Burgos García, Aarón Irízar López, Patricio Martínez García, Manuel Cavazos Lerma, Ismael Hernández Deras y Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 254 y se adiciona un artículo 368 Quinquies al Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Fernando Torres Graciano, a nombre propio y del Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley de Coordinación Fiscal; de la Ley de Ingresos de la Federación y del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVIII bis 4 al artículo 24 de la Ley Federal de Competencia Económica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitieron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Capítulo Ii de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción xxi del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Fronteras.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos, Norte; de Asuntos Fronterizos, Sur; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Miguel Romo Mediana, a nombre propio y de los Senadores Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth, Angélica de la Peña Gómez, Manuel Camacho Solís, Enrique Burgos García y María Cristina Díaz Salazar, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático.

 

El Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y de los Senadores Zoé Robledo Aburto, Fernando Torres Graciano, Luz María Beristáin Navarrete y Benjamín Robles Montoya, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el tercer párrafo del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 72; 74; 83; Octavo y Noveno Transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o-B de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 418 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva informó, a petición del Senador Manuel Bartlett Díaz, lo siguiente: "1. Existe un juicio de amparo promovido por los Senadores David Monreal, Manuel Bartlett y Adán Augusto López Hernández, así como la Senadora Layda Sansores, en contra de la aprobación, promulgación, publicación, entrada en vigor y aplicación del decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, en materia de reforma energética, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013; 2. El Juez Octavo de lo Administrativo dio entrada a esta demanda; 3. En audiencia celebrada el pasado 7 de febrero, el juez de la instancia acordó negar la suspensión del acto reclamado; esta resolución fue impugnada mediante recurso de queja por la parte actora; 4. Ambas determinaciones se comunicaron al Senado, como autoridad responsable en el juicio; 5. El Senado interpuso una queja contra la admisión del recurso de los actores; 6. Actualmente transcurre el término legal para que el Senado presente el informe justificado correspondiente y el próximo 3 de marzo se realizará la audiencia constitucional para resolver el fondo del amparo. La Mesa Directiva se mantendrá atenta para informar sobre los acuerdos que el juzgador del caso emita y notifique a esta Cámara."

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular.- El dictamen se acompaña de dos votos particulares: el primero, de los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Armando Ríos Piter, Angélica de la Peña Gómez, Manuel Camacho Solís y Raúl Morón Orozco y, el segundo, del Senador Isidro Pedraza Chávez. Asimismo, la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación, anexa una propuesta de modificación a la parte expositiva. Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 17 Bis a la Ley de Puertos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 9 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Con dispensa de segunda lectura y sin discusión, fue aprobado por 90 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Gobernación a instruir y realizar las acciones necesarias para modernizar las fuerzas armadas.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destinar mayores recursos a los organismos auxiliares de sanidad vegetal para ampliar las acciones fitosanitarias que permitan contener la propagación de la bacteria Candidatus Liberibacter, portadora del dragón amarillo.- Intervinieron los senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, quien presentó propuesta de modificación; Zoé Robledo Aburto del PRD; Isidro Pedraza Chávez del PRD; Francisco Salvador López Brito del PAN; y Manuel Cota Jiménez, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería. La propuesta del Senador Demédicis Hidalgo fue turnada a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural.

2) Por el que se desecha la proposición en torno a la instalación de una mesa de trabajo con productores de limón.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar las acciones diseñadas con motivo de los resultados del informe “Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2012”, que dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.- Intervinieron los senadores: Lorena Cuéllar Cisneros, para referirse a los tres dictámenes; David Monreal Avila del PT, para referirse al dictamen sobre la medición de la pobreza.

2) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a coordinar las acciones necesarias a fin de lograr que el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria permita que los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mejoren la alimentación y la nutrición de los habitantes de las zonas rurales de alta marginación, en sintonía con el Programa Hambre Cero.- Para referirse al dictamen sobre el proyecto estratégico para la seguridad alimentaria, hicieron uso de la palabra los senadores:

Eviel Pérez Magaña del PRI; Fernando Mayans Canabal del PRD, quien presentó una propuesta de modificación; Luisa María Calderón Hinojosa del PAN; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. La propuesta del Senador Fernando Mayans fue aprobada.

3) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a diseñar e implementar una estrategia integral, complementaria a la Cruzada Nacional contra el Hambre, de apoyo para la región de “Tierra Caliente”, con el objetivo de reactivar la economía y restaurar el tejido social.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea trece dictámenes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes a informar respecto al manejo del “FIDEICOMISO STFRMJUB” y las condiciones en la que se paga el seguro de vida a los beneficiarios de los jubilados del organismo en liquidación, denominado Ferrocarriles Nacionales de México.

2) Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a incluir el proyecto del Corredor Transístmico dentro del Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como en el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones.

3) Que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar sobre la evolución de las tarifas que la Administración Portuaria Integral de Ensenada cobra a la actividad pesquera y sobre la decisión de trasladar el sector pesquero de Ensenada, Baja California, a la terminal marítima de El Sauzal.

4) Que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las obras de reparación pertinentes y se revise la seguridad de la carretera transpeninsular, en el tramo que comprende las comunidades del Vizcaíno y Guerrero Negro, en Baja California Sur.

5) Que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar las obras de rehabilitación y mantenimiento que resulten necesarias en la carretera federal 85, conocida como carretera nacional “México-Nuevo Laredo”, especialmente en el tramo comprendido entre Monterrey y Nuevo Laredo.

6) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a proporcionar asesoría a los pequeños y micro distribuidores que lo soliciten, así como información y alternativas para comercializar en otras naciones los televisores análogos que aún tengan en su poder.

7) Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a informar sobre el accidente ferroviario ocurrido el domingo 25 de agosto de 2013 en Tabasco.

8) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al gobierno y al congreso del estado de Sonora a realizar una consulta para resolver el problema de transporte público prestado en las ciudades de esa entidad federativa.

9) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al gobernador del estado del estado de Nuevo León a desistirse de seguir con el procedimiento de canje de placas.

10) Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a informar los montos de inversión y etapas de ampliación de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, denominada Veracruz II.

11) Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a ejercer la asignación presupuestal destinada al estado de Guerrero.

12) Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a informar respecto a los 180 trámites de concesiones, permisos, asignaciones, prórrogas y cesiones resueltos el 29 de mayo de 2013.

13) Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a implementar estrategias eficientes enfocadas a impulsar y detonar el desarrollo de infraestructura en telecomunicaciones en las localidades y municipios que se encuentran incomunicados.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se constituye la comisión ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano.- Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar acerca de las razones por las cuáles se investigan únicamente uno de cada diez delitos en el país.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a incentivar un plan de financiamiento para los ciudadanos del estado de Nuevo León, a fin de instalar paneles solares en las casas y así producir energía renovable en cada hogar.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su beneplácito y extiende una felicitación al personal de la Secretaría de Marina-Armada de México, por su destacada participación en la detención de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.- Se turnó a la Comisión de Marina.

 

Del Senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se hace un extenso reconocimiento al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Secretario de Hacienda y Crédito Público por las acciones realizadas en el marco del programa de apoyo a las zonas fronterizas que contempla el cierre gradual de las llamadas garitas.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reactivar el programa de apoyo a la industria molinera de nixtamal y se cubran los pagos pendientes del mismo.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a indemnizar a ejidatarios de Coahuayutla, Guerrero, afectados por la construcción de la Presa el Infiernillo.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales y del Distrito Federal a fortalecer las acciones, programas y políticas públicas encaminadas a impulsar la agricultura familiar, en la lucha por la Seguridad Alimentaria y Nutricional; en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014.- Se turnó a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Autosuficiencia Alimentaria.

(Excitativa)

Los Senadores Armando Ríos Piter, Angel Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitieron solicitud de excitativa en relación con los siguientes proyectos de decreto:

1) El que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibido el 26 de abril de 2012 y

2) El que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al sistema nacional de fiscalización, presentado el 27 de septiembre de 2012.

La Presidencia emitió excitativa a las comisiones correspondientes.

(Efemérides)

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride en relación con el aniversario de la fundación de la Cruz Roja Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con veintiséis minutos y citó a la siguiente el miércoles veintiséis de febrero a las once horas con treinta minutos.

 

Fin de la sesión”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió una comunicación del Senador Humberto Mayans Canabal, con la que remite su primer informe de actividades legislativas, tanto como Senador de la República, como de la Presidencia de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

MEMORIALES DE PARTICULARES

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió una comunicación suscrita por la licenciada Thelma Semiranis Calva García, por la que informa que por motivos personales ha decidido no continuar su participación como postulante al cargo de Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase la documentación a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada el 10 de febrero del año en curso en Cartagena de Indias, Colombia, acompañado de una copia del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Gobernación.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad a la vivienda.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: También de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 416 del Código Civil Federal y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

Informo a la Asamblea, que a petición de la Comisión de Pesca y Acuacultura, se retira de su primera lectura el dictamen por el que se adiciona la fracción XV del artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Tenemos, la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular.





 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR
(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Gobernación; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda. Se acompaña del anexo a las consideraciones del dictamen. El C. Senador Manuel Camacho Solís presenta moción suspensiva que se admite a discusión. Intervienen al respecto los CC. Senadores Omar Fayad Meneses y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. No se aprueba la moción.

Para presentar el dictamen intervienen los CC. Senadores María Cristina Díaz Salazar, a nombre de la Comisión de Gobernación; Arely Gómez González, a nombre de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

Para presentar su voto particular intervienen los CC. Senadores Armando Ríos Piter, a nombre de diversos Senadores del grupo parlamentario del PRD, Isidro Pedraza Chávez y Mario Delgado Carillo.

Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, intervienen los CC. Senadores Manuel Bartlett Díaz, Luis Armando Melgar Bravo, Angélica de la Peña Gómez, Héctor Larios Córdova y Gerardo Sánchez García.

Para su discusión en lo general intervienen los CC. Senadores Dolores Padierna Luna, Manuel Bartlett Díaz, Javier Corral Jurado, Raúl Morón Orozco, David Penchyna Grub, Zoé Robledo Aburto, Fidel Demédicis Hidalgo, Lorena Cuéllar Cisneros, Fernando Enrique Mayans Canabal y Omar Fayad Meneses. Se inserta intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya.

Los Coordinadores de los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD, y los Presidentes de las Comisiones Unidas presentan propuestas de modificación al dictamen que se aprueban.

Para su discusión en lo particular intervienen al respecto los CC. Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 9, 11, 12 y 14, que no se admiten; Raúl Morón Orozco, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 6, 12, 14, 15, 33 y 64, que no se admiten; Javier Corral Jurado, quien presenta propuesta de modificación al artículo 41 que no se admite; Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, quien presenta propuesta de modificación al artículo 6, que no se admite; Dolores Padierna Luna, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 6, 12, 14, 28, 33, 34, 64 y Quinto Transitorio y la adición de un artículo 66, que no se admiten; Lorena Cuéllar Cisneros, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 9 y 14 que no se admiten; Angélica de la Peña Gómez, quien presenta propuesta de modificación al artículo 9 que no se admite; Laura Angélica Rojas Hernández y María Marcela Torres Peimbert, quienes presentan propuesta de modificación a los artículos 15, 26, 27 y 28 que no se admite; Fernando Enrique Mayans Canabal, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 15, 23 y 33 que no se admiten; Manuel Bartlett Díaz, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 21 y 25 que no se admiten; Adolfo Romero Lainas, quien presenta propuesta de modificación al artículo 17 que no se admite; Zoé Robledo Aburto, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 19, 23 y 28 que no se admiten; Isidro Pedraza Chávez, quien presenta propuesta de modificación al artículo 25 que no se admite; Armando Ríos Piter, quien presenta propuesta de modificación al artículo 41 que no se admite; Rabindranath Salazar Solorio, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 41 y 64 que no se admiten; Raúl Gracia Guzmán, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 41, 60, 61 y 62 que no se admiten; y Mario Delgado Carrillo, quien presenta propuesta de modificación al Artículo Quinto Transitorio que no se admite. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION,
DE ANTICORRUPCION Y PARTICIPACION CIUDADANA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA,

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular.

En consecuencia, los integrantes de estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 89, 90, 94 y103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 182, 190, 194 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado, con base en la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos realizados por las Comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCION DE LA MINUTA”, se sintetizan las propuestas de reforma.

III. En el capítulo correspondiente a “CONSIDERACIONES” se da cuenta del contenido y se sintetiza el alcance la propuesta.

IV. En el capítulo relativo al “TEXTO NORMATIVO Y REGIMEN TRANSITORIO”, se plantea el Decreto por el que se Expide la Ley Federal de Consulta Popular.

ANTECEDENTES

1. En Sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el cuatro de diciembre de dos mil trece, los diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, José González Morfín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así como las senadoras Cristina Díaz Salazar del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Laura Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Angélica de la Peña Gómez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, todos integrantes de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó lainiciativa a la Comisión de Gobernación para su estudio y análisis correspondiente.

2. Con fecha10 de diciembre de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular, turnándola a la Cámara de Senadores para sus efectos Constitucionales.

3. En fecha 10 de diciembre de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dio cuenta de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda, para su estudio y dictamen.

I. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA MINUTA

Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras estimamos pertinente referir algunos elementos argumentativos expuestos en la propuesta original presentada en la Colegisladora, por considerar que los mismos puntualizan y explican atinadamente la trascendencia de expedir un ordenamiento legal enfocado a reglamentar un derecho de los mexicanos, como es la Consulta Popular.

De la exposición de motivos de la iniciativa, se desprende que se busca “definir la consulta popular como el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho a través del voto mediante el cual expresan su opinión respecto a uno o varios temas de trascendencia nacional, al considerar que los Estados Unidos Mexicanos constituye no solamente una República representativa, democrática, laica, federal, sino un Estado de derecho, en el cual la seguridad jurídica es esencial para su correcto funcionamiento”.

Asimismo, se señala que “… al establecer una definición de consulta popular se abona a la claridad y sencillez de la materia regulada, y se acentúan sus componentes principales en aras de procurar su pleno ejercicio.”

De igual manera, como se plantea en la Minuta, se establece la participación que habrán de tener el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Federal Electoral (IFE), en los siguientes términos:

a) Intervención del Congreso de la Unión.

1. Serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión, así como actos administrativos del Ejecutivo Federal, siempre que sean de trascendencia nacional, encontrándose los siguientes:

• Que repercutan en la mayor parte del territorio nacional;

• Que impacten en una parte significativa de la población;

• Que propongan la creación, modificación o eliminación de políticas públicas que repercutan en la mayor parte del territorio nacional o impacten en una parte significativa de la población;

• Que propongan legislar sobre nuevas leyes o modificaciones a las existentes que impacten en una parte significativa de la población, y

• Los que determine el Congreso de la Unión, a través de leyes y de acuerdo al momento pueda señalar otros componentes de los temas de trascendencia nacional, y con ello exista la flexibilidad para someter a la opinión de la ciudadanía mexicana, materias quepuedan representar un beneficio.

2. Se establece que los presidentes de las mesas directivas de las cámaras del Congreso de la Unión solicitarán a la SCJN resuelva sobre la constitucionalidad de la materia de las consultas populares.

3. Para efectos de que el Congreso de la Unión emita la Convocatoria, la materia objeto de la consulta deberá ser previamente declarada constitucional por el Pleno de la SCJN y tratándose de peticiones ciudadanas además haya calificado la trascendencia nacional. Cabe señalar que en el caso de las peticiones formuladas por los otros sujetos legitimados para solicitar consultas populares, la trascendencia nacional se calificará por la mayoría de los legisladores presentes en cada cámara del Congreso de la Unión. Declarada la constitucionalidad de la materia de consulta popular, el Congreso de la Unión expedirá la Convocatoria, y notificará dicha circunstancia al IFE, a efecto de que proceda a su organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

En ese sentido, se señala que en caso de que se convoque a la consulta popular ésta deberá realizarse el mismo día de la jornada electoral federal, tal y como lo prescribe la Constitución.

Dada la relevancia que supone la materia a consultar, se estipula que el procedimiento para atender las peticiones de consulta popular será a partir de fecha determinada, a partir de la cual el Congreso podrá iniciar la recepción de dichas peticiones, que será desde del uno de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura y hasta el quince de septiembre del año previo al en que se realice la jornada electoral federal; lo anterior en virtud de que el sentido de la consulta debe entenderse circunscrita a un momento y tiempo determinado, pues se llevará a cabo cada tres años.

Se establece que cuando el resultado sea vinculatorio, siempre que la participación total de la ciudadanía en la jornada de consulta corresponda al menos al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, las autoridades correspondientes dentro del ámbito de su competencia realizarán lo conducente para su atención.

4. No podrán ser objeto de consulta popular, la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional, y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

5. Los sujetos facultados para solicitar la consulta popularson el Presidente de la República; el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, y los ciudadanos en un número equivalente, al menos al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

6. Se establecen particularidades según el sujeto que en su momento presenta la petición de consulta popular, en los siguientes términos:

En el caso del Presidente de la República sólo podrá formular una petición para cada jornada de consulta popular.

Tratándose del Congreso de la Unión, será objeto de Convocatoria sólo aquella que sea aprobada por la mayoría de sus cámaras, sin que pueda ser más de una.

Los ciudadanos podrán presentar más de una petición de consulta popular, expidiéndose la Convocatoria respectos de aquellas que hayan reunido el apoyo ciudadano en un número equivalente al menos al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, y previo cumplimiento de las demás formalidades señaladas en el artículo 16.

7. Previo a la presentación de una petición de consulta popular los ciudadanos deberán entregar un “Aviso de intención” a la Cámara de Diputados a través del formato que aquella determine con la necesaria opinión del IFE, con la finalidad de obtener la constancia respectiva, y poder dar inicio a los actos para recabar las firmas de apoyo.

8. Respecto a la presentación de la petición de la consulta popular por los sujetos legitimados, se realizará conforme lo siguiente:

En el caso del Presidente de la República, se hará en cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión;

Tratándose de las peticiones de los legisladores federales, se presentarán ante la cámara del Congreso a la que pertenezcan los promoventes, y

Los ciudadanos peticionarios, presentarán su solicitud ante el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

9. En el artículo 27 se propone que para el caso de que la petición provenga de por lo menos el 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, el Presidente de la Mesa Directiva turnará la petición a la Comisión de Gobernación, toda vez que es la encargada al interior de las cámaras del Congreso del análisis y estudio de la materia electoral, y por consiguiente, de cualquier figura de participación ciudadana, sin perjuicio de que pueda dictaminarse conjuntamente con otras.

10. En el artículo 28 se hace un desglose del procedimiento que deberán seguir las peticiones formuladas por los ciudadanos, con lo que se busca que quienes decidieron ejercer este derecho, lo hagan cumpliendo los requisitos establecidos en la Constitución.

b) Intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

1. Tendrá el encargo de velar por la constitucionalidad de la materia de consulta popular, y tratándose de la petición formulada por los ciudadanos además la de calificar la trascendencia nacional de la materia, la expedición de la Convocatoria, la organización de la jornada de consulta popular por parte del Instituto para desarrollar la misma, y la consecuente emisión del voto por parte de los ciudadanos.

2. Los artículos 26, 27 y 28 de la ley propuesta colocan a la Suprema Corte como garante de la constitucionalidad de la materia de consulta popular, al realizar su análisis no solamente al tema a opinar sino respecto de la pregunta que se pretende sea contestada por los ciudadanos para reflejar su parecer.

3. Se busca que los ciudadanos respondan una pregunta derivada únicamente de la materia de consulta popular, no tendenciosa ni que contengan juicios de valor, que sea asequibles por su lenguaje sencillo y neutro, de tal manera que produzcan una respuesta categórica en sentido positivo o negativo, con lo cual se salvaguarda la objetividad de todo el proceso de la consulta popular.

4. Para dar cumplimiento a lo anteriormente señalado, la Suprema Corte, realizará las modificaciones necesarias para garantizar que los ciudadanos expresen su voluntad efectivamente en relación con la materia de la consulta, en caso de que la pregunta incumpla con los criterios aludidos.

5. Efectuado lo anterior, la Suprema Corte, dentro delplazo de veinte días naturales contados a partir de la recepción de la referida solicitud, comunicará al Congreso de la Unión el resultado de la revisión sobre la constitucionalidad de la materia de consulta popular y la pregunta correspondiente.

6. La pregunta remitida al Congreso de la Unión por la Suprema Corte, no podrán ser objeto de modificaciones posteriores, garantizando así desde el inicio, que la materia consultada, así como la pregunta que lleve aparejada, esté apegada a la Constitución, legalidad, objetividad, claridad y congruencia.

7. Adicionalmente, se otorga una función a la Suprema Corte en el caso de que el resultado de la consulta popular sea vinculante, pues será la que notifique a las autoridades correspondientes para que dentro del ámbito de su competencia realicen lo conducente para su atención, ya que esta facultad de la Suprema Corte contribuye al equilibrio de poderes en el contexto del ejercicio de los derechos políticos-electorales por parte de los ciudadanos.

8. Lo anterior, se entiende en razón de que el resultado es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, y en el caso de que éste último sea la autoridad conminada a hacer o no hacer en relación con un cuerpo legislativo, no es coherente que la propia autoridad obligada sea la encargada de notificarse a sí misma.

9. En el caso de que el resultado vinculante de la consulta popular implique que el Congreso de la Unión deba abstenerse de legislar sobre una materia determinada, los efectos vinculatorios se acotan a la legislatura inmediata siguiente.

c) Intervención del Instituto Federal Electoral.

1. Le corresponde la verificación del porcentaje establecido en el inciso c) del numeral 1o. de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como la remisión del resultado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

2. Alcanzado el requisito porcentual mencionado, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores deberá realizar un ejercicio muestral para corroborar la autenticidad de las firmas de acuerdo a los criterios que defina al respecto la propia Dirección Ejecutiva.

3. El IFE será quien promueva a través de los tiempos que le correspondan en radio y televisión, la participación de los ciudadanos en la consulta popular. Dicha promoción será imparcial y no deberá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, a favor o en contra de la consulta popular.

4. Los peticionarios, podrán realizar actividades de divulgación de la consulta popular mediante la organización y celebración de debates, mesas de discusión u otros eventos similares que tengan por objeto informar a la ciudadanía. Para tal efecto podrán utilizar los medios a su alcance con las restricciones que la Constitución y las leyes establezcan.

5. Dado que la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana plantea la necesidad de difundir su materia, el Presidente de la República podrá emplear los tiempos del Estado que le corresponden para la difusión de la consulta popular.

6. Quedará prohibida la publicación o difusióntotal o parcial, de encuestas que tenga por objeto dar a conocer las preferencias de los ciudadanos o cualquier otro acto de difusión, durante los tres días naturales anteriores a la jornada de consulta y hasta el cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional.

7. De darse la coincidencia temporal de la jornada de consulta popular y la jornada electoral, se utilizarán las mesas de casillas del proceso electoral yse le dotará de una función más, que consistiría en fungir como mesas receptoras de los votos en la consulta popular.Ninguna de las dos funciones obstaculizara a la otra, puesto que se diferencia temporalmente la actuación de la mesa de casilla, con el fin de que en primer lugar se atendiera el desarrollo del proceso electoral y, en un segundo momento, se atendiera el de consulta popular.

8. Se distingue claramente a la boleta electoral de la papeleta que se empleará en la consulta popular y se establece un nombre diferenciado.

9. El IFE imprimirá las papeletas conforme al modelo y contenido que apruebe el Consejo General, debiendo contener los siguientes datos:

Breve descripción del tema de trascendencia nacional;

La pregunta contenida en la Convocatoria aprobada por el Congreso;

Cuadros para el “SI” y para el “NO”, colocados simétricamente y en tamaño apropiado para facilitar su identificación por el ciudadano al momento de emitir su voto;

Entidad, distrito, municipio o delegación, y

Las firmas impresas del Presidente del Consejo General y del Secretario Ejecutivo del Instituto.

10. Independientemente del número de convocatorias que hayan sido aprobadas por el Congreso, habrá una sola papeleta. Las papeletas estarán adheridas a un talón con folio, cuyo número será progresivo, del cual serán desprendibles. La información que contendrá este talón será la relativa a la entidad federativa, distrito electoral, municipio o delegación y la consulta popular.

11. Por así establecerlo la Carta Magna, la consulta se llevará a cabo el mismo día de la jornada electoral federal y, por tal motivo, las reglas de ésta se aplicarán a aquélla, con ciertas particularidades, mismas que se detallan en el articulado.

12. Temporalmente están diferenciados los actos de la mesa de casilla relacionados con el proceso electoral y con la consulta popular. De esta manera, primero se hará el escrutinio y cómputo de las elecciones y el mismo día, pero en un momento posterior se hará lo propio con la consulta popular, levantando el acta, integrando el expediente y publicando los resultados en el exterior de la casilla.

13. Enseguida, el Presidente de la mesa de casilla hará llegar dentro de la caja paquete electoral de las elecciones, el expediente al Consejo Distrital para que el segundo miércoles siguiente a la jornada los consejos distritales lleven a cabo el cómputo de la consulta popular, es decir, después de que se efectúen los cómputos distritales del proceso electoral y hecho lo anterior los remitirán al Secretario Ejecutivo de Consejo General del IFE.

14. Concluido el cómputo distrital, se remitirán los resultados a fin de que dentro de las 48 horas siguientes el Secretario Ejecutivo del Instituto, con base en las copias certificadas de las actas de cómputo distrital de la consulta popular, proceda a informar al Consejo General en sesión pública el resultado de la sumatoria de los resultados consignados en dichas actas.

15. El recurso de apelación previsto en la Ley de General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral será procedente en relación con el informe que rinda el Secretario Ejecutivo del Instituto sobre el resultado de la verificación del porcentaje señalado en el artículo 35, fracción VIII, numeral 1o., inciso c) de la Constitución, así como el informe del Consejo General respecto del resultado de la consulta popular. Una vez transcurrido el proceso impugnativo correspondiente, se realizará la declaración de validez del proceso de consulta popular y se remitirá a la Suprema Corte para los efectos conducentes.

II. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES.

Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, concordamos en lo general con los argumentos vertidos en las consideraciones delDictamen, así como del proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular que envía la Colegisladora, razón por la cual proponemos aprobar en sus términos, ya que ello fortalece y hace viable el derecho que tienen los ciudadanos, consagrado en el artículo 35 Constitucional.

Las Comisiones dictaminadoras coincidimos en que la Ley Federal de Consulta Popular contribuirá a fortalecer los mecanismos que permitan a la sociedad ejercer su derecho a expresar su opinión sobre temas trascendentales para el desarrollo del país, siendo factor determinante en la toma de decisiones y en la ejecución de políticas públicas por parte de las autoridades, para incidir directamente en los asuntos de la vida pública nacional; lo que representa un importante avance en la búsqueda de consolidar nuestro sistema democrático.

No pasa inadvertido, que la intención de expedir la presente Ley, tiene como origen el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de agosto de 2012, en el que se reconoció a nivel constitucional, entre otras figuras, la denominada “consulta popular”.

Dicha reforma Constitucional, estableció en su artículo 35, considerar como derechos del ciudadano el votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional.

De ahí la importancia de expedir una Ley Reglamentaria en la materia, que defina y establezca los alcances de esta figura; estableciendo los parámetros que habrán de observarse para que un tema pueda ser llevado a una consulta popular, por considerar que es de trascendencia nacional; así como las reglas para la convocatoria, organización y el desarrollo de la consulta.

Las que dictaminan consideran pertinente señalar que un asunto será consideradode trascendencia nacional y, en consecuencia, ser un tema de consulta popular, cuando el mismo contenga elementos que repercutan en la mayor parte del territorio nacional; que impacten en una parte significativa de la población; que propongan la creación, modificación o eliminación de políticas públicas que repercutan en la mayor parte del territorio nacional o impacten en una parte significativa de la población; que propongan legislar sobre nuevas leyes o modificaciones a las existentes que impacten en una parte significativa de la población, y las que determine el Congreso de la Unión.

Asimismo, los integrantes de las comisiones coincidimos en que el decreto puntualiza correctamente el procedimiento que tendrá que seguirse en la consulta,relacionado con la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de ésta; etapas que deberán cumplimentarse bajo los principios de transparenciay publicidad en el proceso; lo anterior, con el propósito de que las consultas que se apliquen en un futuro, alcancen un alto grado de legitimidad.

De aprobarse el dictamen que se presenta, estaríamos dando cabal cumplimiento a lo establecido en el texto constitucional, toda vez que se definirían los objetivos y alcances de la consulta popular, así como las particularidades según el sujeto que en su momento presenta la petición de consulta popular; así también, los alcances que tendrán en esta materia, el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Federal Electoral.

En ese sentido, es importante señalar, que el Proyecto de Ley considera como requisitos ine qua non para presentar una petición de consulta popular para la jornada de consulta inmediata siguiente, el formular el denominado “aviso de intención”, mismo que deben agotar los ciudadanos para expresar su voluntad a la Cámara de Diputados. De esta manera, uno de los efectos más importantes del aviso de intención es que posibilita el inicio de los actos para recabar las firmas de apoyo ciudadano, y en caso de la falta de su presentación, será causa suficiente para no admitir a trámite la petición de consulta popular.

Uno de los temas fundamentales del proyecto de Ley que se dictamina, es precisamente el que tiene que ver con la difusión de la consulta. Al respecto, consideramos que la difusión que se realice de la consulta es en beneficio de la ciudadanía, toda vez que enriquece y empodera a los mexicanos, al promover su participación a través de los tiempos en radio y televisión, de manera imparcial y sin influir en las preferencias de la ciudadanía.

En ese sentido, se coincide en que sea la autoridad electoral la encargada de promover y difundir la consulta; toda vez que el Instituto tendrá la capacidad operativa y funcional de hacer llegar a todos los ciudadanos información objetiva, misma que servirá para que en uso de su derecho constitucional, realicen sus valoraciones sobre el tema de la consulta, razonadamente.

Las Comisiones destacamos que una vez realizada la consulta y el informe del IFE indique que la participación total en la consulta popular corresponda, al menos al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales; así como para las autoridades competentes, y lo hará del conocimiento de la SCJN, la cual notificará a las autoridades correspondientes para que dentro del ámbito de su competencia realicen lo conducente para su atención. Cabe señalar que cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio para el Congreso e implique que deba abstenerse de legislar sobre una materia determinada, tendrá efectos para la legislatura inmediata siguiente.

Asimismo, las dictaminadoras se concuerdacon la redacción respecto de los medios de impugnación, en tanto que el recurso de apelación previsto en la Ley de General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral será procedente para impugnar el informe que rinda el Secretario Ejecutivo del Instituto sobre el resultado de la verificación del porcentaje señalado en el artículo 35, fracción VIII, numeral 1o., inciso c) de la Constitución, así como el informe del Consejo General respecto del resultado de la consulta popular.

Por lo expresado en los párrafos precedentes, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos Segunda,consideramos de la mayor importancia, que con la expedición de la Ley, estaremos atendiendo unademanda de la sociedad, que se ha manifestado por lograr mayores espacios para la participación ciudadana, así como la preocupación y el interés de los Grupos Parlamentarios por fortalecer nuestro sistema democrático a través de instrumentos legales que brinden legitimidad a los actos de gobierno, al tiempo de dotar a la ciudadanía de instrumentos de empoderamiento vinculatorios con la toma de decisiones.

III. TEXTO NORMATIVO Y REGIMEN TRANSITORIO

Por lo anteriormente expuesto y motivado, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado A del artículo 72 Constitucional, las Comisiones Unidas de Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda, sometemos a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente proyecto de :

DECRETO QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

ARTICULO UNICO. Se expide la Ley Federal de Consulta Popular, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de orden público e interés social; y de observancia en el orden federal.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular y promover la participación ciudadana en las consultas populares.

Artículo 3. La aplicación de las normas de esta Ley corresponde al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia.

En el caso del Instituto Federal Electoral, la organización y desarrollo de la consulta popular será responsabilidad de sus direcciones ejecutivas y unidades técnicas en el ámbito central; en lo concerniente a los órganos desconcentrados, serán competentes los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan.

Artículo 4. La consulta popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.

Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en la consulta popular exclusivamente cuando la consulta coincida con la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, aplicando en lo conducente lo dispuesto en Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 5. Serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión, así como los actos administrativos del Ejecutivo Federal, siempre que sean de trascendencia nacional.

La trascendencia nacional de los temas que sean propuestos para consulta popular, será calificada por la mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara, con excepción de la consulta propuesta por los ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El resultado de la misma es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Artículo 6. Se entiende que existe trascendencia nacional en el tema propuesto para una consulta popular cuando contenga elementos tales como:

I. Que repercutan en la mayor parte del territorio nacional;

II. Que impacten en una parte significativa de la población;

III. Que propongan la creación, modificación o eliminación de políticas públicas que repercutan en la mayor parte del territorio nacional o impacten en una parte significativa de la población;

IV. Que propongan legislar sobre nuevas leyes o modificaciones a las existentes que impacten en una parte significativa de la población, y

V. Los demás que determine el Congreso.

Artículo 7. Votar en las consultas populares constituye un derecho y una obligación de los ciudadanos para participar en la toma de decisiones sobre temas de trascendencia nacional.

Artículo 8. La consulta o consultas populares a que convoque el Congreso, se realizarán el mismo día de la jornada electoral federal.

Artículo 9. Para efectos de esta Ley se entenderá:

I. Aviso de intención: Formato mediante el cual los ciudadanos expresan su voluntad a la Cámara de Diputados de presentar una petición de consulta popular;

II. Código: Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

III. Congreso: Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Convocatoria: Convocatoria de consulta popular expedida por el Congreso de la Unión;

VI. Instituto: Instituto Federal Electoral;

VII. Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación, y

VIII. Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 10. Son requisitos para participar en la consulta popular:

I. Ser ciudadano mexicano conforme al artículo 34 de la Constitución;

II. Estar inscrito en el Padrón Electoral;

III. Tener credencial para votar con fotografía vigente, y

IV. No estar suspendido en sus derechos políticos.

Artículo 11. No podrán ser objeto de consulta popular:

I. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución;

II. Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución;

III. La materia electoral;

IV. Los ingresos y gastos del Estado;

V. La seguridad nacional, y

VI. La organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

CAPITULO II

DE LA PETICION DE CONSULTA POPULAR

SECCION PRIMERA

DE LOS SUJETOS

Artículo 12. Podrán solicitar una consulta popular:

I. El Presidente de la República;

II. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, o

III. Los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Los ciudadanos solo podrán respaldar una solicitud de consulta popular para la jornada de consulta inmediata siguiente. Por lo tanto, queda prohibido que un ciudadano respalde con su firma más de una consulta popular.

La inobservancia de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior se resolverá conforme a las reglas previstas en el artículo 34 fracción IV de esta Ley.

Artículo 13. La petición de consulta popular podrá presentarse ante las Cámaras del Congreso según corresponda, en términos de esta Ley, a partir del uno de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura y hasta el quince de septiembre del año previo al en que se realice la jornada electoral federal.

SECCION SEGUNDA

DEL AVISO DE INTENCION

Artículo 14. Los ciudadanos que deseen presentar una petición de consulta popular para la jornada de consulta inmediata siguiente, deberán dar Aviso de intención al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a través del formato que al efecto determine dicha Cámara.

El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emitirá en un plazo no mayor a diez días hábiles, una constancia que acredite la presentación del Aviso de intención, que se acompañará del formato para la obtención de firmas y con ello el inicio de los actos para recabar las firmas de apoyo. Las constancias de aviso serán publicadas en la Gaceta Parlamentaria.

La falta de presentación del Aviso de intención, será causa para no admitir a trámite la petición de consulta popular.

Los formatos, el Aviso de intención y las constancias expedidas, únicamente tendrán vigencia para la consulta popular que se realice en la jornada de consulta inmediata siguiente.

Artículo 15. El formato para la obtención de firmas lo determinará la Cámara de Diputados, previa consulta al Instituto, preservando que cumpla con los requisitos que señala esta Ley y que deberá contener por lo menos:

I. El tema de trascendencia nacional planteado;

II. La propuesta de pregunta;

III. El número de folio de cada hoja;

IV. La clave de elector y el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente; y

V. La fecha de expedición.

Si las firmas se presentaran en un formato diverso al entregado por la Cámara de Diputados, la propuesta de Consulta Popular no será admitida a trámite.

El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dará cuenta de los Avisos de intención que no hayan sido formalizados con la presentación de la solicitud de consulta popular dentro del plazo establecido por el artículo 13 de esta Ley o que no se hayan entregado en el formato correspondiente para la obtención de firmas, los cuales serán archivados como asuntos total y definitivamente concluidos.

SECCION TERCERA

DE LA PRESENTACION

Artículo 16. El Presidente de la República sólo podrá presentar una petición para cada jornada de consulta popular.

Tratándose de las peticiones de consulta popular formuladas por los legisladores integrantes de las Cámaras del Congreso, será objeto de la Convocatoria aquella que sea aprobada por la mayoría de cada una de las Cámaras del Congreso, sin que pueda ser más de una.

En el caso de las peticiones de ciudadanos, la Convocatoria se expedirá respecto de aquellas que hayan reunido el apoyo ciudadano en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, de acuerdo al Informe emitido por el Instituto y previa declaración de constitucionalidad y calificación de la trascendencia nacional a cargo de la Suprema Corte.

Artículo 17. La solicitud de petición de consulta popular que realice el Presidente de la República, podrá ser presentada en cualquiera de las Cámaras del Congreso.

Artículo 18. Tratándose de peticiones formuladas por legisladores federales, se presentarán en la Cámara del Congreso a la que pertenezcan los promoventes.

Artículo 19. El Presidente de la República y los legisladores federales, podrán retirar su solicitud de consulta popular hasta antes de que se publique la Convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. Retirada la petición, podrán presentar una nueva petición de consulta, siempre que se realice dentro del plazo establecido en el artículo 13 de esta Ley.

Artículo 20. La solicitud que provenga de los ciudadanos se presentará ante el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, conforme a la Sección Segunda del presente Capítulo.

SECCION CUARTA

DE LOS REQUISITOS

Artículo 21. Toda petición de consulta popular deberá estar contenida en un escrito que cumplirá, por lo menos, con los siguientes elementos:

I. Nombre completo y firma del solicitante o solicitantes;

II. El propósito de la consulta y los argumentos por los cuales el tema se considera de trascendencia nacional;

III. La pregunta que se proponga para la consulta deberá ser elaborada sin contenidos tendenciosos o juicios de valor y formulada de tal manera que produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo; y deberá estar relacionada con el tema de la consulta.

Sólo se podrá formular una pregunta en la petición de consulta popular.

IV. En el caso de que la petición verse sobre la propuesta de modificar el orden jurídico federal, deberán especificar en forma precisa y detallada, los preceptos legales o reglamentarios que serán objeto de la consulta popular, y

V. Cuando la petición verse sobre un acto u omisión de las autoridades, describirlo de manera detallada e indicar a la autoridad competente.

Artículo 22. En caso de que la solicitud provenga de los legisladores federales, además de lo establecido en el artículo anterior, deberá acompañarse del anexo que contenga nombres completos y firmas de por lo menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, sin que puedan presentarse peticiones suscritas por legisladores de ambas cámaras.

Asimismo, deberá designarse como representante a uno de los legisladores promoventes para recibir notificaciones.

Artículo 23. La solicitud que provenga de los ciudadanos, además de los requisitos previstos en el artículo 21 de esta Ley, deberá complementarse con:

I. Nombre completo y domicilio del representante para recibir notificaciones, y

II. Anexo que contenga los nombres completos de los ciudadanos y su firma, además de la clave de elector y el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente.

Artículo 24. Toda la documentación, así como los anexos, deberán estar plenamente identificados, señalando en la parte superior de cada hoja la referencia al tema de trascendencia nacional que se propone someter a consulta popular.

Artículo 25. Cuando el escrito de solicitud de la consulta popular no señale el nombre del representante, sea ilegible o no acompañe ninguna firma de apoyo, la Cámara de Diputados prevendrá a los peticionarios para que subsane los errores u omisiones antes señalados en un plazo de tres días naturales, contados a partir de la notificación.

En caso de no subsanarse en el plazo establecido, se tendrá por no presentada.

SECCION QUINTA

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONVOCATORIA

Artículo 26. Cuando la petición de consulta popular provenga del Presidente de la República, se seguirá el siguiente procedimiento:

I. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen dará cuenta de la misma y la enviará directamente a la Suprema Corte junto con la propuesta de pregunta formulada para que resuelva y le notifique sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales;

II. Recibida la solicitud del Congreso para verificar la constitucionalidad de la petición de consulta popular, la Suprema Corte deberá:

a) Resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular yrevisar que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor, emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.

b) Realizar las modificaciones conducentes a la pregunta, a fin de garantizar que la misma sea congruente con la materia de la consulta y cumpla con los criterios enunciados en la fracción anterior.

c) Notificar a la Cámara de origen su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes a que la emita.

III. En el supuesto de que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de la materia de la consulta, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido;

IV. Si la resolución de la Suprema Corte es en el sentido de reconocer la constitucionalidad de la materia, la pregunta contenida en la resolución, no podrá ser objeto de modificaciones posteriores por el Congreso, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria y turnará la petición a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan, según la materia de la petición, para su análisis y dictamen;

V. El dictamen de la petición deberá ser aprobado por la mayoría de cada Cámara del Congreso, en caso contrario, se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido, y

VI. Aprobada la petición por el Congreso, éste expedirá la Convocatoria de la consulta popular mediante Decreto, la notificará al Instituto para los efectos conducentes y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 27. Cuando la petición de consulta popular provenga de por lo menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, se seguirá el siguiente procedimiento:

I. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen dará cuenta de la misma y la turnará a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan, según la materia de la petición, para su análisis y dictamen.

II. El dictamen de la petición deberá ser aprobado por la mayoría de cada Cámara del Congreso, en caso contrario, se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido;

III. Aprobada la petición por el Congreso, la Cámara revisora la enviará a la Suprema Corte junto con la propuesta de pregunta para que resuelva y le notifique sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales;

IV. Recibida la solicitud del Congreso para verificar la constitucionalidad de la petición de consulta popular, la Suprema Corte se estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 26 de esta Ley;

V. En el supuesto de que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de la materia de la consulta, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara revisora, publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido;

VI. Si la resolución de la Suprema Corte es en el sentido de reconocer la constitucionalidad de la materia, el Congreso expedirá la Convocatoria de la consulta popular mediante Decreto, la notificará al Instituto para los efectos conducentes y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 28. Cuando la petición provenga de los ciudadanos se seguirá el siguiente procedimiento:

I. Recibida la petición por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la publicará en la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta de la misma y solicitará al Instituto que en un plazo de treinta días naturales, verifique que ha sido suscrita, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores;

II. En el caso de que el Instituto determine que no cumple con el requisito establecido en el artículo 35, fracción VIII, numeral 1°, inciso c) de la Constitución, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, publicará el informe en la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido;

III. En el caso de que el Instituto determine que se cumple el requisito establecido en la fracción I, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, publicará el informe en la Gaceta Parlamentaria y enviará la petición a la Suprema Corte, junto con la propuesta de pregunta de los peticionarios para que resuelva sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales;

IV. Recibida la solicitud del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para verificar la constitucionalidad de la petición de consulta popular, la Suprema Corte deberá:

a) Resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y revisar que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible; y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.

b) Realizar, en su caso, las modificaciones conducentes a la pregunta, a fin de garantizar que la misma sea congruente con la materia de la consulta y cumpla con los criterios enunciados en el inciso anterior.

c) Notificar a la Cámara de Diputados su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes al en que la emita.

V. Si la resolución de la Suprema Corte es en el sentido de reconocer la constitucionalidad de la materia, la pregunta contenida en la resolución, no podrá ser objeto de modificaciones posteriores por el Congreso;

VI. En el supuesto de que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido, y

VII. Declarada la constitucionalidad por la Suprema Corte, el Congreso por conducto de sus Mesas Directivas, emitirá la Convocatoria, la notificará al Instituto para los efectos conducentes y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 29. Las resoluciones de la Suprema Corte serán definitivas e inatacables.

Artículo 30. La Convocatoria de consulta popular deberá contener:

I. Fundamentos legales aplicables;

II. Fecha de la jornada electoral federal en que habrá de realizarse la consulta popular;

III. Breve descripción de la materia sobre el tema de trascendencia nacional que se somete a consulta;

IV. En su caso, especificar en forma precisa y detallada, los preceptos legales o reglamentarios, que serán objeto de la consulta popular;

V. En su caso, especificar en forma precisa y detallada elacto u omisión de la autoridad competente;

VI. La pregunta a consultar, y

VII. Lugar y fecha de la emisión de la Convocatoria.

Artículo 31. La Convocatoria que expida el Congreso deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

CAPITULO III

DE LAS ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR

SECCION PRIMERA

DE LA VERIFICACION DEL APOYO CIUDADANO

Artículo 32. Al Instituto le corresponde verificar el porcentaje establecido en el artículo 35, fracción VIII, numeral 1o., inciso c) de la Constitución.

Para tal efecto, el Instituto contará con un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la recepción del expediente que le remita el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para constatar que los ciudadanos aparezcan en la lista nominal de electores.

Artículo 33. El Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores dentro del plazo a que se refiere el artículo anterior, verificará que los nombres de quienes hayan suscrito la consulta popular aparezcan en las listas nominales de electores y que la suma corresponda en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de la lista nominal de electores.

Una vez que se alcanzó el requisito porcentual a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores deberá realizar un ejercicio muestral para corroborar la autenticidad de las firmas de acuerdo a los criterios que defina al respecto la propia Dirección Ejecutiva.

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando:

I. Se presenten nombres con datos incompletos, falsos o erróneos;

II. No se acompañen la clave de elector y el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente;

III. Un ciudadano haya suscrito dos o más veces la misma consulta popular; en este caso, sólo se contabilizará una de las firmas;

IV. Un ciudadano haya suscrito dos o más consultas populares en el mismo proceso; en este caso, sólo se contabilizará la primera firma que haya sido recibida en el Instituto, y

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal por alguno de los supuestos previstos en el Código.

Artículo 34. Finalizada la verificación correspondiente, el Secretario Ejecutivo del Instituto presentará un informe detallado y desagregado a la Cámara solicitante del Congreso dentro del plazo señalado en el artículo 33 de esta Ley, el resultado de la revisión de que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores del Instituto, el cual deberá contener:

I. El número total de ciudadanos firmantes;

II. El número de ciudadanos firmantes que se encuentran en la lista nominal de electores y su porcentaje;

III. El número de ciudadanos firmantes que no se encuentran en la lista nominal de electores y su porcentaje;

IV. El número de ciudadanos que no hayan sido contabilizados en virtud de que ya habían firmado una consulta popular anterior;

V. Los resultados del ejercicio muestral, y

VI. Los ciudadanos que hayan sido dados de baja de la lista nominal por alguno de los supuestos previstos en el Código.

SECCION SEGUNDA

DE LA ORGANIZACION DE LA CONSULTA POPULAR

Artículo 35. El Instituto es responsable del ejercicio de la función estatal de laorganización y desarrollo de las consultas populares y de llevar a cabo la promoción del voto, en términos de esta Ley y del Código.

Artículo 36. Una vez que el Congreso notifique la Convocatoria al Instituto, el Secretario Ejecutivo lo hará del conocimiento del Consejo General en la siguiente sesión que celebre.

Artículo 37. Al Consejo General del Instituto le corresponde:

l. Aprobar el modelo de las papeletas de la consulta popular;

II. Aprobar los formatos y demás documentación necesaria para realizar la consulta popular, y

III. Aprobar los lineamientos o acuerdos necesarios para llevar a cabo la organización y desarrollo de las consultas populares.

Artículo 38. A la Junta General Ejecutiva del Instituto le corresponde:

I. Supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación en materia de consultas populares, y

II. Las demás que le encomiende la normatividad aplicable, o le instruya el Consejo General o su Presidente.

Artículo 39. El Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica elaborará y propondrá los programas de capacitación en materia de consultas populares.

SECCION TERCERA

DE LA DIFUSION DE LA CONSULTA

Artículo 40. Durante la campaña de difusión, el Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en la consulta popular a través de los tiempos en radio y televisión que corresponden a la autoridad electoral.

La promoción deberá ser imparcial. De ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, a favor o en contra de la consulta popular.

Artículo 41.El Instituto promoverá la difusión y discusión informada de las consultas populares que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión y garantizará el acceso a la radio y la televisión a quienes hubieran presentado la petición, a través de los tiempos oficiales que le corresponde administrar para sus propios fines.

Cuando a juicio del Instituto el tiempo total en radio y televisión a que se refiere el párrafo anterior fuese insuficiente, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la consulta popular.

Artículo 42. Durante los tres días naturales anteriores a la jornada de consulta y hasta el cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, queda prohibida la publicación o difusión de encuestas, total o parcial, que tenga por objeto dar a conocer las preferencias de los ciudadanos o cualquier otro acto de difusión.

SECCION CUARTA

DE LOS ACTOS PREVIOS A LA JORNADA DE CONSULTA POPULAR

Artículo 43. Para la emisión del voto en los procesos de consulta popular el Instituto imprimirá las papeletas conforme al modelo y contenido que apruebe el Consejo General, debiendo contener los siguientes datos:

I. Breve descripción del tema de trascendencia nacional;

II. La pregunta contenida en la Convocatoria aprobada por el Congreso;

III. Cuadros para el “SI” y para el “NO”, colocados simétricamente y en tamaño apropiado para facilitar su identificación por el ciudadano al momento de emitir su voto;

IV. Entidad, distrito, municipio o delegación, y

V. Las firmas impresas del Presidente del Consejo General y del Secretario Ejecutivo del Instituto.

Habrá una sola papeleta, independientemente del número de convocatorias que hayan sido aprobadas por el Congreso.

Las papeletas estarán adheridas a un talón con folio, cuyo número será progresivo, del cual serán desprendibles. La información que contendrá este talón será la relativa a la entidad federativa, distrito electoral, municipio o delegación y la consulta popular.

Artículo 44. Las papeletas deberán obrar en los Consejos Distritales a más tardar quince días antes de la jornada de consulta popular. Para su control se tomarán las medidas siguientes:

I. El personal autorizado del Instituto entregará las papeletas en el día, hora y lugar preestablecidos al Presidente del Consejo Distrital, quien estará acompañado de los demás integrantes del propio Consejo;

II. El secretario del Consejo Distrital levantará acta pormenorizada de la entrega y recepción de las papeletas, asentando en ella los datos relativos al número de papeletas, las características del embalaje que las contiene, y los nombres y cargos de los funcionarios presentes;

III. A continuación, los miembros presentes de la Junta Distrital acompañarán al presidente para depositar la documentación recibida, en el lugar previamente asignado dentro de su local, debiendo asegurar su integridad mediante fajillas selladas y firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se asentarán en el acta respectiva, y

IV. Al día siguiente al en que se realice el conteo de las boletas electorales, el Presidente del Consejo Distrital, el secretario y los consejeros electorales procederán a contar las papeletas para precisar la cantidad recibida, consignando el número de los folios, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar, incluyendo las de las casillas especiales según el número que acuerde el Consejo General para ellas. El secretario registrará los datos de esta distribución.

Artículo 45. Los presidentes de los Consejos Distritales entregarán a cada presidente de mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la jornada de consulta y contra el recibo detallado correspondiente:

I. Las papeletas de la consulta popular, en número igual al de los electores que figuren en la lista nominal de electores con fotografía para cada casilla de la sección;

II. La urna para recibir la votación de la consulta popular;

III. La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y demás elementos necesarios, con excepción de la lista nominal de electores con fotografía, y

IV. En su caso, los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de los funcionarios de la casilla.

A los presidentes de mesas directivas de las casillas especiales les será entregada la documentación y materiales a que se refieren las fracciones anteriores, con excepción de la lista nominal de electores con fotografía, en lugar de la cual recibirán los medios informáticos necesarios para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en la lista nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su credencial para votar. El número de papeletas que reciban no será superior a 1,500.

La entrega y recepción del material a que se refieren los párrafos anteriores se hará con la participación de los integrantes de las Juntas Distritales que decidan asistir.

Artículo 46. El Instituto, podrá designar adicionalmente a uno o más ciudadanos para que se integren a las mesas directivas de casilla, con la finalidad de que funjan como escrutadores de la consulta popular.

SECCION QUINTA

DE LA JORNADA DE CONSULTA POPULAR

Artículo 47. La jornada de consulta popular se sujetará al procedimiento dispuesto por el Título Tercero del Libro Quinto del Código para la celebración de la jornada electoral, con las particularidades que prevé la presente sección.

Artículo 48. Para todos los efectos legales, las mesas directivas de casilla funcionarán como mesas receptoras de la consulta popular.

Artículo 49. En la jornada de consulta popular los ciudadanos acudirán ante las mesas directivas de casilla para expresar el sentido de su voluntad pronunciándose por el “SI” cuando estén a favor o por el “NO” cuando estén en contra.

Artículo 50. La urna en que los electores deposite la papeleta, deberán consistir de material transparente, plegable o armable, las cuales llevarán en el exterior y en lugar visible, impresa o adherida, en el mismo color de la papeleta que corresponda; la denominación “consulta popular”.

Artículo 51. Los escrutadores de las mesas directivas de casilla contarán la cantidad de papeletas depositadas en la urna, y el número de electores que votaron conforme a la lista nominal de electores, cerciorándose de que ambas cifras sean coincidentes y, en caso de no serlo, consignarán el hecho. Asimismo, contarán el número de votos emitidos en la consulta popular y lo asentarán en el registro correspondiente.

Artículo 52. En caso de ausencia del escrutador designado para el escrutinio y cómputo de la consulta popular, las funciones las realizarán cualquiera de los escrutadores presentes designados para la elección federal.

La falta de los ciudadanos designados como escrutadores por el Instituto para realizar el escrutinio y cómputo de la consulta popular en la casilla, no será causa de nulidad de la votación de las elecciones constitucionales ni la de la consulta.

Artículo 53. Una vez concluido el escrutinio y cómputo de las elecciones constitucionales en los términos del Título Tercero del Libro Quinto del Código, se procederá a realizar el escrutinio y cómputo de la consulta popular en cada casilla, conforme a las siguientes reglas:

I. El secretario de la mesa directiva de casilla contará las papeletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta, las guardará en un sobre especial que quedará cerrado, anotando en el exterior del mismo el número de papeletas que se contienen en él;

II. El o los escrutadores contarán en dos ocasiones el número de ciudadanos que aparezca que votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección, sumando, en su caso, el número de electores que votaron por resolución del Tribunal Electoral sin aparecer en la lista nominal;

III. El presidente de la mesa directiva abrirá la urna, sacará las papeletas y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía;

IV. El o los escrutadores contarán las papeletas extraídas de la urna;

V. El o los escrutadores, bajo la supervisión del presidente, clasificarán las papeletas para determinar el número de votos que hubieren sido:

a) Emitidos a favor del “SI”;

b) Emitidos a favor del “NO”, y

c) Nulos.

VI. El secretario anotará en hojas dispuestas para el efecto los resultados de cada una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, los que, una vez verificados por los demás integrantes de la mesa, trascribirá en el acta de escrutinio y cómputo de la consulta.

Artículo 54. Para determinar la nulidad o validez de los votos, se observarán las siguientes reglas:

I. Se contará un voto válido por la marca que haga el ciudadano en un solo cuadro que determine claramente el sentido del voto como “SI” o “NO”, y

II. Se contará como un voto nulo la sección de la papeleta que el ciudadano marque de forma diferente a lo señalado en el inciso anterior o cuando la deposite en blanco o altere con leyendas el texto de la papeleta.

Artículo 55. Agotado el escrutinio y cómputo de la consulta se levantará el acta correspondiente, la cual deberán firmar todos los funcionarios de casilla. Se procederá a integrar el expediente de la consulta popular con la siguiente información:

I. Un ejemplar del acta de la jornada de consulta;

II. Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo de la consulta, y

III. Sobres por separado que contengan las papeletas sobrantes, los votos válidos y los votos nulos de la consulta.

Artículo 56. Al término de la jornada electoral, los presidentes de las mesas directivas de casilla fijarán en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de la consulta popular.

La mesa directiva, bajo su responsabilidad, hará llegar dentro de la caja paquete electoral de las elecciones, el expediente de la consulta popular al Consejo Distrital correspondiente.

Artículo 57. El Instituto incorporará al sistema de informática para recabar los resultados preliminares, los relativos a la consulta popular en términos de lo dispuesto por el artículo 125, párrafo 1, inciso l) del Código.

SECCION SEXTA

DE LOS RESULTADOS

Artículo 58. Los consejos distritales realizarán el cómputo de la consulta popular el segundo miércoles siguiente a la jornada electoral, que consistirá en la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas.

Artículo 59. Los expedientes del cómputo distrital de la consulta popular constarán de:

I. Las actas de escrutinio y cómputo de la consulta popular;

II. Acta original del cómputo distrital;

III. Copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital de la consulta, y

IV. Informe del presidente del consejo distrital sobre el desarrollo del proceso de consulta popular.

Artículo 60. Si al término del cómputo distrital se establece que la diferencia entre el “Sí” y “No” es igual o menor a un punto porcentual, el Consejo Distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas, a solicitud del peticionario correspondiente, en los siguientes términos:

I. El Presidente de la República, a través del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal;

II. Los legisladores, a través del Presidente del Congreso de la Unión, y

III. Los ciudadanos, a través del representante designado.

Artículo 61. Concluido el cómputo distrital, se remitirán los resultados al Secretario Ejecutivo del Instituto, a fin de que dentro de las 48 horas siguientes con base en las copias certificadas de las actas de cómputo distrital de la consulta popular, proceda a informar al Consejo General en sesión pública el resultado de la sumatoria de los resultados consignados en dichas actas.

Artículo 62. Al Consejo General del Instituto le corresponde realizar el cómputo total y hacer la declaratoria de resultados, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales, dar a conocer los resultados correspondientes e informar a la Suprema Corte los resultados de la consulta popular.

Artículo 63.Transcurridos los plazos de impugnación y, en su caso, habiendo causado ejecutoria las resoluciones del Tribunal Electoral, el Consejo General del Instituto realizará la declaración de validez del proceso de consulta popular, aplicando en lo conducente lo que establezca el Título Tercero del Libro Quinto del Código, levantando acta de resultados finales del cómputo nacional, y la remitirá a la Suprema Corte, a fin de que se proceda conforme a los términos establecidos en esta ley.

CAPITULO IV

DE LA VINCULATORIEDAD Y SEGUIMIENTO

Artículo 64. Cuando el informe del Instituto indique que la participación total en la consulta popular corresponda, al menos al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales; así como para las autoridades competentes, y lo hará del conocimiento de la Suprema Corte, la cual notificará a las autoridades correspondientes para que dentro del ámbito de su competencia realicen lo conducente para su atención.

Cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio para el Congreso e implique que deba abstenerse de legislar sobre una materia determinada, tendrá efectos para la legislatura inmediata siguiente.

CAPITULO V

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION

Artículo 65. El recurso de apelación previsto en la Ley de General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral será procedente para impugnar el informe que rinda el Secretario Ejecutivo del Instituto sobre el resultado de la verificación del porcentaje señalado en el artículo 35, fracción VIII, numeral 1o., inciso c) de la Constitución, así como el informe del Consejo General respecto del resultado de la consulta popular.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El periodo de recepción de la consulta popular a que se refiere la Ley, en el artículo 13, por única ocasión iniciará a partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO. Cada una de las Cámaras realizará las adecuaciones necesarias a sus respectivos reglamentos, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de su entrada en vigor.

CUARTO. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a la legislación secundaria, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de su entrada en vigor.

QUINTO. Por única ocasión los requisitos relativos al aviso de intención y al formato para la obtención de firmas a los que se refiere esta Ley, no serán aplicables a las peticiones de consultas ciudadanas que hayan sido presentadas al Congreso de la Unión con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

Senado de la República, a 18 de Febrero de 2014”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Camacho Solís, para presentar una moción suspensiva.

- El C. Senador Manuel Camacho Solís: Gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Podría argumentar a nombre del grupo parlamentario del PRD, que solicitó la suspensión de esta discusión, a partir de que el asunto ha sido atraído por la Suprema Corte.

No lo haré. Sé que ustedes presentarán argumentos formales en contra. Pero sí lo hago por razones de fondo. Porque me doy cuenta de que lo que ustedes están haciendo, va a socavar el pilar más importante de nuestro régimen político: el artículo 1o. constitucional.

¿Qué es lo que está a debate hoy en el Senado?

Lo que está a debate es si el poder público se va a someter o no a lo que la Constitución establece.

Si el artículo más importante de la Constitución, que es el 1o., ¿es una norma o es un mero discurso que se aplica a conveniencia?

El artículo que más prestigio da hoy al régimen mexicano, es el artículo 1o.

El apego a él es lo que le acaba de dar a la Suprema Corte la distinción más alta que otorga Naciones Unidas en derechos humanos.

Su contenido es el sustento del nuevo paradigma de la actuación del Estado y de la reforma judicial. En un régimen político desgastado por la corrupción y la impunidad, el artículo 1o. es el dique último frente a los abusos del poder.

En él se sustenta la defensa del gobierno en múltiples foros internacionales.

Lo que van hacer ustedes hoy es fracturar esa columna, ese sostén democrático del régimen. No se pueden defender los derechos de manera voluntarista; cuando me conviene sí y cuando no me conviene no.

Se defienden, sí o no. Ustedes saben que lo que se quiere aprobar hoy aquí, es una Ley Federal de Consultar Popular que hará imposible la consulta. Sin darse cuenta aún, están lanzando un boomerang. Por defender la reforma energética, ustedes están vulnerando el sustento democrático del Estado.

¿De qué les va a servir que no haya consulta? Cuando con instituciones debilitadas en su legitimidad y fortaleza, tengan que gobernar una realidad, donde no llegó el crecimiento económico espectacular que están anunciando.

La inconformidad social sigue en ascenso y persisten graves problemas de inseguridad.

Cuando quieran reparar el hecho, habrá sido muy tarde. Habrán perdido una oportunidad de acercar al régimen político, sus instituciones y su sistema de partidos a la sociedad. Habrán cerrado la oportunidad de que la democracia representativa se complemente con la participativa.

Su argumento de que no se debe legislar sobre una consulta en particular, tiene la misma jerarquía lógica que el nuestro, que no se debe legislar en contra de una consulta en particular.

Con una diferencia: ustedes, con tal de evitar una consulta, le cierran el paso a todas las consultas; nosotros, por apoyar una, le abrimos las puertas a todas las consultas.

En una se legisla en contra de la participación de los ciudadanos; en la otra, se legisla a su favor.

Con respeto a cada uno de ustedes, les tengo que decir que lo que no aprecio en su elección y su decisión política, es una visión estratégica.

Porque si ustedes cierran hoy el paso a la posibilidad de que una reforma constitucional sea sometida a Consulta Popular, de todas formas el asunto irá a la Suprema Corte; y si es el caso, irá a los tribunales internacionales e incluso no podrán cerrar el paso, ya que las leyes reglamentarias derivadas de esa reforma constitucional, serán sometidas a consulta; generarán incertidumbre sin resolver los problemas de fondo.

Este debate va más allá de la Reforma Energética. Aquí cada quien ha establecido sus posiciones sobre el petróleo y la electricidad, pero lo que ustedes hoy hacen es cancelar un derecho democrático de los ciudadanos; lo que hoy juega en favor de sus intereses, el día de mañana podría jugar en contra de sus propios intereses.

¿Qué no sería más sensato dejar de una vez por todas que el asunto se resuelva en una consulta donde todos podamos ganar o perder? Porque aunque sabemos que la mayoría de los mexicanos están en contra, el gran aparato de propaganda del gobierno y de los grandes intereses juegan a favor de la Reforma Energética.

¿Que no ante una salida democrática, todos, nosotros también, estaríamos obligados a buscar un consenso que evitara una crisis financiera en el país:

Lo que ustedes defienden no es un argumento constitucional legal, sino dos intereses políticos.

El primero: El pacto de intereses que hizo posible abrir a la inversión extranjera el sector energético.

El segundo: El cálculo electoral que ustedes temen, que si hay consulta la opinión se polarizará y eso beneficiará a la izquierda.

Nosotros hacemos el cálculo contrario, queremos contener la Reforma Energética y nos interesa cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso, porque estamos seguros de que la representación que aprobó esta reforma; no corresponde con la realidad, el 70 por ciento de los ciudadanos que rechazan la Reforma Energética no están aquí representados.

Entiendo que aquí hay una representación nutrida del PAN que quiere preservar su reforma constitucional, y una representación nutrida del PRI que quiere conservarla, y que además quiere abonar al prestigio del Presidente.

A quienes quieren preservar los cambios constitucionales que abren el petróleo, habría que decirles que de todas maneras puede haber consulta; y a quienes defienden al Presidente, convendría decirles que éstas son las marcas que más lastiman el prestigio de un gobernante.

No coloquemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un callejón sin salida; no coloquemos al Parlamento en una contradicción fundamental entre lo que dice y lo que hace; no seamos cada uno de nosotros los responsables de quitar a los ciudadanos un derecho que durante años les ofrecimos y finalmente ganaron.

Por ello, a nombre de los Senadores del PRD, presentamos esta moción suspensiva para que no sea aprobada en esta sesión una Ley Federal de Consulta Popular dañina a la sociedad y a la fortaleza de las instituciones democráticas.

Decía un griego sabio, que mientras más corrupto es un Estado, más necesita de multitud de leyes, y que nada hace más fuerte a una república que la congruencia de sus gobernantes con sus principios.

Paremos esta decisión antidemocrática antes de que la sociedad irritada nos lo reclame.

Los llamo a que trabajemos en mejorar el régimen constitucional en sus componentes básicos: separación de poderes y protección de los derechos ciudadanos. De eso, nunca nos vamos a arrepentir.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Camacho Solís. Consulto a la Asamblea si existe algún impugnador de la moción presentada. No habiendo nadie registrado. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a debate la moción presentada.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si admite a debate la moción presentada. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Ante la situación que se ha mostrado por la votación anterior, en que por una parte creemos que como se anunció el resultado no es el resultado correcto, ante la duda que esto ha generado y ante la incertidumbre que puede causar un tema de mucha trascendencia para México y los mexicanos, yo quiero rogarle, de la manera más atenta, esta votación la haga de manera nominal, se abra el sistema y se verifique para que respetemos cualquiera que sea el resultado que provenga de la misma.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Fayad Meneses.

Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Bueno, en primer lugar, el trámite que pidió el Senador Omar Fayad no procede, porque no fueron por lo menos cinco legisladores. En segundo lugar, se realizó la votación y se dio a conocer el resultado, y no hay ningún artículo en nuestro Reglamento que llame a reconsiderar la votación porque están distraídos los Senadores, ese no es un argumento, y sólo solicitamos que se proceda a discutir en torno a la moción suspensiva.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Yo creo que este asunto no tiene mayor complejidad, ya hay una votación anunciada, hay un resultado establecido, vamos a someter a discusión solamente la moción suspensiva, y obviamente que si tienen los compañeros condiciones de ganar o de que no se suspenda, pues no se va a suspender, pero cuando menos abramos en este recinto un ejercicio de debate, seguramente que cuando lo pide en electrónico no sienten que tengan condiciones de perder esta votación, por eso yo le solicito, al Presidente, que ya abramos el debate para ver si aceptan o no esta moción suspensiva y el resultado lo sometan a la votación nominal electrónica.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Romo.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En el momento en que se hizo la declaratoria por parte de la Secretaría, de manera inmediata manifestamos nuestra inconformidad, pedimos la palabra precisamente porque no compartimos el resultado que se acreditó, en consecuencia, sí también para ratificar y expresar que hay más de cinco Senadores que apoyamos la moción del Senador Omar Fayad, para que se aclare finalmente con transparencia y pulcritud el resultado; si efectivamente éste fue en este sentido, se habrá de ratificar, si no, finalmente así se habrá de determinar en un acto de transparencia.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Romo Medina.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Yo sí veo más de cinco Senadoras y Senadores del PRI que quisieran apoyar la propuesta del Senador Omar Fayad, para que fuera en tablero esta votación, solamente que no es en el momento en que ellos quieran, es cuando se hace el trámite, usted es procesalista, doctor Raúl Cervantes, y por tanto, sabe que los trámites son con oportunidad de manera completa.

Yo propongo que no incendiemos este inicio de sesión con algo tan simple, proponemos diez a favor y diez en contra, no, uno y no.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Barbosa Huerta. Yo les pediría que no hagamos debate del debate.

Sonido en el escaño del Senador Romo Medina.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente para precisar tiempos, no podemos solicitar algo antes de que se emita una declaratoria de un resultado, lo pedimos cuando se hace la declaratoria; la oportunidad no puede ser antes cuando no hay un hecho que tengamos que solicitar.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Romo Medina.

Ya escuché con atención a los diferentes Senadores que han intervenido. Ha habido criterios de esta Mesa Directiva y esta Presidencia, que cuando ha habido duda, y el Reglamento así lo hace, se abre el tablero, pero también ha habido criterios en abono de que haya certeza jurídica de los trámites.

Más allá del tiempo, de los cinco que se presentaron para que fuera la temporalidad del procedimiento, yo voy a tomar la determinación, y les pido, va a ser un día largo, de muchas votaciones, tener atención. Que se abra a discusión, se inscriba uno a favor, uno en contra y entremos a votación e iniciemos la discusión en lo general, no creo ver un tema que pareciera que no está claro el procedimiento de moción suspensiva.

¿Quién sería el orador a favor y quién sería el orador en contra? El orador a favor, el Senador Alejandro Encinas. ¿Quién sería el orador en contra? ¿No hay?

Se le concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, para hablar en contra.

-El C. Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Se ha hecho uso de esta tribuna con el objeto de tratar de interrumpir un proceso legislativo que ha gozado de amplio consenso no solamente en la Colegisladora con un gran número de votos sobre un dictamen, en particular de una ley que a todos nos interesa, sino en el propio Senado de la República ha sido ya aprobado en comisiones unidas el dictamen correspondiente.

No comparto los argumentos que abonan a la posibilidad de interrumpir este proceso legislativo. Nadie está viendo, en mi partido, oportunista el tema de este dictamen sobre la Consulta Popular. No lo estamos viendo oportunista, porque precisamente se están asentando las reglas que debe de tener la regulación de la decisión constitucional de establecer la figura, y evidentemente tenemos que pensar en México y en los mexicanos, y en los antecedentes que tenemos respecto de esta figura para saber que efectivamente queremos una Consulta Popular, y nos pronunciamos a favor, desde hoy, de la Consulta Popular; pero no una Consulta Popular ad hoc por un tema que le preocupe a un grupo parlamentario o que pueda preocuparle a una minoría en el país.

Tenemos que generar toda la legislación regulatoria para que esta figura sea objetiva y no a modo, para que esta figura pueda contener los elementos necesarios para que en su aplicación realmente se vele por el interés de México y de los mexicanos. Creo fundamental que tenemos que pensar muy bien en las decisiones que vamos a tomar el día de hoy, no olvidar que la Constitución de la República establece que somos una democracia representativa.

Porque no podemos pensar que el dicho de que “el gobierno es del pueblo y que el pueblo es el que manda”, ustedes puedan admitir que ese dicho lo ejerza cada mexicano porque eso llevaría a la anarquía, porque saben perfectamente que eso es imposible, porque no podríamos reunir a 120 millones de mexicanos para cada decisión que quisiéramos tomar.

Por eso hoy les pido, amigas y amigos, que en respeto a la ley, en respeto a la Constitución Política, a nuestros ordenamientos orgánicos, tanto en la Cámara de Diputados, como de Senadores, como nuestro Reglamento, no impidamos el proceso legislativo que nos lleva el día de hoy a un debate. No nos quitemos la oportunidad de dar el debate el día de hoy, no hay por qué suspenderlo.

Se ha dicho aquí como argumento que estamos dejando en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta decisión por una acción que existe ante la misma y que debemos de interrumpir el proceso legislativo porque este asunto aún se encuentra sub júdice en la Corte. Sabemos perfectamente que la Corte seguirá sus procedimientos y estará obligada a respetar la Constitución y su propia Ley Orgánica, como las leyes mexicanas.

Y que de ninguna manera el que el asunto se encuentre sub júdice en el máximo tribunal de este país, puede impedir lo que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. No debemos ni podemos interrumpir el debate, la discusión y la votación que hoy nos llevará a decidir la forma en que deba reglamentarse.

Compañeras y compañeros Senadores, respetemos el proceso legislativo, observemos la evolución de la democracia en México, compartamos y apoyemos que deba existir esta evolución en nuestra democracia para que haya una participación directa de los ciudadanos en asuntos de interés general, pero no tratemos de suspender un procedimiento que por ley, tal como ha sido previsto por los trámites que se han hecho, hoy debe de seguir adelante con la lectura del dictamen por parte de las comisiones que participaron en él, los posicionamientos de nuestros partidos, a favor y en contra, las reservas y su discusión, pero finalmente que este asunto concluya con la votación necesaria para que surta los efectos correspondientes.

Vamos a dar el debate, hagamos un debate de altura, habrá argumentos en pro y en contra, tendremos todo el día de hoy para esgrimirlos, pero no interrumpamos el proceso, de nada nos va a servir, de nada sirve, ante la argumentación y ante un trabajo serio, la táctica dilatoria. Este es un asunto importante, delicado, en el que además creo que todas las Senadoras y Senadores estamos de acuerdo.

Sí estamos todos a favor de la Consulta Popular, sin duda, la Consulta Popular es un mecanismo de participación ciudadana que el PRI impulsa e impulsa decididamente. Sí queremos consulta, pero queremos una consulta que tenga un marco jurídico adecuado, que no sea dueña ninguna expresión ni fuerza política de ella, que no se sienta amañado por nadie, que no se sienta minado porque un tema nos mete ruido en el Senado de la República, como ha sido la Reforma Energética, y que construyamos juntos esa reglamentación que nos permita en los términos más equitativos, más justos, de participación real del ciudadano, nos permita construir hoy la legislación secundaria que demanda un asunto tan importante, por eso vengo a pedirles, le pido al Senador proponente de la moción suspensiva, que en la conciencia de que hoy podemos dar el debate, la podamos retirar; y les pido a ustedes, compañeras y compañeros, que con altura de miras, viendo por México y los mexicanos, atendiendo realmente al espíritu que queremos de que exista la Consulta Popular, vayamos hoy al debate y a confrontar nuestras ideas para construir la mejor regulación secundaria en materia de Consulta Popular.

Por su análisis y comprensión, y porque podamos salir de este asunto y podamos llegar al debate, muchísimas gracias a todas y a todos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Fayad Meneses.

Yo les pediría, por favor, que estuvieran solo en el Pleno las Senadoras y Senadores, y los que indispensablemente ayudan y coadyuvan al trabajo de los legisladores, y que pongamos atención, hay mucho ruido en el Pleno.

Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo creo que el mejor argumento a favor de la moción suspensiva es la intervención que acaba de hacer el Senador Omar Fayad, la cual demuestra un profundo desconocimiento no solamente de lo que estamos discutiendo, sino de los alcances que se le pretende dar, en una ley reglamentaria, al derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos de interés público.

Hay dos frases del Senador Omar Fayad que van a quedar en los anales de la historia, y dice: “Somos una democracia representativa, que lo somos, pero no podemos renunciar a ello porque consultar al pueblo llevaría a la anarquía”, así lo dijo el Senador Omar Fayad.

Y aquí la verdad es que yo le recordaría, en primer lugar, lo que establece el artículo 39 de nuestra Constitución, lo voy a leer textual: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Es decir, nuestra democracia representativa se sustenta en la soberanía popular. Por eso en el debate que dimos en la LXI Legislatura, cuando se abrió la discusión de las llamadas cartas ciudadanas, en donde se incorporaron figuras de la democracia directa, como la iniciativa ciudadana, la candidatura independiente y la Consulta Popular, establecimos con toda claridad que el pueblo tiene el inalienable derecho para intervenir en la definición y resolución de los asuntos de interés nacional, que hoy es lo que se quiere conculcar.

Lo que está a debate no sólo es si se hace una consulta en materia de Reforma Energética, que por supuesto consideramos que debe consultarse al pueblo sobre la entrega que hicieron ustedes de los recursos del subsuelo y el cambio que hicieron a la propiedad originaria de la nación.

Lo que estamos discutiendo en lo fundamental, más allá de ese interés, es cómo garantizar las condiciones para hacer ejercible el derecho de los ciudadanos a participar no solamente en los asuntos legislativos que atañen al Congreso, sino también en los asuntos administrativos en los que interviene el Ejecutivo Federal, y por eso insisto, hay que discutir esto con mayor detenimiento y aclarar con toda precisión de que las únicas restricciones que establezca el artículo 35 constitucional para hacer la consulta, tiene que ver con los temas de soberanía nacional, organización de las fuerzas armadas, los ingresos y egresos de la Federación, la vigencia del artículo 40, que son de las bases constitutivas de nuestra República, y particularmente del Estado laico y la plena vigencia de los derechos humanos fundamentales.

Y en esta minuta que quieren ustedes hoy someter a discusión, quieren eliminar el derecho a que los ciudadanos participen en la definición de las reformas constitucionales, con las cuales prácticamente han entregado no solamente bienes de la nación, sino que han cedido soberanía ante el extranjero.

Ese es el tema a discusión, y por eso le recomendaría al Senador Omar Fayad, revisar con detenimiento el artículo 35 constitucional, analizar con detenimiento el alcance del mismo y cómo los instrumentos de la democracia directa han venido estableciéndose, al igual que la construcción de órganos con autonomía constitucional, ante el descrédito, el debilitamiento de las instituciones, el desmantelamiento del Estado y el fracaso de la política y el gobierno que ustedes encabezan y que han compartido con otros partidos políticos, por eso nuestro voto a favor de la moción suspensiva.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la moción presentada.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la moción suspensiva presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aprueba la moción, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente. Antes de que se diera la votación, yo pedí el uso de la palabra, y tenía yo más de cinco Senadores que apoyarían mi propuesta. Pero dada su caballerosidad y su estilo, ya está votado y lo tenemos que aceptar.

-El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Barbosa Huerta, se lo aprecio.

Sonido en el escaño del Senador Raúl Gracia Guzmán.

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En votación económica, no exime que haya un resultado numérico, ¿cuál fue el resultado numérico de la votación, cuántos a favor de la moción, y cuántos en contra?

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Gracia Guzmán.

En votaciones económicas es la apreciación de la Secretaría, hemos hecho el criterio aquí, en algunos casos ya por los cinco y está dictado el trámite. Hoy va a ser un día largo y de muchas votaciones, e insisto, Senador, por eso es votación económica; la votación nominal le da un número exacto, la votación económica es una apreciación, la apreciación de la Secretaría, que está en este momento, como la que ha sido de las otras Secretarias, esta Presidencia siempre ha sostenido el criterio de cuando me la han solicitado de otra vía, se ha abierto el tablero, está terminado el trámite, Senador Gracia Guzmán.

Sonido en el escaño del Senador Raúl Gracia.

-El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: (Desde su escaño) Yo no estoy pidiendo que se reponga el trámite, efectivamente cuando es evidente la mayoría se puede, a juicio de la Secretaría, establecer ese sentido, yo estoy pidiendo el resultado numérico de la votación, nominal no significa números.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Senador Gracia Guzmán, es nombre y número, lo da exacto.

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: (Desde su escaño) Yo estoy pidiendo una votación.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: No vamos a hacer un debate entre usted y yo, las Secretarias tienen fe de ley, y el sustento de ley es su apreciación, por eso es en forma económica, Senador Gracia Guzmán.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Después de varias semanas de discusión y en las que se recibieron propuestas de organizaciones sociales interesadas en el tema, las Comisiones Unidas de Gobernación; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda, presentamos a este Pleno el dictamen de la Ley Federal de Consulta Popular, la cual constituye un instrumento legislativo para garantizar a los mexicanos ejercer sus derechos políticos a través de las herramientas de la democracia directa con la finalidad de incidir en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos del país.

En el 2012 entró en vigor la reforma al artículo 35 de la Constitución, para crear las llamadas cartas ciudadanas, que llevan a la ampliación de los derechos políticos electorales del ciudadano y, con ello, al cambio hacia un modelo en el que la población se incluya más en la toma de decisiones.

La Consulta Popular no debe ser entendida como un mecanismo que sustituya las instancias de representación popular en los procesos de decisión colectiva, sino como una figura complementaria de la democracia representativa, porque a partir de ella habrá una expresión legal que indicará al Congreso de la Unión el sentir de la población o de la sociedad en temas específicos que puedan generar polémica.

Las democracias modernas son, por definición, representativas. Es decir, se trata de formas de gobierno en las que el proceso de toma de decisiones involucra a representantes elegidos popularmente mediante sufragio universal, que son quienes en nombre de sus representados, procesan y adoptan las decisiones colectivas.

La participación de los ciudadanos en ese proceso se concreta, en primera instancia, en el ejercicio del derecho de votar para elegir a quienes los representarán en las fases sucesivas del proceso de adopción de las decisiones políticas.

Esa participación de los ciudadanos, en el proceso democrático en México, se ha venido ampliando y garantizando a través de múltiples reformas que hoy permiten el ejercicio de las libertades políticas.

Sin embargo, a la par de los mecanismos de democracia representativa, ha existido una tendencia en las constituciones de la segunda postguerra a introducir fórmulas adicionales que tienen la finalidad de multiplicar los espacios de participación ciudadana en los procesos de decisión, conocida como democracia semidirecta.

En América Latina, por ejemplo, todas las constituciones, salvo la de México y la de República Dominicana, contemplan algún mecanismo de participación directa de los ciudadanos en los procesos de decisión política.

Estos mecanismos tienen la virtud de estimular la participación política de los ciudadanos más allá de las elecciones, al permitirles intervenir en la discusión pública de temas de relevancia nacional que ameritan un pronunciamiento explícito de los ciudadanos que corren paralelo al debate y a las decisiones que se adoptan por los órganos representativos del Estado.

Es particularmente necesario asumir que estos mecanismos no son ni deben ser sustitutivos de las instancias de representación política.

Los métodos de democracia semidirecta, adecuadamente regulados, son instancias complementarias y subsidiarias de la democracia representativa.

En efecto, su uso excesivo y una regulación inadecuada pueden terminar por erosionar las instituciones representativas y dar pie a lo que en el ámbito de la teoría política se conoce como de democracia plebiscitaria, que en realidad sólo en apariencia es una democracia, pues ahí se anidan graves pulsiones autoritarias.

Quiero señalar que en el universo de temas que los ciudadanos, el Congreso de la Unión y el Presidente de la República pueden someter a consulta, es amplio.

Sin embargo, el texto constitucional es muy claro en los límites. Ningún tema relacionado con la protección de los derechos humanos, con los asuntos electorales, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas puede ser sujeto de Consulta Popular.

Así las restricciones a los derechos humanos tienen como límite el sistema integral de protección, de constitucionalidad y de convencionalidad, el cual de conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución, obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que no excluye la responsabilidad del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos establecidos en la ley.

En lo que respecta a los principios previstos en el artículo 40 de la Constitución, relativos a la disposición del tipo de Estado y la forma de gobierno del Estado mexicano, su salvaguarda deriva del sistema de frenos y contrapesos, expresado en los controles interórganos que existen entre los Poderes de la Unión y que se encuentra su cláusula en el sistema de control de constitucionalidad por el que se mantiene la integridad de la descripción del Estado.

En cuanto a materia electoral, su integridad deriva de la legitimidad de sus disposiciones, fruto de los consensos alcanzados entre las diversas fuerzas políticas que se expresan en los órganos legislativos, al carácter ciudadano de sus instituciones, así como el eficaz sistema de medios de impugnación que garantiza que cada uno de los actos vinculados con los procesos de renovación de la representación popular se realizará con apego a los principios de dicha materia.

En lo referente a los ingresos y gastos del Estado, se advierte la existencia de controles que garantizan la obligación que tienen los mexicanos para contribuir a los gastos públicos que se realizará de manera proporcional y equitativa.

De igual modo, se cuentan con previsiones constitucionales y legales que obligan a los poderes públicos del Estado, en cualquiera de sus niveles, a administrar los recursos económicos de los que se dispongan.

No se omite resaltar que en este caso siempre existe la posibilidad para que los ciudadanos puedan sancionar o premiar la forma en que una administración utiliza los recursos públicos mediante su voto expresado en las urnas.

La materia de seguridad nacional, pese a la amplitud de su definición, también tiene límites precisos en cuanto a que su concreción no depende de la voluntad arbitraria de los poderes públicos, por el contrario, se trata de una responsabilidad que se encuentra a cargo del Estado mexicano, misma que se ejerce en el marco de las leyes que rigen la materia y en el que en toda la protección de los ciudadanos, los derechos humanos y el uso graduado y legítimo de la fuerza pública, interior y exterior, son las premisas de las que se parte para garantizar el desarrollo del ser humano.

En cuanto a las normas que rigen la organización, disciplina y funcionamiento de la fuerza armada permanente, la reforma mantiene su coherencia con el sistema jurídico nacional mediante el control administrativo que ejerce el titular Ejecutivo Federal, Comandante de las Fuerzas Armadas, a quien a través de los Secretarios de Defensa y de Marina mantiene la organización y disciplina de los cuerpos armados anteponiendo siempre el interés y protección de la nación y sus habitantes.

Finalmente, para concluir, es importante advertir que para las seis materias excluidas del ámbito de la Consulta Popular, enlistadas en el artículo 35 de la Constitución, existen diversos instrumentos de control tanto políticos, jurídicos, ciudadanos, como de constitucionalidad, y este último a cargo en exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que asegura que las decisiones que se adopten por los poderes públicos en razón de ello, invariablemente tendrán como criterio orientador el bien común y el respeto al orden constitucional así como la más alta protección a los derechos humanos.

Este dictamen que hoy estamos sometiendo a consideración, se ajusta, señoras Senadoras y Senadores, a principios de la Constitución, no puede ser de otra forma y no debe de ser de otra forma, los legisladores federales estamos obligados a apegarnos al texto de nuestra Carta Magna y esta Ley Federal de Consulta Popular no es la excepción.

La facultad que el Constituyente Permanente confirió al Poder Legislativo debe sujetarse a los parámetros previstos por el propio artículo 35 constitucional.

En esta subordinación material a la Constitución, la que impide determinar en la ley si la consulta es procedente o no respecto de formas constitucionales, o bien si los efectos vinculantes de ésta puede o no sustituir el procedimiento legislativo establecido por la Constitución.

La intención del Constituyente Permanente al establecer en el artículo 35 de la Constitución, que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver sobre la constitucionalidad de la consulta. De esta manera, la Corte, traducida en tribunal constitucional, será la encargada de determinar la procedencia de la materia de la consulta.

De igual forma va a corresponder a la Corte, en el análisis que efectúe, determinar cuáles pueden ser los alcances, en caso de que el resultado de la consulta sea vinculante, si dicho resultado puede o no tener por efecto la aprobación de las normas o la derogación de las leyes vigentes.

Quisiera, al concluir, con todos estos argumentos hoy presentados, que estamos ante un dictamen que va a marcar un paso adelante en la maduración de la democracia nacional, los ciudadanos ya tienen el derecho constitucional a la Consulta Popular y ahora contarán con la reglamentación que va a marcar los parámetros de este ejercicio democrático.

Por estos argumentos expresados, hoy sometemos a consideración el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Anticorrupción y Participación Ciudadanas y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular.

He dejado al final, primero el reconocimiento a todos los Senadores, el día jueves 20 del presente mes estuvimos las tres comisiones unidas con la más amplia participación no solamente de presencia, sino de debate y de argumentación.

Por parte de la Comisión de Gobernación, la votación fue la siguiente: 9 a favor y 4 en contra; en la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, 5 a favor y 1 en contra; y en la de Estudios Legislativos, Segunda, 3 a favor y 1 en contra.

Por último, sólo quiero decir, señor Presidente, que recordemos que la Colegisladora tuvo la más amplia participación; de 431 votos de todos los grupos parlamentarios que están ahí representados, 202 del PRI, 107 del PAN, 85 del PRD, 26 del PVEM, 3 del PT y 8 de Nueva Alianza.

Solamente hubo 36 en contra y 1 abstención, lo dejo para la reflexión de los señores legisladores.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Debo comentarles que no ha lugar a interrupciones cuando se está haciendo la presentación de los dictámenes, pero desde luego que con todo gusto los escucho.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño)No, ya no tiene sentido, había escuchado con mucha atención la presentación de la Senadora Cristina Díaz, y quería hacerle una pregunta, pero se retiró de la tribuna y me reservo para hacérsela en privado.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Arely Gómez González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- La C. Senadora Arely Gómez González: Gracias, señor Presidente. Con su venia.

Hace diez años, Enrique Krauze señalaba en un ensayo sobre la democracia sin adjetivos, que México llevaba más de 170 años de vivir como una comunidad nacional y muchos más como una comunidad cultural, los cuales son suficientes para tomar y retomar la iniciativa democrática.

Para ello decía: “Tenemos un tiempo limitado: el de nuestras vidas”.

Es por eso que hoy el grupo parlamentario del PRI asume esta responsabilidad y señala: “Estamos a favor de la Consulta Popular”.

Estamos a favor de la Consulta Popular en los términos que nos marca la Constitución, somos respetuosos de las jerarquías de las normas.

Ahora bien, no hay que engañar al pueblo mexicano, el petróleo, está en la Constitución, es de los mexicanos.

Les pido a todos quienes tengan una Constitución diferente a la que yo tengo en mis manos, que señalen dónde se señala lo contrario.

¿Qué es lo que pasa? Hoy nos enfrentamos a un reto, conjugar dentro de nuestro sistema democrático representativo la existencia de verdaderos mecanismos de participación ciudadana directa que abra la toma de decisiones a la ciudadanía.

No tenemos duda de que queremos una democracia en que la voz de todas y todos pueda ser escuchada y tomada en cuenta.

En nombre de mis amigas y amigos Senadores de todos los partidos integrantes de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, vengo a presentar el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular, que ha sido remitida por las señoras y señores Diputados a esta Cámara de Senadores para su dictaminación.

El artículo 35 de la Constitución contiene un mandato expreso y claro para el Congreso de la Unión, establecer en la ley lo conducente para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos para votar en Consultas Populares.

Como en muchas otras materias, la Constitución establece las bases y principios para el ejercicio de un derecho, en este caso estamos hablando del derecho humano a participar en los asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos, el cual está enunciado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y es reconocido por nuestra Carta Magna a través de mecanismos como la iniciativa ciudadana, la representación popular en el Congreso y ahora también mediante el mecanismo de la Consulta Popular.

La minuta que presentamos hoy establece y que quede claro dentro de los límites establecidos por la Constitución, los requisitos, procedimientos y mecanismos para hacer efectivo este derecho, contiene las normas para que todas las peticiones de Consulta Popular sean atendidas otorgando certeza jurídica a los sujetos legitimados para solicitarlas y previendo las reglas para la convocatoria, organización y el desarrollo de la consulta.

Asimismo, se establecen los mecanismos que deberán observarse para comprobar que se actualice el requisito previsto por la Constitución para la petición de consulta, ya sea por parte de los ciudadanos, del Ejecutivo Federal o de los miembros del Congreso de la Unión. Reitero, se atiene a las bases constitucionales.

En el caso específico de la Consulta Popular propuesta por los ciudadanos, es la propia Constitución, reitero, la propia Constitución la que ha mandatado al Congreso de la Unión a establecer los términos en que habrá de confirmarse si se reúne el 2 por ciento de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

La minuta que hoy se presenta desarrolla estas reglas y contempla una serie de requisitos que dan gran certeza jurídica y garantizan la adecuada instrumentación de este derecho.

Es importante señalar que el objeto de la Consulta Popular son los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión, así como los actos administrativos del Ejecutivo Federal, siempre y cuando sean de trascendencia nacional.

Los invito a que no perdamos de vista que lo que estamos debatiendo es la manera de hacer operativo el derecho a la Consulta Popular. Ese es el tema del debate de hoy, les pido nos centremos en él.

En la dictaminación al interior de las comisiones unidas hubo discrepancias y se señalaron valiosas aportaciones respecto del texto propuesto, las cuales hoy analizaremos con el objetivo de darle congruencia y operatividad a este derecho; sin embargo, no consideramos oportuno hacer parte del debate el alcance de la consulta, la jerarquía de las normas que pueden ser sometidas a consulta, ni los temas específicos que podrían ser consultados.

Los alcances normativos del derecho ya están plasmados en el artículo 35 de nuestra norma fundamental, y esta ley únicamente los desarrolla sin limitarlos y sin ampliarlos, sino en apego absoluto al texto constitucional.

Es por esto que la minuta prevé que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como lo dispone la Constitución, la que resuelva sobre la constitucionalidad de la materia de la Consulta Popular, sin que la ley restrinja, en forma alguna, o establezca normas que pretendan acotar esta facultad.

¿Cuáles son los temas de trascendencia nacional?

Se propone que cuenten con elementos como: que repercutan en la mayor parte del territorio nacional; que impacten en una parte significativa de la población; que propongan la creación, modificación o eliminación de políticas públicas con estas características; que propongan legislar sobre nuevas leyes o modificaciones que repercutan en una parte significativa de la población; o lo demás que determine el Congreso.

Es decir, estamos ante una ley que, de manera amplia, reconoce la existencia de una cantidad ilimitada de temas que pueden ser sometidos a consulta, estableciendo únicamente la inviabilidad sobre materias expresamente señaladas en el artículo 35.

¿Cuáles son estas materias? Las restricciones de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; los principios consagrados en el artículo 40; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente.

La minuta que hoy presentamos contiene, en estricto apego al texto constitucional, las normas relativas al plazo para la petición, lo referente al aviso de intención, las reglas para la presentación de la consulta, procedimiento de convocatoria, atribuciones del organismo electoral, medios de impugnación y los alcances de vinculación y seguimiento.

Nada de esto interfiere con el derecho a votar y participar en las Consultas Populares, establecido en el artículo 35 constitucional.

Es indispensable hacer énfasis en que no es posible establecer, desde esta ley, y por eso no se está proponiendo así, la procedencia de una Consulta Popular más allá de los parámetros establecidos en la Constitución.

La constitucionalidad, y por tanto, la procedencia de la materia objeto de la consulta, deberá ser determinada caso por caso, reitero, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los temas coyunturales, como es la Reforma Energética, nos pueden llevar sobre dos cuestiones que, sin restarle importancia, no están puestas hoy en la mesa de la discusión de esta Ley Federal de Consulta Popular.

Hoy no estamos discutiendo si la Constitución puede ser sometida a la Consulta Popular, ni si la Reforma Energética es un tema de trascendencia. Hoy estamos discutiendo el derecho a la ciudadanía a votar en Consultas Populares.

El compromiso del gobierno federal y de nuestro Presidente Enrique Peña Nieto es con los ciudadanos.

En todo momento, desde el Ejecutivo Federal, se han dado muestras de institucionalidad y respeto a la división de poderes.

La Reforma Política, de la que la Consulta Popular forma parte, es un claro ejemplo de los nuevos tiempos del país y la decidida transformación iniciada por el Presidente Peña Nieto.

Durante el año pasado, todos los aquí presentes fuimos partícipes de uno de los periodos reformistas más importantes del país, con las reformas política, educativa, energética, de telecomunicaciones, financiera, hacendaria, de transparencia, entre otras, estamos cambiando el rostro de México.

Nadie puede negar que todas estas reformas son trascendentes en sí mismas y que la voz de todos los grupos de la sociedad se escuchó y se tomó en cuenta en esta tribuna.

Nos queda un largo camino por recorrer en la dictaminación de leyes secundarias para hacer realidad todas estas reformas.

Demos un paso adelante para que con la aprobación de esta ley secundaria garanticemos que la voz de la ciudadanía se escuche con más fuerza y que sus decisiones sean vinculatorias.

Amigas y amigos Senadores:

Los invito a que no perdamos de vista que estamos haciendo operativo un derecho de la ciudadanía que debe ser garantizado por todo el Estado mexicano.

Confiemos en las instituciones que nos hemos dado.

Confiemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como intérprete último de la Constitución.

Confiemos en el organismo electoral que ha demostrado capacidad para organizar procesos electorales complejos y el cual está en un procedimiento que nosotros mismos aprobamos de fortalecimiento institucional.

Confiemos en este Congreso haciendo valer con responsabilidad el mandato ciudadano y la representatividad que las mexicanas y mexicanos nos han conferido en las urnas.

Pero principalmente confiemos en los ciudadanos que forman parte de una sociedad participativa que exige ser escuchada y que le debemos un ejercicio democrático útil, moderno y a la altura de los retos que tenemos como país.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Gómez González.

Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, en primer lugar, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, la cual me honro en presidir, debo primero reconocer la disposición del Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para reponer el procedimiento de dictamen de la minuta remitida en el mes de diciembre del año pasado por la Cámara de Diputados en toda la Ley Reglamentaria de la Consulta Popular.

Ustedes recordarán, cómo a finales de diciembre hubo un debate muy intenso, el último día de sesiones, que llevó a levantar la sesión sin quórum y se regresó, de nueva cuenta, el dictamen, para que pueda dictaminarse de acuerdo a las normas internas de manera plena.

Y, efectivamente, como lo han señalado tanto la Senadora Cristina Díaz, como la Senadora Arely Gómez, en esta reposición del proceso se cumplió puntualmente con todo el desahogo del proceso legislativo en comisiones unidas, quienes nos reunimos con quórum legal, se realizaron las votaciones en lo general y en lo particular y, efectivamente, por mayoría, en cada una de las tres comisiones. En total: 14 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención; en el caso de la Comisión de Estudios Legislativos, hubo 3 votos a favor, el propio en contra y una inasistencia, y fue así como se cumplió con el trámite legislativo y la reposición que distribuyó la Mesa Directiva.

Ahora voy a hablar a título personal.

Lo he comentado, incluso, con las Secretarias de la Mesa Directiva, porque éste es un debate que indudablemente va a tener grandes repercusiones en el ejercicio de los derechos ciudadanos, en la forma en que concebimos las cartas ciudadanas, y los mecanismos de participación directa y en la viabilidad de hacer ejercibles los derechos que establece nuestra Constitución.

Difiero de lo que ha señalado, por ejemplo, la Senadora Arely Gómez, de que algunos temas son de carácter coyuntural. Dijo, la Reforma Energética es un tema de carácter coyuntural.

Yo, en lo personal, creo que no lo es, que ninguna reforma constitucional atiende a la coyuntura de la circunstancia, menos cuando la reforma constitucional ha modificado el pacto social fundamental, que derivó de la Constitución de 1917.

Tampoco comparto lo que ha señalado, de que esta legislación secundaria busca hacer operativo el procedimiento de Consulta Popular.

Yo creo que el objetivo fundamental de esta ley reglamentaria debe ser: hacer ejercible el derecho de los ciudadanos a ser consultados en los temas de trascendencia nacional; y en este caso, en materia de reformas constitucionales, lo cual no está establecido con claridad y se deja a la discrecionalidad y a la interpretación la aplicación de la consulta en lo que se refiere a reformas de carácter constitucional.

Pero no sólo eso, yo creo que hay seis temas puntuales en esta ley secundaria que limitan e impiden el ejercicio pleno de este derecho de los ciudadanos, no es un derecho de los partidos políticos, es un derecho de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos.

¿Cuáles son estas restricciones?

En primer lugar, se establece una restricción implícita para solicitar una consulta sobre reformas constitucionales; se incrementan los requisitos formales para la petición ciudadana de Consulta Popular y se sobrerregulan el trámite y los requisitos.

Se establece el estricto procedimiento de verificación de firmas que puede redundar en el desechamiento definitivo de la petición, derivar en el secuestro de las firmas obtenidas y en la inhabilitación de los firmantes para apoyar una nueva petición de Consulta Popular.

Y se establece una profunda inequidad respecto al acceso a radio y televisión, donde ahora se elimina la garantía que se le debe otorgar a los promoventes para garantizar el acceso a los medios de comunicación y difundir su propuesta ante la sociedad, respecto a los motivos de la Consulta Popular.

Voy hacer solamente referencia a la enorme ruta, este viacrucis que tienen que recorrer los ciudadanos para ejercer su derecho, derivado de la minuta que estamos sometiendo a discusión.

Primero. La ley secundaria establece que los ciudadanos promoventes deben hacer, primero, un anuncio de intención ante la Cámara de Diputados.

Aunque debería de ser a cualquiera de las dos Cámaras, porque la reforma constitucional se refiere al Congreso de la Unión y no solamente a la Cámara de Diputados.

Una vez recibido el aviso de intención en la Cámara de Diputados, el presidente de la misma emite una constancia del aviso de intención en la Gaceta Parlamentaria y publica un formato de firmas, el cual se lo regresan al ciudadano, quienes tienen que conjuntar el equivalente al 2 por ciento de la lista nominal de electores, en cuanto a firmas de ciudadanos que se adhieran a la solicitud de la consulta. Estamos hablando de cerca de un millón 600 mil firmas.

Una vez recopiladas las firmas, los ciudadanos promoventes tienen que elaborar una petición de consulta, que se vuelve a enviar a la Cámara de Diputados para que ésta la publique en la Gaceta Parlamentaria, verifique se haya cumplido con el millón 600 mil firmas o más, lo envíe al Instituto Nacional Electoral para validar si son efectivas o no las firmas, después publica un informe la Cámara de Diputados en la Gaceta Parlamentaria y se envía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para verificar la constitucionalidad de la consulta y la pregunta, para que la Corte lo regrese a la Cámara de Diputados, emita una convocatoria, el Instituto Nacional Electoral organice y desarrolle la consulta, genere un informe sobre sus resultados, que implica, por lo menos, la participación del 40 por ciento del listado nominal, cerca de 31 millones de electores, para que sea válida, que sea vinculante la consulta y se notifica posteriormente a la Suprema Corte de Justicia, para que sean atendidos por la autoridad correspondiente.

Lo que debería ser un trámite sencillo para ejercer un derecho ciudadano, lo meten en un laberinto burocrático, en la intención de limitar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a ser consultados.

En el debate que dimos en la LXI Legislatura, se centró fundamentalmente sobre los umbrales de los requisitos. Habíamos propuesto originalmente que el número de firmas se estableciera en el 0.5 por ciento, y el PRI lo incrementó al 2 por ciento del listado nominal. Y obligaron a que hubiera una participación del 40 por ciento de ciudadanos, cuando hemos visto que en las últimas elecciones intermedias en este país, han participado menos del 60 por ciento de los ciudadanos inscritos en el listado nominal.

Es decir, de origen se establecen restricciones para limitar el derecho, y ahora se burocratiza para que el Presidente de la Cámara de Diputados dé su autorización a la petición de consulta, para que la Corte reconozca que es de trascendencia nacional y para establecer un conjunto de requisitos donde en los formatos para las firmas se establece que se requiere el tema o la pregunta, el folio, la clave de elector, el nombre y firma del ciudadano, el reconocimiento, tipo de caracteres, la fecha de expedición de la credencial de elector y luego para la petición de consulta, le vuelven a pedir el nombre y firma de solicitantes, el propósito de la consulta y el argumento de que se trata de un asunto de trascendencia nacional, la pregunta, los preceptos legales o reglamentarios a modificar, describir si es un acto de omisión de autoridades, el número de representantes y domicilio para notificaciones y la revisión, de nueva cuenta, del millón 600 mil firmas de los electores cumpliendo con los requisitos.

Esto está diseñado para que no se ejerza ninguna consulta, ya no digamos en materia constitucional, sino en cualquier asunto legislativo o administrativo en este país.

Pero ese no es el problema principal, aparte de las limitaciones y restricciones constitucionales y la ley secundaria, se deja un gran vacío de definición respecto a lo que se refiere a las reformas de carácter constitucional.

El centro medular de esta ley secundaria son los artículos 5 y 6, en donde se deja a la interpretación de la autoridad si la consulta constitucional es procedente, ya que tanto en el artículo 5 como en el artículo 6 se establece que serán objeto de Consulta Popular los actos legislativos del Congreso de la Unión y los actos administrativos del Ejecutivo Federal; y para muchos abogados incluso lo hicieron público, el coordinador de los Diputados del PRI en la Cámara de Diputados, y otros legisladores, las reformas constitucionales no son objeto de consulta, por si es un acto legislativo que trasciende al Congreso de la Unión, y corresponde a lo que se llama el Constituyente Permanente o al poder reformador de la Constitución, con lo cual quieren conculcar este derecho.

A nuestro juicio, esta ley no solamente viola el precepto constitucional, sino también viola disposiciones suscritas por el gobierno mexicano en el ámbito internacional, y este dictamen da cuenta de profundos vicios de inconstitucionalidad.

Y voy a referirme solamente a dos tratados internacionales vinculados con el tema: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que firmó el gobierno mexicano, que establece en su artículo 25 que: todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.”

Y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 13 sobre Libertad de Pensamiento y de Expresión, que también suscribió el gobierno mexicano, se establece que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información cualquiera o por cualquier otro medio encaminados a impedir la consulta y la libre circulación de las opiniones.

Por eso estamos convencidos que esta ley no solamente tiene visos de inconstitucionalidad, viola tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano. Y quiero decir que, independientemente del resultado al que se arribe el día de hoy, no solamente controvertiremos ante la Corte la inconstitucionalidad de esta ley secundaria, sino en su oportunidad acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar que la mayoría que gobierna hoy este país, cumpla con las disposiciones internacionales que ha suscrito y que tienen rango de ley máxima de acuerdo a lo dispuesto por nuestra Constitución.

Por eso, mi voto en contra en comisiones unidas y mi voto en contra, de manera muy clara el día de hoy, de este dictamen.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Sonido en el escaño del Senador Emilio Gamboa Patrón.

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Señor Presidente. He platicado con los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios que configuran el Senado de la República, y le pido que haga un receso, si la Mesa Directiva así lo tiene a autorizar, hasta las seis de la tarde, por favor, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Gamboa Patrón.

Nada más voy a hacer lectura de cómo conduciríamos la forma de las votaciones, y ahorita le diré mi punto de vista sobre el receso.

Una vez escuchada la presentación que hicieron las comisiones dictaminadoras para el conocimiento de la Asamblea, voy a describir brevemente la forma como se habrá de desarrollar la discusión en este dictamen.

Los autores de los respectivos votos particulares los expondrán en tribuna por un tiempo de hasta por 10 minutos.

Posteriormente, la discusión en lo general iniciará con los posicionamientos de los grupos parlamentarios, en orden progresivo, hasta por 10 minutos en tribuna.

Concluida la fijación de posiciones, informaremos de los oradores inscritos en contra y a favor del dictamen. Una vez cerrada la lista, no se permitirá la inscripción de otros oradores.

Los Senadores distintos a los señalados en la lista de oradores que soliciten el uso de la palabra, se inscribirán después del último orador registrado.

Una vez concluida la discusión en lo general, declararé la conclusión del debate y daré a conocer la lista de artículos reservados e inmediatamente realizaremos la votación del dictamen en lo general y de los artículos no reservados.

Si se obtiene votación favorable en lo general, se dará paso a la discusión en lo particular de los artículos reservados. Cada orador tendrá una intervención por todos los artículos que reserve para la presentación de sus propuestas, una vez presentadas todas las propuestas se consultará al Pleno si se admite a debate cada una. Si la respuesta es negativa, se tendrán por desechadas. Si alguna propuesta es admitida, su texto se pondrá a votación de manera económica, de ser aprobada se incorporará al artículo correspondiente, de no ser así prevalecerá en los términos originales propuestos en el dictamen.

Los artículos reservados se pondrán a su consideración en votación nominal separadamente y en orden progresivo.

Concluidas las votaciones y discusiones en lo general y en lo particular, recabaré la aprobación del proyecto y se ordenará el trámite que corresponda.

Hemos tenido conocimiento en la Mesa de que los demás coordinadores están de acuerdo con la petición, y se obsequie el receso hasta las seis de la tarde. Este procedimiento es en reflejo estricto del Reglamento. Lo único que estoy describiendo es el Reglamento de manera breve para que a todos nos quede claro, no es un debate pactado.

Gracias.

Nos vemos a las seis en punto, por favor.

(Receso)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Se reanuda la sesión.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 de nuestro Reglamento, se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para presentar el voto particular que suscriben diversos Senadores del grupo parlamentario del PRD.

Informo a la Asamblea que hay tres votos particulares: empezamos con el Senador Ríos Piter, en su momento el Senador Isidro Pedraza y el Senador Mario Delgado Carrillo.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy, y especialmente en la sesión de comisión en la cual se analizó este tema de Consulta Popular, retomamos una nueva etapa de una discusión que ya tiene mucho tiempo. Una discusión que incluso varias Senadoras y Senadores que compartimos la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura, vimos abiertamente y planteamos en aquel momento, en la lógica de la Reforma Política, la necesidad de avanzar para darle a los ciudadanos mayores capacidades en la Constitución, mayores capacidades políticas y mayores capacidades democráticas.

En aquel momento, cuando debatíamos los distintos temas que se pusieron en la discusión de la Reforma Política, se hablaba sobre la Consulta Popular como un momento de avance democrático, como la posibilidad de encontrar en la democracia participativa la posibilidad de mejorar la calidad de nuestra democracia, una democracia que, dicho sea de paso, deja mucho que desear. Si revisamos los últimos veinte años, Latinobarómetro hoy nos pone a los mexicanos en la peor condición de aval democrático frente al resto de las naciones latinoamericanas, pero que también frente a nuestra propia condición democrática hoy, la democracia representativa, es la peor evaluada en todo el orden latinoamericano.

Y si nosotros, compañeras y compañeros, escucháramos, porque escuché hace algunas horas lo que debatió el Senador Omar Fayad, cuando señalaba con toda puntualidad que está mal este tema de la democracia participativa, entonces vale la pena traer a colación y a la memoria este debate que hemos tenido de manera particular con el Partido Revolucionario Institucional.

En aquel momento fue el PRI, precisamente, el que elevó el umbral de participación que se requería, se había planteado en la iniciativa, que en aquel entonces presentó el Ejecutivo de Acción Nacional, un 20 por ciento del padrón, fue el PRI el que lo elevó al 40 por ciento.

Y recuerdo en aquel debate uno de los argumentos que puso el PRI sobre la mesa era, ¿cómo vamos a dejar que solamente con un 20 por ciento del padrón se puedan, incluso, llevar a cabo reformas constitucionales?

Por eso, compañeras y compañeros, este debate tiene que tener memoria, tiene que tener memoria desde dónde venimos y tiene que tener memoria de hacia dónde queremos que se dirija esta participación de la Consulta Popular. Y por eso me preocupa, de manera particular, que en este debate impere la miopía, porque ha sido precisamente el debate energético el que ha nublado y ha llenado de miedos ese derecho constitucional de participación democrática que hoy ya imprime el artículo 35 de la Carta Magna.

En la Reforma Política, y hoy el texto constitucional vigente, permite que a través de la Consulta Popular todos los asuntos que sean considerados de trascendencia nacional, puedan implicar Consultas Populares. Y desde que se debatió el tema energético, hemos escuchado argumentos en distintas sintonías, planteamientos, incluso ocurrencias de Senadores, Senadoras, de legisladores, de legisladoras que han señalado que en esta situación de la energía no es motivo de una Consulta Popular.

Me tocó escuchar, en algún momento, que era un tema de ingresos y que, por lo tanto, sería inviable y sería imposible, dejando en claro el enorme miedo que se tiene para convocar a la gente sobre un tema de esa naturaleza, de esa importancia, como es el tema energético. Pero desafortunadamente por ese miedo se hace a un lado y se disminuye la importancia y la trascendencia de este derecho que ya tenemos en la Constitución, de este derecho que hoy lo que debe de permitir es que convoquemos a ciudadanas y a ciudadanos a que se posibilite perfectamente que cualquier asunto, sea constitucional o sea legal, pueda ser discutido y pueda ser definido.

Y hoy en este debate a través de la Consulta Popular estamos en la imperiosa necesidad de hacer una evolución de nuestro sistema democrático para facilitarles a los ciudadanos que puedan llevar a cabo estas consultas. ¿Y qué es lo que vemos en todo el texto de la ley que tenemos? Vemos vericuetos, vemos distintas cuestiones que más que facilitar el tránsito de la Consulta Popular, la imposibilitan o la disminuyen en su capacidad de tránsito distintas cuestiones que no tienen razón de ser, cuando el principio de buena fe, de que participen los ciudadanos, es lo que debe de estar impreso en la convocatoria de una Consulta Popular.

Se les niega, por ejemplo, a las ciudadanas y a los ciudadanos que puedan participar en dos consultas, como si ser ciudadano solamente tuviera que ver con un tema educativo y entonces se restringiera para cualquier otro tema, uno de salud o uno energético. Cuestiones de restricción en términos de los documentos que se les solicitan a los ciudadanos, la Constitución solamente señala que se tienen que identificar éstos, y aquí en los artículos que encontramos se les pide que tengan una doble identificación, incluso en la misma credencial de elector.

Se les pide también a los ciudadanos y ciudadanas que una vez que hicieron un esfuerzo de organización, que una vez que lograron una convocatoria y una acumulación de firmas, pues si de pronto la Mesa Directiva del Organo Legislativo en cuestión señala que no se cumplieron los requisitos, en lugar de facilitarle al ciudadano la posibilidad de regresarle esas firmas, de tener una situación precautoria para que pueda corregir, para que pueda mejorar, y no estamos hablando de pocos, estamos hablando de alrededor de un millón 600 mil habitantes, de pronto el Organo Legislativo y la Mesa Directiva en cuestión, pueda quedarse con las firmas y decirle, como aquel programa lo decía con toda puntualidad, “Pues lástima Margarito, ya te organizaste, ya no es posible que estas firmas te las regrese para mejorar”.

Y me parece, compañeras y compañeros, porque es el espíritu que yo he visto en toda esta discusión, que lo que se está es llenando de piedritas el camino para algo que debiéramos de facilitar, para algo que tendríamos que hacer de fácil acceso para todas y todos los ciudadanos. Pero, ¿qué es de lo que está imbuido en este debate de miedo, de preocupación?

Se quita un gran derecho ciudadano y la facilidad de acceso porque se le tiene miedo a la consulta constitucional en materia energética. Y se incurre, inclusive, en trampas fuertes, en trampas preocupantes. Yo los invito a que lean el artículo 6 de esta ley, y es ahí donde hay una trampa de interpretación, si lo que queremos es realmente la posibilidad de que haya consultas constitucionales, porque se supone que tienen que ser las leyes que establezca el Congreso de la Unión.

Quien leyera simplemente eso tal vez diría: “Bueno, son las leyes del Congreso de la Unión”, pero la interpretación de constitucionalistas importantes, y en este largo debate a que llegamos, saben perfectamente que es el artículo 135 de la Constitución el que establece claramente que solamente podrán hacer cambios a la Constitución el Congreso, manteniendo el Constituyente Permanente.

Entonces, hay una trampa cuando se pone que sean las leyes del Congreso de la Unión. Por otro lado sabiendo que claramente la Constitución establece en el artículo 135, que no permite cambios a la Constitución en tanto no sean cambios que establezca el Constituyente Permanente.

Yo creo, compañeras y compañeros, que en un debate como el que estamos dando, en un tema tan trascendente, y especialmente un debate en el que con los compañeros del Partido Acción Nacional, en esta memoria que traigo a cuenta de tres años o de dos años de debate legislativo, estos cambios tienen que ocurrir.

No podríamos permitir que por el miedo que prevalece en este Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en la Cámara de Diputados, respecto a los cambios en la Constitución, no le demos una evolución que permita que los ciudadanos tengan este derecho mucho más allá de los miedos que ustedes puedan tener sobre el tema energético.

Este es un derecho que permite que la democracia avance, este es un tema que permite que la democracia participativa, que el involucramiento de los ciudadanos perfeccionen nuestra democracia y perfeccionen nuestra democracia representativa.

Yo he presentado este voto en lo particular, así lo exhibí, de la comisión, y si no existieren, de manera fundamental cambios que posibiliten en el texto de esta ley que pueda haber cambios a la Constitución, que se quite esa trampa donde se pone que sólo serán las leyes del Congreso de la Unión, votaré en contra porque sea una ley que impida una Consulta Popular como la que demanda la ciudadanía.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ríos Piter.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar su voto particular.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente.

Yo creo que tendré que empezar diciendo que habrá consulta ciudadana y que va a ser revocada esa Reforma Energética recién aprobada. Es importante decirles a ustedes que esta discusión, cancelada en diciembre, y que hoy continuamos y que finalmente tendrá término esta noche, está plenamente encaminada a garantizar que en este país logremos una Consulta Popular, donde el pueblo participe directamente opinando en temas que son de su interés, de su incumbencia y que repercuten en diferentes ámbitos de la economía.

El artículo 39 de la Constitución establece que el poder público dimana del pueblo y que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, y en este país hemos escogido la vía de la democracia representativa para poder hacer que los representantes populares sean quienes tengan, en este sentido, mandato popular para establecer modificaciones al orden jurídico en este país en el que vivimos.

Sin embargo, se tergiversan los hechos, porque en uso de esa representación se falta a los mexicanos, se falta al compromiso porque no se llega a cumplir con ese mandato. Aquí se había dicho que no se iba a hacer una reforma que privatizara, que abriera el petróleo a la iniciativa privada y se hizo lo contrario y se está faltando. Entonces ahora tiene que ser el pueblo quien opine y quien defina en este tema.

Nosotros, si revisamos la historia de nuestro país, sabemos que ha sido el pueblo permanentemente el que ha impulsado los cambios democráticos en nuestra sociedad.

Desde el Congreso de Anáhuac, del 13 de septiembre de 1813, que instituyó José María Morelos y Pavón, conocido como el Siervo de la Nación, y que entre otras cosas que estableció en ese Congreso, había fundamentalmente objetivos o principios que establecían ahí de moderar o modular la opulencia y combatir la indigencia.

Habla de un espíritu de justicia y de libertad, de independencia, este país históricamente ha estado sometido, compañeros, y la lucha del pueblo siempre ha sido por lograr su emancipación. Hemos peleado históricamente por recuperar nuestra libertad y nuestros valores.

Hoy vemos, en el paso de la historia, que han habido momentos que nos hemos dotado de herramientas de carácter constitucional, en 1857 con el Presidente Juárez se creó una importante reforma en este país, se estableció una sana división entre el Estado y la Iglesia, y han sido mexicanos claros, con visión, con objetivo los que han conducido al país, al pueblo principalmente, a lograr que tengamos representación para que, establecido un orden, una definición jurídica, se pueda alcanzar a partir de los mandatos una serie de acciones que garanticen temas en los que hemos insistido, y que desde Morelos están presentes de poder modular la opulencia y poder combatir la indigencia.

Revisemos el año 1917, compañeros, la Revolución Mexicana, ¿qué fue lo que motivó y quiénes fueron los que participaron?, fue el pueblo quien participó en esta gran gesta popular y fue el pueblo quien encaminó reformas importantes, muchas de ellas que ahora para muchos ya no tienen contenido y trascendencia, pero en el artículo 3o. de la Constitución se hablaba de un artículo de avanzada: los artículos 27 y 123, muchas cosas que en la escuela ustedes aprendieron y que, de alguna manera, en su vida política han reiterado y manifestado.

Teníamos entonces una Constitución que estaba protegiendo derechos sociales. Tuvimos la oportunidad de generar transformaciones políticas en nuestro país; y si revisamos la invasión francesa, fue el pueblo el que opuso una resistencia y fue la posición popular la que permitió restaurar nuestra república y tener una vida democrática independiente en este país.

Por eso, compañeros, revisemos más recientemente, en la década de los 50’s, ¿qué pasaba en las calles de este país? El movimiento ferrocarrilero, dirigido por Demetrio Vallejo y Valentín Campa; los maestros encabezados por Othón Salazar; los ferrocarrileros en sus luchas; los mineros; el movimiento campesino; y han sido este tipo de posiciones los que han ido abriendo el marco de nuestra sociedad, porque llegamos al 68, para muchos punto de referencia histórico en nuestro país, en donde nuestra sociedad no podía seguir permitiendo el estado de cosas que vivimos.

Llegamos a la apertura de los 70’s compañeros, a la reforma política que muchos conocieron, y se lograron establecer ahí válvulas de escape para que la sociedad pudiera participar.

Y empezaron a haber elecciones en este país. Había una Comisión Federal Electoral y había comisiones federales electorales y vamos a contar con un Instituto Nacional Electoral.

Se le puso fotografía a la credencial de elector para darle certeza a los procesos constitucionales. Y ha sido la lucha de la sociedad desde la izquierda con grandes hombres los que han aportado para que en este país transitemos en la democracia.

Hemos llegado a diferentes etapas del desarrollo de nuestro país y hemos visto como en el 2012 se propone una reforma a la Constitución, en el artículo 35, fracción VIII, que permitía hacer Consultas Populares.

Este es un hecho inédito en nuestro país, porque nunca el pueblo ha opinado en los temas de trascendencia, se abre esta puerta, compañeros, de la consulta; por eso ahora que estamos revisando este momento, en su servidor, quiero decírselos, había impotencia, porque en el seno de las comisiones no se admitió a discutir nada para que esta reforma pudiera mejorar.

Antes de reiniciar esta sesión, en el receso, fui informado de una serie de propuestas que pretenden modificar, corregir y dar certeza en esta reforma de Consulta Popular.

Quiero decirles que como cimentero de este escenario, obviamente que mi posición política no puede ser está en contra de esta ley. Quiero decirles, y decirle al señor Presidente, que retiraría yo mi voto particular en contra, porque estamos viendo elementos como una herramienta mínima necesaria, para garantizar transitar en la Consulta Popular.

En este país el pueblo debe ser escuchado, en este país deben opinar todos los sectores que pudieran ser afectados en una representación que se ha dado en esta Soberanía para modificar nuestra Carta Magna en artículos tan importantes como lo son el 25, el 27 y el 28 de la Constitución.

Por eso apostarle el día de hoy al ofrecimiento que se está haciendo de poder caminar y transitar en esta consulta, tiene que hablar de congruencia, de que tengamos que llegar; en este escenario que viene, a consumar una verdadera Consulta Popular que, porque es vinculatoria, ordene modificar las pasadas reformas a nuestra Constitución.

Por eso, compañeros, yo tengo la reserva de que no vayan a cumplir. Si esto fuera el caso de que no cumplieran el ofrecimiento que se nos ha hecho llegar del documento que revisamos hace unos minutos y que fue aprovechado este receso para que se pudiera hacer esta propuesta, yo mantendría mi voto a favor si cumplen con ese ofrecimiento, porque es algo de lo que hemos estado peleando y pidiendo y queremos ver el compromiso de este cuerpo legislativo de garantizar que el pueblo tenga una vía de expresión.

Yo quiero decirles que el momento que vive nuestro país es un momento bastante difícil.

Ustedes deben saber que en nuestras calles hay movimiento social, hay nuevamente maestros manifestándose, hay ex trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas manifestándose.

Están grupos de la delincuencia organizada impidiendo nuestro tránsito en la calle.

Hay síntomas de irritabilidad, hay un sentimiento del pueblo mexicano de no sentir que se recupere la economía y de que no vamos a crecer en el corto plazo.

No se van a materializar las promesas de bajar el precio de la gasolina, de bajar el precio de la luz y de bajar el precio del gas.

No hay empleo y esto, compañeros, abre un escenario que solamente una Consulta Popular, como la que estamos planteando aquí, va a permitir que transitemos en este país y no derivemos en circunstancias de ingobernabilidad que generen inestabilidad. El pueblo de México no es menor de edad, la sociedad ya maduró y sabrá usar su derecho y su capacidad para que le pregunten y sabrán orientar el sentido de su voto en estas consultas que se preparen.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Para presentar un voto particular, se le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros.

La Reforma Energética pasó su ruta legislativa, pero le falta la prueba de la democracia. Lo que hoy se está tratando de hacer es coartar el derecho de los ciudadanos a decidir sobre un tema fundamental, trascendental. El proyecto de ley que se está planteando prácticamente vuelve imposible el ejercicio de la democracia participativa, y lo que es más, atenta contra el interés del pueblo.

Durante los foros que se celebraron sobre la Reforma Energética, en noviembre, aquí en el Senado, Porfirio Muñoz Ledo señalaba que lo que está en juego es el interés nacional, el debate sobre las decisiones políticas fundamentales.

Las decisiones políticas fundamentales son la base, estructura y contenido principal de la organización del Estado y sobre ellas reposa el resto del orden jurídico.

El Constituyente Permanente, las Cámaras de Diputados y de Senadores, en mayoría de dos tercios y más de la mitad de los congresos de los estados, es un poder limitado que presupone la existencia de una Constitución y un constituyente original.

El poder de reformar la Constitución no incluye el de destruirla, porque las reformas que hace el Constituyente Permanente tienen que ser en el sentido de los fines constitucionales que aprobó el constituyente original.

Kay Smith, quien es el gran teórico de los principios fundamentales, dice que no pueden revisarse normas fundamentales que corresponden a los principios de la Constitución, a los principios fundamentales.

Las reformas constitucionales son válidas cuando se garantiza la identidad y continuidad de la Constitución considerada como un todo, lo que implica el reconocimiento de la irreformalidad de aquellas decisiones políticas fundamentales.

El poder de revisión no puede rebasar las líneas fundamentales del sistema constitucional, puesto que es un poder limitado, ya sea de modo expreso o explícito, que debe garantizar los derechos fundamentales consagrados para la nación y para los individuos.

En el Constituyente de 1857, Castillo Velasco decía que las reformas a la Constitución no podrían nunca limitar o destruir los derechos del hombre ni los derechos de la sociedad.

Otro ilustre constitucionalista, como Jorge Carpizo, decía que modificar una decisión política fundamental no constituye propiamente una reforma, sino la destrucción del ordenamiento mismo que es la Constitución. En su caso, puede provenir este cambio únicamente de un auténtico poder constituyente.

Ignacio Burgoa también dice en su obra “Derecho Constitucional Mexicano”, que las decisiones políticas fundamentales no pueden ser reformadas por el poder revisor de la Constitución, dado que esa facultad sólo corresponde a la Asamblea Constituyente.

Las decisiones fundamentales económicas, dice Burgoa, que se traducen en este caso en la propiedad nacional de los recursos naturales específicos, como los hidrocarburos, son irreformables.

Hay valores mínimos y principios indestructibles, como la soberanía popular, la división de poderes, el federalismo, los derechos del hombre, la propiedad de la nación sobre los recursos del subsuelo.

Modificar estos principios, como dice Carbonell, equivale a poco menos que un golpe de Estado, aunque se haga mediante los mecanismos establecidos.

No se niega con esto las potestades al Congreso de la Unión de reformar la Constitución, pero no las tiene para alterar principios fundamentales sobre los que reposa el orden constitucional mexicano. Hay tres violaciones graves que se han cometido en este proyecto de la Ley Federal de Consulta Popular, y por lo tanto, no debería ser aprobado en esos términos.

Se viola la Constitución, donde la Constitución no distingue; el legislador en esta materia secundaria no tiene por qué distinguir y más si se trata de los derechos del pueblo.

Se violan los procedimientos. Actualmente en la Suprema Corte se discute una solicitud que resolvería si la reforma constitucional en materia energética, que ha sido solicitada, tiene que ser sometida a Consulta Popular, aun cuando el poder reformador de la Constitución no quiera. Y se viola en tiempo, porque esta legislación debió haberse hecho desde agosto del año pasado.

Por ahí anda circulando una reforma que aparentemente podría incluirse, muy ingeniosa, pero en realidad se trata de una triquiñuela más.

El artículo 35 de la Constitución señala que todo es objeto de Consulta Popular y exceptúa las siguientes materias: derechos humanos, los principios consagrados en el artículo 40, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas.

Engañosamente, lo que aparentemente se va a proponer ahora, la ley que se va a votar, va contra la Constitución, porque limita el objeto de la consulta a aquellos temas que impacten de forma significativa a la población o al territorio. Es decir, donde la Constitución dice sí, la ley dice no, tratándose de derechos humanos donde la Constitución no distingue, el legislador no puede distinguir, ese es el truco del nuevo texto tan ingenioso que anda circulando por ahí.

La Constitución tiene una esencia y está sujeta a la historia, no se puede negar la facultad de adecuarla a las circunstancias, pero tampoco se debe llegar al extremo de desnaturalizarla; hay que distinguir que el poder constituyente es anterior a toda organización, mientras que el poder reformador sólo está para completar o mejorar una organización ya existente, no para degradarla y para restarle al valor original.

El término “enmendar” es, en sentido amplio, sinónimo de “reformar”, implica visiones o cambios dentro de los lineamientos del instrumento original cuya finalidad es superar o llevar a cabo el propósito para el cual fue construido.

Hoy la lectura que deberíamos darle a los artículos 35 y 135 constitucionales, debería ser entendida de manera complementaria, por demás armónica, donde el poder reformador conserva la actitud de enmendar la Constitución, pero en el caso de que el pueblo emita su decisión en Consulta Popular en aquellas decisiones trascendentales, se debería regresar al auténtico titular de la soberanía que es el pueblo.

El poder reformador es por su esencia limitado, hay quienes dicen que no hay limitaciones al poder reformador y que no es posible plantear la inconstitucionalidad de sus acciones; tal vez la razón estaba de su lado cuando la democracia en México era meramente representativa y cuando no estaba asegurada la garantía judicial de los derechos humanos.

Sin embargo, hoy que México es una República democrática federal, laica, representativa y popular, y después de las reformas del 2011, todas las modificaciones de los principios fundamentales tienen que ser sometidos a la decisión del pueblo.

Ya no se puede alegar que el referéndum y el plebiscito no existen en México y que la facultad de ejercer la democracia directa sólo corresponde al sistema representativo, que pueblo no tiene más autoridad que la de sus representantes y que lo que se reclama atenta contra la seguridad jurídica. Sin duda, la seguridad jurídica es un pilar, pero precisamente por causa de ella y no por su vulneración es que el poder reformador no puede ser elevado a la categoría de omnipotente.

En caso de que el poder reformador altere las decisiones fundamentales, la sentencia sobre su voluntad particular le corresponde al pueblo, quien es el titular de la voluntad general.

Lo que hizo hace algunas semanas el poder reformador puede ser calificado, en palabras de Emilio Rabasa, como una destrucción constitucional desde la Constitución, como un fraude a la Constitución.

Nuevamente el petróleo, como hace muchos años, nos mete en una gran encrucijada. El que haya Consulta Popular o no sobre la Reforma Energética va a determinar el futuro de la democracia en México. Si el sistema y sus aliados se resisten bajo cualquier pretexto a que haya una Consulta Popular, lo que vamos a empezar a ver son síntomas cada vez más frecuentes de autoritarismo y se va a empezar a utilizar el dinero negro del petróleo en la política mexicana, como lo advirtió Lázaro Cárdenas, y va a cambiar la política y la economía nacional para siempre.

Si se acepta que haya Consulta Popular, por el contrario, tendremos un fortalecimiento de las instituciones, pero sobre todo, también tendremos una moderación necesaria en la forma en como se está haciendo esta privatización del petróleo.

Necesitamos la Consulta Popular para que este esquema de privatización que fomenta la corrupción con nula o inexistente estructura institucional disminuya los riesgos de una corrupción desmedida, debemos moderar la excesiva e irresponsable apertura que han hecho y fortalecer nuestras instituciones. De ello dependerá el futuro de la democracia mexicana.

Por último, quisiera hacer un reconocimiento a todos aquellos actores de la sociedad civil que han estado empujando con su esfuerzo, en los distintos sectores de nuestro país, a que se haga esta Consulta Popular, mi reconocimiento a todas las organizaciones que han empujado en este sentido.

Por eso mi voto hoy es en contra, porque limita los derechos constitucionales de los mexicanos.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 al Reglamento del Senado, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales tal y como lo establece el artículo 199 numeral 1, fracción II del Reglamento, serán en orden creciente.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT.

- El C.Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su permiso, señor Presidente.

La verdad es que es difícil tener una posición aquí hoy, si damos un recorrido a lo que ha pasado en torno de este tema, pues era muy fácil llegar a la conclusión de que no iba a haber, de ninguna manera, una Consulta Popular constitucional.

Recordemos toda una serie de pasos antes de que se aprobara, como se aprobó la Reforma Energética. El gobierno, sus representantes, le prometieron a uno de los grupos, que antes de la discusión habría aquí una ley reglamentaria para que se llevara a cabo la Consulta Popular y nunca llegó, llegó después, ya que le habían creído al gobierno esa propuesta, ya que habían votado a favor, resulta que llegó pero con candados, cuando el acuerdo era que llegara para que pudiera funcionar.

En las últimas horas, recuerdo, del periodo ordinario anterior, llegó esa ley secundaria y se planteó que habría sido aprobada en comisiones, les recuerdo, y resulta que no se había aprobado en comisiones, se descubrió que no había habido reuniones de comisiones. Sin embargo, un grupo del PRD estuvo exigiendo que se aprobara; que se aprobara, con los candados, que se aprobara una ley que no era útil para nada; qué sorpresivo el asunto.

De aquí de este lado, el PAN participó en ese debate último del periodo anterior, el señor Coordinador del Partido Acción Nacional les hizo ver a los perredistas que insistían en que se aprobara esa ley inútil, esa ley con candados, destinada a que no hubiera ninguna revisión de las reformas constitucionales, particularmente la energética.

¿Qué es lo que dijo el Coordinador del PAN?

Con toda inteligencia y precisión le dijo a los perredistas que estaban dispuestos a que se aprobara esta ley que no servía, se los dijo, el señor Senador Preciado les dijo: “¿Por qué quieren ustedes aprobar una ley secundaria que no sirve? Con esa ley no van a poder hacer lo que ustedes han pregonado, que es llevar a cabo una Consulta Popular para echar abajo la Reforma Energética” Cantado así.

El Senador Preciado se los dijo, esto no funciona.

Sin embargo, ante la obcecación de que se aprobara como estaba, lo cual es incomprensible, a no ser que comprendamos otra cosa.

El Senador Preciado les propuso que el PAN no estaba dispuesto a aprobar esa ley secundaria porque no servía; y entonces les dijo: Yo les prometo, tengo la versión, yo les prometo, dijo Preciado, que voy a hacer una contrapropuesta para que realmente el PAN apruebe algo digno, porque de otra manera aprobar una cosa como ésta, pues es indigno para el Partido Acción Nacional. Todos estuvieron de acuerdo. Y no obstante que no se convenció a los de acá para que no hubiera ninguna duda, los panistas se fueron y acabaron con el quórum.

Resulta que hace una semana, en estos días, se convoca a las comisiones para dictaminar esta ley secundaria, y resulta que es la misma; fueron convocados todos, conforme al Reglamento, lo cual es bastante extraño, pero así fue, a discutir la misma.

Entonces: ¿Dónde quedó la promesa del Partido Acción Nacional de no cometer la indignidad de aprobar una ley que no sirve? O sea, una marrullería más del gobierno de la República.

Bueno, pues se pusieron a discutir la misma. Hubo debates muy interesantes, hubo mucho vigor en quienes se opusieron, pero la mayoría del PAN votó a favor de esa ley que no servía, habiendo reconocido que no servía para nada, que era indigno votar por esa reforma, votaron a favor en el dictamen. Es el dictamen que vemos hoy, ese es el dictamen que vemos hoy.

Sorpresivamente, sea del Partido Acción Nacional, y entramos en una confusión terrible, llega el Consultor Jurídico de la Presidencia a resolver, ha de ser un talento extraordinario ese señor, a convencer aquí a esta gran Asamblea democrática, de quién sabe qué.

Y resulta que sí convenció a algunos, convenció a algunos.

¿De qué los convenció? ¿Por qué? ¿A costa de qué? ¿Para qué?

Entonces, realmente hoy, después de estos sobresaltos que hemos tenido, y que algunos ingenuos pensaban que ha habido una insurrección real, que uno de los partidos dijo no, recuperando la posición anterior de que era indigno votar una ley que no sirve, que es una tomadura de pelo, pues la defendieron con gran enjundia.

Uno de los más inteligentes y defensores de la verdad en contra de la minuta y del dictamen, me dijo, o lo oí por ahí que decía: ¿Saben qué fue esta reforma, esta nueva ley? Un barril, un barril de atole, me dijo.

¿Por qué un barril de atole? Porque es mucho más que jugarles con atole en la boca, es un barril de atole.

¿Y eso qué es? No podría ser de otra manera.

El gobierno de Peña Nieto, ayudado por la claque legislativa que ha votado todas sus reformas, estas reformas neoliberales contra los intereses nacionales, no iba a permitir que abriendo a la Consulta Popular, como sabemos, la Reforma Energética se hubiera caído, pero con una claridad absoluta, y las demás también.

Entonces, era una ingenuidad total pensar que iban a poder buscar el camino democrático, de democracia directa, el gran avance de 2012, tan cantado. ¿Lo iba a permitir? Pues, no.

¿Cómo va a permitir que el pueblo intervenga?

¿Cómo va a permitir este gobierno, que ha reformado 16 veces la Constitución en contra del país, en contra del gobierno, en contra del pueblo de México, para que participara el pueblo? Eso, de ninguna manera.

Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver, unos están cambiando, ya oímos por ahí a alguno, que las ofertas de ese talento maravilloso, que es el Consultor Jurídico, que por aquí se paseó.

Yo no sé por qué no me fue a ver a mí, estaba yo esperándolo, pero no llegó.

Entonces, lo que estamos viendo es una farsa, señores Senadores, es una farsa.

Van ustedes otra vez, y lo dijo Camacho muy bien esta mañana, a cerrarle los causes a la defensa de los intereses de este país; van a cerrarle uno más, para que la imposición siga dañando los intereses populares; van a crear todavía mayor contradicción; van a impulsar que la pobreza se siga profundizando en este país y van a seguir haciendo que la farsa, que la simulación haga de este Congreso, de este Senado de la República, una vergüenza nacional.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su venia, señor Presidente. Amigas y amigos Senadores:

La Consulta Popular que hoy nos ocupa, es una demanda del pueblo mexicano, cuya materialización hoy estamos concluyendo con la votación del presente dictamen.

En su esfuerzo por ganar espacios democráticos de participación política, las diversas voces representadas en este Senado de la República, desde las comisiones hemos venido dictaminando y hemos venido discutiendo con una enorme amplitud los alcances de los cambios legales que permitirán a dicha consulta lograr sus propósitos.

Pero la democracia no se creó para generar unanimidades, sino para negociar acuerdos, diálogos y concesiones que permitan a una mayoría el ejercicio pleno del gobierno en los asuntos más trascendentes para la República.

En este sentido, la ley suprema del Estado mexicano, nuestra Constitución Política, establece con claridad en su artículo 40: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

Asimismo, el artículo 41 instituye: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de competencia de estos, y por los de los estados, en lo que toca sus regímenes interiores”.

Justo por ello, mientras que en la propia carta magna se declara como parte de los derechos del ciudadano el votar en las Consultas Populares, al mismo tiempo se delimita el alcance de las mismas y, por lo tanto, no se puede someter a ellas aspectos constitucionalmente tan relevantes como los propios principios consagrados en el ya citado artículo 40, además de los derechos humanos y otros aspectos, como la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

La Constitución no es una simple ley, sino una ley de leyes.

En este sentido, define con claridad que cualquier adición o reforma requiere no sólo el voto de las dos terceras partes del Congreso, sino también de la mayoría de las legislaturas de los estados, como parte, desde luego, del Pacto Federal.

Es por ello que incluso aspectos que se consideran de trascendencia nacional, podrían no ser sujetos de consulta, al tratarse de cambios constitucionales, ya consumados conforme a la propia ley suprema y que, por supuesto, se efectuaron a través de las instituciones que el Estado mexicano ha establecido como las representantes del pueblo y como medio por el cual éste ejerce su soberanía, el Congreso de la Unión y los de sus respectivas entidades federativas.

Es justo por este motivo, que el voto del Partido Verde Ecologista de México será a favor del dictamen sobre la Consulta Popular que hoy nos ocupa, pues consideramos que además de cumplir a cabalidad con el objeto de regular el procedimiento para su convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, al mismo tiempo promueve la participación en dicha consulta.

Asimismo, dota a los ciudadanos de una nueva herramienta y de los procedimientos para lograr el correcto y pleno ejercicio de su derecho constitucional.

No podemos permitirnos como legislares que, so pretexto de conocer la opinión de los ciudadanos, se entorpezca o se pospongan decisiones y reformas fundamentales para el país.

México exige cambios de fondo, avances concretos en lo económico, en lo político y social, que no pueden esperar.

Es hora de ser responsables, es hora de tomar decisiones. Asumamos con valor lo que las reglas han establecido con enorme claridad; el riesgo, la inacción y el costo por no hacerlo serían demasiado elevados. Y no olvidemos que nuestra Constitución, es la ley de las leyes.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Melgar Bravo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Buenas noches, con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen que da origen al texto constitucional, en el artículo 35 fracción VIII, señala que una regulación inadecuada de la Consulta Popular puede terminar por erosionar las instituciones representativas y dar pie a lo que en el ámbito de la teoría política se conoce como democracia plebiscitaria; que en realidad, sólo en apariencia es una democracia; pero que ahí se anidan graves pulsiones autoritarias si no se garantizan los cauces adecuados para que la población sea consultada y su decisión sea vinculante.

Por tanto, el tema de la Consulta Popular, para nuestro grupo parlamentario, el del Partido de la Revolución Democrática, es un asunto de gran trascendencia; y lo es, porque la ampliación y efectividad en los mecanismos de la democracia participativa ha sido siempre una demanda de la izquierda.

Consideramos que las y los ciudadanos tienen el derecho de participar activamente en la dirección de los asuntos públicos del país, mediante la Consulta Popular, sin más límites que los establecidos en la propia Constitución.

Que su derecho a ser consultados es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia, lo que implica que la ciudadanía puede opinar y decidir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos de trascendencia nacional.

Para nuestro grupo parlamentario, el del PRD, la participación de la ciudadanía es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una mejor gestión pública, ya que en un sistema democrático representativo y participativo, las y los ciudadanos ejercen sus derechos constitucionales a través de una amplia libertad de expresión, de un libre acceso a la información y, por supuesto, tomar decisiones, participar e influir en las decisiones fundamentales del país.

En consecuencia, sólo puede hablarse de una verdadera democracia representativa y participativa ahí donde la composición formal y material del sistema guarda una correspondencia adecuada con las diversas fuerzas que conforman la sociedad y les permite, a todas ellas, participar en la adopción de las decisiones que les conciernan.

Ello es especialmente importante en un estado social de derecho, que se caracteriza, permítanme expresarlo, por presuponer la existencia de una profunda interrelación entre los espacios tradicionalmente separados del Estado y la sociedad civil, y que pretende superar la concepción tradicional de la democracia, vista simplemente como el gobierno formal de las mayorías, para acoplarse mejor a la realidad e incluir dentro del debate público, en tanto sujetos activos a los distintos grupos sociales, fomentando su participación en los procesos de toma de decisión a todo nivel.

En ese sentido, es de reconocerse que la Constitución en su artículo 35 fracción VIII, contiene preceptos que garantizan la construcción de condiciones para la consolidación de una ciudadanía participativa, que influye directamente en los asuntos de la nación y pueda revertir los altísimos niveles de insatisfacción, apatía y descontento ante el desgaste de los actores de la vida política y, por supuesto, la profunda crisis de la democracia representativa.

Sin embargo, desde la perspectiva de mi grupo parlamentario, consideramos que el dictamen contiene preceptos que son insuficientes, ya que mantiene límites, restricciones y candados que menoscaban el pleno derecho de la ciudadanía para promover y ser parte de una Consulta Popular vinculante.

Candados que se alejan del texto constitucional, con el riesgo de hacer inoperante la Consulta Popular, porque adicionalmente al requisito de recabar las más de un millón 600 mil firmas, se agregan otras disposiciones que la pueden hacer, ese es el gran riesgo, nugatoria.

A continuación, de manera muy general, enumero las preocupaciones que mi grupo parlamentario ha advertido, tienen que ser resueltas de manera relevante.

Nos preocupa que circunscriban la solicitud de la ciudadanía solamente a la Cámara de Diputados y no a las dos Cámaras, como debe ser, del Congreso de la Unión.

Se impone un riguroso formato denominado “Aviso de Intención”, cuya falta de presentación, podría conllevar la no admisión a priori de la petición de consulta.

Se establece un límite para que ciudadanas y ciudadanos, con sus firmas, puedan respaldar únicamente una solicitud de Consulta Popular.

Existe un estricto procedimiento de verificación de firmas, que también tenemos que revisar.

Nos preocupa la inequidad prevaleciente en el proyecto respecto al acceso a radio y televisión, por parte de las y los peticionarios ciudadanos, que tenemos que tomar en consideración.

Igualmente, la inexistencia de responsabilidades a funcionarios o servidores públicos encargados de dar cumplimiento a la consulta, en caso de que sus resultados sean vinculantes.

Señoras y señores: A estos candados debemos agregar el asunto más sustantivo, necesito subrayarlo, la resistencia hasta ahora expresada en las comisiones de una mayoría que está impidiendo establecer en el texto de la ley que la procedencia de la Consulta Popular sobre reformas, modificaciones o derogaciones, también las contemple para la Constitución, no solamente para las leyes reglamentarias; como si, permítanme decirlo, si la Constitución gozara de una sacralidad o de una virtud normativa de carácter superior ajena al acontecer nacional y que, además, es la antítesis de sus más de 500 reformas que ha sufrido nuestra Constitución.

Debemos decir, muchas de ellas por supuesto que corresponden a la necesidad de actualizar nuestro marco jurídico fundamental, que es la Carta Magna, a la realidad del país.

Por eso, en el grupo parlamentario del PRD, nos preocupa que el espíritu del artículo 35 constitucional sea limitado en la ley reglamentaria en la materia y que, además, se contraponga con lo que la propia Constitución señala, y que está inscrito debidamente en el artículo 11 de la Constitución, es decir, los límites, las prohibiciones que solamente deberían caracterizar como una limitante para que la Consulta Popular sea llevada a cabo.

Siendo la Constitución el texto donde se señalan los principios fundamentales en los que se sustenta la estructura político-jurídica del Estado mexicano, sostenemos que esta ley reglamentaria no debe señalar la exclusión, prohibición o alguna cuestión en su texto, que tienda a evitar que la Consulta Popular no se lleve a cabo también para reformas constitucionales, y la circunscriba solamente a preceptos de carácter legislativo del Congreso de la Unión o sólo a leyes nuevas o modificaciones de las ya existentes.

En el derecho comparado existen sistemas constitucionales, como el español, que conviene que lo mencione de manera rápida. En los artículos 167 y 168 de la constitución española, considera que las reformas y, sobre todo, las consultas, son válidas y tienen que ser acompañadas por un referéndum ciudadano; esto con el propósito de que se ratifique la decisión efectuada en primer instancia por los órganos representativos.

Paradójicamente, para terminar, en el caso de México, quienes hace apenas unos meses aprobaron la Reforma Energética, rompiendo uno de los valores fundamentales de nuestra Constitución, son los mismos que hasta esta hora están oponiéndose a incluir la posibilidad de realizar una Consulta Popular sobre reformas a la Constitución, invocando su inviolabilidad y la sacralidad del llamado poder revisor de la Constitución y dejando a un lado, incluso, la legitimización que debieran contener las reformas que se emprenden por el Congreso Permanente y que a todas luces son de trascendencia nacional.

En este contexto, se pretende aprobar una ley reglamentaria del artículo 35 constitucional que no va en el sentido de lo que establece el espíritu del artículo 35 constitucional; y además, impide, insisto, en que sea esta ley reglamentaria el establecimiento de los procedimientos de cómo hacer plausible el precepto constitucional para que avance, sin lugar a dudas, como fue el sentido del espíritu, insisto, de quienes participaron en el diseño, discusión y aprobación de la reforma al artículo 35 constitucional, que nuestra incipiente democracia avanzara y, por supuesto, reconocer la importancia de quienes tienen que dar también su opinión de los asuntos fundamentales de nuestra nación.

Nuestro voto se definirá, obviamente, en función de que se reconozca que la democracia es la participación ciudadana sin límites, sin estos candados que yo he mencionado y, además, por supuesto que están inscritos en que se respete absolutamente a la Constitución en los temas pétreos; pero no confundamos, esos temas no tienen que ver con los que nos motivan a que la población sea consultada en el 2015 para que dé su opinión; y sobre todo, quiero terminar diciendo que no podemos aceptar, por lo tanto, que esta ley reglamentaria, tal cual viene de las comisiones unidas, esté por encima de la Constitución.

Seguiremos con nuestra campaña de que se nos pregunte, porque queremos darle el poder a la ciudadanía para que decida sobre los asuntos que son trascendentales para nuestra nación.

Muchas gracias, por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora de la Peña Gómez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, hasta por 10 minutos.

Les pido, en la medida de lo posible, a las Senadoras y Senadores ajústense al tiempo, hay muchos oradores el día de hoy.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

A nombre del Partido Acción Nacional, en primer lugar quisiera congratularme porque finalmente hacemos realidad el poder construir la ley reglamentaria de un derecho ciudadano, que es la Consulta Popular, que se estableció en la Constitución en el año de 2012; entró en vigor el 9 de agosto de 2012, y establecía en el régimen transitorio que el Congreso tenía un año para construir la ley reglamentaria. Ese año concluyó en agosto del año pasado. De manera que lo primero que tendríamos que hacer es congratularnos todos que podemos construir una ley reglamentaria.

Esa ley reglamentaria parte del artículo 35 constitucional, que a partir de las cartas ciudadanas se legisló, y podemos estar a favor o en contra de lo que dice el artículo 35 constitucional, pero esa es la base de nuestra propia ley reglamentaria.

¿Qué dice el artículo 35?

Qué se pueden consultar, temas de trascendencia nacional, y esto ha generado un enorme debate que es lo que venía bloqueando la aprobación de esta reforma.

Segundo. ¿Quién puede iniciar una Consulta Popular?

El Presidente de la República, un tercio de alguna de las Cámaras o el 2 por ciento de los ciudadanos del listado nominal.

¿Qué se requiere para que pueda ser vinculatorio el resultado de una consulta?

Que en la elección vote al menos el 40 por ciento del listado nominal y vote mayoritariamente a favor de la posición de la consulta.

Para que pueda votar el 40 por ciento, se estableció que la consulta coincidirá con el día de la jornada electoral federal; es decir, una vez cada tres años podrá haber Consultas Populares, de otra manera no podría participar el 40 por ciento del listado, lo cual mete una complicación enorme, porque mete tema en el proceso electoral, que es uno de los temas que también llevarán unas diferendos y que finalmente han permitido algunos acuerdos.

Finalmente, el artículo 35 constitucional dice que para cada una de las consultas que sean iniciadas por el Presidente, por un tercio de la Cámara o por ciudadanos, la constitucionalidad del tema de la consulta le compete definirlo a la Suprema Corte de Justicia.

Dice el artículo 35: son temas de consulta los temas de trascendencia nacional. Hay quienes interpretan, con argumentos jurídicos aparentemente sólidos, a juicio de los que no somos abogados, que los temas de trascendencia nacional necesariamente incluyen reformas constitucionales.

O algunos dicen: “incluye reformas constitucionales antes de que se hagan para mandatar al Congreso”. Otro dicen: “no puede reformarse la Constitución o no puede ponerse a consulta lo que ya está vigente en la Constitución”.

Bueno, todos esos son temas de interpretación. ¿A quién compete definir en cada consulta? A la Suprema Corte.

He escuchado a quienes me han precedido en la tribuna decir: “nosotros vamos a votar porque ahora vamos a poder echar abajo una reforma constitucional”. Yo no sé si sea o no sea cierto porque eso lo va a determinar la Corte.

Hay quien ha dicho aquí en la tribuna que su grupo parlamentario votará a favor porque claramente se establece que no puede ponerse en consulta la Constitución, eso lo va a determinar la Corte. De manera que el gran tema de debate, y me parece que es importante afirmarlo con contundencia, porque en cada consulta la manera de formular, incluso, la pregunta corresponde determinar su constitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia.

¿Qué otra cosa establece el artículo 35? Los temas que no se pueden consultar. Ya se han mencionado aquí todos, pero yo sí quisiera hacer énfasis porque también se ha dicho aquí en la tribuna erróneamente, que el pueblo puede decidir la forma de gobierno que quiere, no se puede poner a consulta los principios del artículo 40 constitucional, que son que este país se constituye como una República representativa, nosotros somos un poder representativo, democrático, laico y federal.

Esos temas no pueden ser materia de consulta, no porque lo diga yo, porque está establecido en la Constitución. Si queremos que sean temas de consulta habría que modificar el artículo 35 constitucional.

En términos generales, todos los grupos parlamentarios estamos absolutamente a favor de que se abra esta carta ciudadana, que se dé poder al ciudadano para intervenir en consultas. Pero tenía trabada esta posibilidad, un solo tema de fondo: ¿Cómo interpreto la Constitución? ¿Los temas de trascendencia nacional incluyen las reformas constitucionales? ¿Incluyen las que ya se hicieron? ¿Incluyen las que están por hacerse?

Y me parece que en las últimas horas se ha podido construir un acuerdo que satisface, creo yo, a todos. Lo que nos obliga la Constitución, en su régimen transitorio, es a elaborar la ley reglamentaria para establecer el procedimiento mediante el cual se hace la consulta, no para establecer la materia que ya está establecida en el artículo 35 constitucional.

De tal manera que se pone en el artículo 5, ya no que son materia de consulta los actos del Congreso y los actos del Ejecutivo, sino exactamente lo que dice el artículo 35 constitucional: “los temas de trascendencia nacional”.

¿Cuáles son? ¿Quién los va a calificar si son constitucionales o no? La Suprema Corte de Justicia, porque así lo obliga para cada una de las consultas el artículo 35 constitucional. Si la ley reglamentaria solamente establece el procedimiento de la consulta, no hay razón para venir a interpretar qué sí o qué no puede reformarse de la Constitución; eso para cada caso, para cada pregunta, para cada tema, lo va a determinar la Suprema Corte, y creo que eso allana.

Ciertamente, los posicionamientos políticos de cada grupo dicen: “con esto vamos a poder modificar la Constitución”; y otro puede decir: “con esto no se podrá modificar la Constitución”. Eso no compete al Congreso decirlo, porque el Congreso determinó, en 2012, a través de esta reforma, que fuera la Suprema Corte.

Siendo pues que se allanó este tema, me parece que el voto de los diferentes grupos, mayoritariamente, o al menos así se ha expresado, será a favor, en lo general, de este proyecto de ley reglamentaria para establecer el procedimiento de la consulta.

¿Cuál es este procedimiento? El procedimiento sencillamente es decir que en el caso del Presidente, presenta la iniciativa de consulta a la Cámara, la Cámara envía a la Corte para que determine sobre la constitucionalidad del tema que se quiere poner a discusión y, en todo caso, determine la última redacción de la pregunta la Suprema Corte; regresa al Congreso, tiene que ser aprobado por mayoría por ambas Cámaras, y una vez que ha sido aprobado se envía al INE para que en el siguiente proceso electoral se someta esa consulta, si fue aprobada.

Se establece un periodo mediante el cual se pueden presentar consultas; de septiembre, por así decirlo, del año pasado a septiembre de este año, y esto es sumamente importante. Si no destrabamos esta ley no podría haber consulta pública en el 2015, que será la primera oportunidad, a menos que la Corte determinara un procedimiento especial.

Segundo, en el caso que sea un tercio del Congreso, en primer lugar tiene que ser aprobado por la mayoría de ambas Cámaras.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa Huerta.

Nada más les recuerdo que en este momento no hay lugar a debate porque están los posicionamientos de los grupos parlamentarios. En un momento más iniciaremos la discusión en lo general y desde luego cualquier Senador o Senadora podrá participar en el debate, pero este es el posicionamiento de los grupos parlamentarios y no hay lugar a debate en este momento.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente.

Debate es una controversia sobre posiciones, y este es un momento en el que no está previsto en el Reglamento que haya un impedimento para proponerle al orador si aceptara una pregunta, que no es debate.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Con todo gusto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Ha aceptado. Se le concede el uso de la palabra al Senador Miguel Barbosa.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Senador Larios, conociendo el texto del dictamen que nos llegó de Cámara de Diputados, esos acuerdos que hoy se construyeron entre gobierno, PAN y PRI, así como queda este dictamen a discusión, desde su opinión, procede una Consulta Popular respecto de reformas constitucionales, ¿sí o no?

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Me parece que en ese tema, mi opinión personal no es trascendente, porque corresponderá, en cada consulta específica, determinar a la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la materia de la pregunta. Incluso sobre la forma de redacción de la pregunta corresponde a la Suprema Corte porque hay muchas maneras de modificar la Constitución. Yo sí creo que se puede modificar la Constitución, sí creo que los ciudadanos pueden dar un mandato al Congreso y al Constituyente Permanente a pronunciarse en modificaciones de la Constitución en determinada manera, no estoy tan seguro que pueda aceptarse que una norma vigente de la Constitución pueda ser revocada, que le demos facultades de Poder Constituyente, pero esa es una opinión de un ingeniero, a la Corte le corresponderá determinar lo conducente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Continúe, Senador Larios Córdova, con el posicionamiento del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

Decía que entre los acuerdos hay varios temas, ahorita vendremos a las reservas en donde en particular nuestro grupo tenía enormes preocupaciones, menciono uno: se establece en el artículo 41 de la minuta, que no ha sido modificada, porque será modificada por acuerdo de los grupos, que los promoventes tendrían acceso al tiempo de radio y televisión oficial. Y nos parecía a nosotros que era totalmente inadecuado que si el Presidente de la República, un tercio del Congreso o un grupo parlamentario impulsaba una consulta, tuviera acceso a radio y televisión en medio de la campaña electoral, incluso violentando lo que establece el segundo párrafo del artículo 2 del Código General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Pero también nos parecía inapropiado que se diera a los promoventes de una consulta sobre cualquier tema, y a los que están en contra de ese tema no solamente no se les diera tiempo, sino que se les prohíbe expresamente adquirir tiempo. De manera que ese tema acaba salvado también mediante los acuerdos; lo mismo que otro tema de derechos. Se establece en la minuta que no puede un ciudadano respaldar más de una consulta, me parece que hay una solución que fue aceptada por los grupos parlamentarios y que en su momento propondremos.

El PAN, con estas modificaciones y sabiendo de los acuerdos que hemos construido sobre las mismas, va a votar a favor en lo general de este proyecto de ley que materializa la posibilidad real de que en el proceso electoral de 2015, el día de la jornada electoral, pueda haber una o varias consultas en las cuales los ciudadanos, de manera vinculatoria, establezcan mandatos tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo por primera vez en la historia de este país. Este es el tema realmente transcendente.

Y termino reiterando la satisfacción que deberíamos de tener todos, que hemos logrado destrabar este tema y que hacemos que sea eficaz el derecho de los ciudadanos no solamente a participar en una consulta, sino incluso a promoverla.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Larios Córdova.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del PRI, hasta por diez minutos.

- El C. Senador Gerardo Sánchez García: Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día 10 de febrero de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales al artículo 35, fracciones VII y VIII, relativas al derecho de los ciudadanos a iniciar leyes y votar en las Consultas Populares respectivamente.

En dicho precepto constitucional, se establece que las consultas ciudadanas serán convocadas, como ya se ha dicho aquí de manera reiterada, por el Congreso de la Unión, a petición del Presidente de la República, el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso o los ciudadanos en un número equivalente al 2 por ciento de la lista nominal de electores.

Cuando a la participación total corresponda al menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, el resultado será vinculatorio para los Poderes Ejecutivo y Legislativos Federales y para las autoridades competentes.

No podrán ser objeto de Consulta Popular la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, que se han señalado también aquí, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, la cual se realizará en el mismo día de la jornada electoral.

Por lo anterior, la iniciativa de Ley Federal de Consulta Popular tiene por objeto regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular y promover la participación ciudadana en las Consultas Populares.

En este sentido, la ley define a la Consulta Popular como el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido, mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.

En nuestro país, la democracia representativa se ha establecido a través del fortalecimiento de un sistema de partidos. Según Hans Kelsen, los partidos políticos son instituciones que juegan un papel central en los sistemas democráticos; la democracia sólo es posible cuando los individuos, a fin de lograr una actuación sobre la voluntad colectiva, se reúnen en organizaciones definidas por diversos fines políticos, de tal manera que entre individuos y el Estado se interpongan aquellas colectividades que agrupan en forma de partidos políticos las voluntades políticas coincidentes de los individuos.

Es importante subrayar la importancia de los partidos políticos en nuestra democracia a fin de no caer en la tentación de hacer de la democracia directa o participativa un exceso o una actitud coyuntural que no contemple una regulación adecuada.

Jeremy Bentham afirma que el bien público debe ser el objetivo de legislar, la utilidad general debe ser el funcionamiento de su razonamiento; es así como las recientes reformas constitucionales en materia política, impulsadas por la presente legislatura, no sólo fortalecen el ejercicio de los derechos políticos del ciudadano, también coadyuvan a consolidar la democracia en México.

La democracia participativa debe ser un elemento complementario del sistema político nacional que influya positivamente en las condiciones materiales de existencia de todos los mexicanos.

Diversos países han establecido instituciones representativas y mecanismos de democracia directa que constituyen el marco de la vida democrática. La adopción a nuestro sistema jurídico es, sin duda, una etapa que fortalecerá la democracia nacional, ya que las decisiones del ciudadano no se limitarán a un acto inmediato, como lo es la elección de sus representantes.

La Ley Federal de Consulta Popular establece claramente el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho a participar en la vida política del país, además de expresar opiniones en temas de trascendencia nacional, por lo que, decir de Maurice Duveryer, este mecanismo podrá ser también un correctivo eficiente de las decisiones de Estado.

Bobbio afirmaba en su libro “El futuro de la democracia”, que la participación ciudadana no debe reducirse en la representación política, debe ampliarse a mecanismos de democracia directa para la creación de consensos entre los depositarios del poder público y el ciudadano.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional comparte y estamos convencidos que los mecanismos establecidos en la Ley Federal de Consulta Popular consolidarán la manifestación de los intereses de los ciudadanos, quienes desde ahora podrán participar de forma activa en los asuntos políticos, así como en las decisiones y acciones gubernamentales que transformarán a nuestro país.

Por ello, amigas y amigos, votaremos a favor del presente dictamen e invitamos a nuestras compañeras y compañeros Senadores, a que lo hagan a favor de este dictamen que, sin duda alguna, implica ampliar la participación democrática, la participación de los ciudadanos en temas de trascendencia que verdaderamente fortalecen a la democracia en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Sánchez García.

Una vez concluido el posicionamiento de los diversos grupos parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, fracción III del Reglamento del Senado, iniciamos la discusión en lo general de este dictamen.

Informo a la Asamblea que se han inscrito para la discusión en lo general los siguientes Senadores: Dolores Padierna Luna, Manuel Bartlett Díaz, Javier Corral Jurado, Raúl Morón Orozco, David Penchyna Grub, Zoé Robledo Aburto, Fidel Demédicis Hidalgo, Lorena Cuéllar Cisneros, Alejandra Barrales Magdaleno, Pablo Escudero Morales, Armando Ríos Piter, Fernando Mayans Canabal y Omar Fayad Meneses.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Buenas noches, Senadoras y Senadores:

Estamos siendo testigos de cómo en el Senado de la República se discuten las cosas de una forma poco profesional.

La que debiera ser una ley que ponga en el centro de las decisiones del país a la ciudadanía, será una gran farsa, una gran simulación.

Se votará la Ley Federal de Consulta Popular en unos momentos, que reglamenta el artículo 35 constitucional; y lo que debieran ser los cimientos de una democracia participativa donde la ciudadanía, los electores, la sociedad, participen de la decisiones trascendentales para el país, no será.

No se dará ese paso tan necesario para hacer realidad la transición democrática en México, no puede haber democracia si no hay demócratas; y yo sólo veo un puñado de demócratas en este Senado.

Decía el Senador que me antecedió en la palabra y versó sobre la democracia representativa: los que van a imponer la mayoría son los que siempre han despreciado al pueblo, los que actúan y piensan sólo en función de las élites.

La iniciativa que hoy presentan es el colofón de la Contrareforma Energética y pretenden cerrar toda posibilidad al pueblo de México para rescatar nuestro petróleo.

Nosotros queremos una Ley Federal de Consulta Popular que abra las anchas avenidas a la participación ciudadana y donde las mayorías puedan revertir una decisión autoritaria impuesta a una mayoría que no quiere esa decisión.

Esta Ley Federal de Consulta Popular tiene muchas desventajas. Déjenme hablar sólo de algunas.

En el artículo 6 está la imposibilidad de solicitar la realización de una consulta si se trata de una reforma constitucional.

Nos decía el Senador Larios que eso va a decidirlo la Suprema Corte y en los hechos están trasladando todo a que lo decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto la calificación de su constitucionalidad, como si es un hecho trascendente o no.

La ley reglamentaria, Senadoras y Senadores, es para eso, para reglamentar un artículo constitucional, para especificarlo, para clarificarlo, no para contravenirlo, no para violentarlo, no para anular o sobrepasar el artículo constitucional; pero lo que están haciendo ustedes es un acto de omisión legislativa, no entran al fondo, todo lo relegan, todo lo mandan a la Suprema Corte y esa no es la tarea de un legislativo.

Yo les pregunto: ¿Con esta ley se podrá hacer la consulta sobre decretos constitucionales emitidos?

No lo contestan, lo remiten a la Suprema Corte.

¿Con esta Ley Federal de Consulta Popular, ¿podrá ser factible que en el 2015 hagamos la reforma para revertir la Reforma Energética? No, esta herramienta no es para eso, toda la discusión la mandan a la Suprema Corte.

Y algo muy grave es que en la Constitución, artículo 35, fracción VIII, se especifica cuáles materias no pueden ser materia de consulta y habla de los derechos humanos, de la materia electoral, de la seguridad nacional, de los ingresos y gastos del Estado y de la organización de las Fuerzas Armadas, todo lo demás es sujeto a consulta; y ustedes lo que están haciendo en esta ley es extender esa prohibición a otros temas con estratagemas verbales o escritos en esta ley.

En el artículo 14 aumentan los requisitos, ponen requisitos metaconstitucionales, requisitos extra constitucionales.

Por ejemplo, un aviso de intención que no está marcado en la Constitución, pero que aquí en la ley lo ponen, además, como un requisito sin el cual no se admite trámite a consulta. Un requisito que no está en la Constitución lo ponen como condición superior para darle curso a una consulta.

En el artículo 12 se imposibilita a los ciudadanos a respaldar más de una consulta.

Alguien puede hablar de un tema, alguien puede consultar de otro tema. La consulta nos está hablando de al menos dos temas, dos preguntas, y aquí esta ley es limitativa, sólo en una puede participar la ciudadanía.

Y claro, dicen que por ahí en el adéndum o en el acuerdo tras bambalinas para lo cual sirvió el receso, que pidieron hasta un 20 por ciento.

Pero, ¿por qué vamos a limitar nosotros la voluntad popular? ¿Por qué nosotros nos vamos a oponer si un solo ciudadano quiere participar en dos? ¿Por qué nosotros lo vamos a hacer prohibitivo hasta en un 20 por ciento?

En el artículo 28 se desecha la solicitud con sólo la palabra del Presidente de la Mesa de la Cámara de Diputados.

Si él dice no cumpliste el número de firmas, se procederá a su archivo y se da como un asunto total y definitivamente concluido, como si fuera un juicio sumario. No hay manera de que la ciudadanía diga, no es cierto, yo te presenté cien firmas y tú estás diciendo que tengo 98, no hay posibilidad de defensa de la ciudadanía.

En el artículo 20 y varios más, se faculta con exclusividad a la Cámara de Diputados para recibir la petición de consulta, cuando en la Constitución se establece que es en cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; y aquí es sólo la Cámara de Diputados, tal vez porque allá tengan mayor control, tal vez porque allá acepten los dedazos y los lineazos, vengan de donde vengan, y aquí les cuesta más trabajo.

En el artículo 64, si la Constitución de por sí es muy restrictiva y pone un porcentaje del 40 por ciento de la lista nominal para ser válida o vinculante una consulta, si eso de por sí es muy difícil de lograr, no lo ha logrado nadie, ni con todos los millones que le metió Peña Nieto alcanzó el 40 por ciento de la población, con trabajos alcanzó el 35; aún ya lográndose el 40 por ciento de la lista nominal, todavía aquí en la ley le ponen otra limitante, siendo ya vinculante, patea esa obligatoriedad a la Legislatura siguiente a tres años, etcétera.

Pero quiero señalar que son varios los plazos operativos y otros requisitos en los artículos transitorios.

Pero quiero decirles que esta iniciativa carece de argumentos serios y contundentes para negarse a que se lleve a Consulta Popular la Reforma Energética que aprobaron en diciembre, hacen oídos sordos a dos millones de ciudadanas y ciudadanos que solicitamos hacer uso de nuestro derecho constitucional a ser consultados. Se niegan a ver lo que dicen todas las encuestas serias en la materia, incluso a contrapelo de la propaganda falsa y engañosa con la que se pretende convencer a la ciudadanía de que acate el mayor atraco a la nación.

La mayoría de la sociedad mexicana está en contra de la Reforma Energética y exige ser consultada sobre el principal patrimonio con el que cuenta nuestro país.

Hoy existe un movimiento popular y ciudadano que crece día con día, que está alzando la voz, que se organiza y lucha, cuya demanda central es la defensa del sector energético y a través de una Consulta Popular democrática quiere hacer valer su opinión.

Y en vez de oír esas voces, que cada vez gritan más fuerte, prefieren imponer una ley limitativa, simuladora, que impedirá la consulta energética.

Están peor que el dictador Augusto Pinochet. Ese personaje siniestro aceptó someter a consulta, a referéndum su permanencia en el gobierno de Chile; y claro está que el pueblo chileno, por la vía legal y democrática, puso fin a una dictadura sangrienta.

Si un dictador genocida fue a las urnas a jugarse su proyecto y su futuro, ¿por qué Peña Nieto y los demás no están dispuestos a someter a consulta la Reforma Energética? Porque saben que van a perder.

Un verdadero representante popular, lo digo por el Senador Gerardo Sánchez, un verdadero representante popular congruente con su plataforma se somete a la voluntad de sus electores. Que nos diga el PRI, que nos diga el Senador Gerardo Sánchez, en que momento Peña Nieto dijo en su oferta electoral que iban a hacer una contra Reforma Energética, para qué a través de ese voto que recibió Peña Nieto se digan representativos de esa decisión.

La Ley Federal de Consulta Popular nacerá muerta, su esencia no es la participación ciudadana sino defender a la plutocracia. Nosotros no vamos a ser cómplices de ese atropello, nosotros vamos por una democracia real, con pleno reconocimiento de los derechos ciudadanos y del pueblo en general, seguiremos en pie de lucha en defensa del petróleo y de la riqueza nacional, el pueblo de México también está en esta ruta; así que con ley o sin ley haremos valer nuestro derecho constitucional; esta ley anticonsulta vamos a llevarla al máximo tribunal para que aclare que es inconstitucional y que nuestra consulta se haga con base en el artículo 35.

También vamos a remitirnos a instrumentos internacionales como el que firmó México, pues al aprobar esta minuta se está violando el Protocolo adicional de San Salvador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vamos a defender nuestros derechos, si es necesario, también en las cortes internacionales.

Este protocolo...

- El C.Presidente Aispuro Torres: Senadora, le ruego por favor que concluya su intervención, en virtud de que estamos en la discusión en lo general y es hasta por cinco minutos.

- La C.Senadora Dolores Padierna Luna: Somos optimistas, tenemos confianza, no en ustedes, pero sí en la sociedad y vamos a ganar esta batalla porque tenemos la razón y porque esta batalla es necesaria para recuperar los bienes de los cuales nos pretenden despojar. Con dignidad, con mucho patriotismo, la consulta para revertir la Reforma Energética van, lo quieran o no lo quieran.

- El C.Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Dolores Padierna Luna.

Quiero informarle a la Asamblea, primero que es importante que respetemos el tiempo en virtud de que hay muchas oradoras y oradores registrados. Pero además, el Reglamento es muy claro; cuando se da el posicionamiento a nombre de las comisiones es hasta por diez minutos, el posicionamiento de los grupos parlamentarios hasta por diez minutos y cuando se discute en lo general y en lo particular es hasta por cinco minutos, así es que les ruego, por favor, que respetemos el Reglamento para poder llevar a cabo la sesión de la mejor manera posible y escuchar a todas y a todos como es la obligación de este Senado.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, para hablar en contra del dictamen.

- El C.Senador Manuel Bartlett Díaz: Gracias, señor Presidente.

Vengo a reiterar la posición que sostuvimos en una primera intervención.

Se habla de un acuerdo que todavía no conocemos, pero a final de cuentas el Senador Larios nos acaba de dar la razón.

Se trata, y ha sido esencial, de que la consulta pueda llevarse a cabo en materia constitucional con toda claridad y eso es lo que tratan de evitar o están evitando; si realmente ha habido una negociación para que esto proceda como se desea, tendría que decirse literalmente que la consulta pueda hacerse en relación con la reforma constitucional anterior aprobada, previa o futura, pero eso es lo que no se dice; y el Senador Larios, cuando se le preguntó aquí hace un momento, contestó que eso le tocaba a la Suprema Corte.

Y eso es mentira, eso es simplemente una mentira, a este Senado, al legislador, le corresponde ser claro y establecer sin ninguna duda que se permite que la reforma constitucional puede ser sometida a una Consulta Popular, y es lo que no quieren y no está; y aquí el distinguido Senador dice: “Pues eso le toca a la Corte”. No, señor Senador, le toca al legislador, el legislado es el que tiene que decir con claridad, por qué echarle la pelota a la Corte, vamos a ver qué dice la Corte sobre la reforma constitucional; y ya no quiero insistir mucho sobre las tesis y los criterios de la Corte, porque ahí hay toda una serie de criterios que harían imposible que interprete lo que no existe.

Así es que es clarísimo, y por eso reitero mi posición inicial, que esta ley lo único que hace es engañar, porque toda la demanda, todo lo que se ha hecho en estos años, desde que Peña Nieto inició su hipócrita Reforma Energética, ha sido buscar que el pueblo decida si se debe reformar la Constitución en materia energética, si debemos de entregar al extranjero los recursos energéticos vitales y estratégicos de este país, si debemos entregar al extranjero la electricidad, que es una estructura que nos ha costado miles de millones y años, y eso no está.

Y no están algunas otras reformas constitucionales, porque no quieren que estén, porque no quieren que estén.

Entonces estamos simplemente, repito, cumpliendo lo que el señor Peña Nieto quiere. No quiere que haya una revisión popular del desastre y vaciamiento que está haciendo a la Constitución de la República; de haber metido reformas neoliberales y le está quitando toda la esencia social, toda la soberanía, los criterios de política económica adecuados, la responsabilidad del Estado hacia la sociedad, todo eso se lo ha quitado porque no tienen un control de constitucionalidad sus acciones.

Entonces, ese es el tema, lo demás es darle vuelta. Y por eso fue muy claro y qué bueno que nos lo aclaró en relación con este acuerdo que todavía no vemos, que aquí no se va a decidir, lo va a decidir la Suprema Corte de Justicia.

Eso es, la verdad, una trampa, es eludirlo y sumarnos al propósito de Peña Nieto de no poner en riesgo frente a la voluntad popular, ese es el temor hacia la voluntad popular, las reformas antipopulares que ha hecho en estos años; es tan sencillo como eso.

Y además hay otras cuestiones que cuando empiece a aclararse el acuerdo, vamos a ver que hay muchas trampas en este arreglo fenomenal del consultor jurídico que vino aquí a tomarnos el pelo una vez más.

Mientras no esté claramente establecido que la Consulta Popular puede ser sobre reformas constitucionales aprobadas, en curso, previas, lo demás sigue siendo una farsa.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

- El C.Senador Javier Corral Jurado: Compañeras y compañeros Senadores:

En el 2012, el Congreso de la Unión aprobó cambios constitucionales de enorme trascendencia en materia de participación ciudadana dentro de lo que entonces se denominó Reforma Política.

Se incorporó el derecho de los ciudadanos a iniciar leyes, en el artículo 71 de la Constitución, y el de participar en las Consultas Populares, en el artículo 35, dos instrumentos concebidos para dar cauce a la opinión ciudadana en la construcción del orden legal y para manifestar su acuerdo o desacuerdo con decisiones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales en asuntos de trascendencia nacional.

Aunque con umbrales altos para ejercerlo, en términos del porcentaje requerido para ambas figuras de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, los dos derechos que se inscribieron en la Constitución contienen los elementos esenciales que se observan en el mundo democrático: la presencia de la democracia directa y la indirecta es una búsqueda de legitimidad, es apelar al votante en momento de definiciones importantes; lo hizo Chile en el regreso de la democracia, sucedió en Canadá en la década de los 90’s.

El gobierno socialista de Felipe González convocó a España a decidir sobre su integración a la OTAN; y hoy mismo quieren zanjar el independentismo catalán en elección plebiscitaria.

Sucedió en Europa para incorporarse a la comunidad donde hubo referéndum para decidir sí o no ratificar el Tratado de Maastricht o al aceptar al Euro como moneda en los distintos países.

En Brasil, en su regreso a la democracia, se planteó si querían ser república o monarquía.

Las democracias modernas han integrado estos mecanismos como una forma de fortalecerse y han facilitado el ejercicio del derecho a la consulta ciudadana.

La nuestra no puede ser una democracia titubeante en dar este paso fundamental. Ese fue el espíritu de la modificación constitucional al artículo 35 en su fracción VIII.

Tan es así, que en la exposición de motivos se dice que: “Se crearon una serie de dispositivos que pretenden darle mayor vigor al régimen político, favorecer su legitimidad y fortalecer la articulación de los poderes públicos con el ciudadano”.

Las sociedades complejas, dice la exposición de motivos, requiere de incorporar instrumentos que garanticen no sólo la viabilidad del orden, sino también vigorizar el consenso social. Es decir, que el régimen se sostenga no sólo por la vía de la legalidad formal, sino que goce de amplios niveles de legitimidad, lo cual se expresa a través del consentimiento de la sociedad hacia sus gobernantes respecto de su actuación y desempeño públicos.

Los conceptos anteriores son ciertos, por eso la Ley Federal de Consulta Popular no puede olvidar el soporte político filosófico-democrático que se contiene en las figuras de la democracia semidirectas introducidas en la reforma de agosto de 2012.

La legislación secundaria tiene un deber moral: ser congruente y facilitar que se produzcan estas expresiones de democracia directa.

No debemos poner aldaba a las puertas que nos articulan con la sociedad en asuntos de interés de ella.

Se ha ofrecido modificar la minuta para hacer una corrección importante que, en lo personal, a mí me permite votar a favor en lo general del dictamen. Participé de la discusión y debate de las comisiones unidas, ahí voté en contra en lo general y presenté varias reservas.

Dije entonces que la redacción de los artículos 5 y 6 de la minuta representaban, para mí, el asunto toral de la minuta en cuestión.

Por eso no puedo dejar de reconocer el esfuerzo que hemos hecho para eliminar las restricciones principales que contenía la minuta en sus artículos 5, 6, 21 y 30, que contradecían al texto constitucional.

No estamos ante la legislación secundaria óptima en el tema, mucho menos la ideal. Pero trasladar la redacción del artículo 35 de la Constitución, en sus términos, como derecho de los ciudadanos a votar en las Consultas Populares sobre temas de trascendencia nacional, permitirá la consulta sobre reformas constitucionales.

Es ineluctable que en el orden jurídico los temas de trascendencia nacional se localizan en la Constitución; así lo pensamos cuando dictaminamos en la Cámara de Diputados, no tuve ninguna duda del alcance de la Consulta Popular sobre reformas constitucionales, puesto que el legislador estableció con toda claridad las excepciones objeto de consulta de la propia Constitución en un listado no enunciativo, sino limitativo.

Ahora tenemos, en la legislación secundaria, los términos textuales de la Constitución, tanto en el objeto de la consulta, como en sus excepciones.

El artículo 11 de la minuta traslada de manera textual las excepciones previstas por el numeral 3, fracción VIII del artículo 35. Y como lo prevé la Constitución al final del párrafo del numeral 3, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará, en todos los casos, la constitucionalidad de la materia, que es, por un lado, trascendencia nacional y, obviamente, la constitucionalidad de la pregunta.

En los clásicos de la historia del derecho, en las etimologías, se dice que una ley, para ser tal, debe ser capaz de poder cumplirse.

Estamos obligados a facilitar el ejercicio del derecho y dar voz a los promoventes en los tiempos del Estado en radio y televisión.

Debemos honrar el espíritu de las instituciones que conseguimos en el catálogo de derechos. Presentaré, por lo tanto, varias reservas en este sentido.

Señoras y señores legisladores:

Se ha dicho que nuestra Constitución no se puede reformar más que por el Congreso de la Unión y bajo el procedimiento previsto en el artículo 135, que constituye eso que se denomina “El Poder Reformador de la Constitución”. Y así es, sólo el Congreso puede reformarla, pero la Constitución cambió en el 2011, y eso es lo que debemos reconocer, que esas reformas podrán estar sujetas ahora, salvo las excepciones, a un referéndum facultativo de carácter popular como derecho ciudadano a expresar su acuerdo o desacuerdo con los actos legislativos del Parlamento.

Sostener lo contrario es sellar la Constitución para el pueblo, en quien reside esencial y originariamente la soberanía nacional.

No nos olvidemos del artículo 39 de la Constitución: para el pueblo, se constituye el poder en su beneficio, porque todo el poder público dimana del pueblo.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Corral Jurado.

Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, en contra, hasta por 5 minutos.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a razonar mi voto en contra del dictamen por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular, por las razones que a continuación expongo.

La Consulta Popular no es una concesión graciosa del Estado hacia la ciudadanía; no es, ni debe ser, un mecanismo de simulación democrática para querer aparentar que en este país las decisiones políticas se guían respetando la voluntad política ciudadana.

Haber establecido este derecho en la Constitución representó, sin duda, un gran salto en nuestro régimen democrático.

Se pensó que habíamos superado las barreras de la antidemocracia, que habíamos logrado por fin abrirle las puertas a la democracia participativa bajo nuevas condiciones del pacto social.

Pero muy pronto nos dimos cuenta que lo que parecía un rayo de luz entre las sombras de la opacidad, se fue desvaneciendo.

Muy pronto nos dimos cuenta que ese derecho ciudadano ha sido prácticamente anulado y lo han transformado en algo inaccesible por la cantidad de prerrequisitos, requisitos, candados y facultades discrecionales para la autoridad propuestas en el presente dictamen.

La ley que hoy se discute, es una ley creada para cancelar, por la vía de los hechos, lo que hace unas cuantas semanas la Constitución parecía otorgarnos, el derecho de opinar sobre los actos de la vida pública.

Nos encontramos en un Estado donde la voluntad popular no cuenta, como no contó cuando los legisladores del PRI, del PAN y sus aliados, tomaron decisiones sobre el sistema educativo, sobre el régimen laboral, sobre las obligaciones fiscales y financieras, sobre los derechos políticos y sobre el destino de nuestro patrimonio energético.

Han sido decisiones de los grupos de poder que siempre han impuesto su voluntad en este país, sin importar los efectos directos y los daños colaterales que sus decisiones han causado a la nación entera y sobre las cuales, sin embargo, se nos niega el derecho de opinar mediante Consultas Populares, porque algunos implican modificaciones constitucionales, otras cuestiones de ingresos y otras más, seguramente, serán calificados como temas de poca trascendencia nacional o de trascendencia exclusiva para cierta región del país.

¿Qué justificación pueden tener las limitaciones impuestas por los legisladores del PRI, del Partido Verde Ecologista y la mayoría de Acción Nacional, sobre el tema de la trascendencia nacional, para la procedencia de la consulta a la que se refieren los artículos 5 y 6 de la citada Ley Federal de Consulta Popular?

A todas luces se introduce un elemento de discrecionalidad y subjetividad por parte de la propia autoridad, máxime cuando se trata del Poder Legislativo, quien se convierte, en algún sentido, en juez y parte del procedimiento para la consulta.

Permitir que la calificación de trascendencia nacional en peticiones de consulta que provienen de los legisladores, sigan la suerte de la decisión que tomen las mayorías mecanizadas en las Cámaras, establece una condición de parcialidad y de riesgo, en función de los intereses del régimen, lo mismo ocurrirá cuando la petición provenga del Presidente de la República, en los asuntos que sean de su conveniencia.

Lo correcto es, como se ha dispuesto para el caso de los ciudadanos, que sea la Suprema Corte quien califique tanto la trascendencia nacional como la constitucionalidad de los temas sujetos a la Consulta Popular, en todos los supuestos.

De forma particular, el hecho de que el artículo 6 de la propia legislación en cita, imponga que la consulta únicamente procede para la creación de nuevas leyes o modificación de las existentes, excluye la posibilidad de que se realicen adiciones, modificaciones o derogaciones del texto constitucional, vía Consulta Popular.

Esta limitación irracional e injustificada se impone, no obstante que las únicas excepciones de la consulta las establece la propia Constitución en su artículo 35 y la mayoría de los artículos constitucionales no forman parte de ellas.

En la ley reglamentaria de la Consulta Popular, se limita injustificadamente el derecho de los ciudadanos para presentar la solicitud de consulta en cualquiera de las dos Cámaras del Congreso; se les obliga a presentarlas sólo ante la Cámara de Diputados, cuando al Presidente de la República se le da la oportunidad de presentarla en cualquiera de ellas.

¿Qué justificación puede tener un acto tan inequitativo y discriminatorio como éste? Más aún, se han asegurado muy bien de imponer nuevos candados, al limitar el derecho ciudadano a la Consulta Popular con obligaciones que van más allá de la propia Constitución, para asegurar que ante la falta de cualquiera de ellos, la petición de consulta pueda declararse improcedente, procediendo a su archivo, como asunto total y definitivamente concluido.

Es decir, se trata, en los hechos, de una ley que protege el derecho de la autoridad a no ser cuestionada sobre sus actos y decisiones por encima de los derechos de los ciudadanos a participar en la correcta aplicación y conducción de los asuntos de la vida pública que le repercuten.

Tal parece que, en esta legislación reglamentaria, lo que importa es la limitación y subordinación frente a los derechos de la autoridad; por eso se ha cancelado ese derecho para los mexicanos que habitan en el extranjero y por eso se limita al ciudadano en general, a firmar o participar en una sola consulta, aun cuando el texto constitucional nada establece al respecto.

Se excluye a la gran ciudadanía, al pretender otorgarle un derecho que, nacido muerto, es parte de esta gran comedia dantesca, por hacernos en creer en la sensibilidad política del régimen y en la decisión de Estado para democratizarse.

Ni una ni otra cosa es cierta porque ahora resulta que nuestros derechos humanos tienen tiempo de trámite y espera en las ventanillas del gobierno, porque se le ha impuesto a la sociedad, para el ejercicio del derecho, un periodo para consulta que comprende del 1o. de septiembre del segundo año de ejercicio legislativo y hasta el 15 de septiembre del año previo.

Compañeras y compañeros Senadores: Lamento mucho que un propósito tan noble y tan democrático, como era el hecho de reglamentar el derecho humano a la Consulta Popular, se haya convertido en una camisa de fuerza para la sociedad, en un lastre jurídico, en una simulación del Estado.

Díganme ustedes, compañeras y compañeros Senadores, si eso es para ustedes la democracia.

Tuvimos la oportunidad de pasar al juicio de la historia como demócratas; y hoy, éste seguirá siendo un tema reservado para el futuro, no sólo porque anularon toda posibilidad de hacer accesible el derecho a la Consulta Popular, sino porque se pretende aprobar una reforma ciudadana pensando sólo en los intereses del Estado y no en la decisión de la gente.

Lo que hoy México necesita son verdaderos demócratas, hombres y mujeres valientes y comprometidos con un nuevo régimen de derechos políticos, en los que muchos mexicanos creemos y por el que los legisladores de izquierda y la sociedad progresista, no tengan ninguna duda, seguiremos luchando.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Morón Orozco.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Penchyna Grub, del grupo parlamentario del PRI, para razonar su voto, hasta por cinco minutos.

- El C.Senador David Penchyna Grub: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Esta Ley Federal de Consulta Popular tiene su origen en el artículo 35 constitucional, que por cierto fue modificado por la enorme mayoría de las fuerzas políticas de este país.

Hoy venimos a debatir una Ley Federal de Consulta Popular, una ley de consulta energética; esta es la ley reglamentaria de un derecho constitucional.

Querer pretender argumentar y querer legislar únicamente sobre la consulta, sobre una materia, es algo que incumple nuestro deber y evidencia un argumento perverso.

Esta es una ley que abre avenidas sobre muchas materias y sus respectivas excepciones, por todos conocidos en el dictamen, que el propio artículo 35 constitucional, desde que fue aprobado, reitero, por todos los partidos políticos, marcó las claras excepciones.

Tenemos que discutir a fondo una ley reglamentaria de un derecho constitucional, con independencia de la pretensión, de algunos, de una consulta en una coyuntura política.

La Suprema Corte, en su caso, en el específico tema de controversia, hoy en día será el que deberá dar entrada a la solicitud de una o de varias fuerzas políticas y que declare la constitucionalidad en la materia que pueda ser objeto de la Consulta Popular. Es decir, nuestro máximo tribunal constitucional tiene la última palabra sobre si una convocatoria a la consulta tiene una base constitucional o no. Para eso es la Corte, para eso es la división de poderes.

Si la Corte no habilita la constitucionalidad de la materia a consultar, de poco puede importar la convocatoria.

Ese es el respeto al estado de derecho, ese es el respeto a las instituciones de México, que nos costó construir casi un siglo.

Y es el respeto, yo diría, a la propia investidura de los que representamos como legisladores que tenemos, primero que nada, un mandato para legislar.

Los alcances del proyecto de sentencias solo serían, y no nos confundamos, sobre ilustrar al Pleno sobre el máximo tribunal, de cuál es el trámite que se puede dar a la petición presentada por los Senadores.

Es preciso decir que el proceso de enmiendas constitucionales es distinto, muy distinto, al de la creación ordinaria de una ley.

El de las reformas constitucionales lo regula específicamente el artículo 135, y el de creación ordinaria el artículo 72; eso, nos guste o no, es lo que dice la Constitución.

Nuestro procedimiento de reformas constitucionales es agravado. Requiere de la participación del Constituyente Permanente; esto es, la aprobación de dos terceras partes de los individuos presentes en ambas Cámaras del Congreso de la Unión y la aprobación de la mayoría de los congresos locales, que nada más como corolario, están aquí por un mandato ciudadano ganado en las urnas en un método democrático.

Pretender querer, o que queramos reformar la Constitución en una materia para poder cambiar la Constitución, conlleva un proceso de representación que pasa por el escrutinio popular; es decir, hay que ganar esa representación y, en su caso, construir las mayorías en el Congreso.

De otra manera seguirán y seguiremos imposibilitados de modificar la Constitución.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Permítame Senador, por favor.

Sonido en el escaño del Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Si el orador me admite una pregunta.

- El C. Senador David Penchyna Grub: Al final, si es tan amable, Senador.

Un argumento final. La Consulta Popular no es el instrumento idóneo para modificar el texto constitucional, eso dice la Constitución. Si no nos gusta lo que dice la Constitución, modifiquémosla, hay un procedimiento para hacerlo.

La Consulta Popular no puede revertir una reforma constitucional ya realizada, porque la única vía para que existe para cambiar el texto a cualquier artículo de la Constitución Política Mexicana es mediante un nuevo procedimiento de reformar la Constitución; hay que leer el artículo 135.

Más aún, yo quiero compartir con ustedes, y lo dejo por obvio de tiempo en la Secretaría, cuando el Poder Judicial de la Federación no puede pronunciarse sobre la validez del contenido de la Constitución, cuando un particular lo cuestiona, mediante, un amparo que resolvió por unanimidad la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aquí está la tesis, la dejo en la Secretaría, y lo hago con el mayor de los respetos.

Concluyo. Se viene a decir aquí con toda flagrancia y se usan adjetivos que poco ayudan a la democracia: miedosos, desmemoriados, tramposos y cobardes. No hay ni cobardías, ni mentiras y mucho menos una trampa; hay respeto para oír todas las voces, pero hay argumentos constitucionales; yo respeto la vocación democrática, respeto todas las expresiones, lo que no comparto es la impunidad sin argumentos de lo que nos rige en este colegiado; y lo que nos rige en este colegiado es la Constitución de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Senador David Penchyna. Yo he escuchado con atención y siempre sus expresiones son muy claras, por eso las escucho.

Pero hice el contraste, lo dicho por usted con lo dicho por el Senador Corral, y la respuesta que dio a una pregunta mía el Senador Larios.

Evidentemente el Senador Corral considera que la reforma del 2012 al artículo 35 constitucional, permite e introduce una forma nueva de modificación al texto constitucional a través de una Consulta Popular como una forma de democracia participativa.

El Senador Larios piensa que no, que no es el método, es decir, que una Consulta Popular nunca llegará a modificar ninguna reforma constitucional.

Lo dicho por usted me queda claro, que es en el sentido igual al Senador Larios, pero quería yo, de manera ingenua, utilizando el lenguaje adecuado, porque seguramente no se refirió a mí con lo dicho al final de su intervención, digo, ya lo tengo por seguro.

En el sentido desde su opinión, ¿este dictamen, el que vamos a votar con ese acuerdo de gobierno PRI y PAN, permitiría, ya cuando la ley se aplicara, a través de una Consulta Popular hacer reformas a la Constitución? ¿Sí o no? Cancelarla, revocarla.

- El C. Senador David Penchyna Grub: Sin tratar de imitar al Senador Larios, y obviamente estando en desacuerdo con el Senador Corral, y lo digo con todo respeto, porque sus argumentos siempre son muy completos; le reitero, si leemos la Constitución, y basándome en la Constitución, la respuesta para mí, como legislador, porque no soy miembro del Poder Judicial, Senador Barbosa, ese es un asunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos puede gustar o no; cambiemos la Constitución, pongámoslo al escrutinio de este colegiado, tenemos un mandato, un mandato que juramos, señor Senador, usted y yo, en el año 2000, cuando tuve el privilegio de ser su compañero Diputado, y hoy como Senador, fue hacer guardar la Constitución. Ese es mi mandato.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Penchyna Grub.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Mesa Directiva.

Permítanme, compañeras y compañeros Senadores, iniciar este razonamiento de mi voto, haciéndoles una pregunta. ¿Si ustedes tienen una cita, un compromiso, y su contraparte no llega, no da la cara, después de cuánto tiempo consideran que ya se le ha hecho tarde? ¿Cuánto tiempo consideran que es prudente, decente esperar?

Se los pregunto porque nosotros, compañeras y compañeros legisladores, estamos llegando tardísimo a esta cita, a la que estábamos convocados y comprometidos con los ciudadanos, estamos llegando 4,824 horas tarde, 201 días de retraso con la fecha que se establecieron en los artículos transitorios de la reforma constitucional del 2012 y que vencieron el 9 de agosto del año pasado.

Lo digo, porque alguien mencionaba en esta tribuna que se congratulaba que se estuviera atendiendo por fin este tema. Yo no me congratulo, me avergüenzo y les pido una disculpa a los ciudadanos que a pesar de estas 4,000 horas siguieron esperando y están viendo este debate.

Senadoras y Senadores: La democracia es idealmente el gobierno de un poder visible; es decir, un gobierno cuyos actos se realizan ante el público bajo el escrutinio de la opinión pública. Como Senadoras y Senadores estamos obligados a transparentar y rendir cuentas sobre nuestras decisiones.

En medio de este clima de transformación institucional, y pese a los recurrentes procesos democratizadores, hoy las tinieblas no han sido disipadas; el ejercicio del poder es todavía opaco, y en esta opacidad del poder se guarda y se cubre la negación misma de la democracia.

Quien promueve formas ocultas de poder desea hurtar sus acciones del control democrático y evita someterse a sus necesarias limitaciones. En todo caso, pretenderían controlar al Estado, pero sin estar sujetos a su control.

La pregunta obligada es entonces: ¿quién controla a los controladores?

Bien lo decía Kant: “todas las acciones relacionadas con el derecho de otros hombres cuya máxima no puede ser pública, entonces son injustas”.

La única manera de garantizar que ello no suceda es la condena al secreto de los actos de gobierno y a la institucionalización de su publicidad.

Por eso, es preciso que el poder público sea controlable, pero en qué otra forma de gobierno puede darse ese control, sino en aquella en que el pueblo tiene el derecho de tomar parte activa de la vida política.

Ese es el espíritu de la ley detrás de la Consulta Popular y su incorporación a la Constitución en el conjunto de las llamadas cartas ciudadanas, involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el rumbo del país más allá de las elecciones.

Por eso es que la Consulta Popular es un avance para la democracia.

Dirán, por otro lado, quienes promueven elementos limitativos, que la propia reforma constitucional al artículo 35 no incluye el concepto de revocación o ratificación de reformas constitucionales, y por esa razón, entonces el dictamen obedece a las formas establecidas por la ley.

Dirán quienes quieren una democracia acotada que lo que se aprobó es una figura de consulta cuyo resultado puede ser vinculatorio para nuevas leyes, pero no para revertir decisiones previas.

Ciertamente y de manera muy afortunada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la encargada de definir cuándo hay trascendencia.

Distintos especialistas afirman que si no se prohíben expresamente los temas energéticos, luego entonces, sí son objetos de consulta.

Dirán, y ya lo han dicho en esta tribuna algunos legisladores, sobre su desconfianza en la capacidad del pueblo de entender el interés colectivo por la convicción de que el vulgo siempre persigue sus intereses particulares y no puede ver los móviles del Estado, la llamada razón de Estado, y que eso tiende a la anarquía; esa no es otra cosa que el argumento de los que consideran que el pueblo no está listo para la democracia.

Quienes temen y descalifican la participación abierta de los mexicanos en las decisiones públicas en materia energética o los señalan como incompetentes para tomar decisiones de esta magnitud, sólo dejan ver su esencia antidemocrática y su desprecio a los ciudadanos, porque, parafraseando siempre a Benjamin Constant, asumen que los ciudadanos solamente son sabios e infalibles cuando eligen a sus representantes, pero un momento después caen en la ceguera y en la ignorancia.

Déjenme decirles que los ciudadanos son ciudadanos de tiempo completo; y si fueron capaces de elegir a sus representantes, si fueron capaces de elegirlos a ustedes, entonces también son capaces de ratificar y de rectificar sus decisiones. Por eso tengamos una Consulta Popular adecuada conforme al sentido democrático, con lo que fue pensada y no regateemos a las generaciones futuras de México un país más libre, justo y próspero.

Por eso, hace unos momentos se hablaba de adjetivos, decía el Senador Penchyna una serie de adjetivos que se han dicho en esta tribuna. Yo le quisiera decir al Senador Penchyna que él también usó un adjetivo, él dijo que había perversidad de nuestra parte, y yo creo que eso no es cierto.

Yo lo invito, Senador Penchyna, no hagamos, efectivamente, una ley sólo para realizar una consulta energética, hagamos una ley que la incluya, pero tampoco hagamos una ley sólo para impedir esta consulta, porque eso es una mezquindad y eso será juzgado por la historia. Hagamos una ley para que los ciudadanos participen abierta y democráticamente en distintos temas, sí, en el petróleo, pero también en la revocación de mandato, en el incremento de penalidades a la corrupción, en la permanencia o renovación de políticas y programas sociales, en el uso sustentable del agua y otros recursos estratégicos y en muchos, muchos temas más.

Esta ley debe ampliar la democracia y no restringirla. Es una equivocación pensar que las mayorías legislativas son infalibles y que el pueblo sólo está para asumir las consecuencias de sus acciones.

Ya lo decía Víctor Hugo hace más de 200 años: “No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo”. Y la idea es la Consulta Popular, es un asunto de nuestra democracia; y cuando hay duda sobre el rumbo, la respuesta es sencilla, los problemas de la democracia se corrigen con más democracia.

Así será en 2015, habrá Consulta Popular y la privatización del petróleo será tan transitoria como los 21 artículos transitorios en las que descansa.

¡Consulta Popular ya!

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Quiero iniciar mi participación compartiéndoles un pensamiento de Arturo Uslar Pietri, que dice: “Hay que hacer pueblo, hacer dirigentes, formar republicanos sobre una herencia de despotismo y monarquía. Cómo puede ejercer soberanía el pueblo si no lo hemos preparado. Este soberano ni aprendió a mandar, ni manda y el que manda a su nombre lo gobernará, lo dominará y lo esclavizará. Qué soberanía puede ejercer un pueblo ignorante y pobre”.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras, el tema que estamos tratando requiere profundas reflexiones porque está en juego la tranquilidad y la paz social del país. Cuando al pueblo se le cierran los cauces democráticos y de justicia social, se hace justicia por su propia mano. Ahí están temas muy de moda como las autodefensas, ante la incapacidad del gobierno para darle seguridad al pueblo, el propio pueblo ha empezado a tomar justicia por su propia mano.

¿Cuál es el temor de empoderar al pueblo a través de su participación en la toma de decisiones para resolver los problemas torales del país?

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras, ante este panorama quiero resaltar que el Partido de la Revolución Democrática ha impulsado, desde su nacimiento, lo que es el estado social democrático y de derecho y hoy defendemos con rectitud y con emoción nuestros principios.

El Partido de la Revolución Democrática se caracteriza por tomar en cuenta al pueblo para resolver los problemas torales del mismo. Por eso en nuestro ideario la Consulta Popular, el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato son una constante; y por eso el día de hoy estamos planteando que la Consulta Popular la hagamos una consulta viable para que el pueblo pueda participar.

De los que tienen dudas de quién es el que manda, les leo el texto del artículo 39 constitucional: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno”.

Nos tiene que quedar claro, entonces, que si el pueblo es soberano, el pueblo tiene la facultad constitucional para modificar su régimen de gobierno y, en consecuencia, también tiene facultades para reformar la propia Constitución.

No seamos nosotros los legisladores los que coartemos esa posibilidad porque puede revertirse. El Congreso, diría alguien aquí, nos guste o no nos guste, es el empleado del pueblo, el pueblo nombra, el pueblo paga y, en consecuencia, el pueblo debe de mandar, no actuemos en contrasentido haciendo leyes que no sean aplicables. Es inadmisible que se limite el inalienable derecho del pueblo a ejercer su soberanía.

La Consulta Popular debe ser el instrumento mediante el cual el pueblo ejerza este sagrado derecho. Quienes se oponen a que así sea, y al que le venga el saco, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, que se lo ponga, y no estén diciendo que aquí han escuchado denostaciones.

¿Quiénes se oponen? Las mafias del poder, los poderes fácticos, los que quieren seguir viviendo como reyes mientras el pueblo se muere de hambre, enfermedades curables y otras lindezas similares; los que sin ningún recato, vergüenza o escrúpulo traicionan al soberano, que es el pueblo. En suma, todos aquellos que con sus palabras alaban al pueblo, pero con sus hechos lo traicionan.

Esta ley tiene deficiencias que yo espero que se subsanen ahorita en el debate en lo particular, tales como: limita a los ciudadanos a que den su aval para más de una consulta. No podemos privar a la ciudadanía a que ejerza su libre albedrío y su voluntad de decidir.

Si somos democráticos, entonces no limitemos los derechos fundamentales del pueblo, como el derecho a tomar determinaciones, a elegir de manera libre actos en donde desea comprometerse a través de su firma. El aviso de intención es un trámite innecesario y tramposo que contraviene el artículo 35 de la Constitución, que sólo exige como requisito que el trámite de solicitud se realice a petición de cuando menos el 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.

Por último les digo, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, si cerramos el cauce a la participación del pueblo, se corre el riesgo de que éste imponga su mandato por vías que no son democráticas, como ocurrió en 1910. No expongamos al país a una salida de esa naturaleza porque todos saldríamos perdiendo.

Hagamos que la Consulta Popular sea el instrumento a través del cual el pueblo ejerce su soberanía y acatemos sin chistar el principio democrático de mandar obedeciendo, el pueblo así lo requiere y el país así lo necesita.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Quiero comenzar recordando un poco a Sartori, cuando menciona el significado etimológico de democracia, como el gobierno o el poder del pueblo, ya que como se presenta en el dictamen de esta minuta y por la manera como se procesó la Reforma Energética, en diciembre pasado, tal parece que en nuestro país el pueblo significa la voluntad del PRI y del PAN, porque digamos las cosas como son, los términos de este dictamen tienen dedicatoria, y lo de fondo es que no quieren que los ciudadanos vuelvan a cuestionar las reformas constitucionales que están entregando nuestro patrimonio nacional a las petroleras extranjeras.

No conformes con haber construido a modo del gobierno en turno la redacción del artículo 27 constitucional, y me refiero al séptimo párrafo, en donde el petróleo y los hidrocarburos son considerados expresamente como una actividad de ingresos del Estado.

Ahora lo ensamblan a lo dispuesto por la fracción VIII, numeral 3o del artículo 35 constitucional, en el sentido de que no es motivo de Consulta Popular los ingresos y gastos del Estado; y pero aún, pretenden convertir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una oficina de trámite del Ejecutivo Federal.

La Suprema Corte, que debería estar para declarar el derecho en casos de conflicto legal constitucional, se convertirá en la oficina del Presidente que califique y diga cuándo un tema en materia de la Consulta Popular, por ser de trascendencia nacional y ser constitucionalmente, deberá ser procedente, sin que exista la posibilidad de una controversia legal de por medio. Qué bonito, así se ahorrarán tener que resolver conflictos sobre si un tema que proponga el Presidente deba ser o no motivo de consulta, adelantándose a calificar la procedencia de los temas para que nadie pueda oponerse a las decisiones del gobierno, porque ya estará resuelto de antemano por la máxima autoridad jurisdiccional contra la que ya no se puede oponer recurso o juicio de amparo alguno.

Por ello, quiero expresar con toda firmeza mi voto en contra de este dictamen, considero que una vez más se atienden los intereses de la cúpula en el poder, quedando atropellados los derechos de los ciudadanos.

El Estado debe tener plena comprensión entre una ciudadanía pasiva, aquella ciudadanía formal consagrada legalmente que supone sujetos de derechos protegidos por el Estado, y una ciudadanía activa que requiere la existencia de ciudadanos capaces de hace exigibles sus derechos, de realizar prácticas autónomas deliberantes y participativas que en esencia deberíamos respetar en cualquier visión de participación social.

Al Estado mexicano le corresponde la obligación ineludible de rendir cuentas y de ser transparente en su desempeño; y a la sociedad civil, a los mexicanos, la responsabilidad de ejercer control ciudadano y desarrollar ciudadanía activa a través de sus derechos, a opinar y obligar a cambiar las decisiones que considere conveniente.

Sí, el Estado mexicano tiene una responsabilidad ante la ciudadanía de trabajar por su bienestar permanentemente y los ciudadanos, a su vez, tienen la tarea de exigir tener derechos y el cumplimiento de los compromisos sociales de los gobiernos no por prebenda, sino por una responsabilidad que las leyes le demandan.

Que no sean estos nefastos y oscuros intereses de la venta de nuestro patrimonio petrolero los que limiten garantizar el derecho para que los mexicanos tengamos capacidad constitucional de injerencia en la toma de decisiones del poder político.

Cada día esto se parece más a un reinado o a una dictadura, que a un país con vocación democrática. Lo triste y lamentable es que nos estamos encaminando hacia un régimen autoritario del cual muchos están siendo cómplices.

¿Qué tiene este gobierno en contra de los mexicanos que los ignora? Su maestro Salinas les dejó el “ni los veo, ni los oigo”, y hoy quieren llevarlo a los layes. Aun con los cambios realizados al dictamen en las últimas horas, no se garantiza el derecho de los ciudadanos para revertir las reformas constitucionales que ellos desean.

El grupo en el poder y su red de complicidades le cierra el paso a la voluntad de los mexicanos. Dejo así constancia que quienes hoy dicen estar a favor de la Consulta Popular para que el pueblo de México participe en decisiones de transparencia y trascendencia nacional, y dice que estos cambios les darán las herramientas necesarias; el día de mañana, desgraciadamente, veremos que todo ha sido una farsa perpetuada, nuevamente callando al pueblo de México.

Mi voto, por supuesto, es en contra de este atropello a la voluntad y dignidad de los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, en contra. No está. El Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, para razonar su voto, tampoco está.

Sonido en el escaño de la Senadora María Cristina Díaz Salazar.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Le queremos decir, los integrantes de las comisiones unidas, que hemos dictaminado, hemos conciliado y se ha llegado a un acuerdo, y ha sido signado por los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN y del PRD.

Le pediría que por favor lo tomara en consideración, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sí. Acaba de llegar el Senador Mayans Canabal, le daré derecho a que intervenga en tribuna para razonar su voto, y después le solicitaría a la Secretaría que dé lectura a este documento para el conocimiento del Pleno.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores. A mis representados, buenas noches.

Sólo una solución democrática permitirá que se planteen los graves problemas del país, hoy se pretende hacer una ley de participación ciudadana, donde los ciudadanos no podrán participar, que quede claro y que se escuche muy lejos.

Estoy consciente, seguro, obviamente, mis afinidades tanto intelectuales y morales son de izquierda, de que la única medicina que tenemos para México es la democracia y que tenemos que tener la capacidad para ratificar los extravíos históricos, pero estoy hablando de la verdadera democracia.

Aquí, como podemos ver el día de hoy, el PAN ausente prácticamente con todos sus Senadores, el PRI cuchicheando ahí en corto y que nadie presta atención, como siempre, pero la democracia parlamentaria aquí es sinónimo de crisis económica, de desempleo, de guerra, como es el estado actual del país, y si no, Michoacán es un ejemplo, Tamaulipas, y de injusticia social.

Lamento mucho que aquí en el Senado se den estas cosas, porque el no saber es perdonable, el no querer saber es otra cosa.

El pueblo de México es un pueblo sin voz, sin ojos, sordo, lleno cada vez más de actos autoritarios como lo estamos viviendo.

Y aquí, hoy, la democracia será derrotada.

Uno de los valores fundamentales que inspira a la democracia y de la cual podemos distinguir a los gobiernos democráticos de los que no lo son, es la libertad política. Este tipo de libertad supone un régimen político en donde las decisiones colectivas son adoptadas mediante la participación de los ciudadanos, a fin de que se vean vinculados por ellas y que, en la medida de esa participación, puedan ser consideradas esas decisiones como legítimas.

Bajo esta concepción, podemos iniciar esta discusión señalando que el dictamen, a nuestra consideración, lejos de que cumpla el objetivo de dotar al ciudadano de más y mejores herramientas para participar de forma activa en la toma de decisiones trascendentales para la vida del país, no amplía, como se debiera, su ámbito de participación y libertades políticas.

Nos queda claro que tenemos un proyecto de ley cuyos hacedores no ven a la democracia como una forma de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. De ahí que se establece la presentación ante la Cámara de Diputados y un aviso de intensión por parte de los ciudadanos que deseen presentar una petición de consulta.

El requisito de justificar con argumentos por qué el asunto se considera de trascendencia nacional.

El supuesto para que la petición de consulta sea resuelta en cuanto a su constitucionalidad dentro de un plazo de 20 días naturales por la Suprema Corte de Justicia.

Pero más allá de eso, no se precisan las posibilidades de la Consulta Popular a reformas de carácter constitucional.

Todo cambia, vamos a cambiarlo, para que no cambie nada. De eso se trata.

Estas y otras medidas que se contemplan en el dictamen son parte de otro capítulo legislativo más, que profundiza y abona las graves repercusiones que genera el discurso demagogo de que los únicos beneficiados con estas y otras reformas, como la energética y electoral, son los ciudadanos. Mentira.

Bien vale la pena recordar que el Partido de la Revolución Democrática, representado en el Congreso, ya lo hemos dicho, lleva varias legislaturas impulsando la figura de democracia directa y participativa, como la iniciativa popular, la revocación del mandato, el referéndum y, entre ellas, la Consulta Popular.

Para ser preciso, han sido 8 legislaturas las que dan testimonio de las propuestas de legisladores de izquierda, con vocación y compromiso democrático, que han venido presentando, impulsando, en ejercicio de sus derechos de iniciativa, a fin de instaurar y consolidar un auténtico régimen democrático.

Es por ello que me atrevo a decir que el contenido de este proyecto tiene que ver con la lucha histórica de hombres y mujeres que abrieron brecha en los años 70’s y 80’s, para tomar parte de las decisiones políticas fundamentales y poder alcanzar así una verdadera transformación política y social en el ejercicio y respeto de las libertades públicas.

Por qué no permitir que los ciudadanos opinen en cuestiones electorales, cuando la ciudadanía es la primera en palpar y resentir el agravio por el desarrollo de procesos electorales irregulares, por la compra y manipulación que se hace del voto ciudadano, en donde lo último que se respeta y salvaguarda es el sufragio de los electores.

¿Cuál es el temor para que se someta a consulta algunas cuestiones relativas a los ingresos y al gasto público?

No vemos razones para exentar esta materia de la Consulta Popular.

A propósito, basta revisar el informe de la fiscalización de 2012, que en días recientes presentó el Auditor Superior de la Federación a la Colegisladora, en el que se da cuenta de toda la corrupción que permea en el ámbito público federal y estatal.

No entendemos por qué el miedo de que se someta al escrutinio ciudadano los asuntos de la seguridad nacional.

¿A caso no se ha dicho que la inseguridad que vive el país es un asunto de esta naturaleza?

¿A caso esos temas y el de la violación de los derechos humanos dentro y fuera del país, como lo es el que se vive en la frontera norte y sur por el fenómeno migratorio y la falta de claridad de las autoridades mexicanas en las posturas de defensa y protección de los derechos humanos de nuestros connacionales, no son asuntos de trascendencia nacional?

Señores, son temas de, trascendencia nacional como lo son la situación de pobreza y desesperación que viven millones de mexicanos.

La lucha que día a día emprenden los ciudadanos para lograr la satisfacción de sus necesidades básicas como la salud, el trabajo, la vivienda, la alimentación, la seguridad social y, por supuesto, la seguridad pública, que le garantice la protección de su integridad, la de todos sus bienes y su familia.

Hay que recordar que el mandato popular lo tenemos los legisladores y el Presidente de la República. Se gobierna obedeciendo y bajo ese principio es como debemos legislar y regular el derecho de los ciudadanos a opinar en los asuntos nacionales de gran trascendencia.

¿Por qué ponerle tantas trabas legales al derecho de los ciudadanos para votar en las Consultas Populares?

No se puede abonar de esta manera a la inclusión democrática y fortalecimiento del sentido de pertenencia y responsabilidad de los ciudadanos, cuando se ponen tantas restricciones para ejercer este derecho constitucional de votar en las Consultas Populares.

Por nuestra parte, no estamos y nunca estaremos en contra del progreso, pero el progreso que nos genere mayor bienestar a la gente, al pueblo. Es un progreso que sólo sirve al enriquecimiento de unos cuantos y a una mayor concentración de la riqueza nacional.

Evidentemente que no estamos de acuerdo, como se nos ha querido hacer ver, que las cosas sigan igual, que la situación del sector energético nacional, de PEMEX, de CFE y de la petroquímica básica se mantenga estática, que nada cambie.

Nada más falso, estas ideas ahora las podemos aplicar en el análisis del dictamen que nos ocupa, toda vez que se conculca el derecho de los ciudadanos mexicanos a votar en las Consultas Populares sobre temas de trascendencia nacional, derecho conquistado y plasmado en el artículo 35, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma constitucional en materia de petróleo y demás hidrocarburos, electricidad y petroquímica, es un tema de trascendencia nacional. Por lo tanto, es derecho de los ciudadanos mexicanos a ser consultados a través de su voto sobre la misma.

De aprobarse en sus términos el dictamen, quienes voten a favor se evidenciarán como quienes defienden un pensamiento conservador; es decir, son quienes defienden e impulsan que las cosas cambien para que todo siga igual, y esa es la idea de Giuseppe Tomasi, le agregaría que para que todo siga igual o peor.

De aprobarse en sus términos el dictamen, la reforma constitucional al artículo 35 y esta ley reglamentaria, terminarán representando la concepción de la historia que sintetizó magistralmente el autor italiano, cito textualmente y termino, señor Presidente:

“Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie. Todo esto no tendría que durar, pero durará siempre. El siempre de los hombres, naturalmente, un siglo, dos siglos… y luego será distinto, pero peor. Nosotros fuimos los gatopardos, los leones. Quienes nos sustituyan serán los chacalitos y hienas, y todos gatopardos, chacales y ovejas, continuaremos creyéndonos la sal de la tierra”.

Compañeras y compañeros Senadores, el contenido de este dictamen no hace más que mostrar un desdén y un temor al ciudadano para que participe y opine en la toma de decisiones sobre temas de trascendencia nacional.

En razón de que este mismo proyecto no fue producto de una consulta pública, por lo que no podemos llamarle de Consulta Popular; y recordándo a Aristóteles que decía: “La turbulencia de los demagogos derrumba los gobiernos democráticos”.

Mi voto, como siempre responsable, será en contra del dictamen por hacer contrario a los esfuerzos y propósitos democratizadores de nuestra República.

Gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C.Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, para razonar su voto, hasta por cinco minutos.

- El C.Senador Omar Fayad Meneses: Gracias señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a hacer uso de esta tribuna para razonar mi voto a favor del dictamen de la Ley Federal de Consulta Popular, porque en la fracción del PRI tenemos la convicción de que estamos dando un paso muy sólido a favor del derecho que establece nuestra Constitución para que los ciudadanos, el Congreso o el Presidente puedan hacer uso de este mecanismo de opinión sobre temas de trascendencia nacional; pero debido a la polémica en que se encuentra inmerso este tema, es preciso centrar algunos aspectos de este debate estrictamente desde el punto de vista jurídico y aludiendo a aspectos de carácter político fundamental.

El tema de fondo en materia de la Consulta Popular tiene que ver con la posibilidad de construir los ordenamientos reglamentarios para la materialización del texto constitucional que la establece, pero debemos ver este mecanismo en su justa dimensión y contexto.

Se trata de un elemento complementario al sistema democrático representativo que tenemos en nuestro país, no es de ninguna manera una herramienta que deba rivalizar o contraponerse a la obligación que como legisladores y representantes populares tenemos los Senadores y los Diputados.

El origen de modelo representativo institucionalizado vino a resolver un asunto de verdadero sentido común; es decir, cómo logramos arribar a la toma de decisiones políticas, ya que ante una multiplicidad de opiniones y pensamientos, se hace muy complejo determinar un consenso o una opinión a favor o en contra de una determinada medida.

El tamaño y la complejidad de las sociedades modernas imposibilitan la reunión y deliberación permanente de la totalidad de los ciudadanos. Por ello, para reducir esta complejidad y arribar a un método eficaz de toma de decisiones, se optó por un modelo simplificado que hemos denominado representación en nuestro sistema a través de 500 Diputados, de 128 Senadores en el ámbito federal y mediante los Diputados y Diputadas en las entidades federativas.

No podemos nosotros mismos negar que esa es hoy nuestra responsabilidad, que ese es el modelo que aprobamos, que ese es el modelo con el que trabajamos día a día en la construcción de este México moderno.

Si bien es cierto, como muchos otros modelos, obviamente puede tener amplias ventajas y también desventajas.

Ventajas: la protección otorgada a las minorías, la limitación a la demagogia y a los abusos de poder político, la estabilidad en las decisiones públicas, el cambio ordenado en la política, el equilibrio entre la participación y la gobernabilidad.

También con la transformación de las sociedades surgen críticas y, evidentemente, existen aspectos que puedan ser negativos. Se puede decir del modelo representativo, la ausencia de una participación extensa de los ciudadanos en procesos decisorios así como el rezago en el desarrollo de una cultura de participación e involucramiento de la sociedad con los temas de la agenda pública.

Por ello, en muchos países se ha optado por introducir mecanismos para lograr una mayor colaboración entre los ciudadanos y sus representantes, entre ellos el referéndum y la iniciativa popular, así como otros mecanismos de democracia directa, mediante figuras como el plebiscito, la revocación de mandato y la Consulta Popular.

De ahí la trascendencia de la reforma constitucional que introdujo la figura de Consulta Popular en nuestro sistema jurídico, para hacer lo necesario para perfeccionar la democracia mexicana, para dar certeza y confianza a la sociedad y que no sólo a través de sus representantes se ejerza en su voluntad, sino que puedan opinar y participar en la toma de decisiones.

La democracia directa, si bien puede en ciertas circunstancias corregir deficiencias de funcionamiento en las instituciones, no necesariamente ofrece, comparativamente al sistema representativo, una mayor calidad de democracia.

Por eso la aprobación del dictamen de Ley Federal de Consulta Popular es un compromiso para nosotros en favor de la democracia.

Pero creo que en el fondo de este asunto no podemos perder de vista que más allá del debate mediático, hay mandatos constitucionales que debemos cumplir, hay hechos consumados que no pueden ser modificados, sino a través de las acciones constitucionales necesarias y hay, sobre todo, la responsabilidad, Senadoras y Senadores, de hablarle con verdad a los mexicanos y cumplir a cabalidad nuestro encargo como legisladores.

En el primer caso, hay que decir claramente que las reformas constitucionales que hemos aprobado ya son parte de la Constitución, puesto que cumplieron con todo el proceso constituyente que la misma establece; y ese mismo proceso habría que llevarlo a cabo para su modificación.

Señoras y señores Senadores, para cerrar este razonamiento de mi voto, que será a favor del dictamen y que les ruego que hagamos un ejercicio de conciencia para votarlo todos a favor en lo general, quiero cerrar diciéndoles que más allá de lo que las redes sociales y su virulencia puedan decir, he señalado que pretender que la Consulta Popular carezca de un orden mínimo respecto a la trascendencia del tema, así como la constitucionalidad del mismo, es contrario a los principios democráticos, pues si bien el pueblo es titular de la voluntad soberana, la delega en sus representantes que atienden preceptos y normas reconocidas por todos en un estado de derecho, está delegada en nosotros los representantes. Cumplamos hoy con nuestra responsabilidad.

Muchas gracias compañeras y compañeros.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Fayad Meneses.

Informo a la Asamblea que se recibió la intervención del Senador Angel Benjamín Robles Montoya a favor del dictamen. El texto de su intervención se integrará al Diario de los Debates.

(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)



Solicito a la Secretaría dé lectura al documento signado por los coordinadores y los presidentes de comisiones que dictaminaron de manera conjunta el tema que estamos discutiendo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta.



Es cuanto, señor Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la modificación que involucra a los diversos artículos que fueron leídos al dictamen.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta de modificación. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Bartlett Díaz.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño)Señor Presidente.

Yo quisiera que a quienes no somos miembros de ese exclusivo club “El Pacto por el Senado”, nos den una copia de esa nueva iniciativa que acaban de presentar y que no se puede votar porque no se conoce.

La habrán firmado los coordinadores del pacto, pero yo no la conozco.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Con mucho gusto le haremos llegar una copia, pero sí se conoce porque se le dio conocimiento al Pleno, y el Pleno la votó, pero con mucho gusto.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño)Pero protesto por esa medida, porque es un texto que no se conoce.

Se ponen de acuerdo ahí en un comité cuatro gentes, ni siquiera están oyendo qué es, ni siquiera saben lo que es, y están modificando, pues, toda la discusión; están modificando la minuta libremente y sin ninguna facultad para hacerlo, así sobre la marcha.

Me parece que es una falta totalmente al trámite reglamentario, con todo respeto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Ahorita le harán llegar la copia. Le pido a Servicios Parlamentarios.

Aprobada la propuesta. Se incorpora al dictamen, para su votación en lo general.

Informo a la Asamblea que han quedado reservados los 65 artículos del proyecto de ley y el Artículo Quinto Transitorio.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general, con la modificación que ya fue aceptada y de los artículos no reservados.

- El C.Senador Manuel Bartlett Díaz: No me ha llegado la copia…

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Solicito al doctor Arturo Garita que le haga, en este momento, entrega, en mano, al Senador Manuel Bartlett, el documento que fue leído a la Asamblea.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 103 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Consultar Popular.

Informo a la Asamblea que el trámite de las propuestas de modificación y adición a los 66 artículos reservados, se realizará una vez que hayan agotado todas las intervenciones. Como permite el artículo 201 del Reglamento del Senado, se formarán grupos de artículos reservados para ponerlos a su consideración en votación nominal.

En consecuencia, se concede la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para referirse a los 65 artículos del proyecto de ley, al Artículo Quinto Transitorio y para proponer la adición de un Artículo Sexto Transitorio.

- El C.Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El adéndum que acabamos de aprobar, sin duda que modifica de manera sustancial el dictamen, con el que dimos la discusión en lo general.

Habíamos reservado, entre otros, el artículo 5, porque era muy limitativo. Y al modificar el sentido de que sólo podrán ser objeto de Consulta Popular los actos legislativos del Congreso de la Unión, así como los actos administrativos del Ejecutivo Federal, siempre que sean de trascendencia nacional, y al cambiarlo por “serán objeto de Consulta Popular los temas de trascendencia nacional”, bueno, pues ese artículo, desde nuestro punto de vista, cubre las expectativas, por lo tanto lo estamos eliminando.

Voy a discutir, solamente, lo que es el artículo 9 y el 14.

El artículo 9, tiene que ver con eliminar el Aviso de Intención.

Nos parece que este artículo es contrario a los requisitos que se ponen en el artículo 35, para el tema de la solicitud que se debe hacer al Congreso de la Unión para la consulta.

No podemos burocratizar y hacer engorroso el tema de la Consulta Popular. Y el hecho de meter este tema de Aviso de Intención, sin duda que es un trámite que obstruye esta posibilidad.

Por lo tanto, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, les proponemos que eliminemos este tema.

El artículo 14, que tiene que ver con que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país sólo puedan avalar una consulta, también nos parece limitativo.

La vida nacional atraviesa en su convivencia, por una infinidad de temas que son de trascendencia nacional; y el hecho de limitar a los ciudadanos y a las ciudadanas a que sólo puedan avalar una sola consulta, o la propuesta que están haciendo de que si rebasa el 20 por ciento ahí se limite, nos parece que no es la forma de fomentar la participación ciudadana; y que la democracia, como lo manifestamos en nuestra participación en lo general, no va alcanzarse si no abrimos los cauces democráticos para que el pueblo pueda manifestarse de manera abierta y pueda ejercer su soberanía.

La Consulta Popular tiene ese fin. Ojalá y así se entienda y podamos eliminar las limitaciones o las deficiencias que tiene esta consulta para hacerla viable y que el pueblo pueda expresarse sin ninguna cortapisa.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, para presentar todas sus reservas.

Sonido en su escaño.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente, no es imposible ver todas ahorita, cuando acaban de cambiar el dictamen. Ya cambiaron el dictamen, señor Presidente, cosa que usted no contestó cuando se lo dije, y que es absolutamente irregular que firmen ahí, y hay que discutir otro dictamen, y cada uno de sus artículos tienen modificaciones, estoy apenas viendo y ahora me dice usted que tengo que presentar todas mis reservas, ahorita, eso tampoco es reglamentario, señor Presidente, por favor, entonces no violen demasiado el Reglamento. Participaré después porque no puedo participar ahora, porque ya cambiaron todo.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco, para presentar todas sus reservas.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente.

Va a estar un poco complicado presentar todas las reservas porque efectivamente conocimos algunos planteamientos iniciales, pero ahora se presentan bastantes.

Entonces, en el artículo 4 está limitando nada más a que participen los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero en las consultas ciudadanas que coincidan con elección presidencial, a nosotros nos parece que este derecho no puede ser limitativo, y cuando se participe en una consulta deben de participar los que deseen participar en todas las consultas todos los ciudadanos, nuestros paisanos que están en otros países, por necesidad, principalmente, no pueden limitarles absolutamente este derecho.

Una parte sustantiva que plantea también el artículo 6, voy a mencionar las partes fundamentales y entregar el documento a la Mesa Directiva.

En el artículo 6 está planteada, en la fracción IV, por nuestra parte, que se proponga legislar, esa sería una visión sobre reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la adición, reforma o derogaciones de leyes; o sea, que se incluya que la Consulta Popular pueda también efectuarse sobre reformas, adiciones o derogaciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de manera explícita, para que no lo dejemos a la interpretación. Este es un planteamiento que también queremos hacer.

En el artículo 9 se plantea un Aviso de Intención.

A nosotros, nos parece que este Aviso de Intención no es pertinente, yo creo que lo que tiene que hacerse es facilitar el acceso a este derecho de Consulta Popular que tienen los ciudadanos, y no hay razón para plantear esta fracción I del artículo 9 que se refiere al Aviso de Intención; la propuesta nuestra en lo particular es que esa fracción sea eliminada, no tiene sentido.

En el artículo 12 plantea una limitante, también, a que los ciudadanos nada más puedan apoyar una Consulta Popular; y en la modificación que hacen dicen que si rebasa el 20 por ciento, no podrán acceder a dos Consultas Populares.

Yo en lo particular creo que los ciudadanos pueden participar en las Consultas Populares que sean, obviamente, decididas por él. Esta ley no puede limitar los derechos a la participación de las consultas de los ciudadanos. Entonces, si desean participar en una, en dos o en tres, es un derecho que ellos tienen y no puede ser de ninguna manera limitativo.

Hay un apartado en el artículo 15 que plantea que el formato en donde se reúnen las firmas tiene que estar foliado; yo considero que para certificar que las firmas de los ciudadanos que solicitan una consulta puedan ser verificables, no ocupan que los formatos sean foliados y dados por la Cámara a la que se ha solicitado esta consulta, pueden ser formatos que utilicen los ciudadanos que les sea más pertinente o más conveniente a ellos, y no necesariamente tienen que estar foliados, porque la confirmación de las firmas y el número de la credencial de elector, sin ninguna duda, puede identificar si estos datos son reales o son irregulares.

Y así vamos a dejar las diferentes reservas a la Mesa Directiva para que las puedan pasar a consideración.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Con gusto las recibimos, Senador Morón Orozco.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado, para presentar sus reservas.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros.

Toda vez que el adéndum que se leyó al principio, antes de la votación en lo general, hizo varios de los cambios que nosotros propusimos tanto en comisiones como en las reservas, yo ahora sólo me concretaré a la reserva que he presentado al artículo 41 de la minuta que discutimos; porque me parece, lo digo con toda franqueza, que es el error que llevará la minuta dentro de lo que son los mecanismos y los instrumentos para concretar el derecho a la Consulta Popular, y me parece que es muy importante que sepamos exactamente de qué se trata.

Como ustedes saben, el artículo 35 de la Constitución, en la fracción VIII, faculta para convocar a una Consulta Popular al Presidente de la República, al 33 por ciento de los miembros de la Cámara de los Senadores o de la Cámara de los Diputados y a los ciudadanos en una proporción del 2 por ciento de la lista nominal de electores. Son los actores que pueden convocar a una Consulta Popular.

El artículo 41 de la minuta, antes de ser reformado, establecía lo siguiente: “...el instituto promoverá la difusión y discusión informada de las Consultas Populares que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión, y garantizará el acceso a la radio y la televisión a quienes hubieren presentado la petición a través de los tiempos oficiales que les corresponde administrar para sus propios fines”.

Esta adición al artículo 41, o esta redacción original al artículo 41 abarcaba a los tres actores que pueden convocar una consulta: al Presidente de la República, a los Diputados y Senadores o a los ciudadanos.

Se determinó que debíamos de eliminar de esta posibilidad al Presidente de la República, porque además la Consulta Popular se realiza el mismo día de la jornada electoral. Esto es, en un plazo establecido dentro de la jornada electoral, y por lo tanto había que eliminarlo. Pero además, también había que eliminarlo porque los Poderes de la Unión, el Ejecutivo y el Legislativo per se, poseen tiempos en radio y televisión a través de los denominados tiempos oficiales o tiempos de Estado.

Y por eliminar al Presidente de la República y a los miembros del Congreso, en el uso de estos tiempos, se le ha cancelado la posibilidad a los ciudadanos de participar del tiempo que tiene asignado el Instituto Federal Electoral, hoy el INE, de acuerdo a nuestra Constitución con la reforma promulgada, que realmente es un tiempo muy reducido.

Se ha dicho que darles ese tiempo a los ciudadanos para promover su solicitud de consulta puede generar un desequilibrio, se ha dicho, incluso, que puede generar una desventaja o ventaja inamisible con relación a las posiciones contrarias. Pero lo que tenemos que reconocer de entrada es que ese derecho se le reconoce a los que promueven una Consulta Popular, y lógicamente se promueve o contra actos del Ejecutivo o contra actos del Poder Legislativo, y estos poderes tienen por sí mismos estructuras mediáticas, de difusión y de propaganda muy importantes, además de la presencia y la cobertura en medios permanente.

No se genera ningún desequilibrio con relación a ningún otro grupo social porque la ley no concibe, ni toma como supuesto que hay un grupo social organizado para combatir la propuesta de Consulta Popular. Yo les decía al principio, en mi intervención en lo general, que debíamos honrar el espíritu de la reforma constitucional en la ley y posibilitar con mecanismos eficaces, pero también con instrumentos de difusión, la Consulta Popular.

Si de lo que se trata es de promover la participación ciudadana, no es fácil juntar un millón de firmas en el país para promover una consulta ciudadana. Se dice que detrás de muchas de estas organizaciones que pueden convocar a una consulta ciudadana están empresarios, y que pueden estar sindicatos, y que pueden estar agentes poderosos que pueden estar financiando, patrocinando esa convocatoria de Consulta Popular.

Ese argumento no es admisible, toda vez que permanece en el artículo 41 la prohibición para que ninguna otra persona, física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la Consulta Popular. O sea, no hay posibilidad alguna de que esos ciudadanos se abran cancha, hay que decirlo así, se abran cancha frente a las estructuras del poder para hacer escuchar su voz.

Yo desecho el argumento que dice que detrás de las convocatorias a Consulta Popular hay una falsa ciudadanía. No, hay una ciudadanía que no necesariamente quiere usar el cauce del sistema de partidos, ni de los Diputados o los Senadores para promover Consultas Populares.

Y ese cauce que quiere ser independiente del sistema de partidos o del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, debiera tener sus propios medios de difusión. Celebro que se haya eliminado al Presidente de la República de esta posibilidad, sí, lo celebro; pero lamento que porque no va el Presidente ahora tampoco los ciudadanos, ahí es donde yo veo una inconsecuencia en este artículo.

Ojalá que hubiera espacio para la reflexión, sé que no mucha, sé que no mucho habrá, pero es un tema fundamental. Son de las cosas que podrían, sinceramente, mejorar considerablemente la minuta, así como lo hicimos en los otros temas. ¿Qué costó? Pues un día de jaloneo, como se dijo, desde la mañana muchas votaciones internas, recesos y pudimos ir mejorando hacia una dirección correcta la minuta.

Pues, ¿por qué no cerrar con una rectificación también como ésta a favor de los ciudadanos que promuevan Consultas Populares para corregir decisiones del Poder Público? Es la única reserva que me queda viva, vamos a decir así; me gustaría que no quedara viva, que el Congreso, que el Senado la resolviera a favor.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Corral Jurado.

Informo a la Asamblea que el Senador David Monreal Avila hizo llegar a esta Mesa Directiva sus propuestas, las cuales en su momento se darán a conocer.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, para presentar sus reservas.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, no son reservas, yo vengo a presentar solamente una reserva, que después de este adéndum que se ha presentado, pues eventualmente no procedería, toda vez de que en este adéndum, aprobado por la mayoría de las comisiones unidas, se deroga la fracción IV del artículo 6 de esta Ley Federal de Consulta Popular.

Sin embargo, voy a reformular la reserva y le voy a pedir, señor Presidente, que conforme al Reglamento de inmediato someta a votación si se admite o no a discusión la misma, porque yo no sé por qué hacemos mal las cosas si las podemos hacer bien.

Si hubo un acuerdo entre distintos grupos parlamentarios para hacer reformas, no veo por qué la necesidad de un adéndum en lugar de apegarse estrictamente al Reglamento, y en las reservas en lo particular desahogar cada uno de los artículos en donde construyeron su acuerdo, porque esto lamentablemente no solamente enturbia el proceso legislativo, sino resta una profunda credibilidad al desempeño de nuestras funciones.

Yo por eso, antes de presentar una conclusión de este debate, quiero proponer una adición al artículo 6, la adición de una fracción IV donde se establezca con claridad el siguiente texto: “que propongan legislar sobre reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la emisión, reforma o derogación de leyes”. Porque creo que eso es lo que hace falta tener plenamente definido y no dejarlo a la interpretación.

Aquí hemos tenido un debate claro y elocuente, y desde mi punto de vista lo que queda claro es que el objetivo de esta ley reglamentaria del artículo 35 constitucional está diseñada para impedir, no la Consulta Popular en materia de la Reforma Energética, sino está diseñada para impedir cualquier Consulta Popular vinculada con reformas de carácter constitucional.

Aquí lo dijeron con toda claridad el Senador David Penchyna, el Senador Omar Fayad, el Senador Héctor Larios, partiendo solamente del supuesto establecido en el artículo 135 constitucional, cuando, como lo señalé en mi primera intervención, el artículo 39 establece no solamente el sistema de una democracia representativa, sino también mecanismos de la democracia y la participación directa.

No voy a seguir con este alegato vinculado con la soberanía popular, basta señalar los siguientes aspectos: en el ejercicio de las prerrogativas ciudadanas conferidas en el artículo 35 constitucional, fracción VIII, numeral 1o., inciso c), se sostiene que la vigencia de la Constitución y los derechos conferidos en ella no pueden depender de la voluntad de un órgano legislativo, ni soslayarse las reformas reglamentarias; por tanto tiene una aplicación directa por supremacía constitucional, y éste es superior a las normas reglamentarias cuando señala, en la fracción VII del artículo 35, que las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.

Así la figura de consulta es la manifestación concreta de voluntad popular a la que estamos obligados todos los representantes populares, ya que la Constitución está concebida como el Pacto Social por excelencia de la Nación mexicana y es producto de la lucha de nuestro pueblo y la lucha de nuestra nación.

Yo creo que en lugar de tanto debate y simulación mejor debieron haber establecido un artículo transitorio adicional, para no darle tantas vueltas al objetivo que se han propuesto para conculcar este derecho ciudadano a ser consultados en materia de reforma constitucional; no solamente la energética, aunque sé que los intereses y los negocios que involucra esa reforma es lo que ha inducido a elaborar una ley reglamentaria como la que estamos hoy discutiendo, y hubiera sido mejor establecer un artículo transitorio donde con toda claridad se diera carpetazo a la Reforma Energética y a cualquier reforma constitucional, que dijera simple y sencillamente, declarar, que la consulta en materia de reforma energética y toda reforma constitucional son asuntos total y definitivamente concluidos, eso es lo que debieron haber sostenido realmente en sus intervenciones.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

A petición del propio proponente, solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta presentada por el Senador Encinas Rodríguez e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite para su discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a la propuesta.

Modificación de la fracción IV al artículo 6: “Que propongan legislar sobre reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la emisión, reforma o derogaciones de leyes.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica si se admite...

- El C. Presidente Aispuro Torres: Permítame por favor. Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna Luna.

- La C. Senador Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Para pedirle, señor Presidente, si fuera usted tan amable de pedir votación nominal de los artículos reservados por el Senador Alejandro Encinas.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En virtud de que se da cumplimiento a lo que señala el propio Reglamento del Senado a la petición hecha por la Senadora, se abrirá el sistema electrónico para poder consultar a la Asamblea, si se admite a discusión dicha propuesta. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos.

La afirmativa es para que se admita a discusión la propuesta hecha por el Senador Alejandro Encinas, la negativa es para que no se admita a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, no se admite a discusión la propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar sus reservas.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Yo reservé muchos artículos, voy a argumentar rápido uno por uno.

En primer lugar, me parece muy grave, ya, después de haber leído el adéndum, prevalecen, a pesar de los acuerdos, varias dificultades.

En el artículo 14 se aumentan los requisitos para convocar a la Consulta Popular. Son requisitos que no están señalados en el artículo 35, fracción VIII de la Constitución, la hace más limitativa; y esta que estamos votando es una ley reglamentaria, no está por encima de la Constitución.

Aquí se establece, por ejemplo, como requisito, un Aviso de Intención, cuya falta en su presentación será causa para no admitir trámite a petición de la Consulta Popular.

Se establecen varios requisitos, se cierran en los hechos vías para la Consulta Popular, generando obstáculos para hacerla más difícil.

Por ejemplo, pide que se corrobore la firma, que sea la misma que aparezca en la credencial de elector a criterio de la Dirección Ejecutiva del Registro en forma discrecional, además de que las firmas suelen modificarse con el tiempo y varían mucho las firmas de un tiempo al otro, y quien va a decidir si es la firma o no, es la Dirección Ejecutiva del Registro.

También la Constitución no establece que deba describirse el número del reverso de la credencial de elector, que es un número larguísimo, inmanejable, muy difícil de copiar, se presta a errores y justamente para eso lo ponen, pero eso no lo marca la Constitución y lo están poniendo como un requisito, y eso es para poner obstáculos en contra de la consulta.

En el artículo 12, se establece la imposibilidad de que los ciudadanos participen en más de una consulta en dos vertientes, tanto en su participación, como en el respaldo a más de una consulta.

En el tema de su participación no pueden participar más que en una consulta, y en el tema del respaldo no le pueden dar su respaldo a más de una consulta.

Yo pongo un ejemplo, si los del movimiento, el grito más fuerte, piden a un ciudadano o ciudadana su firma y esa ciudadana se las quiere dar, no podría dárselas si ya se la dio al PRD, por ejemplo.

Esto se me hace muy limitativo, porque un ciudadano puede participar, puede apoyar la causa del PRD, puede apoyar la causa de Morena, puede apoyar la causa del grito más fuerte o de los artistas, de quien sea, y aquí esta ley se los impide.

También en el artículo 28, a pesar de la nueva redacción, parece un juicio sumario en el cual se somete un derecho constitucional.

En el artículo 28, el desechamiento de la solicitud en caso de que el instituto determine que la solicitud no contiene la cantidad de firmas suficientes, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, publicará el informe en la Gaceta Parlamentaria y procederá a su archivo como un asunto total y definitivamente concluido; no se le da a los ciudadanos el derecho a una explicación, a poder subsanar, como todos los procedimientos jurídicos habidos y por haber, en el caso de los ciudadanos, no.

También en el artículo 20 que se liga a varios, se pone como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados recibir las peticiones de Consulta Popular, pero esto también es extra constitucional, donde la Constitución establece al Congreso de la Unión en sus dos Cámaras para recibir esta solicitud.

¿Por qué sólo la Cámara de Diputados?

¿Por qué no lo va a hacer la Cámara de Senadores, si la Constitución le da derecho también a la Cámara de Senadores?

En el artículo 64, prácticamente se batea toda la obligatoriedad de la consulta vinculante. Una vez que ya es vinculante, de todas maneras no se acata esa vinculación, sino que se batea a la legislatura siguiente.

Y leyendo el adéndum aquí presentado, se batea a los tres años siguientes, que es decir lo mismo que la legislatura siguiente, es un mero juego de palabras, una mera simulación para decir exactamente lo mismo.

En el Artículo Quinto Transitorio se establece cómo un proceso actual de consulta se puede resguardar en dos requisitos: el aviso de intención y el formato, pero son requisitos que de por sí son excesos al proyecto que resultan completamente inconstitucionales y que restringen indebidamente un derecho ciudadano. Esto no lo pide la Constitución en su artículo 35.

Lo mismo omite señalar los plazos operativos, no se establece un plazo en el cual se deba de resolver el tema de una petición de consulta. Y le va a pasar lo que le pasa a las iniciativas de la izquierda que presentamos aquí, por ejemplo.

Todas nuestras iniciativas están archivadas, esas no merecen la atención, pueden ser muy buenas para México, pero aquí se archivan simplemente porque son de la izquierda.

Pues lo mismo puede pasar con la solicitud de consulta que hagan los ciudadanos. No se le pone un plazo para darle agilidad y en los hechos se hace nugatoria la solicitud de los ciudadanos.

Esta solicitud puede dormir el sueño de los justos porque no se establece ningún procedimiento ni tiempo para hacerla efectiva.

Además, yo estoy proponiendo que se agregue el artículo 66: En los casos en que la Consulta Popular se refiere a actos de imposible reparación, se suspenda el acto ejecutivo o la ley que se esté discutiendo si los ciudadanos respecto de ese tema solicitaron que se haga una consulta, si es que estos hechos son de imposible reparación.

Por todas estas razones y por muchas más, yo solicito que se sometan a consideración los textos alternativos que he entregado a la Mesa Directiva.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna. Con gusto lo hacemos al final o pide que se haga en este momento la votación.

Mire, el esquema que tenemos es que al final para hacer el trámite más ágil, se dé lectura a cada una de las propuestas que se han presentado y sean sometidas a votación artículo por artículo, como ustedes lo han presentado.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, para presentar sus reservas.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a presentarles mi reserva a los artículos 9 y 14 del contenido de este dictamen sobre el llamado Aviso de Intención. De origen, como se ha venido señalando por varios de mis compañeros Senadores, el presente dictamen transgrede el derecho ciudadano a la Consulta Popular.

Y hablando específicamente del Aviso de Intención, se trata de un requisito que tiene un formato riguroso y que, por ende, condiciona el ejercicio del derecho cuando se trata de una figura jurídica que ni siquiera existe en nuestra Constitución y es causa suficiente para no dar trámite a la solicitud de consulta.

El problema de fondo con esta figura se trata de la manera de cómo debe operar en sí, pues se concentra en la Cámara de Diputados y, por ende, en el centro del país.

Considero que contamos con los suficientes recursos tecnológicos para hacer más operativos los mecanismos de consulta en el caso de las personas alejadas al centro del país. Incluso, de ser necesario podríamos auxiliarnos de los congresos locales, evitando a toda costa ponerles trabas en el derecho ciudadano de la consulta.

Por otra parte, es completamente incongruente y sumamente gravoso el hecho de que el formato para llevar a cabo este procedimiento deba ser especificado por la Cámara de Diputados, pues la capacidad de ejercicio de un derecho no puede pasar por el visto bueno de la autoridad. Esto no es admisible.

Por lo tanto, pongo a su consideración que en el caso del artículo 9 se suprima la fracción I, en donde se define a la figura jurídica del Aviso de Intención y se suprima por completo el artículo 14, donde se explica el procedimiento para hacer operativo el mismo.

No atropellemos más los derechos de los mexicanos, ya de por sí es muy grave lo que hasta el momento se ha aprobado.

Estamos a favor del derecho para ser consultados, porque es un derecho humano y el Estado mexicano, aunque le duela al gobierno, está obligado a preservarlo y garantizarlo.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar sus reservas, quien pide hacerlo desde su escaño.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente.

Los artículos que habíamos presentado para reservar: 9, 14, 15, 20, 25, 28 y 32 del proyecto del dictamen, están inscritos ya en el adéndum. Por lo tanto, han sido resueltos de manera afirmativa.

Eso quiere decir que se reconoce en el proyecto también la integración de la Cámara de Senadores como parte del Congreso de la Unión.

Es decir, se resuelve que no se reconozca solamente la Cámara de Diputados, sino las dos Cámaras del Congreso de la Unión.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora de la Peña Gómez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, para presentar sus reservas.

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, señor Presidente.

La propuesta que pongo a la consideración de todos ustedes, compañeras y compañeros Senadores, la hago a nombre propio y también a nombre de la Senadora Marcela Torres Peimbert, y es una propuesta que hemos hecho propia a solicitud del colectivo reforma política, y tiene que ver con ¿cómo podemos facilitar la forma de recolección de firmas de respaldo a una solicitud de Consulta Popular?

El artículo 15 del proyecto establece que el formato para la obtención de firmas será determinado por la Cámara de Diputados.

Si bien este texto propuesto en el proyecto no establece las características que debe tener este formato y, por tanto, lo deja abierto para ser, como lo dice claramente, resuelto por la Cámara de Diputados, sí creemos que sería deseable que se especificara que dicho formato pueda ser tanto físico como digital, ya que con la tecnología con la que contamos hoy en día se podrían generar nuevos sistemas, como el biométrico, para recabar la huella digital, lo cual facilitaría no sólo la recolección de las firmas, sino incluso la compulsa de las mismas. Es decir, la verificación de la identidad de los peticionarios o incluso se podría usar la firma electrónica que hoy día ya es utilizada por el SAT para pagar impuestos.

Entonces, de esa manera estaríamos, insisto, facilitando la recolección de las firmas y también la verificación, ayudándole al INE en esta tarea. De eso se trata esta propuesta, el texto es muy sencillo, sólo se trata de adicionar una línea al artículo 15 para que establezca que el formato de recolección de firmas pueda ser físico o pueda ser digital.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C.Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Rojas Hernández.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, para presentar sus reservas.

- El C.Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Señor Presidente de la Mesa Directiva, con su permiso. Compañeras y compañeros Senadores:

En estas consideraciones con el aumento de los requisitos para convocar a la Consulta Popular, nada más les hace falta que incluyan el acta de defunción para que puedan participar los ciudadanos en las consultas.

Ese es un requisito que muchas veces en las elecciones les ha funcionado a diversos partidos, así que en la Consulta Popular podría ser efectivo.

Y ajeno a lo establecido por el texto constitucional, el artículo 35 en la fracción VIII, de la propuesta que pretende establecer una serie de barreras para solicitar la realización de la Consulta Popular al exigir el cumplimiento de estos prerrequisitos formales anteriores a la presentación de la solicitud.

Está la sujeción de los solicitantes al uso de un formato foliado para recabar firmas expedido por la Cámara.

El artículo 15 del proyecto exige a los peticionarios de consulta que, además de dar el aviso correspondiente, obtengan de la Cámara de Diputados un formato especial apropiado para ésta, necesariamente el pleno ante la no especificación legal de otro órgano para poder recabar estas firmas, formato que deberá ser foliado y yo pregunto aquí ¿por qué no el Senado también? ¿Por qué no nada más la Cámara de Diputados? ¿No queremos tener más trabajo?

Ello impone a los peticionarios un requisito gravoso, pues al depender de la voluntad colectiva de la Cámara, la expedición del formato puede presentar problemas como el que no se expida, ante la falta de voluntad de acuerdo al seno de los grupos parlamentarios.

Qué raro, eso nunca pasa.

Igual que se pide un formato confuso o que se desaliente la participación, esa va a ser la constante, que se expida un número de folios apenas suficiente para el número de firmas requerido lo que importa problemas ante su extravío, el error en su llenado o que restrinja la participación extensa de la ciudadanía y que el cúmulo extenso de peticiones imponga la Cámara una carga excesiva de trabajo que distraiga la labor legislativa.

El requisito supera, además, las exigencias constitucionales, compañeras, compañeros, el procedimiento para esclarecer la pregunta, el artículo 35 fracción VIII de la Constitución Federal faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.

Sin embargo, el proyecto de ley pretende resolver una cuestión adicional, el carácter imparcial de la pregunta por vía de la cual se desahogará la consulta.

Por ello, el proyecto establece que la pregunta deberá revestir las siguientes características: no ser tendenciosa con tener juicios de valor, emplear lenguaje neutro, sencillo y comprensible y producir una respuesta categórica en el sentido positivo o negativo.

Como no puede ser el Congreso el que califique el cumplimiento de dichas características en la pregunta que aporten los ciudadanos, el proyecto encarga dicha tarea también a la Corte, lo que resulta conveniente.

Sin embargo, para dar pleno cumplimiento al texto constitucional, la Corte no puede desechar una pregunta cuya materia resulta constitucional, pero que no cumpla con las características anotadas.

Por ello, el propio proyecto establece que la Corte pueda modificarla, lo que en principio resuelve el problema, pero genera un nuevo problema, la posibilidad de que la Corte desvirtúe el sentido de la cuestión planteada por los ciudadanos respecto del tema de la consulta.

Para atender este último problema, resulta conveniente establecer un procedimiento de apercibimiento, por parte de la Corte, mediante la cual pueda solicitar a los representantes ciudadanos que reformulen su pregunta por una sola ocasión informándoles las características que se aprecian incumplidas y los parámetros técnicos que deben considerar para hacerla viable.

Sólo después de recibida la reformulación o cumplido el plazo del apercibimiento de la Corte, podrá realizar las adecuaciones correspondientes.

Luego viene el tema de la clave de elector o el OCR de la credencial para votar con fotografía vigente en los artículos 15, fracción IV; 23, fracción II y 33, fracción II.

El artículo 35 constitucional exige un número de ciudadanos que respalden la petición; por lo tanto, la petición sólo está obligada a solventar los requisitos que cumplan con ese extremo. Es decir, que permitan la identificación de las personas que lo suscriben y su calidad de ciudadanos; exigir otro dato que no sea ese mínimo indispensable excede el requisito constitucional.

Las exigencias de dos datos contenidos en el mismo documento oficial que de manera individual llevan a la misma posibilidad de identificación del ciudadano rebasan lo dispuesto, nuevamente, por el texto constitucional, agravando en perjuicio del colectivo que suscribe la posibilidad de ejercer el derecho de iniciativa al burocratizar el procedimiento de suscripción.

Lo anterior se agrava al observar el texto propuesto en el artículo 33, párrafo tercero, fracción II del proyecto de Decreto, que establece que las firmas no se computaran cuando no se acompañen de ambos identificadores.

Ello puede llevar a la circunstancia inconstitucional de que estando algunos de esos identificadores incorrectos se niegue al ciudadano el derecho de suscripción de la petición, aun cuando sea plenamente identificado.

En ese sentido, proponemos que el ciudadano proporcione cualquiera o ambos identificadores, pero que baste con que uno de ellos sea correcto para que su firma sea computada.

Por otro lado, en los procedimientos de democracia directa debe considerarse como principio la buena fe del ciudadano, por lo que el proceso de comprobación de las firmas y de los elementos formales de la iniciativa debe posibilitarse que las deficiencias sean suplidas por la autoridad.

No encuentra sustento e injustificación lógica del anteponer la facilidad en la labor de la autoridad para la identificación de los peticionarios a la capacidad del ciudadano para ejercer un derecho constitucional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea, la propuesta por la que se modifica la nomenclatura de las secciones segunda y se adicionan los artículos 15, 23 y 33 del Decreto del dictamen para quedar como sigue:

El artículo 15… se deroga.

El artículo 23 se anexaría y quedaría como sigue:

II. Anexo que contenga los nombres completos de los ciudadanos y su firma, además de la clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial para votar con fotografía vigente.

Artículo 33, en la fracción II: No se acompañe la clave de elector o el número identificador al reveso de la credencial para votar con fotografía vigente.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, para presentar sus reservas.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, señor Presidente, muy agradecido por la oportunidad.

Me dieron la oportunidad de ver con más cuidado este nuevo adéndum, ahora la moda es adéndum; a través de un adéndum reforman el dictamen.

Sigo considerando que es un atropello porque, cuando se presenta un dictamen, el Reglamento del Senado establece que debe darse un plazo de 24 horas para que pueda conocerse del dictamen, mínimo, es un asunto de publicidad obligada.

Y aquí sueltan tranquilamente otro adéndum. Recordemos el que metieron, el cachirul, en la reforma energética.

Ya revisamos los 15 cambios, voy a entregar lo que había yo propuesto, y la verdad es que voy a citar a Fernando Mayans, que dijo: “Que todo esto es gatopardismo”, y eso es.

Esas 15 reformas o cambios reducen las áreas que están restrictivas, bueno, una luz de que aquí se mencionó, se hizo un recuento en varias ocasiones de la cantidad de restricciones que establece esta ley para que no haya consulta.

Lo único que hacen con estos 15 cambios, en realidad, es reducir las restricciones, eso es todo, pero siguen habiendo restricciones que no están en la Constitución, por lo tanto, se van más allá. O sea, aquí este arreglo que hicieron fue para taparle el ojo al macho.

Es importante lo que se tachó en los artículos 5 y 6, pero es absolutamente una falsa solución.

Es obligación del legislador establecer con claridad sus leyes, sus decretos, sus reformas, porque de no establecerlos con claridad, dejan a la interpretación sin tener una base para ello; y es lo que están haciendo.

No ponen, se niegan y ocultan de lo que se trata: no permitir la consulta de las reformas constitucionales. Eso es todo el ruido, es solapar ese alud de reformas que ustedes hicieron, que destruyen y vacían la Constitución de la República, que establecen toda una serie de medidas para favorecer a la oligarquía nacional y se olvidan del pueblo que está cada vez peor, en un crecimiento absurdo, cero, ¿verdad? Casi.

Entonces, eso es todo, es todo, y hay que decirlo, están solapando al Presidente de la República para que no haya una consulta de sus reformas. Eso es todo.

Y aquí ya lo reconocieron, por eso vuelvo a insistir, ya lo reconoció Larios, ya la reconoció Penchyna, ya la reconocieron varios. Todo se deja a la interpretación de la Suprema Corte y la Suprema Corte va a tener que interpretar lo que no existe, siendo que puede poner, y que deberían de poner, y que es una hipocresía no poner que la consulta debe de permitir consultar al pueblo sobre reformas constitucionales, esa es toda la marrullería que sigue existiendo en esto.

No es cierto que se corrija nada, insisten en no ponerlo y es realmente una vergüenza de este Congreso, de este Senado en particular, que estén haciendo eso.

Y todos los oradores han dicho con toda vehemencia: “Que están a favor de la participación del pueblo; que este es un gran paso de democracia directa”. Y no es cierto, porque en donde ha habido este alud de reformas en contra de la propia esencia de la Constitución, es en donde deberíamos de permitir, de manera inmediata, que hubiera una Consulta Popular, que hubiera una participación directa de los ciudadanos para que pudiéramos participar en decisiones que están hoy secuestradas por este Senado, que lo único que hace es servir a Peña Nieto, eso es todo.

Están ustedes engordando a Peña Nieto.

Están ustedes protegiendo reformas que el pueblo no quiere.

Están simulando que están a favor de la democracia y están cerrando los caminos a la democracia de este país.

Lo dijo Camacho en la mañana, espléndidamente: “Están generando un bloqueo terrible que lo van a tener que pagar”.

Claro, ya aprobaron la reelección, y entonces pretenden o van a pretender quedarse aquí eternamente para seguir representando los intereses oligárquicos y servir al amo, que para ustedes es, y es la verdad panistas o perredistas, sin duda alguna, Enrique Peña Nieto, a quienes ustedes sirven dócilmente.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Adolfo Romero Lainas, para presentar sus reservas.

- El C. Senador Adolfo Romero Lainas: Buenas noches. Con su permiso, señor Presidente.

Reservo solamente un artículo, el artículo 17 del dictamen de proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular.

El propósito de hacer esta reserva es para que el artículo 17 de la Ley Federal de Consulta Popular, referido a la facultad del Presidente de la República para presentar una petición de Consulta Popular, sea hecha a cualquiera de las Cámaras del Congreso, como se señala, se adicione, que en el caso de que dicha solicitud se presentara durante los recesos del Congreso, se haga ante la Comisión Permanente, dando cumplimiento al mandato de los artículos 73 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la facultad del Congreso y a los recesos de éste, respectivamente.

De tal manera, propongo que el artículo 17 de la Ley Federal de Consulta Popular quede de la siguiente manera:

Artículo 17.- La solicitud de petición de Consulta Popular que realiza el Presidente de la República, podrá ser presentada en cualquiera de las Cámaras del Congreso o durante sus recesos en la Comisión Permanente del Congreso, quien la turnará a la Cámara que se señale en la petición.

Como ven, de esta manera se aseguraría que al trámite, se le dé continuidad.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Romero Lainas.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar sus reservas.

- El C.Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Son tres reservas que presento a título personal, y como lo ha mencionado también la Senadora Laura Rojas, comparto preocupaciones con el colectivo de ciudadanos, Reforma Política Ya, que ha estado tan pendiente de este debate, son reservas a los artículos 19, 23 y 28.

Y las tres tienen que ver con elementos similares, con elementos de llevar este dictamen a una idea de Ley Federal de Consulta Popular que amplíe la democracia; y por ampliar nuestra democracia, quiero expresar, el darle más elementos a los ciudadanos para participar, más elementos para que puedan influir y para decidir el rumbo de la nación.

Se trata de darle más poder al ciudadano; y para lograrlo, crear nuevos equilibrios a favor del ciudadano. Se trata, pues, de empoderar al ciudadano frente al gobernante y no al contrario.

¿A qué me refiero?

El artículo 19, que se refiere a la petición de Consulta Popular y más particularmente a la presentación de la petición, establece atribuciones al Presidente de la República y también a los legisladores federales, para retirar su solicitud de consulta, antes de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, otorgándoles, de esta manera, la posibilidad de presentar una nueva.

Es decir, el Presidente presenta una propuesta de consulta y después puede retirarla y presentar otra, siempre que se realice dentro del plazo establecido en el artículo 13.

Desde nuestra óptica, ésta es una atribución ventajosa, una atribución que premia la ineficiencia y la falta de seriedad; o peor aún, que abona a la confusión y juega al cálculo político, particularmente desde el Ejecutivo Federal.

Insisto, aquí se trata de empoderar al ciudadano y no de crear sobreprotecciones al Ejecutivo Federal.

Si el Presidente de la República quiere realizar una consulta, está bien que la solicite, y si se considera que no alcanzará sus objetivos tiene el derecho de retirarla, pero ya no de ajustarla sobre la marcha. Eso pervierte el sentido de la consulta y, además, acomoda el interés ajeno al de los ciudadanos para su realización.

Por ello propongo que si el Ejecutivo Federal o los legisladores federales presentan una solicitud de consulta y posteriormente la retiran, pues que pierdan en ese proceso electoral la oportunidad de presentar una nueva propuesta.

Es muy fácil presentar algo, medir la opinión pública y sobre la marcha retirarla y presentar una nueva. Creo que eso no abona a los objetivos de este dictamen.

Luego, en el artículo 23, en la parte que se refiere a los requisitos para la petición de una consulta, hay otro ejemplo de cómo en este dictamen se deja de lado facilitarle a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho, mientras que hablábamos del artículo 19, que se le quieren tender redes de protección al Ejecutivo Federal.

¿A qué me refiero?

En el artículo 23, se especifica que la solicitud de una consulta, cuando provenga de los ciudadanos, además de los requisitos del artículo 21, de especificar el nombre del solicitante, la pregunta que se propone, los detalles de los preceptos legales a la consulta, se debe de entregar un anexo. Anexo que contiene los nombres completos de los ciudadanos, la firma, la clave de elector, la CURP, de la credencial para votar con fotografía, requisitos que, bueno, sí me parece que son redundantes, pero aparte de eso, no se abre la posibilidad expresamente de que dicho anexo, que será de millones de firmas, en la realidad, pues puede entregarse en un formato electrónico o digital, haciendo uso de las tecnologías que ahorra tiempo, recursos y hasta espacio físico.

No se trata, pues, de disminuir la confiabilidad de los instrumentos ni tampoco de encontrar una puerta trasera para incumplir requisitos. Se trata de actualizarnos tecnológicamente y de hacer uso de los instrumentos que los avances de la ciencia, literalmente, ponen en nuestras manos. Y además, de adecuar en esta parte, a los otros mecanismos que el derecho comparado nos indica, que generalmente están presentes para la solicitud de consulta, que generalmente tienen que ver con tecnologías digitales.

En ese sentido, propongo a esta Honorable Asamblea, en que la fracción II del artículo 23, facilite a los ciudadanos el proceso de formación, entrega del anexo, abriendo la posibilidad de que éste se pueda presentar física o digitalmente.

Me parece que eso es pensar en el ciudadano y sería auxiliarle en el ejercicio pleno de sus derechos, con una mentalidad de la segunda década del siglo XXI, y no con una actitud burocrática, de desconfianza y por tanto, se obstaculizaría e inhibiría el ejercicio de los derechos ciudadanos, con una actitud propia de gobiernos, de la primera mitad del siglo pasado.

Y para concluir, señor Presidente, compañeras y compañeros, para concluir la presentación de mis reservas, hago un llamado para revisar en ese mismo sentido, de alentar el ejercicio de nuevos derechos y responsabilidades ciudadanas, a modificar la fracción II del artículo 28.

En esta fracción se establece, que si el Instituto Federal Electoral, o en este caso el INE, determina que no se cumple con el requisitos establecido en el artículo 35, Apartado 1, inciso c) de la Constitución, que se refiere al número de ciudadanos para la realización de una Consulta Popular, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados publicará el informe en la Gaceta Parlamentaria y dará cuenta y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido.

Aquí lo que me parece, es que nuevamente se le está limitando la posibilidad de ejercicio de un derecho a los ciudadanos, pues a rajatabla, si por alguna razón el anexo no está completo o hay ciudadanos repetidos, pues hay que recordar que es un expediente voluminoso y complejo, construido desde fuera de las instituciones y del formalismo, no se presenta ninguna oportunidad de subsanar el expediente; no se presenta ninguna oportunidad de corrección, simple y sencillamente se cancela la posibilidad de solicitar una consulta.

Ahora sí como las corcholatas que no traen premio, simplemente se dice: gracias por participar. Entonces, pareciera que esa idea es la rúbrica de quienes plantearon de esta forma el texto de este dictamen y de este artículo en particular.

Nuevamente, se deja entrever el código genético de una reforma, que, por un lado en el artículo 19, le abre una ventaja al Ejecutivo y también a los legisladores; pero en el caso de cuando la consulta es solicitada por los ciudadanos, un solo error sería suficiente para tumbarles la posibilidad de consulta, sin darles un plazo mínimo para subsanar o corregir errores.

Por eso, compañeras y compañeros, me permito proponer que en la fracción II del artículo 28, se establezca la posibilidad de subsanar omisiones en un periodo de 15 días, un elemento básico para poder corregir y acceder al ejercicio de un derecho, respetando el esfuerzo de millones de mexicanos que organizan un complejo y titánico esfuerzo en pro de una vida democrática más activa.

Por eso, compañeras y compañeros, creo que la Consulta Popular debe de tener un sentido, un código genético a favor de los ciudadanos, a favor del pueblo, y para eso hay que darle vías accesibles a su participación y no un tortuoso laberinto burocrático, lleno de obstáculos para acercarse a un espejismo.

Construyamos pues una ley accesible, una ley favorecedora y una ley que aliente, realmente, a la participación.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, para presentar sus propuestas.

- El C.Senador Isidro Pedraza Chávez: Buenas noches, compañeros.

Vengo a presentar, señor Presidente y compañeros del Pleno, la reserva del artículo 25.

Este artículo establece un término de tres días naturales para subsanar alguna omisión, que el promovente haya omitido en el trámite o que su documento que presenta sea ilegible no establezca domicilio o haya olvidado u omitido presentar el respaldo de las firmas, con las que pretende esta consulta.

Y en estos casos, estamos solicitando que pueda, en lugar de darle tres días naturales, porque esto se debe considerar como materia electoral, y en materia electoral todos los días son hábiles, no hay días naturales, primera cuestión; digo, si quedara como está en el documento habría que cambiarle eso de los días.

Y la siguiente cuestión es que queremos ampliar el plazo a 15 días, para que en un plazo de 15 días el promovente pueda sustanciar las omisiones que haya presentado al momento de acudir a su trámite de una promoción de Consulta Popular.

Esta certeza de plazos, de prórroga, nos ayudará a que dentro de toda la fragilidad que vemos de esta ley, porque ha sido, de alguna manera, por algunos cuestionada como una ruta fiable para la consulta, yo quiero decirles que va a haber consulta, compañeros, lo reitero; va a haber una consulta sobre el tema energético y va a ser acompañada por la movilización social, particularmente por la fuerza de la sociedad que va a obligar a que este procedimiento se agote; y como es vinculatorio, consuma finalmente la derogación de estas reformas aprobadas en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.

Por eso, decirles que en esta propuesta que estamos haciendo, y que vengo a hacer particularmente al artículo 25, es imprescindible darle este derecho de subsanar omisiones de acuerdo con un procedimiento que establezca facilidades.

Esto, compañeros, no altera el procedimiento, da esa posibilidad y puede muy fácilmente ser reflexionado por esta Cámara de Senadores, por este Pleno, y seguramente contaré con su anuencia para que este documento que estamos presentando aquí, sea propuesto a votación, y sea aprobada la ampliación del plazo de referencia.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Torres Peimbert para presentar sus reservas.

- La C. Senadora María Marcela Torres Peimbert: Gracias, señor Presidente.

La reserva que vengo a presentar, la presento en conjunto con la Senadora Laura Rojas, y también impulsada por el colectivo Reforma Política Ya, que ha estado pues muy cercano a nosotros en todo este proceso.

Desde luego, no cambia de manera sustantiva el espíritu del dictamen, pero sí facilita, en cierta medida, a las ciudadanas y ciudadanos a que puedan presentar con más éxito alguna Consulta Popular, y va en el mismo sentido de la que presentó el Senador Zoé Robledo.

Al establecer en el cuerpo de la Constitución como requisito para convocar una Consulta Popular ciudadana que debe ser apoyada por un número equivalente en firmas a por lo menos el 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, fijamos un gran reto para las y los mexicanos en una sociedad que se caracteriza por la baja participación de la ciudadanía, un número escaso de organizaciones de la sociedad civil, apenas 22,000, para 120 millones de mexicanos y una incipiente cultura política.

El gran esfuerzo que implica para la ciudadanía movilizarse para conseguir aproximadamente 1 millón 600 mil, firmas necesarias para hacer efectivo su derecho, debe obligarnos, como sus representantes, a proteger el derecho, dándoles la oportunidad de subsanar, que además es un derecho, posibles anomalías de forma que pueda haber en caso de no cumplir con algunos de los requisitos señalados por la ley.

Por ello, propongo, junto con la Senadora Laura Rojas, modificar la fracción II del artículo 28, a efecto de que se conceda un plazo de 30 días, contados a partir de la notificación de los interesados, para que puedan corregir posibles anomalías que existan en el documento que avale la convocatoria de la consulta.

Es necesario proteger la labor titánica que tendrán que llevar a cabo las y los mexicanos para conseguir el apoyo necesario a fin de ejercer su derecho de Consulta Popular, consagrado en el artículo 35 de la Constitución.

Creo que es lo mínimo que podemos hacer a favor de las y los ciudadanos, ya que el umbral requerido es suficientemente alto y los requisitos pues son exagerados, desde mi punto de vista.

Muchísimas gracias, por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senadora Torres Peimbert.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, para presentar sus reservas.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

Sin duda alguna, ha sido un proceso de discusión largo, hemos hecho notar varias de las deficiencias que traía el texto original, y me parece que es positivo que se haya identificado, especialmente esa trampa que tenía el artículo 5 de la ley en el cual la intención de dejar la frase de: “...Congreso de la Unión...”, implícitamente imposibilitaba la posibilidad de resolver los temas referentes a cambios constitucionales.

Pero si bien esto es un avance, hay que insistir presentando planteamientos que nos permitan verdaderamente garantizar la mejor condición para celebrar estas Consultas Populares.

Y, sin duda alguna, el artículo 41 es uno de los más importantes.

Es importante y trascendente porque tiene que ver con la igualdad en el acceso a medios en el momento más importante de la realización de la consulta.

Y este planteamiento es especialmente significativo, porque en este cuerpo colegiado hemos venido discutiendo la necesidad de que haya un acceso equitativo a medios, no solamente alrededor del tema de la Consulta Popular, sino ha sido un señalamiento que el propio titular del Ejecutivo, desde que fue electo Presidente, planteó como uno de los temas de agenda, el tema de la publicidad gubernamental.

Y me parece que ahí hay uno de los puntos de mayor trascendencia en este debate.

¿Cómo hacemos para que el titular del Ejecutivo Federal esté en las mismas condiciones que los ciudadanos y las ciudadanas? O plantémoslo al revés para que suene con toda fortaleza lo que debemos o lo que aspiraríamos a que pudiera tener una Consulta Popular que es, cómo garantizamos que aquellos ciudadanos y ciudadanas que se han organizado en un orden de 1 millón 600 mil personas como piso, que está en un esfuerzo de hacer un planteamiento que permita cambiar la Constitución o que permita cambiar las leyes; ¿cómo hacemos para que tengan la misma capacidad, la misma energía, los mismos instrumentos para comunicar su posición?

Y desafortunadamente el texto que aquí se nos propone, todavía es muy limitado. No se garantizan, porque no se especifican en el texto de la ley las condiciones de igualdad.

Precisamente por eso, el texto que propongo a ustedes como reserva, lo que busca es, y me permito leerlo frente a ustedes, que el artículo 41 establezca con toda puntualidad, que: “El instituto promoverá la difusión y discusión informada de las Consultas Populares que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión y garantizará el acceso igualitario a la radio y la televisión a quienes hubieran presentado la petición y a la autoridad que conozca del acto relacionado con el tema sujeto a consulta....”.

Hay quienes aquí quisieran argumentar a favor del Ejecutivo, y desafortunadamente esa es la visión que ha imperado en este texto, señalando, y me tocó escuchar en algunas de las reuniones de trabajo que, ¿cómo podíamos hacerle para que el titular del Ejecutivo no estuviera en desventaja frente a los ciudadanos? Bueno, pues basta ver no solamente la cantidad de spots que hay en este momento respecto al tema energético, sino con la casi obvia toma que hacen los medios de cada declaración que día con día hace el titular del Ejecutivo; día con día cuando ustedes prenden la televisión, en cualquiera de los medios, pues ven que el titular del Ejecutivo se vuelve nota.

Y me parece que esto es especialmente relevante porque pensar que el Ejecutivo no tendría injerencia, por más que tenga el bloqueo de parte de la ley electoral, pues es desconocer la historia. Ahí está el Presidente Vicente Fox teniendo una clara intromisión en el proceso electoral cuando estaba claramente estipulado en la ley la imposibilidad de hacerlo y sesgando la elección.

Esto no solamente lo opino yo, fue lo que dijo al final del día el Tribunal Federal Electoral en aquella elección de 2006. De tal manera, compañeras y compañeros, que nos parece importante que haya una modificación sustantiva para garantizar que todas las ciudadanas y los ciudadanos como sujetos colegiados que estén organizando esta Consulta Popular, pues puedan tener un acceso igualitario a los medios para que puedan exhibir su posición, para que puedan informarle a los ciudadanos y entonces sí, que aquellos que estén a favor del planteamiento de los ciudadanos salgan a votar en consecuencia.

Y si no lo lograran comunicar, pues obviamente tendrían la dificultad de lograr los votos, pero si hay inequidad, si hay falta de igualdad en el acceso a los medios, seguramente estaremos truncando este proceso en una gran medida.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ríos Piter.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Rabindranath Salazar Solorio, para presentar sus reservas.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Presentamos las reservas a los artículos 41 y 64 de este proyecto. La Consulta Popular es una representación de la vida republicana de una nación, no es posible concebir a la Consulta Popular sin el concepto de democracia directa y de soberanía; es el poder que recae en el pueblo para elegir su forma de gobierno y su respectiva conducción mediante su representatividad ante la toma de decisiones en los temas de trascendencia nacional.

Para las y los legisladores de izquierda, los mecanismos de consulta y participación ciudadana son consustanciales al respeto y a la defensa de la soberanía, pues consideramos que el poder otorgado por el ciudadano para ejercer las labores gubernamentales no es, ni por mucho, un cheque en blanco que permite que el gobernante haga y deje de hacer sin tomar en cuenta la opinión y participación de una sociedad cada vez más informada, con más y mejores instrumentos para formarse un criterio acerca de los asuntos públicos, recurriendo para ello a la máxima: “El gobierno es quien propone y el ciudadano es quien tiene o debiera tener la última palabra”.

La modificación que se promueve tiene por objeto establecer el principio de equidad en la promoción de la consulta que garantice el acceso equitativo e igualitario a los medios de difusión de radio y televisión, a quienes presenten la consulta.

Este principio no podrá limitarse a difundir el desarrollo de la consulta misma, sino transmitir la información de fondo del tema que se somete a consulta que permite emitir una opinión respecto del tema propuesto. De igual manera, se considera que este tipo de práctica democrática directa debe llevarse a cabo de manera libre y ajena a factores externos que distorsionen y manipulen la información confundiendo al ciudadano al momento de emitir su opinión.

Por lo que preguntarle a la ciudadanía sobre un tema trascendente y al mismo tiempo bombardearla desde los medios masivos de comunicación para orientar su opinión, es tanto como engañarnos a nosotros mismos y pretender actualizar el viejo adagio que reza: “Repite cien veces una mentira para que se convierta en una verdad”.

Existen recientes y graves antecedentes a manera de ejemplo, de cómo el gobierno federal, abusando del poder mediático con el que cuenta e incluso faltándole el respeto a este Congreso, generó una intensa campaña mediática en spots de radio y televisión que propagaban las supuestas bondades de la reforma energética propuesta por el titular del Ejecutivo Federal.

Ello nos lleva a la siguiente conclusión: si al gobierno federal no le importó pasar por encima del Congreso, ¿qué garantías tienen los ciudadanos de que no será una vez más bombardeado durante una Consulta Popular?

Sirve el ejemplo anterior, que además de haber sido una clara muestra de intromisión por parte del Ejecutivo en el proceso legislativo, no tiene otro calificativo que el uso ventajoso e irresponsable de los medios masivos de comunicación con la transmisión constante de propaganda gubernamental de una reforma que ya se daba por hecho en su aprobación, reduciendo al Congreso de la Unión a una simple oficialía de partes.

Ante tales circunstancias, sería indispensable dotar al Instituto Nacional Electoral de medios y procedimientos sancionatorios para conocer y, en su caso, resolver las quejas y violaciones, a efecto de garantizar el acceso equitativo e igualitario a los tiempos destinados en medios de comunicación a aquellos que invoquen a una Consulta Popular.

Aunado a lo anterior, es fundamental establecer procedimientos normativos que aseguren el debido cumplimiento de las resoluciones vinculantes emanadas de una Consulta Popular, siendo indispensable que en la legislación que se somete a consideración de esta Cámara de Senadores, se incorpore una sanción para aquella autoridad que omita ejecutar las acciones y políticas que a través de los mecanismos de Consulta Popular instruya al ciudadano.

Por lo que esta desobediencia debe de ser considerada una falta en términos de la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos y estar sujeta a sanción, pues en este caso el bien jurídico tutelado es la administración pública. De tal manera que establecer un mecanismo de coacción vendría a completar una legislación en donde hasta el momento no existe la obligación de cumplir con el mandato establecido en una Consulta Popular.

Más aún, debido a que los asuntos cuyo objeto de consulta son considerados por la propia norma propuesta como de trascendencia nacional, por lo que su incumplimiento deberá tener la misma trascendencia negativa para la nación y, por ende, tendrá que ser sancionada de manera enérgica en los términos de la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Lo anterior a efecto de que el cumplimiento de una Consulta Popular no sólo se convierta en una carta de buenas intenciones.

Por lo anteriormente expuesto ante esta Soberanía, es que proponemos que en el dictamen que se somete a consideración se incorpore de manera expresa la prohibición de que la autoridad haga propaganda del o los temas sujetos a Consulta Popular a partir de la mención de la convocatoria, así como reglamentar la obligatoriedad de que el instituto establezca un procedimiento específico para conocer y, en su caso, resolver las quejas y presuntas violaciones a las disposiciones contenidas en el artículo que se propone modificar; y de igual manera establecer en la ley aquellos procedimientos que garanticen el cumplimiento de las resoluciones emanadas de una Consulta Popular con carácter vinculatorio para los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para sus autoridades competentes.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Salazar Solorio.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Gracia Guzmán, para presentar sus reservas.

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: Con la venia de la Presidencia.

Bueno, ya ni las vamos a votar, pero las dejamos para el testimonio.

Mi reserva es como el “Copy/Paste” y el desentendimiento hace que un error se lleve de ley en ley y se potencialice. A mí me tocó, como candidato a Senador, que mi fórmula perdiera por menos de un punto porcentual, y cuando estaba yo listo para el recuento, después de la elección de Senador, pues me puse a leer el COFIPE, y lo que dice el COFIPE es una barrabasada: que el recuento se da cuando la diferencia sea de menos uno por ciento en la elección distrital.

Y en ningún distrito ni ganábamos, ni perdíamos por menos de un punto porcentual. En consecuencia, cuando solicitamos al Consejo Local del IFE que hiciera el recuento correspondiente nos lo denegó, lo cual fue ratificado por la instancia jurisdiccional electoral.

Yo en el primer periodo de sesiones presenté una iniciativa para corregir este error, porque no quisiera ver qué pasaría si en la elección presidencial alguien pierde por menos de un punto porcentual y le denieguen esta posibilidad en función de que la diferencia únicamente debe ser en lo distrital, y este error no solamente lo mantenemos en el COFIPE, sino que hoy lo llevamos al tema de la Consulta Popular. Si la Consulta Popular tiene una diferencia de menos del uno por ciento en el global no habrá recuento, pero si en un distrito sí lo hay, ahí sí habrá recuento.

Yo pido que se modifique el texto para que la diferencia que genera el recuento no sea la diferencia en uno de los 300 distritos federales, sino que sea en la global que es realmente donde la cercanía afecta.

Sé que la van a rechazar, un error más que se lleva esta Legislatura.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Gracia Guzmán.

Finalmente, para presentar sus reservas, se le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Buenas noches compañeras, compañeros. Con su venia, señor Presidente.

La reserva es al Artículo Quinto Transitorio, y me parece que es un gran ejemplo este artículo e ilustra muy bien, que la verdadera intención de esta Ley Federal de Consulta Popular es simplemente complicar los trámites burocráticos para conculcar un derecho constitucional, de manera burda se pretende cerrar la puerta a la consulta.

Imagínense nada más, se está pidiendo que haya un Aviso de Intención, todo para que no haya la posibilidad de que la Reforma Energética sea sometida a una Consulta Popular.

Si la Reforma Energética nos va a dejar sin petróleo también nos puede dejar sin democracia; la alianza que tiene el PRI con la derecha hoy otra vez se renueva vigorosamente y nos demuestra que de aquí en adelante lo principal va a ser proteger el modelo privatizador de los energéticos, a cualquier costa y pasando encima de lo que sea.

Cualquier amenaza que se presente a este modelo va a ser totalmente bloqueada. Si hoy se hace una ley insuficiente a todas luces para bloquear la consulta, qué podemos esperar más delante de otras reformas o de otros obstáculos que se pondrán para evitar que se genere una amenaza al modelo privatizador.

El objetivo de la democracia mexicana ahora será defender los intereses que representa esta reforma energética.

Hay a nivel internacional, y de manera teórica, el ejemplo de la maldición de los recursos. ¿Por qué algunos países ricos en recursos naturales son muy pobres y normalmente tienden a tener gobiernos autoritarios?, la clave está precisamente en el desarrollo institucional que tienen; y hoy lo que estamos haciendo aquí al eliminar prácticamente con esta ley el derecho a la Consulta Popular, es precisamente ir cerrando cualquier espacio democrático que ponga en riesgo los intereses extranjeros en el petróleo.

No podemos esperar nada bueno. Todo lo que aquí se ha dicho de la reforma energética, que habrá un desarrollo para nuestro país, se pone en duda hoy; si queremos más petróleo necesitamos más democracia, es la única fórmula para que nuestro país pueda tener un desarrollo.

Hoy se da un paso para atrás en ese sentido y nos revela un futuro muy pesimista respecto de nuestro país. Por eso les pido que modifiquemos, cuando menos ya a estas horas, y esta es de las últimas reservas que hay, el Artículo Quinto Transitorio para eliminar estos obstáculos del Aviso de Intención y garantizar que los únicos requisitos sean los establecidos en la fracción VIII del artículo 35 de nuestra Constitución.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Una vez que hemos concluido la presentación de las diferentes reservas, consultaremos a la Asamblea para que se pronuncie sobre su contenido. Desahogaremos las reservas en orden progresivo, cuando alcancemos el primer grupo de 15 artículos reservados, los pondremos a su consideración de manera conjunta en votación nominal en los términos que la Asamblea se haya pronunciado sobre sus respectivas propuestas.

Informo a la Asamblea que en el primer bloque se retiraron las reservas a los artículos 1, 2, 3, 7, 8 y el 13, los cuales se votarán de manera conjunta, y únicamente vamos a desahogar las reservas de los artículos 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14 y 15.

Igualmente informo a la Asamblea que en su momento la Asamblea aceptó modificaciones a los artículos 5, 6, 12, 14 y 15, que fue el documento que presentaron las comisiones, por lo tanto pido a la Secretaría que dé lectura de manera progresiva a cada una de las reservas y vayamos votando, artículo por artículo, si se admiten a su discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a las propuestas del artículo 4 del Senado Manuel Bartlett.

“Artículo 4. La Consulta Popular es uno de los mecanismos por el cual los ciudadanos ejercen su derecho a la participación política, a través del voto emitido mediante el cual expresan su decisión respecto a uno o a varios temas de trascendencia nacional.

Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en la Consulta Popular en los mismos términos de los que residan en el territorio nacional”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del artículo 4. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Continuamos con la siguiente reserva.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 5 del Senador Bartlett Díaz.

“Artículo 5. Será objeto de la Consulta Popular cualquier tema de trascendencia nacional.

La trascendencia nacional de los temas que sean propuestos para Consulta Popular, será calificada por la mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara, con excepción de la consulta propuesta por los ciudadanos.

El resultado de la misma es vinculante para los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta al artículo 5. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Continuamos con el artículo 6.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a las propuestas del artículo 6 del Senador Manuel Bartlett Díaz.

“Artículo 6. Se entiende que existe trascendencia nacional en el tema propuesto para una Consulta Popular cuando contenga elementos tales como:

I.- Que repercutan en la mayor parte del territorio nacional;

II.- Que impacten en una parte significativa de la población;

III.- Que propongan o hayan aprobado la creación, modificación o eliminación de políticas públicas que repercutan en la mayor parte del territorio nacional o impacten en una parte significativa de la población.

IV.- Que propongan o hayan reformado la Constitución, la legislación o normas generales de carácter administrativo, y

V.- Los demás que determine el Congreso”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del artículo 6 del Senador Manuel Bartlett. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura a la propuesta del artículo 6 del Senador Raúl Morón.

“Artículo 6. Se entiende que existe trascendencia nacional en el tema propuesto para una Consulta Popular cuando contenga elementos tales como:

I.- Que repercutan en una parte significativa del territorio nacional;

II. a III. (…)

IV.- Que propongan legislar sobre reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la emisión, reforma o derogaciones de leyes, y

V.- (…)”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta al artículo 6. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Pasamos a la última propuesta de modificación al artículo 6 de la Senadora Dolores Padierna.

“Artículo 6. …

I. Que repercutan en una parte significativa del territorio nacional;

II. … a III. …

IV. Que propongan reformar, adicionar o derogar disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de las leyes federales, y.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta al artículo 6. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias. Continúe con las propuestas del artículo 9.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de modificación del Senador Fidel Demédicis al artículo 9.

“Artículo 9. …

I. Credencial: Credencial para votar con fotografía vigente;

II. … a V. …

VI. Instituto: Instituto Nacional Electoral”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura a la propuesta de la Senadora Lorena Cuéllar al artículo 9.

“Artículo 9. Para efectos de esta ley se entenderá:

I. Eliminado

I a VII. (Se recorren)…”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura a la propuesta de la Senadora Angélica de la Peña al artículo 9.

“Artículo 9. Para efectos de esta ley se entenderá:

I. Aviso de intención: Formato mediante el cual los ciudadanos expresan su voluntad a cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión de presentar una petición de Consulta Popular.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Son todas las propuestas del artículo 9, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Continúe con el artículo 10, por favor, señora Secretaria.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta del Senador Manuel Bartlett al artículo 10.

“Artículo 10. Son requisitos para participar en la Consulta Popular:

I. Ser ciudadano mexicano conforme al artículo 34 de la Constitución;

II. Estar inscrito en el Padrón Electoral.

III. Tener credencial para votar con fotografía vigente, y

IV. No estar suspendido en sus derechos políticos por sentencia ejecutoriada.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Son todas las propuestas al artículo 10, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Continúe con el artículo 11, señora Secretaria.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta del Senador Fidel Demédicis.

“Artículo 11. …

I. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, tratados y convenios internacionales.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Son todas las propuestas de modificación al artículo 11, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Continúe con las del artículo 12, señora Secretaria.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta del Senador Fidel Demédicis al artículo 12.

“Artículo 12. Se eliminan el segundo y tercer párrafos de la fracción III.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura a la propuesta del Senador Manuel Bartlett, artículo 12.

“Artículo 12. Podrán solicitar una Consulta Popular:

I. El Presidente de la República;

II. El equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, o

III. Los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura a la propuesta del Senador Raúl Morón.

“Artículo 12. …

I. al III. …

Los ciudadanos podrán respaldar las solicitudes de consulta que sean de su interés.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura a la última propuesta de modificación al artículo 12 de la Senadora Dolores Padierna.

“Artículo 12. Podrán solicitar una Consulta Popular:

  • a II. (…)

Se eliminan el segundo y tercer párrafos de la fracción III.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Son todas las propuestas de modificación del artículo 12, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Continúe con el artículo 14, señora Secretaria.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 14 del Senador Fidel Demédicis.

“Artículo 14. Se elimina el primer párrafo, el segundo párrafo, así como los subsecuentes”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 14 presentada por el Senador Manuel Bartlett.

“Artículo 14. Se deroga.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 14 del Senador Raúl Morón.

“Artículo 14. Se deroga.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 14 de la Senadora Dolores Padierna.

“Artículo 14. No incluir y se recorren los subsecuentes.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 14 de la Senadora Lorena Cuéllar.

“Artículo 14. Eliminado.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Son todas las propuestas de modificación al artículo 14, señor Presidente.

- El C.Presidente Cervantes Andrade: Continúe con el artículo 15, por favor, señora Secretaria.

- La C.Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a las propuestas de modificación al artículo 15 del Senador Manuel Bartlett.

“Artículo 15. Se deroga.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 15 del Senador Raúl Morón.

“Artículo 15. La petición ciudadana deberá contener:

I. El tema de transcendencia nacional planteado;

II. La pregunta;

III. Se elimina

IV. El nombre, la firma, la clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente; y

V. La fecha de expedición.

La firma y los datos de los ciudadanos que suscriban la petición deberá estar dispuesto de forma tal que sea claramente identificable a qué nombre corresponden.

El Instituto Nacional Electoral, al realizar el procedimiento de verificación del cumplimiento del requisito establecido en el inciso c) del párrafo 1º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, deberá suplir las deficiencias que contengan los datos de los ciudadanos siempre que existan elementos suficientes que permitan su plena identificación.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura a la propuesta de la Senadora Laura Rojas del artículo 15.

“Artículo 15.- El formato para la obtención de firmas lo determinará la Cámara de Diputados, previa consulta al instituto y esto podrá ser físico o digital, preservando que cumpla con los requisitos que señala esta ley y que deberá contener por lo menos:..”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura a la última propuesta de modificación al artículo 15 del Senador Fernando Mayans del artículo 15.

“Artículo 15. Se elimina.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a votación la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Son todas las propuestas al artículo 15, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 1 al 15 del proyecto de ley, como fue aprobado en la votación en lo general.



- La C.Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 80 votos a favor y 25 en contra.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular.

Procederemos a desahogar las reservas a los artículos 16 al 30.

Informo a la Asamblea que las reservas a los artículos 18, 20, 22, 24, 29 y 30 fueron retiradas.

Asimismo, los artículos 20, 21, 25, 28 y 30 tienen modificaciones que se derivan del documento que hicieron llegar las comisiones y que ya fue votado.

Solicito a la Secretaría dé lectura a las reservas al artículo 16.

- La C.Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a las reservas al artículo 16 del Senador Manuel Bartlett.

“Artículo 16. Se deroga.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 17 del Senador Adolfo Romero.

“Artículo 17.- La solicitud de petición de Consulta Popular que realiza el Presidente de la República, podrá ser presentada en cualquiera de las Cámaras del Congreso o durante sus recesos en la Comisión Permanente del Congreso quien la turnará a la Cámara que se señale en la petición.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. Continúe con el artículo 19.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 19 del Senador Zoé Robledo.

“Artículo 19.- El Presidente de la República y los legisladores federales, podrán retirar su solicitud de Consulta Popular hasta antes de que se publique la Convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. Retirada la petición, no podrán presentar una nueva petición de consulta.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

Son todas las propuestas.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. Continúe con el artículo 21.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 21 del Senador Manuel Bartlett.

“Artículo 21. Se deroga.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

Son todas las propuestas al artículo 21.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Continuamos con la siguiente, por favor, señora Secretaria.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de modificación del Senador Fernando Mayans al artículo 23.

“Artículo 23. (…)

  • (…)

II. Anexo que contengan los nombres completos de los ciudadanos y su firma, además de la clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial para votar con fotografía vigente.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 23 del Senador Zoé Robledo.

“Artículo 23. La solicitud que provenga de los ciudadanos, además de los requisitos previstos en el artículo 21 de esta ley, deberá contemplarse con:

I. (…)

II. Anexo físico y/o digital que contengan los nombres completos de los ciudadanos y su firma, además de la clave de elector y CURP de la credencial para votar con fotografía vigente.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

Son todas las propuestas al artículo 23, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. Continuamos con el artículo 25, por favor.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 25 del Senador Manuel Bartlett.

“Artículo 25. Se deroga.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 25 del Senador Isidro Pedraza.

“Artículo 25.- Cuando el escrito de solicitud de la Consulta Popular no señale el nombre del representante, domicilio, sea ilegible o no acompañe ninguna firma de apoyo, la Cámara en la que se realizó la petición prevendrá a los peticionarios para que subsanen los errores u omisiones antes señalados en un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la notificación. Hasta en tanto no se subsanen los errores u omisiones de la solicitud, no se dará trámite a la petición.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

Son todas las propuestas.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias,Continuamos con las reservas al artículo 26, por favor.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 26 de la Senadora Marcela Torres.

“Artículo 26.

I. a III. (…)

IV. Si la resolución de la Suprema Corte es en el sentido de reconocer la constitucionalidad en la materia, la pregunta contenida en la resolución, no podrá ser objeto de modificaciones posteriores por el Congreso, él Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Origen, publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria y turnará la petición a las comisiones que correspondan, según la materia de la petición, para su análisis y dictamen, no pudiendo exceder de 3 comisiones.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

Son todas las modificaciones al artículo 26.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, continuamos con las correspondientes al artículo 27, por favor.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 27 presentada por la Senadora Marcela Torres.

“Artículo 27. Cuando la petición de Consulta Popular provenga de por lo menos el 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, se seguirá el siguiente procedimiento:

I. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Origen dará cuenta de la misma y la turnará a la comisión o comisiones que correspondan, según la materia de la petición, para su análisis y dictamen.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

Son todas las propuestas de modificación al artículo 27.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, continuamos con las del artículo 28, por favor.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 28, presentada por el Senador Zoé Robledo.

“Artículo 28. Cuando la petición provenga de los ciudadanos se seguirá el siguiente procedimiento:

I. (…)

II. En caso que el instituto determine que no cumple con el requisito establecido en el artículo 35, fracción VIII, apartado 1o, inciso c) de la Constitución, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, prevendrá al comité ejecutivo para que dentro de los siguientes quince naturales subsanen, de ser posible, la omisión. Transcurrido este plazo sin subsanar la prevención, publicará el informe en la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 28 de la Senadora Dolores Padierna.

“Artículo 28. …

I. Recibida la petición por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la publicará, sin mayor trámite y en un plazo no mayor de 24 horas, en la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta de la misma y solicitará, en un plazo no mayor de cinco días naturales, al instituto que en un plazo de treinta días naturales verifique que ha sido suscrita, en un número equivalente, al menos, al 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores;

II. En el caso que el instituto determine que no cumple con el requisito establecido en el artículo 35, fracción VIII, apartado 1o, inciso c) de la Constitución, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados publicará, en un plazo no mayor de tres días naturales a partir de su recepción, el informe en la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta y procederá en los términos del artículo 25 de esta ley;

III. En el caso que el instituto determine que se cumple con el requisito establecido en la fracción I, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados publicará, en un término de veinticuatro horas el informe en la Gaceta Parlamentaria y enviará en no más de cinco días naturales,…

IV. …

a)…

b) Realizar, en su caso y previa consulta con las y los peticionarios, las modificaciones conducentes a la pregunta, a fin de garantizar que la misma sea congruente con la materia de consulta y cumpla con los criterios enunciados en el inciso anterior.

c)…

V. …;

VI. …;

VII. Declarada la constitucionalidad por la Suprema Corte, el Congreso por conducto de sus Mesas Directivas, emitirán en un plazo no mayor de diez días naturales la convocatoria, la notificará al instituto para los efectos conducentes y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

Doy lectura a la última propuesta de modificación al artículo 28, presentada por la Senadora Marcela Torres.

“Artículo 28. …

I. …

II. En el caso de que el instituto determine que no cumple con el requisito establecido en el artículo 35, fracción VIII, numeral 1o, inciso c) de la Constitución, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se concederá un plazo máximo de 30 días contados a partir de la notificación a los interesados para que puedan subsanar los requisitos señalados en el informe, en el caso que no sean resueltos en dicho plazo, se publicará el informe en la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido.

III. a VII…”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

Son todas las propuestas de modificación al artículo 28.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 del proyecto de Ley Federal de Consulta Popular.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 80 votos a favor y 24 en contra.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 del proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular.

Desahogáremos el tercer grupo de artículos, del 31 al 45.

Informo a la Asamblea que a los artículos 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 y 45 se les retiraron sus reservas y se mantienen en los términos del dictamen, como lo aprobó la Asamblea.

Desahogáremos los artículos 33, 34 y 41. Solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 33, presentada por el Senador Raúl Morón.

“Artículo 33. …

I. …

II. No se acompañen la clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial para votar con fotografía vigente;

III. …

IV. Se elimina.

V. …”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 33, presentada por la Senadora Dolores Padierna.

Se elimina la fracción IV y se corre la V, para pasar a ser la IV para quedar como sigue:

“IV. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal por alguno de los supuestos previstos en el Código.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 33, presentada por el Senador Fernando Mayans.

“Artículo 33. (…)

(…)

(…)

(…)

I. (…)

II. No se acompañen la clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial para votar con fotografía vigente;

III. a V. (…)”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Son todas las propuestas al artículo 33, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Proceda con las reservas al artículo 34, por favor, señora Secretaria.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 34, presentada por la Senadora Dolores Padierna.

“Artículo 34. Finalizada la verificación correspondiente, el Secretario Ejecutivo del instituto presentará un informe detallado y desagregado a la Cámara solicitante del Congreso dentro del plazo señalado en el artículo 33 de esta ley, el resultado de la revisión de que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores del instituto, el cual deberá contener.

I. a III. (…)

La fracción IV se elimina y se recorre la numeración de las siguientes fracciones.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Son todas las propuestas de modificación al artículo 34, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, proceda con el artículo 41.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a las propuestas de modificación al artículo 41, presentadas por los Senadores Javier Corral, Gabriela Cuevas y Raúl Gracia.

“Artículo 41. El instituto promoverá la difusión y discusión informada de las Consultas Populares que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión y garantizará el acceso a la radio y a la televisión a quienes hubieran presentado la petición tratándose del numeral 1, inciso c, fracción VIII del artículo 35 constitucional, a través de los tiempos oficiales que le corresponde administrar para sus propios fines.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura a la propuesta del Senador Armando Ríos Piter.

Artículo 41. El instituto promoverá la difusión y discusión informada de las Consultas Populares que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión y garantizará el acceso igualitario a la radio y la televisión a quienes hubieran presentado la petición y a la autoridad que conozca del acto relacionado con el tema sujeto a consulta…

Se agrega un párrafo tercero: Fuera de lo establecido en los párrafos anteriores, ninguna autoridad podrá realizar propaganda mediante la transmisión en radio y televisión respecto del tema sujeto a Consulta Popular a partir de que sea emitida la convocatoria respectiva.

Se agrega un párrafo quinto: La promoción que realicen tanto los peticionarios como las autoridades de las posiciones relativas a la Consulta Popular deberá abstenerse de cualquier expresión que denigre o calumnie a las instituciones, a las personas o a las posiciones.

Se agrega un último párrafo: Las quejas por la violación de las disposiciones contenidas en este artículo serán presentadas ante el instituto, el cual instruirá un procedimiento expedito de investigación y resolución de la denuncia.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura a la propuesta del artículo 41 por el Senador Rabindranath Salazar.

“Artículo 41. El instituto promoverá la difusión y discusión informada de las Consultas Populares que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión y garantizará el acceso equitativo e igualitario a la radio y la televisión a quienes hubieran presentado la petición, así como a la autoridad que deba conocer del acto relacionado con el tema sujeto a consulta, a través de los tiempos oficiales que le corresponde administrar para su propios fines. El instituto deberá instaurar los medios y procedimientos sancionatorios para conocer y, en su caso, resolver de las quejas y violaciones de las disposiciones establecidas en el presente artículo.

Con excepción de lo establecido en los párrafos anteriores, ninguna autoridad podrá realizar propaganda mediante la radio, televisión, Internet o redes de micro blogging respecto al tema sujeto a Consulta Popular a partir de la emisión de la convocatoria respectiva. Asimismo, en la promoción que realicen tanto peticionarios como las autoridades, acerca de sus posiciones relativas a la consulta, deberán abstenerse de expresiones que denigren, descalifiquen o calumnien tanto a las personas como a las instituciones.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Son todas las propuestas de modificación al artículo 41, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 del proyecto de Ley Federal de Consulta Popular.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 80 votos a favor y 25 en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 del proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular.

Desahogaremos ahora el último grupo de artículos, del 46 al 65.

Informo a la Asamblea que a los artículos 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63 y 65 se le retiraron sus reservas y se mantienen en los términos del dictamen como lo aprobó la Asamblea.

Solicito a la Secretaría desahogar este bloque, por favor.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a la propuesta del Senador Raúl Gracia del artículo 60.

Se solicita se modifique la numeración a efecto de que el actual artículo 60 sea el artículo 62 y por consecuente, el actual artículo 61 sea 60 y el 62 se convierta en artículo 61; debiendo quedar de la siguiente manera:

“Artículo 60. Concluido el cómputo distrital, se remitirán los resultados al Secretario Ejecutivo del Instituto, a fin de que dentro de las 48 horas siguientes con base en las copias certificadas de las actas de cómputo distrital de la Consulta Popular, proceda a informar al Consejo General en sesión pública el resultado de la sumatoria de los resultados consignados en dichas actas.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA

ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria.

Continuamos con el siguiente.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a la propuesta del Senador Raúl Gracia al artículo 61.

“Artículo 61. Al Consejo General del Instituto le corresponde realizar el cómputo total y hacer la declaratoria de resultados, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales, dar a conocer los resultados correspondientes e informar a la Suprema Corte los resultados de la Consulta Popular.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias. Continuamos con la siguiente, por favor.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a la propuesta del Senador Raúl Gracia al artículo 62.

“Artículo 62. Si al término del cómputo total se establece que la diferencia entre el “Sí” y “No” es igual o menor a un punto porcentual, el Consejo General deberá realizar el recuento de votos, con el apoyo de los consejos distritales, en la totalidad de las casillas, a solicitud del peticionario correspondiente, en los siguientes términos:

I. El Presidente de la República, a través del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal;

II. Los legisladores, a través del Presidente del Congreso de la Unión, y

III. Los ciudadanos, a través del representante designado.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del artículo 62. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias. La siguiente, por favor.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 64 del Senador Raúl Morón.

“Artículo 64. …

Cuando el resultado de la consulta sea vinculante, el titular del Ejecutivo Federal será responsable de implementar las acciones correspondientes para suspender, dejar sin efecto, declarar nulos los actos de autoridad o efectuar las acciones que se deriven de la consulta.

Los resultados de la Consulta Popular que impliquen suspender, dejar sin efecto o declarar nulos los actos o decisiones de autoridad, tendrán como efectos reestablecer el estado jurídico o condición material previa de los asuntos o temas en materia de la consulta.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del artículo 64. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura a la propuesta de modificación de la Senadora Dolores Padierna.

“Artículo 64. Cuando el informe del instituto indique que la participación total en la Consulta Popular corresponda, al menos al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales; así como para las autoridades competentes, y lo hará del conocimiento de la Suprema Corte, la cual notificará a las autoridades correspondientes para que dentro del ámbito de su competencia realicen lo conducente para su atención.

Cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio para el Congreso e implique que deba abstenerse de legislar sobre una materia determinada, tendrá efectos inmediatos.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del artículo 64. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura a la propuesta del Senador Rabindranath Salazar.

“Artículo 64. Cuando el informe del instituto indique que la participación total en la Consulta Popular corresponda al menos al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales; así como para las autoridades competentes, y lo hará del conocimiento de la Suprema Corte, la cual notificará a las autoridades correspondientes para que dentro del ámbito de su competencia realicen lo conducente para su atención.

Cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio para el Congreso e implique que deba abstenerse de legislar sobre una materia determinada, tendrá efectos para la legislatura inmediata siguiente.

A la autoridad que no acate la resolución de una Consulta Popular vinculante le serán aplicables las fracciones III y V del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable en la materia.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del artículo 64. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Son todas las reservas al artículo 64.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias. Continúe con el Artículo Quinto Transitorio, por favor.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a la propuesta de la Senadora Dolores Padierna.

“Artículo Quinto Transitorio. Para el caso de las peticiones de consultas ciudadanas que hayan sido presentadas al Congreso de la Unión con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, el Instituto Nacional Electoral deberá verificar el apoyo ciudadano revisando únicamente los requisitos señalados en el artículo 33 fracciones I, III y V de esta ley.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del Artículo Quinto Transitorio. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura a la propuesta del Senador Mario Delgado.

“Artículo Quinto Transitorio. Las peticiones de Consulta Popular que hayan sido presentadas al Congreso de la Unión con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley continuarán con su trámite ajustándose en lo posible a las disposiciones de esta ley, sin mayor requisito que lo establecido en la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del Artículo Quinto Transitorio. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Por último, daré lectura a una propuesta de adición de un artículo 66 de la Senadora Dolores Padierna.

“Artículo 66. En los casos en que la Consulta Popular se refiera a actos de imposible reparación, que afectan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, reformas constitucionales y procesos legislativos, los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como las autoridades competentes deberán suspender la realización de los mismos, hasta en tanto se realice la declaratoria del resultado de la consulta en los términos de los artículos 63 y 64 de esta ley”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la adición de un artículo 66. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Son todas las propuestas indicadas.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y Quinto Transitorio del proyecto de Ley Federal de Consulta Popular.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 80 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, quedan aprobados los artículos: 46, 47,48, 49, 50, 51,52,53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, y 65, y el quinto transitorio del proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular.

En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

La propuesta que hicieron los Senadores Cristina Díaz, Pablo Escudero y demás Senadores, en relación con la exposición de motivos, se incorporará al Diario de los Debates.





 

COMUNICACIONES

Informo a la Asamblea que recibimos una comunicación de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, coordinadora del proceso de dictamen respecto a las peticiones de los comisionados del extinto Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, con las que nos remitió el dictamen de las comisiones unidas, correspondiente a las mencionadas peticiones.

Para poner en contexto la comunicación en mención, haré una breve reseña del proceso que se ha seguido.

Los cuatro comisionados del actual Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, presentaron la solicitud a esta Cámara para que se les considere formar parte del organismo autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública, que dispone el Decreto de reformas constitucionales del 7 de febrero de 2014.

Para la atención de estas solicitudes, el Pleno acordó un Acuerdo en el que se fijó el procedimiento que se aplicaría para la resolución, en su caso, de las peticiones de los comisionados del IFAI.

Como parte del procedimiento del Acuerdo, se turnaron a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda, las comunicaciones de los cuatro comisionados para su análisis y dictamen.

Como parte de lo dispuesto en los Acuerdos, las comisiones unidas citaron a los comisionados a comparecer el pasado lunes 24 y concluyeron en la elaboración del dictamen que aquí se les está dando a conocer.

A partir de lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva acordó turnar el dictamen a la Junta de Coordinación Política para que, como lo dispone el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso General, contribuyera a las condiciones que permitieran al Senado asumir una determinación para el cumplimiento de las facultades asignadas a esta Cámara.

La Junta de Coordinación Política comunicó a la Mesa Directiva su conclusión sobre el asunto turnado y consigna que no se alcanzaron los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto de reformas constitucionales.

Esta Mesa Directiva hace del conocimiento del Pleno del Senado de la República, como órgano máximo de decisión, la situación respecto de las solicitudes de los ciudadanos: Wanda Sigrid Arzt Colunga, Gerardo Laveaga, María Elena Pérez-Jaén Zermeño y Angel Trinidad Zaldívar, que entregaron a esta Cámara su petición para formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal en materia de transparencia.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen de las comisiones unidas, al oficio de la Mesa Directiva y a la comunicación de la Junta de Coordinación Política.

- La Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.



- La Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al oficio de la Mesa Directiva.



- La Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

A partir de lo concluido por las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda, y por la Junta de Coordinación Política, se participa esta Cámara de la situación sobre el asunto en referencia.

La Asamblea ha quedado debidamente enterada, pero en términos de las mejores prácticas del Parlamento abierto, máxima publicidad, consulto a esta Asamblea si tiene conocimiento de que hay las condiciones para dar los acuerdos necesarios y darle cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto de reformas constitucionales.

Habiendo silencio por parte de esta Soberanía, la situación que se ha descrito respecto de la solicitud de los ciudadanos Wanda Sigrid Arzt Colunga, Gerardo Laveaga, María Elena Pérez-Jaén Zermeño y Angel Trinidad Zaldívar, será del conocimiento de los interesados.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 21-B DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

“El que suscribe, Angel Benjamín Robles Montoya, Senador de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 21-B DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION, al tenor de la siguiente:

ANTECEDENTES:

La información pública es, además de un derecho humano, una obligación de cualquier Estado que se ostente de ser democrático. México, incluso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la última parte, su Artículo Sexto sentencia que "El derecho a la información será garantizado por el Estado".

El Poder Legislativo es fundamental en la modernización del Estado Mexicano, en la Cámara de Diputados por un lado se conforma la gran riqueza cultural política del país y por el otro en el Senado de la República, se localiza la representación de las Entidades Federativas de la nación. 

En este sentido, las y los mexicanos cada día son cada vez más críticos en las actividades que realizan los funcionarios públicos, sus representantes, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, o sus gobernantes tanto en la federación como en los Estados de la república.

A raíz de esto, los diputados y senadores de la LVII Legislatura el día 18 de marzo del año 1998, crean bajo el nombre de El Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,  un canal de televisión a través del cual se transmitieron las primeras sesiones de las dos cámaras.

Para que este canal tuviera una mayor solidez estructural y normativa, se creó un órgano colegiado integrado por Diputados y Senadores de las principales fuerzas políticas del Congreso, a este órgano se le denominó Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se instaló el 17 de marzo de 1998 y el 24 de marzo del mismo años en el Senado.

Con la creación formal, este canal de televisión se reconoció en la Ley Orgánica del Congreso General el día 31 de agosto de 1999,  y así de esta manera el Congreso se comprometió a hacer públicos sus debates, trabajos legislativos  y también sus actividades legislativas y políticas. 

En ese orden de ideas, la función social del Canal del Congreso, es el ser un medio de comunicación de carácter público, cuyo objetivo debe ser reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que diariamente se desarrolla al interior del Congreso de la Unión.  

Este canal ha evolucionado utilizando las diversas plataformas tecnológicas como lo son su página de internet, y demás opciones como lo son TV en línea, noticias, un canal de Youtube y vínculos con las redes sociales como Facebook y Twitter.

CONSIDERACIONES:

Sin embargo, a pesar de todos estos avances tecnológicos, la cobertura sigue siendo muy limitada, sesgando el derecho de información sobre la actividad legislativa del país, ya que el Canal del Congreso solo se trasmite en televisión privada y no en televisión abierta, que es con la que cuenta la mayoría de los mexicanos.

Datos del Consejo Latinoamericano de Publicidad en Multicanales de Televisión de Paga (LAMAC, por sus siglas en inglés), asociación sin fines de lucro formada y financiada por  49 canales de Televisión de Paga, fue fundada en 2002 y cuenta con presencia en cuatro países de Latinoamérica: Argentina, Chile, Colombia y México, establecen que al segundo trimestre de 2013 la TV de paga alcanzó  a una población de 44.9 millones de personas, significando 14 millones 380 mil suscriptores (cada suscripción pueden tener acceso al servicio 3.5 personas).

Sin embargo, estos números nos demuestran que la televisión de paga en México solamente llega a menos de la mitad de la población, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y proyecciones del Consejo Nacional de Población a mitad del 2013 el país cuenta con una población de 118,395,054 habitantes, es decir que 73,495,054 de habitantes no pueden acceder a la televisión de paga, el 62.07% no cuentan con este servicio y por lo tanto desconocen el trabajo y las actividades legislativas del Congreso de la Unión.

En este sentido, la ciudadanía requiere que, en aras del pleno ejercicio de los derechos de transparencia, acceso a la información, participación en los asuntos del Estado e interacción con los gobernantes y representantes populares, el Congreso de la Unión cuente con un canal de televisión que difunda abierta y ampliamente las actividades de ambas Cámaras, además de transmitir programación relacionada con la cultura legislativa, parlamentaria y democrática de nuestro país.

Así las cosas, el Poder Legislativo debe contribuir en la formación de cultura cívica y democrática, haciendo del dominio público las actividades que realiza. Máxime que no se cumple a cabalidad debido a que la difusión, de estas actividades parlamentarias, se realiza en un canal de televisión restringido, agravando esta situación, el hecho de que más de la mitad de la población carece de acceso a dicho sistema de televisión por paga.

Es innegable que el Poder Legislativo debe asegurarse que sus actividades sean públicas, transparentes y de amplio conocimiento de la población, porque es a los ciudadanos a quien se deben los legisladores.

En ese sentido, es evidente que existe un reclamo social respecto de que el ejercicio de la actividad pública sea completamente visible y cercana a la gente, a fin de evitar que por desconocimiento de las actividades del Poder Legislativo, se sigan tomando decisiones que afectan de manera directa a la Nación en general y a la ciudadanía en particular, sin previa información y consulta a la población.

Los tiempos que vivimos las mexicanas y los mexicanos, hacen que sea indispensable que se incremente la capacidad de difusión del Canal de Televisión del Congreso a la televisión abierta, para que no quede lugar a dudas que la intención del Poder Legislativo es contribuir al adecuado ejercicio de la democracia.

Por lo expuesto y en ese sentido resulta importante promover la presente iniciativa con proyecto de Decreto, en los siguientes términos:

ARTICULO UNICO. Se adiciona el Artículo 21-B de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 21-B El Congreso de la Unión contará con una frecuencia asignada por la Secretaría para operar el Canal del Congreso en señal abierta. Asimismo, contará con una frecuencia para operar una estación de radiodifusión.

Tanto el Canal como la Estación de Radio del Congreso transmitirán invariablemente las actividades que realizan las cámaras legislativas que lo integran.

TRANSITORIO

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones a 26 de febrero de 2014.

ATENTAMENTE

Sen.Angel Benjamín Robles Montoya”.





 

PROPUESTA

De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández, Héctor Larios Córdova y Víctor Hermosillo y Celada del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a invitar a los diferentes grupos políticos venezolanos, en especial al gobierno del presidente Nicolás Maduro, al diálogo transparente y franco en un marco de legalidad y tolerancia y sobre todo con el respeto irrestricto de los derechos humanos y las libertades civiles.

“Los suscritos Senadores LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ y HECTOR LARIOS CORDOVA, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

I. El pasado 12 de Febrero en la ciudad de Caracas, Venezuela; cientos de estudiantes tomaron las principales calles en protesta por la Crisis Social, Económica y la ola de inseguridad por la que atraviesa el país sudamericano bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

II. Las protestas se realizaron en las principales ciudades de Venezuela; debido a dichas manifestaciones el Gobierno arremetió en contra de los estudiantes, provocando la muerte de 3 jóvenes. Solamente esas tres muertes fueron confirmadas en un solo día por el Gobierno del presidente Maduro, no sabemos realmente cuántas muertes y heridos han ocurrido en las horas que siguieron a las primeras manifestaciones de los estudiantes.

III. Después de cuatro días de protestas protagonizadas por grupos estudiantiles contrarios al Gobierno chavista; el sábado 15 de febrero por la noche se desataron verdaderas batallas campales en algunos puntos del este de Caracas. Por tercera noche consecutiva, los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana desalojaron a grupos de manifestantes. Las escaramuzas se tornaron violentas, donde se produjeron destrozos en inmuebles gubernamentales y agencias bancarias. Los sectores estudiantiles han denunciado la acción de presuntos infiltrados con la misión de generar violencia.

CONSIDERACIONES

La situación por la cual atraviesa la República Bolivariana de Venezuela es la más compleja de toda América Latina. La función que esta desempeñando el presidente Nicolás Maduro Moros no es la función de ningún Gobierno que se digne de ser democrático.

La inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes, al cierre del año de 2013 se registraron casi 25,000 asesinatos, de acuerdo a las estadísticas del Observatorio de Violencias de Venezuela; en donde el 90% de estos actos se encuentran impunes y en la gran mayoría no hay ningún arresto ni tampoco investigaciones.

Otro de los problemas que vive Venezuela aunados a las violentas manifestaciones, es que el Gobierno controla todos los Medios de Comunicación; incluyendo la televisión y el radio. La libertad de expresión ha sido totalmente secuestrada en la República Bolivariana de Venezuela.

Los disturbios del pasado miércoles 12 de febrero son los más graves de la semana; la capital venezolana tuvo un saldo de tres muertes y decenas de heridos en donde los funcionarios de la policía política reprimieron a los manifestantes con disparos y gases lacrimógenos.

Este nuevo episodio de violencia que sacude al Estado Venezolano, ha desembocado en una violación sistemática de los Derechos Humanos. Además, la situación de la libertad de expresión en este país es grave; ya que el marco jurídico es de enorme ambigüedad y el gobierno tiene facultades muy fuertes para sancionar a los medios, no hay garantía para el ejercicio de la libertad de expresión.

Ante tal situación de emergencia, los Senadores del Partido Acción Nacional repudiamos la violencia de los últimos días que han vivido los venezolanos; invitamos al diálogo sobre los problemas nacionales en el marco de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en todo Venezuela.

Preocupados por el aumento de las tensiones y la violencia que rodea las protestas hacemos una invitación para que el gobierno Mexicano a través de la Cancillería exija justicia a los fallecidos y sus familias, y para que se respete los derechos Humanos, la libertad de prensa y al derecho a la protesta.

Por las razones expuestas, se permite someter a la consideración de esta Honorable Cámara, la aprobación siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al gobierno federal para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores invite a los diferentes grupos políticos venezolanos en especial al gobierno del presidente Nicolás Maduro al diálogo transparente y franco en un marco de legalidad y tolerancia y sobre todo con el respeto irrestricto de los derechos humanos y las libertades civiles, con el fin de que se garantice la paz y la armonía en dicho país.

México, Distrito Federal, a 26 de febrero de 2014.

Atentamente

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.- Sen. Héctor Larios Córdova”.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a sesión solemne el próximo martes 4 de marzo a las 11:00 horas, para recibir la visita del Presidente del Parlamento del Reino de Dinamarca, y a sesión ordinaria ese mismo día al concluir la sesión solemne.

Que tengan buenas noches, Senadoras y Senadores.

(Se levantó la sesión a las 02:52 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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