Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 23 de octubre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 39



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 13 de Diciembre de 2013

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

- EL C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: (12:15 horas)Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del computo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 74 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se abre la sesión del viernes 13 de diciembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa delos asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE.

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las catorce horas del día martes diez de diciembre de dos miltrece, encontrándose presentes noventa y tres ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del lunes nueve de diciembre de dos mil trece.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio suscrito por el Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, por el que informa que la Secretaría de Gobernación llevará a cabo la Séptima Sesión Plenaria de la Comisión Intersecretarialen Materia de Trata de Personas y solicita se considerela participación de la Sen. Adriana Dávila Fernández, Presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, en esa sesión que se celebrará el 13 de diciembre del año en curso.- Se remitió la comunicación a la Senadora Adriana Dávila Fernández.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo por el que se designa como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los ciudadanos Mariclaire Acosta Urquidi, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón.- Fue aprobado por 107 votos en pro y 1 abstención.

 

Se sometió a consideración de las Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que las comisiones presentaron diversas propuestas de modificación al dictamen. La Asamblea aceptó las modificaciones y se integraron al texto del dictamen para su discusión.

Los Senadores Mario Delgado Carrillo del PRD y Manuel Bartlett Díaz del PT, presentaron sus propuestas de moción suspensiva, las cuales no fueron aceptadas a discusión por la Asamblea.

En la presentación del dictamen hicieron uso de la palabra los senadores: Enrique Burgos García, por la Comisión de Puntos Constitucionales; Oscar Román Rosas González, por la Comisión de Energía; Raúl Gracia Guzmán, por la Comisión de Estudios Legislativos, Primera; y José Ascención Orihuela Bárcenas, por la Comisión de Fomento Económico.

Para exponer sus votos particulares, intervinieron los senadores: Dolores Padierna Luna del PRD; Manuel Bartlett Díaz del PT; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; Armando Ríos Piter del PRD; Fernando Mayans Canabal del PRD; Zoé Robledo Aburto del PRD; Benjamín Robles Montoya del PRD , como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales; Adán Augusto López Hernández del PRD; Isidro Pedraza Chávez del PRD; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD; Mario Delgado Carrillo del PRD; y Benjamín Robles Montoya del PRD, como integrante de la Comisión de Fomento Económico.

Para fijar los posicionamientos de los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Ninfa Salinas Sada del PVEM; Rabindranath Salazar Solorio del PRD; Jorge Luis Lavalle Maury del PAN; y David Penchyna Grub del PRI.

En la discusión en lo general, intervinieron los senadores: Layda Sansores San Román, en contra; David Monreal Ávila del PT, en contra; Francisco García Cabeza de Vaca del PAN, a favor; Martha Palafox Gutiérrez del PT, para razonar su voto; René Juárez Cisneros del PRI, a favor; Javier Corral Jurado del PAN, en contra; Salvador Vega Casillas del PAN, a favor; Raúl Morón Orozco del PRD, en contra; Pablo Escudero Morales del PVEM, a favor; Angélica de la Peña Gómez del PRD, en contra; Francisco Domínguez Servién del PAN, a favor; Luis Sánchez Jiménez del PRD, en contra; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM, a favor; Marco Antonio Blasquez Salinas del PT, en contra; Alejandra Barrales Magdaleno del PRD, en contra; Ernesto Ruffo Appeldel PAN, en contra; Manuel Camacho Solís del PRD,en contra; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, en contra; Benjamín Robles Montoya del PRD, en contra; Adán Augusto López Hernández del PRD, en contra; Layda Sansores San Román, en contra; Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, en pro; y Humberto Mayans Canabal del PRI, a favor.

El Presidente de la Mesa Directiva informó de las reservas a los artículos 25, 27, 28 y los artículos del régimen transitorio, asimismo se anunció las propuestas de adición de cinco artículos transitorios.

El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general por 95 votos en pro y 28 en contra.

En la discusión en lo particular, para presentar sus propuestas del artículo 25, intervinieron los senadores: Manuel Barttlet Díaz del PT, la cual no se aceptó a discusión; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD, la cual no se aceptó a discusión; David Monreal Ávila del PT, la cual no se aceptó a discusión; Zoé Robledo Aburto del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Fernando Mayans Canabal del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Benjamín Robles Montoya del PRD, la cual no se aceptó a discusión; y Raúl Morón Orozco del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El artículo 25 fue aprobado en los términos del dictamen, por 93 votos en pro y 25 en contra.

Para presentar sus propuestas del artículo 27, intervinieron los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT, la cual no se aceptó a discusión; Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Dolores Padierna Luna del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Rabindranath Salazar Solorio, la cual no se aceptó a discusión; Lorena Cuellar Cisneros del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Luis Sánchez Jiménez del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Isidro Pedraza Chávez del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Raúl Morón Orozco del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, la cual no se aceptó a discusión; David Monreal Ávila del PT, la cual no se aceptó a discusión; Mario Delgado Carrillo del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Fernando Mayans Canabal del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Armando Ríos Piter del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Zoé Robledo Aburto del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Benjamín Robles Montoya del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Adán Augusto López Hernández del PRD, la cual no se aceptó a discusión; y Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN, la cual fue aceptada por la Asamblea. El artículo 27 fue aprobado con la modificación aceptada por 94 votos en pro y 25 en contra.

Para presentar sus propuestas del artículo 28, intervinieron los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT, la cual no se aceptó a discusión; Isidro Pedraza Chávez del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Dolores Padierna Luna del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Lorena Cuellar Cisneros del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, la cual no se aceptó a discusión; David Monreal Ávila del PT, la cual no se aceptó a discusión; Rabindranath Salazar Solorio del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Angélica de la Peña Gómez del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Fernando Mayans Canabal del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Zoé Robledo Aburto del PRD, la cual no se aceptó a discusión; y Benjamín Robles Montoya del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El artículo 28 fue aprobado en los términos del dictamen por 92 votos en pro y 24 en contra.

Para presentar sus propuestas del Artículo Primero Transitorio, intervinieron los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT, la cual no se aceptó a discusión; Armando Ríos Piter del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Benjamín Robles Montoya del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Zoé Robledo Aburto del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Primero Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 88 votos en pro y 22 en contra.

Para presentar su propuestas del Artículo Segundo Transitorio, intervinieron los senadores: Maki Esther Ortiz González del PAN, retiró su reserva; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Luis Sánchez Jiménez del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Benjamín Robles Montoya del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Layda Sansores San Román, la cual no se aceptó a discusión; Raúl Moron Orozco del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Fernando Mayans Canabal del PRD, la cual no se aceptó a discusión; y Rabindranath Salazar Solorio del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Segundo Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 83 votos en pro y 21 en contra.

Para presentar sus propuestas del Artículo Tercero Transitorio, intervinieron los senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Tercero Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 86 votos en pro y 21 en contra.

Para presentar sus propuestas del Artículo Cuarto Transitorio, intervinieron los senadores: Alejandro Encinas Rodríguez del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Mario Delgado Carrillo del PRD, la cual no se aceptó a discusión; y Armando Ríos Piter del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Cuarto Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 84 votos en pro y 20 en contra.

Para presentar sus propuestas del Artículo Quinto Transitorio, intervino la Senadora Dolores Padierna Luna del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Quinto Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 88 votos en pro y 19 en contra.

En el Artículo Sexto Transitorio, las propuestas de los senadores Dolores Padierna Luna y David Monreal Ávila no fueron aceptadas a discusión. El Artículo Sexto Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 87 votos en pro y 20 en contra.

Para presentar sus propuestas del Artículo Séptimo Transitorio, intervino la Senadora Dolores Padierna Luna del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Séptimo Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 88 votos en pro y 20 en contra.

Para presentar sus propuestas del Artículo Octavo Transitorio, intervinieron los senadores: Manuel Camacho Solís del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, la cual no se aceptó a discusión; y Benjamín Robles Montoya del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Octavo Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 86 votos en pro y 20 en contra.

Para presentar sus propuestas del Artículo Noveno Transitorio, intervinieron los senadores: Zoé Robledo Aburto del PRD, la cual no se aceptó a discusión; y Benjamín Robles Montoya del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Noveno Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 86 votos en pro y 19 en contra.

En el Artículo Décimo Transitorio, se le dio lectura a la propuesta del Senador Isidro Pedraza Chávez del PRD,la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Décimo Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 87 votos en pro y 21 en contra.

Para presentar sus propuestas del Artículo Décimo Primero Transitorio, intervino la Senada Lorena Cuellar Cisneros del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Décimo Primero Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 86 votos en pro y 21 en contra.

En el Artículo Décimo Segundo Transitorio, se les dio lectura a las propuestas de los senadores: Isidro Pedraza Chávez del PRD y Mario Delgado Carrillo del PRD, las cuales nose aceptaron a discusión. El Artículo Décimo Segundo Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 84 votos en pro y 18 en contra.

En el Artículo Décimo Tercero Transitorio, se le dio lectura a la propuesta del Senador Isidro Pedraza Chávez del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Décimo Tercero Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 86 votos en pro y 21 en contra.

Para presentar sus propuestas del Artículo Décimo Cuarto Transitorio, intervino el Senador Mario Delgado Carrillo del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Décimo Cuarto Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 88 votos en pro y 21 en contra.

En el Artículo Décimo Quinto Transitorio, se dio lectura a la propuesta del Senador David Monreal Ávila, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Décimo Quinto Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 88 votos en pro y 21 en contra.

En el Artículo Décimo Sexto Transitorio, se dio lecturaa la propuesta del Senador Rabindranath Salazar Solorio,la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Décimo Sexto Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 85 votos en pro y 20 en contra.

En el Artículo Décimo Séptimo Transitorio, se dio lectura a la propuesta del Senador Benjamín Robles Montoya del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Décimo Séptimo Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 89 votos en pro y 21 en contra.

En el Artículo Décimo Octavo Transitorio, se dio lectura a la propuesta de la Senadora Luz María Beristain Navarrete del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Décimo Octavo Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 88 votos en pro y 21 en contra.

En el Artículo Décimo Noveno Transitorio, se dio lectura a la propuesta del Senador Zoé Robledo Aburto del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Décimo Noveno Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 90 votos en pro y 20 en contra.

En el Artículo Vigésimo Transitorio, no se presentaronlas propuestas de modificación al artículo. El artículo fue aprobado en los términos del dictamen por 90 votos en pro y 21 en contra.

En el Artículo Vigésimo Primero Transitorio, no se presentaron las propuestas de modificación al artículo. El artículo fue aprobado en los términos del dictamen por 90 votos en pro y 21 en contra.

Las adiciones de cinco artículos transitorios fueron retiradas por el Senador Zoé Robledo Aburto del PRD.

Se aprobaron los artículos 25, 27 y 28 y el régimen transitorio del proyecto de Decreto. Se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que informa que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 15 al 20 de diciembre de 2013 para realizaruna visita de estado a Turquía, en cuyo marco tendrá actividades en Ankara, Estambul y Esmirna.- Se remitió la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, propuestas de nombramientos como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un periodo de diez años, a favor de las siguientes personas: David Gustavo Bustos Pérez; Héctor Alejandro Cruz González; Rolando Javier García Martínez; y Fabiola Montes Vega.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma la fracción tercera, Apartados A, párrafo tercero y C, párrafo segundo, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto deDecreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las nueve horas con treinta y seis minutos del miércoles once de diciembre y citó a la siguiente el viernes trece de diciembre a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite su plan anual de trabajo para el segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que remite su programa anual de trabajo para el segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura

Una, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con la que remite su programa anual de trabajo para el segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Se recibió también una comunicación de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, con la que remite su informe de actividades del primer año de ejercicio y su programa anual de trabajo 2013-2014, ambos de la actual legislatura.

Asimismo se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, con la que remite su informe anual de actividades, así como las Memorias de los Foros de Consulta Pública realizados durante el primer año de ejercicio de la actual legislatura.

Una, del Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite su informe de actividades del primer año de ejercicio de esta LXII Legislatura.

Una, de las Senadoras María Lucero Saldaña Pérez, Rosa Adriana Díaz Lizama, Ana Gabriela Guevara y Lilia Guadalupe Merodio Reza, con la que remiten informe de actividades de la reunión anual del "Foro Mundial de Mujeres en los Parlamentos", celebrada los días 27 a 29 de noviembre del año en curso, en Bruselas, Bélgica.

Una, de las Senadoras María Elena Barrera Tapia y Maki Esther Ortiz Domínguez, con la que remiten el informe de su participación en el Foro Mundial de Seguridad Social, celebrado en Doha, Qatar, del 10 al 15 de noviembre de 2013.

Una, del Senador Isidro Pedraza Chávez, con la que remite los informes de sus participaciones en las reuniones de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano, celebradas los días 16 de octubre y 21 y 22 de noviembre del año en curso, en Panamá.

Una, del Senador Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite el informe, en su calidad de Co-vicepresidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, de la reunión de Mesa Directiva Ampliada, celebrada en Puerto Plata, República Dominicana, del 18 al 20 de septiembre de 2013.

Y una de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el informe de su participación en la reunión del Consejo Estratégico Franco Mexicano, que se celebró del 3 al 6 de noviembre del año en curso, en París, Francia.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de cada una de las comunicaciones.






CONTRALORIA INTERNA

Tenemos ahora la discusión del informe detallado y ejecutivo semestral de auditoría del ejercicio presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo de enero a junio de 2013.

A efecto de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el informe detallado y ejecutivo semestral de auditoría del ejercicio presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo enero-junio 2013. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el informe. En consecuencia túrnese a la Auditoría Superior de la Federación el informe detallado y ejecutivo semestral de auditoría del ejercicio presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo enero-juniode 2013.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que precisa que la fecha en que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional, para realizar una visita de Estado a Turquía, que será del 14 al 20 de diciembre de 2013.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada, remita la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, su informe semestral de labores, correspondiente al periodo del 1 de junio al 15 de noviembre de 2013.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Remítase copia de dicho informe a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.






PROTESTA DE LEY

Compañeros Senadores, procederemos ahora a la toma de protesta de Consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a partir de la aprobación del dictamen el pasado martes 10 de diciembre, por el que se designó como integrantes del Consejo Consultivo dela Comisión Nacional de los Derechos Humanos,a los ciudadanos Mariclaire Acosta Urquidi, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón.

En el salón contiguo a este recinto, se encuentran los señores Consejeros, por lo que solicito a las señoras Senadoras y señores Senadores: Arely Gómez González, Mariana Gómez del Campo, Angélica de la Peña Gómez, David Monreal Avila, Lucero Saldaña Pérez y Roberto Gil Zuarth, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Solicito a las señoras Senadoras y señores Senadores ponerse de pie.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Ciudadanos Mariclaire Acosta Urquidi, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido de Consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los CC. Mariclaire Acosta Urquidi, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande.

¡Felicidades, señores Consejeros!

(Aplausos)

Solicito a la comisión designada acompañe a la señora Acosta Urquidi y a los señores Ortiz Mayagoita y Azuela Güitrón, cuando deseen retirarse del salón.

(La comisión cumple)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Continuamos con nuestra sesión.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura a diversos dictámenes, de los cuales la Secretaría dará cuenta.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy cuenta con los dictámenes de primera lectura.

Uno, de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

(Dictamen de primera lectura)








Otro, de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma la fracción II del artículo 127 y adiciona la fracción XXIV al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION II DEL ARTICULO 127 Y ADICIONA LA FRACCION XXIV AL ARTICULO 122 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de primera lectura)








Uno, de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Dictamen de primera lectura)








Uno, de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 62 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de primera lectura)








Uno, de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Dictamen de primera lectura)








Uno, de las Comisiones Unidas de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en Zonas Marinas Mexicanas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE VERTIMIENTOS EN ZONAS MARINAS MEXICANAS

(Dictamen de primera lectura)








PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO28 TER A LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, EN MATERIA DE PATRIMONIO SUBACUATICO

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE CULTURA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores le fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio cultural subacuático, aprobado por la Cámara de Diputados el 20 de marzo de 2013.

Con fundamento en el inciso e) del artículo 72de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación con el proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de bienes culturales subacuáticos, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 20 de septiembre de 2011, el entonces Diputado Armando Jesús Báez Pinal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 28 ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía de la LXI Legislatura de ese órgano legislativo para su estudio y dictamen.

3. La propuesta del entonces Diputado Armando Jesús Báez Pinal fue aprobada con adiciones por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la LXII Legislaturade la Cámara de Diputados el 27 de febrero de 2013.

4. El 20 de marzo de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio subacuático con 435 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. En esa misma fecha es turnado a la Cámara de Senadores para efectos del inciso A del artículo 72 constitucional.

5. El 5 de marzo de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a la Comisión de Cultura de este órgano legislativo el proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio subacuático para su estudio y dictamen.

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio del Proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados a fin de realizar el análisis y viabilidad del mismo.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

El proyecto de Decreto que se analiza corresponde a una propuesta inicialmente presentada durante la Legislatura LXI por el entonces Diputado Armando Jesús Báez Pinal en relación con el patrimonio cultural subacuático, misma que fue objeto de ajustes en su planteamiento original respecto del artículo 28 ter y de la adición de un segundo párrafo al artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 47, todos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos.

La reflexión de los integrantes de las comisiones que concurrieron al dictamen tomaron como base la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, ratificada por México el 5 de junio de 2006 y en vigor desde el 2 de enero de 2009. En ella se establecen bases generales para garantizar la protección de todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años (artículo 1 de la Convención). Dichos vestigios pueden ser sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y los objetos de carácter prehistórico.

Los diputados que suscriben el dictamen tomaron en cuenta el contenido de la Convención en el sentido de que “Nada de lo dispuesto en esta Convención menoscabará los derechos, la jurisdicción ni las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (COMEVAR). La presente Convención se interpretará y aplicará en el contexto de las disposiciones del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y de conformidad con ellas”. Esta fue la principal motivación para modificar la propuesta original, en virtud de que, en opinión de los legisladores, al homologar el patrimonio subacuático con la figura jurídica de monumentos a que se refiere la fracción XXV del artículo 73 constitucional, implicaba la violación del derecho consuetudinario sobre derechos del mar y lo establecido en la COMEVAR, bajo los cuales, los buques a flote o hundidos se consideran propiedad de la nación originaria o de aquella cuyo pabellón porten o hayan portado.

En este sentido es que se considera que la armonización jurídica del patrimonio cultural subacuático al que hace referencia la convención en la materia con la legislación nacional, no podría entrar en colisión con las normas de derecho internacional respecto de la Soberanía y derechos de otro Estado, precisamente por características que, a decir de los diputados que suscriben el dictamen, tienen los monumentos arqueológicos, esto es, inalienables e imprescriptibles. De ahí la adopción en el proyecto de decreto de la definición que la propia Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático establece para este tipo de bienes.

Adicionalmente los legisladores consideraron oportuno añadir dos nuevos párrafos con la finalidad de que la protección del patrimonio cultural subacuático fuera eficaz: un dispositivo que tiene el propósito de que cualquier persona que encuentre bienes de esta naturaleza deberá informarlo a la autoridad más cercana, quien emitirá una constancia y notificará al Instituto Nacional de Antropología e Historia y, por otra parte, un mecanismo para sancionar a quien realice trabajos de exploración submarina en aguas nacionales asociadas a los bienes identificados como patrimonio cultural subacuático.

La propuesta normativa aprobada por los Diputados contiene las modificaciones siguientes respecto del texto vigente de la Ley Federal del Derecho de Autor:

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS,

ARTISTICOS E HISTORICOS

Texto original

Proyecto de decreto

Sin referencia

ARTICULO 28 TER. Constituyen Patrimonio Cultural Subacuático todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua por lo menos durante cien años, tales como: los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y los objetos de carácter prehistórico.

Quedan exceptuados del párrafo anterior los buques y aeronaves de Estados extranjeros, cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, que gocen de inmunidad soberana conforme a derecho internacional.

ARTICULO 29.- Los monumentos arqueológicos muebles no podrán ser transportados, exhibidos o reproducidos sin permiso del Instituto competente. El que encuentre bienes arqueológicos deberá dar aviso a la autoridad civil más cercana. La autoridad correspondiente expedirá la constancia oficial del aviso, o entrega en su caso, y deberá informar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, dentro de las 24 horas siguientes, para que éste determine lo que corresponda.

ARTICULO 29. ...

Quienes encuentren Patrimonio Cultural Subacuático dentro de la Zona Económica Exclusiva Mexicana deberán dar aviso a la autoridad civil más cercana. La autoridad correspondiente expedirá la constancia oficial del aviso o entrega, en su caso, y deberá informar al Instituto Nacional de Antropología e Historia dentro de las 24 horas siguientes para que éste determine lo que corresponda.

ARTICULO 47.- Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de cien a diez mil pesos.

ARTICULO 47. ...

Al que por cualquier medio realice trabajos de exploración submarina en aguas nacionales a fin de descubrir o rescatar Patrimonio Cultural Subacuático a que se refiere el artículo 28 Ter sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

 

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal publicará las reformas conducentes al reglamento correspondiente.

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.-La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, recoge la experiencia que en materia de protección del patrimonio cultural se desarrolló en nuestro país a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica y técnica como desde el punto de vista jurídico. El espíritu normativo de la ley sitúa a la preservación del patrimonio cultural como un asunto de interés social y nacional, y deposita en el orden Federal de gobierno el principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que, en representación del interés público, sean necesarias para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la Nación. La legislación vigente, sustentada en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, inscribe en un régimen de protección los bienes muebles e inmuebles producto de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional antes del establecimiento de la hispánica, los bienes que por determinación de ley o por la vía de declaratoria estén vinculados con la historia de la nación o, bien, fueron destinados al culto religioso, así como aquellos que por sus cualidades revisten un valor estético relevante cuya protección es de interés nacional.

SEGUNDA.- El marco jurídico al que se adscribe el patrimonio cultural bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos le otorga una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, por disposición expresa de la ley, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el caso de los bienes artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de propiedad particular. Esta naturaleza jurídica resume, en gran medida, un debate histórico e ideológico por mantener libres del comercio y del saqueo a los bienes arqueológicos y evitar, entre otros fines, la destrucción de los inmuebles arqueológicos, históricos o artísticos, amenazados por el desarrollo urbano y los intereses inmobiliarios y comerciales. La Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés social y el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son la expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales.

TERCERA.-Con ese mismo espíritu, tanto el Ejecutivo Federal como el Senado de la República han participado en la suscripción y ratificación de diversos tratados internacionales que tienen que ver con la preservación del legado cultural, al que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente identifica bajo la figura de monumentos o zona de monumentos, ya sean arqueológicos, artísticos ohistóricos. Es así como el 5 de junio de 2006 México se suma a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2001, misma que fue ratificada por el Senado de la República el 4 de abril de 2006 y entró en vigor el 2 de enero de 2009. En este instrumento se establecen las bases generales para la preservación de los bienes de interés cultural que, por diferentes razones, han permanecido sumergidos bajo los océanos, mares, lagos o cualquier formación de aguas interiores, y que constituyen expresiones de la historia y la cultura de muchas civilizaciones a lo largo del tiempo. Debe reconocerse que nuestro país es una de las naciones cuyo patrimonio subacuático es de los más abundantes y, por ello, la región ribereña despierta una gran ambición entre los arqueólogos dedicados a este tipo de investigación y que trabajan para agencias internacionales que comercian con estos bienes.

CUARTA.-De manera particular, los naufragios y los cargamentos asociados a los mismos, representan un cúmulo de tesoros históricos de valor incalculable, que han sido sujetos de múltiples amenazas por las cuantiosas ganancias que generan en el mercado ilícito bienes culturales. De ahí que un conjunto relevante de naciones haya ratificado la Convención sobre protección del patrimonio cultural subacuático, uno de cuyos propósitos es preservar para beneficio de la humanidad y preferentemente in situ los bienes de esta naturaleza. Es de señalarse que la convención establece una definición para el patrimonio cultural subactuático amplia, conforme al conjunto de fenómenos que se presentan en diferentes partes de mundo. El texto es el siguiente:

“Constituyen Patrimonio Cultural Subacuático todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua por lo menos durante cien años…”.

QUINTA.-Esta definición se aplica a los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y los objetos de carácter prehistórico. La convención privilegia la cooperación internacional entre los estados parte pero, sobre todo, mantiene un respeto absoluto al derecho consuetudinario y al derecho internacional establecido por la comunidad de naciones a efecto de favorecer la transportación marítima, el comercio internacional y demás intercambios internacionales. En ese contexto conviene citar dos artículos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que establecen las bases jurídicas internacionales respecto del tratamiento de los objetos arqueológicos o históricos hallados en los fondos marinos u oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de una jurisdicción nacional:

Artículo 149

Objetos arqueológicos e históricos

Todos los objetos de carácter arqueológico e histórico hallados en la Zona serán conservados o se dispondrá de ellos en beneficio de toda la humanidad, teniendo particularmente en cuenta los derechos preferentes del Estado o país de origen, del Estado de origen cultural o del Estado de origen histórico y arqueológico.

Artículo 303

Objetos arqueológicos e históricos hallados en el mar

1. Los Estados tienen la obligación de proteger los objetos de carácter arqueológico e histórico hallados en el mar y cooperarán a tal efecto.

2. A fin de fiscalizar el tráfico de tales objetos, el Estado ribereño, al aplicar el artículo 33 (referido a la zona contigua, hasta 24 millas marinas), podrá presumir que la remoción de aquellos de los fondos marinos de la zona a que se refiere ese artículo sin su autorización constituye una infracción, cometida en su territorio o en su mar territorial, de las leyes y reglamentos mencionados en dicho artículo.

3. Nada de lo dispuesto en este artículo afectará a los derechos de los propietarios identificables, a las normas sobre salvamento u otras normas del derecho marítimo o a las leyes y prácticas en materia de intercambios culturales.

4. Este artículo se entenderá sin perjuicio de otros acuerdos internacionales y demás normas de derecho internacional relativos a la protección de los objetos de carácter arqueológico e histórico.

SEXTA.-Dada la naturaleza tan diversa de las disposiciones normativas aplicable a cada uno de los países de la comunidad de naciones, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece enunciados que hacen referencia a objetos de carácter arqueológico e histórico, más que a una definición conceptual estructurada, tal como lo hace la Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, ambas suscritas por nuestro país y aplicables para efecto de los bienes en análisis. Esta estrategia normativa contribuye, bajo un criterio inclusivo, considerar el mayor número de bienes arqueológicos e históricos posibles que eventualmente pueden ser objeto de atención o disputa entre los estados ribereños y de pabellón.

SEPTIMA.-Un precepto esencial para entender el contenido de la Convención sobre la protección del patrimonio cultural arqueológico es el artículo 3, que establece que “Nada de lo dispuesto en esta Convención menoscabará los derechos, la jurisdicción ni las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La presente Convención se interpretará y aplicará en el contexto de las disposiciones del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y de conformidad con ellas”. Desde esta perspectiva, el instrumento internacional del patrimonio subacuático privilegia la preservación, la cooperación internacional de los estados parte y el conocimiento al servicio de la humanidad y deja de lado, por ejemplo, la determinación de la propiedad y jurisdicción aplicable en caso de controversias.

OCTAVA.- Asimismo, el espíritu de esta convención se opone a la explotación comercial, propone la conservación in situ y procura un acceso responsable y no perjudicial para el público. De especial mención resulta el numeral 11 del artículo 2, que señala expresamente que ningún acto o actividad realizado en virtud de la Convención servirá de fundamento para alegar, oponerse o cuestionar cualquier reivindicación de soberanía o jurisdicción nacional respecto del patrimonio localizado.

NOVENA.-La Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático no propone la armonización de las normas jurídicas aplicables en cada país con sus preceptos. Tampoco pretende convertirse en un instrumento para la resolución de conflictos, sino es un medio que sienta las bases de cooperación sobre un lenguaje común entre las naciones que se suscriben a la misma, de modo que puedan cooperar sobre objetivos compartidos que privilegian la preservación de ese tipo patrimonio en beneficio de la humanidad.

DECIMA.- El proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados establece como estrategia normativa para la protección de esta clase de bienes, reproducir la definición de la convención respecto del patrimonio cultural subacuático. De hecho, establece en la ley la denominación como tal, lo cual tiene como consecuencia jurídica que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, además de atender a los bienes inmuebles y muebles que adquieren esta categoría por declaratoria o ministerio de ley, ahora incluya la protección de una categoría de bienes que se denomina patrimonio cultural subacuático. No cabe duda que se trata de un propósito normativo con fines ampliamente justificados, en virtud de que actualmente no se cuenta con normas específicas aplicables a la preservación de esta clase de bienes, circunstancia que deriva regularmente en la interpretación de diferentes instrumentos legales, como son la propia ley de Monumentos y Zonas, la Ley de Bienes Nacionales y la Ley Federal del Mar, entre otras disposiciones.

DECIMA PRIMERA.-Sin embargo, debe insistirse que la fracción XXV del artículo 73 constitucional faculta al Congreso para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional. Desde esa perspectiva no resulta viable jurídicamente adicionar un nuevo concepto a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas, en virtud que el espectro de protección es suficientemente amplio. Asimismo, cabe señalar que las referencias a diferentes tipos de objetos, como son estructuras, edificios, objetos y restos humanos y los demás bienes asociados a ellos, no corresponden en definición a las categorías constitucionales del legado cultural protegido por nuestro país de no asociarse a su adjetivación como arqueológicos, artísticos o históricos.

DECIMA SEGUNDA.- Asimismo, declarar que un bien específico es patrimonio cultural subacuático no lo inscribe en el universo de acciones de preservación o investigación que el Estado mexicano ha previsto para los monumentos arqueológicos, artísticos o históricos. Es decir, se trata de una definición nominativa acorde con la convención pero que no le confiere ninguna condición jurídica que justifique la actuación de la autoridad para su preservación. Es decir, el enunciado no tiene más consecuencia que una designación nominativa que no la hace objeto jurídico regulable.

DECIMA TERCERA.-Cabe señalar que la reforma constitucional que facultó al Congreso de la Unión para legislar sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional se promulgó en el año de 1966 (DOF, 13 de enero de 1966) y de manera posterior se promulgó la Ley Federal del Patrimonio Cultural (DOF, 16 de septiembre de 1970) como la herramienta normativa para garantizar la preservación del patrimonio. Sin embargo, dicho ordenamiento jurídico no se apegó a los contenidos constitucionales y fue abrogado por la actual Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Histórico (DOF, 6 de mayo de 1972). Debe tenerse presente que los preceptos de la ley actual tienen su origen en los textos de las leyes de 1934 y 1970. De hecho, la legislación vigente guarda una estrecha relación con la Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación de 1970, instrumento jurídico cuya vigencia fue abrogada a menos de dos años de su entrada en vigor debido a preceptos inconstitucionales que fueron objetados por miembros de la sociedad, organizaciones sociales y algunas instituciones públicas.

DECIMA CUARTA.- Tal abrogación no significó una ruptura radical con el régimen de protección establecido por el Estado Mexicano, pues se mantuvo el sentido básico de las disposiciones generales de la ley de 1970 y se reprodujo la preeminencia federal en el esquema de protección. El espíritu de la ley fue conservado, pero con un enfoque dirigido hacia las figuras constitucionales, por lo cual, la ley de 1972 aún vigente, representó la ocasión legislativa de enmendar los errores de inconstitucionalidad del texto de 1970. Por ello, su ámbito de protección, correspondiendo con las facultades del Congreso de la Unión en la materia, se circunscribió únicamente a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos cuya conservación fuera de interés nacional, dejando de lado los demás bienes de interés cultural considerados en la ley federal previa.

DECIMA QUINTA.- Esto no quiere decir que los bienes a los que el proyecto de dictamen define como patrimonio cultural subacuático no sean relevantes para el Estado y deba abstenerse de su preservación. Todo lo contrario, la adhesión de nuestro país a la convención ya establece bases para su protección en términos de la cooperación internacional y la aplicación de este instrumento internacional se lleva a cabo conforme lo dispone el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en la legislación en materia de los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Asimismo, como se ha hecho referencia, actualmente la legislación nacional aplicable se encuentra dispersa y requiere de interpretación para su aplicación, en particular, sobre la autoridad responsable de la preservación, respecto de la emisión de permisos para realizar trabajos de exploración, investigación o rescate y, en casos de litigios, para establecer quién representa al Estado mexicano, entre otros temas. No obstante, este hallazgo del proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados revela la necesidad de contar, al menos, con alguna forma de equiparación del patrimonio subacuático con las figuras establecidas en la constitución, sin que necesariamente adquieran todas sus características, en una interpretación similar al patrimonio paleontológico, cuya naturaleza es equiparada con los monumentos arqueológicos, lo que los hace inalienables, imprescriptibles y propiedad de la Nación cuando cumplan con la condición del interés nacional.

DECIMA SEXTA.-La legislación internacional aplicable a los bienes sumergidos establece, en primer término, la necesidad de su protección y salvaguarda, pero al mismo tiempo reconoce en principio la propiedad de Estado de cierto tipo de embarcaciones dependiendo de su pabellón y, asimismo, el que las exploraciones dependan de la zona marítima en la que se localicen. Esta circunstancia no permite una actuación eficaz cuando existe el riesgo de movilidad de los bienes conforme lo establece la legislación internacional por obstrucción de vías marítimas o, bien, en casos de saqueo o destrucción por negligencia. Desde esta perspectiva es necesario crear los medios de actuación de la autoridad para que, conforme la legislación internacional aplicable al Derecho de Mar y la propia Convención sobre protección del patrimonio cultural subacuático, se garantice la preservación y salvaguarda de estos bienes.

DECIMA SEPTIMA.- Desde esta perspectiva, las comisiones que concurren al dictamen son de la opinión de modificar el proyecto de decreto con fundamento en el inciso e) del artículo 72 constitucional en ejercicio de la facultad de cámara revisora y se propone, a partir de considerar los cuidadosos comentarios hechos por la colegisladora, establecer términos de equiparación específicamente para aquellos asuntos que es posible armonizar con la legislación internacional sobre el Derecho del Mar y la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.

DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO DE DECRETO

DECIMA OCTAVA.- Para hacer efectiva la actuación y reconocimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia como autoridad en la materia se propone, en primer término, hacer extensivas y aplicables al patrimonio cultural sumergido, las disposiciones sobre monumentos arqueológicos e históricos, pero únicamente en cuanto a las labores de preservación e investigación, toda vez que los aspectos relativos a la propiedad de los bienes arqueológicos e históricos sumergidos está determinada por el derecho internacional sobre el mar, con independencia de si se encuentra en zonas de mar patrimonial o zonas de mar libre.

DECIMA NOVENA.- De la misma forma, para no incurrir en una denominación que no corresponda a las características señaladas en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, se propone hacer una referencia directa a los bienes a los cuales se pretende incorporar al régimen de preservación e investigación que cumplen con la condición del interés nacional conforme a su contexto arqueológico o histórico. Esto es, se les enuncia conforme a su naturaleza: rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, localizados en la zona marina de los Estados Unidos Mexicanos, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente buques; naves o cualquier otro medio de transporte acuático o parte de estos, localizados en la zona marítima de los Estados Unidos Mexicanos, así como sus cargamentos y demás contenidos, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua, junto con su contexto y entorno natural.

VIGESIMA.- De la misma forma, se propone facultar al Instituto Nacional de Antropología e Historia como el organismo que emita las autorizaciones para la realización de trabajos de exploración o investigación, conforme alos términos que establece la propia Ley Federal para monumentos arqueológicos. Esta circunstancia permitirá establecer un control de parte de la autoridad, a fin de que los bienes arqueológicos o históricos sumergidos, sean objeto de trabajos, preferentemente, de instituciones de educación e investigación.

VIGESIMA PRIMERA.- Los integrantes de las comisiones dictaminadoras comparten la propuesta de los diputados de incorporar como patrimonio cultural subacuático, los elementos incluidos en la definición de la Convención, sin embargo, se hace la con referencia a la figura de monumentos a efecto de facultar al INAH como la instancia con competencia para proteger, preservar e investigar estos bienes. Es decir, se hace la equiparación de los bienes a la figura de monumentos arqueológicos e históricos porque la ley establece que el INAH sólo es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos.

Con base en las consideraciones expuestas, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional, someten a consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente Proyecto de decreto:

“PROYECTO DEDECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 28 TER A LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS.

Artículo Unico. Se adiciona el artículo 28 TER a la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue

Artículo 28 Ter. Las disposiciones sobre preservación e investigación en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos serán aplicables los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, localizados en la zona marina de los Estados Unidos Mexicanos, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua, tales como: los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y los objetos de carácter prehistórico.

Quedan exceptuados del párrafo anterior los buques y aeronaves de Estados extranjeros, cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, que gocen de inmunidad soberana conforme a derecho internacional.

Las autorizaciones para realizar investigación y exploración de los bienes a que se refiere el primer párrafo, se sujetarán a lo establecido en el artículo 30 de esta ley.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario oficial de la Federación.”

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, México, D.F., a 22 de octubre de 2013.

Comisión de Cultura
Comisión de Estudios Legislativos, Primera”.

Uno, de las Comisiones Unidas de Cultura; y Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Y 55 DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, EN MATERIA DE SANCIONES

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES DE CULTURA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores le fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones, aprobado por la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2013.

Con fundamento en el inciso e) del artículo 72de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación con el Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 20 de septiembre de 2011, la entonces Diputada Kenia López Rabadán, Diputada de la LXI Legislatura del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos del capítulo VI. “De las sanciones” de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura de la LXI Legislatura de ese órgano legislativo para su estudio y dictamen.

3. La propuesta de la entonces diputada Kenia López Rabadán fue aprobada con adiciones por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la LXII Legislaturade la Cámara de Diputados el 27 de febrero de 2013.

4. El 29 de abril de 2013,el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones con 439 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. En esa misma fecha es turnado a la Cámara de Senadores para efectos del inciso A del artículo 72 constitucional.

5. El 5 de marzo de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de este órgano legislativo el proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones para su estudio y dictamen.

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio del proyecto de Decreto aprobado por la Cámara de Diputados a fin de realizar el análisis y viabilidad del mismo.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

El proyecto de Decreto que se analiza corresponde a una propuesta inicialmente presentada durante la Legislatura LXI por la entonces Diputada Kenia López Rabadán en relación con el capítulo de sanciones aplicable a los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, misma que fue objeto de ajustes en su planteamiento original respecto de los artículos 47, 49, 52, 53 y 53 quáter, todos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos. La propuesta en general actualizaba y acrecentaba tanto las sanciones pecuniarias como las penas corporales de los delitos que se cometieran en contra de los bienes muebles e inmuebles con calidad de monumentos.

Los integrantes de la colegisladora participan de la idea de que los bienes que integran el patrimonio cultural de México, constituyen una herencia colectiva y el “capital social no renovable” del país que los hace merecedores de su protección y conservación. Y aunque es evidente que las disposiciones normativas no son la única vía para garantizar su preservación, sí contribuyen a persuadir a la sociedad y a la autoridad respecto de su cuidado, además de desincentivar conductas que promueven su comercialización ilícita, tráfico ilegal, coleccionismo irregular e, incluso, su destrucción.

Asimismo, señalan los integrantes de la Comisión de Cultura y de Cinematografía que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es un instrumento normativo que data del año de 1972 y cuya última reforma se llevó a cabo en el año de 1986, por lo cual encuentran viable e indispensable revisar las cuantificaciones previstas en los delitos, tanto en sanciones como en penas corporales, por el hecho de que responden a una realidad completamente diferente, pues han transcurrido casi 42 años desde la promulgación de la ley.

Asimismo, los diputados expresan su conformidad con la inclusión un tipo penal específicos para la protección de los bienes culturales subacuáticos, en correspondencia con la convención sobre la materia de la cual nuestro país forma parte y, asimismo, respecto de la internación irregular al territorio nacional de bienes culturales sujetos a protección por las leyes de sus países de origen, en congruencia con los tratados para prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales.

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, recoge la experiencia que en materia de protección del patrimonio cultural se desarrolló en nuestro país a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica y técnica como desde el punto de vista jurídico. El espíritu normativo de la ley sitúa a la preservación del patrimonio cultural como un asunto de interés social y nacional, y deposita en el orden Federal de gobierno el principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que, en representación del interés público, sean necesarias para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la Nación. La legislación vigente, sustentada en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, inscribe en un régimen de protección los bienes muebles e inmuebles producto de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional antes del establecimiento de la hispánica, los bienes que por determinación de ley o por la vía de declaratoria estén vinculados con la historia de la nación o, bien, fueron destinados al culto religioso, así como aquellos que por sus cualidades revisten un valor estético relevante cuya protección es de interés nacional.

SEGUNDA.- El marco jurídico al que se adscribe el patrimonio cultural bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos le otorga una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, por disposición expresa de la ley, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el caso de los bienes artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de propiedad particular. Esta naturaleza jurídica resume, en gran medida, un debate histórico e ideológico por mantener libres del comercio y del saqueo a los bienes arqueológicos y evitar, entre otros fines, la destrucción de los inmuebles arqueológicos, históricos o artísticos, amenazados por el desarrollo urbano y los intereses inmobiliarios y comerciales. La Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés social y el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son la expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales.

TERCERA.- Con ese mismo espíritu, tanto el Ejecutivo Federal como el Senado de la República han participado en la suscripción y ratificación de diversos tratados internacionales que tienen que ver con la preservación del legado cultural, al que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente identifica bajo la figura de monumentos, ya sean arqueológicos, artísticos ohistóricos, que sean de interés nacional. Desde esa perspectiva, el universo de bienes muebles e inmuebles protegidos por la legislación mexicana, deben cumplir la condición de haber sido declarado monumento por ministerio de ley o, bien, a través de un procedimiento de declaratoria que los adscribe a esta cualidad. Su condición de arqueológico, artístico o histórico lo establecen diversas hipótesis técnicas contenidas en la legislación, dependiendo el tiempo de su edificación o elaboración.

CUARTA.- El proyecto de decreto en análisis hace referencia a las conductas delictivas originadas por el saqueo, destrucción, alteración, comercialización y tráfico ilícito de que son objeto los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Los legisladores integrantes de las comisiones dictaminadoras coinciden en la necesidad de hacer más severas las sanciones en virtud de que, cuando se promulgó la legislación vigente, en el año de 1972, era otra la situación económica en relación con la proporción de las multas aplicables, además de que la incidencia delictiva era menor. Hoy día el saqueo y tráfico ilegal de bienes culturales se ha incrementado sustancialmente, especialmente en piezas arqueológicas e históricas, además de que se han presentado fenómenos de ataque deliberado a monumentos dentro de las propias zonas arqueológicas. Un hecho lamentable que motivo la revisión del catálogo de delitos contemplado en la ley, fue la agresión a cabezas olmecas en el Parque Museo La Venta por integrantes de una secta religiosa que, aduciendo su libertad de expresión, rociaron con sustancias químicas un monumento. El pago de la multa correspondiente y la fianza fijada por la autoridad judicial, de acuerdo con la norma en vigencia, provoca que prácticamente no hayan delincuentes cumpliendo condenas en penales nacionales por los delitos contemplados en la ley, circunstancia que ha propiciado la reincidencia y la percepción del bajo riesgo que implica optar por este tipo de ilícitos. La sentencia firme del juez de la causa penal relacionada con las cabezas olmecas del Parque Museo La Venta, dañadas deliberadamente, fue de un año, por lo que los sentenciados por el delito cumplieron su condena en libertad.

QUINTA.- Por esta razón, los integrantes de las comisiones dictaminadoras participan de la propuesta de revisar el catálogo de delitos propuesto por la Cámara de Diputados en el presente Proyecto de decreto, y comparten el interés por ajustar las sanciones económicas y las penas corporales para ponderar con una visión diferente las conductas más lesivas en contra de los bienes culturales. Lo anterior con la finalidad de desincentivar a las personas que de manera profesional seleccionan, sustraen y comercializan ilícitamente, en México o en el extranjero, bienes arqueológicos, históricos o artísticos de propiedad pública o privada y cuyas consecuencias derivan en una pérdida de valores culturales propios de la identidad de comunidades, pueblos y, en general, de la Nación mexicana.

SEXTA.- Atendiendo a la relevancia del bien jurídico tutelado, los integrantes de la Cámara de Diputados incrementan tanto la sanción pecuniaria como la sanción corporal mínima en cada uno de los delitos considerados en la ley. No obstante que la colegisladora no señala en el cuerpo del dictamen los elementos de ponderación respecto al monto y temporalidad de la acción coactiva del Estado, los integrantes de la comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera consideran que éstas deben equiparase a otros delitos contenidos en el Código Penal Federal, concretamente para tres tipos de conductas ilícitas, entre ellas, los delitos que atentan contra el consumo y riqueza nacionales, el daño en propiedad ajena y el robo. Cada uno de ellos son tomados en cuenta en los elementos que pueden ser equiparables en el sentido del daño que causan a la sociedad.

SEPTIMA.- Quienes participan del dictamen, tienen claro que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad en el artículo 14 la prohibición expresa de establecer por simple analogía penas que no estén debidamente decretadas por una ley, por lo que la referencia a los delitos señalados es únicamente con la finalidad de tener un parámetro analítico para establecer la sanción de las conductas en que se incurre cuando se atenta en contra de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de interés nacional. Por ejemplo, los actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional (artículo 253 del Código Penal Federal), se sancionarán con prisión de tres a diez años y con doscientos a mil días multa. Entre las conductas sancionadas se encuentra el aprovechamiento ilícito de los hidrocarburos y demás derivados del petróleo, así como del robo de energía eléctrica.

OCTAVA.- Asimismo, el daño en propiedad ajena presenta diversas hipótesis. Cuando se realiza a través de actos como explosiones, inundaciones o incendios en bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios y monumentos públicos, se castiga con una pena corporal de cinco a diez años (fracción IV del artículo 397 del Código Penal Federal) y, en los casos de delitos culposos, se establece una multa hasta por el valor del daño causado, más la reparación de éste. En el caso de la sustracción de bienes muebles declarados monumento, se considera una conducta análoga al que comercializa de manera habitual objetos robados a que se refiere el artículo 368 ter del Código Penal Federal, que establece que, si el valor intrínseco es superior a quinientas veces el salario, se sancionará con una pena de prisión de seis a trece años y de cien a mil días multa.

NOVENA.- Debe enfatizarse que las sanciones pecuniarias no pretenden establecer un monto específico respecto del valor en numerario del bien de que se trate, ya sea que se haya dañado o fuese sustraído, en virtud de que, en el caso concreto de los monumentos arqueológicos, por su naturaleza jurídica de inalienables, imprescriptibles y propiedad de la Nación, no están sujetos al comercio. De modo que es imposible establecer una referencia del valor económico de los mismos. En el caso de los monumentos históricos, cuando se trata de bienes propiedad de la Nación, tampoco están sujetos al comercio y, como su condición jurídica no puede alterarse, no se puede establecer un valor económico. Sin embargo, si existen monumentos históricos de propiedad particular sujetos al comercio y traslado de dominio. Esto último también vale para los monumentos artísticos, cuyo carácter más contemporáneo los hace objeto de un mercado de bienes más activo. Sin embargo, lo que aquí se señala es que la sanción aplica como castigo a la conducta ilícita en que se incurra, más que a establecer el valor del bien cultural de que se trate o a la reparación de su daño.

DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO DE DECRETO

DECIMA.- Sin duda resulta de la mayor pertinencia la actualización del catálogo de delitos contenido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, dado que la fijación de las sanciones fueron diseñadas en un contexto totalmente diferente en nuestro país, por lo que, con la finalidad de desincentivar conductas ilícitas que ponen en riesgo el legado histórico y cultural, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República se suman a la propuesta hecha por los legisladores de la Cámara de Diputados, no obstante, en ejercicio de las atribuciones de cámara revisora que les confiere el inciso e) del artículo 72 Constitucional, proponen algunas modificaciones.

DECIMA PRIMERA.- En primer término se propone que las sanciones pecuniarias se calculen con base en la expresión salarios días, en correspondencia al contenido del artículo 29 del Código Penal Federal, a fin de que el pago por daños al Estado se fije con base en la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de que sea consumado el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos. Lo anterior, debido al perfil de las personas que participan de los delitos asociados a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, que incluyen delincuentes comunes hasta bandas que operan de forma coordinada o, bien, exploradores especializados que directamente concurren a los sitios arqueológicos e históricos, hasta personas que fomentan el coleccionismo y cuyos ingresos son muy elevados por estar al final de la cadena delictiva. El texto del artículo de Código Penal es el siguiente:

Artículo 29.- La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño.

La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijará por días multa, los cuales no podrán exceder de mil, salvo los casos que la propia ley señale. El día multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos.

Para los efectos de este Código, el límite inferior del día multa será el equivalente al salario mínimo diario vigente en el lugar donde se consumó el delito. Por lo que toca al delito continuado, se atenderá al salario mínimo vigente en el momento consumativo de la última conducta. Para el permanente, se considerará el salario mínimo en vigor en el momento en que cesó la consumación.

DECIMA SEGUNDA.- En relación con el artículo 49, se considera que por una imprevisión legislativa se homologó la condición jurídica de los monumentos arqueológicos a la de los monumentos históricos y artísticos para los efectos de este precepto, cuando en realidad se trata de naturalezas jurídicas comunes pero que presentan diferencias. Los monumentos arqueológicos son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y todos los que están identificados y los que se localicen están o estarán bajo la jurisdicción Federal. En cambio, tanto los monumentos históricos como los artísticos admiten la propiedad particular y, por lo tanto, son susceptibles del comercio o la exhibición y, aunque están sujetos a las modalidades que impone la legislación, no podría equiparase la comercialización ilícita de un bien arqueológico con la omisión de notificar un acto de traslado de dominio de un monumento histórico o artístico, pues en el primer caso se trata de un delito y en el segundo de una sanción administrativa.

DECIMA TERCERA.- Lo mismo puede señalarse respecto del artículo 50, pues la hipótesis contenida en este precepto se refiere específicamente a los bienes muebles arqueológicos e históricos que se localizan en el contexto de los bienes inmuebles declarados monumentos, hipótesis que no aplica a los monumentos artísticos. En el caso particular de los bienes posteriores a la instalación de la hispánica, la fracción I del artículo 36 a que se hace referencia, define los bienes muebles que por ministerio de ley son monumentos históricos.

DECIMA OCTAVA.- En relación con el artículo 53 bis adicionado, para castigar aquellos delitos relacionados con bienes culturales internados al territorio nacional sin autorización o de manera irregular, los integrantes de la Comisión opinan que no tiene por qué adoptarse la nomenclatura de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos aplicable en nuestro país, toda vez que cada nación establece su propia metodología de protección de bienes y, aunque tengan una denominación similar, las implicaciones jurídicas pueden ser muy diferentes. Por tal razón, se sugiere tomar, en este caso, la referencia a los tratados internacionales para prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales, vigente desde enero de 1973. En tal sentido se propone la siguiente redacción:

Artículo 53 bis.- Al que participe en la internación, saque del país o transferencia la propiedad de bienes culturales infringiendo las disposiciones legales adoptadas en el país de origen de los mismos, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Los bienes de que se trate serán incautados y quedarán a disposición de las autoridades del país de origen.

En este caso en particular, las sanciones pecuniarias se establecen con base en el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en virtud de que podría tratarse de personas que no tengan residencia o autorización para trabajar en el territorio nacional.

DECIMA NOVENA.- Finalmente, a efecto de armonizar las disposiciones sobre fijación de multas respecto del Código Penal Federal, se propone modificar el artículo 54 con la finalidad de hacer el reenvío correspondiente. En tal virtud se propone reformar el segundo párrafo para quedar como sigue:

ARTICULO 54.- A los reincidentes en los delitos tipificados en esta Ley, se les aumentará la sanción desde dos tercios hasta otro tanto de la duración de la pena. La sanción para quienes resulten delincuentes habituales se aumentará de uno a dos tantos de la que corresponda al delito mayor.

Para resolver sobre reincidencia, habitualidad y determinación de multas, se estará a lo dispuesto en el Código Penal Federal.

VIGESIMA.- Para efectos de una mejor comprensión de las modificaciones que tanto el proyecto de decreto aprobado en la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2013, como el proyecto de decreto que se somete en el presente dictamen, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS,

ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

Texto vigente

Proyecto de decreto Cámara de Diputados

Propuesta de modificación

ARTICULO 47.- Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de cien a diez mil pesos.

Artículo 47. Al que por cualquier medio realice trabajos materiales de exploración arqueológica, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sele impondrá prisión de tresa diez años y multa de cien a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el presente artículo, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

ARTICULO 47.- Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de tres a diez años y de mil a tres mil días multa.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el presente artículo, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

ARTICULO 48.- Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de tres mil a quince mil pesos.

Si los delitos previstos en esta Ley, los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.

Artículo 48. Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de dos a doce años y multa de mil a cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Si los delitos previstos en esta Ley, los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

ARTICULO 48.- Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a cinco mil días multa.

Si los delitos previstos en esta Ley los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conformea la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

ARTICULO 49.- Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permisoy la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de mil a quince mil pesos.

Artículo 49. Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico, histórico o artístico mueble, que comercie con él, o que lo trasporte, exhiba o reproduzca, sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie los actos descritos en este artículo, se le incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

ARTICULO 49.- Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a tres mil días multa.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie los actos descritos en este artículo, sele incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

ARTICULO 50.- Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico o un monumento histórico mueble y que éste se haya encontrado en o que proceda de un inmueble a los que se refiere la fracción I del artículo 36, se le impondrá prisión de uno a seis años y multa de cien a cincuenta mil pesos.

Artículo 50. Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico, histórico o artístico mueble, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

ARTICULO 50.- Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico,o un monumento histórico mueble y que éste se haya encontrado en o que proceda de un inmueble a los que se refiere la fracción I del artículo 36, se le impondrá prisión de tres a nueve años y de dos mil a tres mil días multa.

ARTICULO 51.- Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la Ley, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa de tres mil a quince mil pesos.

Artículo 51. Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de él con apego a la Ley, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de mil a tres mil días de Salario Mínimo General vigente para el Distrito Federal.

ARTICULO 51.- Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la Ley, se le impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a tres mil días multa.

ARTICULO 52.- Al que por medio de incendio, inundación o explosión dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

Al que por cualquier otro medio dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

Artículo 52. Al que por cualquier medio, dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de cinco a doce años, multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal y el cargo del costo de la reparación del daño causado.

Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de aplicación de sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal.

ARTICULO 52.- Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de aplicación de sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal.

ARTICULO 53.- Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del Instituto competente, se le impondrá prisión de dos a doce años y multa de cien a cincuenta mil pesos.

Artículo 53. Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del Instituto competente, se le impondrá prisión de cinco a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el párrafo anterior, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

ARTICULO 53.- Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del Instituto competente, se le impondrá prisión de cinco a doce años y de tres mil a cinco mil días multa.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el párrafo anterior, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

 

Artículo 53 Bis. Al que introduzca al territorio nacional bienes culturales considerados como patrimonio cultural artístico, histórico, arqueológico o paleontológico por el país de origen, sin que cuenten con el permiso correspondiente por parte de las autoridades competentes del Estado de origen, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

El bien de que se trate será incautado y se pondrá a disposición del país de origen.

Artículo 53 bis.- Al que introduzca al territorio nacional, saque del país o transferencia la propiedad de bienes culturales, infringiendo las disposiciones legales adoptadas en el país de origen de los mismos, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Los bienes de que se trate serán incautados y quedarán a disposición de las autoridades del país de origen.

ARTICULO 54.- A los reincidentes en los delitos tipificados en esta Ley, se les aumentará la sanción desde dos tercios hasta otro tanto de la duración de la pena. La sanción para quienes resulten delincuentes habituales se aumentará de uno a dos tantos de la que corresponda al delito mayor.

Para resolver sobre reincidencia y habitualidad se estará a los principios del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable en toda la República en materia federal.

Párrafo reformado DOF 23-12-1974

Los traficantes de monumentos arqueológicos serán considerados delincuentes habituales para los efectos de esta Ley.

La graduación de las sanciones a que esta Ley se refiere se hará tomando en cuenta la educación, las costumbres y la conducta del sujeto, sus condiciones económicas y los motivos y circunstancias que lo impulsaron a delinquir.

 

ARTICULO 54.- A los reincidentes en los delitos tipificados en esta Ley, se les aumentará la sanción desde dos tercios hasta otro tanto de la duración de la pena. La sanción para quienes resulten delincuentes habituales se aumentará de uno a dos tantos de la que corresponda al delito mayor.

Para resolver sobre reincidencia, habitualidad y determinación de multas, se estará a lo dispuesto en el Código Penal Federal.

ARTICULO 55.- Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de cien a cincuenta mil pesos, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de reconsideración, en los términos del Reglamento de esta Ley.

Artículo 55. Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

ARTICULO 55.- Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

 

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Con base en las consideraciones expuestas, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional, someten a consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de Decreto:

PROYECTO DEDECRETO QUEREFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS EN MATERIA DE SANCIONES.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52 53, 54 y 55 de la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como siguen:

ARTICULO 47.- Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de tres a diez años y de mil a tres mil días multa.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el presente artículo, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

ARTICULO 48.- Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a cinco mil días multa.

Si los delitos previstos en esta Ley los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

ARTICULO 49.- Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a tres mil días multa.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie los actos descritos en este artículo, se le incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

ARTICULO 50.- Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico, o un monumento histórico mueble y que éste se haya encontrado en o que proceda de un inmueble a los que se refiere la fracción I del artículo 36, se le impondrá prisión de tres a nueve años y de dos mil a tres mil días multa.

ARTICULO 51.- Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la Ley, se le impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a tres mil días multa.

ARTICULO 52.- Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de aplicación de sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal.

ARTICULO 53.- Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del Instituto competente, se le impondrá prisión de cinco a doce años y de tres mil a cinco mil días multa.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el párrafo anterior, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

ARTICULO 54.- A los reincidentes en los delitos tipificados en esta Ley, se les aumentará la sanción desde dos tercios hasta otro tanto de la duración de la pena. La sanción para quienes resulten delincuentes habituales se aumentará de uno a dos tantos de la que corresponda al delito mayor.

Para resolver sobre reincidencia, habitualidad y determinación de multas, se estará a lo dispuesto en el Código Penal Federal.

ARTICULO 55.- Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 53 bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticose Históricos para quedar como sigue:

Artículo 53 bis.- Al que introduzca al territorio nacional, saque del país o transfiera la propiedad de bienes culturales, infringiendo las disposiciones legales adoptadas en el país de origen de los mismos, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Los bienes de que se trate serán incautados y quedarán a disposición de las autoridades del país de origen.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario oficial de la Federación.”

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 22 de octubre de 2013.

Comisión de Cultura
Comisión de Estudios Legislativos, Primera".

Uno, de las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5o., 22, 34 y 34 Bis y se adicionan los artículos 5o. Bis, 5o. Ter y 5o. quáter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de derechos de audiencia.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 5o., SEGUNDO PARRAFO; 22, SEGUNDO PARRAFO; 34, SEGUNDO PARRAFO; Y 34 BIS, TERCER PARRAFO; Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 5o. BIS, 5o. TER Y 5o. QUATER DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, EN MATERIA DE DERECHO DE AUDIENCIA

(Dictamen de primera lectura)

"COMISIONES DE CULTURA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores le fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República proyecto de Decreto que reforma los artículos 5°, segundo párrafo; 22, segundo párrafo; 34, segundo párrafo y 34 bis, tercer párrafo, y adiciona un artículo 5° bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aprobado por la Cámara de Diputados el 20 de marzo de 2013.

Con fundamento en el inciso e) del artículo 72de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación con el Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de derecho de audiencia, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 24 de febrero de 2011, la entonces Diputada Gabriela Cuevas Barrón, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 22, 24 y 34 bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura de la LXI Legislatura de ese órgano legislativo para su estudio y dictamen.

3. El 27 de septiembre de 2011, la Diputada Ana Luz Lobato Ramírez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en nombre y representación de diversos Diputados de los diferentes grupos parlamentarios, en su carácter de Diputada integrante de la LXI Legislatura, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

4. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ordenó el turno a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía.

5. El 20 de marzo de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del proyecto de Decreto que reforma los artículo 5°, segundo párrafo; 22, segundo párrafo; 34, segundo párrafo y 34 bis, tercer párrafo, y adiciona un artículo 5° bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos con 442 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. En esa misma fecha es turnado el expediente a la Cámara de Senadores para efectos del inciso a) del artículo 72 constitucional.

6. El 5 de marzo de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a las Comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera el proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de procedimiento de declaratoria para su estudio y dictamen.

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio del proyecto de Decreto aprobado por la Cámara de Diputados a fin de realizar el análisis y estudio del mismo.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

El proyecto de Decreto que se analiza deriva de dos iniciativas presentadas en el año de 2011 y retoman un tema que durante muchos años se ha discutido: el derecho de audiencia en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Desde la promulgación de la ley en el año de 1972 son diferentes circunstancias las que ha enfrentado la autoridad en materia de preservación de los monumentos de interés nacional, ya que los actos de autoridad tanto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, como del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBA, han sido combatidos en tribunales, en especial los procedimientos de declaratoria para adscribir al régimen de protección bienes muebles e inmuebles que se consideran cumplen con las condiciones y características para protegerlos bajo la figura de monumento.

En ese sentido, los integrantes de las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados reconocen las inconsistencias en el andamiaje legal en materia de monumentos y que las iniciativas de las entonces diputadas Gabriela Cuevas y Ana Luz Lobato Ramírez representan una reflexión crítica para dotar el marco jurídico de los elementos de derecho indispensables para hacerlo congruente con los derechos humanos y fundamentales de la sociedad mexicana.

En opinión de la colegisladora, resultauna omisión el que por décadas no se le haya conferido a la ley de un procedimiento para hacer valer el derecho de audiencia de las personas que eventualmente se ven afectadas por las resoluciones de la autoridad, de modo que no puedan exponer lo que a su derecho convenga. En este sentido, los Diputados que suscriben el dictamen citan las resoluciones que en tesis aisladas ha emitido el Poder Judicial respecto de esta omisión, que implicaron brindar la justicia de amparo a los particulares que solicitaron la protección de la justicia en contra de los actos de autoridad ordenados por el INAH. La conclusión es que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es violatoria de la garantía constitucional de audiencia “consagrado en el artículo 14 Constitucional”, (ahora derecho humano).

El proyecto de decreto aprobado por los integrantes de la Cámara de Diputados establece las siguientes modificaciones: se especifica en el artículo 5° que para la expedición o revocación de la Declaratoria habrá de mediar el procedimiento establecido en el artículo 5 Bis; se desarrolla un procedimiento de derecho de audiencia relativo a los actos de autoridad con motivo de las declaratorias de monumentos y zonas de monumentos en el artículo 5° bis; se adiciona una frase final al artículo 22 para establecer el plazo en que habrá de realizarse la inscripción en el Registro Público de la Propiedad; se reforma el segundo párrafo del artículo 34 para establecer que es necesaria la opinión de la Comisión de Monumentos y Zonas de Monumentos Artísticos en la emisión de una declaratoria; y se reforma el tercer párrafo del numeral 34 Bis para que, posterior a la emisión de la declaratoria provisional, se lleve a cabo el procedimiento establecido en el artículo 5 Bis propuesto en este dictamen, y no se violente la garantía de audiencia de los gobernados.

El texto del proyecto de Decreto es el siguiente:

Artículo 5o. ...

El Presidente de la República, o en su caso el Secretario de Educación Pública, previo procedimiento establecido en el artículo 5 Bis de la presente Ley, expedirá o revocará la declaratoria correspondiente, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 5o. Bis.La expedición de las declaratorias a las que se refiere la presente Ley se sujetará al siguiente procedimiento, y se expedirá previa audiencia que se conceda a los interesados para que manifiesten lo que a su derecho convenga y presenten pruebas y alegatos, de conformidad con lo siguiente:

I. Se iniciará de oficio o a petición de parte; tratándose de declaratorias seguidas a petición de parte, el Instituto competente revisará si la solicitud respectiva reúne los siguientes requisitos:

a. El nombre, denominación o razón social de quien o quienes la promuevan, y en su caso, de su representante legal.

b. Domicilio para recibir notificaciones.

c. Nombre de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones.

d. Información necesaria que permita identificar inequívocamente el bien o zona objeto de la petición de declaratoria.

e. Nombre y domicilio de quienes pudieren tener interés legítimo, en caso de que los hubiere.

f. Hechos y razones por las que considera que el bien o zona de que se trate es susceptible de declaratoria.

II. Dentro de un plazo de diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el Instituto competente emitirá un Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Declaratoria, en caso de que se hayan cumplido los requisitos señalados en la presente fracción; en caso contrario se prevendrá por una sola vez al promovente para que subsane las omisiones dentro de un término de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación del mismo. Transcurrido el término sin que la prevención haya sido desahogada, el trámite será desechado.

Tratándose de monumentos artísticos o zonas de monumentos artísticos, previo a la emisión del Acuerdo, el titular del Instituto Nacional de Bellas Artes enviará la solicitud a la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos. En caso de que la Comisión emita opinión favorable respecto de la expedición de la Declaratoria, el titular de dicho Instituto procederá a emitir el Acuerdo. En caso contrario el procedimiento se dará por concluido debiéndose emitir el acuerdo correspondiente.

El procedimiento de oficio iniciará con el Acuerdo a que se refiere esta fracción, en el caso de monumentos artísticos o zonas de monumentos artísticos, deberá contar con la opinión favorable de la Comisión.

III. El Acuerdo se notificará personalmente al promovente y a quienes pudieran tener interés legítimo.

IV. Tratándose de Declaratorias de zonas de monumentos o cuando se desconozca la identidad o domicilio de quien tenga interés legítimo en un bien que se pretende declarar como monumento, el Instituto competente procederá a realizar la notificación mediante publicaciones que contendrán un resumen del Acuerdo, el área que abarque la poligonal, precisando sus límites, así como la identificación de los inmuebles incluidos dentro del área que se pretende declarar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por tres días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación, en uno de los periódicos diarios de mayor circulación nacional y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la entidad en la que se localice la zona objeto de la declaratoria, dentro de los diez días hábiles siguientes a la emisión de dicho acuerdo.

V. Los interesados tendrán un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación del Acuerdo o de la última de las publicaciones a que se refiere la fracción anterior, para manifestar ante el Instituto competente lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas y alegatos que estimen pertinentes.

VI. Transcurrido el plazo referido en la fracción previa, el Instituto competente enviará al Secretario de Educación Pública el expediente respectivo, junto con su opinión sobre la procedencia de la declaratoria, dentro de un plazo de treinta días hábiles.

VII. Tratándose de una Declaratoria que corresponda expedir al Secretario de Educación Pública, éste tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para emitir una resolución por conducto del Instituto competente y en su caso expedir la Declaratoria.

Tratándose de una Declaratoria que corresponda expedir al Presidente de la República, el Secretario de Educación Pública enviará a aquél el expediente en un plazo de noventa días hábiles. El Presidente de la República tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para emitir una resolución por conducto del Instituto competente y en su caso expedir la Declaratoria.

Dicha resolución será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

VIII. Las resoluciones a que se refiere este artículo podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

IX. Durante la tramitación del procedimiento, el Presidente de la República o el Secretario de Educación Pública, según corresponda, por conducto del titular de Instituto competente, o el Instituto que conozca del procedimiento, podrán dictar las medidas precautorias para preservar y conservar el bien de que se trate, de conformidad con esta Ley, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 22. ...

La declaratoria de que un bien inmueble es monumento, deberá inscribirse, además, en el Registro Público de la Propiedad de su jurisdicción,en un plazo de quince días contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 34. ...

La opinión de la Comisión será necesaria para la emisión de las declaratorias.

...

...

Artículo 34 Bis. ...

...

Dentro del plazo de noventa días que se prevé en este artículo, se dictará, en su caso, un Acuerdo de Inicio de Procedimiento y se seguirá lo previsto en el artículo 5° Bis de la presente Ley. En caso contrario, la suspensión quedará automáticamente sin efectos.

Tomados en cuenta los razonamientos y comentarios hechos al proyecto de decreto por parte de los Diputados, quienes integran las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera hacer las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, recoge la experiencia que en materia de protección del patrimonio cultural se desarrolló en nuestro país a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica y técnica como desde el punto de vista jurídico. El espíritu normativo de la ley sitúa a la protección y conservación del patrimonio cultural como un asunto de interés social y nacional, y deposita en el orden Federal de gobierno el principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que, en representación del interés público, sean necesarias para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la Nación. La legislación vigente, sustentada en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, inscribe en un régimen de protección los bienes muebles e inmuebles producto de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional antes del establecimiento de la hispánica, los bienes que por determinación de ley o por la vía de declaratoria estén vinculados con la historia de la nación o, bien, fueron destinados al culto religioso, así como aquellos que por sus cualidades revisten un valor estético relevante cuya protección es de interés nacional.

SEGUNDA.- El marco jurídico al que se adscribe el patrimonio cultural bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos le otorga una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, por disposición expresa de la ley, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el caso de los bienes artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de propiedad particular. Esta naturaleza jurídica resume, en gran medida, un debate histórico e ideológico para mantener libres del comercio y del saqueo a los bienes arqueológicos y evitar, entre otros fines, la destrucción de los inmuebles arqueológicos, históricos o artísticos, amenazados por el desarrollo urbano y los intereses inmobiliarios. La Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés social y el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son la expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales.

TERCERA.- Además de la protección, la conservación y la recuperación del patrimonio cultural, actividades declaradas de utilidad pública en el artículo 1° de la Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 1970, la Ley Federal sobre Monumentos y zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, que abrogó a aquella, declara de utilidad pública, además, a la investigación y a la restauración de los monumentos y zonas de monumentos, reconocimiento que sitúa a estas actividades como elementos de primer orden en los propósitos de la ley. Desde esta perspectiva, la protección, conservación y recuperación no pueden ser disociadas de las labores de la investigación y restauración.

CUARTA.- Una característica relevante de la Ley promulgada en 1972, fue la introducción del concepto de zona de monumentos, para designar el área específica en la que se localizan diferentes edificaciones, asociadas entre sí, de una misma categoría, ya sean arqueológicas, históricas o artísticas. Esta figura jurídica, sustentada con la Reforma Constitucional a la fracción XXV del Artículo 73 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1966, involucró al titular del Ejecutivo en el procedimiento de las declaratorias de zonas de monumentos como la única autoridad facultada para emitirlas. Además, las zonas de monumentos quedan sujetas a la jurisdicción Federal en lo que se refiere a la salvaguarda de los inmuebles que las integran.

QUINTA.- Cabe destacar que al promulgar la Ley de 1972 se enmendaron imprecisiones y preceptos inconstitucionales del texto de la Ley del Patrimonio Cultural promulgada en 1970, tan sólo dos años antes, tales como la posibilidad de comercializar bienes arqueológicos o, bien, aplicar la figura de utilidad pública a bienes de propiedad particular por el sólo hecho de incrementar los acervos públicos, aspectos que fueron impugnados por organizaciones sociales, académicos e, incluso, instituciones públicas. Asimismo, su ámbito de protección se enmarcó únicamente en las facultades legislativas del Congreso de la Unión en materia de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación fuera de interés nacional, dejando de lado los demás bienes calificados como de interés cultural de acuerdo a ley federal previa. Sin duda, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, como ha sido señalado, representó un esfuerzo genuino por alcanzar un instrumento jurídico que garantizara la protección y conservación efectiva del patrimonio cultural, con apego a los principios constitucionales y a las garantías individuales, sin embargo, con el paso de los años, se hace necesario hacer una reflexión sobre diversos aspectos que han estado presentes en la discusión sobre los bienes que integran el patrimonio cultural de la nación, en particular, sobre el derecho de audiencia, materia del presente dictamen.

SEXTA.- El Proyecto de decreto, señala uno de los temas de mayor debate desde la entrada en vigor de la Ley y que se refiere a la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por razones de orden operativo, la legislación que regula la protección del patrimonio cultural únicamente considera el derecho de audiencia respecto de la obligación de los particulares de inscribir los monumentos de su propiedad en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (segundo párrafo del artículo 23), sin embargo, los propietarios o poseedores de bienes muebles o inmuebles quedan impedidos de exponer lo que a su derecho convenga ante la autoridad en la materia, respecto de los demás actos con motivo de la emisión de los distintos tipos y modalidades de declaratorias de monumentos que involucren bienes de su propiedad, cuyos efectos implican en todos los casos la imposición de modalidades de uso, aprovechamiento y traslado de dominio, a efecto de garantizar su conservación. Esta omisión de la ley ha propiciado la promoción de distintos juicios de garantías en el seno del Poder Judicial de la Nación, órgano que en dos ocasiones ha fallado sobre la inconstitucionalidad de algunos preceptos de la ley, precisamente por carecer de un procedimiento que garantice el derecho de audiencia, dejando sin efectos actuaciones de la autoridad tomadas al amparo de la ley. Bajo esos argumentos, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Elda J. Cantón Campos Viuda de Cásares y otros, en sesión celebrada el veintidós de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, al fallar el amparo en revisión 3153/78 emitió la siguiente tesis aislada:

“MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, LEY FEDERAL SOBRE. ES VIOLATORIA DE LA GARANTIA DE AUDIENCIA CONSAGRADA EN EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. Es inconstitucional la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, porque no prevé un procedimiento para que los afectados impugnen la declaratoria de que un bien es monumento histórico, que emitan las autoridades administrativas; pues como dice la jurisprudencia de este Alto Tribunal, el Poder Legislativo está obligado, según el artículo 14 constitucional, a establecer en las leyes un procedimiento para que los afectados puedan impugnar los actos de aplicación. No obsta a lo anterior el hecho de que, en los artículos 23 y 24, la Ley en cita prevea un recurso de oposición contra la inscripción de la declaratoria en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues la oposición de referencia opera contra la inscripción en el registro, pero no contra la declaratoria de que un bien es monumento histórico, que es la que causa perjuicio, por la serie de obligaciones que impone. Por tanto, si independientemente de la inscripción en el registro, la sola declaratoria impone obligaciones a los afectados (artículos 6o., 7o., 10, 11 y 12, entre otros, de la Ley reclamada) y si la ley no contempla procedimiento o recurso alguno para que los propios afectados impugnen dicho acto de aplicación, ese ordenamiento es violatorio del artículo 14 constitucional.”

(Tesis: P. XXIX/2000; Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI; Marzo de 2000; página: 96)

Asimismo, el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito emitió la siguiente tesis aislada:

MONUMENTO HISTORICO. EL DECRETO A TRAVES DEL CUAL SE DECLARA COMO TAL DETERMINADO BIEN INMUEBLE, SIN QUE PREVIAMENTE SE HAYAN OBSERVADO LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, NI SE ESTABLEZCA RECURSO O PROCEDIMIENTO ALGUNO PARA IMPUGNAR DICHA DECLARATORIA, INFRINGE LA GARANTIA DE AUDIENCIA.

El artículo 14 constitucional consagra la garantía de audiencia, consistente en el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretenda privarlo de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones y, en general, de sus derechos. Así, el decreto a través del cual se declara monumento histórico determinado inmueble, sin que previamente se hayan observado las formalidades esenciales del procedimiento, ni se establezca recurso o procedimiento alguno para que el afectado pueda impugnar dicha declaratoria, infringe la garantía de audiencia. Además, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos no prevé un procedimiento para que el afectado impugne esa declaratoria, pues los artículos 23 y 24 de la ley en cita contemplan un recurso de oposición contra la inscripción en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, pero no contra la declaratoria de un bien inmueble como monumento histórico.

(Tesis: IX.2o.18 A; Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIX, Mayo de 2004; página 1794).

SEPTIMA.- Sumado a lo anterior, debe tenerse presente la jurisprudencia número 45/95 emitida por el Tribunal Supremo en la cual se establece la obligación de garantizar el cumplimiento de las formalidades del procedimiento a los gobernados cuando los actos de autoridad afecten vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos (publicada en el tomo II del Semanario Judicial de la Federación de diciembre de 1995, Novena Época, foja 59):

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.

Asimismo, de acuerdo a resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el establecimiento del procedimiento para garantizar el derecho de audiencia de los ciudadanos constituye una obligación no sólo para las autoridades administrativas sino también, a decir de la corte, para el Poder Legislativo:

“AUDIENCIA, GARANTIA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES.- La garantía de audiencia debe constituir un derecho de los particulares, no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino también frente a la autoridad legislativa, que queda obligada a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. Tal obligación constitucional se circunscribe a señalar el procedimiento aludido; pero no debe ampliarse el criterio hasta el extremo de que los órganos legislativos estén obligados a oír a los posibles afectados por una ley antes de que ésta se expida, ya que resulta imposible saber de antemano cuáles son todas aquellas personas que en concreto serán afectados por la ley y, por otra parte, el proceso de formación de las leyes corresponde exclusivamente a órganos públicos”.

(Tesis de jurisprudencia ochenta, publicada en la página noventa y cuatro, Tomo I, Pleno, Séptima Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco).

“AUDIENCIA, GARANTIA DE, MATERIA ADMINISTRATIVA.- Si algún valor tiene la garantía del artículo 14 constitucional, debe ser, no solamente obligando a las autoridades administrativas a que se sujeten a la ley, sino obligando al Poder Legislativo para que en sus leyes establezca un procedimiento adecuado en que se oiga a las partes. Claro que esto no quiere decir que el procedimiento que establezca la ley, tratándose de procedimientos de autoridad administrativa, sea exactamente igual al procedimiento judicial, pero sí debe estimarse que en un procedimiento administrativo puede caber la posibilidad de que se oiga al interesado y que se le dé oportunidad de defenderse”.

(Tesis publicada en la página cuatrocientos noventa y cuatro, Tomo CII, Quinta Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación).

“AUDIENCIA, GARANTIA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES.- La autoridad legislativa respeta la garantía de audiencia al establecer en la ley respectiva un recurso, mediante el cual los particulares afectados puedan impugnar los actos de las autoridades aplicadoras”.

(Tesis publicada en la página veintitrés, Volumen 157-162, Primera Parte, Pleno, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación).

“ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL, GARANTIA DEL.- La garantía de audiencia que establece el artículo 14 constitucional, no sólo es obligatorio para las autoridades judiciales y administrativas sino que rige también para el Poder Legislativo, el cual está obligado a decretar leyes en las que respete la citada garantía a favor de los particulares, para que estos puedan hacer valer sus derechos”.

(Tesis publicada en la página novecientos sesenta y cuatro, Tomo CVII, Segunda Sala, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación).

OCTAVA.- Los integrantes de las comisiones dictaminadoras son de la opinión de que en la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos se debe incluir, tal como lo proponen los diputados, un procedimiento que permita a los gobernados ejercer el derecho de audiencia de conformidad con el artículo 14 constitucional; no sólo para garantizar una adecuada defensa ante los actos de la autoridad y el respeto por sus bienes, sino también con la finalidad de que las decisiones de la autoridad en relación con los bienes que eventualmente se adscriban al régimen de protección que la ley propone, no queden sin efecto mediante juicios de garantías por el sólo hecho de que la ley es omisa en cuanto al procedimiento. Es previsible que la autoridad, en este caso la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, vean limitada su actuación en cuanto a la integración de los expedientes y la emisión de declaratorias de monumentos y zonas de monumentos por el sólo hecho de la probable oposición de los particulares, quienes podrán promover exitosamente juicios de amparo por la inexistencia de un procedimiento.

NOVENA.-Este hecho es relevante, en virtud de que la autoridad no cuenta con un medio legal para desahogar las impugnaciones que, a través del juicio de amparo, pueden solicitar los particulares cuyas posesiones sean objeto de una declaratoria de adscripción al universo protegido de bienes culturales bajo la figura de monumento. Tal circunstancia pone en entredicho muchas de las decisiones tanto del INAH como del INBA, en virtud de que, por la naturaleza de la resolución del amparo, el acto de autoridad debe extinguirse y las cosas deben volver a su estado original. Esta situación coloca en estado de indefensión a aquellos bienes históricos y artísticos que, teniendo las características para ser protegidos bajo la figura de monumento, no cuentan con tal declaratoria.

DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO DE DECRETO

DECIMA.- Sin duda la reflexión normativa hecha en la Cámara de Diputados representa la oportunidad de dotar de mejores medios legales que respalden la actuación de la autoridad responsable de la conservación, preservación e investigación, en particular, en los procedimientos bajo los que pueden vulnerarse o conculcarse derechos fundamentales de los ciudadanos cuando no se cuenta con un medio de defensa apropiado. El procedimiento de adscripción de un bien cultural mueble o inmueble a un régimen de protección bajo la figura de monumento, implica la imposición de modalidades de uso, conservación y traslado de dominio, incluso, a la propiedad particular, precisamente porque el propósito que se persigue es garantizar la conservación de los bienes y, al mismo tiempo, facilitar su acceso para fines de investigación.

DECIMA SEGUNDA.- Cabe destacar que las declaratorias de monumento o zona de monumentos constituye un acto de autoridad que debe desarrollarse bajo un procedimiento que atienda cada uno de los momentos específicos de la declaratoria y el desahogo apropiado del derecho de audiencia. Por una parte, debe atenderse a las personas o entidades facultadas para dar inicio al procedimiento, a las autoridades involucradas, las notificaciones, el desahogo de los medios de defensa y los periodos respectivos para la emisión de resoluciones. Por la otra, con respecto a los ciudadanos, debe atenderse la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, la oportunidad de alegary el dictado de una resolución que dirima los asuntos debatidos.

DECIMA TERCERA.- Con base en estas consideraciones, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera coinciden en el mismo sentido de reordenar los tres primeros apartados del procedimiento establecido por la colegisladora en el artículo 5° bis original del proyecto de decreto, a fin de afinar los términos del procedimiento y quede firme los requisitos de las solicitudes que se originen a petición de parte; para afinar una referencia a la fracción II que debe dirigirse a la primera y precisar que, cuando se rechaza una solicitud a petición de parte, no es necesario emitir un acuerdo, además de ajustar los conceptos de interés jurídico e interés legítimo señalados en el procedimiento de la Cámara de Diputados.

DECIMA CUARTA.- Cabe destacar que la emisión de declaratorias no es el único acto de autoridad que llevan a cabo el INAH y el INBA en materia de preservación de los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, en virtud de que también se otorgan permisos y autorizaciones, así como notificaciones y resoluciones respecto de otros actos de autoridad, como la suspensión de obras, demoliciones o labores de salvamentos, que atienden situaciones de riesgo de bienes culturales. Desde esta perspectiva, las comisiones que concurren al dictamen son de la opinión que el presente proyecto de decreto representa la oportunidad de incluir la referencia a que cualquier acto de autoridad de los institutos pueda ser recurrido a través de los medios jurídicos contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo con el siguiente texto:

Artículo 5° quáter.- En los demás actos de autoridad a que se refiere la presente ley, diferentes a los señalados en el artículo anterior, se otorgará garantía de audiencia conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Con base en las consideraciones expuestas, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional, someten a consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente Proyecto de decreto:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 5º, SEGUNDO PARRAFO; 22, SEGUNDO PARRAFO; 34, SEGUNDO PARRAFO Y 34 BIS, TERCER PARRAFO, Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 5° BIS, 5° TER Y 5° QUATER, TODOS DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS.

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 5°, segundo párrafo; 22, segundo párrafo; 34, segundo párrafo y 34 bis, tercer párrafo, y se adicionan los artículos 5° bis, 5° ter y 5° quáter, todos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como siguen:

Artículo 5°. ...

El Presidente de la República, o en su caso el Secretario de Educación Pública, previo procedimiento establecido en los artículos 5° bis y 5° ter de la presente Ley, expedirá o revocará la declaratoria correspondiente, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 5° bis.- En los procedimientos de declaratorias que se inicien a petición de parte, la solitud respectiva deberá presentarse ante el Instituto competente y reunir los siguientes requisitos:

a) El nombre, denominación o razón social de quién o quiénes la promuevan y, en su caso, de su representante legal;

b) Domicilio para recibir notificaciones;

c) Nombre de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones

d) La información necesaria que permita identificar inequívocamente el bien o zona objeto de la petición de declaratoria

e) Nombre y domicilio de quienes pudieren tener interés jurídico, si los conociere, y

f) Los hechos y razones por las que considera que el bien o zona de que se trate es susceptible de declaratoria.

Artículo 5° ter.- La expedición de las declaratorias a las que se refiere la presente ley se sujetará al siguiente procedimiento:

I. Se iniciará de oficio o a petición de parte, de conformidad con el acuerdo que al respecto emita el Presidente de la República o el Secretario de Educación Pública, por conducto del titular del Instituto competente, según corresponda, y será tramitado ante este último.

Tratándose de declaratorias seguidas a petición de parte, el Instituto competente revisará si la solicitud respectiva reúne los requisitos señalados en el artículo que antecede, en cuyo caso se admitirá a trámite. En caso contrario, dentro de un plazo de diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el Instituto competente prevendrá por una sola vez al promovente para que subsane las omisiones dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación. Transcurrido el término sin que la prevención haya sido desahogada, el trámite será desechado.

II. El acuerdo de inicio de procedimiento de declaratorias de monumentos se notificará personalmente a quienes pudieren tener interés jurídico y, en su caso, al promovente con un resumen del acuerdo. Tratándose de declaratorias de zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, el Instituto competente procederá a realizar la notificación mediante publicaciones que contendrán un resumen del acuerdo, el área que abarque la poligonal, precisando sus límites, así como la identificación de los inmuebles incluidos dentro del área que se pretende declarar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por tres días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación, en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la entidad en la que se localice la zona objeto de la declaratoria y en uno de mayor circulación nacional, dentro de los diez días hábiles siguientes a la emisión de dicho acuerdo.

Tratándose de declaratorias de monumentos artísticos o de zonas de monumentos artísticos, previo a la notificación de inicio de procedimiento, el titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura enviará el expediente del proyecto de declaratoria a la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos, para los efectos procedentes. En caso de que dicha Comisión Nacional emita opinión favorable respecto de la expedición de la declaratoria, el titular de dicho Instituto procederá en los términos establecidos en esta fracción. En caso contrario, el procedimiento se dará por concluido debiéndose emitir el acuerdo correspondiente por la autoridad que le dio inicio, por conducto del titular del Instituto competente. Si se tratara de una declaratoria seguida a petición de parte, el Instituto notificará la resolución al promovente dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que ésta se emita, concluyendo así el procedimiento.

III. Los interesados tendrán un término de quince días hábiles a partir de la notificación o de la última de las publicaciones a que se refiere la fracción anterior, para manifestar ante el Instituto competente lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas y alegatos que estimen pertinentes.

IV. Manifestado por los interesados lo que a su derecho convenga y presentadas las pruebas y alegatos o transcurrido el término para ello, el titular del Instituto competente enviará al Secretario de Educación Pública el expediente respectivo, junto con su opinión sobre la procedencia de la declaratoria, dentro de en un plazo de treinta días hábiles.

V. Recibido el expediente por el Secretario de Educación Pública, si se tratara de una declaratoria que le corresponda expedir, tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para hacerlo o para emitir resolución en contrario, por conducto del titular del Instituto competente, la cual será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

Si se tratara de una declaratoria que corresponda expedir al Presidente de la República, el Secretario de Educación Pública enviará a aquél el expediente dentro de un plazo de noventa días hábiles. El Presidente de la República expedirá la declaratoria o emitirá resolución en contrario por conducto del titular del Instituto competente, dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles. Dicha resolución será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

VI. Las resoluciones a que se refiere la fracción anterior únicamente podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

VII. Durante la tramitación del procedimiento, el Presidente de la República o el Secretario de Educación Pública, según corresponda, por conducto del titular del Instituto competente, podrá dictar las medidas precautorias para preservar y conservar el bien de que se trate, en términos de esta ley, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

El presente procedimiento no será aplicable en el caso previsto en el artículo 34 Bis de esta ley.

Para lo no previsto en la presente ley se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 5° quáter.- En los demás actos de autoridad a que se refiere la presente ley, diferentes a los señalados en el artículo anterior, la garantía de audiencia se otorgará conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 22. ...

La declaratoria de que un bien inmueble es monumento, deberá inscribirse, además, en el Registro Público de la Propiedad de su jurisdicción,en un plazo de quince días contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 34. ...

La opinión de la Comisión será necesaria para la emisión de las declaratorias.

...

...

Artículo 34 Bis. ...

...

Dentro del plazo de noventa días que se prevé en este artículo, se dictará, en su caso, un Acuerdo de Inicio de Procedimiento y se seguirá lo previsto en el artículo 5° ter de la presente Ley. En caso contrario, la suspensión quedará automáticamente sin efectos.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal publicará las reformas conducentes al reglamento correspondiente.

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 22 de octubre de 2013.

Comisión de Cultura
Comisión de Estudios Legislativos, Primera".

Y siete dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos Humanos, que contienen proyecto de Decreto por los que se aprueban:

El Retiro de la Reserva Expresa Formulada por el gobierno de México al artículo IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio de 1994.






RETIRO DE LA RESERVA EXPRESA FORMULADA POR EL GOBIERNO DE MEXICO AL ARTICULO IX DE LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS, ADOPTADA EN LA CIUDAD DE BELEM, BRASIL, EL 9 DE JUNIO DE 1994, AL DEPOSITAR EL INSTRUMENTO DE RATIFICACION DE LA CONVENCION CITADA

(Dictamen de primera lectura)








El Retiro de la Reserva al Artículo Sexto de la Convención sobre Condiciones de los Extranjeros, formulada por el gobierno mexicano, al proceder el depósito de su instrumento de Ratificación el 28 de marzo de 1931.

RETIRO DE LA RESERVA AL ARTICULO SEXTO DE LA CONVENCION SOBRE CONDICIONES DE LOS EXTRANJEROS, FORMULADA POR EL GOBIERNO MEXICANO, AL PROCEDER EL DEPOSITO DE SU INSTRUMENTO DE RATIFICACION EL 28 DE MARZO DE 1931

(Dictamen de primera lectura)








El Retiro de la Reserva Expresa al artículo 32 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, por lo que se refiere a la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulada por el gobierno de México al artículo 32 de la Convención, al proceder el depósito de su instrumento de Ratificación el 7 de junio de 2000.

RETIRO DE LA RESERVA EXPRESA AL ARTICULO 32 DE LA CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS, POR LO QUE SE REFIERE A LA APLICACION DEL ARTICULO 33 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, FORMULADA POR EL GOBIERNO DE MEXICO AL ARTICULO 32 DE LA CONVENCION, AL PROCEDER EL DEPOSITO DE SU INSTRUMENTO DE RATIFICACION EL 7 DE JUNIO DE 2000

(Dictamen de primera lectura)








El Retiro de la Reserva Expresa al Artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, que se refiere a la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulada por el gobierno de México en el depósito de su instrumento de ratificación en junio del año 2000.

RETIRO DE LA RESERVA EXPRESA AL ARTICULO 31 DE LA CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APATRIDAS, QUE SE REFIERE A LA APLICACION DEL ARTICULO 33 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, FORMULADA POR EL GOBIERNO DE MEXICO EN EL DEPOSITO DE SU INSTRUMENTO DE RATIFICACION EN JUNIO DEL AÑO 2000

(Dictamen de primera lectura)








El Retiro de la Reserva al Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al proceder al Depósito de su Instrumento de Ratificación, en marzo de 1981, formulada por el gobierno de México.

RETIRO DE LA RESERVA AL ARTICULO 13 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, AL PROCEDER AL DEPOSITO DE SU INSTRUMENTO DE RATIFICACION EN MARZO DE 1981, FORMULADA POR EL GOBIERNO DE MEXICO

(Dictamen de primera lectura)








El Retiro de la Reserva Formulada por el gobierno de México al artículo 62 de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos derivados de la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

RETIRO DE LA RESERVA FORMULADA POR EL GOBIERNO DE MEXICO AL ARTICULO 62 DE LA DECLARACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SOBRE LOS CASOS DERIVADOS DE LA APLICACION DEL ARTICULO 33 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)








Y el Retiro de la Reserva Expresa respecto del párrafo cuatro del artículo 22 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios  y de sus Familiares, formulada por el gobierno de México al Depositar su Instrumento de Ratificación.

RETIRO DE LA RESERVA EXPRESA RESPECTO DEL PARRAFO CUATRO DEL ARTICULO 22 DE LA CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES, FORMULADA POR EL GOBIERNO DE MEXICO AL DEPOSITAR SU INSTRUMENTO DE RATIFICACION

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Debido a que los mismos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, quedan de primera lectura.

A continuación, tenemos la segunda lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman  diversos artículos a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de mitigación y adaptación al cambio climático.






DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 17; Y SE ADICIONAN UNA FRACCION XL, RECORRIENDOSE LA ACTUAL EN SU ORDEN, AL ARTICULO 8; UNA FRACCION XVII, RECORRIENDOSE LA ACTUAL EN SU ORDEN, AL ARTICULO 13; Y UNA FRACCION XI AL ARTICULO 86 A LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día,          pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa su segunda lectura.
- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en los términos dispuestos por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Muy buenas tardes compañeras y compañeros Senadores; con el permiso de la Presidencia de nuestra Mesa Directiva.

Vengo a presentarles a ustedes el dictamen que proviene de una minuta de la Cámara de los Diputados y que nos llega a las Comisiones Unidas de Pesca; y de Estudios Legislativos, que tiene como objetivo reformas y adiciones a los artículos 8, 13, 17 y 86 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el objeto de armonizar acciones de mitigación y adaptación del cambio climático a lo que ya estipula la ley respectiva, que es la Ley General del Cambio Climático.

Para ello, quiero comentar con ustedes, que México es un país particularmente vulnerable a los impactos de la variabilidad y el cambio climático.

La adaptación es un elemento imprescindible para ajustarnos ante la variabilidad del clima con el fin de moderar su daño y su impacto.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, reconoce la necesidad de adaptarse a los impactos previsibles de la variabilidad y el cambio climático.

La capacidad de adaptación definida como la habilidad de un sistema para ajustarse al cambio climático para moderar daños posibles, aprovecharse de oportunidades o enfrentarse a las consecuencias, será el mecanismo para reducir la vulnerabilidad en México.

De acuerdo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la falta de información y estrategia sobre cómo hacer frente a los impactos del cambio climático, provocan problemas ambientales, sociales, de salud y económicos, por lo que es necesario encaminar los planes de acción hacia la adaptación, en los cuales se incluya la participación de todos los actores posibles.

El dictamen de la minuta por el cual se modifican los artículos 8, 13, 17 y 86 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, tiene precisamente por objeto incorporar acciones de mitigación y adaptación del cambio climático a esta legislación, problema que deberá ser abordado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

El objeto de la modificación a la ley, es que el gobierno mexicano genere información y conocimiento sobre la vulnerabilidad de las regiones y sectores del país, así como los efectos reales para generar el desarrollo de estrategias claras, pero sobre todo, el trabajo coordinado de las distintas instancias de gobierno y la sociedad.

Los integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado, sabemos que el conocimiento a corto y largo plazo será determinante para la adaptabilidad, puesto que introduce la necesidad de investigar la vulnerabilidad de este sector en todos los niveles para crear políticas públicas que preparen para enfrentar las eventualidades, además de impulsarse la coordinación entre SAGARPA, entidades federativas y municipios; las demás dependencias y entidades de la administración pública federal para implementar y promover acciones necesarias de mitigación y adaptación al cambio climático.

Por lo anterior, le pido a este Honorable Pleno su voto a favor del presente dictamen, con un muy breve cambio al Artículo Segundo Transitorio, que más que nada, se trata de un error en un renglón en el cual por efectos de que fuera más claro, se trató de mejorar. Sin embargo, queda igual a como nos lo enviaron en la minuta, con este cambio que les pido de cómo nos llegó de la Cámara de los Diputados.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Al contrario gracias, Senador López Brito.

En consecuencia, está a discusión dicho dictamen y se ha inscrito oportunamente el Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

En virtud de que no se encuentra el Senador Oscar Román, procedemos a dar el trámite a la propuesta que presentó el Senador Francisco Salvador López Brito, durante su intervención. Por lo cual solicito a la Secretaría que dé lectura a la propuesta y consulte de inmediato a la Asamblea, en votación económica, si se admite para su discusión la propuesta hecha por el Senador Francisco Salvador López Brito.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura.

Actualmente dice:

Debe decir:

 

ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO.- Con la entrada en vigor del presente Decreto, el Poder Ejecutivo Federal deberá revisar y modificar el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en relación con los artículos que reglamenten las disposiciones legales modificadas, en un término que no exceda los 60 días naturales.

 

ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO.- Con la entrada en vigor del presente Decreto, el Poder Ejecutivo Federal deberá revisar y modificar el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en un término que no exceda los 60 días naturales.



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la propuesta del Senador López Brito. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión la propuesta de adición presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito

No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba dicha propuesta.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: No habiendo más oradores sobre este tema, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento. Abrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular, en virtud de que no hubo reservas a dicho proyecto.

Sonido, por favor, al escaño del Senador Pablo Escudero, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para pedirle, si fuera tan amable, de dar unos minutos más, hay muchos compañeros Senadores que están en las comisiones; están trabajando muchas comisiones. Pedirle si puede ampliar otros tres o cuatro minutos para que dé tiempo a que lleguen.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con todo gusto, señor Senador, seguirá abierto por 3 minutos más el sistema electrónico de votación.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 97 votos en pro y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 17; y se adicionan una fracción XL, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 8; una fracción XVII, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 13; y una fracción XI al artículo 86 a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a continuación, a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones del artículo 4o. y se adiciona el artículo 25 Bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, sobre la práctica y desarrollo de la Maricultura.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa su segunda lectura.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES DEL ARTICULO 4o. Y SE ADICIONA EL ARTICULO 25 BIS DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen de segunda lectura)



- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura del dictamen. Quienes porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos dispuestos por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- El C. Senador FranciscoSalvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros Senadores:

A las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, nos fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondientes dos iniciativas con proyecto de Decreto mediante el cual en la primera se reforman diversas fracciones del artículo 4o., y se adiciona el artículo 25 Bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y en una segunda iniciativa se modifica la fracción XXI del artículo 4o., de la ley en referencia.

Estas modificaciones y adiciones tienen como objetivo darle la importancia que tienen dos temas que son fundamentales en la actividad pesquera y económica de nuestro país que es la Maricultura y la Acuacultura, y cuyos términos no estaban debidamente contemplados y sustentados en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Provienen de iniciativas presentadas por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI y por su servidor, del grupo parlamentario del PAN.

Ambas iniciativas tienen como objetivo modificar en el artículo 4o., fracción III, el término: Acuacultura en Aguas Interiores, que es el término utilizado para diferenciar entre la actividad acuícola realizada en aguas sobre la superficie de los continentes, de las que se realizan fuera de éstos.

En la fracción VI, se incluye el término: Aptitud acuícola. En la fracción XVI se incluyen el concepto de centro de aprovechamiento integral acuícola y pesquero, que cuenta con equipamiento adecuado para el desembarque, acopio, conservación, transformación y comercialización y distribución de productos acuícolas y pesqueros.

En el XXIV se agrega: Instituto Nacional de Pesca, se le adiciona el término: “y, acuacultura” el cual no lo venía sustentando.

En el XXVII se agrega el concepto de Maricultura.

En el XXIX se adiciona el concepto de ordenamiento acuícola y ecológico del territorio.

En el XXXIX se agrega el término pesquería basada en la acuacultura.

En el artículo 25 Bis, el concepto que se adiciona es que la Secretaría, que es SAGARPA, fomentará la práctica y desarrollo de la Maricultura para lo cual podrá identificar y determinar las zonas litorales que tengan áreas de aptitud para desarrollarla en congruencia con los ordenamientos ecológicos del territorio y marino en coordinación con las dependencias y entidades federativas competentes y con los sectores interesados, la Federación podrá:

1.- Fomentar la actividad en sus diferentes formas dentro de la columna de agua superficial, media agua y fondo así como cultivos itinerantes.

2.- Promover la realización de planes de desarrollo de la Maricultura a nivel regional, estatal o municipal.

3.- Impulsar el desarrollo de infraestructura vinculada a la cadena de valor como centros de aprovechamiento integral acuícola y pesquero, laboratorios, producción de cría y áreas de capacitación.

Los transitorios que vienen acompañando al presente dictamen son los que presenta el Decreto que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, y, el segundo, que las menciones contenidas en otras leyes, decretos, reglamentos y en general en cualquier disposición respecto al Instituto Nacional de Pesca cuyo nombre se modifica, en virtud de este Decreto se entenderán referidas al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura.

Tercero Transitorio, con entrada en vigor del presente Decreto, el Poder Ejecutivo Federal deberá revisar y modificar el Reglamento de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable en relación con los artículos que reglamenten las disposiciones legales modificadas en un término que no exceda de 60 días naturales.

Cuarto Transitorio, las acciones que en su caso deba realizar la dependencia y entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento a lo dispuestos en el presente Decreto, deberán cubrirse en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Como ven, compañeras y compañeros, el objeto de este dictamen, que les pido su apoyo, es para integrar terminología, nomenclatura y, desde luego, también responsabilidad para hacer de la Maricultura y la Acuacultura alternativas importantes desde el punto de vista pesquero y económico para sustento de todas las familias que dependen de esta cadena de valor comercial.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador López Brito.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 99 votos a favor. Senador Yunes, a favor, Senador Héctor Larios, a favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones del artículo 4o. y se adiciona el artículo 25 Bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

A continuación, tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 213 de la Ley del Seguro Social, en relación con los Convenios de Subrogación de los Servicios de Guardería Infantil.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa su segunda lectura.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 213 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Dictamen de segunda lectura)



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Compañeras y compañeros Senadores:

El Seguro Social a favor de los trabajadores de México y sus familias fue una de las instituciones sociales más importantes fundadas con nuestra Constitución de 1917, el derecho al seguro social en 1943 dio lugar a la creación  del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Hoy en día la institución pública de seguridad social más importante de México y de América Latina, por su cobertura poblacional, como por su cobertura de prestaciones y servicios. Las épocas de mayor crecimiento y expansión del Seguro Social han estado asociadas con el crecimiento del empleo y el incremento de los salarios reales en nuestro país.

Fue precisamente en un escenario como éste en que con la expedición de una nueva Ley del Seguro Social en 1973 y la reforma al artículo 123 constitucional de 1974, que se creó el Seguro de Guarderías para atender las demandas asociadas a una dinámica creciente y de más rápida incorporación de trabajadores y trabajadoras al mercado laboral.

El Seguro de Guarderías del IMSS se diseñó con la finalidad primordial de brindar protección, cuidado y educación a los hijos menores de las trabajadoras durante su jornada de trabajo. El Seguro de Guarderías es un derecho de las hijas e hijos menores de las y los trabajadores;  también es un derecho sin distinción de género de las trabajadoras aseguradas, así como de los trabajadores que lo necesiten.

Al respecto cabe señalar que al cierre de 2012, de poco más de 16 millones de trabajadores permanentes y eventuales inscritos  al IMSS, 64 por ciento eran hombres, esto es 10. 2 millones y 35 por ciento mujeres, esto es 5.8 millones; estas cifras por sí solas indican que hay mucho por hacer como nación por impulsar políticas activas que al mismo tiempo que fomenten el  empleo decente y productivo, promuevan mayor acceso de las mujeres al trabajo formal.

El Seguro de Guarderías se diseñó en sus inicios y así se mantiene en nuestra Constitución y en la ley como una responsabilidad a cargo de los patrones. En este punto debemos recordar con todas sus letras que con la nueva Ley del Seguro Social vigente a partir del 1 de julio de 1997, el ramo de guardería sufrió una merma considerable en su financiamiento.

Al disponerse que de la cuota patronal de guarderías de 1 por ciento del salario se destinara hasta el 20 por ciento para financiar el ramo de prestaciones sociales; no obstante lo anterior, de acuerdo con el informe más reciente, durante el periodo 2002-2012, el instituto aumentó el número de estancias infantiles en operación para atender la demanda creciente por el servicio de guardería, incrementándose en 70.7 por ciento la capacidad instalada, pasando de 140.3 mil lugares en el año 2002 a 240 mil en el 2012.

A pesar de ello, el informe advierte que existe una demanda no atendida del 10.1 por ciento, derivada del desequilibrio entre la composición de la demanda entre las distintas regiones del país y la estructura de la distribución de las salas de atención de guarderías.

El Seguro de Guarderías se diseñó desde sus inicios bajo un esquema que prevé, por una parte, que el IMSS prestará directamente los servicios de guardería infantil, con sus propias instalaciones, y su personal y, por otra parte, que los patrones con guarderías instaladas en sus empresas o establecimientos, prestará dicho servicio en virtud de contratos de revisión de cuotas y contratos      de subrogación de servicios, ello siempre y cuando reúnan los requisitos señalados en las disposiciones emitidas por el Instituto.

En la actualidad, esta disposición se mantiene en sus términos en el artículo 213 de la Ley del Seguro Social en vigor.

El dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 213 de la Ley del Seguro Social, que hoy ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea, tiene como propósito abrir la posibilidad de que dos o más patrones u organizaciones de patrones, puedan celebrar con el Instituto Mexicano  del Seguro Social convenios de subrogación de servicios de guardería infantil, siempre bajo la vigilancia y responsabilidad del propio Instituto.

Se establece con claridad que dicho convenio fijará el plazo de su vigencia, la característica        del servicio subrogado, los pagos que deben hacerse, las formas de cubrirlo, las causas y procedimientos de terminación, así como las demás condiciones pertinentes que para tal efecto señalen las disposiciones que expide el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Con el propósito de asegurar la eficiente  y segura operación de las guarderías infantiles sujetas a dicho convenio, se dispone que los patrones u organizaciones de patrones estarán obligados a proporcionar al Instituto Mexicano del Seguro Social los informes y estadísticas  médicas u administrativas que éste les sugiere y sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancias prescritas por el mismo Instituto.

Asimismo, se establece que el Instituto podrá convenir la revisión de una parte de la cuota patronal en proporción a la naturaleza y cuantía de los servicios proporcionados, conforme a las  disposiciones que al efecto emita el Consejo Técnico.

Cabe precisar, compañeras y compañeros Senadores, que esta visión que se propone se establezca en la ley, no va más allá de lo que las disposiciones reglamentarias vigentes del Instituto Mexicano del Seguro Social ya prevén para regular los convenios de revisión de cuotas y de subrogación de los servicios de guardería infantil.

Por lo tanto, compañeras y compañeros Senadores, la reforma al artículo 213 de la Ley del Seguro Social que se pone a su consideración; en esencia, se mantiene bajo diseño original con el que se fundó el Seguro de Guarderías en el año de 1973. Su propósito es ampliar los convenios, prestación de servicios vigentes a fin de que los patrones puedan asociarse entre sí para brindar           los servicios de guardería infantil a las y los hijos de las trabajadoras y trabajadores, pudiendo incluso prestar dichos servicios a las hijas e hijos menores de trabajadoras de otras empresas o establecimientos y, en todo momento, bajo la vigilancia y responsabilidad  del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Esta es una propuesta de mi amigo, Senador Carlos Mendoza Davis, de Baja California.

¡Felicidades Carlos!

Y enhorabuena, esperamos contar con el voto y el apoyo de cada uno de nosotros para este propósito.

Por su atención, muchas gracias.
- El C. Senador Aispuro Torres: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Informo a la Asamblea que la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, hizo llegar a esta Directiva su participación en este dictamen, la cual se insertará en el Diario de los Debates.

(Intervención de la C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez)



A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Carlos Mendoza Davis: Gracias, señor Presidente, con su venia.

En México el mercado laboral ha evolucionado vigorosamente.

No sólo ahora tenemos la participación femenina, que se ha incrementado, sino que también se ha convertido en una responsabilidad compartida de las parejas, sin la cual difícilmente podríamos entender ahora la nueva realidad del país.

La estabilidad de los hogares mexicanos se entiende por el compromiso de sus mujeres y de sus hombres, por tener un ingreso que reafirme la posibilidad de otorgar oportunidades a su familia o en muchos de los casos, tan sólo procurar el alimento diario.

A este creciente número de parejas que trabajan, habría que agregar aquellas que dependen de una sola jefa o de un jefe de familia, hogares en los que los actores son madre y padre a la vez.

Este nuevo contexto exige construir un país más igualitario, con mayores garantías para la equidad de género y a su vez con mejores servicios por parte del Estado, representa un enorme reto para los gobernantes.

El espíritu de la iniciativa que se vota el día de hoy, radica precisamente en asegurarles a estos padres mayores servicios para que sus hijos vivan su niñez dentro de un ambiente de tranquilidad, aprendizaje y decoro. No podemos, no debemos dejarlos solos.

Una opción viable para enfrentar este nuevo desafío es aumentar la oferta, la cantidad de guarderías. La realidad es que no tenemos suficientes para atender a todos estos padres y madres que requieren ayuda, por lo que de aprobarse esta iniciativa, se trataría de un gran logro para la sociedad, ya que estaríamos  facilitándoles su búsqueda por encontrar estabilidad laboral y, por ende, allanarles este camino  tan competido.

Reconocemos la importante labor del Instituto Mexicano del Seguro Social que ha aumentado la oferta de espacios mediante los instrumentos a su alcance, pero no es suficiente, debemos hacerlo más y hacerlo con creatividad, con innovación y sobre todo, con una gran responsabilidad.

Cuando presenté esta iniciativa con el aval  de mi grupo parlamentario el pasado 21 de febrero, mencioné que en la última década la demanda de lugares de guarderías en el IMSS aumentó de 148 mil a 245 mil. Es decir, 65 por ciento más en tan sólo diez años.

Incluso señalé que hay entidades donde el 30 por ciento de las solicitudes de espacios de guarderías son rechazadas, la demanda está insatisfecha.

Las modificaciones que se pretenden hacer a la Ley del Seguro Social representarán, sin lugar a dudas, un antes y un después en la vida de las familias.

Es un llamado a atender un rezago que está padeciendo nuestro país en el cuidado y atención de las futuras generaciones.

Es un asunto prioritario y de la más alta trascendencia nacional, hablamos del cuidado, la formación y el cariño que se debe dispensar a nuestros hijos.
Llegó el tiempo de dotar al Instituto Mexicano del Seguro Social con nuevos instrumentos para  mejorar el servicio.

Llegó el momento de fortalecerlo  para fortalecernos como país. Mediante este esquema permitiremos a las pequeñas y medianas empresas ubicadas en zonas geográficas determinadas, asociarse y establecer una guardería para los hijos de sus empleadas.

Además, permitirá que varias empresas que individualmente no tengan la  población infantil requerida puedan organizarse y establecer de manera conjunta una guardería, es un esquema práctico, pero más aún creemos que es un esquema responsable.

Compañeros y compañeras legisladores, aumentar el número de guarderías se ha convertido en una vieja promesa sin cumplir en la realidad mexicana. La demanda sigue creciendo y es momento de actuar.

Nos enorgullece el crecimiento y desarrollo laboral de las jefas y jefes de familia, pero esto  también implica que debemos de tomar medidas para no dejarlos desamparados en esta dura tarea.

Debemos permitirles desarrollar su talento y no hay nada mejor que brindándoles la tranquilidad de que sus hijos se encuentren en buenas manos y cerca de sus áreas de trabajo.

Requerimos brindarles las herramientas y condiciones para salir adelante, pero sobre todo, esta ley que hoy votamos tiene un compromiso con los niños de México.

Nuestros hijos tienen el derecho a recibir el cariño, la educación y los cuidados que sus padres no pueden darles por estar luchando, precisamente, para darles la certeza de un porvenir, merecen un trato digno, un trato de igualdad, un trato de respeto.

Son acreedores de la solidaridad y la empatía de una sociedad que quiere verlos crecer y convertirse en mexicanos de bien, en mexicanos de trabajo, en mexicanos comprometidos con los demás.

México siempre ha sabido responder  a las necesidades de aquellos que tienen como defenderse.

México ha procurado el amparo a quién será en su momento el futuro y sostén de la nación.

Estemos hoy, compañeras y compañeros Senadores, a la altura de esa gran tradición, a la medida de este desafío y a la grandeza de esta responsabilidad.

Expresémosle, con el voto a favor de esta iniciativa, nuestro reconocimiento a las mujeres y a los niños y niñas de México. Voten, por favor, a favor de la iniciativa.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Mendoza Davis.

En virtud de que no hay más oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 90 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 213 de la Ley del Seguro Social.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

A continuación, tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2o., 7o., 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para actualizar la denominación de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano.






DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2o., FRACCION XVII; 7o., PRIMER PARRAFO; 23, PRIMER PARRAFO Y 52, SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION TERRITORIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2°, 7°, 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 163 numeral 1, fracción II, 166, 176, 177, 178, 182, 190 192, 193, y 194 del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la citada minuta, se permiten someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la referida minuta y de los trabajos realizados por lascomisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA” se sintetiza la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se expresan las razones que sustentan la valoración de la propuesta de la reforma legal.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria de fecha 3 de abril de 2013, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2°, 7°, 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

2. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadoresdel Congreso de la Unión, de fecha 9 de abril de 2013, la Mesa Directiva informó al Pleno de la recepción de la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2°, 7°, 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

3. En la misma fecha, por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, fue turnada a las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

1. En la minuta se menciona que el abundante flujo migratorio del campo a la ciudad, iniciado a partir de la revolución industrial, dio lugar a la proliferación de grandes urbes que albergan a millones de personas, que este proceso se acentuó en nuestro país durante el último medio siglo, por lo que pasamos de ser un país predominantemente rural a fundamentalmente urbano.

2. Que con fecha 15 de noviembre del año en curso -2012-, los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México, presentaron una iniciativa con proyecto de Decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Que dentro de las diversas reformas planteadas en la iniciativa de los grupos parlamentarios mencionados una estableció la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, señalando que esta nueva dependencia continuaría con la tarea de resolver conflictos agrarios del país, que vigilaría el debido desarrollo de la propiedad agraria y mantendría las políticas de conciliación con grupos campesinos, y que, además, impulsaría políticas con jurisdicción en todo el país para el crecimiento y planeación de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda.

3. Se especificó que además de la materia agraria a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se le transferían, en materia de asentamientos humanos, lo que antes correspondía a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

En la minuta se hace mención que el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fue aprobado en lo general por la H. Cámara de Diputados con 333 votos en pro, 50 en contra y 84 abstenciones, el 22 de noviembre de 2012. Se dice que con respecto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el dictamen establece que:

“…la iniciativa en dictamen propone transformar la Secretaría de Reforma Agraria para convertirla en una dependencia renovada, actualizada, que atienda tanto la población que vive y trabaja en el campo, como los nuevos hechos que en el mundo rural nos plantea como la acelerada conversión de tierras antes de uso agrícola, ganadero o forestal en terrenos urbanos que se incorporan al mapa de las ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por razones de gobernabilidad democrática, de justicia social, de ordenamiento territorial y de protección del medio ambiente, es urgente poner orden a la explosiva expansión de los centros de población urbana, en las ciudades y las metrópolis. La urbanización de México tiene hoy su fase más expansiva y, por ende, más problemática. Es necesario regular, desde el Estado, tal fenómeno”.

4. Se menciona que con fecha 11 de diciembre de 2012, el Senado aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal devolviéndose a la Cámara de Diputados para su análisis.

Que con respecto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el dictamen de la minuta establecía que:

“Estas comisiones dictaminadoras coinciden con la propuesta de la minuta, de convertir la actual Secretaría de la Reforma Agraria en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como se propone en la iniciativa bajo dictamen”.

También se menciona que con fecha 13 de diciembre de 2012 se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones planteadas por la Cámara revisora, turnándose al Ejecutivo Federal para su aplicación en el Diario Oficial de la Federación.

5. Ahora bien, tratándose del contenido de las reformas propuestas en la Minuta en estudio se señala que en tal virtud, el objetivo de las mismas es armonizar la Ley General de Asentamientos Humanos vigente con las reformas hechas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del 2013, en aquellos artículos que la competencia establecida en materia de asentamientos humanos a la Secretaría de Desarrollo Social, señalándose, pasan a la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

III. CONSIDERACIONES

1. De conformidad con el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el dispositivo 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a iniciar leyes o decretos compete a los diputados y senadores del Congreso de la Unión.

2. El artículo 90 de nuestra Carta Marga establece que la Administración Pública Federal será Centralizada y Paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativos de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

3. De esta manera, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establecen las bases de la organización de la Administración Pública Federal, tanto centralizada como paraestatal, es así que con fecha 2 de enero del 2013, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Decreto mediante el cual se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Efectivamente mediante el citado Decreto, se modificó el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con lo que se transformó a la Secretaría de la Reforma Agraria en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

4. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de conformidad al decreto que la crea, asumió, además de continuar a cargo de la solución de conflictos agrarios, la generación de políticas con jurisdicción en todo el país para el crecimiento y planeación de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda. De esta manera, esta dependencia retoma funciones y tareas que le eran propias a la Secretaría de Desarrollo Social. Entre estas funciones, entre otras, se encuentran las de:

a) Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen el crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población; la regularización de los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de asociacionesde usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos; y el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios;

b) Administrar los terrenos baldíos y nacionales y las demasías, así como establecer los planes y programas para su óptimo aprovechamiento;

c) Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración pública Federal competentes, y coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos de las entidades federativas y municipales para la realización de acciones en esta materia, con la partición de los sectores social y privado;

d) Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para el desarrollo urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades; y

e) Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, y con la participación de los diversos grupos sociales.

5. Como se ha descrito en el antecedente uno del presente dictamen, la minuta fue aprobadapor la colegisladora y remitida para su discusión a esta Cámara, ahora bien con la finalidad de cumplir con el objetivo de la Minuta en estudio por la que se reforman los artículos 2°, 7°, 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, en la que se menciona a la Secretaría de Desarrollo Social como la encargada de los temas relacionados con los asentamientos humanos, competencia que deja de tener al tenor de la reforma realizada a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y las cuales son asignadas a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.

6. Ahora bien, al tenor de los antecedentes, contenido y consideraciones que se vienen desarrollando en el presente dictamen estas comisiones dictaminadoras coinciden plenamente con el criterio de la colegisladora en el sentido de actualizar en la Ley General de Asentamientos Humanos la denominación correcta del órgano de la Administración Pública Federal que ha sido modificado de tal suerte que en el caso que nos ocupa y para que dentro del ordenamiento jurídico citado se mencione a laSecretaría de DesarrolloAgrario Territorial y Urbanoque viene a sustituir a la Secretaría de Desarrollo Social en las funciones sobre asentamientos humanos con esto se podrá adecuary actualizarla Ley y así acentuar certeza jurídica plena al ámbito de competencia y atribuciones que tiene dicha Secretaríapara los gobernados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos, Segunda; consideran procedentes los términos propuestos en la Minuta materia del presente dictamen, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 117, 135, 162, 163 numeral 1, fracción II, 166, 176, 177, 178, 182, 188, 190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación de la:

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 2°, fracción XVII; 7°, primer párrafo; 23, primer párrafo y 52, segundo párrafo de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 2°.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XVI. …

XVII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

XVIII. al XXI. …

ARTICULO 7°.- Corresponden a la Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano, las siguientes atribuciones:

I. a XVI. …

ARTICULO 23.- La Comisión de conurbación prevista en el convenio a que se refiere el artículo anterior, tendrá carácter permanente y en ella participarán la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos. Dicha comisión será presidida por un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y funcionará como mecanismo de coordinación institucional y de concertación de acciones e inversiones con los sectores social y privado.

ARTICULO 52.- …

Asimismo, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se coordinarán a efecto de que las acciones e inversiones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan en su caso, con lo dispuesto en esta Ley.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, a 13 de noviembre de 2013.

COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION TERRITORIAL

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se le dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: SeñorPresidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 94 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2o., fracción XVII; 7o., primer párrafo; 23, primer párrafo y 52, segundo párrafo de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

A continuación, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 8 de noviembre de cada año como el “Día del Urbanista Mexicano”.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION DECLARA EL 8 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL “DIA DEL URBANISTA MEXICANO”

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y
ORDENACION TERRITORIAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año, “Día del Urbanista Mexicano”.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Dictaminadoras, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la “Iniciativa con proyecto de Decreto” que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo de “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se describe el alcance de la iniciativa en estudio y análisis.

III. En el capítulo de “ANALISIS DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO”, se estudian las aportaciones del gremio de los urbanistas a efecto del cumplimiento de los derechos humanos.

IV. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Dictaminadoras expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan su resolución.

I. ANTECEDENTES

1. En la sesión ordinaria del 7 de noviembre de 2013, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial del Senado de la República, Senador Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente; y Senadoras Angélica Araujo Lara y Lorena Cuéllar Cisneros, Secretarias, presentaron al Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Decreto.

2. La Mesa Directiva turnó la iniciativa, mediante oficio No. DGPL-1P2A.-3846 de fecha 7 de noviembre del 2013, a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen, siendo recibida el mismo día 7.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En su exposición de motivos los proponentes señalan que en la “Carta mundial por el Derecho a la Ciudad”, se establece el compromiso de las ciudades a desarrollar una planificación garante del equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico, así como impedir la segregación y la exclusión territorial, y priorizar la producción social del hábitat y el cumplimiento de la función social de la ciudad y de la propiedad privada.

Explican que es entendible e innegable que el modo de vida urbano, la manera en que se organizan y estructuran los centros de población, influye en el modo en que nos relacionamos con nuestros semejantes y con el territorio. Que un pueblo en el que se privilegia el orden, la comunicación, la conectividad y la seguridad, proveerá una mayor calidad de vida y salud social; que estos pueblos son producto de una planificación adecuada, llevada a cabo, en el mayor de los casos, por profesionales del urbanismo con un profundo y claro compromiso social.

Señalan que los pueblos anglosajones impulsaron el desarrollo del urbanismo después de la segunda guerra mundial, reconstruyendo las ciudades devastadas. Que en 1949 fue fundada la organización “Día Mundial del Urbanismo”, y que a partir de ese año se celebra el día mundial del urbanismo cada día 8 de noviembre por cerca de 30 países, entre los que se encuentra México.

Describen al urbanismo como un proceso continuo que considera tanto al diseño como temas de reglamentación social, económica y política. Dicen que una ciudad exige tanto la disposición de barrios, industrias y comercios, según criterios estéticos y funcionales así como servicios públicos que estos necesiten, como tener presente el origen, educación, trabajo y aspiraciones de sus residentes, así como el funcionamiento general del sistema económico al que pertenecen además de los cargos que ocupan en este sistema y de las recompensas que éste les proporciona.

Señalan, además, que bajo la lógica anterior el derecho a la ciudad se une fuertemente a los derechos humanos asociados al territorio, que el derecho constitucional a una vivienda digna, al trabajo, a la educación, a la salud, dependen en gran medida de que el primero sea posible, y, este, a su vez, del trabajo de urbanistas.

Los urbanistas, señalan los proponentes, adquieren relevancia para el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, ya que su trabajo impacta con efectos multiplicadores en la forma de vida y en la felicidad de los pueblos. Por ello, consideran, resulta de elemental justicia el reconocimiento, por parte del Congreso, de estos profesionistas que hacen posible no solo la estética de las ciudades, sino también su funcionamiento en términos del cumplimiento de los derechos humanos.

En la exposición de motivos se dice que la literatura especializada coincide en que el proceso de urbanización mundial indica que el crecimiento de la población serádeterminado por la dinámica de las zonas urbanas de los países en desarrollo; que acorde a esta tendencia, nuestras ciudades se han transformado en las últimas décadas presentando discordancias entre el crecimiento poblacional y el de la mancha urbana, ya que la primera crece en mucha menor proporción que el espacio territorial que ocupa, lo que detona graves consecuencias ambientales y financieras públicas, así como en calidad de vida.

Citan que los urbanistas mexicanos señalan una profunda crisis en la planeación urbana, que pone en riesgo a la población y a la viabilidad y gobernabilidad de las zonas metropolitanas. En materia de planeación urbana, dicen, se privilegia una visión de corto plazo regida por la corrupción, la improvisación y los intereses de grupos particulares.

De igual manera, señalan los proponentes, los urbanistas manifiestan su preocupación por el desordenado surgimiento y crecimiento de las ciudades, anarquía que atenta contra el bienestar y nivel de vida. Los urbanistas, dicen, señalan que a tres décadas de promulgada la Ley General de Asentamientos Humanos, el resultado ha sido el fracaso en la planeación urbano regional, por los tres órdenes de gobierno. Por ello, trabajan en “elevar a rango constitucional el derecho a la ciudad”, como un derecho de todos y no de unos cuantos.

Explican los proponentes que los urbanistas mexicanos sugieren aprovechar la experiencia en planeación urbana de otras ciudades del mundo, en las que el trabajo interdisciplinario, la coordinación intergubernamental y el desarrollo de planes rectores de largo plazo, han sido fundamentales; que insisten en que el sistema de planeación urbana en México es anacrónico, superado por una nueva realidad y vulnerado por la corrupción que, entre otros muchos aspectos, trasgrede los usos de suelo.

De lo anterior, concluyen los proponentes, que no resulta difícil comprender la preeminencia de los urbanistas en la consolidación de las ciudades, y en el cumplimiento de los derechos humanos subyacentes; que en nuestro país, actualmente, adquieren notabilidad en el contexto de los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo; y que, al parecer, no existe duda ni desacuerdo de la relevancia de los urbanistas mexicanos en la estructuración, formación y viabilidad de los pueblos y ciudades.

Concluyen proponiendo que el Honorable Congreso de la Unión declare el día 8 de noviembre de cada año, como el “Día del Urbanista Mexicano”.

IV. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, establece que todos los mexicanos tienen derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; a una vivienda digna y decorosa; y, a la cultura física y a la práctica del deporte.

SEGUNDA.- La “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad”, signada por México, establece que el “El derecho a la ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos”. Esto considera“...agua potable; vivienda adecuada; al derecho al desarrollo; a un medio ambiente sano; al disfrute y preservación de los recursos naturales; a la participación en la planificación y gestión urbana y a la herencia histórica y cultural”.

Además, la Carta Mundial señala que “Las ciudades deben desarrollar una planificación, regulación y gestión urbana-ambiental que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico; que impida la segregación y la exclusión territorial; que priorice la producción social del hábitat y garantice la función de la ciudad y de la propiedad…”.

TERCERA.- El urbanismo es la ciencia y técnica de la ordenación de las ciudades y del territorio. Su objeto principal es la planificación de las mismas, los estudios sobre el fenómeno urbano, la acción de la urbanización y la organización de la ciudad y el territorio. Quienes se dedican a esta profesión son los urbanistas, también conocidos como planificadores urbanos.

CUARTA.- Las actividades profesionales de los urbanistas en términos de la anterior consideración resultan, de acuerdo a estas Comisiones Unidas Dictaminadoras, de vital importancia para el cabal cumplimiento a lo obligado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, y con los compromisos adquiridos, sobre la misma materia, al ser firmantes de la “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad”.

Por todo lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos consideran pertinente reconocer la relevancia de las actividades profesionales de los urbanistas mexicanos para que el Estado Mexicano cumpla con los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, en materia de derechos humanos, por tal motivo con fundamento en los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135 numeral 1, fracción I, 182, 190 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Unico.- El Honorable Congreso de la Unión declara el 8 de noviembre de cada año, como el “Día del Urbanista Mexicano”.

Dado en la sede del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION TERRITORIAL
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. En virtud de que no hay oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 79 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 8 de noviembre de cada año, como el “Día del Urbanista Mexicano”.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

A continuación, pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera.

1“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

2“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de aguapara consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

3“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fi n de alcanzar tal objetivo”.

4Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyesen la materia.

5Wikipedia

6Ibid






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION A LA ATMOSFERA

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa su segunda lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa su segunda lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Informo a la Asamblea que la Senadora Ninfa Salinas Sada, hizo llegar a esta Directiva su propuesta de participación en este dictamen que nos ocupa. Por lo cual se insertará de manera íntegra en el Diario de los Debates dicha participación.

(Intervención de la C. Senadora Ninfa Salinas Sada)



En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados para su discusión, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento.



- La C Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 80 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

A continuación, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 48, 54 y Cuarto Transitorio de la Ley General de Turismo, en relación a los prestadores de servicios turísticos.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 48, PARRAFO PRIMERO, 54 Y CUARTO TRANSITORIO, PARRAFO PRIMERO DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE TURISMO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 48, 54 y Cuarto y Octavo Transitorios de la Ley General de Turismo.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 176, 177, 178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la iniciativa antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, presentan a la consideración de esta Soberanía el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma bajo estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

I.- El 28 de febrero de 2013, el Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 48, 54 y Cuarto y Octavo Transitorios de la Ley General de Turismo, misma que fue suscrita por los Senadores, Luz María Beristaín Navarrete, Armando Ríos Piter, Oscar Román Rosas González, Raúl Morón Orozco y Angel Benjamín Robles Montoya.

II. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

III. Una vez remitida la iniciativa a estas Comisiones, se procedió a su estudio, análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Derivado de la Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Controversia Constitucional número 71/2009 en la cual se impugnaba el Decreto por el que se expidió la Ley General de Turismo y se reformaba la fracción sexta y se derogaba la fracción séptima del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la iniciativa en estudio propone reformar los artículos 48, 54, y cuarto y octavo transitorios de la Ley General de Turismo para generar certeza al texto normativo en cuestión y evitar irregularidades de coordinación de oraciones derivadas de la invalidez del primer párrafo del artículo cuarto transitorio de esta ley.

En el caso del artículo 48 primer párrafo, la iniciativa propone, que sea el Reglamento de la Ley, y no la Secretaría de Turismo, quien establezca la información que los prestadores de servicios turísticos deberán proporcionar a las autoridades competentes para su instrucción obligatoria en el Registro Nacional de Turismo.

En lo referente al artículo 54 de la Ley General de Turismo, se propone eliminar la palabra Secretaría y busca establecer que sea en el Reglamento de la Ley, así como en otras disposiciones generales administrativas, las que establezcan los elementos y requisitos que deben cumplir para operar los prestadores de servicios turísticos.

También ésta iniciativa pretende reformar el artículo Cuarto Transitorio, a fin de señalar explícitamente que será el Ejecutivo Federal y no la Secretaría como está actualmente, quien emita el Reglamento de la presente ley. Asimismo, propone suprimir de este artículo, la parte correspondiente a que el Reglamento deberá incluir expresamente la reestructura administrativa de la Secretaría de Turismo.

Finalmente, el legislador adiciona un párrafo al artículo Octavo Transitorio, a fin de que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, informe semestralmente a ambas Cámaras del Congreso de la Unión sobre los avances de las acciones derivadas de la entrada en vigor de la Ley General de Turismo, así como, de las modificaciones a la estructura administrativa de la Secretaría.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de estas Comisiones Unidas coinciden con el promovente de la iniciativa de mérito en el sentido de que la expedición y promulgación de la Ley General de Turismo, significa un avance fundamental para ubicar al turismo como una verdadera prioridad nacional, en tanto que este nuevo marco normativo busca impulsar y fomentar desde una visión federalista, una de las actividades que para México es componente esencial y detonante de su desarrollo económico y social.

Asimismo, señalan que es urgente la plena aplicación de la Ley, para detonar esta actividad, que ha contribuido de manera fundamental a mejorar el nivel de vida de muchos mexicanos por ser una fuente importante de generación de empleos y de divisas.

A fin de ser un destino de clase mundial, México requiere la adopción de medidas que incentiven el sector turístico, implementar las políticas públicas que le den un nuevo impulso, para hacer del turismo una industria competitiva, moderna, sostenible y responsable, lo cual está previsto en la Ley General de Turismo.

El contenido esencial de la resolución de la Controversia Constitucional número 71/2009, radicó en declarar que en materia de turismo el Congreso de la Unión puede legislar, respecto de las bases de coordinación, así como sobre la distribución de competencias entre distintos niveles de gobierno.

No obstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró que es procedente y parcialmente fundada la Controversia Constitucional en cuestión, estableciendo en su resolutivo Cuarto que se declara la invalidez del artículo 54 en la porción normativa que indica: “La Secretaría Mediante” de la Ley General de Turismo publicada el diecisiete de junio de dos mil nueve en el Diario Oficial de la Federación, así como el primer párrafo del artículo Cuarto Transitorio de la misma y en vía de consecuencia, del diverso 48 en la porción normativa de su primer párrafo que indica: “La Secretaría”, en los términos y para los efectos precisados en esta resolución.

En virtud de lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran necesario modificar la Ley General de Turismo, a efecto de dar coherencia a la porción del texto normativo afectado con la declaratoria de invalidez.

En lo relativo al artículo 48 de la citada ley, al declararse inválida la palabra “La Secretaría” estas Comisiones Unidas coinciden con el espíritu de la propuesta realizada por el legislador autor de la iniciativa de mérito, en el sentido de que es necesario modificar la redacción de la ley para establecer con mayor precisión el alcance normativo del precepto, no obstante, para dar una mayor claridad y coherencia a la ley, proponen la siguiente modificación.

TEXTO VIGENTE

 

TEXTO INICIATIVA

 

TEXTO PROPUESTO

Ley General de Turismo

 

Ley General de Turismo

 

Ley General de Turismo

Artículo 48. La inscripción al Registro Nacional de Turismo será obligatoria para los prestadores de servicios turísticos, quienes deberán proveer a las autoridades competentes la información que determine la Secretaría, a través del Reglamento correspondiente.

Los prestadores de servicios turísticos, a partir de que inicien operaciones, contarán con un plazo de treinta días naturales para inscribirse al Registro Nacional de Turismo.

 

Artículo 48. La inscripción al Registro Nacional de Turismo será obligatoria para los prestadores de servicios turísticos, quienes deberán proveer a las autoridades competentes la información que determine el Reglamento de la Ley.

Los prestadores de servicios turísticos, a partir de que inicien operaciones, contarán con un plazo de treinta días naturales para inscribirse al Registro Nacional de Turismo.

 

Artículo 48. La inscripción al Registro Nacional de Turismo será obligatoria para los prestadores de servicios turísticos, quienes deberán cumplir con la información que determine el Reglamento.

Los prestadores de servicios turísticos, a partir de que inicien operaciones, contarán con un plazo de treinta días naturales para inscribirse al Registro Nacional de Turismo.

Es necesario señalar que la modificación propuesta atiende al hecho de que el gobernado en todo momento debe tener certeza jurídica de sus obligaciones previstas en la ley y normas aplicables, por ello, estas Comisiones Legislativas consideran que es en el Reglamento de la Ley donde se establece el alcance de la obligación, sin necesidad de hacer alusión a las autoridades, como actualmente está contemplado en la Ley General de Turismo.

Por otra parte, estas Comisiones señalan que no es necesario establecer que la información será determinada por el Reglamento de la Ley, toda vez que atendiendo a la definición prevista en el artículo 3, Fr. XV, para los efectos de esta ley, se entenderá por Reglamento al de la Ley General de Turismo, por lo que basta con señalar que la información será determinada por el Reglamento.

Con relación a la modificación propuesta al artículo 54 de la ley en cuestión, estas Comisiones Unidas, consideran que la misma es procedente, sin embargo, para otorgar una mayor claridad proponen la siguiente redacción.

TEXTO VIGENTE

 

TEXTO INICIATIVA

 

TEXTO PROPUESTO

Ley General de Turismo

 

Ley General de Turismo

 

Ley General de Turismo

Artículo 54. Para operar, los prestadores de servicios turísticos, deberán cumplir con los elementos y requisitos que determinen la Secretaría mediante las disposiciones reglamentarias correspondientes, y las Normas Oficiales Mexicanas, sin perjuicio de las obligaciones que les sean impuestas por otras autoridades.

 

Artículo 54. Para operar, los prestadores de servicios turísticos deberán cumplir con los elementos y requisitos que determine el Reglamento de la Ley y las Normas Oficiales Mexicanas, así como otras disposiciones generales administrativas que emita la Secretaría, sin perjuicio de las obligaciones que les sean impuestas por otras autoridades.

 

Artículo 54. Para operar, los prestadores de servicios turísticos, deberán cumplir con los elementos y requisitos que determinen el Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas, sin perjuicio de las obligaciones que les sean impuestas por otras autoridades.

Estas Comisiones Unidas consideran que basta con establecer en el texto normativo, que los prestadores de servicios turísticos deberán cumplir con lo señalado en el Reglamento y las Normas Oficiales Mexicana, ya que como lo señala el artículo 56 de la Ley General de Turismo, la Secretaría expedirá las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la prestación de servicios turísticos, por lo que consideran innecesario incluir en el texto de la ley, a otras disposiciones generales administrativas que emita la Secretaría.

Asimismo, reafirman que no es necesario establecer que los elementos y requisitos serán determinados por el Reglamento de la Ley, toda vez que atendiendo a la definición prevista en el artículo 3, Fr. XV, para los efectos de esta ley se entenderá por Reglamento al de la Ley General de Turismo, por lo que basta con señalar que aquéllos serán determinados por el Reglamento.

Por lo que respecta a la modificación propuesta al artículo Cuarto Transitorio, éstas Comisiones Unidas reconocen que de conformidad con el Artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad y obligación exclusiva del Presidente de la República, promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

En este sentido, si bien es cierto que el titular del Ejecutivo de la Unión se encuentra facultado constitucionalmente para expedir el Reglamento de la Ley General de Turismo, estas Comisiones Dictaminadoras consideran adecuado reformar el artículo Cuarto Transitorio de la ley, a fin de armonizarla con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional número 71/2009.

Por otra parte, estas Comisiones Unidas coinciden en la necesidad de suprimir de este artículo transitorio lo referente a la obligación de supeditar la reestructuración administrativa de la Secretaría de Turismo a la expedición del Reglamento. Lo anterior, en virtud de que la organización y funcionamiento de las dependencias del Ejecutivo Federal están sujetas a la disponibilidad presupuestal de las mismas, tal como lo advierte el artículo octavo transitorio de la Ley General de Turismo.

Aunado a lo anterior, es importante señalar que de conformidad con las disposiciones normativas contenidas en los artículos 14, 18 y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, existen disposiciones administrativas específicas, tales como el reglamento interior, manuales de organización, manuales de procedimientos, entre otros, los cuales contienen la estructura orgánica de la dependencia en cuestión, así como las funciones de cada una de sus unidades administrativas.

Finalmente, en cuanto a la propuesta de incorporar un segundo párrafo al Artículo Octavo Transitorio, que obliga al Ejecutivo Federal a informar semestralmente al Congreso de la Unión los avances de la entrada en vigor de la ley, así como las modificaciones a la estructura administrativa de la Secretaría, estas Comisiones Legislativas consideran que la propuesta es improcedente, toda vez que el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Secretarios de Estado podrán ser llamados a comparecer respecto del estado que guarden las Secretarías a su cargo, por lo que en cualquier momento el Congreso de la Unión puede llamar al titular de la Secretaría de Turismo para que informe sobre los avances de la implementación de la ley y de su reestructuración administrativa.

Por todas las consideraciones antes vertidas, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Segunda que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 48, 54 Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE TURISMO.

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 48 párrafo primero, 54 y Cuarto Transitorio párrafo primero de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 48. La inscripción al Registro Nacional de Turismo será obligatoria para los prestadores de servicios turísticos, quienes deberán cumplir con la información que determine el Reglamento.

Artículo 54. Para operar, los prestadores de servicios turísticos, deberán cumplir con los elementos y requisitos que determinen el Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas, sin perjuicio de las obligaciones que les sean impuestas por otras autoridades.

ARTICULOS TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

Cuarto. El Ejecutivo Federal deberá emitir el Reglamento de la presente Ley, dentro de los ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

COMISION DE TURISMO
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa su segunda lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho proyecto. En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados para su discusión, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo generaly en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 82 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 48, párrafo primero, 54 y Cuarto Transitorio, párrafo primero de la Ley General de Turismo.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

A continuación, pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para armonizar la legislación secundaria en materia de búsqueda, rescate, salvamento y protección marítima con la normatividad internacional.






DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE LA LEY DE PUERTOS Y DE LA LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. No habiendo oradores registrados en este tema ni artículos reservados para su discusión en lo particular, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 86 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

A continuación, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Marina; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos, en relación al servicio de pilotaje.






DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS Y LA FRACCION I DEL ARTICULO 44 DE LA LEY DE PUERTOS

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES; DE MARINA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Marina y de Estudios Legislativos del Senado de la República de la LXII Legislatura les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta por la que se remite el expediente del proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 166, 177, 178, 182, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, al tenor de lo siguiente:

METODOLOGIA

Las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la minuta con proyecto de Decreto en comento, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente.

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido de la Minuta” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el capítulo de “Consideraciones” las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de las que Dictaminan.

I. ANTECEDENTES

1.- En fecha 27 de abril de 2010, en Sesión Ordinaria de la LXI Legislatura, el entonces Senador Marco Tulio Munive Temoltzin del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos.

En misma fecha fue turnada a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen.

2.- En fecha 5 de octubre de 2010, la Mesa Directiva del Senado de la República de la LXI Legislatura, autorizó la petición de ampliación de turno, solicitada por la Comisión de Marina.

3.- En sesión ordinaria de fecha 17 de febrero de 2011, el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen correspondiente.

4.- En Sesión Ordinaria de fecha 22 de febrero de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, turnó a las Comisiones Unidas de Marina y Transportes la minuta de referencia.

5.- En fecha 24 de abril de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, aprobó el dictamen a la minuta de referencia en términos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

6.- En fecha 25 de abril de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República de la LXII Legislatura, turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Estudios legislativos, la minuta por la que se remite el expediente del proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

1.- La minuta con proyecto de Decreto a estudio se basa en una iniciativa del entonces Senador Munive Temoltzin, en la que se proponen diversas modificaciones a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y a la Ley de Puertos, destacándose lo siguiente:

1. Se define el concepto de pilotaje y maniobras de pilotaje.

2. Obligación del certificado de competencia en el artículo 8 de la ley.

3. Establecer que el pilotaje es un servicio público.

4. Designar a un piloto coordinador que represente a dicho grupo ante las autoridades.

5. Integrar un Comité Técnico del Servicio de Pilotaje para cada puerto, cuya función será la de seleccionar en igualdad de condiciones a los mejores aspirantes para pilotos de puerto. La integración será tripartita con la participación del Capitán de Puerto, de un capitán de buque y del Piloto Coordinador.

6. Certificación de la calidad de los prácticos para acreditar su capacidad técnica.

7. Se faculta a la Secretaría a expedir los certificados de competencia.

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO. Se reforman la fracción VI del artículo 8; el párrafo primero, segundo, cuarto y quinto del artículo 55; el artículo 56; la fracción III y párrafo segundo del artículo 57. Se adicionan la fracción XIV y XV del artículo 2; un sexto párrafo al artículo 55; el artículo 55 bis; el artículo 56 bis; el artículo 56 bis1; el artículo 56 bis2; la fracción V del artículo 57 Y se deroga la fracción IV del artículo 57; todos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:

Artículo 2.- ….

I a XIII

XIV. Maniobras de pilotaje: la conducción de una embarcación en un puerto o zona de pilotaje, por parte de un piloto de puerto o práctico, para que efectúe la entrada o salida, el atraque o desatraque, el fondeo o cambio de fondeo dentro de la dársena, las enmiendas, el alijo, amarre, desamarre, abarloamiento y desabarloamiento, el arrejeramiento, el acoderamiento, la ciaboga, las maniobras especiales necesarias que autorice el Capitán de Puerto y que convengan los usuarios con los pilotos de puerto, así como las maniobras fortuitas que se determinen necesarias por el Capitán de la embarcación y el piloto de puerto en el momento de la prestación del servicio.

XV. Zona de Pilotaje: los puertos, terminales, terminales costa afuera, marinas, instalaciones portuarias, canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables, delimitadas y aquellas en que se determine como obligatorio el Pilotaje.

Artículo 8.-

I a V

VI. Otorgar permisos y autorizaciones de navegación y para prestar servicios en vías generales de comunicación por agua, así como certificados de competencia, en los términos de esta Ley; vigilar su cumplimiento y revocarlos o suspenderlos en su caso;

Artículo 55.- El servicio de pilotaje o practicaje es de interés público y consiste en conducir una embarcación mediante la utilización por parte del capitán de ésta, de un piloto de puerto o practico para efectuar las maniobras de pilotaje en los puertos y zonas de pilotaje. Su finalidad es garantizar y preservar la seguridad de las embarcaciones, de las instalaciones portuarias, del medio ambiente marino y de la vida humana. La Secretaría determinará la asignación de pilotos, con base en el reglamento, las reglas de pilotaje, las reglas de operación de cada puerto y de acuerdo con las necesidades del tráfico.

El servicio de pilotaje se prestará a toda embarcación mayor en un puerto o zona de pilotaje, así como a las demás que sin estar obligadas, lo soliciten.

La Secretaría determinará, con base en criterios de seguridad, economía y eficiencia, los puertos y zonas de pilotaje en los cuales será obligatorio este servicio.

Corresponderá sólo a los pilotos de puerto tomar las decisiones técnicas tendientes a la seguridad de la navegación.

El servicio público de pilotaje se prestará en forma continua, permanente, uniforme y regular durante todo el año, las veinticuatro horas del día.

Artículo 55 BIS.- El número de pilotos que asigne la Secretaría para prestar el servicio de pilotaje, deberá estar sustentado en que se cumpla con la finalidad del servicio.

La Secretaría determinará la asignación de pilotos de puerto, con base en un procedimiento en el que se consideren, la cantidad de pilotos, el tráfico y la frecuencia del mismo, y el promedio de tiempo de cada maniobra, de manera que el número de pilotos sea tal, que se pueda cubrir la demanda del servicio, sin que el tiempo real de trabajo en veinticuatro horas, rebase el de la jornada que establece la legislación laboral y que garantice la prestación ininterrumpida del servicio.

La Secretaría considerará la opinión del Capitán de Puerto, del Comité de Operación del Puerto y de la representación de los pilotos del lugar, quienes también deberán fundamentar su opinión con base a los elementos precisados en el párrafo anterior.

Si se determina la necesidad de incrementar el número de pilotos de puerto, la Secretaría emitirá la convocatoria pública correspondiente.

Artículo 56.- El servicio público de pilotaje, se considera como un servicio profesional. La Secretaría deberá tomar en cuenta la opinión técnica de los pilotos de puerto cuando la considere necesaria.

Para cada puerto o zona de pilotaje, se integrará un cuerpo de pilotos, con los pilotos de puerto certificados para ejercer en el ámbito geográfico correspondiente sus funciones de dirección técnica.

Artículo 56 BIS.- Para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de pilotaje en condiciones técnicas de seguridad y eficiencia, el cuerpo de pilotos para cada puerto o zona de pilotaje, designará un piloto coordinador, el cual, independientemente de su responsabilidad inherente a la prestación del servicio, tendrá las siguientes funciones:

I. Representar al cuerpo de pilotos ante las autoridades correspondientes en los aspectos técnicos del servicio;

II. Informar al Capitán de Puerto de los pilotos de puerto que están en servicio;

III. Registrar ante la Capitanía de Puerto el programa de turnos rigurosos del servicio de pilotaje, coordinar y vigilar su cumplimiento, para garantizar la continuidad y seguridad del servicio.

IV. Auxiliarse de los pilotos de puerto que se encuentren de servicio, para el ejercicio de sus funciones;

V. Proponer las medidas que tiendan a mejorar el servicio de pilotaje;

VI. Verificar junto con el Capitán de Puerto que los remolcadores que auxilian las maniobras de pilotaje reúnan las condiciones de potencia y maniobrabilidad requeridas para el servicio e informar a la Secretaría de las anomalías o deficiencias;

VII. Dirigir las condiciones técnicas del servicio de Pilotaje, y

VIII. Proponer a la Capitanía de Puerto los calados y dimensiones máximos que hagan seguras las maniobras.

Artículo 56 TER.- Para cada puerto o zona de pilotaje, la Secretaría conformará un Comité Técnico del Servicio de Pilotaje que estará integrado por el Capitán de Puerto, por un capitán de buque y por el piloto coordinador. Dicho Comité será presidido por el capitán de puerto, el cual será el encargado de llevar a cabo los concursos públicos de selección para piloto de puerto.

Artículo 57.-

I a II

III. Contar con el certificado de competencia para el puerto respectivo o zona de pilotaje, expedido por la Secretaría;

IV. Se deroga.

V. Realizar prácticas obligatorias en el puerto o zona de pilotaje donde se aspire a prestar el servicio, las cuales deberán llevarse a cabo bajo la instrucción y estricta supervisión de los pilotos de puerto que designe el Comité Técnico del Servicio de Pilotaje, quienes a su vez tendrán la obligación de emitir dichas instrucciones.

La Secretaría estará facultada para implementar la certificación de calidad de los programas de capacitación de los pilotos de puerto.

ARTICULO SEGUNDO. Se reforma la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos para quedar como sigue:

Artículo 44.-

I. Servicios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interna, tales como el remolque, amarre de cabos y lanchaje;

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Tercero. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deberá emitir las adecuaciones reglamentarias que se requieran con motivo del presente decreto de reformas legales en un plazo que no excederá de seis meses a partir de su entrada en vigor.

2.- Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Estudios legislativos del Senado de la República de la LXI Legislatura, acreditadas para la elaboración del dictamen, aprobaron la reforma considerando las siguientes modificaciones:

1. Se define sólo el concepto de pilotaje.

2. Se omite la propuesta de señalar al piloto de puerto como el único que puede tomar decisiones técnicas tendientes a la seguridad de la navegación, considerando que el piloto no es una autoridad.

3. Se sustituye el término “funciones” por “atribuciones” respecto al pilotaje.

4. La propuesta de adicionar el artículo 55 Bis resulta improcedente.

5. Se modificó la redacción del artículo 56.

6. Se desechó la propuesta de que los pilotos pertenezcan a un cuerpo de pilotos.

7. Inviable la adición al artículo 56 Bis.

8. Se hacen precisiones a la redacción en general para armonizar los conceptos.

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO: Se reforma la fracción VI del artículo 8; los párrafos primero, segundo, cuarto y quinto del artículo 55; primer párrafo del artículo 56; la fracción III y párrafo segundo del artículo 57. Se adiciona la fracción XIV del artículo 2; el párrafo sexto al artículo 55; y la fracción V al artículo 57. Y se deroga la fracción IV del artículo 57, todos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:

Artículo 2.- ….

I a XIII …

XIV. Pilotaje es la actividad eminentemente intelectual, que realiza de forma directa y sin intermediarios una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, consistente en realizar maniobras con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje.

Artículo 8.- …

I a V …

VI. Otorgar permisos y autorizaciones de navegación para prestar servicios en vías generales de comunicación por agua, así como certificados de competencia, en los términos de esta Ley; vigilar su cumplimiento y revocarlos o suspenderlos en su caso;

VII a XXII …

Artículo 55.- El servicio de pilotaje o practicaje es de interés público. La Secretaría determinará la asignación de pilotos de puerto, con base en el reglamento, las reglas de pilotaje, las reglas de operación de cada puerto y de acuerdo con las necesidades del tráfico.

El servicio de practicaje o de pilotaje se prestará a toda embarcación mayor en un puerto o zona de pilotaje, así como a las demás que sin estar obligadas, lo soliciten.

La Secretaría determinará, con base en criterios de seguridad, economía y eficiencia, los puertos y zonas de pilotaje en los cuales será obligatorio este servicio, mismos que serán prestados en la forma que prevenga el reglamento correspondiente y las reglas de operación de pilotaje de cada puerto. La Secretaria estará facultada de acuerdo a dichos criterios, a establecer en el reglamento de operación de pilotaje de cada puerto, los supuestos mediante los cuales se exima de la obligatoriedad del servicio de pilotaje.

En el ámbito de sus atribuciones y responsabilidad corresponderá sólo a los pilotos de puerto tomar las decisiones técnicas tendientes a la seguridad de la navegación.

El servicio público de pilotaje se prestará en forma continua, permanente, uniforme, regular y por turnos durante todo el año, las veinticuatro horas del día.

Artículo 56.- En todo lo relativo al servicio de pilotaje, el reglamento correspondiente y las reglas de operación de pilotaje de cada puerto que expida la Secretaría, contendrán los elementos mínimos que establezca el reglamento de la presente ley. El servicio público de pilotaje, se considera como un servicio profesional. La Secretaría deberá tomar en cuenta la opinión técnica de los pilotos de puerto cuando la considere necesaria.

Artículo 57.- …

I a II …

III. Contar con el certificado de competencia y la autorización para prestar el servicio de pilotaje para el puerto respectivo o zona de pilotaje, expedido por la Secretaría;

IV. Se deroga.

V. Realizar prácticas obligatorias en el puerto o zona de pilotaje donde se aspire a prestar el servicio.

La Secretaría estará facultada para implementar la certificación de calidad de los programas de capacitación de los pilotos de puerto.

SEGUNDO: Se reforma la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos, para quedar como sigue:

Artículo 44.-

I. Servicios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interna, tales como el remolque, amarre de cabos y lanchaje;

II. … y III. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

3.- La Cámara de Diputados aprobó la minuta de referencia y devolvió el proyecto a la Cámara de Senadores en términos de la fracción e) de la constitución, destacándose las siguientes:

1. Se modificó el artículo 2º

a. Se redefine el concepto de “pilotaje o practicaje”

b. Se define el concepto de “zona de pilotaje”.

2. Se modificó el artículo 55 en general y además:

a. Se armoniza lo concerniente al practicaje o pilotaje y zona de pilotaje.

b. Se realiza una precisión respecto a las atribuciones y responsabilidades de los pilotos.

3. Se eliminó el artículo 55 Bis.

4. Se modificó la redacción de la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos con objeto de que se establezca que el servicio de pilotaje se regirá por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y Reglamentos aplicables.

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO: Se reforman los artículos 8, fracción VI; 55, párrafos primero, segundo, cuarto y quinto; 56; 57, fracciones III y IV, y se adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 2; un párrafo sexto al artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:

Artículo 2.- ….

I a XIII …

XIV. Pilotaje o practicaje: Es la actividad que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje.

XV. Zona de Pilotaje: los puertos, terminales costa afuera, marinas, instalaciones portuarias, canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables, delimitadas y aquellas en que se determine como obligatorio el Pilotaje.

Artículo 8.- …

I a V …

VI. Otorgar permisos y autorizaciones de navegación para prestar servicios en vías generales de comunicación por agua, así como certificados de competencia, en los términos de esta Ley; vigilar su cumplimiento y revocarlos o suspenderlos en su caso;

VII a XXII …

Artículo 55.- El servicio de pilotaje o practicaje es de interés público. La Secretaría determinará la asignación de pilotos de puerto, con base en el reglamento correspondiente, las reglas de pilotaje, las reglas de operación de cada puerto y de acuerdo con las necesidades del tráfico.

El servicio de practicaje o de pilotaje, se prestará a toda embarcación mayor quearribe o zarpe de un puerto ozona de pilotaje y que esté legalmente obligada a utilizarlo, así como a las demás que sin estar obligadas, lo soliciten.

La Secretaría determinará, con base en criterios de seguridad, economía y eficiencia, los puertos, zonas de pilotaje, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables en las cuales sea obligatoria la utilización del servicio de pilotaje, mismos que será prestado en la forma que prevenga el Reglamento correspondiente y las reglas de pilotaje de cada puerto. Asimismo, la Secretaria estará facultada de acuerdo a dichos criterios, a establecer las reglas de pilotaje de cada puerto, los supuestos mediante los cuales se exima de la obligatoriedad del servicio de pilotaje.

En el ámbito de sus atribuciones y responsabilidad, corresponderá sólo a los pilotos de puerto tomar decisiones técnicas tendientes a la seguridad de la navegación y la vida humana en el mar, así como la protección del ambiente marino.

El servicio público de pilotaje o practicaje se prestará en forma continua, permanente, uniforme, regular y por turnos durante todo el año, las veinticuatro horas del día, exceptuado los periodos en que el estado del tiempo, las marejadas o corrientes y la saturación del puerto impidan prestar ininterrumpidamente el servicio de pilotaje, y cuando el servicio sea alterado por causas de interés público o cuando así lo determine la autoridad competente.

Artículo 56.- En todo lo relativo al servicio de pilotaje, el Reglamento correspondiente y las reglas de pilotaje de cada puerto que expida la Secretaría, contendrán los elementos mínimos que establezcan el Reglamento de la presente Ley y la Ley de Puertos. El servicio público de pilotaje, se considera como un servicio profesional. La Secretaría deberá valorar las consultas técnicas que le formulen a los pilotos o prácticos de puerto y a todas las partes interesadas en la operación de cada puerto.

Artículo 57.- …

I a II …

III. Contar con el certificado de competencia y la autorización para prestar el servicio de pilotaje para el puerto respectivo o zona de pilotaje, expedido por la Secretaría, y

IV. Realizar prácticas obligatorias en el puerto y zona de pilotaje donde se aspire a prestar el servicio.

SEGUNDO: Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos, para quedar como sigue:

Artículo 44.-

I. …

El servicio de pilotaje se regirá por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y Reglamentos aplicables.

II. … y III. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del presente Decreto, se llevarán a cabo con base en la disponibilidad presupuestaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Una vez establecidos los antecedentes y el contenido de la minuta con proyecto de Decreto a estudio, las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, elaboraron el proyecto correspondiente con base en las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

A. El Congreso de la Unión se encuentra acreditado para legislar en materia de aguas de jurisdicción federal, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se cuenta con la facultad de reformar la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, cuyo objeto es el de regular las vías generales de comunicación por agua, la navegación y los servicios que en ellas se prestan, la marina mercante mexicana, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo.

B. Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Estudios Legislativos, del Senado de la República de la LXII Legislatura consideran que para un mayor entendimiento y comprensión de las modificaciones propuestas por la minuta se presenta a continuación un cuadro comparativo entre el texto vigente y las modificaciones contenidas en la minuta, así como una columna con las observaciones y comentarios correspondientes:

Ley de Navegación y Comercio Marítimos

Texto Vigente

Minuta Cámara de Diputados

Observaciones

Artículo 2

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

Artículo 2. ...

 

I. a XIII.

I. a XIII. ...

 

 

(Sin correlativo)

 

XIV. Pilotaje o practicaje: Es la actividad que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico          o piloto de puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda,          atraque o desatraque con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el medio  ambiente marino, la seguridad        de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje.

 

El artículo 55 de la LNCM (vigente) establece:

El servicio de pilotaje o practicaje es de interés público y consiste en conducir una embarcación mediante la utilización por parte de los capitanes          de éstas, de un piloto o practico de puerto para efectuar las maniobras         de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque en los puertos.”

La intención de la minuta es  trasladar la definición del pilotaje del artículo 55 al artículo 2º.
La modificación no descontextualiza el sentido del artículo 55.

Trasladar el concepto de pilotaje al artículo en          el que se definen los conceptos más relevantes de la ley se justifica en virtud de la importancia del servicio del pilotaje.

(Sin correlativo)

 

XV. Zona de Pilotaje: Los puertos, terminales, terminales costa afuera, marinas, instalaciones portuarias, canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables, delimitadas y aquellas en que se determine como obligatorio el Pilotaje.

 

En armonía al inciso anterior, definir la “zona  de pilotaje” encuentra          su fundamento en la necesidad de delimitar el área en las que los pilotos podrán prestar sus servicios.

Artículo 8

Artículo 8.- Son atribuciones de la Secretaría, sin perjuicio de las que correspondan a otras dependencias de la Administración Pública Federal:

Artículo 8.-…

 

I. a V.

I. a V.

 

VI. Otorgar permisos           y autorizaciones de navegación y para   prestar servicios en         vías generales de comunicación por agua, en los términos de         esta Ley; vigilar                   su cumplimiento y revocarlos o suspenderlos en su caso;

VI. Otorgar permisos y autorizaciones de navegación para prestar servicios en vías generales de comunicación por agua, así como certificados de competencia, en          los términos de esta Ley; vigilar           su cumplimiento y revocarlos o suspenderlos en su caso;

Si bien es cierto que el artículo 57 de la LNCM (vigente) prevé como requisito que el piloto obtenga el certificado de competencia como prueba de su capacidad profesional, el artículo 8º no considera esta especificación, por lo que se justifica la viabilidad de la propuesta, en aras de contribuir con la armonía de la ley.

VII. a XXII. ...

VII.- a XXII.-…

 

Artículo 55

Artículo 55. El servicio de pilotaje o practicaje es de interés público y consiste en conducir una embarcación mediante la utilización por parte de los capitanes de éstas, de un piloto o practico de puerto para efectuar las maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque en los puertos. Su finalidad es garantizar y preservar la seguridad de las embarcaciones e instalaciones portuarias. La Secretaría determinará la asignación de pilotos, con base en el reglamento correspondiente y  en las reglas de operación de pilotaje de cada puerto.

Artículo 55. El servicio de pilotaje o practicaje es de interés público  y consiste en conducir una embarcación mediante la utilización por parte de los capitanes de éstas, de un piloto o practico de puerto para efectuar las maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque en los puertos. Su finalidad es garantizar y preservar      la seguridad de las embarcaciones  e instalaciones portuarias. La Secretaría determinará la asignación de pilotos de puerto, con base en el reglamento correspondiente, y en las reglas de operación de pilotaje, las reglas de operación de pilotaje de cada puerto y de acuerdo con las necesidades del tráfico.

Extraer de este artículo la definición del servicio de pilotaje no rompe con el espíritu del artículo.

Incluir en este artículo que la asignación de pilotos de puerto tomará en cuenta las reglas de operación de cada puerto y las necesidades  de tráfico, representan insumos valiosos que se deben de considerar.

 

 

El servicio de pilotaje,             se prestará a toda embarcación mayor que arribe o zarpe de un puerto y que esté legalmente obligada a utilizarlo, así como a las demás que sin estar obligadas, lo soliciten.

 

El servicio de practicaje o de pilotaje, se prestará a toda embarcación mayor que arribe o zarpe de un puerto ozona de pilotaje y que esté legalmente obligada a utilizarlo, así como a las demás que sin estar obligadas, lo soliciten.

 

Esta modificación atiende la armonía que busca la reforma respecto al practicaje y pilotaje, a partir de lo establecido en el artículo 32 constitucional.

 

El pago por la prestación del servicio de pilotaje será el que se indique           en la tarifa respectiva autorizada por la Secretaría.

 

….

 

 

La Secretaría determinará, con base en los criterios de seguridad, economía y eficiencia, los puertos, áreas de fondeo, áreas de seguridad y        vías navegables en las cuales sea obligatoria la utilización del servicio de pilotaje, mismo que será prestado en la forma que prevenga el reglamento correspondiente y las reglas de operación de pilotaje de cada puerto. Asimismo, la Secretaría estará facultada de acuerdo a dichos criterios, a establecer          en el reglamento de operación de pilotaje de cada puerto, los supuestos mediante los cuales se exima de la obligatoriedad del servicio de pilotaje.

 

La Secretaría determinará, con base en los criterios de seguridad, economía y eficiencia, los puertos, zonas de pilotaje, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables en las cuales sea obligatoria la utilización del servicio de pilotaje, mismo que será prestado en la forma que prevenga el Reglamento correspondiente y las reglas de operación pilotaje de cada puerto. Asimismo, la Secretaría estará facultada de acuerdo a dichos criterios, a establecer en el reglamento de operación a las reglas de pilotaje de cada puerto, las reglas de pilotaje de cada puerto, los supuestos mediante los cuales se exima de la obligatoriedad del servicio de pilotaje.

 

Esta modificación atiende la armonía que busca la reforma respecto a la definición propuesta en el artículo 2º.

 

En el ámbito de sus funciones, corresponderá sólo a los pilotos de puerto tomar las decisiones técnicas tendientes a la seguridad de la navegación y la vida humana en el mar, así como la protección del ambiente marino.

 

En el ámbito de sus funciones atribuciones y responsabilidad, corresponderá sólo a los pilotos de puerto tomar decisiones técnicas tendientes a la seguridad de la navegación y la vida humana en el mar, así como la protección del ambiente marino.

 

Se considera que se fortalece la redacción respecto a la responsabilidad del servidor público.

 

(Sin correlativo)

 

El servicio público de pilotaje o practicaje se prestará en forma continua, permanente, uniforme, regular y por turnos durante todo el año, las veinticuatro horas del día, exceptuado los periodos en que el estado del tiempo, las marejadas o corrientes y la saturación del puerto impidan prestar ininterrumpidamente el servicio de pilotaje, y cuando el servicio sea alterado por causas         de interés público o cuando            así lo determine la autoridad competente.

 

La noción de servicio público expresa que el “servicio público1” es un servicio técnico prestado al público, en forma regular y continua, para satisfacer necesidades públicas.

La distinción doctrinal tiene su sustento en que  los servicios públicos propiamente dichos deben prestarse por el Estado mexicano o a través de los particulares bajo el esquema de la concesión, considerando que no se pueden delegar a particulares funciones públicas como la seguridad.

En este orden de ideas, la propuesta cumple con el concepto de servicio público, anteponiendo en todo momento el interés público y garantizar la prestación del servicio en todo momento.

Artículo 56

 

Artículo 56. En todo lo relativo al servicio de pilotaje, el reglamento correspondiente y las reglas de operación de pilotaje de cada puerto que expida la Secretaría, contendrán los elementos mínimos que establezca el reglamento de la presente Ley y la Ley de Puertos. Considerando al servicio de pilotaje como un servicio profesional. Para ello, la Secretaría deberá valorar las consultas que se formulen a los interesados en la operación de cada puerto.

 

Artículo 56. En todo lo relativo al servicio de pilotaje, el Reglamento correspondiente y las reglas de operación de pilotaje de cada puerto que expida la Secretaría, contendrán los elementos mínimos que establezcan el Reglamento de la presente Ley y la Ley de Puertos. Considerando al servicio de pilotaje como un servicio profesional.El servicio público de pilotaje se considera como un servicio profesional. Para ello, La Secretaría deberá valorar las consultas técnicas que se le formulen a los interesados pilotos o prácticos de puerto y a todas las partes interesadas en la operación de cada puerto.

 

Esta modificación atiende la armonía que busca la reforma y enriquece la propuesta.

Artículo 57

 

Artículo 57. Para ser piloto de puerto se deberán cubrir como mínimo los siguientes requisitos:

 

Artículo 57. ...

 

 

I. Ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad;

II. Contar con título profesional de una escuela náutica acreditada ante la Secretaría;

 

I. …

 

II. …

 

 

III. Contar con el certificado de competencia para el puerto respectivo, expedido por la Secretaría; y

 

III. Contar con el certificado de competencia y la autorización para prestar el servicio de pilotaje para el puerto respectivo o zona de pilotaje, expedido por la Secretaría, y

 

Esta modificación atiende la armonía que busca la reforma y enriquece la propuesta.

Se realizan especificaciones que se consideran valiosas para realizar la actividad de pilotaje.

 

IV. Certificado de competencia, por el que la Secretaría autoriza la prestación del servicio de pilotaje.

 

IV. Realizar prácticas obligatorias en el puerto y zona de pilotaje donde se aspire a prestar el servicio.

 

 

 

Ley de Puertos

 

Texto Vigente

 

Minuta Cámara de Diputados

 

Observaciones

 

Artículo 44

 

Artículo 44. La utilización de los bienes y la prestación de los servicios portuarios constituyen la operación portuaria.

 

Artículo 44. …

 

 

Los servicios portuarios se clasifican en:

 

….

 

 

I. Servicios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interna, tales como el pilotaje, remolque, amarre de cabos y lanchaje;

 

I.- …

 

El servicio de pilotaje se regirá por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y Reglamentos aplicables.

 

Esta modificación pretende clarificar que el servicio de pilotaje será regulado por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y Reglamentos aplicables. Lo anterior, abona a una mejor interpretación de la Ley.

 

II. …

III.-…

 

II. …

III.-…

 

C. Las reformas que plantea la minuta de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y a la Ley de Puertos, representan una oportunidad para el perfeccionamiento del marco jurídico que regula una actividad trascendental para la economía de nuestro país.

Por su importancia, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos considera al pilotaje o practicaje como un servicio de interés público y coadyuvante en la preservación de la seguridad, soberanía e independencia nacional, por lo que éstas Dictaminadoras subrayan la importancia de la prestación de dicho servicio. Adicionalmente, se precisa en Ley el espíritu del artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana, se requiere ser mexicano por nacimiento.
La trascendencia que tiene el servicio de pilotaje o practicaje, crea la necesidad de definir dicho concepto y que éste quede previsto en la ley, independientemente de que el Reglamento correspondiente prevea especificaciones que enriquezcan la definición.

Por la naturaleza del servicio, las que Dictaminan consideran fundamental que los pilotos o prácticos deberán acreditar ante la autoridad competente su experiencia en años de navegación y mando, además de facultar a la Secretaría como la encargada de certificar la calidad e idoneidad de los postulantes en función de sus capacidades, conocimientos y experiencia.

Finalmente, se coincide con los argumentos de la Colegisladora respecto a establecer en la Ley de Puertos que el servicio de pilotaje estará regulado por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y agrupar en un solo ordenamiento lo relacionado con este concepto.

En virtud de lo anterior, es innegable que se deben realizar reformas y adiciones a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y a la Ley de Puertos, que ajusten el marco jurídico a la realidad dominante, para contribuir al fortalecimiento de la actividad de pilotaje o practicaje, por lo que las que Dictaminan coinciden con la Colegisladora en todas las modificaciones.

Por todo lo anterior, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Estudios Legislativos, del Senado de la República de la LXII Legislatura sometemos al Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO: Se reforman los artículos 8, fracción VI; 55, párrafos primero, segundo, cuarto y quinto; 56; 57, fracciones III y IV, y se adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 2; un párrafo sexto al artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:

Artículo 2.- ….

I a XIII …

XIV. Pilotaje o practicaje: Es la actividad que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje.

XV. Zona de Pilotaje: los puertos, terminales costa afuera, marinas, instalaciones portuarias, canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables, delimitadas y aquellas en que se determine como obligatorio el Pilotaje.

Artículo 8.- …

I a V …

VI. Otorgar permisos y autorizaciones de navegación para prestar servicios en vías generales de comunicación por agua, así como certificados de competencia, en los términos de esta Ley; vigilar su cumplimiento y revocarlos o suspenderlos en su caso;

VII a XXII …
Artículo 55.- El servicio de pilotaje o practicaje es de interés público. La Secretaría determinará la asignación de pilotos de puerto, con base en el reglamento correspondiente, las reglas de pilotaje, las reglas de operación de cada puerto y de acuerdo con las necesidades del tráfico.

El servicio de practicaje o de pilotaje, se prestará a toda embarcación mayor que arribe o zarpe de un puerto ozona de pilotaje y que esté legalmente obligada a utilizarlo, así como a las demás que sin estar obligadas, lo soliciten.

La Secretaría determinará, con base en criterios de seguridad, economía y eficiencia, los puertos, zonas de pilotaje, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables en las cuales sea obligatoria la utilización del servicio de pilotaje, mismos que será prestado en la forma que prevenga el Reglamento correspondiente y las reglas de pilotaje de cada puerto. Asimismo, la Secretaria estará facultada de acuerdo a dichos criterios, a establecer las reglas de pilotaje de cada puerto, los supuestos mediante los cuales se exima de la obligatoriedad del servicio de pilotaje.

En el ámbito de sus atribuciones y responsabilidad, corresponderá sólo a los pilotos de puerto tomar decisiones técnicas tendientes a la seguridad de la navegación y la vida humana en el mar, así como la protección del ambiente marino.

El servicio público de pilotaje o practicaje se prestará en forma continua, permanente, uniforme, regular y por turnos durante todo el año, las veinticuatro horas del día, exceptuado los periodos en que el estado del tiempo, las marejadas o corrientes y la saturación del puerto impidan prestar ininterrumpidamente el servicio de pilotaje, y cuando el servicio sea alterado por causas de interés público o cuando así lo determine la autoridad competente.

Artículo 56.- En todo lo relativo al servicio de pilotaje, el Reglamento correspondiente y las reglas de pilotaje de cada puerto que expida la Secretaría, contendrán los elementos mínimos que establezcan el Reglamento de la presente Ley y la Ley de Puertos. El servicio público de pilotaje, se considera como un servicio profesional. La Secretaría deberá valorar las consultas técnicas que le formulen a los pilotos o prácticos de puerto y a todas las partes interesadas en la operación de cada puerto.

Artículo 57.- …

I a II …

III. Contar con el certificado de competencia y la autorización para prestar el servicio de pilotaje para el puerto respectivo o zona de pilotaje, expedido por la Secretaría, y

IV. Realizar prácticas obligatorias en el puerto y zona de pilotaje donde se aspire a prestar el servicio.


SEGUNDO: Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos, para quedar como sigue:

Artículo 44.-

I. …

El servicio de pilotaje se regirá por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y Reglamentos aplicables.

II. … y III. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del presente Decreto, se llevarán a cabo con base en la disponibilidad presupuestaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

COMISION DE MARINA

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa su segunda lectura.

- La C. Secretaria Senadora Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la  mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura del dictamen, señor Presidente.

 

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores registrados ni artículos reservados para su discusión, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 86 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos.

Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

A continuación, tenemos la discusión de cuatro dictámenes en sentido negativo que proponen desechar proyectos recibidos de la Colegisladora, los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, en consecuencia pasaremos a su discusión de manera conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren lo dictámenes negativos.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura. Están a discusión los siguientes dictámenes:

Uno, de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Sobre Controversias Derivadas de la Atención Médica.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY SOBRE CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA ATENCION MEDICA

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley sobre Controversias derivadas de la Atención Médica.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89,94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DELAMINUTA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 11 de octubre de 2011, los Diputados Antonio Benítez Lucho integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Miguel Antonio Osuna Millán, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron al Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley sobre Controversias Derivadas de la Atención Médica.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Salud la iniciativa de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

2.- Con fecha 9 de febrero de 2012, se sometió al Pleno de la Cámara de Diputados el Dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de Decreto que expide la Ley sobre Controversias Derivadas de la Atención Médica, mismo que fue aprobado con una votación de 299 votos en pro, 6 votos en contra y 1 abstención:

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió al Senado de la República la minuta con proyecto de Decreto que expide la Ley sobre Controversias Derivadas de la Atención Médica.

3.- Con fecha14 de febrero de 2012, se recibió de Cámara de Diputados la minuta con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley sobre Controversias Derivadas de la Atención Médica.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, la minuta de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DELAMINUTA

La minuta pretende expedir una Ley cuyo objeto sea regular los mecanismos alternativos a la vía jurisdiccional para la solución de las controversias que surjan entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de esos servicios, la protección de los derechos de los usuarios, así como la organización, procedimientos y funcionamiento del organismo encargado de dichas funciones.

Para este efecto, se crea un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de Salud, con autonomía técnica, operativa y de decisión, con personalidad jurídica y patrimonio propios denominado Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Dicha Comisión tendrá por objeto dirimir en forma imparcial las controversias derivadas de la prestación de servicios médicos, mediante mecanismos alternativos a la vía jurisdiccional, como la conciliación y el arbitraje, con base esencialmente en la valoración integral de los servicios médicos, así como la protección de los derechos de los usuarios.

La Comisión señalada, de acuerdo con la propuesta, tendrá las siguientes atribuciones: brindar al público asesoría e información sobre los servicios que presta y sobre las instancias competentes para resolver controversias; gestionar la atención inmediata de los usuarios cuando la queja médica se refiera a demora o negativa de servicios; orientar a los usuarios sobre las instancias competentes para resolver los conflictos derivados de servicios médicos prestados por quienes carecen de título o cédula profesional e informar a las autoridades competentes; atender y, en su caso, resolver las quejas médicas que formulen los usuarios; corroborar, al atender las quejas, el cumplimiento de las regulaciones aplicables por parte de las instituciones o profesionales que hubieran prestado los servicios; llevar a cabo el procedimiento conciliatorio entre los usuarios y los prestadores de servicios, etc.

La administración de la Comisión Nacional estará a cargo de una Junta de Gobierno, un Comisionado Nacional, y dos subcomisionados nacionales.

Señala también que la Comisión Nacional podrá actuar como árbitro entre usuarios y prestadores de servicios cuando los interesados así la designen sin necesidad de procedimiento conciliatorio previo, o cuando concluido el procedimiento de conciliación, las partes no llegaren a un acuerdo y decidan someter su controversia al arbitraje de la Comisión Nacional. Las partes formularán compromiso ante la Comisión Nacional, en el que facultarán a ésta a resolver la controversia planteada, señalando los puntos esenciales de la controversia y las reglas del procedimiento, acordes con los principios de legalidad, equidad e igualdad entre las partes.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia dela minuta, como lo es la expedición de la Ley sobre Controversias derivadas de la Atención Médica, es merecedor de especial atención ya que es una tema de gran relevancia social, toda vez que atañe a un sector vulnerable de la sociedad como son los usuarios de servicios de salud y de los profesionales que los brindan.

B. Actualmente, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con plena autonomía técnica para emitir sus opiniones, acuerdos y laudos. Su objetivo es contribuir a resolver conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de dichos servicios.

C. La CONAMED se creó por Decreto Presidencial el 31 de mayo de 1996 y publicado el 3 de junio del mismo año, cuya misión es ofrecer medios alternos para la solución de controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos; promover la prestación de servicios de calidad y contribuir con la seguridad de los pacientes, esto mediante la generación de políticas y lineamientos relacionados con la solución de este tipo de controversias. Cabe mencionar que es una institución reconocida como centro de referencia altamente especializado en el ámbito nacional e internacional.

D. Desde la creación de la CONAMED hasta el día de hoy, para el cumplimiento de sus actividades relacionadas con la solución de controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos, este organismo cuenta con su Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

La Ley sobre Controversias Derivadas de la Atención Médica propuesta en la minuta que se analiza, tiene como objeto tutelar los mecanismos alternativos a la vía jurisdiccional para la solución de controversias que surjan entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de servicios.

Como lo establece su artículo 13, seamplía la competencia de la CONAMED y señala:

“Artículo 13. La Comisión Nacional tendrá competencia en todo el territorio nacional, para conocer de quejas médicas en contra de prestadores de servicios de carácter federal y en contra de los estatales, municipales, del Gobierno del Distrito Federal y de naturaleza privada, cuando el usuario así lo solicite.

Asimismo podrá intervenir de oficio en asuntos que considere de interés general en la esfera de su competencia, para lo cual podrá emitir las recomendaciones que estime necesarias.

La Comisión Nacional podrá convenir con los organismos estatales la atención por parte de estos últimos de quejas médicas en contra de prestadores de servicios de carácter federal.”

D. La minuta tiene por objeto regular los mecanismos alternos como la conciliación y el arbitraje, para solucionar las controversias que surjan entre los usuarios de servicios médicos y los prestadores públicos y o privados, a través de un organismo ya existente y otorgándole más facultades, llamado Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED.

Al respecto, se hacen los siguientes comentarios:

1.- Se estima que si bien la propuesta para establecer la “Ley sobre Controversias derivadas de la Atención Médica”, tiene por objeto regular este rubro, se considera que en los términos en que se plantea propiciaría incertidumbre jurídica, pues no deja en claro cuál sería la competencia específica de esta “nueva Comisión Nacional”, ya que en principio se lo otorgaría facultades para conocer de quejas médicas en contra de prestadores de servicio de carácter federal y también para conocer de quejas en contra de los prestadores de servicios estatales, municipales, del Distrito Federal y de naturaleza privada, cuando no exista un órganismo equivalente en las entidades federativas. Incluso, también se prevé que tenga competencia cuando exista un conflicto de intereses con el prestador local y cuando sea voluntad del interesado que conozca la Comisión Nacional.

2.-Se estima que existiría una incongruencia en el alcance que se le pretende dar a la Comisión Nacional, en efecto, mientras en el artículo 11, se prevé que el objeto de la comisión es dirimir en forma imparcial las controversias derivadas de la prestación de servicios médicos, que a la letra establece:

Artículo 11. La Comisión Nacional tendrá por objeto dirimir en forma imparcial las controversias derivadas de la prestación de servicios médicos, mediante mecanismos alternativos a la vía jurisdiccional, como la conciliación y el arbitraje, con base esencialmente en la valoración integral de los servicios médicos; así como proteger los derechos de los usuarios en los términos establecidos en la presente Ley”.

Además en el artículo 84, se le “otorga la facultad de brindar acciones de defensoría legal a favor de los usuarios”. Este tratamiento propiciaría que la Comisión Nacional tenga a la vez el carácter de juez y parte.

Ciertamente, en el artículo 84, se prevé que la Comisión Nacional, se abstendrá de prestar los servicios de defensoría en aquellos casos en que las partes se sujeten a un procedimiento en que actúe como árbitro, y a petición de estos. Sin embargo, aunque esta salvedad es evidente, pues de otra manera no podría fungir como árbitro, resulta cuestionable que el árbitro en sí mismo tenga carácter de defensor.

También se estima incongruente que se le otorgue la atribución de “llevar a cabo el procedimiento conciliatorio entre los usuarios y los prestadores de servicios” y al mismo tiempo “imponerla sanciones previstas en la Ley”, que en todos los casos serían en contra del prestador de servicios. Es decir, por un lado se le encomienda fungir como conciliador y por otro se le otorgan facultades sancionadoras de autoridad.

3. Se hace referencia a que la CONAMED tendrá facultades en cuanto a las medidas de apremio y sanciones y destaca que puede solicitar el arresto hasta por 36 horas. (Facultad exclusiva del ámbito judicial). Y el artículo propuesto establece:

“Artículo 92. La Comisión Nacional, para el desempeño de las funciones que le atribuye esta Ley, podrá aplicar las siguientes medidas de apremio:

I. Apercibimiento;

II. Multa de quinientos a dos mil días de salario mínimo;

III. En caso de que persista la infracción podrán imponerse nuevas multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo, hasta por cinco mil días de salario mínimo;

IV. El auxilio de la fuerza pública, y

V. Solicitar el arresto hasta por treinta y seis horas.”

Dicha función se considera innecesaria ya que invade competencias del Poder Legislativo en primera instancia, así mismo genera una judicialización al prestador del servicio. Y sobre todo representaría una inconstitucionalidad ya que la Minuta es una ley especial para profesionales en la salud. Esto vulnera derechos fundamentales que otorga el Artículo 13 que a la letra establece que: “Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales”.

4.-Dicha Minuta al otorgar mayor facultad a la CONAMED quien ha sido un medio de justicia alternativa, opcional y sobre todo imparcial y la Comisión que se propone en la Minuta fungirían las veces de un tribunal especial para los prestadores de servicios de salud como médicos y enfermeras, con atribuciones como:

• Dictar resoluciones, acuerdos y laudos.

• Facultad de imponer a los profesionales de la salud medidas de apremio hasta la privación de la libertad.

• Multas y sanciones

• La figura de la queja y conocen del recurso de revisión.

5.-Dicha Ley puede traer acciones que no abonarían al Sistema Nacional en Salud, ejemplo de ello, es que los profesionales de la Salud tendrían en muchos casos que objetar, es decir, allegarse del derecho a la objeción de conciencia, por lo que no tendrían la obligación de otorgar el servicio.

De conformidad con nuestro marco normativo, la Constitución política reconoce la libertad individual, de pensamiento e ideas, de ejercerla profesión o trabajo que le acomode, siendo lícito y que su ejercicio sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Así mismo, tiene el derecho a la libertad de profesar un culto religioso, siempre y cuando estas manifestaciones no afecten la moral, derecho de tercero o derive en un delito. Así mismo el su Artículo 24 establece: que “toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado.”

Doctrinalmente es la actitud o creencia de carácter ético filosófico o religioso que impide a una persona desarrollar una actividad determinada, que se traduce en la decisión personal, frente a normas jurídicas específicas, de no acatarlas, sin perjuicio del respeto a la normativa general que rige a la sociedad de que se trate.

Por lo que corresponde al derecho a la protección de la salud, es propio citar que la Ley General de Salud en su numeral 2 establece las finalidades de dicho derecho, mismas que busca entre otras: El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social y la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud.

Y los servicios de salud, son todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así mismo, se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.

Mismas bases que también reconocen diversos instrumentos legales y deontológicos en el actuar médico y que se armonizan con la objeción de conciencia.

Cabe decir que hay 2 elementos fundamentales que no debemos perder de vista en la objeción de conciencia:

• El médico tiene el derecho a la objeción de conciencia, por razones éticas o morales, y

• Siempre que tal comportamiento no ponga en peligro la vida del paciente o sea susceptible de interpretarse como ajena a la beneficencia y responsabilidad ética de su profesión.

6.-Por último, se pretende otorgar mayores atribuciones a la Comisión cuando actualmente son otorgadas a otros órganos de gobierno, y en el apartado de sanciones se considera innecesaria que tenga la facultad de tener medidas de apremio en lugar de referir dichas sanciones al poder judicial.

E. Si bien es loable la iniciativa para crear un organismo con más facultades y otorgarle mayor seguridad a los usuarios, estas Comisiones dictaminadoras consideran de suma importancia que como se plantea, se estima innecesaria, en la medida en que actualmente existe una instancia que realiza las funciones a que alude la iniciativa, de una forma imparcial y pleno apego al respecto de los derechos de los usuarios y de los profesionales de la salud.

F. Derivado de las consideraciones expuestas, las Comisiones dictaminadoras estiman pertinente y necesario desechar la minuta de mérito y retornarla a la Cámara de origen para los efectos del artículo 72 apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, con base en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

RESOLUTIVO

UNICO.- Se desecha la minuta con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley sobre Controversias Derivadas de la Atención Médica.

Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Uno, de las Comisiones Unidas de Salud; y Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 376 de Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas se expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de abril de 2011, el Diputado Antonio Benítez Lucho, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 376 y adiciona los artículos 376 Ter, 421 Ter y 423 Bis, todos de la Ley General de Salud, por los que se establece el control, registro y regulación de los llamados “productos milagro”.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Saludde la cámara de Diputados para su análisis y dictamen correspondiente.

2. El 10 de abril de 2012 fue aprobado el dictamen de la Comisión de Salud de la Colegisladora ante el pleno. Y pasó al Senado de la República en los términos constitucionales.

3.- Con fecha 11 de abril de 2012, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República recibió dicha minuta y dispuso que fuera turnada a la Comisión de Salud, y Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La pretensión de la minuta es darle mayor certeza a los productos que regula el Artículo 376 de la Ley General de Salud para quedar de la siguiente manera: “los productos a los que en su etiquetado o publicidad se les atribuyan las mismas acciones o efectos que corresponden a los productos de este artículo, independientemente de la clasificación que ostenten o la denominación que se les asigne, requieren forzosamente registro sanitario.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de mantener vigente la legislación de la materia.

Del precepto antes mencionado se deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que buscan regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios.

B. Cabe decir que la Iniciativa instrumento que propició dicha Minuta traía consigo la regulación a través de licencia sanitaria de los llamados productos milagro, con lo que se pretendía la siguiente redacción.

Artículo 376.Requieren registro sanitario los medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación, alimentos, suplementos alimenticios, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, remedios herbolarios, productos de perfumería y belleza, y productos higiénicos, estos últimos en los términos de la fracción VI del artículo 262 de esta ley, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas.

Así mismo adicionar un Artículo 376 Ter. Que a la letra plasmaba: El titular del Registro Sanitario de cualquier producto a los que se refiere el artículo 376, sólo podrá permitir que sea elaborado todo o en parte, por cualquier fabricante que cuente con Licencia Sanitaria y las áreas autorizadas por la COFEPRIS para la fabricación de dicho producto; esta fabricación por un tercero será en forma temporal y exclusivamente por la cantidad y los lotes previamente autorizados por la COFEPRIS.

C. Sin embargo la colegisladora decidió realizar el dictamen únicamente para reformar el artículo 376 de la siguiente manera:

Ley General de Salud (vigente)

Artículo 376: Requieren registro sanitario los medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, estos últimos en los términos de la fracción VI del artículo 262 de esta ley, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales, substancias tóxicas o peligrosas

Minuta

Artículo 376: Requieren registro sanitario los medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, estos últimos en los términos de la fracción VI del artículo 262 de esta ley, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales, substancias tóxicas o peligrosas y los productos a los que en su etiquetado o publicidad se les atribuyan las mismas acciones o efectos que corresponden a los productos arriba enunciados, independientemente de la clasificación que ostenten o la denominación que se les asigne.

D. Sin embargo, el análisis de las Comisiones Dictaminadoras, de la colegisladora vierte diversos argumentos en su dictamen enfatizando que:

Dicha iniciativa es loable, sin embargo, resulta innecesaria ya que con las reformas al Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de publicidad, publicadas con fecha 19 de enero de 2012, en el Diario Oficial de la Federación, que engloban todo lo referente a esta materia, publicidad engañosa en su mayoría, queda obsoleta la propuesta. Estas reformas pretenden generar una cooperación con los medios de difusión, con la finalidad de que coadyuven a que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad correspondiente. Dichas reformas señalan:

ARTICULO 62 Bis. El aviso a que se refiere el artículo 270 de la Ley, deberá presentarsepor cada marca de producto y conforme al formato oficial que al efecto publique la Secretaría en el Diario Oficial de la Federación, el cual deberá contener por lo menos los siguientes datos:

I. Nombre y domicilio del fabricante;

II. Nombre y domicilio del importador y distribuidor, y

III. Marca, nombre y Registro Federal de Contribuyentes del responsable del producto y de la publicidad. Artículo adicionado DOF 19-01-2012

ARTICULO 78. Los medios de difusión se asegurarán de que la publicidad que trasmitan cuente con el permiso correspondiente o se haya presentado aviso ante la Secretaría, conforme a lo establecido en este Reglamento.

Para efectos del párrafo anterior, el anunciante que pretenda publicitar un producto o servicio sujeto a control sanitario por parte de la Secretaría, deberá presentar al medio de difusión cuyos servicios utilice, ya sea por sí mismo o a través de una agencia de publicidad, copia certificada de la carátula del registro sanitario vigente, en caso de tratarse de un producto sujeto a esta autorización sanitaria y del permiso o aviso presentado ante la Secretaría.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, combate este tipo de publicidad y otorga los registros sanitarios de manera minuciosa mediante procesos que llevan consigo etapas que contienen candados para no tener establecimientos ni venta de productos que dañen a la salud.

En esta tesitura no resulta viable requerir registro sanitario a los productos, a los que en su etiquetado o publicidad se les atribuyan las mismas acciones o efectos que corresponden a los productos del artículo de incumbencia, independientemente de la clasificación que ostenten o la denominación que se les asigne. Toda vez que ya están regulados en materia Reglamentaria, además son verificados y controlados por la propia COFEPRIS.

Cabe señalar que de tener contemplada esta propuesta se genera una nuevaproblemática sanitaria, toda vez que el otorgamiento de registros sanitarios a estos productos, rebasaría contundentemente la capacidad técnica y operativa que tiene la mencionada Comisión, en relación de la incalculable existencia de estos productos.

E. Derivado de las consideraciones expuestas, las Comisiones dictaminadoras estiman pertinente y necesario desechar la Minuta de mérito y retornarla a la Cámara de origen para los efectos del artículo 72 apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, con base en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Se desecha la minuta con proyecto de Decreto por el que se modificaba el artículo 376 de la Ley General de Salud.

Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Uno, de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XVIII Bis al artículo 3o. de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades bucodentales .






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XVIII BIS AL ARTICULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ENFERMEDADES BUCODENTALES

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 3ro, de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades bucodentales.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de octubre de 2010, la Diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o. y 159 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud de esa soberanía.

3. Con fecha 29 de marzo de 2011, la Cámara de Diputados aprobó con 321 votos y 2 abstenciones el dictamen por el que se adiciona la fracción XVIII Bis al artículo 3o. de la Ley General de Salud.

4. Con la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura dispuso que el dictamen aprobado se enviara al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

5. Con fecha 12 de abril de 2011 se recibió de la Cámara de Diputados la minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XVIII Bis al artículo 3o. de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades bucodentales.

6. Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la iniciativa de mérito fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos, para análisis y dictamen correspondiente.

7. Con fecha 14 de diciembre 2011, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen por el que se adiciona la fracción XVIII Bis al artículo 3o. y se reforma la Fracción I del Apartado B del artículo 13 de la Ley General de Salud.

8. Con fecha 3 de enero de 2012 la Cámara de Diputados recibió de la Cámara de Senadores la minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XVIII Bis al artículo 3o. y se reforma la fracción I del Apartado B del artículo 13 de la Ley General de Salud.

9. Con la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha minuta fuera turnada a la Comisión de Salud.

10.- Con fecha 13 de marzo de 2012, fue dictaminada y aprobada por la Cámara de Diputados, y Devuelta a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

11.- Con fecha 15 de marzo de 2012 fue recibida minuta que Reforma el artículo 3 de la Ley General de Salud, por estas Comisiones dictaminadoras en la Cámara de Senadores, para su estudio análisis y respectivo Dictamen.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La finalidad de la minuta en comento, es considerar como materia de salubridad general, la prevención, tratamiento y control de las enfermedades bucodentales. Por el hecho de que las enfermedades bucodentales se establecen como un problema de salud sumamente importante el cual se debe contrarrestar y prevenir.

La colegisladora plasma en su Dictamen que en México, de acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales 2007 (Sivepab), con información de usuarios que acuden a los servicios de salud odontológicos, se encuentra que 100 por ciento de los pacientes padece caries dental y 53 por ciento presenta algún grado de enfermedad periodontal. Así también se observó que entre la gente mayor de 65 años, la pérdida de piezas dentales oscila en los 10.

Es por ello que la colegisladora aprueba la minuta del senado con cambios dejando en solo en el artículo 3º de la Ley de Salud las prevención, tratamiento y control de las enfermedades bucodentales.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de mantener vigente la legislación de la materia.

B. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud bucodental como la ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales (de las encías), caries dental y pérdida de dientes, así como otras enfermedades y trastornos que afectan a la boca y la cavidad bucal.

C. Cabe decir que las dolencias bucodentales comparten factores de riesgo con las cuatro enfermedades crónicas más importantes -enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes- pues se ven favorecidas por las dietas malsanas, el tabaquismo y el consumo nocivo de alcohol. Otro factor de riesgo es una higiene bucodental deficiente.

D. Datos de la Organización Mundial de la Salud, señalan que las enfermedades bucodentales más comunes son la caries dental y las periodontopatías; entre 60 y 90 por ciento de la comunidad escolar en el mundo tiene caries dental; las enfermedades periodontales graves, afectan entre 5 y 20 por ciento de los adultos de edad madura, existiendo la posibilidad de la pérdida de dientes; la incidencia de cáncer bucodental es de entre 1 y 10 casos por cada 100 mil habitantes en la mayoría de los países; los defectos congénitos, como el labio leporino y paladar hendido, se dan en uno de cada 500 a 700 nacimientos; la prevalencia de nacimiento varía sustancialmente entre los distintos grupos étnicos y zonas geográficas; entre 40 y 50 por ciento de las personas VIH-positivas sufren infecciones fúngicas, bacterianas o víricas, que suelen aparecer al principio de la infección, y finalmente advierte que la atención odontológica curativa tradicional representa una importante carga económica para muchos países de ingresos altos, donde de 5 a 10 por ciento del gasto sanitario público guarda relación con la salud bucodental.

E. Cabe decir que la misma OMS, menciona estrategias que se deben llevar a cabo para contrarrestar este gran problema, dichas actividades engloban la promoción, la prevención y el tratamiento:

1. La promoción de un enfoque basado en los factores de riesgo comunes para prevenir simultáneamente las enfermedades bucodentales y otras enfermedades crónicas;

2. Los programas de fluoración para mejorar el acceso a los fluoruros en los países de bajos ingresos; y

3. El apoyo técnico a los países que están integrando la salud bucodental en sus sistemas de salud pública.

F. En nuestro país representa un problema grave que además suele desencadenar complicaciones muy severas. Por ello la salud bucal refleja muchas de las conductas y actitudes hacia las prácticas de higiene y prevención que son esenciales para mantener una vida sana. Sabemos que la salud bucal es un componente de la salud, y que la salud tiene entre sus componentes la calidad de vida, entonces la salud bucal también tendrá un efecto en la calidad de vida.

G.Hace pocos años se percató de que entre los escolares de nuestro país, la prevalencia de padecimientos odontológicos estaba muy por arriba de las recomendaciones internacionales. Por ello, desde entonces se han llevado a cabo diversas acciones tanto preventivas como de curación con la intención de abatir esos niveles y tenemos resultados muy creo que muy buenos como lo han demostrado distintas investigaciones recientes.

H. Por mencionar ejemplo derivado de lo anterior, encontramos que ante las necesidades de atención,el Programa de Acción Específico 2007-2012 Salud Bucal, realizo diversas acciones que le han permitido, en los últimos diez años, pasar de ser un programa en crecimiento a un programa en consolidación. Los componentes del programa incluyen el de fluoruración de la sal, que es la estrategia preventiva de tipo masivo para disminuir la caries dental y que en la actualidad cubre a más de 75 millones de personas.

I. Así mismo de acuerdo a los resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales (SIVEPAB), durante el 2010 se examinaron a 223,240 pacientes de diferentes edades de las 32 entidades federativas del país, de estos, 73,067 se encuentran entre los 2 y los 19 años de edad.

Como podemos ver es un problema que merece estrategias y acciones para combatir de frente esta problemática. Y cabe decir que se han venido implementando dichas acciones las cuales derivan de la legislación vigente.

J. Las acciones realizadas por el gobierno federal han ayudado a la disminución de los índices de caries y enfermedades periodontales dentro de áreas urbanas. Es importante que las acciones en materia de salud bucal, se enfoquen principalmente a la prevención y la disminución del daño que estas enfermedades causan dentro de los grupos vulnerables, sobre todo dentro de la atención materno-infantil, ya que estos, siempre son los más afectados.

K. Coincidimos en el espíritu de la iniciativa de que la prevención, control de las enfermedades bucodentales son prioridad para la salud pública, Sin embargo estas comisiones dictaminadoras consideran inviable dicha Iniciativa derivado delos siguientes argumentos:

Del análisis realizado minuciosamente a la loable Minuta que incumbe este Dictamen, la cualadiciona una fracción XVIII Bis. al artículo 3 de la Ley General de Salud, en materia bucodental ya multicitada, se desprende; que dicha propuesta duplica disposiciones normativas que actualmente se encuentran contenidas de manera especial en la Ley en comento en virtud de que la salud bucodental ya se encuentra incorporada dentro del artículo 27como servicio básico de salud, el cual a la letra expone:

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente;

II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes;

III. La atención médica integral, que comprende actividades preventivas, curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias;

IV. La atención materno-infantil;

V. La planificación familiar;

VI. La salud mental;

VII. La prevención y el control de las enfermedades bucodentales;

VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud;

IX. La promoción del mejoramiento de la nutrición;

X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas, y

XI. La atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica.

Así mismo es relevante mencionar que también la salud bucodental está comprendida dentro de la materia de salubridad general a que hace referencia la fracción XVIII del artículo 3 de la Ley General de salud, (… la prevención y control de enfermedades no transmisibles).

De igual forma es destacarse que el plasmar en el artículo 3º la Ley General de Salud, como salubridad general la prevención tratamiento y control de las enfermedades bucodentales, debe tomarse en cuenta que las materias de salubridad general del artículo en comento deben contemplarse con la mayor generalidad posible al impactarlo con una reforma legislativa, con la finalidad de evitar que ese precepto se convierta en un catálogo para la atención de enfermedades específicas, así como evitar discriminar la atención de ciertas enfermedades en relación con otras que de igual manera generan mayor impacto en la sociedad y salud pública.

Por otra parte cabe mencionar que la salud bucal va de la mano con la educación para la salud la cual orienta, fomentay proporciona desarrollo de conductas, conocimientos, actitudes que permitan a la población participar para la prevención de las enfermedades bucodentales. Por ello se desprende que la salud bucal también se encuentra contemplada en el artículo 112 que a la letra plasma:

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

L. Por último estas comisiones dictaminadoras de Salud y Estudios Legislativos consideran que la implementación de dicha reforma es innecesaria, en virtud de que la salud bucodental de la que deriva la prevención, tratamiento y el control de las enfermedades bucodentales, ya se encuentra contemplada en la Ley General de Salud como un servicio básico de salud, y se menciona que con las disposiciones vigentes, ya se pueden impulsar programas, estrategiasy acciones que permitan abordar y prevenir losproblemas de la salud bucodental.

Es por lo anteriormente señalado que, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, consideran desechar la Minuta en comento, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Unico.- El H. Senado de la República, desecha la minuta con proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción XVIII Bis al artículo 3º. De la Ley General de Salud, en materia de enfermedades Bucodentales, por los argumentos vertidos en el dictamen.

Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

COMISION DE SALUD
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Y de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 376 de la Ley General de Salud y reforman los Artículos Primero, Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios al Decreto que reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, publicado el 24 de febrero de 2005.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS PRIMERO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO TRANSITORIOS AL DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 24 DE FEBRERO DE 2005

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero, pasando el actual a ser cuarto, al artículo 376 de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2005, en materia de registro sanitario.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 183 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la referida minuta.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 26 de febrero de 2009, la Diputada Lorena Martínez Rodríguez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y el Diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron al Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos Primero, Tercero, Cuarto y Quinto transitorios del Decreto de reformas al artículo 376 de la Ley General de Salud, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2005.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Salud la iniciativa de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

2.- Con fecha 15 de diciembre de 2010, la Comisión de Salud sometió al Pleno de la Cámara de Diputados dictamen iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 376 de la Ley General de Salud y reforman los artículos Primero y Tercero transitorios y se adicionan los artículos Cuarto y Quinto transitorios al Decreto que reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2005.

Con la misma fecha, la mesa Directiva de Cámara de Diputados remitió a la Cámara de Senadores la minuta de referencia para los efectos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3.- Con fecha 1 de febrero de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibió la minuta por el que se adiciona un párrafo al artículo 376 de la Ley General de Salud y reforman los artículos Primero y Tercero transitorios y se adicionan los artículos Cuarto y Quinto transitorios al Decreto que reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2005.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos la Minuta de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta en estudio, plantea reformar diversos artículos transitorios de la Ley General de Salud, derivados del decreto de reforma al artículo 376, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2005, en los cuales se establece que los registros sanitarios tendrían una vigencia de cinco años renovables a juicio de la Secretaría de Salud, con la finalidad de ampliar el plazo establecido en los artículos transitorios que citados con antelación.

La minuta propone en artículos transitorios que la aplicación de medidas en la materia se proveerán en la vía administrativa mediante la emisión de las disposiciones reglamentarias y administrativas para la renovación del registro sanitario de medicamentos y demás insumos para la salud que deberán publicarse en el DOF de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo se establece que los titulares de los registros sanitarios de medicamentos y demás Insumos para la Salud otorgados por tiempo indeterminado deberán someterlos a revisión para obtener la renovación del registro a partir de la publicación del decreto y hasta el 24 de febrero del 2011.

Se establece que los titulares de los registros sanitarios tendrán la obligación de presentar en un plazo de 12 meses a partir de la publicación de las disposiciones reglamentarias y administrativas, a las que se refieren los artículos transitorios, para la renovación del registro sanitario de medicamentos y demás insumos para la salud en el DOF, un programa que detalle la secuencia y calendarización en que realizarán la actualización de los registros. Y se establece que el Ejecutivo federal deberá expedir el reglamento para la renovación de los registros sanitarios en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al Derecho a la Protección de la Salud que gozan todos los mexicanos, consagrado en el artículo 4° de nuestra Carta Magna; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia de la minuta, como lo es renovación del registro sanitario de medicamentos y demás insumos para la salud, posee una gran relevancia, ya que se refiere a un tópico con un gran impacto social y trascendente para la salud en México.

B. Con relación a la propuesta de reforma al artículo Primero transitorio del Decreto de reforma al artículo 376 de la Ley General de Salud, establecido en la minuta de análisis, que establece:

“Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y su aplicación se proveerá en la vía administrativa mediante la emisión de las disposiciones reglamentarias y administrativas para la renovación del Registro Sanitario de Medicamentos y demás Insumos para la Salud que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo”.

Es importante señalar que esta propuesta ha sido superada, toda vez que, con base en la facultad otorgada por el artículo 89 fracción I de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha 2 de enero de 2008, el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud, el cual en sus artículos 190 bis 1 y 190 bis 2, se refiere a los requisitos que deberán cumplir los particulares para solicitar la prórroga de los registros sanitarios de medicamentos.

Aunado a lo anterior, el 15 de diciembre de 2009, y de conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 376 de la Ley General de Salud, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que deberán observar los particulares para el trámite de la prórroga de registro sanitario de medicamentos alopáticos, derivado del decreto antes mencionado de fecha 2 de enero de 2008, mismo que determina los requisitos que deberán observar los particulares para el cumplimiento de los trámites de prórroga de registro sanitario de medicamentos alopáticos establecidos en el Reglamento de Insumos para la Salud.

C. Por lo que respecta a la reforma del artículo tercero transitorio contenido en la citada Minuta, la cual señala:

“Tercero.- Los titulares de los Registros Sanitarios de Medicamentos y demás Insumos para la Salud otorgados por tiempo indeterminado, deberán someterlos a revisión, para obtener la renovación del registro dentro del plazo de un año a partir de la publicación del presente Decreto, debiendo la autoridad cumplir con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, en un plazo de 180 días naturales, de las disposiciones reglamentarías, normas oficiales, circulares, formatos, criterios de prevención y rechazo, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales y demás disposiciones para la renovación de los registros sanitarios y concluir con los trámites de renovación de los registros ya presentados en un plazo que no exceda de un año a la publicación del presente Decreto. Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y/o administrativas en que incurran los servidores públicos omisos por el incumplimiento del término de la resolución del registro.

Y para el caso de los nuevos registros sujetos a renovación la autoridad tendrá un plazo de 90 días naturales para recibir las solicitudes a partir de la publicación del presente Decreto, así como también otorgar la resolución correspondiente por la autoridad, en un plazo que no exceda los 150 días naturales”.

Las Comisiones Dictaminadoras la consideran improcedente, toda vez que en el tercer transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, y en la fracción I del tercer transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud, se dispone que para solicitar por primera vez la prórroga de los registros sanitarios de medicamentos y demás insumos para la salud, que hayan sido otorgados por tiempo indeterminado se deberá presentar la solicitud a más tardar el 24 de febrero de 2010; disposición que fue redactada en ese sentido, a fin de armonizarla con el contenido del tercer transitorio del Decreto por el que se reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud.

Asimismo, tanto el “Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud”, como el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que deberán observar los particulares para el trámite de la prórroga de registro sanitario de medicamentos alopáticos, derivado del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud, de fecha 2 de enero de 2008”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2009, establecen las reglas específicas que regulan las solicitudes y los requisitos respecto de la prórroga del registro sanitario y dejan a cargo de la Secretaría de Salud la obligación de publicar el procedimiento para realizar las visitas sanitarias y los formatos para las solicitudes de prórroga, por lo cual no sería necesario adicionar que la autoridad debe “cumplir con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones reglamentarías, normas oficiales, circulares, formatos, criterios de prevención y rechazo, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales y demás disposiciones para la renovación de los registros sanitarios”.

D. Respecto de la adición del artículo cuarto del Decreto de la Minuta en análisis, que señala:

“Cuarto.- Los titulares de los Registros Sanitarios tendrán la obligación de presentar en un plazo de 12 meses a partir de la publicación de las disposiciones reglamentarías y administrativas, a las que se refieren los artículos Primero y Tercero Transitorios, para la renovación del Registro Sanitario de Medicamentos y demás Insumos para la Salud en el Diario Oficial de la Federación, un programa que detalle la secuencia y calendarización en que realizarán la actualización de los registros”.

En el mismo sentido, resulta técnicamente improcedente, ya que las disposiciones que se pretenden incluir no son materia de la Ley General de Salud, sino de un Reglamento o de un ordenamiento adjetivo, expedido por el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Salud. Aunado a lo anterior, tanto el “Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud”, como el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que deberán observar los particulares para el trámite de la prórroga de registro sanitario de medicamentos alopáticos, derivado del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud, de fecha 2 de enero de 2008”, no incluyen disposición expresa que obligue al particular a presentar un programa que detalle la secuencia y calendarización en que se realizará la actualización de su registro.

E. Finalmente, en lo que toca a la adición de un tercer párrafo pasando el actual a ser cuarto del artículo 376 de la Ley General de Salud, mismo que versa de la siguiente manera:

“Artículo 376.- Requieren registro sanitario los medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, estos últimos en los términos de la fracción VI del artículo 262 de esta Ley, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas.

El registro sólo podrá ser otorgado por la Secretaría de Salud, éste tendrá una vigencia de 5 años, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 378 de esta Ley, dicho registro podrá prorrogarse por plazos iguales, a solicitud del interesado, en los términos que establezcan las disposiciones reglamentarias. Si el interesado no solicitara la prórroga dentro del plazo establecido para ello o bien, cambiara o modificara el producto o fabricante de materia prima, sin previa autorización de la autoridad sanitaria; ésta procederá a cancelar o revocar el registro correspondiente.

La renovación del registro se otorgará únicamente cuando la Secretaría haya constatado la calidad, seguridad y eficacia terapéutica de los Medicamentos y demás Insumos para la Salud, en caso contrario los registros otorgados se entenderán como revocados para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Para los efectos a que se refieren los párrafos anteriores, el Ejecutivo a través de la Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, establecerá los requisitos, pruebas y demás requerimientos que deberán cumplir los medicamentos, insumos para la salud y demás productos y substancias que se mencionan en dichos párrafos”.

Derivado de lo anterior, la propuesta formulada ha sido superada por las disposiciones reglamentarias invocadas, además de que el análisis de calidad, seguridad y eficacia se realiza no sólo tomando en consideración disposiciones reglamentarias, sino otras disposiciones jurídicas aplicables.

F. Por otra parte las Comisiones Dictaminadoras estiman que debe tomarse en consideración que existe un número considerable de laboratorios que han concluido con los estudios de bioequivalencia; esto ha implicado grandes gastos, además sacrificar productos de su gama; por lo que una prórroga representaría una ventaja para sus competidores y por ende competencia desleal, ya que se estarían comercializando medicamentos que no demuestran eficacia terapéutica.

G. La renovación ha permitido a las instituciones de salud como el IMSS e ISSSTE, a programas como el Seguro Popular, planificar sus adquisiciones en el marco de la presencia de productos bioequivalentes; esto garantiza que cualquiera que ingrese un producto a licitación, cumplirá con eficacia terapéutica comprobada; aunado a esto, la población contará con un producto de menor precio y con un beneficio demostrado; una prórroga implicaría la necesidad de ajustar las bases de licitación para hacer nuevamente diferencias entre genéricos con bioequivalencia y sin ella.

Actualmente la Ley General de Salud ya establece que para el otorgamiento de nuevos registros de productos genéricos, se exija la presentación de pruebas de bioequivalencia.

H. De acuerdo al decreto del 2 de enero de 2008, a partir del 24 de febrero de 2010 se eliminan todos los signos de diferenciación entre productos genéricos, por lo que si se lleva a cabo una prórroga del plazo antes mencionado se estará exponiendo a la población a que le sustituyan la prescripción de un genérico con bioequivalencia por un producto que no ha demostrado eficacia terapéutica, lo cual pondría en riesgo la salud de la población, al no poder garantizar a través de la bioequivalencia la eficacia del producto.

I. En concordancia con lo anteriormente expuesto, el 24 de febrero de 2005 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud”, que estableció entre otras cosas:

a) El catálogo de productos que requieren registro sanitario otorgado por la Secretaría de Salud;

b) La vigencia de 5 años para los registros sanitarios;

c) La posibilidad de prorrogar los registros por periodos iguales, a solicitud del interesado;

d) La cancelación o revocación del registro para el caso de que el solicitante no realizará el trámite de la prórroga del mismo;

e) La obligación para la Secretaría de Salud de establecer los requisitos, pruebas y demás requerimientos que deberán cumplir los medicamentos, insumos para la salud y demás productos y sustancias a través de disposiciones de carácter general; y

f) La obligación para los titulares de registros sanitarios de medicamentos y otros insumos para la salud otorgados por tiempo indeterminado, de someterlos a revisión para obtener la renovación de su registro.

En este sentido, desde el año 2005 el Congreso de la Unión estableció claramente la vigencia de 5 años para los registros sanitarios y la posibilidad para los particulares de solicitar su renovación únicamente cuando la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) haya constatado la seguridad y eficacia terapéutica de los insumos para la salud sometidos a revisión de conformidad con las disposiciones sanitarias vigentes.

J. Tomando en cuenta lo anterior, El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y la COFEPRIS, se dio a la tarea de elaborar los ordenamientos jurídicos necesarios para la instrumentación de la reforma a la Ley General de Salud a fin de que los particulares tuvieran certeza jurídica de los requisitos que deberán cumplir al momento de solicitar la prórroga de sus registros sanitarios de medicamentos y otros insumos para la salud.

K. En este orden de ideas, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación 2 de enero de 2008 el “Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud”. Con esta publicación se precisaron puntualmente los requisitos administrativos y técnicos que deberán cumplir los solicitantes de prórroga de registro sanitario de medicamentos y otros insumos para la salud.

L. A principios de 2009, la COFEPRIS publicó en su página oficial una Guía para presentar el trámite de prórroga de registros sanitarios, con la intención de familiarizar a los usuarios con el uso y llenado de formatos, así como orientar la correcta presentación de la información requisitaza en el Reglamento de Insumos para la Salud. Cabe mencionar que dicha guía también fue distribuida de forma impresa y entregada gratuitamente a los particulares a través de las Cámaras y Asociaciones.

M. Así, por recomendación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), la guía en comento se publicó el 15 de diciembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Salud denominado “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que deberán observar los particulares para el trámite de la prórroga de registro sanitario de medicamentos alopáticos, derivado del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud, publicado en el DOF el 2 de enero de 2008”.

N. De lo anteriormente expuesto, las Comisiones Dictaminadoras consideran que la propuesta contenida en la Minuta analizada, se encuentra superada por la emisión del “Decreto de Reforma del Reglamento de Insumos para la Salud publicado el 2 de enero de 2008, y del “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que deberán observar los particulares para el trámite de la prórroga de registro sanitario de medicamentos alopáticos, derivado del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud, el 2 de enero de 2008, publicado en el Diario Oficial de la federación en fecha 15 de diciembre de 2009, ordenamientos que determinan los requisitos que deben observar los particulares para el cumplimiento de los trámites de prórroga de registro sanitario de medicamentos.

Con la reforma del artículo 376 de la Ley General de Salud, así como del Reglamento de Insumos para la Salud, se han sentado las bases para ordenar el mercado farmacéutico de nuestro país y, con ello, darle la garantía a la población mexicana de que los medicamentos genéricos son igualmente seguros, eficaces y de calidad que los innovadores. Ante este hecho histórico en pro del bienestar y la salud pública de los mexicanos, las Comisiones Dictaminadoras estiman que la ampliación del plazo para prorrogar el registro sanitario implicaría un retroceso.

O. Con base en lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Artículo Unico.- Se desecha la minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionaba un párrafo al artículo 376 de la Ley General de Salud y reformaban los artículos Primero y Tercero transitorios y se adicionan los artículos Cuarto y Quinto transitorios al Decreto que reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2005.

Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes. En virtud de que no hay oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los dictámenes. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 86 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, quedan desechados los siguientes asuntos:

El proyecto de Decreto por el que se crea la Ley sobre Controversias Derivadas de la Atención Médica.

El proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud.

El proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XVIII Bis al artículo 3o. de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades bucodentales.

Y el proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 376 de la Ley General de Salud y reforma y adiciona los Artículos Primero, Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios al Decreto que reforma el artículo 376 de le Ley General de Salud, publicado el 24 de febrero de 2005.

Se devuelven a la Cámara de Diputados para los efectos por lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.

A continuación, tenemos la discusión de cinco dictámenes en sentido negativo que proponen desechar diversos proyectos. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, en consecuencia pasaremos a su discusión de manera conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura y están a discusión los siguientes cinco dictámenes suscritos por las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

En relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XVII del artículo 3o. de la Ley General de Salud.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAD DE SALUD;
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XVII del Artículo 3º de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de noviembre de 2012, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que modifica la fracción XVII del Artículo 3º de la Ley General de Salud

En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que se turnara a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa propone reformar la fracción XVII del Artículo 3º de la Ley General de Salud, en materia de personas con discapacidad.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. De acuerdo con lo señalado por la legisladora proponente, el tratamiento de los problemas relativos a la persona con discapacidad ha respondido a diversas ópticas a lo largo de la historia y se ha desarrollado de acuerdo con los valores culturales y sociales predominantes en cada época. Comenta que en el siglo XX, después de la primera guerra mundial, debido a la enorme cantidad de personas que quedaron con severas discapacidades físicas y mentales, se adoptaron en Europa diversas legislaciones encaminadas a asegurarles a las víctimas de la conflagración un empleo y así mismo se expidieron regímenes de formación profesional a cargo del Estado.

Desde entonces, mediante diversas fuentes del derecho internacional público, e incluso en algunas disposiciones de derecho interno, se ha intentado precisar el contenido y alcance de la noción de discapacidad, labor que ha resultado ser particularmente compleja por cuanto se alude con frecuencia a diversos términos, sin que las fronteras entre todos ellos resulten ser siempre tan exactas y precisas como se quisiera. Así pues, se han empleado términos como retrasados mentales, impedidos, inválidos, y a partir de la década de los ochenta, discapacitados.

C. En un intento por definir un concepto amplio de la noción de discapacidad figura en la resolución 48/96 del 20 de diciembre de 1993, de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, texto en el cual se trató de establecer además una frontera clara entre los conceptos de discapacidad y minusvalía en los siguientes términos:

“Con la palabra discapacidad se resume un gran número de diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países del mundo. La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio.”

Minusvalía es la pérdida o limitación de oportunidades de participar en la vida de la comunidad en condiciones de igualdad con los demás. La palabra minusvalía describe la situación de la persona con discapacidad en función de su entorno. Esa palabra tiene por finalidad centrar el interés en las deficiencias de diseño físico y de muchas que se oponen a que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad”.

El problema jurídico en concordancia con lo señalado por la legisladora proponente, consiste en determinar si la permanencia en la legislación de expresiones que si bien en su momento correspondieron a los términos técnicos empleados por los estudiosos de las ciencias de la salud, en la actualidad puede ser considerados como peyorativos u ofensivos y, por ende, contrarios al principio de la dignidad humana, y en consecuencia, deberían ser expulsados del ordenamiento jurídico.

D. Al respecto, estamos de acuerdo con la proponente en que debe tomarse en cuenta que el quinto párrafo del artículo 1° constitucional al establecer el mandato de no discriminación, regula distintos clases de prohibiciones, entre los que se encuentran el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias y el estado civil.

Asimismo consideramos viable la pertinencia de la reforma propuesta, no obstante, consiste en la modificación de la fracción XVII, del Artículo 3º, del al Ley General de Salud, que a la letra señala: “La prevención de la discapacidad y la rehabilitación de los discapacitados”. A pesar la viabilidad de lo anteriormente expuesto, la última reforma a la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación, fue en materia de discapacidad y ya incluye la propuesta realizada por la legisladora, la Ley vigente de la materia señala a la letra:

Artículo 3o. ...

I. a XVI. ...

XVII. La prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las personas con discapacidad;

XVIII. a XXVIII. ...

Cabe señalar que dicha reforma ya incluye el término establecido por la Organización Mundial de la Salud, que dispone “personas con discapacidad”.

Es por lo anteriormente vertido, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, consideran pertinente desechar la Iniciativa en comento, es por ello que con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Se desecha la iniciativa que contiene proyecto de Decreto que reformaba la Fracción XVII del Artículo 3º de la Ley General de Salud.

Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

El proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 389 y se adiciona el artículo 390 Bis de la Ley General de Salud.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 389 FRACCION I, SE MODIFICA EL ORDEN DE LAS FRACCIONES DEL MISMO ARTICULO Y SE ADICIONA EL ARTICULO 390 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 389 fracción I, se modifica el orden de las fracciones del mismo artículo y se adiciona el artículo 390 bis de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudiocon la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de octubre de 2012, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 389 fracción I, se modifica el orden de las fracciones del mismo artículo y se adiciona el artículo 390 bis de la Ley General de Salud.

La Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Legisladora con la finalidad de mejorar el sistema de información de la población en nuestro país, propone ciertas modificaciones a la Ley General de Salud, con la finalidad de incluir dentro de los certificados que se expiden, uno de nacimiento. La reforma propuestas consiste en:

“Artículo 389.- Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados:

I. De nacimiento

II. De defunción;

III De muerte fetal;

IV. Prenupciales, y

V. De exportación a que se refieren los artículos 287 y 288 de esta ley, y

VI. Los demás que se determinen en esta ley y sus reglamentos.

390 Bis.- El certificado de nacimiento es el documento entregado a la madre del nacido vivo y que deberá presentar ante el Registro Civil, como prueba documental de la ocurrencia del nacimiento, para la obtención del Acta de Nacimiento respectiva.”

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en los Artículos 4° párrafo cuarto y 73 fracción XVIde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de mantener vigente la legislación de la materia.

B. Coincidimos con la Legisladora en la importancia y trascendencia como lo señala, de expedir un certificado de nacimiento, al plantear la necesidad de contar con un formato único de registro que sea de uso obligatorio en todas las entidades federativas e instituciones de salud del país. Y que dicho documento debe quedar suscrito como un documento para promover el registro oportuno, veraz e íntegro de los nacidos vivos ocurridos en el país, a fin de contar con un marco confiable para fines legales y estadísticos que apoye tanto la protección de los derechos de los infantes, desde el ámbito de seguridad pública y del de planeación de programas y estrategias para garantizar sus derechos.

C. Es importante señalar que la propuesta de la Legisladora tiene una finalidad útil para la debida información sobre la población que debe tener un país, no obstante, el pasado 24 de abril de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una reforma que trata la materia y que establece que dicho certificado de nacimiento será requerido por el Registro Civil, para la debida acreditación del nacimiento y registro del nacido.

Ley General de Salud Vigente

Iniciativa Propuesta

Artículo 389.- Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados:

I. Prenupciales;

I Bis. De nacimiento;

II. a V. ….

Artículo 389 bis. El certificado de nacimiento se expedirá para cada nacido vivo una vez comprobado el hecho. Para tales efectos, se entenderá por nacido vivo, al producto de la concepción expulsado o extraído de forma completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, que después de dicha separación respire o dé cualquier otra señal de vida como frecuencia cardiaca, pulsaciones de cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.

El certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina o personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria competente.

Artículo 389 bis 1. El certificado de nacimiento será requerido por las autoridades del Registro Civil a quienes pretendan declarar el nacimiento de una persona, con las excepciones que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Artículo 392.- …

La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y los Servicios Estatales de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la normatividad que se expida para tal efecto, llevarán a cabo acciones necesarias para la implementación de los certificados a que se refiere este Título, incluyendolas relacionadas con la captura, generación e intercambio de la información relacionada con la expedición de dichos certificados y de acuerdo a lo dispuesto por el Título Sexto.

La distribución primaria de los certificados de nacimiento, defunción y muerte fetal a que hace mención el artículo 389 de esta Ley estará a cargo de la Secretaría de Salud.

Artículo 389.- Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados:

I. De nacimiento

II. De defunción;

III De muerte fetal;

IV. Prenupciales, y

V. De exportación a que se refieren los artículos 287 y 288 de esta ley, y

VI. Los demás que se determinen en esta ley y sus reglamentos.

390 Bis.- El certificado de nacimiento es el documento entregado a la madre del nacido vivo y que deberá presentar ante el Registro Civil, como prueba documentalde la ocurrencia del nacimiento, parala obtención del Acta de Nacimiento respectiva.

D. Como se observa en el anterior, el objetivo perseguido por la reforma propuesta ya se encuentra en la última reforma publicada sobre la materia. Con base en ello, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, desechan la Iniciativa propuesta y dan por concluido el trámite del instrumento legislativo en comento, en los términos señalados, por ser materia superada por la legislación vigente, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Unico. Se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformaba el Artículo 389 fracción I, se modificaba el orden de las fracciones del mismo artículo y se adicionaba el Artículo 390 Bis, ambos de la Ley General de Salud, por ser materia superada a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del pasado 24 de abril de 2013, en referencia a certificados de nacimiento.

Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

El proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 86 y 87 de la Ley General de Salud.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 86 Y 87 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 86 y 87 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 08 de Noviembre de 2011, el Senador Arturo Herviz Reyes, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXI Legislatura, presentó iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 86 y 87 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Senador propone el establecimiento de una remuneración a los pasantes de las profesiones para la salud, al respecto señala la siguiente propuesta:

“Artículo 86.- Para los efectos de la eficaz y equitativa distribución de la prestación del servicio social de pasantes de las profesiones para la salud, se establecerán mecanismos de coordinación entre las autoridades de salud y las educativas, con la participación que corresponda a otras dependencias competentes. En la prestación del servicio social se privilegiará las zonas rurales, las regiones indígenas o de bajo desarrollo humano.

Artículo 87.- La prestación del servicio social y prácticas profesionales de los pasantes de las profesiones para la salud, se llevará a cabo mediante la participación de los mismos en las unidades aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico y social. Aquellos pasantes que presten su servicio social o desarrollen sus prácticas profesionales percibirán una remuneración en forma de beca para sus gastos personales.”

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta,a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. En México, el servicio social es una actividad eminentemente formativa y de servicio, es decir, por un lado afirma y amplía la información académica del estudiante además permite fomentar en él una conciencia de solidaridad con la sociedad.

De acuerdo con el Artículo 5º Constitucional, cuarto párrafo, “…los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que esta señale”.

Del análisis de la Iniciativa, por lo que respecta al otorgamiento de becas para los prestadores del servicio social de pasantes de las profesiones para la salud, se desprende que con la aprobación de la presente propuesta se podría duplicar lo que ya se encuentra vigente y establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, toda vez que establece:

ARTICULO 53.- Se entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado.

ARTICULO 59.- Cuando el servicio social absorba totalmente las actividades del estudiante o del profesionista, la remuneración respectiva deberá ser suficiente para satisfacer decorosamente sus necesidades.”

C. Derivado de lo anterior, la prestación que se brinda como del servicio social por parte de estudiantes y profesionistas, debe ser retribuida y remunerada, mediante el otorgamiento de un apoyo económico que en su caso puede ser definido como una beca.

Independientemente de lo anterior, la retribución o remuneración que se otorga a los estudiantes o profesionistas por la prestación del servicio social, se encuentra sujeta a la disponibilidad de recursos para dicho rubro, por parte de cada Institución, Dependencia, Entidad y Organismo de gobierno.

No obstante lo anterior, cada uno de los estudiantes y profesionistas tienen el derecho de elegir la institución que más convenga con sus intereses, es por ello que la aprobación de la propuesta en comento duplicaría normas vigentes.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos,con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformaban y adicionaban los artículos 86 y 87 de la Ley General de Salud, turnada el pasado 08 de noviembre de 2013.

Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

COMISION DE SALUD

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

El proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley del Seguro Social.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD, LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura dela Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, Ley de la Propiedad Industrial y Ley de Seguro Social. En materia de liberación publica de Patentes de Medicamentos.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de abril de 2011, el Senador Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXI Legislatura, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, Ley de la Propiedad Industrial y Ley de Seguro Social. En materia de liberación publica de Patentes de Medicamentos.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Senador Propone reformar el inciso IX y adicionar los incisos X y XI al artículo 17 de la Ley General de Salud, para establecer como nuevas competencias a cargo del Consejo de Salubridad General, el emitir declaratoria sobre casos de emergencia o seguridad nacional de salud pública, incluyendo enfermedades graves o cuando se prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional; así como proteger la salud pública mediante la regulación y vigilancia de los medicamentos de uso humano y veterinario, vacunas y otros productos biológicos, dispositivos médicos, el abastecimiento de alimentos en nuestro país, los cosméticos, los suplementos dietéticos y los productos que emiten radiaciones.

Se reforma el artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial, para establecer que en los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, el Consejo de Salubridad General hará la declaratoria de atención prioritaria, por iniciativa propia o a solicitud por escrito de instituciones nacionales especializadas en la enfermedad. Una vez publicada la declaratoria del Consejo en el DOF, el IMSS solicitará la liberación pública de las patentes de medicamentos necesarias para hacer frente a los casos de emergencia o seguridad nacional, incluyendo enfermedades graves declaradas de atención prioritaria.

El Consejo deberá evaluar la justificación presentada por el IMSS y de ser aprobada la solicitud publicará en el DOF la orden para cada patente de medicamento liberada y fijará las condiciones de producción y de calidad, duración y campo de aplicación de la citada licencia. Para el correcto uso de la patente liberada, el Consejo evaluará que su uso sea estrictamente público y que las acciones del IMSS cumplan con los puntos publicados en la orden de liberación. La reforma señala que el Consejo concederá al titular de la patente una garantía de seguridad jurídica que le proteja el uso exclusivo de la propiedad industrial y renueve los derechos de su patente una vez terminado el periodo de explotación.

Finalmente, se adiciona un inciso XXXVIII y se reforma el inciso XXXVII del artículo 251 de la Ley del Seguro Social, para señalar que el IMSS, tendrá entre sus atribuciones el de investigar y producir medicamentos para uso exclusivo del Instituto y con el objeto salvaguardar la salud de la población.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. Es menester hacer mención de los argumentos que vierte el proponente en sus exposición de motivos de la iniciativa que incumbe este dictamen: los cuales hacen mención que en nuestro sistema de salud no existe una coordinación interinstitucionalcuando debe existir un verdadero sistema de cooperación o incluso de comunicación, varias instituciones del sector saludinvaden funciones primarias uno del otro, por ende no existe un sistema claro, el paciente no cuenta con ventajas para protegerse a él o a su familia.

Uno de estos ejemplos de descoordinación en las funciones de cada sistema es el que respecta a la declaración de emergencia nacional de salud y en la atención debida. Siendo responsabilidad del Consejo de Salubridad General emitir disposiciones de carácter obligatorio en materia de Salubridad General en todo el país.

C. Menciona que éste problema en específico sobre la emergencia de enfermedades no se corrige con la sola distribución de funciones y que dicha emergencia es respondida también por medio de la utilización de medicamentos para atender a la población. Luego de la declaración de emergencia y una vez evaluada la capacidad de respuesta por parte del Estado, éste decide, en el caso de no contar con los medicamentos necesarios, la liberación de una licencia para que se pueda ocupar la patente de un producto, aun cuando no ha terminado su periodo de control exclusivo.

D. El problema principal de seguridad o emergencia nacional esta tecnología debiera ser explotada en beneficio social, pero la Ley marca que esta invención debe ser manejada por terceras personas. Lo anterior se refiere a que esta licencia se otorga siempre y cuando el dueño de la patente declare que no puede darse abasto en la producción o bien entorpezca la producción y distribución de la tecnología en cuestión.

Se menciona que en todo este proceso el Estado es mediador, una emergencia que puede ameritar la concesión de una licencia debe centrarse en la población y no simplemente en el abasto, éste se puede corregir otorgando la facultad al IMSS, la licencia por lo tanto la licencia debería ser pública, entendiendo esto como de uso exclusivo del Estado.

Asimismo la concesión de una licencia de utilidad pública no afectaría de manera negativa los intereses del titular de la patente, se debe explotar el producto patentado únicamente para cubrir la demanda que el titular no puede abastecer y una vez que termina la emergencia, la patente sería renovada, corriendo de manera segura nuevamente sus tiempos.

Esto sería distinto a lo que conocemos actualmente como Cláusula Bolar, ya que ella solo busca que la patente restringida pueda ser utilizada como genérica. Es una cláusula en virtud de la cual se permitiría que un tercero inicie los trámites para la aprobación de un producto genérico antes de la expiración del período de la patente del producto original.

E. Con estos dos métodos se podría otorgar una calidad en la atención del paciente, se corregiría la invasión de diversas instituciones que prestan servicios de salud, como: el IMSS y la Secretaría de Salud.

En resumen, el objeto de dicha iniciativas otorgar atribuciones al Consejo de Salubridad General para emitir declaratoria sobre casos de emergencia o seguridad nacional de Salud Pública, incluyendo enfermedades graves o cuando se prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional. Así también proteger la salud pública mediante la regulación y vigilancia de los medicamentos de uso humano y veterinario, vacunas y otros productos biológicos, dispositivos médicos, el abastecimiento de alimentos en nuestro país.

F. Estas comisiones dictaminadoras consideran que el espíritu de la reforma es loable sin embargo en inviable por los siguientes argumentos:

1.- Respecto a emitir declaratoria sobre los casos de emergencia o seguridad nacional de salud pública incluyendo enfermedades graves o cuando se prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional. Se desprende que contraviene los dispuesto por el artículo 73 fracción XVI base 2ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la secretaria de salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República.

2.- Respecto de la propuesta sobre proteger la salud pública mediante la regulación y vigilancia de los medicamentos de uso humano y veterinario, vacunas y otros productos biológicos, dispositivos médicos, el abastecimiento de alimentos en nuestro país, los cosméticos los suplementos dietéticos y los productos que emiten radiaciones. Se desprende que se considera que es inviable en virtud de que invade la esfera de competencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), ya que de conformidad con el artículo 17 bis de la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios en las materias a que se refiere el artículo 3 del mismo ordenamiento entre las cuales se encuentra el control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación, específicamente en la fracción XXII.

3. Asimismo por lo que se refiere a la regulación y vigilancia de los medicamentos de uso veterinario, se invade la competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,establecida la fracción IV del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual establece que a dicha dependencia le corresponde vigilar el cumplimiento y aplicar la normatividad en materia de sanidad animal así como diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, la cual tiene por objeto, fijar las bases para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular los establecimientos, productos y el desarrollo de actividades de sanidad animal y prestación de servicios veterinarios regular los productos químicos farmacéuticos biológicos y alimenticios biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos.

4. En cuanto a reformar el artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial para establecer quien los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atente contra la seguridad nacional, el Consejo de Salubridad General hará la declaratoria de atención prioritaria, por iniciativa propia o a solicitud por escrito de instituciones nacionales especializadas en la enfermedad, que sean acreditadas por el Consejo, en la que se justifique la necesidad de la atención prioritaria.

Al respecto cabe señalar que el texto propuesto, es el contenido vigente del párrafo segundo del artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial, asimismo se considera inviable eliminar párrafo primero del artículo citado, el cual establece que por causa de emergencias o de seguridad nacional y mientras duren estas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por declaración que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinará que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública, ya que de hacerlo, la disposición resultaría limitativa a casos de enfermedades graves que causan una emergencia o atenten contra la seguridad nacional, sin tomar en cuenta que existen otros hechos que puedan implicar una emergencia o afectación a la seguridad nacional como es el caso de los temblores o las inundaciones, etc.

5.- Por lo que se refiere al procedimiento que propone que una vez publicada la declaratoria del Consejo de Salubridad General en el Diario Oficial de la Federación, el Instituto Mexicano del Seguro Social solicitará la liberación pública de las patentes de medicamentos necesarias para hacer frente a los casos de emergencia o seguridad nacional, y posteriormente el Consejo evaluará la justificación presentada por el Instituto, y de ser aprobada la solicitud, publicará en el Diario Oficial de la Federación, la orden para que cada patente de medicamento liberada y fijará las condiciones de producción y de calidad, duración y campo de aplicación de la citada licencia. Después el Consejo de Salubridad evaluará que su uso sea estrictamente público y que las acciones del Instituto Mexicano del Seguro Social cumplan con los puntos publicados en la orden de liberación.

Finalmente el Consejo de Salubridad Genera, le concederá al titular de la patente una garantía de seguridad jurídica que le proteja el uso exclusivo de la propiedad Industrial y renueve los derechos de su patente una vez terminado el periodo de explotación.

Sobre el particular estas comisiones dictaminadoras consideran que es invasivo de la competencia de la Secretaría de Economía, dependencia a la cual en términos del artículo 33 de la LOAPF, le corresponde normal y registrar la propiedad Industrial (fracción XII), y la competencia del IMPI, organismo descentralizado al que corresponde la aplicación administrativa de la Ley de la Propiedad Industrial en términos del artículo 1 de dicho ordenamiento.

Asimismo el artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial señala como facultades del IMPI, la de tramitar y en su caso otorgar patentes de invención y emitir declaratorias para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial (fracción III) así como sustanciar los procedimientos de nulidad caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone dicha Ley su Reglamento y en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma.

6. Por último la iniciativa propone reformar la fracción XXXVII del artículo 251 de la Ley del Seguro Social, a efecto de establecer como facultad del Instituto Mexicano del Seguro Social la de investigar y producir medicamentos para uso exclusivo de este instituto, y con el objeto de salvaguardar la salud de la población, lo cual en la opinión de estas comisiones podría generar un impacto presupuestario para dicho instituto por lo que se estima que es innecesaria.

Por lo antes expuesto estas comisiones dictaminadoras consideran inviable dicha propuesta por ello, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

UNICO. Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformaba la Ley General de Salud, Ley de la Propiedad Industrial y Ley de Seguro Social, en materia de liberación pública de Patentes de Medicamentos, lo anterior por lo ya expuesto en el apartado de consideraciones.

Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Y el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 245 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 17 de noviembre de 2011, el Senador Ernesto Saro Boardman, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura, presento iniciativaque contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 254 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Dicha Iniciativa propone reformar la fracción III del artículo 245 de la Ley General de Salud, para eliminar la Risperidona de las sustancias consideradas en la fracción III del artículo 245 (las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública) de la Ley General de Salud, reforma que no afectaría su venta y suministro al público, el cual sería regulado por el artículo 226 del mismo ordenamiento.

El proponente menciona que la eliminación de la Risperidona del artículo 245 de la Ley General de Salud permitirá una considerable facilitación y simplificación de los procesos de importación del medicamento a México que retrasan significativamente la entrada de productos con este principio activo al país, además de que potencialmente ello podría repercutir en un mejor precio de los mismos, ya que por una parte se reducirían costos de importación y se dispondría de mejor abasto ampliando también su fecha caducidad. Adicionalmente, esto permitiría que el país equiparara dichos procesos con los de sus principales socios comerciales y, garantizaría el abasto del medicamento para millones de pacientes mexicanos, en beneficio directo de ellos, sus familiares y la sociedad en general.

Es importante mencionar que la Risperidona es una sustancia con beneficios importantes en el tratamiento de pacientes con esquizofrenia, entre otras enfermedades mentales, y en el tratamiento de los síntomas en niños con autismo. Es un medicamento antipsicótico de “segunda generación” que actúa sobre los sistemas cerebrales de neurotransmisión de dopamina y serotonina, y no de “primera generación” que únicamente tienen efecto en dopamina. Otro beneficio de gran importancia para los pacientes, derivado de la Risperidona, es el escaso número de efectos secundarios que genera.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. Sabemos que la salud mental es un tema que aqueja a nuestra sociedad, las enfermedades mentales son uno de los problemas de salud pública más importantes en México. Se estima que el 28.6 por ciento de la población presenta en algún momento de su vida un padecimiento relacionado con la salud mental, el cual puede ir desde los más leves, como la depresión estacionaria, hasta padecimientos altamente complejos.

C. El impacto que puede tener una enfermedad mental abarca todos los ámbitos de la vida de una persona: sus relaciones interpersonales con familiares y amigos; el papel que desempeña en su comunidad y frente a sus pares; su capacidad de conseguir y retener un trabajo digno; su capacidad de tomar decisiones conscientes e independientes respecto a su patrimonio; su capacidad de aprender; su capacidad de elección y autodeterminación; su capacidad de tener una vida sexual plena, entre muchos otros.

D. Estas Comisiones dictaminadoras coinciden con el proponente en que las enfermedades mentales se presentan tanto en niños que atraviesan la primera infancia como en adultos mayores. Se presentan, también, como morbilidades asociadas a otras, como ejemplo, el tratamiento contra el cáncer puede generar depresión, y asimismo pueden presentarse como morbilidades independientes, cuyo desarrollo en la persona desencadena, a su vez, morbilidades asociadas, por ejemplo, una persona con esquizofrenia puede presentar discapacidad motriz o de lenguaje.

Todos estos padecimientos son crónicos y algunos se encuentran dentro de las primeras 10 enfermedades, como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, según datos de la OMS.

Los avances de la medicina han permitido generar medicamentos que ayudan a que las personas con esta condición puedan controlar la enfermedad, controlar sus síntomas e integrarse plenamente a la sociedad.

E. Es importante señalar que la Risperidona es una sustancia con beneficios importantes en el tratamiento de pacientes con esquizofrenia, entre otras enfermedades mentales, y en el tratamiento de los síntomas en niños con autismo. Es un medicamento antipsicótico de “segunda generación” que actúa sobre los sistemas cerebrales de neurotransmisión de dopamina y serotonina, y no de “primera generación” que únicamente tienen efecto en dopamina.

Otro beneficio de gran importancia para los pacientes, derivado de la Risperidona, es el escaso número de efectos secundarios que genera. Uno de los principales frenos para la continuidad de un tratamiento de esquizofrenia en pacientes que utilizaban medicamentos de primera generación era que los efectos secundarios de éstos se presentaban de tal índole que el paciente rehuía tomar su medicina, lo que ocasionaba el abandono del tratamiento, el regreso de la sintomatología y de las consecuencias nocivas en la vida de la persona.

Sin embargo, es frecuente que la disponibilidad del medicamento en farmacias sea mucho menor a la demanda. Un factor que influye en gran medida para este desabasto es el hecho de que la Risperidona sea considerada como una sustancia psicotrópica en la Ley General de Salud, de acuerdo al catálogo enunciado en su artículo 245.

En resumen se pretende eliminar la Risperidona de la lista de sustancias psicotrópicas que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública. Esto con el fin de poder utilizar este medicamento como un antipsicótico de segunda generación para el tratamiento de pacientes con esquizofrenia y autismo.

F. Al respecto estas Comisiones Dictaminadoras señalan que se coincide con los beneficios de la Risperidona y que con el acceso fácil de esta sustancia por parte del paciente, podría prevenir la principal causa para la recaída psicótica que es la pobre adherencia terapéutica, tanto al medicamento como al seguimiento clínico.

Sin embargo, es preocupante el hecho de pretender quitar de la lista de psicotrópicos que tienen valor terapéutico y que la propia ley menciona que constituyen un grave problema para la salud pública, a esta substancia.

G. Coincidimos en que dicha reforma no contravieneni duplica las disposiciones contenidas en algún cuerpo normativo, así mismo en que las enfermedades mentales se deben prevenir y que la salud mental es tema toral para la salud pública de nuestro país, sin embargo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), hace hincapié en que la RISPERIDONA, provoca daños considerables a la salud, como consecuencia principal de la farmacodependencia, así como de los efectos adversos que genera a nivel Sistema Nervioso Central, por ello se considera que no debe ser eliminada y prevalecer en la fracción III del artículo 245 de la Ley General de Salud como a la letra señala:

Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública.

II.- Las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud pública.

III.- Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública.

RISPERIDONA

IV.- Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública.

V.- Las que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, mismas que se determinarán en las disposiciones reglamentarias correspondientes.

H. Como podemos observar dicha substancia se ubica en las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, por ende si se eliminara se tendría un libre acceso a ella y generaría un problema grave de salud. Es por ello que estas comisiones dictaminadoras consideran inviable dicha propuesta.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

UNICO. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud. Lo anterior por los argumentos plasmados en el apartado de consideraciones.

Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

COMISION DE SALUD
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, están a discusión los dictámenes. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de Decretos iniciados en esta Cámara.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aproados los Acuerdos. Comuníquense.

Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

A continuación, pasamos a la discusión de cuatro dictámenes con Acuerdos que aprueban los similares de la Cámara de Diputados, por los que se desecharon proyectos de Decreto.

Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de este día, por lo cual solicito a la Secretaría dé cuenta de cada uno de ellos.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy cuenta con los dictámenes.

De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con punto de Acuerdo por lo que se aprueba el similar de la Cámara de Diputados del 27 de marzo de 2012, por el que se desechó el proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 327 de la Ley General de Salud.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 327 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reformaba y adicionaba el artículo 327 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de octubre de 2009, los Senadores Francisco Arroyo Vieyra, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Ernesto Saro Boardman, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y el Lázaro Mazón Alonso, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, todos de la LXI Legislatura, presentaron una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 327 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha la Mesa Directiva, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 26 de noviembre de 2009, se presentó el Dictamen en el Pleno del Senado. Aprobándose con 76 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.

3. Con fecha 26 de noviembre de 2009, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 327 de la Ley General de Salud, a la Comisión de Salud de la Colegisladora, para su análisis y dictamen correspondiente.

4. Con fecha 10 de abril de 2012, se recibió de la Cámara de Diputados, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 327 de la Ley General de Salud, en sentido negativo. En la misma fecha la Mesa Directa del Senado de la República, dispuso que se turnara a la Comisión de Salud y Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Iniciativa que da origen a la presente minuta, tiene como objetivo atender la necesidad de permitir la industrialización del plasma, el tejido músculo esquelético, cutáneo, vascular y membrana amniótica.

Además de establecer que la Secretaría de Salud, sea quien determine de manera exclusiva las disposiciones jurídicas aplicables para regular los procesos industrialización y las actividades inherentes a éstos, observando los principios de equidad, seguridad y procuración del beneficio para la salud pública. Derivado de ello, diferenciar que los tejidos procesados industrialmente, son diferentes a los trasplantes y con ello se abre la oportunidad de regular su uso y aplicación.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de mantener vigente la legislación de la materia.

B. En 2007, en la Segunda Reunión Consultiva Mundial sobre Trasplante, la Organización Mundial de la Salud, presentó a diversos países presentes, un proyecto de actualización de los principios rectores mundiales sobre donación y trasplante de células, tejidos y órganos. Es a partir de ello, que se pretende dar seguimiento y solución a la problemática mundial derivada de la escasez de materiales humanos para trasplante, particularmente por lo que respecta a los órganos. Pero además garantizar las cuestiones de calidad, seguridad, eficacia en el procedimiento quirúrgico, entre otros aspectos también importantes relativos al tema.

Dentro de los principios presentados, se enfatiza en que tanto el donante como el receptor, deben de ser el centro de interés como paciente y como ser humano. Por otra parte, la donación de órganos, tejidos y/o células y hemoderivados, socialmente es un tema, que implica la voluntad de una persona de dar algún órgano, célula o tejido de su cuerpo, a otra persona de manera altruista, sin fines de lucro y de manera confidencial.

C. Por otra parte, el Centro Nacional de Trasplantes, es un organismo que pertenece a la Secretaría de Salud y que es el responsable de la rectoría del Sistema Nacional de Trasplantes en el país. Una de las tareas principales a su cargo, es la de organizar y fomentar los programas de donación y trasplante en las instituciones de salud. Además de tener facultades como la emisión de políticas públicas y la supervisión de la distribución y asignación de los órganos y tejidos donados por la población.

De acuerdo con datos de dicho Centro, en la actualidad un total de 17049 personas requieren un trasplante, de ellos, los órganos más requeridos son los riñones, con 9370, seguidos de las córneas con 7195 y más por debajo de dicha demanda el hígado, con 409 personas que lo necesitan, entre otros órganos.

Así mismo, reporta que en lo que va del año 2013, se han realizado 687 trasplantes de cornea, 551 de riñón, seguido de 32 de hígado, 9 de corazón y 2 de páncreas.

D. En concordancia con la Colegisladora, el espíritu de la Iniciativa que dio origen a la minuta en comento, se ha visto rebasado a partir de diversos trabajos legislativos, que dieron por resultado reformas importantes y esenciales para el sector salud, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de diciembre de 2011. Dichas reformas realizadas las fracciones I, II y III del artículo 313; las fracciones X, XVI y XVII del artículo 314; el segundo párrafo del artículo 316; el primer párrafo del artículo 322; el primer párrafo y la fracción II del artículo 323; el primer párrafo del artículo 324; el artículo 328; el artículo 329; el artículo 331; la fracción V del artículo 333; la fracción I y II del artículo 334; los artículos 338 y 339; el artículo 350 Bis 7; el artículo 462, y el primer párrafo del artículo 462 Bis; y se adicionan las fracciones IV y V del artículo 313; las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del artículo 314; los artículos 314 Bis, 314 Bis 1, 314 Bis 2, 316 Bis, 316 Bis 1, 329 Bis; los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 333; la fracción II Bis del artículo 334; los artículos 335 Bis y 335 Bis 1; los artículos 342 Bis, 342 Bis 1 y 342 Bis 2, y un tercer párrafo al artículo 462 Bis, todos de la Ley General de Salud, versan principalmente sobre:

1. La facultad de la Secretaría de Salud para poder realizar la vigilancia sanitaria de trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos; para establecer y dirigir las políticas en salud en materia de donación, procuración y trasplantes de órganos, tejidos y células, con el carácter de coordinadora del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes, así como para expedir Normas Oficiales Mexicanas para estandarizar y homologar los procedimientos.

2. Definir los términos de coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos para trasplantes, coordinación institucional, implante, órgano, preservación, procuración, trazabilidad, asignación y autotrasplante.

3. Garantizar el acceso equitativo, oportuno y seguro a los pacientes que requieran de un trasplante.

4. La facultad del Consejo de Salubridad General para establecer previa opinión del Centro Nacional de Trasplantes, los criterios y requisitos para la certificación.

5. La regulación para los establecimientos que realicen actos de trasplantes, extracción, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos, células y de trasplantes de órganos y tejidos deberán contar con un Coordinador Hospitalario de donación de órganos y tejidos, certificado por la Secretaría de Salud; asimismo, deberán contar con el apoyo, a través de un convenio, de bancos de sangre externos, cuando el establecimiento no tuviere uno propio.

6. Establecer que el Coordinador Hospitalario deberá ser un médico general o especialista, capacitado, que cuente con experiencia en la materia y estar certificado y, en su caso, recertificado por la Secretaría de Salud para ocupar dicho cargo y entre sus funciones deberá detectar, evaluar y seleccionar a los donantes potenciales; fomentar al interior del establecimiento la cultura de la donación y el trasplante y resguardar y mantener actualizados los archivos relacionados con su actividad entre otras.

7. Facultar a la Secretaría de Educación Pública, para que en coordinación con la Secretaría de Salud, diseñen los contenidos educativos para que desde la educación primaria los estudiantes tengan conciencia sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células.

8. Establecer que la evaluación y caracterización previa del donante y del donador, así como la procuración o extracción de órganos, tejidos y células y la preparación del receptor se llevarán a cabo con lo que señalen las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría de Salud; asimismo, la preparación del receptor y de los donadores, en su caso, incluirá el apoyo psicológico necesario.

E. Es importante señalar que en el Capítulo III, del Título Décimo Cuarto, Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida, de la Ley General de Salud, podemos observar medidas en la que se establece, por ejemplo, la facultad de la Secretaría de Salud, que se encarga de promover la donación de manera voluntaria y altruista de la sangre placentaria, de las mujeres embarazadas, para obtener de ellas células troncales o progenitoras para usos terapéuticos o de investigación. Así mismo la disposición de sangre, componentes sanguíneos con fines terapéuticos.

En el mismo sentido, se establece que los tejidos músculo-esqueléticos, cutáneo y vascular, obtenidos de donadores con pérdida de la vida y la membrana amniótica, podrán destinarse a procedimientos que permitan obtener insumos para la salud, para efectos de implantes. Siendo la Secretaría de Salud, la facultada para emitir las disposiciones de los mecanismos de aprovechamiento, procesamiento o utilización, bajo condiciones que garanticen calidad, seguridad y eficacia. Lo anterior de acuerdo con lo previsto en el Artículo 342 Bis, de la Ley General de Salud, con lo que se respalda la vigencia ya, de lo propuestos por los legisladores proponentes.

F. Finalmente con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman que la materia de la Minuta en comento ya se encuentra superada, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Unico. Se confirma el sentido de la resolución tomada por la Colegisladora, por el que se desecha la minuta con proyecto de Decreto por el que se reformaba y adicionaba el Artículo 327 de la Ley General de Salud. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

COMISION DE SALUD
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con punto de Acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara de Diputados del 1 de marzo de 2012, por el que se desechó el proyecto de Decreto por el que se reformaba el artículo 103 de la Ley General de Salud.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 103 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta que desecha el proyecto de Decreto por el que se reformaba el artículo 103 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 26 de enero de 2011, el Senador Manuel Velasco Coello, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, durante la Comisión Permanente, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 103 de la Ley General de Salud.

Con fecha 1° de febrero de 2011, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 10 de marzo de 2011, la Mesa Directiva del Senado de la República, emitió excitativa a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos, para que se dictaminara con prontitud dicha iniciativa.

3. Con fecha 22 de marzo de 2011, se aprobó en votación nominal con 83 votos la iniciativa en comento y se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos correspondientes.

4. Con fecha 26 de marzo de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Salud de la Colegisladora.

5. Con fecha 1º de marzo de 2012, se aprobó el dictamen de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y desechó la iniciativa en comento. Así mismo se devolvió a la Cámara de Senadores para los efectos correspondientes.

6. Con fecha 6 de marzo de 2012, se recibió de la Cámara de Diputados la minuta que desecha la propuesta de reforma al Artículo 103 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dispuso que se turnara a la Comisión de Salud y Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

El espíritu de la presente minuta, señalaba la necesidad de reformar el Artículo 103 de la Ley General de Salud, en virtud de que encontró el término pariente, en lugar del de “paciente”, en la redacción de dicho Artículo. No obstante el anterior solamente fue un error de edición, por lo que la Colegisladora desechó la propuesta inicial.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en los Artículos 4° párrafo cuarto y 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de mantener vigente la legislación de la materia.

B. La minuta en comento se deriva de la iniciativa propuesta por el entonces Senador Manuel Velasco Coello, que tenía como propósito corregir un supuesto error en la redacción del Artículo 103 de la Ley General de Salud.

C. Es cierto que la técnica legislativa refiere la necesidad de una adecuada redacción que permita la conveniente aplicación de cada una de las disposiciones legales del marco normativo mexicano, donde se puedan reflejar de manera trascendental los avances que se esperan de los diversos organismos centralizados y paraestatales de la Administración Pública Federal y de cada una de las entidades federativas.

D. Es a partir de lo anterior, que la propuesta señalaba que la legislación vigente tenía establecida la palabra “pariente” en lugar de la de paciente”, y proponía el siguiente:

“Artículo 103. En el tratamiento de una persona enferma, el médico podrá utilizar nuevos recursos terapéuticos o de diagnóstico, cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente, siempre que cuente con el consentimiento por escrito de éste, de su representante legal, en su caso, o del familiar más cercano en vínculo, y sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos que determine esta Ley y otras disposiciones aplicables.”

E. Estamos de acuerdo con la Colegisladora, en que las legislaciones mexicanas, son importantes ya que de ellas se deriva la apropiada regulación de los actos entre personas y gobierno, y que en todo momento se debe promover la adecuada impartición de justicia mediante principios tales como equidad y justicia social. Derivado de su importancia es que deben ser claras, uniformes y precisas para poder tener como resultado, la interpretación que el legislador quiso plasmar en ellas y que la alteración de un solo término en alguna de sus disposiciones puede modificar el fin teleológico de las mismas.

F. No obstante lo anterior, en concordancia con la Colegisladora, señalamos que la Ley General de Salud vigente, no muestra error de redacción alguno, así mismo no tiene el término de pariente por el de paciente, como señaló el legislador proponente, por lo que se considera pertinente desechar el instrumento legislativo y darlo por concluido en los términos en los que lo presenta la Colegisladora.

Finalmente con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman viable dar por concluido el trámite del instrumento legislativo en comento, en los términos que señala la Colegisladora, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Unico. Se confirma el sentido de la resolución tomada por la Colegisladora, por el que se desecha la minuta con proyecto de Decreto por el que se reformaba el Artículo 103 de la Ley General de Salud, por considerarse innecesaria la modificación propuesta. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con punto de Acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara de Diputados de 1 de marzo de 2012, por el que se desechó el proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 90 de la Ley General de Salud.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION V AL ARTICULO 90 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta que desecha el proyecto de Decreto por el que se adicionaba una fracción V, al Artículo 90 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 30 de abril de 2009, el Senador Héctor Pérez Plazola, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, durante el Tercer Año del Segundo Periodo Ordinario de sesiones del Senado de la República, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V al Artículo 90 de la Ley General de Salud.

En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 12 de abril de 2011, se aprobó en votación nominal con 83 votos la Iniciativa en comento y se remitió a la Cámara de Diputados en calidad de minuta, para los efectos correspondientes.

3. Con fecha 14 de abril de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó dicha minuta a la Comisión de Salud de la Colegisladora.

4. Con fecha 1º de marzo de 2012, se aprobó el dictamen de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y desechó la Iniciativa en comento. Así mismo se devolvió a la Cámara de Senadores para dar por concluido el procedimiento legislativo.

5. Con fecha 6 de marzo de 2012, se recibió de la Cámara de Diputados la minuta que desecha la propuesta de reforma al Artículo 90, fracción V de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dispuso que se turnara a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

El espíritu de la propuesta del Legislador, señala la necesidad de reformar la fracción V del Artículo 90 de la Ley General de Salud, con la finalidad de que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el respectivo ámbito de su competencia, establezcan programas permanentes de capacitación con perspectiva de género, para que de manera oportuna se detecte y atienda a mujeres que viven una situación de violencia.

No obstante lo anterior, la Colegisladora señala que dicha iniciativa es innecesaria ya que la propuesta planteada ya se contempla tanto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como en el Reglamento de esta Ley y en la Norma Oficial NOM-190-SSA1-1999.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en los Artículos 4° párrafo cuarto y 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de mantener vigente la legislación de la materia.

B. Es importante señalar que la propuesta del Legislador, pretende la atención de aspectos importantes de la realidad social que actualmente se percibe en el país y el mundo en general, es un tema cuyo impacto social es trascendente para la evolución cultural, económica y social de nuestro país, entre otros factores que se desprenden de las políticas que se enfoquen a la perspectiva de género en todos los ámbitos de gobierno.

C. La Iniciativa que dio origen al presente instrumento legislativo, señalaba la siguiente:

Ley General de Salud Vigente

Iniciativa Propuesta

Artículo 90.- Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con éstas:

I. Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud;

II. Apoyar la creación de centros de capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud;

III. Otorgar facilidades para la enseñanza y adiestramiento en servicio dentro de los establecimientos de salud, a las instituciones que tengan por objeto la formación, capacitación o actualización de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, de conformidad con las normas que rijan el funcionamiento de los primeros, y

IV. Promover la participación voluntaria de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud en actividades docentes o técnicas.

Artículo 90.- …

I.

II.

III.

IV.

V. Establecer programas permanentes de capacitación con perspectiva de género, para que de manera oportuna se detecte y atienda a mujeres que viven una situación de violencia.

D. El 23 de febrero de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 48/104, de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, donde se reconoció la urgente necesidad de la aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos.

Aunado a ello, dicha Asamblea señaló que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, además este tipo de violencia se considera como una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer.

De la misma Declaración se concluyó que la “violencia contra la mujeres todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

Es a partir de dicha Resolución, que la Asamblea General de las Naciones Unidas, señaló que los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla y que además, deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer.

E. En México, se publicó en el Diario Oficial de la Federación del pasado 15 de enero de 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, muestra de la voluntad del gobierno mexicano, para erradicar y prevenir con prontitud, eventos de dicha naturaleza.

Dicha Ley tiene por objeto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1, establecer la coordinación entre la Federación las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como promover los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación.

Así mismo la Ley en comento, señala que la Violencia contra las Mujeres, es cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Además define la Perspectiva de Género, como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

Algunas de las modalidades de la violencia que se puede efectuar en contra de las mujeres, son definidos en la presente Ley y los clasifica como violencia en el ámbito familiar; laboral y docente; en la comunidad; institucional y feminicida.

Así mismo la Ley en comento señala que la Federación, entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, dicho sistema tiene por objeto la unión de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, función que hace obligatoria la participación de los Titulares de las Secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría General de la República, entre otras instituciones vinculadas con la mejora en la calidad de vida de las mujeres.

F. A partir de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se instrumenta el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que para los efectos que señala el espíritu de la propuesta del Legislador, podemos destacar que de las acciones con perspectiva de género importantes, se destacan:

1. El diseño de un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas, este modelo involucra a todas las instituciones de gobierno, que deben tener la capacitación adecuada para brindar la atención que necesitan las mujeres víctimas de violencia.

2. Así mismo, dicho Programa establece como estrategia, impulsar y fortalecer en todo el país la implementación de las reformas legales necesarias para armonizar el marco jurídico nacional con los compromisos internacionales en materia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

3. Elaborar un protocolo para garantizar la adecuada canalización a instancias de procuración de justicia, de las mujeres afectadas por violencia, referidas por los Centros de Salud con base en la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención. (INMUJERES/PGR/SS/PGF/MAMs)

G. Aunado a ello, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, contempla en el Capítulo IV, De la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que los ejecutores del gasto público federal promoverán programas y acciones para cumplir con el Programa y las acciones derivadas del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia, señalado en el presente, en lo que respecta a la aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Este año, de acuerdo con el Anexo 12 del PEF 2013, la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo 121,634,233 pesos para Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres; y la Secretaría de Desarrollo Social, cuenta con un presupuesto de 258,412,991 pesos para Programas de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevenciónde la Violencia Contra las Mujeres.

H. Finalmente es importante señalar que en el marco normativo, existen las Normas Oficiales Mexicanas, entre ellas la NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar, misma que señala la Colegisladora, pero que a partir de la publicación del Diario Oficial de la Federación del 16 de abril de 2009, se modificó, para quedar como NOM-046-SSA2-2005Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Atención y Prevención, dicha NOM, señala que la Atención médica de la violencia familiar, son el conjunto de servicios que se proporcionan con el fin de promover, proteger y restaurar al grado máximo posible la salud física y mental, de las y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar o sexual. Incluye la promoción de relaciones no violentas, la prevención de la violencia familiar, la detección y el diagnóstico de las personas que viven esa situación, la evaluación del riesgo en que se encuentran, la promoción, protección y restauración de su salud física y mental a través del tratamiento o referencia a instancias especializadas y vigilancia epidemiológica.

Es importante destacar que la propuesta del Legislador, se encuentra establecida, además de lo ya expuesto a lo largo del dictamen, en el Numeral 6 De los Criterios Específicos de la NOM en comento, los mismos señalan que los prestadores de servicios de salud, del sector público deberán:

• Para la promoción de la salud y la prevención, participar en el diseño y ejecución de programas educativos para la prevención y detección temprana de la violencia familiar o sexual, dirigidos a la población en general.

En materia de participación social, promover la integración de grupos, de promotores comunitarios y de redes sociales para prevenir y combatir la violencia familiar en coordinación con las dependencias competentes. Su función será estimular su participación en acciones de detección, información y orientación.

• Para la detección y diagnóstico, identificar a las o los usuarios afectados por violencia familiar y valorar su grado de riesgo, durante el desarrollo de las actividades cotidianas en la comunidad, en la consulta de pacientes ambulatorios u hospitalarios y en otros servicios de salud.

• Para la sensibilización, capacitación y actualización, deberán recibir periódicamente sensibilización, capacitación y actualización en materia de violencia familiar o sexual. Para ello es necesario que su capacitación incluya: Un Marco conceptual: Que incluya género, violencia, violencia familiar y sexual, violencia contra las mujeres, derechos humanos (incluidos los sexuales y reproductivos), así como los efectos de violencia en la salud, como básico; Un Marco Jurídico: Con elementos básicos del derecho civil, penal y legislación aplicable en materia de violencia familiar, sexual y de violencia contra las mujeres; El análisis de factores asociados a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres; La detección sistemática en las y los usuarios de servicios de salud para el reconocimiento de indicadores de maltrato físico, sexual y psicológico en los casos de violencia familiar o sexual.

Entre otros aspectos como los procedimientos para dar aviso al ministerio Público en caso de violencia familiar o sexual.

I. Es por lo anterior, que en concordancia con la Colegisladora, señalamos que la Ley General de Salud vigente, en armonía con la Norma Oficial Mexicana señalada, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y los Programas correspondientes, cumplen ya con lo que respecta no sólo a la capacitación para la detección de situaciones de violencia familiar o sexual, sino que además las acciones siguen enfocadas a erradicar la violencia y discriminación hacia las mujeres, por lo que se considera pertinente desechar el instrumento legislativo y darlo por concluido en los términos en los que lo presenta la Colegisladora.

Con base en ello, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman viable dar por concluido el trámite del instrumento legislativo en comento, en los términos que señala la Colegisladora, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Unico. Se confirma el sentido de la resolución tomada por la Colegisladora, por el que se desecha la minuta con proyecto de Decreto por el que se pretendía adicionar una fracción V al Artículo 90 de la Ley General de Salud, por considerarse innecesaria la modificación propuesta. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

COMISION DE SALUD;

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con punto de Acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara de Diputados, del 3 de septiembre de 2013, por el que se desechó el proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes mencionados.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que desechan los proyectos de Decretos ya descritos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, se dan por totalmente concluidos los proyectos ya descritos. Comuníquense los mismos.

A continuación, tenemos la discusión de diversos dictámenes emitidos por las comisiones que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de cada uno de ellos.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy cuenta con los dictámenes.

Uno, de la Comisión de Marina, con punto de Acuerdo por el que el Senado extiende un merecido reconocimiento a la Armada de México.






COMISION DE MARINA

(Dictamen a discusión)



Cuatro, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con puntos de Acuerdo:

Uno, por el que se condenan enérgicamente los actos de espionaje presuntamente perpetrados por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.






COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)








Otro, por el que se exhorta al Congreso de los Estados Unidos de América a proseguir con el análisis correspondiente de la reforma migratoria.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)








Otro, por el que se exhorta al Congreso estadounidense en torno al caso "Avena".

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)








Y uno más, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a reforzar las actividades de monitoreo de expresiones anti-inmigrantes que pudieran poner en riesgo a los mexicanos.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)








También tenemos tres dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de Acuerdo:

Uno, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a promover la realización de un diálogo de alto nivel en el que se aborde el tema de la protección de datos personales, y la seguridad contra el espionaje internacional.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

(Dictamen a discusión)








Otro, por el que el Senado de la República expresa su beneplácito a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, por su reelección como Presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas para el periodo 2013-2015.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

(Dictamen a discusión)








Y otro, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a enviar un informe acerca de los resultados que se han obtenido con la firma de los acuerdos realizados por México en la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

(Dictamen a discusión)








COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, presente un informe detallado respecto al Ejercicio del Gasto que le fue asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 30 de octubre de 2012, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo, que exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, presente un informe detallado respecto al ejercicio del gasto que le fue asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La Senadora proponente, señala la importancia de revisar de manera detallada el ejercicio de gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación asignado en 2012.

III. CONSIDERACIONES

A. Año con año, el Poder Ejecutivo Federal, debe hacer llegar la Iniciativa de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, aprobar anualmente dicho Presupuesto, previo examen, discusión y en su caso modificación.

B. De acuerdo con el Título de Asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación, el ejercicio, control y evaluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal, se deben realizar conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los demás ordenamientos que correspondan.

C. De acuerdo con la proposición de la Senadora, un estudio realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el Ramo de Salud registró un subejercicio por la cantidad de 4 mil 70.1 millones de pesos, que equivale al 7.4 por ciento del presupuesto modificado y representaba el 66.5 por ciento del subejercicio presupuestario total del Gobierno Federal. Con este saldo, el Ramo 12 alcanzó el mayor subejercicio observado en el segundo trimestre del año 2012 de la Administración Federal en funciones.

D. En este sentido, encontramos que de acuerdo con el Artículo 15 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos correspondientes a los subejercicios, que no sean subsanados en el plazo que establece el Artículo 23, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, serán reasignados a los programas sociales y de inversión en infraestructura, previstos en el Presupuesto del año correspondiente, en este caso, el 2012.

E. Ahora bien, de acuerdo con el plazo previsto en el Artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señalado en el inciso anterior, debemos mencionar que “… los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales.”

F. Derivado de lo anterior, esta Comisión dictaminadora, considera necesario, que la Secretaría de Salud, informe sobre el destino del subejercicio a que hace referencia la Legisladora proponente, con la finalidad de conocer a detalle, la aplicación de los recursos en cuestión.

G. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, para que presente un informe detallado respecto al ejercicio del gasto que le fue asignado, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

COMISION DE SALUD”.

Otro, que contiene punto de Acuerdo por el que exhorta al titular del Poder Federal a promover, instalar y desarrollar programas permanentes de farmacovigilancia.






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo promover, instalar y desarrollar programas permanentes de farmacovigilancia, a fin de proteger a los usuarios de dichos servicios médicos y contribuir al registro de reacciones adversas a los medicamentos.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 9 de abril de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo, que solicita al Poder Ejecutivo promover, instalar y desarrollar programas permanentes de farmacovigilancia, a fin de proteger a los usuarios de dichos servicios médicos y contribuir al registro de reacciones adversas a los medicamentos.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La Senadora proponente, pretende en dicha propuesta que el Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás instituciones de Salud promuevan, instalen y desarrollen programas permanentes de farmacovigilancia, a fin de proteger a los usuarios de dichos servicios médicos y contribuir al registro de reacciones adversas a los medicamentos.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo, es competencia de esta Comisión Dictaminadora y de suma trascendencia para la salud en nuestro país.

B. El uso de medicamentos en la actualidad se ha convertido en una necesidad casi vital. Por ello la certeza sobre la calidad, seguridad y eficacia de los insumos autorizados para la atención médica, es parte fundamental en el sistema de salud. En el caso de los medicamentos, a través de pruebas y estudios específicos la autoridad sanitaria exige a sus fabricantes la demostración de que tales productos cuentan con los requisitos necesarios para su uso.

C. En este sentido, existe un mecanismo que se encarga de vigilar el comportamiento de los medicamentos, así como la prevención y detección de eventos adversos de los medicamentos, el cual es conocido como farmacovigilancia, conocida en la rama de la salud sumamente importante, esta abarca la observación de todos los efectos que produce un medicamento tanto benéficos como nocivos, proporciona un instrumento para el conocimiento sobre el uso seguro y racional de los mismos, una vez que estos son utilizados por los consumidores.

D. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la farmacovigilancia, se entiende como, la “ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos”. Asimismo, la OMS señala que esta actividad, es aplicada en todas las etapas del ciclo de vida de los medicamentos, desde antes de su aprobación hasta su comercialización y uso por los pacientes. De esta manera, la farmacovigilancia se vuelve una actividad prioritaria en donde participan todos los actores involucrados en la producción, aprobación, prescripción y uso del medicamento.

E. La seguridad de los medicamentos es una parte esencial de la seguridad de los pacientes, la OMS y los Organismos Sanitarios relacionados a los medicamentos, se han encargado de organizar sistemas que faciliten la pronta detección de las reacciones adversas provocadas por los medicamentos, con el fin de limitar en lo posible los riesgos en las personas que los utilizan.

F. Actualmente existen sistemas nacionales e internacionales que registran dichas reacciones adversas; en México, un órgano rector para llevar acabo la farmacovigilancia es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS quien tiene la responsabilidad de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que se comercializan en el país y de establecer normas para reglamentar no solamente su comercialización, sino también su utilización en pro de la defensa de la salud de los consumidores, es el Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNF) que forma parte de la COFEPRIS, desde el año 2001,el responsable de recibir los informessobre la detección de sospechas de reacciones adversas de los medicamentos, vacunas y dispositivos médicos por parte de los profesionales de la salud y laboratorios productores, evaluarlas, valorarlas y retroalimentar la información.

Sin embargo, la situación que existe hoy en díaen materia de regulación sanitaria en países como el nuestro, crea numerosos obstáculos administrativos y técnicos concretos para llevar a cabo una Farmacovigilancia adecuada y eficiente. La carencia de personal capacitado, especialmente de epidemiólogos, farmacéuticos y farmacólogos clínicos y las dificultades para el seguimiento de los estudios fármaco-epidemiológicos sobre el consumo de medicamentos, son algunos de los problemas que se presentan en el desarrollo de estas actividades.

Cabe mencionar que la introducción relativamente reciente de medicamentos muy útiles para el tratamiento de ciertas enfermedades, que por otro lado, pueden producir efectos graves, hacen necesaria la puesta en marcha de una vigilancia especial para el control médico de los pacientes tratados.

Es por ello que se hace necesario diseñar una herramienta capaz de limitar los riesgos que puedan afectar a los pacientes que reciben dichos medicamentos, siendo ésta una responsabilidad compartida entre todos los sectores de la salud involucrados en el tema de los medicamentos: los profesionales de la salud, los laboratorios productores y la autoridad sanitaria.

G. Una farmacovigilancia efectiva puede ser capaz de detectar, oportunamente, problemas potenciales entre productos intercambiables, es por ello que la farmacovigilancia es de suma importancia y a fin de prevenir cualquier riesgo a la salud que puedan generar, es que esta Comisión Dictaminadoraestiman viable dicha proposición con punto de Acuerdo.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y las demás instituciones de Salud se promuevan, instalen y desarrollen programas permanentes de farmacovigilancia, a fin de proteger a los usuarios de dichos servicios médicos y contribuir al registro de reacciones adversas a los medicamentos.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, para que impulse en las unidades prestadoras de servicios de salud de las instituciones mencionadas la integración de un diagnóstico de la situación que presenta actualmente la farmacovigilancia e impulse la aplicación del modelo recomendado para cada tipo de unidad.

Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

COMISION DE SALUD”.

Y por el que se desecha la proposición que exhorta publicar la Encuesta Nacional de Adicciones de 2010.





COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a publicar la Encuesta Nacional de Adicciones que se realizó en el año 2010 y que aún no se da a conocer.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 25 de octubre de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo, que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar la encuesta nacional de adicciones que se realizó en el año 2010 y que aún no da a conocer.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La Senadora proponente, señala la importancia de las cifras que arroja la Encuesta Nacional de Adicciones, lo que facilita la elaboración de normas y creación de nuevas políticas públicas enfocadas en los problemas que presenta la realidad social mexicana en el tema.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Nacional contra las Adicciones, tiene como misión la promoción y protección de la salud de los mexicanos, mediante la definición y conducción de la política nacional, en materias de investigación, prevención, tratamiento, formación y desarrollo de recursos humanos para el control de las adicciones, con el propósito de mejorar la calidad de vida individual, familiar y social.

B. En armonía con la Legisladora proponente, la Comisión dictaminadora coincide en que en la actualidad, uno de los problemas que enfrenta nuestro país en materia de salud y bienestar social es el consumo de drogas legales e ilegales, que alteran el funcionamiento del cuerpo, la mente, el comportamiento y la interacción con otros y, por otra, a que su uso puede generar adicción y daños severos.

C. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, droga es “toda sustancia que, introducida en un organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus funciones”. Existen diversos tipos de drogas, de acuerdo con la Guía para el Promotor de “Nueva Vida”,como:

• El tabaco: Clasificado como estimulante, su principio activo es la nicotina, que tiene una gran variedad de efectos complejos e impredecibles tanto en la mente como en el cuerpo y es la responsable de provocar su adicción.

• El alcohol: Que es un depresor del sistema nervioso central y que es la droga legal de más alto consumo y cuenta con un mayor número de adictos, debido a que las bebidas que lo contienen gozan de gran aceptación social y su consumo se encuentra muy arraigado en nuestra cultura.

• Sustancias Psicoactivas: De las cuales algunas son estimulantes o depresoras del sistema nervioso central y entre las cuales encontramos la cocaína, anfetaminas y metanfetaminas, éxtasis, derivados del opio, como la morfina, heroína y codeína, los tranquilizantes, conocidos en pastas, pastillas y rufis, inhalables, los alucinógenos como la marihuana, peyote, hongos, entre otros.

D. Finalmente, tenemos que diferenciar entre uso y abuso, lo cual depende en gran medida del carácter legal de la producción, adquisición y uso de las diferentes sustancias con fines de intoxicación. Uno de los datos más importantes que arrojan las encuestas como la Encuesta Nacional de Adicciones, tiene que ver con el tipo de droga que se consume, la frecuencia del consumo y las edades de los consumidores, con ello, reiteramos que dicha información es sustancial para la elaboración de políticas públicas en pro de este problema, pero también el reforzamiento o desaparición de aquellas que no han brindado los resultados esperados.

E. No obstante, todo lo anteriormente vertido, la Encuesta Nacional de Adicciones 2010 a que se hace alusión, no se llevó a cabo, por el exhorto queda sin materia.

F. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se desecha la proposición con punto de Acuerdo, suscrita el pasado 25 de octubre de 2012, por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, por la que se exhortaba al Ejecutivo Federal a publicar a la brevedad la Encuesta Nacional de Adicciones de 2010, por los argumentos anteriormente señalados.

Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

COMISION DE SALUD”.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, están a discusión.

Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño). Sí, para razonar mi voto en lo de América del Norte, por favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto se le concede a palabra.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

En la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, que dirige la compañera Marcela Guerra, discutimos estos puntos de Acuerdo que estamos sometiendo a consideración del Pleno, en donde se trataron temas fundamentales de relaciones con el vecino país del norte.

Hemos planteado, cuando hablamos sobre este asunto, que es muy importante que se practique no la Doctrina Monroe, sino que se practique la Doctrina Juarista en relación al respeto que se deben las naciones entre sí.

Estuvimos en meses pasados en una reunión interparlamentaria con Senadores de Estados Unidos y tratamos una diversidad de temas importantísimos, pero los que más resaltaron, sin duda, fue el tema del espionaje que se le hizo al entonces candidato y hoy Presidente de la República, el ciudadano Enrique Peña Nieto y que, por supuesto, como Senadores de México no estábamos de acuerdo, para que se revisara ese asunto para que las relaciones entre México y Estados Unidos no se tensaran.

También comentamos en ese entonces el tema de los derechos humanos.

Les pedimos entre otros, al Senador de Texas, al Senador Cruz que revisara de manera concreta casos como el del morelense, Edgar Tamayo, originario del municipio de Mazatepec, que ya tenía fecha de ejecución para el mes de enero del año 2014.

El día de ayer se informa que Jhon Kerry, el Secretario de Estado norteamericano, le pide al gobernador de Texas que revise y reconsidere el caso Tamayo, que sinceramente está generando mucho dolor en la familia de este paisano y por supuesto está generando una situación de conmoción ahí en la misma población de Mazatepec, y los morelenses van a estar insistiendo que cuáles son las acciones concretas que como Senador de la República perteneciente y concretamente a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, estamos haciendo.

El punto de Acuerdo, que yo espero sinceramente que lo aprobemos por unanimidad, ya ha sido comunicado a los morelenses y les hemos planteadoque en la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, estamos muy preocupados por este tema de Tamayo y del caso Avena, en donde hemos dicho que una vez que un connacional ha sido detenido en Estados Unidos es obligación de quien lo detiene comunicarle al consulado y esta parte se ha estado obviando, es decir, detienen a nuestros paisanos, los meten a la cárcel, les violan sus derechos humanos, los deportan, y recuerdo una defensa muy importante que hizo la Senadora Gabriela Cuevas en el caso de los niños, de los infantes que se detienen en Estados Unidos y que no se les da las consideraciones del caso.

Por eso es muy importante que, compañeras Senadoras, aprobemos por unanimidad estos puntos de Acuerdo, los exhortos que se están haciendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe al Senado de la República cómo va el tema del espionaje que le estamos haciendo a diferentes instancias para que estos temas sean tomados en cuenta y que México, reitero, fortalezca su relacióncon el vecino país del norte, porque no se puede.

Y lo hemos dicho en esos foros internacionales, no se puede fortalecer ninguna relación si se violan los derechos humanos de nuestros connacionales y seguiremos impulsando y seguiremos alzando fuerte la voz en cualquier foro internacional en donde estemos para que, como decía don Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

A continuación, para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros; señor Presidente, señora Vicepresidenta:

Bueno, sin duda, el caso del espionaje ha dado mucho en comento, no sólo en esta Cámara sino a nivel mundial, el caso del espionaje realizado por la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA en Estados Unidos.

Nosotros, en la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, recibimos de parte de la Senadora Laura Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN y también de la Senadora Dolores Padierna Luna, dos exhortos, precisamente, con este tema que de por sí ya es bastante lamentable por la falta de respeto a los países a los que se han espiado, a los personajes de la política y tambiénesto nos dice que los mejores avances tecnológicos están siendo aplicados para vulnerar los principios más elementales de una sociedad democrática como son la libertad de sostener comunicaciones privadas, de interactuara través de conversaciones escritas y de usar el Internet como una herramienta que permite reaccionar simultáneamente ante hechos ycircunstancias.

También recibimos por este lamentable hecho que ha causado gran debate, una solicitud, un punto de Acuerdo del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

Asimismo, otro, con este mismo tema, del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario también del PRD y, por supuesto, otro también de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, que presentó otro a nombre de Senadores de diversos grupos parlamentarios, un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir un pronunciamiento más enérgico a los Estados Unidos de América y a solicitar el cese inmediato de prácticas de espionaje a nuestra nación.

En este sentido, bueno, primero aplaudimos a todos los Senadores ya mencionados y Senadoraspor sus puntos de Acuerdo muy importantes, muy inteligentes y, sin duda, muy contundentes.

Por eso nos permitimos pedirles a esta Asamblea, a este Pleno, el de apoyar esto para que de inmediato el Senado de la República, condene enérgicamente esos datos de espionaje presuntamente perpetuados por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y hacer un llamado al gobierno de ese país a completar a la brevedad una investigación exhaustiva de lo ocurrido y que permita deslindar responsabilidades; la otra es de exigirle al país vecino el respeto a nuestras leyes y también donde exhortamos al titular del Poder Ejecutivo Federal a impulsar en el marco de la Organización de las Naciones Unidas un debate amplio para promover la adopción de un instrumento internacional que proscriba la intervención ilegal de comunicaciones, llevado al marco de la multilateralidad es un buen objetivo.

Y bueno, otro donde también exhortamos respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller, a solicitar al embajador de México ante los Estados Unidos de América, Eduardo Tomás Medina Icaza, a comunicar a esta Soberanía sobre la información con la que cuente respecto del presunto espionaje realizado a funcionarios y a ciudadanos mexicanos.

Y bueno, otro también, el punto número cuatro, donde el Senado de la República exhorta respetuosamente también al Ejecutivo Federal, a efecto de que remita a esta Soberanía un informe detalladosobre la confiabilidad de la privacidad, del uso del Internet en México, así como de las políticas públicas al respecto en el marco de la legislación mexicana que tenemos.

Y bueno, el quinto, el Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades realice las acciones pertinentes para investigar, informar y, en su caso, demandar el cese de las actividades del Centro de Difusión México.

Y por último, el Senado de la República instruye a que a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte se dé un puntual seguimientoal cumplimiento de dichos resolutivos.

Dicho esto, compañeros, es de la más alta importancia el que votemos, señor Presidente, señores Senadores, este dictamen a favor.

Es cuanto, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Guerra Castillo.

Agotada la lista de oradores, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera, un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. El dictamen se acompaña del voto particular del Senador Angel Benjamín Robles Montoya.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCION

(Dictamen de primera lectura)



(Voto particular del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense el plazo de 24 horas de su publicación anticipada que establece el artículo 193 de nuestro Reglamento.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense el plazo de 24 horas de publicación anticipada. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la dispensa del plazo de 24 horas de publicación anticipada, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la  mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda de primera lectura.

Compañeras y compañeros Senadores, informo también a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, un proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer y cuarto párrafos al artículo 10 y se reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.






DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Dictamen de primera lectura)



Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense el plazo de 24 horas de publicación anticipada que establece el artículo 193 de nuestro Reglamento.       

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense el plazo de 24 horas de publicación anticipada. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la dispensa del plazo de 24 horas de publicación anticipada, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, el dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita su lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Es de primera lectura.

Solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura, para poner el asunto a discusión y votación en esta sesión.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión el dictamen en lo general. Al no haber oradores en lo general, ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 80 votos a favor y 1 en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Se remite al Ejecutivo Federal, para los efectos del artículo 72 constitucional.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en esta Mesa Directiva, un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, en relación a la integración de la Comisión Permanente.

Dicho Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños, solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo



 

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. No habiendo quienes hagan uso de la palabra en este asunto, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño del Senador Robledo Aburto, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Sólo para consultarle un asunto de procedimiento, si me lo permite.

Entiendo que el tema de la integración de la Comisión Permanente, según el Reglamento, se debería hacer por cédula, sólo para que nos informen porqué no lo estamos llevando a cabo de esa manera.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Es oportuna su pregunta, tenemos dos antecedentes previos con un método similar por Acuerdo de la Junta en esta Legislatura. Esa es la razón.

Solicito a la Secretaría dé lectura de los antecedentes que responden la pregunta, que le lleven al Senador Zoé Robledo los antecedentes en torno a su pregunta sobre el método.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 90 votos a favor, cero en contra y 3 abstenciones.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: En consecuencia, el Senado de la República nombra a los siguientes Senadores como integrantes de la Comisión Permanente para el primer receso del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Por el grupo parlamentario del PRI.

Titulares

Senador Raúl Aarón Pozos Lanz.
Senador Héctor Yunes Landa.
Senadora Lisbeth Hernández Lecona.
Senador Daniel Amador Gaxiola.
Senador Jesús Casillas Romero.
Senadora Mely Romero Celis.
Senador Alejandro Tello Cristerna.
Senadora Ivonne Alvarez García.

Sustitutos

Senador Emilio Gamboa Patrón.
Senador Miguel Romo Medina.
Senador Aarón Irízar López.
Senador Omar Fayad Meneses.
Senadora Leticia Herrera Ale.
Senador Manuel Cota Jiménez.
Senador Armando Neyra Chávez.
Senador Humberto Mayans Canabal.

Por el grupo parlamentario del PAN.

Titulares

Senador Javier Lozano Alarcón.
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.
Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.
Senadora Marcela Torres Peimbert.
Senador Juan Carlos Romero Hicks.

Sustitutos

Senador Héctor Larios Córdova.
Senador Fernando Herrera Avila.
Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez.
Senadora Laura Rojas Hernández.
Senador Roberto Gil Zuarth.
Por el grupo parlamentario del PRD.

Titulares

Senador Manuel Camacho Solís.
Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.
Senador Zoé Alejandro Robledo Aburto.

Sustitutos

Senador Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta.
Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Por el grupo parlamentario del PVEM.

Titular

Senador Gerardo Flores Ramírez.

Sustituto

Senadora María Elena Barrera Tapia.

Por el grupo parlamentario del PT.

Titular

Senador David Monreal Avila.

Sustituto.

Senador Manuel Bartlett Díaz.

Comuníquese.

Se solicita a los Senadores que han sido electos para integrar la Comisión Permanente acudan a la convocatoria para la instalación de este órgano el día de hoy, a las 15:30 horas en el Recinto Legislativo de San Lázaro.

Sonido, por favor, en el escaño del Senador Mayans Canabal.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Señor Presidente, con todo respeto, la Mesa Directiva se parece a "La Tremenda Corte" porque no se respeta el Reglamento de este Senado, así que lo pueden utilizar como trapeador el día que quieran porque para elegir la Permanente tiene que ser por cédula, y los acuerdos no pueden estar por arriba de un Reglamento del Senado de la República.

Ahí se lo dejo de tarea a su conciencia.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Le informo que este fue un Acuerdo que se tomó en la Junta de Coordinación Política por los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, y además, no es la primera ocasión, hay precedentes en este sentido.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en esta Mesa Directiva un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, en relación a la Comisión Especial de Movilidad para los Trabajos Legislativos.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. No habiendo oradores registrados en este Acuerdo, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el Acuerdo para que el nombre de la comisión, quede como Comisión de Movilidad.

Comuníquese la misma.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo en torno a las enfermedades cardiovasculares en México. Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, la proposición con punto de Acuerdo relativa a exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a diseñar, implementar, y en su caso, modificar las políticas públicas creadas para la prevención, atención y disminución de las enfermedades cardiovasculares en México.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 12 de septiembre de 2013 el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar, implementar, y en su caso, modificar las políticas públicas creadas para la prevención, atención y disminución de las enfermedades cardiovasculares en México.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El proponente pretende mediante proposición con punto de Acuerdo, exhortar a la Secretaría de Salud a diseñar, implementar, y en su caso, modificar las políticas públicas creadas para la prevención, atención y disminución de las enfermedades cardiovasculares en México.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia del punto de Acuerdo, como lo es el diseñar, implementar, y en su caso, modificar las políticas públicas creadas por parte de la Secretaría de Salud, para la prevención, atención y disminución de las enfermedades cardiovasculares en México.

B. El Derecho a la Protección de la Salud es una garantía fundamental establecida en el marco legal mexicano de la que gozan todas las personas, en consecuencia, la legislación en la materia, tiene el propósito de fijar las bases y modalidades para que el acceso a los servicios de salud esté al alcance de toda la población; así encontramos la implementación de programas y acciones tendientes a lograr estos fines mediante la intervención concurrente de la Federación y de los gobiernos de los estados, en este particular para prevención, atención y disminución de las enfermedades cardiovasculares en México.

C. Las enfermedades cardiovasculares son trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, como la hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, infartos, entre muchas otras, las cuales según la Organización Mundial de la Salud “son la principal causa de muerte en el mundo”. Arroja datos de que cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra causa. Así mismo, se calcula que en 2008 murieron por esta causa 17,3 millones de personas, lo cual representa un 30% de todas las muertes registradas en el mundo, 7,3 millones de esas muertes se debieron a la cardiopatía coronaria.

Las muertes por ECV afectan por igual a ambos sexos, y más del 80% se producen en países de ingresos bajos y medios, además se calcula que en 2030 morirán cerca de 23,3 millones de personas por este tipo de enfermedades, sobre todo por cardiopatías.

La mayoría de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse actuando sobre los factores de riesgo, como el consumo de tabaco, las dietas malsanas y la obesidad, la inactividad física, la hipertensión arterial, la diabetes o el aumento de los lípidos.

Datos de la OMS plasman que 9.4 millones y medio de muertes, es decir, el 16,5% de las muertes anuales, son atribuibles a la hipertensión.

D. Hay que hacer mención que las enfermedades cardiovasculares, es decir, del corazón y de los vasos sanguíneos, son:

• La cardiopatía coronaria -enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardiaco (miocardio);

• Las enfermedades cerebrovasculares -enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro;

• Las arteriopatías periféricas -enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan los miembros superiores e inferiores;

• La cardiopatía reumática -lesiones del miocardio y de las válvulas cardíacas debidas a la fiebre reumática, una enfermedad causada por bacterias denominadas estreptococos;

• Las cardiopatías congénitas -malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento; y

• Las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares – coágulos de sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden desprenderse (émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones.

Los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales (AVC) suelen ser fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. La causa más frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes delos vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro. Los AVC también pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de sangre.

E. México es uno de los países donde dichas enfermedades cobran miles de vidas cada año, ya que según datos de la Secretaría de Salud las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de muertes en el país, asimismo, datos del Consejo Nacional para la Prevención Contra Accidentes (CONAPRA) arrojan que en el año 2011 cobraron 71,072 vidas siendo el 21.73% de las defunciones y según resultados preliminares de mortalidad en el año 2012 de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) son 61,807 muertes hasta el mes de octubre 2012,por lo que concluimos que las cifras se han mantenido alarmantes.

Es importante señalar que según datos del INEGI de 2006 a 2011 se incrementó la tasa de mortalidad por enfermedades hipertensivas en población de 15 años y más, pasando de un 17.67% a un 23.06%, lo cual es alarmante pues como podemos observar la tendencia indica que la población joven está siendo cada vez más afectada por estos trastornos en el corazón.

Además durante el 2011 el 23% de las defunciones de mujeres embarazadas son por trastornos hipertensivos

F. Uno de los principales factores que aumentan la mortalidad por enfermedades cardiovasculares es la obesidad imperante en el país, es por ello, que este tema se ha tornadoen un grave problema de salud pública. Desde la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) 2006, la cual reveló que el sobrepeso y la obesidad continuaban en aumento, en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos, fue que se colocaron entre los problemas de salud pública más importantes.

G. La cultura de mala alimentación eleva drásticamente las probabilidades de padecer una enfermedad cardiovascular y con ello aumenta la mortalidad por estas enfermedades.

Es por lo anterior, que esta Comisión Dictaminadora estima loable el punto de acuerdo donde se modifiquen las políticas públicas y existan acciones y estrategias en salud más incluyente y más preventivas, en torno a lasenfermedades cardiovasculares.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud para que diseñe, implemente y, en su caso, modifique las políticas públicas creadas para la prevención, atención y disminución de las enfermedades cardiovasculares en México.

Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

COMISION DE SALUD”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para hablar sobre este asunto.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia.

Los integrantes de la Comisión de Salud exponemos ante esta Asamblea la aprobación de un exhorto a la Secretaría de Salud para que diseñe, implemente y, en su caso, modifique las políticas públicas creadas para la prevención, atención y disminución de las enfermedades cardiovasculares en México, para el cual pedimos su venia.

Tiene su motivación ante una realidad muy grave que tenemos en materia de salud pública en México, y es la alta morbimortalidad respecto a estas enfermedades, las cifras son alarmantes. Para la Organización Mundial de la Salud las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra causa.

Se calcula que en el 2008 murieron por esta causa 17.3 millones de personas, lo cual representa un 30 % de todas las muertes registradas en el mundo; 7.3 millones de estas muertes se debieron a la cardiopatía coronaria, es decir, a los infartos del corazón; 9.4 millones de muertes, es decir, el 16.5% de las muertes anuales son atribuibles a complicaciones de la hipertensión arterial.

En México, la Secretaría de Salud, las enfermedades cardiovasculares son, y así lo tiene dentro de sus registros, la segunda causa de muerte en el país. La mayoría de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse actuando sobre los factores de riesgo, como el consumo al tabaco, las dietas de mala calidad, el sobrepeso, obesidad, la inactividad física, la hipertensión arterial, la diabetes o el aumento de ingestión de grasas lípidas.

La Encuesta Nacional de Salud reveló que el sobrepeso y la obesidad continúan en aumento en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos, y están entre los problemas de salud pública más importantes prevenibles. Este dictamen es un exhorto a establecer la cultura de la prevención, detención y cambios de estilos de vida para evitar que los factores de riesgo cardiovascular incidan en más mortalidad lamentable por este padecimiento prevenible y evitable.

Desde luego, es nuestro exhorto para que se eleve a una política pública de eficiencia para todos los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Les pido su apoyo a este dictamen de la Comisión de Salud.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador López Brito.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese el mismo.

Pasamos ahora a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una nueva Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica. Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal a realizar una nueva encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de octubre de 2013, la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal a realizar una nueva encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La Senadora proponente señala la importancia de realizar acciones para mejorar la vida de las personas con trastornos mentales, a partir de la implementación de políticas, planes y programas que permitan otorgar mejores servicios, no obstante, para lograr la creación de estrategias exitosas, es fundamental generar la información necesaria que permitan instrumentar dichas políticas.

III. CONSIDERACIONES

A. Los trastornos mentales y conductuales, se consideran padecimientos que se caracterizan por alteraciones de los procesos de pensamiento, de las emociones o del comportamiento, asociadas con angustia personal o con alteraciones del funcionamiento, es decir, no son sólo variaciones dentro de la normalidad.

B. En México, los trastornos más frecuentes en la población, son los de ansiedad, abuso de sustancias y los afectivos como la depresión. Una evaluación realizada en México, demostró que el eje de atención de la salud mental, sigue siendo el tercer nivel, ejemplo de ello es que existen 33 hospitales psiquiátricos públicos frente a 13 unidades de internamiento en hospitales generales y 8 establecimientos residenciales. De acuerdo con lo anterior:

- Por cada 100 mil habitantes, 293 son usuarios de dichos servicios de salud mental;

- El 31% de los pacientes, permanece 10 años o más en un hospital psiquiátrico.

- Se cuentan con 495 establecimientos de salud mental ambulatorios.

- Además por cada 100 mil habitantes, hay:

a) 1.5 psiquiatras

b) 1 médico

c) 3 enfermeras

d) 1 psicólogo

e) .53 trabajadores sociales

C. De acuerdo con el Programa Nacional de Salud 2007-2012, conforme a uno de los ejes rectores del Gobierno Federal, uno de las estrategias principales consistió en organizar e integrar la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud a través de la Línea de Acción para fortalecer el Sistema Nacional de Atención en Salud Mental.

En ese sentido, entre las principales actividades y resultados obtenidos al 2012, se puede destacar la proporción de 185 mil 587 consultas psiquiátricas y 277 mil 172 consultas generales. De las cuales 13.4 por ciento fueron de primera vez y el restante 86.6 por ciento subsecuentes.

Así mismo se realizaron 3 mil 573 sesiones psico-educativas para la salud, con un aforo de 55 mil 642 personas. Del total, el 61.1 por ciento se relacionaron con los trastornos mentales en la infancia y adolescencia, las perturbaciones provocadas por el uso de sustancias psicoactivas y los problemas afectivos, que incluyen los depresivos.

El otorgamiento de 221 mil 259 terapias de rehabilitación entre ocupacionales, recreativas, físicas, culturales y socio recreativas, además en el área de trabajo social se llevaron a cabo 58 mil 410 actividades de orientación familiar y de elaboración de estudios socioeconómicos.

D. Otro avance importante fue el fortalecimiento de la atención médico asistencial y quirúrgica a través de las UNEMES con servicios ambulatorios. Al efecto, iniciaron su operación 13 unidades con una cobertura de 3.0 millones de habitantes que de acuerdo a su modalidad se distribuyeron de la siguiente manera:

- Una para alcoholismo y adicciones en Colima,

- Una de atención en adicciones y salud mental en Nuevo León;

- Tres para hemodiálisis, en Baja California Sur, Sinaloa y Zacatecas;

- Dos de Cirugía Ambulatoria en Chiapas, una en San Luis Potosí y otra en Sinaloa;

- Un Centro de Atención Cancerológica en Nayarit, y

- Otro para el Síndrome de Obesidad, Riesgo Cardiovascular y Diabetes Mellitus en Colima.

También se apoyó a 69 organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, que coadyuvan a recuperar la salud y/o discapacidad, mediante convenios de colaboración o Proyectos de Coinversión. Estas organizaciones apoyan a personas con problemas visuales, de lenguaje y neurolingüísticas, enfermedad de Huntingtong, de salud mental, casa hogar de niños desamparados, apoyo a niños de la calle con problemas de nutrición, entre otros.

Además se continuó con la actualización y fortalecimiento de los modelos de cuidado en salud mental donde:

- Se aseguró el abasto, disponibilidad y acceso a los medicamentos necesarios para su atención;

- Se incrementó la oferta de servicios ambulatorios, y

- Se mejoró la capacitación en las escuelas de medicina, programas de postgrado y para los profesionales activos.

Además en este ámbito, entre las principales actividades y sus resultados destacan:

- Las consultas relacionadas con los trastornos mentales en la infancia y adolescencia; con el uso de sustancias psicoactivas, y los problemas afectivos, que incluyen los depresivos.

- Se pusieron en marcha diez Unidades Médicas de Especialidad en Salud Mental, denominadas UNEMES-CISAMES.

- Se avanzó en la construcción de diez villas de transición hospitalaria, un laboratorio de análisis clínico, dos centrales quirúrgicas, dos áreas de rehabilitación física y tres aulas de capacitación dentro del Hospital José Sáyago en el estado de México.

- Se entregaron recursos económicos para dar continuidad a los programas de rehabilitación psicosocial en hospitales psiquiátricos de tres estados de la República, y se brindó capacitación en las 32 entidades federativas sobre la detección temprana del autismo y los programas de rehabilitación psicosocial.

E. No obstante, los esfuerzos realizados por los gobiernos federales, coincidimos con la Senadora proponente en que la información actualizada, veraz y oportuna es una de las mejores herramientas tanto para el Poder Legislativo, como para el Poder Ejecutivo, para la mejor instrumentación de reformas y políticas públicas, que respondan a las necesidades de la población mexicana y que den resultados frente a las principales problemáticas ocurridas en el sector.

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, que esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud Federal a realizar una nueva Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica.

Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

COMISION DE SALUD

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

Tiene el uso de la palabra la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su permiso, señor Presidente.

Los trastornos mentales y conductuales, se consideran padecimientos que se caracterizan por alteraciones en los procesos de pensamiento, de las emociones o del comportamiento, asociadas con angustia personal o con alteraciones del funcionamiento.

Para mejorar la vida de las personas con trastornos mentales deben implementarse políticas, planes y programas que permitan otorgar mejores servicios.

En el contexto de la región de las Américas y del mundo, los trastornos mentales constituyen un serio problema de salud pública, con alto costo social, que afecta a las personas sin distinción de edad, sexo, nivel socioeconómico y cultural.

En términos epidemiológicos, la salud mental participa en la carga global de las enfermedades con alrededor del 12 por ciento, afecta hasta el 28 por ciento de años vividos con discapacidad y constituye una de las tres principales causas de mortalidad entre las personas de 15 a 35 años, sobre todo teniendo como principal causa el suicidio.

Las evidencias mundiales dan cuenta que no hay salud si no hay salud mental.

En el marco de la iniciativa del 2000, la Organización Mundial de la Salud, en salud mental, se realizó la última Encuesta Nacional Epidemiológica Psiquiátrica en el año 2003, obteniéndose los siguientes resultados.

El 28.6 por ciento de la población presentó alguno de los 23 trastornos de la clasificación internacional de enfermedades, alguna vez en su vida; el 13.9 por ciento lo reportó en los últimos 12 meses y el 5.8 por ciento en los últimos 30 días.

Por tipo de trastornos, los más frecuentes fueron: la ansiedad, seguidos por los trastornos de uso de sustancias y los trastornos afectivos.

La ansiedad de separación y el trastorno de atención son los dos padecimientos más tempranos, la fobia específica y el trastorno oposicionista aparecen después.

Para los trastornos de la vida adulta, los de la ansiedad se reportaron con edades de inicio de edades más tempranas, seguidos por los afectivos y por los de uso de sustancias.

Solamente 1 de cada 10 personas con un trastorno mental reciben atención.

Sólo 1 de cada 5 tienen 2 o más trastornos, y recibieron atención.

Y, sólo 1 de cada 10 con 3 o más trastornos obtuvieron también atención específica.

Se cuenta con 544 establecimientos de salud mental ambulatorios que ofrecen atención a 310 usuarios por cada 100 mil habitantes, en contraste con los hospitales psiquiátricos que atienden a 47 usuarios por cada 100 mil.

La mayoría de los pacientes son adultos. La población de niños y adolescentes asciende a 27 por ciento en las unidades, en estas unidades ambulatorias y a 6 por ciento en los hospitales psiquiátricos.

Estas cifras resultan preocupantes, sobre todo si consideramos que la edad de inicio de la mayoría de los trastornos psiquiátricos se encuentran en las primeras décadas de la vida en la cual se señala que el 50 por ciento de los trastornos mentales inician antes de los 21 años de edad.

Los trastornos más recurrentes entre los adolescentes son problemas de aprendizaje, retrasomental, trastornos de ansiedad, déficit de atención, depresión y cada vez más creciente el uso de sustancias así como el intento de suicidio.

Los resultados de la encuesta resultarán muy útiles para involucrar a los usuarios, pero sobre todo a las familias y también a los centros escolares, a los centros de educación y a todas las partes para promover, sobre todo, predecir, prevenir y atender, así como a rehabilitar a todos aquellos que tengan un tipo de trastorno.

La información actualizada, veraz y oportuna es una de las mejores herramientas para la mejor instrumentación de las reformas y políticas públicas que respondan a las necesidades de la población mexicana, y que den resultado frente a los principales problemas ocurridos en nuestro país.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud Federal a realizar una nueva Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito.

- El C. Senador FranciscoSalvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia.

Aprovecho este tema tan importante que nos está presentando la Comisión de Salud para su aprobación, para una reflexión y un llamado de atención en cuanto al problema de las enfermedades psiquiátricas en nuestro país.

La reflexión que quiero compartir con ustedes y con el todo el público, es la etiología, las causas de estos problemas mentales. Desde luego, el fondo fisiológico, patológico de los problemas psiquiátricos, la asociación genética que también es importante, pero la reflexión que quiero compartir con ustedes es que muchas veces, en el fondo fisiológico, genético, patológico de las enfermedades psiquiátricas se asocia una realidad, una cruda realidad y que es detonante de los problemas y de las enfermedades mentales, me refiero a las adicciones.

La última encuesta nacional, en materia de adicciones, nos hace voltear y ver la cruda realidad de lo que está sucediendo en México, cada vez más son las niñas, los niños, los adolescentes los que están haciendo uso de sustancias adictivas, y esto cuando no se tiene una política eficiente en materia de prevención de adicciones; estos niños, estos adolescentes cuando no reciben un tratamiento adecuado, suelen ser los futuros problemas psiquiátricos que están en las encuestas de nuestro país.

También quiero compartir con ustedes una reflexión en este tema, la atención hospitalaria en los problemas psiquiátricos que se observan muchas deficiencias en las mismas, de tal manera que este dictamen, el cual está aprobando y exhortando a la Secretaría de Salud para que se lleve a cabo una nueva Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, debe también tener como sustento y como base de reflexión uno, desde luego, la planeación que se tendrá que hacer en materia de políticas públicas de prevención de adicciones, de prevención de lo que es detección de problemas psiquiátricos, de problemas que inician y que se tienen que detectar a tiempo, pero también en lo que se refiere a la atención hospitalaria de este tipo de enfermedades, que de no ser la adecuada, realmente suman más y más enfermos que a veces pululan en las calles y que realmente habla de una deficiente atención en la salud de estos hermanos mexicanos que ameritan toda la protección de la salud, tanto pública como privada y la comprensión de todos los mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

Me sumo a este dictamen de la comisión.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador López Brito.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLITICO-ELECTORAL

(Dictamen de primera lectura)



(Voto particular del C. Senador Javier Corral Jurado)



(Voto particular del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)



(Voto particular del C. Senador Zoé Robledo Aburto)



Informo a la Asamblea que el dictamen viene acompañado de los votos particulares de los Senadores Javier Corral Jurado, Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se le dispense el plazo de 24 horas de publicación anticipada, que establece el artículo 193 del Reglamento.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense el plazo de 24 horas de publicación anticipada. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la dispensa del plazo de 24 horas de publicación anticipada, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita su lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda de primera lectura.

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que las iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda de hoy, se turnarán a las comisiones respectivas.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCION V Y SE ADICIONA UNA FRACCION V BIS DEL ARTICULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD MENTAL

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

“La suscrita, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente; INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 73 EN SU FRACCION V Y SE ADICIONA UNA FRACCION V BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIADE SALUD MENTAL, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El instrumento de evaluación para el sistema de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, se utilizó para recopilar información sobre el Sistema de Salud Mental en México; con ello se pretende mejorar este sistema y proporcionar una línea base para monitorear el cambio. Esto permitirá que el país elabore planes de salud mental con objetivos definidos. También resultará muy útil para monitorear el progreso en la implementación de políticas de reforma, proporcionar servicios comunitarios e involucrar a los usuarios, familias y otras partes interesadas en la promoción, prevención, atención y rehabilitación de salud mental.

Los trastornos mentales, neurológicos y por abusos de sustancia, son altamente prevalentes y onerosos en todo el mundo. Las violaciones de los Derechos Humanos de quienes padecen estos trastornos agravan el problema. Los recursos proporcionados para afrontar esta enorme carga son insuficientes, desigualmente distribuidos y se usan de modo ineficiente, lo cual hace que la gran mayoría de personas afectadas por estos trastornos no reciban atención alguna.

Del total del presupuesto asignado a la salud en México, solamente el 2% es orientado a la salud mental; de este monto se destina el 80% a la operación de los hospitales psiquiátricos: Dada estas condiciones las acciones enfocadas al trabajo comunitario se ven reducidas.

Equivocadamente la atención de la salud mental se da en el tercer nivel, ejemplo de ello, es que existen 46 hospitales psiquiátricos frente a 13 unidades de internamiento psiquiátrico en hospitales generales y 8 establecimientos residenciales. Aunado a lo anterior, el acceso se ve limitado por barreras geográficas, ya que la mayoría de estos servicios se ubican en las grandes ciudades o cercanas a ella.

Los estudios realizados demuestran que aproximadamente el 50% de los pacientes, que reciben atención se atienden en servicios hospitalarios. En estudios anteriores se ha observado que México es uno de los países donde un porcentaje mayor de pacientes son tratados en servicios especializados independientemente de la gravedad del trastorno. Esta condición aumenta los costos de tratamiento y amplía la brecha de atención.

Las políticas actuales para la atención de enfermedades mentales plantean que la atención primaria debe de ser el punto donde se articule la atención de la salud mental comunitaria. En este sentido, a México le falta mucho por hacer ya que solamente un 30% de estos establecimientos cuentan con protocolosde evaluación y tratamiento para condiciones claves de salud mental y realizan al mes por lo menos una referencia a un especialista en salud mental. Del mismo modo el porcentaje de cursos y actualización y/o de educación, relacionada con temas de salud mental dirigidos a los profesionales que trabajan en este nivel es menor al 15%.

Si bien es cierto, en el país hay normas y leyes que abogan por la igualdad en el acceso a tratamientos existen barreras geográficas y culturales que dificultan la atención a la población rural e indígena.

La salud mental se debe integrar en la atención primaria. Esto permitirá que un número mayor de personas consigan acceso más fácil y rápido a los servicios; muchos ya buscan ayuda en este nivel. La integración de la salud mental en la atención primaria de salud no solo proporciona mejor asistencia, sino que también reduce el dispendio por investigaciones innecesarias y tratamientos inapropiados e inespecíficos.

Existen principalmente tres barreras al desarrollo de los servicios de salud mental, la principal es la ausencia de la salud mental en la agenda de prioridades de salud pública, esto implica problemas en el financiamiento al faltar interés por el problema.

Otra barrera es la organización de los servicios, ya que los recursos se centralizan en las grandes ciudades y hospitales ineficientes.

La tercera barrera es la complejidad de integrar eficazmente la atención de salud mental, asimismo, como el suministro de medicamentos esenciales y la escaza cantidad de profesionales de la salud.

Las afecciones prioritarias con la transición epidemiológica son en primer lugar las afecciones crónico degenerativas, dentro de las cuales se encuentran los padecimientos de salud mental, siendo principalmente la depresión, la esquizofrenia, el suicidio, la epilepsia, la demencia, los trastornos por consumo de alcohol, trastornos por consumo de drogas ilícitas y trastornos mentales infantiles.

Es necesario realizar un esfuerzo para cambiar las políticas, las prácticas y los sistemas de prestación de servicios a fin de garantizar que se asigne, a las necesidades y las preocupaciones en materia de salud mental, el grado de prioridad requerido para reducir la carga asociada a los trastornos mentales, neurológicos y por abusos de sustancias, debe ser atendida para que reciba la proporción justa en la salud pública.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento presento a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se modifica el artículo 73 en su fracción V, y se adiciona una fracción VI BIS de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE SALUD

Artículo 73.-…

I al IV…

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del sistema nacional de salud en hospitales generales y de especialidades, así como en centros de atención primarias a la salud que permita abatir la brecha de atención.

V BIS. La promoción en colaboración con Instituciones de asistencia y desarrollo social, de residencia protegida y casas de cuidado y talleres protegidos con la participación de organizaciones de la sociedad civil.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

Sen.María Cristina Díaz Salazar”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION II DEL ARTICULO 89 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por las CC. Senadoras Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, Gabriela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Martha Elena García Gómez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Mendoza Díaz, María del Pilar Ortega Martínez, Maki Esther Ortiz Domínguez, Laura Angélica Rojas Hernández y María Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del PAN)

"Las suscritas, Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa, Gabriela Cuevas Barrón, Adriana DAvila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Martha Elena García Gómez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Mendoza Díaz, María del Pilar Ortega Martínez, Maki Esther Ortiz Domínguez, Laura Angélica Rojas Hernández y María Marcela Torres Peimbert, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracciónII y 135 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164; 169; 172 y demás relativos Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Constituyente Permanente por su digno conducto, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 89 de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Recientemente se conmemoró el sexagésimo aniversario del Reconocimiento del Derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Este acontecimiento confirmó el legítimo derecho de las mujeres a participar en la vida política de nuestro País.

En ese contexto se cuestionó la actual integración de los poderes e instituciones que integran el Sistema Político Mexicano. Entre otros aspectos se puso en evidencia la desigual conformación del gabinete presidencial debidoa que actualmente solo tres mujeres forman parte como titularesde las Secretarías de Salud, Desarrollo Social y Turismo, aunado a ello es de señalarse que los temas que ocupan a estas Secretarías no son relacionados con seguridad o gobernabilidad.

Es por ello que esta iniciativa tiene como objetivo garantizar la inclusión de las mujeres en el gabinete presidencial lo cual implicaría no solo a las dependencias que enumera el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es decir al gabinete legal sino también al denominado gabinete ampliado, esto es alos titulares de los organismos paraestatales y entidades descentralizadas cuyos titulares son designados por el Presidente de la República.

Santiago Nieto Castillo en su obra “Los Derechos en los tiempos del Género ( de mujeres, feminismo y derechos)” Señala que de acuerdocon los datosdel Instituto Nacional de las Mujeres, la composición porcentual del Senado de la República es totalmente desigual. La Cámara Alta está compuesta por 66.41% de hombres contra 35.59% de mujeres.

El cuadro que se produce a continuación, tomado de la obra de Nieto Castillo, refleja el panorama reciente de los espacios ocupados por mujeres en el Poder Público:

Institución

Año

Mujeres

Hombres

Total

Cámara de Senadores

2012

35.59%

66.41%

100%

Cámara de Diputados

2012

36.80%

63.20%

100%

SCJN

2012

18.18%

81.82%

100%

Consejo de la Judicatura Federal

2012

0

85.7%

85.7% (Una designación pendiente)

Congresos Locales

2011

22.37%

77.63%

100%

Presidencias Municipales

2012

6.84%

93.16%

100%

Regidores

2011

38.46%

61.54%

100%

Síndicos

2011

26.81%

73.19%

100%

Gubernaturas

2013

0

100

100%

En este contexto es importante hacer referencia al Acuerdo CG94/12 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el PEF 2011-2012. El cual en su considerando Quinto dispone:

“a) Que es obligación de los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular;

b) Que es obligación de los partidos políticos garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en las candidaturas a cargos de elección popular;

c) Que los partidos políticos deben promover y garantizar la igualdad de oportunidades y procurar la paridad de género en la vida política del país a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.”

Estos criterios sentaron un precedente importante para que tanto la Cámara de Diputados y Senadores cuenten actualmente con el mayor número de Diputadas y Senadoras en su historia.

El Partido Acción Nacional ha impulsado desde sus inicios, el acceso de las mujeres al poder público. Legisladores Federales y Locales hemos presentado múltiples reformas constitucionales y legales, así como diversos exhortos con ese fin, convencidos que la equidad de género debe permitir a hombres y mujeres las mismas oportunidades, lo cual implica igualdad de responsabilidades.

Coincidimos con lo establecido en la Estrategia de Igualdad de Género, 2008- 2011, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ahí se establece que se debe considerar que la paridad de Géneroes un mecanismo necesario para mejorar la eficacia de las organizaciones.

No menos importante es hacer referencia a los esfuerzos que a nivel internacional se han realizado a fin de proteger los derechos de las mujeres, es el caso de la"Convención de Belém do Pará" La cual tiene el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas, ya que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.(Adoptada en: Belem do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994 y ratificada por México el 19 de junio de 1998)

Asimismo, la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en Ecuador, Quito; en agosto de 2007 en la cual se arribó entre otros al siguiente acuerdo: “Adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios, incluidas las reformas legislativas necesarias y las asignaciones presupuestarias, para garantizarla plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes ejecutivo, legislativo, judicial y regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos nacional y local, como objetivo de las democracias latinoamericanas y caribeñas.”

De igual formala Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional sobre las Mujeres (Beijing, 1995) convocada por la Organización de las Naciones Unidas, en la cual se establecen los compromisos de todos los estados miembros en favor de los derechos humanos de las niñas y las mujeres y se crea el compromiso de tomar medidas en el campo de las leyes y los procesos judiciales, de la administración y las políticas públicas, de las organizaciones sociales y políticas para que la consecución real de la igualdad de las mujeres y de los hombres se acelere.

Finalmente la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la Mujer, indica que los Estados partes tomarán medidas, incluso legislativas, para asegurar el pleno desarrollo de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condicionescon el hombre.

Con baseen estos antecedentes la propuesta de reforma que se presenta, busca garantizar que mujeres y hombres sean considerados en igualdad de oportunidades, para ocupar los más altos cargosde responsabilidad en el gobierno encabezado por el Presidente de la República.

Esta iniciativa es congruente con la plataforma 2012- 2018 del Partido Acción Nacional, que en el capítulo “Defensa de la dignidad de la mujer” propone: “Daremos un mayor impulso a la presencia femenina en los órganos de decisiónde los tres órdenes de gobierno, en las empresas, en los partidos políticos y en las organizaciones de la sociedad en general”.

La presente iniciativa se funda además, en los siguientes ordenamientos jurídicos:

El artículo 1° de nuestra Constitución quinto párrafo a la letra dice:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Así mismo en su Artículo 2° inciso B dispone que:

“La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos” y por último elArtículo 4° primer párrafo señala: “El varón y la mujer son iguales ante la ley…”

En este orden la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, contempla en su Artículo 1° que el objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1° de nuestra Constitución, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. Asimismo, la Ley en cita nos informa que corresponde al “Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.”

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en su artículo 5 define la Igualdad de Género como la situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar; y nos señala que la Igualdad Sustantiva es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

En mérito de lo anterior es necesario superar la igualdad meramente formal entre hombres y mujeres y garantizar con acciones que esta sea real. Por lo tanto resulta pertinente que exista una norma constitucional que motive al Poder Ejecutivo a incorporar en el diseño de sus estrategias a mujeres y hombres para la ejecución de las responsabilidades de Gobierno, a fin de que logremos una igualdad sustantiva.

Consideramos necesario establecer un mandato constitucional para que el Presidente de la República tenga la obligación de garantizar que del total de los nombramientos de Secretarios de Estado que integran el gabinete legal y gabinete ampliado, sean nombrados en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres asignando el mismo porcentaje a cada género. La paridad entre los géneros implica precisamente garantizar que el gabinete presidencial se encuentre integrado por igual número de mujeres y hombres.

Consideramos que la modificación al precepto constitucional en cita, será un precedente relevante para que en la integraciónde los Poderes Legislativoy Judicial se realicen las reformas necesarias, así mismo se reflejaría en los Estados de la República y el Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Constituyente permanente, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico: Se reforma la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

“ARTICULO 89….

I….

II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, garantizando que del total de los nombramientos de las Secretarías de Estado, dependencias, paraestatales y entidades descentralizadas a su cargo, al menos la mitad de ellos sean mujeres; remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes.

III a XX….”

TRANSITORIO

Unico: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de diciembre de 2013".






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION IX DEL ARTICULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

"El suscrito, Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2, 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION IX DEL ARTICULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde hace décadas los problemas de nutrición infantil en nuestro país se han intensificado, por un lado persiste la desnutrición y por el otro el aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad, siendo este último un problema que se presenta principalmente en las zonas urbanas del país, las cuales representan más del 75% del total de población.

La obesidad constituye un problema de salud pública y actualmente es uno de los padecimientos epidémicos de muchos países desarrollados y en vías de desarrollo.

Diversos estudios nacionales e internacionales han comprobado que el sobrepeso y obesidad contribuyen, entre otras causas, a incrementar la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, alteraciones esqueléticas, hipertensión arterial, hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial, entre otras.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 50% de los casos el problema se presenta antes de los dos años de edad, el resto se observa en los periodos de mayor crecimiento, particularmente entre los 5 y 16 años.

La obesidad durante la infancia y la adolescencia es el resultado de una compleja interacción entre los factores genéticos, psicológicos, ambientales y, factores socioeconómicos. Por ello, es conveniente que desde los primeros meses de vida se adquieran buenos hábitos alimentarios y se tenga buena atención médica, para evitar problemas de sobrepeso y obesidad en niños, que más tarde muy probablemente se convertirán en adolescentes y adultos obesos.

Actualmente muchos de los problemas relacionados con la alimentación tienen que ver con el desconocimiento e ignorancia sobre la correcta nutrición, propiciando malos hábitos alimenticios, lo que produce trastornos y desordenes de alimentación como sobrepeso y obesidad, ya que generalmente lo que se consume contiene un elevado índice calórico, de carbohidratos y grasas saturadas, aunado a bajos niveles de proteína, lo que provoca obesidad e incrementa la posibilidad de desarrollar otros trastornos de salud.

En un reciente estudio realizado en la ciudad de Boston, Estados Unidos, se halló que los que consumen con frecuencia alimentos chatarra engordan alrededor de 4.5 kilos más que aquellos que lo hacen ocasionalmente, y tienen el doble de probabilidades de desarrollar un desorden de insulina, relacionado con la diabetes.

La alimentación o consumo excesivo de comida chatarra se caracteriza por un alto contenido de calorías, grasas y sodio (sal) y generalmente con un bajo valor nutricional y un alto contenido energético.

Por otro lado, hay que señalar que se ha agravado el consumo de este tipo de productos debido a la influencia de la publicidad, con promociones y ofertas que "bombardean" a los consumidores, especialmente a los menores de edad, con anuncios por radio y televisión, lo que los orilla a sentirse atraídos a consumir dichos productos, provocando que se agrave el problema de sobrepeso y obesidad.

Si bien es cierto que ha habido reformas legales para que se fortifiquen las harinas y que mediante reglamentos los anuncios publicitarios contengan mensajes que induzcan o promuevan el consumo de otros productos con nutrientes valiosos, la labor ha sido insuficiente, ya que el consumo desmedido de estos alimentos y bebidas, ha ocasionado problemas de salud en millones de niños, adolescentes y adultos.

Por otro lado, cabe señalar que la alimentación y la nutrición han sido consideradas como derechos en los instrumentos internacionales de derechos humanos aprobados desde 1924; entre los cuales existen declaraciones no vinculativas, así como convenios y pactos que tienen fuerza de Ley.

Por su parte el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, entre otras cosas, el derecho a la satisfacción de las necesidades de alimentación de los niños y niñas, el cual lleva implícito el derecho a la nutrición.

Así mismo, la Ley General de Salud, establece en el Título Séptimo de la Promoción de la Salud, un Capítulo específico referente a la Nutrición.

Sin embargo, es necesario establecer reformas que por un lado, obliguen a las autoridades de salud a realizar estudios sobre el consumo de estos productos y el impacto en la salud de niños, adolescentes y adultos, y por otro, limiten la publicidad, promociones y ofertas respecto a los mismos, contribuyendo así en el combate del consumo desmedido de alimentos y bebidas no alcohólicas de bajo contenido nutricional o elevado valor energético que provoquen trastornos de salud.

Por ello, la presente iniciativa pretende reformar la Ley General de Salud para establecer en su Capítulo referente a la Nutrición, que la Secretaría de Salud tenga a su cargo, promover investigaciones sobre los efectos de la publicidad en el consumo de productos con bajo contenido nutricional y elevado valor energético, del abuso en el consumo de los mismos y las acciones para controlarlo.

Esta reforma contribuiría en gran medida a limitar los efectos nocivos que provoca la exagerada publicidad sobre el consumo excesivo de alimentos poco nutritivos o que proporcionan elementos energéticos no saludables y, por tanto, de las consecuencias que esto provoca. Y al facultarse a la Secretaría de Salud para realizar estudios sobre estos productos, del abuso y acciones para combatirlo, se pretende que haya un análisis real y profesional sobre el tema, obligando a las autoridades competentes a proponer alternativas y soluciones, toda vez que es innegable que ante la falta de datos serios y estudios oficiales, la industria de la comida chatarra continua ganando la batalla en este rubro.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud.

UNICO. Se adiciona la fracción IX del artículo 115 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

ARTICULO 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I-VIII...

IX. Promover investigaciones sobre los efectos del consumo de productos con bajo contenido nutricional y alto valor energético, del abuso en el consumo de los mismos y las acciones para controlarlo.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de diciembre de 2013.

Sen. Benjamín Robles Montoya".






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XXX AL ARTICULO 19 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

(Presentada por la C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI)

“HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora de la República de la LXII Legislatura al H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXX al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Por su ubicación geográfica, México se encuentra expuesto a fenómenos de origen natural que ocurren con mucha frecuencia (sismos, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, hundimientos, tormentas, etc.), además de los generados por la actividad humana, que pueden causar pérdida de vidas, así como daños a la infraestructura y al medio ambiente.

Muchos de estos fenómenos naturales han sido notables no sólo por la intensidad con que se han manifestado, sino por la magnitud del daño que han causado. Al no poder modificar los ciclos naturales del planeta, se vuelve pertinente mitigar los riesgos, estando alertas para responder con rapidez, oportunidad y eficiencia ante cualquier contingencia.

De lo anterior, se desprende la importancia de contar con un Sistema Nacional de Protección Civil sólido, con una capacidad de respuesta inmediata que permita hacerle frente a dichas contingencias, el cual debe ser moderno, ágil y eficiente a partir del diseño de protocolos de actuación antes, durante y después de la situación de emergencia, con una adecuada coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Nuestro Sistema Nacional de Protección Civil se creó hace 28 años, a raíz de los sismos de septiembre de 1985 que golpearon duramente a la ciudad de México, con la finalidad de generar mejores condiciones para la seguridad de los mexicanos. Desde entonces, la protección civil se ha convertido en un valioso mecanismo.

2. El 28 de mayo de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto instaló el Consejo Nacional de Protección Civil, el cual es un órgano de consulta y coordinación de la política en la materia que fomenta la participación responsable y activa del gobierno y de todos los sectores de la sociedad.

Durante dicha instalación, el Presidente de la República instruyó a la Secretaría de Gobernación, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, a implementar las siguientes medidas de prevención:

Crear y operar el “Sistema Nacional de Alertas”, con el objeto de contar con información, en tiempo real, y así aumentar la seguridad de los mexicanos en situaciones de inminente peligro;

Iniciar la operación de la estrategia “México Seguro ante Desastres”, con la finalidad de contar con infraestructura nacional de mayor capacidad de resistencia ante los fenómenos naturales;

Iniciar una extensa campaña de difusión de la Cultura de la Prevención y la Protección Civil, poniendo un especial énfasis en los habitantes de las zonas más vulnerables;

Actualizar el Atlas Nacional de Riesgos, para transformarlo en un instrumento útil en la planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial;

Implementar un Programa Nacional de Respuesta a siniestros, emergencias y desastres, que permita la acción oportuna y coordinada de los tres órdenes de gobierno, con protocolos de acción para la atención de desastres, y

Crear cinco regiones con representación nacional de Protección Civil, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional entre los diversos sistemas existentes.

3. En nuestro país, el Sistema Nacional de Protección Civil es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección contra los peligros que se presenten y a la recuperación de la población, en la eventualidad de un desastre.

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley General de Protección Civil, el objetivo general del Sistema Nacional de Protección Civil es el de proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.

4. El Sistema Nacional de Protección Civil establece que ante una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar en forma conjunta y ordenada.

Lo anterior, estableciendo que con la finalidad de iniciar las actividades de auxilio en caso de emergencia, la primera autoridad que tome conocimiento de ésta deberá proceder a la inmediata prestación de ayuda e informar tan pronto como sea posible a las instancias especializadas de protección civil. En caso de que la emergencia supere la capacidad de respuesta de estas autoridades, tendrán que acudir a la instancia estatal o federal correspondiente, según sea el caso, quienes actuarán de acuerdo con los programas establecidos al efecto.

Sin embargo, a pesar de que existen todas estas medidas, no contamos con criterios específicos y propios para atender a los sectores de la población que requieren de atenciones especiales, como lo son niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

En este mismo tenor, el 23 de diciembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil. Colores, formas y símbolos a utilizar, en la que se buscó normalizar las características de la simbología que se aplica en el ámbito de la protección civil, con el fin de que cumplan correctamente con la función para la cual fueron creadas y de que la población las identifique y comprenda. Dicha NOM -de aplicación en todo el territorio nacional y para todos los inmuebles, establecimientos y espacios de los sectores públicos, social y privado-, tiene como objetivo especificar y homologar las señales y avisos que en materia de protección civil, permitan a la población identificar y comprender los mensajes de información, precaución, prohibición y obligación.

Cabe destacar que todas estas medidas son de gran utilidad para la protección y ayuda de la población que puede sufrir o ha sufrido un desastre natural, sin embargo, muchas de estas no se adecúan o no toman en cuenta el estado específico de ciertos miembros de la población.

5. El artículo 19 de la Ley General de Protección Civil establece que la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil recaerá en la Secretaría de Gobernación, y tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional a través de la supervisión y coordinación de acciones de protección civil que realicen los diversos órdenes de gobierno;

Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas internos, especiales y regionales de protección civil;

Promover y apoyar la creación de las instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de carácter técnico operativo, de servicios y logística que permitan prevenir y atender la eventualidad de un riesgo o peligro que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad;

Instrumentar y operar redes de detección, monitoreo, pronóstico y sistemas de alertamiento, en coordinación con las dependencias responsables e incorporando los esfuerzos de otras redes de monitoreo públicas o privadas;

Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural;

Suscribir convenios de colaboración administrativa con las entidades federativas en materia de prevención y atención de emergencias y desastres;

Fomentar en la población una cultura de protección civil que le brinde herramientas que en un momento dado le permitan salvaguardar su vida, sus posesiones y su entorno frente a los riesgos derivados de fenómenos naturales y humanos.

Promover el establecimiento de programas básicos de seguridad por regiones y entidades federativas, para hacer frente a agentes perturbadores recurrentes o imprevistos;

Supervisar, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), que se realice y se mantenga actualizado el atlas nacional de riesgos, así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y delegaciones;

Coordinar el apoyo y asesoría a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a los demás Poderes de la Unión y a los órganos constitucionales autónomos en la prevención de desastres y, con base en la suscripción de convenios, a los gobiernos de las entidades federativas, municipios o delegaciones, así como a las instituciones de carácter social y privado;

Promover entre los gobiernos de las entidades federativas, municipios y delegaciones la creación y construcción de infraestructura y la distribución de equipamiento de protección civil, tendientes a fortalecer las herramientas de gestión del riesgo;

Promover que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios o delegaciones, según corresponda, elaboren y mantengan actualizados sus respectivos programas de protección civil y formen parte de sus planes de desarrollo;

Por lo anterior, podemos observar que muchas de las atribuciones del Sistema Nacional de Protección Civil contemplan la suscripción de convenios de colaboración con los gobiernos de las entidades federativas, del Distrito Federal, de los municipios y/o de las delegaciones, para poner en marcha instrumentos en aras de proteger a la población ante la presencia de un desastre natural, así como para promover medidas entre la población para saber cómo actuar ante la presencia de dichos eventos.

Sin embargo, en ninguna de las atribuciones del Sistema Nacional referentes a la prevención y tratamiento de los eventos naturales que pueden ocasionar un desastre, se contemplan protocolos de actuación para la atención de los sectores de la población más vulnerable y a quienes es necesario otorgar una ayuda especial, como lo son niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, quienes requieren de atenciones específicas debido a su condición, además de protocolos de actuación que les permitan, desde sus capacidades generales y específicas, mayores posibilidades para enfrentar situaciones de riesgo.

Por citar un ejemplo, en meses pasados, con el paso de las tormentas Ingrid y Manuel por el país, se tiene la siguiente información, respecto de los grupos poblacionales descritos:

En cuanto a niñas, niños y adolescentes, en la comunidad de Tepechicotlán, del municipio de Chilpancingo, murieron cuatro niños aplastados por tierra y lodo.

En relación a personas adultas mayores, autoridades de Guerrero rescataron a cinco adultos mayores de la Casa del Anciano, ubicado en la Unidad Habitacional Colosio en Acapulco Guerrero, debido a que el inmueble se inundó. Algunos de ellos, debido a su condición física y la imposibilidad de caminar, fueron rescatados por miembros del Ejército.

En lo correspondiente a personas con discapacidad, al día de hoy no se cuenta con algún dato con datos referenciales en particular, que nos permita conocer cuántas personas con esta condición fueron afectadas y que trato se les está brindando.

Es por ello que la Iniciativa que someto a la consideración de esta Soberanía tiene la finalidad de incluir como nueva atribución de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil, la de coadyuvar con los gobiernos de las entidades federativas, así como con los de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en la elaboración y actualización de protocolos de actuación para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Lo anterior, en virtud de que de esta manera podremos dar un importante avance en materia de protección civil, protegiendo a aquellos sectores de la población que, ante eventos y desastres naturales, se les pueden presentar mayores dificultades para salvar su patrimonio y su vida. Sin duda, es tiempo de proponer los cambios necesarios para que también nuestro sistema de protección civil cuente con elementos inclusivos y avancemos como sociedad.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en las disposiciones señaladas, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XXX AL ARTICULO 19 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL.

UNICO.- Se adiciona una fracción XXX, recorriéndose la actual para ser la XXXI, del artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 19. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la Secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil:

I. a XXVIII. …

XXIX. Proponer, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los modelos de contratación de seguros e instrumentos financieros de gestión de riesgos, que garanticen a la Federación las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes;

XXX. Coadyuvar con los gobiernos de las entidades federativas, así como con los de municipios y delegaciones, según corresponda, en la elaboración y actualización de protocolos de actuación para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, en sus programas de protección civil, y

XXXI. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables o que le atribuyan el Presidente o el Consejo Nacional dentro de la esfera de sus facultades.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 13 de diciembre de 2013.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 36 DE LA LEY DE AVIACION CIVIL

(Presentada por el C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

“El que suscribe, Senador FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8º numeral I, 164 numeral I y 169 numerales I y IV del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Párrafo al Artículo 36 de la Ley de Aviación Civil, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como propósito adicionar un párrafo al artículo 36 de la Ley de Aviación Civil, a efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tenga la obligación de avisar cuando menos con 30 días de anticipación de la suspensión provisional de operaciones, a los Aeropuertos de nuestro país, cuando así lo requiera con el objeto de llevar a cabo alguna actividad que implique la utilización del espacio aéreo por parte de las aeronaves del estado.

En México, la navegación civil en el espacio aéreo sobre territorio nacional efectivamente se rige por los tratados internacionales, pero además por la Ley de Aviación Civil, en la que se contempla lo relativo al tránsito aéreo.

La aviación civil es una de las actividades más importantes en la economía mundial, ya que estimula el comercio, turismo, genera oportunidades de negocio y mejora la calidad de vida de regiones desarrolladas y en desarrollo.

El miércoles 20 de noviembre, se organizó un acto el cual fue encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, el cual se realizó en la Plaza de la Constitución y si bien no se trató propiamente de un desfile militar, se programaron exhibiciones de aeronaves del Ejército y la Marina, sobre el Zócalo.

Ello, como parte de la ceremonia militar de entrega de ascensos y condecoraciones a miembros de la fuerzas armadas, dentro de los festejos del 103 aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspendió los vuelos comerciales durante aproximadamente 2 horas y mediade las 10:00 a las 12:30 horas.

Entre el 7 y 8 de noviembre pasado, desde la Secretaría de Gobernación se informó a las distintas dependencias que se cancelaba la planeación del evento, solamente sería un acto protocolario para la entrega de reconocimientos.

Sin embargo, el 19 de noviembre antes de mediodía, comenzaron a enviarse los avisos a las dependencias: el desfile sí se hará, será en el Zócalo y se cerrará el aeropuerto, porque habrá una parada militar con helicópteros, cuatro F-5 y 12 aviones PC-7.

Cabe aclarar que, esta situación de realizar un acto de manera tan apresurada y sin la debida planeación, tuvo un impacto muy negativo y costoso para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las aerolíneas y sobre todo paralas personas que pensaban salir o iban llegando a la ciudad de México, además del grave riesgo en el que estuvieron las vidas de pasajeros y tripulación de las aeronaves en circulación.

Las aerolíneas definieron sus daños como “incalculables” y pedirán ser resarcidas, además, autoridades aeronáuticas internacionales solicitaron los detalles que motivaron el cierre de pistas, por los posibles riesgos de seguridad en el espacio aéreo.

En el aire sobrevolaron unos 80 aviones comerciales que esperaban aterrizar y que alcanzaron hasta 100 millas, muchos de ellos con poco combustible para aterrizar y otros que ya habían sido desviados a otras ciudades debido a lo señalado o al problema que implicaba tener tantos aviones sobre el mismo espacio.

El costo inmediato, sesuspendieron 157 vuelos (81 de llegada y 76 de salida)y afectaciones a cerca de 200 operaciones mercantiles aéreas, lo que resultó en 15 mil usuarios afectados, además de todos y cada una de las quejas que recibió la Procuraduría Federal del Consumidor de parte de los pasajeros de muchas aerolíneas, dado que los avisos de este retraso, les llego cuando muchos de ellos ya se encontraban en la terminal aérea, por lo que les generó gastos adicionales de todo tipo, amén del tiempo de espera y el riesgo en que se les puso al estar tantos aviones volando en el espacio.

Dicho cierre fue notificado a las autoridades de la terminal aérea el mismo martes 19 de Noviembre por la tarde, es decir, con menos de 24 horas de anticipación. La Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO) y las aerolíneas expresaron su descontento por el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con motivo de la exhibición aérea para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana.

Es importante recordar que el 20 de noviembre de 1995, desafortunadamente cinco naves aéreas (F-5 y T-33) colisionaron en el aire falleciendo varios pilotos aviadores, lo que trajo como consecuencia que se suspendiera por 12 años la participación de naves durante el desfile.

En el Capítulo VI, denominado “Del tránsito aéreo”, de la Ley de Aviación Civil, se establece en su artículo 36 las causas por las cuales el Ejecutivo puede establecer zonas prohibidas, restringidas o peligrosas a la navegación aérea civil, señalando a la letra lo siguiente:

Artículo 36. El Ejecutivo Federal, por razones de emergencia, seguridad pública o defensa nacional, podrá establecer zonas prohibidas, restringidas o peligrosas a la navegación aérea civil.

Queda prohibido a las aeronaves civiles realizar vuelos acrobáticos, de demostración y, en general, evoluciones de carácter peligroso sobre las ciudades y núcleos de población.

La Secretaría podrá autorizar la realización de festivales aéreos, para lo cual señalará las áreas en donde éstos se llevarán a cabo.

Actualmente no existe disposición que obligue a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a dar un aviso oportuno a los aeropuertos cuando permita el uso del espacio aéreo a las aeronaves clasificadas como del estado que conforme a lo establecido por el artículo 5 de la misma Ley de Aviación Civil puede ser las de propiedad o uso de la Federación distintas de las militares; las de los gobiernos estatales y municipales, las de las entidades paraestatales y las militares, que sonlas destinadas o en posesión del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales y que ese permiso repercuta en las operaciones de los aeropuertos.

Esto es importante, ya que puede ayudar a evitar tanto accidentes, como pérdidas económicas y quizás humanas, es por ello que se sugiere una modificación en tal sentido al artículo 36 de la Ley de Aviación Civil, al tenor de la propuesta que tengo a bien someter a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía.

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 36 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 36. …

En el caso de que la Secretaría autorice exhibiciones de aeronaves del estado, que impliquen afectaciones a cualquier aeropuerto del país, tendrá la obligación de dar aviso cuando menos con 30 días de anticipación al mismo, y que el acto demostrativo se realice en un horario donde el tráfico aéreo sea de menor frecuencia.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

México, Distrito Federal, a 13 de diciembre de 2013.

Atentamente

Dr. Francisco Salvador López Brito”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY GENERAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y COMBATE A LA CORRUPCION

(Presentada por los CC. Senadores Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

“Quienes suscriben,Armando Ríos Piter, Zoe Robledo Aburto, Benjamín Robles Montoya, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 numeral 1, fracción I, y 164 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Ley General en materia de RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y COMBATE A LA CORRUPCION, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La política de Estado para el combate a la corrupción debe contener los mecanismos de articulación y coordinación necesarios con las instituciones claves en el ejercicio de las acciones estratégicas. Para combatir el fenómeno de la corrupción, visto como una plaga, se requiere del fortalecimiento de las instituciones de transparencia y acceso a la información (IFAI), fiscalización y rendición de cuentas (ASF), y de la investigación y sanción por delitos cometidos en las finanzas públicas en cualquiera de los tres niveles de gobierno (órgano anticorrupción). El trabajo de coordinación de estas tres instituciones sirve para lograr que las acciones del gobierno sean más eficientes y menos impunes, ya que cada una sirve de contrapeso en el proceso que conlleva a la resolución de un caso de corrupción específico.

La corrupción es un complejo fenómeno social que, además de los factores políticos y económicos, también tiene profundas raíces en causas culturales, en donde las tradiciones sociales determinan en gran medida su existencia y amplitud. Es importante recordar esto porque, si la corrupción es tratada únicamente como una desviación de las relaciones económicas, no será posible bajar sus efectos hasta que deje de representar una amenaza. Las agencias que luchan contra la corrupción necesitan analizar y comprender su naturaleza si desean enfrentarla de manera efectiva1.

El fenómeno de la corrupción en México se ha convertido en un tema tan complejo como delicado. El abuso del poder público y la impunidad, propiciados por una democracia disfuncional, han provocado que prácticamente cualquier servidor público tenga incentivos para realizar acciones u omisiones en su deber público con miras a obtener un beneficio privado.

La corrupción política afecta a todos directa o indirectamente. A los funcionarios electos y los partidos políticos, que se espera actúen en bien de la comunidad, se les otorga el derecho y la responsabilidad de decidir acerca del uso de los fondos públicos y al hacerlo afectan la vida diaria de todos los ciudadanos. En consecuencia, su avaricia y voracidad pueden causar un daño a la nación.

En los últimos años, el tema de la corrupción ha tocado las fibras más sensibles de la sociedad frente a los escándalos de endeudamiento de estados y municipios, licitaciones amarradas, concesiones pactadas, sindicatos opacos, aduanas ineficientes, guarderías sin medidas de seguridad y un conjunto de leyes laxas que han despertado un profundo malestar social.

Cuenta de ello son los múltiples actos de corrupción en Pemex. Por ejemplo2, en diciembre de 2012, Pemex presentó ante la corte del distrito de Nueva York, en EU, una demanda civil por 500 mdd en contra de Siemens, por presuntos actos de corrupción en la modernización de la refinería de Cadereyta, ante la presunta involucración de ex funcionarios de Pemex, Consultores y las empresas: SKEngineering and construction, de origen coreano y Siemens, de origen alemán.

En 1997, estas dos empresas, formaron la empresa Conproca S.A. de C.V., empresa dedicada a “concursar” por licitaciones. Conproca obtuvo, a través de una licitación, después sujeta a investigación por corrupción, un contrato con Pemex por 2 mil 460 mdd para la reconfiguración de la Refinería de Cadereyta, en Nuevo León.

En 2001, Conproca presentó en Paris, Francia, una demanda ante la Cámara de Comercio Internacional en contra de Pemex, en la que argumentaba que Pemex incumplió con el pago de algunos servicios, y solicitaba el pago de la paraestatal de 635 millones de dólares como “gastos no recuperables”.

El arbitraje duró años. En diciembre de 2009, la Cámara de Comercio Internacional resolvió que Pemex tenía que pagar 191 millones de pesos, más intereses, por los “gastos no recuperables”.

Sobre esto, la Securities and Exchange Commission considera que Siemens paga sobornos para corromper a funcionarios en varias partes del mundo, con el propósito de ganar licitaciones.

En 2008, Siemens fue multada por este tipo de prácticas en EU y Alemania al comprobarse que sobornó a funcionarios de diversos países, uno de ellos presuntamente en México. El caso continúa y si bien no se ha podido comprobar participación alguna de funcionarios, la duda persiste derivado de las prácticas internacionales de dicha empresa.

Otro ejemplo de corrupción e impunidad son los casos de Tabasco y Coahuila. En donde los niveles criminales de deuda pública contraída durante administraciones específicas, son botón de muestra de la corrupción que impera en los gobiernos estatales que se conducen con impunidad y como verdaderos caciques que manejan las arcas públicas a su antojo, sin rendición de cuentas y como si fueran de su propiedad.

Este problema no es un asunto del pasado, la deuda pública va en aumento. De acuerdo al reporte trimestral dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la deuda contraída por gobiernos estatales y municipales a principios de este año, durante el primer trimestre del 2013, la deuda creció 1,481 millones de pesos, con relación al saldo de diciembre pasado, con lo cual, alcanza una cifra histórica de 436,242 millones de pesos.

De acuerdo con los datos de la SHCP, hay entidades cuya deuda rebasa 100% de las participaciones federales. Tal es el caso de Coahuila, que lo supera por 285.2%; Quintana Roo 208.9%; Nuevo León por 197.2%; Chihuahua por 167.5%, y Veracruz, con más de 124%3. En estos estados, la situación de inseguridad y el estancamiento demuestran que la deuda no está dirigida a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, sino que gran parte de esa deuda estuvo enfocada a financiar proyectos políticos electorales. De cara a los niveles de pobreza en que vive la gente, estos volúmenes de deuda por corrupción son indignantes y criminales.

Sin duda alguna la corrupción ha permeado en todos los aspectos de la vida pública de México. Diferentes estudios de organismos internacionales y nacionales dedicados al diagnóstico general sobre la percepción ciudadana ante este fenómeno y las prácticas corruptas sujetas al sistema de gobierno mexicano, dan cuenta de ello. El Índice de Transparencia y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana estima que el costo de la corrupción en nuestro país es alrededor del 9% del PIB. En 2010 se destinaron más de 32,000 millones de pesos en “mordidas”. En 2007 este costo fue de 27,000 millones de pesos.

Según estimaciones del Foro Económico Mundial, las empresas destinan entre 5% y 10% de sus ingresos para sobornos, un dato sin duda alarmante. En esa razonamiento, la 12va Encuesta Global de Fraude presentada por Ernst & Young, exhibió que el 60 por ciento de los empresarios en México considera que los actos de corrupción y soborno se han convertido en una actividad común.

De acuerdo con las encuestas del Barómetro Global de la Corrupción 2013, en una escala del uno al cinco, en donde uno es “nada corrupto” y cinco significa “extremadamente corrupto”, los mexicanos calificaron a los partidos políticos y la policía con 4.6; los funcionarios públicos obtuvieron 4.5, y al sistema judicial se le adjudicó un 4.3 de calificación. Ninguna institución social o política estuvo cerca de ser calificada con bajos índices de corrupción: los medios de comunicación obtuvieron 3.6, mientras que la industria privada fue calificada con 3.5, y al sistema educativo le fue asignado 3.3 de promedio.

Los militares, el sector salud y las organizaciones no gubernamentales registraron un empate en cuanto a opinión, a quienes les fue asignado un 3.2. Finalmente, la mejor evaluación la obtuvieron las instituciones religiosas al conseguir 3.1 de promedio.

De acuerdo con los resultados de Transparencia Internacional4 , las áreas más afectadas por la corrupción son las compras públicas y la industria de la construcción, los bienes raíces, la industria del gas y el petróleo, la industria pesada y la minería. Las experiencias internacionales han demostrado que, las áreas de alto riesgo son las compras públicas y la privatización.

La corrupción distorsiona el concepto de competencia en las licitaciones públicas, haciendo que los escasos recursos se desperdicien y no se cumpla con las necesidades sociales básicas. Asimismo perjudica la eficiencia del mercado y puede hacer que se pierdan las oportunidades de desarrollo. Según algunas estimaciones una corrupción sistemática que se extienda a todo el sistema puede aumentar los costos de los procedimientos de compra en un 20-25 por ciento y a menudo lleva a la adquisición de bienes y servicios de menor calidad, que en ocasiones son completamente innecesarios. En general, aproximadamente el 70 por ciento del gasto gubernamental se emplea en forma de contratos, los cuales son fuentes de poder e influencia para aquellos que deciden su destino y objeto de ambición y deseo para aquellos desean ganarlos5. El peligro de corrupción aparece incluso antes de que el proceso de licitación comience. Existe desde el momento en que se toman las decisiones relativas al uso de los fondos del estado y dura hasta la completa realización y terminación de los contratos.

Desgraciadamente, las políticas públicas dirigidas al combate de la corrupción en México han fracasado. Los números, indicados en el documento de Transparencia Internacional6, señalan que el 72 por ciento de los encuestados en el país considera que las acciones que ha tomado el gobierno para combatir la corrupción son inefectivas, y 62 por ciento opina que el gobierno opera solo por unos cuantos intereses.

Desde el punto de vista de teoría del Estado, la corrupción emerge como resultado de la debilidad de las instituciones y la falta de voluntad de una política de Estado para combatirla.Este fenómeno emana de un sistema político y económico que se aprovecha de la fragmentación y dispersión de los órganos reguladores y de supervisión del Estado.

El combate a la corrupción es un deber del estado protegido a nivel internacional, regulado por diversos instrumentos entre los que destacan la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (1996), la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (1999) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2004).

Según datos de 2008, se calcula que en el mundo existen alrededor de 98 agencias especializadas en el combate a la corrupción.

Por lo que se refiere a los diferentes tipos de agencias u órganos encargados específicamente de la materia se puede hablar, de forma esquemática, de cuatro modelos: 1) Agencias Anticorrupción especializadas en la prevención, 2) Agencias Anticorrupción especializadas en la aplicación de la ley, 3) Agencias Anticorrupción con facultades preventivas y poder de aplicar la ley, y 4) Agencias Anticorrupción Híbridas7.

1. Agencias Anticorrupción especializadas en la prevención. Estas agencias no cuentan con poder de investigación y autoridad procesal. Sin embargo, tienen como función sensibilizar, educar y aplicar las legislaciones y políticas administrativas correspondientes en la materia. Este modelo es el que prevalece en países como Armenia, Argelia, Azerbaiyán, Francia y Perú.

2. Agencias Anticorrupción especializadas en la aplicación de la ley. Éstas tienen autoridad procesal, en ocasiones estructuras de investigación, y también pequeñas unidades de prevención. Algunos países que retoman este modelo son Sudáfrica, Bélgica, Croacia, España, Kenia, Noruega, Rumania y Vietnam. En América Latina destaca el caso de Chile, en donde el organismo atiende la integración de investigaciones más que de acciones de prevención.

3. Agencias Anticorrupción con facultades preventivas y poder de aplicar la ley. El arquetipo de este modelo es representado por la Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong y por la Oficina contra la Corrupción en Singapur. Estas instituciones son reconocidas como referente de mejores prácticas en la materia. Otros países que retoman este modelo son: Australia, Botswana, Indonesia, Jordania, Letonia, Lituania, Madagascar Mongolia, Maldivas, Timor Leste y Uganda. En América Latina siguen este modelo Colombia y parcialmente Argentina y Ecuador.

4. Agencias Anticorrupción Híbridas: En Georgia hay un Consejo Consultivo y oficinas especializadas en el ámbito de procuración de justicia, y no una sola entidad que concentre las tres funciones: prevención, educación y aplicación de la ley. Por su parte, en Brasil el combate a la corrupción recae principalmente en la Controladoria-Geral da Uniao, con funciones de supervisión/control y prevención; El combate a la corrupción involucra también a otras agencias estatales, incluyendo al Ministerio Público o al ombudsman.

En Rusia se ha adoptado el Plan Nacional Anticorrupción8, que propone una serie de medidas coherentes contenidas en un paquete de política anticorrupción. El Paquete de Políticas Anticorrupción se centra en primer lugar en la prevención de casos de corrupción y en el reforzando el control sobre la credibilidad de la información relativa al patrimonio e ingresos de los funcionarios públicos y de sus familiares inmediatos. Es muy importante erradicar las raíces económicas de la corrupción, terminar con los poderes excesivos de las autoridades ejecutivasy municipales y eliminar los vínculos de corrupción que se dan en el sistema de las relaciones estatales y empresariales.

Las leyes anticorrupción se basan en la necesidad de seguir una política común e integrada en esta área. El Jefe de Estado supervisa la lucha anticorrupción a través del Consejo creado especialmente para combatir la corrupción; el Presidente del Tribunal de Cuentas es miembro de este Consejo. En las leyes promulgadas se especifican las funciones y cargos de todas las autoridades públicas implicadas en la lucha contra la corrupción, incluido el Tribunal de Cuentas.

Durante los últimos años, el Tribunal de Cuentas ha participado activamente en el desarrollo de un sistema integrado a nivel nacional para combatir la corrupción. El Tribunal de Cuentas desarrolló, como parte del Plan Nacional Anticorrupción, su propio Plan de Acción, en el que se da prioridad a la base legal para combatir la corrupción. En el marco de este proyecto se prepararon modificaciones para la Ley de Bases sobre los Contratos de la Administración Pública.

El elemento más importante de las actividades anticorrupción del Tribunal de Cuentas es la consolidación de la cooperación internacional. Trabaja en estrecha colaboración con organizaciones especializadas, como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), FATF y el Grupo Egmont, y promueven la extensión en Rusia de diversas normas internacionales anticorrupción.

En el caso de Alemania9, el Tribunal Federal de Cuentas es el órgano supremo del control externo de la República Federal de Alemania. Goza de autonomía e independencia, y no está sujeto a las instrucciones ni del gobierno ni del Parlamento. No posee competencias sancionadoras, sin embargo han conseguido logros, apoyándose en la fuerza de los argumentos. En la gran mayoría de los casos, consisten en convencer al gobierno y al parlamento para que implante las medidas necesarias para combatir la corrupción.

El Tribunal Federal de Cuentas está involucrado en la elaboración de las normas que rigen la prevención de la corrupción. Recibe copias de todo proyecto sometido a la aprobación del Gobierno, y cuando es necesario emite una opinión al respecto. Como por ejemplo, en la Directriz para la prevención de la corrupción en la Administración Federal del año 1998, y su versión revisada de 2004. El objetivo de la Directriz es proporcionar a todos los funcionarios y empleados públicos una orientación fácil y comprensible, contribuyendo así a que la actuación administrativa se desarrolle de forma íntegra y transparente. De esta manera, se pretende que los funcionarios y empleados públicos estén informados sobre los principios éticos y el rechazo a la corrupción.

La directriz contiene también un Código de conducta anticorrupción. El objetivo del código es señalar al personal posibles situaciones peligrosas, animar a que las funciones se desempeñen como es debido y según las normas legales, e informar a los funcionarios y empleados sobre los impactos causas por una conducta corrupta.

Por todo lo anterior, sin duda alguna, la situación de la corrupción en México ha rebasado el poder de las instituciones encargadas de contener este flagelo. Por tal razón, la propuesta de “nuevas políticas de anticorrupción” estuvo en el discurso de campaña de las principales fuerzas políticas. Y posteriormente, se convirtió en proyectos de ley con las consideraciones y planteamiento estratégico que cada partido político consideraba preciso para el combate a la corrupción.

Dos semanas antes de asumir la presidencia de México, Enrique Peña Nieto propuso crear una Comisión Nacional Anticorrupción con facultades para investigar irregularidades en todos los niveles de gobierno. El proyecto de decreto presentado por el presidente electo mediante los grupos parlamentarios PRI y PVEM en la cámara de senadores10, proponía un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de prevenir, investigar y sancionar, en la vía administrativa, los actos de corrupción de los servidores públicos de la Federación, y de los estados y municipios por la vía de atracción. Integrado por cuatro comisionados y un comisionado presidente. Con un mecanismo de nombramiento a quienes encabezarían el organismo anticorrupción, de coparticipación del ejecutivo y el legislativo, es decir a designación directa del Ejecutivo Federal, con objeción de las dos terceras partes de sus miembros presentes del Senado de la República o la Comisión Permanente.

En ese tenor, el 20 de noviembre con aval del grupo parlamentario del PRD, presentamos una iniciativa en la que el rasgo fundamental estribaba en la pretensión de crear un órgano constitucional autónomo denominado Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción, que desconcentraría de la autoridad ministerial, la función persecutoria de los delitos relacionados con actos de corrupción, sentando las bases para una nueva institucionalidad democrática, en la queel ciudadano sea protagonista11. La Agencia estaría integrada por fiscales, nombrados bajo un procedimiento de elección por el Senado, y contaría con unConsejo consultivo ciudadano, como un órgano integrado por representantes de la ciudadanía, con capacidad para revisar la actuación de la Agencia y emitir recomendaciones a toda dependencia o entidad pública, en los tres niveles de gobierno. Tanto los fiscales, como los consejeros emanarían de las filas ciudadanas y serían removidos únicamente por juicio político. Además se incluía un mecanismo de resarcimiento de los daños causados por actos de corrupción, el cual consiste en que los recursos reintegrados al erario público por vía de resarcimiento, sean destinados en partes iguales al desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología que sean impulsados por jóvenes, a la educación media superior, y al combate a la corrupción. Lo último, considerando que los jóvenes son el segmento poblacional con mejores posibilidades de revertir y erradicar el esquema de corrupción que aqueja a México.

En el proceso de análisis y debate de las iniciativas en la materia, el 4 de abril del 2013, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presento una iniciativa con proyecto de Decreto por el que creaba el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción12, conformado por dos órganos públicos con autonomía constitucional, denominados Fiscalía General de Combate a la Corrupción, responsable de la investigación y persecución, de delitos federales de corrupción y de orden local, y la Comisión Nacional de Combate a la Corrupción, encargada de fiscalizar la adecuada administración y aplicación de los recursos públicos federales ejercidos por funcionarios públicos y particulares. La primera integrada por un Fiscal General, mientras que la Comisión por siete comisionados. Ambos funcionarios serían designados por el Senado de la República, mediante una convocatoria realizada por dicha cámara en el proceso de elección.

El trabajo de las Comisiones Unidas en el Senado de la República consistió en el análisis y discusión de las tres iniciativas en mención, para la elaboración del dictamen. Cabe mencionar que las organizaciones de sociedad civil fueron pieza clave en la construcción del dictamen de la reforma constitucional. El trabajo de los ciudadanos interesados en las mesas de trabajo, sin duda alguna, nos impulsó a elevar el debate a una perspectiva plural y reconocida en el área académica, y de conocimiento empírico e intelectual.

En ese sentido, las tres principales fuerzas políticas concordamos que para enfrentar el hondo e hiriente problema de la corrupción en nuestro país, es necesaria la creación de organismos especializados. Hasta ahora, los grupos parlamentarios coincidimos, en el debate en comisiones, en la creación de un órgano de combate a la corrupción. Sin embargo, existieron diversas concepciones respecto de los alcances y facultades de las pretendidas entidades. El proyecto del PRD, coincidiendo en su mayoría con la propuesta del PAN, se cimento en la creación de un órgano autónomo que combatiera la corrupción, persiguiéndola como delito por lo que desconcentramos del Ministerio Público la acción penal, tomando distancia de la propuesta del PRI-PVEM que pretendía un organismo con autonomía restringida, sin facultad de investigar delitos y limitado a desarrollar un procedimiento administrativo sancionador.

Por tanto, con el compromiso de sacar una reforma constitucional urgente y de base a las demás reformas estructurales, los grupos parlamentarios de los partidos políticos en el Senado de la República logramos llegar a un acuerdo.

En el grupo parlamentario del PRD estamos convencidos que uno de los principales elementos que debe contener la políticas de Estado en el combate a la corrupción es el hecho de tener un órgano especializado en investigar y perseguir los delitos de corrupción. El órgano responsable de combatir la corrupción debe romper con el paradigma de las instituciones tradicionales, y ponerse a la vanguardia a nivel internacional. A este respecto, los legisladores tendremos que maximizar las herramientas establecidas en la reforma constitucional para combatir esta enfermedad que contamina cada vez más el sistema político, económico y de gobierno, así como las prácticas de las y los mexicanos.

Mediante la elección democrática del titular del órgano constitucional y la conformación de un Consejo plural, se pretende garantizar que las acciones del órgano de combate a la corrupción estén en observación y constante evaluación ciudadana.

En ese sentido, el objetivo de esta iniciativa es reglamentar lo relativo al órgano responsable de combate a la corrupción en los términos del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana. La propuesta contiene lo siguiente:

Crea la Ley General en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción. La cual tiene como objeto el combate a la corrupción y el debido cumplimiento de las obligaciones relativas al servicio público.

Establece el funcionamiento del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción como órgano responsable de encabezar las acciones del Estado en el combate a la corrupción. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Establece el Registro Público de declaración patrimonial y de intereses de los Servidores Públicos Federales. El cuál será llevado por el Instituto para el Combate a la Corrupción, y se le dará seguimiento a la situación de los servidores públicos de las dependencias y entidades, así como de las personas físicas y morales que reciban o apliquen recursos públicos federales, de conformidad con los lineamientos que expida el Instituto.

Establece el mecanismo de nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en investigar y perseguir los delitos de Corrupción, que consiste en el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República.

Establece el mecanismo de nombramiento de los Consejeros representantes ciudadanos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción, el cual será a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil y las universidad nacionales y elegidos por el Senado de la República.

Establece las responsabilidades administrativas, sanciones y penas aplicables a los servidores públicos con motivo del incumplimiento de sus obligaciones que resulte en hechos de corrupción;

Establece las responsabilidades administrativas, sancionesy penas aplicables a las personas físicas o morales que se involucren o beneficien con hechos de corrupción;

Determina las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas responsabilidades, sanciones y penas.

Dado que la corrupción es uno de los problemas que más afecta la democracia y la deslegitima ante la ciudadanía, la lucha contra ella debe ser una de las metas fundamentales. Si no combatimos la corrupción de manera profunda, con todos los instrumentos y en todos los ámbitos seguiremos en la aspiración constante hacia un modelo de país con estabilidad económica, social y política que sin duda alguna nos será imposible alcanzar.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, en cuanto a la facultad de presentar iniciativas; así como 73, en su fracción XXIX-V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la facultad específica para expedir la ley general en materia de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción, someto a la consideración de esta asamblea el estudio, discusión y en su caso, aprobación del presente Proyecto Decreto, en los términos siguientes:

Único. Se crea la Ley General en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción, para quedar como sigue:

“LEY GENERAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE
LOS SERVIDORES PUBLICOS Y COMBATE A LA CORRUPCION

Disposiciones Preliminares

ARTICULO 1. La presente Ley es reglamentaria del Título Cuarto Constitucional en materia de:

I. El combate a la corrupción y el debido cumplimiento delas obligaciones relativas al servicio público;

II. Las responsabilidades administrativas, sanciones y penas aplicables a los servidores públicos con motivo del incumplimiento de sus obligaciones que resulte en hechos de corrupción;

III. Las responsabilidades administrativas, sancionesy penas aplicables a las personas físicas o morales que se involucren o beneficien con hechos de corrupción;

IV. Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas responsabilidades, sanciones y penas;

V. El registro patrimonial y de intereses de los servidores públicos; y

VI. El funcionamiento del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción como órgano responsable de combatir la corrupción.

ARTICULO 2. Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en los párrafos primero y tercero del artículo 108 Constitucional, así como todas aquellas personas físicas o morales que manejen o apliquen recursos económicos federales, o que se involucren o beneficien de hechos o actos de corrupción.

ARTICULO 3. Las autoridades competentes para aplicar la presente Ley en el ámbito de sus respectivas facultades, serán:

I. El Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción;

II. Los órganos locales responsables de combatir la corrupción;

III. La Fiscalía especializada en investigar y perseguir los delitos de corrupción;

IV. Las Fiscalías especializadas en investigar y perseguir los delitos de corrupción, de las entidades federativas;

V. Las Cámaras de Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, y

VI. Los Congreso de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

ARTICULO 4. Para los Efectos de esta Ley, se entenderá por:

I.Consejo: El Consejo Consultivo del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción;

II. Fiscalía Local: La Fiscalía de la entidad federativa que corresponda, especializada en investigar y perseguir los delitos de corrupción;

III. Fiscalía: La Fiscalía Federal especializada en investigar y perseguir los delitos de corrupción;

IV. Instituto: El Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción a que se refiere el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Ley: La presente Ley General en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la corrupción;

VI. Órganos Locales: Los órganos locales responsables de combatir la corrupción, a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VII. Registro: El Registro Público de declaración patrimonial y de intereses de los Servidores Públicos Federales.

ARTICULO 5. Cuando el servidos público realice actos, omisiones o tolere que constituyan hechos de corrupción que queden comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y previstos en el artículo 109 Constitucional, los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma e independiente según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, pero el procedimiento administrativo sancionador será aplicado conforme a lo dispuesto por la presente ley, subsistiendo en todo caso la competencia del Instituto. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza.

ARTICULO 6. El Instituto conducirá el Procedimiento Administrativo Sancionador a efecto de determinar la responsabilidad en que incurran los servidores públicos federales por hacer, permitir o tolerar conductas que impliquen hechos de corrupción.

ARTICULO 7. La investigación de delitos por parte de cualquier servidor público federal, de las entidades federativas o municipal, será conducida en los términos de esta ley por la fiscalía especializada en investigar y perseguir los delitos de corrupción, que por su ámbito territorial sea competente, contando con la coadyuvancia permanente del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción o los órganos de las entidades federativas responsables de combatir la corrupción, según sea el caso.

TITULO PRIMERO

Organismos Competentes

CAPITULO I

Del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción

ARTICULO 8. El Instituto Nacional para el Combate a la corrupción es responsable de encabezar las acciones del Estado en el combate a la Corrupción. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El Instituto gozará en el ejercicio de sus funciones de plena autonomía técnica, operativa, de gestión y presupuestaria.

ARTICULO 9. El Instituto tiene su domicilio en el Distrito Federal y ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional conforme a la estructura orgánica que establezca en su reglamento interno. Decidirá libremente sobre la contratación y mantenimiento de su plantilla laboral, sin más limitación que el cumplimiento al marco legal vigente y la constante profesionalización de sus funcionarios.

Para determinar el ingreso y permanencia de sus funcionarios, el instituto podrá establecer los mecanismos de control que considere pertinentes, celebrando para tales efectos, los convenios de colaboración necesarios con instituciones públicas y académicas. El instituto no celebrará para los fines previstos en este párrafo convenios de colaboración con instituciones privadas.

ARTICULO 10. El patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto, las erogaciones que anualmente se le destinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación y los demás ingresos y percepciones ordinarias o extraordinarias que por cualquier concepto obtenga.

Para garantizar su autonomía presupuestaria, el Instituto enviará cada año a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y las demás disposiciones legales aplicables, su proyecto de presupuesto para efectos de integración directa al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. El presupuesto destinado al Instituto, en ningún caso podrá ser menor en términos reales al que le fuere destinado el año anterior, salvo en el caso de que sea el mismo Instituto el que presentare tal propuesta.

ARTICULO 11. En el desempeño de sus funciones, el Instituto será independiente, y sus resoluciones serán definitivas. Los particulares podrán reclamar ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente el Amparo yprotección de la justicia federal de las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo sancionador descrito en esta Ley.

ARTICULO 12. El Instituto será dirigido por un Presidente que durará en su encargo siete años improrrogables, sólo podrá ser removido mediante juicio político, y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

ARTICULO 13. Para ser presidente del Instituto se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

II. Contar con cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III. Contar con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado cualquier disciplina afín a su función;

IV. Gozar de buena reputación;

V. No haber sido condenado por delito doloso, y

VI. No tener desde el día de su designación ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo aquéllos no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

ARTICULO 14. Para designar al presidente del Instituto, se observará el siguiente procedimiento:

I. La Cámara de Senadores abrirá un procedimiento de consulta pública consistente en la celebración de cuando menos cinco foros, en los que invitará por vía de sus Grupos Parlamentarios, a personas de amplia trayectoria en los sectores público, privado, social y académico a presentar una ponencia sobre el combate a la Corrupción;

II. Las universidades nacionales y las Organizaciones de la Sociedad Civil podrán proponer como ponente en los foros, a los ciudadanos que considere aptos para desempeñar tal función, siempre que se haga constar el cumplimiento de los requisitos de designación;

III. Cada Grupo Parlamentario presentará un candidato dentro de los cinco días siguientes a la conclusión de los foros; los expedientes serán turnados a la Comisión competente para el solo efecto de la comprobación de cumplimiento de los requisitos de nombramiento;

IV. En caso de que alguno de los candidatos no cumpla alguno de los requisitos, lo informará al grupo parlamentario para que presente nueva propuesta, una vez verificada la elegibilidad de todos los candidatos, se presentará el dictamen correspondiente al pleno, la totalidad de las candidaturas, mismas que tendrán que ser votadas en el pleno;

V. Para ser elegido presidente del Instituto, el candidato deberá contar con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes;

VI. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo la persona nombrada por el Senado;

VII. En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, los grupos parlamentarios presentarán nuevamente su propuesta, turnándose a comisiones, pudiendo cambiar al candidato, sin incluir en ningún caso al candidato objetado por el Titular del Ejecutivo Federal;

VIII. Los nuevos candidatos serán votados por el pleno, pero para ser elegido presidente del Instituto, el candidato deberá contar con el voto de las tres quintas partes de los miembros presentes;

IX. Si este segundo nombramiento fuera objetado, se ratificarán o presentarán nuevas propuestas y la Cámara de Senadores con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al Titular, el cual será inobservable por el titular del Ejecutivo Federal.

ARTICULO 15. Son facultades y obligaciones del Instituto:

I. La prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas que deriven de los hechos de corrupción así calificados por la ley , cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como por cualquier persona física o moral involucrada en tales actos o que resulte beneficiada por los mismos;

II. Conducir el Procedimiento Administrativo Sancionador por hechos de corrupción determinado en la presente Ley;

III. Ejercitar la facultad de atracción contenida en el primer párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al procedimiento establecido en esta Ley;

IV. Desarrollará programas y acciones para difundir y promover la ética y la honestidad en el servicio público, así como la cultura de la legalidad;

V. Emitir recomendaciones públicas, no vinculatorias, de carácter particular o general a los órganos públicos de los tres órdenes de gobierno, orientadas a mejorar los procedimientos administrativos y prevenir las prácticas de corrupción;

VI. Crear y mantener actualizado el Registro de declaración patrimonial y de intereses de los funcionarios federales;

VII. Las demás que este y otras leyes le encomienden.

Las facultades del instituto serán ejercidas por su presidente o por el funcionario en quien este las delegue. El Presidente será en todo caso responsable del cumplimiento de las obligaciones del Instituto.

ARTICULO 16. El instituto contará con un Consejo Consultivo, responsable de observar y dar seguimiento al adecuado ejercicio de las funciones del Instituto, así mismo, asumirá permanentemente la facultad de elaborar propuestas de políticas públicas, programas y proyectos, que incorporen mejores prácticas en el combate a la corrupción y pondrá a la consideración del Instituto los proyectos de recomendaciones específicas a las dependencias y entidades públicas de la federación, las entidades federativas y los municipios, para la adopción de mecanismos de transparencia, y combate a la corrupción.

ARTICULO 17. El Consejo Consultivo se integrará de la siguiente forma:

I. Tres Consejeros Representantes de la Cámara de Senadores;

II. Un Consejero Representante del Poder Ejecutivo Federal;

III. Un Consejero representante de la Auditoría Superior de la Federación;

IV. Un Consejero representante del organismo garante a que se refiere el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

V. Cuatro Consejeros representantes ciudadanos.

Los Consejeros representantes de instituciones públicas serán nombrados por la institución conforme a sus procedimientos internos; los consejeros representantes de los ciudadanos serán propuestos por las organizaciones de la sociedad civil y las universidades nacionales y elegidos por el Senado de la República.

Los consejeros representantes de instituciones públicas no gozarán de percepciones adicionales a las que le corresponden por su encargo en la institución que representa y podrán ser removidos libremente por la misma; los consejeros ciudadanos gozarán de la percepción determinada en el presupuesto del Instituto.

ARTICULO 18. Para ser integrante del Consejo Consultivo se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Gozar de buena reputación;

III. No haber sido condenado por delito doloso, y

IV. No tener desde el día de su designación ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo aquéllos no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

ARTICULO 19. Para elegir a los representantes ciudadanos del consejo consultivo, la Cámara de Senadoresemitirá convocatoria y desahogará en comisiones la comparecencia de cada uno de los candidatos, presentando ante el pleno el dictamen que contenga una fórmula con los candidatos propuestos. Los candidatos serán nombrados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado y no podrán ser removidos más que por juicio político, conforme al título cuarto de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Los consejeros ciudadanos durarán en su encargo siete años improrrogables y serán renovados de manera escalonada.

CAPITULO II

De la declaración patrimonial y de intereses y el Registro Público

ARTICULO 20. El Instituto llevará el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos de las dependencias y entidades, así como de las personas físicas y morales que reciban o apliquen recursos públicos federales, de conformidad con los lineamientos que expida el Instituto.

Para tales efectos, el Instituto estará facultado para recibir y verificar las declaraciones de modificación patrimonial de los servidores públicos, así como para determinar la imposición de sanciones administrativas y penales por eludir la presentación de declaración patrimonial, y por presentar datos falsos o incompletos.

Junto con la declaración patrimonial, se presentará la declaración de intereses, que incluirá aquellas actividades e ingresos ajenos a su función pública, para prevenir conflictos entre los intereses privados y el sector público. El Instituto determinará por disposiciones generales, el régimen de incompatibilidades entre la función de un servidor público y las actividades externas que le signifiquen ingresos, rentas o cualquier otro mecanismo indirecto de obtención de ganancias, cuando el acceso a información privilegiada o la influencia derivada de su encargo, derive directamente de la ganancia externa.

Cada dependencia, conforme a su normatividad interna recibirá y remitirá al Instituto las declaraciones, mediante el sistema que al efecto establezca el mismo, el cual aprovechará los avances tecnológicos a su alcance.

ARTICULO 21. Tienen obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, ante el Instituto, bajo protesta de decir verdad, en los términos que la Ley señala:

I.- En el Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Secretarios Generales, Tesoreros y Directores de las Cámaras;

II.- En la Administración Pública Federal Centralizada: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Presidente de la República;

III.- En la Administración Pública Federal Paraestatal: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo, o equivalente al de los servidores públicos obligados a declarar en el Poder Ejecutivo Federal hasta el de Director General o equivalente;

IV.- En la Procuraduría General de la República: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Procurador General, incluyendo agentes del Ministerio Público, Peritos e integrantes de la Policía Judicial;

V.- En el Poder Judicial de la Federación: Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejeros de la Judicatura Federal, Magistrados de Circuito, Magistrados Electorales, Jueces de Distrito, secretarios y actuarios de cualquier categoría o designación;

VI.- En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en los tribunales de trabajo y agrarios: Magistrados, miembros de junta, Secretarios, Actuarios o sus equivalentes;

VII.- En el Instituto Nacional para el Combate a la corrupción: Todos sus servidores públicos;

VIII.- En la Auditoría Superior de la Federación: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Auditor Superior de la Federación;

IX.- En los Órganos Constitucionales Autónomos: Todos los servidores públicos desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de su titular;

X.- En los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de los titulares de aquéllos;

XI.- Todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos, valores y fondos de la Federación; realicen actividades de inspección o vigilancia; lleven a cabo funciones de calificación o determinación para la expedición de licencias, permisos o concesiones, y quienes intervengan en la adjudicación de pedidos o contratos, y

XII.- Todos los demás servidores públicos, que por disposiciones generales determine el Instituto Nacional para el Combate a la corrupción y las personas físicas o morales que reciban o apliquen recursos públicos federales, de conformidad con los lineamientos que expida el Instituto.

ARTICULO 22. La declaración de situación patrimonial y de intereses deberá presentarse en los siguientes plazos:

I.- Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del:

a) Ingreso al servicio público por primera vez;

b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;

c) Cambio de dependencia o entidad, en cuyo caso no se presentará la de conclusión.

II.- Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión, y

III.- Declaración de modificación patrimonial o de intereses, durante el mes de mayo de cada año.

El Instituto podrá solicitar a los servidores públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda si éstos estuvieren obligados a formularla o, en su caso, de la constancia de percepciones y descuentos que les hubieren emitido las dependencias o entidades, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud.

Si transcurrido el plazo a que hace referencia la fracción I, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se suspenderá al infractor de su empleo, cargo o comisión por un período de quince a treinta días naturales.

En caso de que la omisión en la declaración continúe por un período de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere sido suspendido el servidor público, el Instituto declarará que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular de la dependencia o entidad correspondiente para los fines procedentes. Lo mismo ocurrirá cuando se omita la declaración a que alude la fracción III.

El incumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, por parte del titular de la dependencia o entidad, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de Ley.

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción II, se inhabilitará al infractor de 6 meses a un año.

En la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el procedimiento administrativo previsto en esta Ley.

El servidor público que en su declaración de situación patrimonial deliberadamente faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de la Ley, previa sustanciación del procedimiento administrativo sancionador por hechos calificados como de corrupción a que se refiere esta ley, será suspendido de su empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor de tres meses, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de uno a cinco años, sin perjuicio de que el Instituto formule la denuncia correspondiente ante la fiscalía para los efectos legales procedentes.

ARTICULO 23. Las declaraciones de situación patrimonial y de intereses podrán ser presentadas a través de formatos impresos; de medios magnéticos con formato impreso o de medios remotos de comunicación electrónica, empleándose en este último caso medios de identificación electrónica.

El Instituto tendrá a su cargo el sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen los servidores públicos, y llevará el control de dichos medios.

Asimismo, el Instituto expedirá las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los servidores públicos deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos que indicarán lo que es obligatorio declarar. De igual modo, podrá determinar que la presentación de las declaraciones por medios remotos de comunicación electrónica, sea obligatoria para los servidores públicos o categorías que determine.

Para los efectos de los procedimientos penales que se deriven de la aplicación de las disposiciones del presente Título, son documentos públicos aquellos que emita el Instituto para ser presentados como medios de prueba, en los cuales se contenga la información que obre en sus archivos documentales y electrónicos sobre las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos.

ARTICULO 24. En las declaraciones inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición.

En las declaraciones de modificación patrimonial o de intereses se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la adquisición.

Tratándose de bienes muebles, el Instituto determinará las características que deba tener la declaración.

ARTICULO 25. El Instituto llevará un registro de servidores públicos, el cual tendrá el carácter de público.

En el registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses, sus funciones, ingresos y reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la información relativa a su situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, la declaración de actividades e ingresos no derivados de su función pública, así como en su caso los procedimientos administrativos instaurados, las sanciones impuestas a aquellos y en su caso las resoluciones por las que se dejen sin efectos estas últimas.

La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate.

El Instituto expedirá las normas para la operación del registro y las constancias de sanciones, en todo caso la de inhabilitación, así como de no existencia de estas sanciones, que acrediten la situación específica de las personas que, en su caso, las requieran.

Las dependencias y entidades invariablemente obtendrán la constancia de no inhabilitación de quienes pretendan ingresar al servicio público, previo al nombramiento o contratación respectivos. Dichas constancias podrán obtenerse del sistema electrónico que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La información relativa a la situación patrimonial y de intereses estará disponible hasta por un plazo de tres años posteriores a que el servidor público concluya su empleo, cargo o comisión.

La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, tendrá valor probatorio cuando lo solicite al Instituto la Fiscalía o la autoridad judicial, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el servidor público interesado o bien cuando el propio Instituto lo requiera con motivo de la sustanciación de procedimientos administrativos de responsabilidades.

ARTICULO 26. El Instituto podrá llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos.

Cuando existan elementos o datos suficientes que hagan presumir que el patrimonio de un servidor público es notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudiera tener, el Instituto, fundando y motivando su acuerdo, podrá citarlo para que manifieste lo que a su derecho convenga, en los términos del artículo siguiente.

ARTICULO 27. Se citará personalmente al servidor público y se le harán saber los hechos que motiven la investigación, señalándole las incongruencias detectadas respecto de los bienes que integran su patrimonio, para que dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la recepción del citatorio, formule al Instituto las aclaraciones pertinentes y éste emita su resolución dentro de los quince días hábiles siguientes.

Cuando no fuere posible entregar el citatorio, o cuando el servidor público o la persona con quien se entienda la notificación se negaren a firmar de recibido, el notificador hará constar dicha circunstancia en un acta que levantará ante dos testigos, sin que ello afecte el valor probatorio que en su caso posea este documento.

Contra la práctica de la notificación respectiva, el servidor público podrá inconformarse ante el Instituto, mediante escrito que deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes a su realización, y dispondrá de un plazo igual para ofrecer las pruebas que a su derecho convenga.

Una vez desahogadas las pruebas admitidas, si las hubiere, el Instituto contará con un plazo de diez días hábiles para emitir su resolución.

La facultad del Instituto para efectuar las investigaciones o auditorías a que se refiere el artículo anterior, subsistirá por todo el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y hasta tres años después de haberlo concluido.

ARTICULO 28. Las dependencias, entidades e instituciones públicas estarán obligadas a proporcionar al Instituto, la información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo, relacionada con los servidores públicos, sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos, con la finalidad de que la autoridad verifique la evolución del patrimonio de aquéllos.

Sólo el titular del Instituto o los funcionarios establecidos en el reglamento, podrán solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información bancaria.

ARTICULO 29. Para los efectos de la Ley y de la legislación penal, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servidor público.

ARTICULO 30. Cuando los servidores públicos reciban, de una misma persona, algún bien o donación cuyo valor acumulado durante un año exceda de diez veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de su recepción, deberán informarlo en un plazo no mayor a quince días hábiles al Instituto y ponerlos a su disposición.

El instituto pondrá en remate dichos bienes, en los términos de los lineamientos que al efecto emita.

ARTICULO 31. El Instituto hará declaratoria a la Fiscalía, en su caso, cuando el sujeto a la verificación de la evolución de su patrimonio no justifique la procedencia lícita del incremento sustancial de éste, representado por sus bienes, los de cualquier persona física o moral obligada a la presentación de declaración patrimonial y de intereses, y aquéllos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo.

Para los efectos de esta disposición, se considerará al Instituto coadyuvante de la Fiscalía en el procedimiento penal respectivo.

CAPITULO III

De la Fiscalía Especializada en investigar y perseguir los delitos de Corrupción

ARTICULO 32. La Procuraduría General de la República contará con una Fiscalía Especializada en investigar y perseguir los delitos de Corrupción, cuyo titular será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República.

ARTICULO 33. La fiscalía perseguirá ante los tribunales los delitos del orden federal en materia de corrupción, estando facultada para solicitar las órdenes de aprehensión contra los indiciados y realizar la integración de la investigación, la búsqueda y presentación de las pruebas que acrediten la comisión de delitos en materia de corrupción, así como la responsabilidad de los indiciados, conforme a la legislación orgánica en la materia.

El titular de la fiscalía no podrá solo ser removido de su encargo, mediante juicio político.

ARTICULO 34. La Fiscalía podrá solicitar información a las dependencias públicas federales, estatales o municipales, dictar las medidas precautorias y promover los mecanismos necesarios para el resarcimiento del daño en los delitos que investigue, para lo cual podrá solicitar al juez competente autorice conocer la información protegida por los secretos fiscal, bancario y fiduciario.

ARTICULO 35. Al establecerse las medidas precautorias para asegurar el resarcimiento del daño, la Agencia solicitará al juez competente que en caso de determinarse la responsabilidad del inculpado, los bienes que le fueron asegurados sean decomisados y reintegrados al erario público, destinándose en partes iguales al desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología, a la educación media superior y superior y al combate a la corrupción.

ARTICULO 36. El Instituto, las dependencias de la Administración Pública Federal, los órganos públicos autónomos y la entidad de fiscalización superior de la Federación darán vista a la Fiscalía de las irregularidades en que incurran los servidores públicos y que puedan ser constitutivas de delito de corrupción, detectadas en el ejercicio de sus facultades y coadyuvar con dicha agencia en la integración de las averiguaciones que en su caso correspondan. Así mismo, dichas instituciones coadyuvarán con la Agencia en el ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 37. Independientemente de la determinación de la tipicidad de los delitos, se considerarán como elementos para determinar los delitos en materia de corrupción, la participación de servidores públicos; el uso indebido de la función pública con fines privados, que devenga en una conducta típica, antijurídica y punible, que afecte el patrimonio público o el ejercicio del buen gobierno; genere derechos o extinga obligaciones; tolere un hecho en contravención de la ley; o, obtenga algún otro provecho ilegítimo, a cambio de que se otorgue o reciba un beneficio indebido.

ARTICULO 38. El ministerio público federal que advierta en su investigación o en el curo del proceso penal la probable existencia de delitos en materia de corrupción, deberá turnar el expediente completo a la Fiscalía, para que esta continúe la investigación.

ARTICULO 39. La fiscalía podrá atraer la investigación de delitos en materia de corrupción, para lo cual bastará la comunicación por escrito al ministerio público competente, solicitando la remisión del expediente completo. El ministerio público continuará en caso de ser requerido, como coadyuvante en el proceso.

TITULO SEGUNDO

Responsabilidades Administrativas

CAPITULO I

Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y obligaciones en el servicio público

ARTICULO 40. Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.

La presente ley establece además las responsabilidades y sanciones administrativas que deriven de hechos calificados como de corrupción y de los cuales conocerán el Instituto y los órganos locales responsables de combatir la corrupción a que se refiere el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los procedimientos administrativos sancionadores y la competencia de los órganos y autoridades referidos.

ARTICULO 41.Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I. Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

II. Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos;

III. Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos;

IV. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes;

V. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

VI. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste;

VII. Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que preste sus servicios, y al Instituto, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y que pudiesen implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición jurídica o administrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que en derecho procedan y el instituto inicie las investigaciones pertinentes, las cuales deberán ser notificadas al servidor público que emitió la orden y al interesado;

VIII. Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber concluido el período para el cual se le designó, por haber sido cesado o por cualquier otra causa legal que se lo impida;

IX. Abstenerse de disponer o autorizar que un subordinado no asista sin causa justificada a sus labores, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones;

X. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

XI. Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos;

XII. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.

Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.

Una vez concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor público deberá observar, para evitar incurrir en intereses en conflicto, lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley;

En el caso del personal de los centros públicos de investigación, los órganos de gobiernode dichos centros, con la previa autorización de su órgano de control interno, podrán determinar los términos y condiciones específicas de aplicación y excepción a lo dispuesto en esta fracción, tratándose de los conflictos de intereses que puede implicar las actividades en que este personal participe o se vincule con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros de conformidad con lo que establezca la Ley de Ciencia y Tecnología;

XIII. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI;

XIV. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI;

XV. Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los términos establecidos por la Ley;

XVI. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba del contralor interno o de los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, conforme a la competencia de éstos;

XVII. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo;

XVIII. Denunciar por escrito ante la contraloría interna, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad administrativa en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables;

XIX. Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos. En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o documentación que la institución de referencia considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el contenido de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado;

XX. Responder las recomendaciones que les presente el Instituto y la Comisión Nacional delos Derechos Humanos, y en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola;

XXI. Atender los llamados de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones del Instituto y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

XXII. Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

XXIII. Abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, a los posibles quejosos con el fin de evitar la formulación o presentación de denuncias o realizar, con motivo de ello, cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los intereses de quienes las formulen o presenten;

XXIV. Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción XI;

XXV. Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI, bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. Esta restricción será aplicable hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, y

XXVI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas.

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXII, XXIII, XXIV, XXV del presente artículo, habrá lugar al procedimiento administrativo sancionador por hechos calificados como de corrupción, mismo que será iniciado y desahogado por el Instituto, o por los órganos de las entidades federativas responsables de combatir la corrupción, los cuales impondrán las sanciones que correspondan. En estos casos, las autoridades que inicialmente conozcan estos casos remitirán el expediente completo a los órganos que según el ámbito competencial correspondan.

ARTICULO 42. El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente:

I. En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI del artículo anterior;

II. No usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público, y

III. Los servidores públicos que se hayan desempeñado en cargos de Dirección en el Instituto Federal Electoral, sus Consejeros, y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se abstendrán de participar en cualquier encargo público de la administración encabezada por quien haya ganado la elección que ellos organizaron o calificaron.

CAPITULO II

Quejas o Denuncias, Sanciones Administrativas y Procedimientos para aplicarlas

ARTICULO 43. En las dependencias y entidades se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público.

Los órganos internos de control, el Instituto o los órganos locales responsables de combatir la corrupción, según corresponda establecerán las normas y procedimientos para que las quejas o denuncias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia.

ARTICULO 44. Las dependencias, entidades y órganos constitucionales autónomos, conforme a la legislación respectiva y su normatividad interna, establecerán los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 41, así como para imponer las sanciones previstas en el presente Capítulo.

ARTICULO 45. Los servidores públicos del Instituto que incurran en responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 41, serán sancionados conforme al presente Capítulo por la Auditoría Superior de la Federación.

ARTICULO 46. Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

I. Amonestación privada o pública;

II. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año;

III. Destitución del puesto;

IV. Sanción económica;

V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público;

VI. Decomiso y privación de la propiedad los bienes cuya procedencia lícita no se pudiese justificar, obtenidos durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona como consecuencia de un acto, omisión o de tolerar determinada conducta.

Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de tres meses a un año de inhabilitación.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución.

En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXIV y XXV del artículo 41 de la Ley.

Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley por un plazo mayor de diez años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso al Instituto, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia.

La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado.

ARTICULO 47. Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren:

I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en ella;

II.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;

III.- El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;

IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;

V.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

VI.- El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Para los efectos de la Ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 41 de la Ley, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal.

ARTICULO 48. Procede la imposición de sanciones económicas cuando por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 41 de la Ley, se produzcan beneficios o lucro, o se causen daños o perjuicios, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones y aprovechamientos.

Para los efectos de la Ley se entenderá por salario mínimo mensual, el equivalente a treinta veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.

ARTICULO 49. Para la imposición de las sanciones a que hace referencia el artículo 46 se observarán las siguientes reglas:

I.- La amonestación pública o privada a los servidores públicos será impuesta por el órgano interno de o el titular del área de responsabilidades y ejecutada por el jefe inmediato;

II.- La suspensión o la destitución del puesto de los servidores públicos, serán impuestas por la el contralor interno o el titular del área de responsabilidades y ejecutadas por el titular de la dependencia o entidad correspondiente;

III.- La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será impuesta por el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, y ejecutada en los términos de la resolución dictada, y

IV.- Las sanciones económicas serán impuestas por el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, y ejecutadas por la Tesorería de la Federación.

Cuando los presuntos responsables desaparezcan o exista riesgo inminente de que oculten, enajenen o dilapiden sus bienes a juicio del Instituto, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades, se solicitará a la Tesorería de la Federación, en cualquier fase del procedimiento administrativo a que se refiere el artículo 55 de la Ley, proceda al embargo precautorio de sus bienes, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que llegaren a imponerse con motivo de la infracción cometida. Impuesta la sanción económica, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se procederá en los términos del tercer párrafo del artículo 64 de la Ley.

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte del jefe inmediato, del titular dela dependencia o entidad correspondiente o de los servidores públicos de la Tesorería de la Federación, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley.

ARTICULO 50. El Instituto impondrá las sanciones correspondientes a los contralores internos y a los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades cuando se abstengan injustificadamente de investigar o sancionar a los infractores, o que al hacerlo no se ajusten a las disposiciones jurídicas o administrativas aplicables, así como cuando incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa.

ARTICULO 51. El contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán abstenerse de iniciar el procedimiento disciplinario previsto en el artículo 55 de esta Ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas adviertan que se actualiza la siguiente hipótesis:

Que por una sola vez, por un mismo hecho y en un período de un año, la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, está referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el servidor público en la decisión que adoptó, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido.

ARTICULO 52. Cuando la naturaleza de los hechos denunciados o la gravedad de las presuntas infracciones se relaciones con hechos de corrupción, el Instituto debe instruir el procedimiento disciplinario, por lo que requerirá al contralor interno, al titular del área de responsabilidades o al titular del área de quejas el envío del expediente respectivo, e impondrá, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes.

ARTICULO 53. Si el contralor interno tuviere conocimiento de hechos que impliquen responsabilidad penal, deberán denunciarlos ante la fiscalía especializada en investigar y perseguir los delitos de corrupción, que sea competente o, en su caso, instar al área jurídica de la dependencia o entidad respectiva a que formule las querellas a que hubiere lugar, cuando así se requiera.

ARTICULO 54. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el contralor interno o los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, llevarán a cabo investigaciones debidamente motivadas o auditorías respecto de las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, para lo cual éstos, las dependencias o entidades deberán proporcionar la información y documentación que les sean requeridas.

El contralor interno podrá comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos a través de operativos específicos de verificación, en los que participen en su caso los particulares que reúnan los requisitos que aquélla establezca.

ARTICULO 55. El contralor interno o el titular del área de responsabilidades impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este Capítulo mediante el siguiente procedimiento:

I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, notificándole que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en los términos de la Ley, y demás disposiciones aplicables.

En la notificación deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia; la autoridad ante la cual se desarrollará ésta; los actos u omisiones que se le imputen al servidor público y el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor.

Hecha la notificación, si el servidor público deja de comparecer sin causa justificada, se tendrán por ciertos los actos u omisiones que se le imputan.

La notificación a que se refiere esta fracción se practicará de manera personal al presunto responsable.

Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles;

II.- Concluida la audiencia, se concederá al presunto responsable un plazo de cinco días hábiles para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le atribuyen;

III.- Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades resolverán dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles. Dicha resolución, en su caso, se notificará para los efectos de su ejecución al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, según corresponda, en un plazo no mayor de diez días hábiles.

El contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán ampliar el plazo para dictar la resolución a que se refiere el párrafo anterior, por única vez, hasta por cuarenta y cinco días hábiles, cuando exista causa justificada a juicio de las propias autoridades;

IV.- Durante la sustanciación del procedimiento el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, podrán practicar todas las diligencias tendientes a investigar la presunta responsabilidad del servidor público denunciado, así como requerir a éste y a las dependencias o entidades involucradas la información y documentación que se relacione con la presunta responsabilidad, estando obligadas éstas a proporcionarlas de manera oportuna.

Si las autoridades encontraran que no cuentan con elementos suficientes para resolver o advirtieran datos o información que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otros servidores públicos, podrán disponer la práctica de otras diligencias o citar para otra u otras audiencias, y

V.- Previa o posteriormente al citatorio al presunto responsable, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute. La determinación del contralor interno o del titular del área de responsabilidades hará constar expresamente esta salvedad.

La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado.

La suspensión cesará cuando así lo resuelva el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, independientemente de la iniciación o continuación del procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la presunta responsabilidad del servidor público. En todos los casos, la suspensión cesará cuando se dicte la resolución en el procedimiento correspondiente.

En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de los hechos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido.

Se requerirá autorización del Presidente de la República para dicha suspensión si el nombramiento del servidor público de que se trate incumbe al Titular del Poder Ejecutivo. Igualmente, se requerirá autorización de la Cámara de Senadores, o en su caso de la Comisión Permanente, si dicho nombramiento requirió ratificación de aquélla en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En caso de que contralores internos o los titulares de las áreas de quejas y de responsabilidades, por cualquier medio masivo de comunicación, difundiera la suspensión del servidor público, y si la resolución definitiva del procedimiento fuere de no responsabilidad, esta circunstancia deberá hacerse pública por la autoridad competente y por la dependencia en la que estuviere adscrito el servidor.

ARTICULO 56. En los lugares en los que no residan los contralores internos o los titulares de las áreas de quejas y de responsabilidades, los servidores públicos de las dependencias o entidades que residan en dichos lugares, practicarán las notificaciones o citaciones que en su auxilio aquéllos les encomienden mediante comunicación escrita.

En dicha comunicación deberá señalarse expresamente la diligencia cuya práctica se solicita; los datos de identificación y localización del servidor público respectivo, y el plazo en el cual deberá efectuarse aquélla, así como acompañarse de la documentación correspondiente.

El incumplimiento de lo anterior por parte de los servidores públicos de las dependencias o entidades a los que se les solicite el auxilio a que se refiere este artículo, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley.

ARTICULO 57. Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurren quienes falten a la verdad.

ARTICULO 58. Las resoluciones y acuerdos del contralor interno o del titular del área de responsabilidades durante el procedimiento a que se refiere este Capítulo constarán por escrito. Las sanciones impuestas se asentarán en el registro a que se refiere el artículo 25 de la Ley.

ARTICULO 59. Los servidores públicos que resulten responsables en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto por la Ley, podrán optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán también impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

ARTICULO 60. El recurso de revocación se interpondrá ante la propia autoridad que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva.

La tramitación del recurso se sujetará a las normas siguientes:

I.- Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del servidor público le cause la resolución, así como el ofrecimiento de las pruebas que considere necesario rendir;

II.- La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución, y

III.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad emitirá resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas.

ARTICULO 61. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si lo solicita el promovente, conforme a estas reglas:

I.- En tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas se garantiza en los términos que prevenga el Código Fiscal de la Federación, y

II.- En tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si concurren los siguientes requisitos:

a) Que se admita el recurso;

b) Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de difícil reparación en contra del recurrente, y

c) Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al servicio público.

ARTICULO 62. En los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los que se impugnen las resoluciones administrativas dictadas conforme a la Ley, las sentencias firmes que se pronuncien tendrán el efecto de revocar, confirmar o modificar la resolución impugnada. En el caso de ser revocada o de que la modificación así lo disponga, se ordenará a la dependencia o entidad en la que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, lo restituya en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia respectiva, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes.

Se exceptúan del párrafo anterior, los Agentes del Ministerio Público, peritos oficiales y miembros de las instituciones policiales de la Federación; casos en los que la autoridad sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio, en los términos previstos en el apartado B, fracción XIII, del artículo 123 Constitucional.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrá otorgar la suspensión cumpliendo los requisitos a que se refiere el artículo anterior.

No procederá la suspensión de la ejecución de las resoluciones administrativas que se impugnen mediante la interposición del recurso o ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tratándose de infracciones graves o casos de reincidencia.

ARTICULO 63. Las resoluciones que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrán ser impugnadas por el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, según corresponda.

ARTICULO 64. La ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de inmediato, una vez que sean impuestas y conforme se disponga en la resolución respectiva.

Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se ejecutarán por el titular de la dependencia o entidad correspondiente, conforme a las causales de suspensión, cesación del cargo o rescisión de la relación de trabajo y de acuerdo a los procedimientos previstos en la legislación aplicable.

Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del Erario Federal, se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución, tendrán la prelación prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables.

ARTICULO 65. Si el servidor público presunto responsable confesare su responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia la Ley, se procederá de inmediato a dictar resolución, a no ser que quien conoce del procedimiento disponga la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la confesión. En caso de que se acepte la plena validez probatoria de la confesión, se impondrá al servidor público dos tercios de la sanción aplicable, si es de naturaleza económica, pero en lo que respecta a indemnización, ésta en todo caso deberá ser suficiente para cubrir los daños o perjuicios causados, y siempre deberá restituirse cualquier bien o producto que se hubiese percibido con motivo de la infracción. Quedará a juicio de quien resuelve disponer o no la suspensión, destitución o inhabilitación.

ARTICULO 66. Para el cumplimiento de las atribuciones que les confiere la Ley, el contralor interno o los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, podrán emplear los siguientes medios de apremio:

I.- Multa de hasta veinte veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, y

II.-Auxilio de la fuerza pública.

Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prevenga la legislación penal.

ARTICULO 67. Las facultades del contralor interno o del titular del área de responsabilidades, para imponer las sanciones que la Ley prevé prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al en que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo.

En tratándose de infracciones graves o hechos de corrupción, el plazo de prescripción será de cinco años, que se contará en los términos del párrafo anterior.

Los actos de corrupción de las entidades paraestatales no prescribirán mientras sus efectos continúen vigentes y en ningún caso podrán prescribir antes de diez años. En estos casos, no se admitirá señalamiento de reserva de información, secreto bancario o fiduciario.

La prescripción se interrumpirá al iniciarse los procedimientos previstos por la Ley. Si se dejare de actuar en ellos, la prescripción empezará a correr nuevamente desde el día siguiente al en que se hubiere practicado el último acto procedimental o realizado la última promoción.

ARTICULO 68. En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en los Títulos Segundo y Tercero de la Ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

CAPITULO III

Procedimiento Administrativo Sancionador por hechos de corrupción.

ARTICULO 69. El Instituto y los órganos locales responsables de combatir la corrupción, en el ámbito de su competencia, serán responsables de conducir el procedimiento administrativo sancionador descrito en esta ley en los casos que deriven de hechos de corrupción.

Los casos de incumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXII, XXIII, XXIV, XXV del artículo 41, serán competencia del Instituto, o de los órganos de las entidades federativas responsables de combatir la corrupción, los cuales impondrán las sanciones que correspondan. En estos casos, las autoridades que inicialmente conozcan estos casos remitirán el expediente completo a los órganos que según el ámbito competencial correspondan.

ARTICULO 70. En el desahogo del procedimiento, el Instituto y los órganos locales responsables de combatir la corrupción, asumirán las facultades otorgadas al contralor, al órgano interno de control y al titular del área de responsabilidades, conduciendo el procedimiento conforme a las reglas establecidas en el capítulo II de este título.

ARTICULO 71. Cuando la naturaleza de los hechos denunciados o la gravedad de las presuntas infracciones se relaciones con hechos de corrupción, el Instituto debe instruir el procedimiento disciplinario, por lo que requerirá al contralor interno, al titular del área de responsabilidades o al titular del área de quejas el envío del expediente respectivo, e impondrá, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes.

ARTICULO 72. Las resoluciones del Instituto y los órganos locales responsables de combatir la corrupción, serán definitivas, por lo que no aplicarán el recurso o la impugnación previstas en el artículo 59 de esta Ley.

ARTICULO 73. El Instituto conocerá en vía de atracción de aquellos hechos competencia de las entidades federativas y los municipios que deriven de los hechos de corrupción, de conformidad con el siguiente procedimiento:

I.- Cuando el Instituto ejerza de oficio la facultad de atracción, se lo comunicara por escrito al correspondiente órgano local responsable de combatir la corrupción, el cual en el término de quince días hábiles remitirá los autos originales al Instituto, notificando personalmente a las partes dicha remisión;

II. Cuando el Consejo Consultivo, el Senado de la República o la Cámara de Diputados soliciten al Instituto que ejercite la facultad de atracción, presentaran la petición correspondiente ante el propio Instituto y comunicara dicha petición al órgano local; recibida la petición, el Instituto mandara pedir al órgano local, si lo estima pertinente, que le remita el expediente completo, dentro del término de quince días hábiles; recibido el expediente, en su caso, el Instituto, dentro de los treinta días siguientes, resolverá si ejercita la facultad de atracción, en cuyo caso lo informara al correspondiente órgano local y procederá a dictar la resolución correspondiente; en caso negativo, notificara su resolución al peticionario y devolverá el expediente, en su caso, al órgano local para que dicte la resolución correspondiente;

III. Si un órgano local decidiera solicitar al Instituto que ejercite la facultad de atracción, expresara las razones en que funde su petición y remitirá el expediente original al Instituto el cual, dentro de los treinta días siguientes al recibo del expediente, resolverá si ejercita la facultad de atracción, procediendo en consecuencia en los términos de la fracción anterior.

Una vez decidido que el Instituto se avoca al conocimiento del procedimiento administrativo sancionador, se emitirá resolución dentro de los treinta días siguientes.

Cuando por la importancia del negocio o lo voluminoso del expediente, el Instituto estime que no sea bastante el plazo de treinta días para emitir resolución, determinará la ampliación de dicho término por el tiempo que sea necesario.

TITULO TERCERO

CAPITULO UNICO

De las acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del servicio público

ARTICULO 74. Para asegurar el cabal cumplimiento de los principios y obligaciones quela Ley impone a los servidores públicos, será responsabilidad de las dependencias y entidades, considerando las funciones que a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, establecer acciones permanentes para delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar éstos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dicho diagnóstico deberá actualizarse conforme a los resultados que arroje la evaluación a que se refiere el artículo 71 de la Ley.

En el establecimiento de las acciones referidas las dependencias y entidades deberán atender los lineamientos generales que emita el Instituto.

ARTICULO 75. El Instituto, con sujeción a lo previsto en el artículo 48 de la Ley, emitirá un Código de Ética que contendrá reglas claras para que, en la actuación de los servidores públicos, impere invariablemente una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño en situaciones específicas que se les presenten, propiciando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad.

El Código de Ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del conocimiento de los servidores públicos de la dependencia o entidad de que se trate.

ARTICULO 76. Las dependencias y entidades deberán evaluar anualmente el resultado de las acciones específicas que hayan establecido conforme a este Capítulo, y realizar, en su caso, las modificaciones que resulten procedentes, informando de ello al Instituto en los términos que éste establezca.

ARTICULO 77. Las dependencias y entidades deberán promover la participación de los sectores social y privado, así como en su caso, de los gobiernos estatales y municipales correspondientes, en la elaboración del diagnóstico a que se refiere el artículo 48 de la Ley, así como en la evaluación de las acciones que las mismas determinen, a efecto de garantizar la prevención de conductas indebidas de los servidores públicos.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se abroga la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, entendiéndose toda referencia a esa ley en otros ordenamientos jurídicos, como hecha a esta Ley.

Artículo Tercero. El Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción se instalará dentro de los treinta días siguientes a la publicación de esta Ley.

Artículo Cuarto. El Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción, emitirá su reglamento Interno y los lineamientos a que hace referencia esta ley, dentro de los 180 días siguientes a su instalación.

Artículo Quinto. El Consejo consultivo se instalará dentro de los treinta días siguientes a la instalación del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción.

Artículo Sexto. A efecto de establecer el sistema de escalonamiento de los Consejeros ciudadanos, por única ocasión, los consejeros serán electos para un plazo de cuatro cinco, seis y siete años respectivamente. El Senado de la República tomará las determinaciones conducentes.

Artículo Séptimo. El titular del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupciónserá designado por el Senado de la República dentro de los treinta días siguientes a la publicación de esta Ley.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

Suscriben

Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Benjamín Robles Montoya”.

1 Blackburn – Forgues – Puccio, 2009.

2 Mario Torres. “Caso de corrupción Pemex- Siemens”, en Noticieros Televisa,25 de enero de 2013.

http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/552496/caso-corrupcion-pemex-siemens/.

3 Isabel Mayoral Jiménez. “Deuda de estados, un desorden financiero”, en CNN Expansión, el 10 de junio de 2013. http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/06/09/deuda-de-estados-un-desorden-financiero.

4 Barómetro Global de la Corrupción 2009.

5 Auditoría Superior de la Federación, Cámara de Diputados, Compilación Técnica: Corrupción, Ética y Fiscalización, México, D.F. en los talleres de: Ed. Color, S.A. de C.V., p. 28.

6 Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional.

7 UNDP. Practitioners’ Guide: Capacity Assessment of Anti-Corruption Agencies. UNDP, Nueva York, 2011, y OECD. Specialized Anti-Corruption Institutions: Review of Models. OECD, Paris, 2008.

8 Auditoría Superior de la Federación, Cámara de Diputados, Compilación Técnica: Corrupción, Ética y Fiscalización, México, D.F. en los talleres de: Ed. Color, S.A. de C.V., p. 77.

9 Auditoría Superior de la Federación, Cámara de Diputados, Compilación Técnica: Corrupción, Ética y Fiscalización, México, D.F. en los talleres de: Ed. Color, S.A. de C.V., p. 84.

10Iniciativa de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

11Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 21, 73, 76, 105, 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 20 de noviembre de 2012.

12Minuta con proyecto de decreto que adiciona el Apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea Fiscalía Nacional Contra la Corrupción, a iniciativa del Sen. Ricardo Francisco García Cervantes, del Grupo Parlamentario del PAN.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 9o. DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Presentada por la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

“SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 9o. DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Senado de la República, ha sido una pieza fundamental en la creación y promulgación de la Ley General de Cambio Climático, una Ley nueva, novedosa y con ambiciosos alcances que si bien es cierto, hoy por hoy son incumplibles, debemos comenzar a trabajar para hacerlos valer o para mejorarlos y adecuarlos a la realidad en México y el mundo.

En México existen 2,440 municipios1 y 16 Delegaciones Políticas en el Distrito Federa, sin embargo, la distribución de estos es diversa y pareciera que no obedece a ninguna particularidad general, v. gr. tenemos al Estado de Baja California con 5 Municipios y en contraste el Estado de Oaxaca con 570.Atendiendo a estas cuestiones numéricas, resulta impensable la formulación, conducción y evaluación de más de 2,000 políticas municipales en materia de cambio climática, sumado a las responsabilidades que la legislación mexicana ya tiene para ellos.

Ante esta situación, una medida que facilitaría la implementación de la Ley General de Cambio Climático a nivel municipal, es que estos estén en la posibilidad explicita de formular sus políticas en la materia que se trata, mediante programas de coordinación con uno o más municipios que compartan características y problemas dentro de una misma zona.

Ahora bien, esta zona concurrente, es lo que comúnmente se denomina como región: la porción de territorio determinada por caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima, producción, topografía, administración, gobierno o cada una de las grandes divisiones territoriales de una nación, definida por características geográficas e histórico-sociales, y que puede dividirse a su vez en provincias o departamentos2.

México, al estar conformado por un vasto territorio, se presta para dividirlo en múltiples regiones según las características físicas del lugar o por las condiciones sociales y económicas de los asentamientos humanos presentes.

Primero, tenemos la división de las regiones naturales, las cuales atienden a las condiciones del clima, la flora, la fauna, la orografía y la hidrología, dando como resultado que México tenga su espacio territorial dividido en cinco regiones principales: Extra tropical seca, tropical alta, tropical baja, extra tropical alta y sub húmedo extra tropical bajo.

Segundo. Atendiendo a otro tipo de regiones, tenemos la división histórico-cultural, la cual se estableció tomando en cuenta los factores de las regiones naturales y los factores humanos (históricos y culturales), los que implican todos los elementos presentes en la naturaleza y las formas de organización social han creado los humanos para adaptarse al medio en que viven. A partir de estas características, encontramos agrupados a las Entidades federativasen siete regiones: Norte (Chihuahua, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes), Noroeste o del Pacífico Norte (Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora), Occidente (Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán), Central (Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala), Golfo (Tamaulipas, Veracruz y Tabasco), Sur(Guerrero, Oaxaca y Chiapas) y la Península de Yucatán (Campeche, Yucatán y Quintana Roo).

Tercero. Considerando la división del territorio nacional en regiones naturales e históricas, en la actualidad, organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se han dado a la tarea de elaborar un mapa3 de las regiones socioeconómicas del país, teniendo presentes los municipios de cada Entidad federativa, que incluye y muestra las condiciones económicas y sociales actuales de la población a partir de aspectos como la educación, el empleo, la vivienda o la salud.

De esta manera, caemos en razón de que existen muchos municipios que comparten características como el estar asentados en una misma región natural, por pertenecer a una misma región histórica o en su caso a la misma región socioeconómica y en particular, los mismos problemas en materia de cambio climático, teniendo como consecuencia necesidad de que bajo la tutela de la Ley General de Cambio Climático, dos o más municipios, de la misma Entidad o de diferentes, elaboren una misma políticas en cambio climático.

Esta propuesta tiene su fundamento en diversas disposiciones legales, comenzando por la Constitución Política Federal, la cual prevé en su Título Quinto. De los Estados de la Federación y del Distrito Federal, lo siguiente:

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

...

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:

...

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;

Partiendo de esta premisa, podemos encontrar diversos casos de aplicación en la legislación mexicana que hacen énfasis en el desarrollo regional y en diferentes materias, mismos que cito a continuación.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable4 tiene por objeto principal promover el mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad, los servicios ambientales de dicho territorio del país y propiciar un medio ambiente adecuado.

Es así como diversos artículos presentes en el cuerpo de la ley prevén en los programas de desarrollo rural la participación activa de los niveles de gobierno Federal, Estatal, Municipal y de las organizaciones o asociaciones, persona física o moral que realice actividades en el medio rural. Ejemplo de ello son los siguientes artículos: Título Segundo. De la planeación y coordinación de la política para el desarrollo rural sustentable.

Artículo 13. De conformidad con la Ley de Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo, se formulará la programación sectorial de corto, mediano y largo plazo con los siguientes lineamientos:

...

V. A través de los Distritos de Desarrollo Rural, se promoverá la formulación de programas a nivel municipal y regional o de cuencas, con la participación de las autoridades, los habitantes y los productores en ellos ubicados. Dichos programas deberán ser congruentes con los Programas Sectoriales y el Plan Nacional de Desarrollo;

...

Artículo 24.Segundo párrafo: Los Consejos estatales de varias entidades federativas que coincidan en una región común o cuenca hidrológica, podrán integrar consejos regionales interestatales en dichos territorios.

Otro caso presente en el derecho mexicano es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual incluye dentro su cuerpo legal el término de región ecológico, la que define como la unidad del territorio nacional que comparte características ecológicas comunes; y derivado de esto, en el Capítulo IV. Instrumentos de la Política Ambiental. Sección II. Ordenamiento Ecológico del Territorio, establece la posibilidad de que existan programas de ordenamiento generales, regionales, locales y marinos, mismos que podrán ser formulados por cualquiera de los tres niveles de gobierno y el Distrito Federal en forma individual o colectiva.

Artículo 20 BIS 2. Los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, en los términos de las leyes locales aplicables, podrán formular y expedir programas de ordenamiento ecológico regional, que abarquen la totalidad o una parte del territorio de una entidad federativa.

Cuando una región ecológica se ubique en el territorio de dos o más entidades federativas, el Gobierno Federal, el de los Estados y Municipios respectivos, y en su caso el del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, podrán formular un programa de ordenamiento ecológico regional. Para tal efecto, la Federación celebrará los acuerdos o convenios de coordinación procedentes con los gobiernos locales involucrados.

Cuando un programa de ordenamiento ecológico regional incluya un área natural protegida, competencia de la Federación, o parte de ella, el programa deberá ser elaborado y aprobado en forma conjunta por la Secretaría y los gobiernos de los Estados, el Distrito Federal y Municipios en que se ubique, según corresponda.

Como se podrá observar, la Ley General de Cambio Climática actualmente prevé en su artículo 7 lo siguiente:

Artículo 7. Son atribuciones de la federación las siguientes:

...

VI. Establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con esta Ley, los tratados internacionales aprobados y demás disposiciones jurídicas aplicables, en las materias siguientes:

..

j) Desarrollo regional y desarrollo urbano;

...

XXI. Convocar a entidades federativas y municipios, para el desarrollo de acciones concurrentes para la mitigación y adaptación al cambio climático, en el ámbito de sus competencias;

No obstante, al momento de enunciar las atribuciones de los municipios, se deja en el olvido que entre dos o más, pueden estar compartiendo la misma problemática relacionada con el cambio climático, además de que no considera explícitamente que las políticas municipales puedan ser trazadas conjuntamente por los integrantes de una misma región; conforme al texto legal, se deja en manos de la Federación o de las Entidades federativas la facultad para hacer el llamado a los municipios y a la sociedad para suscribir convenios, no obstante que los Municipios pueden por sí, actuar directamente con los sectores sociales o empresariales presentes en determinada región y con fines en común.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 9o.- Corresponde a los municipios, las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de cambio climático en concordancia con la política nacional, estatal y atendiendo la problemática regional compartida con uno o más Municipios;

II. Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional, el Programa estatal en materia de cambio climático, con la región o cuenca en la que se encuentre y con las leyes aplicables, en las siguientes materias:

a) Prestación del servicio de agua potable y saneamiento;

b) Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano;

c) Recursos naturales y protección al ambiente de su competencia;

d) Protección civil;

e) Manejo de residuos sólidos municipales;

f) Transporte público de pasajeros eficiente y sustentable en su ámbito jurisdiccional;

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 13 de diciembre de 2013.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.

1 Cifra al 2013 de la Federación Nacional de Municipios de México, A.C. Disponible en: http://www.fenamm.org.mx

2 Diccionario de la Real Academia Española.

3 MapaRegiones socioeconómicas de México.

4 Publicado el 7 de diciembre de 2001 en el D.O.F.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 282 BIS AL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por la C. Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN)

“La que suscribe, Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, Senadora de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de laRepública, somete a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de lasiguiente:

Exposición de Motivos

Del Informe Mundial sobre Discapacidad se desprende del apartado de conclusiones y recomendaciones, en específico la Recomendación 6, misma que contempla el suministrar financiamiento suficiente y mejorar la asequibilidad económica.

Las personas con discapacidad necesitan asistencia y apoyo para conseguir una calidad de vida satisfactoria, además de participar en las actividades sociales y económicas, siempre en condiciones de igualdad con los demás.

También, dicho Informe señala que la función del gobierno es garantizar la igualdad de acceso a los servicios, en particular formulando e implementando políticas; reglamentando la prestación de servicios, en especial mediante el establecimiento de normas y su aplicación; financiando servicios para las personas con discapacidad que no pueden contratarlos y, en caso necesario, organizando la prestación de los mismos.

Otra de las recomendaciones contempladas en el informe, se encuentra el ayudar a las familias proveedoras de asistencia y apoyo, siendo necesario distinguir entre las necesidades y los derechos de los cuidadores informales, así como las necesidades y los derechos de las personas con discapacidad, lograr un equilibrio a fin de que cada persona pueda gozar de independencia, dignidad y buena calidad de vida.

También, indica ofrecer apoyo a las familias mediante diversos sistemas y servicios, en particular por los siguientes medios:

Apoyo financiero directo o indirecto;

Información sobre los servicios disponibles para los cuidadores y las personas con discapacidad;

Oportunidades a las familias que comparten experiencias semejantes de apoyo a familiares con discapacidad, a fin de que se agrupen y se ofrezcan mutuamente información y ayuda.

En torno a este tema, el Banco Mundial estima que hay aproximadamente 400 millones de personas, el 10 por ciento de la población mundial con alguna forma de discapacidad en los países de desarrollo, ante esa situación, se ven excluidos en sus propios entornos. Relacionan la pobreza con la discriminación en razón de no poder desempeñar un trabajo con un sueldo digno. De hecho en ocasiones subsisten con menos de un dólar diario. Por ello, el Banco propicia que se adopten políticas que satisfagan inquietudes y necesidades de desarrollo de las personas con discapacidad.

De acuerdo a un informe realizado sobre las políticas de familia y discapacidad en países de Europa organizado por la fundación ONCE, señala el escaso nivel de apoyo generalizado a las familias de las personas con discapacidad.

A nivel internacional, el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 1° establece como propósito de la Convención el promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad; de igual forma promover el respeto de su dignidad inherente.

La población con alguna discapacidad en México de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda del INEGI es de 5 millones 739 mil 270 personas, lo que representa el 5.13 por ciento de la población total, siendo el 48.9 por ciento hombres y el 51.1 % mujeres, ahora bien, la distribución porcentual con limitación en la actividad según sexo para cada grupo de edad nos señalan que de 0 a 14 años es de 520 mil 369; de 15 a 29 añoses de 566 mil 587, de 30 a 59 años es de 1 millón 881 mil 162, de 69 a 84 años es de 2 millones 336 mil277, de 85 y más sería de 431 mil.519 personas.

En relación a la causa de la limitación en la actividad, el 16.32% tiene que ver con el nacimiento, el 39.42% con una enfermedad, el 14.99 con algún accidente, el 23.14% con edad avanzada, 7.60 a otra causa y 2.19 no especifico.

De la publicación “Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía se desprenden los siguientes datos:

A nivel nacional, la dificultad más frecuente entre la población con discapacidad es la relacionada con la movilidad, ya que 58% de las personas de este grupo poblacional señala tener limitación para caminar o moverse. Le siguen las dificultades o limitaciones para ver (con 27.2%), escuchar (12.1%), mental (8.5%), hablar o comunicarse (8.3%), atender el cuidado personal (5.5%) y finalmente, para poner atención o aprender (4.4 por ciento).

A nivel de cada Entidad Federativa, los tipos de discapacidad tienen un comportamiento semejante que a nivel nacional; es decir, el principal tipo son las dificultades para caminar o moverse, seguido de ver, hablar o comunicarse, escuchar, mental, atender el cuidado personal, así como poner atención o aprender.

Analizando los resultados de los tipos de discapacidad por tipo de localidad se observa que en las rurales hay mayor concentración de población con dificultad para ver y escuchar, mientras que para el resto de las dificultades (caminar o moverse, mental, hablar o comunicarse, atender al cuidado personal, poner atención o aprender) las zonas urbanas presentan porcentajes más altos.

En Acción Nacional promovemos la máxima protección a los derechos humanos, por ello sehan presentado iniciativas promoviendo y creando acciones afirmativas en favor de las personas con discapacidad.

De acuerdo a la doctrina del Partido Acción Nacional es “Responsabilidad del Estado compartida con la sociedad, proveer a la población de servicios educativos de alta calidad, para lograr ciudadanos plenos. Que nadie quede fuera y nadie sea excluido o segregado del disfrute de sus Bienes.”

La presente iniciativa reforma la fracción VI del artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en virtud de queniñas, niños y adolescentes que tengan una discapacidad cuenten con acceso a la educación, garantía consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha modificación solicita que en todos los niveles de educación que imparta el Estado, es decir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior se proporcione a los estudiantes el apoyo de intérpretes de lengua de señas y especialistas en sistema braille, esta medida beneficiará a más de un millón de, niñas, niños y adolescentes que en edad de estudiar no lo pueden hacer por falta de estas importantes herramientas.

Sin duda, esta medida permitirá que todos los estudiantes con discapacidad cuenten conlos instrumentos necesariospara garantizar un verdadero acceso a la educación de calidad.

Otra propuesta es una adición de una fracción III al artículo 21 del mismo ordenamiento, destinado al Desarrollo Social, mediante la cual se pretende otorgar un apoyo económico a las familias que entre sus miembros cuenten con una discapacidad permanente.

Esta medida se sustenta en base a la necesidad de las familias que requieren recursos tanto económicos como de infraestructura y vestimenta especial para el cuidado de la persona con discapacidad permanente, pero no cuentan con los recursos económicos suficientes, lo cual no permite el desarrollo independientey una mejor calidad de vida de sus integrantes.

Uno de los datos que nos proporciona el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para este 2012, relaciona pobreza con discapacidad, ya que señala que el 51.2% de la población, aproximadamente 3.5 millones de personas con discapacidad se encuentran en situación de pobreza moderada a pobreza extrema. Por lo que las reformas que se proponen se tornan apremiantes.

Por las razones y fundamentos anteriormente expuestos, propongo a esta Soberanía la siguiente iniciativa:

Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Unico.- Se reforma la fracción VI del artículo 12 y se adiciona una fracción III del artículo 21 recorriéndose en su orden natural los subsecuentes, todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Capítulo III

Educación

Artículo 12.

I. a V. …

VI. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana y especialistas en sistema braille, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad;

VII. a XIV. …

Capítulo VI

Desarrollo Social

Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano así como el de sus familias, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua de sus condiciones de vida, sin discriminación por motivos de discapacidad. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:

I. a II…

III. Otorgar un apoyo económico a las familias cuando uno o más de sus integrantes tenga una discapacidad permanente;

IV. Promover la apertura de establecimientos especializados para la asistencia, protección y albergue para personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación, y

V. Todas las demás que tengan como objeto mejorar las condiciones sociales y permita potenciar las capacidades de las personas con discapacidad.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados etiquetarán recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para destinarlos al programa que se refiere el artículo 21 fracción III de esta Ley.

México D.F., a 10 de diciembre de 2013.

Suscribe

Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XII AL ARTICULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por el C. Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION IX AL ARTICULO 90 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por las CC. Senadoras integrantes de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia)

“Quienes suscriben, Senadoras de la LXII Legislatura Integrantes de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; la Senadora Martha Elena García Gómez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la Senadora María Lucero Saldaña Pérez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, con base en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción I; 135, numeral 1, fracción I; 164; 169; 171, numeral 2; 175, numeral 1; 176 y 183 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de la Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artIculo 90 de la Ley OrgAnica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. Consideraciones Generales.

A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011, se establece un parte aguas en el avance, el reconocimiento y la

protección de los derechos humanos de las personas, al incluir que toda persona goza de los derechos humanos y las garantías reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Con la citada reforma se dio un paso trascendental hacia el reconocimiento y protección de los derechos humanos. A partir de ella, nuestro marco jurídico presente y futuro deberá centrarse en el respeto a los derechos humanos que reconozca de ahora en adelante nuestro máximo ordenamiento jurídico así como los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

En materia de niñez y adolescencia, con respecto al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cabe resaltar que la Corte Interamericana contempla que el corpus juris de los derechos del niño se encuentra conformado por instrumentos regionales y universales, y por tratados e instrumentos no contractuales, que deben interpretarse y aplicarse en forma coherente y armoniosa1.

En ese tenor, es importante considerar que a partir de dicha reforma, México adquiere responsabilidades que deben traducirse en nuestra Carta Magna, y en una ley que proteja y garantice los derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos civiles y políticos de las niñas, niños y adolescentes a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño y los protocolos facultativos ratificados por él.

Los antecedentes en el rubro de los derechos de la niñez se encuentran plasmados en diversos instrumentos internacionales; La Declaración de Ginebra de 1924 por primera ocasión estableció la protección especial para la niñez, y se reconoció posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.2 En la Declaración Universal de los Derechos Humanos para los niños, se reconocen diez principios que a continuación se enuncian; 1) derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación; 2) derecho a la protección y consideración del interés superior del niño; 3) derecho a un nombre y una nacionalidad; 4) derecho a la salud, alimentación, vivienda recreo y servicios médicos; 5) derecho del niño física o mentalmente impedido a recibir atención especial; 6) derecho a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; 7) derecho a la educación, al juego y recreaciones; 8) derecho a la prioridad en protección y socorro; 9) protección contra abandono, crueldad y explotación; 10) protección en contra de la discriminación.3

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento y la representación de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida. El Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990.

Por otro lado, en el texto constitucional mexicano se dieron una serie de reformas respecto a la protección de la niñez. La primera de ellas se publicó el 18 de marzo de 1980, en la cual se da el parámetro de que los menores son sujetos de protección, y que estos deben de recibir cuidados en virtud de los deberes de los padres, estos tienen la obligación de satisfacer sus necesidades y preservar su salud física y mental, dejando al Estado la actuación en apoyo de los menores.

En el 2000 se remplazó el término de menores utilizado en la reforma anterior, y se reconoce el derecho a la satisfacción de necesidades por parte de sus ascendientes, tutores, custodios además de los padres, por otro lado, señala que el Estado está obligado a propiciar el respeto a la dignidad del niño y el ejercicio de los derechos.

La última modificación constitucional atendiendo a los tratados internacionales, en específico a la Convención sobre los Derechos del Niño, fue la reforma constitucional a los artículos 4° y 73° en la cual se plasma que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se debe velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de esta manera sus derechos:

En todos las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución seguimiento y evaluación de la políticas públicas dirigidas a la niñez”4.

No obstante, resulta importante puntualizar que lo establecido en el artículo 1º constitucional, en un sentido amplio respecto a la reforma de derechos humanos, es complementario del artículo 4o.5 y por tanto, ofrece en efecto una concepción integral de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, y su reconocimiento a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En lo que concierne a la Ley para la Protección de las Niñas, los Niños y los Adolescentes6, es relevante mencionar que no ha sufrido cambios que permitan la adecuación del marco normativo a la Convención, no obstante, que ha sido una constante recomendación emitida por el Comité de los Derechos del Niño, es decir, no se ha adecuado la legislación a los estándares internacionales al respecto.

Ahora bien, es importante observar la situación de la niñez y la adolescencia, ya que en México residen 39 mil 226.744 niñas y niños de 0 a 17 años7 (34.9% de la población total del país), lo cual indica que este sector representa una importante proporción de la población, que incide de manera directa e indirecta en el desarrollo del país.

Más de la mitad de las niñas y niños viven en zonas urbanas (59.11 % contra el 40.89 % en zonas rurales). La tasa de asistencia neta para los niños a la escuela primaria es de 95.4, para niñas es de 95.7, de secundaria, de 67.4 para los niños, y de 62.2 para las niñas.8

El Unicef señala que en México más de la mitad de ellos se encuentran en situación de pobreza patrimonial (62.2%) y uno de cada cuatro (28%) no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir sus requerimientos alimenticios (UNICEF México, 2009).

En septiembre de 2000 se suscriben los Objetivos de Desarrollo del Milenio que incorporan metas específicas relacionadas con la infancia, entre ellas, la reducción de la pobreza extrema en la niñez, la detención de la propagación del VIH/SIDA, la reducción de la mortalidad mundial de niños y niñas menores de cinco años en dos terceras partes, y el logro de la educación básica universal para el 2015.

Dichas metas responden a estadísticas preocupantes como lo es que más de 1000 millones de niños y niñas sufren una grave carencia de por lo menos uno de los bienes y servicios indispensables para sobrevivir y desarrollarse.

En el mundo, por cada 100 niños que no van a la escuela, todavía hay 117 niñas en la misma situación, lo que también pone al descubierto la disparidad de género, toda vez que dos terceras partes de los 799 millones de analfabetos mayores de 15 años que hay en el mundo son mujeres (UNICEF).

En México, 4 de cada 10 habitantes son niñas, niños y adolescentes; más de 3 millones entre 5 y 17 años no van a la escuela, y finalmente 6 de cada 10 en México han vivido directamente alguna forma de violencia en casa o en la escuela (UNICEF México,2009).

Cabe señalar que en lo referente al ejercicio de la titularidad de los derechos de la niñez y la adolescencia, la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México 2010 menciona que seis de cada diez personas opina que los niños deben tener los derechos que les da la Ley, mientras que tres de cada diez consideran que deben tener los derechos que sus padres les quieran dar. Poco más de tres por ciento considera que los niños no tienen derechos porque son menores de edad.

En resumen la niñez y adolescencia mexicana, presentan problemas diversos, cabe destacar; la violencia en su comunidad, en la familia, y en sus centros de estudio; embarazo en adolescentes; pornografía infantil, trata de niñas y niños; trabajo infantil; niñez migrante; la exclusión de la niñez indígena , con discapacidad, y niñas y niños con VIH/SIDA.

II. Fundamentación.

De conformidad con los argumentos anteriormente vertidos el cuatro de octubre de 2012 y atendiendo principalmente el ámbito del reconocimiento y la protección de los derechos de la infancia, con la reciente modificación de los artículos 4° y 73° constitucionales donde se reconoce a nivel constitucional la obligación de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se solicitó a través de un Punto de Acuerdo a la Junta de Coordinación Política, se acordara la creación de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Dicha proposición con punto de acuerdo presentada por la Senadora Martha Elena García Gómez, establece la urgencia de transverzalizar el principio de interés superior de la niñez contemplado en la Constitución tanto en el marco jurídico federal como en el estatal, y la necesidad de la creación de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, cuyo objetivo fundamental es la incorporación del principio del interés superior de la niñez y proteger los derechos humanos que la ley y los tratados internacionales establecen a favor de la infancia, buscando impulsar desde el Senado la homologación del marco legal en las tres esferas de gobierno.

Así mismo se establece que dicha comisión tendrá como principales atribuciones las siguientes:

• Emitir su opinión a las Comisiones ordinarias, en todos los casos en que se dictaminen iniciativas y puntos de acuerdo cuya materia sea la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las opiniones de la Comisión especial, procurarán que en todo momento se haga valer el interés superior de la infancia.

• Organizar foros, seminarios, congresos y otros eventos con la finalidad de revisar constantemente la legislación en la materia, para proponer ante el Senado de la República, las iniciativas de ley necesarias para perfeccionar el marco jurídico vigente.

• Emitir su opinión cuando se analicen los instrumentos internacionales en la materia, procurando que en todo momento se haga valer el interés superior de la infancia.

• Trabajar de manera transversal con las comisiones ordinarias o especiales del Senado o de la Cámara de Diputados, en el estudio, análisis y en resolución de asuntos cuya materia sea la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.

• Colaborar con las autoridades federales y locales cuya función sea la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.

• Establecer el diálogo permanente con organizaciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos internacionales y expertas en el tema de niñez, lo cual expresará una comisión plural e incluyente de todos los sectores de la sociedad a fin de establecer una estrategia e implementar diversas acciones para la armonización de la legislación en materia de niñez.

• Exhortar a las legislaturas estatales a realizar las modificaciones al marco legal estatal, que permita tener un sistema jurídico garantista en la protección integral de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.

• Y demás que se deriven del marco jurídico del Congreso y otras disposiciones aplicables.

Es así, que con fecha 16 de octubre de 2012, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, se aprobó la constitución de siete Comisiones Especiales con carácter transitorio, en los términos de lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 119 del Reglamento del Senado de la República.Las Comisiones aprobadas fueron:

A. Comisión para el Desarrollo Metropolitano.

B. Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas.

C. Comisión Especial de Cambio Climático.

D. Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

E. Comisión Especial Sur-Sureste.

F. Comisión Especial para el desarrollo de la Cuenca del Río Balsas.

G. Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación.

Por lo que el 29 de noviembre de 2012 quedó formalmente instalada la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia conformada con las siguientes integrantes:

Presidenta.- Senadora Martha Elena García Gómez.

Secretaria.- Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Secretaria.- Senadora Lucero Saldaña Pérez.

Cabe hacer mención que de conformidad con el acuerdo de creación de las Comisiones Especiales que funcionarán durante las Legislaturas LXII y LXIII del Senado de la República, y el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso

General, las comisiones especiales tendrán el carácter de transitorio para conocer exclusivamente de la materia cuyo objeto hayan sido designadas, o desempeñar un encargo en específico.

Así como, el artículo 119 del Reglamento del Senado de la República establece que las comisiones especiales se constituyen para realizar investigaciones en los términos del artículo 93 de la Constitución, o para conocer exclusivamente de una materia o desempeñar un encargo específico, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General.

De esto se desprende que las comisiones especiales son de carácter transitorio, no tienen facultades para dictaminar y en algunos casos sus facultades son inherentes a la investigación.

III. Contenido de la Iniciativa.

Las integrantes de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia consideramos que es primordial que esta comisión sea una comisión ordinaria, lo anterior toda vez que es imperante que se armonice la legislación y que se expida una legislación integral para la protección, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes acorde con el marco Constitucional Mexicano, la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, y demás instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, en ese sentido, es que en el afán de contribuir en este proceso, las integrantes consideramos importante participar como comisión dictaminadora, en virtud de que ya se han presentado iniciativas al respecto en las cuales a la comisión sólo se le ha dado el turno para opinar, en virtud de su calidad de comisión especial.

Ahora bien, es importante mencionar el trabajo y los logros que las integrantes hemos alcanzado desde la comisión especial, además, de la importancia de darle el seguimiento oportuno y buscar la permanencia de esta comisión, en aras de que el tema de la niñez y la adolescencia tenga un lugar constante en la agenda pública del país.

Con el afán de garantizar el principio del interés superior de la niñez, desde la Comisión se han realizado las siguientes acciones, que requieren del seguimiento y el cumplimiento de cada una de ellas:

1.- ACUERDO LEGISLATIVO RUMBO A UNA LEGISLACION INTEGRAL PARA PROMOVER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

La Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, dentro de su Programa de Trabajo consideró plantear una agenda legislativa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes atendiendo los principales retos y problemáticas. Es así, que se promovió que todos los Grupos Parlamentarios que conforman el Senado de la República se sumaran a este esfuerzo a favor de la niñez y la adolescencia de México.

En ese sentido, en la sesión ordinaria del Senado de la República del 19 de marzo del presente año, la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno que representa la conformación política del Senado, puso a consideración del Pleno, el Acuerdo para trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes, el cual fue aprobado por unanimidad por las y los Senadores.

Dicho acuerdo es un gran avance, pues define las bases para generar acciones a favor de la niñez y la adolescencia, en el cumplimiento de los principios establecidos en la

Convención sobre los Derechos del Niño, sus protocolos facultativos, y demás tratados internacionales suscritos por México.

Cabe señalar que el pasado 17 de abril se realizó el Acto Protocolario para la presentación de dicho Acuerdo con la presencia de niños y adolescentes, de Senadoras y Senadores; las Senadoras integrantes de la Comisión (Las Senadoras Martha Elena García, Lucero Saldaña y Angélica de la Peña); el Presidente del Senado en turno, el

Senador Ernesto Cordero, representantes de las organizaciones civiles, organismos gubernamentales y organismos internacionales, por mencionar algunos; la Titular del DIF, la Lic. Laura Vargas, el Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, el Lic. Ricardo García Cervantes, y la representación del UNICEF en México.

A continuación se presentan los acuerdos que reflejan las acciones a las que el Senado se compromete a favor de la infancia mexicana:

PRIMERA.- Trabajar en conjunto y de manera coordinada, con el objeto de crear y aprobar una legislación integral para la protección, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes acorde con el marco Constitucional Mexicano, la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, y demás instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

SEGUNDA.- Promover la armonización del marco jurídico con la Convención, sus protocolos facultativos y las normas internacionales que el Estado Mexicano haya adoptado, con la finalidad de garantizar su aplicación efectiva.

TERCERA.- Promover mayores recursos orientados a políticas públicas y acciones a favor de los derechos de niñas, niños, y adolescentes.

CUARTA.- Promover la realización de un diagnóstico nacional sobre la situación de la niñez y la adolescencia en México, que pueda orientar en la cuantificación de la violencia, exclusión, distinción, restricción o cualquier tipo de discriminación que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento goce o ejercicio pleno de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes; donde se ponga especial énfasis en las personas menores en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad de manera urgente.

QUINTA.- Coadyuvar en la promoción de la transversalidad legislativa en materia de Trata de Personas, en específico, lo referente a niñas, niños y adolescentes, observando el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía”.

SEXTA.- Establecer en la legislación un sistema institucional que se responsabilice de la promoción, protección y garantía de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes, observando en todo momento los principios rectores, entre ellos, el interés superior de la niñez.

SEPTIMA.- Realizar foros regionales con los Congresos Locales, con la participación de organismos gubernamentales y no gubernamentales, académicos y sociedad civil que trabaje a favor de los derechos humanos, para promover que se legisle en la materia y se impulse la promoción de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes.

OCTAVA.- Suscribir los 10 puntos estratégicos, propuestos por UNICEF México y la Red por los Derechos de la Infancia en México, para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

2.- ACCIONES PARA QUE EL TEMA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA SE INCLUYA EN LA AGENDA NACIONAL.

Es imperante que desde el Congreso de la Unión se impulsen estrategias para que de la mano con otros órdenes de gobierno, se propongan, construyan e implementen políticas públicas a favor de la infancia.

México, definitivamente requiere del respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos, el actuar responsable y comprometido de quienes fungen como representantes o gobernantes es necesario para llevar a cabo un consenso que permita que el tema de la niñez y de adolescencia se encuentre inmerso en la agenda pública en todos los ámbitos de la vida.

Es así que desde la comisión especial se propusieron acciones al Ejecutivo Federal, una de ellas es el exhorto aprobado por el Senado para que la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia se incorpore en el Pacto por México, dicha propuesta presentada por la Presidenta de la Comisión Especial pretende que también desde el Ejecutivo se vislumbre el tema de la niñez y la adolescencia en la agenda nacional.

Por otro lado, el pasado 19 de junio, exhortamos al Ejecutivo Federal a firmar el tercer protocolo sobre procedimiento de Comunicaciones, en el que se reafirma que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos, brindándoles la oportunidad de recurrir a mecanismos internacionales en el supuesto de que se vean vulnerados dichos derechos en instancias mexicanas. Este exhorto fue aprobado por la Comisión Permanente, y con ello se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo a que se firme a la brevedad este tercer Protocolo que marca un avance fundamental para la titularidad y el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, los niños y los y las adolescentes.

3.- RUTA CRITICA PARA TRABAJAR EN LA CREACION DE UNA LEY GENERAL PARA LA PROTECCION INTEGRAL, PROMOCION Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

En el marco de la ruta crítica planteada por la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, para cumplir con el acuerdo

Legislativo suscrito por la Cámara Senadores el pasado 19 de marzo, y trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en México, la Oficina de UNICEF en México en conjunto con la Comisión plantearon la realización de dos jornadas iniciales de análisis y reflexión.

Estamos convencidas de que la construcción de una legislación sólida, que permita asegurar el cumplimento efectivo de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país, depende en gran medida del entendimiento y la concepción del Sistema General de Garantía de Derechos que se tenga.

En este sentido, en primera instancia se contempló la realización de una jornada específica destinada a profundizar sobre qué se entiende por un Sistema integral para la garantía de derechos de la infancia y la adolescencia y cuáles son los componentes o elementos esenciales que lo integran, así como sobre cuáles han sido las esquemas más efectivos para la construcción de estos sistemas en América Latina.

Asimismo, otro factor indispensable para la construcción de la legislación en la materia y para la definición del propio sistema general para la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia, es la diferenciación entre éste sistema general y los sistemas de asistencia social y protección especial que intervienen en caso de que los derechos

de los niños, niñas o adolescentes se encuentran amenazados o vulnerados, que a su vez forman parte del mismo. Para ello, también se consideró la realización de una jornada específica destinada a profundizar sobre las diferencias e interacciones que existen o debieran existir entre estos sistemas para asegurar una garantía integral de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Es así que continuando con estos esfuerzos y dando cumplimiento con el Acuerdo señalado, de la mano con el Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia en México (UNICEF), se acordó la realización de las jornadas referidas y mesas de trabajo para la construcción de la Ley. La primera de ellas se realizó el pasado doce de junio “1era Jornada: Sistema Integral para la Garantía de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia”   impartida por el Dr. Alejandro Morlachetti, especialista en la materia.

Cabe mencionar que una reflexión trascendente de esta primera jornada, es la importancia de un Sistema de Protección Integral de la Infancia y que éste se encuentre fundamentado en una legislación que determine competencias del sistema, sus funciones, capacidad para articular, capacidad institucional y ámbito de aplicación, por señalar algunos de sus componentes.

Es de suma importancia interrelacionar a través de instancias formales el Sistema de Protección Integral de Infancia con el conjunto de instituciones de otros sistemas como el de protección social, salud, educación, etc.

En ese sentido, nuestro país cuenta con una Ley de Asistencia Social la cual ordena al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que en atención al interés superior de la niñez, coadyuve para dar cumplimiento a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ley que mandata modificar y mejorar las circunstancias de carácter social de la niñez y de la adolescencia.

Por lo anterior, se realizó el 24 de julio la Segunda Jornada de análisis y reflexión rumbo a una Legislación para la niñez mexicana, denominada “El Sistema Integral para la Garantía de Derechos y los Sistemas de Asistencia Social y Protección Especial de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia: Diferencias e Interacciones”, impartida por la

Mtra. Marcia Lopes, ex ministra de Desarrollo Social de Brasil, en la cual se abordo la diferencia entre el Sistema Integral para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia, y los sistemas de asistencia social y protección especial.

El análisis y profundización sobre las diferencias e interacciones entre el sistema general de garantía de derechos y los sistemas se asistencia social y protección especial,se planteó a partir de la experiencia que al respecto ha desarrollado República Federativa de Brasil. Lo anterior, no con la intención de presentarla como un modelo acabado a seguir, sino como un marco de referencia que permite orientar las reflexiones ydesafíos que actualmente se presentan en México en este sentido.

Asimismo, el siguiente paso para continuar con el esquema propuesto por la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senado de la República y el UNICEF, se realizarán mesas o jornadas periódicas para analizar el marco normativo vigente y avanzar hacia una ley general en la materia armonizada con los más altos estándares nacionales e internacionales; en consecuencia se llevarán a cabo mesas temáticas por cada uno de los componentes del sistema general de Garantías, que permitan profundizar en mucho mayor medida sobre sus implicaciones para el caso de México, abordando los siguientes temas:

1. Armonización legislativa.

2. Institucionalidad-Rectoría.

3. Sectores y sistemas y subsistemasexistentes para cada uno de ellos y su rol como parte del Sistema General de Garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia.

4. Descentralización y rol de los gobiernos locales

5. Participación de la Sociedad Civil y de los niños, niñas y adolescentes.

6. Presupuesto.

7. Mecanismos de evaluación y monitoreo

8. Mecanismos independientes de derechos humanos

No se omite señalar que en el Senado de la República se presentó un proyecto de Ley General por la Senadora Angélica De la Peña Gómez, el cual fue turnado a esta comisión especial para su opinión.

La trascendencia de esta comisión se ve reflejada en las acciones y proyectos que se han llevado a cabo, sus integrantes estamos convencidas que brindar a la niñez y la adolescencia un marco normativo para la protección y garantía de sus derechos adecuado plenamente con los instrumentos internacionales y reformas constitucionales, así como impulsar desde el Senado un Sistema de Protección y Garantías de los Derechos de la Niñez permitirá que el tema de la niñez no se considere transitorio, si no que se garantice su permanencia, ya que hoy por hoy no existe una institución encargada de garantizar y vigilar que los derechos del niño estén implementados enlos diferentes órdenes de gobierno, ni de proteger a la niñez cuando se les hayan vulnerado sus derechos.

Cabe señalar que en la Cámara de Diputados existe la comisión homologa a partir de esta LXII Legislatura, como comisión ordinaria, situación que consideramos debe replicarse en la Cámara de Senadores, con el objeto de realizar un trabajo en conjunto y en coordinación en pro de la niñez mexicana.

Por lo anterior, se propone reformar el artículo 90 la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de que en el listado de las Comisiones Ordinarias con las que cuenta el Senado se considere a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Por lo expuesto, presentamos a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se adiciona una fracción IX, recorriéndose la actual y las subsecuentes en el orden correspondiente, al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

ARTICULO 90.

1.- Las comisiones ordinarias serán las de:

I a la VIII. (….)

IX. Derechos de la Niñez y de la Adolescencia;

X. Desarrollo Social;

XI. Distrito Federal;

XII. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología;

XIII. Energía;

XIV. Estudios Legislativos;

XV. Gobernación;

XVI. Hacienda y Crédito Público;

XVII. Jurisdiccional;

XVIII. Justicia;

XIX. Marina;

XX. Medalla Belisario Domínguez;

XXI. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;

XXII. Para la Igualdad de Género;

XXIII. Puntos Constitucionales;

XXIV. Reforma Agraria;

XXV. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias;

XXVI. Relaciones Exteriores;

XXVII. Salud y Seguridad Social;

XXVIII. Seguridad Pública;

XXIX. Trabajo y Previsión Social y

XXX. Turismo.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen.María Lucero Saldaña Pérez.- Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

1 Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano; Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, primera edición, Daniel O’Donnell.

2 Convención sobre los Derechos del Niño, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

3 Página de internet www.juridicas.unam.mx

4 Párrafo octavo del Artículo Cuarto Constitucional.

5 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, en octubre de 2011.

6 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, en mayo del 2000 y modificada en agosto de 2010.

7 Censo de Población y Vivienda del INEGI en el 2010.

8http://www.infoninez.mx/los-derechos-en-cifras






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

(Presentada por el C. Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Presentada por el C. Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGLAMENTO DE CABILDEO Y GESTION DE INTERESES PARA EL SENADO DE LA REPUBLICA

(Presentada por el C. Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 77, EN SU FRACCION VIII, Y EL ARTICULO 85, EN SUS FRACCIONES II, III, IV, V, VI, PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS, VIII, XII, XVIII Y XX; QUE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 79 Y UN ARTICULO 83 BIS; ASI COMO QUE DEROGA LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 85, TODOS DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION

(Presentada por el C. Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD)








PROPUESTAS

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos de las entidades federativas del país a que, en el marco de las fiestas decembrinas a celebrarse con motivo de la época navideña 2013, se implementen las acciones y medidas oportunas, con especial énfasis en la concientización a la ciudadanía y la prevención, para evitar que las personas conduzcan vehículos automotores bajo los influjos del alcohol o drogas. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAIS A QUE, EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS A CELEBRARSE CON MOTIVO DE LA EPOCA NAVIDEÑA 2013, SE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES Y MEDIDAS OPORTUNAS,           CON ESPECIAL ENFASIS EN LA CONCIENTIZACION A LA CIUDADANIA Y LA PREVENCION, PARA EVITAR QUE LAS PERSONAS CONDUZCAN VEHICULOS AUTOMOTORES BAJO LOS INFLUJOS DEL ALCOHOL O DROGAS

El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores la siguiente proposición con punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, por el cual se exhorta respetuosamente al gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos de las entidades federativas del país, para que en el marco de las fiestas decembrinas a celebrarse con motivo de la época navideña2013, se implementen las acciones y medidas oportunas, con especial énfasis en la concientización a la ciudadanía y la prevención, para evitar que las personas conduzcan vehículos automotores bajo los influjos del alcohol o drogas; en virtud de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo. Es una época que invita a la reflexión, a la reconciliación, paz y unión familiar.

Con motivo de la Navidad y recibimiento del “año nuevo”, en el mes de diciembre se percibe un ambiente festivo, de alegría y las ciudades se visten con adornos y galas alusivas. Sus tradiciones enmarcan en México, una de las temporadas más coloridas y animadas del año.

Posadas mexicanas, piñatas, árboles de navidad, representaciones que todos conocemos como “nacimientos”, pastorelas, cenas de navidad y año nuevo, regalos y la degustación de platillos acostumbrados para estas festividades.

Lamentablemente parece no ser lo único que cada año acontece en el marco de las fiestas decembrinas. También se incrementan las incidencias en la conducción de vehículos de motor por personas en estado de ebriedad, riñas, accidentes y personas lesionadas y fallecidas por estos motivos.

En la euforia de muchos mexicanos, el festejo va aparejado del consumo de altas cantidades de alcohol, lo que trae graves riesgos de accidentes, riñas y hasta intoxicaciones alcohólicas. El riesgo más latente de accidente es al manejar en estado de ebriedad, exponiendo no sólo la vida propia, sino la de las demás personas.

Según cifras del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), se estima que en nuestro país ocurren 24 mil muertes al año con motivo de accidentes de tránsito. Cifra muy similar a la registrada por Cruz Roja Mexicana, que reporta 55 muertes diarias.
Además, según datos de la Secretaría de Salud, el 55% de las muertes en accidentes viales está relacionado con el consumo de alcohol. Esto ha generado que los accidentes de tránsito ocurridos con motivo del alcohol, sean la primera causa de muerte y discapacidad en jóvenes mexicanos de entre 15 y 29 años de edad.

Sin embargo, es importante señalar, que atentos a las posibilidades de sub registro, en realidad la cifra de muertes por accidentes de tránsito en México podría llegar a las 40 mil defunciones al año, por lo que la referida cifra de los 24 mil, por sí misma podría constituir la relativa a las muertes relacionadas con el alcohol y el volante. (Agencia de Noticias del Estado Mexicano: Notimex)

A eso habrá de agregarse, que el mismo movimiento comercial y de festividades de la época logra un alza en los incidentes de tránsito, luego si en este mes es común también el incremento en el consumo de alcohol, el riesgo de accidentes se incrementa de manera alarmante; por ello es necesario tomar conciencia y evitar los riesgos al máximo.

Cruz Roja Mexicana indicó que con la llegada de la temporada decembrina inicia la época más crítica para los accidentes automovilísticos, los cuales llegan a incrementarse hasta un 50% en relación a temporada “normal” y coincide también, que un factor determinante para ello es el consumo de alcohol.

Ahora, nos encontramos ya en el mes de diciembre y en plena víspera de Navidad, en las que se espera regocijo en las familias mexicanas, en las que no debe haber cabida para los siniestros y menos para los desenlaces fatales.

Por ello, considero que las autoridades competentes en nuestro país, en cada una de sus localidades, deben tomar las medidas necesarias para concientizar, evitar, y en su caso, truncar cualquier acto de riesgo mortal como lo es la simple conducción de vehículos automotores bajo el influjo del alcohol o drogas.

De tal suerte, que la propuesta en concreto que me permito poner a la consideración de la Asamblea, es que esta honorable Cámara de Senadores haga patente su preocupación por los riesgos generados por el manejo de vehículos automotores por personas en estado de ebriedad y por el reiterado incremento de siniestros que lamentablemente se verifican cada año en la época decembrina; haciendo un exhorto a las autoridades competentes para que se implementen medidas al respecto con especial énfasis en la concientización a la ciudadanía y la prevención.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos de las entidades federativas del país, a efecto de que en el marco de las fiestas decembrinas a celebrarse con motivo de la época navideña 2013, se implementen las acciones y medidas oportunas, con especial énfasis en la concientización a la ciudadanía y la prevención, para evitar que las personas conduzcan vehículos automotores bajo los influjos del alcohol o drogas, en virtud de los graves y fatales riesgos que esta conducta constituye tanto para la vida propia como para la de los demás.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

Sen. Jesús Casillas Romero”.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a atender las inconformidades de los ciudadanos respecto del pago de las altas tarifas de luz en el estado de Sinaloa y a rendir un informe sobre el particular. Se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ATENDER LAS INCONFORMIDADES DE LOS CIUDADANOS RESPECTO DEL PAGO DE LAS ALTAS TARIFAS DE LUZ EN EL ESTADO DE SINALOA Y A RENDIR UN INFORME SOBRE EL PARTICULAR

FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción III y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo en el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través del Director General de la Comisión Federal de Electricidad para que atienda las inconformidades de los ciudadanos respecto del pago de las altas tarifas de luz en el estado de Sinaloa y rinda un informe detallado sobre las altas tarifa de luz en el mismo estado, referente al último trimestre, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), es una empresa paraestatal, encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el territorio mexicano. Fue fundada el 14 de agosto de 1937 por el Gobierno Federal y sus primeros proyectos se realizaron en Teloloapan, Guerrero; Pátzcuaro, Michoacán; Suchiate y Xía, en Oaxaca, y Ures y Altar, en Sonora. La CFE abastece cerca de 26.9 millones de clientes e incorpora anualmente más de un millón. Desde octubre de 2009, se hace cargo de las operaciones de la compañía Luz y Fuerza del Centro. Cabe destacar que ésta es la empresa más grande del sector eléctrico de Latinoamérica. Asimismo es propietaria de la única central nucleoeléctrica existente en el país.

La CFE no está facultada para realizar lecturas, en su gran mayoría estimadas y fuera de norma (no son bimestrales, abarcando periodos de 10, 15 y 20 días); cambiar medidores electrónicos, que son para un tipo de servicio de prepago que la ley no establece, el actual es de pospago, con el servicio de prepago, después de los tres primeros consumos el costo promedio por kilowat es de 1.40 pesos, un usuario que venía pagando por 100 kw 110 pesos, ahora paga 219 pesos. Estos medidores al detectar alta, o baja de voltaje bloquean el crédito y cortan el suministro, o bien, el medidor “inteligente”, al ser constantes los cortos de energía, sigue registrando consumo, por estas y otras anomalías no son confiables en su medición, fallan constantemente al abonar la tarjeta de prepago, e implican un cargo oculto de un seguro de vida que eleva más su costo que es de 6 mil pesos.

Muchos ciudadanos de diferentes partes de la república como lo son Distrito federal, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tabasco, entre otros protestan por las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por las irregularidades en los cobros que no son muy claros y muchas veces se basan en estimaciones, por esto se reproducen las denuncias públicas de usuarios en los distintos medios audiovisuales locales contra la paraestatal, a la que acusan de estar llevando a los domicilios “recibos con cantidades impagables”, además de hacer cortes indebidos en casa habitaciones y comercios en general.

Las informaciones de las arbitrariedades de la CFE en todo el país que ha dado cuenta diversos medios de comunicación, hizo del conocimiento ante la opinión pública que, mientras miles de usuarios domésticos que se debaten entre el desempleo, la insuficiencia de ingresos y el deterioro del poder adquisitivo, enfrentan tarifas impagables en términos de la actual situación económica, y además sufren por la criminalización de la protesta.
Los miles de afectados permanentemente acusan, de que se imponen tarifas arbitrarias, alejadas de los consumos reales y de la situación de pobreza de los municipios marginados.

Por todo lo mencionado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la empresa más demandada en la Procuraduría Federal del Consumidor, al menos un 50 por ciento han procedió a favor de los usuarios, donde la CFE ha tenido que reconocer errores en las lecturas y en los cobros excesivos, por lo que mencionó que se ha multado económicamente por estas fallas a la paraestatal.

Campeche, es una muestra de los atropellos. La organización ciudadana se ha declarado, desde hace varias semanas, en alerta permanente ante el acoso de policías federales que pretenden ejecutar las órdenes de aprehensión contra 29 activistas de este movimiento, a quienes se acusa del delito de secuestro.

Los activistas se declararon en morosidad de pago de las tarifas bimestrales de la CFE debido a que los recibos llegan hasta por 6 mil pesos para las familias de los campesinos que no poseen más que lo indispensable en sus hogares.

Es así que podemos decir que el gobierno en lugar de luchar en contra de la pobreza esté sumiendo cada vez más a los mexicanos en la miseria.

El incremento en el precio de la electricidad se explica en gran parte por la estructura tecnológica y el uso del combustóleo y gas natural en las plantas generadoras de la CFE.

En  2007, el precio medio de la electricidad en México superó en alrededor de 18% el precio medio en EU; para el 2008, la diferencia ascendía a 25 por ciento.

A la alza se prevé que, en los próximos años, en México seguirán los precios de la electricidad mayores a los de Estados Unidos, debido a la alta volatilidad de los hidrocarburos.

Recientemente en Mazatlán, Sinaloa un grupo de personas inconformes con los cobros que manifiestan son excesivos, bloquearon algunas avenidas importantes  en esa ciudad, solicitando que la Comisión Federal de Electricidad revisen sus casos, sin aceptar facilidades de pago porque argumentan que el cobro del servicio no es justo.

Asimismo, la Procuraduría Federal del Consumidor ha impuesto multas a la paraestatal por haberse comprobado que se ha excedido en sus cobros, sin embargo dichas sanciones de la Procuraduría no han sido suficientes para que la Comisión Federal de Electricidad cambie sus métodos de medición y de cobranza, realizando mediciones erróneas y cortando el suministro de la luz con tal de que se realice el pago de los adeudos en el servicio.

Es por ello, que ante esta alta tribuna y considerando de suma importancia el tema en cuestión, me permito someter a esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a través del Director General de la Comisión Federal de Electricidad para que atienda las inconformidades de los ciudadanos respecto del pago de las altas tarifas de luz en el estado de Sinaloa y rinda un informe detallado sobre las altas tarifas de luz en el mismo estado, referente al último trimestre del presente año.

Senado de la República, México, Distrito Federal, a 13 de diciembre de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.






Del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a no entregar ningún contrato, licencia o concesión a alguna empresa petrolera privada nacional o extranjera hasta que no se realice la consulta popular para que se opine sobre la reforma energética aprobada por el Congreso de la Unión. Se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A NO ENTREGAR NINGUN CONTRATO, LICENCIA O CONCESION A ALGUNA EMPRESA PETROLERA PRIVADA NACIONAL O EXTRANJERA HASTA QUE NO SE REALICE LA CONSULTA POPULAR PARA QUE SE OPINE SOBRE LA REFORMA ENERGETICA APROBADA POR EL CONGRESO DE LA UNION

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición de Urgente y Obvia Resolución con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Que la reforma energética aprobada recientemente por las Cámaras de Senadores y de Diputados representa una regresión a la época que antecedió a la expropiación petrolera decretada por el General Lázaro Cárdenas. Significa un despojo al país y al pueblo, porque se entregan las riquezas y los  recursos, patrimonio de todos los mexicanos, al lucro de empresas privadas, en lugar de destinarse al bienestar y desarrollo libre y soberano de la nación. Sus consecuencias serán tan graves o más a la pérdida de la mitad del territorio en siglo XIX. Nos convierte en un país aún más dependiente de los intereses de las corporaciones extranjeras y de sus gobiernos. Se consuma un nuevo colonialismo con pérdida de la soberanía nacional.

II. Que esta reforma es inmoral, ilegítima e inconstitucional. Atenta y rompe el pacto social surgido de la revolución mexicana; deshecha los principios que dieron sustento a la Constitución; niega el espíritu del constituyente de 1917 y cancela los beneficios que trajeron las expropiaciones para el pueblo de México, aún a pesar de la enorme corrupción de la clase política gobernante. Sólo un nuevo Constituyente elegido para ello podría hacer una modificación de tal magnitud y con previa consulta a la ciudadanía.

III. El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República marcó en el debate realizado en las comisiones dictaminadoras y en el Pleno que esta reforma energética privatizadora traerá consigo:

• La entrega del petróleo, gas y electricidad a las empresas trasnacionales.

• El desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

• El incremento hacia la población de los precios de los energéticos, luz, gasolina, gas y diésel.

• El sometimiento a la jurisdicción internacional de aspectos que deben ser decisiones soberanas de México en materia energética.

• El despojo a las comunidades de sus tierras, a favor de empresas trasnacionales.

• La ausencia de mecanismos de inversión productiva de los recursos generados por el petróleo y la electricidad.
• Un mayor beneficio a las empresas mineras, al permitirles disponer del gas que existe en las que explotan carbón.

IV. Que la Reforma Energética reunió los votos necesarios en el Congreso de la Unión pero no cuenta con la opinión favorable de la mayoría de las y los mexicanos. Así lo revelan varias encuestas realizadas previo a la reforma1, pero también la intensa campaña mediática iniciada el día de ayer para vender supuestos beneficios que se quedarán en promesas incumplidas tal y como pasó con la Reforma Laboral, por dar un ejemplo reciente.

V. Estamos convencidos de que la mayoría ciudadana se opone a la privatización. Así debe de escucharse y respetar a las mexicanas y mexicanos, amantes de nuestra patria, sin distinción de ideologías, o de creencias, diferencias sociales o filiación política, que seguirán participando en la defensa de la soberanía y de los recursos energéticos.

VI. La consulta popular es una herramienta de participación que permite a los ciudadanos, opinar y decidir de manera directa sobre las determinaciones que los gobernantes han de tomar, siempre en beneficio de la propia sociedad. Por tanto es una vía para la llamada Democracia Directa, de este modo, el principio de soberanía popular que caracteriza la democracia, implica que el ejercicio del poder público es finalmente, potestad de los ciudadanos.

VII. Evidentemente, el tema que hoy nos ocupa es de trascendencia nacional, y continuar con este proceso sin que se tome en cuenta la opinión de la ciudadanía, implicaría una serie de violaciones constitucionales que además es en perjuicio directamente de nuestro pueblo, a quien nosotros debemos nuestra labor.

VIII. Las y los mexicanos gozamos del derecho a disfrutar de los recursos de la Nación. Por esta razón, es menester que sean ellos los que decidan, a través de una Consulta Popular, derecho imprescindible del que gozan en ejercicio del artículo 35 constitucional, puesto que los afectados, directa o indirectamente, serán para los mismos.  Los recursos que pretenden entregarse mediante los contratos y concesiones previstas en la Reforma generarán un déficit en el presupuesto federal, lo cual implicaría un aumento de impuestos o la contratación de deuda para subsanar el boquete fiscal que traerán consigo dichas concesiones, siendo los ciudadanos los que serán, en suma, afectados en sus bolsillos.

IX. El grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República considera que debe hacerse una consulta popular para decidir el destino del recurso no renovable más importante de nuestra Nación.

Por lo expuesto y fundado, presentamos a consideración de este Pleno el que aprueben el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a no entregar ningún contrato, licencia o concesión a alguna empresa petrolera privada nacional o extranjera hasta que no se realice la consulta popular para que se opine sobre la reforma energética aprobada el día de ayer por el Congreso de la Unión.

Dado en el Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, a 13 de diciembre 2013.

Suscribe”.


1 Según la Encuesta del CIDE, “México, las américas y el mundo 2012-2013” aplicada a la opinión pública y a líderes dada a conocer en este año, el 65% de la población está en contra de permitir la inversión extranjera en el sector petrolero y 47% está en contra en el eléctrico.






De la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a conmemorar el 30 de julio el “Día Mundial contra la Trata de Personas”. Se turna a la Comisión Contra la Trata de Personas.








Del Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar la interconexión del sistema eléctrico de Baja California Sur al sistema interconectado nacional, a través de la instalación de un cable submarino. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A REALIZAR LA INTERCONEXION DEL SISTEMA ELECTRICO DE BAJA CALIFORNIA SUR AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL, A TRAVES DE LA INSTALACION DE UN CABLE SUBMARINO

El que suscribe, Senador Carlos Mendoza Davis, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A QUE REALICE LA INTERCONEXION DEL SISTEMA ELECTRICO DE BAJA CALIFORNIA SUR AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL A TRAVES DE LA INSTALACION DE UN CABLE SUBMARINO, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

En nuestro país, los sistemas eléctricos se desarrollan atendiendo diversos indicadores tales como, las características físicas de las diferentes regiones, el tipo de demanda y los recursos energéticos disponibles, de forma tal, que la planeación y expansión de éstos, debe incorporar suficiente capacidad de generación y red de transmisión, tanto para satisfacer la demanda de suministro de cada región, como para contar con la reserva necesaria que permita cumplir con los criterios de confiabilidad.

En ese sentido, por motivos de planeación y operación del Sistema Eléctrico Nacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) divide al país en nueve áreas de Generación y Transmisión, a saber, Noroeste, Norte, Noreste, Occidental, Central, Oriental, Peninsular, Baja California y Baja California Sur, de los cuales, las primeras siete forman parte del Sistema Interconectado Nacional (SIN), es decir, que con excepción de las dos regiones de la península de Baja California, el resto de los sistemas regionales comparten recursos en una red nacional.

El sistema eléctrico interconectado de Baja California Sur, que opera de forma aislada al SIN, da servicio a las ciudades de Villa Insurgentes, Ciudad Constitución, La Paz, San José del Cabo, y Cabo San Lucas, así como a diversos poblados situados a lo largo de la costa del Océano Pacífico y el mar de Cortés.

Además, en la parte media de la península de Baja California, existen dos pequeños sistemas eléctricos que operan en forma aislada entre sí y del resto del sistema interconectado de Baja California Sur, estos son, Guerrero Negro y Santa Rosalía.

El sistema eléctrico de Guerrero Negro suministra a poblaciones ubicadas al norte del estado de Baja California Sur, entre las que destacan, El Vizcaíno, Guerrero Negro, Bahía Tortugas y Bahía Asunción, mientras que el sistema eléctrico de Santa Rosalía suministra la población del mismo nombre y a otras como Mulegé, San Bruno y San Ignacio.

El suministro de la demanda de Baja California Sur, tiene altos costos de operación y de impacto ambiental, por ejemplo, la demanda eléctrica de la zona de Los Cabos, se satisface con generación local mediante unidades que consumen diesel, situación que tiene impactos negativos en esta población caracterizada por su importante vocación turística.

En atención a lo anterior y con el propósito de satisfacer el crecimiento de la demanda prevista en el mediano plazo para esta región, existe un proyecto para interconectar el sistema de Baja California Sur con el Sistema Interconectado Nacional, mediante el cual se pretende contar con una fuente de energía segura, confiable y a un menor costo, así como facilitar el desarrollo sustentable de la región en comento.

Dicho proyecto consiste en realizar la interconexión a través del Mar de Cortés, mediante un cable de potencia submarino de aproximadamente 88 km1, siendo los puntos de interconexión más viables, de acuerdo con los estudios barimétricos correspondientes, en el área noroeste del SIN, Bahía de Kino en el estado de Sonora, y en el Sistema de Baja California Sur, el lugar conocido como Infiernito en Santa Rosalía.

La interconexión de sistemas eléctricos permite mantener un margen de reserva razonable, mejorar la seguridad operativa, incrementa la confiabilidad del suministro, disminuye los costos operativos del sistema resultante y constituye un suministro alterno en condiciones de emergencia.

Dado que, en Baja California Sur no existen recursos energéticos que faciliten la incorporación de diversas tecnologías de generación de electricidad, se tiene que recurrir principalmente a fuentes de generación con altos costos de operación, así, el parque de instalación se encuentra constituido por unidades térmicas convencionales, plantas de combustión interna que utilizan en su operación combustóleo o diesel y una gran cantidad de unidades de turbogás que se han incorporado al sistema para cubrir los picos de demanda y a su vez, para apoyar el suministro en condiciones de emergencia.

Aunado a lo anterior, existen zonas como Los Cabos que en atención a su vocación turística constituyen grandes centros de consumo, pero que a su vez cuentan con severas restricciones ambientales para la conservación de recursos, razón por la cual, se tienen que instalar fuentes de generación en otras zonas cercanas como La Paz, para poder hacer frente a la demanda eléctrica, concentrándose así en ciertas ciudades mayores niveles de emisión de gases contaminantes.

Por todo lo anterior, la necesidad de la interconexión del sistema de Baja California Sur al Sistema Interconectado Nacional, se sustenta en la disminución de costos de operación, de inversión a largo plazo, de la instalación de nuevas centrales con altas emisiones contaminantes y además permitirá incrementar la confiabilidad del suministro que con frecuencia se ve sometido a huracanes y tormentas tropicales durante la temporada de lluvias.

En atención a lo expuesto, respetuosamente someto a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad para que dentro de las obras e inversiones previstas para el sector eléctrico, otorgue prioridad a la interconexión del sistema eléctrico de Baja California Sur al Sistema Interconectado Nacional a través de la instalación de un cable submarino, con el propósito de incrementar la confiabilidad del suministro y disminuir los costos de operación y de inversión en el largo plazo evitando la instalación de nuevas plantas que utilizan combustibles fósiles y que generan altas emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

Sen. Carlos Mendoza Davis”.


1 La interconexión del Sistema Eléctrico de Baja California Sur al Sistema Interconectado Nacional se encuentra disponible para su consulta en el Anexo E del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico, POISE 2012-2026, de la Comisión Federal de Electricidad.






Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, a fin de que informe acerca del proyecto del Ejecutivo Federal en materia de reactivación ferroviaria. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.








Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación incremente las medidas de protección a los derechos humanos de los reclusos, debido a los presuntos actos de corrupción y autogobierno que ocurren dentro de los centros penitenciarios. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION INCREMENTE LAS MEDIDAS DE PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS RECLUSOS, DEBIDO A LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION Y AUTOGOBIERNO QUE OCURREN DENTRO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS

Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),1 los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Con base en ellos, el derecho internacional establece obligaciones a los gobiernos para tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su apartado Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos2, establece una serie de principios, con el objetivo de salvaguardar la dignidad y el respeto de los derechos de los reclusos como seres humanos. Dentro de los 11 principios básicos se encuentra la no discriminación, respeto por sus derechos humanos y laborales fundamentales, limitaciones a los custodios y reinserción social y laboral.

Por ello, es obligación del Estado garantizar a las personas que se encuentran privadas de la libertad la salvaguarda de sus derechos humanos, así como de otorgarles condiciones de vida digna al interior de los centros de reclusión, y como tal, esta obligación es independiente de la situación jurídica de los internos.

Se supone que el objetivo de la reinserción del reo, no se trata sólo de un castigo jurídico, sino de dar un ejemplo de régimen de derechos y obligaciones que concilia la seguridad con la exigencia del respeto a los derechos humanos, además de poner mayor énfasis en todos aquellos factores que influyan en el proceso de reintegración de los individuos.

Es claro que el cuidado de los derechos humanos de los reclusos en prisiones no es un tema fácil, pues siendo que son espacios de encierro y vulnerabilidad llega a ser difícil e incluso hasta olvidado el hecho de que con frecuencia en las prisiones constantemente se propician abusos de poder. La CNDH3 asegura que los derechos humanos son inherentes a la naturaleza de la persona, por lo que su realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Por ello, se debe insistir en el correcto funcionamiento de los centros penitenciarios a fin de que logren cumplir con una eficiente readaptación y reinserción social de los reclusos.

Sin embargo, de acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,4 los incidentes violentos y el control que los reos tienen de varias prisiones en México ha ido en aumento, demostrando con ello el alto grado de deficiencia y corrupción que enfrenta el sistema penitenciario en el país.
Dicho reporte fue elaborado a partir de de entrevistas y visitas a las 101 prisiones más pobladas del país, lo que arrojó como resultado que en 65 de estas prisiones los reos ejercen “autogobierno”, es decir, las autoridades han perdido el control y los reclusos lo han tomado.

Incluso, el mismo informe destaca que el número de incidentes se ha ido incrementado en los últimos años al pasar de 52 en el 2011 a 73 en el 2012, y sólo hasta mediados de octubre de 2013, la comisión había registrado 119 casos, eso aunado a la sobrepoblación que existe dentro de dichos centros.

Además, es preocupante que los penales más afectados por esa situación de control de reos se localicen en estados que también han padecido en los últimos años la violencia del narcotráfico, tal es el caso de Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa y Zacatecas, todos en el norte del país. Claramente se trata de internos vinculados al crimen organizado.

De igual manera, es preciso destacar e insistir en que la reinserción de los internos debe estar íntimamente relacionada con la prevención del delito, objetivo esencial de la seguridad pública. Por ello, todo lo que se haga en favor de la atención, manejo y administración de las prisiones, debe hacerse en favor de la sociedad y, asimismo es de suma importancia brindarle especial atención y establecer límites a los abusos de poder, negligencia o desconocimiento de la función que se están llevando a cabo en el interior los penales.

La situación de las prisiones en México sigue siendo trascendental, el problema que persiste es que a los abusos de poder que llevaban a cabo los mismos encargados de dichos centros se les han sumado ahora los abusos de poder entre los mismos reclusos, generando grupos delictivos dentro de los centros penitenciarios mexicanos que se gobiernan unos a otros y que constantemente dan paso a actos de corrupción.

Está claro que la infraestructura penitenciaria del país no está generando canales y mecanismos que contribuyan a la participación social, activa e integral, de los ciudadanos que por una u otra razón están actualmente privados de su libertad. Se supone que los centros penitenciarios deberían asegurar a los reclusos su integridad física y moral, ¿cómo incentivarlos a su reinserción social si ni siquiera dentro de los mismos centros pueden sentirse seguros?

No se puede pretender que al detener y enviar a prisión a alguien el problema de seguridad se resuelve y se avanza en cuanto a seguridad se trata, pues dentro de los centros penitenciarios comienzan otros problemas que requieren especial atención.

La situación de los centros penitenciarios en México es grave, debe ponerse mayor atención a los internos en los diversos centros de reclusión del país para así construir e implementar a nivel nacional, una política pública articulada e integral en materia penitenciaria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, con pleno respeto al Pacto Federal, incremente las medidas de protección a los derechos humanos de los reclusos debido a los presuntos actos de corrupción y autogobierno que ocurren dentro de los centros penitenciarios.

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en coordinación con sus homólogas federales, estatales y municipales, continúe supervisando los derechos fundamentales de los reclusos, a fin de que efectivamente sean respetados.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

Sen. David Monreal Avila”.

1 Naciones Unidas. Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos/ OACDH. http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx [Accesado el miércoles 24 de julio de 2013].

2 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Principios Básicos párale Tratamiento de los Reclusos. http://www2.ohchr.org/spanish/law/tratamiento_reclusos.htm [Accesado el miércoles 24 de julio de 2013]

3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?, [en línea], México, 2013, [citado 21/11/2013], disponible en: http://www.cndh.org.mx/Que_Son_Derechos_Humanos.

4 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012. CERESOS, CEFERESOS Y PRISIONES MILITARES,[ en línea], México, 2012, [citado 21/11/2013], formato PDF.






Del Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a elaborar una campaña de información a nivel nacional que prevenga a los consumidores sobre el dañino consumo de vísceras animales en la salud humana. Se turna a la Comisión de Salud.








Del Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, dentro del programa de crecimiento de la red troncal de fibra óptica de Comisión Federal de Electricidad, se otorgue prioridad a la conexión de Baja California Sur, única entidad federativa que no se encuentra conectada a la red pública. Se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A QUE, DENTRO DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO DE LA RED TRONCAL DE FIBRA OPTICA DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SE OTORGUE PRIORIDAD A LA CONEXION DE BAJA CALIFORNIA SUR, UNICA ENTIDAD FEDERATIVA QUE NO SE ENCUENTRA CONECTADA A LA RED PUBLICA

“El que suscribe, Senador Carlos Mendoza Davis, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A QUE DENTRO DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO DE LA RED TRONCAL DE FIBRA OPTICA DE CFE, SE OTORGUE PRIORIDAD A LA CONEXION DE BAJA CALIFORNIA SUR, UNICA ENTIDAD FEDERATIVA QUE NO SE ENCUENTRA CONECTADA A LA RED PUBLICA, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

La reforma en materia de telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, tiene como propósito incentivar la competencia en todos los segmentos del sector, a efecto de asegurar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y los servicios de telecomunicaciones para alcanzar la cobertura universal de los servicios de televisión, radio, telefonía y datos en todo el país.

Al respecto, el artículo 6o. constitucional establece que en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, el Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal.

Asimismo, se otorga la categoría de servicio público de interés general a las telecomunicaciones, siendo el Estado el encargado de garantizar que éstos se presten en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

Por su parte, dentro de las disposiciones transitorias de la reforma constitucional en comento, en el artículo Décimo Sexto se establece que con el propósito de impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, el Ejecutivo Federal en coordinación con el IFETEL, garantizarán la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones, en la que se prevé el aprovechamiento de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, entre otros activos del Estado.

En ese sentido, en el artículo Décimo Séptimo Transitorio, se dispuso que el Ejecutivo Federal incluyera en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales, y especiales conducentes, entre otras acciones, el crecimiento de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad prevista en el artículo Décimo Sexto mencionado con anterioridad, mediante la inversión pública, privada o mixta.

De todo lo anterior, se desprende que de conformidad con el texto constitucional, el Estado tiene la obligación de garantizar la inclusión digital para la totalidad de la población, pues la falta de infraestructura y la ausencia de competencia en el sector de telecomunicaciones limita el acceso de muchos mexicanos a la tecnología que actualmente es considerada como una herramienta poderosa de impulso del desarrollo social y económico.

Al respecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-20181, tiene previsto dentro de la inversión en telecomunicaciones, el crecimiento de la red troncal de fibra óptica de CFE en todo el territorio nacional.

Existen proyecciones que establecen que la cobertura de la red troncal que actualmente cuenta con 112 hoteles instalados en ciudades mayores y medianas y 25,000Km de enlace de fibra óptica, crecerá con la instalación de 972 nuevos mini hoteles en localidades de tamaño medio y 35,000 km nuevos de enlace de fibra óptica. Pasando con esto, de ser parcial con cobertura de 50% de la población, a casi universal, con alcance del 98% de la población2.

En relación con lo anterior, es importante mencionar que el estado de Baja California Sur es la entidad que cuenta con el menor despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en relación con su extensión territorial. Ello, en razón del aislamiento geográfico del estado con el resto del país, la baja densidad poblacional y la falta de implementación de políticas públicas en materia de telecomunicaciones.

Asimismo, es la única entidad que no cuenta con al menos un hotel de telecomunicaciones de la CFE conectado a su red de fibra óptica, lo que implica que la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no entrega servicios gratuitos de banda ancha y acceso a internet para las instituciones públicas y los sudcalifornianos, la ausencia de dichas facilidades se ha traducido en la falta de oferta y de competencia en servicios de telecomunicaciones, generando costos del acceso a banda ancha de hasta 5 veces el costo que tiene dicho servicio en otros lugares de nuestro país.

Por ello, se considera urgente que dentro de los Programas que emprenda la SCT relativos al crecimiento de la red troncal de fibra óptica, antes de expandir la red en los lugares donde ya tiene presencia, se comience por conectar al estado de Baja California Sur, con el propósito de acabar con la inequidad existente en relación con el resto de las entidades que actualmente se encuentran conectadas.

La falta de infraestructura pública de telecomunicaciones en Baja California Sur, coloca a la entidad en una gran desventaja, anula la competencia y la cobertura de los servicios para los ciudadanos y ha generado una brecha digital importante para los sudcalifornianos, las empresas y las instituciones públicas, frenando el desarrollo económico y social de la entidad, en una época en la que el impulso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es indispensable.

En ese tenor, el establecimiento de al menos un hotel de telecomunicaciones conectado con fibra óptica al resto del país, es parte de la infraestructura esencial que se requiere para promover la presencia de operadores y por lo tanto competencia y cobertura de los servicios para los sudcalifornianos.

Consciente de ello, la administración anterior diseñó un proyecto para llevar internet gratuito a Baja California Sur a través de un cable subacuático de fibra óptica, de aproximadamente 230 kilómetros de largo, tendido por el lecho marino que correría desde Topolobampo en Sinaloa, hasta la ciudad de La Paz, mismo que permitiría que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes condujera un cable de 48 hilos de fibra óptica para abatir la brecha digital en la entidad, sin embargo dicho proyecto no se concretó.

Posteriormente, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en mayo de 2013 publicó un estudio titulado Red Nacional de Transporte3, el cual contiene una propuesta de ampliación de la red troncal de fibra óptica de CFE para alcanzar una cobertura del 98% de la población nacional. El proyecto en comento, prevé la conexión de Baja California Sur a través de la postería de CFE.

Los antecedentes mencionados, implican la existencia de alternativas viables para conectar al estado en comento a la red pública, por ello es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dentro de sus proyectos de crecimiento de la red troncal, otorgue prioridad a dicha conexión, pues como se ha mencionado Baja California Sur es el único estado que no se encuentra conectado a la red pública.

En atención a lo expuesto, respetuosamente someto a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que dentro del Proyecto Estratégico de Crecimiento de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, contenido en el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018, se priorice la conexión del estado de Baja California Sur, ya sea a través de un cable subacuático o bien, mediante la postería de la CFE, por tratarse de la única entidad que actualmente no se encuentra conectada a la red pública, a efecto de que se garantice el derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones para los sudcalifornianos en igualdad de condiciones que los habitantes del resto del país y así abatir la brecha digital en la entidad.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

Sen. Carlos Mendoza Davis”.

1 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/GITS/PIITC_-_SCT.pdf

2 http://www.cft.gob.mx:8080/portal/wp-content/uploads/2013/05/PPT-CIDE-Red-Troncal-y-Compartida-2013-05-13.pdf

3 http://www.cft.gob.mx:8080/portal/wp-content/uploads/2013/05/Red_Nacional_de_Transporte1.pdf






Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a establecer un precio mínimo a los productores de caña de azúcar, en beneficio de la economía nacional y de los agricultores de dicho producto. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.








Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emprender acciones a fin de resolver las problemáticas de las comunidades donde se han levantado grupos de autodefensa y devolver la paz social y el estado de derecho a toda la República Mexicana. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A EMPRENDER ACCIONES A FIN DE RESOLVER LAS PROBLEMATICAS DE LAS COMUNIDADES DONDE SE HAN LEVANTADO GRUPOS DE AUTODEFENSA Y DEVOLVER LA PAZ SOCIAL Y EL ESTADO DE DERECHO A TODA LA REPUBLICA MEXICANA

Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el número de muertes violentas a consecuencia de la guerra emprendida en contra del crimen organizado, fue de 121 mil 683.1

Informaciones periodísticas recientes indican que durante los primeros once meses de la Administración actual, el número de personas asesinadas vinculadas al crimen organizado ascendió a 19 mil 016 ejecuciones lo que contrasta desfavorablemente con los últimos 11 meses del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, en lo que se reportaron 18 mil 161 asesinatos violentos y relacionados con la guerra contra el crimen organizado.2

El problema del crimen organizado afecta la paz pública y la vida cotidiana de las personas, debido a que las actividades delictivas se han diversificado, pasando del tráfico y cultivo de drogas a otros delitos como la trata de personas, la extorsión de negocios lícitos y el secuestro.

Esta diversificación de actividades ha significado un grave problema para la población debido a que vive bajo un clima de inseguridad, les impide llevar a cabo sus actividades cotidianas con normalidad por el miedo de ser víctimas del crimen organizado.

Ante este clima de inseguridad y delincuencia, desde el sexenio del presidente Vicente Fox hasta la Administración actual, se han emprendido estrategias para disminuir y contener la delincuencia organizada; sin embargo, ninguna de las tres administraciones han logrado resultados satisfactorios que se traduzcan en beneficios de la vida cotidiana de la ciudadanía.

Cansados de los niveles de impunidad, corrupción y delincuencia, comunidades de al menos 13 entidades federativas se han organizado y constituido en guardias comunitarias o grupos de autodefensa, a fin de poner un alto a la ola de violencia en sus comunidades y garantizar la paz pública; los grupos de autodefensa son organizaciones de ciudadanos que buscan proteger su vida, bienes y libertades, acotadas por el crimen organizado, frente a la incapacidad del Estado para hacerlo.

Para el mes de agosto del presente año se estimaba que existían grupos de autodefensa: en Sonora, la Guardia Tradicional Yaqui; en Tentoyuca, Veracruz; en Guerrero, la CRAC-PC; en Ayotitlán, Jalisco; en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); en Cherán, Michoacán; en Cuautla, Morelos; en Amatepec y Tlatlaya, estado de México; en Quintana Roo, la Guardia Tradicional Maya, que opera desde el siglo XIX en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.3
Además, en el mes de noviembre de 2013, de acuerdo a reportes periodísticos,4 en el estado de Michoacán aparecieron volantes que indicaban el surgimiento de un movimiento de guerrilla en esa entidad a consecuencia de las malas estrategias de seguridad.

Del mismo modo, en el estado de Guerrero, en días pasados hizo su aparición otro grupo guerrillero quien se autodenominó Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo (FAR-LP),5 quienes de acuerdo a un comunicado dado a conocer, señalan que su organización responde a que durante el primer año de gobierno de la presente Administración Federal se han presentado políticas de represión contra las organizaciones sociales.

A consecuencia de las fallidas estrategias de seguridad, se ha creado un clima de polarización y descontento social, donde la ciudadanía no percibe que la actuación de las autoridades genere un beneficio en su vida cotidiana.

Este problema debe ser atendido con urgencia, de lo contrario el descontento social seguirá creciendo y podría poner en riesgo la estabilidad política y social del país.

El Gobierno Federal debe hacer una evaluación de las fallas en su estrategia de seguridad, no se puede permitir que México viva con los índices de homicidios y delincuencia organizada descritos; se debe evitar el desborde de las inconformidades de la sociedad, pues se pone en riesgo el pacto federal.

La Constitución Federal señala que ninguna persona puede hacerse justicia por su propia mano, es decir, queda reservado para el Estado la facultad de perseguir y castigar los delitos cometidos. Sin embargo comunidades enteras cansadas de ser acosadas y castigadas por la delincuencia, han buscado dar cause a sus inconformidades y defenderse de estos grupos de delincuencia.

El clima de inseguridad que se viven en algunas comunidades del Michoacán, de acuerdo a testimonios de la mismas, difundidos en medios periodísticos y en las redes sociales, es de un Estado fallido donde la ley que impera es la del crimen organizado.

Es fundamental e indispensable que se haga valer el Estado de derecho en esas comunidades y en todo el país. Parte de la estrategia del Gobierno Federal ha sido quitar los reflectores mediáticos a este problema, a diferencia de la Administración pasada que difundía en medios de comunicación los “logros” de la policía federal o fuerzas militares, y mostraba los decomisos e incautaciones que lograban. En cambio la Administración actual a optado por esconder todo tipo de noticias relacionadas al crimen organizado, a fin de crear la percepción en la ciudadanía de que las cosas han estado mejorando, pero la ciudadanía vive día a día los estragos de la fallida estrategia.

Con base en lo anterior, es urgente que la Secretaría de Gobernación emprenda acciones a fin de resolver las problemáticas de las comunidades donde se han levantado grupos de autodefensa y devolver la paz social y el Estado de derecho a toda la República Mexicana.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación a emprender acciones a fin de resolver las problemáticas de las comunidades donde se han levantado grupos de autodefensa y devolver la paz social y el Estado de derecho a toda la República Mexicana.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

Sen. David Monreal Avila”.


1 Redacción, Más de 121 mil muertos, el saldo de la narcoguerra de Calderón: Inegi, [en línea], la jornada, citado [25-11-2013] disponible en

2 http://aristeguinoticias.com/2408/mexico/13-mil-775-asesinatos-en-8-meses-del-gobierno-de-epn-zeta/

3 http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2013/08/28/autodefensas-y-policias-comunitarias-un-fenomeno-social/

4 http://www.proceso.com.mx/?p=357969

5 http://www.cronica.com.mx/notas/2013/800815.html






De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a establecer una política pública para atender la enfermedad de Parkinson, además de incluir en el cuadro básico de medicamentos los utilizados en el tratamiento contra esta enfermedad. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD A ESTABLECER UNA POLITICA PUBLICA PARA ATENDER LA ENFERMEDAD DE PARKINSON, ADEMAS DE INCLUIR EN EL CUADRO BASICO DE MEDICAMENTOS LOS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO CONTRA ESTA ENFERMEDAD

La suscrita, Senadora MarIa VerOnica MartInez Espinoza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, párrafo 1 fracción II y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Parkinson es una enfermedad neurológica, crónica y degenerativa de una parte del cerebro que controla el sistema motor. Radica en la pérdida progresiva de la capacidad de coordinar los movimientos.

Si bien aún se desconoce el origen de la enfermedad de Parkinson, su patología está bien caracterizada. La degeneración de las células cerebrales o la muerte de las neuronas dopaminérgicas (neuronas que se comunican con otras liberando el neurotransmisor dopamina) de un núcleo motor del cerebro medio llamado sustancia nigra.

Esta enfermedad suele comenzar entre los 50 y 65 años de edad, no obstante existe un número reducido de casos antes de los 40 años, se le llama Parkinson juvenil. Puede presentarse tanto en hombres como en mujeres de todas las razas.

Uno de los grandes problemas de esta enfermedad es que sus síntomas van apareciendo de poco en poco casi sin “avisar”. Entre los principales síntomas están: el temblor clásico de la enfermedad de Parkinson regular y rítmico; la rigidez muscular que es la tiesura que en algunas veces causa dolor y dificulta la marcha o cualquier otro movimiento; la bradicinesia o lentificación; los trastornos de la marcha que no es otra cosa que la pérdida del balanceo de los brazos al caminar; la alteración de los reflejos de postura la persona va tomando una postura en semiflexión, su equilibrio puede ser precario, inestable.

Existen también los síntomas secundarios como la micrografía (escritura con letra pequeña), disartria (habla débil y de timbre apagado), reducción en el balanceo del brazo en el lado afectado del cuerpo, marcha usando pasitos cortos o arrastrando los pies, reducción en el parpadeo ocular y la frecuencia de deglución, depresión y ansiedad, trastornos del sueño, hipotensión arterial, estreñimiento, seborrrea (piel grasosa, escamosa, caspa).

Por lo regular dichos síntomas se presentan de 8 a 10 años después de comenzar con la enfermedad, para ese momento ya se ha perdido entre el 70 y 80% de las células o por lo menos ya se han visto dañadas seriamente.

La naturaleza y severidad de los síntomas, así como la forma de progresión de los síntomas con el transcurso del tiempo, varía de una persona a otra. Es muy poco probable que un paciente se le presente o desarrollen todos los síntomas identificados anteriormente.

La Enfermedad de Parkinson no es rara, según estimaciones existen 6.3 millones de personas en el mundo; en el país ocupa el segundo lugar en frecuencia dentro de las enfermedades neurológicas, solo detrás del Alzheimer.

Según estudio del Registro Mexicano de Enfermedad de Parkinson (ReMePARK) este padecimiento afecta actualmente a 4.1-4.6 millones de personas mayores de 50 años, y se ha estimado que para el año 2030 esta cifra será duplicada, lo que conducirá a un problema de salud pública. Ya que la pirámide poblacional en México se está invirtiendo, lo cual provoca que se convierta dentro de algunos años en un país de gente grande.

Hasta la fecha en México no se cuenta con estudios epidemiológicos acerca de la prevalencia e incidencia de dicha enfermedad.

La enfermedad como se ha dicho ocurre en la adultez media-mayor, generalmente entre los 50 y 80 años de edad, y su frecuencia muestra el más alto nivel entre los 65 y 75 años con una incidencia de 1 a 2 casos por cada 100 mil individuos entre estas edades. La incidencia termina aproximadamente a los 80 años, por lo que, superada esta edad, es casi seguro que una persona no desarrollará esta enfermedad, contrariamente a lo que sucede con la enfermedad de Alzheimer, cuyo riesgo de padecerla se incrementa con la edad de forma directa.

La Enfermedad de Parkinson es mucho más que un trastorno neurológico, es una enfermedad que demanda de un tratamiento médico especializado e integral.

Este padecimiento tiene consecuencias tanto individuales como sociales, el paciente que presenta esta enfermedad ve alterada su vida, sobre todo en su funcionalidad las actividades cotidianas las realiza con mayor dificultad como el vestirse, bañarse, abotonarse, rasurarse, peinarse, darse vuelta en la cama, utilizar los cubiertos, cocinar, manejar, etc., o bien le toman más tiempo e inclusive puede llegar a resultarle imposible.

Puede incluso tener que dejar su vida laboral, lo que aunado a todo lo anterior en algunos casos hace que el paciente se aísle al ver que su vida ha cambiado por completo, su estado de ánimo caiga y esto derive en otra enfermedad terrible como es la depresión. Se puede llegar a la dependencia parcial o total.

Conjuntamente de todos los demás efectos está el costo económico de esta enfermedad, ya que los medicamentos son elevados aparte de que solo forman parte de un tratamiento integral que incluye terapias físicas y emocionales. El tratamiento debe ser continuo, como en los pacientes con enfermedades crónicas.

Si bien en la actualidad existen recursos médicos y farmacológicos tendientes a mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad, aún falta mucho por hacer como crear una conciencia en la sociedad sobre esta enfermedad, para evitar casos de discriminación sobre la gente que la padece, además de que la solidaridad social representa un papel importante, ya que una sociedad informada se hace cargo de sus enfermos.

Entre los medicamentos se encuentran los que ayudan a mejoran la rigidez, la marcha, y la postura; el temblor además de los antidepresivos que ayudan a mejorar el estado de ánimo. Si se dejan de tomar los medicamentos, los síntomas reaparecerán. La rehabilitación física no intenta enseñar nuevos movimientos, sino regresar a patrones de movimientos sustituidos por movimientos parkinsonianos, esta puede consistir en el ejercicio físico, la gimnasia, la fisioterapia, actividades recreativas como natación, caminata, ayudan a conservar la actividad motora, a mejorar la postura, la marcha y sobre todo, a evitar la inmovilidad y la dependencia. Esto ayudara al paciente a cambiar de actitud y con esto se favorecer su independencia en las actividades cotidianas.

La Organización Mundial de la Salud estableció desde 1946 en su Constitución, que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano; colocó las bases del Derecho a la Salud. De igual forma en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, se menciona a la salud como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. Cada Estado ha ratificado al menos un tratado internacional de derechos humanos que reconoce el derecho a la salud, por lo que con esto, se están comprometiendo a proporcionar atención médica oportuna y apropiada para que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible.
El derecho a la salud que está consagrado en el artículo cuarto de nuestra Constitución Política, incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria.

Desafortunadamente en la actualidad en el Cuadro Básico de medicamentos del Sector Salud existen pocas opciones para el tratamiento de la Enfermedad de Parkinson. Por lo que es imperioso incluir, en el mismo, medicamentos nuevos que estén respaldados por estudios que hayan demostrado su eficacia y seguridad. Medicamentos que le ayuden al paciente a hacer más lenta la progresión de la enfermedad.

Por lo anteriormente mencionado, es que someto a consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente ala titular de la Secretaría de Salud a incluir en el Cuadro Básico de medicamentos del Sector Salud, los medicamentos para el tratamiento de la Enfermedad de Parkinson.

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente ala titular de la Secretaría de Salud a establecer una política pública para atender la enfermedad de Parkinson de forma integral.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”.






Del Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a instalar precipitadores electrostáticos que permitan mejorar la calidad de las emisiones atmosféricas en sus centrales de combustión interna. Se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A INSTALAR PRECIPITADORES ELECTROSTATICOS QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE LAS EMISIONES ATMOSFERICAS EN SUS CENTRALES DE COMBUSTION INTERNA

“El que suscribe, Senador Carlos Mendoza Davis, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE INSTALE PRECIPITADORES ELECTROSTATICOS QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE LAS EMISIONES ATMOSFERICAS EN SUS CENTRALES DE COMBUSTION INTERNA, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El control y reducción de la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero juega un papel protagónico en los efectos del cambio climático, lo que ha merecido a nivel internacional la acción conjunta decidida de los países, por las graves consecuencias que afectan la población mundial.

Para México, el desafío del cambio climático conlleva problemas sociales, económicos y ambientales que ya afectan a la población, la infraestructura, los sistemas productivos y ecosistemas.
Si bien la comunidad internacional se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a partir de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los esfuerzos no han sido suficientes y la concentración de GEI en la atmósfera continúa aumentando.

En México, la Ley General de Cambio Climático mandató al Gobierno Federal a elaborar una estrategia nacional a la luz de la cual se orientarán los esfuerzos para enfrentar el problema de manera contundente y convertir un desafío en una gran oportunidad para conservar y usar sustentablemente el capital natural, aprovechar el potencial enorme para desarrollar energías limpias, corregir ineficiencias en el uso de la energía, generar empleos con una economía verde, promover el desarrollo territorial sustentable, incrementar la competitividad, y mejorar la salud pública y la calidad de vida de la población.1

La estrategia contempla la reducción de un 30% de emisiones respecto a la línea base en 2020 y 50% en 2050 en relación con las emisiones del año 2000, para lo cual se requieren transformaciones estructurales en el modelo de desarrollo del país.

En efecto, en nuestro país prevalecen condiciones de alta vulnerabilidad ante el cambio climático. La información sobre los impactos climáticos históricos y las tendencias socioecológicas y socioeconómicas, aunada a los fenómenos actuales de industrialización y urbanización, así como el uso indiscriminado y el consecuente deterioro de los recursos naturales, entre otros, representan un problema ambiental, social y económico que se agudizará por los efectos del cambio climático.

Con información de la Agencia Internacional de Energía, la Estrategia Nacional de Cambio Climático reporta que en el año 2011, México contribuyó con el 1.4% de las emisiones globales, principalmente a partir de la quema de combustibles fósiles. De acuerdo a estas cifras, México sería el duodécimo país con mayores emisiones del mundo.

De éstas, el sector energía representa el 44% de las emisiones a la atmósfera de bióxido de carbono, lo que incluye las emisiones provenientes de: petróleo y gas, y generación eléctrica.

En Baja California Sur, el caso de la central termoeléctrica ejemplificó la necesidad de establecer acciones para vigilar la calidad del aire, deteriorado a partir de las emisiones de contaminantes de la generación de energía eléctrica.

Para atender un problema largamente señalado por la sociedad sudcaliforniana, la Comisión Federal de Electricidad celebró una licitación pública internacional en enero de 2006, para la construcción del sistema de emisiones a la atmósfera de la central termoeléctrica Punta Prieta, instalando precipitadores electrostáticos que permitieron disminuir las emisiones y mejorar sustancialmente el paisaje de la zona, al eliminarse la visibilidad de la pluma de vapor de la chimenea.

Los precipitadores electrostáticos son dispositivos que se utilizan para atrapar partículas mediante su ionización, atrayéndolas por una carga electrostática inducida. Se emplean para reducir la contaminación atmosférica producida por humos y otros desechos industriales gaseosos, especialmente en las fábricas que funcionan con combustibles fósiles.

Se trata de dispositivos de filtración altamente eficientes, que mínimamente impiden el flujo de los gases a través del dispositivo, y pueden eliminar fácilmente finas partículas como polvo y humo de la corriente de aire.

El caso es destacado por la propia CFE en su sitio de internet al referir los programas operativos de sus instalaciones de generación de energía que contemplan la optimización de los sistemas de combustión y la utilización de equipos para abatir las emisiones a la atmósfera, entre otros.
Sin embargo, se convirtió en una historia aislada. A pocos kilómetros de distancia de la central termoeléctrica de Punta Prieta, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, operan cuatro centrales de combustión interna, Coromuel I, II, III y IV, que ocasionan el mismo problema, en cantidad aún mayor que aquel que se combatió eficazmente con la instalación de precipitadores electrostáticos.

En este sentido, para resolver la contradicción de una acción positiva que resultó inconclusa, consideramos que es conveniente hacer un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que revise el ejemplo de la central Punta Prieta, en Baja California Sur, e instale a la brevedad filtros electrostáticos en todas sus centrales de combustión interna, que permitan mejorar la calidad del aire que respiran los habitantes del país.

Aún más, el llamado de esta soberanía a la Comisión Federal de Electricidad, debe hacerse en el sentido de exhortar a la paraestatal a que incluya esta materia, como una acción de rutina, en el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico, a fin de extender las medidas para mitigar la emisión de contaminantes a todas las centrales de combustión interna que aún operan en el país.

Lo anterior, sin menoscabo de la urgente necesidad de acelerar las acciones que permitan a la Comisión Federal de Electricidad transitar hacia la utilización de fuentes más limpias para la generación de energía eléctrica.

Otra vertiente del problema es la medición y control de emisiones de contaminantes derivados de la generación de energía, según lo aborda la Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-2011, cuyo objetivo es establecer los niveles máximos permisibles de emisión de humo, partículas, monóxido de carbono (CO), bióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) de los equipos de combustión de calentamiento indirecto que utilizan combustibles convencionales o sus mezclas, con el fin de proteger la calidad del aire.

De conformidad con dicha norma, se consideran zonas críticas, aquellas en las que por sus condiciones topográficas y meteorológicas se dificulte la dispersión o se registren altas concentraciones de contaminantes a la atmósfera Sobre el particular, y considerando el caso de Baja California Sur, que mayoritariamente genera electricidad de la utilización de combustibles fósiles, se considera necesario catalogar a dicho estado como una zona crítica, para efectos de la NOM-085-SEMARNAT-2011, a fin de ejercer un mayor control sobre las emisiones de contaminantes al ambiente.

En atención a lo expuesto, respetuosamente someto a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad para que de manera prioritaria instale precipitadores electrostáticos en las centrales de combustión interna Coromuel I, II, III y IV en la Ciudad de la Paz, Baja California Sur.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía para que considere la utilización de precipitadores electrostáticos, u otras medidas que mitiguen la emisión de contaminantes, en las centrales de combustión interna instaladas en el país, así como en la construcción de nuevas centrales, de acuerdo a su Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que analice la posibilidad de catalogar al estado de Baja California Sur, como zona crítica, a efectos de generar un mayor control sobre las emisiones de contaminantes producidos por los equipos de combustión utilizados en la generación de energía eléctrica.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2013.

Sen. Carlos Mendoza Davis”.

1 Estrategia Nacional de Cambio Climático. Diario Oficial de la Federación. 3 de junio de 2013.






De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatales y municipales, a la Procuraduría General de la República y a las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las y los periodistas y las y los defensores civiles de derechos humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.








Del C. Senador Raúl Gracia Gu