Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 28 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 2

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 03 de Septiembre de 2014

SUMARIO                                              


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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de julio de 2014; asimismo, informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente con el mes de julio de 2013; e informa sobre la evolución de la recaudación para el mes de julio de 2014.









PROPUESTAS

Del C. Senador Ernesto Gándara Camou, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que coordinen, con las instancias federales correspondientes y con el gobierno del estado de Sonora, un plan integral de reactivación de la economía y de evaluación general de daños con objetivos concretos a corto, mediano y largo plazo, por el derrame de sulfato de cobre en el Río Sonora. Se considera de urgente resolución e intervienen al respecto los CC. Senadores Zoé Robledo Aburto; Francisco Salvador López Brito; Fidel Demédicis Hidalgo, quien presenta propuesta de modificación que se acepta; Carlos Alberto Puente Salas; Jesús Casillas Romero y Martha Palafox Gutiérrez. Se aprueba.


















 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
LUIS MIGUEL GERONIMO BARBOSA HUERTA

APERTURA

- El C. Presidente Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (11:46 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 93 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Se abre la sesión del miércoles 3 de septiembre, correspondiente al primer período ordinario de sesiones del tercer año legislativo.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.





 

Las actas de la sesión del 30 de abril pasado y de la Junta Previa del 31 de agosto, se encuentran publicadas en la Gaceta de este día.

"ACTA DE LA JUNTA PREVIA CELEBRADA EL DOMINGO
TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las dieciocho horas con veinticinco minutos del día domingo treinta y uno de agosto de dos mil catorce, encontrándose presentes ochenta y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa y, en cumplimiento al artículo 61 numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia declaró abierta la Junta Previa.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la Junta Previa de esta fecha, debido a su lectura y distribución.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva para la presentación del Informe de actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

El Presidente de la Mesa Directiva hizo uso de la palabra para presentar el Informe de actividades de la Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

(Comunicaciones)

Se recibió de los integrantes de la Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio, el Informe de sus actividades.- Quedó de enterado. Se remitió al Archivo Histórico y Memoria Legislativa.

El Presidente de la Mesa Directiva declaró un receso.

(RECESO)

PRESIDE EL SENADOR
raUl cervantes andrade

(Elección de la Mesa Directiva)

Se procedió a la elección de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura. Resultaron electos los senadores:

Presidente:
Miguel Barbosa Huerta

Vicepresidentes:
José Rosas Aispuro Torres
Arturo Zamora Jiménez
Luis Sánchez Jiménez

Secretarias:
Lilia Guadalupe Merodio Reza
Rosa Adriana Díaz Lizama
María Lucero Saldaña Pérez
María Elena Barrera Tapia

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

(Protesta de los integrantes de la Mesa Directiva)

El Senador Miguel Barbosa Huerta rindió la protesta de ley como Presidente de la Mesa Directiva y posteriormente tomó la correspondiente protesta a los Vicepresidentes y Secretarias electas.

El Presidente de la Mesa Directiva emitió un mensaje alusivo al inicio del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

El Presidente de la Mesa Directiva realizó la declaratoria de la instalación de la Cámara de Senadores para el Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura.- Se comunicó por escrito de la instalación de la Cámara de Senadores y de la elección de la Mesa Directiva, al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las legislaturas de los Estados.

El Presidente citó a Sesión de Congreso General el lunes 1 de septiembre, a las diecisiete horas; y a la primera sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el miércoles 3 de septiembre, a las once horas.

La Presidencia dio por concluida la junta previa a las veinte horas con nueve minutos.

Fin de la sesión".

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con treinta y ocho minutos del día miércoles treinta de abril de dos mil catorce, encontrándose presentes ochenta y cinco ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes veintinueve de abril de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Lilia G. Merodio Reza, el Informe de su participación en la 52a. Reunión del Comité Director Europeo sobre la Juventud y en la 30a. Reunión del Consejo Adjunto de la Juventud, que se llevaron a cabo del 24 al 26 de marzo del año en curso en Budapest, Hungría.- Quedó de enterado.

Se recibió del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, el informe de su participación en la "7ª. Edición del Foro Urbano Mundial", celebrado del 7 al 11 de abril de 2014, en Medellín, Colombia.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, el informe de la gira de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe por Ecuador, Perú, Chile y Brasil, en enero de 2014.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, el Informe de Actividades de la Comisión de Derechos Humanos.- Quedó de enterado.

Se recibió del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Informe de Actividades y del Ejercicio del gasto corriente al año 2013 y el Informe 2014 "El Derecho a una Educación de Calidad".- Se remitió a la Comisión de Educación.

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal y el artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que devuelve el expediente del proyecto de decreto que reformaba el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación las siguientes iniciativas:

1) Decreto por el que se expide la Ley de Industria Eléctrica.

2) Decreto por el que se expide la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

3) Decreto por el que se expide la Ley de Energía Geotérmica y se adiciona y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

4) Decreto por el que expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

5) Decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman, diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera; Ley Minera, y la Ley de Asociaciones Público Privadas.

6) Decreto por el que se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Se turnaron a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera. El Presidente de la Mesa Directiva informó de su turno directo a comisiones, en este día.


7) Por el que se expide el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

8) Por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal.

9) Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública.

Se remitieron a la Cámara de Diputados. El Presidente de la Mesa Directiva informó de su turno directo a comisiones, en este día.

El Presidente de la Mesa Directiva, realizó la toma de protesta de los ciudadanos Luis Javier Campuzano Piña, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Noruega; y de Agustín Gasca Pliego, como Embajador de México en el Reino de Suecia.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para participar en el Ejercicio Combinado "TEAMWORK SOUTH 2014", que se llevará a cabo del 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2014, así como en la "EXPONAVAL-TRANSPORT 2014", que se llevará a cabo del 3 al 5 de diciembre de 2014, en el Puerto de Valparaíso, Chile.- Con dispensa de segunda lectura y sin discusión, fue aprobado por 85 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, para autorizar al Gobierno Federal a efectuar una aportación a la Asociación Internacional de Fomento.- Con dispensa de segunda lectura. Intervino la Senadora Dolores Padierna Luna del PRD, quien se refirió a éste y los siguientes cinco dictámenes. Fue aprobado por 88 votos en pro y 1 abstención. Se remitió a la Cámara de Diputados.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 3o. y se reforma el artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución, para autorizar al Gobierno Federal a efectuar la suscripción de acciones o partes sociales del Banco de Desarrollo del Caribe.- Con dispensa de segunda lectura y sin discusión. Fue aprobado por 91 votos en pro y 1 abstención. Se remitió a la Cámara de Diputados.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 y se deroga el artículo 2o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, para autorizar al Gobierno Federal a efectuar una suscripción adicional del Banco Interamericano de Desarrollo.- Con dispensa de segunda lectura y sin discusión. Fue aprobado por 81 votos en pro y 1 abstención. Se remitió a la Cámara de Diputados.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. del Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para autorizar al Ejecutivo Federal a efectuar una suscripción adicional del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.- Con dispensa de segunda lectura. Intervino el Senador Mario Delgado Carrillo del PRD. Fue aprobado por 71 votos en pro, 13 en contra y 1 abstención. Se remitió a la Cámara de Diputados.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, para autorizar al Ejecutivo Federal a suscribir acciones adicionales de la Corporación Financiera Internacional.- Con dispensa de segunda lectura. Fue aprobado por 77 votos en pro, 11 en contra y 4 abstenciones. Se remitió a la Cámara de Diputados.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el diverso que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para efectuar la suscripción adicional de acciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.- Con dispensa de segunda lectura. Fue aprobado por 79 votos en pro, 9 en contra y 5 abstenciones. Se remitió a la Cámara de Diputados.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, para incentivar la igualdad de género dentro de la actividad empresarial.- Con dispensa de segunda lectura. Intervinieron los senadores: Ana Lilia Herrera Anzaldo del PRI; Alejandro Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; Diva Hadamira Gastélum Bajo, por la Comisión para la Igualdad de Género. Fue aprobado por 100 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI y se adiciona una fracción VII al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de regular la violencia obstétrica en nuestro país.- Con dispensa de segunda lectura y sin discusión, fue aprobado por 91 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, conproyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por el que se constituye como violencia laboral la exigencia de la presentación de certificados médicos de no embarazo.- Con dispensa de segunda lectura. Intervinieron los senadores: Angélica de la Peña Gómez del PRD; Daniel Ávila Ruiz del PAN; Diva Hadamira Gastélum Bajo, por la Comisión para la Igualdad de Género; Alejandro Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. Fue aprobado por 91 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIII, pasando la actual XXIII a ser XXIV al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de publicidad sobre bienes y servicios considerados como riesgosos.- Con dispensa de segunda lectura y sin discusión. Fue aprobado por 87 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de San José, Costa Rica, el diecinueve de febrero de dos mil trece.- Intervinieron las senadoras: Mariana Gómez del Campo Gurza, por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, para presentar el dictamen; Gabriela Cuevas Barrón, por la Comisión de Relaciones Exteriores, para presentar los dictámenes; Dolores Padierna Luna del PRD, quien se refirió a los dictámenes sobre instrumentos internacionales. Fue aprobado por 95 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México.- Intervino la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, para presentar el dictamen. Fue aprobado por 93 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se realizó la elección de senadores integrantes de la Comisión Permanente para el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.- Los integrantes fueron elegidos por 105 votos en pro.

Titulares:

RAÚL CERVANTES ANDRADE PRI
EMILIO GAMBOA PATRÓN PRI
ENRIQUE BURGOS GARCÍA PRI
RENÉ JUÁREZ CISNEROS PRI
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO PRI
OMAR FAYAD MENESES PRI
ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS PRI
VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA PRI
LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ PAN
SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN PAN
JORGE LUIS LAVALLE MAURY PAN
MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA PAN
HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA PAN
LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA PRD
ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ PRD
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ PRD
MARÍA ELENA BARRERA TAPIA PVEM
ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA PT

Sustitutos:

CRISTINA DÍAZ SALAZAR PRI
MIGUEL ROMO MEDINA PRI
MANUEL CAVAZOS LERMA PRI
GRACIELA ORTÍZ GONZÁLEZ PRI
DAVID PENCHYNA GRUB PRI
JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA PRI
ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA PRI
MANUEL H. COTA JIMÉNEZ PRI
JUAN CARLOS ROMERO HICKS PAN
FERNANDO HERRERA ÁVILA PAN
ROBERTO GIL ZUARTH PAN
JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ PAN
ERNESTO RUFFO APPEL PAN
DOLORES PADIERNA LUNA PRD
ARMANDO RÍOS PITER PRD
MANUEL CAMACHO SOLÍS PRD
CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS PVEM
MANUEL BARTLETT DÍAZ PT

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la Ciudad de Manama, el veintinueve de noviembre de dos mil doce.- Intervinieron los senadores: Teófilo Torres Corzo, por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, para presentar los dictámenes; Daniel Ávila Ruiz, para referirse a los dictámenes. Fue aprobado por 93 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado en la Ciudad de México, el veintidós de febrero de dos mil trece.- Fue aprobado por 83 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de decreto por el que se aprueban las Enmiendas al artículo 3, en sus apartados "b) y c)" del Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania, firmado ad referéndum por el Embajador de la República Federal de Alemania en México y por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 2012, teniendo como antecedente el Convenio suscrito el 8 de octubre de 1997.- Intervino el Senador Rabindranath Salazar Solorio, por la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, para presentar el dictamen. Fue aprobado por 86 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 1395 del Código de Comercio.- Sin discusión, fue aprobado por 87 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, con propuesta de candidatos a integrar el nuevo organismo constitucional autónomo a que se refiere la fracción VIII del Apartado A del artículo 6o. constitucional.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día. Se sometió a consideración de la Asamblea; intervinieron los Senadores: Pablo Escudero Morales, para presentar el dictamen, por la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana; Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; Javier Corral Jurado del PAN; Arely Gómez González del PRI; Marcela Torres Peimbert del PAN; Isidro Pedraza Chávez del PRD; y David Monreal Ávila del PT. Se procedió a la elección por cédula, resultando electos los ciudadanos: Francisco Javier Acuña Llamas, para el periodo de ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2023; Rosendo Evgueni Monterrey Chepov, para el periodo de ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2022; Óscar Mauricio Guerra Ford, para el periodo de ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2022; María Patricia Kurczyn Villalobos, para el periodo de ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2020; Joel Salas Suárez, para el periodo de ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2020; Ximena Puente de la Mora, para el periodo de ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2018; Areli Cano Guadiana, para el periodo de ejercicio que concluirá el 31 de marzo de 2018

Se comunicó el resultado al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de lo dispuesto en los párrafos octavo y noveno de la fracción VIII del apartado A del artículo 6° constitucional.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se designa al ciudadano Juan Carlos Zepeda Molina, como Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por un periodo de cinco años a partir de la terminación de su actual nombramiento.- Intervinieron los senadores: David Penchyna Grub, por la Comisión de Energía, para presentar el dictamen. Los posicionamientos de los grupos parlamentarios estuvieron a cargos de los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Rabindranath Salazar Solorio del PRD; Francisco Domínguez Servién del PAN; y Ernesto Gándara Camou del PRI.

En la discusión en lo general hicieron uso de la palabra los Senadores: Fernando Mayans Canabal del PRD; Manuel Bartlett Díaz del PT; Adán Augusto López Hernández del PRD; David Monreal Ávila del PT; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; y Mario Delgado Carrillo del PRD. Fue aprobado por 83 votos en pro, 23 en contra y 1 abstención. El funcionario rindió su protesta de ley.

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Delitos Electorales.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día. Con dispensa de segunda lectura, para la presentación del dictamen, hicieron uso de la palabra los Senadores: Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia; Miguel Ángel Chico Herrera, Presidente de la Comisión de Reforma del Estado; Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación; Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. Los posicionamientos de los grupos parlamentarios estuvieron a cargo de los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Dolores Padierna Luna del PRD; Pilar Ortega Martínez del PAN; y Arely Gómez González del PRI. En la discusión en lo general, intervinieron los senadores: David Monreal Ávila del PT; y Angélica de la Peña Gómez del PRD. El Presidente de la Mesa Directiva informó de las reservas a los artículos 7, por parte del Senador Luis Fernando Salazar Fernández del PAN; y 9, 15 y 21, por parte de la Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD. El proyecto de decreto fue aprobado por 103 votos en pro y 3 abstenciones, en lo general y los artículos no reservados.

El Senador Luis Fernando Salazar presentó su reserva al artículo 7, la cual se aceptó. La Senadora Angélica de la Peña Gómez presentó sus reservas a los artículos 9, 15 y 21, las cuales no se admitieron a discusión. Fueron aprobados los artículos 7, con la modificación aceptada, 9, 15 y 21, en los términos del dictamen, por 84 votos en pro, 18 en contra y 4 abstenciones. Se declaró aprobado el proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Se remitió a la Cámara de Diputados.

Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades competentes del Estado de México a dar seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección dictadas a favor de la ciudadana Gabriela Sánchez López, defensora de los derechos humanos de las mujeres.

2) Que exhorta a las legislaturas estatales que aún no cuentan con legislaciones para combatir la discriminación, a cumplir lo antes posible con este deber.

3) Que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a fortalecer las estrategias e instrumentos jurídicos a fin de prevenir, erradicar y sancionar las manifestaciones de discriminación racial en nuestro país.


4) Que exhorta a los poderes legislativos de los 31 estados de la República y del Distrito Federal a tomar en consideración, en su caso, durante la aprobación del presupuesto de los organismos de protección de los derechos humanos a nivel local, los recursos necesarios para la celebración de un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos prevaleciente en su respectiva entidad.

5) Que exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos de los estados de la República y del Distrito Federal a dar cabal cumplimiento a los compromisos derivados de los Convenios de Cooperación con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y, en su caso, crear fiscalías especializadas para la atención de los delitos cometidos contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

6) Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar, una vez que concluya el proceso de ajuste y restructuración al interior del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las acciones acordadas por la Junta de Gobierno para instrumentar los cambios y dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

7) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a implementar una política urgente de revisión y armonización con los derechos humanos en cuerpos normativos de nuestro país.

Los siete dictámenes fueron aprobados en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con puntos de acuerdo:

1) En torno a los hechos vinculados con la avioneta con matrícula mexicana en territorio de Venezuela.

2) Por el que el Senado de la República expresa su beneplácito por la firma de los Acuerdos con la República de Cuba.

3) Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo ecuatoriano afectado por el daño ambiental ocurrido en la Amazonía ecuatoriana.


4) Por el que el Senado de la República extiende una fraterna felicitación al pueblo salvadoreño por la elección del Señor Salvador Sánchez Cerén como presidente de la hermana República de El Salvador.

5) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a culminar la negociación y firma de la Ampliación y Profundización del Acuerdo de Complementación Económica entre México y Cuba.

6) Por el que el Senado de la República condena los actos violentos ocurridos durante las manifestaciones públicas en las calles de Venezuela.

Los seis dictámenes fueron aprobados en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con puntos de acuerdo:

1) En torno a la explotación de recursos pesqueros de Bahía Magdalena, en Baja California Sur.

2) Que exhorta al gobierno del estado de Yucatán a atender el robo de instrumentos de trabajo a pescadores de los puertos de San Felipe y Río Lagartos, en esa entidad federativa.

3) Que exhorta al Ejecutivo Federal a incentivar una política de manejo compartido de cuotas para que sean los propios pescadores quienes preserven los recursos marinos e inviertan en esquemas de monitoreo y vigilancia.

Los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Educación, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas a garantizar la salvaguarda de los derechos del personal docente y con funciones de dirección y de supervisión en la educación obligatoria, en términos de los artículos Noveno y Décimo Cuarto Transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador Raúl Morón entregó el texto de su intervención, el cual se integro al Diario de los Debates. El dictamen fue aprobado en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición en torno a los activistas detenidos en el ártico ruso.- Fue aprobado en votación económica.

(Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituye la Comisión Ordinaria de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el Senado de la República.- Fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

Del Senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Desarrollo Municipal y de Estudios Legislativos, Primera.

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5º. de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.

Del Senadora Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 38 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se agrega la fracción XXII al artículo 2o y se reforma el artículo 60 de la Ley General de Asentamientos Humanos; y se reforma la fracción LX del artículo 2º de la Ley General de Protección Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos.

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 36° de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

Del Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo VIII al Título VII de la Ley del Impuesto al sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Instituto Nacional sobre la Diversidad Sexual.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera.

De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción V del artículo 8º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y se modifica la fracción XII del artículo 9º de la Ley General de Asentamientos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

De los Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Gerardo Sánchez García y Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, José Rosas Aispuro Torres y César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 52, 53, 54 y 55 a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan un tercer párrafo del artículo 130 y el artículo 130 BIS a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de integrar al principio de participación ciudadana el uso de tecnologías de la información.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

De la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a realizar un censo poblacional para gente de talla pequeña.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para la reactivación integral del Valle de Tierra Caliente en Michoacana.- Se turnó a la Comisión de Fomento Económico.

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar un proyecto integral de rescate de la Laguna de las Salinas y de la playa principal en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar los mecanismos que se están aplicando para garantizar el abasto de alimentos básicos nacionales para la alimentación de los mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

Del Senador Fernando Yunes Márquez, a nombre de los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar las medidas necesarias para que el parque vehicular de la Secretaría de la Defensa Nacional, en los que son transportados los soldados del Ejército Mexicano, cuenten con las especificaciones que garanticen su seguridad durante los traslados.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a mejorar las condiciones de las prisiones en el país.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

(Efemérides)

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del 30 de abril, Día del Niño.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride con motivo del Día Universal del Niño.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride con motivo del Día del Niño.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Presidente de la Mesa Directiva emitió la declaratoria de la conclusión de los trabajos del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se comunicó al ciudadano Presidente de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a las legislaturas de los estados.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las veintidós horas con doce minutos.

Fin de la sesión".





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban las actas referidas. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada las actas, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 3 de septiembre del año en curso.

Doy lectura a la comunicación.



- El C. Presidente Barbosa Huerta: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se concede licencia al Senador Raúl Cervantes Andrade, para separarse de sus funciones, por tiempo indefinido, a partir del 3 de septiembre de 2014.

Está a discusión, señoras y señores Senadores…

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Adelante, Senadora Angélica de la Peña, ¿con qué propósito?

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Si me permite comentar el punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: ¿Desde su escaño o en tribuna?

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) ¿Me permite la tribuna, señor Presidente?

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Adelante, Senadora, por favor.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia.

Señoras y señores, Senadoras y Senadores: No quise dejar pasar la oportunidad de expresar, de manera personal, y también si me permiten mis colegas de la Comisión de Derechos Humanos, en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

Mi reconocimiento y particular agradecimiento al Senador Raúl Cervantes Andrade. Quien además de haber sido Presidente de la Mesa Directiva, supo asumir una compleja responsabilidad de garantizar la institucionalidad del Senado, con las características de esta legislatura.

También destacar la conjugación de intereses de los distintos grupos parlamentarios, que no deja de ser compleja. Además, incidir en garantizar el respeto de la pluralidad, privilegiar el diálogo político y los acuerdos; procesar las diferencias en un marco de absoluto respeto, creo que es importante mencionar.

Pero además, de manera particular, yo quiero destacar su participación, como Presidente del Senado, en el diagnóstico que de manera conjunta emprendimos los tres poderes de la Unión, para la evaluación a tres años de la reforma de junio de 2011, en materia de derechos humanos.

Justamente cuando teníamos algunas dificultades para concretar la impresión, inclusive, de este diagnóstico, que ustedes conocen bien, tuvimos la gentileza y la pertinencia y la aprobación de este diagnóstico, para que no se interrumpiera la posibilidad de tenerlo justamente en el momento y de manera oportuna su edición, cuando lo presentamos los Tres Poderes.

Hoy tenemos una herramienta que es evaluable, determina qué es lo que hemos hecho; pero sobre todo determinar qué es lo que está pendiente en el Congreso de la Unión y en los otros dos poderes; pero destaco de manera relevante lo que tiene que ver con el Senado de la República.

También me parece que es muy importante destacar, los convenios que se impulsaron, entre ellos, muy importante, la celebración del Convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, para que servidoras y servidores de este Senado puedan tener condiciones de obtener la Maestría en materia de Derechos Humanos. Algo que no existía.
Otros convenios, con otras universidades o la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya existía; pero de manera particular, me parece muy relevante destacar la posibilidad de que las y los asesores puedan emprender estos trabajos, junto con su trabajo también, la formación y, sobre todo, tener condiciones de obtener esta Maestría, específica en derechos humanos.

Ya se va, pero también hay un proceso de cooperación, que seguramente le va a tocar concretar, si ustedes así lo aprueban, el Convenio de Colaboración, también con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvimos a punto ya de lograrlo la semana pasada, y queda pendiente.

De esta forma, no me queda más que reiterar este reconocimiento y que el Senado de la República, camine en esta ruta, porque ciertamente como lo plantea el propio diagnóstico, a tres de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, tenemos muchas, muchas tareas como Cámara y como Congreso de la Unión.

De tal manera que, hoy le reiteramos este reconocimiento. Y por supuesto, deseándole que le vaya bien en la ruta de vida que ha decidido tomar.

Es cuanto, y muchas gracias.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, compañera Senadora.

- El C. Senador Enrique Burgos García: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del Senador Enrique Burgos.

- El C. Senador Enrique Burgos García: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para el mismo propósito, si me lo permite desde mi escaño.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias, señor Senador. Adelante.

- El C. Senador Enrique Burgos García: (Desde su escaño) Muchísimas gracias.

A nombre del grupo parlamentario, al que pertenezco, hacerle un reconocimiento muy afectuoso, cargado de emotividad, de compañerismo, pero también de objetividad, al hombre de estudios de derecho, al hombre que incursionó en la Constitución de principios, al hombre que se ha desempeñado en la abogacía, en el conocimiento de las leyes, en la academia de manera muy significada y muy relevante, y subrayado, señor Presidente, compañeras y compañeros, al legislador que desde la Comisión de Puntos Constitucionales, como aquí se hizo una breve referencia, hizo aportaciones importantes, relevantes y particularmente al hombre que desde la Presidencia del Senado de la República supo respetar con la más alta dignidad la unidad de este Senado de la República, al hombre que como corresponde a este Senado plural, respetó la pluralidad, respeto la ley y respetó la Constitución.

A Cervantes, nuestro amigo y compañero muy estimado, a la inversa del poeta de la tradición que decía que todo tiempo pasado fue mejor, le deseamos a Raúl Cervantes que todo tiempo futuro sea mejor.

Enhorabuena.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias Senador Burgos. Compartimos sus expresiones.

Sonido en el escaño del Senador José María Martínez. ¿A tribuna, señor Senador?

- El C. Senador José María Martínez Martínez: Sí, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Adelante, señor Senador.

- El C. Senador José María Martínez Martínez: Gracias, señor Presidente. Bueno, sin duda no puede dejarse a un lado la oportunidad de no sólo reconocer a quien técnicamente ha sido impecable desde la Presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, sino también desde la conducción de la Mesa Directiva.
Alguien que en la parte jurídica es brillante, alguien que en la parte política ha sabido aglutinar los esfuerzos en razón de lo que mejor le conviene a México y lo que este Senado en concreto ha hecho en este último año.

A Raúl Cervantes le agradezco el que me haya permitido acompañarlo en la Comisión de Puntos Constitucionales. Y le deseo una serie de para bienes y en concreto que sigamos en contacto en torno a la función pública que, sin duda, lo veremos de nueva cuenta en otra posición donde mucho habrá de aportar desde su experiencia y desde su expertise jurídica.

Enhorabuena y con todo el agradecimiento, Raúl. Muchas gracias.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Gracias Senador Martínez. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Barbosa Huerta: En consecuencia, se concede licencia al Senador Raúl Cervantes Andrade, para separarse de sus funciones, por tiempo indefinido, a partir de este día, 3 de septiembre del año 2014.

Su atención, por favor.

Senador Raúl Cervantes, reciba usted una vez más el reconocimiento de las y los Senadores de la República, particularmente de los integrantes de esta Mesa Directiva.

Como compañero de Legislatura, nos deja el recuerdo de su responsabilidad, capacidad y eficacia, al frente de este órgano de gobierno.

Como profesionista, su sistemático y profundo conocimiento del derecho.

Y lo más importante, nos deja su calidad humana y don de gente.

Se lleva nuestra amistad y afecto.

Le deseamos el mayor de los éxitos en sus proyectos personales y profesionales.

Muchas gracias.

Continúe la Secretaría.





 

La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió una comunicación de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, con la que remite el informe anual de actividades de esa comisión y el Informe Anual Ejecutivo de trabajo legislativo de la misma comisión.



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.





 

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para incorporar una Secretaria a la Mesa Directiva. Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al resolutivo del acuerdo.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicha propuesta.

No habiendo oradores, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo.

En consecuencia, se designa a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, como Secretaria de la Mesa Directiva.

Solicito a la Senadora Martha Palafox se sirva pasar al frente de este presídium para que rinda su protesta de ley.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Solicito a la Asamblea ponerse de pie, por favor.

(Todos de pie)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

- El C. Presidente Miguel Barbosa Huerta: Senadora Martha Palafox Gutiérrez:

¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República del tercer año de ejercicio de esta LXII Legislatura, que se le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Barbosa Huerta: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.

Felicidades, señora Senadora.





 

PRESIDENCIA EL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Compañeras y compañeros Senadores, hago de su conocimiento que la Mesa Directiva suscribió otro Acuerdo para la designación del Presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez.

Solicito a la secretaría dé lectura al Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho Acuerdo.

No habiendo oradores inscritos, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, es aprobado el Acuerdo. Comuníquese el mismo.

Se designa Presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez, para el tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura, al Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISION PERMANENTE

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió de la Comisión Permanente el inventario de asuntos remitidos a la Cámara de Senadores.

“COMISION PERMANENTE

SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO

INVENTARIO

ASUNTO

AUTOR

ENTRADA

 

PUNTO DE ACUERDO RESPECTO DE CORRUPCIÓN, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y CONFLICTOS DE INTERESES EN EL SECTOR ENERGÉTICO.

 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, PRD.

 

MAYO 28, 2014.

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS DE COAHUILA DE ZARAGOZA, NUEVO LEÓN Y CHIHUAHUA A LIMITAR LA DIFUSIÓN Y PROPAGANDA DE LA TÉCNICA DE FRACTURA HIDRÁULICA, HASTA EN TANTO NO SEA APROBADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN.

 

DIPUTADOS RICARDO MEJÍA BERDEJA, RICARDO MONREAL ÁVILA Y MARTHA BEATRIZ CÓRDOVA BERNAL, MC.

 

JULIO 3, 2014.

 

PUNTO DE ACUERDO PARA CONVOCAR AL PRESIDENTE E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL          DEL SENADO, A FIN DE QUE COMPARTA INFORMACIÓN E INTERCAMBIE OPINIONES SOBRE LOS MECANISMOS QUE IMPLEMENTA PARA DETERMINAR EL MONTO DE LOS SALARIOS MÍNIMOS.

 

SEN. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, PRD.

 

JULIO 16, 2014.

 

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA  Y DE VALORES Y DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO PARA INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA QUIEBRA DEL BANCO BICENTENARIO.

 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, PRD.

 

JULIO 29, 2014.

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE ENERGÍA Y AL DIRECTOR GENERAL DE  PETRÓLEOS MEXICANOS A TOMAR EN CUENTA EL PUNTO DE VISTA DE LOS POBLADORES  DE LOS MUNICIPIOS, COMUNIDADES INDÍGENAS Y REGIONES DONDE SE PRETENDE APLICAR LA TÉCNICA DEL FRACKING.

 

SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, PRD.

 

                                                

 

AGOSTO 13, 2014.

 

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL LA SUSPENSIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA POR DAÑO IRREPARABLE AL TERRITORIO, TIERRAS  Y RECURSOS NATURALES DE LA TRIBU YAQUI.

 

SENADORES ANA GABRIELA GUEVARA, DOLORES PADIERNA LUNA, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN Y ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ.

 

AGOSTO 20, 2014.

 

Dictámenes que no fueron resueltos por la

Comisión Permanente y

que se remiten a las Cámaras

PRIMERA COMISIÓN.

ASUNTO

ANTECEDENTE

ENTRADA

 

POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA AL TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES PARA DESLINDAR A QUIEN RESULTARA RESPONSABLE DEL POSIBLE DESVÍO DE RECURSOS EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY.

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES PARA DESLINDAR A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES DEL POSIBLE DESVÍO DE RECURSOS EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN.

AUTOR: SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

ENTRADA: JUNIO 18, 2014.

 

AGOSTO 26, 2014.

 

POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y A LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A INVESTIGAR LA PROMOCIÓN PERSONAL DE LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN CON RECURSOS PÚBLICOS.

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y  A LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A INVESTIGAR LA PROMOCIÓN PERSONAL     DE LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, CON RECURSOS PÚBLICOS, PROBABLEMENTE CONSTITUTIVOS DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y EN SU CASO, SE APLIQUEN LAS PENAS Y MEDIDAS CORRESPONDIENTES.

AUTOR: SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

ENTRADA: JULIO 7, 2014.

 

AGOSTO 26, 2014.

 

POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y A LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A  LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES CONDUCENTES SOBRE LA CAMPAÑA DENOMINADA “A MITAD DEL CAMINO, MONTERREY ES MA´S”.

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y A LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES CONDUCENTES SOBRE LA CAMPAÑA DENOMINADA  A MITAD DEL CAMINO, MONTERREY ES MAS.

AUTOR: SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

ENTRADA: JUNIO 18, 2014.

 

AGOSTO 26, 2014.

 

POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A ACELERAR LAS INVESTIGACIONES CONTRA LOS EX SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS EN EL OTORGAMIENTO IRREGULAR DE PERMISOS PARA LA OPERACIÓN DE CASINOS Y CENTROS DE APUESTA EN EL PAÍS.

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A ACELERAR LAS INVESTIGACIONES CONTRA LOS EX SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS EN EL OTORGAMIENTO IRREGULAR DE PERMISOS PARA LA OPERACIÓN DE CASINOS Y CENTROS DE APUESTA EN EL PAÍS.

AUTOR: SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

ENTRADA: JUNIO 18, 2014.

 

AGOSTO 26, 2014.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Informo a la Asamblea que dicho inventario se publicará en la Gaceta del Senado con los turnos asignados para cada asunto.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Merodio Reza: También de la Cámara de Diputados se recibió el Acuerdo por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

“2014, Año de Octavio Paz

CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-8-3758

 

Secretarios de la
CAmara de Senadores
Presentes

Nos permitimos remitir para su conocimiento el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el Calendario Legislativo Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

México D.F., a 2 de septiembre de 2014

Dip. Xavier Azuara Zúñiga
Secretario”



- El C. Presidente Aispuro Torres: Dicho acuerdo está publicado en la Gaceta del Senado, con lo que la Asamblea ha quedado enterada, remítase copia a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Merodio Reza: Asimismo, la Colegisladora remitió el expediente del proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Cuarto Transitorio de la minuta con proyecto de Decreto que reforma la Ley del Seguro Social para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.

“2014, Año de Octavio Paz

CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-4-1542
EXP. NUM.: 1445 LVIII

Secretarios de la
CAmara de Senadores
Presentes

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Acuerdo de las Comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, por el que resuelven devolver a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma la Ley del Seguro Social.

México D.F., a 30 de abril de 2014

Dip. Angelina Carreño Mijares
Secretaria”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Merodio Reza: Igualmente la Cámara de Diputados remitió el expediente del proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso e) de la fracción IV del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.

“2014, Año de Octavio Paz

CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-4-1543
EXP. NUM.: 4169

Secretarios de la
CAmara de Senadores
Presentes

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Cambio Climático, por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso e) de la fracción IV del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático.

México D.F., a 30 de abril de 2014

Dip. Angelina Carreño Mijares
Secretaria”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

Les informo también que el mismo lunes 1º de septiembre se recibieron de la Secretaría de Gobernación los 128 ejemplares del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sobre el estado general que guarda la Administración Pública del país, dicha documentación se distribuyó de forma inmediata a las Senadoras y Senadores a través de los respectivos grupos parlamentarios.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-8-3704

CC. Secretarios de la
CAmara de Senadores
Presentes

Me permito remitir a ustedes el Segundo Informe de Gobierno enviado por el Lic. Enrique  Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el estado general que guarda la Administración Pública del País, presentado en la Sesión de Congreso General para la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

México D.F., a 1 de septiembre de 2014

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario”.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió de la Secretaría de Gobernación el informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en los actos oficiales de la ceremonia de toma de posesión del segundo mandato del Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, los días 6 y 7 de agosto del año en curso.

“2014, Año de Octavio Paz

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/1861/14
México, D.F., 27 de agosto de 2014

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP/0985/14, el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el informe de la Participación del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en los actos oficiales de la ceremonia de toma de posesión del segundo mandato del Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, los días 6 y 7 de agosto de 2014.







 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el Segundo Informe Trimestral de Petróleos Mexicanos 2014.

“2014, Año de Octavio Paz

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/1862/14

México, D.F., 27 de agosto de 2014

CC. SECRETARIOS DE LA

COMISION PERMANENTE DEL

H. CONGRESO DE LA UNION

Presentes

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 100.DGVE. 198/14, la Mtra. Sharon M. T. Cuenca Ayala, Directora General de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía, remite el Segundo Informe Trimestral de Petróleos Mexicanos 2014.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 71, primer párrafo de la Ley de Petróleos Mexicanos, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita, en formato impreso y medio magnético, a efecto de que por su amable conducto sean remitidos a las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase dicho informe a las Comisiones de Energía.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Díaz Lizama: También de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con el Informe sobre el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado enterada, remítase a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de julio de 2014; asimismo, informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente con el mes de julio de 2013; y también informa sobre la evolución de la recaudación para el mes de julio de 2014.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.





 

En el apartado de iniciativas se le concede, en primer término, el uso de la palabra a la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 100 de nuestra Constitución.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 100 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Muy buenas tardes compañeras y compañeros.

Los avances que México ha tenido en materia de protección y garantía de los derechos humanos en el sistema de justicia penal, permiten decir que hemos avanzado, pero también visibilizar el largo camino que México tiene aún por recorrer. Necesitamos garantizar de mejor manera los mecanismos de protección de los derechos humanos de las personas acusadas y sentenciadas por la comisión de algún delito.

La independencia judicial es una condición ética que se manifiesta en una serie de características o exigencias que la sociedad demanda de sus jueces, entre las que destacan la responsabilidad, la transparencia y la honestidad. Al respecto el Código de ética del Poder Judicial de la Federación refiere sobre la independencia, que es la actitud del juzgador frente a las influencias extrañas al derecho, provenientes del sistema social.

Consistente en juzgar desde la perspectiva del derecho y no a partir de presiones extrañas o de intereses ajenos a él. Por tanto, el juzgador, entre otras cosas, debe evitar involucrarse en actividades o situaciones que pueden directa o indirectamente afectar su independencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial 1/2012 señala sobre el principio de imparcialidad que está establecido en dos dimensiones: la subjetiva que se refiere a las condiciones personales del juzgador, y la objetiva que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de la ley que deben ser aplicados por el mismo al conocer de un caso.

Cuando existe la posibilidad de que un funcionario perteneciente al Poder Judicial pueda ocupar un cargo superior, la consecuencia lógica es que genere dependencia inmediata con otros actores adjuntos al mismo poder y aunque la profesionalización, sin duda, es una actividad que debe privilegiarse, también debe priorizarse que sea nula la existencia de conflicto de intereses y prevalecer la imparcialidad, sobre todo cuando en la promoción profesional una persona, un Fiscal, un Juez, un Magistrado o un Consejero de la Judicatura, sea responsable directo o indirecto de vigilar un mismo caso en diferentes etapas procesales.

La independencia de los magistrados y las magistradas puede ser entendida como la facultad de actuar, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo. Una independencia que puede ser vulnerada si existe auto restricción, miedo a represalias o bien la aspiración a favores personales o referentes a su carrera judicial.

Aunque ya se establece una prohibición de tiempo, relativa a un año para ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura, en específico una vez que se ha desempeñado como Fiscal General de la República y anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, como Procurador General de la República, se prevé necesario aumentar esta temporalidad en atención justamente a los principios de independencia e imparcialidad para evitar así el conflicto de intereses en la resolución de casos que pudieran tener a su cargo en el desempeño de sus funciones como Fiscal/Procurador y luego como Consejero.

Con ese propósito, el de fortalecer las garantías para el cumplimiento del debido proceso y de la ética judicial, esta reforma que pongo a su consideración busca dar fortaleza a lo previsto en el artículo 100 de nuestra Constitución.

La restricción temporal que se plantea en el proyecto que pongo a su consideración, para quienes se desempeñaron como Procurador ahora Fiscal General de la República y desean integrarse al Consejo de la Judicatura, es de 3 años, con el objeto de armonizarlo con las premisas ya existentes en la Constitución para cargos públicos como Diputados, Senadores y Comisionados de Competencia y Telecomunicaciones, para los cuales ya hemos establecido como requisito el no haber ocupado una serie de cargos públicos o privados, tres años antes al día de su nombramiento.

Se trata, pues, de garantizar el debido proceso en congruencia con la tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que la vulneración de los derechos fundamentales del acusado en el proceso penal puede provocar, en determinados supuestos, la invalidez de todo el proceso, así como de sus resultados, lo cual obviamente imposibilitaría al juez para pronunciarse sobre la responsabilidad penal de una persona.

Por eso en aras de seguir fortaleciendo las normas instrumentales que garanticen en México la protección de los derechos fundamentales, y las condiciones de independencia e imparcialidad de las resoluciones que emitan los integrantes de los tribunales, propongo, ante ustedes, adicionar una excepción de temporalidad al párrafo tercero del artículo 100 para la aplicación de la fracción VI del artículo 95, ambos de nuestra Constitución, para que aquellos que desempeñaron el cargo de Fiscal General de la República, solo después de tres años puedan ser nombrados como Consejeros de la Judicatura Federal. Y por el tiempo de transición de la reforma constitucional, publicada el pasado febrero de 2014, y a que se derivó en un cambio de denominación de cargo público, en el caso de quienes ejercieron como Procurador General de la República se entenderían sujetos a la misma excepción de tiempo.


Se trata de una temporalidad que reduciría las posibilidades de que un magistrado conozca directa o indirectamente de algún caso que haya resuelto ejerciendo el cargo de Procurador, como ya ocurrió tristemente en la historia de nuestro país. Estas son las razones que pongo a su consideración, ojalá sea del interés de todos ustedes.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 17 DE LA LEY DE AMPARO

(Presentada por la C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Le agradezco, señor Presidente, y agradezco también a mi compañera Adriana Dávila, ella también presentará su iniciativa, pero me ha cedido este turno.

Y querría comentarles que aquí en el Senado nos visita mucha gente, entre ellos vino hace unos meses un campesino, venía de Tancítaro, y venía a pedir ayuda para sacar de la cárcel a su hija de 21 años, que había sido invitada por una paisana a trabajar en esta ciudad.

Le voy a poner el nombre de Hipatia, y voy a decir que ella estuvo trabajando con su vecina y comadre de sus papás, y unos días después la invitaron a una empresa a hacer trabajo de fotocopias, llegó la policía y se las llevó el 5 de diciembre de 2012.

Estamos casi a dos años de haber sido retenida la chica, y sin más ni más sigue encerrada, primero por delitos del orden común, pero después por delitos que ameritaban estar en un juzgado federal.

Cuando nosotros nos enteramos pusimos una abogada a acompañarla, y resulta que la chica no pudo meter ningún amparo porque ya habíamos creado una nueva Ley de Amparo y no había posibilidad de ampararse durante el procedimiento.

Por eso hoy vengo a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto con la que se reforma la fracción IV del artículo 17 de nuestra Ley de Amparo, el objetivo es devolver el derecho que las y los ciudadanos tenían consagrado en la Ley de Amparo que fue abrogada en abril de 2013, relativo a poder interponer en cualquier tiempo por ataques a la libertad personal el Juicio de Amparo durante el proceso penal acusatorio.

Nuestra Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, a 17 meses de su entrada en vigor ha presentado algunas inconsistencias en su interpretación para su aplicación en relación a los plazos de promoción del Juicio de Amparo.

El artículo 103 constitucional, en su fracción I, contempla que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales a actos u omisiones de la autoridad  que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

En este tenor el artículo 107 de nuestra Carta Magna en su fracción III prevé la procedencia del amparo en contra de resoluciones judiciales y específicamente dispone la procedencia del mismo cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afectando la defensa del quejoso y trascendiendo al resultado del fallo.

La Ley de Amparo abrogada en el artículo 21, disponía que el término para la interposición de la demanda de Amparo era de 15 días; sin embargo el artículo 22 contemplaba en su fracción II una excepción a esta generalidad, y cito.

Fracción II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales. En estos casos la demanda de Amparo podrá interponerse en cualquier tiempo.

Sin embargo los plazos que ahora contempla el artículo 17 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, se contraponen a esta garantía constitucional, toda vez que su actual redacción permite la interpretación de que el término para presentar la demanda de amparo indirecto por ataques a la libertad personal es de 15 días y en el supuesto de que estos se hayan cometido fuera de procedimiento.

Es decir, aun y cuando la premisa general es de 15 días, se enumera en cuatro fracciones la salvedad de ese término, pero contrario a ello la fracción IV en la literalidad de su redacción contempla solo los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento.

Por lo anterior, los ataques a la libertad dentro de procedimiento no pueden ser combatidos en cualquier tiempo, sino en el término de 15 días conforme a la premisa general.


Los papás de estas chicas son campesinos en Tancítaro, y ni siquiera podían venir a verla, quien iba a interponer en 15 días una demanda de Amparo.

A la fecha, algunos jueces de distrito han interpretado que si bien el auto de formal prisión dictado a un reo, es un acto que ataca la libertad personal, dicha restricción se emite dentro de un procedimiento penal en el que se garantiza a los gobernados la administración de justicia, por lo que no se encuentra dentro de la hipótesis que describe el artículo 17 de la Ley de Amparo en su fracción IV, por lo que el recurso jurídico es sobreseído por el impartidor de justicia.

Lamentablemente las violaciones a la garantía de legalidad y certeza jurídica a que toda persona tiene derecho se suscitan también dentro del proceso impidiendo la debida defensa, es el caso de la formal prisión preventiva fundada en supuestos jurídicos incorrectos, y subsanada con posterioridad por el juzgador, pero si el gobernado acude al amparo este será desechado porque no fue presentado dentro de los 15 días a que hace referencia el artículo 17 de la nueva Ley de Amparo en el entendido de que el acto fue consentido; todo ello bajo el argumento de que se sus derechos se salvaguardan dentro del proceso.

Lo anterior desvirtúa el espíritu del Juicio de Amparo, dado que este es el mecanismo más eficaz con que cuentan los gobernados para evitar, o corregir abusos de las autoridades que violen sus derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución.

En sesión del 24 de abril del año en curso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el límite de 15 días para promover un amparo indirecto contra actos privativos de la libertad dentro de un juicio, no deberá aplicarse en los procesos iniciados antes del 3 de abril de 2013, fecha en que entró en vigor la nueva Ley de Amparo.

Para la mayoría de los ministros que integran el Máximo Tribunal del país, en este tipo de casos penales que afectan la libertad y que comenzaron antes de la entrada en vigor de la nueva ley, debe prevalecer el principio de que el recurso puede promoverse en cualquier momento, tal y como lo estipulaba la antigua legislación; lo anterior, sustentado en que los juicios de amparo fueron promovidos en el año 2012.

La Corte, sin embargo, no se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad del artículo 17 fracción IV de la Ley de Amparo, la que establece una vigencia de 15 días a partir de que es notificado al quejoso el acto que le causa agravios, específicamente como ataque a la libertad.

El Ministro José Ramón Cossío, ha expresado que el establecer un plazo para interponer una demanda de amparo viola la Constitución, pues es contrario al principio de progresividad y vulnera los derechos humanos de quien busca la protección de la justicia.

Entre los motivos que en su momento se expusieron para justificar la nueva Ley de Amparo era fortalecer las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confiriéndole atribuciones más expeditas para la integración de jurisprudencia y la resolución de contradicción de criterios, con la finalidad de abonar a una mayor seguridad jurídica en las decisiones del Máximo Tribunal; finalidad que no se cumple al existir una laguna legal como la que presenta la redacción de la fracción IV del artículo 17.

Por lo anterior, es nuestra responsabilidad como legisladores que este objetivo se cumpla subsanando las inconsistencias que la nueva ley presenta y que viola derechos fundamentales en materia penal, no debemos de esperar a que la Corte emita un nuevo criterio, o a que se cree jurisprudencia al respecto; toda vez que es facultad del Poder Legislativo adecuar el marco jurídico para prevenir las violaciones de derechos humanos en aras de su progreso y no regresividad.

Por ello, en mérito de lo anterior, me permito someter a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo.

ARTICULO UNICO.- Se modifica el artículo 17 de la Ley de Amparo para quedar como sigue:

Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días, salvo:

...

IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos. Sonido, por favor, en el escaño del Senador Francisco Salvador López Brito, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Salvador López Brito: (Desde su escaño) Mi reconocimiento a esta iniciativa de la Senadora Luisa María Calderón en torno a los derechos humanos, y pedirle, respetuosamente si me permite sumarme a esta iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Lo acepta la Senadora?, lo acepta, y pido a la Secretaría tome nota de ello, igualmente de la Senadora Martha Elena García, del Senador Pedroza, del Senador Jorge Luis Lavalle, de la Senadora Mariana Gómez del Campo, del Senador García Cabeza de Vaca, de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Senador Roberto Gil y del Senador Francisco Domínguez Servién.





 

A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta a los pueblos y comunidades indígenas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 2º DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONSULTA A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores. Como lo manifesté en su momento, con la promulgación de las leyes secundarias en materia energética, los pueblos, las comunidades indígenas corren el riesgo de ser despojadas de la propiedad de sus tierras; particularmente de aquellas tierras en donde se requiera una relación contractual con las nuevas empresas productivas del Estado o con particulares, pues, compañeras y compañeros, a la sazón del uso, goce y afectación a que haya lugar, se les obligará, según los nuevos ordenamientos en este país, a celebrar convenios cuando otros tengan interés en ellos; en términos poco justos, así creemos que va a suceder.

Por eso nosotros les decimos con respeto, seamos sinceros, la vorágine privatizadora pretende apoderarse a como dé lugar de las tierras y de los recursos naturales que por derecho pertenecen a los pueblos y a las comunidades indígenas; algunas veces sucederá con engaños, otras aprovechándose de la precaria situación económica y de la devastación del campo, y otras, lamentablemente a través de la fuerza.

Lo anterior, compañeras y compañeros, constituye, sin duda, una trasgresión al derecho humano consagrado en el artículo 2o. de nuestra Ley Suprema, consistente en la autodeterminación, pues al impedir mantener la integridad de sus territorios, de acceder de manera preferente al uso y disfrute de los recursos naturales existentes en ellos y a preservar su identidad cultural, estaremos cayendo en este atropello.

Es decir, en las leyes secundarias de la llamada reforma energética se genera una desventaja hacia los pueblos originarios bajo el engañoso esquema de adherirse, de contratar o de aceptar un acuerdo legal o no, para que las empresas usen, gocen y afecten los terrenos que consideren idóneos para el sector energético.

Sin duda, existen muchos ejemplos de esta situación: La construcción de presas hidroeléctricas, los parques eólicos, el cambio de régimen social a propiedad privada a efecto de que se construyan más y más unidades habitacionales y proyectos turísticos, entre otros, donde se ha privilegiado ese tipo de intereses, en lugar del interés de las comunidades y de los pueblos indígenas de nuestra nación.

Por eso, decimos, sobre advertencia no hay engaño; y sin ánimo de tergiversar la viabilidad o no de esta reforma, estamos a tiempo de evitar posibles conflictos, y muy graves en todo el país.


Pues frente a este tipo de arbitrariedades los pueblos y las comunidades indígenas han buscado, desde tiempo atrás, la manera de defenderse y de resistir a los embates por despojarlos de lo que es suyo por derecho propio.

En este sentido, compañeras y compañeros, uno de los logros obtenidos por los pueblos indígenas de nuestro país fue el establecimiento, en el artículo 2o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del derecho de consulta previa, como un instrumento jurídico para evitar que sus derechos, que sus bienes, que su territorio y sus recursos naturales sean indiscriminadamente violentados.

No obstante la falta de la legislación reglamentaria que regule la consulta de los pueblos indígenas, hay que decirlo, no ha sido impedimento esto para que los pueblos organizados y amenazados por el despojo de sus tierras recurran a los tribunales para reclamar sus derechos, y que han sido muchos de ellos resueltos a su favor.

Pero de aprobarse la iniciativa que vengo a presentar a todos ustedes, se estarían estableciendo, sin duda, requisitos de consulta que promuevan el diálogo intercultural y el consenso en cuanto a la toma de decisiones que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas, ya sea frente al Estado o frente a los particulares, principalmente aquellos dedicados a la industria eléctrica o de hidrocarburos.

Compañeras y compañeros Senadores, el deber de consultar, el derecho de ser consultado representan una limitante a la unilateralidad y al abuso en el ejercicio del poder público, el deber de consultar con los pueblos indígenas en relación con asuntos que les afecte directamente tiene como objetivo lograr el consentimiento libre, previo e informado, lo que implica procesos de buena fe en donde se toman las decisiones por medio del consenso entre las partes estatales, indígenas y empresariales, con lo cual se tendría certeza de resultados en que todas las partes, todo, lo quiero subrayar, sean beneficiadas, principalmente aquellas más vulnerables, es decir, los indígenas y los campesinos que sin duda deben ser objeto primordial de nuestro trabajo legislativo.

Por eso, señor Presidente, ruego a usted que este tema, que considero fundamental, pueda ser incorporado íntegramente, la iniciativa que presento, al Diario de los Debates y por supuesto pedir desde ahora el apoyo de las Comisiones a quienes se vaya enviar esta iniciativa, de la cual estaremos muy pendiente las y los Senadores del PRD.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"El que suscribe, Angel BenjamIn Robles Montoya, Senador de la República en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del ArtIculo 2o. de la ConstituciOn PolItica de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Consulta a los Pueblos y Comunidades IndIgenas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos:

Desde la época de la conquista, los pueblos y comunidades originarias han tenido que luchar en defensa y preservación de sus tradiciones, de su lengua y de su territorio.

A partir de la modernización industrial emprendida en el régimen de Porfirio Díaz, sus esfuerzos, sin embargo, no tuvieron el éxito esperado. La industria y el capital financiero se hallaban enajenados en manos extranjeras y, por su misma naturaleza destinados a servir intereses distintos a los nacionales, la burguesía porfiriana está sometida al imperialismo internacional.1


Hoy en día, la vorágine privatizadora de los gobiernos y de la iniciativa privada nacional y extranjera pretenden apoderarse, a como dé lugar de las tierras y de sus recursos naturales que por derecho les pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas, algunas veces con engaños, otras veces aprovechándose de la precaria situación económica y de la devastación del campo, y otras a través de la fuerza. Hechos con los cuales se violenta su derecho constitucional a la autodeterminación, toda vez que se les impide mantener la integridad de sus territorios, a acceder de manera preferente al uso y disfrute de los recursos naturales existentes en ellos y a preservar su identidad cultural.

Sin duda, existen muchos ejemplos de esta situación: la construcción de presas hidroeléctricas, la industria minera, los parques eólicos, el cambio de régimen social a propiedad privada a efecto de que se construyan más y más unidades habitacionales y proyectos turísticos, entre otros.

Aunado a lo anterior, con la reciente aprobación de las leyes secundarias en materia energética los pueblos y comunidades indígenas corren el riesgo de ser despojados de la propiedad de sus tierras, particularmente de aquellas en donde se requiera relación contractual con las Empresas Productivas del Estado como la Industria Eléctrica o Energética, pues a sazón del uso, goce y afectación a que haya lugar, se les obliga a celebrar a convenir con dichas empresas, los cuales obviamente no serán, bajo ninguna circunstancia justos, y más grave aún, en caso de negarse a celebrar estos contratos, se les expropiarán sus tierras.

Es decir, en las leyes secundarias materia de la llamada "Reforma Energética" se genera una desventaja hacia los pueblos originarios bajo el engañoso esquema de "ADHERIRSE" "CONTRATAR" ó "ACEPTAR" un acuerdo legal o no, para que las empresas USEN, GOCEN Y AFECTEN los terrenos que consideren idóneos para el sector energético.

Hechos con los cuales, reitero, se conculca su derecho a la autodeterminación, toda vez que se les impide mantener la integridad de sus territorios, a acceder de manera preferente al uso y disfrute de los recursos naturales existentes en ellos y a preservar su identidad cultural.

Sobre advertencia no hay engaño, y sin ánimo de tergiversar la viabilidad o no de la reforma, estamos a tiempo de evitar conflictos graves en el país, les digo que frente a este tipo de arbitrariedades el pueblo de México en general y los pueblos y comunidades indígenas en particular han buscado la manera de defenderse y resistirlos embates por despojarlos de lo que es suyo.

En este sentido, uno de los logros obtenidos por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional fue el establecimiento, en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del derecho de consulta previa, como un instrumento jurídico para evitar que sus derechos, bienes, su territorio y sus recursos naturales sean indiscriminadamente violentados.

No obstante lo anterior, a la fecha no existe legislación alguna que regule el derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas establecido nuestra Carta Magna y en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos y comunidades indígenas y tribales, firmado y ratificado por el Estado Mexicano.

Aún así, con la falta de legislación que regule la consulta a los pueblos indígenas, la comunidad rarámuri de Huetosachi, en el estado de Chihuahua, reclamó ante los tribunales que autoridades federales, estatales y municipales habían violentado sus derechos al planear y ejecutar el proyecto turístico "Barrancas del Cobre" sin consultarlos; el pueblo cucapá, en Baja California, señaló que no se les permitía pescar en los lugares que acostumbran hacerlo, porque el sitio quedó ubicado dentro del área núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Región del Alto Golfo de California y Delta de Río Colorado, decretada sin consultarlos; el pueblo wirrárika, en el estado de Jalisco, asevera que la Secretaría de Economía otorgó concesiones mineras dentro de su territorio, afectando su derecho a realizar sus peregrinaciones y otros actos espirituales y culturales; y los zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca alegan la emisión de un Decreto de Veda del Acuífero de Valles Centrales sin que se les haya consultado, y quienes incluso ganaron un juicio de amparo en el que se ordena, a la Comisión Nacional del Agua, iniciar un procedimiento de consulta a los pueblos indígenas afectados a efecto abrogar o modificar el decreto de veda.

En los cuatro casos, los demandantes alegan que se viola su derecho al territorio y el acceso preferente a los recursos naturales en ellos existentes, así como a mantener su identidad cultural, derechos reconocidos en la legislación positiva nacional e internacional. Prueba de ello son los instrumentos siguientes:

Convenio Núm. 169 OIT2

El Convenio núm. 169 es un instrumento jurídico internacional vinculante y que trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

Este instrumento surge como respuesta a la situación vulnerable de los pueblos indígenas y tribales, por lo que en él se establece la necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente de estos pueblos. Asimismo, impone que tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos indígenas, es decir, se deberá consultar a los pueblos y comunidades indígenas y las autoridades deberán acatar los resultados de dicha consulta.

Para la Organización Internacional del Trabajo, el espíritu de la consulta y la participación constituyen la piedra angular del Convenio núm. 169. El Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.

Es de destacar que la consulta y participación en el Convenio núm. 169 no se relacionan únicamente con proyectos de desarrollo u obra pública en específico, sino también con temas de gobernanza, y la participación de los pueblos indígenas en la vida y administración pública.

Así pues, el propio Convenio establece los lineamientos generales sobre los que deberá basarse la consulta a los pueblos y comunidades indígenas:

● La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas, de acuerdo a sus sistemas normativos internos;

● Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente;

● El principio sine qua non de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas radica precisamente en que este proceso debe desarrollarse de manera apropiada, es decir, de acuerdo a las particularidades de las instituciones u organizaciones indígenas que son verdaderamente representativas de esos pueblos y comunidades.

Por otro lado, la consulta debe hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo entre las partes involucradas, las cuales deben buscar establecer un dialogo que les permita encontrar soluciones adecuadas en un ambiente de respeto, inclusión y participación, a efecto de que los pueblos y comunidades indígenas influyan en la decisión que pretende adoptarse y sobre todo que decidan sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural.
Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas3

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007 durante la sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta declaración tiene como predecesoras a la Convención 169 de la OIT.

La Declaración postula que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y que por ende, se debe reconocer su derecho a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales.

En este sentido establece que los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas y que por tanto, constituyen el patrimonio común de la humanidad, no obstante que gozan del derecho a la libre determinación, por lo que los Estados deberán respetar y cumplir de manera íntegra con todas sus obligaciones para con los pueblos Indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados.

Acuerdos de San Andrés Larraínzar4:

Los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, Chiapas, que firmaron el gobierno federal y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional el 16 de febrero de 1996, son los primeros acuerdos sobre derechos indígenas en México. Sin embargo, aún y cuando estos no han sido cumplidos, dieron pie a la reforma del artículo 2 Constitucional y a una serie de luchas por la dignidad de los pueblos indígenas en el sentido de lograr su inclusión en el proyecto de desarrollo nacional de manera equitativa, pero sin lesionar su identidad.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

El artículo 2, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el gobierno debe "consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen". Como en dichos planes se incorporan las acciones de gobierno, se entiende que la Constitución Federal, al expresar que se les consulte durante su elaboración, determina que deben consultarse con ellos las acciones que puedan afectarlos de manera positiva o negativa. La expresión "y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen" no debe entenderse como una facultad discrecional que la Constitución otorga a las autoridades federales para que unilateralmente decidan si incorporan o no las propuestas de los pueblos indígenas, sino el deber de incorporar todas aquellas que sean acordes con los derechos reconocidos a los pueblos, pues de otra manera la consulta resultaría una actividad sin efecto alguno.

EPÍLOGO:

La realidad es que hoy, a pesar de todos estos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, los pueblos indígenas no gozan de un derecho a ser consultados sobre la pertinencia o no de determinadas acciones administrativas o legislativas que pudiesen afectar directamente su esfera jurídica.

Por citar un ejemplo, no tiene derecho a vedar o impedir aquellas propuestas o decisiones del Estado que afecten, de manera positiva su territorio.

De aprobarse la iniciativa que planteo, se estarían estableciendo requisitos de consulta que por una parte, limitan el poder del Estado y que, por otra, promueven el diálogo intercultural y el consenso en cuanto a la toma de decisiones que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas ya sea frente al Estado o los particulares, principalmente aquellos dedicados a la industria eléctrica o de hidrocarburos.

El deber de los Estados de consultar a los pueblos indígenas encuentra su sustento en el ejercicio de una serie de derechos humanos y colectivos fundamentales, incluyendo el derecho a la libre determinación y el derecho a la integridad cultural. El deber de consultar y el derecho a ser consultado representan una limitante a la unilateralidad y al abuso en el ejercicio del poder estatal.

El deber de consultar con los pueblos indígenas en relación con asuntos que les afectan directamente tiene como objetivo lograr el consentimiento libre, previo e informado, lo que implica procesos de buena fe en donde se toman las decisiones por medio del consenso entre las partes estatales, indígenas y empresariales, con lo cual se tendrá la certeza de resultados en los que todas las partes sean beneficiadas, principalmente aquellas más vulnerables, es decir, los indígenas y campesinos.

Además, en aquellos casos en que el impacto de una propuesta o iniciativa sobre el bienestar o derechos de un pueblo indígena es significativo, el consentimiento de la parte indígena, por medio de un acuerdo, no solamente es el objetivo de la consulta si no que también es una precondición exigible para la ejecución de la medida propuesta.

En todos los casos en que se aplica la consulta con los pueblos indígenas, el principio de buena fe implica una negociación en donde todas las partes involucradas estén dispuestas a escuchar y ceder en sus posiciones, y defender sus legítimos intereses, y en el que los acuerdos alcanzados vinculen a ambas partes.

Así pues, corresponde al Estado mediar ante los diferentes derechos e intereses enfrentados, pugnando por alcanzar propuestas que beneficien a todos, siguiendo los criterios de necesidad, proporcionalidad y la consecución de objetivos legítimos dentro de una sociedad democrática.

Los pueblos y comunidades indígenas pudieran no otorgar su consentimiento, no en base a un derecho unilateral de veto, sino siempre y cuando el Estado o los particulares no demostraran adecuadamente que los derechos de la comunidad indígena afectada fueran debidamente protegidos bajo la medida o proyecto propuesto, o que no demostrara que los impactos negativos fueran debidamente mitigados.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de

DECRETO

UNICO.- Se crea la Ley Reglamentaria del Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, para quedar como sigue:

Ley Reglamentaria del Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas

Título I

Disposiciones Generales

 

Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, tiene por objeto establecer las disposiciones que permitan que se garantice, en los tres niveles de gobierno, el ejercicio del derecho de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con las obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales.

Artículo 2. Es derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo, así como respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional, estatal, regional y municipal que afecten directamente estos derechos.

Artículo 3. Son objetivos de esta Ley:

I. Señalar las obligaciones de los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios en la materia;

II. Establecer instituciones responsables de garantizar el derecho a la consulta;

III. Determinar el proceso de consulta;

IV. Estipular quienes serán las autoridades vinculadas con el resultado;

V. Instruir el procedimiento de aplicación de los resultados; y

VI. Fijar las consecuencias jurídicas de no respetar el derecho a la consulta, de no desarrollarlo como esta ley lo prevé o de no acatar los resultados de la consulta.

Artículo 4. El ejercicio del derecho de consulta a que se refiere esta ley se sujetará a los siguientes principios:

I. Ausencia de coacción o condicionamiento. La participación de los pueblos y comunidades indígenas en el proceso de consulta debe ser realizada sin coacción o condicionamiento alguno.

II. Autonomía. Atender el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación para establecer su condición política y los mecanismos para lograr su desarrollo económico, social y cultural;

III. Buena fe. Disposición de quienes participan de la consulta, de arribar a acuerdos provechosos y cumplirlos;

IV. Diversidad cultural. Reconocer que los pueblos y comunidades indígenas son portadores de culturas diferentes, con diversas cosmovisiones que coexisten en la sociedad nacional;

V. Equidad. Condiciones para que la consulta incluya a los diversos sujetos de los pueblos y comunidades indígenas de acuerdo con la materia de la consulta;

VI. Flexibilidad. La consulta deberá desarrollarse mediante procedimientos apropiados al tipo de medida legislativa o administrativa que se busca adoptar, así como tomando en cuenta las circunstancias y características específicas de los pueblos y comunidades indígenas involucrados;

VII. Información oportuna. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a recibir por parte de las entidades federales, estatales y municipales toda la información que sea necesaria para que puedan manifestar su punto de vista, debidamente informados, sobre la medida legislativa o administrativa a ser consultada. El Estado tiene la obligación de brindar esta información desde el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación.

VIII. Interculturalidad. Reconocimiento y respeto a las diferencias culturales, en un ambiente de inclusión;

IX. Participación. Derecho de los pueblos y de las comunidades indígenas de intervenir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social;


X. Plazo razonable. Periodos de tiempo que permitan a las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas y comunidades indígenas conocer, reflexionar y realizar propuestas concretas sobre la medida legislativa o administrativa objeto de consulta.

XI. Transparencia. Las autoridades garantizarán que la información respecto a la materia de la consulta, los actos preparatorios, el desarrollo y los resultados de la consulta sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz.

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I. Afectación directa. Posibles cambios, positivos o negativos, que una medida administrativa o legislativa puede producir directamente sobre la vida y cultura de los pueblos y comunidades indígenas, afectando su existencia física, así como su identidad cultural, su territorio, su patrimonio y su futuro;

II. Comunidades indígenas. Las comunidades integrantes de un pueblo indígena que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio determinado y que cuentan y reconocen autoridades propias de acuerdo a sus sistemas normativos internos;

III. Consejo consultivo. El que establece Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;

IV. Consentimiento previo, libre e informado. La aceptación o rechazo, previo el conocimiento pleno de los beneficios y contras, de las medidas administrativas o legislativas desarrollados por la administración pública federal, estatal o municipal;

V. Derecho de consulta. Proceso de diálogo entre las instituciones representativas de los pueblos y las comunidades indígenas y las instituciones gubernamentales, con objeto de llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento de los primeros sobre medidas administrativas o legislativas que los segundos pretenden realizar y pueden causar afectaciones directas a su identidad cultural, su territorio, su patrimonio y su futuro;

VI. Instituciones representativas de los pueblos y las comunidades indígenas. Las que tradicionalmente las representan y ellos eligen de acuerdo con sus sistemas normativos internos;

VII. Institución responsable. Los organismos de cada una de las dependencias de la administración pública federal, de los gobiernos estatales o municipales, así como de los congresos federal y estatales, que pretenden emitir o llevar a cabo un acto administrativo o legislativo que pueda afectar directamente a los pueblos o comunidades indígenas;

VIII. Organismo técnico. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y

IX. Pueblos indígenas. Los descendientes de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Título II

Sujetos de la Consulta

Capítulo I

Titulares del Derecho de Consulta

Artículo 6. Los titulares del derecho a la consulta son los pueblos y comunidades indígenas cuyos derechos colectivos pueden verse afectados de forma directa por una medida legislativa o administrativa.

Artículo 7. Tienen derecho a solicitar la consulta y a ser consultados:

I. Los pueblos indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas;

II. Las comunidades indígenas, directamente o a través de autoridades o instituciones representativas acreditadas según la legislación de la entidad respectiva o, si se careciera de procedimiento para obtener la acreditación, a través de acta de asamblea o documento similar expedido por el pleno de la asamblea u órgano de gobierno tradicional;

III. Las comunidades de migrantes, a través de sus instituciones representativas, acreditadas según la legislación de la entidad respectiva;

IV. La institución que pretenda realizar actos susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas; y

V. Las empresas privadas, dedicadas a la industria eléctrica o de hidrocarburos, que pretendan realizar actos susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 8. Las autoridades o integrantes de instituciones representativas de los pueblos o comunidades indígenas que soliciten la consulta o participen en ella, deberán acreditar su personalidad y mandato, según lo establezca la legislación de la entidad respectiva o, si se careciera de procedimiento legal para obtener el reconocimiento, a través de acta o documento similar expedido por el pleno de la asamblea u órgano de gobierno tradicional, ante la institución responsable o el organismo técnico, según el caso, con cualquier acto fehaciente realizado de acuerdo con sus propios sistemas normativos.

Artículo 9. Las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas pueden solicitar la aplicación del proceso de consulta respecto de determinada medida que consideren que les afecta directamente. En dicho caso, deben realizar la solicitud correspondiente a la institución responsable de la medida legislativa o administrativa correspondiente.

Las autoridades indígenas o sus instituciones representativas, deberán solicitar la consulta o participar en ella de manera directa, pudiendo acompañarse de asesores o personas de su confianza, cuando así lo consideren pertinente.

Capítulo II

Organismos Responsables de la Consulta

Artículo 10. Son responsables de que se realice la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, todas las instituciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de los tres niveles de gobierno que prevean realizar algún acto susceptible de afectar a los pueblos y comunidades directamente.

Artículo 11. Para tal efecto, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y los congresos de las entidades federativas, deberán incluir en los presupuestos que aprueben a los respectivos poderes ejecutivos, incluido el municipal, las partidas necesarias para llevar a cabo las consultas.

Artículo 12. Cada dependencia o entidad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federal, de las entidades federativas y de los municipios deberá crear en su estructura un área que se encargue del seguimiento de la aplicación de la consulta indígena.

Artículo 13. Las consultas se realizarán a través del organismo técnico, que será creado en la estructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y tendrá al menos el nivel de unidad, con la participación de la institución responsable; quien tendrá bajo su responsabilidad:

I. Elaborar los lineamientos generales en que se basará la consulta;

II. Incluir en su presupuesto de egresos, los montos necesarios para la realización de las consultas;

III. Recibir de la institución responsable o de los pueblos o comunidades indígenas, según el caso, la solicitud para que se realice la consulta;

IV. Comunicar a las partes involucradas la solicitud que se le formule;

V. Calificar la procedencia de la consulta solicitada;

VI. Brindar la asistencia que requiera la institución responsable y los pueblos y comunidades indígenas, con respecto a la consulta;

VII. Sistematizar los resultados y entregarlos a la institución responsable, así como a los pueblos y comunidades indígenas interesados; y

VIII. Resolver los recursos administrativos que las partes les presenten durante la consulta.

Capítulo III

De la Materia de la Consulta

Artículo 14. Se considerará que existe afectación directa a los pueblos y comunidades indígenas:

I. Cuando el acto o actos que se pretenden emitir violen o menoscaben de alguna forma los derechos de los pueblos y comunidades indígenas consagrados en la legislación nacional y estatal, así como en instrumentos internacionales de los que México es parte;

II. Cuando la medidas legislativas o administrativas afecten su desarrollo;

III. Cuando las acciones de los poderes públicos afecten directa o indirectamente sus tierras, bienes y territorios o los recursos naturales existentes en ellos.

IV. Cuando las acciones u actos de los poderes públicos o del sector privado pretendan afectar sus tierras, bienes y territorios por la Industria Eléctrica o de Hidrocarburos.

Artículo 15. Las consultas a los pueblos y comunidades indígenas tendrán como finalidad alcanzar acuerdos o lograr el consentimiento previo, libre e informado de los consultados respecto de:

I. Iniciativas de ley o reformas de éstas que puedan afectar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas;

II. Reformas de las instituciones encargadas de la atención a los pueblos y comunidades indígenas;

III. Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de desarrollo dirigidos a pueblos y comunidades indígenas; y

IV. La ejecución de obra pública que afecte sus tierras y territorios, o los recursos naturales existentes en ellos.

V. La realización de obras provenientes de la industria dedicada al sector eléctrico o de hidrocarburos.

Artículo 16. Tratándose de reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la legislación secundaria o de iniciativas que así lo ameriten, participarán en la consulta todos los pueblos indígenas del país. Para este caso, la consulta se realizará, previa convocatoria que emita el Congreso de la Unión.

Artículo 17. Cuando se consulte sobre otros tipos de actos legislativos deberán participar los pueblos y comunidades indígenas que habiten en el lugar donde, de aprobarse, dicha legislación tendría validez.

Artículo 18. Previo a la elaboración de los planes nacional de desarrollo y de las entidades federativas y sus municipios, así como de los respectivos de desarrollo indígena, las instituciones responsables deberán consultar a los pueblos y a las comunidades indígenas para incorporar sus propuestas y recomendaciones.

Artículo 19. El titular del ejecutivo, los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de los órganos autónomos y sus homólogos de las entidades federativas, así como en los Ayuntamientos, deberán presentar sus propuestas con un tiempo razonable para que los pueblos y comunidades indígenas puedan conocerlas antes de la consulta.

Artículo 20. La consulta a los pueblos y comunidades indígenas será requisito previo, para los tres ámbitos de gobierno, para el otorgamiento a particulares de concesiones, permisos u otros actos que se pretendan sobre los recursos naturales que se encuentren en los territorios indígenas; con objeto de determinar las posibles afectaciones que pudieran sufrir por la realización de los actos previstos y las formas de evitarlos o amortiguarlos y en su caso, los beneficios que ellos tendrán por dicha explotación.

Artículo 21. Las propuestas de reformas institucionales deberán ser consultadas con los pueblos y comunidades indígenas correspondientes para que opinen sobre ella y la mejor forma de realizarla.

Artículo 22. No podrán ser materia de consulta los siguientes asuntos:

I. Los programas de combate a epidemias;

II. Los programas de auxilio en desastres;

III. El nombramiento de mandos medios y superiores de los organismos especializados en la atención de pueblos indígenas. Sin embargo, para el nombramiento de los delegados de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se tomarán en cuenta las propuestas y opiniones de las autoridades representativas de los pueblos indígenas correspondientes, así como la del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;

IV. La Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación, y la miscelánea fiscal del ejercicio de cada año;

V. Las facultades exclusivas de los Poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y

VI. Las demás que se deriven de la presente ley.

Título III

De la Consulta

Capítulo I

De los actos previos

Artículo 23. Deberá solicitar la realización de una consulta la institución responsable que pretenda realizar actos susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas, o en su defecto, éstos cuando exista presunción de la realización de tales actos.

Artículo 24. En cualquier caso, la solicitud se presentará ante el organismo técnico, con los documentos que acrediten la personalidad de quien promueve, lo mismo que la inminencia del acto a consultar, detallando la forma en que afectaría los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 25. Si el acto que se considera afecta los derechos indígenas ya se estuviera realizando al momento de la solicitud, el organismo técnico ordenará a la institución responsable se suspenda, hasta en tanto se realiza la consulta y se conozcan los resultados.

Artículo 26. Recibida la solicitud, el organismo técnico valorará la personalidad de los solicitantes para determinar si tienen derecho a solicitar la consulta. De la misma manera valorará la naturaleza del acto para determinar si es consultable. Si alguno de estos requisitos resultara negativo lo comunicará a los solicitantes, si ambos resultan positivos abrirá el proceso de consulta y lo comunicará a las partes interesadas.

Capítulo II

Del Proceso de Consulta

Artículo 27. Abierto el proceso de consulta, el organismo técnico elaborará el programa de consulta, que deberá contener, al menos, las siguientes etapas:

I. Integración de información y definición de acuerdos básicos;

II. Planeación de la consulta;

III. Jornadas de información a los pueblos y comunidades indígenas, en las cuales se tendrán que exponer opiniones en pro y en contra de los actos materia de la consulta.

IV. Realización de la consulta;

V. Sistematización de los resultados;

VI. Entrega de los resultados a las partes; y

VII. Seguimiento y evaluación de los resultados.

El contenido del programa de consulta deberá consensuarse con las partes involucradas.

Artículo 28. La integración de información, definición y acuerdos incluirá, al menos:

I. Institución, pueblo o comunidad indígena que solicita la consulta o que se verá afectada;

II. Acto susceptible de afectar directamente a los pueblos o a las comunidades indígenas; y

III. Objetivos de la consulta.

Artículo 29. La planeación de la consulta deberá incluir, al menos;

I. Las bases de participación, tanto de la institución responsable como de los pueblos y las comunidades indígenas interesados;

II. Los instrumentos técnicos de consulta;

III. Calendario para desarrollar las jornadas de información a los pueblos y comunidades indígenas, en las cuales se tendrán que exponer opiniones en pro y en contra de los actos materia de la consulta.

IV. Sedes y fechas de celebración de la consulta;

V. Formas de comunicación, incluidos los intérpretes y traductores; y

VI. Los demás elementos que se consideren necesarios.

Artículo 30. Las técnicas y metodologías de las consultas se ajustarán al objeto de ellas, al acto que genera la consulta, a las necesidades de coberturas territoriales y a los actores que deban ser consultados; tendrán que ser culturalmente adecuadas, en relación con el acto consultable y sus impactos en los derechos y la vida de los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 31. Los pueblos y comunidades indígenas, o sus instituciones representativas en su caso, deben contar con el tiempo suficiente para analizar internamente la información que el organismo técnico les proporcione y la que ellos puedan allegarse, a efecto de dar una respuesta adecuada al Estado. Además de la información que el organismo técnico les proporcione al abrir la consulta, deberá realizar los estudios técnicos necesarios si así se acuerda durante la consulta.

Artículo 32. Todos los actos de la consulta deberán costar en actas.

Artículo 33. El organismo técnico convendrá con las partes el tiempo de duración de cada una de las etapas, según la naturaleza de ellas, lo mismo que el de la consulta en general.

Artículo 34. La consulta podrá suspenderse:

I. Porque la institución responsable y los pueblos o comunidades indígenas interesados lleguen a algún acuerdo; y

II. Porque la institución responsable suspenda el acto susceptible de afectar directamente a los pueblos y a las comunidades indígenas o sus derechos.

Capítulo III

De los Resultados de la Consulta

Artículo 35. Los resultados de la consulta son vinculantes, por lo que la institución responsable deberá implementar medidas atinentes a efecto de acatar el mandato de los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 36. El acto consultado podrá realizarse tal como se propone si los pueblos indígenas y sus comunidades dan su consentimiento pleno. Se entiende que hay consentimiento pleno cuando los consultados por mayoría absoluta y dentro del alcance de sus facultades lo aceptan.

Artículo 37. Cuando los pueblos o comunidades indígenas consultados aceptan la realización del acto, a condición de que previamente se realicen otros que mitiguen sus efectos nocivos, la institución responsable deberá, en el marco de sus facultades y los derechos de los pueblos indígenas reconocidos, tomar las medidas para que estos se realicen.

Artículo 38. Cuando los pueblos o comunidades indígenas acepten la realización del acto, a condición de que previamente se fijen los beneficios que obtendrán por ello, la institución responsable deberá acordar la manera en que esto se llevará a cabo.

Artículo 39. En todos los casos la institución responsable antes de realizar el acto deberá agotar todos los mecanismos de conciliación a su alcance para llegar a un acuerdo con los pueblos o comunidades indígenas.

Artículo 40. El organismo técnico vigilará que cuando la realización del acto quede condicionada o sujeta a alguna modalidad, éstas se realicen respetando los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas.

Título IV

Capítulo Único

De los Efectos de los Resultados

Artículo 41. Los resultados de la consulta tendrán el carácter de cosa juzgada.

Artículo 42. Cuando un pueblo o una comunidad indígena consideren que la consulta no se realizó como lo prevé esta ley o los resultados de la misma no sean acatados por la institución responsable, podrán recurrir en vía de amparo a los tribunales federales para que resuelvan en definitiva.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal adecuarán, en un plazo de noventa días, las leyes correspondientes, de conformidad con lo establecido en la presente ley.

Tercero. En el caso de que alguna entidad federativa no cuente con una institución especializada en materia indígena, el órgano responsable de la consulta en la entidad federativa o el ayuntamiento, podrá solicitar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas su colaboración como órgano técnico para efectos de la consulta.

Cuarto. El titular del poder ejecutivo federal dispondrá que el texto íntegro del presente decreto se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas del país y ordenara su difusión en sus comunidades.

Dado en el Salón de Sesiones a los dos días del mes de septiembre de dos mil catorce.

Atentamente,

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya".


1 Eduardo Blanquel. Ricardo Flores Magón, México, CREA-Terra Nova, 1985, Colecciones Grandes Maestros Mexicanos.

2 http://oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_07.pdf

3 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

4 "Los Acuerdos de San Andrés Larraínzar en el contexto de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Americanos". SÁMANO R. Miguel Ángel y otros

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Angel Benjamín Robles Montoya, con gusto pido a la Secretaría que se pueda incluir íntegramente el proyecto de iniciativa que ha presentado el Senador Robles Montoya.

Túrnese la misma a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Erradicar la Violencia y Promover el Desarrollo Integral en el Entorno Escolar.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, ERRADICAR LA VIOLENCIA Y PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL EN EL ENTORNO ESCOLAR

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador David Monreal Avila: Con el permiso, señor Presidente. El Estado mexicano en el año 2011 ratificó su compromiso con la defensa de los derechos humanos, mediante la reforma constitucional en esta materia, elevando al máximo rango estas normas que protegen la dignidad humana.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en su artículo 4º párrafo noveno, el principio del interés superior de la niñez, como uno de los ejes rectores de protección de los derechos fundamentales de este sector.

Sin embargo, la realidad dista mucho de cumplir con estos objetivos.

La vida cotidiana de los niños, de las niñas y adolescentes se nutre de una sociedad llena de violencia, de desigualdades, injusticias e inseguridad, formándolos en un ambiente que impide su sano crecimiento y desarrollo personal, y no garantiza el respeto a los derechos humanos.

El problema de la violencia en el entorno escolar es más grave de lo que la autoridad educativa ha reconocido; México, en el tema de violencia escolar ocupa el primer lugar a nivel internacional, tan sólo en educación básica con 18 millones 781 mil 875 casos en primaria y secundaria, tanto en instituciones públicas como privadas.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los resultados de este estudio arrojan que en el país 40.24 por ciento de estudiantes ha sufrido acoso, 25.35 por ciento ha recibido insultos y amenazas y 17 por ciento en alguna ocasión habían sido golpeado y el 44 por ciento en alguna ocasión fue víctima de violencia verbal, psicológica a través de las redes sociales.

En el mismo sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en mayo del presente año, alertaba que había recibido 918 quejas relacionadas con la violencia en planteles educativos y que esto iba en aumento, ya que en el 2007 tuvo conocimiento de 163 denuncias en contraste al 2013, año en que atendió 253.

Además, la percepción de la gente respecto de la violencia al interior de las escuelas no es distinta a las cifras de los estudios mencionados. De acuerdo a la casa encuestadora parametría en julio del 2013 el 94 por ciento de las personas encuestadas consideraba que en las escuelas existía la posibilidad de que los alumnos abusaran, hostigaran o maltrataran a sus propios compañeros; otro dato importante es que la gente reconoce que la violencia en la institución escolar no es resultado de un mal tratamiento del tema por parte de los institutos escolares, ya que el 55 por ciento de los encuestados respondieron que esto es parte de un patrón social y sólo el 30 por ciento considera que eran casos aislados.

La problemática que en su origen tienen diversos apéndices como lo es el ámbito familiar, los grupos amigos, la influencia de los medios de comunicación y la misma escuela, deben ser atendidas desde diferentes ángulos, ya que encargar únicamente a la escuela de erradicar esta problemática sería insuficiente.

Las cifras de violencia escolar en el país van en aumento y son alarmantes, México no cuenta con una legislación de este nivel para prevenir y erradicar un problema de estas dimensiones.
Después de dos años de su gestión, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa preferente con el objeto de regular la violencia en el entorno escolar.

Sin embargo la propuesta no busca atender el problema de fondo. Es de dudar que tan sólo un capítulo con seis artículos el gobierno federal busque prevenir y erradicar la violencia en el entorno escolar.

La violencia escolar requiere de una legislación que diga cómo erradicar y prevenir el problema, no lo que se debe hacer y sobre todo que dote de herramientas a los docentes que día a día tienen que enfrentarse a este tipo de problemas.

Dejar tanta ambigüedad en la Ley sólo servirá para que ninguna autoridad se responsabilice, mientras el problema seguirá ahí.

En cambio, se requiere de un tratamiento integral, transversal de la violencia escolar a partir de estrategias coordinadas y de corresponsabilidad que no sólo incluye a la Secretaría de Educación Pública, sino a los titulares de la Secretaría de Salud, de Gobernación, Desarrollo Social, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los propios padres de familia.

De todas estas razones se presenta ante este Pleno de la Cámara de Senadores esta iniciativa por la que se expide la Ley General para Prevenir, Erradicar la Violencia y Promover el Desarrollo Integral en el Entorno Escolar, que busca erradicar la problemática de violencia que se vive en las instituciones escolares de educación básica y media superior en México, así como emprender acciones para garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y privilegiar los derechos de los más desprotegidos.

A través de la presente Ley, se busca garantizar un ambiente libre de violencia en el entorno escolar, reconociendo el pleno a la educación de los niños y niñas adolescentes de preescolar, primaria, secundaria y educación superior.

Esta iniciativa crea el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar que busca coordinar acciones entre la Secretarías de Educación Pública, Salud, Gobernación, Desarrollo Social, así como las Secretarías de Educación de las entidades federativas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encaminadas a prevenir y erradicar la violencia en el entorno escolar.

El objetivo es dar un tratamiento integral a este problema a partir de estrategias coordinadas y de corresponsabilidad.

Dicho sistema será organizado a través de un consejo nacional, el cual deberá elaborar un programa de acción, en el que se señalarán las estrategias y objetivos para prevenir y erradicar la violencia en el entorno escolar, así como proveer de instrumentos y mecanismos a las instituciones de educación para atender los casos de violencia.

Para poder focalizar mayores esfuerzos en las instituciones educativas, con mayor índice de violencia en el entorno escolar, se propone la creación de un registro nacional para el control de la violencia en el entorno escolar que deberá ser la base para las acciones del sistema nacional de prevención y erradicación de la violencia, y con ello, tener mayores posibilidades de éxito en cada una de las estrategias implementadas.

Además se propone un protocolo de actuación para las instituciones de ecuación, para el caso y seguimiento de los casos de violencia; así como las sanciones a las que son acreedores los estudiantes, personal de las instituciones educativas e incluso las recomendaciones para padres de familia o tutores para el tratamiento y seguimiento en casos de violencia en el entorno familiar.

Esta herramienta permitirá homologar la forma de actuación de todas las escuelas frente a casos de violencia en el entorno escolar, garantizando un adecuado tratamiento, y así evitar omisiones a un trato indebido para los involucrados.

Sobre todo, esta ley pretende establecer una corresponsabilidad de los padres de familia y tutores como actores fundamentales para erradicar la violencia en el entorno escolar, a través de señalar las obligaciones que le corresponden en cuanto al cuidado, atención y seguimiento del desempeño académico y de conducta de los estudiantes; y se comprometan a brindar -dentro del entorno familiar- un ambiente de convivencia democrática y armónica a fin de garantizar la formación en el núcleo familiar, sea libre de violencia, o situaciones que pongan en riesgo la integridad de los niños y niñas adolescentes.

Sólo en la medida que existan acciones integrales que busquen cambiar no sólo el ambiente de la violencia en el entorno escolar, sino generar condiciones para una convivencia democrática en cada espacio de la vida pública y privada, se podrá asegurar un desarrollo integral para cada niño y niña adolescente.

Me parece que el tema del respeto y de la protección de los derechos de los niños y de los adolescentes, es un buen momento.

Yo espero sumar esta iniciativa al esfuerzo que ya están haciendo los compañeros Senadores Mariana Gómez del Campo y Mario Delgado, que en el periodo pasado presentaron también algunas iniciativas exhortativas, y que ojalá, en torno a esta iniciativa preferente que ha presentado el Ejecutivo, se abra un verdadero debate de fondo, y no dejemos pasar la oportunidad de vigilar y de velar por los derechos de la niñez.

No vayamos a arrepentirnos después, y no tengamos que regresar nuevamente a legislar por algunas cosas que no se contemplaron o no se consideraron.

Ojalá y este Pleno muestre la sensibilidad y atienda con responsabilidad el tema de los derechos de los niños y de los adolescentes.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"DAVID MONREAL AVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, ERRADICAR LA VIOLENCIA Y PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL EN EL ENTORNO ESCOLAR, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estado mexicano en el año 2011 ratificó su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, mediante la reforma constitucional en esta materia, elevando al máximo rango estos preceptos que protegen la dignidad humana.

El ser humano dotado de autonomía y libertad, necesita de ciertas prerrogativas que le permitan desarrollarse de manera plena, en un espacio de convivencia libre de violencia.

Los derechos fundamentales sientan las bases para que los Estados generen las condiciones para el desarrollo personal y social. Estos preceptos propios del individuo, deben ser garantizados y respetados en todo momento por el poder público, a través de un marco jurídico apropiado que garantice a la ciudadanía el pleno respeto al Estado democrático de derecho.


La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en su artículo cuarto párrafo noveno, el principio del interés superior de la niñez, como uno de los ejes rectores de protección de los derechos fundamentales de éste sector.

Sin embargo, como ha quedado demostrado a lo largo de los años, los Niños, Niñas y Adolescentes no han sido prioridad para el Estado, muestra de ello son los altos índices de deserción y bajo aprovechamiento escolar, así como violencia de la que son víctimas en el entorno familiar, en su comunidad o en la Institución Escolar.

Es evidente que la sociedad atraviesa por una época en la que su estructura de sana convivencia y solidaridad se ha visto quebrantada por diferentes factores que a diario la aquejan, de igual manera, se puede apreciar en la vida cotidiana, como es que estos factores rebasan los esfuerzos llevados a cabo por las instituciones del Estado y la sociedad en general, para prevenirlos, solucionarlos y en el mejor de los resultados erradicarlos por completo.

Uno de los elementos que ha tenido mayor impacto en estos cambios sociales, ha sido el uso de las nuevas tecnologías que ha permitido que los acontecimientos e informaciones sean difundidos a gran velocidad, diferentes formas de comunicarse, relacionarse e interactuar, generando con ello un cambio en la forma de organización social, en la convivencia entre las personas y en las políticas públicas de los Estados:

"todo este conjunto de innovaciones en sistemas informáticos, telecomunicaciones y contenidos digitales ocasiona que no sólo podamos referirnos al cambio tecnológico, sino también al cambio moral y valorativo que eso conlleva a los retos para la propia convivencia social".1

Estos cambios en la sociedad contemporánea, ha traído como consecuencia que la práctica de valores se haya visto mermada y el incumplimiento de normas convencionales y jurídicas hayan dejado de ser una prioridad en la convivencia social, ocasionando escenarios de violencia en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

Un problema que aqueja a la sociedad mexicana en las últimas décadas, pero con un crecimiento exponencial en los últimos dos años es la violencia en el Entorno Escolar o mejor conocido como bullying.

En el caso particular de la violencia en el Entorno Escolar, México ocupa el primer lugar a nivel internacional de casos de bullying en educación básica con 18 millones 781 mil 875 casos en primaria y secundaria, tanto de instituciones públicas como privadas, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).2

Los resultados de este estudio arrojan que en el país,40.24 por ciento de estudiantes habían sufrido acoso, 25.35 por ciento habían recibido insultos y amenazas, 17 por ciento en alguna ocasión habían sido golpeados y el 44 por ciento en alguna ocasión fueron víctimas de violencia verbal, psicológica y física a través de las redes sociales.

En el mismo sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en mayo del presente año, alertaba que había recibido 918 quejas relacionada con la violencia en planteles educativos y que esto iba en aumento, ya que en 2007 tuvo conocimiento de 163 denuncias en contraste al 2013,año en que atendió 253.3


Además, la percepción de la gente respecto de la violencia al interior de las escuelas no es distinta a las cifras de los estudios mencionados. De acuerdo a la casa encuestadora parametría en julio de 2013 el 94 por ciento de personas encuestadas consideraba que en las escuelas existía la posibilidad de que los alumnos abusaran, hostigaran o maltrataran a sus propios compañeros; otro dato importante es que la gente reconoce que el problema de la violencia en la Institución Escolar no es resultado de un mal tratamiento del tema por parte de los institutos escolares, ya que el 55 por ciento de los encuestados respondieron que esto es parte de un patrón social y sólo el 30 por ciento consideraba que eran casos aislados.4

Por lo tanto, el problema de la violencia en el Entorno Escolar debe ser atendido con urgencia, debido a que las cifras van en aumento y las políticas públicas no han sido exitosas para contenerlo. De tal manera, es necesario emprender acciones que atiendan este problema con una visión integral, es decir, no sólo desde el ámbito educativo, es necesario también combatir la violencia social y familiar.

Por todas estas razones, se presenta ante el pleno de esta Cámara de Senadores esta iniciativa por la que se expide la Ley General para Prevenir, Erradicar la Violencia y Promover el Desarrollo Integral en el Entorno Escolar que busca erradicarla problemática de violencia que se vive en las Instituciones Escolares de educación básica y media superior en México, así como emprender acciones para garantizar el desarrollo integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, y privilegiar los derechos de los más desprotegidos.

A través de la presente Ley, se busca garantizar un ambiente libre de violencia en el Entorno Escolar, reconociendo el pleno desarrollo a la educación de los Niños, Niñas y Adolescentes de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior.

Esta iniciativa crea el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar, que busca coordinar acciones entre las Secretarías de Educación Pública, Salud, Gobernación, Desarrollo Social, así como las Secretarías de educación de las entidades federativas, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encaminadas a prevenir y erradicar la violencia en el Entorno Escolar, el objetivo es dar un tratamiento integral a este problema, a partir de estrategias coordinadas y de corresponsabilidad.

Dicho Sistema Nacional será organizado a través de un Consejo Nacional, presidido por el titular de la Secretaría de Educación Pública, así como los titulares de las secretarías de Salud, Gobernación, Desarrollo Social, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los titulares de las Secretarías de Educación de las entidades federativas, todos ellos con carácter de consejeros. Dicho Consejo Nacional deberá elaborar un programa de acción en el cual señalará las estrategias y objetivos para prevenir y erradicar la violencia en el Entorno Escolar, así como proveer de instrumentos y mecanismos a las instituciones de educación para atender los casos de violencia en el Entorno Escolar, su prevención y erradicación.

Asimismo, la Ley pretende que en el ánimo de la corresponsabilidad, padres de familia y tutores asuman las obligaciones que les corresponden en cuanto al cuidado, atención y seguimiento del desempeño académico de sus hijos o pupilos, y se comprometan a brindar dentro del entorno familiar un ambiente de convivencia democrática y armónica, a fin de garantizar que la formación en el núcleo familiar sea libre de violencia, o situaciones que pongan en riesgo la integridad de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Para poder focalizar mayores esfuerzos en las instituciones educativas con mayor índices de violencia en el Entorno Escolar, se propone la creación de un Registro Nacional para el Control de la Violencia en el Entorno Escolar, que deberá ser la base para las acciones del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar, y con ello tener mayores posibilidades de éxito en cada una de las estrategias implementadas. Para dar cumplimiento a esta disposición, la Secretaría de Educación Pública deberá implementar los mecanismos correspondientes para que en coordinación con las instituciones educativas de nivel básico y medio superior, tanto públicas y privadas, y de manera semestral entreguen un reporte de las incidencias de violencia en el Entorno Escolar el cual deberá contener el número de incidencias de Violencia Escolar presentadas en el periodo correspondiente; los tipos de violencia que se presentaron; las sanciones y estrategias implementadas; las afectaciones ocasionadas a la Comunidad Escolar por los actos de violencia en el Entorno Escolar así como cualquier otra que la Institución Escolar estime pertinente señalar.

Esta información deberá ser organizada, sistematizada y dada a conocer por la Secretaría de Educación Pública, tanto al Consejo Nacional, como a la sociedad en general.

Finalmente se proponen un protocolo de actuación para las instituciones de educación para el tratamiento y seguimiento de los casos de violencia en el Entorno Escolar, así como las sanciones a las que son acreedores los estudiantes, personal de las instituciones educativas e incluso las recomendaciones para padres de familia o tutores para el tratamiento y seguimiento en casos de violencia en el entorno familiar.

Es primordial y urgente enfocar mayores esfuerzos en una cultura de total prevención contra la violencia, pues ahí está la clave para erradicar el problema, además de otorgar todo el apoyo necesario a víctimas y agresores, y que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde en esta materia.

Por ende la presente Ley, busca crear una cultura de paz, de solidaridad, tolerancia, respeto y no discriminación, valores primordiales para una sociedad democrática, los cuales deben ser inculcados en nuestros Niños, futuro del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se expide la Ley General para Prevenir, Erradicar la Violencia y Promover el Desarrollo Integral en el Entorno Escolar, para quedar como sigue:

LEY GENERAL PARA PREVENIR, ERRADICAR LA VIOLENCIA Y PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL EN EL ENTORNO ESCOLAR

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional. La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y entidades, a los Poderes Ejecutivos de los Estados, del Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales y a los Municipios. Establece la obligación de las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de prevención, erradicación de la violencia y promoción del desarrollo integral en el Entorno Escolar.

Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley:

I. Salvaguardar y garantizar la integridad física y psicológica de los estudiantes en un ambiente libre de violencia en las escuelas públicas y privadas;

II. Garantizar el acceso de estudiantes a condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos;

III. Orientar el diseño, instrumentación, seguimiento y control de las políticas públicas para prevenir, tratar y erradicar la violencia en el Entorno Escolar;

IV. Crear el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar;

V. Crear el Registro Nacional para el Control de la Violencia en el Entorno Escolar;

VI. Fomentar y fortalecer la participación de los sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil;

VII. Generar los mecanismos para canalizar, en su caso, un adecuado tratamiento a los miembros de la Comunidad Escolar que sean víctimas o agresores de violencia en el Entorno Escolar;

VIII. Fomentar la coordinación interinstitucional, así como entre los tres niveles de gobierno, para prevenir, tratar y erradicar la violencia en el Entorno Escolar;

IX. Promover la corresponsabilidad social y la cohesión comunitaria para garantizar un ambiente libre de violencia en el Entorno Escolar;

X. Establecer las obligaciones de la Secretaría de Educación Pública en materia de capacitación al personal escolar para la prevención e intervención ante casos de violencia en el Entorno Escolar, con el fin de otorgar apoyo asistencial a las víctimas y agresores, y

XI. Fomentar la participación de padres de familia y tutores en acciones para la prevención y erradicación de la violencia en el Entorno Escolar.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Agresor: Estudiante, padre de familia, Tutor, o personal escolar que de manera individual o conjuntamente ejercen algún tipo de violencia en el Entorno Escolar sobre algún miembro de la Comunidad Escolar;

II. Adolescentes: Personas que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos;

III. Comunidad Escolar: Conjunto de estudiantes, padres de familia, tutores, personal escolar, vecinos y autoridades educativas que conviven y comparten el espacio de la Institución Escolar;

IV. Consejo Nacional: Órgano del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar conformado por los Secretarios de Educación, Salud, Gobernación, Desarrollo Social, secretarías homólogas en educación de las entidades federativas, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos;

V. Entorno Escolar: Espacio en el que interactúan de manera cotidiana y sistemática los integrantes de la Comunidad Escolar, y rodea a la Institución Escolar ya sea en el espacio físico o en el entorno comunitario;

VI. Estudiante: Persona que curse estudios en algún plantel de educación pública o privada, dentro de los niveles de preescolar, primaria, secundaria o educación media superior;

VII. Institución Escolar: Establecimiento público o privado en el que se imparte educación preescolar, primaria, secundaria o media superior;

VIII. Ley: Ley General Para Prevenir, Erradicar la Violencia y Promover el Desarrollo Integral en el Entorno Escolar;

IX. Niñas y Niños: Personas menores de 12 años;

X. Padre de Familia: Aquella persona que ejerce la patria potestad, y que tiene a su cargo y responsabilidad el cuidado y atención de uno o varios estudiantes inscritos en alguna Institución Escolar;

XI. Personal escolar: Aquellas personas que tienen una relación laboral con la Institución Escolar con funciones de directivos, docentes, personal administrativo, supervisión, manual, o cualquier otra contemplado por la Secretaría de Educación Pública;

XII. Registro Nacional: Registro Nacional para el Control de la Violencia en el Entorno Escolar;

XIII. Secretaría de Educación: Secretaría de Educación Pública;

XIV. Secretarías de Educación en las entidades: Secretarías de Educación Pública de las entidades federativas o similares;

XV. Secretaría de Salud: Secretaría de Salud;

XVI. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar;

XVII. Testigo: Miembro de la Comunidad Escolar que presencia actos de violencia, participa de manera directa o indirecta o reproduce y divulga actos de violencia generados en el Entorno Escolar;

XVIII. Tutor: Aquella persona que tiene bajo su tutela, así como a su cargo y responsabilidad el cuidado y atención de uno o varios estudiantes inscritos en alguna Institución Escolar;

XIX. Víctima: Miembro de la Comunidad Escolar receptora de cualquier tipo de Violencia Escolar en el Entorno escolar por parte de algún integrante de la Comunidad Escolar, y

XX. Violencia Escolar: Es el acto de acoso, intimidación, victimización o uso deliberado de la fuerza física, contra cualquier miembro de la Comunidad Escolar, que cause daños físicos, psicológicos, emocionales o en el desempeño de sus actividades en la Institución Escolar.

Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son:

I. La promoción, respeto, protección, divulgación y garantía de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

II. El respeto a la dignidad humana;

III. La cultura de la paz;

IV. La prevención y erradicación de la violencia escolar;

V. La tolerancia y respeto a la diversidad;

VI. La promoción del desarrollo integral en el Entorno Escolar;

VII. La no discriminación;

VIII. La perspectiva de género;

IX. Resolución no violenta de conflictos;

X. Seguimiento a los casos de violencia en el Entorno Escolar;

XI. La coordinación interinstitucional, y

XII. La participación de padres de familia y tutores, así como de la sociedad en general.

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ALUMNAS YLOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA Y OBLIGATORIA

Artículo 5. La protección, divulgación, garantía y respeto de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, en un ambiente libre de violencia.

Artículo 6. Los estudiantes de educación básica y obligatoria en el territorio nacional tienen derecho a:

I. Recibir educación pública, laica y gratuita en un ambiente de aprendizaje sano, seguro y tolerante, libre de discriminación, acoso, malos tratos, violencia, adicciones y sectarismo. A presentar la queja correspondiente y ser atendido si ha sido objeto de estos comportamientos;

II. Ser respetado en sus derechos y sus pertenencias. Ser tratado con amabilidad y con respeto a su dignidad por parte de autoridades, directivos, docentes y demás Personal Escolar, así como por sus compañeras y compañeros, independientemente de su edad, credo, color, género, religión, origen, etnia, estatus migratorio, idioma o lengua, preferencia sexual, condición física o emocional, discapacidad, posición económica o pensamiento político;

III. Recibir al inicio del ciclo escolar o al momento de la admisión durante el ciclo escolar, una copia por escrito de los derechos y obligaciones de los estudiantes de cada Institución Escolar;

IV. Recibir un manejo confidencial de su información personal;

V. Participar en las actividades del centro escolar;

VI. Expresar libre y respetuosamente sus opiniones, ejercer su capacidad de análisis, crítica y presentar propuestas, sin más limitaciones que el respeto de los derechos de terceros;

VII. Conocer los mecanismos establecidos en esta Ley para prevenir y erradicar la violencia escolar, así como las instituciones que brindan atención a las víctimas, agresores o Testigo de violencia en el Entorno Escolar;

VIII. Recibir la protección y el cuidado necesario para preservar su integridad física, y

IX. Recibir información necesaria para el auto cuidado, así como ser canalizado para recibir asistencia médica de urgencia en caso de requerirlo.

Artículo 7. Son deberes de las alumnas y los alumnos educación básica y obligatoria en el territorio nacional:

I. Contribuir a que impere un ambiente de aprendizaje sano, seguro y tolerante, libre de discriminación, acoso, malos tratos, violencia, adicciones y sectarismo;

II. Colaboraren la prevención y atención oportuna de situaciones violencia en el Entorno Escolar a cualquiera de los integrantes de la Comunidad Escolar, así como participar en la aclaración de estas situaciones en las que sea señalado como Agresor, Víctima o Testigo;

III. Respetar a todas las personas que integran la Comunidad Escolar en su dignidad, sus derechos y sus pertenencias;

IV. Brindar un trato amable, honesto, cortés y respetuoso a los demás miembros de la Comunidad Escolar, independientemente de su edad, credo, color, género, religión, origen, etnia, estatus migratorio, idioma o lengua, preferencia sexual, condición física o emocional, discapacidad, posición económica o pensamiento político;

V. Conocer y observar los derechos y obligaciones de esta Ley, así como acatar las sanciones previstas encaso de tener una conducta prevista como violenta;

VI. Llevar únicamente objetos y materiales autorizados y abstenerse de utilizar los que interfieren con el ambiente de aprendizaje o se presten para la generación de algún tipo de violencia;

VII. Proporcionar información veraz y oportuna, tanto personal como de las madres, padres o tutores, para integrar el expediente escolar.

VIII. No difamar ni insultar a otros ya sea verbalmente, por escrito, a través de medios electrónicos o mediante cualquier otro medio de expresión;

IX. Denunciar cualquier tipo de violencia en el Entorno Escolar del que se ha objeto o Testigo;

X. No ejercer ningún tipo de violencia sobre alguno de los miembros de la Comunidad Escolar;

XI. No ser cómplice de cualquier acto de Violencia Escolar sobre algún miembro de la Comunidad Escolar;

XII. Respetar las opiniones, análisis, críticas y propuestas de terceros, y

XIII. Realizar, de acuerdo a sus posibilidades, las actividades sugeridas por el docente durante los periodos de inasistencia, separación de sus actividades o cualquier otra a lo establecido en el Título II, Capítulo IV de esta Ley.

CAPITULO III

DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE QUIENES EJERCEN LA PATRIA POTESTAD O TUTELA DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 8. Son derechos de los Padres de familia o Tutores:

I. Recibir información acerca del desempeño académico, así como del comportamiento del Estudiante inscrito en alguna Institución Escolar que ha sido inscrito bajo su responsabilidad;

II. Participar con las autoridades de la Institución Escolar en la que estén inscritos el o los estudiantes a su encargo menores de edad, en cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que, en conjunto, se aboquen a su solución;

III. Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de participación social;

IV. Ser canalizados, de ser necesario, para recibir atención psicológica o de educación para padres en caso de solicitarlo a la Institución Escolar correspondiente;

V. Recibir un trato digno y respetuoso en las instituciones escolares;

VI. Ser tratado con confidencialidad en caso de que el Estudiante a su cargo sea Víctima, Testigo o Agresor de violencia;

VII. Recibir la atención especializada en caso de ser necesaria, y

VIII. Recibir una copia de los derechos y obligaciones de los padres de familia o tutores contemplados en esta Ley.


Artículo 9. Son obligaciones de los padres de familia o tutores:

I. Hacer que el o los estudiantes a su encargo menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior;

II. Apoyar el proceso educativo deel o los estudiantes a su encargo;

III. Mantener una comunicación permanente con la dirección de la Institución Escolar;

IV. Conocer los derechos y obligaciones de los padres de familia o tutores contemplados en esta Ley;

V. Colaborar con las instituciones escolares en las que estén inscritos el o los estudiantes a su encargo, en las actividades que dichas instituciones realicen;

VI. Recibir atención psicológica o de Escuela para Padres cuando la Institución Escolar se lo requiera;

VII. Llevar a cabo las acciones a su juicio pertinentes en caso de que el o los estudiantes a su encargo menor de edad sea Víctima, Testigo o Agresor en casos de violencia en el Entorno Escolar;

VIII. Sin perjuicio de los dispuesto en lo fracción anterior, atender las recomendaciones elaboradas por el personal correspondiente de la Institución Escolar;

IX. Asistir a la Institución Escolar las veces que le sean solicitadas de acuerdo a lo establecido en el Título II, Capítulo IV de esta Ley;

X. Denunciar cualquier tipo de violencia del que sea Testigo en el Entorno Escolar,

XI. Sujetarse a lo establecido en esta Ley, y

XII. Vigilar que el o los estudiantes a su encargo, cumpla con las sanciones impuestas por la.

Artículo 10. Para dar un correcto tratamiento a los casos de violencia escolar, los Padres de familia o tutores deberán proporcionar la información necesaria de acuerdo a lo establecido en el Título II, Capítulo IV de esta Ley acerca del entorno familiar de los estudiantes.

Artículo 11. Los padres de familia o tutores promoverán una convivencia democrática, armónica y libre de violencia en el entorno familiar, así como evitar llevar a situaciones de riesgo para la salud integral de sus hijos, hijas o sobre quienes ejerzan la tutela.

CAPITULO IV

DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA

Artículo 12. Para efectos de la aplicación de esta Ley, son autoridades competentes:

a) La Secretaría de Educación Pública;

b) Las Secretarías de Educación en las entidades;

c) La Secretaría de Salud;

d) La Secretaría de Gobernación;

e) La Secretaría de Desarrollo Social, y

f) La Comisión Nacional de Derechos Humanos;

Artículo 13. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley, así como emprender acciones para su promoción y difusión en las instituciones escolares;

II. Coordinar el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar;

III. Capacitar al personal de las instituciones escolares públicas sobre el tratamiento y manejo de situaciones de violencia escolar;

IV. Elaborar un diagnóstico nacional sobre la violencia en el Entorno Escolar, y detectar las instituciones que presentan mayores índices de violencia, a fin de emprender acciones focalizadas para disminuir y erradicar la violencia escolar;

V. Realizar estudios e investigaciones que permitan conocer la incidencia de la violencia en el Entorno Escolar, su impacto en el desempeño académico, su relación con la deserción, afectación en el desarrollo personal del Estudiante, consecuencias para el entorno familiar y social;

VI. Proporcionar información a estudiantes, padres de familia o tutores y en general a la Comunidad Escolar de instituciones especializadas en el tratamiento de violencia en el Entorno Escolar y familiar;

VII. Diseñar el Marco para la Convivencia Escolar, en el cual deberá dar a conocer los lineamientos y mecanismos para dar cumplimiento a los objetivos de esta Ley;

VIII. Coordinarse con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que en conjunto promuevan una cultura de protección, divulgación y respeto de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y sobre la erradicación de la violencia en el Entorno Escolar;

IX. Coordinar acciones con organizaciones de la sociedad civil para promover una cultura de la legalidad, respeto a los derechos humanos, y la importancia de la erradicación de la violencia en el Entorno Escolar;

X. Coordinarse con la Secretaría de Salud a fin de establecer mecanismos eficientes y eficaces para canalizar a los estudiantes que han sido víctimas, testigos o agresores de Violencia Escolar y reciban la atención psicológica necesaria en caso de que el padre de familia, Tutor o Institución Escolar lo solicite;

XI. Coordinarse con la Secretaría de Salud a fin de establecer mecanismos eficientes y eficaces para canalizar a los padres de familia o tutores de estudiantes que han sido víctimas, testigos o agresores de Violencia Escolar y reciban la atención psicológica o de Escuela para Padres necesaria en caso de que por cuenta propia o la Institución Escolar lo solicite;

XII. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención, tratamiento y erradicación de la violencia en el Entorno Escolar, así como promover una convivencia armónica en el entorno familiar, y

XIII. Las demás que señale esta Ley, su reglamento o cualquier otra disposición en la materia.

Artículo 14. Corresponde a las Secretarías u homólogas en materia de educación de las entidades federativas:

I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley, así como emprender acciones para su promoción y difusión en las instituciones escolares;

II. Formar parte del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar;

III. Capacitar al personal de las instituciones escolares públicas y privadas de las entidades sobre el tratamiento y manejo de situaciones de violencia escolar;

IV. Elaborar un diagnóstico de su entidad sobre la violencia en el Entorno Escolar, y detectar las instituciones escolares que presentan mayores índices de violencia, a fin de emprender acciones focalizadas para disminuir y erradicar la violencia escolar;

V. Realizar estudios e investigaciones que permitan conocer la incidencia de la violencia en el Entorno Escolar, su impacto en el desempeño académico, su relación con la deserción, afectación en el desarrollo personal del Estudiante, consecuencias para el entorno familiar y social acordes a las características de la entidad;

VI. Proporcionar a estudiantes, padres de familia o tutores y a la Comunidad Escolar información de instituciones especializadas en el tratamiento de violencia en el Entorno Escolar y familiar;

VII. Coordinarse con la Secretaría de Salud de la entidad, a fin de establecer mecanismos eficientes y eficaces para canalizar a los estudiantes que han sido víctimas, testigos o agresores de Violencia Escolar y reciban la atención psicológica necesaria en caso de que el padre de familia, Tutor o Institución Escolar lo solicite;

VIII. Coordinarse con la Secretaría de Salud de la entidad a fin de establecer mecanismos eficientes y eficaces para canalizar a los padres de familia o tutores de estudiantes que han sido víctimas, testigos o agresores de Violencia Escolar y reciban la atención psicológica o de Escuela para Padres necesaria en caso de que por cuenta propia o la Institución Escolar lo solicite;

IX. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención, tratamiento y erradicación de la violencia en el Entorno Escolar, así como promover una convivencia armónica en el entorno familiar, y

X. Las demás que esta Ley, su reglamento o cualquier otra disposición le señale.

Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Formar parte del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar;

II. Realizar estudios e investigaciones que permitan conocer la incidencia de la violencia en el Entorno Escolar, y su impacto en la salud psicológica y física de los estudiantes;

III. Elaborar e implementar un programa de apoyo a estudiantes víctimas, testigos o agresores de violencia en el Entorno Escolar, a fin de proporcionar atención médica y psicológica;

IV. Implementar a través del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia, y sus homólogas estatales y municipales acciones de coordinación con las instituciones escolares de acuerdo a lo establecido en el Título Segundo, Capítulo IV de esta Ley;

V. Coordinarse con la Secretaría de Educación, así como con sus homólogas de las entidades federativas, a fin de establecer mecanismos eficientes y eficaces para atender a los estudiantes que han sido víctimas, testigos o agresores de Violencia Escolar y reciban la atención psicológica necesaria en caso de que el padre de familia, Tutor o Institución Escolar lo solicite;

VI. Coordinarse con la Secretaría de Educación, así como con sus homólogas de las entidades federativas, a fin de establecer mecanismos eficientes y eficaces para atender a los padres de familia o tutores de estudiantes que han sido víctimas, testigos o agresores de Violencia Escolar y reciban la atención psicológica o de Escuela para Padres necesaria en caso de que por cuenta propia o la Institución Escolar lo solicite;

VII. Diseñar, promover e implementar campañas permanentes que alerten a la sociedad en general acerca de las causas y consecuencias de la violencia en el Entorno Escolar;

VIII. De los resultados del Registro Nacional para el Control de la Violencia en el Entorno Escolar, diseñar estrategias focalizadas en las instituciones de mayor incidencia de violencia, en coordinación con la Secretarías de Educación Pública, Gobernación y Desarrollo Social, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y

IX. Las demás que señale esta Ley, su reglamento o cualquier otra disposición en la materia.

Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I. Formar parte del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar;

II. Elaborar e implementar acciones a fin de prevenir la violencia en el Entorno Escolar;

III. Atender, orientar y canalizar a través de la autoridad correspondiente a las víctimas, testigos o agresores de violencia en el Entorno Escolar;

IV. Coordinarse con la Secretaría de Educación para la capacitación del personal en las instituciones de educación acerca del tratamiento y seguimiento de situaciones de violencia en el Entorno Escolar;

V. Intervenir y en su caso dar parte a las autoridades correspondientes en situaciones de la comisión de delitos federales como resultado de actos de violencia en el Entorno Escolar;

VI. Coordinarse con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que diseñen y promuevan campañas que alerten a la sociedad en general acerca de las causas y consecuencias de la violencia en el Entorno Escolar;

VII. De los resultados del Registro Nacional para el Control de la Violencia en el Entorno Escolar, diseñar estrategias focalizadas en las instituciones de mayor incidencia de violencia, en coordinación con la Secretarías de Educación, Salud y Desarrollo Social, y

VIII. Las demás que le señale esta Ley, su reglamento o cualquier otra disposición en la materia.

Artículo 17. Corresponder a la Secretaría de Desarrollo Social:

I. Formar parte del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar;

II. Elaborar e implementar campañas informativas sobre las causas y consecuencias de la violencia en el Entorno Escolar; así como atender la violencia intrafamiliar;

III. Diseñar e implementar programas sociales focalizados para atender la violencia en el Entorno Escolar;

IV. De los resultados del Registro Nacional para el Control de la Violencia en el Entorno Escolar, diseñar estrategias focalizadas en las instituciones de mayor incidencia de violencia, en coordinación con la Secretarías de Educación, Gobernación y Salud;

V. En coordinación con la Secretaría de Educación diseñar acciones para la capacitación de todo el personal de las instituciones de educación acerca de la violencia en el Entorno Escolar;

VI. Difundir entre la Comunidad Escolar, las instituciones que brinden ayuda a estudiantes víctimas, testigos o agresores de violencia en el Entorno Escolar, y

VII. Las demás que le señale esta Ley, su reglamento o cualquier otra disposición en la materia.

Artículo 18. Corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos:

I. Formar parte del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar;

II. Vigilar el cumplimiento de esta Ley, así como emprender acciones para su promoción y difusión en las instituciones escolares;

III. Brindar apoyo a las instituciones escolares públicas y privadas de las entidades sobre el tratamiento y manejo de situaciones de violencia escolar;

IV. Vigilar que el cumplimiento de los objetivos de esta Ley sea en estricto apego a los Derechos Humanos;

V. Proporcionar a estudiantes, padres de familia o tutores y a la Comunidad Escolar información de sus atribuciones y competencias en materia de prevención y erradicación de la violencia en el Entorno Escolar;

VI. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención, tratamiento y erradicación de la violencia en el Entorno Escolar, así como promover una convivencia armónica en el entorno familiar, y

VII. Las demás que esta Ley, su reglamento o cualquier otra disposición le señale.

TITULO SEGUNDO

DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION Y
ERRADICACION DE LA VIOLENCIA ESCOLAR

CAPITULO I

DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA ESCOLAR

Artículo 19. El Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar tiene por objeto coordinar acciones a nivel nacional entre las Secretarías de Educación, Salud, Gobernación, Desarrollo Social y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y las Secretarías de Educación de las entidades federativas, con la finalidad de diseñar y emprender acciones encaminadas a prevenir y erradicar la violencia en el Entorno Escolar.

El Sistema Nacional será un órgano especializado en el tema de la prevención, tratamiento, atención y seguimiento de la violencia en el Entorno Escolar.

Artículo 20. El Sistema Nacional se integrará por los titulares de:

I. Secretaría de Educación Pública;

II. Secretaría de Salud;

III. Secretaría de Gobernación;

IV. Secretaría de Desarrollo Social;

V. Comisión Nacional de Derechos Humanos, y

VI. Secretarías de Educación de las entidades federativas o sus homólogas.

Artículo 21. Son principios del Sistema Nacional:

I. Certeza: La toma de decisiones del Sistema Nacional deben ser completamente verificables, fidedignos y confiables;

II. Imparcialidad: Debe reconocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los valores fundamentales de los derechos humanos;

III. Independencia: Se debe guiar en todo momento por las garantías y atributos de que disponen los órganos y autoridades que conforman el Sistema Nacional para que sus procesos de deliberación y toma de decisiones se den con absoluta libertad;

IV. Legalidad: Todas las actuaciones del Sistema Nacional deberán estar apegadas a la protección de los Derechos Humanos, así como de las leyes aplicables en la materia;

V. Objetividad: El Sistema Nacional debe fundar sus acciones en el reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa y, consecuentemente, la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de visiones y opiniones parciales o unilaterales;

VI. Participación: Promover entre la Comunidad Escolar, así como entre la sociedad en general mecanismos de participación e información para prevenir y erradicar la Violencia Escolar en el Entorno Escolar;

VII. Prevención: Todas las acciones tendrán como principal prevenir la violencia en el Entorno Escolar;

VIII. Transparencia: Las decisiones, programas, acciones, campañas o cualquier acción decidida por el Sistema Nacional, deberá ser difundido y de fácil acceso para la población en general, y

IX. Vigilancia: Mantener una permanente observancia del cumplimento de esta Ley por parte de todas las instituciones educativas públicas y privadas del país.

Artículo 22. La organización del Sistema Nacional será la siguiente:

I. El Sistema Nacional se integrará a partir de un Consejo Nacional el cual será presidido por el titular de la Secretaría de Educación;

II. Los titulares de las Secretarías de Salud, Desarrollo Social, Gobernación y Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como los titulares de las Secretarías de Educación o similares de las entidades formarán el Consejo Nacional con carácter de Consejeros;

III. El Consejo Nacional se reunirá en al menos 3 ocasiones anualmente, debiendo realizarse la primera reunión 30 días antes del inicio de cada ciclo escolar, de acuerdo al calendario establecido por la Secretaría de Educación;

IV. En la primera sesión del Consejo, el representante de la Secretaría de Educación dará a conocer los resultados del Registro Nacional para el Control de la Violencia en el Entorno Escolar;

V. Durante las reuniones del Consejo Nacional se tomarán los acuerdos necesarios para cumplir con las obligaciones y objetivos señalados en esta Ley para cada una de las autoridades correspondientes;

VI. Las determinaciones del Consejo Nacional deberán proveer de instrumentos y mecanismos a las instituciones de educación para atender los casos de violencia en el Entorno Escolar, su prevención y erradicación;

VII. Las determinaciones del Consejo Nacional tendrán carácter de obligatorio para cada uno de sus integrantes;

VIII. El Consejo Nacional dará a conocer al inicio del ciclo escolar un programa de acción, sus estrategias y objetivos que en conjunto emprenderán a fin de prevenir y erradicar la violencia en el Entorno Escolar; para la elaboración de dicho programa tomará en cuenta los resultados del Registro Nacional para el Control de la Violencia en el Entorno Escolar, a fin de focalizar mayores esfuerzos en las comunidades escolares con mayores índices de violencia;

IX. El programa de acción diseñado por el Consejo Nacional deberá ser aplicable a los grados escolares de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior y contendrá como mínimo lo siguiente:

a) Establecer que en todas las instituciones educativas públicas y privadas así como en el Entorno Escolar queda prohibido cualquier tipo de manifestación de violencia dirigida a cualquier miembro de la Comunidad Escolar.

b) Estrategias que sensibilicen a la Comunidad Escolar acerca de los diferentes tipos de violencia, sus casusas, consecuencias en el desarrollo personal, en el Entorno Escolar, familiar y social.

c) Acciones encaminadas a promover la convivencia armónica y democrática en la sociedad.

d) Las acciones que deberán llevar a cabo los directores y personal de las instituciones educativas para hacer frente a casos de violencia en el Entorno Escolar hacia cualquier miembro de la Comunidad Escolar.

e) Los derechos y obligaciones de los estudiantes, así como de quienes ejercen la patria potestad o tutela.

X. Al finalizar el ciclo escolar el Consejo Nacional dará a conocer bajo el principio de máxima publicidad, la evaluación de los resultados de las estrategias y acciones realizadas, su impacto en la disminución de la violencia en el Entorno Escolar, así como los alcances y limitantes del programa, a fin de que se reconozcan sus fortalezas y debilidades, y

XI. Para la realización de las sesiones del Consejo Nacional los Secretarios de cada dependencia podrán designar a un representante con cargo no menor de subsecretario.

Artículo 23. El Sistema Nacional para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones, podrá solicitar el apoyo o coordinación de cualquier otra dependencia federal o de las entidades federativas, organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de padres de familia o cualquier otra que tenga como finalidad la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, o la prevención de la violencia en el Entorno Escolar a fin de garantizar el cumplimiento de esta Ley.

CAPITULO II

DE LA PREVENCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA Y DESARROLLO INTEGRAL EN EL ENTORNO ESCOLAR

Artículo 24. Los tipos de violencia en el Entorno Escolar que se pueden observar, de manera enunciativa, más no limitativa, son en los siguientes casos:

I. Acoso Escolar: La conducta repetitiva e intencional que produce cualquier tipo de daño físico, psicológico o emocional ya sea grupal o individual hacia cualquier integrante de la Comunidad Escolar;

II. Cibernética: Toda acción mediante correos electrónicos, páginas electrónicas, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, teléfono móvil o cualquier otra tecnología de información y comunicación que cause daño psicológico y preocupación;

III. Exclusión Social: Cuando el Estudiante es rechazado amenazado y aislado por razones de pertenecía étnica, credo, color de piel, lengua, género, edad, estado civil, condición de salud, embarazo o cualquier otra que vulnere los derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes;

IV. Físico Directo: Toda acción u omisión intencional que cause cualquier tipo de daño corporal;

V. Físico Indirecto: Toda acción u omisión que ocasiona un daño mediante la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamientos o retención de objetos u otras pertenecías de algún miembro de la comunidad o bienes de la Institución Escolar;

VI. Psicológico: Toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta y el comportamiento del Estudiante mediante humillación cuando existen amenazas, prohibiciones, intimidaciones, indiferencia, chantaje, persecución, sometimiento, obscenidades, gesticulaciones o cualquier otro medio que afecte la estabilidad emocional;

VII. Sexual: Toda aquella discriminación y violencia contra otro relacionada con su sexualidad, la tentativa de consumar un acto sexual, hostigamiento, insinuaciones sexuales no deseadas, miradas o palabras lascivas, imágenes o videos pornográficos, tocamientos y hostigamientos, y

VIII. Verbal: Acciones violentas a través del lenguaje, como los insultos, sobrenombres, descalificaciones, humillaciones, menosprecios y burlas en público y privado.

CAPITULO III

DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL ESCOLAR, PADRES Y
MADRES DE FAMILIA O TUTORES

Artículo 25. Las instituciones educativas dentro del Consejo de Participación Social deberán establecer la formación de una comisión para la prevención e intervención en casos de violencia en el Entorno Escolar hacia cualquier miembro de la Comunidad Escolar.

Dicha comisión deberá llevar un registro de los reportes e incidentes de violencia en el Entorno Escolar, el cual deberá ser entregado trimestralmente a la dirección de la Institución Escolar. El registro deberá contener los nombres de las víctimas y agresores y testigos en caso de que los haya, así como los actos de Violencia Escolar cometidos, las acciones inmediatas tomadas por el personal correspondiente, así como las sanciones y compromisos asumidos por cada una de las partes involucradas.

El resguardo de la información del registro de reportes e incidentes de violencia en el Entorno Escolar estará bajo la responsabilidad de la dirección de la Institución Escolar, a fin de garantizar el uso adecuado de la información.

Artículo 26. La Institución Escolar deberá elaborar un informe anual y darlo a conocer a la Comunidad Escolar antes de finalizar el ciclo escolar, el cual deberá contener el número de casos de violencia en el Entorno Escolar que se presentaron, las acciones y estrategias llevadas a cabo, así como sus resultados.

En todo momento se resguardará la información personal de los integrantes de la Comunidad Escolar involucrados en casos de violencia en el Entorno Escolar.

Artículo 27. El personal escolar deberá recibir capacitación por parte de la Secretaría de Educación a acerca de cómo tratar casos de violencia escolar, así como las causas y consecuencias de ésta, y la forma adecuada de dar seguimiento a dichas situaciones. Además la Secretaría de Educación pondrá a su disposición las instituciones públicas o privadas que brindan ayuda psicológica, educación para padres o de atención a víctimas de violencia en el Entorno Escolar.

Artículo 28. Los padres de familia deberán tener facilidades para acceder a cursos, conferencias, e información en general acerca de las causas y consecuencias de la violencia en el Entorno Escolar, así como de Escuela para Padres promovidos por el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar.

CAPITULO IV

DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA
A LOS CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR

Artículo 29. En los casos de violencia en el Entorno Escolar, el personal escolar deberá dar el tratamiento siguiente:

I. Cuando un Estudiante esté siendo Víctima de violencia en el Entorno Escolar, deberá comunicarlo de manera inmediata a cualquier integrante del personal escolar, el cual de inmediato tendrá que informar a la dirección de la Institución Escolar para dar el tratamiento correspondiente;

II. Cuando alguien de la Comunidad Escolar se percate de algún acto de violencia en el Entorno Escolar deberá dar conocimiento a la dirección de la Institución Escolar;

III. Una vez que se haya tenido conocimiento de los hechos de inmediato se dará seguimiento y se inscribirán los acontecimientos en el expediente correspondiente, relatando los hechos, sujetos involucrados, formas y estrategias a implementar.

IV. Son responsable de la violencia en el Entorno Escolar:

a) Agresor: aquel que comete cualquier tipo de violencia de manera directa o indirecta sobre algún miembro de la Comunidad Escolar, bienes materiales físicos de la institución, del personal escolar o estudiantes.

b) Testigo: aquel que con su conducta de manera directa o indirecta aprueba los actos de violencia del Agresor haciendo burla, mofa, exhibiendo, publicando en internet los actos de violencia sobre la Víctima; así como aquel que teniendo carácter de personal de la Institución Escolares omiso ante un acto de violencia en el Entorno Escolar.

c) El personal escolar que después de haber recibido la queja de la Víctima de violencia en el Entorno Escolar no cumpla con los protocolos establecidos en esta Ley.

V. Una vez que la dirección de la Institución Escolar haya cumplido con lo establecido en la fracción III de este artículo, deberá valorar la pertinencia o no de separar a los involucrados de sus actividades escolares, hasta que los padres de familia o tutores asistan y se comprometan a resarcir los daños ocasionados;

VI. Si el acto de violencia no es sancionado en los términos de esta Ley como grave y el Agresor no es reincidente en la misma conducta, se procederá únicamente a registrar los hechos en los respectivos expedientes, quedando el antecedente;

VII. En los casos de violencia sancionados en esta Ley como graves se procederá inmediatamente a citar a los padres de familia o tutores de los estudiantes involucrados, quienes tendrán la obligación de asistir a la Institución Escolar con prontitud. Una vez reunidos el director de la Institución Escolar, padres de familia o tutores, y los involucrados en el caso de violencia, se procederá a una conciliación;

El acta de conciliación se hará por escrito, y será adjuntada al expediente de los estudiantes involucrados, en ella los padres de familia o tutores se comprometerán a llevar a cabo las estrategias correspondientes para evitar la reincidencia de la conducta, así como a cumplir con las estrategias que el personal de la Institución Escolar determine, y en su caso reparar los daños ocasionados;

VIII. En caso de que la situación de violencia en el Entorno Escolar haya impactado en el desarrollo emocional y psicosocial de la Víctima, la Institución Escolar deberá canalizarlo para recibir atención especializada de acuerdo a las necesidades particulares del caso.

IX. Cuando un Agresor es reincidente en su conducta, con uno o diferentes miembros de la Comunidad Escolar, la Institución Escolar deberá solicitar a los padres de familia o tutores canalizarlo para recibir atención especializada para el adecuado tratamiento de su conducta.

En estos casos, además la Institución Escolar podrá solicitar al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, así como de sus homólogas estatales y municipales, visitas al domicilio de los estudiantes involucrados a fin de verificar que el entorno familiar es adecuado para su desarrollo integral. La información recabada deberá ser proporcionada a la dirección de la Institución Escolar, la cual a su vez la integrará al expediente del Estudiante. Asimismo, los padres de familia o tutores informarán los resultados de las visitas a la Institución Escolar a la cual fuera canalizado el Estudiante para su valoración;

X. En caso de que el personal escolar se percate que en el contexto familiar de un Estudiante Víctima, Agresor o Testigo existen condiciones de violencia, adicciones, maltrato, acoso o abuso sexual, así como cualquier otra característica que ponga en riesgo su integridad personal, podrá canalizar al padre de familia o Tutor a fin de que reciban atención especializada. Se podrá dar aviso al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia de la problemática para su debida atención, y

XI. En caso de que el Padre de Familia o Tutor, Agresor, Testigo o Víctima se nieguen a recibir atención especializada, así como cumplir con las estrategias establecidas por el personal escolar, y las conductas de violencia en el Entorno Escolar persistan, la Institución Escolar podrá solicitar su transferencia de Institución Escolar ante la instancia correspondiente.

Una vez que la Institución Escolar solicite el cambio del Estudiante, la Institución Escolar que reciba al Estudiante deberá solicitar al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, o sus homólogas estales y municipales, una reunión con los padres de familia o tutores del Estudiante, así como con el director de la Institución Escolar, a fin de establecer un compromiso que consistirá en visitas domiciliarias para corroborar que en el entorno familiar se lleven a cabo las estrategias necesarias para evitar futuros actos de violencia en el Entorno Escolar. Asimismo, en dichas visitas se corroborará que en caso de estar bajo seguimiento psicológico, psiquiátrico o cualquier otro, este se cumpla a cabalidad.

Artículo 30. Una vez atendido el Protocolo de seguridad de esta Ley, la Institución Escolar deberá dar seguimiento a los casos de violencia en el Entorno Escolar, que dieron lugar a la activación de dicho Protocolo.

Artículo 31. Las Instituciones Escolares promoverán la convivencia armónica dentro del Entorno Escolar a través de programas, campañas, talleres o cualquier otro medio a entre toda la Comunidad Escolar.

CAPITULO V

DE LAS QUEJAS

Artículo 32. Los Padres de Familia o tutores en el caso de que el personal Escolar no dé cumplimiento a lo establecido con esta Ley, podrán presentar quejas ante la Institución Escolar o la autoridad inmediata superior a fin de erradicar la Violencia en el Entorno Escolar.

Artículo 33. Las quejas podrán ser presentadas ante la Institución Escolar donde ocurrieron los hechos de violencia, ante la autoridad inmediata superior o directamente ante la Secretaría de Educación.

Artículo 34. La información contenida en las quejas tiene carácter de confidencial.

Artículo 35. En las instituciones educativas el encargado de recibir las quejas será el director de la Institución Escolar.

Artículo 36. En caso de que las quejas sean presentadas ante la autoridad superior inmediata de la Institución Escolar, deberá citar al director de la Institución Escolar para responder por los actos u omisiones respecto del caso particular.

La autoridad superior inmediata deberá conocer a fondo la versión de cada una de las partes involucradas, y tomar las medidas necesarias de acuerdo al capítulo de sanciones de esta Ley.

Artículo 37. En caso de que las quejas sean presentadas ante la Secretaría de Educación o sus homólogas estatales, deberá investigar los hechos ocurridos. Podrá citar al director de la Institución Escolar y a la autoridad superior inmediata para responder por los actos u omisiones respecto del caso particular.

La Secretaría de Educación Pública deberá conocer a fondo la versión de cada una de las partes involucradas, y tomar las medidas necesarias de acuerdo al capítulo de sanciones de esta Ley o cualquier otra disposición aplicable en la materia.

CAPITULO VI

DEL REGISTRO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA VIOLENCIA
EN EL ENTORNO ESCOLAR

Artículo 38. Se crea el Registro Nacional para el Control de la Violencia en el Entorno Escolar, a cargo de la Secretaría de Educación, el cual tiene por objeto llevar un conteo y escrutinio de los casos de violencia en el Entorno Escolar que se presentan en las instituciones de educación públicas y privadas de los niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 39. Corresponde a la Secretaría de Educación implementar las medidas pertinentes a fin de garantizar que el Registro Nacional sea un instrumento confiable, veraz y preciso que permitan al Sistema Nacional diseñar las estrategias necesarias para la prevención y erradicación de la violencia en el Entorno Escolar.

Artículo 40. Corresponde a la Secretaría de Educación implementar las medidas pertinentes a fin de que las instituciones de educación sujetas a esta Ley, entreguen semestralmente un reporte de las incidencias de violencia en el Entorno Escolar el cual deberá contener:

a) El número de incidencias de Violencia Escolar presentadas en el periodo correspondiente;

b) Los tipos de violencia que se presentaron;

c) Las sanciones y estrategias implementadas;

d) Las afectaciones ocasionadas a la Comunidad Escolar por los actos de violencia en el Entorno Escolar, y

e) Cualquier otra que la Institución Escolar estime pertinente señalar.

Artículo 41. Los resultados del Registro Nacional deberán ser presentados semestralmente, y estar disponibles para su consulta en el portal de internet de la Secretaría de Educación Pública.

TITULO TERCERO

DE LAS SANCIONES, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA

CAPITULO I

DE LAS SANCIONES A AUTORIDADES, PERSONAL ESCOLAR, ESTUDIANTES Y A LOS PADRES DE FAMILIA O TUTORES

Artículo 42. Las sanciones disciplinarias por parte del personal para los agresores y testigos de violencia en el Entorno Escolar serán las siguientes:

I. Amonestación: Advertencia verbal y un reporte escrito de manera preventiva que se hace al Agresor y testigos sobre las consecuencias de su conducta, y de las medidas aplicables frente a una futura reincidencia;

II. Amonestación severa: En caso de reincidencia y en presencia de los padres, el Agresor y testigos por escrito se comprometerán a implementar las medidas pertinentes para evitar la consecución de la conducta agresiva, así como a cumplir con las estrategias hechas por el personal de la Institución Escolar;

III. Separación temporal de actividades: En caso de que la conducta agresiva persista, aún después de haber cumplido con la fracción anterior, se separará al Estudiante de las actividades académicas de manera temporal, y el personal docente y directivo de la Institución Escolar deberán diseñar actividades para el Estudiante Agresor o Testigo, las cuales deberán ser desarrolladas dentro de la institución y en compañía del padre de familia o Tutor;

IV. Tratamiento: En los casos que el personal de la Institución Escolar estime necesario que el Estudiante Agresor, Testigo o padre de familia o Tutor asistan a recibir ayuda profesional en psicología, psiquiatría, Escuela para Padres o cualquier otra, deberán ser canalizados a la institución correspondiente.

La asistencia y cumplimiento del tratamiento en los casos graves de violencia en el Entorno Escolar, podrá ser la condición para la reintegración del Estudiante Agresor o Testigo a sus actividades escolares;

V. Suspensión de clases: En los casos de que el padre de familia Tutor, no asista al llamado de la Institución Escolar, así como en los casos señalados en la fracción anterior, se podrá proceder al cese temporal de la asistencia a clases, acompañado de actividades y tareas de acuerdo al programa de estudio vigente y con lo señalado con personal correspondiente de la Institución Escolar, que deberá realizar durante el cese de clases;

VI. Transferencia a otra Institución Escolar: En los casos de no dar cabal cumplimiento a los establecido en las fracciones anteriores por parte del Padre de Familia o Tutor, y de no existir cambios significativos en la conducta del Estudiante Agresor o Testigo, la Institución Escolar solicitará al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, o sus homólogas estatales o municipales, realicen los estudios correspondientes a fin de determinar la conveniencia de tramitar la transferencia y, en su caso dicho Sistema solicitará canalizar al Estudiante a la autoridad correspondiente para su reubicación en otra Institución Escolar.

Artículo 43. El personal de la Institución Escolar se hará acreedor a sanciones establecidas en los ordenamientos correspondientes cuando:

I. Tolere, consienta o sea omiso frente a actos de violencia en el Entorno Escolar;

II. No cumpla con el Protocolo de Seguridad establecido en esta Ley;

III. Ejerza algún tipo de violencia hacia algún miembro de la Comunidad Escolar;

IV. Proporcione información confidencial de los involucrados en actos de violencia en el Entorno Escolar, y

V. No cumpla con las obligaciones establecidas en esta Ley.

Artículo 44. Los padres de familia o tutores se harán acreedores a amonestaciones en los casos de no cumplir con las obligaciones que establece esta Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se deberá expedir el Reglamento del Presente Decreto en un plazo no mayor a los 90 días naturales de la entrada en vigor.

TERCERO. El Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar deberá instalarse y comenzar sus trabajos sesenta días después a la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO. El Registro Nacional para el Control de la Violencia en el Entorno Escolar deberá a comenzar a operar 60 días después de la entrada en vigor del presente Decreto.

QUINTO. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados preverá en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal inmediato a la aprobación del presente Decreto una partida presupuestaria, para la creación del Sistema Nacional y Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar, el Registro Nacional para el Control de la Violencia en el Entorno Escolar, así como para dar cumplimiento a todas las disposiciones del presente Decreto.

SEXTO. Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, conforme a sus respectivas facultades, habrán de adecuar los ordenamientos, legales y reglamentarios correspondientes a lo establecido en el presente Decreto, en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de su entrada en vigor.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 2 días del mes de septiembre de 2014".

1 Ibarra Sánchez, Ernesto, "Protección de niños en la red: sexting, ciberbullying y pornografía infantil", Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, [citado 25-08-14] disponible en internet en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3646/5.pdf

2 Valdez, Blanca, "México es el primer lugar de bullying a escala internacional", Periódico Milenio, 23-05-14, [citado 25- 08-14], disponible en: http://www.milenio.com/politica/Mexico-primer-bullying-escala-internacional_0_304169593.html

3 Alcántara, Liliana, "Crece el bullying y es más agresivo" periódico el universal, 22-05-14, [en línea] disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/crece-bullying-y-es-mas-agresivo-1012095.html

4 Encuesta "Regreso a clases, ¿regreso al bullying?", Parametría, Julio 2013, [citada 25-08-2014] disponible en http://parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4567

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Avila.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido, por favor, en el escaño, tanto de la Senadora Mariana Gómez del Campo, como del Senador Mario Delgado.

¿Para qué asunto, señora Senadora?

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Para solicitarle al Senador David Monreal, si me permite sumarme a esta iniciativa, y para también solicitar, hay varias iniciativas que tienen que ver con evitar el acoso escolar en las escuelas de México, y hay alrededor de 8 iniciativas en diferentes comisiones.
Me parecería muy importante que se pudiesen dictaminar junto con la iniciativa preferente, no dejar a un lado estas iniciativas por la iniciativa preferente, y encontramos, pues, el mejor momento para poder legislar al respecto, un problema, en el que desafortunadamente, de acuerdo a datos de la OCDE, ocupamos el penoso primer lugar a nivel mundial en acoso escolar.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Senadora. Senador David Monreal, ¿acepta la incorporación de la Senadora Mariana Gómez del Campo en su proyecto de iniciativa?

- El C. Senador David Monreal Avila: (Desde su escaño) ¡Con gusto, señor Presidente!

- El C. Presidente Aispuro Torres: El Senador Mario Delgado, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) También para pedirle sumarme a su iniciativa. Ojalá se dictaminen.

Es una pena que habiendo tantas iniciativas tenga que venir el Ejecutivo a ponernos el tema como, con la urgencia que se tiene en el país.

Gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señor Senador Mario Delgado. Con gusto tomamos nota de ello.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Miguel Romo Medina.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Para los mismos efectos, señor Presidente.

Hemos participado con algunas iniciativas, en lo personal también, en materia de violencia escolar.

Rogarle nos acepte sumarnos a esta iniciativa que está presentando.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto. Pido a la Secretaría que tome nota de ello.

- La C. Senadora Martha Elena García Gómez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Martha Elena García.

¿Para qué asunto, señora Senadora?

- La C. Senadora Martha Elena García Gómez: (Desde su escaño) Para unirme, adherirme a este gran trabajo. ¡Claro que sí!

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias.

Igualmente el Senador Francisco Salvador López Brito y la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. Pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Se turna esta Iniciativa a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

A continuación se le concede el uso de la palabra…
- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Martha Palafox. ¿Para qué asunto, señora Senadora?

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Es sobre el tema, que estoy solicitando la palabra, en relación con la presentación del Senador David Monreal.

Comentarles que hoy tuvimos reunión de la Comisión de Educación. Precisamente se habló de incorporar las propuestas e iniciativas que han estado presentando los compañeros.

Está, entre otros, el tema de colegiación y certificación obligatoria, y también la revisión al artículo 7 de la Ley General de Educación, y algunos otros que se han estado incluyendo.

Igual, para pedirle al compañero, acepte sumarnos a esta iniciativa, y se va a iniciar la discusión en comisiones de la ley enviada por el Ejecutivo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martha Palafox, con gusto. Pido a la Secretaría que tome nota de ello.

- El C. Senador Juan Carlos Romero Hicks: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Juan Carlos Romero Hicks.

¿Para qué asunto, señor Senador?

- El C. Senador Juan Carlos Romero Hicks: (Desde su escaño) Para hechos.

El tema de la violencia no está ausente de legislación. Hay 5 leyes federales que ya tienen el tema, aunque de manera insuficiente.

La Comisión de Educación, hace 2 horas acordó que las 8 iniciativas que tenemos, se están procesando, estamos en ruta, y está en el programa de trabajo, lo hemos trabajado con UNICEF.

Quiero hacer una precisión muy importante. La iniciativa ley del señor Presidente Peña, no es una ley anti bullying, ni tampoco es una ley para niños no acompañados migrantes, es una ley marco, que seguramente va a dar una utilidad, pero que no va a ser suficiente, y que tiene que articularse, y por eso le damos la bienvenida a estas iniciativas, las que hicieron en su momento los Senadores Doña Mariana, Don Mario, y tenemos por lo menos otros 12 legisladores que también en esta Cámara han hecho su contribución, está como parte de un paquete, y le damos la bienvenida.

Y aprovecho para comentar que muy probablemente con UNICEF vamos a tener un marco ya más amplio en un evento que tendremos el 8 y el 9 del presente mes.

En la Iniciativa preferente viene una parte significativa, pero no es suficiente, no es una ley anti bullying.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Juan Carlos Romero Hicks. Tomamos nota de ello.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA UNIDAD PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES

(Presentada por el C. Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Isaías González Cuevas: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores, hago uso de esta tribuna para presentar la iniciativa que expide una nueva ley que permita desligar al salario mínimo de los ordenamientos legales a los que ha estado atado durante muchos años, y que tiene influencia negativa en la evolución de este indicador de suma importancia para millones de trabajadores en México.

El nivel de los salarios mínimos en nuestro país tiene diversos determinantes de naturaleza económica. Sin embargo, su comportamiento durante los últimos años, también es resultado de criterios de índole administrativo, pues el salario mínimo está ligado a un conjunto amplio de ordenamientos jurídicos, en donde se utiliza como unidad de base, de referencia o unidad de cuenta para el pago de obligaciones legales y sanciones administrativas o penales, así como para otros fines administrativos e incluso financieros.

Por ello, que cualquier aumento que pudiera tener el salario mínimo, modifica de manera automática las sumas a pagar por obligaciones y derechos, establecidas en un gran número de ordenamientos federales, que afectan a gran cantidad de ciudadanos y no solo a los directamente involucrados en las relaciones laborales.

El uso del salario mínimo, en una gran parte de los ordenamientos jurídicos federales, se originó en la necesidad de modificar diferentes disposiciones, que históricamente establecían referencias cuantitativas en pesos, para precisar montos de impuestos, multas, penas, recargos, devoluciones, cuotas, pensiones, créditos hipotecarios, etcétera.

El problema se inició cuando apareció el fenómeno inflacionario. Ya que estos montos fueron quedando rezagados con el tiempo. Su actualización se realizaba de manera más lenta, en relación al cambio en las condiciones económicas, comerciales, sociales y tecnológicas del país.

En ocasiones, muchos preferían pagar la sanción, que resultaba ridícula, a cumplir con lo establecido en los diversos ordenamientos legales.

El criterio para empezar a utilizar el salario mínimo, como unidad de cuenta, fue establecer un mecanismo para que estas actualizaciones se hicieran sobre bases resolutivas y no en cantidades absolutas.

En su momento se consideró conveniente, toda vez que el salario mínimo reflejaba un monto específico dando solución a la problemática existente.

Ahora, cuando se fija el porcentaje de aumento en los salarios mínimos, al mismo tiempo suben los montos de las obligaciones que usan al salario mínimo como unidad de cuenta contenidas en el 45% de las disposiciones legales del marco jurídico federal.

Esta práctica, a lo largo de los años ha generado otro problema grave y de difícil solución. Ya que los criterios definidos en la legislación laboral, para fundar y motivar los aumentos a los salarios mínimos, ya no son los únicos y parecen haber pasado a segundo plano, prevaleciendo las supuestas consecuencias inflacionarias, que tienen efectos negativos sobre las expectativas económicas.

Estos criterios son claramente definidos en el artículo 123 fracción VI de la Constitución Política, y están reglamentados en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, en ellos no se contempla que el salario mínimo sea una unidad de base, de referencia o de unidad de cuenta.
Si solo se recurriera a lo establecido en el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo para la fijación de los montos de los salarios mínimos, su nivel podría subir de acuerdo al comportamiento de las variables del mercado laboral, ya que su ajuste dependería del comportamiento general de la economía, tomando cuenta inflación, productividad, inversión y empleo.

Este problema ha sido advertido en la instancia tripartita encargada de la revisión de los salarios mínimos, que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y desde hace algunos años ha sido tema de análisis en las reuniones, en su consejo de representantes.

Los sectores productivos están conscientes del problema, aunque éste persiste y se agrava.

A escala federal, la estructura legal de nuestro país se compone de 291 disposiciones, de ellos en 131 se hace referencia a la figura del salario mínimo como unidad de cuenta para el pago de obligaciones.

Como ya mencionamos, se trata del 45% de la legislación federal vigente.

La situación actual, nos conduce a una paradoja difícil de resolver y podemos ejemplificar de la siguiente manera.

El aumento de los salarios mínimos beneficia a quien lo gana; pero al mismo tiempo perjudica a millones de titulares de créditos hipotecarios, quienes tienen sus créditos tasados en veces salarios mínimos, y que por consecuencia, todo aumento al salario mínimo afecta sus ingresos, pues se eleva el valor de su deuda.

Senadoras y Senadores, el objetivo de la presente iniciativa es expedir una nueva ley que crea la unidad de pagos de obligaciones, que será la unidad de cuenta exclusivamente para actos jurídicos, cuya finalidad es actualizar el monto de las obligaciones jurídicas de pago en moneda nacional, al ritmo de la inflación.

De ser aprobada esta propuesta, el uso de la unidad para el pago de obligaciones, tendrá dos vertientes esenciales.

Por un lado, conservará el mecanismo relativo para la actualización automática de los montos de las obligaciones a pagar contenidas en las leyes federales.

Y por otro lado, se liberará al salario mínimo de este lastre que entorpece sus aumentos.

El valor inicial de cada unidad para el pago de obligaciones será el equivalente en pesos a un salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al momento de entrar en vigor el presente ordenamiento, y cada año se actualizará agregándole a la tasa inflacionaria acumulada en el período diciembre-diciembre.

Otra ventaja que tendrá crear esta unidad para el pago de obligaciones, es que permitirá retomar de manera exclusiva los criterios constitucionales y legales para determinar cualquier aumento al salario mínimo en el futuro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante este Pleno la iniciativa con proyecto de Decreto para que se expida la Ley de la Unidad de Pago de Obligaciones.

Es cuanto. Y muchas gracias por su atención.

Iniciativa

"Parlamentario del PRI en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de la Unidad para el Pago de Obligaciones, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El nivel de los salarios mínimos en nuestro país tiene diversos determinantes de naturaleza económica. Sin embargo, conviene destacar que su comportamiento durante los últimos años, también es resultado de criterios de índole administrativo, pues el salario mínimo está ligado a un conjunto amplio de ordenamientos jurídicos en donde se le utiliza como unidad base de referencia o unidad de cuenta para el pago de obligaciones legales y sanciones administrativas o penales, así como para otros fines administrativos, e incluso financieros, por lo que cuando aumenta su nivel, modifica de manera automática un conjunto amplio de ordenamientos federales y afecta a un gran número de ciudadanos y no sólo a quienes están involucrados directamente en las relaciones laborales.

El objetivo de la presente iniciativa, es crear las Unidades para el Pago de Obligaciones (UPO), que será una unidad de cuenta exclusivamente para actos jurídicos, cuya finalidad es indexar o actualizar el monto de las obligaciones jurídicas de pago en moneda nacional al ritmo de la inflación. Esta unidad de cuenta expresará los valores o montos en dinero, de diversas obligaciones y límites mínimos y máximos para el pago de las mismas, determinados en las leyes federales, así como en los reglamentos de las mismas; por tanto, será una unidad de cuenta y no una unidad monetaria. Su función es desligar al salario mínimo de una función que no le corresponde y permitir que los criterios establecidos en la legislación laboral para su determinación sean los que prevalezcan.

La problemática que plantea el que el salario mínimo se use en una gran parte de los ordenamientos jurídicos federales, se originó en el hecho de que en diferentes leyes federales que constituyen nuestro marco legal, históricamente fueron apareciendo, en los artículos que las componen, diferentes disposiciones que establecen referencias cuantitativas en moneda de curso legal, en pesos, para precisar montos de impuestos, multas, penas, recargos, devoluciones, cuotas, pensiones, créditos hipotecarios, etc.; también para marcar límites mínimos y máximos ya sea para incluir, o bien para excluir, actos, personas o bienes, de la aplicación de los regímenes contenidos en tales disposiciones.

Con el paso del tiempo, estos montos y límites fueron quedando rezagados, pues las condiciones económicas, comerciales, sociales y tecnológicas del país cambiaron con mayor velocidad. Ocurría que las referencias cuantitativas no cambiaban o lo hacían muy lentamente a lo largo de los años, por el hecho de que actualizarlas, habría supuesto constantes reformas legales a escala federal, por lo que llegaba el momento en que los impuestos, derechos, multas, sanciones, recargos, devoluciones, cuotas, pensiones, prerrogativas y otros, resultaban obsoletos o irrisorios, aparecía una avalancha de críticas a las autoridades, por su falta de previsión, pues muchos preferían pagar la sanción que resultaba ridícula, a cumplir lo establecido en los diversos ordenamientos legales, pues era económicamente más racional violar la ley, que acatarla.

Ante este estado de cosas, se pensó que la solución a esta problemática consistía en establecer un mecanismo para que estas actualizaciones se realizarán de manera automática, es decir que estas referencias se hicieran sobre bases relativas y no en cantidades absolutas, para que los montos se adecuaran sin necesidad de modificar muchas disposiciones legales cada vez que tuvieran que actualizarse los montos de referencia establecidos en las disposiciones legales.

Este fue el criterio, para empezar a utilizar el Salario Mínimo como unidad base de referencia, unidad de cálculo o unidad de cuenta, toda vez que el salario mínimo reflejaba un monto específico y estable en dinero, que se revisaba periódicamente. Así, en las diversas leyes, códigos y reglamentos de jurisdicción federal, empezó a aparecer la referencia al salario mínimo, al de la zona geográfica específica, al promedio del salario mínimo nacional, o el salario mínimo del Distrito Federal, expresando los montos y límites en múltiplos de dicho salario diario o mensual.
Esta situación ha seguido evolucionando en el mismo sentido, durante muchos años, de tal manera que cuando se fija el porcentaje de aumento de los salarios mínimos generales y profesionales, como lo establecen tanto la fracción VI del artículo 123, como la Ley Federal del Trabajo (LFT), simultáneamente se elevan los montos de las obligaciones referidas al salario mínimo y que están contenidas en el 45 % de las disposiciones legales del marco jurídico federal.

Los aumentos que se realizaban y realizan de manera automática por estar referidas al monto del salario mínimo, cuando aumenta éste, pueden resultar favorables o desfavorables, según el caso, a los ciudadanos o al Gobierno Federal. De tal manera que existe un efecto económico más o menos importante, y se impacta al grueso de la población, pues en el conjunto de la legislación a escala federal de esta intrincada red de disposiciones legales, se encuentran contenidas disposiciones que utilizan al salario mínimo como unidad base de referencia o unidad de cuenta para el pago de obligaciones, por lo que además se afectan los presupuestos de múltiples dependencias del gobierno federal y los de los particulares que pagan obligaciones tasadas de acuerdo al monto del salario mínimo y no necesariamente guardan proporción con su objeto.

Lo que tenemos ahora, es que un mecanismo adecuado, que resolvió el problema de actualizar estas obligaciones en el conjunto de la legislación federal mexicana referida al pago de obligaciones, se ha venido constituyendo en otro problema, que ya es grave y de difícil solución. Este problema radica en que los criterios definidos en la legislación laboral, tanto en su parte constitucional como legal, para fundar y motivar los aumentos a los salarios mínimos, en la práctica, ya no son, como debieran los únicos determinantes, o por lo menos han pasado a segundo plano, prevaleciendo la consideración de que con los aumentos al salario mínimo se genera un ambiente inflacionario negativo para las expectativas.

Los criterios establecidos en la legislación laboral para la definición y determinación del monto del salario mínimo están claramente definidos en el Artículo 123, fracción VI de la Constitución Política, y están reglamentados en la Ley Federal del Trabajo, concretamente en los artículos 85, 90, 91 y 94, 570, 571,573 y 574, pero ahora resulta que estos criterios han sido desplazados, pues el uso indiscriminado del salario mínimo como unidad de cuenta ha devenido en un criterio de mayor peso en la determinación de los aumentos a los mínimos, pues modifican un conjunto amplio de normas establecidas en la legislación federal mexicana y con ello, afectan a la población o a las instituciones gubernamentales.

Pero si se revisa la legislación laboral en esta materia, resulta que en ninguno de los artículos citados arriba, ni en ninguna otra parte de esa legislación, se establece que el salario mínimo sea una unidad base de referencia o unidad de cuenta, y que por tanto, la fijación de su monto, por la instancia legal que lo hace, deba sujetarse al criterio de que cualquier aumento afectará en mayor o menor medida el monto de las obligaciones que se refieren a él, como unidad base de referencia para su pago, por lo que, esta situación, en la práctica, ha desplazado los criterios constitucionales y legales para establecer los montos de los salarios mínimos, con lo que se está afectando a los trabajadores de México.

Considero que si se usan únicamente los criterios establecidos en el artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, para la fijación de los montos de los salarios mínimos, su nivel podría subir de acuerdo al comportamiento de las variables del mercado laboral, ya que su ajuste, dependería del comportamiento general de la economía, en sus aspectos de inflación, productividad, inversión y empleo.

Cuando cada año se reúne la instancia legal encargada de dar cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, para la revisión anual de los montos de los salarios mínimos que regirán en la república mexicana el año inmediato siguiente; como elemento determinante, se considera, la situación de que el salario mínimo es una unidad base o de cuenta para el pago de obligaciones o límite de ellas, por lo que los aumentos a la percepción mínima dejan de estar normados por las leyes laborales, para ser determinados por consideraciones de carácter administrativo ajenas a su propia naturaleza jurídica. Con lo que se distorsiona el sentido y alcance de la sustancia de lo establecido en el artículo 123 constitucional y lo que marca la Ley Federal del Trabajo en esa materia.

Este problema ha sido advertido en la instancia tripartita encargada de la revisión de los salarios mínimos y desde hace algunos años, ha sido tema de las reuniones de su Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Así quedó establecido en sesión ordinaria del día 9 de diciembre de 2011, donde los representantes de los sectores patronal, obrero y el Gobierno Federal, resolvieron que:

"SEXTO.- Los sectores obrero y patronal que integran el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con el Gobierno Federal, hacen un público manifiesto y acuerdan promover que se realicen estudios que analicen la viabilidad de desvincular la figura del salario mínimo utilizada en las diversas disposiciones legales como unidad de cuenta, base o medida de referencia."

Aunque la evolución y el resultado de dichos estudios, no se ha publicado todavía, es claro que los sectores productivos en México están conscientes del impacto negativo para la determinación de los salarios mínimos, del hecho de que estén ligados a la legislación en calidad de unidad de cuenta o referencia para el pago de diversas obligaciones legales, pues de acuerdo a los argumentos vertidos en el seno del Consejo de Representantes de dicha comisión, los aumentos anuales a los salarios mínimos generan la percepción ciudadana de que si los aumentos al mínimo son mayores a la inflación, esto impactará negativamente "en todo lo demás", creando un clima inflacionario altamente negativo para las expectativas de nuevas inversiones.

Sin embargo, el problema persiste y esta distorsión cada día es más grave, toda vez que al paso del tiempo, se han venido agregando más ordenamientos legales que utilizan al salario mínimo como unidad base de referencia o límite para el pago de obligaciones. Lo anterior incluye en la actualidad al 45 % de las leyes y Códigos Federales, y adicionalmente a las referencias al salario mínimo establecidas en sus reglamentos.

En los últimos 22 años el país ha cambiado, el entramado de las relaciones sociales e institucionales también, por lo que el marco legal vigente se ha enriquecido en concordancia con los cambios en la realidad. A escala federal, el marco legal de nuestro país se compone ahora de 291 disposiciones.

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8 códigos federales.

272 leyes federales.

2 Leyes federales abrogadas a partir de 13 de 08 de 2014, salvo algunas excepciones establecidas en algunos artículos transitorios de las nuevas leyes.

2 estatutos.

1 Impuestos sobre Servicios Expresamente Declarados de Interés por Ley, en los que Intervengan Empresas Concesionarias de Bienes de Dominio Directo de la Nación.

1 Ordenanza General de la Armada.

1 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

1 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

1 Reglamento del Senado de la República y;

1 Reglamento de la Cámara de Diputados.

Después de analizar la legislación federal mexicana, se observa que de esos 291 ordenamientos, en 131 se hace referencia, dentro de sus disposiciones, a la figura del Salario Mínimo; en 561 artículos el salario mínimo juega un papel de unidad base de referencia o unidad de cuenta para el pago de obligaciones, esta es una práctica tan extendida que cruza transversalmente al 45.0 % de la legislación federal total.1

Como pudiera ser lógico, la mayor frecuencia de artículos relacionados con el salario mínimo se registra en las disposiciones hacendarías, judiciales (civiles o penales), sin embargo, la mayor concentración de artículos por cada ordenamiento se da en las laborales, civiles y penales, en este orden descendente. Estas distribuciones coinciden con los usos más frecuentes del salario mínimo como unidad base, sin embargo también se utiliza para tasar los montos de los saldos de los créditos hipotecarios que otorga el INFONAVIT y los pagos de pensiones están referidos al salario Mínimo.

Es cierto que al referirse los montos y límites contenidos en estos ordenamientos legales al salario mínimo como unidad de referencia, al cambiar éste, automáticamente se modifican los valores de aquéllos. Pero, también lo es, que el efecto automático de actualización de los montos de las obligaciones, se ha convertido en un factor inhibidor, en un pesado lastre a considerar, para la instancia encargada de determinar los aumentos de los salarios mínimos legales, en el proceso de la decisión de fijación del propio salario mínimo.

Por otra parte, esta situación nos conduce a una paradoja difícil de digerir, y esta en la actualidad consiste en que, el aumento a los salarios mínimos beneficia a quienes lo ganan, que son 6.5 millones de los trabajadores ocupados el 13.3% del total, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE II Trimestre de 2014) y perjudica a 5.8 millones de titulares de créditos hipotecarios a cargo del INFONAVIT, quienes tienen sus créditos hipotecarios tasados en veces salarios mínimos, y que ven con temor cualquier aumento en el salario mínimo, toda vez que en la misma proporción que sube su monto, aumenta también el saldo insoluto de su deuda, y por consiguiente los intereses que debe pagar sobre la misma.

Lo anterior nos indica que el salario mínimo debe desligarse a la brevedad posible de todos los ordenamientos legales que lo utilizan como unidad de cuenta o base para el pago de obligaciones, pues por el momento, los criterios de carácter económico y social contenidos en el artículo 123 constitucional y los que están establecidos en su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo (LFT), no se pueden cumplir, aunque exista el reconocimiento por parte de los sectores productivos, sobre la necesidad de aumentar de acuerdo a esos criterios un salario verdaderamente remunerador.

De ser aprobada esta propuesta que crea la Unidad para el Pago de Obligaciones (UPO), su uso tendrá dos virtudes esenciales: por un lado, conservará el mecanismo relativo para la actualización automática de los montos de las obligaciones a pagar contenidas en las leyes federales, y por el otro, se liberará al salario mínimo de ese lastre que entorpece sus aumentos y los inhibe, pues uno de los criterios que siempre se adopta, es de carácter administrativo.

Adicionalmente, la Unidad para el Pago de Obligaciones, permitirá lograr estos dos resultados, sin necesidad de realizar periódicamente 561 reformas a las leyes federales, mismas que podrán cambiar sus textos sin menoscabo de la utilidad práctica de cada uno de los ordenamientos a los que hacemos referencia.

El valor inicial de cada Unidad para el Pago de Obligaciones (UPO), será el equivalente en pesos a un salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de entrar en vigor el presente ordenamiento, y cada año, el día 10 de enero, se actualizará, agregándole la tasa de inflación acumulada en el período diciembre-diciembre del año precedente, de acuerdo a lo establecido en artículo 20 bis del Código Fiscal de la Federación.
Otra ventaja de esta Unidad para el Pago de Obligaciones, es que el uso generalizado de esta nueva base de referencia en el conjunto de la legislación federal mexicana que hoy hace referencia al salario mínimo, servirá para retomar de manera exclusiva los criterios, constitucional y legales para determinar cualquier aumento al salario mínimo en el futuro.

Con toda seguridad, si dejamos que este problema siga su propia inercia, el proceso se extenderá todavía más, lo que hace indispensable para muchos efectos, solucionarlo de manera inmediata, pues sus consecuencias afectan a las instituciones del Estado, a los ciudadanos y sobre todo, a los trabajadores del país. Evitar esas afectaciones, es el propósito de esta iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de la Unidad para el Pago de Obligaciones (UPO).

ARTICULO ÚNICO.- Se expide la Ley de la Unidad para el Pago de Obligaciones para quedar como sigue:

LEY DE LA UNIDAD PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto establecer las normas para la constitución y operación de la Unidad para el Pago de Obligaciones, y su uso será obligatorio en todo el territorio nacional.

Artículo 2.- Las disposiciones contenidas en las Leyes Federales, los reglamentos federales de esas leyes, o cualquier otra disposición de aplicación federal que contenga el término; Salario Mínimo General, Salario Mínimo de la Zona Geográfica A, o Salario Mínimo vigente en el Distrito Federal, o los múltiplos de éste, para referirse al pago de obligaciones en moneda nacional o para poner límites mínimos y máximos para efecto del pago de esas obligaciones, deberán ahora referirse a la Unidad para el Pago de Obligaciones, para los mismos fines.

Artículo 3.- La denominada Unidad para el Pago de Obligaciones, tendrá un valor nominal inicial, expresado en moneda nacional, en el momento en que entre en vigor el presente ordenamiento.

Artículo 4.- Dicho valor, será el equivalente al valor diario, mensual y anual en moneda nacional de un Salario Mínimo del Distrito Federal, su aplicación será válida y obligatoria en todo el territorio nacional, durante cada año calendario, y se publicará anualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el Diario Oficial de la Federación, el día diez de enero de cada año.

Artículo 5.- El valor diario de la UPO, será equivalente en pesos al monto de un salario mínimo diario que se pague en el Distrito Federal al momento de entrar en vigor el presente ordenamiento.

Artículo 6.- Las variaciones en el tiempo del valor nominal de la Unidad para el Pago de Obligaciones deberán corresponder a las del Índice Nacional de Precios al Consumidor, de conformidad con lo siguiente.

Artículo 7.- El INEGI calculará en el tiempo, el valor de la Unidad para el Pago de Obligaciones, de acuerdo con el procedimiento dispuesto por el artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 8.- El valor mensual de la UPO se calculará multiplicando su valor nominal diario por el factor 30.4167. En tanto que el valor anual será el resultado de multiplicar el valor mensual por el factor 12.

Artículo 9.- La redacción en las disposiciones federales referentes al salario mínimo, exceptuando las sustantivas de la Ley Federal del Trabajo que no se refieren a él como Unidad de Cuenta, deberán cambiar su redacción y ajustarse a la presente ley.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las disposiciones establecidas en este decreto que se opongan al carácter sustantivo de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley Federal del Trabajo en los que se define y determina el carácter del salario mínimo, no les serán aplicables.

TERCERO.- Las disposiciones federales en las que se haga referencia al salario mínimo como unidad de cuenta, deberán cambiar su redacción por el de Unidades para el Pago de Obligaciones en un plazo de 180 días a partir de la publicación del presente decreto.

CUARTO.- Se sugiere a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que inicien la adecuación de sus leyes y reglamentos respectivos, a partir de la publicación del presente ordenamiento en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores al segundo día del mes de septiembre de dos mil catorce.

Suscribe

Sen. Isaías González Cuevas".


1 Ver cuadro analítico de la legislación federal mexicana que contiene referencias al salario mínimo, anexo a esta iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Isaías González Cuevas.

Túrnese esta iniciativa a…

- El C. Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Ernesto Ruffo Appel.

¿Para qué asunto, señor Senador?

- El C. Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Para el mismo del Senador don Isaías González, el preguntarle si estaría de acuerdo en que secunde su propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Senador, acepta la incorporación a su iniciativa, al Senador Ernesto Ruffo Appel?

- El C. Senador Isaías González Cuevas: (Desde su escaño) Con mucho gusto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que adiciona el artículo 102, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 102, APARTADO B DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Adriana Dávila Fernández: Gracias, señor Presidente.

Antes de iniciar mi intervención y platicar con ustedes, comentarles sobre esta iniciativa.

Sé que hay muchos compañeros, Senadoras y Senadores, que están aquí trabajando para poder ser gobernadores en sus estados.

Así es que les quiero pedir a todos, aquellos que tienen esa intención, que vean esta iniciativa como una posibilidad de fortalecer todo su trabajo en materia de derechos humanos; y que no la tomen como un asunto de carácter personal.

De tal suerte, que espero contar con el apoyo de cada uno de ustedes.

Senadoras y Senadores: La defensa de los derechos humanos debe ser permanente, sin limitaciones ni sesgos.

El apego a la norma jurídica, permite salvaguardar estos derechos fundamentales.

El cumplimiento de la normatividad, según el espíritu de la ley, debe dar certeza jurídica a los ciudadanos, con lo cual se fortalecen las instituciones democráticas y los poderes que la componen.

El buen funcionamiento de todas las instituciones requiere de mecanismos de control que, entre otras cosas, eviten la actuación arbitraria de uno de los poderes o permitan acciones de un poder por encima de otro, que en consecuencia impacte de manera directa en los derechos de los gobernados.

La percepción de la mayoría de los ciudadanos, por desgracia, es que no existe, más allá del discurso político y la demagogia, una lucha frontal contra la corrupción e impunidad entre las autoridades.

La muestra, es que aún existen figuras públicas que son intocables. A pesar de que se presenten evidencias de haber incurrido en faltas graves por extraños y oscuros intereses de poder.

Está claro que nos enfrentamos a una debilidad institucional que no se atreve actuar contra los culpables.

En materia de derechos humanos, sobre todo en las entidades federativas, se demandan adecuaciones a la ley para contar con sistemas de control sobre lo que hace la autoridad y así evitar el abuso de poder.

La autoridad debe hacer sólo aquello para lo que ha sido facultada. Por lo que será responsable de sus acciones, omisiones y abusos.

De hecho, las actuaciones de los servidores públicos están reguladas y sancionadas en la ley.

Las Senadoras y Senadores de todos los grupos parlamentarios, en su momento, hemos reprobado toda práctica indebida.
El uso del poder no debe sobrepasar los límites establecidos por el orden jurídico. Por ello, debe buscarse un equilibrio basado en un sistema de contrapesos en el cual las autoridades de los distintos niveles de gobierno interactúen entre sí.

El abuso del poder debe ser castigado y, en consecuencia, se debe resarcir el daño causado a la persona o autoridad vulnerada. Sin embargo, no puede darse la defensa de los derechos humanos cuando el poder está centralizado en los órganos estatales. Es decir, éstos no son autónomos cuando al mismo tiempo son juez y parte en el conocimiento, análisis, valoración y pronunciamiento de los hechos.

En nuestro país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un mecanismo de control de carácter no jurisdiccional, cuya función principal es proteger los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales.

El 10 de junio de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas constitucionales que dieron mayor trascendencia a esta Comisión Nacional para que, según las recomendaciones que emita, aunque no sean vinculatorias, se establezca la obligación de autoridades o servidores públicos para que respondan a éstas y en caso de que no sean aceptadas o cumplidas, funden, motiven y hagan pública su negativa.

Actualmente en el artículo 102 constitucional apartado B se prevén las recomendaciones que pueden hacer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Una de sus atribuciones es conocer quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público que violen los derechos humanos, salvo los relativos al Poder Judicial de la Federación.

Si las investigaciones arrojan aspectos que sean competencia de otras autoridades, la comisión hará las denuncias o quejas correspondientes para que tales autoridades actúen en consecuencia.

Existen casos en los cuales el mecanismo de control a pesar de su vigencia resulta inoperante. Ejemplo de ello es precisamente lo que aconteció a personas de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, el pasado 12 de diciembre de 2011, quienes sufrieron abusos de la autoridad cuando se manifestaban. Y en el caso murieron dos estudiantes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó la recomendación a distintas autoridades, al gobierno del estado y a la legislatura, sin que a la fecha se hayan cumplido o reparado el daño a las víctimas u ofendidos.

En este contexto, pretendo esta iniciativa para proponer un mecanismo de control que si bien es ejercido por un ente político, se basen aspectos objetivos para su procedencia, siendo el caso la solicitud respectiva que realice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Senado de la República.

Al adicionar los párrafos XII y XIII del apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores y en sus recesos la Comisión Permanente, a solicitud de la propia Comisión, podrán citar a comparecer a gobernadores o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, según corresponda, como responsables para que en su carácter superior de las respectivas autoridades, para que expliquen las medidas adoptadas para prevenir, atender, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de las personas afectadas.

La comparecencia será indelegable y la solicitud deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los integrantes presentes de la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente.

El Senado de la República tendría esta facultad como vigilante del federalismo estatal y sería garante del cumplimiento que debe asumirse cuando la legislatura local o la Asamblea Legislativa se abstenga o le sea imposible dar seguimiento y exigir a su respectivo Ejecutivo la reparación de los derechos humanos vulnerados, de acuerdo con la investigación de la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De esta forma, el mecanismo de control sería parlamentario, al hacer del conocimiento de los resultados al Senado de la República y no a las legislaturas de los estados. El Ejecutivo local pondría mayor cuidado y atención a sus actos de autoridad para reparar violaciones graves a derechos humanos antes de acudir a otras instancias.

Tal planteamiento evitaría regresar la recomendación o comparecencia respectiva al ámbito local. Pues de ser así, se corre el riesgo de que los hechos queden en el olvido en razón de persistir en la entidad federativa las mismas causas que originaron la necesidad de que tuviera conocimiento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Dado que actualmente existen entidades federativas, cuyo gobierno es emanado de un mismo partido político y que tiene a su vez mayoría absoluta en el congreso local, se propicie el abuso de poder, pues se tiene la tentación de simular el análisis y valoración de los casos e incurrir en violaciones a los derechos humanos.

Para inhibir la concentración de poder y erradicar la simulación, se requiere voluntad política para el desarrollo de las buenas prácticas que inhiban conductas indebidas de la autoridad. No es cuestión de vulnerar los derechos humanos a nivel estatal, sin mayor consecuencia que el pronunciamiento asilado por parte de otros poderes y órganos, incluso el pronunciamiento mediático.

Los invito, señoras y señores Senadores, a sumarse a este proyecto para que el Senado trabaje a favor de los ciudadanos y así garantice mecanismo de control que fortalezcan la defensa de los derechos humanos.

Ejerzamos definiciones políticas con responsabilidad para ser garantes de las instituciones democráticas y las libertades fundamentales de los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"La que suscribe, ADRIANA DAVILA FERNANDEZ, Senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

1.- Actualmente, todo Estado que se precie de ser democrático, debe tener como base para el correcto funcionamiento de sus instituciones y los poderes que lo componen, mecanismos de control que, entre otras cosas eviten la actuación arbitraria de uno de los poderes que lo integran, así como la ejecución de acciones de un poder por encima de otro, y en consecuencia esa arbitrariedad reditúe en sus gobernados.

A su vez, esos mecanismos son diseñados para ejercer atribuciones de supervisión de las responsabilidades y funciones propias o de otros entes pertenecientes al estado, con el propósito de evitar que se sobrepasen límites de atribución o competencia que el texto constitucional mandata, y con ello, se impide la concreción de violaciones a ella y a las leyes que de ella emanan.

De esa forma, se utiliza la lógica que para gobernar es necesario que, quien lo haga tenga poder, pero ese poder no debe sobrepasar los límites establecidos por el orden jurídico, y con ese propósito se busca un equilibrio basado en un sistema de pesos y contrapesos, en el cual las autoridades de los distintos niveles de gobierno interactúen entre sí.

De hecho, para algunos juristas la propia Constitución es en sí un mecanismo de control, afirmación que en cierto modo tiene lógica en razón que es en tal ordenamiento jurídico, en el cual se moderan las actuaciones de los entes que integran los poderes del Estado, mecanismos de los cuales no quedan exentos incluso los órganos constitucionales autónomos.

Una forma de equilibrar esas actuaciones es estableciendo límites entre autoridades, y para ello se instituyen sistemas de control que supervisan la actuación de la autoridad dentro del marco jurídico vigente, con el objeto principal de evitar el uso de poder fuera del derecho o en su caso sancionar y reparar el daño o la esfera de la persona o autoridad vulnerada.

Teoría Clásica de los Controles

Sobre esta corriente, se ha creído que tiene su objeto de estudio de basa en una sola concepción y forma de gobierno, sin embargo, la misma no es una teoría unitaria o que simplemente se ubique de una sola manera en las estructuras del estado, pues por el contrario, se compone de distintos conceptos respecto del control, esto a pesar de que mismos lineamientos y fines revelan diferentes composiciones.

En relación al control parlamentario, Manuel de Aragón1 nos refiere que éste se gesta en Francia, y tiene sus orígenes en el periodo jacobino, posee como presupuesto el hecho que el gobierno funge como un comité delegado del parlamento, luego entonces éste no tienen una legitimación propia, sino la emanada del órgano parlamentario, dando pie entonces a la instauración de una legitimación "monista".

Paralelamente aparece la legitimación "dualista", propia de las monarquías constitucionales, podemos decir que en ella persisten dos poderes legitimados, uno de forma democrática- el del parlamento-, y el otro -el del Rey- con legitimación de índole dinástica, sin embargo en las monarquías moderadas, el gobierno se legitimaba a través del principio monárquico, y en cambio el parlamento era considerado un simple auxiliar del Rey.

El sentido clásico del control basa su fundamento en que el gobierno es designado por el parlamento como un comité delegado que ejerce las facultades que le son conferidas en virtud de esa misma delegación, por tanto ese gobierno carece de autonomía y de facultades propias, pues el parlamento tiene facultades sobre él.

Igualmente esa teoría, establece que el control parlamentario era la forma de establecer al gobierno, mantenerlo y en su caso hacerlo caer, entonces el parlamento es precisamente aquel que delimitaba las funciones del gobierno, e incluso para muchos juristas el sistema parlamentario contemporáneo preserva el régimen constitucional al mantener actualizado el mismo.

Sin embargo, en ese periodo, se da cuenta de que la circunstancia de que el gobierno dependiera del parlamento implicaba un alto grado de inestabilidad, pues los integrantes de él se encontraban a su merced, pues el parlamento podría atribuirse las facultades que quisiera, utilizando al representante del gobierno como un comparsa del poder legislativo.

Lo anterior acontecía consecuencia de que en esa época, no había no mecanismo de control que pudiese limitar los actos, incluso algunos arbitrarios del poder legislativo, esto basado en que no se consideraba a un mecanismo para ello en una norma.

Entonces, el argumento de la teoría clásica de los controles para definir que el parlamentario solo era es el único y verdadero controlador, se basa precisamente en el hecho de la ausencia de algún otro órgano que pudiera moderar a dicho cuerpo.

Es hasta la aparición de la tercera república francesa, con la subsecuente tercera guerra mundial, que surgen cambios a la concepción de los controles, los cuales no se producen de la noche a la mañana, y son producto de la evolución del pensamiento y de una realidad sobre la necesidad de moderar a dichos entes parlamentarios para realizar un verdadero equilibrio entre poderes.

Entre los precursores de esa tendencia de equilibrio encontramos a Roberto Redslob2, que sostiene que ninguno de los poderes tiene que estar por encima del otro, pues todos tienen un mismo amo, que es el pueblo como el soberano de ese poder.

De esa manera proponía como soluciones:

  • Que congresistas y ministros tengan libertad de expresión y representación popular.
  • Que la existencia de poder superior que se pronuncie a favor de alguna de las partes.
  • Establecer la responsabilidad política.
  • Que ambos poderes tengan la facultad de disolver al otro.

Aunado a tales propuestas, el parlamento mantendría formas indirectas de control como es el rechazo a las iniciativas de ley así como al presupuesto anual, además de emitir un voto de desconfianza.

Por eso, Roberto Redslob, establece que el régimen parlamentario debe ser visto más bien como una relación de poderes entre éste y el ejecutivo que como una separación, pues mantienen facultades delimitadas y entrelazadas entre sí; por eso afirma que tanto el parlamento como el jefe de estado deben poseer una fuerza equivalente.

León Deguit3 vislumbra al control liso y llano como el derecho de aprobar o rehusarse a aprobar o anular por razón de derecho el acto de algún funcionario, y en ese sentido sostenía que en el régimen de carácter parlamentario, el parlamento y el gobierno deben ser iguales en reputación e influencia que el órgano que los originó a ambos, generándose de esa manera una marco que equilibrio para ambos.

En esos términos Maurice Hauriou4 establece que el control parlamentario se ejerce constantemente debido a las relaciones entre el poder legislativo y ejecutivo, esto en razón de que el ejecutivo no puede gobernar sin confianza del legislativo.

Con ese propósito prevé como medios de control a las cuestiones e interpelaciones, al veto y rechazo anual, a las encuestas parlamentarias y al control de las comisiones.

En conclusión podemos dar cuenta que parte de tales elementos de la teoría clásica de los controles son retomados actualmente en nuestro sistema constitucional, es el caso de ello la obligación de los secretarios de estado para rendir informe sobre el estado que guardan sus respectivos ramos, así como poder ser reconvenidos, u otra como la decisión que tiene el ejecutivo de reubicar el recinto parlamentario así como de terminar anticipadamente las sesiones del Congreso cuando ocurran determinados supuestos.

Los mecanismos de control según Manuel de Aragón

El célebre constitucionalista español, Manuel de Aragón ha establecido precisamente que "todos los medios de control tiene como fin fiscalizar la actividad del poder para evitar abusos5."

Y así sostiene que, en virtud de su naturaleza, tales mecanismos de control son heterogéneos, es decir que pueden ser susceptibles control diversos objetos como las normas jurídicas, los actos de gobierno y administración, así como los actos del poder legislativo o judicial.

En la misma conceptualización, menciona como agentes de control a los tribunales de justicia, las cámaras parlamentarias, las comisiones, los órganos de gobierno así como los de administración.

De esa forma, el mismo jurista Manuel de Aragón plantea también la clasificación de los mecanismos de control, basada en la institucionalización o no del mismo, ubicándose dentro primer apartado aquellos que vigilan y sancionan una limitación institucionalizada, encontrándose una subclasificación en la posibilidad de que éstos sean políticos o jurídicos.

Por su parte, lo mecanismos de control no institucionalizados son aquellos que son generales y difusos, y cuyas limitaciones no son precisamente institucionalizadas, fungiendo como controles sociales.

De esa forma, los controles políticos tienen carácter subjetivo, son de oportunidad para el órgano, autoridad o sujeto que los ejerza y pueden ser de carácter intra o inter-orgánico.

Por su parte, los mecanismos de control de tipo político son objetivos, basados en normas o leyes para su debida aplicación, y de esa forma los realiza y ejecuta un poder independiente e imparcial.

En relación a ellos, el propio Manuel de Aragón no niega la eficacia de los controles parlamentarios de índole político, pues los establece a partir de que tales controles sean instituidos al servicio de la mayoría, pues estima que la garantía de la constitución reside en ampararla contra posibles vulneraciones, y por consecuentemente afirma que en la convergencia de los controles jurídicos, políticos y sociales radica la verdadera fuerza para hacer efectivos los mismos.

Precisamente la presente iniciativa, trata de establecer un mecanismo de control que sí bien es ejercido por un ente político, el mismo se basa en aspectos objetivos para su procedencia, siendo el caso la solicitud respectiva que realice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mismo que detallaremos líneas adelante.

Teoría de Karl Loewenstein

Otro teórico digno de mencionar por sus aportaciones al campo del análisis de los mecanismos de control es el filósofo alemán Karl Loewenstein6, que nos menciona como uno de sus postulados que, para contener el poder político es preciso limitarlo, y en congruencia a ello, plantea el constitucionalismo de sistemas de control consistentes en las limitaciones externas al propio proceso del poder público.

De esa forma, el filósofo postula que la función de control se debe distribuir entre todos los órganos detentadores de poder estatal, en nuestro caso sería el Congreso, el Ejecutivo, así como el Judicial, y en su caso, en los órganos constitucionales autónomos que por sus características funcionales, deben tener ese poder frente a los tres poderes clásicos, pues considera que esa misma distribución de funciones entrelazadas entre sí es precisamente un medio o mecanismo de control.

Establece entonces una clasificación a partir de quienes fungen como sujetos activos de los mecanismos de control, siendo entonces propuesto que los mecanismos de control pueden ser de índole horizontal o vertical.

Dentro de los primeros es decir los horizontales, a su vez pueden ser intraorganicos, es decir que son instituciones de control que actúan dentro de la organización de un detentador de poder, generalmente son colegiados, y se establecen para proteger los derechos de minorías, a través de su ejecución por mayorías calificadas.

Por su parte, los mecanismos de control interorganicos, funcionan entre los diversos detentadores de poder que tienen atribuida una función estatal, así podemos encontrar en nuestra propia Constitución una serie de mecanismos que se encuentran previstos de esa manera, podemos mencionar por ejemplo a la aprobación de los tratados internacionales, la ratificación de altos mandos de las fuerzas armadas e incluso el propio proceso legislativo.

De esa manera, los mecanismos de control se traducen en limitaciones incorporadas en el sistema jurídico, otorgándose a los órganos controlantes facultades conjuntas o de ejercicio, para que tal órgano controlante realice sus atribuciones de forma autónoma o conjunta con la entidad controlada, esto con el objeto de completarlas y en su caso, aprobar o negar la realización de ciertos actos e incluso establecer su prohibición para materializarlos, todo ello basado en una evaluación o valoración racional para su procedencia, e previendo incluso en algunos mecanismos sanciones y responsabilidades sobre el abuso de la competencia para el ente controlado.

Surge entonces la necesidad de establecer a tales mecanismos de acuerdo al ente que los puede ejercer, siendo los parlamentarios, los defensores del pueblo y los especializados, entre otros.

En nuestro Estado, podemos encontrar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como un mecanismo de control de carácter no jurisdiccional, cuya función principal es proteger los derechos humanos previstos en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, aspectos que expondremos en las líneas siguientes.

Podemos concluir entonces de acuerdo a lo señalado por las teorías expuestas, que el control se instituye para evitar el ejercicio abusivo de las facultades previstas y conferidas por el orden jurídico, y en caso de la consumación del mismo se pueda reparar y sancionar los derechos vulnerados.

Sobre la Justicia Constitucional (Medios de control de la Constitución)

Algunos autores como Héctor Fix Zamudio definen a la justicia constitucional como:

"El conjunto de procedimientos de carácter procesal, por medio del los cuales se encomienda a determinados órganos del Estado, la imposición forzosa de los mandamientos jurídicos supremos, a aquellos otros organismos de carácter público que han desbordado las limitaciones, que para su actividad se establecen en la misma Carta Fundamental" 7

En coincidencia con el citado autor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de varias publicaciones8 establece a los medios de control de la Constitución como la serie de mecanismos, procesal y procedimental, para su propia defensa.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto ordenamiento máximo de nuestro estado mexicano, necesita al igual que el resto de otros ordenamientos de la misma índole, establecer mecanismos que permitan salvaguardar el respeto a ese ordenamiento a través de verdaderos procesos de carácter jurisdiccional o no.

Aun cuando actualmente podemos encontrar la denominación de tales mecanismos de forma dispersa, en virtud de que algunos autores los denominan instrumentos de control constitucional, y otros, como medios de control constitucional o justicia constitucional, realmente éstos pueden ser identificados plenamente.

Los autores los dividen en jurisdiccionales y no jurisdiccionales encontrándonos dentro de los primeros al medio de control constitucional por excelencia es decir al Juicio de Amparo, seguido de la Controversia Constitucional, la Acción de Inconstitucionalidad, los procesos jurisdiccionales en materia electoral, como es el caso del juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos y el juicio de revisión constitucional.

En cuanto a los medios de control constitucional de índole no jurisdiccional, los autores establecen dentro de esta clasificación a esos medios o procedimientos en razón de que no conoce de él un órgano de tipo jurisdiccional sino más bien político.

En tal división podemos encontrar al Juicio Político, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; asimismo se contempla una facultad más, que es la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo sobre este último procedimiento, es preciso advertir que el mismo ya no se encuentra vigente para dicho órgano colegiado como a continuación mencionaremos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las recomendaciones

Los orígenes de este órgano autónomo datan de 1992, año en que se elevó a rango constitucional la protección y defensa de los derechos humanos, esto con la adición de un apartado B al Artículo 102 de dicho ordenamiento fundamental.

Con la adición de este apartado se le responsabilizó al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales, para que establecieran organismos públicos especializados en la atención de quejas dentro de su ámbito de competencia, y cuya función sería dilucidar la existencia o no, de actos u omisiones de índole administrativa que fueran violatorias de los derechos humanos, por parte de cualquier autoridad o servidor público en particular, salvo algunos actos provenientes del Poder Judicial de la Federación o los poderes judiciales de las entidades federativas.

Como consecuencia de esas quejas los organismos públicos tenían la atribución de emitir recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias, y en su caso interponer denuncias y quejas ante las autoridades competentes.

No fue sino hasta el año 1999 que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se le dotó de autonomía de gestión y presupuestaría, así como de personalidad jurídica y patrimonio propio, previéndose como objetivo esencial de la Comisión la protección, observancia, porción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos.

Posteriormente el pasado 10 de junio de 2011, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas constitucionales en materia de derechos humanos, mismas que le dieron mayor trascendencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues respecto de las recomendaciones que emitan, si bien continúan sin ser vinculatorias, se establece la obligación de los servidores públicos para que respondan a éstas, y en caso de que las mismas no sean aceptadas o cumplidas, las autoridades o servidores públicos tienen que fundar, motivar y hacer público el motivo de su negativa.

Previsto en el Artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos a las recomendaciones por parte del Órgano Constitucional Autónomo denominado Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como un medio de control de la misma Carta Fundamental.

Actualmente, dicho órgano tiene como atribuciones conocer de quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor púbico en específico, que violen los derechos humanos.

Al respecto la Constitución establece que tal organismo denominado Comisión Nacional de los Derechos Humanos formulará recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades que así correspondan; los dos últimos aspectos, a lo que se refiere la facultad de tal organismo, son precisamente que en caso de que sus investigaciones arrojen aspectos que son competencia de otras autoridades, la comisión tendrá que hacer la denuncias o quejas correspondientes para sean tales autoridades las que actúen en consecuencia.

Si bien las recomendaciones no son vinculatorias, es decir que no encierran una obligación o imperio en el fondo, la misma constitución establece que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que presente este organismo en materia de derechos humanos, refiriéndose tanto a los órganos estatales como al nacional.

Empero, no es cualquier sentido en el cual deben responder las recomendaciones los servidores públicos destinatarios de las mismas, sino a que éstas deben ser en el sentido de aceptarlas o cumplirlas, o en su caso, cuando no sea de esa manera, las autoridades o los servidores públicos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa.

Asimismo, en relación a lo anterior, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o la entidades federativas según sea el nivel jerárquico correspondiente, podrán llamar a solicitud de tales órganos autónomos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan a tales órganos legislativos, con el propósito de que explican la negativa a cumplimentar o aceptar la recomendación respectiva

Este es un elemento importante que podemos percibir a la luz de las líneas antes expuestas en materia de mecanismos de control, da la pauta para que a través de este medio de control especializado en materia de derechos humanos, entre a escena el control parlamentario, pues la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, puede llamar a solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a servidores públicos responsables de no cumplir o aceptar una recomendación, con el objeto de que expliquen el motivo de su negativa.

Sobre las materias de su conocimiento, hemos mencionado que tiene carácter administrativa, por lo que quedan exentas la materia electoral y jurisdiccional.

Constitucionalmente y de forma lógica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene autonomía de gestión y presupuestaria, dada su naturaleza y sus actividades.

Igualmente el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dura en se encargo 5 años, pudiendo ser reelecto para un periodo más por las dos terceras partes de la Cámara de Senadores.

Asimismo, es preciso tomar en cuenta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos funge como última instancia respecto del conocimiento de inconformidades planteadas sobre recomendaciones y acuerdos planteados por los organismos de derechos humanos de las Entidades Federativas, conforme al artículo 102 apartado B de la Constitución.

Finalmente, una de las atribuciones que se le dieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2011, es la facultad de investigar hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos de oficio (el texto constitucional menciona que cuando así lo juzgue conveniente) o cuando lo pidiere el titular del ejecutivo federal, alguna de las Cámaras que integren el Congreso de la Unión, el gobernador de una estado o jefe de gobierno del Distrito Federal y las mismas legislaturas de las entidades federativas.

Es preciso subrayar que esta facultad de investigación era desarrollada anteriormente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo por virtud del citado decreto, el constituyente permanente encomendó esa responsabilidad al órgano constitucional autónomo.

Cabe advertir que muchos autores han visto como un aserto esa determinación, toda vez que consideraban estéril el resultado que arrojaba la investigación como facultad de la Suprema Corte, pues una vez resuelta la misma no tenía efectos vinculantes o de otra índole similar.

De esa forma, actualmente el texto constitucional establece tal atribución de investigación para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que puede derivar que, del ejercicio de esa facultad tal Órgano Constitucional Autónomo, formule una recomendación a las autoridades y derivado de la misma, haga las denuncias correspondientes, además de poder solicitar al Senado la comparecencia de tales servidores públicos para el efecto del segundo párrafo del citado 102 apartado "B" constitucional.

Se establece entonces, un mecanismo de control de la Constitución amparado por dos instancias, la primera del Órgano Constitucional Autónomo defensor de los derechos humanos, y posteriormente de una de las Cámaras integrantes del Congreso de la Unión.

Sin embargo, considero que dicho procedimiento puede ser perfectible, pues es preciso que se evite dentro del mismo, dejar algún resquicio por el cual se pueda aprovecharse la ausencia de un mecanismo para dejar sin seguimiento o sanción violaciones a los derechos humanos.

Un caso que llama la atención es esa posibilidad que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigue hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos, a instancia de algún organismo de derechos humanos de alguna entidad federativa.

Conforme a lo anterior, en ese caso es preciso mencionar como posible, que uno de los motivos por los cuales se solicite la intervención del organismo nacional es por la falta de condiciones que puede existir en dicha entidad para que esa instancia lo haga, así también la Comisión Nacional podría actuar de oficio para hacer las diligencias correspondientes.

En ese caso, si el Órgano Constitucional Autónomo determina emitir recomendaciones consideramos que sería ilógico devolver al plano estatal el resultado de la investigación y la recomendación respectiva, pues debemos recordar que es posible que el protector nacional de los derechos humanos haya tenido que intervenir ante la ausencia de condiciones en un nivel estatal para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Por lo anterior, estimamos preciso establecer que en el caso de que la Comisión Nacional investigue hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos cuya ejecución haya sido consumada por autoridades estatales, sea pertinente hacer del conocimiento de los mismos para efectos de la encomienda del párrafo segundo, al Senado de la República y no a las legislaturas de los estados.

Tal planteamiento establecería que cuando se trate de hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos, a grado tal que éstos hayan escalado al conocimiento del órgano superior nacional en materia de protección a los derechos humanos, se evite regresar la recomendación o comparecencia respectiva al ámbito local, pues de ser así se corre el riesgo de que tales hechos queden sin reparar en razón de persistir en la entidad federativa las mismas causas que originaron la necesidad de que tuviera que ser el organismo nacional el que conociera de tales violaciones y no el inherente a la entidad federativa.

Actualmente, existen entidades federativas cuyo gobierno es emanado del mismo Partido Político que es mayoría absoluta en el respectivo Congreso, por lo que al margen de hacer una valoración por su desempeño o no, cabe la posibilidad que en algún ejercicio de gobierno se incurra en alguna violación a los derechos humanos, por lo que es posible que el órgano autónomo de control pueda no ver condiciones para investigar tales violaciones, o que en su defecto, el organismo nacional considere pertinente la investigación respectiva.

En ese orden de ideas, es posible que se emita una recomendación dentro del esclarecimiento o el resultado de las investigaciones, aspecto que es viable y se aplica de hecho para el caso de las resoluciones de inconformidades como es el caso del Artículo 609 de la Ley de las Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que incluso prevé la facultad para que conozca de hechos realizados por autoridades estatales cuando se resuelva una inconformidad y la premura del tiempo haga necesario actuar con rapidez, por lo que puede ser entidad nacional la que sustancie un procedimiento de queja.

En conclusión, se propone evitar que en caso que, como resultado de una investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos en los cuales sea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que emita una recomendación a alguna área el gobierno del estado, dicha recomendación en caso de no ser aceptada o cumplida, la Comisión Nacional pueda solicitar al Senado (y no al Congreso Local o Asamblea Legislativa) la comparecencia del Gobernador Constitucional o Jefe de de Gobierno del Distrito Federal, y cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos de la entidad federativa, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa, pues tanto la gravedad de las violaciones a esos derechos humanos así como el conocimiento de las mismas por la Comisión Nacional, hacen necesario que sea el nivel superior el que conozca sobre la prevención y reparación de las derechos humanos vulnerados.

Lo anterior no debe ser visto como algo extraño o novedoso en cuanto a un mecanismo de control de carácter vertical10, así, actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece algunos mecanismos como de esa índole como es el caso de los establecidos en el Artículo 76, fracciones V y VI relativos a la desaparición de poderes y la resoluciones de conflictos entre Estados.

A su vez, estos mecanismos permiten que se acuda a instancias decisorias en caso de la existencia de violaciones graves a los derechos humanos de la persona en una entidad federativa, pues el conocimiento de la Comisión Nacional y la respectiva comparecencia al Senado de la República o de la Comisión Permanente por parte de un ejecutivo local, establecería que éste pusiera mayor cuidado y atención en sus actos de autoridad, y encuentre la manera de reparar esas violaciones graves a derechos humanos antes de que se acuda otras instancias.

Esta facultad que se le pretende dar al Senado de la República deviene de la esencia que tiene nuestro sistema federal en conjunto con las facultades exclusivas de esta Soberanía.

Por un lado la Cámara de Senadores tiene de acuerdo al origen de su elección y las atribuciones, una representación estatal, y a su vez, posee facultades exclusivas en materia del análisis de la política exterior y la aprobación de los tratados internacionales siempre que éstos se encuentren de acuerdo con la Constitución, traduciéndose ambos aspectos en la responsabilidad de fungir como una Cámara que representa los intereses federales.

Es precisamente a través de esos tratados internacionales que el Estado Mexicano ha contraído una serie de compromisos internacionales, entre los cuales destaca por ejemplo el reconocimiento por parte nuestro Estado de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica".

Consecuentemente, dejar siempre las atribuciones de comparecencia a los congresos locales y que éstos en un caso concreto no tuvieran condiciones para citar a comparecer al titular de gobierno estatal, acarrea como consecuencia la posible intervención de tribunales internacionales que condenen al Estado Mexicano al resarcimiento y reparación de las violaciones a derechos humanos, por lo que consideramos que el Senado o la Comisión Permanente pueden fungir como esa referida instancia que obligue o coaccione a una posible reparación de violaciones graves a derechos humanos, y evitar ser sancionados por tribunales internacionales.

De esa forma, el Senado de la República como vigilante de ese federalismo estatal, se vuelve garante del cumplimiento que en su caso deba asumirse por las violaciones graves a los derechos humanos que se susciten derivadas de actos ejecutados por autoridades perteneces a las entidades federativas, situaciones en las cuales constituiría una instancia que funcionaria cuando la legislatura local o la asamblea legislativa se abstengan o le sea imposible dar seguimiento y exigir a su respectivo ejecutivo la reparación de los derechos humanos que hubieran sido vulnerados, de acuerdo a la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Cabe agregar que la incompetencia o falta de voluntad y acciones por el servidor público o gobierno estatal, y una posible sanción al Estado mexicano a través de órgano jurisdiccional constitucional de índole supranacional11 puede ser el antecedente para el inicio de un juicio político conforme lo establece actualmente el artículo 110, segundo párrafo que menciona en lo conducente:

"Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución (violaciones graves a derechos humanos) y a las leyes federales"

CASO DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA, EN GUERRERO, RECOMENDACION 1 VG/2012 EMITIDA POR LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

La ausencia y necesidad de establecer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pueda tener otras alternativas que no siempre sean de forma paralela al respectivo congreso del nivel de gobierno al cual se le recomienda, queda en evidencia en el caso particular que refiere la recomendación 1VG/2012, en la cual derivado de los hechos suscitados por las manifestaciones de un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", de Ayotzinapa y otros colectivos.

Como resultado de las mismas se realizaron una serie de recomendaciones encaminadas entre otras cosas, a que la legislatura del Congreso del Estado de Guerrero colabore en el trámite de la denuncia de juicio político que se inicie, en su caso, en contra del ex procurador general de Justicia y del ex secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ambos del estado de Guerrero, con motivo de los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.

Otra de ellas es la dirigida al Gobernador Constitucional del estado de Guerrero, para que colabore con la CNDH en los trámites tanto de la queja que se promueva ante la Contraloría General del estado de Guerrero, la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, y en la Unidad de la Contraloría y Asuntos Internos en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado de Guerrero; así como de la denuncia de juicio político que se promueva ante el Congreso del estado de Guerrero, todas en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos.

Ambos puntos sin cumplimiento alguno por parte de los órganos recomendados, lo que hace latente la necesidad de establecer esa posibilidad de que, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estime que no existen condiciones para solicitar la comparecencia de servidores públicos locales por violaciones graves a los derechos humanos, ante el Congreso correspondiente, pueda hacer tal solicitud al Senado, para que sea el Ejecutivo local en su carácter de superior jerárquico de las autoridades locales, el que comparezca ante el Senado de la República para que explique las medidas que se han adoptado para prevenir, atender, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de las personas afectadas por tales actos.

Lo anterior no debe ser visto como una vulneración alguna del Federalismo y la autonomía de las entidades federativas, sino por el contrario, como ese mecanismo que asegure que nadie que integre esta federación puede incumplir de alguna u otra forma lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en particular lo previsto por el artículo 1º relativo a la obligación que tienen todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno del Senado de la República la siguiente iniciativa:

PROYECTO

DE

DECRETO

Que adiciona dos párrafos al apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

UNICO. Se adicionan los párrafos decimosegundo y decimotercero al Apartado B del Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 102. …

A. …

B.


Cuando en ejercicio de las atribuciones previstas en el párrafo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emita una recomendación por la existencia de violaciones graves a derechos humanos que tengan como responsables autoridades pertenecientes al poder ejecutivo en una entidad federativa, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente a solicitud de la Comisión Nacional, podrá citar a comparecer al Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal respectivo como responsable o en su carácter de superior de las respectivas autoridades.

Dicha comparecencia tendrá como objeto que el servidor público explique las medidas que se han adoptado para atender, reparar y sancionarlas violaciones a los derechos humanos de las personas afectadas por tales actos, así como para prevenir que éstos se susciten nuevamente, la comparecencia será indelegable; tal solicitud de la Comisión Nacional deberá fundar y motivar el inconveniente de que sea la legislatura de la entidad federativa la que conozca de tal comparecencia, misma que deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los integrantes presentes el día en que se discuta ésta por la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, desahogándose en su momento conforme a su normatividad interna.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Congreso contará con un plazo de 60 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto para adecuar la normatividad al presente decreto.

Recinto Legislativo del Senado de la República a 2 de septiembre de 2014

Sen. Adriana Dávila Fernández".

1 HUERTA OCHOA, Carla, Mecanismos Constitucionales para el Control del Poder Político, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie ESTUDIOS JURÍDICOS, Núm. 12a. ed. página 99

2 Así lo menciona el autor en su obra denominada "El Régimen Parlamentario", REDSLOB, Robert, Le Régiment Parlamentaire, 5ª ed. Marcel Girard, 1924.

3 Mencionado por la Dra. Carla Huerta Rocha en su obra Mecanismos Constitucionales para el Control del Poder Político, con lo que establece un régimen de igualdad y equilibrio dentro de los poderes del Estado.

4 HAURIOU, Maurice, Précis de droit constitutionnel, Paris, Recyuel Sirey 1923, página422.

5 HUERTA ROCHA, Carla. Op. Cit. 108.

6 Así lo establece la Dra. Carla Huerta Rocha en la obra mencionada Mecanismos Constitucionales para el Control del Poder Político, haciendo énfasis en que se trata de limitar al poder político y que dicha necesidad es necesaria para el equilibrio de los poderes del estado.

7 Morales Paulin Carlos A., Justicia Constitucional, Editorial Porrúa, México 2002, página 1.

8 Se destaca la denominada "Los Medios de Control de la Constitucionalidad"

9 Artículo 60.- La Comisión Nacional ante un recurso de queja por omisión o inactividad, si considera que el asunto es importante y el organismo estatal puede tardar mucho en expedir su Recomendación, podrá atraer esa queja y continuar tramitándola con el objeto de que sea este organismo el que emita, en su caso, la Recomendación correspondiente.

10 Los horizontales son aquellos que la Constitución establece entre poderes del mismo nivel de Gobierno (Ejecutivo con Legislativo, Ejecutivo con Judicial, Legislativo con el Poder Judicial, etc.)

11 Así los denomina el Magistrado y Dr. Carlos A. Morales Paulin, en su referida obra "Justicia Constitucional" impreso en 2002, en cuyo momento dichas instituciones eran incipientes en marco jurídico nacional.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Adriana Dávila Fernández.

Senadora Adriana Dávila, acepta la incorporación de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, igualmente de la Senadora Mariana Gómez del Campo, del Senador López Brito y la Senadora Luisa María Calderón, Senadora Martha Elena García, Senadora Silvia Guadalupe Garza García.

Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias. Con el permiso del señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores.

Hago uso de la tribuna para proponer un tema que forma parte del eje legislativo que propuso mi grupo parlamentario para este tercer año de trabajo legislativo.

Para todos, compañeras y compañeros, es preocupación que una de las tareas inconclusas del Estado mexicano es, sin duda, el combate a la corrupción.

A pesar de que nuestro país posee un marco jurídico, vasto inclusive, la corrupción siempre logra transgredirlo y continuamente son descubiertos actos que medran de manera significativa la confianza de la sociedad en sus instituciones.

En consecuencia, hemos sido testigos del desarrollo paulatino de la corrupción, entendiéndola como una conducta derivada de una responsabilidad formal, de un rol público que a partir de una consideración privada o personal genera ganancias pecuniarias, violando normas legales.

De modo que, compañeras y compañeros, advertimos que esta conducta gira alrededor de lo público. Es decir, encuentra su margen de acción en torno al ejercicio del poder público.

El propósito de esta iniciativa es coadyuvar con uno de los mecanismos que se han institucionalizado para combatir la corrupción. Aquel que otorga a la sociedad civil la facultad para incidir como un elemento de evaluación de la gestión pública, me refiero a la contraloría ciudadana.

La participación social refiere un ejercicio encaminado a una convicción política que la persona adquiere y que la impulsa a desear incidir en la manera en que se toman las decisiones en el ámbito público.

En virtud de lo anterior, es que advertimos la necesidad de sumar, reitero, mecanismos de construcción a este ejercicio de participación ciudadana mediante el fortalecimiento de las instancias participativas existentes en nuestras instituciones.

Compañeras y compañeros, como ustedes saben, la contraloría social es un mecanismo de participación ciudadana dirigido a resolver, entre otros, conductas que constituyan actos de corrupción que han permeado en gran medida las estructuras de la administración pública en nuestro país.

La finalidad es incorporar límites sociales a la esfera de lo público, lo reitero, como una estrategia de lucha en contra de estas conductas a fin de fortalecer las instituciones y la democracia misma.

Es precisamente esta condición la que forma parte nodal de la iniciativa que encuentran ustedes hoy en la Gaceta de este Senado de la República, ya que nuestro objetivo es precisar la función de otorgar más elementos a las contralorías sociales que se prevén ya en la Ley General de Desarrollo Social a fin de que se fortalezca el papel de los beneficiarios de un programa de desarrollo, a efecto, reitero, de que su participación activa en el seguimiento, en la evaluación y en la vigilancia de estos programas cobre mucha mayor relevancia.

Lo que buscamos, es que a partir de la ley quede más definido el papel de la Contraloría Social, incluyendo desde el precepto secundario más elementos que conformen su funcionamiento, su organización, sus atribuciones e integrar de manera clara la concurrencia de este mecanismo, inclusive en las comunidades indígenas.

Como todos sabemos, compañeras y compañeros, existen otros mecanismos de participación ciudadana tendientes al control social de la gestión gubernamental. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública ha reconocido en su momento el monitoreo ciudadano, los observatorios ciudadanos, los sistemas de quejas y denuncias e inclusive el testigo social; sin embargo, la Contraloría Social es reconocida, quiero reiterarlo, como uno de los mecanismos más eficaces para inhibir los actos de corrupción, la discrecionalidad y el uso indebido de los programas sociales, aunque su papel, también hay que reconocerlo, no es determinante para garantizar completamente una gestión adecuada de estos recursos.

De tal manera, señoras y señores Senadores, que la Contraloría Social resulta un mecanismo que debe promover la rendición de cuentas a través de la activación de grupos de ciudadanos a efecto de vigilar y controlar el quehacer público con estricto apego a la legalidad, en consecuencia, de así impulsarlo, se estaría logrando que los servidores públicos asuman la responsabilidad total de sus acciones.

Este es un resumen, señor Presidente, diría yo como una exposición de motivos de la iniciativa que estoy presentando a las Senadoras y Senadores integrantes del Pleno, pero he de rogarle, a efecto de un mayor detalle en su estudio, que la iniciativa misma sea incorporada íntegramente al Diario de los Debates, y por supuesto, señor Presidente, le agradezco mucho la tolerancia y su atención.

Es cuanto.

Iniciativa

"El que suscribe, Senador BenjamIn Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución en la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8 y 164 numerales del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, de conformidad con la siguiente:

Exposición de motivos

Una de las mayores luchas en la historia contemporánea de nuestra nación, que tiene que ver entre gobierno y la sociedad es la del combate a la corrupción.

A pesar de que nuestro país posee un marco jurídico basto, la corrupción siempre logra transgredirlo y continuamente son descubiertos actos que medran de manera significativa la confianza de la sociedad en las instituciones.

En consecuencia, hemos sido testigos del desarrollo paulatino de la corrupción, entendiéndola, como una conducta derivada de una responsabilidad formal de un rol público, que a partir de una consideración privada o personal genera ganancias pecuniarias violando normas legales.1 De modo que, advertimos que esta conducta gira alrededor de lo público, es decir, encuentra su margen de acción entorno al ejercicio del poder público.

El propósito de esta iniciativa es el de coadyuvar con uno de los mecanismos que se han institucionalizado para combatir la corrupción, es el otorga a la sociedad civil la facultad para incidir como un elemento de evaluación en la gestión pública: la contraloría ciudadana.

En el ámbito internacional se han llevado a cabo campañas de combate a la corrupción y de la manera en que la ciudadanía se inserta en esta lucha, subrayando dos aspectos que englobarían acertadamente el carácter de estos esfuerzos:

  • El abuso o mal uso del poder por aquéllos servidores públicos que despachan para obtener una ganancia privada.
  • El abuso o mal uso del poder público en los procesos decisivos, para la obtención de ventajas indebidas, de forma más amplia que mediante simples actos públicos concretos2

Estos dos aspectos, nos permiten notar que el tema de la corrupción no sólo se puede inscribir en la idea de lo que suponemos que es la corrupción, sino que advertimos claramente que estamos hablando de acciones intencionales del mal uso del servicio público ó la desviación deliberada de los recursos públicos para los que estaban destinados3. Esta circunstancia es la que ha dado pie a la elaboración de un sinfín de normas en contra de sobornos, responsabilidades de los servidores públicos en todo el mundo.

Por otro lado, el derecho a la participación ciudadana se remite a la idea de explicar la calidad de las democracias en función del equilibrio de fuerzas en su interior mediante el estricto reconocimiento por parte del Estado de los derechos básicos o fundamentales de las personas. En este sentido, el ciudadano puede considerarse como titular de esos derechos esenciales y en consecuencia como ejecutor de los mismos.

En el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos en lo conducente se estipula:

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

El derecho a la participación al que se refiere la disposición antes citada tiene que ver con tres manifestaciones:

1) La participación directa en la conducción de los asuntos públicos;

2) El derecho de votar y ser votado y

3) El acceso en condiciones de igualdad a la función pública.4

En este orden de ideas, podríamos enmarcar la participación ciudadana en las siguientes consideraciones:

  • La adquisición, adjudicación o posesión de un conjunto de derechos y deberes por parte del sujeto titular de los mismos;
  • La pertenencia a una comunidad política determinada (normalmente, el Estado-nación)
  • La oportunidad y capacidad de participación en la definición de la vida pública (política, social y cultural) de la comunidad de adscripción a la que se pertenece.5

De tal modo, la participación ciudadana implica invariablemente el ejercicio de los derechos fundamentales, es decir, la facultad de los individuos que forman parte de una comunidad política, de intervenir en la toma de decisiones sobre la conducción de los asuntos públicos.

Abonando a lo anterior podemos señalar que la participación social refiere un ejercicio encaminado a una convicción política que la persona adquiere y que la impulsa a desear incidir en la manera en que se toman las decisiones en el ámbito político. Este concepto lo encontramos depositado en la fracción V del artículo 3, de la Ley General de Desarrollo, que establece:

Participación social: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social.

En virtud de lo anterior, es que advertimos la necesidad de sumar en la construcción de mecanismos de participación ciudadana mediante el fortalecimiento de las instancias participativas existentes en nuestras instituciones.

La contraloría social es un mecanismo de participación ciudadana dirigido a resolver, entre otros, conductas que constituyen actos de corrupción que han permeado en gran medida las estructuras de la administración pública en nuestro país. La finalidad es la de incorporar límites sociales a la esfera de lo público como una estrategia de lucha en contra de estas conductas a fin de fortalecer las instituciones y la democracia misma.

Este mecanismo de participación social es un modelo de incidencia institucionalizado que busca, en esencia, posibilitar a los ciudadanos para vigilar de manera constante la gestión de los funcionarios públicos para exigir que los recursos públicos se ejerzan con los fines para los que fueron destinados.

Es importante destacar que este modelo de incidencia participativa es de carácter institucionalizado ya que su ámbito de desarrollo se encuentra determinado por en normas, reglamentos, reglas de operación y manuales.

Es precisamente esta condición la que forma parte nodal de nuestra iniciativa, ya que, nuestro objetivo es precisar la función y otorgar más elementos a las contralorías sociales que se prevén en la ley General de Desarrollo Social, a fin de que se fortalezca el papel de los beneficiarios de un programa de desarrollo a efecto de que su participación activa en el seguimiento, evaluación y vigilancia cobre mayor relevancia.

Lo que buscamos es que a partir de la Ley quede más definido el papel de la contraloría social, incluyendo desde el precepto secundario más elementos que conformen su funcionamiento, organización y atribuciones e integrar de manera clara la concurrencia de este mecanismo en las comunidades indígenas.

Como todos sabemos, existen otros mecanismos de participación ciudadana tendientes al control social de la gestión gubernamental, la Secretaría de la Función Pública reconoce el monitoreo ciudadano, los observatorios ciudadanos, los sistemas de quejas y denuncias y el Testigo Social.

Sin embargo, la contraloría social es reconocida como uno de los mecanismos más eficaces para inhibir los actos de corrupción, la discrecionalidad y el uso indebido de los programas sociales, aunque su papel no es determinante para garantizar completamente una gestión adecuada de los recursos.

De tal manera, que la contraloría social resulta un mecanismo que promueve la rendición de cuentas a través de la activación de grupos de ciudadanos a efecto de vigilar y controlar el quehacer público con estricto apego a la legalidad, en consecuencia se logra que los servidores públicos asuman la responsabilidad de sus acciones.

Este tipo de rendición de cuentas está diseñado para que la incidencia de los ciudadanos no se limite a un interés de llevar a cabo un control social sobre el modo en que las administraciones públicas ejercen el gasto público, sino que busca que los vínculos de confianza entre el gobierno y los ciudadanos se acrecienten mediante la implementación de mayores dispositivos de incidencia participativa.

El instrumento de participación ciudadana de mérito, surgió en nuestro país como la intención de desarrollar sistemas de atención ciudadana y la creación de comités de beneficiarios a efecto de vigilar los procedimientos de contratación de obras y servicios públicos.6

Esta situación originó que las contralorías sociales se redujeran a simples buzones de quejas, empero a partir de la publicación de la Ley General de Desarrollo Social creció de manera significativa la creación de comités ciudadanos de control social auspiciados por los programas de desarrollo.

Un ejemplo de la implementación de este mecanismo de rendición de cuentas lo observamos en un análisis realizado por la Universidad de la Sierra del Sur de Oaxaca denominado Contraloría Social en el Programa Oportunidades y su impacto en 32 municipios del Distrito de Miahuatlán de la Región Sierra Sur de Oaxaca, efectuado en el periodo comprendido de octubre de 2011 a septiembre de 2012.7

Este proyecto consistió en la evaluación de la estructura y funcionamiento de la contraloría social desarrollada por las beneficiarias del programa de desarrollo social Oportunidades. Lo anterior mediante la instalación de comités de promoción comunitaria integrados por vocales con labores de vigilancia, nutrición, salud y educación cuyo trabajo fue el de conformar vínculos entre las beneficiarias del citado programa a efecto de canalizar y darle cause a sus peticiones y sugerencias.

La herramienta analítica arrojó datos que conformaron informes estadísticos que permitieron determinar, entre otras cosas, las condiciones socioeconómicas de la población del Distrito de referencia. Los resultados finales del estudio advirtieron que existen aún áreas de oportunidad en razón de mejorar los procedimientos de focalización de los beneficiarios, así como los mecanismos de quejas y denuncias.

El análisis también concluye que el resultado de la implementación del programa Oportunidades en la región de estudio ha sido mínimo al señalar que todavía el 84.5% del Distrito oaxaqueño continua viviendo en condiciones de pobreza, aun cuando el programa está cubriendo a una población del 78% de la familias del Distrito de Miahuatlán de la Sierra Sur.8

En este orden de ideas, el proyecto en cita valoró en la práctica la actuación de los vocales de vigilancia, nutrición, salud y educación a través del resto de los beneficiados del programa Oportunidades, ya que se planteó la necesidad de comprobar que los recursos estaban destinándose a las personas que más lo requerían y que los sistemas de quejas y denuncias estuvieran funcionando adecuadamente. Lo anterior en virtud de que se sabía, sin conocimiento pleno, que había denuncias hacia médicos, enfermeras, enlaces municipales y los propios vocales.

Lo antes expuesto resulta relevante ya que nos da la pauta para reconocer que hay mucho trabajo por realizar en relación a la participación de los ciudadanos en el control y vigilancia de los programas sociales, sobre todo, en la manera en que estos se deben involucrar en la contraloría social para hacer más efectiva su incidencia y lograr con esto, que la participación ciudadana impacte de manera determinante en las políticas públicas.

Por lo que hace a la norma, la Ley General de Desarrollo Social establece en su Capítulo VIII De la Contraloría Social las disposiciones por las que se establece el mecanismo de rendición de cuentas, las citamos a continuación para pronta referencia:

Artículo 69. Se reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.

Artículo 70. El Gobierno Federal impulsará la Contraloría Social y le facilitará el acceso a la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 71. Son funciones de la Contraloría Social:

I. Solicitar la información a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de los programas de desarrollo social que considere necesaria para el desempeño de sus funciones;

II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la Ley y a las reglas de operación;

III. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos;

IV. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los programas, y

V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales.

Advertimos que las disposiciones se enmarcan de manera general, por lo que sostenemos que podríamos precisar los preceptos a efecto de delinear de una mejor manera las atribuciones del mecanismo y también las responsabilidades de los funcionarios que incurran en una falta para los fines de la Contraloría, así como la inclusión en la norma secundaria de la previsiones que deben tenerse a fin de integrar a las comunidades indígenas en los mecanismo de control y evaluación de los programas sociales contemplando los recursos necesarios para que la autoridad les brinde la asesoría necesaria acorde a sus formas internas de convivencia y organización, sus propios sistemas normativos, sus lenguas y cultura, que no están contemplados de manera explícita, para que su participación dentro de las contralorías sea incluyente y efectiva.

Por otro lado, el Reglamento de la Ley estipula que los informes a los que hace referencia la Ley de mérito, deberán presentarse anualmente, pensamos que no podemos dejar el tema del control y vigilancia de los recursos públicos, en cuanto a este tema respecta, a la temporalidad establecida, ya que, debe de haber un seguimiento continuo a razón de impulsar el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad.

En este orden de ideas, el 11 de abril de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social que tienen por objeto el de establecer las bases para el funcionamiento del mecanismo de rendición de cuentas.

Reconocemos que este es el documento normativo más acabado y que surgió de la necesidad de delinear de mejor manera el tema de la contraloría social que establece la Ley General de Desarrollo Social. Sin embargo, creemos que la necesidad de definir con mayor precisión el marco de actuación de estos mecanismos se debe de empezar a partir del ordenamiento secundario.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

Artículo único.- Se reforma y adiciona un párrafo al artículo 70, se adiciona el artículo 70 Bis, y se reforma la fracción III del artículo 71, todos de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 70. El Gobierno Federal impulsará y destinará los recursos necesarios para la organización y funcionamiento de la Contraloría Social y le facilitará el acceso a la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

En los términos de lo dispuesto en el párrafo anterior, todo servidor público que rehusé facilitar el acceso a la información necesaria será sujeto de responsabilidad administrativa, civil o penal de conformidad a la normatividad aplicable.

Artículo 70 Bis. En el caso de las comunidades indígenas, el Gobierno Federal brindará la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento de las funciones de la Contraloría Social incorporando para tales efectos el principio de libre determinación y autonomía dispuesto en la fracción VIII del artículo 1º de esta Ley.

Artículo 71. …

I. a II. …

III. Emitir informes trimestrales sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos;

IV. a V. …

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo las disposiciones que para su aplicación requieran de modificaciones en el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya".

1 N.S. Nye, "Corruption and Political Development," American Political Science Review, vol. 6, no. 2, 1967.

2 5 Indira Carr y Opi Outhwaite, "Surveying Corruption in International Business," The Manchester Journal of International Economic Law, vol. 5, no. 2, 2008.

3 Hans Holmén "NGOs and Corruption- who's values count," documento de trabajo presentado en el taller Civil Society Organizations Fighting Corruption: Theory and Practice en julio de 2012, en la Universidad de Surrey, Reino Unido.

4 Pacto de San José de Costa Rica, adoptado el 22 de noviembre de 1969. México se adhirió al Pacto el 2 de marzo 1981 y es derecho nacional vigente desde el 24 de marzo del mismo año.

5 Ángel Sermeño "Ciudadanía y teoría democrática," en Metapolítica, número 33, volumen 8, enero-febrero de 2004.

6 Rendición de cuentas social en México Evaluación y control desde la sociedad civil. COORDINACIÓN Y DISEÑO EDITORIAL, Gobierno del Estado de Oaxaca.

7 Moyado, Flores, Socorro, "Contraloría Social en el Programa Oportunidades y su impacto en 32 municipios de la Sierra Sur de Oaxaca", Universidad de la Sierra Sur UNSIS). www.unsis.edu.mx

8 SEDESOL 2011.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Angel Benjamín Robles Montoya. Pido a la Secretaría Parlamentaria que esta iniciativa se pueda integrar al Diario de los Debates de forma total.

Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.





 

Pasamos ahora a la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NACIONAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, es de primera lectura, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

En los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, se le concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, para presentar a nombre de las Comisiones el presente dictamen.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Con su permiso, señor Presidente.

Honorable Asamblea, el día de hoy las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos someten a consideración de este Pleno el dictamen relativo a la expedición de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. En esta ley se incorpora a la legislación nacional uno de los componentes más importantes del sistema de justicia diseñado por el Poder Revisor de la Constitución en el año 2008 cuando se trazó un nuevo destino para nuestro sistema de justicia penal.

En ese sistema se estableció la orientación de un modelo de naturaleza adversarial privilegiando las garantías individuales de la víctima, pero también de los acusados, partiendo sobre todo de la eficacia del principio de presunción de inocencia. En ese sentido, el Constituyente de 2008 estableció en el artículo 17 de nuestra Constitución el deber de establecer mecanismos alternativos de solución de controversias en el ámbito del derecho penal.

En el año 2013 esta legislatura aprobó una importantísima modificación constitucional para facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia procesal, penal, y en particular para establecer un régimen único de alcance nacional en materia de alternativas de solución de controversias.

En marzo de 2014, el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. En el camino avanzado en México sobre los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias el Senado de la República reconoce a las entidades federativas quienes, tanto en la sede Procuraduría, como en la sede Judicial han desarrollado y están implementando Mecanismos de Solución Alternativa de Controversias.

Las experiencias son muy diversas, por ello el día de hoy el Senado reconoce el trabajo de muchas mujeres y hombres que desde sus espacios han impulsado el desarrollo de estos mecanismos. El proceso de dictaminación de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal tiene el rigor creativo y constructivo que ha caracterizado el trabajo de la Comisión de Justicia.

Para este proceso se llevaron a cabo audiencias públicas en las que participaron 15 comparecientes. Las audiencias públicas han demostrado ser un mecanismo de diálogo participativo a través del cual se fortalecen aspectos técnicos de las piezas legislativas en escrutinio legislativo, y se nutre la construcción de los consensos políticos.

Las audiencias se celebraron en el Senado de la República, en ellas fue posible compartir experiencias con académicos, representantes de la sociedad civil y autoridades tanto locales, como federales. En este ejercicio democrático se fue retroalimentando el proyecto de dictamen que se publicó en su versión original el 3 de julio de 2014.

Durante las audiencias se resaltaron aciertos y áreas de oportunidad del proyecto de dictamen. Las áreas de oportunidad señaladas fueron de especial relevancia para las modificaciones realizadas durante el proceso de dictaminación que llevó a la versión definitiva que hoy conoce este pleno.

Entre los aciertos más destacados de este dictamen podemos señalar lo siguiente: en primer lugar la incorporación del área de seguimiento para monitorear e impulsar los acuerdos alcanzados por los intervinientes; en segundo lugar, la creación de una base de datos de asuntos tramitados y en cumplimiento de acuerdos, dicha base será de utilidad para el análisis estadístico y la creación de políticas públicas dirigidas y eficientes, la incorporación de las figuras de conciliación, mediación y de la junta restaurativa como mecanismos alternativos idóneos para atender la problemática penal.

En este último la junta restaurativa se diseñó especialmente para otorgar perdón y asumir la responsabilidad por el daño causado en la conducta delictiva.

En tercer lugar, la posibilidad de que los mecanismos alternativos en materia penal puedan llevarse a cabo en sede de Procuraduría, como en sede Judicial.

En cuarto lugar, la homologación de criterios en cuanto a los procedimientos que siguen los mecanismos, así como los requisitos para ser facilitador, e incluso la homologación de los nombres que recibirán los mecanismos en todo el país.

Esto no fue sencillo, por ejemplo, apasionadas discusiones se desataban para defender ciertas denominaciones, desde círculos restaurativos hasta juntas restaurativas y en medio un largo abanico de opciones un tanto difíciles de comprender.

Adicionalmente, me gustaría a nombre de la Comisión de Justicia llamar la atención sobre algunos aspectos importantes de esta nueva ley. Esta ley tiene como eje rector la voluntad de las partes, voluntad para explorar, descubrir y elegir las alternativas de solución a las controversias, atendiendo al daño causado por la conducta delictiva.

Pone especial atención en la relación entre las partes involucradas en un conflicto, es una ley que explora el terreno de la conexión entre las personas en lugar de fijar incentivos para alejarlas; abandona la idea de resolución de tipo suma cero y atiende las particularidades de cada caso; revisando así lo que es verdaderamente importante para las personas que participan en un drama penal.

La perspectiva restaurativa de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en materia penal tiene especial intención de recomposición del tejido social, poniendo énfasis en las "hebras" delicadas que componen ese tejido, y sobre todo poniendo especial atención y necesidad de garantizar debidamente la restauración del daño causado.

La ley busca generar espacios de solemnidad y contención adecuados en donde puede llegarse al perdón y sanar las relaciones sociales lastimadas por la conducta delictiva. Lleva la desestigmatización de las persona en nuestra sociedad fortaleciendo así la generación de confianza y generando una nueva oportunidad para quien por las razones que sean han cometido un acto delictivo.

Como ya he mencionado, esta ley forma parte integral de una nueva concepción del sistema de justicia penal, trazado por el Constituyente de 2008. Las salidas alternas forman parte imprescindible del modelo de justicia penal, y están contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, esta ley viene a completar esas disposiciones.

En la media en la que funcionen adecuadamente las salidas alternativas al procedimiento penal, el procedimiento penal en sí mismo funcionará eficazmente.

En muchos países del mundo las reglas son los mecanismos alternativos de solución de controversias, no así el proceso penal. Aun queda pendiente en este Congreso la aprobación de una legislación única en materia de ejecución de sanciones, sin embargo la Comisión de Justicia estará pronto presentando a este pleno un dictamen que con ello concluiría el proceso de implementación legislativa de la reforma de justicia penal aprobada en 2008.

Con la aprobación de esta ley, y pido atentamente a nuestros compañeras Senadoras y Senadores su voto afirmativo en esta sesión con la aprobación de esta ley las y los legisladores de esta legislatura atenderemos debidamente el mandato constitucional de darle cuerpo al nuevo modelo de Justicia Penal, pero sobre todo atenderemos la responsabilidad ética de generar confianza a las instituciones y, sobre todo, eficacia en el combate a la criminalidad. Por su atención, muchísimas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Roberto Gil Zuarth. Está a discusión en lo general, por lo cual informo al pleno que se han inscrito las y los siguientes Senadores: Arely Gómez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor; Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor; Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista, para hablar a favor; y David Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor del dictamen.

En primer término tiene el uso de la palabra la Senadora Arely Gómez González.

- La C. Senadora Arely Gómez González: Con su venia, señor Presidente. La Reforma Constitucional del Sistema de Justicia Penal del 2008, y la reforma para unificar la materia procedimental penal, de mecanismos alternos de solución de controversias y de ejecución penal, dejaron para el Congreso de la Unión una gran responsabilidad aun pendiente de completar.

El día de hoy nos convoca la aprobación de un dictamen que constituye un importante paso en el cumplimiento del compromiso de dotar a nuestro país de un sistema de justicia penal moderno y eficaz.

Durante la ceremonia de la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cuatro de marzo de 2014, el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, anunció la presentación de la iniciativa de Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia de penal.

La Comisión de Justicia de este Senado de la República se dio desde esa fecha a la tarea de trabajar en la dictaminación de esta propuesta para contar con el instrumento más acabado y perfeccionado posible para que el sistema acusatorio pueda entrar en completo funcionamiento.

Además del trabajo de los distintos grupos parlamentarios, representados en la Comisión de Justicia, estuvimos en constante colaboración con las autoridades encargadas de la aplicación de estas figuras, tanto a nivel federal como local.

Como es costumbre de la Comisión de Justicia, la discusión no se agota con la discusión de los Senadores. El mes de julio celebramos audiencias públicas para recibir a 15 expertos de la sociedad civil, académica y autoridades federales y locales para conocer las ventanas de oportunidad para incluir en la ley.

El dictamen que hoy se somete a discusión se construyó con la lógica de dos premisas fundamentales: lograr justicia a través de estos mecanismos no metiendo a gente a la cárcel, sino a través de la satisfacción de las partes involucradas y lograr la recomposición del tejido social. Lo más importante, el anhelo de justicia no debe materializarse en venganza institucionalizada.

Si estos mecanismos no funcionan correctamente se colapsará el sistema acusatorio, porque no puede llegar la cantidad de casos que actualmente tenemos al juicio oral.

Entre otros beneficios esta ley contribuirá a reducir los costos y tiempos de los procesos penales, con lo cual se disminuirá la sobrepoblación en cárceles y permitiría a las instituciones del Estado mexicano concentrar sus recursos y capacidades en la investigación y detención de los delincuentes que más lastiman a la sociedad mexicana.

Esta ley prevé tres importantes mecanismos alternativos para elaborar la solución de las controversias penales antes de juicio: mediación, conciliación y juntas restaurativas.

En estos, los intervinientes gozan de una participación, primordial bajo los principios de voluntariedad, flexibilidad, y honestidad, entre otros, para con la ayuda de facilitadores que deberán estar certificados puedan llegar a una solución que convenga a todas las partes involucradas.

Uno de los principales cambios de este dictamen con la iniciativa, es que se reconoce expresamente la posibilidad de que los poderes judiciales, federal y local puedan participar en la etapa judicializada de este proceso, antes de la apertura juicio oral, y reconocer el gran avance que se ha dado en las entidades federativas.

Senadoras y Senadores, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional refrenda una vez más su compromiso para dotar al país de las herramientas necesarias para consolidar un Estado democrático de derecho en el que la justicia sea una realidad y permita un México en paz.

Demos un nuevo paso hacia la implementación del Sistema Acusatorio y Oral que ideó el Constituyente de 2008 para consolidar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, que nosotros tenemos la responsabilidad de convertir en una realidad en poco menos de dos años antes de su entrada en vigor el 18 de junio de 2016.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Arely Gómez González. A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro del dictamen, hasta por cinco minutos, Senador.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores, sin duda creo que vale la pena recordar, en primer lugar, que con la expedición de esta ley estamos dando cumplimiento a la obligación que nos impusimos con la reforma a la fracción vigésimo primera del artículo 73 constitucional, hace casi 11 meses.

Pero más allá de esa obligación del Congreso para expedir esta disposición, yo quisiera referirme a su relevancia.

La ley que se somete a consideración de esta Asamblea, esta propuesta, es resultado del trabajo de un grupo plural que analizó y elaboró el proyecto de manera abierta, de manera dedicada. Se trata, por lo tanto, de una ley que, sobra decirlo, resulta imprescindible para la plena y correcta implementación del sistema de justicia acusatorio, sin esta ley, simplemente no podríamos implementarlo.

Este ordenamiento, este instrumento sin duda será pieza clave en la consecución de los fines que persigue nuestro sistema nuevo de justicia. Los mecanismos alternativos no tienen como finalidad última reducir la carga de trabajo del Poder Judicial; eso sí, hay que decirlo, será un beneficio adicional.

A mí me parece que la relevancia de los mecanismos alternativos radica en garantizar la accesibilidad a la justicia para las personas; radica en lograr que ésta sea pronta y expedita a través de medios que sin duda buscan garantizar la satisfacción de las necesidades de las partes en conflicto con motivo de la denuncia o querella derivada de un hecho delictivo.

Esa es precisamente la verdadera finalidad de los mecanismos alternativos, la consecución de una justicia restaurativa a partir de la voluntad de las partes para dar solución al conflicto a través de dichos mecanismos.

Por eso estoy convencido de que esta ley simboliza, como ninguna otra el nuevo enfoque que pretendemos dar a nuestro sistema de justicia.

Deseo resaltar también que al igual que otros proyectos anteriores, como fue el Código Nacional de Procedimientos Penales, o la reforma en materia de justicia militar, este proyecto fue construido de cara a la sociedad abriendo el espacio para recibir comentarios de todas aquellas personas y organizaciones que estuviesen interesados en participar. Se celebraron también audiencias públicas en las que sin duda los expositores nos dieron luz en varios aspectos concretos sobre este proyecto.

Yo celebro públicamente, lo quiero decir, que la Comisión de Justicia abra espacio a la sociedad para la discusión de temas de interés general dándole voz para opinar y para participar activamente, por eso felicito al Presidente de la Comisión, a la Junta Directiva de esta Comisión, y por supuesto a cada una de mis compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión que me honro también en integrar.

Quiero concluir, señor Presidente, esta intervención reiterándole a todas y a todos ustedes, compañeras y compañeros Senadores, el compromiso y la disposición del grupo parlamentario del PRD para seguir participando en la construcción de leyes que faltan aún todavía construir, implementar para fortalecer el sistema de justicia acusatorio, no olvidemos, que estamos ya en la antesala del plazo para la entrada en vigor de este sistema acusatorio, en menos de dos años el sistema tendrá que estar funcionando en todo el país, y nuestra tarea, por lo tanto no concluye, felicidades a todos.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Angel Benjamín Robles Montoya. A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en pro del dictamen, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Alberto Puente Salas: Muchas gracias, con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros Senadores: El presente dictamen contiene la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal; así como reformas y adiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, y al Código Federal de Procedimientos Penales aún vigente.

Se establecen mecanismos no punitivos en casos de delitos no graves, en los que las partes pueden a través del diálogo llegar a un acuerdo, y evitar así un proceso penal.

En el diseño de esta ley se privilegió como elemento central el principio de autonomía de la voluntad de las partes, y se atendió la creación de relaciones institucionales que hagan efectiva la implementación de los procesos alternativos en materia penal.

Como parte de los trabajos de dictaminación se realizaron audiencias públicas con expertos, académicos y operadores del sistema penal.

Es así que esta ley integra la experiencia de numerosos programas y sistemas de justicia alternativa nacionales e internacionales que han resultado en la mejora de las relaciones sociales.

El contenido de la ley se diseñó procurando que en su aplicación se logre el respeto efectivo a los derechos humanos, coincidente con el Artículo Primero de nuestra Constitución.

Implementar mecanismos no confrontativos en la justicia penal, derivan en beneficios inmediatos para el sistema de justicia, la sociedad, las víctimas y el propio agresor, por ejemplo, se logrará que en el sistema penal las causas que lleguen ante el juez se resuelvan en menor tiempo, porque se reducirá la carga procesal en los juzgados.

Se reducirá la sobrepoblación en centros penitenciarios, la atención se centra en el daño causado y en la reparación de éste; la víctima, quien en muchas ocasiones era nuevamente agraviada durante el proceso penal, ahora obtendrá una solución integral al problema que le generó el delito.

Víctima, ofendido y agresor tendrán la oportunidad de dialogar y resolver, incluso junto a la comunidad el problema generado.

La víctima, su familia y la comunidad lograrán recobrar el sentido de confianza y de tranquilidad. Es importante destacar, compañeras y compañeros, que las ideas sobre los que se conciben los mecanismos alternativos, son los siguientes: Alentar el desarrollo de la responsabilidad y no la culpa; la justicia restaurativa como elemento para una cultura de la paz; privilegiar la reparación sobre el castigo en los delitos no graves; los mecanismos alternativos favorecen el crecimiento de los valores del respeto, responsabilidad, empatía e interrelación entre el infractor en la víctima y en la comunidad.

El Partido Verde manifiesta su voto a favor del presente dictamen, porque estamos convencidos de la importancia de desarrollar instrumentos nacionales para implementar los mecanismos alternativos en todo el territorio nacional.

Consideramos que con la aprobación de este dictamen iniciamos un cambio cultural, compañeras y compañeros, utilizar el diálogo como forma de solución de conflictos, y desarrollar así la empatía, el respeto y la tolerancia con el ejercicio sistemático de estos valores, en el Partido Verde estamos convencidos de que podemos conseguir lo que México tanto aclama, una sociedad, más pacífica.

Por su atención, muchas gracias,

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias Senador Carlos Alberto Puente Salas. A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen, en el uso de la palabra hasta por cinco minutos, Senador.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros Senadores:

En principio deseo externar mi felicitación a la Comisión, a sus miembros por el trabajo realizado con motivo de este dictamen.

El fenómeno de la globalización se ha configurado hoy por hoy como un importante factor de desarrollo social y económico, transversal a todas las áreas del quehacer humano. El derecho no es ajeno a este suceso, así muchos han sido los intercambios de esta disciplina, desde el mundo del Derecho Continental Europeo al Derecho Anglosajón y viceversa.

En este contexto se ha instaurado en Latinoamérica el concepto de justicia restaurativa como un potente motor de la reforma de justicia criminal de este siglo.

La justicia restaurativa puede ser definida como toda acción orientada, principalmente a hacer justicia a través de la restauración o reparación del daño causado por el delito.

Ahora bien, existe cierto consenso en la doctrina internacional que es posible en la coexistencia de la justicia restaurativa y procesos judiciales coercitivos, que es la hipótesis recogida por el dictamen en comento.

El dictamen contempla que la justicia restaurativa se desarrolle en el marco de procesos coercitivos judiciales, toda vez que el artículo 188 del Código Nacional de Procedimientos Penales prescribe que los acuerdos reparatorios, procederán hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio.

En atención a lo anterior, es posible afirmar que en la legislación mexicana lo propiamente restaurativo reside principalmente en los resultados de las gestiones judiciales, materializando a través de la reparación del daño y no así en la ausencia de un proceso coercitivo judicial.

Este dictamen viene pues a plasmar los mandatos constitucionales consagrados en los artículos 17 modificado mediante la reforma constitucional, ejecutado en el 2008 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a la existencia en el ordenamiento jurídico, la figura de los mecanismos alternativos de solución, de controversias también conocidas como "max" y la facultad del Congreso para expedir mecanismos alternativos de solución, de controversias y de ejecución de penas que regirán la República en el orden federal y el fuero común.

Cabe destacar que el objeto del dictamen en discusión, en sintonía con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales consiste en proteger el derecho que tiene la víctima o el ofendido de participar en mecanismos alternativos de solución, de controversias, como así mismo la observancia del deber, del defensor de promover a favor del imputado los mecanismos en comento.

Todo ello en un contexto de oralidad, economía procesal y confidencialidad.

Lo anterior es un claro intento por evitar los efectos negativos asociados a la privación de libertad de quienes hayan cometido un hecho delictivo en los términos descritos en el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Es decir, delitos que se persigan por querella o requisito equivalente de parte ofendida, delitos culposos o delitos patrimoniales sin violencia sobre las personas, en tanto el imputado no haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos de la misma naturaleza jurídica o regla general.

Sin perjuicio de lo anterior se echa en falta que el artículo 5 del dictamen al establecer la procedencia de este mecanismo alternativo de solución de controversias, no pormenorice las conductas constitutivas de hechos delictivos susceptibles de ser concluidos por este mecanismo y por el contrario, se limite a hacer una remisión a la tipificación establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En este sentido, la norma pareciera ser un tanto inconclusa o por lo menos imprecisa lo que a todas luces es una falacia en la materia.

Del mismo modo, llama la atención que la medicación se encuentre supeditada a la instancia judicial, toda vez que por definición ésta ha de ser una instancia previa al inicio de proceso judicial que en el hecho en desarrollo no ocurre, ya que para ella sea procedente como mecanismo alternativo de solución de controversia, requiere de la derivación del ministerio público o del juez que tome conocimiento del asunto que es susceptible del mecanismo.

El grupo parlamentario, su servidor estamos a favor del dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Avila.

Senador Fidel Demédicis Hidalgo, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Para hechos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Para hechos se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchísimas gracias, señor Presidente, con su venia.

Compañeras y compañeros Senadores, felicitar sinceramente a las comisiones que intervinieron en este dictamen, ya que uno de los grandes sufrimientos en nuestro pueblo tiene que ver precisamente con las injusticias y desafortunadamente las injusticias le pegan principalmente a los que menos tienen o a los que no tienen nada.

En México la gente sigue pensando que la justicia se compra y se vende, los mexicanos pobres siguen sostenido que es un delito nacer pobre en este país, porque el acceso a la justicia se les dificulta o de plano se les niega.

Ha habido avances importantes en el sistema de justicia en México, cuánto sufrimiento generó el sistema de justicia anterior en donde la presunción de culpabilidad era la esencia.

Cuántos fueron señalados por los regímenes autoritarios de responsabilidades que no tenían y con el simple hecho de ser señalados, la carga de la prueba recaía a quién era señalado y no a quién señalaba.

La izquierda mexicana ha impulsado desde sus orígenes la presunción de inocencia y sinceramente aplaudimos que hoy en México el sistema anterior esté siendo rebasado y que esté prevaleciendo el sistema de justicia adversarial en donde la presunción de inocencia es la parte que se resalta; el que señala tiene la obligación de probar.

Los juicios orales a pesar de que reducen el tiempo del proceso todavía generan situaciones de complicación para los indiciados.

Qué bueno que los delitos no graves, hoy el Senado Mexicano, yo estoy convencido que va a probar por unanimidad este dictamen que ha sido presentado al pleno, sobre todo porque este mecanismo alternativo de justicia restaurativo a través de la mediación es un elemento que permite el acercamiento entre las partes y que permite que la herramienta fundamental que debiera utilizarse en todos los conflictos sociales se utilice en este tipo de mecanismos de justicia. Es decir, el diálogo ha demostrado que cuando se aplica de manera sincera, que cuando se aplica de manera objetiva, que cuando se aplica con voluntad siempre da resultados.

Por eso muchos mexicanos y mexicanas que se vean en conflicto y hoy el conflicto se ha tratado a partir de su voluntad, a partir de que digan yo quiero que el conflicto se resuelva mediante el diálogo con el que ofendí va a evitar muchísimo dolor, y ese era uno de los objetivos de la justicia, evitar el menor dolor posible.

El consenso en este tema es fundamental, igual que es fundamental en otras actividades de la vida social y política, tomemos el ejemplo de que cuando se quiere, se puede y este tipo de justicia plantea eso, cuando se quiere, se puede, cuando se quiere llegar a un acuerdo y está el facilitador, es decir, está el árbitro, el asunto se resuelve.

Este tipo, este mecanismo alternativo evita procesos tortuosos y costosos en el sistema anterior, 3, 4, 5, 6 años, se probaba la inocencia y usted disculpe, era lo que decían los jueces y los ministerios públicos; "usted disculpe". Sí, pero ya le habían desgraciado la vida al estar detenido en un penal que son las escuelas del crimen por mucho tiempo, evita efectivamente la sobrepoblación en las cárceles ya que no se irá por delitos no graves a las cárceles si se llega a un acuerdo como se está planteando, a las comunidades indígenas se les da opción de tener un intérprete, una situación importantísima, porque hoy muchos, muchos mexicanos y mexicanas están en la cárcel, precisamente, por carecer de este intérprete que aquí se les da la oportunidad de que lo tengan.

Y por último decirles, compañeras Senadoras; compañeros Senadores, que la justicia no es otra cosa que darle a cada quien lo que tiene derecho, y en este mecanismo alternativo es lo que se procura.

Por estas situaciones, mi voto será a favor.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

En virtud de que no hay más oradores registrados, ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por 5 minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación.

VER VOTACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 90 votos a favor y cero en contra.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMENEZ

- El C. Presidente Arturo Zamora Jiménez: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal; se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

En el apartado de proposiciones, tiene el uso de la palabra el Senador Ernesto Gándara Camou, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de Acuerdo que exhorta a coordinar un plan integral de reactivación de la economía y de la evaluación general de daños con objetivos concretos a corto, mediano y largo plazo, por el derrame de sulfato de cobre, en el Río Sonora.

Tiene el uso de la palabra, señor Senador.

PROPUESTAS

- El C. Senador Ernesto Gándara Camou: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a esta tribuna a presentar un punto de Acuerdo de urgente resolución de vital importancia para la recuperación y sustentabilidad en una región muy significativa de mi Estado Sonora, que es la región del Río Sonora.

Ustedes saben bien, fue una noticia desafortunada a nivel nacional e internacional, de que el pasado 6 de agosto se dio un derrame de sulfato de cobre a lo largo del Río Sonora, proveniente de la Minera Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo México, y que afectó a más de 270 kilómetros de lo que es el río, del suelo, del subsuelo, y desde luego, de los más de 22 mil habitantes de 7 municipios rurales de esa región, muy importantes.

Inmediatamente, las autoridades federales, la Comisión Nacional del Agua, la PROFEPA, la SEMARNAT, tomaron cartas en el asunto en la investigación, en la operación del protocolo de emergencia, y desde luego, en la coordinación de las autoridades de protección civil del Estado de Sonora, y de los municipios afectados.

Hubo consecuencias inmediatas, no solamente ambientales, sino la misma cancelación de todos los servicios en materia de agua y la afectación a 88 escuelas de estos 7 municipios, en donde durante varios días los niños y los jóvenes no pudieron asistir a la escuela.

Estamos ciertos de que hay acciones y, desde luego, que hay un marco legal que emitirá, después de la investigación, sanciones. Y desde luego muy importante, la remediación del sitio.

En este momento se encuentra una comisión importante de compañeros diputados federales en el estado de Sonora, revisando, directamente, lo que ha pasado y desde luego entrevistándose con todos los involucrados.

Sin embargo, yo quisiera, independientemente de que estamos de acuerdo en que se aplique la ley con todo vigor, presentar este punto de Acuerdo a este Senado, con naturalmente urgente resolución, en virtud de que estamos hablando de más de 22 mil personas que viven en el Río Sonora, de la agricultura, de la ganadería, de los servicios básicos, que con esta pésima noticia, con este incidente que se dio, no basta solucionarlo con una sanción, por más alta y estricta que sea; no basta solucionarlo, inclusive, con la indemnización, que pueda corresponder a lo que son sus terrenos y las afectaciones de la gente.

Desafortunadamente el Río Sonora, implica, inclusive, se los voy a decir, una imagen, una marca de productos, como en muchas zonas rurales del país, que son un orgullo para los pobladores de esa zona; que son un orgullo, como el queso, la leche, los productos de las carnes, la agricultura, la ganadería y todos los productos que se dan, que desafortunadamente, y ya ha sido expresado por los productores, ha habido una caída en la confianza, naturalmente, y que esto todavía no sabemos el nivel de los daños que va a afectar, no solamente en el medio ambiente, sino también en la economía y en el desarrollo social de esta región.

Es por eso que me permito presentar ante ustedes, compañeras y compañeros, un punto de acuerdo, en el que se exhorta, además de lo que ya se está haciendo, a las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente, junto con todas las Secretarías involucradas, como Agricultura, Conagua, la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Desarrollo Social y otras, que puedan coordinarse con el gobierno del estado, para elaborar y ejecutar un plan integral de reactivación de la economía y de la evaluación general de daños del Río Sonora.

Esto, es una noticia importante. Esto, ha generado inclusive una dinámica de ataques de unos a otros. Esto, a veces, genera también oportunismos, no tanto para efectos de lo que le preocupe a la gente, sino para denostar unos a otros.

Pero déjenme decirles que la gente, nuestra gente, a la que yo represento en esa zona del Río Sonora, va a seguir viviendo su vida cotidiana. Los niños deben de prepararse e ir a la escuela, las actividades cotidianas van a seguir, en un mes, en seis meses, en un año y en los años subsiguientes.

Por eso necesitamos actuar de una manera contundente, y creo que el gobierno federal y el gobierno del estado, deben coordinar este plan de acción, para que no solamente se reactive inmediatamente la economía de Sonora, sino también la confianza en esa región.

Es una región emblemática del estado. Ahí tenemos a dos capitales del siglo antepasado, que fueron Arizpe y Ures, y es una región histórica y social muy importante para los sonorenses.

Estamos hablando pues, de 22 mil gentes, que no solamente necesitan y se les debe ofrecer una disculpa por esta situación de negligencia, sino que también, todos juntos, gobierno federal, representantes, legisladores, estado y municipio, tenemos que darle un seguimiento los próximos meses y también los próximos años.

Que sea para bien. Y espero contar con el apoyo, para que sea esto, no en comisiones, sino de manera urgente.
Muchísimas gracias, por su atención, compañeros.

Propuesta



- El C. Presidente Zamora Jiménez: Como lo ha solicitado el proponente, el Senador Ernesto Gándara, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.
- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Simplemente para señalar la pertinencia de que en esta primer sesión ordinaria del Senado de la República, haya puesto este tema en la discusión, en el Orden del Día.

Porque sin duda y entiendo la preocupación del Senador Gándara y reconozco el hecho de que esté poniendo el dedo en la llaga, y también que sea una oportunidad y la ocasión, para voltear a ver dónde aún no han ocurrido daños tan graves, o dónde algunos de estos años han sido encubiertos, pero que están ocurriendo.

Y por supuesto me refiero a la zona que yo represento, a mi estado, a Chiapas, en donde empieza haber una preocupación creciente por el desarrollo de la actividad minera, pero un desarrollo que antepone, siempre, la rentabilidad económica por encima del cuidado al medio ambiente y por encima del daño a otros recursos naturales, como lo son el agua, los bosques y las selvas.

Justamente al respecto, en la pasada Comisión Permanente presenté un punto de Acuerdo, para pedirle también su atención a las autoridades ambientales de nuestro país, a la Profepa, también a la Secretaría de Medio Ambiente, para que atendieran y generaran políticas públicas y mecanismos de defensa para disminuir el daño ecológico causado por la actividad minera en las reservas de la biosfera y otras áreas naturales protegidas de Chiapas.

Ahí está el caso de la Reserva de la Biosfera del Triunfo, en donde hay reportes que en su zona de amortiguamiento, ha empezado a haber exploración y explotación minera.

Hay reportes sobre explotación y exploración en áreas cercanas e incluso internas de la Selva Lacandona.

Estas exploraciones pueden terminar siendo la punta de lanza de daños irreversibles a los verdaderos tesoros que tenemos estados como Chiapas. Los bosques, ecosistemas, como el Bosque de Niebla, El Triunfo, Casa del quetzal, que cada vez se ven más amenazados por una actividad como ésta.

Las selvas, como la Selva Lacandona, que ha perdido en los últimos 50 años cerca de 50% de su territorio.

Son seis compañías que están haciendo exploración y explotación, todas ellas extranjeras, que en las siete zonas mineras de Chiapas y con sus 97 concesiones otorgadas entre el año 2000 y el 2009, están ya afectando cerca de 357 mil hectáreas en el estado.

Por eso, me sumo a esta petición del Senador Gándara. El caso de Sonora ha puesto el tema en la agenda pública del país, pero sobre todo para que sea esta ocasión para voltear a ver dónde se pueden prevenir este tipo de desastres naturales y este tipo de daños.

Reitero que la aproximación, la perspectiva de este asunto no debe estar peleada con el desarrollo, pero debe ser siempre anteponiendo el cuidado al medio ambiente, el cuidado a los recursos naturales con los cuales es posible la vida humana, el agua y el aire.

Por eso mi posición es a favor de este punto de Acuerdo y ojalá no soltemos el tema, ojalá esto sea permanente para que ningún estado de la República vuelva a tener una afectación como la que está ocurriendo el día de hoy en Sonora.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Para hablar sobre este asunto, también se concede el uso de la palabra al señor Senador Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor de este punto de acuerdo.

- El C. Senador Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia; muy buenas tardes amigas y amigos Senadores.

El Senador Gándara ha venido a tocar un punto, un problema de gran trascendencia que lamentablemente, no únicamente afecta el estado de Sonora, sino esto tiene una connotación nacional. Desde luego en especial a todos aquellos estados, a todas aquellas entidades de la República que tienen como una actividad importante la minería, que hay que verla desde los dos ámbitos, uno, como una industria que genera divisas, como una industria que genera recursos, como una industria que genera trabajo, empleos, que es un satisfactor, pero también como una industria que genera problemas de contaminación de nuestro ambiente.

Vimos con gran preocupación el hecho de que el pasado 7 de agosto se diera esta acción ambiental negativa en el Estado, en el hermano y vecino Estado de Sonora, donde precisamente por contaminación del río Sonora se da esta afectación a siete municipios de esta entidad.

Sin embargo, esta afectación no es de este mes, sino ya hay datos de muchos años atrás donde precisamente por la acción negativa cuando no se controlan bien los residuos, se han afectado la flora, la fauna, el uso intensivo del agua, a través de la producción de residuos peligrosos y que ocasionan daños a comunidades por la contaminación del suelo, del aire, incluso hasta la acústica, como consecuencia de estos trabajos, como consecuencia de la minería.

A esto sumamos también otro problema ambiental que incluso afecta a estados, a entidades que no son o que no tienen actividad minera y que debemos también de atender dentro de este mismo concepto, y que son precisamente los derrames de hidrocarburos que se dan en los ductos que transportan estos materiales, estos químicos. Unos por deficiencias técnicas, los menos afortunadamente, pero los más por acciones en cuanto al robo de hidrocarburos que incluso hay ya algunas iniciativas que se van a presentar precisamente para atender este asunto y en el cual todos los grupos parlamentarios tenemos interés en participar.

Pues bien, tanto las acciones de la minería como las acciones de derrames que se dan por toda la geografía de nuestro México ocasionan graves afectaciones al medio ambiente.

En esta sesión mi compañera Senadora Silvia Garza va, en unos momentos, a presentar también un punto de Acuerdo que ya no únicamente se trata del estado de Sonora, sino es una preocupación que coincide con la mía precisamente con la afectación que se está dando por contaminación tanto en acciones de minería como en derrames en toda la geografía nacional.

Nuestra compañera Silvia Garza va a presentar en unos momentos un punto de Acuerdo muy coincidente, que creo lo debemos de atender en conjunto y estando de acuerdo con la resolución de este acuerdo en el cual se exhorta a las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente, Recursos Naturales, para que se coordinen con las instancias federales correspondientes y el gobierno del estado de Sonora en un plan integral de reactivación de la economía y de la evaluación general de daños con objetivos concretos a corto, mediano y largo plazo, por el derrame de sulfato de cobre en el río Sonora.

También quisiera llamar la atención de esta Asamblea para que esto lo externemos a todas las actividades de la minería y en cuanto al traslado, transportación de hidrocarburos que están ocasionando serios problemas al medio ambiente a nivel nacional y no nada más es atender, y coincido con el Senador Zoé Robledo, sino también prevenir, acciones preventivas que urgen para atender este asunto, este grave problema que tenemos en toda la geografía nacional.

Por el bien de nuestro medio ambiente, porque tengamos un México más limpio, porque cuidemos mejor a nuestro planeta, se requieren éstas y muchas acciones de atención directa y de atención preventiva para cuidarlo.

Me sumo a este punto de Acuerdo y desde luego estará más amplio con el que nos presentará nuestra compañera Senadora Silvia Garza en un momento más.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador. Para hablar sobre el mismo asunto se concede el uso de la palabra al señor Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro de este punto de Acuerdo. Tiene el uso de la palabra, señor Senador.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores.

Cuando supimos de este terrible desastre ecológico de manera inmediata nos remitimos a un tema que discutimos a profundidad aquí en el Senado de la República cuando analizamos la Reforma Energética, concretamente el tema de la regulación.

Y, ¿por qué nos remitimos?

Porque este tema tiene que ver precisamente con las leyes laxas, con las leyes complacientes, con las leyes que de manera irresponsable se han votado en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados.

Coincidimos con el punto de Acuerdo, por supuesto. No podemos oponernos a que el Senado de la República haga un exhorto a la Secretaría de Economía y a la SEMARNAT para que atiendan con carácter de urgente este problema.

También coincidimos con el compañero Senador ponente de este punto de Acuerdo cuando dice que no basta la indemnización, cuando plantea que tenemos que obligar a la Minera México a que genere un plan de remediación que garantice plenamente la limpieza de ese río, porque no son cuestiones etéreas o inmateriales las que están en riesgo ahí, estamos hablando de seres vivos, tanto de fauna, flora, y lo más grave, de seres humanos.

Ese es el tema, por eso no coincidimos cuando aquí se planteó que la exploración y la explotación de los energéticos fueron asunto de interés social, porque entonces todo lo que hoy se viene a decir aquí, que debiera de prevenirse, y entiendo que el doctor Brito, desde su visión de médico, habla con conocimiento de causa, si no prevenimos imposible, imposible que podamos evitar esto.

Con acciones correctivas no, se tiene que tapar el pozo antes de que se ahogue el niño, no después del niño ahogado tapar el pozo. Se los dijimos, la regulación es una situación fundamental, compañeras y compañeros Senadores, no esperemos a que este tipo de desastres se reproduzcan en todo el país. Ahora que lleguen las transnacionales, con el tipo de regulación que hicimos, esto quizá sea peccata minuta, esto quizás sea un asunto sin importancia ante lo que se prevé que pudiera llegar si no somos duros en la regulación.

Ya nos lo advirtieron: "si no son duros se los van a comer vivos", y no sólo hablando de los seres humanos, hablando del medio ambiente y de lo que mantiene vivos a los seres humanos. Aquí hay preguntas que alguien tiene que responder. A esta minera se le otorgaron 10 de 16 certificaciones de empresa limpia, ¿qué supervisiones hicieron las que se los entregaron? No sólo son responsables estos de la minera, sino quiénes fueron omisos a la hora de hacer su tarea concreta.

El problema no es sencillo, y lo que se avecina tampoco es sencillo, por eso llamamos a la reflexión, compañeras y compañeros Senadores. Por último, yo sí quiero hacer una propuesta al compañero ponente donde dice que un plan integral de reactivación de la economía, de evaluación, compañero Senador, y ojalá y pudiéramos incorporar la palabra "remediación", no está contemplada, pero ojalá y la pudiéramos contemplar y decirles, compañeras y compañeros Senadores, esta reflexión: "cuando hayamos cosechado la última mazorca, cuando hayamos pescado el último pez, cuando hayamos envenenado el último río, entonces todos nos daremos cuenta que el dinero no se come".

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

- El C. Senador Ernesto Gándara Camou: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: ¿Para qué efecto, señor Senador?

- El C. Senador Ernesto Gándara Camou: (Desde su escaño) Exactamente, el comentario hecho del compañero Senador Fidel Demédicis, naturalmente estoy de acuerdo, y me parece que esto nutre obviamente esta propuesta con el término "remediación", que es parte, desde luego, de la propuesta, pero que sea más claro y consistente. Yo nada más quisiera que se pudiera adherir, si los compañeros y compañeras Senadores están de acuerdo, esta palabra en el texto del Acuerdo.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Que tome nota la Secretaría para en su momento hacer la propuesta correspondiente.

Para referirse al mismo asunto se concede el uso de la palabra al señor Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en favor de este punto de Acuerdo.

Pero antes el Senador Fidel Demédicis, ¿para qué efectos, señor Senador?

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Solamente para aclarar, un minuto. En el punto de Acuerdo del compañero Senador se plantea que hay que reactivar la economía y hay que evaluar, pero después de la evaluación necesariamente tiene que haber un plan de remediación, es en ese sentido la propuesta de adición.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Con mucho gusto. Le solicito amablemente se pongan de acuerdo para que la Secretaría de Servicios Parlamentarios haga la redacción correspondiente.

Tiene el uso de la palabra el Senador Carlos Alberto Puente Salas, para referirse a este punto de Acuerdo, del Partido Verde Ecologista.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia.

Compañeras y compañeros:

Venimos este día a respaldar esta proposición con punto de Acuerdo que hace nuestro compañero el Senador Ernesto Gándara Camou. Esta afectación ambiental y esta desgracia que ha sucedido en el estado de Sonora tiene que tener, sí de manera clara, una remediación.

Tenemos que buscar también, y es por eso que respaldamos este punto de Acuerdo, la reactivación económica de toda esa zona afectada en el estado de Sonora. Esa afectación que les ha llevado a tener pérdidas muy importantes a los productores, a los comerciantes, y que verdaderamente le ha dañado a muchas y muchos sonorenses.

Estas afectaciones que se han dado claro que también tienen que tener un castigo, y esos castigos deben de ser ejemplares. Quiero decirles que desde la Comisión Permanente, que se discutió, para mi partido, para el Partido Verde Ecologista de México, es un tema muy importante; es un tema tan importante que es por ello que en el marco de la reforma energética nosotros pusimos la creación de esta agencia ambiental, y es por ello que reiteramos hoy nuestro compromiso para que verdaderamente se pueda actuar.

Senador Demédicis, si usted me lo permite, yo creo que hoy más que nunca coincidimos, claro que tiene que venir también la remediación, pero hay que respaldar nosotros; y el buscar, no quedarnos cortos en simplemente la remediación, sino esta reactivación económica a todo el entorno.

Creo que no riñe, no riñe en los términos, y estoy seguro que podremos alcanzar un consenso y un acuerdo en la redacción. Creo que todas y todos los Senadores estamos a favor de que esto pueda dársele una remediación, que también nosotros podamos lograr este plan integral, y es por eso que habla de la integralidad de una reactivación de la economía y evaluación general de los daños con objetivos concretos a corto, mediano y largo plazo, como lo plantea el Senador Gándara Camou.

Decirles que mi bancada del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México respalda este punto de Acuerdo.

Por su atención, muchas gracias, y es cuanto.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias a usted, señor Senador.

Para referirse al mismo asunto, se concede el uso de la palabra al señor Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a favor del punto de Acuerdo presentado por el Senador Ernesto Gándara.

Tiene el uso de la palabra, señor Senador.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Mi grupo parlamentario respalda en todos sus puntos la iniciativa que presenta nuestro compañero, el Senador Ernesto Gándara, y lo hacemos no solamente en razón de ser un compañero nuestro, integrante de nuestro grupo parlamentario, lo hacemos en razón de la trascendencia de este exhorto que se formula a las distintas instancias del gobierno federal para atender el tema del Río Sonora.

Sin duda el tema que hoy nos trae aquí es una llamada de atención para que desde la responsabilidad que tenemos aquí en el Senado de la República nos pongamos a trabajar juntos para establecer y sacar adelante un nuevo modelo de protección al medio ambiente. Aquí hemos escuchado desde las reformas en materia energética que se discutieron aquí, en las que se puso como tema fundamental el tema ambiental, hasta los temas relacionados con el cambio climático, los temas relacionados con el medio ambiente han sido prioritarios no solamente del grupo parlamentario del PRI, que me honro en representar el día de hoy, sino prácticamente de todos los grupos parlamentarios.

Nadie aquí está peleado con el medio ambiente, nadie aquí quiere que nuestras futuras generaciones, nuestros hijos y lo hijos de nuestros hijos vivan en un ambiente contaminado.

En el Estado de mi representación, el estado de Jalisco, recién acabamos de ser víctimas de la contaminación de la Laguna de Cajititlán, en la que más de 33 toneladas de peces fueron prácticamente fulminados, fueron contaminados y a consecuencia de ello murieron, y hoy las autoridades están ahí atendiendo el problema.

Creo que es responsabilidad de todos, no solamente respaldar este punto de Acuerdo, es responsabilidad de todos, en conjunto con los tres niveles de gobierno, de todas las entidades federativas, de todos los municipios del país, en conjunción con el gobierno federal, ir trabajando en esquema de protección a nuestros ríos, a nuestras lagunas, a nuestros lagos, a nuestro aire, a nuestros bosques, de ahí la trascendencia de que esta llamada de atención nos alerte a todos, por eso no solamente respaldamos sino felicitamos la iniciativa de nuestro compañero Senador Gándara, porque no solamente manifiesta el compromiso con su estado, el daño que está ahí, que ya se hizo, y que hoy no resta más que ponernos todos a trabajar, que coadyuvemos con las autoridades en el mejoramiento del daño que ya se ocasionó, pero que también tomemos conciencia que desde el ámbito legislativo podemos hacer mucho, y para ello las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del PRI, estamos listos.

Muchas gracias, señor Presidente, y desde luego respaldamos la iniciativa de mi compañero Senador Ernesto Gándara.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias a usted, señor Senador. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la distinguida Senadora Martha Palafox, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, desde su escaño.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Solamente para unirnos, si me lo permite el Senador Gándara, a su punto de Acuerdo. Creo que finalmente estamos llegando a la conclusión de que hemos tocado fondo en este tema, y que debemos hoy volver los ojos en el Senado de la República a lo que hemos venido denunciando, de varios lugares de la República, aquí se ha hecho uso de la tribuna para pedir que se tomen cartas en el asunto.

Igual que el compañero Senador Jesús Casillas, de Jalisco, que es penoso, lamentable ver las toneladas de peces que se están yendo a la basura que han muerto, pero los que quedan seguramente quedan contaminados, y son para el consumo humano.

Igual en Tlaxcala, hemos denunciado aquí la contaminación del río Atoyac, del río Zahuapan, donde también las verduras y las hortalizas se riegan con agua que está contaminada y que está ocasionando cáncer en los niños y muerte de niños que sistemáticamente se ha venido dando.

Hemos denunciado también aquí la empresa de Clorobencenos de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala, y la verdad es que solamente que ocurra una desgracia es como se le pone atención a lo que aquí se considera hoy como un asunto de seguridad nacional, como es el medio ambiente, los ríos y todo lo demás. Muchas gracias, y espero que acepte el suscribir el punto de Acuerdo el Senador Gándara, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted distinguida Senadora. A continuación tiene el uso de la palabra el Senador Rabindranath Salazar, para hacer uso de la voz a favor de este punto de Acuerdo. Desde su escaño tiene el uso de la palabra.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Señor Presidente, solo para manifestar en el mismo sentido, la solicitud atenta al Senador Gándara para poder suscribir este punto, por la relevancia que implica, y que creo que va a ser apoyado por unanimidad por todos los grupos parlamentarios. Solamente para hacer esa amable solicitud.

Gracias.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, señor Senador. Solicito a la Secretaría dé lectura, previo a que se someta a votación, al punto de Acuerdo sobre el cual hemos estado haciendo el análisis correspondiente.

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Con mucho gusto, señor Presidente.

Unico. Se exhorta a las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que coordinen con las instancias federales correspondientes, y el gobierno del estado de Sonora, un plan integral de reactivación de la economía, de evaluación y reparación general de daños con objetivos concretos a corto, mediano y largo plazos, por el derrame de sulfato de cobre en el río Sonora.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada por el Senador Gándara.

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.





 

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Comuníquese. Tiene ahora la palabra la Senadora Silvia Garza Galván del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar punto de Acuerdo por el que se convoca a los titulares de la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional del Agua, y de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, para que en una reunión de trabajo informen sobre el resultado de las investigaciones iniciadas con relación a los desastres ambientales, y riesgos a la salud, suscitados en diversos estados.

- La C. Senadora Silvia Garza Galván: Gracias, con su permiso, señor Presidente. También suscriben este punto de Acuerdo el Senador José María Martínez y el Senador Francisco López Brito.

Estimados compañeros, desde muy pequeños nos enseñaron una máxima muy importante, que el agua es fuente de toda vida en la tierra, y quienes crecimos dentro de una familia con educación tradicional, también nos enseñaron desde que éramos niños, que un vaso de agua no se le niega a nadie, y esto tiene una razón fundamental, pues precisamente porque nuestro cuerpo está formado, compuesto por más del 70 por ciento de agua.

Lo más preocupante de esto es que el agua es uno de los elementos más indispensables para la vida, y también uno de los recursos naturales más escasos en el planeta, pues aun cuando más del 70 por ciento de la tierra está formado por agua, solo el 2.5 por ciento es agua dulce.

Aproximadamente el 70 por ciento de esta agua disponible y asequible es destinada para actividades agropecuarias, y el 20 por ciento lo consume la industria, esto nos deja a los seres humanos solamente con un diez por ciento del consumo de esta agua.

Sin embargo la situación se torna más crítica porque la mayor parte del agua está en los casquetes polares de forma sólida, así es que nos queda uno por ciento de agua dulce, que escurre en arroyos y ríos y se deposita en lagunas, lagos y otros cuerpos superficiales.

¿Por qué traigo esto a colación el día de hoy, compañeros? En muchos de nuestros estados se están presentando situaciones alarmantes que involucran nuestra fuente de vida, el agua, primero fue Sonora con la contaminación del río Bacanuchi y luego el río Sonora por una solución de sulfato de cobre acidulado de una mina de responsabilidad de Minera México.

Días después escuchamos sobre la emergencia ambiental generada por la contaminación de otra solución cianurada de la mina denominada Proyecto Magistral, en el municipio de El Oro, en el estado de Durango, lo cual contaminó el arroyo denominado La Cruz.

Asimismo, el caso de la cuenca del río San Juan que aun cuando no ha sido responsabilidad directa de Pemex sí genera responsabilidad de remediar la emergencia ambiental provocada por la ruptura de una toma clandestina en el oleoducto Madero-Cadereyta, y que pone en riesgo a la presa El Cuchillo, que es la principal fuente de abasto del área metropolitana de Monterrey.

Si esto fuera poco, el pasado fin de semana los medios de comunicación reportan dos siniestros ambientales más de igual importancia; uno de ellos en el estado de Veracruz, donde se denunció un derrame de petróleo también generado por una toma clandestina que contaminó el río Hondo, y que murieron miles y miles de especies.

Por otro lado, el municipio de Matamoros, Tamaulipas, presentó una denuncia de descargas residuales en la Laguna Madre.

En general se han presentado situaciones de alto impacto ambiental en toda la República, por ejemplo en Chihuahua, Durango, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, sin olvidar el río Sabinas, en Coahuila. Estos estados por una o por otra razón se encuentran en un riesgo ambiental con posibles consecuencias importantes en la salud y en la economía regional.

Algo grave está sucediendo y necesitamos poner manos a la obra. Cierto es que las autoridades han hecho lo que les corresponde para la atención de emergencias, la SEMARNAT, la PROFEPA y la CONAGUA, así como PEMEX en su caso han demostrado voluntad del gobierno federal.
Pero independientemente de las sanciones que se puedan aplicar necesitamos asegurarnos de que se lleve a cabo la remediación. Me parece que la gran mayoría de nosotros coincidimos que no hay monto económico suficiente para compensar las acciones dolosas de quienes provocaron estas situaciones.

La afectación al medio ambiente, la muerte de especies y los problemas de salud que han ocasionado no se pueden pagar con ninguna multa. El daño está hecho, y no hay marcha atrás. Sólo nos resta tratar de compensar con otras acciones lo que ya no se puede cambiar.

Hoy subo a esta tribuna para invitar a nuestras autoridades en la materia, al Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales; al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y al de la Comisión Nacional del Agua para que acudan a esta soberanía ante las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Salud; y de Recursos Hidráulicos a dar a conocer los resultados de las investigaciones iniciadas con relación a los desastres ambientales y riesgos a la salud, suscitados en la república mexicana, particularmente en los estados que ya he comentado. Así como detallar las acciones que se llevarán a cabo en coordinación con el resto de las entidades de los gobiernos federales, estatales y municipales para ayudar a los habitantes y a las comunidades a remediar el impacto ambiental de salud y económico que ha provocado esta situación.

En todos los casos mencionados la Ley de Responsabilidad Ambiental es muy clara, ya que establece y se reconoce el derecho de ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente y el pago de la sanción económica.

Por ello, es necesario que la PROFEPA denuncie ante la Procuraduría General de la República cada uno de los casos para que se ejerza la acción penal contra quienes resulten responsables por los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental establecidos en el Código Penal Federal; además, de lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Ciertamente la industria minera en México representa grandes beneficios para el desarrollo nacional y progreso social en las zonas en donde se asientan sus actividades, pero a costa de nuestros recursos naturales, nada, compañeros.

El potencial económico de México está sustentado en sus riquezas: su riqueza humana, su riqueza natural. No podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando a que lo que alguien hizo con dolo se componga por arte de magia, nuestra salud está en juego; nuestra biodiversidad está en riesgo, y nuestra economía se ve afectada ante este tipo de siniestros.

Lo he dicho varias veces, y no me cansaré de repetirlo, estoy aquí porque la mayoría de los coahuilenses me escogieron como su Senadora; estoy aquí para velar los intereses de los mexicanos y particularmente, aunque no exclusivamente, de los coahuilenses.

Levanté la mano ante el problema de la contaminación del Río Sabinas, por la descarga de aguas residuales; levanté la mano ante el riesgo inminente de proyectos como Dragon Mart o Holbosh, en Quintana Roo; o Cabo Dorado en Baja California Sur. Soy una ferviente creyente que el desarrollo de nuestro país provendrá de la explotación sustentable de nuestros recursos naturales.

Sin embargo, soy y seré también una ferviente defensora de nuestras leyes. Quienes estamos aquí, trabajamos día a día para crear un marco jurídico adecuado para proteger lo que la vida nos regaló, nuestros hijos, nuestras familias, nuestros derechos, nuestros trabajos, nuestra salud, y por supuesto, nuestra madre tierra.

Hagamos honor a la responsabilidad conferida por nuestros representados, y no sólo escuchemos las opiniones del gobierno federal ante nuestras propuestas, defendamos nuestra responsabilidad de velar por el bien de los mexicanos.

Por lo anterior, espero contar con su apoyo, compañeros, para llevar a cabo esta reunión de trabajo con los titulares de SEMARNAT, PROFEPA y CONAGUA a fin de conocer a detalle la situación que se enfrenta particularmente en estos estados, y ponernos de acuerdo sobre cómo, desde el Poder Legislativo, podemos ayudar al gobierno federal a llevar a cabo su tarea de manera pronta, expedita y eficaz.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE POR EL QUE SE CONVOCA A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA QUE, EN UNA REUNION DE TRABAJO ANTE COMISIONES DEL SENADO, INFORMEN SOBRE EL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS CON RELACION A LOS DESASTRES AMBIENTALES Y RIESGOS A LA SALUD SUSCITADOS EN LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA, JALISCO, SONORA, TAMAULIPAS Y VERACRUZ

"La suscrita, Senadora SILVIA GARZA GALVAN, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 95 numeral 1, 109 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara de Senadores, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de URGENTE RESOLUCIÓN por el que se convoca respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que a través de una reunión de trabajo ante las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, y de Recursos Hidráulicos del Senado, informen sobre el resultado de las investigaciones iniciadas con relación a los desastres ambientales y riesgos a la salud suscitados en los estados de Chihuahua, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, con fundamento en las siguientes

CONSIDERACIONES

La industria minera en México representa grandes beneficios para el desarrollo nacional y el progreso social en las zonas en donde se asientan sus actividades. Con base en información publicada por la Secretaría de Economía en su página de internet, se establece que México ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial; se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: oro, plomo, zinc, cobre, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, diatomita, molibdeno, barita, grafito, sal, yeso y manganeso, principalmente.

México representa el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo de acuerdo con el reporte publicado por Metals Economics Group en marzo 2013. Somos el quinto país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros, de acuerdo al reporte de la consultora Behre Dolbear publicado en abril 2013. El Sector minero-metalúrgico en México contribuye con el 4.9 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y al menos en mayo de 2013, generó 337 mil 598 empleos directos y más de 1.6 millones de empleos indirectos, de acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social.1

El reporte de coyuntura de la Industria minero-metalúrgica mexicana publicado el 15 de julio de 2013, establece que la inversión en el sector minero alcanzará alrededor de 8 mil millones de dólares, con importantes montos de inversión por parte de empresas como Peñoles, Grupo México y Frisco.2
Sin embargo todos estos beneficios económicos implican fuertes impactos al ambiente y a las comunidades asentadas en las zonas aledañas en dónde las mineras instauran sus actividades. La legislación mexicana establece en diversas leyes y reglamentos como la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente; La Ley Minera; La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental; La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, entre otras, establecen los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras, obligaciones para evitar o minimizar el impacto ambiental, condiciones y requisitos para realizar las actividades mineras con el menor impacto ambiental y respecto a los ecosistemas así como también las sanciones, multas y obligaciones derivadas de los actos de negligencia, accidentes o cualquier otro incidente.

Durante las últimas semanas hemos seguido con detenimiento los casos suscitados en el Arroyo Tinajas, municipio de Cananea, Sonora, sobre el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado provenientes de las instalaciones de la empresa Buenavista del Cobre; y el derrame de dos mil metros cúbicos de solución cianurada en la mina denominada Proyecto Minero Magistral en el Municipio de El Oro en el Estado de Durango.

En ambos casos los titulares de la SEMARNAT, PROFEPA y CONAGUA han implementado las investigaciones correspondientes con la finalidad de establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y penales en las que podrían haber incurrido las empresas antes mencionadas. El pasado 26 de agosto del presente, el titular de la SEMARNAT, presentó un informe sobre las acciones que se han realizado en los ríos y zonas afectadas en Sonora, en dicho informe estableció que CONAGUA y COFEPRIS continuarán con los monitoreos de los pozos y se levantarán las suspensiones hasta que se cumpla con las normas ambientales y sanitarias.

Los efectos negativos que producen las sustancias químicas y metales vertidos en ríos y suelos (concentraciones de Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Mercurio, Aluminio, Plomo, Bario, Fierro, Manganeso y Zinc) tienen consecuencias a largo plazo, es factible que produzcan daños a la salud y a los ecosistemas, en algunos casos el cáncer llegar a tardar en manifestarse diez o quince años en las personas expuestas a dichas sustancias.

Resulta indispensable que las autoridades correspondientes continúen realizando los monitoreos respectivos y determinen si se encuentran dentro de los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-127-SSA1-1994.

Los daños ambientales y a la salud de los habitantes no sólo han sido ocasionados por la industria minera, sino también derrames de petróleo por presuntas tomas clandestinas. El caso más reciente se suscitó en el estado de Veracruz en dónde se derramó combustible sobre el arroyo Hondo y la Laguna María Lizamba. La contaminación abarca más de 20 kilómetros y ha provocado mortandad de peces, tortugas, armadillos, aves y garzas.

Recientemente también se presentó otro caso por la presunta descarga de aguas residuales en la laguna llamada "Mar Negro" ubicada en el Municipio de Matamoros, Tamaulipas, en dónde la PROFEPA presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal, en contra de quien resulte responsable por este delito federal.

En el mismo orden de ideas, en días pasados aparentemente la Mina Dia Bras, también conocida como Exmin, ubicada en la comunidad de Piedras Verdes, Municipio de Urique en el Estado de Chihuahua, derramó sulfato de cobre en el río Seco, en un área de hasta 20 kilómetros. La información sobre este derrame es escasa en medios de comunicación y las páginas de internet de SEMARNAT y de PROFEPA hasta el momento son omisas respecto a si se han realizado visitas de inspección e investigación y la posible imposición de sanciones.

Si la Mina Dia Bras presuntamente contaminó con desechos altamente tóxicos la zona de Urique es factible que los cuerpos de agua que se encuentran en la zona y del cual dependen comunidades de la Sierra Tarahumara, también hayan sido afectados. Es urgente que las autoridades federales procedan con las investigaciones respectivas para determinar las responsabilidades así como ayudar a la población que habita en las zonas aledañas.

Otra caso de daño ambiental, se presentó en la laguna de Cajititlán ubicada en el municipio de Tlajomulco, en el estado de Jalisco también presenta un desastre ambiental, aproximadamente se han retirado 53 toneladas de peces muertos y hasta el momento de escribir el presente documento, todavía no se conocen las causas ni a los responsables. Resulta urgente que las autoridades ambientales, tanto federales como estatales, realicen las investigaciones necesarias y suficientes para conocer las causas ya que no es la primera vez que se presentan dichos impactos ambientales, es un tema recurrente a lo largo del país.

Ante el innegable impacto ambiental que han sufrido las zonas, ríos, lagunas, la vegetación, y demás ecosistemas así como también por los posibles daños a la salud de la población que habita en zonas aledañas, considero indispensable que el Senado de la República, sostenga una reunión de trabajo con los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y del titular de la Comisión Nacional del Agua, con la finalidad de conocer los detalles de las investigaciones, medidas de seguridad, y acciones específicas de cada uno de los casos mencionados en párrafos anteriores.

También es necesario que el Senado se mantenga actualizado e informado de manera periódica sobre los resultados de las investigaciones respectivas, los avances de las remediaciones en cada uno de los casos, así como también de las sanciones a las que serán sujetas las empresas responsables.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se convoca respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que a través de una reunión de trabajo ante las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, y de Recursos Hidráulicos del Senado, informen sobre el resultado de las investigaciones iniciadas con relación a los desastres ambientales y riesgos a la salud suscitados en los estados de Chihuahua, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Dado en el Salón del Pleno de la Cámara de Senadores el 04 de septiembre de 2014.

Atentamente

Sen. Silvia Garza Galván".

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Senadora Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, en consecuencia, está a discusión la propuesta, y para hablar sobre este asunto se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra.

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores.

No hay un tema que genere más causa común que éste, el del cuidado del medio ambiente.

No hay absolutamente nadie en el mundo que no aspire a que el cuidado de ésta que es la casa común de nosotros sea efectivamente uno de los temas fundamentales, porque tiene que ver con la vida misma.

Tiene que ver con los recursos naturales que de manera responsable, de manera seria deben de ser utilizados para el bien del ser humano, pero esencialmente siempre pensando en cuidarlo, y hacerlo de manera prudente, de tal suerte que nosotros estamos convencidos que es un tema al que hay que darle la atención absoluta con la seriedad y con la profundidad que el caso requiere.

El día de ayer, el Presidente Enrique Peña Nieto ha sido subrayadamente responsable con este tema, lo ha dejado como uno de los temas fundamentales de este país que tiene una tradición histórica en materia de cuidado al ambiente, y que fue también enérgico al señalar de que no íbamos a permitir que en lo absoluto, en ningún caso y para ninguna empresa o persona íbamos a permitir que se vulnere el medio ambiente especialmente en las zonas en donde existen sistemas de protección o alguna herramienta de protección.

Así estamos convencidos todos, y me parece que es un tema en el que debemos abonar todos, y en el que todos debemos estar perfectamente concentrados.

Yo vengo en nombre del grupo parlamentario del PRI a decirles que estamos de acuerdo, que necesitamos que en estas reuniones de trabajo el titular de la SEMARNAT y de la propia Procuraduría nos digan cuáles son los alcances de las acciones que ambas dependencias tienen con relación a los últimos casos, al menos los que están en los medios de comunicación, y que también sepamos cuáles van a ser las acciones que se emprendan de manera inmediata.

Si esa es la visión del Presidente, también debe ser la visión de quienes lo acompañan en esta importante tarea que es la de gobernar este país, por lo que estamos de acuerdo con este punto que ha presentado la Senadora Garza para que se dé a la mayor brevedad posible estas reuniones, y en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estaremos atentos y listos para trabajar en el momento en que así decida el pleno.

Muchísimas gracias.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Gracias a usted, señor Senador. Para hablar sobre este asunto se concede el uso de la palabra al señor Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro del mismo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente.

Con su permiso, en primer lugar, felicitar ampliamente a mi compañera Senadora Silvia Garza Galván, reconocerle, Senadora su preocupación enorme por un tema que nos debiera de preocupar a todos, pero que a la hora de hacer votaciones pareciera que no coincidimos, lo que aquí expresan algunos de que el medio ambiente, nuestra casa, como lo acaba de decir el Senador Raúl Pozos, hay que cuidarla, de lo contrario quizás seamos la última generación que habita este planeta tierra, si no tenemos cuidado en ese sentido.

Felicitarla sinceramente, un reconocimiento como Senador de la República y como mexicano.

El tema del medio ambiente evidentemente no tiene colores, y me da un enorme gusto escuchar al compañero Raúl Pozos, Senador del PRI, de que no se van a oponer a que vengan estos secretarios, qué bueno que haya esa disposición, porque estas personas nos tienen que explicar varias situaciones en las que tenemos dudas, dudas fundadas, en el tema del Río Sonora yo planteaba que en el tema de las certificaciones de 16 le dan 10, habría que revisar quién las otorgó y cuáles fueron las supervisiones que hicieron para otorgar estas certificaciones de empresa limpia.

Inmediatamente después de esto se da un desastre verdaderamente lamentable para la ecología en México.

Queremos empresas productivas en el país, por supuesto, el gran problema de México es el desempleo, pero coincidimos con usted, compañera Senadora Garza, cuando plantea que el desarrollo a costa de la muerte de los seres humanos, de la flora y la fauna del país, es decir, el deterioro del medio ambiente no, tenemos que buscar el desarrollo sustentable y creo que ahí nos tenemos que poner de acuerdo absolutamente todos.

Desde que yo era niño, recuerdo en las clases de primaria, que cuando nos enseñaban las gráficas de barras y se hablaba de los productores de plata a nivel mundial. A mí me daba muchísimo gusto como niño del país, y yo presumía y le decía a la gente, acabo de enterarme que México es el primer productor de plata a nivel mundial, porque veía en comparación con otros países una diferencia enorme en la gráfica de barras, seguimos siendo productor de plata a nivel mundial.

Hoy como Senador yo he preguntado aquí y reflexionado sobre este tema, y he sostenido que cuando se trata de empresas transnacionales principalmente que no tienen idea de lo que significa el patriotismo, cuando se trata empresas de esa naturaleza a ellos no les importa el medio ambiente, no les importa el dolor del pueblo, ellos sólo vienen por un asunto, ganancias, ganancias, ganancias.

Por eso aunque seamos el primer productor de plata a nivel mundial, esto no se refleja en el nivel de vida de las mexicanas y de los mexicanos; hace rato, por ejemplo, tratamos el tema del bullying en una rueda de prensa y yo les decía que el principal promotor del bullying es el Ejecutivo Federal, porque 10 millones de nuestros infantes comen cuando mucho una vez al día y siendo el primer productor de plata, esos diez millones de infantes que comen cuando mucho una vez al día, su primer actividad debiera ser el desayuno escolar y después enfrentar al maestro en el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por eso, compañeros Senadores, es importantísima las reflexiones en este sentido y también es muy importante que unamos esfuerzos para corregir todas estas situaciones, porque aquí podemos, aquí hacemos las leyes, cuando hacemos las leyes que no se imponga el criterio político, sino que el primer asunto que pongamos en la mesa de la discusión sea beneficia o perjudica al pueblo, esa debe ser la primer reflexión que debiéramos hacer cuando vamos a votar una ley, pero en este asunto concreto en este punto de acuerdo, por supuesto que estoy a favor y sé que lo vamos a votar por unanimidad.

Es importante que vengan los funcionarios porque el pueblo tiene derecho a saber, y sus representantes para eso estamos aquí, para generar ese derecho a saber y que el pueblo se forme una opinión a favor de lo que digan de manera directa quienes están convocados a esta reunión de trabajo, sé que va a ser productiva, sé que va a ser para bien del país y sé que la Senadora Silvia Garza Galván no se equivocó al proponer este punto de Acuerdo.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada por la Senadora Silvia Garza Galván.

Perdón, tiene el uso de la palabra el señor Senador López Brito, para este punto de Acuerdo.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Desde aquí, muchas gracias.

Unicamente hacer algunas precisiones, el anterior punto de Acuerdo que presentó el Senador Gándara tiene un enfoque desde luego muy económico, muy economistas en cuanto a pretender la reactivación de la economía en esa región, el problema en Sonora, el punto de Acuerdo de la Senador Silvia Garza lo enfoca desde el punto de vista ambiental, yo agregaría uno más que es el punto de vista de la salud como parte también importantísima dentro de este tema.

Y desde el punto de vista ambiental por lo reiterado que están sucediendo estos problemas de desastres ambientales, creo oportuno y por eso celebro que los compañeros del grupo parlamentario del PRI y de la Revolución Democrática se sumen a este punto de Acuerdo para citar a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente, Procuraduría General del Medio Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua, pues para que vengan a esta soberanía para junto con ellos, las Comisiones correspondientes que sería medio ambiente y desde luego con la invitación que nos hagan a los que estemos interesados en este tema, pues conocer desde luego las acciones que en el tema ambiental se están, y se vayan a establecer en lo futuro para atender toda esta serie de problemas y desastres que están sucediendo y desde luego establecer junto con ellos acciones importantes en materia de prevención y en materia de sanciones.

Yo también quiero recordar que dentro del tema de la reforma energética se estableció y se aprobó aquí por este Senado la estructuración de la agencia ambiental en el tema energético que tendrá que hacer un gran papel, pues para prevenir estos problemas y desde luego la iniciativa de transición energética que se tiene ya contemplado en el grupo parlamentario de Acción Nacional y junto con eso sumarnos a reforzar acciones de sanción para evitar estos problemas que afectan gravemente a nuestro medio ambiente, por lo tanto celebro que la Senadora, nuestra compañera Silvia Garza, esté presentando este llamado de atención y que nos sumemos pues tanto en una acción importante como con el Ejecutivo como con el Legislativo para atender estos graves problemas.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Sí, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada por la Senadora Silvia Garza Galván.

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señor Presidente.

1 http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/mineria

2http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/minero/reporte_de_coyuntura_mineria_nacional_0713.pdf





 

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Comuníquese.

Compañeras y compañeros, informo a ustedes que el pasado lunes 1º de septiembre, el Congreso de la Unión recibió del Ejecutivo Federal la iniciativa preferente que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

SECRETARIA DE GOBERNACION

Iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil



Ese mismo día, como lo exige el numeral 2 del artículo 67 de la Ley Orgánica, se turnó inmediatamente a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género, de Educación, de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

Para los efectos del artículo 178 del Reglamento del Senado, los trabajos de dictamen se realizarán a través de una coordinación colegiada de las comisiones a las que se turnó dicha iniciativa.

Pasamos al siguiente asunto.





 

EXCITATIVAS

- La C. Secretaria Saldaña Pérez: Se recibieron las siguientes solicitudes de excitativas:

Una, de los Senadores Fernando Torres Graciano y Fernando Herrera Avila, en relación al proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54, 56 constitucionales, presentado el 18 de diciembre del 2012.

“El suscrito, Senador Fernando Torres Graciano, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, párrafo 1., inciso c) y 67 inciso g) de la  Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 214 numeral 2, y 216 numerales 1 y 2. del Reglamento del Senado de la República, le solicito respetuosamente, que en pleno uso de sus facultades, formule excitativa a las ComisionesUnidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, de esta Cámara, para que dictaminen acerca de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES

I.- El 18 de diciembre de 2012, su servidor, Senador Fernando Torres Graciano, presenté ante el Pleno de esta Cámara, una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se propuso reducir el número de integrantes del Congreso de la Unión. Eliminar 100 diputados electos por el principio de representación proporcional y los 32 senadores electos por el mismo principio.

II.- Este mismo día, la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, para su estudio y dictamen.

III.- A la fecha no se ha dictaminado la misma, por lo que presento ante esta Soberanía las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México, durante muchos años, se ha trabajado por construir una democracia más participativa y operativa. Actualmente existen reglas para celebrar elecciones cada vez más transparentes y competidas. Hay un régimen plural en el que intervienen todos los partidos y fuerzas políticas.

A partir de 1963, México ha estado enfrascado en un proceso de reforma política. Se realizaron varias modificaciones tanto a la Constitución, como a la legislación electoral, con el propósito de impulsar el pluralismo y consolidar gradualmente la democracia.

En aquél año, ante la evidente imposibilidad de los partidos políticos de tener acceso al Congreso de la Unión, se introduce el sistema de diputados de partido. Así, los partidos políticos minoritarios tuvieron derecho a cinco diputados, y uno más hasta veinte como máximo por cada medio por ciento de los votos emitidos.

En 1977, como respuesta al sistema de simple mayoría, se realiza una reforma política que presenta, entre otros avances, la constitucionalización de los partidos políticos y la instauración de un sistema electoral mixto con dominante mayoritario, que se atemperaba por el principio de representación proporcional.

Esta reforma obedeció a varias situaciones. Se había agotado un sistema en el que existía un partido muy dominante, que ganaba elecciones federales y locales desde hacía muchos años. La oposición seguía creciendo y desarrollándose y el abstencionismo se había convertido en un serio problema.

La presencia de las diferentes fuerzas políticas del país en el Congreso de la Unión se fue incrementando con la representación proporcional. En 1986, se incrementó a 500 los integrantes de la Cámara de Diputados: 300 diputados de mayoría y 200 de representación proporcional.

Por su parte, el Senado a partir de 1993 comienza a contar con representación de la primera minoría. Para 1997, se atemperó nuevamente el sistema mayoritario con 32 senadores de lista nacional, llegando a 128 los senadores integrantes de la Cámara.

Los efectos del sistema electoral mexicano fueron dando pluralidad a las Cámaras. En 1997 en la Cámara de Diputados ningún partido alcanzó la mayoría absoluta. Lo mismo sucedió en el Senado en el 2000. En el Senado, antes de 1988, el 100% de sus miembros provenían de un solo partido político, ahora, la primera mayoría sólo cuenta con el 42.18%.

Sin embargo, las circunstancias del país han cambiado. Ya se consiguió la apertura del Congreso a otras fuerzas políticas distintas al que fue partido hegemónico. La finalidad con la representación proporcional se cumplió. Ahora se requiere un Congreso de la Unión más eficiente y más barato para los mexicanos.

De acuerdo al Informe Parlamentario Mundial1 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Unión Interparlamentaria, UIP, México cuenta con uno de los diez presupuestos parlamentarios más cuantiosos.

Presupuestos más cuantiosos2

País

Presupuesto en USD3 en PPA4

Estados Unidos

5,120’000,000

Nigeria

2,043’739,537

Japón

1,345’138,700

México

1,116’543,848

Francia

998’863,436

Asimismo, señala que los parlamentos en el mundo cuestan en promedio USD 5.77 en PPA, por habitante. En México, a cada mexicano, el Congreso de la Unión nos cuesta USD 10.2 en PPA.

La tendencia mundial es que el presupuesto total del parlamento tiende a ser mayor en los países más poblados. Sin embargo, existen países de sistema legislativo bicameral con más de 100 millones de habitantes -como México- que cuentan con un menor número de legisladores en proporción con su número de habitantes:

País

Escaños

Población estimada de mitad de año 20135

Habitantes por legislador

Diputados

Senadores

Total

Brasil

513

81

594

200’361,925

337,309

India

545

245

790

1,252’139,596

1’584,986

Federación Rusa

450

166

616

143’499,861

232,954

Estados Unidos de América

435

100

535

316’128,839

590,895

México

500

128

628

122’332,399

194,796

Aunado a lo anterior, en la iniciativa presentada, se retomó un tema que se ha planteado por varios actores políticos de distintas fuerzas políticas:

El 15 de diciembre de 2009, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa propuso reducir el número de integrantes del Congreso para facilitar los mecanismos de negociación y concreción de acuerdos legislativos, así como para atender a una preocupación ciudadana sobre la representación parlamentaria. Su propuesta no fue apoyada por el Legislativo.

El 11 de septiembre de 2012 los diputados del PRI propusieron dejar sólo 400 diputados federales y 96 senadores. Dicha iniciativa fue desechada el 31 de julio de 2013.

Del mismo modo, había una iniciativa del senador de la LXI Legislatura Luis Alberto Coppola Joffroy y otra de la diputada de la misma Legislatura Patricia Elena Retamoza Vega, que hablaba de ahorros aproximados por 1,000 millones de pesos por año.

Finalmente, fue un compromiso de campaña del presidente Enrique Peña Nieto que aún no se ha cumplido. Su propuesta de eliminar 100 diputados plurinominales data desde el 20116, la retomó durante el arranque de su campaña presidencial en el 20127 y la amplió proponiendo también eliminar 32 senadores plurinominales, esto durante el segundo debate presidencial de 20128.

Las razones que tenía eran porque así el Congreso trabajaría con mayor eficacia y generaría un ahorro de recursos públicos. Facilitaría el apoyo a los programas de gobierno y las reformas que el país necesitaba.

Señor Presidente, por todo lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

Unico.- Que en uso de la facultad que le confiere el artículo 67 párrafo 1. inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se formule atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, de esta Cámara, a fin de que presenten el dictamen relativo al Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que les fue turnada el 18 de diciembre de 2012.

Senado de la República, a 27 de agosto de 2014.

Sen. Fernando Torres Graciano”.


1 PNUD y UIP. Informe Parlamentario Mundial, [en línea], Dinamarca, abril de 2012, Dirección URL: http://www.ipu.org/pdf/publications/gpr2012-full-s.pdf, Pags. 114-115 y 131, [consulta 26 de agosto de 2014].

2 Cifras al 30 de septiembre de 2011.

3 USD: Dólar norteamericano.

4 PPA: Paridad del poder adquisitivo.

5 Banco Mundial. Población, total, [en línea], Dirección URL:http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL, [consulta 27 de agosto de 2014].

6 Mauricio Torres, «El aspirante Enrique Peña Nieto plantea reducir 100 diputados en la Cámara», [en línea], México, CNN México, 21 de octubre de 2011, Dirección URL: http://mexico.cnn.com/nacional/2011/10/21/el-crimen-se-ha-aprovechado-de-las-diferencias-politicas-beltrones, [consulta: 26 de agosto de 2014].

7 Mauricio Torres, «Peña Nieto promete un cambio para México y firma compromisos», [en línea], México, CNN México, 30 de marzo de 2012, Dirección URL:http://mexico.cnn.com/nacional/2012/03/30/pena-nieto-promete-un-cambio-para-mexico-y-firma-compromisos, [consulta 27 de agosto de 2014].

8 César Reyes, «Peña insiste en eliminar 100 plurinominales», [en línea], México, El Universal, 10 de junio de 2012, Dirección URL: http://www.eluniversal.com.mx/notas/852635.html, [consulta 27 de agosto de 2014].





 

Una, de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, en relación al proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, recibido en el Senado el 11 de febrero del 2014.

“La suscrita Senadora de la República e Integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por el artículo 67, numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Mexicanos  y 214 del Reglamento del Senado de la República, le solicita respetuosamente, formule excitativa a la Comisión de Salud para que presente el Dictamen correspondiente con base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2013, el Diputado federal Mario Alberto Dávila Delgado, de la LXII Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. El 6 de febrero de 2014, el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó el dictamen materia de la presente excitativa.

4. Mediante oficio número DGPL 62-II-4-1280 de fecha 6 de febrero de 2014, la Diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Secretaria de la Mesa Directiva, remitió a esta Cámara de Senadores, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.

5. Con fecha 11 de Febrero de 2014, el Presidente de la Cámara de Senadores dio cuenta con la minuta señalada en el punto anterior, turnando dicha Minuta a las comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondiente.

6. Que ha transcurrido en demasía el término previsto en la Ley y el Reglamento para que dichas comisiones emitan el dictamen correspondiente.

Por lo antes expuesto, solicito a usted, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, lo siguiente:

EXCITATIVA

UNICO. Formule Excitativa a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para que presenten el Dictamen correspondiente a la Minuta que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 79 de la Ley General de Salud.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.




 

Una, de la Senadora Layda Sansores San Román, en relación al proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado el 23 de julio del 2014.



Son todas las solicitudes de excitativas, señor Presidente.

- El C. Presidente Zamora Jiménez: Muchas gracias. Esta Presidencia emite atenta excitativa a las comisiones correspondientes, en cada caso, para que se presenten los dictámenes respectivos.

Hago de su conocimiento que las demás iniciativas y proposiciones de la agenda de hoy se turnarán a comisiones.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE SALUD, EN MATERIA DE PREVENCION Y DETECCION OPORTUNA DE LA DIABETES INFANTIL

(Presentada por la C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI)

“HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora de la República de la LXII Legislatura al H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Salud en materia de prevenciOn y detecciOn oportuna de la Diabetes infantil, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la “Diabetes” es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce, la cual es la hormona que regula el azúcar en la sangre.1

Desde 1500 a. c. existen referencias de población con diabetes, conocida como “exceso de orina”. La primera descripción exacta la planteó el médico romano Arateus, quien la llamó diabetes (agua pasando a través de un sifón, por la poliuria); y en la medicina hindú como “orina de miel”.

Posteriormente, durante el siglo XVIII, el médico escocés William Cullen con base en sus investigaciones decidió agregarle el término “mellitus” –miel– y desde entonces este padecimiento es conocido como diabetes mellitus (Zúñiga-Guajardo y Rangel-Rodríguez, 2003).

Fue hasta 1921, cuando el equipo del médico canadiense Frederick Banting integrado por John MacLeod, Charles Best y James Collip, logró aislar la insulina, secreción interna del páncreas, que fue utilizada al siguiente año para tratar esta afección en un joven de 14 años con diabetes tipo I.

En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes y según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en 20302.

Diversas consecuencias son originadas por la diabetes, entre ellas podemos destacar el aparecimiento de úlceras en los pies, lo cual desafortunadamente en muchas ocasiones de manera ineludible se recurre a la amputación por no contar con un diagnóstico oportuno, la retinopatía diabética que es una causa importante de ceguera después de 15 años con diabetes.

Aproximadamente un 2 por ciento de los pacientes se quedan ciegos y un 10 por ciento sufren un deterioro grave de la visión.3

Aunado a ello, la diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal, sin dejar de lado que los pacientes con diabetes tienen un riesgo de muerte al menos dos veces mayor que las personas sin diabetes.

2. Los factores de riesgo de “diabetes” dependen del tipo que se presente. En el caso de la tipo I, también conocida como diabetes juvenil, la causa una acción autoinmune del sistema de defensa del cuerpo que ataca a las células que producen la insulina y se presenta en pacientes con antecedentes familiares directos.

La tipo II, además del antecedente familiar, depende de estilos de vida como son el sobrepeso, dieta inadecuada, inactividad física, edad avanzada, hipertensión, etnicidad e intolerancia a la glucosa; además, en las mujeres se presenta en aquellas con antecedente de diabetes gestacional y alimentación deficiente durante el embarazo.

Así, la diabetes representa un reto para la sociedad, no solo por los recursos económicos y de infraestructura que requieren los prestadores de servicios de salud para brindar una atención adecuada, sino también por el costo económico y emocional en las personas que la padecen. Se estima que esta enfermedad reduce entre 5 y 10 años la esperanza de vida de la población.4

3.- Uno de los principales factores de riesgo para que se desarrolle la “diabetes” es el sobrepeso y la obesidad, afecciones que van en aumento en todo el mundo; según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año fallecen al menos 2.8 millones de personas adultas por alguna de estas causas, y representan 44 por ciento de la carga de diabetes, 23 por ciento de las cardiopatías isquémicas, y entre 7 por ciento y 41 por ciento de algún cáncer atribuible a la misma (OMS, 2012).

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS estiman que en Belice, México y Estados Unidos, aproximadamente 30 por ciento de su población tiene obesidad.5

Actualmente, la Federación Internacional de la Diabetes estima que aproximadamente 371 millones de personas la padecen a nivel mundial y va en aumento en todos los países.6

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, los niveles actuales de sobrepeso y obesidad en la población mexicana representan una amenaza a la sustentabilidad de nuestro sistema de salud, por su asociación con las enfermedades no transmisibles y por el uso de recursos especializados y de mayor tecnología que imponen a los servicios de salud altos costos para su atención.

Datos proporcionados por la citada encuesta, la población masculina de 20 años presenta un alto índice de sobrepeso y obesidad, afecciones que pueden ser detonantes de diabetes.7

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al sobrepeso y la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa, el indicador más común que se utiliza para identificar el exceso de peso es el índice de masa corporal (IMC), y clasifica como sobrepeso cuando el IMC es igual o superior a 25 y la obesidad cuando éste es igual o superior a 30.8

Es claro que México atraviesa por una transición caracterizada por el aumento inusitado de sobrepeso y obesidad, que afecta a las zonas urbanas y rurales, a todas las edades y a las diferentes regiones.

Los aumentos en las prevalencias de obesidad en México se encuentran entre los más rápidos, documentados en el plano mundial.

Ante esta situación durante los últimos años se han realizado esfuerzos entre los que destaca el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA), en el marco del cual se emitieron los Lineamientos Generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica.

El ANSA tiene como principal objetivo revertir la epidemia de enfermedades no trasmisibles, derivadas del sobrepeso y la obesidad, con acciones dirigidas especialmente a los menores de edad. Asimismo, define 10 objetivos que podrían contribuir de forma efectiva a la contención y eventual reversión de la epidemia de obesidad que vive México.

La diabetes tipo uno es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en los niños. En México se calcula que 30 mil menores de 15 años sufren este trastorno y que cada año se registran mil 100 nuevos casos.9

En los últimos años está disminuyendo la edad media de aparición de la enfermedad, mientras que hace unos años era más numerosa en la pubertad, cada vez es más frecuente el debut de niños menores de 6 años.

5. Según las estadísticas presentadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 400 mil jóvenes (menores de 15 años) sufren de diabetes tipo 1 o Tipo 2 y las principales causantes de ello son la obesidad, la falta de actividad física y el sedentarismo.

En México 4.5 millones de niños sufren de exceso de peso y obesidad, por lo cual existe un alto índice de porcentaje en cuanto a la población infantil sea candidata a desarrollar diabetes, enfermedad que según las estadísticas desde el año 1980, ha triplicado sus números.

Ante este panorama es que el Ejecutivo Federal refrenda su compromiso con la salud de los mexicanos y pone en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes el cual tiene como objetivo la promoción de estilos de vida saludables; amplias campañas de promoción a la salud a través de la educación; monitoreo permanente de las enfermedades no transmisibles; así como la implementación de acciones preventivas.

Todos estos esfuerzos contribuyen a mejorar las condiciones de salud en México, sin embargo, aún hay un camino por recorrer, es necesario implementar mecanismos de prevención y detección oportuna de la diabetes infantil con la finalidad de que las niñas y niños de nuestro país cuenten con un          grupo multidisciplinario que los oriente en la importancia de la activación física y el cuidado de la alimentación como medidas preventivas.

Asimismo, es necesario seguir encaminando los esfuerzos para que los profesionales en la salud cuenten con los recursos y conocimientos necesarios para poder detectar de manera oportuna la diabetes infantil.

El compromiso es importante pero requiere de trabajo y esfuerzo conjunto del poder legislativo, por lo que en ese tenor se considera necesario adicionar al artículo 3o de la Ley General de Salud con la finalidad de establecer como materia de salubridad general la prevención, atención y tratamiento de la diabetes infantil.

Por lo anteriormente descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 3° DE LA LEY GENERAL DE SALUD

UNICO.- Se adiciona una fracción XVI Bis al Artículo 3° de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I a XVI…

XVI Bis. La prevención y detección oportuna de la diabetes en la infancia y la adolescencia.

XVII a XXVIII…

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 3 de septiembre de 2014.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.


1 Fuente: Organización Mundial de la Salud

2 Global status report on noncommunicable diseases 2010. Geneva, World Health Organization, 2011.

3 Global data on visual impairments 2010. Geneva, World Health Organization, 2012.

4 Organización Mundial de la Salud

5 Organización Mundial de la Salud, 2012

6 Federación Internacional de la Diabetes

7 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012

8 Cfr. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/

9 Secretaría de Salud





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 265 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el C. Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI)

“El que suscribe Ricardo Barroso Agramont, Senador de la República de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artIculo 265 de la Ley Federal del Trabajo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los siguientes requisitos para desempeñar todos los servicios de practicaje: se requiere tener la calidad de mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad.

En concordancia con este precepto Constitucional, por reforma de fecha 23 de enero de 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación al artículo 2º de la Ley de Navegación Comercio Marítimos, se adicionó la fracción XIV que define el servicio de pilotaje o practicaje como:“la actividad que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje”, de igual forma, se adicionó una fracción XV, con la finalidad de establecer la zona de pilotaje, misma que comprende los espacios siguientes:

“XV. Zona de Pilotaje: Los puertos, terminales, terminales costa afuera, marinas, instalaciones portuarias, canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables, delimitadas y aquellas en que se determine como obligatorio el Pilotaje.”

Como se desprende del contenido del artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el servicio de pilotaje o practicaje está dirigido a garantizar la seguridad de la vida humana, del puerto, de las instalaciones portuarias, del buque y del medio ambiente, además de que esa actividad está catalogada como un servicio ligado a la soberanía de la Nación, por ello la exigencia constitucional de que el piloto o práctico de puerto sea mexicano por nacimiento y no adquiera otra nacionalidad.

El artículo 55 de la misma Ley de Navegación y Comercio Marítimos, establece en su primer párrafo, que el Pilotaje o Practicaje, es un servicio de interés público, y el artículo 56, en la parte media del primer párrafo señala: El servicio público de pilotaje se considera como un servicio profesional”, por lo que es concluyente que las maniobras de Pilotaje o Practicaje, constituyen un servicio público que se presta en los puerto y vías navegables; zonas bajo jurisdicción federal.

Por otro lado, la Ley Federal del Trabajo establece en su Título Sexto: “Trabajos Especiales”, Capítulo VII: “Trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal”, artículo 265, lo siguiente:

Artículo 265.Las disposiciones de éste artículo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, atraque, amarre, acarreo, almacenaje y trasbordo de carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques, o en tierra, en los puertos, vías navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en lanchas para prácticos, y a los trabajos complementarios o conexos.

Cabe destacar que el concepto “atraque”, constituye una sola de las maniobras que constituyen el pilotaje o practicaje; pues como se advierte de la fracción XIV del artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el servicio de pilotaje o practicaje consiste en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones.

El referido numeral 265 de la Ley Federal del Trabajo hace referencia al concepto de atraque como una maniobra de servicio público, misma que sólo puede estar a cargo del piloto o práctico de puerto. Dicho concepto significa la acción y efecto de atracar una embarcación; maniobra correspondiente al pilotaje o practicaje, que se hace en un muelle, con la finalidad de embarcar o desembarcar personas o cosas.

En efecto, el concepto de atraque que contempla el mencionado numeral 265, no describe por sí mismo todas las maniobras que comprende el servicio público de pilotaje o practicaje, dado que atendiendo al contenido de la fracción XIV del artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el Pilotaje o Practicaje:

Es la actividad que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje”.

La fracción XV del citado artículo establece que la zona de pilotaje incluye a los puertos, terminales, terminales costa afuera, marinas, instalaciones portuarias, canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables delimitadas y aquellas en las que se determine como obligatorio el Pilotaje.

Por las consideraciones anteriores, proponemos que en el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, se sustituya el concepto de atraque, por el de pilotaje o practicaje, término que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 32, para reservar la calidad de mexicano por nacimiento a quien desempeñe todos los servicios de practicaje, y porque las maniobras que comprende dicho servicio se precisan en el artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, con lo cual se obtiene lo siguiente:

a. Congruencia y concordancia con el término señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “practicaje”

b. Se incluye un concepto que comprende todas las maniobras que implican la prestación de tan importante servicio público.

c. Se armoniza el artículo con el contenido del artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos que hace referencia al pilotaje.

En mérito de lo expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

UNICO: Se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 265.- Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, pilotaje o practicaje, amarre, acarreo, almacenaje y transbordo de carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques o en tierra, en los puertos, vías navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en lanchas para prácticos, y a los trabajos complementarios o conexos.

TRANSITORIO

UNICO: La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República a los 3 días del mes de septiembre de 2014.

Atentamente

Sen. Ricardo Barroso Agramont”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 68 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Presentada por el C. Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI)

“El que suscribe, Ricardo Barroso Agramont, Senador de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de la Cámara Senadores la presente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Articulo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La pesca es una actividad que consiste en la captura y extracción de especies acuáticas de su hábitat, existiendo dos tipos: la pesca deportiva y la pesca comercial. Esta última, se refiere a aquella en la que las especies son vendidas para consumo y se espera un beneficio económico. Mientras que la pesca deportiva es aquella que se practica con fines de esparcimiento o recreación y que, dada sus características, la podemos encuadrar en un esquema de sustentabilidad pesquera.

La pesca deportivo-recreativa ha sido un atractivo más para el turismo nacional y extranjero, representando una importante derrama económica para el país, sin olvidar que, por la ubicación geográfica donde se encuentra, cuenta con una amplia variedad de especies de agua dulce y salada.

Las zonas donde se practica principalmente la pesca deportiva en el país son: Acapulco, Gro.; Cozumel, QR.; Manzanillo, Col.; Puerto Vallarta, Jal.; Puerto de San Carlos, Son.; y, Los Cabos, La Paz y Loreto, BCS.

De conformidad con el Boletín de Prensa 036/06 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con fecha del 27 de abril de 2006, el sector turismo en México dejó una derrama de $1,270 MDD en el año 2005, monto del cual, la pesca deportiva aportó 500 millones de dólares.

Por su ubicación geográfica, Baja California Sur posee una gran variedad de fauna marina a lo largo de todo el año, y se puede pescar tanto en el Mar de Cortés como en el Océano Pacífico. Los turistas pueden encontrar especies como el marlín azul, marlín negro, dorado, pez espada, atún, cabrilla, mero, jurel, mahi-mahi, wahoo, pez gallo, por mencionar algunas de las 850 especies que habitan la región.

El Secretario Estatal de Turismo de BCS reveló que del 100% de turistas que arriban a la entidad, el 8% lo hace con la finalidad de practicar la pesca deportiva. Para realizar dicha actividad es necesario contar con un permiso expedido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), mismo del que se espera se soliciten, para finales de 2014, un 5% más con respecto del año anterior.

Estos permisos generan una gran cantidad de ingresos al país. En el año 2003 los ingresos generados ascendieron a la cantidad de $55’328,819.00. La mayoría de los permisos fueron realizados en la Oficina de la SAGARPA en San Diego, California en EUA. Sin embargo, de los permisos que se tramitaron en el país, los Estados ubicados en el litoral del Pacífico, generaron la siguiente derrama económica1:

Número de Permisos Vendidos

(Millones de pesos)

2003

Litoral Pacifico

# Individuales

Valor ($)

# Embarcaciones

Valor ($)

Baja California   

2552

$344,776.00

309

$448,321.00

B.C.S.   

10739

$2,122,462.00

1192

$1,086,678.00

Chiapas   

387

$70,605.00

38

$20,178.00

Colima   

129

$37,669.00

60

$78,746.00

Guerrero   

604

$124,131.00

169

$205,223.00

Jalisco   

1362

$255,379.00

327

$264,278.00

Michoacán 

249

$87,150.00

9

$4,779.00

Nayarit   

534

$132,500.00

54

$17,280.00

Oaxaca   

417

$15,680.00

950

$304,000.00

Sinaloa  

4570

$533,957.00

98

$89,576.00

Sonora   

936

$297,035.00

357

$213,521.00

Total

22479

$4,021,344.00

3563

$2,732,580.00

Con los datos previos, se muestra que el Estado de Baja California Sur es el que encabezó la lista de permisos tramitados dentro del territorio nacional, lo que significa que es la entidad con mayor número de turistas enfocados a la pesca deportiva.

Esta entidad, es un destino significativo para pescadores deportivos en búsqueda de una experiencia única. Por ello, esta actividad representa para los sudcalifornianos una excelente oportunidad para la generación de empleos, divisas e ingresos que sostienen a múltiples empresas que brindan servicios e insumos a la actividad.

Con información de la CONAPESCA, en el 2006, las embarcaciones que, desde puertos estadounidenses, realizan la pesca deportiva en aguas nacionales, gastan un aproximado de 14 mil dólares por un viaje de 17 días.

Cabo San Lucas se encuentra ubicado en el extremo sur de Baja California Sur y, frente a sus costas, se unen el Golfo de California y el Océano Pacífico. Esta unión de aguas es lo que le permite a Cabo San Lucas contar con una gran cantidad de especies para la pesca deportiva, a tal grado de que ostenta el título de “Capital Mundial del Marlin”. Por tal motivo, es un escenario que año con año ofrece una amplia gama de servicios para los turistas que acuden a los diferentes torneos que se realizan en la zona.

En Baja California Sur se llevan a cabo torneos para la captura de marlín, dorado, pez vela y pez espada, entre otros. La derrama monetaria generada por esta actividad, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) en el año de 2006 en el estado de B.C.S., fue de $79.0 millones de dólares. Sin embargo, The Billfish Foundation publicó que, en 2007, para la región de Los Cabos el impacto de la pesca deportiva a la actividad económica total fue de $1,125 millones de dólares.

Teniendo en cuenta los ingresos que genera la pesca deportiva en el país, podemos encontrar una diferencia entre los pescadores de la pesca deportiva y de la pesca comercial. La diferencia radica en la comercialización de las especies acuáticas que están reservadas para la pesca deportiva, mencionadas en el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Se calcula que la captura deportiva de una especie acuática varía entre los 2 mil y 20 mil dólares incluyendo transporte, hospedaje, alimentos y otros gastos, lo que la hace más redituable que a la pesca comercial.

El sector turístico, de acuerdo con información de la Asociación Pro Defensa de los Picudos en 2010, generó una derrama económica por pescador deportivo en Los Cabos de 1 mil 785 dólares en promedio por día, cifra que incluía desde el arribo, el hospedaje, alimentos, entretenimiento y diversión, etc., por lo que la mencionada actividad representó mil 125 millones de dólares al año y generó 24 mil 456 empleos.

Otro ejemplo es el siguiente cuadro, extraído de la página de la Secretaría de Turismo, el cual nos muestra la derrama económica de los pescadores deportivos2:

DERRAMA ECONOMICA

Consumo 1 pescador

Número de pescadores en Torneos, Caña y Carrete al año. 20 torneos.

Base

1 mes (2 salidas de pesca)

1 año

3000

Casetas

$180.00

$360.00

$4,310.00

$12,930,000.00

Gasolina

$730.00

$1,460.00

$17,525.00

$52,575,000.00

Aceite

$100.00

$200.00

$2,382.00

$7,146,000.00

Comida

$370.00

$740.00

$8,875.00

$26,625,000.00

Cerveza

$226.00

$452.00

$5,422.00

$16,266,000.00

Aguas/Refresco

$142.00

$285.00

$3,417.00

$10,251,000.00

Hotel

$515.00

$1,030.00

$12,360.00

$37,080,000.00

Equipo de pesca

$1,644.00

$1,644.00

$19,729.00

$59,187,000.00

Total

$3,906.00

$6,168.00

$74,016.00

$222,060,000.00

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables no garantiza la protección de las especies determinadas para la pesca deportivo-recreativa, lo que ha motivado que se den actos de captura y comercialización de estas especies por parte de los permisionarios, como ya se expuso en los ejemplos anteriores. Por el cual, es necesario que quede perfectamente establecido en la Ley que en el caso de la pesca incidental de estas especies, no se pueden comercializar.

Al realizar dicha modificación a la ley de la materia, se beneficia al sector turístico. Con esto, y con información de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo deportivo se convertirá en el segundo sector más importante para el 2020, pues ayuda a mejorar la calidad de vida de los habitantes locales.

Pero la pesca deportiva no solo genera ingresos y turismo al país. La generación de empleos directos e indirectos es otro beneficio que trae consigo esta actividad. Con información de la NOM-017-PESCA-94, se generaron 8 mil 551 empleos, de los cuales 7 mil 305 fueron directos y mil 246 fueron indirectos. Sin embargo estas cifras no contemplan todos los empleos que se generan por la pesca deportiva, por tal motivo, la CONAPESCA menciona que reconoce la generación de 30 mil empleos anuales aproximados derivados de la actividad en cuestión.

La pesca deportiva ha mostrado ser una importante fuente de ingresos para las entidades federativas costeras en las que se practica esta actividad, de tal manera que con la finalidad de proteger las especies reservadas a la pesca deportiva y mejorar la sustentabilidad y, considerando su importancia en términos económicos, se propone la presente Iniciativa, con el objeto de promover y proteger las especies destinadas a la pesca deportiva y fomentar el desarrollo del turismo vinculado a esta actividad.

Reconocemos que la pesca comercial presenta un gran reto para las políticas públicas, que requiere un inaplazable apoyo para su impulso, sin embargo, también hemos de admitir que existe dificultad al momento de hacer cumplir la ley en materia de pesca, dado que quienes realizan la pesca comercial capturan especies reservadas a la pesca deportiva, con el argumento de que se realiza de manera incidental.

Es ahí donde se abre la posibilidad de que quienes se dedican a la pesca comercial evadan la norma, donde la autoridad pesquera no puede actuar, toda vez que en efecto, la misma ley permite que las especies reservadas puedan ser comercializadas en el supuesto de que las hayan capturado de forma incidental; para evitar lo anterior, proponemos mediante la presente iniciativa, que el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en su párrafo primero quede redactado de la manera siguiente:

ARTÍCULO 68.- Las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial, quedando prohibida su comercialización, aún cuando su captura se haya realizado de manera incidental.

[…]

Es innegable que ambos sectores, pesca comercial y pesca deportiva, puedan coexistir como sectores relevantes para la economía nacional, es posible que se realicen gestiones conjuntas para el aprovechamiento de ambas actividades productivas, de manera tal que con la presente iniciativa se podrán proteger las especies reservadas a la pesca deportiva en beneficio de quienes se dedican a esta actividad.

Por tal razón, someto a consideración de esta H. Cámara de Senadores, de la manera más atenta y respetuosa, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar de la siguiente manera:

ARTICULO 68.- Las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial, quedando prohibida su comercialización, aún cuando su captura se haya realizado de manera incidental.

No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que establezca la Secretaría mediante disposiciones reglamentarias.

TRANSITORIOS

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República al día 3 del mes septiembre de 2014.

Suscribe

Sen. Ricardo Barroso Agramont”.


1 http://ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2011/CDPesca/pdf/DP13A.pdf

2 http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/14718/10PescaDeportiva.pdf





 

PROPUESTAS

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar el presunto conflicto de interés y tráfico de influencias por parte del Coordinador de Vinculación de la oficina de la Presidencia de la República con la empresa española Iberdrola. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA A INVESTIGAR EL PRESUNTO CONFLICTO DE INTERES Y TRAFICO DE INFLUENCIAS POR PARTE DEL COORDINADOR DE VINCULACION DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CON LA EMPRESA ESPAÑOLA IBERDROLA

“El que suscribe, Senador ANGELBENJAMIN ROBLES MONTOYA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

La multinacional Iberdrola es uno de los consorcios industrial y comercial más importantes en España en materia energética, su sede social se encuentra la localidad de Bilbao (Comunidad Autónoma Vasca).

Esta empresa se define a sí misma como una “multinacional con más de 150 años de historia”, debido a que sitúa sus raíces en el Estado español, en el marco del desarrollo industrial de los primeros años del siglo XX, cuando un grupo de empresarios vascos crearon la “Hidroeléctrica Ibérica” en el año de 1901.

Posteriormente, dentro del movimiento de fusiones y privatizaciones que se vivió en los años noventa alrededor del mundo, la Hidroeléctrica Española y la empresa Iberduero se unieron para dar paso “ a la mayor compañía eléctrica privada del Estado Español: Iberdrola”.

Fue precisamente en esos años que las grandes centrales eléctricas comienzan a operar como auténticas multinacionales, y en el caso de Iberdrola su presencia se vio multiplicada hasta erigirse en Latinoamérica.

Para nadie es desconocido que la actividad de las multinacionales genera una serie de impactos múltiples, no solo en el campo económico, sino también en otros ámbitos, como el político, el social, el laboral, el ambiental y el cultural, entre otros.

Estas circunstancias han sido ampliamente documentadas en nuestro país, que en muchos casos ha tenido que pagar el impacto negativo que este tipo de empresas internacionales provocan con el afán desmedido por consumar sus objetivos.

En México la presencia de la multinacional vasca se remonta a la primera década del siglo XXI, donde destacan sus fuertes inversiones en energía eólica que se estaba constituyendo en un sector emergente y rentable. En consecuencia, Iberdrola duplicó su tamaño y resultados en sólo cinco años. En esa misma década, la corporación profundiza su “expansión internacional”, con la adquisición en 2007 de la británica Scottish Power y de la norteamericana Energy East en 2008. De esta manera, pasó a convertirse en una de las principales multinacionales del sector.

La multinacional ha incrementado su representación en territorios estratégicos como Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y México.

Asimismo, se tiene conocimiento que los activos totales de la empresa han crecido en los últimos años de 85.604 millones de euros en 2008 a 93.701 millones para el año 2010. También su volumen de ventas ha aumentado de los 25.196 millones de euros en 2008 a los 30.431 millones en 2010, en tal sentido, con respecto a su producción neta de electricidad a escala mundial, esta se situaba en los 154.073 GWh en 2010. Para el mismo año, la energía eléctrica distribuida era de 203.090 GWh.

En el país, la multinacional opera con una subholding Iberdrola México a través de dos sociedades principales: Iberdrola Generación México, S.A. de C.V. e Iberdrola Renovables México, S.A. de C.V., que tienen como principal responsabilidad la definición e implementación de la estrategia del Grupo Iberdrola México.

Estas dos sociedades tienen sus propios consejos de administración y tienen la responsabilidad y la capacidad de tomar las decisiones correspondientes a sus operaciones, asegurando la adecuada separación en la gestión de los distintos negocios.

Es menester señalar que, derivado de la aprobación de las recientes leyes secundarias en materia energética, la primera firma que ha anunciado una inyección de capital ha sido Iberdrola, haciendo pública su intención de invertir 1,200 millones de dólares en México entre el 2014 y el 2016.

De este modo, Iberdrola en México tiene previsto potenciar su liderazgo como primer generador privado de energía eléctrica y ampliar su capacidad de generación térmica mediante centrales de ciclo combinado de gas. A las recientes adjudicaciones de las plantas de Baja California y Norte III se suma la ampliación de la central de Monterrey.

CONSIDERACIONES

En recientes fechas fue difundida una investigación especial en el diario digital Sin Embargosobre un acto de corrupción en el que estaría involucrada la multinacional vasca Iberdrola y altos funcionarios federales, un entramado de conflicto de intereses destinado a beneficiar a esta empresa española con los recientes cambios en la legislación energética.

El documento de investigación periodística señala a Jesús Ramírez Stabros como integrante del Consejo de Administración de Iberdrola México desde el 5 de julio de 2013, al mismo tiempo que fungía ya como Coordinador de Vinculación adscrito al Jefe de la Oficina de la Presidencia con un nivel de Subsecretario de Estado percibiendo un sueldo mensual de más de 130 mil pesos mensuales.

Las principales funciones operativas que se le conocen a Ramírez Strabos es la de desempeñarse como enlace entre los Pinos y las dos Cámaras del Congreso, función que se vio incrementada considerablemente durante la pasada discusión de las leyes secundarias en la materia.

La situación que exponemos no es menor. En adición al evidente caso de corrupción que deja entrever la doble funcionalidad de Ramírez Stabros, una compleja red de intereses que involucraría a los más altos mandos federales quedaría de manifiesto.

Hechos que confirmarían lo que en el PRD hemos denunciado durante todo este proceso reformador: la entrega de nuestros recursos energéticos para beneficiara intereses privados.

En este sentido, resulta pertinente hacer referencia al artículo 47, fracción XI y XIII, y al artículo 88 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que a la letra señalan:

ARTICULO 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:

1. a X. …

XI.- Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley le prohíba.

XII.- …

XIII.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

ARTICULO 88.- Durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y un año después, los servidores públicos no podrán solicitar, aceptar o recibir por sí, o por interpósita persona, dinero o cualquier otra donación, servicio, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIII del artículo 47 y que procedan de cualquier persona cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que determinen conflicto de intereses.

Como queda de manifiesto, por lo anteriormente expuesto, México es un punto clave para el negocio mundial de Iberdrola. Según la información corporativa de la multinacional, entre 2014 y 2016, la compañía invertirá 16 mil millones de pesos que se sumarán a los cerca de 36 mil millones que han desembolsado ya en el país a través de sus dos subsidiarias.

Aunado a esto, la empresa ibérica prevé ampliar su capacidad térmica mediante centrales de ciclo combinado de gas, que según la versión oficial es esencial para reducir los costos de la electricidad.

Estos oscuros intereses se suman a una larga lista de denuncias en contra de la trasnacional vasca y del propio Ramírez Stabros ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de España por presuntos delitos de corrupción.

Además, se adicionan las acusaciones al gobierno Español de no perseguir a empresas que sobornan funcionarios públicos de varios países que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Iberdrola cuenta también con sendos litigios en países como Guatemala y Bolivia, así como un expediente sancionador abierto por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia de España por una presunta manipulación fraudulenta.

Por lo que es necesario emprender las investigaciones correspondientes a efecto de deslindar cualquier conflicto de interés o tráfico de influencias entre el funcionario federal y la empresa vasca.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a investigar el presunto conflicto de interés y tráfico de influencias por parte del Coordinador de Vinculación  de la Oficina la Presidencia de la República, C. Jesús Ramírez Stabros, con la empresa española Iberdrola.

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.





 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación, de Salud, de Gobernación y de Desarrollo Social y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar e implementar un programa nacional para la prevención y erradicación de la violencia y acoso escolar. Se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACION, DE SALUD, DE GOBERNACION, DE DESARROLLO SOCIAL Y A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A REALIZAR E IMPLEMENTEN UN PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR

"Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México, desde hace años se ha dado un comportamiento antisocial por parte de las niñas, niños y adolescentes en las escuelas tanto públicas como privadas, esta conducta generalmente va enfocada a que uno o varios estudiantes cometen actos de molestia hacía sus compañeros.

Es decir, la violencia escolar o bullying, es el acto de acoso, intimidación, victimización o uso deliberado de la fuerza física, contra cualquier miembro de la comunidad escolar, que cause daños físicos, psicológicos, emocionales o en el desempeño de sus actividades en la institución escolar.

Los tipos de violencia en el entorno escolar que se pueden observar, de manera enunciativa, más no limitativa, son en los siguientes casos:

a.  Acoso Escolar: La conducta repetitiva e intencional que produce cualquier tipo de daño físico, psicológico o emocional ya sea grupal o individual hacia cualquier integrante de la Comunidad Escolar;

b.  Cibernética: Toda acción mediante correos electrónicos, páginas electrónicas, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, teléfono móvil o cualquier otra tecnología de información y comunicación que cause daño psicológico y preocupación;

c. Exclusión Social: Cuando el Estudiante es rechazado amenazado y aislado por razones de pertenencia étnica, credo, color de piel, lengua, género, edad, estado civil, condición de salud, embarazo o cualquier otra que vulnere los derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes;

d. Físico Directo: Toda acción u omisión intencional que cause cualquier tipo de daño corporal;

e. Físico Indirecto: Toda acción u omisión que ocasiona un daño mediante la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamientos o retención de objetos u otras pertenecías de algún miembro de la comunidad o bienes de la Institución Escolar;

f. Psicológico: Toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta y el comportamiento del Estudiante mediante humillación cuando existen amenazas, prohibiciones, intimidaciones, indiferencia, chantaje, persecución, sometimiento, obscenidades, gesticulaciones o cualquier otro medio que afecte la estabilidad emocional;

g. Sexual: Toda aquella discriminación y violencia contra otro relacionada con su sexualidad, la tentativa de consumar un acto sexual, hostigamiento, insinuaciones sexuales no deseadas, miradas o palabras lascivas, imágenes o videos pornográficos, tocamientos y hostigamientos, y

h. Verbal: Acciones violentas a través del lenguaje, como los insultos, sobrenombres, descalificaciones, humillaciones, menosprecios y burlas en público y privado.

La violencia escolar afecta tres campos esenciales para cualquier ser humano; el primero, el de la salud, como un problema médico psicológico y físico; el segundo, el campo de la sociología como un fenómeno o hecho social que afecta la convivencia en el ámbito escolar y trasciende al ámbito familiar y a la comunidad o sociedad en la que se presenta y, desde el campo del derecho, como una conducta antisocial llevada a cabo por menores de edad con poca o nula regulación al respecto.1

Generalmente, la niña, niño o adolescentes que sufre de violencia escolar, posteriormente presentará baja autoestima, en algunos casos fracaso escolar, ansiedad, temor o fobia a la escuela, trastornos emocionales, personalidad insegura, y en la peor de las consecuencias, la muerte provocada por sus agresores o porque la víctima tome como medida de escape el suicidio.

Para ejemplificar, en junio pasado el secretario de Educación del Estado de México, reconoció en la entidad dos casos de bullying que terminaron con la muerte de los alumnos; el primero de ellos ocurrido en agosto de 2012 en el interior de la primaria “Isidro Fabela” de Jilotepec, en la hora de la clase de educación física, cuando un estudiante presuntamente fue asfixiado en los baños de la escuela cuando le dieron su “novatada”.2

El segundo caso y más alarmante debido al uso de armas de fuego por menores de edad, ocurrió el pasado 6 de mayo, en el interior del salón de clases de la secundaria 574 “Gustavo Baz Prada”, cuando un joven fue baleado por su compañero, ocasionando su muerte días después en un hospital.3

Desafortunadamente, y pese a que siguen sucediendo casos como los anteriormente citados,  pareciera que en México atender la violencia en el entorno escolar, no es prioritario, pues el acoso escolar apenas está comenzado a reconocerse como una problemática, y en consecuencia, existe una falta de legislación nacional en el ámbito educativo sobre este fenómeno, así como de un programa integral que prevenga y erradique tal problema.

De las 32 entidades federativas, sólo los estados de Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y el Distrito Federal ya cuentan con una Ley específica para regular el bullying.4

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública realizó “15 acciones inmediatas contra bullying”, las cuales están encaminadas a fortalecer mecanismos de alerta temprana, establecer protocolos de actuación para directores, maestros, alumnos y padres de familia; enriquecer las currículas de la educación básica, media superior y de formación de maestros para que aprendan a atender los casos que se registren; organizar foros de consulta sobre el tema; reforzar la promoción y supervisión del ejercicio y protección de los derechos humanos; impulsar la participación de padres de familia en la vida cotidiana escolar para propiciar una comunicación continua y efectiva, entre otros”.5

Sin embargo, es notable que el Estado mexicano no a emprendido acciones para prevenir y erradicar este comportamiento entre los estudiantes, las cuales atiendan este problema con una visión integral, es decir, no sólo desde el ámbito educativo, sino también de lo social y familiar.

Las cifras sobre violencia escolar van en aumento y son alarmantes, en el 2012 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señaló que México ocupó el primer lugar internacional de casos sobre acoso escolar en educación básica.6

Entonces no es de extrañar que datos de la SEP señalen que el 8.9% de los jóvenes que cursan bachillerato han recibido golpes; el 36.8% han sido insultados; el 10.6% han sido víctimas de robos; el 12.2% de burlas y el 8.1% de mentiras difundidas en redes sociales; el 3.2% han sido amenazados con arma y el 5.9% han sido intimidados; el 59% de los estudiantes nunca o rara vez piden ayuda a sus profesores, el 73% nunca o casi nunca hacen algo para impedir riesgos, aunque crean que deben hacerlo.7

Lo anterior es de llamar la atención ya que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una alerta en relación a que en los últimos siete años, ha incrementado la violencia en las escuelas, sobre todo, los casos de agresiones físicas entre estudiantes y los abusos sexuales del personal académico hacia los alumnos.8

Asimismo, el mencionado organismo ha recibido 918 quejas relacionadas con la violencia en los planteles educativos y ha detectado un incremento de las mismas, pues mientras en el 2007 recibieron 163 denuncias, en 2013 se atendieron 252 casos.

Es preocupante, que en México se esté desarrollando la violencia a temprana edad, posiblemente en esta lógica es que el segundo visitador general de la CNDH, Marat Paredes, declarará que no sólo las quejas iban en aumento, sino que el grado de violencia se ha endurecido y las acciones de las autoridades educativas por atender esta problemática no marchan con la velocidad requerida y ni siquiera se han establecido medidas para evitar dichas prácticas.

Lamentable se está abordando muy tarde el tema; por ejemplo, en Suecia en 1978 se suicidaron sucesivamente tres niños tras sufrir acoso escolar; a partir de ese momento, el gobierno sueco hizo el primer estudio de violencia escolar que se conoce.9

En comparación, tres décadas después y pese a todos los casos de violencia escolar sucedidos en el país apenas está reconociendo que es un problema social; sin embargo, no existe un estudio formal que explique las causas y motivaciones de este problema.

Tampoco se cuenta con un programa integral que prevenga y erradique el acoso escolar, mismo que debe incluir no sólo a los estudiantes sino a todo el personal que labora en las instituciones escolares, y por supuesto también a los padres de familia o tutores.

Lo anterior, solo se dará mediante una estrategia que involucre a diversas dependencias de gobierno, como son las Secretarías de Educación; Salud; Gobernación; Desarrollo Social y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus homólogas estatales.

Por lo anteriormente expuesto, y en atención al llamado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las víctimas de acoso escolar y de la sociedad el presente exhorto tiene como objeto que se cierren filas a fin de prevenir y erradicar la violencia escolar.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a las Secretarías de Educación, Salud, Gobernación, Desarrollo Social y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en coordinación con sus homólogas estatales realicen e implementen un Programa Nacional para la prevención y erradicación de la violencia y acoso escolar.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los tres días del mes de septiembre de 2014".


1 Ibídem.

2 Ramírez Dalila. Reconocen dos casos de bullying que terminaron en deceso en Edomex. [en línea]. Excélsior. México. 2014. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/06/04/963295 [consulta 25 de agosto de 2014].

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Secretaría de Educación Pública. Acciones para Mejorar la Convivencia Escolar en el marco del Programa Nacional  para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. [en línea]. México. 2014. Disponible en: http://basica.sep.gob.mx/conv2.pdf [consulta 1 de septiembre de 2014].

6 Program for International Student Assesment (PISA) 2012 Results: What Makes Schools Successful (Volume IV): Resources, Policies and Practices.[en línea]. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), París, 2013. Encuesta de percepción a los directores de las escuelas. Disponible en: http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-volume-IV.pdf [consulta 1 de Septiembre de 2014].

7 Ibídem.

8 Alcántara Liliana. “Crece bullying y es más agresivo” [en línea] El Universal. México. 2014. Disponible en:  http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/crece-bullying-y-es-mas-agresivo-1012095.html [consulta 25 de agosto de 2014].

9 Aproximación al fenómeno bullying. [en línea]. 2006. Disponible en: http://www.acosomoral.org/pdf/Tresgallo/tresgallo5.PDF [consulta 25 de agosto de 2014].





 

De la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo para realizar un reconocimiento a la Universidad de Colima en su 75 aniversario, a celebrarse el 16 de septiembre de 2015. Se turna a la Comisión de Educación.



 





 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo del estado de Campeche a respetar la veda del pepino del mar. Se turna a la Comisión de Pesca.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE A RESPETAR LA VEDA DEL PEPINO DEL MAR

“LAYDA SANSORES SAN ROMAN, SENADORA INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNION, PERTENECIENTE AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 73 FRACCIONES XVI Y XX DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ARTICULOS 108 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETO A CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA EL SIGUIENTE: PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, A FIN QUE SE RESPETE LA VEDA DEL PEPINO DEL MAR

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fecha 14 de noviembre de 2013, El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (Sagarpa) Enrique Martínez y Martínez, emitió un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de Noviembre de 2013, dice que:

“Acuerdo por el que se modifica el aviso que da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1994, para establecer el periodo de veda y cuota de aprovechamiento de Pepino de Mar en las aguas de jurisdicción Federal frente a la Península de Yucatán”.

ARTICULO UNICO.- Se modifica la fracción IX del numeral Primero del Aviso por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1994, y se adicionan los incisos a) y b) así como los párrafos segundo, tercero y cuarto para quedar como sigue:

PRIMERO. 

(...)

IX. Se establece veda permanente para la pesca de todas las especies de pepino de mar, a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo, en las aguas marinas de jurisdicción federal localizadas frente a la costa de la Península de Yucatán, a partir del punto ubicado en la frontera entre los Estados de Tabasco y Campeche, con las coordenadas 18° 39' 5'' Latitud Norte y 92° 28' 5'' Longitud Oeste, siguiendo de este punto una línea imaginaria hacia el norte hasta el límite exterior de la plataforma continental, y siguiendo por este límite hasta la frontera con Belice, exceptuando de esta disposición la zona marina comprendida entre San Crisanto, Yucatán, con coordenadas 21° 21' 07" Latitud Norte y 89°11' 33" Longitud Oeste y la frontera entre los Estados de Yucatán y Quintana Roo, con coordenadas 21° 29' 20" Latitud Norte y 87° 32' 03" Longitud Oeste, en donde únicamente podrá aprovecharse el pepino de mar café (Isostichopus badionotus) debiendo observarse de forma obligatoria las cuotas de aprovechamiento que en cada periodo se indican.

Dado lo anterior, es obvio que a partir del comunicado de fecha 14 de noviembre de 2013, emitido por la SAGARPA, oficialmente queda prohibida la pesca de tal especie debiendo las autoridades responsables federales conjuntamente con las estatales, garantizar la vigilancia para evitar la pesca ilegal, cosa que no sucede, en Isla Arena, Calkini, Campeche. Es común que pescadores salgan en sus embarcaciones para la captura del PEPINO DE MAR, lo que contraviene la disposición del Acuerdo en comento.

Por ello resulta conveniente emitir un atento exhorto al Gobernador del Estado de Campeche, para que el Titular de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como al titular de la Secretaría de Pesca del Estado, para que se ocupen del caso, y hagan las gestiones correspondientes, para garantizar la supervisión y vigilancia en esa zona que evite la pesca furtiva.

Por todo lo anterior, es pertinente solicitar a esta Cámara de Senadores, con respeto a la autonomía del Estado de Campeche, se exhorte al Gobernador de esa entidad federativa, a fin que a través de las instituciones locales encargadas de supervisar la veda del pepino de mar, haga cumplir el Acuerdo emitido por la autoridad federal. Al tenor del siguiente:

Punto de Acuerdo

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal a fin de que haga cumplir el Acuerdo emitido por la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (Sagarpa) el de 14 de noviembre de 2013, para vedar la pesca del PEPINO DE MAR.





 

De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a considerar en las unidades de estudio de la Encuesta Intercensal 2015 una mayor cobertura conceptual de la población afromexicana o afrodescendiente. Se turna a la Comisión de Población y Desarrollo.







 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en el cuadro básico los medicamentos genéricos para el tratamiento de la diabetes infantil. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD A INCLUIR EN EL CUADRO BASICO LOS MEDICAMENTOS GENERICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES INFANTIL

“HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables presento ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- La diabetes mellitus o diabetes, es una enfermedad crónico degenerativa que se presenta cuando el páncreas no produce insulina, o bien, la que se produce no es utilizada de manera eficiente por el organismo; ésta es la hormona responsable de que la glucosa de los alimentos sea absorbida por las células y dotar de energía al organismo.1

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que en Belice, México y Estados Unidos, aproximadamente 30 por cientode su población tiene obesidad.

Por ello, surge la necesidad de concentrar en un solo espacio aquellas especialidades que brinden atención física y emocional a las personas adultas mayores.

2.- La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, establece que la población masculina de 20 años presenta más población con sobrepeso y obesidad, afecciones que pueden ser detonantes de diabetes.

La Secretaría de Salud reporta que el Distrito Federal (7.4 por ciento), Morelos (4.4 por ciento), Baja California (4.2 por ciento) y Durango (4.1 por ciento) son las entidades que presentan los porcentajes más altos de diagnósticos positivos de diabetes.

3.- En México, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en su Censo 2010, las principales complicaciones en la población de 20 años y más hospitalizada con diabetes tipo II, durante 2011 son de tipo renal (24.2%), circulatorias periféricas (17.3%) y múltiples (7.0 por ciento).2

Es comprensible que las complicaciones renales sean las más frecuentes, debido a que los daños renales graves requieren de constante hemodiálisis que ante cualquier descuido o mal manejo, las agravan y hace necesario que el paciente sea atendido con tratamientos más agresivos.

Los especialistas afirman que aunque el origen de la enfermedad es distinto, un 90 por ciento de los casos se refiere a la diabetes tipo 1, que aparece súbitamente y puede surgir a partir de las primeras semanas de nacimiento hasta los 30 años de edad, aunque es en el periodo de 5 a 7 años, y durante la pubertad, cuando la enfermedad tiende a ser más común.

La diabetes tipo 1 es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia. Se caracteriza por la falta de producción de insulina y en consecuencia, por un aumento de la glucosa en sangre o glucemia.

En los últimos años está disminuyendo la edad media de aparición de la enfermedad, mientras que hace unos años era más numerosa en la pubertad, cada vez es más frecuente el debut de niños menores de 6 años.

La diabetes puede causar pérdida de la visión, infarto, hipertensión, derrame, impotencia sexual, enfermedades pulmonares e insuficiencia renal.

4.- En la actualidad, se diagnostican en promedio dos casos nuevos de diabetes tipo dos en niños al mes, en pequeños de seis años en adelante.

Del total, el 90% de los casos tienen síndrome metabólico; es decir, alteraciones a otros niveles, sobre todo en los lípidos, que conjuntamente con la hiperglicemia, la dislipidemia y la hipertensión arterial, desencadenan síndrome metabólico.

La tendencia global en la prevalencia de la Diabetes tipo 2 está creciendo constantemente. En décadas recientes, la edad de los pacientes que sufren de Diabetes tipo 2 ha disminuido y se presenta en adolescentes y niños de todo el mundo, en especial en poblaciones que tienen un alto nivel de prevalencia.

En México, durante los últimos años, se han reportado casos de Diabetes tipo 2 en la población infantil-juvenil, situación preocupante porque las expectativas de calidad de vida para quienes la desarrollan a los 10 ó 12 años son poco alentadoras debido a las complicaciones que conlleva esta enfermedad si no se controla bien, como problemas cardiovasculares, ceguera y amputaciones.3

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Diabetes, la atención de esta enfermedad representa el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, está considerada como una de las enfermedades más catastróficas para la economía de una familia. Un paciente que vive con diabetes gasta, sólo en medicamentos y monitoreo, alrededor de mil pesos al mes, sin considerar las consultas.

También es necesario practicar una serie de estudios de laboratorio, por lo menos cada tres meses, y chequeos integrales; por lo que su gasto anual, entre medicamentos, automonitoreo, revisiones y estudios de laboratorio, ronda los 40 mil pesos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Diabetes.

Según el estudio Costos de la Diabetes en América Latina: Evidencias del Caso Mexicano, respecto a los costos directos, de cada 100 pesos que se gastan en diabetes en México, 52 se gastan en el 10% de la población, 33 en el 48% (asegurados) de la población y 15 pesos en el 42% restante de la población (no asegurados).

5.- De acuerdo con la OMS, un medicamento genérico es aquel vendido bajo la denominación del principio activo que incorpora, siendo los suficientemente bioequivalente a la marca original, es decir, igual en composición y forma farmacéutica y con muy parecida biodisponibilidad que la misma.

Datos de la Organización Mundial de Salud (OMS), del total de los medicamentos que se comercializan actualmente en México, un 45 por ciento son genéricos y el restante 55 por ciento de patente.

En 1997, la Secretaría de Salud presentó en México el programa de Medicamentos Genéricos Intercambiables, con la intención de proveer a la población en general de productos farmacéuticos de calidad comprobada a menor precio.

Esto permitió un cambio en la cultura en México sobre el consumo y garantía de medicamentos denominados en ese entonces GI o Genéricos Intercambiables.

La principal ventaja de un medicamento genérico frente a un medicamento de marca es el menor costo de fabricación, ya que el genérico no requiere inversión en investigación, puesto que no tienen que desarrollar una nueva molécula para su desarrollo y promoción.

En atención a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a los gobiernos para que amplíen el acceso de la gente a los tratamientos para prevenir y controlar la Diabetes tipo 1 y tipo 2, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de la Secretaría de Salud ha aprobado a la fecha 247medicamentos genéricos e innovadores.

Sin embargo, estos medicamentos en muchas ocasiones no logran ser adquiridos por todas las familias que tienen algún niño con diabetes ya que desafortunadamente no cuentan con los recursos económicos para ese efecto.

Las exigencias aumentan a medida que las enfermedades crónicas no transmisibles desplazan la carga de los grupos de población prósperos a los pobres y desatendidos.

En el Informe sobre la salud en el mundo del año pasado se establecieron políticas y medidas prácticas para financiar los servicios de salud, haciendo un gran hincapié en avanzar hacia la cobertura universal.

En este mismo sentido, el Programa Sectorial de Salud 2013 2018 señala que un sistema de salud funciona adecuadamente si al responder tanto a las necesidades como a las expectativas de la población cumple los siguientes objetivos: mejorar la salud de la población; reducir las inequidades en salud; proveer acceso efectivo con calidad y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

6. El diagnóstico de diabetes en los niños es un momento delicado para ellos, ya que les supone tener que afrontar una serie de modificaciones importantes en su rutina y adoptar responsabilidades muy serias a una edad más temprana.

El impacto psicológico causado por el diagnóstico de diabetes infantil origina un sinnúmero de consecuencias, tales como: cambio de hábitos, pérdida de autonomía, incremento de gastos familiares ya que el tratamiento será de por vida y es necesario modificar el tipo de alimentación, el integrarse a un centro de activación física, compra de medicamentos, análisis integrales periódicos, consultas médicas por mencionar algunas.

Además de ello, será necesario ayuda profesional para orientar a las niñas, niños y adolescentes sobre la importancia del autocuidado, las implicaciones de su enfermedad así como las complicaciones del descuido.

Toda esta atención en conjunto representa para las familias el incremento de gastos, por ello, es necesario que se cuente con medicamentos genéricos en el cuadro básico para que el aumento del presupuesto no genere un desequilibrio en la economía familiar.

Como se ha señalado, la diabetes en México representa un alto impacto económico por todas las consideraciones epidemiológicas, económicas y organizacionales y la inequidad en el acceso a salud debido a los altos costos de la enfermedad, así como la productividad perdida por muerte prematura y discapacidad, temporal o permanente, son otras de las consecuencias económicas de la diabetes para un país que no termina de estar preparado ante ella.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno la siguiente Proposición con:

 PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a incluir dentro del cuadro básico, los medicamentos genéricos destinados al tratamiento de la diabetes, particularmente en niñas, niños y adolescentes.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2014.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.

1 International Diabetes Federation [IDF] (2011). Plan mundial contra la diabetes 2011-2021.

2 Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).- Censo 2010

3 Secretaría de Salud, 2012





 

Del Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se consideren y destinen mayores recursos para la construcción, ampliación y modernización de carreteras en el estado de Yucatán. Se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, SE CONSIDEREN Y DESTINEN MAYORES RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN

“El suscrito DANIEL GABRIEL AVILA RUIZ, Senador de la República por el estado de Yucatán e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto  a la consideración del Pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Las regiones de nuestro país requieren hoy más que nunca del fortalecimiento de las comunicaciones, incluyendo la construcción y modernización de la infraestructura carretera, para facilitar y hacer más eficiente el traslado de productos, y servicios, así como el tránsito de las personas de manera rápida y a bajo costo.

EI sistema de transporte mexicano depende fundamentalmente de la red de carreteras. A través de ella fluye 80% de las cargas que se mueven en el territorio y aproximadamente 98% del movimiento de pasajeros.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, actualmente la red carretera del país suma 374,262 km; de éstos, 49,169 km conforman la red federal (8,459 km son autopistas de cuota y 40,710 km constituyen la red federal libre de peaje). Las redes troncal e intertroncal de 24,308 km se consideran estratégicas, ya que conectan a 70% de la población del país.1

Durante la última década, la inversión realizada por el sector público en infraestructura en México pasó de 3.1% del PIB a 4.5%.2 Sin duda, los avances han sido importantes para satisfacer parte de los requerimientos en la materia; sin embargo, las necesidades de conectividad aún son elevadas.

Uno de los problemas que presenta la infraestructura carretera de nuestro país es que cerca de 60% de los tramos existentes se construyeron hace más de 40 años, con criterios de diseño, especificaciones y materiales diferentes a los exigidos hoy en día. El volumen de tránsito que circula actualmente por la red federal es mucho mayor a lo previsto en su diseño original; baste mencionar que el porcentaje de vehículos pesados se ha incrementado hasta en 50% en algunos tramos.

Para el caso concreto del estado de Yucatán, existen varias carreteras que requieren de modernización y ampliación, y que por su localización, de realizarse las mejoras respectivas repercutirán en una mejor distribución de mercancías y, por ende, en el crecimiento regional.

A manera de ejemplo, cito solo algunos casos:

Modernización del tramo: Tizimín-Río Lagartos, con una distancia de 54.2 km.

La carretera fue construida hace más de cuatro décadas; sin embargo, en los últimos años ha sufrido una considerable disminución y deterioro en sus dimensiones, específicamente en la anchura de rodamiento; esto, aunado a la falta de cunetas, rejillas y carril de acotamiento, ha propiciado un elevado número de accidentes carreteros, máxime por el tráfico de camiones de carga, autobuses, y automóviles; pero, principalmente por las unidades pesadas de uno y dos semirremolques que transitan las 24 horas del día y que, en suma, transportan aproximadamente 500 mil toneladas anuales de la explotación salinera ubicada en el municipio de Río Lagartos.

Este municipio no sólo es costero dedicado a la pesca ribereña, sino también es ganadero, turístico e industrial. Y a pesar del gran potencial económico que podría representar, su población sufre problemas socio-económicos, principalmente por la falta de una vía de comunicación segura y moderna que la conecte con el resto de los municipios, condición imprescindible para su desarrollo. La mejora de este tramo beneficiará también a la población de Tizimín, Panabá y San Felipe.

Modernización del camino Chan Tres Reyes – Tixcancal

El alcance del proyecto consiste en la modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

El mal estado en general del camino, y la concentración de agua, han ocasionado problemas de erosión y seguridad, lo que dificulta el transporte de mercancías, víveres y personas de las poblaciones aledañas, así como el retraso de acceso a bienes y servicios básicos (salud, educación, etc.), lo cual afecta y repercute de manera directa y considerable en la calidad de vida de los pobladores.

Los principales beneficios que traerá la transformación de esta carretera, son entre otros, la disminución en el tiempo de recorrido, incremento en la seguridad, ahorro en costos de operación vehicular y desarrollo de las principales actividades productivas de la región; se beneficiarán a 9,737 habitantes de las comunidades de Tixcancal, Chan Cenote, Chan Tres Reyes, Xim-Há y X-Can.

Modernización del camino Tunkás – Cenotillo

El proyecto consiste en la modernización del camino alimentador: Tunkás – Cenotillo en una longitud de 16.0 kilómetros, se pretende levantar el asfalto actual para volver a pavimentarlo debido a las malas condiciones en las que se encuentra, ampliarlo a una sección con 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno.

El objetivo es volver más segura, cómoda y eficiente la circulación de bienes y personas que transitan a través de esta vía. Se tendrán beneficios para los usuarios al lograrse mayores velocidades de desplazamiento, lo que contribuirá en la disminución de los tiempos de recorrido, de los costos de operación vehicular, y riesgo de accidentes; traduciéndose en una mayor competitividad del transporte de la región Este del estado de Yucatán.

Con la modernización de este camino se beneficiará a una población aproximada de 6,134 habitantes de la región, así mismo se logrará:

  •  Aumentar las velocidades de maniobra.
  •  Disminuir los tiempos de recorrido.
  •  Reducir los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos.
  •  Ofrecer comodidad y seguridad para los usuarios.
  •  Acortar la posibilidad de accidentes al estrechar los cruces a nivel.
  •  Mejorar los niveles de servicio.
  •  Aminorar la contaminación ambiental por gases y por ruido.
  •  Mejorar la actividad económica y productiva de las comunidades de Tunkás, San José Pitbuch y Cenotillo.

Finalmente, resalto que la ausencia de comunicaciones impide la oferta de bienes y servicios. Además, limita el bienestar y desarrollo de la población y las actividades econó­micas propicias para generar el crecimiento y progreso del país. Invertir en una infraestructura adecuada fortalece la capacidad productiva del país y abre nuevas oportunidades de mejora, no sólo para los yucatecos sino para todos los mexicanos.

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se consideren y destinen mayores recursos para la construcción, ampliación y modernización de carreteras en el estado de Yucatán.

Senado de la República, 02 de septiembre de 2014

Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz”.


1 Diario Oficial de la Federación. Segunda Sección, Poder Ejecutivo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Publicado el 20 de mayo de 2013. Disponible: http://www.dof.gob.mx/

2 Ibíd.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo que solicita al titular del Poder Ejecutivo realice las acciones necesarias para que el Estado Mexicano reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.







 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el día de mañana jueves 4 de septiembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:08 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
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Director: Lic. Arturo Domínguez Sarmiento

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Teléfonos: 51-30-22-28

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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial.   Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

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