Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 19 de noviembre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 33



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 29 de Abril de 2014

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: (11:40 horas) Solicito a la Secretaría informe al Pleno del resultado de la asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 86 ciudadanos Senadores. En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se abre la sesión del martes 29 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de la agenda que corresponde al día de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL LUNES
VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta y tres minutos del día lunes veintiocho de abril de dos mil catorce, encontrándose presentes ochenta y siete ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del viernes veinticinco de abril de dos mil catorce.

 

La Presidencia informó de las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta fecha:

1) Se autorizó el retiro del proyecto de decreto que reforma los artículos 9° y 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, presentado el 20 de marzo de 2014.

2) Se autorizó la ampliación de turno al proyecto de decreto por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el Depósito Legal de sus publicaciones digitales, además de sus publicaciones impresas, recibido el 4 de marzo pasado, para quedar turnado en las Comisiones Unidas de Bibliotecas y Asuntos Editoriales, de Cultura, de Educación y de Estudios Legislativos.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, dos oficios con los que remite sendas propuestas de nombramientos a favor de los ciudadanos Juan de Dios Castro Lozano y Alejandro Raúl Hinojosa Islas, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.

(Iniciativas)

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza, a nombre propio y del Senador Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V y VI del artículo 79 de la Ley de Amparo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Luz María Beristáin Navarrete, presentó a nombre propio y del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Layda Sansores San Román, a nombre propio y de los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Ana Gabriela Guevara Espinoza, María del Pilar Ortega Martínez, Humberto Domingo Mayans Canabal y Zoé Robledo Aburto, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2°, 19, 20, 22 y 24 de la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de fortalecer la autonomía municipal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Federalismo y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1º, 9 Bis, 10, 14 y 19 de la Ley de Expropiación y adiciona una fracción al artículo 129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de órdenes de protección.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Félix González Canto, a nombre propio y de los Senadores integrantes de la Comisión de Turismo, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera.

(Comisión de Administración)

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, proyecto de presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de junio de 2014.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de marzo de 2014.- Quedó de enterado.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de reciclamiento de neumáticos.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa alusiva al Centenario de la Toma de Zacatecas.- Intervinieron los Senadores: Alejandro Tello Cristerna del PRI a favor; David Monreal Avila del PT a favor; y Carlos Alberto Puente Salas del PVEM a favor. Fue aprobado 89 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea los siguientes dictámenes:

1) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y de la Escuela Médico Naval a bordo de los buques Auxiliar Multipropósito ARM "HUASTECO" (AMP 01) y Patrulla Oceánica ARM "DURANGO" (PO 151) de la Armada de México, fuera de los límites del país para que realicen viajes de prácticas del 19 de junio al 15 de julio de 2014 y del 1o. al 25 de julio de 2014, respectivamente.- Intervinieron los Senadores: Gabriela Cuevas Barrón, para presentar los dictámenes; y Dolores Padierna Luna del PRD a favor.

2) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio "Cuenca del Pacífico" (RIMPAC-2014), que se llevará a cabo del 27 de junio al 1 de agosto de 2014 en las Islas Hawái, Estados Unidos de América.

3) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para participar en el ejercicio anfibio "Sociedad de las Américas" (POA-2014), que se llevará a cabo del 11 al 22 de agosto de 2014, en el Fuerte Aguayo y Puerto Aldea, Chile.

4) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio Multinacional "UNITAS LV PERU 2014" con una Patrulla Oceánica ARM "SONORA" (PO 152), un helicóptero, 13 elementos de Infantería de Marina embarcados y 4 capitanes para integrarse en el Estado Mayor conjunto del ejercicio e intercambio con otras unidades participantes, ejercicio que se llevará a cabo del 11 al 27 de septiembre de 2014, en la República del Perú.

Los cuatro proyectos de decreto fueron aprobados por 90 votos en pro. Se remitieron al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se aprueba la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el marco de la Octava Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto.- Intervinieron los Senadores: Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN; Laura Angélica Rojas Hernández del PAN; Luz María Beristáin Navarrete del PRD; y Fidel Demedicis Hidalgo del PRD. Fue aprobado por 93 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo para el establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México en la Ciudad de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, el doce de octubre de dos mil doce.- Intervino la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Exteriores, para presentar el dictamen. Fue aprobado por 84 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos para evitar la Doble Imposición y prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la Ciudad de Abu Dhabi, el veinte de noviembre de dos mil doce.- Intervinieron los senadores: Teófilo Torres Corzo, para presentar el dictamen, por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y Daniel Avila Ruiz del PAN. Fue aprobado por 85 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se recibieron de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, los siguientes dictámenes:

1) Con proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo que Modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Bélgica para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado ad referéndum el 26 de agosto de 2013 en la Ciudad de México.

2) Con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Principado de Liechtenstein para el Intercambio de Información en Materia Tributaria y su Protocolo, firmado ad referéndum el 20 de abril de 2013 en Washington, D.C.

3) Con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos, respecto de Aruba, para el Intercambio de Información con Respecto a los Impuestos, firmado ad referéndum el 18 de julio de 2013 en la Ciudad de México.

4) Con proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Malta para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Roma el 17 de diciembre de 2012.

5) Con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Gibraltar para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el 9 de noviembre de 2012 y en Gibraltar el 29 de noviembre de 2012.

La Asamblea autorizó su incorporación en el Orden del Día de la Sesión, los cinco dictámenes quedaron de Primera Lectura.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González, Alejandro Encinas Rodríguez, Manuel Camacho Solís, Ismael Hernández Deras y Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que exhorta a llevar a cabo actos en conmemoración del centenario de los destacados escritores mexicanos José Revueltas y Efraín Huerta.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

De los Senadores Omar Fayad Meneses, Fernando Yunes Márquez, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Graciela Ortiz González, Ismael Hernández Deras, Ivonne Liliana Alvarez García, María Cristina Díaz Salazar, Teófilo Torres Corzo, Salvador Vega Casillas, María del Pilar Ortega Martínez, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Humberto Domingo Mayans Canabal y Ana Gabriela Guevara Espinoza, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos del Distrito Federal y de los estados de la República a retomar las medidas necesarias para el inmediato y cabal cumplimiento del modelo establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública para sus unidades especializadas de combate al secuestro.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

(Efemérides)

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride en conmemoración del “Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cinco minutos y citó a la siguiente sesión ordinaria el martes 29 de abril a las 11:00 horas.

 

Fin de la sesión”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la misma.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Solicito a la Secretaría informe al Pleno de las resoluciones que adoptó la Mesa Directiva sobre los diversos asuntos que se abordaron en la reunión de esta mañana.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy cuenta con los asuntos que se abordaron hoy en la mañana.

La Mesa Directiva acordó emitir las excitativas que dispone el artículo 214 del Reglamento del Senado, a las comisiones que concluyeron su plazo para la presentación de su dictamen. Las excitativas están referidas a 69 proyectos, y la relación de estos aparecerá en la Gaceta del Senado.

Así también, la Mesa Directiva, con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, autorizó 16 ampliaciones de plazo al mismo número de asuntos que le solicitó la Comisión de Salud, para la presentación de los dictámenes respectivos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia ratifica las resoluciones que ha leído la Secretaría.

Pasamos a los asuntos de nuestra agenda de hoy.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el informe sobre el seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y del Vigésimo Tercer Periodo Extraordinario de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, titulado “La Mujer en el año 2000: Igualdad entre los Géneros, Desarrollo y Paz para el siglo XXI”, dentro del 58 Periodo de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se llevó a cabo de 10 al 20 de marzo del año en curso, en Nueva York.

De la Senadora Arely Gómez González, con la que remite el informe anual de actividades del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, correspondiente a 2013.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

En función del informe que hoy presenta la comisión que preside la Senadora Arely Gómez González, se le concede el uso de la palabra, para que haga los comentarios sobre este informe del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, correspondiente al año 2013.

- La C. Senadora Arely Gómez González: Con su venia, señor Presidente.

Con fundamento en el artículo 295 del Reglamento del Senado de la República, y el artículo 18 del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta Cámara Alta, comparezco para presentar el informe anual de actividades en materia de transparencia, correspondiente al año 2013, a nombre de los integrantes del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información.

El COGATI es el órgano garante especializado e imparcial responsable de coordinar y supervisar el adecuado cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso de Información Pública Gubernamental, por parte de las áreas legislativas, parlamentarias, técnicas y administrativas de la Cámara.

Desde el inicio de la presente legislatura, los representantes del COGATI nos hemos preocupado por realizar acciones que fijen permanentemente las políticas en las que el Senado debe conducirse en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.

En el informe que fue distribuido en sus escaños, no solo se enumera los resultados obtenidos en 2013 en la gestión de las solicitudes de información recibidas, también detalla las recomendaciones que ha emitido el COGATI para fortalecer los mecanismos de transparencia de esta Cámara Alta, identificando las áreas de oportunidad.

En el desempeño de sus actividades, el COGATI se ha apegado a los principios de la declaración para la transparencia parlamentaria, favoreciendo los principios de máxima publicidad y apertura gubernamental, y vigilando que los mecanismos de acceso a la información funcionen a favor de la ciudadanía.

Si algún ciudadano considera que su derecho de acceso a la información sufrió un menoscabo, el COGATI resuelve los recursos de revisión, para que los inconformes tengan la certeza que el proceder del Senado se ajustó a derecho, o de lo contrario obtengan una resolución que le permita tener acceso a los documentos que contengan la información solicitada.

En el COGATI estamos dedicados a mejorar la percepción respecto a los mecanismos para el cumplimiento del derecho de acceso a la información de manera pro activa y efectiva, por lo que hemos hecho un especial esfuerzo en capacitar a las personas que prestan sus servicios en el Senado. Hemos instruido que se dé una mejor orientación al público y que se atiendan las consultas que realice la sociedad a los Senadores u otros servidores públicos en materia de transparencia.

En el año 2013 se recibieron un total de 552 solicitudes de información, de las cuales solo cinco fueron recurridas, lo que corresponde al 99.2 por ciento de efectividad en las respuestas otorgadas por el Senado de la República. Lo cual demuestra que estamos comprometidos con el debido cumplimiento al derecho de acceso a la información establecido en el artículo 6o. constitucional.

El COGATI ha resuelto cinco recursos de revisión, beneficiando, en tres casos, a los recurrentes, al instruir la entrega de la información solicitada; en un caso se confirmó la respuesta otorgada por el área responsable y el otro caso fue desechado por ser interpuesto de forma extemporánea, siempre cumpliendo con el propósito de elaborar resoluciones apegadas a derecho y con lenguaje cercano a la ciudadanía.

En materia internacional, el comité ha participado de forma activa en el cuarto y quinto encuentro de la Red Parlamentaria Latinoamericana Pro-transparencia, Acceso a la Información Pública y Probidad, siendo siempre un referente internacional en cuanto a la transparencia parlamentaria que se ha instrumentado en la presente legislatura.

De dichas reuniones se desprendieron estatutos más específicos para las actividades encaminadas en materia de transparencia de la red, a efecto de que sean aplicadas las mejores prácticas de acceso a la información en cada uno de los países integrantes de esta red.

Agradezco a mis amigas y amigos Senadores Angélica de la Peña, Salvador Vega Casillas, Martha Palafox Gutiérrez y Juan Gerardo Flores Ramírez, la dedicación y el compromiso con el que hemos colaborado en los trabajos de este comité, y al licenciado Carlos Bonnin Erales, titular de la Unidad de Enlace del Senado por el trabajo realizado durante este periodo.

Derivado de las actividades desarrolladas a lo largo del año 2013, el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, se ha ganado la confianza y el reconocimiento de la sociedad organizada y al interior de esta Cámara Alta.

Estamos consolidando las bases para que el Poder Legislativo pueda referirse a la transparencia no como un discurso, sino como una acción permanente.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Gómez González, por la presentación de su informe a esta Asamblea, la misma, reitero, se da por enterada.






SECRETARIA DE GOBERNACION

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que el día de ayer se recibió de la Secretaría de Gobernación, un oficio con el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jorge Carlos Hurtado Valdez, como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual se turnó de manera inmediata a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y dictamen correspondiente.



Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos para sus efectos correspondientes.

En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, para presentar, a nombre propio y de los Senadores Layda Sansores San Román y Luz María Beristain Navarrete, un proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PROHIBICION DE LA FRACTURA HIDRAULICA

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y de las CC. Senadoras Layda Sansores San Román y Luz María Beristain Navarrete)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Y por supuesto que esperaría que pudiesen, adherirse a esta iniciativa algunas otras Senadoras y Senadores más que han demostrado un interés genuino por este tema que es de enorme preocupación, porque efectivamente, señor Presidente, compañeras y compañeros, somos muchos los mexicanos, sin duda alguna, que mostramos genuina participación y preocupación de manera particular por la explotación del llamado gas de esquisto por medio de técnicas de fractura hidráulica o fracking, como comúnmente se conoce; y la iniciativa que vengo a someter a su consideración es prueba de ello.

Desde hace meses Diputados y Senadores, con el apoyo de la sociedad civil, de manera particular de La Alianza Mexicana Contra el Fracking, hemos venido trabajando en la presente iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica, fracking.

En ese contexto, señor Presidente, el pasado 2 de abril del año en curso, esta iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados suscrita por más de 60 legisladores.

Ahora hacemos lo propio en esta Cámara Alta, seguros de que este tema, de no tratarse desde ahora, será uno de los que mayores repercusiones negativas le acarrearían al país tanto en términos sociales como medio ambientales y, sin duda, también económicos.

La fractura hidráulica, compañeras y compañeros, consiste en hacer una perforación vertical de 3 a 5 kilómetros de profundidad hasta llegar a donde se encuentran unas rocas porosas que pueden ser de esquisto, lutitas o pizarra; dentro de estas porosidades, es que se encuentra el llamado gas natural.

Cuando se alcanza la capa de las rocas se continúa la perforación en el plano horizontal a través de la misma. Esta perforación horizontal suele ocupar aproximadamente un kilómetro y medio de longitud o puede llegar incluso hasta 3 kilómetros.

Dentro de la capa de pizarra se utilizan explosivos para provocar pequeñas fracturas y se inyectan por etapas de 9, fíjense bien, de 9 a 29 millones de litros de agua a una presión muy alta, mezclados con arena y un coctel de más de 750 aditivos químicos apuntalantes, entre los cuales se encuentran bencenos, silenos, cianuros, los cuales, como ustedes lo percibirán, son elementos cancerígenos y mutagénicos.

Muchas de estas sustancias químicas ni siquiera están catalogadas en nuestro país y las empresas se reservan la información completa de los componentes de este coctel amparándose en el secreto de derecho de patente, por lo que no se sabe con exactitud las dimensiones de los riesgos que se corren con ello.

El agua a presión fractura la roca librando el gas que luego, junto con el agua, arena y los aditivos, retorna hasta en un 80 por ciento a la superficie. Y como si fuera poco, como ustedes se lo podrán imaginar, los proyectos de extracción por fractura hidráulica tienen serias consecuencias para la disponibilidad de agua en zonas adyacentes a sitios de la extracción.

Se requieren, como se imaginan, como ya he mencionado, pero quiero subrayarlo, de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo. Esto en un país como el nuestro de tantas necesidades en materia hidráulica, sin duda que es un crimen.

Pero fíjense más, en Estados Unidos existen ya documentados más de mil casos de contaminación del agua cerca de los pozos de esta llamada fractura hidráulica.

Esto significa que el excesivo riesgo y el excesivo daño sistemático que se está causando con este tipo de operaciones que el gobierno federal de nuestro país debiese entender y percibir como un gran problema porque estaría abriendo una puerta indiscriminadamente a este asunto.

Yo vengo a plantear, señor Presidente, compañeras y compañeros, que es urgente recapacitar y abrevar de lo que está pasando en otros países.

Pues según estudios científicos realizados en Estados Unidos, se estima que la población que habita a menos de 800 metros de un pozo donde extraen hidrocarburos por esta técnica de fractura hidráulica, tienen la probabilidad de padecer cáncer asociado con los contaminantes emitidos como consecuencia de esta técnica hasta en un 66 por ciento.

Y por si esto fuera poco, está comprobado también que este método ni siquiera es rentable económicamente hablando.

La propia industria gasífera de los Estados Unidos ha reconocido que en el 80 por ciento de los pozos perforados los costos de producción superan a las ganancias esperadas. Eso allá.

Pero en el contexto nacional, ya tenemos experiencias de los seis pozos que el gobierno mexicano ha perforado desde el 2011, resulta que tres han resultado no comerciales; dos no comerciales por no producir condensados; y uno, aunque es comercial, presenta baja productividad de gas y de los llamados condensables.

Por lo tanto, compañeras y compañeros, con esta información yo vengo a informarles que sabemos que el gobierno federal y sus aliados en el Poder Legislativo, como todos sabemos, no tardan en presentar su paquete de leyes reglamentarias en materia energética.

Es por eso que varios legisladores de ambas Cámaras nos estamos preparando desde ahora para el debate que vendrá abanderando como una de nuestras mayores convicciones la prohibición de la práctica denominada fracking o fractura hidráulica, pues es para bien de México, para el bien de nuestras regiones y para el bien de nuestras comunidades.

Aquí en voz alta digo: “No al fracking”, y espero contar con el apoyo de muchas Senadoras y Senadores de esta Cámara Alta.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

- El C. Senador Adán Augusto López Hernández: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Adán López Hernández, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Adán Augusto López Hernández: (Desde su escaño) Para preguntarle al Senador Robles Montoya si me permite adherirme a su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Angel Benjamín Robles Montoya, ¿acepta la adhesión del Senador? Igualmente para el mismo asunto el Senador Rabindranath Salazar Solorio. Solicito a la Secretaría que tome nota de ello.

Se recibió de la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Educación, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT)

“La Suscrita, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, Senadora de la República, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164 y 169, del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante mucho tiempo el Gobierno Federal ha reconocido que nuestro país se encuentra en una situación de emergencia debido a la dimensión que ha adoptado la obesidad, sobre todo en generaciones infantiles, pese a que se han hecho reiterados, insistentes y desesperados llamados, a quienes poseen facultades de control sanitario, nutricional o educativo para tomar acciones correctivas. En esta situación, ahora sí, después de tomar conciencia de mal social, es ya necesaria la intervención de las instituciones federales, locales, delegacionales, las energías presupuestales, las organizaciones y las sociedades de padres de familia para iniciar una estructura de movilidad institucional que confronte las décadas de permisión de las condiciones que propiciaron que se dispararan los índices de obesidad poniendo en riesgo de morbilidad a millones de infantes y adolescentes y construyendo, inclusive, una negra perspectiva social de reducción de expectativa de vida.

Especialistas y analistas definen que esta obesidad masiva se trata de una enfermedad sistémica producto de un conglomerado de causales como son la ausencia y omisión de prácticas institucionales, actitudes negativas de empresas que producen alimentos nocivos para la salud y una desmedida publicidad en torno de mercancías de alta concentración de sales, grasas y azúcares sin avisar que su producto, consumido sistemáticamente produce daños letales e irreversibles a consiguiente, el trastorno de la cultura nutricional, la salud y, por esta cadena de producción de irresponsabilidad social es el caldo de cultivo no sólo de la epidemia de obesidad sino del repunte de males como el estrés, la compulsión, la mediatización de la violencia, el impulso a las conductas de consumo, la diabetes infantil, la sedentarización de la vida, entre otras.

Hay enfermedades sistémicas propiciadas por un modelo económico y social. Es necesario reconocer que las precarias condiciones de salud de millones de mexicanos son producto de una constelación de acontecimientos en donde la ausencia de políticas públicas sanitarias y educativas permite el aumento de las exponentes patologías.

De ninguna manera la obesidad infantil se abatirá con una o dos medidas de controles regulatorios laxos por parte de las instituciones. El mal está presente y el daño está hecho. Una vez más desde esta tribuna hago un llamado para construir una cruzada contra el consumo de alimentos nocivos, contra las prácticas institucionales negligentes, contra las causas y efectos que la realidad de obesidad masiva genera y generará. Por eso habrá que considerar una suma de propuestas para insertarlas institucional y regularmente en todos los lugares proclives al fomento de las condiciones de cultivo de patologías.

Las horas de clase, en educación básica (primarias y secundarias), propician dos causales importantes de obesidad, la cultura de la sedentarización y la imposición del estrés que implica complejos estados de ansiedad. Es necesario, entonces, considerar que cada cierto tiempo, se practique una disciplina de activación física establecida por profesionales de la salud y clínica del deporte, con ello los educandos pueden desarrollar ejercicios de estiramiento, para romper el stress, de respiración profunda y practiquen movimientos en sus centros educativos. Es necesario considerar que las prácticas deportivas sean todos los días, sistemáticas e incluso cada ciertas horas. Es necesario educar para mostrar los daños de la alimentación nociva, educar a los padres de familia de los educandos, a las autoridades escolares para que puedan inhibir las condiciones generadoras de patologías.

El tema de sedentarismo y estrés tiene asociaciones y articulaciones. Juntos propician obesidad y situaciones negativas sobre todo si son constantes y cotidianas. Una de esas actividades que permanecen invisibles por ser parte de una cultura son las tareas escolares, que cargan con estos dos aspectos, sedentarismo y estress. Cualquier persona que conviva con escolares de alguna manera sabe que las tareas escolares son una situación difícil y diaria ya que es un tiempo sedentario en el que los educandos regresan a un estado sedentario a desarrollar un esfuerzo en el que habitualmente se invierten horas, se generan conflictos y angustias. Así nuestra propuesta se va encaminando a denunciar que las tareas escolares exigen, después de horas de permanecer sentados en la escuela y con muy poca activación física, mucha menos de la recomendada, más sedentarismo. Ante ello y después de hacer una revisión de estudios, no sólo nacionales, sino extranjeros, se llegó a la conclusión que las tareas escolares no tienen una conceptualización estandarizada, desarrollada administradamente bajo la tutela de especialistas pedagógicos y mucho menos tienen a consideración el ocupar un tiempo fijo, un tiempo que no dañe o lesione el desarrollo sano de las generaciones infantiles. De esta manera se observa mejor el tema: las tareas escolares no han pasado por un tamiz diagnóstico, especializado, diseñado pedagógicamente, administrado con criterios conjuntos de psicología, sociología, pedagogía, económicos y de salud. Nuestro interés estriba en que la tarea escolar debe acotarse a tiempos regulares, administrados según el grado escolar y el concepto pedagógico. Esto, de darse así, permitiría que los millones de alumnos mexicanos puedan concluir su tarea escolar en un tiempo razonable para que se dediquen a la activación física, al juego, a la disipación que es parte de los derechos de la infancia.

En muchas partes del mundo las asociaciones de padres han protestado por el incremento del tiempo que los menores tienen que dedicar en casa a las tareas escolares. Por ejemplo, así lo plantea un comunicado emitido recientemente por la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA). Se unen así a una tendencia creciente en otras partes del mundo. En Canadá unos padres llegaron a los tribunales para demostrar que no eran necesarios los trabajos de tarea escolar (y ganaron). Los progenitores franceses convocaron incluso una huelga por el mismo motivo. En España, otro ejemplo, la CEAPA ha esgrimido cinco argumentos contra las tareas académicas en casa que conviene reflexionar en el caso mexicano y reconocer lo que sucede en cada hogar mexicano:

• Representan en fracaso del sistema educativo, que dedica entre 5 y 7 horas diarias a las clases.

• Provocan desigualdades sociales, porque unos padres pueden ayudar a sus hijos en las tareas pagando profesores particulares, y otros no.

• Crean tensiones entre padres e hijos, ya que se embarcan diariamente en una rutina que merce la pena tomarse con más interés del que le dedicamos, dada la gran cantidad de tiempo esfuerzo, frustraciones, lloros, constancia, superación que los deberes generan en la vida de los pequeños estudiantes y sus familias.

• Constituyen un problema para los padres que no pueden salir antes de su trabajo.

Quita tiempo a otras actividades no académicas que también son educativas, como juegos, deportes, reuniones sociales, etc.

Por estos motivos, ¿se deben suprimir los deberes por ley? El consejo escolar de Navarra abordó esta espinosa cuestión en un informe realizado en 2011. El texto reconocía la opinión de varios especialistas, algunos de los cuales creían “que no servían para nada” y otros que sí les reconocían beneficios educativos importantes, como inculcar hábitos de trabajo, afianzar el autoaprendizaje o fomentar el esfuerzo personal.

“No por mucho sobrecargar de tareas, se madura más temprano”

El psicólogo educativo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid Valentín Martínez-Otero recuerda que los deberes deben cumplir una función pedagógica: “han de servir como complemento o refuerzo a lo visto en clase, pero sin abusar de ellos: no por mucho sobrecargar de tareas se madura más temprano o se aprende más”.

Las tareas escolares tienen su sentido si no impiden al alumno tener tiempo libre para jugar y relajarse “o para relacionarse con los demás”. Martínez-Otero recuerda que los deberes representan el momento donde se puede producir la comunicación entre el colegio y los padres: “hay que evitar dos errores: tan negativo es ignorar los deberes de los hijos como estar totalmente pendientes de ellos y amenazándoles si no los hacen. Estas actitudes perjudican la finalidad pedagó que tienen”

A veces, los deberes no son el verdadero problema, sino la falta de previsión del alumno o la de planificación por parte de los profesores. “Los padres deben asegurarse de que los niños tengan unas buenas condiciones ambientales para estudiar. Pero nunca deben hacer el trabajo escolar que corresponde a los niños”. Para ello es necesario que alguno de los padres esté en casa con sus hijos a la hora de los deberes: "poner un candado a la televisión no soluciona nada". Conviene que estén presentes para "conversar sobre las tareas de los hijos, acompañarles y orientarles". Racionalizar los horarios de trabajo es todavía una tarea pendiente, según este experto.

También las empresas son responsables indirectos en la educación de los niños

Los maestros reconocen que a veces hay sobrecarga. Desde la Asociación Nacional de Profesores (ANPE), recomiendan queno se supere la hora y media diaria de trabajo en casa para los niños de 8 a 11 años (variando las materias), y las dos horas para adolescentes que cursan secundaria. Inmaculada Suárez, defensora del profesor de ANPE, comparte la idea de que hay que evitar excesos en los deberes escolares. Aún así, es partidaria de mantenerlos “para despejar dudas y reforzar conocimientos” y, sobre todo, “para que el alumno adquiera disciplina y responsabilidad en el autoaprendizaje”.

Para ello, Suárez recordó la importancia de racionalizar los horarios de trabajo y de concienciar a las empresas de su papel indirecto en la educación de los niños: “no puede ser que haya padres a los que se descuente una hora de sueldo cuando tienen que acudir a una entrevista con el tutor de su hijo”. Para armonizar la vida familiar, opinan desde ANPE, hay que armonizar también la vida laboral.

Según el Observatorio de la Infancia belga, en el informe PISA “Los países que mandan menos deberes tienen los mejores resultados”, es así como en Bélgica se ha retado a probar “un mes sin deberes en casa”, pero ampliando la jornada escolar para que se puedan completar en la escuela. De esta forma, creen que los profesores tomarían conciencia del trabajo que ordenan hacer en casa y se pondría de relieve si, como sostienen el 65% de los padres, son excesivos. Un decreto de 2001 regula los deberes escolares prohibiéndolos hasta tercero de Primaria y estableciendo unos límites de hasta 20 minutos para tercero y cuarto y de 30 minutos para quinto y sexto. Sin embargo, un estudio reciente indica que la mayoría de los niños dedica una hora al menos a hacer tareas.

Javier Melgarejo, exdirector del colegio Claret de Barcelona y experto en el sistema educativo finlandés, señala que en este país nórdico, como en otros del norte de Europa, “se tiene la convicción de que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y en segundo lugar está la escuela”. Los padres disponen de horarios más compatibles con sus hijos y se implican en su educación, acompañando al niño en sus deberes, estimulando la lectura y complementando así el esfuerzo que se hace desde la escuela.

A los niños finlandeses de entre 7 y 12 años las tareas encargadas por el colegio les ocupan entre 15 y 30 minutos, pero es impensable que no las lleven hechas. La utilidad de los deberes ni se discute en el país nórdico. “Son necesarios”, defiende el psicólogo y pedagogo catalán, porque “no puede ser que lo único que se haga, se haga en la escuela”. Eso sí, “no se trata de poner un montón” señala de forma coloquial.

Los deberes han de estar adaptados a cada alumno y a cada edad y deben dejar tiempo libre a los niños para jugar o realizar otras actividades deportivas o de ocio. Así lo considera un grupo de profesores de la Escuela de Padres de la Fundación Proforpa, vinculada a la asociación católica de padres Concapa, que aconseja que los niños dediquen 15 minutos al día en los primeros cursos de primaria y una hora a partir de 4º de Primaria. Los deberes, a su juicio, “son una tarea imprescindible” para los alumnos porque les ayudan “a crear un hábito de trabajo, de orden y superación”.

Un estudio del Instituto de Reino Unido y las universidades de Oxford y Brikbeckva más allá y concluye que el número de horas que se dedican a hacer deberes está directamente relacionado con el resultado académico de los alumnos. El Gobierno británico aconseja que los niños de 7 a 11 años trabajen una hora y media todos los días y en el instituto el tiempo sea en torno a las dos horas y media diarias.

En Alemania, sin embargo, las críticas vienen por el exceso de carga académica en las espaldas escolares. La mayoría de los centros escolares imparten clases en turnos de mañana pero en los últimos años la Federación ha promovido la ampliación o creación de unas siete mil escuelas de jornada completa. Los alumnos tienen aproximadamente entre 30 y 40 unidades pedagógicas de 45 minutos por semana. Muchas escuelas del nivel secundario acostumbran a enseñar por periodos de 90 minutos. Los alumnos tienen por lo general 12 asignaturas obligatorias, las cuales consisten en dos o tres idiomas extranjeros (el primero se aprende durante 9 años y el segundo durante un mínimo de tres), Física, Biología, Química, Matemáticas, Música, Historia, Alemán, Geografía, Religión o Etica, Deportes y Estudios Sociales.

Un informe de Unicef ha dado la voz de alarma por el poco tiempo libre de que disponen los alumnos: en promedio, los niños y jóvenes utilizan 38,5 horas semanales en el colegio y haciendo los deberes, más tiempo que con la familia (18 horas), que viendo televisión (casi 14 horas) y o disfrutando de tiempo libre (15 horas). Es cada vez más común que los hijos alemanes trabajen más que los padres.

Esta falta de tiempo libre es uno de los argumentos esgrimidos por la principal asociación de padres de alumnos franceses en sus reivindicaciones contra los deberes en casa, muy extendidos pese a estar prohibidos en la escuela primaria (de 6 a 11 años) desde 1956. Para la Federación de Consejos de Padres de Alumnos, las tareas son una “subcontratación pedagógica” para las familias, una sobrecarga que genera conflictos entre padres e hijos, que además acentúa las desigualdades entre los niños que reciben apoyo en casa y los que no. La huelga impulsada por esta organización encontró sin embargo su respuesta en otra importante asociación de padres francesa, que salió en defensa de los deberes argumentando que con ellos se logra que los niños sean más autónomos.

Los deberes escolares también son objeto de discusión en Rusia. Se considera que son necesarios y útiles, siempre que no sean excesivos. Según un artículo publicado en el diario “KOMSOMOLSKAYAPRAVDA”, muchos padres creen que sus hijos están sobrecargados de tareas y se hace urgente una reforma que alivie tanta presión. Los niños rusos tienen de 20 a 25 horas lectivas. Empiezan el colegio a las 8:45 de la mañana y terminan hacia las 13:00 horas e invierten en hacer los deberes no menos de dos horas diarias. En secundaria las horas lectivas ascienden a 40 por semana y las tareas también se multiplican. Una madre citada por el diario ruso se quejaba de que su hija “necesita unas cuatro horas para hacer las tareas, lo que impide que mantenga la necesaria comunicación con sus padres”. No se encargan deberes en fin de semana.

En Italia, el Gobierno llegó a admitir la posibilidad de estudiar su supresión si existen otros estímulos. Sin embargo, ningún griego puede imaginarse el sistema educativo actual sin deberes. Los niños que cursan primaria en Grecia no necesitan más de una hora al día para hacer las tareas que les mandan del colegio, pero en secundaria los deberes aumentan y los alumnos suelen estudiar en casa una media de tres horas al día. La mayoría de los estudiantes acuden por la tarde a una academia o, si sus padres se lo pueden permitir, tienen clases particulares en casa en algún momento de su vida estudiantil. Asociaciones de padres han promovido más clases en colegios públicos, donde los niños pueden quedarse también una o dos horas más para hacer los deberes.

Jrisánthi Kartalis, directora del colegio privado Moraíti en Atenas ha destacado que en los estudios primarios los padres suelen enviar a sus hijos a las academias griegas llamadas “frontistíria” fundamentalmente para aprender mejor inglés una o dos tardes a la semana. Sin embargo en los últimos cursos de secundaria, especialmente antes de los durísimos exámenes de selectividad, es muy habitual el que los alumnos vayan por las tardes a clases de repaso en estas academias para las materias consideradas más difíciles.

Los deberes deben tener normas sobre la preparación, imposición y corrección de las que se destacan las siguientes:

Deber ser ejercicios prácticos del contenido de la clase. En ocasiones consisten en terminar los ejercicios de la clase y otras veces tareas nuevas.

Una duración aproximada podría ser ésta: en primaria, los deberes curriculares ocuparían de media hora diaria en los primeros cursos (6 años) a una hora en los últimos (11 años). En educación secundaria la duración oscilaría entre una hora y cuarto en primero (12 años) a dos horas en cuarto (15 años).

La cantidad de deberes debe ser supervisada por el tutor siempre que sean varios los profesores especialistas los que manden tareas para casa. Una de las críticas contra los deberes ha sido la irregularidad de los contenidos. Unos días se mandan pocos y otros se acumulan excesivamente provocando el agobio de alumnos y padres.

Hay que evitar la rutina y los ejercicios repetitivos poco significativos.

Es muy positivo el uso de la agenda escolar donde el alumno va anotando las tareas y los padres en casa pueden controlar y ayudar a los hijos.

Una condición necesaria es que esos deberes han de ser examinados y corregidos por el profesor o por los propios alumnos dirigidos por el profesor.

Los alumnos han de tener un tiempo diario para la lectura, los juegos y la convivencia con sus hermanos y padres.

Respecto a la legislación española cabe señalar el Estatuto de Centros Escolares aprobado por la Ley Orgánica 5/1980, de la Jefatura del Estado, de 19 de junio. En su artículo 13 señala que durante el período preescolar y los dos primeros cursos de escolaridad obligatoria, las tareas para realizar fuera de las horas de clase quedan totalmente suprimidas. A partir del curso tercero se podrán encomendar tareas en el hogar con un aumento progresivo según la edad de los escolares, procurando, no obstante, que en ningún caso se vean los niños precisados de emplear en dichas tareas el tiempo de que disponen para juegos, diversiones y convivencia en el seno del hogar, ni disminuir las horas de descanso.

Cabe también señalar la Resolución de la Dirección General de Ordenación Educativa de España, dando normas sobre la realización de trabajos escolares fuera de los centros de E.G.B., de 3 de octubre de 1973. (BOE 18-X-1973). Respecto al aspecto cuantitativo se dice que se graduarán cuidadosamente este tipo de actividades de tal forma que la intensidad sea directamente proporcional a las edades de los alumnos. Sobre el aspecto cualitativo se señala que además de los trabajos mecánicos repetitivos, también caben la consulta de libros, la búsqueda de información y las tareas de expresión y creatividad. En la mayoría de los centros educativos se mandan deberes a los alumnos y los padres suelen estar de acuerdo con esta práctica, siempre que se respete el descanso de fin de semana, especialmente del domingo.

Los deberes cumplen las funciones de adquisición de hábitos de estudio y de integración y fijación de los contenidos curriculares. El papel de los padres puede ser muy importante, aunque no es necesario que sepan trigonometría u otros contenidos. Su labor será interesarse por la vida escolar del hijo, comentar las tareas de la agenda escolar, ayudar a planificarlas y estimularle a la terminación.

Los deberes sirven sobre todo para inculcar un hábito de estudio en casa. Claro que mal planteados podrían tener el efecto contrario: que el niño pierda el interés por el estudio. También servirían para el aprendizaje del cumplimiento de la responsabilidad personal. El problema es que los deberes suelen ser más de lo mismo. Más repetición, más aprendizaje mecánico, y contenidos que no hacen más competente al niño, en una palabra.

Aunque el pero de los deberes es lo que no dejan hacer, el tiempo que consumen que hace que el niño no tenga tiempo para otras actividades, tanto educativas como de ocio, para poder "recargar las pilas".

Somos una cultura, una nación, un país que ha adoptado ideologías, culturas, visiones del mundo, técnicas, idioma, métodos, sistemas, ciencias, humanidades, formas educativas, de entretenimiento, alimentación de otras naciones. La intención de presentar ejemplos y razonamientos de otras naciones tiene el propósito de adoptar también, de principio, un debate público y especializado sobre las tareas escolares. De hecho hay procesos y tendencias pedagógicas que son adoptados de modelos educativos extranjeros, como es el enfoque de competencias que hoy rige nuestro modelo educativo. Justo es que, dado que hay que razonarlo y adecuarlo todo, las tareas escolares se sometan a una reflexión especializada.

Pongámonos es sintonía en lo que respecta al cambio paradigmático en materia de Derechos Humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la condición de las generaciones infantiles es alarmante por lo anteriormente descrito en los temas de obesidad, sedentarismo, estress. Hay muchos temas que abordar al respecto porque las soluciones son sistémicas y complejas. Esta propuesta se dirige a un aspecto, el tiempo de la infancia, la salud, la educación y el juego, que son derechos humanos de la infancia. Si México logra conceptualizar la tarea escolar, acotar el tiempo dedicado a ella, eso abundará en el respeto a sus derechos: una mejor educación y más tiempo de recreación, de activación física, menos estress y una aportación a una convivencia familiar menos conflictiva.

Por lo anteriormente expuesto considero necesario incorporar dentro de la Ley General de Educación que a partir del preescolar y hasta secundaria, se podrán encomendar tareas en el hogar con un aumento progresivo de tiempo según la edad de los educandos, procurando que en ningún caso se vean los niños impedidos de emplear en dichas tareas el tiempo necesario para la activación física, lectura libre, los juegos, la diversión y la convivencia en el seno de su núcleo familiar con sus padres y hermanos, ni mucho menos disminuir sus horas de descanso.

Las tareas deberán ocupar un máximo de media a una hora diaria en los niveles de preescolar y primaria, y de una a dos horas en nivel secundaria, donde deberán coordinarse los profesores para que las tareas no excedan del tiempo indicado.

La cantidad de tarea deberá ser, con una regularidad en sus contenidos, evitando asimetrías graves, que unos días se mande poca tarea y otros se acumule de manera excesiva.

Facultando a la Secretaria de Educación para que investigue, desarrolle y establezca el concepto pedagógico y contenido de las tareas escolares, ajustándose a los tiempos planteados con antelación.1

Es por ello que la iniciativa que hoy subo a esta tribuna tiene la finalidad de reformar los artículos 12 y 40 de la Ley General de Educación propuesta de reforma que se detalla a continuación en el siguiente cuadro comparativo:

LEY VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

LEY GENERAL DE EDUCACION

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones

siguientes:

I.- a V Bis.-

VI.- a XIV.- ...

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones

siguientes:

I.- a V Bis.-.-

V Ter.-Investigar, desarrollar y establecer el concepto pedagógico y los contenidos de las tareas escolares, ajustándose a los tiempos planteados en el artículo 40;

VI.- a XIV.- ...

Artículo 40.- ...

Artículo 40.- ...

A partir del preescolar y hasta secundaria, se podrán encomendar tareas en el hogar con un aumento progresivo según la edad de los educandos, procurando que en ningún caso se vean los niños impedidos de emplear en dichas tareas el tiempo necesario para la activación física, lectura libre, los juegos, la diversión, y la convivencia en el seno de su núcleo familiar con sus padres y hermanos, ni mucho menos disminuir sus horas de descanso.

Las tareas deberán ocupar un máximo de media a una hora diaria en los niveles de preescolar y primaria, y de una a dos horas en nivel secundaria, donde deberán coordinarse los profesores para que las tareas no excedan del tiempo indicado.

La cantidad de tarea deberá ser, con una regularidad en sus contenidos, evitando que unos días se mande poca tarea y otros se acumule de manera excesiva.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.-SE ADICIONA UNA FRACCION V TER AL ARTICULO 12 Y SE REFORMA EL ARTICULO 40 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, para quedar como sigue:

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I.- a V Bis.-.-

V Ter.- Investigar, desarrollar y establecer el concepto pedagógico y los contenidos de las tareas escolares, ajustándose a los tiempos planteados en el artículo 40;

VI.- a XIV.- ...

Artículo 40.- ...

A partir del preescolar y hasta secundaria, se podrán encomendar tareas en el hogar con un aumento progresivo según la edad de los educandos, procurando que en ningún caso se vean los niños impedidos de emplear en dichas tareas el tiempo necesario para la activación física, lectura libre, los juegos, la diversión, y la convivencia en el seno de su núcleo familiar con sus padres y hermanos, ni mucho menos disminuir sus horas de descanso.

Las tareas deberán ocupar un máximo de media a una hora diaria en los niveles de preescolar y primaria, y de una a dos horas en nivel secundaria, donde deberán coordinarse los profesores para que las tareas no excedan del tiempo indicado.

La cantidad de tarea deberá ser, con una regularidad en sus contenidos, evitando que unos días se mande poca tarea y otros se acumule de manera excesiva.

TRANSITORIO

PRIMERO.- Publíquese para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de abril de 2014.

Suscribe

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza”.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Insolvencia Familiar.

1Bibliografia consultada:

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2516029/los-deberes-escolares-a-debate#.Ttt1dbmNvtM73ti

http://noticias.lainformacion.com/educacion/razones-y-sinrazones-de-padres-que-estan-mas-hartos-de-los-deberes-escolares-que-sus-propios-hijos_SyZCEthBhYuq5hdGQqIlF4/

http://www.psicologoescolar.com/ARTICULOS/BREVES/los_deberes_o_tareas_escolares_para_casa.htm






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INSOLVENCIA FAMILIAR

(Presentada por la C. Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, a nombre propio y de diversos CC. Senadores, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Muchas gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

A nombre propio y de los Senadores Rocío Pineda Gochi, Mely Romero, Margarita Flores, Ivonne Liliana Alvarez, Lisbeth Hernández, Jesús Casillas Romero, Raúl Pozos, Ricardo Barroso, Alejandro Tello y Roberto Armando Albores Gleason, vengo a poner a su consideración la presente iniciativa, al tenor de las siguientes: consideraciones

El enero de 1999 se publicó una Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, siendo susceptible de modificaciones desde su publicación. Parte de los objetivos de esta ley, como su nombre lo indica, es proteger a los usuarios de servicios financieros ante posibles abusos en las operaciones que realizan con instituciones financieras, creando también la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para promover y difundir la educación y la transparencia financiera para que los usuarios tomen decisiones informadas sobre los beneficios, costos y riesgos de los productos y servicios ofertados en el sistema financiero mexicano; así como proteger sus intereses mediante la supervisión y regulación a las instituciones financieras y proporcionarles servicios que los asesoren y apoyen en la defensa de sus derechos.

Pero también habría que preguntarnos, ¿qué pasa cuando a pesar de todos estos esfuerzos por promover una cultura del ahorro y finanzas personales sanas, las cosas se siguen saliendo de control y por situaciones extraordinarias las finanzas familiares se ven afectadas?

Tenemos el caso de que cuando las empresas se ve afectada económicamente, se aplican las disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles, creada por el interés público de conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de sus obligaciones en sus pagos, ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una relación de negocios. Sin embargo, cuando se trata de personas físicas o una familia se enfrenta en situación de insolvencia, no existe hoy día una disposición que contemple un saneamiento de sus finanzas para ayudarlos a salir de esta situación con garantías tanto para la familia como para los acreedores.

Es precisamente esto lo que persigue esta propuesta de creación de una Ley de Insolvencia Familiar, como una ley de carácter social, que establece un procedimiento administrativo que permita a los usuarios de servicios financieros, que se encuentren en situación de insolvencia, celebrar un acuerdo con las instituciones financieras y cumplir así con sus obligaciones de pago sin poner en riesgo su patrimonio.

También se busca promover la recuperación de la economía familiar o personal, normalizar su situación financiera, y evitar cualquier situación de exclusión social o laboral persiguiendo el desarrollo de una cultura de acceso al crédito responsable, a través de la información y la educación financiera.

Sabemos que esta ley no es un objetivo fácil de cumplir, actualmente en países como Chile, Brasil, Perú y Argentina, se encuentran discutiendo reformas en la misma materia de insolvencia familiar, los debates giran en torno a si esta figura puede prestarse a abusos. Cada país, sin duda, le pondrá su sello a cada una de estas propuestas basadas en su realidad.

Esta Ley de Insolvencia Familiar que proponemos para México, desde nuestra visión, se propone aprovechando la estructura y facultades con que la CONDUSEF ya cuenta en distintos ordenamientos. Propone procedimientos administrativos de conciliación que permitan a las partes a través de una audiencia conciliatoria, conocer un dictamen técnico con un plan de saneamiento que buscará proponer acciones a seguir, y una vez hecho el diagnostico de la situación financiera del deudor para solventar las obligaciones contraídas y pendientes de cumplimiento con la institución financiera y comprenderá también la propuesta de medidas para el reestablecimiento de la economía personal y familiar del usuario afectado por el endeudamiento resultante de situaciones imprevistas, o que habiendo sido previstas no se pueden evitar, y que limitan o condicionan su capacidad de pago.

De aquí, compañeras y compañeros legisladores, que quienes suscribimos esta iniciativa, consideramos que estamos en un buen momento de que se ponga esta propuesta sobre la mesa, y que nuestro país forme parte, como ya dije, de todos los países que actualmente se encuentran trabajando en la conformación de mecanismos legales que apoyen a las familias que por causas como puede ser la pérdida de empleo, incapacidades laborales, ya sea temporales o permanentes, o por gastos generados por motivos de enfermedad, se vean en una situación en la que sus ingresos no son suficientes para cumplir con determinadas obligaciones económicas adquiridas.

Si queremos que nuestro país no llegue a situaciones problemáticas que actualmente se viven en otros países, tenemos que actuar ya, porque las cifras ahí están y año con año las carteras vencidas en créditos personales van en aumento, estamos hoy a tiempo de prevenir, antes de revertir, el apoyar a estas familias que ven amenazado el patrimonio que tanto les ha costado construir.

De aquí y por todas estas consideraciones que he presentado, es que solicito su apoyo y su respaldo, y ponemos a su consideración la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Insolvencia Familiar.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Las que suscriben senadoras, Angélica del Rosario Araujo Lara, Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Alvarez García,Lisbeth Hernández Lecona, Jesús Casillas Romero, Raúl Aarón Pozos Lanz, Ricardo Barroso Agramont y Roberto Armando Albores Gleason integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 73, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, fracción I, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INSOLVENCIA FAMILIAR, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Situación de la Cartera Vencida en México

Como reflejo de la insuficiencia de ingresos en las familias, la cartera vencida de los créditos personales se ha deteriorado 43 por ciento en el transcurso de un año.

Cifras a noviembre de 2013 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revelan que el saldo con más de tres meses de atraso en estos préstamos asciende a 9 mil 240 millones de pesos, cuando el mismo mes de 2012 era de 6 mil 463 millones.

La desaceleración económica en la que se vio inmerso el país en 2013 trajo como consecuencia que la población redujera su consumo, debido a la escasez o falta de ingresos.

Cuando una persona ve disminuidos sus ingresos, lo primero que deja de pagar son las deudas, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Esto explica, según las consideraciones de la Condusef, que en el transcurso de un año el saldo vencido de los créditos personales que otorga la banca comercial haya aumentado en 2 mil 777 millones de pesos.

BBVA Bancomer registró un incremento en saldo vencido de 14.7 por ciento, luego de que al cierre de 2013 tuvo mil 32 millones de pesos vencidos

De acuerdo con especialistas, cuando una cartera crece, el incremento del saldo vencido es natural; sin embargo, en el caso de los créditos personales, la cartera total ha crecido solo 14.7 por ciento, mientras que el segmento en impago lo hizo en 43 por ciento.

Para Alejandro García, director de instituciones financieras de la calificadora Fitch, lo importante para que una cartera de crédito crezca de forma sana es mantener estables los índices de morosidad.

Según el último reporte de la CNBV, el índice de morosidad cartera vencida entre cartera total tuvo un aumento de 1.42 puntos porcentuales, esto al avanzar de 5.72 hasta 7.14 por ciento.

El caso más llamativo es el de Banco Azteca, cuyos préstamos personales vencidos han reportado un aumento de 73 por ciento, esto al ser una institución especializada en otorgar créditos al consumo.

En el transcurso de un año su cartera vencida en este segmento pasó de mil 720 millones de pesos a 2 mil 228 millones, lo que provocó que su índice de morosidad aumentara de 5.89 a 9.19 por ciento.

De acuerdo con la Condusef, el auge que han mostrado los créditos personales en los últimos años obedece a la facilidad con la que se conceden; sin embargo, muchas veces este financiamiento es utilizado para pagar otras deudas.

Para obtener este tipo de préstamos solo hay que acudir a una sucursal bancaria, solicitar la cantidad requerida y cumplir con los requisitos de papeleo y comprobación, tales como constancia de ingresos, domicilio, historial crediticio y referencias.

Sin embargo, la sencillez del producto se refleja en el costo del crédito, dado que los usuarios se pueden encontrar con instituciones que le ofrecen un financiamiento con costo anual total hasta de 126 por ciento.

En este sentido, el organismo supervisor invitó al usuario de servicios financieros a ser cuidadoso acerca del monto a pagar cada mes, así como a comprobar la cantidad que se destina directamente para liquidar la deuda adquirida.

Otra institución bancaria con alzas importantes en el saldo de su cartera vencida de créditos personales es Banamex, cuyo aumento en un año fue de 25.7 por ciento, esto al aumentar de 947 millones a mil 190 millones de pesos.

Lo anterior tuvo como consecuencia que el índice de morosidad en este segmento del banco de origen estadounidense subiera 0.55 puntos porcentuales y aumentara de 3.19 a 3.74 por ciento.

En tanto, BBVA Bancomer registró un incremento en saldo vencido de 14.7 por ciento, luego de que al cierre de 2013 tuvo mil 32 millones de pesos vencidos, cifra mayor a los 823 millones de un año atrás.

Sin embargo, contrario a los casos de Banco Azteca y Banamex, la institución española no vio afectado su índice de morosidad, toda vez que éste se ha mantenido en 5.8 por ciento a lo largo de los últimos 12 meses.

En un año, el saldo reportado por la banca múltiple en créditos personales ha dado un salto de 123 mil 915 millones de pesos a 129 mil 450 millones, lo que significa que han crecido 14.7 por ciento.

Sin embargo, este crecimiento no ha sido del todo limpio, sino a costa de un deterioro importante de la cartera, el cual es de más de 40 por ciento.

La desaceleración económica fue un factor clave para los altos indicadores de cartera vencida, toda vez que a inicios de 2013 se esperaba un crecimiento del PIB de 3.5 por ciento, pero la realidad es que apenas lo hizo por arriba del 1 por ciento.

Productos y Servicios financieros con mayor nivel de morosidad

Por su parte, el Indice de Morosidad (IMOR)1 de la cartera total del sector financiero registró un incremento anual de 0.77 puntos porcentuales, al ubicarse en 3.39% en febrero de este año, de acuerdo a informes de la CNBV.

Los créditos a empresas registraron un Indice de Morosidad de 1.51 puntos porcentuales más en el último año, al ubicarse en 3.68% en febrero, derivado del impacto de los problemas financieros de las principales desarrolladoras de vivienda.

El segmento de tarjetas de crédito registró un Imor de 4.98%, un avance de 0.08 puntos porcentuales en el periodo; y los créditos personales presentaron un índice de morosidad de 7.62 por ciento, al avanzar 0.57 puntos porcentuales.

El porcentaje de créditos otorgados para la adquisición de bienes inmuebles que presentan un retraso se ubicó en 6.50% en febrero pasado, al registrar una avance anual de 3.25 puntos porcentuales.

La tasa de deterioro ajustada (TDA), que considera el monto castigado de las diferentes carteras, se ubicó al cierre de febrero en 6.09% para el total de la banca, al avanzar 2.70 puntos porcentuales en comparación con igual mes de 2013.

En el segmento de tarjetas de crédito, la tasa ajustada se deterioro ubicándose en 15.61%, 1.53 puntos porcentuales más respecto a febrero de 2013, y en créditos personales la TDA se ubicó en 16.19% al avanzar 1.63 puntos.

En los créditos automotrices, la TDA avanzó 0.57 puntos porcentuales y se ubicó en 3.97% a febrero de 2014, mientras que en el segmento de adquisición de bienes inmuebles creció 20.73 puntos porcentuales y se ubicó en 56.37 por ciento

Contexto internacional

De acuerdo con un comparativo internacional del Indice de Morosidad elaborado por el Banco Mundial, México es uno de los países que mostraron mejor desempeño para absorber la crisis subprime2.Además de que ha mejorado su posición relativa en los últimos cinco años frente al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Unión Europea y Estados Unidos.

En 2012 el IMOR del sistema bancario mexicano se ubicaba en 2.26 por ciento, contra el 3.10 por ciento promedio observado en los países que integran la OCDE, el 3.90 por ciento de Estados Unidos y el 9.85 por ciento promedio de la Unión Europea. Y para octubre de 2013 esta tasa de morosidad se elevó a un 3.39 por ciento, no obstante, que en septiembre reportó una ligera disminución de 0.02 puntos porcentual, al ubicarse en 3.41 por ciento.El deterioro 0.89 puntos porcentuales respecto al año previo se explica en gran medida por el incremento en el IMOR de la cartera comercial 2.57 por ciento en octubre y del 3.50 por ciento en la cartera de empresas, derivado principalmente del impacto de los problemas financieros de las principales desarrolladoras de vivienda.

Como podemos observar el nivel de morosidad registrado en la banca mexicana sigue siendo uno de los más bajos, comparado con muchos países más desarrollados. Sin embargo, ante el crecimiento que registra este índice se vuelve prioritario establecer mecanismos legislativos que coadyuven a sanear las finanzas de los morosos y al fomento de la educación financiera. Además de que los bancos deberán de revisar sus mecanismos de asignación de créditos.

Perspectivas de la mora en México

En un estudio realizado por la calificadora de riesgo Standard &Poor's (S&P) en 2013, se advirtió sobre posibles pérdidas crediticias de los bancos mexicanos por un deterioro de la cartera vencida y el incremento del índice de morosidad debido al auge de crédito al consumo. La firma indicó, que pese a las medidas de los bancos para contener los riesgos, "la cartera vencida promedio antes de la crisis fue de 5,7 %, mientras que el índice de 2011-2013 promedió 5 %.

Aunque los bancos han mantenido una adecuada rentabilidad y un nivel de mora manejable, en el primer semestre de ese año, el aumento de las provisiones para pérdidas crediticias revela cierto deterioro de las carteras vencidas.

Dicho estudio, refiere que aunque se puede pensar que la causa de este aumento son los recientes incumplimientos de las empresas constructoras de vivienda en México, en realidad el aumento de los préstamos al consumo está detrás de esta tendencia.

El crédito al consumo creció 24,2 % en 2011 y 22,3 % en 2012 gracias al impulso de los préstamos de nómina y con tarjeta de crédito. El rápido crecimiento reciente en los créditos de nómina, ha llegado junto con una creciente morosidad y castigo.

La calificadora explicó que los bancos confían en que pueden descontar sus créditos de nómina directamente de las cuentas, pero destacó que el deudor puede cambiar de institución bancaria, lo que obligará a los primeros a aplicar los mismos métodos de cobranza usados para créditos personales. Por este motivo, S&P recomienda a las bancos mexicanos proceder con cautela ante los créditos al consumo y no buscar altos objetivos de crecimiento, con el fin de conservar su calidad crediticia. Afirma que aunque "los activos improductivos y las pérdidas crediticias" se mantienen en niveles manejables y con reservas adecuadas, "altas tasas de crecimiento pueden llevar a moras y pérdidas crediticias más altas”.

La calificadora prevé que la cartera vencida continúe al alza, empujada por el aumento en el otorgamiento de préstamos. Por este motivo, señala que los bancos deberán afrontar el desafío de equilibrar el riesgo y el retorno mientras estabilizan las provisiones derivadas del crédito al consumo, con el fin de estabilizar el riesgo, generar suficiente capital, y conservar los índices de capitalización ajustados por riesgo, de no lograrse este objetivo, se pueden deteriorar las posiciones de riesgo y con ellas su calidad crediticia y solvencia.

La cultura financiera

Existe una discusión académica respecto del nivel de impacto efectivo que la educación financiera tiene en la capacidad práctica de las personas para incidir en sus finanzas personales. En múltiples estudios se ha buscado establecer la vinculación entre habilidades matemáticas, conocimiento y cultura financiera, y toma de decisiones efectivas, para planear la vida económica.

En una publicación del 2012 del National Bureau of EconomicResearch, en Estados Unidos, los investigadores Justine S. Hastings, Brigitte C. Madrian y William L. Skimmyhorn elaboraron una muy extensa recopilación de los estudios que tratan de determinar el impacto de esa relación.

Lo evidente es que la educación es indispensable pero no suficiente para que las personas asuman el control de los aspectos de su vida financiera, en los que efectivamente pueden incidir, tomando decisiones adecuadas y con resultados mayoritariamente favorables. Son necesarios otros factores que permiten que esa información se traduzca en acciones sostenidas en el tiempo.

Está, por un lado, la generación de hábitos prácticos. Por ejemplo, por mucha información sobre salud que una persona tenga, se requiere de conductas repetidas que se traduzcan en hábitos favorables. La formación de conductas financieras adecuadas tiene como principal obstáculo el que su recompensa no es inmediata y ello la vuelve débil frente a las conductas más negativas (como gastar sin precaución), cuya recompensa es inmediata y palpable.

La generación de hábitos se basa en la repetición de conductas y éstas son incluso ajenas a la información que tenemos. Para adquirir el hábito de fumar, no necesito tener información sobre el cigarro, simplemente requiero fumar con frecuencia por un cierto lapso de tiempo, aun cuando incluso la primera experiencia no sea placentera.

Ello lleva a un segundo elemento que se requiere para generar buenas conductas financieras: un esquema de incentivos. Ninguna conducta generará hábitos si no tiene implícitas recompensas por su realización. De ahí la importancia de que en la formación de buenos hábitos financieros se establezcan esquemas que premien la conducta en el corto plazo, para que se haga sostenible la acción.

En México, producir un movimiento de gran alcance en favor de la educación financiera es una tarea urgente y necesaria por varias razones. En primer lugar, porque hay grandes lagunas en los conocimientos financieros de la gente. Esto tiene una serie de consecuencias adversas para las personas, como el endeudamiento excesivo, la falta de ahorro para el futuro, el uso improductivo de las remesas y la poca claridad sobre los beneficios que ofrece la inversión en actividades productivas, la adquisición de activos, o la educación de los hijos.

En segundo lugar, la falta de información, aunada a la escasa penetración del sistema financiero, fomentan el uso de servicios financieros informales, con frecuencia desventajosos y a costos elevados. Por último, el número y la complejidad de los productos financieros han aumentado notablemente en años recientes, lo que dificulta que las personas tomen decisiones informadas que sirvan a sus propósitos.

Los beneficios que ofrece la educación financiera son considerables, tanto para la economía de cada individuo como para la economía nacional. En el plano individual, la educación financiera contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas, ya que proporciona herramientas para la toma de decisiones relativas a la planeación para el futuro y a la administración de los recursos, así como información pertinente y clara que da lugar a un mayor y mejor uso de los productos y servicios financieros. Así, los usuarios con mayores niveles de educación financiera tienden a ahorrar más, lo que normalmente se traduce en mayores niveles de inversión y crecimiento de la economía en su conjunto.

Adicionalmente, la educación financiera, más allá de contribuir a mejorar el desempeño de las instituciones debido a una clientela más responsable e informada, puede generar un intercambio de información de mayor calidad entre las instituciones financieras y sus clientes. Gracias a la educación financiera los usuarios demandan servicios adecuados a sus necesidades y los intermediarios financieros tienen un mejor conocimiento de las necesidades de los usuarios, lo que da lugar a una mayor oferta de productos y servicios financieros novedosos, aumentando la competitividad e innovación en el sistema financiero.

En los últimos años, los países más avanzados han sido testigos de un acelerado proceso de desarrollo de sus sistemas financieros que ha derivado en la creación de multitud de productos y servicios que, en ocasiones, resultan de difícil comprensión para los usuarios finales. Por ello, distintos organismos han lanzado iniciativas en aras de promover la educación financiera. En particular, la OCDE recomendó a los países miembros, ya en 2005, promover la educación y el conocimiento financieros y, a este respecto, que los gobiernos y las instituciones públicas y privadas relevantes tengan debidamente en cuenta e implementen los principios y buenas prácticas para la educación y el conocimiento financieros.

En septiembre de 2013, el Banco de México dio a conocer su reporte sobre el Sistema Financiero, en el cual se informa que uno de los riesgos más importantes de origen interno para el sistema financiero mexicano es que se profundice la desaceleración de la actividad económica nacional observada durante el primer semestre del año y que, como consecuencia de ello, aumenten los índices de morosidad de la cartera crediticia de los bancos. En prospectiva, persisten elementos de origen externo e interno que pudieran conducir a un deterioro adicional del desempeño económico. No obstante, es de esperarse que la normalización del ritmo del gasto público y la expectativa de los primeros efectos de las reformas estructurales mitiguen estos riesgos.

De igual manera, en el documento arriba mencionado, se recomienda: No obstante, mantener la estabilidad económica y financiera de un país es una tarea permanente. Por ello, ante el complejo entorno internacional es fundamental perseverar en el mantenimiento de la disciplina fiscal y monetaria, continuar reforzando la regulación financiera y conservar una supervisión financiera estricta y eficaz.

De todo lo anterior, estos son los hechos que tomamos en consideración como base de nuestra propuesta:

• La penetración de la banca en los hogares mexicanos ha ocasionado que cada vez se utilicen más los créditos al consumo.

• La cartera vencida en México en cuanto a créditos personales va en aumento.

• Se debe reforzar la regulación financiera revisando las condiciones en las que los bancos proporcionan los préstamos.

• Se debe promover a fondo la cultura financiera entre los mexicanos para que puedan acceder a los productos financieros a su alcance de manera responsable.

La Propuesta

El 18 de enero de 1999 se publicó una nueva ley de Protección y Defensa al usuario de servicios financieros, siendo susceptible de diez modificaciones desde su publicación. Parte de los objetivos de este ley, como su denominación lo indica, es el de proteger a los usuarios de servicios financieros, todo esto ante posibles abusos en las operaciones que realizan con las instituciones financieras, creando también la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para promover y difundir la educación y la transparencia financiera para que estos tomen decisiones informadas sobre los beneficios, costos y riesgos de los productos y servicios ofertados en el sistema financiero mexicano; así como proteger sus intereses mediante la supervisión y regulación a las instituciones financieras y proporcionarles servicios que los asesoren y apoyen en la defensa de sus derechos.

Pero, ¿qué pasa cuando a pesar de todos los esfuerzos por promover una cultura de ahorro y finanzas personales sanas, las cosas se salen de control y por situaciones extraordinarias las finanzas familiares se ven afectadas?.

Cuando una empresa se ve afectada económicamente, se aplican las disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles, creada por el interés público de conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una relación de negocios. Sin embargo, cuando una persona física o una familia se encuentra en situación de insolvencia, no hay una sola disposición que contemple un saneamiento de sus finanzas para ayudarlos a salir de esta situación con garantías tanto para la familia como para los acreedores.

Es precisamente esto lo que persigue la propuesta de creación de una Ley de Insolvencia Familiar, como una ley de carácter social, que establezca un procedimiento administrativo que permita a los usuarios de servicios financieros que se encuentren en situación de insolvencia, celebrar un acuerdo con las instituciones financieras y cumplir así con sus obligaciones de pago sin poner en riesgo su patrimonio.

También, se busca promover la recuperación de la economía familiar o personal, normalizar su situación financiera, y evitar cualquier situación de exclusión social o laboral persiguiendo el desarrollo de una cultura de acceso al crédito responsable, a través de la información y la educación financiera.

Sabemos que no se trata de un objetivo fácil de cumplir, que incluso en países como Chile, Brasil, Perú y Argentina donde actualmente se encuentran discutiendo reformas en materia de insolvencia familiar, los debates han girado en torno a si esta figura puede prestarse a abusos. Cada país le ha puesto su sello a cada propuesta basados en su propia realidad.

La iniciativa que hoy ponemos a su consideración, se basa en la Ley Modelo de Insolvencia Familiar para América Latina y el Caribe que Consumers International hiciera del conocimiento público en 2011 como un recurso para el desarrollo de leyes nacionales, adaptada en cada país.

La Ley de Insolvencia Familiar para México, desde nuestra visión, se propone aprovechando la estructura y facultades con que la CONDUSEF ya cuenta en distintos ordenamientos. Propone un procedimiento administrativo de conciliación que permita a las partes a través de una audiencia conciliatoria conocer un dictamen técnico con un plan de saneamiento que buscará proponer accciones a seguir, una vez hecho el diagnostico de la situación financiera del deudor, para solventar las obligaciones contraidas y pendientes de cumplimiento con la institución financiera y comprenderá también la propuesta de medidas para el reestablecimiento de la economía personal y familiar del usuario afectado por el endeudamiento resultante de situaciones imprevistas, o que habiendo sido previstas no han podido evitarse, y que limitan o condicionan su capacidad de pago.

Quienes susribimos la presente iniciativa, consideramos que ya es tiempo de que se ponga la propuesta sobre la mesa, y México forme parte de los países que actualmente se encuentran trabajando en la conformación de mecanismos legales que apoyen a las familias que por causas como la pérdida de empleo, incapacidades laborales temporales o permanentes o por gastos generados por una enfermedad, se vean en una situación en la que sus ingresos no son suficientes para cumplir con determinadas obligaciones económicas adquiridas.

Si queremos que nuestro país no llegue a la situación problemática que actualmente viven muchos países, tenemos que actuar ya, porque año con año las cifras de cartera vencida en créditos personales van en aumento, estamos a tiempo de prevenir antes de tener que revertir y de apoyar a esas familias que ven amenzado el patrimonio que tanto les ha costado adquirir.

Es por todas las consideraciones antes vertidas, que ponemos a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico: Se expide la Ley de Insolvencia Familiar, para quedar como sigue:

LEY DE INSOLVENCIA FAMILIAR

TITULO PRIMERO

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Esta Ley es de orden público, de interés socialy de observancia en toda la República, de conformidad con los términos y condiciones que la misma establece. Tiene por objeto establecer un procedimiento administrativo que permita a los usuarios de servicios financieros que se encuentren en situación de insolvencia, celebrar un acuerdo de pago con las instituciones financieras debidamente autorizadas de conformidad con los ordenamientos correspondientes, y cumplir así con sus obligaciones pecuniarias pendientes de naturaleza no comercial.

Asimismo, busca promover la recuperación de la economía familiar o personal, normalizar su situación financiera, y evitar cualquier situación de exclusión social o laboral persiguiendo el desarrollo de una cultura de acceso al crédito responsable, a través de la información y la educación financiera.

Artículo 2.- Quedan comprendidas en la presente ley los usuarios de servicios financieros que habiten en el territorio nacional, y las entidades financieras debidamente autorizadas que desarrollen su actividad dentro del mismo territorio.

Artículo 3.- Quedan comprendidos en el procedimiento establecido en la presente ley todos los créditos otorgados por las entidades financieras que se hayan originado por causa o título anterior a la solicitud.

Artículo 4.- Esta ley tiene por principios los de la buena fe, simplicidad, transparencia y gratuidad. Los trámites del procedimiento que la misma establece serán regidos por los principios de celeridad, economía, sencillez y oralidad.

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:

Usuario: Persona física, usuario de servicios financieros, que por encontrarse en situación de insolvencia, no puede hacer frente a alguna obligación de pago contraída con una Institución Financiera como resultado de la operación o servicio prestado por esta y que aplicó dicho crédito, préstamo o financiamiento a un fin no comercial.

Insolvencia: es la situación en la que se encuentra el usuario o su familia cuando ha contraído deudas que superan su capacidad de pago.

Institución financiera: Instituciones de crédito e instituciones de información crediticia.

Comisión Nacional: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Plan de saneamiento económico: Propuesta de acciones a seguir, una vez hecho el diagnostico de la situación financiera del usuario, para solventar las obligaciones contraídas y pendientes de cumplimiento con la institución financiera. Comprende también la propuesta de medidas para el reestablecimiento de la economía personal y familiar del usuario afectado por el endeudamiento resultante de situaciones imprevistas, o que habiendo sido previstas no han podido evitarse, y que limitan o condicionan su capacidad de pago.

CAPITULO SEGUNDO

CAUSALES DE INSOLVENCIA

Artículo 6.- Toda persona usuario de servicios financieros podrá acudir al procedimiento de conciliación estipulado en la presente ley, siempre que su situación patrimonial sea de insolvencia y la misma fuere producto de alguna de las causas siguientes:

I. Pérdida de empleo por despido injustificado;

II. Incapacidad temporal o permanente;

III. Enfermedad grave o crónica que implique un gasto tal en tratamientos y/o medicamentos que lo ponga en situación de insolvencia;

IV. Fallecimiento de uno de los cónyuges o concubino cuando se trate de dependiente económico.

TITULO SEGUNDO

CAPITULO PRIMERO

DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

Artículo 7.- La Comisión Nacional será la autoridad encargada del procedimiento de conciliación previsto en la presente Ley. Para estos efectos, ejercerá el control, vigilancia y administración del procedimiento, en el cumplimiento de esta ley, y de las facultades previstas en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Artículo 8.- Para los efectos de esta ley, la Comisión Nacional contará con las siguientes atribuciones:

I. Garantizar a las personas usuarios de servicios financieros que se encuentren en situación de sobreendeudamiento, un procedimiento simple, breve, confidencial y gratuito.

II. Elaborar los planes de saneamiento económico para cada caso.

III. Conformar y administrar un Registro de Conciliadores.

IV. Autorizar a las personas usuarios de servicios financieros que se acojan al procedimiento establecido por esta ley la adquisición de nuevos préstamos y créditos en situaciones extraordinarias y atendiendo a las particularidades de cada caso.

V. Crear y diseñar programas de educación y cultura financiera; que incluyan campañas en los diferentes medios de comunicación.

VI. Las demás facultades que le confieran otros ordenamientos.

CAPITULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

Artículo 9.- Para el inicio del procedimiento a que se refiere este capítulo, la persona insolvente deberá presentar ante la Comisión Nacional escrito debidamente firmado, con la solicitud de inicio del procedimiento de conciliación. Dicho escrito deberá contener:

I. Los motivos de su solicitud, incluido el monto que se adeude;

II. Domicilio para recibir notificaciones;

III. Descripción clara y precisa de sus ingresos, patrimonio y gastos mensuales personales y de su familia, en su caso;

IV. Señalar el mínimo económico necesario para su subsistencia y de su familia, en su caso;

V. Señalar los créditos contraídos y otros elementos necesarios y pertinentes que den certeza de su situación económico-financiera;

VI. Entidad o Entidades Financieras con las que tiene el adeudo, estableciendo los montos adeudados a cada uno, respectivamente;

VII. Presentar la documentación que respalde la información proporcionada;

Artículo 10.- La Comisión Nacional podrá rechazar de oficio las solicitudes que sean notoriamente improcedentes.

Artículo 11.- La solicitud solo podrá ser presentada cuando no se encuentre en curso algún procedimiento judicial.

Artículo 12.- La Comisión Nacional correrá traslado a la Institución Financiera acerca de la solicitud presentada, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la misma, anexando todos los elementos que el usuario hubiera aportado, para que presente los documentos que considere pertinente, asimismo señalará la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, con apercibimiento de sanción pecuniaria en caso de no asistir.

La solicitud se hará del conocimiento de la Institución Financiera para que ésta manifieste lo que a su derecho convenga y aporte los elementos que estime convenientes en un plazo que no excederá de diez días hábiles.

Si la Institución Financiera no hace manifestación alguna dentro de dicho plazo, la Comisión emitirá su dictamen técnico con los elementos que posea.

Artículo 13.- Una vez recibida la solicitud que da inicio al procedimiento de conciliación, la misma será estudiada para determinar la suficiencia de la información proporcionada.

La Comisión Nacional podrá en todo momento solicitar tanto al usuario como a la Institución Financiera información, documentación y todos los elementos de convicción que considere pertinentes, siempre y cuando estén directamente relacionados con la solicitud presentada.

Artículo 14.- Previo a la audiencia de conciliación, la Comisión Nacional evaluará el caso, a efecto de lograr una adecuada apreciación de la situación económica y financiera del solicitante. Durante el plazo de evaluación, las partes podrán presentar los elementos probatorios que estimen pertinentes o que sean solicitados por la Comisión Nacional; quien deberá resolver la procedencia de la petición o el archivo de la misma, decisión que notificará a las partes mediante escrito debidamente fundado y motivado.

Artículo 15.- El objeto de la evaluación a que se refiere el artículo 14 de esta ley, es el de emitir un dictamen técnico que deberá contener un plan de saneamiento económico que será presentado a las partes en la audiencia de conciliación.

Artículo 16.- El plan de saneamiento económico tendrá los siguientes objetivos con respecto al usuario:

I. Recuperar su economía familiar;

II. Restablecer su situación financiera;

III. Garantizar su subsistencia y de las personas que dependan económicamente de ella a través de un monto que se determinará con base en los ingresos familiares declarados en su solicitud.

Artículo 17.- En el Plan de saneamiento económico se propondrá la forma y tiempos en que se substanciará la deuda. Podrá proponerse también a la entidad financiera la condonación de la totalidad o parte de los intereses derivados de la misma.

El Plan de saneamiento económico no podrá contemplar la liquidación del patrimonio familiar.

Artículo 18.- Iniciado el procedimiento de conciliación, el solicitante no podrá asumir nuevos préstamos u obligarse con cualquier tipo de carga que afecte su patrimonio, bajo apercibimiento de ordenarse el inmediato archivo del expediente, salvo que exista autorización previa de la Comisión Nacional, la que será concedida sólo si el solicitante logra justificar su proceder de forma suficiente y válida ante ella.

Artículo 19.- El buró de crédito deberá suspender el acceso y el intercambio de la información personal y crediticia del usuario de forma inmediata al momento de recibir la notificación correspondiente por parte de la Comisión Nacional.

Artículo 20.- La Audiencia de Conciliación se desahogará conforme a lo siguiente:

I.La Comisión Nacional citará a las partes a una audiencia de conciliación que se realizará dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se reciba la solicitud. La Comisión Nacional podrá suspender justificadamente y por una sola ocasión, la audiencia de conciliación. En este caso, la Comisión Nacional señalará día y hora para su reanudación, la cual deberá llevarse a cabo dentro de los diez días hábiles siguientes.

II. En caso de que la Institución Financiera no asista a la junta de conciliación se le impondrá sanción pecuniaria y se emplazará a una segunda audiencia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a diez días hábiles; en caso de no asistir a ésta se le impondrá una nueva sanción pecuniaria.

En caso de que el usuario no asista sin causa justificada, se procederá al archivo de la solicitud del procedimiento de conciliación.

III. La audiencia se celebrará con las partes que concurran a la misma, y en ella se debatirá el contenido del dictamen técnico. Las partes podrán realizar durante la audiencia las aclaraciones y observaciones que consideren necesarias y proponer soluciones alternas. El conciliador tratará de acercar posiciones, siempre asegurando la consecución de los objetivos preceptuados del plan de saneamiento económico elaborado, y asegurando siempre el mínimo de subsistencia necesario para el usuario y su familia.

IV.En caso de que las partes lleguen a un acuerdo para la reestructuración y pago de la deuda, el mismo se hará constar en el acta circunstanciada que al efecto se levante. En todo momento, la Comisión Nacional deberá explicar a las partes los efectos y alcances de dicho acuerdo; si después de escuchar la explicación, las partes deciden aceptar el acuerdo, éste se firmará por ambas partes y por el conciliador. El convenio firmado por las partes tiene fuerza de cosa juzgada y trae aparejada ejecución;

V.Concluida la audiencia de conciliación y en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo se levantará el acta respectiva, quedando a salvo su derecho de acudir ante las instancias legales pertinentes.

Artículo 21.- En caso de incumplimiento del convenio por parte del usuario, se cancelará el mismo y no podrá ser objeto de nueva solicitud.

Artículo 22.- En caso de incumplimiento del convenio por parte de la Institución Financiera, esta se hará acreedora a sanción pecuniaria de acuerdo a la gravedad del incumplimiento, pudiendose incluso declarar la cancelación del adeudo.

Artículo 23.- La Comisión Nacional entregará a las partes que así lo soliciten, copia certificada del dictamen técnico.

Artículo 24.- El procedimiento de conciliación previsto en este capítulo, solo podrá ser solicitado una vez cada dos años.

CAPITULO TERCERO

DE LA EDUCACION Y CULTURA FINANCIERA

Artículo 25.- La Comisión Nacional, en base al dictamen técnico a que se refiere el artículo 16 de esta ley, podrá inscribir al usuario a alguno de los diferentes programas de educación y cultura financiera que ejerza.

Artículo 26.- La Comisión Nacional, establecerá programas de educación financiera para aquellos usuarios de servicios financieros que, voluntariamente, quieran capacitarse en el uso responsable y eficiente de los instrumentos de crédito y ahorro.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO: El registro a que se refiere la fracción III del artículo 8, podrá estar conformado por los conciliadores con que actualmente cuenta la Comisión Nacional, siempre y cuando los mismos sean capacitados en el objeto de esta ley.

TERCERO: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público proveerá los recursos humanos y económicos necesarios para la operatividad de la presente ley.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 29 de abril de 2014.

Atentamente

Sen. Angélica Araujo Lara.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Ivonne Alvarez García.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Jesús Casillas Romero”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Araujo Lara. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Senadora Angélica Araujo, acepta que los Senadores Eviel Pérez, Adán López y Zoé Robledo, el de la voz, igualmente Rabindranath Salazar Solorio, nos sumemos a su iniciativa?

Solicito a la Secretaría tome nota de ello.

Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de denuncia popular.

1El IMOR es la cartera de crédito vencida como proporción de la cartera total, y es uno de los indicadores más utilizados como medida de riesgo de una cartera crediticia.

2Crisis Subprime es la denominación de la crisis financiera que tuvo su inicio en septiembre de 2008.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, EN MATERIA DE DENUNCIA POPULAR

(Presentada por el C. Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a esta tribuna parlamentaria para presentar una iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Social, sobre un tema que no sólo es de mayor trascendencia para el desarrollo de una sociedad más participativa y democrática, sino que hoy constituye una exigencia nacional e internacional del nuevo perfil de administraciones públicas transparentes, eficientes, eficaces y de calidad.

La sociedad demanda hoy regular e implementar instrumentos que amplíen la influencia de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas como complementos que fortalezcan la democracia en los sistemas representativos.

Es el caso de los mecanismos de democracia semidirecta donde la población participa de las decisiones del gobierno de manera independiente, proponiendo o vigilando el adecuado desempeño de la gobernanza.

La presente iniciativa asume que México requiere emprender cambios radicales para arribar a un estadio superior de la democracia, y al mismo tiempo cerrar el paso a cualquier intento de corrupción que desvirtúe la importante función de ejercer del gobierno.

Ha llegado la hora de construir el andamiaje jurídico que cimiente la transición hacia una nueva relación entre Estado y ciudadanos; entre gobernantes y gobernados; una transición que vaya más allá de la reconfiguración de las reglas para la competencia y el acceso al poder público.

Se trata de una nueva relación que garantice el ejercicio pleno de los derechos de todos, desde la óptica de la democracia participativa, donde el ciudadano se convierte en el contralor de la acción gubernamental, en el termómetro de la función pública, en el observador social de los resultados de la superestructura y en el juez que evalúa, no solo las formas, sino los fondos de la política social aplicado con mayor responsabilidad y ética política.

Ha llegado la hora de reconocimiento y la regulación del derecho ciudadano a la construcción de una democracia abierta, de un sistema político participativo y de un gobierno incluyente, donde sea la sociedad y no exclusivamente el gobierno, el titular legítimo del derecho al control de la fiscalización social a través de la contraloría social y la denuncia popular como mecanismo para garantizar la transparencia, rendición de cuentas, ética en el servicio público y máxima eficiencia en el desempeño de la función y ejercicio de los recursos públicos.

Nos hemos propuesto dotar a la sociedad de los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para hacer de la denuncia popular un mecanismo cotidiano sencillo, obligatorio, necesario y justo a través del cual los ciudadanos señalen y condenen cualquier acto indebido, ilegal, y por consiguiente, injusto en las acciones del gobierno que deben tener por objetivo servir, y no servirse de los recursos públicos.

Hasta hoy la sociedad ha permanecido pasiva frente a este tipo de situaciones deshonestas, no por falta de actos de corrupción, seguramente, sino por falta de mecanismos que promuevan, fomenten y faciliten la denuncia de los servidores públicos con actitudes deshonestas; por eso es que en esta iniciativa reflejamos la preocupación de muchos sectores de la sociedad por impulsar y fortalecer una cultura de la denuncia a través de la participación ciudadana con el fin de modificar y, en cierto sentido, mejorar la calidad de las políticas sociales y sus resultados; siempre hemos sostenido que el mejor gobierno es aquel que menos actos de corrupción realiza, pero también aquel que utiliza modelos participativos para convertir al ciudadano en el principal vigilante, contralor o fiscalizador de la acción pública, bajo una premisa de cero tolerancia a la corrupción y a la ilegalidad.

Cada vez es mayor el clamor ciudadano por poner un alto al abuso que muchos funcionarios realizan bajo el amparo de los programas sociales y el uso desviado que se les ha dado para promover el clienterismo electoral, consolidar la acción corporativa y política de ciertas organizaciones, obtener todo tipo de favores al margen de la ley y acceder a un enriquecimiento ilícito.

Los programas de desarrollo social no pueden ni deben seguir siendo la caja chica de ningún gobierno, es inmoral e indebido que hoy existan dependencias que, aprovechándose de la necesidad social, sigan lucrando con la pobreza y continúen posponiendo el verdadero desarrollo comunitario integral.

Debe ser la sociedad quien detecte de primera mano y denuncie, sin restricción alguna, cualquier acto que no se apegue a los principios de legalidad, honradez, transparencia, lealtad institucional, imparcialidad y eficiencia, así como al respeto a los derechos humanos, y debe ser el ciudadano, de alguna manera, el actor legítimo de la denuncia el principal interesado en que se sancione a las autoridades responsables de dichas acciones.

Actualmente la denuncia popular se encuentra regulada por la Ley General de Desarrollo Social, no obstante su regulación es bastante desafortunada, ya que se limita exclusivamente a establecer que podrá ser ejercida por cualquier persona bastándo que se presente por escrito y limitándose a establecer los requisitos que debe contener.

Por tal motivo, la iniciativa de mérito propone ampliar los medios para presentar la denuncia popular, a fin de que se haga por vía telefónica a través de un número gratuito, por correo con porte pagado, por medios electrónicos o por escrito, sin necesidad de ratificarla para la cual se deberá de publicar en Internet el formato en idioma español y diferentes lenguas indígenas a fin de hacer asequible la presentación de la denuncia popular.

Hemos propuesto, además, que cuando la presentación de la denuncia popular se efectúe en forma escrita u oral podrá hacerse ante el órgano de control interno de la secretaría o ante el servidor público designado para tal efecto en las delegaciones federales, con la finalidad de reducir tiempos y simplificar procedimientos a favor del denunciante.

La presente iniciativa establece la posibilidad de otorgar a la autoridad la facultad de iniciar la investigación administrativa de oficio cuando se trate de hechos que generen impacto social, y que se conozca de manera pública bien por los medios de comunicación o por algún comunicado o exhorto.

No se puede pasar por alto que otra causa que inhibe la presentación de las denuncias populares es el temor de sufrir algún perjuicio o de que se tomen actos de revanchismo en contra de quien denuncia por parte de los servidores públicos responsables.

En tal sentido, la iniciativa prevé la posibilidad de guardar secreto al respecto de la identidad por razones de seguridad del interés particular.

Finalmente, hemos propuesto establecer un procedimiento administrativo que se rija conforme a los principios de inmediatez, concentración y continuidad aplicando el principio de suplencia de la eficiencia de la queja a favor de los promoventes, impulsando un proceso ágil, accesible a cualquier persona que respete los derechos del debido proceso del servidor público y que se resuelva a la brevedad posible.

Se trata, en pocas palabras, de una iniciativa que considera la denuncia popular desde una óptica de derechos a favor del ciudadano, de un imperativo que establece una condición de supervivencia, de un instrumento de participación social que eleva la dignidad del hombre y empodera al ciudadano sometiendo al Estado un marco de estricta rectitud en todas las acciones y recursos destinados al desarrollo social y de un acto de justicia que coloca al ciudadano en un plano de igualdad frente a los responsables de la política social en aras de alcanzar un desarrollo social equitativo y corresponsable.

Confiamos en que este noble instrumento de participación ciudadana se convierta en un futuro en el arma social más poderosa para alcanzar la transparencia absoluta y la plena legalidad de quienes tienen obligación de cuidar, custodiar y proteger los derechos y recursos de la sociedad.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito, RAUL MORON OROZCO, Senador de la República a la LXII Legislatura del Congreso de Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, SE REFORMAN LOS ARTICULOS 67, 68 EN SU PRIMER PARRAFO Y EN SUS FRACCIONES DE LA I A LA V, Y SE ADICIONAN UN SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 67, UN SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO PARRAFOS AL ARTICULO 68 Y EL ARTICULO 68 BIS, DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, de acuerdo con lo dispuesto en el siguiente,

Exposición de motivos

Tanto en el contexto internacional, como nacional, se ha demostrado ampliamente que la cultura de la denuncia a través de la participación ciudadana, modifica y en cierto sentido, mejora, la calidad de las políticas públicas y sus resultados.

Según el Banco Mundialno utilizar modelos participativos, donde el ciudadano se convierta en el principal vigilante, contralor o fiscalizador de la acción pública, repercute no sólo en costos de oportunidad, sino también en costos directos que atentan contra el cumplimiento de las metas de los programas y políticas sociales, por tal motivo, son cada vez más el número de organismos y organizaciones que consideran fundamental generar las condiciones legales y administrativas para que pueda ejercerse el derecho de la denuncia popular.

La participación ciudadana a través de la denuncia popular permite no sólo mejorar el control sobre el destino de los recursos otorgados a través de los programas de desarrollo social, sino que también, coadyuva a generar confianza en los diferentes programas y acciones que se llevan a cabo en esta materia.

En la implementación de programas y dotación de recursos, la comunidad es la fuente más precisa de detección de eficiencia e incidencias en las acciones implementadas, es la sociedad quien detecta de primera mano si existe por parte de algún servidor público, actos que no se apegan a los principios de legalidad, honradez, transparencia, lealtad, imparcialidad y eficiencia, así como al respeto a los derechos humanos, y es de alguna manera, el actor legítimo de la denuncia, el principal interesado en que se sancione a las autoridades responsables de dichas acciones.

La comunidad tiene un papel insustituible en el control y monitoreo de la implementación de políticas públicas, programas y acciones específicos, evitando la corrupción y obligando a la autoridad a cumplir con las funciones que le competen, obliga a que se transparenten los procesos y sus resultados. Es al mismo tiempo, el juez más adecuado para la evaluación sobre los efectos de las políticas y programas sociales.

No obstante lo anterior nos encontramos ante la dificultad conceptual de considerar la denuncia popular desde una óptica de derechos, es decir, no se han generado las condiciones legales y administrativas que garanticen el acceso efectivo, a denunciar las inconsistencias e incidencias del servidor público, detectadas bien por los beneficiarios o por cualquier persona de la sociedad.

Es un hecho innegable que muchos de los actos de corrupción, manipulación y clientelismo suscitados en los programas sociales, como Oportunidades, Vivir Mejor, Fonhapo y otros, que en el pasado han sido objeto de fuertes críticas a funcionarios federales, gobernadores y empleados de la administración pública federal, han quedado impunes, por la falta de mecanismos legales que promuevan, faciliten y simplifiquen el procedimiento de la denuncia popular.

Tal parece que el procedimiento regulatorio de la denuncia popular y sus requisitos de procedibilidad, en la ley de la materia vigente, estuvieran destinados a impedir la denuncia y no a facilitarla.

Es necesario considerar que la denuncia popular se enmarca en el contexto de los derechos de participación ciudadana como un binomio indisoluble, no puede haber participación sin denuncia, ni denuncia sin participación; como plantean las Naciones Unidas (1993) “Una participación mayor de la población no es más una vaga ideología basada en buenos deseos de unos pocos idealistas. Se ha convertido en un imperativo, una condición de supervivencia”, la participación eleva la dignidad del hombre y somete al Estado a un marco de estricta rectitud, en todas las acciones y recursos destinados al desarrollo social.

Es en el análisis sobre los mecanismos de rendición de cuentas cuando se ha vinculado la participación con el control ciudadano.

La ciudadanía demanda de los gobiernos un mejor desempeño y una atención directa a sus necesidades, por ello “adecuar los ordenamientos legales que permitan dar certeza jurídica a los derechos que deben prevalecer en los beneficiarios del desarrollo social”, es una condición ineludible para acceder a un servicio público de calidad, con ética política y con responsabilidad social.

Actualmente, en el derecho positivo mexicano, la “denuncia popular”, se encuentra regulada por la Ley General de Desarrollo Social, en el Título cuarto, Capítulo VII.La intención de este mecanismo fue vincular a la ciudadanía de manera directa en la vigilancia del cumplimiento de la normatividad,al permitir a cualquier persona beneficiaria o no, grupo social oasociaciones de la sociedad civil, denunciar ante el órgano de control interno de la Secretaría de Desarrollo Social, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en esta Ley o contravengan sus disposiciones y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social. No obstante, su regulación es bastante desafortunada, ya que se limita exclusivamente a establecer que podrá ser ejercida por cualquier persona, bastando que se presente por escrito y limitándose a establecer los requisitos que debe contener.

El requisito que exige la presentación por escrito de la denuncia en la legislación vigente, obliga al desplazamiento de los denunciantes a las oficinas de la autoridad correspondiente, sin considerar que las personas beneficiadas o de las poblaciones en que se aplican los programas de desarrollo social no siempre cuentan con las condiciones de caráctereconómico y de vías de comunicación que se requieren para dicho fin, circunstancia que inhiben o dificultan la presentación de dichas denuncias.

Por tal motivo la iniciativa de mérito, propone mediante la modificación a los artículos 67 y 68 de la Ley General de Desarrollo Social vigente, ampliar los medios parapresentar la denuncia popular, a fin de que se hagapor vía telefónica, para lo cual la Secretaría deberá tener un número gratuito; por correo con porte pagado o por medios electrónicos, para lo cual se deberá de publicar en internet formato en idioma español y en diferentes lenguas indígenas, a fin de hacer asequiblela presentación de denuncia popular.

Asimismo se propone que cuando se elija presentar por escrito, se podrá hacer mediante escrito libre o en formato que la autoridad proporcione, el cual deberá estar disponible en idioma español y en diferentes lenguas indígenas y en ningún caso se requerirá ratificación.

Se propone, además, que cuando la presentación de la denuncia popular se efectúe en forma escrita u oral, podrá hacerse ante el órgano de control interno de la Secretaría o ante el servidor público designado para tal efecto en las delegaciones federales, esto para que esta vía quede más cercana al denunciante.

La presente iniciativa establece por otra parte, en las adiciones propuestas al propio artículo 68,la posibilidad de otorgar a la autoridad la facultad de iniciar la investigación administrativa de oficio, cuando se trate de hechos que generenimpacto social y que se conozcan de manera pública, bien por los medios de comunicación o por algún comunicado o exhorto.

Se proponen de igual forma los requisitos mínimos necesarios que debe reunir la denuncia, con el objeto que no sean un obstáculo para su procedibilidad, como es el caso, en el supuesto de que el denunciante no cuente con dichos datos, la denuncia será admitida, si procede, bajo la condición de que se logre la identificación en la investigación de los hechos; así como en el caso de contar con pruebas, éstas deberán adjuntarse al escrito, contrario a lo establecido en el artículo vigente, en el que se exige como requisito los datos que permitan identificar a la presunta autoridad infractora y las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante, de no cumplirse con ello, la denuncia no procederá.

Lo anterior no debe obstar para su procedencia, ya que la persona u organización que denuncie no siempre cuenta con los datos de identificación de la autoridad infractora, lo que si puede ser detectado por la propia autoridad administrativa de acuerdo a la información con la que cuenta en sus archivos. De igual forma los denunciantes, no siempre cuentan con pruebas para acreditar su dicho, lo que deberá llevar a la autoridad a realizar diversos actos de investigación para comprobar las faltas denunciadas y en consecuencia aplicar las sanciones correspondientes y/o denunciar ante la autoridad penal cuando derivado de los actos u omisiones se identifiquen hechos presuntamente delictivos.

No se puede pasar por alto que otra causaque inhibe la presentación de denuncias es el temor de sufrir algún perjuicioo de que se tomen actos de revanchismo en contra de quien denuncia, por parte de los servidores públicos responsables, en tal sentido la iniciativa prevé la posibilidad de que si el denunciante solicitaguardar secreto respecto de su identidad, por razones de seguridad e interés particular, se llevara a cabo el seguimiento de la denuncia conforme a las atribuciones que la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables le otorgan.

Ahora bien por lo que corresponde al procedimiento administrativo, la iniciativa propone la adición del artículo 68 bis, con la finalidad de prever que en el desarrollo del mismo, se aplique lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, que se regirán conforme a los principios de inmediatez, concentración y continuidad y se aplicará el principio de suplencia de la deficiencia de la queja en favor de los promoventes, toda vez que no se le debe dar un tratamiento de proceso formalista, por el contrario de un proceso ágil, accesible a cualquier persona, que respete los derechos del debido proceso del servidor público y se resuelva a la brevedad posible.

Por lo expuesto y fundado, es que presento a esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 67, 68 en su primer párrafo y en sus fracciones de la I a la V, y se adicionan un segundo párrafo del artículo 67, un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafos al artículo 68 y el artículo 68 bis, de la Ley General de Desarrollo Social, de acuerdo con lo dispuesto en el siguiente,

DECRETO

ARTICULO UNICO. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 67, 68 en su primer párrafo y en sus fracciones de la I a la V; se adiciona un segundo párrafo del artículo 67, un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo al artículo 68 y se adiciona el artículo 68 bis, de la Ley General de Desarrollo Social

Artículo 67. Toda persona u organización podrá presentar denuncia antela autoridad competente sobre cualquier hecho, acto u omisión, que a su juicio produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en esta Ley o contravengan sus disposiciones y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social.

Cuando exista además una violación a los derechos humanos o la comisión de un delito derivado de actos de algún servidor público relacionado con las disposiciones de esta ley, podrá el denunciante acudir de forma concurrente ante las autoridades competentes.

Artículo 68. La denuncia popular podrá presentarse por cualquier persona, de forma escrita, oral telefónica, por correo con porte pagado o por medios electrónicos, podrá presentarse en forma directa ante el órgano de control de la Secretaría o el servidor público designado para tal efecto en cada una de sus Delegaciones de la Secretaría.

Cuando se haga por escrito, podrá presentarse mediante formato que deberá estar disponible en idioma español y en diferentes lenguas indígenas que proporcione la autoridad competente o bien mediante escrito libre, con firma o huella digital, el cual debe contener:

I. Nombre o razón social del promovente y en su caso, el de su representante;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Los actos, hechos u omisiones denunciados;

IV. Los datos que permitan identificar a la autoridad infractora; en el supuesto de que el denunciante no cuente con dichos datos, la denuncia será admitida, si procede, bajo la condición de que se logre la identificación en la investigación de los hechos, y,

V. En caso de contar con pruebas, éstas deberán adjuntarse al escrito.

Cuando la presentación de la denuncia sea en forma oral, el servidor público tomará nota de la información que debe registrarse en el formato respectivo.

La Secretaría deberá contar con un número gratuito al que podrá recurrirse cuando la denuncia se presente por vía telefónica, el servidor público levantará una certificación para hacer constar la información proporcionada.

Cuando se trate de hechos de impacto social la autoridad competente podrá iniciar la investigación administrativa de oficio.

La Secretaría deberá tener disponible en su página electrónica, así como en la de las delegaciones federales, formato en idioma español y en diferentes lenguas indígenas, a fin de hacer asequiblela presentación de denuncia popular.

Si el denunciante solicita guardar secreto respecto de su identidad, por razones de seguridad e interés particular, se llevará a cabo el seguimiento de la denuncia conforme a las atribuciones que la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables le otorgan.

Artículo 68 bis.Las formalidades del procedimiento administrativo se efectuarán en términos de lo que establece la Ley Federal de Responsabilidad Administrativas de los Servidores Públicos.

Los procedimientos se regirán conforme a los principios de inmediatez, concentración y continuidad.

Cuando la autoridad competente reciba una denuncia referente a un programa que no corresponda a su ámbito de competencia, lo turnará a quien deba conocerlo.

Las denuncias sólo serán desechadas cuando de ellas no pueda establecerse los elementos necesarios para proceder y no por defectos de formalidad. En todo caso la autoridad competente aplicará el principio de suplencia de la deficiencia de la queja a favor de los promoventes.

La resolución de la autoridad competente establecerá si se cometieron violaciones a esta Ley, a las reglas de operación de los programas o a la normatividad aplicable, en su caso, ordenará las medidas pertinentes para restituir al promoverte en el disfrute de sus derechos e impondrá a los funcionarios que así lo ameriten, las sanciones que correspondan de acuerdo con las normas en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor, el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Secretaría contará con un plazo de 90 días para emitir los lineamientos, formatos y mecanismos relativos a la operación de la recepción de denuncias populares, en lo concerniente a lo establecido en el presente decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de abril del año 2014.

Sen. Raúl Morón Orozco”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Morón Orozco. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Para solicitarle al Senador Morón Orozco si acepta suscribirme a su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Morón Orozco, ¿acepta la inclusión a su proyecto de los compañeros Senadores? Solicito a la Secretaría tome nota de ello.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea el artículo 30 Bis de la Ley de Migración.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ARTICULO 30 BIS DE LA LEY DE MIGRACION

(Presentada por la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, a nombre propio y de diversos Senadores)

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con su venia, señor Presidente.

La iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se crea el artículo 30 Bis de la Ley de Migración, quienes la suscriben y agradezco la participación en la elaboración de esta iniciativa a los Senadores Marcela Guerra Castillo, Layda Sansores, Adriana Dávila Fernández, Zoé Robledo Aburto, Eviel Pérez Magaña, Gabriela Cuevas Barrón, Adán Augusto López, Luz María Beristain, Marcela Torres Peimbert y Sofío Ramírez, por su participación, por su colaboración para este proyecto.

Como es del conocimiento de todos, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en junio de 2011 fue reformada con el objeto de incluir a los derechos humanos en el cuerpo de la misma esta ley, con la suerte de que su artículo 1o. establece lo más importante y lo más trascendente que nos da plenitud y facultades en nuestro país, en nuestro territorio como mexicanos y cualquier persona que se encuentre plena de sus derechos y que dice el artículo 1o., y lo cito:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Unido Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

En análisis del precepto referido, se contempla que en nuestro país toda persona por el hecho de estar dentro del territorio nacional, gozará de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y reconocidos tanto en las leyes nacionales como en los tratados internacionales; no se podrá restringir de forma alguna salvo las condiciones que nuestra Carta Magna contempla.

Basado en el principio pro homine, nuestra Constitución prevé que la interpretación de toda normatividad aplicable y vigente será en beneficio de las personas y su protección, lo cual quiere decir que las autoridades tendrán primordialmente la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos apegados a los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El 25 de mayo del 2011 se publicada la Ley de Migración, resultó un gran acierto por parte del Estado mexicano, al contemplar por primera vez el reconocimiento de derechos y obligaciones de las personas extranjeras.

Esto fue el resultado de una violación sistemática en los derechos humanos de las personas migrantes. El espíritu de este cuerpo normativo, según consta en la exposición de motivos, dice: Fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros, reconociéndolos como sujetos de derecho; simplificar y ordenar procedimientos para atender de mejor manera y en forma expedita la elevada movilidad internacional de las personas, y en particular los diversos procesos migratorios que ocurren en el país; contribuir al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país; proporcionar integralidad y coherencia a la política y a la gestión migratoria de México como país de origen, tránsito, destino, y retorno de emigrantes; fortalecer y ampliar la tradición hospitalaria y de refugio del país; propiciar una mayor contribución de autoridades migratorias a la seguridad nacional pública y fronteriza y, actualizar y armonizar el marco normativo migratorio, con los instrumentos jurídicos internacionales firmados y ratificados por México.

Con el pleno uso de estas facultades y en apego a lo establecido en las legislaciones correspondientes, las autoridades federales en materia migratoria, que componen el Estado mexicano, prevén mecanismos y acciones encaminados a instrumentar una política en materia migratoria, ejecutar y controlar, así como supervisar los actos realizados por las autoridades migratorias en el territorio nacional.

De tal suerte que según lo dispuesto en los artículos 18, 20 y 21 de la Ley de Migración, corresponde a las autoridades migratorias, en las que están incluidas la Secretaría de Gobernación, el Instituto de Migración Nacional, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, cada uno con diferentes atribuciones, que las obviaré para no extenderme más en el tiempo y entrar en materia solamente de la ley, sino para darle importancia a lo que la iniciativa propone, pero que también incluya a otras instancias de gobierno, como son: la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de la República, el DIF, así como los Sistemas Estatales del DIF, el Distrito Federal, y el Instituto Nacional de las Mujeres.

Cada uno de ellos con diferentes atribuciones en los cuales convergen dentro de sus facultades la atención en materia migratoria.

Cabe destacar que recae, mayormente, sobre todo en el Instituto Nacional de Migración, siendo el de inmediato en atender el fenómeno, pero que se ve rebasado; y que propiamente lo que propone esta iniciativa es el darle más trascendencia en todo el territorio nacional al fenómeno.

Y cito que, pese a lo anterior, y que tiene una amplia gama de atención en cada una de las instancias que ya mencioné, se ha observado la existencia de condiciones que exponen a las personas migrantes a ser víctimas de violaciones sistemáticas de sus derechos, determinado muchas veces por el crimen organizado, y convirtiéndolo en un negocio, pues acechan la ruta migratoria con asaltos, secuestros, que tienen como secuelas daños físicos y psicológicos, incluso cobrando en ocasiones la vida de quienes intentan cruzar por nuestro país.

Esta continua vejación de derechos humanos de los migrantes deriva dos supuestos, y la primera de ellas es la falta de una instancia cercana que proporcione información, y, o, en su caso, acompañe a los migrantes a resolver sus necesidades, tales como el acceso a la salud, la educación y a la defensa de sus propios derechos laborales y humanos.

Y la segunda por el desconocimiento de los migrantes que tienen hacia sus derechos, sin importar su calidad migratoria, lo que los lleva a evitar todo contacto con autoridades mexicanas, y los vuelve presa fácil del crimen organizado.

Ahora bien, no debemos de perder de vista que el primer contacto con las autoridades mexicanas que tienen las personas migrantes es, sin lugar a dudas, con las autoridades municipales, es por ello que se requiere una instancia administrativa que cuente con la sensibilidad que reviste a este fenómeno; es decir, que conozca la situación tan vulnerable de este flujo, los derechos que tienen por el simple hecho de encontrarse en nuestro país, tal cual lo consagra nuestra Carta Magna, así como las instancias municipales, estatales, y/o federales, que pudieran brindarles las atenciones requeridas por esta población.

La sociedad civil a hecho suya la problemática que golpea a los migrantes, y brinda algunos de los servicios más indispensables a este grupo vulnerado como atención médica, a través de instituciones como Médicos Sin Fronteras, proporcionarles alimentos como lo hacen Las Patronas, legal como lo hace Sin Fronteras, IMUMI, como lo hace el Padre Solalinde, Fray Tomás, la Hermana Leticia, el Padre Prisiciliano, etc., incluso poniendo en riesgo su integridad física al ser objeto de constantes amenazas y atentados.

Sin embargo, esas aportaciones solo mitigan la problemática real que golpea al fenómeno migratorio, tal como nos lo han hecho saber en diversos foros que se han realizado en este Senado de la República.

De tal suerte que las autoridades municipales y estatales, observando de manera directa y cercana las problemáticas vividas en los migrantes nacionales y sus familias, así como extranjeros que ven en México un país de tránsito o destino y las acciones de la sociedad civil por atenderlas, han tenido que intervenir. Así han creado instancias de gobierno que pese a sus diversas funciones, o denominación, buscan proteger a los migrantes que se encuentran dentro de su jurisdicción.

Las instancias de cada entidad federativa, incluyendo al Distrito Federal, según la información publicada en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en alguno de los estados de la República ya se crearon esas secretarías, en otros como institutos, unos más cuentan con direcciones generales, o algunos con direcciones de área y otros solamente con oficinas de atención.

Otorgando facultades a estas instancias, según se percibe el fenómeno migratorio, solo por referir un par de ellas, y se citan atribuciones con que cuentan el estado de Michoacán, en el estado de Nuevo León, con la Dirección General de Migrantes, o grupos especiales en el estado de Morelos, todas ellas, repito, con atribuciones directamente sobre sus problemáticas.

De tal suerte que es imprescindible contemplar y regular esas instancias de la Ley de Migración dimensionando de manera real el tema migratorio y, desde luego, adoptando una visión de la Organización Internacional para las Migraciones y que tiene respecto a este fenómeno lo laboral, la reunificación familiar, la migración forzada, la lucha contra la migración irregular, la migración y el comercio, lo derechos humanos de los migrantes, la migración y la salud, la integración de soluciones duraderas, integración a la cultura, sociedad, educación, idioma y mercado laboral, la migración y el desarrollo integral.

Así pues, determinando que la Ley de Migración vigente en el Capítulo III denominado “de las Autoridades Auxiliares en Materia Migratoria”, contempla que las instancias que colaboran en el tema migratorio, sería indispensable contribuir el artículo 30 Bis que contenga una instancia de atención integral al migrante en el que se asignen atribuciones para la colaboración del tema en el aspecto citado en presente documento.

Es cuanto, señor Presidente.

 



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Guevara Espinoza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Ernesto Gándara Camou, para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION, EN MATERIA DE PUBLICACION DE CALORIAS EN LOS MENUS DE LAS CADENAS DE RESTAURANTES

(Presentada por el C. Senador Ernesto Gándara Camou, a nombre propio y de diversos Senadores)

- El C. Senador Ernesto Gándara Camou: Con su permiso, señor Presidente.

Decía Schopenhauer: “la salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada”.

Acudo a esta tribuna a plantear a mis compañeras Senadoras y Senadores, una iniciativa en uno de los temas que más afecta a los mexicanos, uno de los temas que más nos duele, preocupa y ocupa y que por tanto es una prioridad absoluta en la agenda nacional. Me refiero al tema de salud.

Antes que nada, quiero agradecer de manera respetuosa y con mucho afecto a mis compañeras Senadoras María Verónica Martínez Espinosa, María Cristina Díaz Salazar, Graciela Ortiz González e Hilda Flores Escalera, así como a mis compañeros Senadores Miguel Barbosa Huerta, Armando Ríos Píter, Fernando Mayans Canabal, César Octavio Pedroza, Miguel Romo Medina y Jesús Casillas Romero, por haber suscrito esta propuesta. A todos ustedes, mi reconocimiento.

Estoy seguro que con el apoyo del resto de mis compañeros Senadores, lograremos seguir generando respuestas y soluciones a estos problemas.

La presente iniciativa tiene como propósito contribuir a resolver una gravísima problemática que ha sido calificada por la Organización Mundial de la Salud como la epidemia del siglo XXI, se trata de la obesidad.

Como sabemos, este es uno de los principales retos de salud pública en nuestro país, ya que desafortunadamente nos encontramos entre los primeros lugares del mundo en los índices de obesidad con el 71.4 por ciento de nuestra población adulta que padece, ya sea de obesidad o sobrepeso, lo que representa un costo para las finanzas públicas de por lo menos 67 mil millones de pesos anuales y lo que es mucho peor, decenas de miles de mexicanos que mueren cada año por enfermedades que se derivan de la obesidad.

Lo que aquí se propone no es una solución mágica; como todos sabemos, la obesidad es un problema multifactorial, por lo tanto, el ánimo de esta propuesta es el de aportar para sacar que entre todos seamos capaces de salir adelante en esta tarea urgente.

Mediante esta iniciativa se dispondría que las cadenas de restaurantes y franquicias publiquen y exhiban en sus tableros de menús y estanterías de manera clara y legible, el contenido calórico de sus productos, con al menos el mismo tamaño que el precio, y especificando el porcentaje que las calorías representan en la ingesta diaria recomendada.

De esta manera se facilitaría a la población el acceso a información que le permita tomar decisiones para tener mejores hábitos alimenticios y estilos de vida más saludables.

Esto significa que estamos apostando a las decisiones de los ciudadanos, a la transparencia de la información, para que seamos finalmente todos los que construyamos y mejoremos un mejor estado en nuestra salud y en la salud de nuestras familias.

Nosotros simplemente debemos de facilitar las cosas, esta, como ustedes saben, es una práctica que en los últimos años se está llevando a cabo por disposición reglamentaria, normativa y de ley en Estados Unidos, en Europa y en otros casos también de manera voluntaria.

Esta propuesta y dado su carácter, porque lo queremos hacer de fondo gradual, no aplicaría de momento a pequeños negocios y microempresas y se analizaría la viabilidad de otorgar apoyos para facilitar el cumplimiento de esta normatividad, ya que estos fines, los que perseguimos, son de salud pública exclusivamente; y además la iniciativa contempla otros puntos como la elevación a rango de ley la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, que sin duda está en la dirección correcta.

Aunque en el Poder Legislativo tenemos la gran oportunidad de fortalecer estas políticas públicas.

Finalmente quiero reconocer, y me da mucho gusto que se han presentado aquí en esta tribuna y en comisiones iniciativas de ustedes, compañeras y compañeros, con objetivos similares a la que presento hoy, por parte no solamente de los legisladores, de Senadores, sino también de Diputados y seguramente en las legislaturas estatales.

En consecuencia, lo que pretendemos con esta iniciativa es sumar esfuerzos conscientes de que nadie tiene el monopolio de la verdad y, al contrario, todos somos parte de la solución, porque la salud no conoce ni puede conocer de colores partidistas.

Muchas gracias, y con el mejor de los deseos de seguir avanzando en este tema tan importante y fundamental para nuestras familias y, desde luego, para las próximas generaciones.

Gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito, ERNESTO GANDARA CAMOU, Senador de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION, EN MATERIA DE PUBLICACION DE CALORIAS EN LOS MENUS DE LAS CADENAS DE RESTAURANTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Decía Arthur Schopenhauer: “La salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada”.

En la actualidad la obesidad, el sobrepeso y la diabetes constituyen uno de los principales problemas –de acuerdo a algunos expertos el principal-de salud pública en México y a nivel internacional. Representan una problemática compleja y multifactorial, en la que todos los sectores (público, privado y social) se ven directamente involucrados.

La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) alrededor de mil millones de adultos padecen sobrepeso, y más de 300 millones obesidad. Las estimaciones de este organismo señalan que por lo menos 2.6 millones de personas fallecen cada año a causa de enfermedades derivadas de la obesidad o sobrepeso.

La presente Iniciativa plantea ajustar nuestro marco jurídico para disponer que las cadenas de restaurantes, franquicias y establecimientos que se dedican a la venta y consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, publiquen y exhiban en sus menús el contenido calórico de los productos a la venta del público, con el propósito de facilitar a la población el acceso a información que le permita tomar decisiones para tener hábitos alimenticios y estilos de vida más saludables, y de esta manera contribuir al combate de la epidemia del sobrepeso, la obesidad y la diabetes.

La Iniciativa parte de las siguientes premisas:

• Siendo la obesidad un problema multicausal y multifactorial, desde luego que en ningún momento se consideraría que esta propuesta por sí misma va a resolver la problemática, que tan dañina y perjudicial resulta para la salud pública en nuestro país. Simple y sencillamente, la motivación que inspira esta Iniciativa es contribuir a las múltiples soluciones que deben de aportarse desde todos los ámbitos de la vida nacional y el Estado mexicano en su conjunto.

• Se hace un reconocimiento al Gobierno de la República por la formulación y puesta en marcha de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, ya que se trata de una estrategia consistente en políticas públicas valientes que, sin duda alguna, se encuentra en la dirección correcta para poder enfrentar la problemática de manera eficaz y contundente.

• De igual manera, se expresa un reconocimiento a los legisladores de diversos grupos parlamentarios que, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado de la República, han presentado ya iniciativas con objetivos similares a la presente. En consecuencia, esta propuesta se suma a otras ya existentes con la finalidad de contribuir a que, en el corto plazo, se puedan generar los productos legislativos que desemboquen en una nueva legislación en la materia, acorde a las necesidades del país, así como a la enorme gravedad y urgencia del problema.

Las cifras sanitarias disponibles más recientes nos ubican como uno de los países con mayores índices de obesidad. Según los datos más recientes de México, pertenecientes a la Encuesta Nacional de Salud del año 2012, el índice de obesidad entre adultos es por el orden del 35.7 % del total.

Sin embargo, algunos organismos internacionales sitúan a México en el primer lugar. Es el caso de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), misma que en su estudio “El estado de los alimentos y la agricultura 2013” (Thestate of food and agriculture 2013) México figura como el país con mayor índice de obesidad dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Dicho estudio justifica lo anterior, ya que suma la obesidad con el sobrepeso. De esta manera, mientras el 68.8% de la población en Estados Unidos padece ya sea de sobrepeso u obesidad, en México el 71.4% padece cualquiera de las dos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el problema de sobrepeso y obesidad ejerce un efecto negativo sobre la salud de la población al aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles como: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedad coronaria, enfermedad vascular cerebral, osteoartritis, así como cáncer de mama, esófago, colon, endometrio, riñón, por mencionar algunas.

Por su magnitud y ritmo de crecimiento, el sobrepeso, la obesidad, las enfermedades crónicas no transmisibles y de manera particular la diabetes, son un grave problema sanitario con los efectos negativos significativos sobre la salud de los mexicanos, afectando además, y de manera significativa, la productividad de las empresas, el desempeño escolar de los alumnos, y el desarrollo económico de la nación.

Para ejemplificar lo anterior, tenemos el caso de la diabetes mellitus, enfermedad que cobra la vida de 152 personas por cada 100,000 habitantes. Esta cifra es mucho mayor al promedio de los 34 países miembros de la OCDE, siendo éste de tan sólo 19 defunciones por cada 100,000 habitantes. Es decir, la relación sería 8 veces mayor en México que en el promedio de los países miembros de la OCDE.

De acuerdo con la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, en 2008 se destinaron $67,000 millones de pesos para atender asuntos de salud vinculados con el sobrepeso y la obesidad.

Distintos estudios y encuestas nacionales como la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012) o el libro “Obesidad en México: Recomendaciones para una Política de Estado” del Doctor Juan Angel Rivera Dommarco, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), coinciden en sus estimaciones ya que concluyen que en caso de no implementar las acciones necesarias para combatir frontalmente esta problemática, para el año 2017 los problemas de obesidad representarán una erogación de entre los $70,000 y $101,000 millones de pesos.

Las cifras anteriores son alarmantes, ya que si tomamos la estimación conservadora ($70,000 millones de pesos) y la comparamos con algunas de las partidas presupuestales asignadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, representaría el 84% del gasto programable para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); el 54% del gasto programable para la Secretaría de Salud (SSa); y el 24% del gasto programable para la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En caso de tomar la estimación menos conservadora, pero factible, de $101,000 millones de pesos y se realiza el mismo ejercicio, el gasto para atender los problemas de obesidad representaría el 121% del gasto programable para la SAGARPA; el 78% del gasto programable para la Secretaría de Salud; y el 35% del gasto programable para la SEP.

Es claro que para el Ejecutivo Federal, encabezado por nuestro Presidente Enrique Peña Nieto,el combate al sobrepeso y la obesidad es una prioridad absoluta e indiscutible. Es por ello que en septiembre de 2013 la Secretaría de Salud hizo pública la Estrategia Nacional para el Control de la Obesidad y la Diabetes, la cual tiene como propósito cumplir con las estrategias planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, referentes a “Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud” y con ello seguir las respectivas líneas de acción, tales como: reducir la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente diabetes e hipertensión, e instrumentar acciones para la prevención y control del sobrepeso, obesidad y diabetes.

A todas luces enfrentamos un grave problema de salud pública, pero también es importante mencionar que en los últimos años, el Ejecutivo Federal, en coordinación con gobiernos estatales y municipales, el Congreso de la Unión, la sociedad civil, la iniciativa privada, y la academia, han realizado y aportado múltiples esfuerzos para combatirla.

Entre las medidas más relevantes que se han implementado, se pueden citar algunos esfuerzos relevantes a manera de ejemplo:

• Se crearon los lineamientos generales para el expendio y la venta de alimentos en los establecimientos de consumo escolar, en donde se prohibió la venta de alimentos y bebidas de alto contenido calórico en las escuelas.

• Se aprobaron impuestos especiales a la comida de alto contenido calórico y a las bebidas azucaradas. Específicamente, se aprobó un impuesto especial sobre la producción del 8% sobre la comida empacada de altas calorías, así mismo fue aprobado el impuesto de un peso por cada litro en las bebidas azucaradas. Se trata de medidas de carácter fiscal avaladas por los organismos internacionales competentes en la materia.

• El pasado 14 de febrero del presente año, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación dos decretos, el primero en el que establecen nuevas disposiciones en materia de etiquetado nutricional de los alimentos y bebidas procesadas; y el segundo para establecer los criterios nutrimentales y de publicidad que deberán cumplir los alimentos y bebidas no alcohólicas que busquen publicitarse en horarios infantiles.

Dada la problemática de la alta prevalencia de enfermedades relacionadas con la obesidad, es muy importante e inaplazable reforzar la implementación de normas, políticas y programas efectivos para detener, controlar y eventualmente erradicar la epidemia. En este sentido, cualquier esfuerzo para disminuir los efectos negativos de esta situación y los costos que genera su atención, debe ser analizado y ponderado con toda seriedad y responsabilidad.

Lo que se propone en la presente Iniciativa ha sido implementado en otras latitudes con resultados favorables y con una gran participación y aceptación de la industria:

En 2008, en la ciudad de Nueva York, se estableció la obligatoriedad para las cadenas de restaurantes con por lo menos 15 franquicias, de publicar información sobre las calorías de forma destacada en sus cartas de menú. Lo anterior reconociendo que muchos restaurantes ya hacían pública dicha información, a través de sus páginas web, folletos, carteles, envoltorios o cubiertas de bandejas.El nuevo requisito ayudó a que los consumidores pudieran ver esta información en el punto de venta al momento de ordenar, lo que puede ayudar a tomar decisiones más informadas

Como resultado, se ha demostrado no sólo que una parte importante de los consumidores pueden llegar a reducir la cantidad de calorías ingeridas por cada comida, sino que también algunas cadenas de franquicias de alimentos con gran presencia internacional incrementaron su oferta de alimentos saludables. Algunos optaron incluso por hacer pública esta información en todo el territorio estadounidense, con el ánimo de coadyuvar a la lucha contra la obesidad y el sobrepeso.

Posteriormente, otros países, estados y municipios alrededor del mundo, inclusive en nuestro país, han retomado la propuesta neoyorkina:

• En 2009, en el Reino Unido a través del Departamento de Salud y la Agencia de Seguridad Alimentaria (FSA), acordaron con 18 cadenas de restaurantes mostrar el número de calorías en todos sus alimentos y bebidas en los tableros de menú, menús de papel y las estanterías.

• En 2010, se aprobó en Estados Unidos la normatividad denominada “Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible” (The Patient Protection and Affordable Care Act). En dicha legislación, la sección 4,205 se refiere al etiquetado nutrimental de productos en menús estándar de cadenas de restaurantes.El acta mandata que las cadenas de restaurantes con más de 20 sucursales deberán mostrar en su menú junto al nombre del producto, el número de calorías contenida por éste, así como el porcentaje que representan estas calorías en una dieta diaria recomendada.

• En 2010, el Congreso del Estado de Colima aprobó una ley para que los menús de los restaurantes publicaran las calorías de sus alimentos y bebidas, lo anterior fue una de las medidas implementadas en la entidad con el objetivo de reducir los índices de obesidad tanto en la población general como la población infantil.

• En 2012, la Agencia de Estándares Alimentarios de Irlanda del Norte puso en marcha un proyecto piloto que obligó a las empresas locales de alimentos a mostrar la información sobre las calorías en los menús.

• En 2013, legisladores de Chile y Argentina presentaron iniciativas de reformas a los marcos jurídicos de sus respectivos países para incluir el contenido calórico en los menús.

• Durante la pasada LXI Legislatura, el Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari y la entonces Diputada María Cristina Díaz Salazar presentaron respectivamente proyectos para adecuar el marco regulatorio y hacer obligatorio a nivel nacional la publicación de calorías. En la actual LXII Legislatura también se han presentado proyectos en el mismo sentido. La Senadora María Cristina Díaz Salazar, en septiembre de 2012, y las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara y Margarita Flores Sánchez, en noviembre de 2012, también presentaron proyectos similares, mismos que se encuentran a la espera de ser atendidos por las comisiones dictaminadoras.

La actual legislación mexicana no ignora el problema del sobrepeso y la obesidad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto, establece el derecho de todas las personas a la protección de la salud. La Ley General de Salud, que es reglamentaria del artículo cuarto constitucional, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, la cual contempla la protección social en la salud, la prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades cardiovasculares y enfermedades no transmisibles.

El capítulo II “Educación para la Salud” del Título Séptimo denominado Promoción de la Salud menciona, en su artículo 112, que la educación para la salud tendrá por objeto el de fomentar entre la población el desarrollo de actitudes y conductas que permitan participar en la prevención de enfermedades y protegerse de los riesgos que pongan en riesgo su salud, así mismo faculta a las autoridades a que proporcionen a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud.Así mismo, existe la obligación de orientar y capacitar a la población en materia de nutrición.

Continuando con el mismo orden de ideas, el artículo 113 promueve la coordinación entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, para formular, proponer y desarrollar programas de educación para la salud en beneficio de la población.

Aunado a lo anterior, el capítulo III del Título Séptimo está dedicado completamente a la nutrición. Establece, en su artículo 114, que la Secretaría de Salud participará de manera permanente en los programas de alimentación para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población.

Así mismo, detalla que la Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la participación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad.

Continuando con el análisis de la Ley General de Salud, el artículo 115 establece que la Secretaría de Salud tendrá a su cargo normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados.

El artículo 133 de la misma ley faculta a la Secretaría de Salud a dictar normas oficiales mexicanas para la prevención y el control de enfermedades, así como buscar promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y privado, así como de los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y de la población en general.

El capítulo III del Título Octavo denominado Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes Enfermedades no Transmisibles, faculta en su artículo 158 a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas a realizar actividades de prevención y control de las enfermedades no transmisibles.

Adicionalmente, el artículo 159 enlista una serie de medidas que las autoridades deberán ejercer para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, encontrándose entre ellas la divulgación de prevención, la difusión de dietas y hábitos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos para la población general, entre otras.

Así mismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo sexto estipula que: “El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna.” Lo anterior con el fin de que la sociedad pueda tomar decisiones libres y bien informadas, de manera que dichas decisiones le convengan a su bienestar y por ende al bienestar de la sociedad. De acuerdo a lo anterior, es importante que la legislación coadyuve a que los mexicanos tengan acceso a la información que les permita tomar mejores decisiones en cuanto a su alimentación, con libertad de elección y con conocimiento.

Con la finalidad de promover mejores hábitos alimenticios, estilos de vida más saludables, y fomentar el acceso de la población a información que le permita tomar las decisiones que permitan un mejor estado de salud, es que se propone la presente Iniciativa, misma que de ser dictaminada favorablemente, contribuirá a la agenda de soluciones y respuestas que nos permitirán resolver el grave problema y epidemia que representa la obesidad, el sobrepeso y la diabetes.

En síntesis, la Iniciativa propone las siguientes modificaciones específicas:

• Incorporar, como materia de salubridad general, a las enfermedades atribuibles o asociadas a la obesidad.

• Elevar a rango de ley la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, bajo la terminología de “programa nacional”, y considerándolo también materia de salubridad general.

• Incluir, dentro de la competencia del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, en lo que respecta a las normas oficiales mexicanas, la prevención y control de las enfermedades con mayor prevalencia, como es el caso de la obesidad y la diabetes.

• Da mayores atribuciones a los gobiernos de las entidades federativas para operar servicios de salubridad general relacionados con el combate a la obesidad, siempre en coordinación con la Federación.

• Fomenta la expedición de normas oficiales mexicanas en materia nutricional con la finalidad de contribuir a mejorar los hábitos alimenticios de la población para coadyuvar a prevenir y controlar las enfermedades asociadas o atribuibles a la obesidad.

• En el régimen transitorio, la Iniciativa propone que la Secretaría de Salud dicte una Norma Oficial Mexicana para requerir a las cadenas de restaurantes, franquicias y establecimientos que se dediquen a la venta y consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que publiquen y exhiban en sus menús impresos, tableros de menú y estanterías, el contenido calórico de los productos a la venta del público;se añade que la información deberá ser clara, legible y tener al menos el mismo tamaño que el precio, y que se deberá especificar el porcentaje que las calorías representan de la ingesta diaria recomendada por la OMS, al igual que el tiempo de ejercicio necesario para “quemar” dichas calorías.Se precisa que, para la formulación de la Norma Oficial Mexicana, la Secretaría podría invitar a participar a las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema, así como a los expertos del Instituto Nacional de Nutrición y del Instituto Nacional de Salud Pública.Se excluiría de la regulación a los pequeños negocios y microempresas, y se contemplaría la posibilidad de otorgar apoyos a los establecimientos para facilitar el cumplimiento de las nuevas disposiciones, aclarando que la propuesta tiene fines exclusivamente de carácter sanitario, por lo que es importante cuidar y preservar las fuentes de empleo.

• También se propone un breve ajuste dentro de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en sintonía con los cambios propuestos para la Ley General de Salud.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION

PRIMERO.- Se REFORMAN: los artículos 3, fracción XII; 13, apartado A, fracción I, y apartado B, fracción I; 114, párrafo segundo; 115, fracción VIII; 133, fracción I; 158 y 421; y se ADICIONA: el artículo 3 con un artículo XVI Bis; todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles o asociadas al tabaquismo y la obesidad;

XVI Bis. El Programa Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes;

Artículo 13.La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

I. Dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación, en todo el territorio nacional, de servicios de salud en las materias de salubridad general, y la prevención y control de las enfermedades con mayor prevalencia, y verificar su cumplimiento;

B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas…

I.Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVI Bis, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

Artículo 114.- Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en los programas de alimentación del Gobierno Federal.

La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la participación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de los sectores sociales y privado. De igual manera, las autoridades sanitarias se coordinarán para prevenir y controlar las enfermedades asociadas o atribuibles a la obesidad.

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas, con la finalidad de contribuir a mejorar los hábitos alimenticios de la población para coadyuvar a prevenir y controlar las enfermedades asociadas o atribuibles a la obesidad.

Artículo 133.- En materia de prevención y control de enfermedades y accidentes, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes laborales y de seguridad social en materia de riesgos de trabajo, corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Dictar las normas oficiales mexicanas para la prevención y el control de enfermedades y accidentes, haciendo especial énfasis en aquellas enfermedades que tengan mayor prevalencia e incidencia en la población;

Artículo 158.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de prevención y control de las enfermedades no transmisibles que las propias autoridades sanitarias determinen, y principalmente de aquellas que más afecten a la población y estén relacionadas con las principales causas de muerte.

Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 13, apartado A, fracción I, 67, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta Ley.

SEGUNDO.- Se REFORMA: el artículo 40, fracción III, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para quedar como sigue:

ARTICULO 40.- Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer:

I. Las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor. Para los efectos del presente párrafo, se entenderá por riesgo de dañar la salud humana cualquier servicio que de alguna manera esté relacionado con ambientes o factores que pudiesen estar asociados con enfermedades, y principalmente aquellas con mayor prevalencia, incidencia e índice de mortalidad en la población;

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, contará con noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto para dictar una Norma Oficial Mexicana con la finalidad de requerir a las cadenas de restaurantes, franquicias y establecimientos que se dediquen a la venta y consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que publiquen y exhiban en sus menús impresos, tableros de menú y estanterías, el contenido calórico de los productos que estén a la venta del público.La información que se proporcione a los clientes deberá ser clara, legible, tener al menos el mismo tamaño que el precio de dichos productos o artículos a la venta, y tendrá que estar disponible al momento de la compra donde los consumidores puedan utilizarla para poder tomar sus decisiones.Así mismo, se deberá especificar el porcentaje que el contenido calórico representa de la ingesta diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud, al igual que el tiempo de ejercicio necesario para consumir las calorías ingeridas.

Para el cumplimiento del párrafo anterior, la Secretaría se coordinará con las autoridades sanitarias locales y la Comisión Nacional de Normalización, invitando a las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema a ser partícipes del proceso. También se auxiliará de los expertos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y del Instituto Nacional de Salud Pública.

De igual manera, se deberá excluir de la Norma Oficial Mexicana a los pequeños negocios o microempresas, al mismo tiempo que se analizará la factibilidad de otorgar apoyos a los establecimientos para facilitar el cumplimiento de las nuevas disposiciones, de tal manera que puedan lograrse los objetivos del presente Decreto, que son estrictamente de carácter sanitario, pero preservando al mismo tiempo las fuentes de empleo.

Dado en la sede del Senado de la República, a 29 de abril de 2014.

Sen. Ernesto Gándara Camou.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. María Verónica Martínez.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Fernando Mayans Canabal.- Sen. Miguel Romo Medina.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Cesar Octavio Pedroza Gaitán”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Gándara Camou. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Esta Presidencia saluda la presencia de profesores y estudiantes del Colegio Alemán Alexander Von Humboldt, Campus La Herradura, invitados por el Senador Armando Ríos Píter.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Igualmente esta Presidencia saluda a un grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana en la materia de comunicación política y opinión pública, invitados por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Asimismo, saludamos la presencia de un grupo de empresarios de la República Popular China, invitados por la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera.

¡Bienvenidos!

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 20 de la Ley Agraria.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION IV AL ARTICULO 20 DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por la C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza, a nombre propio y de los CC. Senadores Ernesto Gándara Camou y José Ascención Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a presentar, a nombre propio y de mis compañeros Ernesto Gándara Camou y José Ascensión Orihuela Bárcenas, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 20 de la Ley Agraria.

El objetivo de la presente iniciativa es establecer las causales de la pérdida de la calidad de ejidatarios, avecindado o posesionario, considerando los motivos relacionados por conductas delictivas del orden federal, como el narcotráfico, explotación inmoderada de minas, tala de árboles, delincuencia organizada, entre otros ilícitos también del orden común.

Mayor justicia y libertad ha sido el objetivo de las luchas agrarias que nos precedieron. Se ha buscado promover cambios que alienten una mayor participación de los productores del campo en la vida nacional, que se beneficien con equidad de su trabajo, que aprovechen su creatividad y que todo ello se refleje en una vida comunitaria fortalecida y una nación más próspera.

Fue parte esencial para el propósito de justicia revertir el creciente minifundio en el campo.

Los cambios no han sido los esperados, aún existe incertidumbre en la tenencia y en la producción para ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.

No han sido satisfechos los mecanismos y la estimulación para la inversión y capitalización de los predios rurales, por lo que se debe rescatar y fortalecer la vida comunitaria.

Dentro de la actividad agrícola se han dado bruscas transformaciones que han modificado lentamente la forma de explotación, pasado de una época en la que, quien realizaba todo el trabajo era el hombre, ayudado de animales o rústicas herramientas, hasta la actualidad en el que la máquina ha remplazado casi absolutamente al hombre.

Debido a estos diferentes cambios fue necesario, también, amoldar la regulación jurídica que debía mantener un equilibrio en este espacio.

Actualmente se ha vuelto al tema de la jerarquía de los tratados internacionales, fijando algunos criterios para sostener que pueden utilizarse los pactos internacionales en materia de derechos humanos, no sólo para ampliar el catálogo de derechos que se contienen en la Constitución, sino también como criterios de interpretación que deben utilizar los operadores jurídicos, jueces litigantes y todo aquel que utilice el derecho como herramienta.

En el caso concreto, el derecho agrario toma elementos muy importantes de los siguientes tratados internacionales:

De la Declaración Universal de los Derechos Humanos; de la Declaración Americana de Derechos del Hombre; del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.

Es importante reflexionar sobre el cambio demográfico tan significativo por el que hemos atravesado, y del impacto que tienen también los flujos de migración en la producción de alimentos, en la conformación de nuestra economía y nuestras relaciones internacionales.

De acuerdo a nuestra realidad, no podemos seguir invisibilizando que el flagelo del narcotráfico infiere gravemente en la materia agraria, como en la seguridad nacional, en razón de que las tierras destinadas para el desarrollo social del Estado mexicano están siendo aprovechadas por la delincuencia organizada para fines ilícitos.

Es decir, en lugar que estas sierras sean aprovechadas para la producción de alimentos, bosques y áreas naturales protegidas, son objeto de que sus propietarios o terceras personas ajenas, aprovechen su usufructo con fines delictivos como lo es la explotación de plantíos ilícitos, tales como la marihuana, amapola, planta de la coca, aunado a la comisión de delitos, tanto del orden común como el federal que tiene como consecuencia la pena privativa de la libertad, que son repelidos por la población en general, ya que lesionan sus valores, su desarrollo y la tranquilidad que mantiene el núcleo a su interior, como el aprovechamiento ilegal de minas existentes en esos núcleos de población y de metales, tales como oro, plata y hierro, situaciones que no se encuentran reguladas en la Ley Agraria.

Por ello resulta ilógico, que si dentro del marco jurídico nacional, toda la legislación penal se ha actualizado con el fin de acabar con el narcotráfico e inhibir ese tipo de conductas, dicho aspecto se encuentra rezagado en materia agraria, cuando gravemente la materia prima, que es la tierra, en especial la propiedad social que son los terrenos ejidales y comunales, se encuentre expuesta y a merced de este tipo de actividades, ya que por la falta de regulación y situaciones socioculturales, no se encuentra protegida, y que como resultado de dicha omisión sea la tierra objeto de acaparamiento por los delincuentes y de falta de aprovechamiento para la siembra de droga.

El Magistrado García Villalobos ha reiterado: “La delincuencia organizada se está apoderando del campo mexicano, un número no determinado de campesinos que presta la tierra para que ahí se siembre”.

Conforme a la Ley Agraria, a los ejidatarios les corresponde el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas. No obstante, y dada la trascendencia de las conductas delictivas graves que se han cometido en los núcleos ejidales, se considera que la cantidad de ejidatarios se pierde, no sólo por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes, renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán seguidos a favor del núcleo de población, prescripción negativa, sino también por haber sido condenado por delitos graves del orden federal o común o ambos, siempre y cuando la unidad parcelaria que le fue asignada hubiera sido instrumento, objeto, o bien, utilizada para la comisión del o los delitos graves, se haya destinado a ocultar o mezclar bienes, producto del delito.

Por igual, aquellas unidades parcelarias que por cualquier acto, ya sea jurídico, o contrario a derecho, hayan sido enajenadas o se realice, permita, tolere o autorice la venta total o parcial de su unidad de dotación o de superficie de uso común, o a la del arrendamiento o en aparcería o en cualquier otra forma ilegal de ocupación a miembros del propio o a terceros, excepto los casos previstos por el artículo 45 de esta ley, pudiendo la Asamblea General de Ejidatarios, en términos de la presente ley, reasignarla.

Por las razones anteriormente expuestas, consideramos que debe de adicionarse una fracción IV al artículo 20 de la Ley Agraria, que dice: “Por haber sido condenado por delito o delitos graves, del orden común o federal, o ambos y cuando la unidad parcelaria que le fue asignada hubiera sido:

a) Instrumento, objeto, materia, o bien, se haya utilizado para la comisión del o los delitos sancionados.

b) Se haya destinado a ocultar o mezclar bienes producto del delito.

c) Que con motivo de cualquier acto ilícito haya sido enajenada o se haya realizado, permitido, tolerado o autorizada la venta total o parcial de su unidad de dotación o de superficie de uso común para dicho fin.

d) Por el arrendamiento o en aparcería o en cualquier otra ilegal de ocupación a miembros del ejido o a terceros para fines delictivos, excepto en los casos previstos por el artículo 45 de esta ley”.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“De los Senadores MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA, ERNESTO GANDARA CAMOU, JOSE ASCENCION ORIHUELA BARCENAS de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento de la Cámara de Senadores, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION IV AL ARTICULO 20 DE LA LEY AGRARIA.

OBJETIVO

Establecer las causales de la pérdida de la calidad de ejidatarios, avecindado o posesionario, considerando los motivos relacionados por conductas delictivas del orden federal, como el narcotráfico, explotación inmoderada de minas, de tala de árboles, delincuencia organizada, entre otros ilícitos también del orden común.

JUSTIFICACION

La actividad del narcotráfico infiere gravemente en la actividad agrícola, en razón de que las tierras destinadas para el desarrollo social del Estado Mexicano, están siendo aprovechadas por la delincuencia organizada para fines ilícitos, es decir, que en lugar de que esas tierras sean aprovechadas para la producción de alimentos (huertas, hortalizas, cañaverales, cafetales, granos, cereales, etc.) bosques y áreas naturales protegidas, son objeto de que sus propietarios (ejidatarios y comuneros) o terceras personas ajenas, aprovechen su usufructo con fines delictivos, la comisión de estos delitos tienen como consecuencia la pena privativa de la libertad, además de que se lesionan los valores, el desarrollo y la tranquilidad de los núcleos de población; situaciones que no se encuentran reguladas en la Ley Agraria.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mayor justicia y libertad ha sido el objetivo de las luchas agrarias que nos precedieron. Se ha buscado promover cambios que alienten una mayor participación de los productores del campo en la vida nacional, que se beneficien con equidad de su trabajo, que aprovechen su creatividad y que todo ello se refleje en una vida comunitaria fortalecida y una Nación más próspera.

Fue parte esencial para el propósito de justicia revertir el creciente minifundio en el campo, éste proviene en gran parte de la obligación de seguir repartiendo tierras y de la falta de formas asociativas estables.

Los cambios no han sido los esperados, aún existe incertidumbre en la tenencia y en la producción para ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.

No han sido satisfechos los mecanismos y la estimulación para la inversión y capitalización de los predios rurales, se han desviado con actividades ilícitas, lo que ha generado una mayor afectación a los campesinos.

Se debe de rescatar y fortalecer la vida comunitaria de los asentamientos humanos y precisar los derechos de ejidatarios y comuneros, la suspensión y su pérdida de los mismos, que se respeten las decisiones que tomen para el aprovechamiento de sus recursos naturales de manera licita.

En efecto, dentro de la actividad agrícola, se han dado bruscas transformaciones que han modificado lentamente la forma de explotación, pasando de una época en la que quien realizaba todo el trabajo era el hombre, ayudado a animales o rústicas herramientas hasta la actualidad en el que la máquina ha reemplazado casi absolutamente al hombre. Debido a estos diferentes cambios fue necesario también amoldar la regulación jurídica que debía mantener un equilibrio en este espacio.Actualmente se ha vuelto al tema de la jerarquía de los Tratados Internacionales, fijando algunos criterios para sostener que pueden utilizarse los pactos internacionales en materia de derechos humanos no solo para ampliar el catálogo de derechos que se contienen en la Constitución, sino también como criterios de interpretación que deben utilizar los operadores jurídicos, (jueces, litigantes, y todo aquél que utilice al derecho como herramienta).

En el caso concreto, el derecho agrario toma elementos muy importantes de los siguientes tratados internacionales:

Artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

El artículo 23 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre establece: Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.

El artículo 11.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala:

2.- Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesiten para:

a.- Mejorar métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos. La divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales.

b.- Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que exportan

Es importante reflexionar que el cambio demográfico tan significativo por el que hemos atravesado y del impacto que se tiene también en los flujos de migración, en la producción de alimentos, en la conformación de nuestra economía y nuestras relaciones internacionales.

Sin embargo y de acuerdo a nuestra realidad, no podemos seguir invisibilizando que el flagelo del narcotráfico infiere gravemente en la materia agraria, como en la seguridad nacional, en razón de que las tierras destinadas para el desarrollo social del Estado Mexicano, están siendo aprovechadas por la delincuencia organizada para fines ilícitos, es decir, que en lugar de que esas tierras sean aprovechadas para la producción de alimentos (huertas, hortalizas, cañaverales, cafetales, granos, cereales, etc.) bosques y áreas naturales protegidas, son objeto de que sus propietarios (ejidatarios y comuneros) o terceras personas ajenas, aprovechen su usufructo con fines delictivos, como lo es la explotación de plantíos ilícitos tales como la marihuana, amapola, planta de la coca; aunado a la comisión de delitos tanto del orden común como el federal, que tienen como consecuencia la pena privativa de la libertad, que son repelidos por la población en general ya que lesionan sus valores, su desarrollo y la tranquilidad que mantiene el núcleo a su interior, como el aprovechamiento ilegal de minas existentes en esos núcleos de población y de metales tales como oro, plata y hierro; situaciones que no se encuentran reguladas en la Ley Agraria. Por ello, resulta ilógico que si dentro del marco jurídico nacional, toda la legislación penal se ha actualizado con el fin de acabar con el narcotráfico e inhibir ese tipo de conductas, dicho aspecto se encuentre rezagado en materia agraria, cuando gravemente la materia prima (la tierra), en especial la propiedad social (terrenos ejidales y comunales), se encuentra expuesta y a merced de ese tipo de actividades, ya que por la falta de regulación y situaciones socioculturales no se encuentra protegida y que como resultado de dicha omisión, sea la tierra, objeto de acaparamiento por los narcotraficantes y de fácil aprovechamiento para la siembra de droga.

El magistrado García Villalobos ha reiterado: "La delincuencia organizada se está apoderando del campo mexicano. Un número no determinado de campesinos que prestan la tierra para que ahí se siembre.”

Esta situación ha generado que en alrededor de 30 por ciento de los terrenos del campo mexicano convivan cultivos de productos legales con plantíos de marihuana y amapola", refiere el magistrado, durante su intervención en el seminario sobre Seguridad Jurídica en la Inversión, Compra y Participación en Tierras Ejidales y su Ordenamiento en Materia Ambiental.

También es consecuencia del incremento de la pobreza rural que ha llevado a la población a situaciones delictivas "catastróficas" como sucede en algunos estados donde los campesinos se han involucrado en actividades ilícitas o alquilan sus tierras a los cárteles de la droga.

Ahora bien, conforme a la Ley Agraria son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. Los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere.

Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente les correspondan.

Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere:

I. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario; y

II. Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero, o cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno.

El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario.

Cuando no existan sucesores, el tribunal agrario proveerá lo necesario para que se vendan los derechos correspondientes al mejor postor, de entre los ejidatarios y avecindados del núcleo de población de que se trate. El importe de la venta corresponderá al núcleo de población ejidal.

Respecto a la perdida de los derechos ejidales, el artículo 20 de la Ley de la materia establece:

Artículo 20.- La calidad de ejidatario se pierde:

I. Por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes;

II. Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de población;

III. Por prescripción negativa, en su caso, cuando otra persona adquiera sus derechos en los términos del artículo 48 de esta ley.

Y de acuerdo a la perdida de la calidad de ejidatario se emitió la CIRCULAR DJ/RAN/III-11 (ESTA CIRCULAR TENIA LA NOMENCLATURA DJ/RAN/III-13), que dispone:

La Calidad de ejidatario se pierde por las siguientes causas:

1. Resolución Judicial.

2. Renuncia a todos sus derechos ejidales (Art. 20 fracción

II de la Ley Agraria).

3. Prescripción conforme al artículo 48 de la Ley Agraria

En el primer supuesto, la sentencia que así lo determine deberá inscribirse en el Organo Registral.

En el segundo supuesto, se requiere la manifestación del ejidatario por escrito y certificada ante Notario Público o a través de Jurisdicción Voluntaria, que contenga la renuncia a sus derechos agrarios, parcelarios y comunes a favor del Núcleo Agrario.

En el tercer supuesto, se requerirá que se encuentre inscrita la sentencia de prescripción que haya causado estado y que ésta, específicamente, determine que el individuo perdió la calidad de ejidatario con motivo de la prescripción.

Derivado de las facultades que le otorga la Ley Agraria a la asamblea en el artículo 23, fracciones I a VI y XV, se puede determinar que no es atribución de ésta, acordar la renuncia que en su caso haga un ejidatario, ya que este es un acto de naturaleza personalísima, libre y potestativa al sujeto del derecho. Por lo que las solicitudes de inscripción de estos acuerdos deberán ser denegadas.

No obstante y dado la trascendencia de las conductas delictivas graves que se han cometido en los núcleos ejidales, se considera que la calidad de ejidatario se pierda no solo por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes; renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de población; prescripción negativa, sino también, por haber sido condenado por delitos graves del orden federal o común, u ambos, siempre y cuando la unidad parcelaria que le fue asignada hubiera sido instrumento, objeto, o bien utilizada para la comisión del o los delitos graves, se haya destinado a ocultar o mezclar bienes producto del delito. Por igual a aquellas unidades parcelarias que por cualquier acto, ya sea jurídico o contrario a derecho, hayan sido enajenadas, o se realice, permita, tolere o autorice la venta total o parcial de su unidad de dotación o de superficies de uso común, o la de arrendamiento o en aparcería o en cualquier otra forma ilegal de ocupación a miembros del propio ejido o a terceros, excepto en los casos previstos por el artículo 45 de esta ley. Pudiendo la asamblea general de ejidatarios en términos de la presente Ley, reasignarla.

Por las razones anteriormente expuestas consideramos que debe de reformarse el artículo 20 de la Ley Agraria de Amparo, a continuación señalamos bajo el siguiente comparativo la propuesta:

VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 20.- La calidad de ejidatario se pierde:

I. Por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes;

II. Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de población;

III. Por prescripción negativa, en su caso, cuando otra persona adquiera sus derechos en los términos del artículo 48 de esta ley.

Artículo 20.- La calidad de ejidatario se pierde:

I. Por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes;

II. Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de población;

III.- Por prescripción negativa, en su caso, cuando otra persona adquiera sus derechos en los términos del artículo 48 de esta ley.

IV.Por haber sido condenado por delito o delitos graves, del orden común ofederal, o ambos y cuandola unidad parcelaria que le fue asignada hubiera sido:

a) Instrumento, objeto, materia o bien se haya utilizado para la comisión del o los delitos sancionados.

b) Se haya destinado a ocultar o mezclar bienes producto del delito.

c) Que con motivo de cualquier acto ilícito, haya sido enajenadas, o se haya realizado, permitido, tolerado o autorizado la venta total o parcial de su unidad de dotación o de superficies de uso común para dicho fin.

d) Por el arrendamiento o en aparcería o en cualquier otra forma ilegal de ocupación a miembros del propio ejido o a terceros, para fines delictivos, excepto en los casos previstos por el artículo 45 de esta ley.

Pudiendo la asamblea general de ejidatarios en términos de la presente Ley, reasignarla.

En mérito de lo anterior, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION IV AL ARTICULO 20 DE LA LEY AGRARIA.

ARTICULO UNICO. Se adiciona una fracción IV al artículo 20 de la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 20.- La calidad de ejidatario se pierde:

I.- Por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes;

II.- Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de población;

III.- Por prescripción negativa, en su caso, cuando otra persona adquiera sus derechos en los términos del artículo 48 de esta ley.

IV.- Por haber sido condenado por delito o delitos graves, del orden común o federal, o ambos y cuando la unidad parcelaria que le fue asignada hubiera sido:

a) Instrumento, objeto, materia o bien se haya utilizado para la comisión del o los delitos sancionados.

b) Se haya destinado a ocultar o mezclar bienes producto del delito.

c) Que con motivo de cualquier acto ilícito, haya sido enajenadas, o se haya realizado, permitido, tolerado o autorizado la venta total o parcial de su unidad de dotación o de superficies de uso común para dicho fin.

d) Por el arrendamiento o en aparcería o en cualquier otra forma ilegal de ocupación a miembros del propio ejido o a terceros, para fines delictivos, excepto en los casos previstos por el artículo 45 de esta ley.

ARTICULO TRANSITORIO

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones, a 29 de abril de 2014.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza.- Sen. Ernesto Gándara Camou.- Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martínez Espinoza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia.

Quiero, señor Presidente, también referirme a la siguiente iniciativa, en una sola intervención. ¿Me lo autoriza?

- El C. Presidente Aispuro Torres: Adelante, Senadora.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION XIV BIS AL ARTICULO 6o. DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SE REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERESY LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

 (Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

Rapidísimamente menciono las dos iniciativas que tienen que ver con un ajuste institucional que estamos proponiendo se emprenda en cuatro leyes, las cuatro tienen conexión.

El caso de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece mecanismos para adelanto de las mujeres en las 32 entidades federativas que forman parte de su junta de gobierno.

Lo que estamos planteando es, en esta modificación, que estos mecanismos de las 32 entidades federativas pasen a la Junta de Gobierno de Sistema de Igualdad, es decir, estén inscritos en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

¿Por qué? Porque nos parece importante ratificar que el precepto fundamental, que tiene que ver con el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tiene que ver con el goce pleno, en igualdad de condiciones de sus derechos. La violencia contra las mujeres, violenta los derechos de las mujeres, en una situación de discriminación y de gran desigualdad.

De tal manera que es más conducente que los 32 mecanismos de las entidades federativas, participen en el ámbito de la definición de la política estructural que tiene que ver con la igualdad sustantiva y efectiva, en donde, por supuesto, está integrado el tema que tiene que ver con el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Y, además, la otra iniciativa refiere, también, que de la ley de igualdad, se circunscriba que la observancia en la vigilancia, de que se están realizando políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres, y que ahora lo tiene facultado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que proponemos es que, esta observancia que tiene hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pase a formar parte del Instituto Nacional de las Mujeres.

Creemos que en esta transversalidad de la definición de las políticas públicas a favor de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, es más conducente que esté en el ámbito del Instituto Nacional de las Mujeres, para poder destacar, determinar con mucho mayor profundidad la transparencia y la medición de resultados del ejercicio de los recursos públicos en favor de las políticas y acciones gubernamentales que tenemos que emprender a favor de la integralidad de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas.

Esas son las reformas que están proponiendo, para que en el turno de comisiones sean revisadas. Y, por supuesto, se tome en consideración de los alcances que, sin lugar a duda, estamos convencidas, lograremos en la determinación, en la definición y, sobre todo, en la evaluación pertinente de los resultados de las acciones gubernamentales con el propósito que yo he referido.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativas

“La suscrita, Angélica de la Peña Gómez, senadora integrante del GPPRD en el Senado de la República, LXII Legislatura, del Congreso de las Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION XIV BIS DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; SE ADICIONA UNA FRACCION XXV, RECORRIENDOSE LAS SIGUIENTES DEL ARTICULO 7° DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, Y SE MODIFICA EL ARTICULO 22 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La igualdad formal se considera universal y atiende precisamente a la misma capacidad jurídica que tiene toda persona frente a la ley, sin embargo en la vía de los hechos tal igualdad no es una realidad, pues existen grupos que son discriminados y no pueden ejercer sus derechos en términos de igualdad1.

La jurista costarricense Alda Facio señala que el término igualdad se ha mal interpretado, pues al hablar de igualdad entre mujeres y hombres se habla de “igualar a las mujeres a los hombres” o hacerlas parecidas para que puedan gozar de los mismos derechos, por eso debe reconceptualizarse el término conforme a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés)2. Facio afirma que “no es cierto que la igualdad exija tratamiento exacto ni medidas iguales para hombres y mujeres”, pues aunque la igualdad formal requiere precisamente un trato idéntico, debe tenerse presente es necesario un trato diferenciado por las diferencias biológicas o por la desigualdad histórica de poder producto de los estereotipos de género3.

Luigi Ferrajoli plantea un esquema de cuatro modelos de configuración jurídica de la diferencia, en su clasificación se refiere a la valoración jurídica de las diferencias, basado en el principio normativo de igualdad de derechos fundamentales (políticos, civiles, de libertad y sociales) y al mismo tiempo en un sistema de garantías capaces de asegurar su efectividad, este modelo no es indiferente a las diferencias sino que garantiza a todos su libre afirmación y desarrollo, además no privilegia ni discrimina ninguna diferencia, sino que las asume a todas como dotadas de igual valor, prescribiendo para todas igual respeto y tratamiento, el modelo reconoce todas las diferencias y las valoriza como otros tantos rasgos de la identidad de las personas4.

En el contexto internacional, la CEDAW tiene diversas referencias en cuanto al tema de la igualdad, toda vez que refiere la discriminación contra las mujeres “viola los principios de igualdad de derechos y del respeto a la dignidad humana” esta situación limita la participación femenina en las diversas esferas de la vida, en las mismas condiciones de los hombre y es un obstáculo para el desarrollo de éstas.

En ese contexto, este instrumento mandata a los Estados Partes, incluir en su Constitución, y en sus leyes nacionales el principio de igualdad entre mujeres y hombres y asegurar tal principio, además determina establecer “la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre” (artículo 2°).

Debemos subrayar que, la disposición que contempla asegurar en la ley la igualdad entre mujeres y hombres, implica contar con un marco jurídico que asegure no solo un trato igual, sino la creación de condiciones (desde la ley) que garanticen de manera real dicha igualdad.

Es oportuno tener en cuenta que la igualdad entre sexos, que refiere la cedaw se sustenta en que “mujeres y hombres somos igualmente diferentes”, lo cual conlleva un reconocimiento de tales diferencias y no dar el mismo trato a ambos sexos, puesto que un trato idéntico, deja a las mujeres en una posición inferior. En concreto, la aspiración debe ser la “igualdad de los sexos en el goce de los derechos humanos que cada cual necesite”5.

En el ámbito nacional, la igualdad jurídica entre mujeres y hombres es reconocida desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6 en su artículo 4°, ello se traduce en que, toda la legislación nacional debe transversalizar la igualdad entre ambos sexos.

La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos7 que regula las tareas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos (artículo 2°).

En dicho ordenamiento se determinan las facultades de observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres (fracción XIV Bis del artículo 6°), lo anterior, en congruencia con lo dispuesto por la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) en su artículo 22.

En concordancia, la LGIMH cuenta con un apartado relativo a la observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en la que mandata la construcción de un sistema de información con capacidad para conocer la situación que guarda la igualdad entre mujeres y hombres, así como el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia (artículo 46).Podemos señalar que una de las aportaciones más relevantes e innovadoras de laLGIMH, es precisamente, la creación de una instancia especial encargada de la observancia con la autonomía necesaria que permita emitir recomendaciones para que la ley sea debidamente cumplida.

También se contempla que la labor de observancia sea llevada a cabo por personas expertas reconocidas en el análisis de la igualdad de género (artículo 47).

En cuanto a la observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en el numeral 48 se determina que ésta consistirá en lo siguiente:

I. Recibir información sobre medidas y actividades que ponga en marcha la administración pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

II. Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a los hombres y a las mujeres en materia de igualdad;

III. Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la situación de las mujeres y hombres en materia de igualdad;

IV. Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres, y

V. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta Ley.

Ahora bien, de conformidad a las facultades de la propiaCNDH, ésta podrá recibir quejas, formular recomendaciones y presentar informes especiales en la materia de igualdad (artículo 49).

Para dar cumplimiento a estas atribuciones, en el año 2006 se creó el Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PIMH), adscrito en un primer momento a la Segunda Visitaduría General; posteriormente, el 1° de abril de 2010 el Programa de Asuntos de la Mujer, perteneciente a la Primera Visitaduría General, se fusionó al PIMH, modificándose el nombre a Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH), y a partir de enero de 2011, el Programa quedó adscrito a la Cuarta Visitaduría General.

La cndh ha desarrollado cinco informes especiales sobre el derecho de igualdad entre mujeres y hombres, en los que se abordan de manera general, las acciones del Poder Legislativo en materia de igualdad entre mujeres y hombres, (monitoreo sobre armonización legislativa); las acciones del Poder Ejecutivo en materia de igualdad entre mujeres y hombres (revisión del Plan Nacional de Desarrollo, Programas para la Igualdad entre Mujeres y Secretarías de Estado, las acciones del Poder Judicial en materia de igualdad entre mujeres y hombres (participación de las mujeres en el Poder Judicial), también se revisan los programas presupuestarios para la igualdad entre mujeres y hombres.

Si, bien, resulta plausible que la CNDH lleve a cabo la tarea de observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres, resulta necesario trasladar tales atribuciones a la Ley de Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), toda vez que la CNDH no cuenta con la capacidad, ni el exptertise necesario para llevar a cabo dicha tarea, tal y como lo observó desde el año 2006 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer8, que sus Observaciones finales al Estado mexicano, el cual destacó que “le preocupa que quizás esta institución no cuente con los conocimientos especializados en cuestiones de género ni con los recursos humanos y financieros necesarios para desempeñar esa función”, en ese sentido, recomendó a nuestro país velar por que la cndh reciba los recursos financieros.

Se considera que es la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, el ordenamiento ad hoc para llevar a cabo la labor de observancia en materia de igualdad de género, toda vez que el objeto general de este mecanismo es el promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país (artículo 4°).

Adicionalmente, el INMUJERES tiene entre sus objetivos, la “promoción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, y la participación de la sociedad, destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres”, así como la evaluación de “los programas, proyectos y acciones para la no discriminación y la equidad de género, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias”, de conformidad al artículo 6° de la Ley en la materia.

Por lo antes expuesto, las que suscriben, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION XIV BIS DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; SE ADICIONA UNA FRACCION XXV, RECORRIENDOSE LAS SIGUIENTES DEL ARTICULO 7° DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, Y SE MODIFICA EL ARTICULO 22 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

PRIMERO.- Se deroga la fracción XIV Bis de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XIV.- …

XIV Bis.-Se deroga.

XV. y XVI.-…

SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XXV, recorriéndose las siguientes del artículo 7° de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

Artículo 7.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I a XXIV. …

XXV. La observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y

XXVI. Las demás que le señale el Estatuto Orgánico del Instituto.

TERCERO.- Se modifica el artículo 22 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 22.- De acuerdo con lo establecido por el Artículo 7, Fracción XXV de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, éste es el encargado de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente decreto, los recursos financieros a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la ejecución del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres corresponderán al Instituto Nacional de las Mujeres, para la ejecución del mismo. La Cámara de Diputados destinará al Instituto Nacional de las Mujeres, los recursos presupuestales suficientes para el cumplimiento del adecuado funcionamiento del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el ejercicio fiscal siguiente a la entrada en vigor del presente decreto.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal contará con un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para hacer las modificaciones correspondientes a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

Senado de la República, a 29 de abril de 2014.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

1inmujeres. (2007). Glosario de género. México.

2 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 18 de junio de 1981.

3 Facio, A. (s/f). ¿Equidad o igualdad? Manual de Derechos Humanos de las Mujeres y Jóvenes de la cedaw. iianud. San José, Costa Rica.

4 Ferrajoli, L. (2006). Derechos y Garantías. La ley del más débil, Ed. Trotta: Madrid.

5 Facio, A. (1992). Cuando el género suena cambios trae (una metodología para el análisis de género del fenómeno legal).San José, Cosa Rica: ilanud.

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 5 de febrero de 1917.

7 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 29 de junio de 1992.

8 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. México. 36°Periodo de sesiones. 25 de agosto de 2006.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

Rapidísimamente menciono las dos iniciativas que tienen que ver con un ajuste institucional que estamos proponiendo se emprenda en cuatro leyes, las cuatro tienen conexión.

El caso de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece mecanismos para adelanto de las mujeres en las 32 entidades federativas que forman parte de su junta de gobierno.

Lo que estamos planteando es, en esta modificación, que estos mecanismos de las 32 entidades federativas pasen a la Junta de Gobierno de Sistema de Igualdad, es decir, estén inscritos en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

¿Por qué? Porque nos parece importante ratificar que el precepto fundamental, que tiene que ver con el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tiene que ver con el goce pleno, en igualdad de condiciones de sus derechos. La violencia contra las mujeres, violenta los derechos de las mujeres, en una situación de discriminación y de gran desigualdad.

De tal manera que es más conducente que los 32 mecanismos de las entidades federativas, participen en el ámbito de la definición de la política estructural que tiene que ver con la igualdad sustantiva y efectiva, en donde, por supuesto, está integrado el tema que tiene que ver con el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Y, además, la otra iniciativa refiere, también, que de la ley de igualdad, se circunscriba que la observancia en la vigilancia, de que se están realizando políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres, y que ahora lo tiene facultado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que proponemos es que, esta observancia que tiene hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pase a formar parte del Instituto Nacional de las Mujeres.

Creemos que en esta transversalidad de la definición de las políticas públicas a favor de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, es más conducente que esté en el ámbito del Instituto Nacional de las Mujeres, para poder destacar, determinar con mucho mayor profundidad la transparencia y la medición de resultados del ejercicio de los recursos públicos en favor de las políticas y acciones gubernamentales que tenemos que emprender a favor de la integralidad de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas.

Esas son las reformas que están proponiendo, para que en el turno de comisiones sean revisadas. Y, por supuesto, se tome en consideración de los alcances que, sin lugar a duda, estamos convencidas, lograremos en la determinación, en la definición y, sobre todo, en la evaluación pertinente de los resultados de las acciones gubernamentales con el propósito que yo he referido.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativas

“La suscrita, Angélica de la Peña Gómez, senadora integrante del GPPRD en el Senado de la República, LXII Legislatura, del Congreso de las Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y LA GENERAL LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las disposiciones normativas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante, Convención o CEDAW) son parte del marco jurídico mexicano.El objetivo de esta Convención es eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres por motivos de sexo. Así como, garantizar a las mujeres un reconocimiento igualitario, así como el goce y el ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil, doméstico o de otro tipo, independientemente de su estado civil, y en condiciones de igualdad con los hombres.

El principio de igualdad que consagra el artículo 1º constitucional, abarca la igualdad entre mujeres y hombre; este principio es inherente al concepto de que todos los seres humanos, con independencia de su sexo, son libres de desarrollar sus capacidades personales, emprender carreras profesionales y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los estereotipos, los roles de género rígidos y los prejuicios.

De acuerdo con el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en la Recomendación General No. 28, el artículo 2 de la Convención exhorta a los Estados a condenar la discriminación contra la mujer. Para ello, los Estados deben ocuparse de todos los aspectos de sus obligaciones jurídicas, en virtud de la Convención, para respetar, proteger y hacer cumplir el derecho de las mujeres a la no discriminación y al goce de la igualdad.

Los Estado deben tener en cuenta que han de cumplir con sus obligaciones jurídicas con todas las mujeres mediante la formulación de políticas, programas y marcos institucionales de carácter público que tengan por objetivo satisfacer las necesidades específicas de las mujeres a fin de lograr el pleno desarrollo de su potencial en pie de igualdad con los hombres.

En este sentido, el Estado mexicano debe asegurar que todos los órganos gubernamentales sean plenamente conscientes de los principios de igualdad y no discriminación por motivos de sexo y género; así como establecer y poner en práctica los programas de capacitación y concienciación adecuados.

Además, se debe de tomar en cuenta que la discriminación contra las mujeres por motivos de sexo y género comprende como se señala en la Recomendación General No. 19¾la violencia por motivos de género, es decir la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada. Esta violencia es una forma de discriminación que inhibe seriamente la capacidad de gozar y ejercer los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres pie de igualdad con los hombres.

Por ello, las políticas que se adopten por parte del Estado mexicano para eliminar la discriminación contra las mujeres necesariamente tendrán que abarcar aquellas políticas y acciones que combatan la violencia por motivos de género. Una política que, en términos de la Recomendación General No. 28, esté orientada a la acción y los resultados, en el sentido de que establezca metas, indicadores y plazos, asegurando que todos los actores pertinentes cuenten con los recursos adecuados y puedan desempeñar el papel que les corresponde para alcanzar las metas y los objetivos convenidos.

Además, los Estados deberán asegurar la existencia de órganos fuertes y especializados (un mecanismo nacional para la mujer) en el poder ejecutivo del Estado que tomen iniciativas, coordinen y supervisen la preparación y aplicación de las leyes, las políticas y los programas necesarios para cumplir las obligaciones, en virtud de la Convención.

Estas instituciones deben tener competencia para brindar asesoramiento y presentar análisis directamente a los niveles más altos del Gobierno. La política también debería asegurar que se establezcan instituciones de seguimiento independientes, por ejemplo institutos nacionales de derechos humanos o comisiones independientes para la mujer, o que los institutos nacionales existentes reciban el mandato de promover y proteger los derechos garantizados en la Convención.

En México, desde la década de los ochentas se han hecho esfuerzos por la creación de un mecanismo nacional; es en 1980 que se creó el Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo, el cual propuso un conjunto de iniciativas específicas orientadas a promover el mejoramiento de la condición social de las mujeres. En 1985, se instaló una Comisión para coordinar las actividades y los proyectos sectoriales en la materia y preparar la participación de México en la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer (Nairobi, 1985).

El 12 de enero de 2001 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, es mediante esta ley que se crea una instancia nacional para el adelanto de las mujeres mexicanas, como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. Esta misma política pública ha sido retomada por las 32 entidades federativas creándose los mecanismos para el adelanto de las mujeres en cada una de éstas.

Entre los mandatos que observan estos mecanismos se encuentran la generación de políticas especializadas para garantizar los derechos de las mujeres, buscando reducir hasta su eliminación los actos de discriminación y violencia que sufren las mujeres por su condición de género. Como ya se mencionó, la violencia en contra de las mujeres es una forma grave de discriminación. Por lo que las políticas públicas para enfrentar la violencia contra las mujeres necesariamente deben atacar las raíces sociales y culturales de donde emanan las prácticas discriminatorias, lo que demanda acciones multisectoriales, multidisciplinarias y de colaboración entre instancias públicas, privadas y sociales.

Es en el año de 2007 cuando se crea la Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia (en adelante, LGAMVLV), que entre otros mecanismos, establece el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (en adelante, SNPASEVM).

El SNPASEVM es el instrumento fundamental, a través del cual debe establecerse la coordinación de la Federación para promover e impulsar políticas nacionales orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es presidido por la SEGOB y el INMUJERES ocupa la Secretaría Ejecutiva del mismo, además lo integran otras ocho dependencias y entidades de la APF: Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de la República, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud; Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (integrada con base en las reformas a la LGAMVLV publicadas en el DOF el 18 de mayo de 2012), así como por los mecanismos para el adelanto de las mujeres de las 32 entidades federativas1.

Para dar viabilidad al funcionamiento del citado Sistema, el 20 de agosto de 2008fueron instaladas las cuatro comisiones que lo integran, con el objeto de impulsarlas acciones en cada uno de los ejes de política pública que mandata la LGAMVLV. Las cuatro Comisiones del SNPASEVC son2:

• Comisión de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, presidida por la Secretaría de Educación Pública.

• Comisión de Atención de la Violencia contra las Mujeres, presidida por la Secretaría de Salud.

• Comisión de Sanción de la Violencia contra las Mujeres, presidida por la Procuraduría General de la República.

• Comisión de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, presidida por la Secretaría de Gobernación.

Este sistema ha venido funcionando de forma regular, a partir del año 2008. Sin embargo, su funcionamiento ha sido objeto de una serie de cuestionamientos por parte de las organizaciones de la sociedad civil, principalmente por lo que respeta al tema de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, quienes consideran que las y los integrantes del SNPASEVM actúan en sentido favorable a los objetivos manifiestos en los discursos políticos que apoyan sus gobiernos o partidos políticos, en contravención del objetivo que busca el mecanismo de Alerta de Género.

Por ello, es importante observar las consideraciones que hace Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, de Cámara de Diputados en el documento “Elementos importantes en torno al funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, derivado de la LGAMVLV”, entre las que destacan las siguientes:

• Las comisiones que integran el SNPASEVM no reportan actividades de manera particular en el primer trimestre de cada año, debido a que su primera sesión suele realizarse a partir del segundo trimestre de cada año. 

• En algunos casos se observa información de las actividades reportadas por las comisiones que llegan a repetirse de un trimestre a otro; sin que se ubique con claridad si se trata de actividades adicionales, o si tal situación refiere a deficiencias en la calidad de la información.

• En cuanto a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, en la información consultada se ubicaron diversas acciones en torno a ésta, aunque a la fecha todas las solicitudes presentadas en la materia han sido rechazadas por el Sistema.

En ese sentido, el Comité de la CEDAW¾en el examen a México en los informes periódicos séptimo y octavo combinados, en el año 2012¾ también expresó una serie de preocupaciones y recomendaciones con lo que respecta al funcionamiento del SNPASEVM. Entre sus recomendaciones, resalta la importancia de revisar el mecanismo nacional en vigor para hacer frente a la violencia contra las mujeres con miras a simplificar los procesos y mejorar lacoordinación entre sus miembros y fortalecer su capacidad en los planos federal, estatal y municipal, proporcionándole suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para aumentar su eficacia en la ejecución de su mandato general de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Por lo anterior, en cumplimiento con las recomendaciones del Comité de la CEDAW, se hace indispensable revisar la participación de cada una de las dependencias integrantes del SNPASEVM, especialmente de mecanismos para adelanto de las mujeres de las 32 entidades federativas; simplificar los procesos y analizar el impacto de las políticas públicas adoptadas en al momento de la aplicación de las medidas concretas en los ámbitos locales. Así mismo, es importante replantear el marco jurídico más adecuado para generar las políticas públicas que tengan por objeto eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres.

En nuestro marco legislativo existen dos leyes generales, LGAMVLV y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (en adelante LGIMH). Ambas leyes obligan a la coordinación, a través de sistemas, a las dependencias de la Administración Pública Federal en coordinación con las instituciones de las entidades federativas y municipales, para generar políticas que garanticen la igualdad y una vida libre de violencia para las mujeres.

Al ser, como establece el Comité de la CEDAW, la violencia en una manifestación de discriminación por razones de género, pudiera existir una duplicación en la generación políticas públicas y acciones que implican una carga doble de trabajo para las dependencias e instituciones que integran los sistemas que mandatan estas leyes. Es importante, observar que los mecanismos para el adelanto de las mujeres cuentan con presupuestos bajos y carecen de personal para la poder dar seguimiento y atender a cada una de las reuniones ordinarias y extraordinarias que generan estos sistemas.

Es por ello, que se propone que los mecanismos para el adelanto de las mujeres de las 32 entidades federativas se integren al Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, incluidas entre éstas las que sean necesarias para garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres.

Por lo antes expuesto, las que suscriben, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y LA GENERAL LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

PRIMERO.- Se reforma artículo 36de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

ARTICULO 36.- El Sistema se conformará por las y los titulares de:

I. La Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá;

II. La Secretaría de Desarrollo Social;

III. La Secretaría de Seguridad Pública;

IV. La Procuraduría General de la República;

V. La Secretaría de Educación Pública;

VI. La Secretaría de Salud;

VII. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VIII. El Instituto Nacional de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema;

IX. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; y

X.El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

XI. Se deroga.

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 27de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 27.- Los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal coadyuvarán, a través de los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con el Instituto o, en su caso, con las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional.

Así mismo, planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de igualdad entre mujeres y hombres, procurando su participación programática en el Sistema Nacional.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal contará con 90 días hábiles, a partir de la publicación del presente Decreto, para hacer las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley.

Senado de la República, a 29 de abril de 2014.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora de la Peña Gómez. Por lo que hace al proyecto de reformas a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se reforman y adicionan a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se turna las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

Y el proyecto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se turna a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Esta Presidencia saluda a un grupo de estudiantes de la licenciatura en derecho de la Universidad Michoacana, de San Nicolás Hidalgo, invitados por la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

¡Bienvenidos!

(Aplausos)

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes que tenemos para primera lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy cuenta con los dictámenes.

De las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de audiencia. Este dictamen se acompaña de un voto particular del Senador Angel Benjamín Robles Montoya.

1Cfr. Elementos importantes en torno al funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, derivado de la LGAMVLV, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Cámara de Diputados, LXII.CEAMEG.DESPCMEG.SAT/2012.AME/LCM/ECR.23/11/12.

2Idem.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 33 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO DE AUDIENCIA

(Dictamen de primera lectura)



 (Voto particular del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)








De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de garantías.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 29 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SUSPENSION DE GARANTIAS

(Dictamen de primera lectura)








CONVENIO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE COSTA RICA, FIRMADO AD REFERENDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA, EL 19 DE FEBRERO DE 2013

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA LATINA Y EL CARIBE; DE RELACIONES EXTERIORES;
Y DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial; de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el “Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de San José, Costa Rica, el 19 de febrero de 2013”, que remitió el Poder Ejecutivo Federal a esta Soberanía.

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de dicho instrumento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGIA

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de las Comisiones Dictaminadoras.

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite brindado al instrumento internacional, desde su remisión al Senado de la República hasta la elaboración del dictamen respectivo.

C. En el apartado denominado Objeto y descripción del Instrumento, se exponen de manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances del instrumento en estudio.

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del Dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 4 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 191 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República; estas Comisiones Dictaminadoras se abocaron al análisis, estudio y discusión del “Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de San José, Costa Rica, el 19 de febrero de 2013”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial; someten a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes Generales

1. El Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio No. SEL/300/1460/13 de fecha 7 de octubre de 2013, remitió a los CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el “Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de San José, Costa Rica, el 19 de febrero de 2013”, a efecto de que dicho instrumento sea sometido a consideración de este Senado de la República, para los efectos precisados por el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Senado de la República, el instrumento antes referido fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, y de Comercio y Fomento Industrial, mediante el oficio número DGPL-1P2A.-1970con fecha 8 de octubre de 2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento del Senado de la República.

3. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, se amplió el turno para que el instrumento internacional fuera dictaminado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial; de acuerdo con el oficio número DGPL-1P2A.-2780 de fecha 21 de octubre de 2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 del Reglamento del Senado de la República.

4. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado, el instrumento mencionado fue enviado a los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades de proceder a elaborar el dictamen correspondiente.

5. El 24 de octubre de 2013, el Senador Humberto Domingo Mayans Canabal envió sus comentarios relacionados a la proposición que nos ocupa, indicando que: “Costa Rica es un país muy cercano a México, no sólo por su situación geográfica sino por el amplio espectro de relaciones que nos unen tanto de carácter político como económico y cultural”.

6. La Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, mediante el oficio número SEN/CREALYC/LXII/0107, solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el instrumento internacional, mismo que fue contestado por el Lic. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Cancillería, con el oficio número DEP0501/14 adjuntando una tarjeta de apoyo sobre el Convenio que nos ocupa.

Objeto y Descripción del Instrumento

En el artículo I del Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, se señala que el mismo tiene como objetivo continuar con la promoción y el fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo entre ambas Partes, para lo cual elaborarán, de común acuerdo, un Programa de Cooperación Bienal que beneficie a ambos países y/o a terceros, en el ánimo de generar sinergias que maximicen sus intercambios de manera significativa en todos los ámbitos de la cooperación.

En el artículo II, se establece que las partes desarrollarán proyectos y/o actividades de cooperación, especialmente dirigidas pero no limitadas, en las siguientes áreas: medio ambiente y cambio climático, fomento de la micro y pequeña empresa, desarrollo agropecuario, ciencia y tecnología, salud, desarrollo social, gestión pública y cualquier otra área que tenga incidencia en el desarrollo de sus respectivos países.

El artículo III dispone que la cooperación entre las partes podrá asumir las modalidades siguientes: promoción de proyectos de beneficio mutuo, de investigación y de cooperación con terceros países; intercambio de información, publicaciones y conocimientos sobre investigación científica y tecnológica; intercambio de iniciativas, planes, programas y proyectos; actividades conjuntas de información, incluyendo intercambio de especialistas y técnicos, con el objeto de capacitar a funcionarios y realizar asesorías en temas de interés mutuo; organización de seminarios, talleres, cursos y conferencias; intercambio de misiones de expertos para realizar diagnósticos en materias de interés común; intercambio de especialistas, investigadores y profesores universitarios; y cualquier otra que convengan las partes.

En el artículo IV se señala que las partes elaborarán conjuntamente un Programa de Cooperación Bienal, integrado por proyectos y actividades a ser desarrollados, teniendo presente las prioridades en el ámbito de los respectivos planes y estrategias de desarrollo económico y social. Cada proyecto deberá especificar objetivos, recursos financieros y técnicos, cronogramas de trabajo, áreas de ejecución de proyectos y/o actividades, obligación operativa y financiera de las partes y, la información que se estime pertinente. El proyecto será evaluado anualmente por las entidades señaladas en el artículo VI.

El artículo V establece la manera en que las partes gestionarán proyectos y/o actividades de cooperación, en los que se podrá considerar la participación de organismos y entidades de los sectores público y privado de ambas Partes, de universidades, organismos de investigación y organizaciones no gubernamentales. Las partes podrán suscribir acuerdos complementarios de cooperación en áreas específicas de interés común.

El artículo VI establece que el mecanismo de coordinación y seguimiento de los proyectos y actividades de cooperación previstas en el Convenio será la Comisión Mixta de Cooperación presidida, por parte de México, por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por parte de Costa Rica, por la Dirección de Cooperación Internacional (DCI) del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Se establecen como funciones de la Comisión Mixta de Cooperación, las siguientes:

A. Evaluar y determinar áreas prioritarias en que sería factible la realización de proyectos y/o actividades de cooperación para el desarrollo;

B. Analizar y aprobar proyectos y/o actividades que conformarán el Programa;

C. Revisar y evaluar el avance del Programa;

D. Supervisar la adecuada observancia y el cumplimiento del Convenio, así como proponer recomendaciones;

E. Elaborar diagnósticos globales y sectoriales representativos de la cooperación de las partes;

F. Garantizar la elaboración de propuestas de interés mutuo destinadas a la aplicación y la profundización de la cooperación, mediante la presentación de proyectos de investigación y colaboración Sur Sur;

G. Fomentar la elaboración de proyectos do cooperación trilateral;

H. Efectuar el control sobre el cumplimiento de los acuerdos complementarios de cooperación y sus resoluciones;

I. Promover la participación de organismos internacionales regionales y subregionales, entidades gubernamentales e instituciones públicas y privadas de terceros países, universidades e instituciones o centros académicos y de investigación, entidades nacionales de sectores públicos, privados y regionales, comunales y de organizaciones no gubernamentales; y cualquier otra que le atribuyan las partes.

Cada una de las partes podrán someter a consideración de la otra, en cualquier momento, proyectos y/o actividades de cooperación para su estudio, y en su caso aprobación.

Con relación al financiamiento, el artículo VII establece que las partes financiarán las actividades de cooperación en el marco del Convenio, de conformidad con su disponibilidad presupuestal y lo dispuesto en su legislación nacional.

Cada Parte sufragará los gastos relacionados con su participación en los proyectos y/o actividades de cooperación emanados del presente Convenio, a través de la modalidad de “costos compartidos”, es decir, los costos de transporte internacional para el envío del personal de una de las Partes al territorio de la Otra, se sufragarán por la parte que lo envía, mientras que los correspondientes a hospedaje, alimentación y transporte local se cubrirán por la Parte receptora. Lo anterior, sin perjuicio de que las Partes puedan convenir modificaciones a los rubros señalados.

Las Partes podrán identificar mecanismos de financiamiento alternos para proyectos y/o actividades de cooperación específicos, según se considere apropiado.

El artículo VIII, establece que en materia de cooperación trilateral, cada parte podrá sugerir a la Otra la ejecución de proyectos de cooperación trilateral (en beneficio de terceros), en áreas de interés común, a fin de aprovechar sus fortalezas y potenciar impactos, por medio de la utilización coordinada de recursos humanos, técnicos y financieros. Las propuestas serán analizadas por las Partes de conformidad con sus normas y procedimientos internos y en coordinación con los gobiernos de los Estados participantes.

La ejecución de los proyectos aprobados se formalizará a través de un intercambio de Notas, que deberán especificar en cada caso: los objetivos; medios de acción; formas de participación; obligaciones de cada `Parte; contribuciones técnicas, financieras, de recursos humanos y otros; presupuestos, incluyendo los costos de supervisión técnica y administrativa que correspondan y cualquier otra información que asegure el adecuado cumplimiento de lo convenido. Cada Parte contribuirá al financiamiento de los proyectos de cooperación trilateral de conformidad con su legislación nacional y su disponibilidad presupuestal existente. Los porcentajes del financiamiento serán definidos para cada caso.

El artículo IX, referente a la entrada, permanencia y salida del personal participante, se establece que cada Parte otorgará las facilidades necesarias para la entrada, permanencia y salida del personal que en forma oficial intervenga en los proyectos y/o actividades de cooperación que se deriven del Convenio. Los participantes se someterán a las disposiciones migratorias, fiscales, aduaneras, sanitarias y de seguridad nacional en el país receptor y no podrán dedicarse a ninguna actividad ajena a sus funciones.

Por su parte, el artículo X dispone que las Partes se otorgarán las facilidades administrativas, fiscales y aduaneras necesarias para la importación temporal y exportación del equipo y materiales que se utilizarán en los proyectos o actividades de cooperación al amparo del Convenio, de conformidad con su respectiva legislación nacional.

Con relación al intercambio y difusión de información, el artículo XI establece que se observarán las leyes y demás disposiciones vigentes en cada una de las Partes, así como los respectivos compromisos internacionales, los derechos y obligaciones que se acuerden en relación con terceros. Cuando la información sea proporcionada por una de las Partes ésta podrá señalar, cuando lo juzgue conveniente, restricciones para su difusión con fundamento en su ordenamiento jurídico.

El artículo XII se refiere a la solución de controversias (que será de común acuerdo) y el artículo XIII establece que el Convenio entrará en vigor 30 días después de la fecha de recepción de la última de las notificaciones en la que las Partes se comuniquen, por la vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos exigidos por su legislación nacional para tal efecto y permanecerá vigente por 5 años, prorrogables automáticamente por periodos de igual duración.

Al entrar en vigor el Convenio, quedarán sin efecto las disposiciones del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicano y el Gobierno de la República de Costa Rica.

La Comisiones, habiendo dado cuenta del contenido del instrumento internacional que es objeto de estudio, emiten en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba. Lo anterior proporciona el sustento jurídico para que estas Comisiones Dictaminadoras consideren que dentro de las funciones de este órgano legislativo se encuentran los planteamientos incluidos en el instrumento internacional.

SEGUNDO. Que el 6 de abril de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la cual tiene por objeto: dotar al Poder Ejecutivo Federal de los instrumentos necesarios para la programación, promoción, concertación, fomento, coordinación, ejecución, cuantificación, evaluación y fiscalización de acciones y Programas de Cooperación Internacional para el desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y los gobiernos de otros países así como con organismos internacionales, para la transferencia, recepción e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras.

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 10 fracción IV de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) tiene como atribuciones:

IV. Apoyar, supervisar, evaluar y dar seguimiento, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las instituciones cooperantes que correspondan, a la ejecución de las políticas y acciones de cooperación internacional de conformidad con los lineamientos del Programa [de Cooperación Internacional para el Desarrollo].

CUARTO. Que los jefes de Estado, ministros y representantes de países desarrollados y en desarrollo reconocieron en la Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, suscrita en diciembre de 2011, que:

“Podemos y debemos mejorar y acelerar nuestros esfuerzos. Nos comprometemos a modernizar, profundizar y ampliar nuestra cooperación, con la participación de actores estatales y no estatales que desean construir una agenda que hasta hace poco era decidida por un número restringido de actores del desarrollo. En Busan estamos forjando una nueva alianza mundial para el desarrollo que abarca la diversidad y reconoce las distintas funciones que cada actor en la cooperación puede desempeñar para apoyar el desarrollo”.

Por lo que estas Comisiones Dictaminadoras valoran que es de respaldarse el esfuerzo que realizan los países, reforzando sus gobiernos y mejorando el desempeño del desarrollo lo cual es más sencillo si las existentes y nuevas iniciativas bilaterales y multilaterales conducen a ampliar todavía más la cooperación internacional.

QUINTO. Que en el oficio de fecha tres de octubre de 2013, suscrito por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que es estrategia del Gobierno de México reforzar y extenderlos lazos políticos, económicos y culturales con América Latina yel Caribe, con miras a elevar el bienestar social y el desarrollo económico de la región. Y que derivado de esta estrategia, se valoró la necesidad de actualizar y ampliar la cooperación entre México y Costa Rica, de conformidad con los nuevos estándares internacionales, a través de la negociación de un convenio en materia de cooperación para el desarrollo.

Así mismo, se señala que el Convenio fomentará la promoción y el fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo, para lo cual se elaborará, de común acuerdo un Programa de Cooperación Bienal, integrado por los proyectos y actividades que beneficien a ambos países.

SEXTO. Que una vez que entre en vigor el Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, éste sustituirá al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y El Gobierno de la República de Costa Rica, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 30 de junio de 1995, sin perjuicio de que se concluyan los acuerdos complementarios, proyectos y actividades que se encuentren en ejecución con base en éste.

SEPTIMO. Que ambas naciones han mantenido relaciones diplomáticas desde el 28 de mayo de 1831, las cuales se han basado en el respeto y la cooperación. Ambos países son importantes socios comerciales, México es el tercer proveedor a nivel mundial de Costa Rica y el primero en la región. En 1995 ambos países firmaron un Tratado de Libre Comercio, el cual a 16 años de vigencia ha incrementado el comercio en un 21.46 por ciento promedio anual.

Ambos países han suscrito una gran cantidad de instrumentos internacionales que incluyen el Tratado de Libre Comercio, convenios en materia de procuración de justicia, de cooperación técnica, científica, educativa y cultural. Actualmente existen 11 tratados vigentes.

OCTAVO. Que Costa Rica es el único país centroamericano con el cual México desarrolla proyectos de investigación científica y tecnológica. Cabe mencionar que el 25 de noviembre de 2013 se firmó en la Ciudad de México el XV Programa de Cooperación Técnica y Científica 2013-2015 en el que ambas delegaciones reconocieron que este programa representa una oportunidad para brindar un renovado dinamismo a los vínculos de cooperación entre los dos países, para promover el desarrollo sostenible de ambos pueblos. Este programa está integrado por veinte proyectos en cuatro sectores identificados como prioritarios: agropecuario productivo; medio ambiente y energía, turismo sustentable y gestión pública.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera viable aprobar el instrumento internacional objeto de dictamen, así pues las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO

UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de San José, Costa Rica, el diecinueve de febrero de dos mil trece.

Dado en el Senado de la República, a 29 de abril de 2014.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES AMERICA LATINA Y EL CARIBE.-

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES.-

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL”.

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre México y la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, el 23 de julio de 2013, en la ciudad de México.






TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, FIRMADO AD REFERENDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL 23 DE JULIO DE 2013, EN LA CIUDAD DE MEXICO

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA LATINA Y EL CARIBE;
DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE JUSTICIA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia; de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnado para su análisis y dictamen, el “Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México”, remitido por el Ejecutivo Federal.

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de dicho instrumento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGIA

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de las Comisiones Dictaminadoras.

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite brindado al Tratado Internacional, desde su remisión al Senado de la República hasta la elaboración del dictamen respectivo.

C. En el apartado denominado Objeto y descripción del Instrumento, se exponen de manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances del instrumento en estudio.

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del Dictamen.

FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Las Comisiones que suscriben el presente dictamen, de conformidad con lo establecido por los artículos 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Ley sobre la Celebración de Tratados;85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 191 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República; se abocaron al análisis, estudio y discusión del “Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México”, y conforme a las deliberaciones que se realizaron someten a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES GENERALES

1. El Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio No. SEL/300/1828/13 de fecha 19 de noviembre de 2013, remitió a los CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el “Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México”, a efecto de que dicho instrumento fuera sometido a consideración del Senado de la República para los efectos precisados por el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Senado de la República, el “Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México ”fue turnado para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia; mediante oficio número DGPL-2P2A.-1de fecha 4 de febrero de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento del Senado de la República.

3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado, el instrumento mencionado fue enviado a los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades de proceder a elaborar el dictamen correspondiente.

4. La Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, mediante el oficio número SEN/CREALYC/LXII/0107, solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el instrumento internacional, mismo que fue contestado por el Lic. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Cancillería, con el oficio número DEP0501/14 adjuntando una tarjeta de apoyo sobre el Tratado que nos ocupa.

OBJETO Y DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO

De acuerdo con lo señalado en el comunicado por el cual se somete a la aprobación del Senado de la República el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, el objetivo del Tratado consiste en fortalecer el marco jurídico bilateral en materia de procuración de justicia, hacer eficiente el combate a la delincuencia organizada, así como disminuir la impunidad del crimen organizado trasnacional.

Con relación al contenido del Tratado, encontramos que éste está conformado por 23 artículos que incluyen disposiciones sobre la obligación de extraditar, los delitos que darán lugar a la extradición, los delitos fiscales, las causas para denegar una extradición, la extradición de nacionales, los documentos necesarios para la presentación de solicitudes de extradición, la detención provisional con fines de extradición, el procedimiento, la extradición simplificada, la resolución y entrega, la entrega diferida, la entrega temporal, la entrega de objetos, la extradición en tránsito, el principio de especialidad, los gastos, la relación con otros Tratados, la confidencialidad de la información, las consultas y controversias, el ámbito temporal de aplicación, la entrada en vigor y la terminación.

Entre otras cosas, el instrumento establece que las partes se comprometen a entregarse recíprocamente en extradición a aquellas personas respecto de las cuales las autoridades competentes de la Parte Requirente hayan iniciado un proceso penal o sean requeridas para la imposición o ejecución de una sentencia que implique pena privativa de la libertad.

Se determina que la extradición será procedente cuando se refiera a conductas penalmente sancionadas de conformidad con la legislación de ambas Partes con pena privativa de la libertad y también cuando se trate de un delito que se refiera a impuestos, aduanas u otra clase de contribuciones.

Con relación a las causas para denegar una extradición, el instrumento contempla las siguientes:

a• Cuando se trate de delitos considerados por la Parte Requerida como políticos;

b• Cuando la Parte Requerida tenga razones fundadas para creer que la solicitud de extradición tiene como fin perseguir o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas;

c• Cuando la persona reclamada vaya a ser juzgada por un Tribunal de excepción o, en su caso, cuando fuera para la ejecución de una pena impuesta por ese Tribunal;

d• Si la acción penal o la pena por la que se solicita la extradición ha prescrito conforme a la legislación de la Parte Requirente;

e• Cuando la Parte Requerida considere que el delito es exclusivamente militar;

f• Cuando la solicitud de extradición sea por hechos por los que la persona reclamada ya fue juzgada y sentenciada;

g• Cuando la extradición se refiera a un hecho penalmente sancionado con una pena prohibitiva por la legislación de la Parte Requerida;

h• Cuando la sentencia de la parte requirente haya sido dictada en rebeldía y no se dieran las seguridades para oír al procesado y permitirle el derecho de defensa;

i• Cuando la solicitud carezca de los documentos que se señalan en el Tratado.

Por lo que se refiere a la extradición de nacionales, el instrumento dispone que la Parte Requirente podrá conceder la extradición si a su entera discreción lo considera pertinente. Y en caso de que la extradición sea negada exclusivamente porque la persona reclamada es un nacional de Parte Requerida, ésta última deberá someter el caso a las autoridades competentes para el enjuiciamiento del delito.

Respecto a los requisitos que se deben cumplir para presentar una solicitud de extradición, se establecen los siguientes: que la solicitud se presente por los canales diplomáticos y que se señale el delito por el cual se pide la extradición, acompañándose la misma de los documentos que establece el artículo 6.En caso de que la solicitud de extradición se refiera a una persona sentenciada, se deberá hacer constar la parte de la pena que le falte por cumplir.

En cuanto a la Detención Provisional con Fines de Extradición, se señala que cualquiera de las Partes podrá pedir por los canales diplomáticos la detención provisional de una persona, previa solicitud de detención que contenga los requisitos establecidos en el Tratado. La Parte Requerida deberá tomar las medidas necesarias para detener a la persona reclamada, para lo cual, la Parte Requirente deberá formalizar la solicitud de extradición dentro de los 60 días contados a partir de la detención, ya que en caso contrario se pondrá fin a la detención provisional.

En caso de Solicitudes Concurrentes, es decir, cuando la misma persona sea requerida por dos o más Estados, la Parte Requerida deberá determinar a cuál de esos Estados será extraditada la apersona, para lo cual se tomarán en consideración las circunstancias relevantes que se establecen en el Tratado.

Las solicitudes de extradición que sean presentadas por la parte Requerida, serán tramitadas de conformidad con los procedimientos establecidos en la materia y que se encuentren regulados por la legislación de dicha Parte.

Respecto a la extradición simplificada se establece que en cualquier etapa del proceso la persona reclamada podrá dar su consentimiento a la extradición ante la autoridad competente de la Parte Requerida, debiendo ésta resolver a la brevedad y proceder a la entrega de en el plazo establecido para tales efectos. El consentimiento debe ser expresado en los términos del Tratado.

Respecto a la resolución y entrega, la Parte Requerida comunicará sin demora, por los canales diplomáticos a la Parte Requirente su resolución respecto a la solicitud de extradición, una vez que ésta haya quedo firme. En caso de denegación la Parte Requerida expondrá las razones en que se haya fundado.

Si se concede la extradición, las Partes se pondrán de acuerdo para realizar la entrega de la persona reclamada dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que la Requirente haya recibido la comunicación. En caso contrario, la persona reclamada será puesta en libertad y la Parte Requerida podrá posteriormente negarse a extraditarlo por el mismo delito.

El Tratado también señala que la Parte Requerida podrá, después de resolver favorablemente la extradición, diferir la entrega de la persona reclamada cuando existan procesos penales en curso en contra de la misma o cuando se encuentre cumpliendo una pena en el territorio de la Parte Requerida por un delito distinto de aquél por el que se concedió la extradición.

Por cuanto hace a la Entrega Temporal, la Parte Requerida podrá, después de haber concedido la extradición y a petición de la Parte Requirente, entregar temporalmente a la persona reclamada que haya recibido una sentencia condenatoria o se encuentre sometida a un proceso penal en trámite en la Parte Requerida, a fin de que pueda ser procesada en la Parte Requirente durante la ejecución de la sentencia en la Parte Requerida. La persona así entregada deberá permanecer en custodia de la Parte Requirente y ser devuelta a la Parte Requerida al término del proceso correspondiente.

Respecto a la Entrega de Objetos, el Tratado establece que en la medida que lo permita la legislación de la Parte Requerida y sin perjuicio de los derechos de terceros, todos los artículos, instrumentos, objetos de valor o documentos relacionados con el delito, aun cuando no hayan sido utilizados para su ejecución o que de cualquier manera puedan servir de prueba en el proceso y sean encontrados en poder de la persona reclamada en el momento de su detención, serán entregados a la Parte Requirente cuando se conceda la extradición. La Parte Requerida podrá retener temporalmente o entregar bajo condición de restitución o devolución los objetos que se han señalado.

Además de lo anterior, este instrumento internacional señala que el tránsito por el territorio de una de las Partes de una persona entregada a la otra Parte por un Tercer Estado, será permitido, previa presentación de una solicitud por los canales diplomáticos acompañada de una copia certificada de la resolución en la que se concedió la extradición. Corresponderá a las autoridades del Estado en tránsito la custodia del extraditado mientras permanezca en su territorio.

El Principio de Especialidad significa que la persona extraditada no será detenida, enjuiciada o sancionada en el territorio de la Parte Requirente por un delito cometido con anterioridad a la entrega y distinto de aquél por el cual se concedió la extradición, ni será extraditada por dicha Parte a un tercer Estado, a menos que se actualice lo dispuesto en el artículo 17. Y si en el curso del procedimiento se cambia la calificación del delito por el cual la persona reclamada fue extraditada, ésta será enjuiciada y sentenciada a condición de que el delito en su nueva configuración legal cumpla con lo dispuesto en el Tratado.

A partir del artículo 18, el Tratado contempla las reglas que regirán el pago de los gastos y costos que deriven del procedimiento de extradición; la relación de éste con otros tratados; la confidencialidad de la información que se intercambie con motivo de su ejecución; la forma en que las Partes podrán celebrar consultas cuando lo estimen pertinente; y el ámbito temporal de aplicación del Tratado. Respecto a la Entrada en Vigor y la Terminación se establece que el Tratado entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de recepción de la última notificación, recibida por los canales diplomáticos.

Finalmente, se establece que cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el Tratado en cualquier momento y que también podrá modificarse por mutuo consentimiento de las partes.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba. Lo anterior proporciona el sustento jurídico para que estas Comisiones Dictaminadoras hayan entrado al análisis y dictamen del Tratado en comento.

SEGUNDO. Que el Tratado que se dictamina se encuentra en sintonía con lo dispuesto en el artículo 119 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, con la intervención de la autoridad judicial en los términos de la Constitución, los Tratados Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta días naturales.

TERCERO. Que el Tratado que se dictamina no contraviene lo dispuesto en el Artículo 15 Constitucional, el cual establece que “no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.

CUARTO. Que el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México, busca mejorar la cooperación entre ambos países con la intención de combatir la delincuencia y contar con un marco jurídico actualizado en contra del crimen organizado trasnacional.

QUINTO. Que los Estados Unidos Mexicanos han firmado diversos tratados en materia de extradición, tales como:

• El Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, firmado en la Ciudad de México, el 30 de mayo de 2011.

• Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado en la Ciudad de México, el 22 de agosto de 2011.

• Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa, firmado en la Ciudad de México el 27 de enero de 1994.

• Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá, firmado en la Ciudad de México el 16 de marzo de 1990.

• Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado en la Ciudad de México el 4 de mayo de 1978.

SEXTO. Que el combate al crimen organizado no debe limitarse al ámbito territorial de los Estados Unidos Mexicanos, sino que debe expandirse más allá de sus fronteras, atendiendo en todo momento lo dispuesto por nuestra Carta Magna y, desde luego, con estricto apego a los instrumentos de derecho internacional, respetando en todo momento la soberanía de los Estados Parte.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia; consideran viable aprobar el “Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México”, y someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO

UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el “Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 23 de julio de 2013 en la Ciudad de México”.

Dado en el Senado de la República, a 29 de abril de 2014.

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Comisiones de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión:

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA LATINA Y EL CARIBE;

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES;

COMISION DE JUSTICIA”.

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la ciudad de Manama, el 29 de noviembre de 2012.





ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL REINO DE BAHREIN PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MANAMA, EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES,
ASIA–PACIFICO; DE RELACIONES EXTERIORES;
Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

H. ASAMBLEA:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 fracción X, 76 fracción I y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo Federal remitió a esta Soberanía el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Manama el veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Las Comisiones que suscriben el presente dictamen, de conformidad con lo establecido por los artículos 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 3, 4 y 10 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; 85, 86, 90 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 177, 178, 182, 183, 188 y demás concordantes del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio del Acuerdo y conforme a las deliberaciones que se realizaron someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes generales.

1. Con fecha del 7 de octubre de 2013, mediante oficio SEL/300/1455/13, la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, remitió a los CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, copias certificadas del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Manama el veintinueve de noviembre de dos mil doce.

2. En sesión celebrada el 8 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio DGPL-1P2A.–1958., turnó el citado Acuerdo a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia–Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En sesión celebrada el 21 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio DGPL-1P2A.-2760, dispuso ampliar el turno del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Manama el veintinueve de noviembre de dos mil doce, para quedar en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

4. En sesión ordinaria, los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del citado Acuerdo, con el objetivo de expresar sus observaciones y comentarios mismos que forman parte del presente dictamen.

II. Objetivo y descripción del Instrumento

El principal objetivo del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), es intensificar la cooperación económica entre México y Bahréin mediante la promoción y protección de la inversión y fomento de los flujos de capital productivo; así como buscar crear y mantener condiciones favorables y equitativas para los inversionistas mexicanos como para los inversionistas bahreinís, estableciendo para ello un marco legal congruente con los principios del derecho internacional.

El ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, en el documento que remite al ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, señala que México ha realizado esfuerzos por convertirse en un destino atractivo para la inversión y es en este contexto en el que los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) alcanzan su verdadera dimensión, ya que los flujos internacionales de capitales privados, en particular de las inversiones extranjeras directas, constituyen un complemento fundamental para impulsar el crecimiento económico y brindar las oportunidades crecientes para un mayor bienestar.

Indica que los flujos de inversión no sólo contribuyen a financiar el crecimiento económico sostenido de largo plazo, sino que ofrecen importantes posibilidades de transferir conocimientos y tecnologías, crear puestos de trabajo, aumentar la productividad general, estimular la competitividad y el espíritu de empresa y, a largo plazo, mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población al fomentar el crecimiento y el desarrollo económicos.

Subraya que en los últimos diez años el comercio entre México y Bahréin aumentó 1,491.1 %, al pasar de 2.6 millones de dólares (mdd) en 2002 a 41.4 mdd en 2012. Las exportaciones mexicanas crecieron 971.6%, de 2.6 mdd a 27.5 mdd. El mayor crecimiento tuvo lugar en las importaciones procedentes de Bahréin (43,025%) al pasar de 32 mil dólares a 13.8 mdd. Durante casi todo el periodo se registró superávit para México en la balanza comercial.

El Titular del Poder Ejecutivo Federal refiere que en 2012, el intercambio comercial bilateral aumentó 111.3% con respecto a 2011. En el caso de las exportaciones (27.5 mdd) registraron un incremento de 57.0% en relación a 2011, cuando alcanzaron 17.5 mdd.

También señala que las importaciones mexicanas (13.8 mdd) crecieron 574.1% respecto a 2011 (2.1 mdd), lo que se debió a que la importación de aluminio en bruto y aceites de petróleo o de mineral bituminoso llegó en 2011 a 8.3 mdd y 3.5 mdd, respectivamente. En 2012, la balanza comercial registró un superávit de 13.7 mdd para México.

Destaca que de enero a marzo de 2013, el intercambio comercial entre México y Bahréin sumó 14.7 mdd, con un incremento de 114.8% respecto al mismo periodo de 2012. Las exportaciones (11.7 mdd) crecieron 112.0% y las importaciones (3.1mdd) lo hicieron en 125.8%.

Asimismo, indica que durante el periodo comprendido de 1999 a 2012, la inversión extranjera directa de Bahréin en México fue de 0.6 millones de dólares, mientras que nuestro país no reportó ninguna inversión en Bahréin, por lo que el Acuerdo en comento cobra mayor relevancia al impulsar el intercambio de mayores flujos de inversión.

El Licenciado Enrique Peña Nieto afirma que el Acuerdo forma parte de la estrategia de política económica del Gobierno Federal en materia de inversión extranjera y tiene por objeto intensificar la cooperación económica entre México y Bahréin mediante la promoción y protección de la inversión y el fomento de los flujos de capital productivo. Busca crear y mantener condiciones favorables y equitativas para los inversionistas mexicanos y bahreinís, al establecer un marco legal acorde con los principios del derecho internacional.

Destaca que, de ser aprobado por el Senado de la República, el Acuerdo con Bahréin no requerirá de reformas legislativas ni de instrumentos adicionales o accesorios para su operación e implementación, por lo que los objetivos del mismo podrían empezar a cumplirse en cuanto entre en vigor.

Finalmente señala que el APPRI negociado con Bahréin es congruente con el sistema jurídico mexicano e internacional. Las disposiciones contenidas en el mismo no sólo reflejan principios y reglas de derecho internacional en materia de inversión, sino también reglas contempladas en nuestra legislación.

Para cumplir los objetivos y las consideraciones señaladas anteriormente, el Acuerdo consta de 31 artículos agrupados en cuatro capítulos como se enlista a continuación:

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1: Definiciones

ARTICULO 2: Admisión de las Inversiones

CAPITULO II: PROTECCION DE LA INVERSION

ARTICULO 3: Trato Nacional y Trato de la Nación Más Favorecida

ARTICULO 4: Nivel Mínimo de Trato

ARTICULO 5: Compensación por Pérdidas

ARTICULO 6: Expropiación e Indemnización

ARTICULO 7: Transferencias

ARTICULO 8: Subrogación

CAPITULO III: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

SECCION PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE Y UN INVERSIONISTA DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE

ARTICULO 9: Objetivo

ARTICULO 10: Notificación de Intención y Consultas

ARTICULO 11: Sometimiento de una Reclamación

ARTICULO 12: Consentimiento de la Parte Contratante

ARTICULO 13: Integración del Tribunal Arbitral

ARTICULO 14: Acumulación

ARTICULO 15: Sede del Procedimiento Arbitral

ARTICULO 16: Indemnización

ARTICULO 17: Derecho Aplicable

ARTICULO 18: Laudos y Ejecuciones

ARTICULO 19: Medidas Provisionales de Protección

SECCION SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES

ARTICULO 20: Ambito de Aplicación

ARTICULO 21: Consultas y Negociaciones

ARTICULO 22: Establecimiento del Tribunal Arbitral

ARTICULO 23: Procedimiento

ARTICULO 24: Laudo

ARTICULO 25: Derecho Aplicable

ARTICULO 26: Costos

CAPITULO IV: Disposiciones Finales

ARTICULO 27: Aplicación del Acuerdo

ARTICULO 28: Consultas

ARTICULO 29: Denegación de Beneficios

ARTICULO 30: Aplicación de Otras Reglas

ARTICULO 31: Entrada en Vigor, Duración y Terminación

En el Capítulo I denominado “Disposiciones Generales”, se enlistan los conceptos y categorías que regirán el Acuerdo, tales conceptos son: “empresa”, “CIADI”, “Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI”, “Convenio del CIADI”, ”inversión” (se exponen las diferentes categorías en las que se descompone la inversión), ”inversionista de una Parte Contratante”, ”Convención de Nueva York”, ”Reglas de Arbitraje de la CNUDMI”, “empresa del Estado” y “territorio”.

En el Capítulo II, se establecen las disposiciones centrales mediante las cuales se va a regir el Acuerdo bajo análisis, para ello se estipulan los artículos que establecen la protección a la inversión; los principios de protección a la inversión (Trato Nacional y Trato de la Nación más Favorecida); las obligaciones en materia de Nivel Mínimo de Trato, la Compensación por Pérdidas; laExpropiación e Indemnización; las Transferencias y la Subrogación. Todos ellos en total congruencia con lo estipulado por nuestra Carta Magna, La Ley de Inversión Extranjera y La Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en materia Económica.

En el Capítulo III denominado “Solución de Controversias”, está dividido en dos secciones y cada una contiene nueve artículos, la primera de ellas corresponde a la solución de controversias entre una Parte Contratante y un Inversionista de la Otra Parte Contratante; mientras que la segunda sección se refiere a la solución de controversias entre las Partes Contratantes. Cabe mencionar que las controversias en ambas secciones pueden resolverse mediante una consulta, notificación o arbitraje internacional, en cuyo caso el marco normativo aplicable será lo establecido en el presente Acuerdo así como las reglas y principios del derecho internacional tales como la reciprocidad internacional, garantía de audiencia e imparcialidad en la composición de los órganos de decisión.

Los artículos mencionados en las secciones primera y segunda son compatibles con el marco normativo interno establecido en la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica artículo 4, fracción I así como la Ley sobre la Celebración de Tratados estipulado en el artículo 8, haciendo referencia a la solución de controversias.

El Capítulo IV contiene las Disposiciones Finales del Acuerdo. En ellas se establece la aplicación del acuerdo, consultas, denegación de beneficios, aplicación de otras reglas, la entrada en vigor, duración y terminación del acuerdo.

El acuerdo contiene un Anexo al Artículo 10, párrafo 2, con relación a la notificación de intención y consultas. En él, se establece la instancia a la cual el inversionista debe dirigirse para efecto de dirimir una controversia. Tal notificación deberá ser presentada por escrito y en los idiomas correspondientes así como la documentación que deberá contener la misma.

III. Método de trabajo, análisis, discusión y valoración de las propuestas

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, señalan que con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden especializado y jurídico para la elaboración del instrumento internacional sujeto del presente dictamen, acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado de la República. Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y elaboración del presente dictamen.

En el proceso de análisis, se subrayó que el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de los Estados Contratantes, además de que establece mecanismos para resolver de una forma consensuada previamente los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación.

El Acuerdo sujeto a análisis en el presente dictamen, fue adoptado cumpliendo con los parámetros establecidos de manera consuetudinaria en la legislación nacional e internacional, que versan sobre la materia.

IV. Consideraciones de orden general

La celebración de los tratados en México, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra legislación con la concurrencia de dos poderes: el Ejecutivo Federal quien tiene la facultad de celebrar un tratado internacional; y el Senado de la República, en quien recae la facultad exclusiva de aprobar aquel tratado internacional celebrado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, tal como lo establecen los artículos 89 fracción X y 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra ordenan:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I…-IX…

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI…-XX…

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

II… XII…

Con base únicamente en las consideraciones de orden general, el APPRI sujeto de análisis del presente dictamen, cumple con los requisitos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para su aprobación.

V. Consideración de orden específico

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público que suscriben este dictamen, señalan que la inversión extranjera directa (IED) impacta de manera benéfica en el desarrollo de los países, pues son un complemento del ahorro interno que permite impulsar el crecimiento económico a través del financiamiento de inversiones productivas.

Advierten que los beneficios de la IED también se manifiestan al aumentar la posibilidad de transferir tecnologías entre las Partes, sobre todo en forma de nuevas variedades de insumos de capital; promueve la creación de empleos; estimula la competencia que repercute en mejores insumos y servicios para el consumidor; contribuye al desarrollo del capital humano de un país a través de la capacitación que ofrece la empresa o la entidad inversora; y se incrementan los recursos monetarios del país receptor a través de la recaudación de impuestos.

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, señala como principal objetivo, intensificar la cooperación económica entre ambos Estados así como crear y mantener condiciones favorables y equitativas para los inversionistas de ambas naciones.

Lo anterior, es congruente con el Artículo 4 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados en Materia Económica, que a la letra ordena:

Artículo 3. Para la aprobación de un tratado se observarán los siguientes objetivos generales:

I. Contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana;

II. Propiciar el aprovechamiento de los recursos productivos del país;

III. Promover el acceso de los productos mexicanos a los mercados internacionales;

IV. Contribuir a la diversificación de mercados;

V. Fomentar la integración de la economía mexicana con la internacional y contribuir a la elevación de la competitividad del país; y

VI. Promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales y el pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las comisiones dictaminadoras, destacan que en los últimos años el comercio entre México y Bahréin aumentó 1,588.5%, al pasar de 2.6 millones de dólares (mdd) en 2002 a 41.3 mdd en 2012. En consecuencia, las exportaciones mexicanas crecieron 1,069.1% al pasar de 2.567 mdd a 27.443 mdd en el mismo periodo.1

Enfatizan que las importaciones procedentes de Bahréin se incrementaron en un 43,125% al pasar de 32 mil dólares en 2002 a 13.8 mdd en 2012, y sólo en 3 años (2004, 2006 y 2007) se registró un déficit en la balanza comercial de México.2

Asimismo, señalan que durante el periodo comprendido de 1999 a 2012, la inversión extranjera directa de Bahréin en México fue de 0.6 mdd, mientras que nuestro país no registró ninguna inversión en Bahréin, por lo que el Acuerdo bajo análisis cobra mayor importancia para que el dinamismo que existe en el comercio bilateral pueda corresponderse con el crecimiento en el intercambio de los flujos de inversión entre ambas economías.

El Reino de Bahréin es una economía exportadora de capitales y servicios mientras que el Estado Mexicano ha registrado crecientes flujos de inversión. Es así que del intercambio y dinamismo que se dé entre ambas economías, existirá un potencial para atraer inversiones de Bahréin a los sectores turísticos y financieros de México.

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas, destacan que al intensificarse la cooperación económica, este Acuerdo permitirá fomentar los flujos de capital productivo e incrementar los flujos de inversión provenientes del Reino de Bahréin y propiciará que empresarios mexicanos realicen inversiones en este país, ello dentro del marco legal establecido en el acuerdo y en congruencia con los principios de derecho internacional.

Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, reconocen que el Trato Nacional y Trato de la Nación más Favorecida son disposiciones totalmente congruentes con el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que refiere a que los extranjeros gozarán de las garantías que otorga la propia Carta Magna, así como los artículos 3 y 4 de la Ley de Inversión Extranjera; y 4 fracción IV de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica que establece los principios de protección a la inversión, impulsando con ello el fomento y protección recíproca de las inversiones, lo cual se confirma en el contenido de los artículos del 3 al 8 del Acuerdo.

Las dictaminadoras destacan que según lo establecido por las Partes Contratantes, el APPRI no requiere de instrumentos adicionales para su operación e instrumentación y no obliga al Estado Mexicano a crear, reformar, abrogar o modificar su legislación interna en materia de inversiones.

Las comisiones dictaminadoras concuerdan con la estrategia de política exterior del Poder Ejecutivo Federal que busca intensificar la cooperación económica entre México y Bahréin mediante la promoción y protección recíproca de las inversiones y el fomento de los flujos de capital productivo, así como crear y mantener condiciones favorables y equitativas para los inversionistas mexicanos y bahreinís, al establecer un marco legal acorde con los principios de derecho internacional.

Las dictaminadoras destacan que el Acuerdo se sumaría a la red de 28 APPRI´s que México tiene vigentes con Argentina, Cuba, Panamá, Trinidad y Tobago, Uruguay, Alemania, Austria, Belarús, Dinamarca, España, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Unión Belgo-Luxemburguesa, Australia, China, Corea, India y Singapur.

Las comisiones dictaminadoras señalan que el Poder Ejecutivo Federal remitió adjunto al APPRI, el documento titulado: “Memorándum de Antecedentes” mismo que integra el informe relativo al Acuerdo entre el Gobierno de los Estado Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la Ciudad de Manama, el 29 de noviembre de 2012. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido por el artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.

En dicho documento, se señala que México no concedió ningún rubro, ni se negoció ningún elemento ajeno al contemplado en otros acuerdos de esta naturaleza, mismos que fueron aprobados en su oportunidad por el H. Senado de la República. En este sentido, los principios negociados reflejan únicamente el contenido de las obligaciones contraídas con anterioridad en los APPRIs suscritos por México.

El Memorándum de Antecedentes también señala que el Acuerdo no conlleva una apertura adicional a lo establecido en la legislación mexicana vigente, ya que sus principios y disciplinas son aplicables únicamente a la dase del post-establecimiento de la inversión. Esto significa que la admisión de un inversionista en México y su inversión se llevarían a cabo conforme a lo establecido en la Constitución y en la legislación mexicana (Artículo 2 del Acuerdo).

Por lo anterior, no resulta necesario incluir un conjunto de reservas y excepciones a las disciplinas del APPRI, tal y como sucede en los tratados de libre comercio suscritos por México, puesto que es en las leyes de la materia en donde se contemplan las restricciones específicas a la participación de capital extranjero o de naturaleza privada.

Asimismo, las codictaminadoras manifiestan que el Acuerdo cumple con el marco normativo aplicable, una vez analizado y cotejado por cuanto a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia.

En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de lo que dispone el Artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de lo que establece el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Finalmente, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen reconocen que la suscripción del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, cumple con las disposiciones constitucionales para su aprobación y, con base en el análisis y estudio, se ha corroborado que el mismo fue celebrado con apego a lo dispuesto en el Artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley sobre la Celebración de Tratados en Materia Económica.

Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Acuerdo bajo análisis no se lesiona ni la Soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, nos permitimos, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, someter a la consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el Artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprueba el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL REINO DE BAHREIN PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES, firmado en la Ciudad de Manama, el veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Sala de comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, D.F., a 29 de abril de 2014.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO.-

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES.-

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO”.

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones, firmado en la ciudad de México, el 22 de febrero de 2013.

1 Secretaria de Economía, Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza Comercial de México con Bahréin [en línea], [fecha de consulta: 30 de enero de 2014]. Disponible en http://200.77.231.38/sic_php/pages/estadisticas/mexicojun2011/B8bc_e.html

2Idem.






ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE KUWAIT PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL 22 DE FEBRERO DE 2013

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES,
ASIA-PACIFICO; DE RELACIONES EXTERIORES;
Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

H. ASAMBLEA:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 fracción X, 76 fracción I y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo Federal remitió a esta Soberanía el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el veintidós de febrero de dos mil trece.

Las Comisiones que suscriben el presente dictamen, de conformidad con lo establecido por los artículos 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 3, 4 y 10 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; 85, 86, 90 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 177, 178, 182, 183, 188 y demás concordantes del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio del Acuerdo y conforme a las deliberaciones que se realizaron someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes generales

1. Con fecha del 7 de octubre de 2013, mediante oficio SEL/300/1454/13, la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, remitió a los CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, copias certificadas del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el veintidós de febrero de dos mil trece.

2. En sesión celebrada el 8 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio DGPL-1P2A.-1956, turnó el citado Acuerdo a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En sesión celebrada el 21 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, mediante oficio DGPL-1P2A.-2757, dispuso ampliar el turno del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el veintidós de febrero de dos mil trece, para quedar en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

4. En sesión ordinaria, los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del citado Acuerdo, con el objetivo de expresar sus observaciones y comentarios mismos que forman parte del presente dictamen.

II.Objetivo y descripción del Instrumento

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones(en adelante APPRI), tiene por objetivo crear un marco jurídico previsible y estable para los inversionistas y las inversiones de ambos Estados, además de intensificar la cooperación económica.

El ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, en el documento que remite al ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, señala que México ha realizado esfuerzos por convertirse en un destino atractivo para la inversión y es en este contexto que los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) alcanzan su verdadera dimensión, ya que los flujos internacionales de capitales, en particular de las inversiones extranjeras directas, constituyen un complemento fundamental para impulsar el crecimiento económico y brindar las oportunidades crecientes para un mayor bienestar.

Refiere que los flujos de inversión no sólo contribuyen a financiar el crecimiento económico sostenido de largo plazo, sino que ofrecen importantes posibilidades de transferir conocimientos y tecnologías, crear puestos de trabajo, aumentar la productividad general, estimular la competitividad y el espíritu de empresa y, a largo plazo, mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población al fomentar el crecimiento y el desarrollo económicos.

Indica que el gobierno de Kuwait se propone estimular la inversión extranjera, como demuestra la reciente decisión de permitir por primera vez la participación extranjera en el desarrollo de los recursos energéticos de su país, concretamente la producción de gas natural, con objeto de facilitar la adquisición de la tecnología y los conocimientos técnicos necesarios para explotar esos recursos de manera más eficaz.

Asimismo, destaca que según datos del último Reporte de la Inversión en el Mundo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en 2011 Kuwait ocupó el primer lugar en exportación de inversión extranjera de la región de Asia Occidental.

Detalla que en los últimos diez años el comercio entre México y Kuwait aumentó 38.6% en promedio anual, al pasar de 3.2 millones de dólares (mdd) en 2002 a 84.1 mdd en 2012. Las exportaciones mexicanas crecieron 38.6% en promedio anual, de 3.2 mdd a 84 mdd. Por su parte, las importaciones procedentes de Kuwait crecieron 46.2% en promedio anual, de 2 mil dólares a 70 mil dólares. Durante todo el periodo se registró superávit para México en la balanza comercial.

También señala que en 2012, el intercambio comercial bilateral creció 575.2% con respecto a 2011. En el caso de las exportaciones se registró un incremento de 576.6% al pasar de 12.4 mdd en 2011 a 84.0 mdd en 2012.

El Licenciado Enrique Peña Nieto puntualiza que las importaciones mexicanas (70 mil dólares) crecieron 93.2% respecto a 2011 (36 mil dólares). Esto se debió a que la importación de resistencias eléctricas aumentó 884.7% respecto de 2011, al pasar de 2.9 mil dólares ese año a 28.8 mil dólares en 2012. En 2012 la balanza comercial registró superávit para México de 83.9 mdd.

Destaca que de enero a marzo de 2013, el intercambio comercial entre México y Kuwait sumó 4.3 mdd, con un incremento de 14.6% respecto del mismo periodo de 2012. Las exportaciones (4.3 mdd) crecieron 14.3% y las importaciones (13 mil dólares) lo hicieron exponencialmente. La balanza comercial registró un saldo superavitario para nuestro país de 4.3 mdd.

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos refiere que el APPRI forma parte de la estrategia de política económica del Gobierno Federal en materia de inversión extranjera y tiene por objeto intensificar la cooperación económica entre México y Kuwait mediante la promoción y protección de la inversión y el fomento de los flujos de capital productivo, así como crear y mantener condiciones favorables y equitativas para los inversionistas mexicanos y kuwaitíes, al establecer un marco legal acorde con los principios del derecho internacional.

Destaca que de ser aprobado por el Senado de la República, el Acuerdo con Kuwait no requerirá de reformas legislativas ni de instrumentos adicionales o accesorios para su operación e implementación, por lo que los objetivos del mismo podrán empezar a cumplirse en cuanto entre en vigor.

Finalmente, manifiesta que el APPRI negociado con Kuwait es congruente con el sistema jurídico mexicano e internacional. Las disposiciones contenidas en el mismo no sólo reflejan principios y reglas de derecho internacional en materia de inversión, sino también reglas contempladas en nuestra legislación.

Para cumplir los objetivos y las consideraciones señaladas anteriormente, el APPRI contiene 30 artículos agrupados en cuatro capítulos tal y como se enlista a continuación:

CAPITULO UNO: DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1: Definiciones

ARTICULO 2: Admisión de las Inversiones

CAPITULO DOS: PROTECCION A LAS INVERSIONES

ARTICULO 3: Trato Nacional y Trato de la Nación más Favorecida

ARTICULO 4: Nivel Mínimo de Trato

ARTICULO 5: Compensación por Pérdidas

ARTICULO 6: Expropiación y Compensación

ARTICULO 7: Transferencias

ARTICULO 8: Subrogación

CAPITULO TRES: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

SECCION PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE Y UN INVERSIONISTA DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE

ARTICULO 9: Objetivo

ARTICULO 10: Notificación de Intención y Consultas

ARTICULO 11: Sometimiento de una Reclamación

ARTICULO 12: Consentimiento de la Parte Contratante

ARTICULO 13: Integración del Tribunal Arbitral

ARTICULO 14: Acumulación

ARTICULO 15: Sede del Procedimiento Arbitral

ARTICULO 16: Indemnización

ARTICULO 17: Derecho Aplicable

ARTICULO 18: Laudos Definitivos y su Ejecución

ARTICULO 19: Medidas Provisionales de Protección

SECCION SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES

ARTICULO 20: Ambito de Aplicación

ARTICULO 21: Consultas y Negociaciones

ARTICULO 22: Constitución del Tribunal Arbitral

ARTICULO 23: Procedimientos

ARTICULO 24: Laudo

ARTICULO 25: Derecho Aplicable

ARTICULO 26: Costos

CAPITULO CUATRO: DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 27: Aplicación del Acuerdo

ARTICULO 28: Consultas

ARTICULO 29: Denegación de Beneficios

ARTICULO 30: Entrada en Vigor, Duración y Terminación

En el CAPITULO UNO:DISPOSICIONES GENERALES, se definen los conceptos que regirán el APPRI tales como: “empresa”, “CIADI”, “Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI”, “Convenio del CIADI”, ”inversión”, ”inversionista de una Parte Contratante”, ”Convención de Nueva York”, ”Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI”, “Empresa del Estado”, “territorio” y el término “sin demora”.

En el CAPITULO DOS: PROTECCION A LAS INVERSIONES, se establecen los principios de protección a la inversión (Trato Nacional y Trato de la Nación más Favorecida), y las obligaciones en materia de Nivel Mínimo de Trato, la Compensación por Pérdidas, laExpropiación y Compensación, las Transferencias y la Subrogación.

El CAPITULO TRES: SOLUCION DE CONTROVERSIAS, se divide a su vez en dos secciones; la primera incluye lo relativo a la solución de controversias entre una Parte Contratante y un inversionista de la otra Parte Contratante; mientras que la segunda sección se refiere a la solución de controversias exclusivamente entre las Partes Contratantes.

En 18 artículos (del Artículo 9 al Artículo 26), se establece de manera detallada el mecanismo para la solución de las controversias que se susciten, derivadas de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el APPRI; así como el procedimiento arbitral dispuesto para dirimir dichas controversias; el Derecho Aplicable que regirá ante una o varias controversias; las características de una eventual indemnización; el Laudo y su Ejecución.

El CAPITULO CUATRO: DISPOSICIONES FINALES establece que el APPRI aplica a las inversiones realizadas antes o después de la entrada en vigor del Acuerdo, pero indica puntualmente que no aplica a controversias derivadas de eventos que ocurrieron, o a reclamaciones que ya hayan sido resueltas, antes de esa fecha.

Asimismo, dispone que se podrán realizar consultas entre las Partes con relación al APPRI, a propuesta de cualquiera de ellas; y también señala que las Partes, a través de consultas, tienen la prerrogativa de negar los beneficios del APPRI a una empresa de una Parte Contratante y a sus inversiones, si dicha empresa es propiedad o está controlada por una persona física o por otro empresa de una Parte no Contratante.

El artículo 30 establece que el APPRI entrará en vigor treinta días después de que ambas Partes se notifiquen por escrito el cumplimiento de los requisitos constitucionales de la aprobación del Acuerdo, a través de los canales diplomáticos apropiados para ello.

También señala que la vigencia del APPRI será de diez años. Si alguna de las Partes desea darlo por terminado después de transcurridos los diez años, el Acuerdo continuará en vigor por 12 meses más, a partir de que cualquiera de las Partes Contratantes notifique a la otra por escrito, su voluntad de terminar el Acuerdo.

Finalmente, determina que el APPRI puede ser susceptible de modificaciones previo consentimiento entre las Partes Contratantes, y la modificación acordada entrará en vigor treinta días después de que ambas Partes se notifiquen por escrito el cumplimiento de los requisitos constitucionales de la aprobación del Acuerdo, a través de los canales diplomáticos apropiados para ello.

III.Método de trabajo, análisis, discusión y valoración de las propuestas

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, señalan que con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden especializado y jurídico para la elaboración del presente dictamen, acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores yEconomía, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo y, desde el ámbito de sus atribuciones, sus consideraciones y justificaciones para su aprobación.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado de la República.

Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y elaboración del presente dictamen.

IV. Consideraciones de orden general

La celebración de los tratados en México, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra legislación con la concurrencia de dos poderes: el Ejecutivo Federal quien tiene la facultad de celebrar un tratado internacional; y el Senado de la República, en quien recae la facultad exclusiva de aprobar aquel tratado internacional celebrado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, tal como lo establecen los artículos 89 fracción X y 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra ordenan:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I…- IX…

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI…-XX…

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

II… XII…

Con base únicamente en las consideraciones de orden general, el APPRI sujeto de análisis del presente dictamen, cumple con los requisitos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para su aprobación.

V. Consideraciones de orden específico

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público que suscriben este dictamen, señalan que la inversión extranjera directa (IED) impacta de manera benéfica en el desarrollo de los países, pues son un complemento del ahorro interno que permite impulsar el crecimiento económico a través del financiamiento de inversiones productivas.

Advierten que los beneficios de la IED también se manifiestan al aumentar la posibilidad de transferir tecnologías entre las Partes, sobre todo en forma de nuevas variedades de insumos de capital; promueve la creación de empleos; estimula la competencia que repercute en mejores insumos y servicios para el consumidor; contribuye al desarrollo del capital humano de un país a través de la capacitación que ofrece la empresa o la entidad inversora; y se incrementan los recursos monetarios del país receptor a través de la recaudación de impuestos.

Coinciden en la importancia que tiene para el Estado Mexicano, fortalecer su posición en el mundo como un destino atractivo para la inversión, que según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), se ubicó en 2013 como la décima segunda economía captadora de IED con un monto de 38 mil millones de dólares.1

Asimismo, las dictaminadoras coinciden en que el Estado de Kuwait es un país exportador de capitales y posee fondos soberanos importantes que pueden ser susceptibles de invertirse en México, si existe una protección jurídicamente vinculante para los flujos de capital que otorgue seguridad y certidumbre al inversionista.

Los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras también enfatizan la necesidad de crear un marco normativo que contenga reglas claras y transparentes con el objetivo de proteger jurídicamente los flujos de capital destinados al sector productivo, sobre la base de reciprocidad entre México y Kuwait.

Las comisiones dictaminadoras concuerdan con la estrategia de política exterior del Poder Ejecutivo Federal que busca intensificar la cooperación económica entre México y Kuwait mediante la promoción y protección recíproca de la inversión y el fomento de los flujos de capital productivo, así como crear y mantener condiciones favorables y equitativas para los inversionistas mexicanos y kuwaitíes, al establecer un marco legal acorde con los principios de derecho internacional.

Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, reconocen que el Trato Nacional y Trato de la Nación más Favorecida son disposiciones totalmente congruentes con el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que refiere a que los extranjeros gozarán de las garantías que otorga la propia Carta Magna, así como los artículos 3 y 4 de la Ley de Inversión Extranjera; y 4 fracción IV de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica que establece los principios de protección a la inversión, impulsando con ello el fomento y protección recíproca de las inversiones, lo cual se confirma en el contenido de los artículos del 3 al 8 del Acuerdo.

Asimismo, destacan que el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Protección Recíproca de Inversiones, incorpora estándares de derecho internacional consuetudinario en materia de expropiación, y en su Artículo 6, se encuentra la prohibición para que una Parte expropie o nacionalice de manera directa o indirectamente las inversiones, salvo que sea por causa de utilidad pública, sobre bases no discriminatorias, con apego al principio de legalidad y mediante el pago de una indemnización que debe ser equivalente al valor justo del mercado.

Las dictaminadoras destacan que el Acuerdo se suma a la red de 28 APPRI´s que México tiene vigentes con Argentina, Cuba, Panamá, Trinidad y Tobago, Uruguay, Alemania, Austria, Belarús, Dinamarca, España, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Unión Belgo-Luxemburguesa, Australia, China, Corea, India y Singapur.

Las comisiones dictaminadoras, manifiestan que las disposiciones contenidas en el CAPITULO TRES del APPRI, relativas a la solución de controversias, son coherentes con los artículos 3 y 4 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados en Materia Económica, que a la letra ordenan:

Artículo 3. Para la aprobación de un tratado se observarán los siguientes objetivos generales:

I. Contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana;

II. Propiciar el aprovechamiento de los recursos productivos del país;

III. Promover el acceso de los productos mexicanos a los mercados internacionales;

IV. Contribuir a la diversificación de mercados;

V. Fomentar la integración de la economía mexicana con la internacional y contribuir a la elevación de la competitividad del país, y

VI. Promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales y el pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4. Para la aprobación de un tratado se observará congruencia con los siguientes objetivos particulares según proceda:

I. En materia de solución de controversias:

a) Otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte en la controversia el mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional;

b) Asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus defensas, y

c) Garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren su imparcialidad;

II…-III…

IV. Impulsar el fomento y la protección recíproca de las inversiones y las transferencias de tecnología, generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional;

V…-VII…

Las comisiones dictaminadoras señalan que el Poder Ejecutivo Federal remitió adjunto al APPRI, el documento titulado: “Memorándum de Antecedentes” mismo que integra el informe relativo al Acuerdo entre el Gobierno de los Estado Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado en la Ciudad de México, el 22 de febrero de 2013. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido por el artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.

En dicho documento, se señala que México no concedió ningún rubro, ni se negoció ningún elemento ajeno al contemplado en otros acuerdos de esta naturaleza, mismos que fueron aprobados en su oportunidad por el H. Senado de la República. En este sentido, los principios negociados reflejan únicamente el contenido de las obligaciones contraídas con anterioridad en los APPRIs suscritos por México.

El Memorándum de Antecedentes también señala que el Acuerdo no conlleva una apertura adicional a lo establecido en la legislación mexicana vigente, ya que sus principios y disciplinas son aplicables únicamente a la dase del post-establecimiento de la inversión. Esto significa que la admisión de un inversionista en México y su inversión se llevarían a cabo conforme a lo establecido en la Constitución y en la legislación mexicana (Artículo 2 del Acuerdo).

Por lo anterior, no resulta necesario incluir un conjunto de reservas y excepciones a las disciplinas del APPRI, tal y como sucede en los tratados de libre comercio suscritos por México, puesto que es en las leyes de la materia en donde se contemplan las restricciones específicas a la participación de capital extranjero o de naturaleza privada.

Las dictaminadoras destacan que según lo establecido por las Partes Contratantes, el APPRI no requiere de instrumentos adicionales para su operación e instrumentación y no obliga al Estado Mexicano a crear, reformar, abrogar o modificar su legislación interna en materia de inversiones.

Asimismo, las comisiones legislativas manifiestan que el Acuerdo cumple con el marco normativo aplicable, una vez analizado y cotejado por cuanto a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia.

En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de lo que dispone el Artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de lo que establece el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Finalmente, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen reconocen que la suscripción del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, cumple con las disposiciones constitucionales para su aprobación y, con base en el análisis y estudio, se ha corroborado que el mismo fue celebrado con apego a lo dispuesto en la fracción X del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley sobre la Celebración de Tratados en Materia Económica.

Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Acuerdo bajo análisis no se lesiona ni la Soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, someten a la consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el Artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprueba el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE KUWAIT PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, firmado en la Ciudad de México, el veintidós de febrero de dos mil trece.

Sala de comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, D.F., a 29 de abril de 2014.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO.-

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES;

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO”.

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de Decreto por el que se aprueban las Enmiendas al artículo 3, en sus apartados b) y c) del Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República Federal de Alemania, firmado ad referéndum por el Embajador de la República Federal de Alemania en México, y por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de México, el 24 de noviembre de 2012, teniendo como antecedente el Convenio suscrito el 8 de octubre de 1997.

1 UNCTAD, Gobal Investment Trends Monitor [en línea]: No. 15, 28 de enero de 2014 [fecha de consulta: 4 de febrero de 2014]. Disponible en http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2014d1_en.pdf






ENMIENDAS AL ARTICULO 3, EN SUS APARTADOS B) Y C) DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, FIRMADO AD REFERENDUM POR EL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN MEXICO Y POR LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012, TENIENDO COMO ANTECEDENTE EL CONVENIO SUSCRITO EL 8 DE OCTUBRE DE 1997

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES,
EUROPA; DE RELACIONES EXTERIORES
Y DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

H. ASAMBLEA:

Con fecha 7 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura, remitió el oficio No. DGPL-1P2A.-1968-SEL/300/1459/13, dando turno para dictaminar a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores, y de Comercio y Fomento Industrial, con PROYECTO DE DECRETO QUE APRUEBA EL ACUERDO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, FIRMADO AD REFERENDUM POR EL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN MEXICO Y POR LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012, TENIENDO COMO ANTECEDENTE ELCONVENIO SUSCRITO EL 8 DE OCTUBRE DE 1997.

Las Comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción I y 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 113, 117, 135, fracción I, 174, 175, párrafo 1., 178, 182, 183, párrafos 1 y 2, 184, 186, 187, 190, y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, formulan el presente dictamen conforme a lo siguiente:

METODOLOGIA.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas presentan el siguiente dictamen en cinco apartados, a saber

l.ANTECEDENTES: Se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo.

II.OBJETO, DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO: Donde sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

lll.CONSIDERACIONES: Expresa los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de la Comisión Dictaminadora.

IV.CONCLUSIONES, y

V. DICTAMEN.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 8 de octubre de 1997 se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania.

2. El 14 de noviembre de 2012, en la Ciudad de México, se suscribió el Acuerdo de enmienda al Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania.

3. Mediante oficio No. DGPL-1P2A.-1968SEL/300/1459/13, de fecha 7 de octubre de 2013, el Poder Ejecutivo Federal, remitió dicho Convenio a esta Soberanía.

4. En la sesión ordinaria del 8 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó el Convenio a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. OBJETO y DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO

El Convenio de 1997, que inició su vigencia el 17 de agosto de 1998, provee el marco jurídico de referencia para el desarrollo de proyectos de cooperación técnica entre instituciones de México y Alemania, las cuales permiten fomentar el desarrollo económico, técnico y social de la población de ambos países.

Con el paso del tiempo, sin embargo, ambas partes coincidieron en la necesidad de adecuar el instrumento anterior, por medio de la introducción de algunas enmiendas para facilitar el cumplimiento de sus objetivos mediante la actualización de disposiciones que regulan el pago de costos, por parte del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, de las aportaciones relativas a los proyectos que fomentan las partes en el marco de la cooperación técnica.

Las enmiendas acordadas por el Gobierno de la República Federal de Alemania y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, son del tenor siguiente:

“Artículo 1

El texto del Artículo 3, inciso b), del Convenio del 8 de octubre de 1997, será sustituido por el siguiente:

“b) concederá de conformidad con la legislación nacional de los Estados Unidos Mexicanos todas las facilidades administrativas, fiscales y aduaneras necesarias para la importación y exportación del material que se precise para la ejecución de los proyectos y programas en el marco del presente convenio, pondrá a disposición de las oficinas competentes la documentación correspondiente a efectos de la concesión de dichas facilidades y asegurará que el material pase aduana sin demora;”

Artículo 2

El texto del Artículo 3, inciso c), del Convenio del 8 de octubre de 1997, será sustituido por el siguiente:

“c) se compromete a aplicar al cien por ciento (100%), a los fines determinados, los recursos concedidos por el gobierno de la República Federal de Alemania a efectos de financiación, de tal manera que dichos recursos en ningún caso podrán utilizarse para el pago de contribuciones (incluidos los impuestos y los derechos). Dichas contribuciones serán pagadas por el beneficiario, entiendo por este el organismo ejecutor designado por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos;”

Artículo 3

El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de recepción de la nota en que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos notifique al Gobierno de la República Federal de Alemania que se han cumplido los requisitos legales internos para su entrada en vigor.

Hecho en la Ciudad de México el catorce de noviembre de dos mil doce, en dos ejemplares originales, en los idiomas español y alemán, siendo ambos textos igualmente idénticos…

III.CONSIDERACIONES

El Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania, suscrito con fecha, 8 de octubre de 1997, constituye un instrumento de facilitación para el desarrollo de la cooperación bilateral entre ambas partes.

Alemania y México comparten una importante historia de colaboración en distintos ámbitos, donde la cooperación ocupa un lugar primordial y constituye una herramienta de colaboración y entendimiento mutuo.

El 6 de abril de 2011 se publicó en México, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo que, entre sus objetivos tiene el de dotar al Poder Ejecutivo Federal de los instrumentos necesarios para la programación, promoción, concertación, fomento, coordinación, ejecución, cuantificación, evaluación y fiscalización de acciones y Programas de Cooperación Internacional para el desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y los gobiernos de otros países. Asimismo, por medio de este cuerpo normativo se creó la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

A partir de la ejecución de los proyectos de cooperación enmarcados en el Convenio de 1997, las autoridades mexicanas y alemanas identificaron la necesidad de modificar el Convenio para precisar los compromisos fiscales de cada Gobierno, específicamente en lo que concierne a la exención de los impuestos y derechos generados por la importación y exportación de materiales requeridos para la ejecución de los referidos proyectos de cooperación. Ello, con el propósito de aprovechar los recursos que el Gobierno de Alemania destina a los proyectos para ser ejecutados en México.

Luego de las consultas respectivas, las autoridades de México y de Alemania acordaron modificar el Convenio de 1997, con la finalidad de precisar que México concederá, sujeto a lo dispuesto por la legislación mexicana vigente, todas las facilidades administrativas, fiscales y aduaneras para la importación y exportación del material requerido para la ejecución de los proyectos de cooperación, y que destinará el cien por ciento de los recursos otorgados por el Gobierno alemán al financiamiento de los proyectos de cooperación, por lo que tales recursos no podrán utilizarse para el pago de contribuciones, incluidos impuestos o derechos generados en México.

Como referencia, es de señalarse que el Programa de Cooperación Técnica México-Alemania 2011-2013, adoptado conforme al Convenio de 1997, integró diecinueve proyectos con una asignación presupuestaria de ciento dieciocho millones de euros por parte del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Para el siguiente bienio, se perfilan alrededor de treinta proyectos, cuya estimación presupuestaria está siendo definida por las autoridades mexicanas y alemanas correspondientes.

IV.- CONCLUSIONES

Los integrantes de la Comisiones unidas del Senado mexicano, luego de un profundo análisis del instrumento internacional en cuestión, consideran que las Enmiendasb) y c) del artículo 3 delConvenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania, firmado ad referéndum por el Embajador de la República Federal de Alemania en México y por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México, el 14 de noviembre de 2012, teniendo como antecedente elConvenio suscrito el 8 de octubre de 1997, contribuirá a un más eficiente aprovechamiento de los recursos aportados por el Gobierno alemán para la ejecución de los proyectos de cooperación técnica en México.

Adicionalmente, estas comisiones dictaminadoras estiman pertinente destacar que la cooperación alcanzada entre México y Alemania durante los últimos quince años es una de las más productivas y exitosas, pues ha permitido el desarrollo de proyectos específicos en los campos de la ciencia y la tecnología, el medio ambiente y la energía.

Finalmente, estas Comisiones, hacen notar que la aprobación de dichas enmiendas son acordes con nuestro orden jurídico, especialmente con los principios que en materia de política exterior dicta nuestro texto constitucional y, muy especialmente en la materia de “la cooperación internacional para el desarrollo”, lo que constituye una muestra de que nuestro país ejerce con mayor responsabilidad y proactividad el papel que le correspondeen el concierto internacional, en sus esfuerzos por lograr un mayor desarrollo económico y social a nivel mundial.

Por todo lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

V.DECRETO

La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción I, de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

ARTICULO UNICO.- El Senado de la República aprueba las Enmiendas al artículo 3, en sus apartados “b) y c)” del Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania, firmado ad referéndum por el Embajador de la República Federal de Alemania en México y por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 2012, teniendo como antecedente elConvenio suscrito el 8 de octubre de 1997.

Sala de Comisiones del Senado de la República a los trece días del mes de diciembre de dos mil trece.

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión:

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA;

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES;

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL”.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, quedan de primera lectura.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el protocolo que modifica el Convenio entre México y el Reino de Bélgica para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta, firmado ad referéndum en la ciudad de México, el 26 de agosto de 2013.






PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE BELGICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION E IMPEDIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, FIRMADO AD REFERENDUM EL 26 DE AGOSTO DE 2013 EN LA CIUDAD DE MEXICO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Rabindranath Salazar Solorio, para presentar éste y los siguientes cuatro dictámenes que proponen aprobar diversos instrumentos internacionales, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy se ponen a consideración cinco dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, mismos que tienen por objeto establecer acuerdos en materia de doble tributación e intercambio de información fiscal.

La doble tributación es una práctica fiscal en algunos países industrializados, la cual consiste en establecer gravámenes sobre los ingresos de sus ciudadanos, sin importar donde residan aquellos.

Si residen en algún país extranjero o tienen su dinero allí o bien, ambas cosas.

El inversionista, por tanto, pagará el impuesto dos veces, tanto en su país de origen, en este caso, como en México. Es decir, un tratado de doble tributación pone en condiciones al inversionista de reclamar la devolución de una parte de sus impuestos injustamente recaudados sobre la base de que un sistema tributario domina al otro.

Es por esto que México necesita la firma de convenios y acuerdos para evitar la doble tributación con las demás naciones.

El intercambio de información en materia tributaria lleva también un rol importante, ya que nuestro país tiene una participación muy activa en el intercambio de información.

México ha firmado tratados fiscales con sus principales socios comerciales, principalmente de Europa, y quizá podemos asegurar que es una directriz primordial a futuro en la búsqueda de mejorar su recaudación fiscal.

Además ayuda a contar con mayores y mejores instrumentos para hacer más eficiente la cooperación internacional en materia tributaria.

Este intercambio de información entre los países contribuye en la aplicación de leyes fiscales que a su vez ayudarán a combatir de una manera más eficaz la evasión fiscal, la transparencia de los sistemas tributarios y el combate a la impunidad.

Es por ello que las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, dictaminamos estos cinco instrumentos internacionales para evitar la doble tributación y favorezcan el intercambio de información fiscal entre nuestro país y el Reino de Bélgica, el Principado de Liechtenstein, el Reino de los Países Bajos, la República de Malta y el Gobierno de Gibraltar.

Expuesto lo anterior y después de realizar un análisis exhaustivo del instrumento de referencia, quiero agradecer a los integrantes de las comisiones unidas que participaron en el proceso de dictaminación, en especial a los compañeros integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa y, por supuesto, a mis amigos los presidentes de las otras dos comisiones, en especial la Senadora Gabriela Cuevas Barrón y el Senador José Francisco Yunes Zorrilla, por su disposición, trabajo y dedicación que permitieron la consolidación y la buena relación de trabajo de las comisiones.

Este trabajo fomentará una conveniente cooperación en materia tributaria y fiscal, ayudando a evitar prácticas fiscales nocivas y propiciará el intercambio de aquellas que son necesarias como herramientas importantes para fomentar las prácticas benéficas y erradicar las perjudiciales en esta materia, lo que redundará, por supuesto, en un beneficio recíproco entre las naciones signantes.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Salazar Solorio.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para presentar, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, éste y los siguientes cuatro dictámenes sobre instrumentos internacionales en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

El día de ayer aprobamos cuatro autorizaciones para permitir la salida de tropas de nuestro país y también tres instrumentos internacionales.

El día de hoy ponemos a su consideración cinco instrumentos internacionales más.

Por un lado, como lo comentó el Senador Salazar Solorio, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, aprobamos por unanimidad dos convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos Sobre la Renta.

Estos convenios celebrados con Bélgica y Malta, tienen como objetivo eliminar las cargas fiscales que obstaculizan el flujo de inversiones y al mismo tiempo combate la evasión y la elusión fiscal mediante el fomento al intercambio de información entre nuestro país y los dos países mencionados.

En específico, el protocolo celebrado con Bélgica busca actualizar las disposiciones del convenio de 1992, tomando en cuenta que algunas de sus cláusulas ya no se ajustan a la política que en materia fiscal ha seguido nuestro país en las negociaciones más recientes.

Y con Malta se buscó la firma de este instrumento porque es uno de los pocos países de la Unión Europea con los que no tenemos un convenio de doble tributación en vigor.

En general, estos instrumentos buscan otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes, asegurar la eliminación de tratos discriminatorios y establecer mecanismos amistosos para la solución de controversias.

Por otro lado, las comisiones dictaminadoras aprobamos tres instrumentos en materia tributaria celebrados con Gibraltar, Liechtenstein y Aruba, los cuales, siguiendo las recomendaciones de la OCDE y la práctica internacional, tienen como objetivo promover la cooperación entre las administraciones tributarias para el intercambio de información fiscal y así facilitar a las partes la aplicación de su legislación a fin de coadyuvar en el combate a la evasión y la elusión fiscal.

Es importante decir que Liechtenstein, Gibraltar y Aruba, contaban con políticas restringidas para el intercambio de información y, en especial, por lo que se refiere al secreto bancario. Sin embargo, con el cambio de su política y la aprobación de estos instrumentos, México ya podrá solicitar información que se encuentra en posesión de los bancos, intercambiar información que sea previsiblemente relevante para la aplicación de la legislación interna de cada una de las partes.

Por último, quiero agradecer sinceramente a los Presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito Público, porque con su trabajo comprometido hemos podido aprobar estos instrumentos que serán en beneficio de las y los mexicanos y, sin duda, de cada uno de los países que los suscriben.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuevas Barrón. En virtud de que no hay más oradores registrados, se reserva para su votación de manera conjunta con el siguiente dictamen.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y el Gobierno del Principado de Liechtenstein, para el intercambio de información en materia tributaria y su protocolo, firmado ad referéndum en Washington D.C., el 20 de abril de 2013.






ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION EN MATERIA TRIBUTARIA Y SU PROTOCOLO, FIRMADO AD REFERENDUM EL 20 DE ABRIL DE 2013 EN WASHINGTON, D.C.

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

En virtud de que no hay oradores registrados, se reserva para su votación de manera conjunta con el anterior y los siguientes dictámenes que habremos de poner a consideración de esta Asamblea.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y el Reino de los Países Bajos, respecto de Aruba, para el intercambio de información con respecto a los impuestos, firmado ad referéndum en la ciudad de México el 18 de julio de 2013.






ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE LOS PAISES BAJOS, RESPECTO DE ARUBA, PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS, FIRMADO AD REFERENDUM EL 18 DE JULIO DE 2013 EN LA CIUDAD DE MEXICO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. En virtud de que no hay oradores registrados, se reserva para su votación con los anteriores y los siguientes dictámenes que tienen que ver con instrumentos internacionales.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio entre México y Malta para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta y su Protocolo.

CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y MALTA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, FIRMADO AD REFERENDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE ROMA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2012

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen. En virtud de que no hay oradores registrados, se reserva para su votación de manera conjunta con los anteriores y el siguiente dictamen.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y Gibraltar para el Intercambio de Información en Materia Tributaria.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE GIBRALTAR PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION EN MATERIA TRIBUTARIA, FIRMADO AD REFERENDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y EN GIBRALTAR EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de éste y de los cuatro anteriores proyectos de Decreto, estaríamos votando cinco dictámenes de instrumentos internacionales en un solo acto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 100 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, quedan aprobados los siguientes instrumentos internacionales:

El Decreto que contiene el Protocolo que Modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Bélgica para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta, firmado ad referéndum en la ciudad de México el 26 de agosto de 2013.

El Decreto que contiene el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Principado de Liechtenstein para el Intercambio de Información en Materia Tributaria y su Protocolo, firmado ad referéndum en Washington, D.C., el 20 de abril de 2013.

El Decreto que contiene el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos, respecto de Aruba, para el Intercambio de Información con respecto a los impuestos, firmado ad referéndum en la ciudad de México, el 18 de julio de 2013.

El Decreto que contiene el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Malta para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta y su Protocolo, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la ciudad de Roma, el 17 de diciembre de 2012.

Y el Decreto que contiene el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Gibraltar para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, firmado ad referéndum en la ciudad de México, el 9 de noviembre de 2012 y el 29 de noviembre de 2012, en Gibraltar. Remítanse estos documentos al Ejecutivo Federal para los efectos a que tenga lugar.

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Luis Arturo Puente Ortega, como Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos en Shanghai, República Popular China.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO DIPLOMATICO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Teófilo Torres Corzo, para presentar el dictamen a nombre de las Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias, señor Presidente. Estimados compañeros Senadores:

Hago uso de esta tribuna para referirme al nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal, en uso de sus facultades, expide a favor del Embajador Luis Arturo Puente Ortega como Cónsul General de México en Shanghai, República Popular China.

Para la Comisión de Relaciones Exteriores, Asía-Pacífico, este nombramiento es motivo de beneplácito porque la relación de México con China debe ser asimilada como una relación estratégica del Poder Ejecutivo, cuestión que se manifiesta con este nombramiento.

El que estemos en presencia de un funcionario de carrera del servicio exterior, quien tiene más de 37 años de experiencia en diferentes cargos en la cancillería, y por haber tenido ya la muy honrosa responsabilidad de representar a nuestro país en múltiples ocasiones, es una muy buena señal de que el gobierno de México está poniendo especial interés y especial empeño en la relación con nuestro socio comercial segundo en el mundo, que es la República Popular China.

En la reunión de comparecencia del señor Embajador Puente Ortega en la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, quedó de manifiesto además que es un diplomático con la experiencia necesaria y que cuenta con los conocimientos indispensables y la claridad de miras para desempeñar con estrategia y sin improvisaciones la alta encomienda que se le ha asignado.

Particularmente nos llamó la atención en la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, que es un diplomático que tiene una perspectiva real de la relación bilateral con China, y señala claramente, así lo hizo en la comparecencia, cuáles son las fortalezas, pero sobre todo, cuáles son las áreas que necesitan en forma urgente reforzarse para propiciar que nuestra vinculación con China se transforme en una verdadera relación estratégica que trascienda más allá del papel, de los discursos y de la retórica.

Desde esta tribuna constantemente hemos señalado la necesidad de que China ocupe un lugar prioritario en nuestro diseño de política exterior.

Hoy más que nunca, una relación fluida, respetuosa, y mutuamente benéfica con China favorece claramente los intereses nacionales de México, su posicionamiento internacional y el desarrollo económico y social que tan urgidos estamos en este país.

Eso es justamente lo que ha demandado el Embajador Puente Ortega, contribuir a generar una nueva etapa en la relación bilateral mucho más fructífera en caso de que esta Soberanía vote a favor de su nombramiento, como estoy convencido que así será.

Al Embajador Puente Ortega le decimos, esta Cámara Alta exige de él un máximo compromiso, gran responsabilidad y lealtad para ser la voz del Estado mexicano y contribuir a elevar su prestigio en el exterior.

El México que vive momentos icónicos que de profundas transformaciones tiene en el sentido político, económico y social, las que buscan el desarrollo integral de un país llamado a ser, sin duda, compañeros, un líder regional por sus virtudes geopolíticas, geoeconómicas, geoestratégicas es quien usted tendrá, señor Embajador, la alta encomienda y el alto honor de representar.

Las principales tareas serán mostrar a un México que goza de un extraordinario potencial de crecimiento; que es un interlocutor confiable y de gran peso político en la toma de decisiones en los asuntos multilaterales.

Que México tiene una infraestructura y recursos humanos de la mayor calidad, y que se puede hacer frente con éxito a la demanda de productos del mundo.

Que en el ámbito interno se privilegian las coincidencias políticas para potencializar las fortalezas nacionales y, sin duda, que México seguirá honrando su tradición por un respeto a la paz, a la cooperación internacional, como ha sido permanentemente su política.

Ha llegado la hora para México, y su cuerpo diplomático deberá contribuir a su conocimiento, eficacia y capacidad negociadora para que la política exterior sea una herramienta de todos que sirva para incrementar el capital político de nuestro país en el mundo.

Con este acto de ratificación, señoras y señores Senadores, estaremos expresando que somos sensibles a los objetivos de hacer de México un actor con mayor responsabilidad global; y no sólo eso, también haremos explícito el claro compromiso de coadyuvar a que la visión de estado encuentre sentido práctico en nuestra relación de México con China.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Torres Corzo.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores.

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

El día de hoy las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asía-Pacífico, ponemos a su consideración el nombramiento que el titular del Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Luis Arturo Puente Ortega, como Cónsul General de nuestro país en Shanghai, República Popular de China.

Después de una revisión exhaustiva a su perfil y trayectoria, así como del programa de trabajo que implementará en la circunscripción del consulado, los integrantes de dichas comisiones no tenemos duda de su capacidad y, sobre todo, del patriotismo con el que desempeñará su función.

Este nombramiento reviste un particular interés porque Shanghai es el mayor centro industrial y comercial de China. Esta municipalidad se encuentra enclavada en una de las áreas de mayor crecimiento, y ha tenido un gran desempeño económico durante las últimas décadas.

De hecho es visualizado como el principal centro económico, financiero, comercial y de transporte marítimo de China y, sin duda, uno de los más importantes del mundo.

Además, es preciso recordar que el pasado mes de septiembre se anunció el establecimiento de una zona piloto de libre comercio en Shanghai, donde pondrán en marcha distintas reformas de apertura financiera, económica y comercial en todo tipo de sectores con el propósito de atraer mayor inversión extranjera y de la que podríamos aprender mucho para nuestro México.

La decisión del gobierno chino de dar un mayor énfasis al aumento de la demanda interna y aumentar su inversión en el exterior como parte de su estrategia de crecimiento económico, abre grandes ventanas de oportunidad para las empresas mexicanas.

La balanza comercial que hoy tiene nuestro país con China es gravemente desigual, la participación de nuestros representantes en China, y especialmente en Shanghai, tiene por ello una gran importancia, hay un gran espacio para las exportaciones mexicanas, pero la etapa de gestión, el trabajo cotidiano que se debe hacer desde nuestros representantes de la cancillería y de Pro México, resulta determinante.

Por ello será imprescindible que el Consulado General de México en Shanghai logre posicionarse en la región con el propósito de generar mejores canales de comunicación e impulsar la buena imagen de México y su prestigio como una buena opción para inversiones, para el desarrollo y, sin duda también, como un atractivo destino turístico.

Por lo que hace a la atención y protección de nuestros connacionales, será necesario que se establezca una mejor comunicación con la comunidad mexicana de la región, que se ejerzan acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones y que se establezca un proceso de atención rápida y eficaz para auxiliar a la población que así lo requiera.

Consientes de ello, y una vez que nos fue expuesto el plan de trabajo por el ciudadano Luis Arturo Puente Ortega, las comisiones dictaminadoras decidimos aprobar de manera unánime la propuesta que nos fue sometida.

Tenemos la convicción de que cumplirá a cabalidad y con profesionalismo las responsabilidades que tendrá encomendadas porque cuenta con el perfil necesario para el desempeño de una buena función diplomática.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuevas Barrón.

En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 97 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Luis Arturo Puente Ortega, como Cónsul General de México en Shanghai, República Popular China. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Luis Arturo Puente Ortega, por lo que solicito a los Senadores Teófilo Torres Corzo, Mariana Gómez del Campo Gurza, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Manuel Cavazos Lerma, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su toma de protesta.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Senadoras y Senadores, vamos a tomar la protesta al ciudadano Arturo Puente Ortega, por favor ponerse de pie.

(Todos de pie)

Ciudadano Luis Arturo Puente Ortega: ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos en Shanghai, República Popular China, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

- El C. Cónsul General Luis Arturo Puente Ortega: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande. ¡Felicidades, señor Cónsul!

(Aplausos)

En nombre del Senado le deseamos éxito en su encargo. Le pido a la comisión designada acompañe al señor Puente Ortega cuando desee retirarse del salón.

Tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia, con punto de Acuerdo por el que se aprueba el nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan de Dios Castro Lozano, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Solicito a la lectura dé lectura al dictamen.






NOMBRAMIENTO COMO MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO; Y DE JUSTICIA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 25 de abril de 2014, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique Peña Nieto presentó oficio ante esta Soberanía, a fin de someter a consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramiento del C. Juan de Dios Castro Lozano, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232; 239, párrafo 3; 241; 242; 243 y 245, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la propuesta de referencia y conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I.ANTECEDENTES

1. Con fecha 25 de abril de 2014, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique Peña Nieto, presentó ante esta Soberanía, a fin de someter a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramiento del C. Juan de Dios Castro Lozano, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

2. Con fecha 28 de abril de 2014, la Mesa Directiva de esta H. Soberanía, remitió oficio No. DGPL.0000.-0000, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1), inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dispuso que la propuesta de nombramientos citado con antelación, se turnara a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia.

3. En sesión ordinaria, los CC. Legisladores integrantes de estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada propuesta de nombramiento, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II.OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

Someter a la consideración de esta H. Soberanía, la propuesta de nombramiento del C. Juan de Dios Castro Lozano, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

III. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

En la propuesta de nombramiento el Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone entre otras cosas, lo siguiente:

Una de las instituciones que conforman nuestro sistema de justicia es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que tiene a su cargo por mandato constitucional dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, para lo cual están dotados de plena autonomía.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, corresponde al Presidente de la República el nombramiento de los magistrados que lo integran, con la aprobación de la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Se trata de un mecanismo de colaboración entre Poderes de la Unión, que tiene por objeto asegurar que los nombramientos de magistrados recaigan en personas con las cualidades personales y técnicas necesarias para desempeñar la importante función de impartir justicia. Se somete a la aprobación del Senado de la República el nombramiento del C. Juan de Dios Castro Lozano, como Magistrado de Sala Regional de dicho Tribunal, por un periodo de diez años.

El C. Juan de Dios Castro Lozano es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, cuenta con Maestría en Derecho Laboral por la misma institución, así como Diplomado en Derecho Penal por la Universidad Iberoamericana, Plantel Laguna. Es autor de diversas obras jurídicas entre las que destacan "Las Partes en el Juicio de Amparo" y "La Justicia Constitucional y la Interpretación de la Constitución en México".

En el ámbito profesional cuenta con amplia experiencia en el sector público. Ha sido Secretario de Acuerdos, Juez Local Letrado Mixto y Juez Civil en el Poder Judicial del Estado de Coahuila, Dictaminador Jurídico de la Secretaría de la Reforma Agraria, Diputado Federal en cuatro Legislaturas (Ll, Llll, LV y LIX), Senador de la República en dos Legislaturas (LVI y LVII), Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal en los periodos 2000-2003 y 2005-2006, Subprocurador de Derechos Humanos, y Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República. Actualmente trabaja en la implementación del sistema penal acusatorio en la Procuraduría General de la República.

Las cualidades personales y profesionales del Mtro. Juan de Dios Castro Lozano lleva a la convicción del Ejecutivo Federal, de que su nombramiento como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contribuirá al fortalecimiento de esta importante institución del Estado mexicano, en beneficio de los justiciables.

IV.ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES, DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 113, 117, 174, 177, párrafo 2; 229, 230, fracción III; 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 243 y 245 del Reglamento del Senado de la República estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, resultan competentes para dictaminar la propuesta de nombramiento descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras, realizaron un exhaustivo análisis del expediente del C. Juan de Dios Castro Lozano, propuesto como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, del cual se desprendió que el mismo es mexicano por nacimiento, sin haber adquirido otra nacionalidad, con pleno goce de sus derechos civiles y políticos, mayor de treinta y cinco años, de notoria buena conducta, licenciado en derecho con título registrado con más de diez años anteriores a la fecha del nombramiento y con un mínimo de ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa, por lo que reúne los requisitos exigidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para desempeñar el cargo de Magistrado de dicho tribunal.

TERCERA. Tal como se desprende de los citados expediente, estas Comisiones Dictaminadoras, refiere que el C. Juan de Dios Castro Lozano, cuenta con la experiencia y el perfil requeridos por Ley para desempeñar el cargo de Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al poseer una amplia trayectoria profesional tanto en la materia fiscal como en la administrativa, conocimientos en el área y experiencia laboral. Asimismo, se hace notar que el referido, a lo largo de su actividad laboral ha cumplido con diversos cursos, foros, seminarios y congresos de actualización en materia administrativa y de tributación.

En ese tenor, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que la probada capacidad técnica, y la trayectoria profesional del C. Juan de Dios Castro Lozano, cuyo nombramiento se somete a la aprobación de esta Soberanía, redundará en beneficio de los justiciables del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

CUARTA. Estas Comisiones Dictaminadoras, consideran necesario resaltar que del historial y expediente correspondiente del C. Juan de Dios Castro Lozano, se desprende datos que acreditan que ha observado en su trabajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, honestidad y eficiencia, así como que no cuenta con antecedentes sobre denuncias o quejas que reflejen presuntas violaciones cometidas en el desempeño de sus actividades.

Por lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras, consideran que la actuación del C. Juan de Dios Castro Lozano, es satisfactoria para ejercer el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

QUINTA. Con el objeto de que las Comisiones Dictaminadoras realizaran un examen valorativo del C. Juan de Dios Castro Lozano, sobre su idoneidad para el cargo al que es propuesto, lo cual incluye su conducta personal, su capacidad técnica, experiencia profesional y conocimiento en la materia, fue citado a comparecer el 28 de abril de 2014, en reunión de trabajo de estas Comisiones Dictaminadoras.

Dicha reunión tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, con el objeto de que el C. Juan de Dios Castro Lozano, expusiera ante los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, aquellos elementos que estimara pertinente a fin de acreditar su idoneidad para la responsabilidad jurisdiccional que nos ocupa, así como para manifestar todos aquellos argumentos que así estimara conveniente.

En dicha comparecencia, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, reunidos en Pleno, deliberaron y resolvieron que el C. Juan de Dios Castro Lozano, reúne y satisface el perfil adecuado para ser Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Dictaminadoras, que suscriben, someten a la consideración de esa Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del C. Juan de Dios Castro Lozano, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

SEGUNDO. Tómese la protesta de Ley al Ciudadano del resolutivo anterior, a efecto de que este en aptitud de desempeñar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los términos expuestos.

Dado en la sala de comisiones del H. Senado de la República, a 29 de abril de 2014.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

COMISION DE JUSTICIA”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Está a discusión el dictamen. Para razonar su voto sobre este dictamen, se concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Estamos hablando de la designación de un Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para un periodo de diez años, y el tribunal tiene en su encargo por mandato constitucional, dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares para lo cual están dotados de plena autonomía.

En el dictamen referenciado se describen las cualidades profesionales del ciudadano Juan de Dios Castro Lozano, y se señala que cuenta con la experiencia y el perfil requeridos por la ley para desempeñar el cargo de Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al poseer una amplia trayectoria profesional tanto en la materia fiscal como en la materia de conocimientos en el área y experiencia laboral.

Asimismo se hizo notar que a lo referido de su trayectoria ha cumplido con cursos, foros, seminarios, congresos, actualización en materia administrativa y de titulación.

Pero se omitió señalar que este individuo como responsable de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, en una de tantas visitas que se hicieron aquí al país para ver el desempeño de su encargo y con un espíritu contrario a un impartidor de justicia, desestimó el caso de Brad Will, periodista asesinado en Oaxaca en 2006, donde afirmó que este periodista no contaba con una calidad y características migratorias y que lo acreditaran como tal.

El entonces subprocurador señaló a la Vicepresidenta Internacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Aleida Calleja, como enemiga del estado, estamos hablando del subprocurador que defiende a las víctimas.

El caso que sacó de quicio a este abogado fue lo ocurrido el 7 de abril de 2008, día en que Teresa Bautista Merino y Felicita Marina, locutoras de la radio comunitaria “La Voz que Rompe el Silencio”, es un proyecto comunitario integrado en su mayoría por jóvenes y adolescentes del pueblo Triqui de San Juan Copala en Oaxaca, fueron emboscadas por un presunto grupo armado en el llano de Juárez Copala, cuando iban a realizar un reportaje, resultando lesionadas además cuatro personas.

En el lugar se levantaron castillos de AK47 percutidos ahí, en una inmensa cantidad, y los familiares identificaron a los agresores y ellos reconocían que se les había estado amenazando.

Y cuando ellas fueron reconocidas post mortem un día antes de su premiación, este señor señaló que ellas solamente eran unas amas de casa, no les dio la características de estas víctimas y de pertenecer al gremio periodístico.

Lo anterior, compañeros, demuestra que este señor no cumple con lo dispuesto en la propia misión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que a la letra estipula lo siguiente:

“Impartir justicia fiscal y administrativa en el orden federal con plena autonomía, honestidad, calidad y eficiencia, al servicio de la sociedad que garantice el acceso total a la justicia, apegado a los principios de legalidad y seguridad jurídica de manera pronta, completa, imparcial y gratuita para contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, al desarrollo de la paz y a la paz social”.

Compañeros, si contrastamos las virtudes de las que nos pide en la visión el tribunal para un Magistrado de Sala Regional, encontramos una contradicción en el perfil de alguien que tiene la característica de la mezquindad que se aparta de estos principios, que es discriminatorio y que de ninguna manera puede desempeñar un papel de juzgador, porque le está faltando el sexto principio del tribunal que es la vocación de servicio público.

Y esos nombramientos, compañeros, deben ser un reconocimiento al mérito profesional. Ese individuo ya había sido propuesto en el 2012 para un cargo semejante de más alto rango, y lo declinó; lo declinó porque decía que no iba a ser propuesto por los priístas y ahora nos lo presentan aquí como un candidato ya dictaminado para ocupar este cargo y ahora sí acepta.

Esto habla de que particularmente no se está reconociendo un mérito profesional y sí habla de que se está dando paso a los acuerdos de carácter político. Y esto, compañeros, para un órgano como este, dista mucho del objetivo que se está buscando.

Hace tiempo, aquí en esta tribuna, vimos una discusión de cómo compañeros legisladores pretendiendo acabar con la impunidad exigieron incrementar las penas en una actitud draconiana para el castigo de delitos de secuestro y ahora vemos la contradicción en la congruencia de este órgano para proponer perfiles que se alejan mucho del propósito que estamos buscando en la impartición de justicia de nuestro país.

Por eso decidimos, como fracción parlamentaria, manejar la abstención de nuestro voto en esta propuesta que el día de hoy se discute.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Pedraza Chavez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, para razonar su voto.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muy buenas tardes, amigos de la Asamblea:

Hoy vamos a votar sobre el nombramiento de un Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Es un impartidor de justicia en una zona donde se requiere templanza, se requiere tranquilidad en la toma de decisión, pero sobre todo se requiere de una serie de antecedentes que permitan ver a esa persona como la persona indicada para, en este caso, ocupar el puesto.

Desafortunadamente el perfil que se propone, es una persona que está sumamente contaminada en materia político-electoral.

Y ya se ha hablado aquí, por ejemplo, del caso de Aleida Calleja, aquellos comentarios discriminatorios, me parece sucio, que en un momento se hicieron en contra de quien legítimamente era una activista social y se le colgaba el San Benito de ser una enemiga del Estado.

Ayer, en comisiones, me toca participar honrosamente en la de Hacienda y Crédito Público, discutimos ampliamente sobre esta propuesta del ciudadano Presidente de la República, y mi opinión es de que la propuesta del Presidente, en este particular sentido, es equivocada.

Nos pone a consideración a un hombre que hace apenas unas semanas está descalificando un proceso interno de un partido, y particularmente a uno de los actores que están en esta contienda de carácter partidista.

Es una persona que tiene antecedentes de misoginia, es una persona que tiene antecedentes magros en lo que tiene que ver con su desplazamiento como servidor público que ha sido, y en muchas ocasiones.

Sin embargo, también hay una parte que me preocupa mucho, y no referiré las negociaciones de carácter político, que también se dice: han estado pesando en su propuesta, sino, voy a mencionar la cuestión propia del espacio, el tiempo, la circunstancia del sujeto, y también lo que tiene que ver con su situación personal.

Es un hombre, que al ser evaluado ayer por la comisión, vimos claramente que no goza de un estado propio para esta posición.

Es un hombre que no controla sus emociones, él mismo lo ha declarado.

Es un hombre que se desplaza como si estuviera en un mitin callejero, cuando realmente está frente a la alta Soberanía de la nación, que es el Senado de la República.

No sé si sea una situación propia de su estado de vida, si sea una situación propia de su conducción personal, pero no creo que la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa merezca que una persona de estas características llegue a ocupar esta altísima posición.

Por eso, ayer en comisiones, fui muy claro, mi voto particular fue en contra de este nombramiento. Y en Pleno ratifico: Mi voto es en contra, porque creo que es la persona equivocada, en el tribunal equivocado, en el tiempo equivocado.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Blázquez Salinas.

No habiendo más oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal.



- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se aprueba el nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan de Dios Castro Lozano, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. Comuníquese.

Tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia, con puntos de Acuerdo por los que se aprueban los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos: David Gustavo Bustos Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, Rolando Javier García Martínez y Fabiola Montes Vega, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






NOMBRAMIENTOS COMO MAGISTRADOS DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO Y DE JUSTICIA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 6 de diciembre de 2013, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique Peña Nieto, presentó oficio ante esta Soberanía, a fin de someter a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos: David Gustavo Bustos Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, Rolando Javier García Martínez y Fabiola Montes Vega, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un periodo de diez años.

Estas Comisiones Unidas,con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 5de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, fracción III;232; 239, párrafo 3; 241; 242; 243 y 245, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la propuesta de referencia y conforme a las deliberaciones que realizaron sus integrantes reunidos en pleno, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 06 de diciembre 2013, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique PeñaNieto, presentó oficio ante esta Soberanía, a fin de someter a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos: David Gustavo Bustos Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, Rolando Javier García Martínez y Fabiola Montes Vega, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un periodo de diez años.

2. En la sesión del 11 de diciembre de 2013, la Mesa Directiva, de ésta H. Soberanía remitió Oficio No. DGPL-1P2A.-5573, con fundamento en los artículos 66, párrafo1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 238 del Reglamento del Senado de la República, dispuso que dicha propuesta se remitiera a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, para su estudio y dictamen.

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS

Someter a la consideración de esta H. Soberanía, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos: David Gustavo Bustos Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, Rolando Javier García Martínez y Fabiola Montes Vega, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un periodo de diez años.

III. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS

En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone entre otras cosas, lo siguiente:

De acuerdo al orden jurídico, se ha previsto en diversos ordenamientos legales la intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el nombramiento de ciertos servidores públicos, con el objeto de asegurar que la función que se les encomiende al desempeñar su encargo sea de conformidad con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el caso de los magistrados encargados de impartir justicia en las materias fiscal y administrativa, esa intervención compuesta data desde la Ley de Justicia Fiscal de 1946, en ese entonces aplicable para el Tribunal Fiscal de la Federación, y continúa hasta la leyvigente de diciembre de 2007, aplicable al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).

Conforme a los ordenamientos legales que han regido la organización y funcionamiento del TFJFA, corresponde al Ejecutivo Federal la facultad de seleccionar a los profesionistas en derecho que reúnan, a su consideración, las capacidades y aptitudes para desempeñar la alta responsabilidad de la magistratura en dicho Tribunal y nombrarlos como magistrados y, al Senado de la República, le corresponde la posibilidad de aceptar o rechazar al nombramiento.

De esta forma, la ciudadanía tendrá la seguridad de que aquellas personas que se avoquen a la resolución de los asuntos competencia del Tribunal, cuentan con la calidad profesional que supone un nombramiento que se ha perfeccionado con la intervención de los Poderes de la Unión.

La colaboración de poderes antes referida, asegura que la impartición de justicia fiscal y administrativa se lleve a cabo de manera eficaz, expedita y con plena autonomía como lo señala la fracción XXIX-H del artículo 73 constitucional.

El Presidente del TFJFA, comunicó al Ejecutivo Federal la existencia de diversas vacantes en magistraturas de Sala Regional, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se sometió a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, los nombramientos como Magistrados de Sala Regional, para un periodo de diez años, a las siguientes personas:

1. David Gustavo Bustos Pérez.

2. Héctor Alejandro Cruz González.

3. Rolando Javier García Martínez.

4. Fabiola Montes Vega

David Gustavo Bustos Pérez, Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora, maestro y candidato a doctor en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Durango, campus Los Mochis, Sinaloa.

Trayectoria laboral: Desde junio de 2009 a la fecha se desempeña como Secretario de Acuerdos de la Sala Regional del Noreste II del TFJFA en ciudad Obregón, Sonora; Primer Secretario de Acuerdos de la Sala Regional del Noreste III del TFJFA, en Culiacán, Sinaloa (2007-2009), en esa misma Sala Regional fue Secretario de Acuerdos (2004-2009); Jefe de Departamento de lo Contencioso en la Administración Local Jurídica de Ciudad Obregón, Sonora(2002-2004) y abogado tributario de la Administración Local Jurídica de Ciudad Obregón, Sonora (1999-2001).

Héctor Alejandro Cruz González, Licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México, en proceso de titulación del doctorado en Derecho por el Instituto Universitario Puebla, además cuenta con diplomados en Derecho Penal y en Derecho Procesal Privado.

Su experiencia profesional, desde el año 2002 a la fecha, presta sus servicios en el Poder Judicial de la Federación como Secretario de Juzgado adscrito al Juzgado Cuarto del Distrito en el Estado de Tabasco y Secretario de Juzgado en el Juzgado Sexto del Distrito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (2008); Jefe de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tabasco (1994-2002); Delegado Regional de la Secretaría de Participación Comunitaria del Gobierno del Estado de Chiapas (1994); Secretario del H. Consejo Municipal de Reforma, Chiapas (1993-1994); Jefe del Area de Servicios Jurídicos en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, Delegación Tabasco (1989-1992);de 1978 a 1989, en el Banco Nacional de Crédito Rural del Itsmo, S.N.C., sucursal “A” Pichucalco, Chiapas, como Jefe de la Sección deRegistro y Cartera, Jefe de Sección Administrativa, Jefe de la Sección de Captación de Recursos y Jefe de la Sección Jurídica.

Rolando Javier García Martínez, Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y doctorado por la Universidad de Salamanca, España.

De marzo de 2013 a la fecha presta sus servicios en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente como Director General de Defensoría Fiscal(Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente); Secretario Técnico en el Consejo de la Judicatura Federal (2012-2013); Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (enero a agosto de 2012); Secretario Técnico “A”, adscrito a la Secretaría Ejecutiva del Pleno y Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (2009-2010); Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1999-2009), Secretario Adjunto del Ministro Mariano Azuela Gúitron (1998-1999); Secretario de Tribunal, en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, México, D. F. (1991-1998);Secretario de Tribunal, en el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en Puebla, Puebla (1991); Secretario de Acuerdos de diferentes Salas del Tribunal Fiscal de la Federación (1987-1991), y se desempeñó como abogado Hacendario y como jefe de Oficinaen la Procuraduría Fiscal de la Federación (1984-1987).

Fabiola Montes Vega, Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, con especialidad en Materia Procesal Fiscal por el Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa y especialidad en Derecho Procesal Fiscal por la Universidad Panamericana.

Su experiencia profesional, desde septiembre de 2008 a la fecha, ha laboradoen el Poder Judicial de la Federación, como Secretaria del Tribunal del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el mismo cargo en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito de febrero de 2007 a agosto de 2008;en el TFJFA se desempeñó de 1999 a 2007 como Secretaria Proyectista y de Acuerdos en la Primera Sala Regional de Occidente; Magistrada en ministerio de Ley (de febrero a agosto de 2006) a cargo de la Primera Ponencia de la Sala Regional.

IV. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232; 239, párrafo 3; 241; 242; 243 y 245, del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, resultan competentes para dictaminar la propuesta de nombramientos, descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas, realizaronun exhaustivo análisis de los expedientes de los Ciudadanos: David Gustavo Bustos Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, Rolando Javier García Martínez y Fabiola Montes Vega,del cual se desprendió que los mismos son mexicanos por nacimiento, sin haber adquirido otra nacionalidad; con pleno goce de sus derechos civiles y políticos; mayores de treinta y cinco años;de notoria buena conducta, licenciados en derecho, con título registrado con más de diez años anteriores a la fecha del nombramiento y con un mínimo de ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa; por lo que cumplen conlos requisitos exigidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para desempeñar el cargo propuesto.

TERCERA. Tal como se desprende de los citados expedientes, estasComisiones Unidas, refieren que los ciudadanos: David Gustavo Bustos Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, Rolando Javier García Martínez y Fabiola Montes Vega,cuentan con la experiencia, capacidad técnica,trayectoria profesional satisfactoriay el perfil requeridos por Ley para desempeñar el cargo de Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al poseer una amplia trayectoria profesional tanto en la materia fiscal como en la administrativa.

CUARTA. Los integrantes de las Comisiones Unidas, llevaron a cabo un examen valorativo de los ciudadanos: David Gustavo Bustos Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, Rolando Javier García Martínez y Fabiola Montes Vega,sobre su idoneidad para el cargo al que fueron propuestos, lo cual incluye su conducta personal, su capacidad técnica, experiencia profesional, y desde luego, su conocimiento en la materia, fueron citados a comparecer el 12 de marzo de2014.

Asimismo, dicha reunión tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, con el objeto de que los citados ciudadanos, expusieran cada uno ante los integrantes de las Comisiones Unidas, aquellos elementos que estimaron pertinentes, a fin de acreditar su idoneidad para la responsabilidad jurisdiccional que nos ocupa, así como para manifestar todos aquellos argumentos que así estimaron conveniente.

QUINTA.- En reunión de Comisiones Unidas, realizada el 28 de abril, los integrantes deliberaron y resolvieron que los ciudadanos: David Gustavo Bustos Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, Rolando Javier García Martínez y Fabiola Montes Vega, reúnen y satisfacen el perfil adecuado para ser nombrados como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, en los términos de lo dispuesto por su Ley Orgánica.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscriben, someten a la consideración de esa Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de David Gustavo Bustos Pérez,como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

SEGUNDO. Se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de Héctor Alejandro Cruz González, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

TERCERO. Se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de Rolando Javier García Martínez, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

CUARTO. Se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de Fabiola Montes Vega, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

QUINTO.Tómese la protesta de Ley a los ciudadanos citados en los resolutivos anteriores, a efecto de que estén en aptitud de desempeñar el cargo conferido.

Dado en la sala de comisiones del H. Senado de la República, a 29 de abril de 2014.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;

COMISION DE JUSTICIA”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Está a discusión. No habiendo ningún Senador registrado, hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 78 votos a favor y uno en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el dictamen. En consecuencia, se aprueban los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos David Gustavo Bustos Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, Rolando Javier García Martínez y Fabiola Montes Vega, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de díez años. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia, con puntos de Acuerdo con los que se aprueban los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos Ramón Ignacio Cabrera León y Gabriela María Chaín Castro, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






NOMBRAMIENTOS COMO MAGISTRADOS DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO, Y DE JUSTICIA

H. ASAMBLEA

Con fecha 21de octubre de 2013, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique Peña Nieto, presentó oficio ante esta Soberanía, a fin de someter a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 5de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos: Ramón Ignacio Cabrera León, Thelma Semíramis Calva García y Gabriela María Chaín Castro, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un periodo de diez años.

Estas Comisiones Unidas,con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 5de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232; 239, párrafo 3; 241; 242; 243;245 numeral 5, y 256 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la propuesta de referencia y conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos en pleno, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 21 de octubre de 2013, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique Peña Nieto, presentó oficio ante esta Soberanía, a fin de someter a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos: Ramón Ignacio Cabrera León, Thelma Semíramis Calva García y Gabriela María Chaín Castro, como Magistrados de Sala Region al del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un periodo de diez años.

2. El 23 de Octubre de 2013, la Mesa Directiva de esta H. Soberanía remitió Oficio No. DGPL-1P2A.-3025, con fundamento en los artículos 66, párrafo1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 238 del Reglamento del Senado de la República, dispuso que dicha propuesta se remitiera a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, para su estudio y dictamen.

3. Con fecha 25 de febrero de 2014, se recibió escrito suscrito por la C. Thelma Semiramis Calva García, la cual informa al Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, con copia al Lic. Humberto Castillejos Cervantes, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal y al Magistrado Doctor Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que por motivos personales tomó la decisión de no continuar su participación como postulante al cargo de Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuestión que fue comunicada al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Con fecha 26 de febrero de 2014, la Mesa Directiva de esta soberanía, mediante oficio No. DGPL-2P2A.-1310 comunicó la decisión anterior a estas Comisiones Unidas.

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS

Someter a la consideración de esta H. Soberanía, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos: Ramón Ignacio Cabrera León y Gabriela María Chaín Castro, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un periodo de diez años.

III. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS

En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone entre otras cosas, lo siguiente:

La integración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es una clara muestra de la colaboración que debe existir entre poderes en un Estado democrático, toda vez que el Ejecutivo Federal tiene la libertad de seleccionar a las personas que, a su consideración, reúnan las características necesarias para ocupar el cargo de magistrados en dicho órgano jurisdiccional, siempre que reúnan los requisitos que establece la Ley y, por su parte, corresponde al Senado de la República o, en sus recesos, a la Comisión Permanente, la facultad de aprobar los nombramientos que proponga el Presidente de la República.

La colaboración de poderes antes referida, asegura que la impartición de justicia en el ámbito contencioso administrativo federal se realice con plena autonomía, tal como lo dispone la fracción XXIX-H del artículo 73 constitucional, lo que se traduce en una justicia administrativa eficaz y expedita.

En ese tenor, el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa comunicó al Ejecutivo Federal la existencia de diversas vacantes en magistraturas de Sala Regional en esa institución jurisdiccional.

Por tal motivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se somete a la aprobación de esta H. Cámara de Senadores los nombramientos como Magistrados de Sala Regional, para un periodo de diez años, a los ciudadanos que a continuación se señalan:

  • Ramón Ignacio Cabrera León y
  • Gabriela María Chaín Castro.

Ramón Ignacio Cabrera León, Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (ENEP Acatlán), cuenta con maestría en Derecho Administrativo y Fiscal por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y cursa doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (FES Acatlán).

En el ámbito profesional, desde el año 2008 ha laborado en la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que ha ocupado los cargos de Director General de Delitos Financieros y Diversos, Director General de Control Procedimental y Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones, cargo que a la fecha desempeña; asimismo, ha desempeñado los cargos de Contralor Interno en el Instituto Electoral del Estado de México (2005-2008); Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México (2002-2005); Director de Legislación, Director de Normatividad y Director General de Puntos Constitucionales en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (1995-2002); Subdirector de Procesos Contenciosos en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (1995), así como Subdirector de Asuntos Administrativos y Subdirector de Asuntos Judiciales en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública (1990-1995).

Dentro de la actividad académica ha sido profesor de Derecho Administrativo y Políticas Públicas I y II, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca; profesor de Legislación Federal y Estatal en Materia Electoral en la Maestría en Administración Electoral, impartida en el Instituto Electoral del Estado de México, y profesor de Derecho Procesal Fiscal y Administrativo, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca.

Gabriela María Chaín Castro, Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y maestra en Derecho Administrativo por esa misma Institución.

Por cuanto hace a su experiencia profesional, destaca su desempeño como Secretaria del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa (2008-2010); Magistrada Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa (1993-2007); Magistrada Presidenta del Tribunal Fiscal del Estado de Sinaloa (1993), en el que también fungió como Magistrada Supernumeraria (1990-1992), Secretaria de Acuerdos (1988-1990), Secretaria de Estudio y Cuenta (1985-1988) y Actuaría (1979-1985). Actualmente se desempeña como asesora en Derecho Administrativo y Derecho Fiscal en el ejercicio libre de la profesión.

En el ámbito académico ha sido maestra titular de las asignaturas de Derecho Financiero y Derecho Público en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (campus Sinaloa); maestra titular de las asignaturas de Derecho Administrativo II y Derecho Procesal Administrativo en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa; ponente en diversos foros y congresos nacionales e internacionales organizados por la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, en la que también ha fungido como Presidenta y Secretaria de la Primera Junta Estatal Directiva, y es socia fundador de la Academia Sinaloense de Derecho Fiscal.

IV. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES DE LA PROPUESTADE NOMBRAMIENTOS

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232; 239, párrafo 3; 241; 242; 243; 245 numeral 5, y 256 numeral 1,del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, resultan competentes para dictaminar la propuesta de nombramientos, descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA. Con motivo del comunicado enviado por la C. Thelma Semiramis Calva, de fecha 24 de febrero de 2014, en el que informó su decisión de no continuar su participación como postulante al cargo de Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, este dictamen sólo atañe a los nombramientos de los ciudadanos: Ramón Ignacio Cabrera León y Gabriela María Chaín Castro.

TERCERA. Estas Comisiones Unidas, realizaronun exhaustivo análisis de los expedientes de los ciudadanos: Ramón Ignacio Cabrera León y Gabriela María Chaín Castro, del cual se desprendió que los mismos son mexicanos por nacimiento, sin haber adquirido otra nacionalidad; con pleno goce de sus derechos civiles y políticos; mayores de treinta y cinco años;de notoria buena conducta: licenciados en derecho con título registrado con más de diez años anteriores a la fecha del nombramiento y con un mínimo de ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa, por lo que cumplen conlos requisitos exigidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para desempeñar el cargo propuesto.

CUARTA. Tal como se desprende de los citados expedientes, estas Comisiones Unidas, refieren que los ciudadanos: Ramón Ignacio Cabrera León y Gabriela María Chaín Castro, cuentan con la experiencia, capacidad técnica, trayectoria profesional satisfactoriay el perfil requeridos por Ley para desempeñar el cargo de Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al poseer una amplia trayectoria profesional tanto en la materia fiscal como en la administrativa.

QUINTA. Con el objeto de que los integrantes de las Comisiones Unidas, realizaran un examen valorativo de los ciudadanos: Ramón Ignacio Cabrera León y Gabriela María Chaín Castro, sobre su idoneidad para el cargo al que fueron propuestos, lo cual incluye su conducta personal, su capacidad técnica, experiencia profesional, y desde luego, su conocimiento en la materia, fueron citados a comparecer el 12 de marzo de 2014.

Asimismo, dicha reunión tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, con el objeto de que los citados ciudadanos, expusieran cada uno ante los integrantes de las Comisiones Unidas, aquellos elementos que estimaron pertinentes, a fin de acreditar su idoneidad para la responsabilidad jurisdiccional que nos ocupa, así como para manifestar todos aquellos argumentos que así estimaron conveniente.

SEXTA. En reunión de Comisiones Unidas, realizada el 28 de abril, los integrantes de las Comisiones Unidas reunidos en pleno, deliberaron y resolvieron que los ciudadanos: Ramón Ignacio Cabrera León, y Gabriela María Chaín Castro, reúnen y satisfacen el perfil adecuado para ser nombrados como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, en los términos de lo dispuesto por su Ley Orgánica.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas que suscriben, someten a la consideración de esa Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de Ramón Ignacio Cabrera León, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

SEGUNDO. Se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de Gabriela María Chaín Castro, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años

TERCERO. Tómese la protesta de Ley a las personas citadas en los resolutivos anteriores, a efecto de que estén en aptitud de desempeñar el cargo conferido.

Dado en la sala de comisiones del H. Senado de la República, a 29 de abril de 2014.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;

COMISION DE JUSTICIA”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión. Ningún Senador se registra como orador, hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 87 votos, cero en contra y una abstención.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el dictamen. En consecuencia, se aprueban los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos Ramón Ignacio Cabrera León y Gabriela María Chaín Castro, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. Comuníquese.

Tomaremos la protesta de siete Magistrados, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyos nombramientos acabamos de aprobar con este y los dos anteriores dictámenes.

En el salón contiguo a este recinto se encuentran los ciudadanos Juan de Dios Castro Lozano, David Gustavo Bustos Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, Rolando Javier García Martínez, Fabiola Montes Vega, Ramón Ignacio Cabrera León y Gabriela María Chaín Castro, por lo que le solicito a los Senadores Alejandro Tello Cristerna, Carlos Mendoza Davis, Sofío Ramírez Hernández, Luis Armando Melgar Bravo, David Monreal Avila y Marco Antonio Blásquez Salinas, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

Saludamos a las personas provenientes del estado de Querétaro, invitadas por la Senadora Marcela Torres Peimbert.

(Aplausos)

También saludamos a los profesores y alumnos de la escuela primaria Florencio M. del Castillo, invitados por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo. ¡Sean bienvenidos!

(Aplausos)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Favor de ponerse de pie.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Senadoras y Senadores, vamos a proceder a tomarle protesta a los ciudadanos Juan de Dios Castro Lozano, David Gustavo Bustos Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, Rolando Javier García Martínez, Fabiola Montes Vega, Ramón Ignacio Cabrera León y Gabriela María Chaín Castro: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

- Los CC. Juan de Dios Castro Lozano, David Gustavo Bustos Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, Rolando Javier García Martínez, Fabiola Montes Vega, Ramón Ignacio Cabrera León y Gabriela María Chaín Castro: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande. ¡Felicidades Señoras Magistradas y Magistrados.

(Aplausos)

A nombre del Senado les deseamos el mayor de los éxitos en su función. Y solicito a la comisión designada acompañe a los señores Magistrados cuando deseen retirarse del salón.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de reciclamiento de neumáticos.






DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90 fracciones XIV y XXII, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 117, numeral 1; 135, numeral 1, fracción I; 177, numeral 1; 182; 188, numeral 1; 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, los Senadores integrantes de las Comisiones Legislativas que suscriben, habiendo analizado el contenido de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, basándose en la siguiente:

METODOLOGIA

En el apartado de "Antecedentes" se da constancia del proceso legislativo del asunto sujeto a dictamen, desde su presentación en la Cámara de origen hasta la formulación del presente dictamen.

En el apartado denominado "Contenido de la Minuta", se sintetiza el objeto de la reforma presentada y el espíritu del legislador para su propuesta.

En el apartado de "Consideraciones", estas Comisiones Unidas realizan el análisis técnico y jurídico pormenorizado de la reforma propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el decreto propuesto.

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria celebrada por el Senado de la República el día 17 de febrero de 2011, el entonces Senador Arturo Escobar y Vega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

2. En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa referida a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El dictamen de las Comisiones Unidas fue sometido a consideración del Pleno del Senado de la República y aprobado en sesión ordinaria del 29 de marzo de 2012. El decreto incluyó la modificación propuesta por el entonces Senador Pablo Gómez Alvarez.

4. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, celebrada el 10 de abril de 2012, su Mesa Directiva recibió del Senado la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

5. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Minuta referida a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Transportes, para su análisis y dictamen correspondiente.

6. El 3 de septiembre de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó por 449 votos en pro el dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Transportes, a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, devolviéndose a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

7. En sesión ordinaria celebrada el 5 de septiembre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República recibió de la cámara revisora la Minuta referida, devuelta con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

8. Dicha Minuta fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República, para su estudio y dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA MINUTA

Las reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), contenidas en la Minuta materia del presente dictamen, tienen como propósito fundamental establecer las bases de una estrategia nacional para el control, procesamiento y reciclado de los neumáticos usados.

En primer término, se propone adicionar una fracción IX al artículo 19 de la LGPGIR a fin de incluir a los neumáticos usados como residuos de manejo especial. En concordancia con dicha adición, se propone reformar la fracción III del artículo 28 de la misma Ley para establecer que los importadores y distribuidores de dichos neumáticos estarán obligados a la formulación y ejecución de planes de manejo de los mismos.

Por otra parte, la Minuta materia de dictamen incluye una reforma al artículo 98 de la LGPGIR con el propósito de señalar que en el caso particular de los neumáticos usados, como residuos de manejo especial, las entidades federativas establecerán las obligaciones de los generadores, distinguiendo grandes y pequeños, y las de los prestadores de servicios de ese tipo de residuos, y formularán los criterios y lineamientos para su manejo integral.

Aunado a lo anterior se propone adicionar dos párrafos al artículo 100 de la LGPGIR. El primero para prohibir la disposición final de neumáticos en predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, sí como en cuerpos de agua y cavidades subterráneas. El segundo para establecer que los fabricantes, importadores, distribuidores gestores y generadores quedan obligados a hacerse cargo de la gestión de los neumáticos usados y a garantizar su recolección de acuerdo con lo determinado por la norma oficial mexicana correspondiente y sus planes de manejo.

La Minuta también incluye la adición de un párrafo quinto del artículo 6o y de una fracción II al artículo 17 de la LCPAF. En el caso del artículo 6o, la adición tiene como propósito establecer que las concesiones que se otorguen para construir, conservar y mantener los caminos y puentes federales, podrán solicitar en sus características de construcción que se emplee caucho reciclado proveniente de neumáticos usados. En la adición de una nueva fracción al artículo 17, se señala como motivo de revocación de concesiones y permisos el no cumplir con las características de construcción y operación establecidas en concesiones y permisos.

Por último, en el apartado de artículos transitorios destaca el mandato de desarrollar una estrategia nacional para la gestión integral de neumáticos usados.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Los integrantes de estas Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, celebran el espíritu que guía las reformas y adiciones contenidas en la Minuta materia de análisis y dictamen. Sin duda, representa un paso de gran relevancia para garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, consagrado en el párrafo quinto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- Coincidimos en quela falta de disposiciones específicas para el control y procesamiento de neumáticos usados en el orden jurídico nacional ha generado impactos negativos en nuestros ecosistemas y en la salud de los mexicanos. Esta es una situación que no puede continuar y que debe atenderse de forma integral.

TERCERA.- Es importante señalar que en México, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Cámara Nacional de la Industria Hulera, anualmente se consumen más de 30 millones de neumáticos nuevos. Aproximadamente 25 millones se producen en el país y los demás son importados, principalmente de Francia, Italia, Estados Unidos y China.

El volumen es aún mayor si consideramos los neumáticos usados que año con año son importados a nuestro país gracias a su bajo costo.

CUARTA.- El problema es que al término de su vida útil, la mayoría de esos neumáticos, va a parar a barrancas, bosques, terrenos baldíos, azoteas, cuerpos de agua y, en el mejor de los casos, a rellenos sanitarios inadecuados o que no cuentan con la mínima infraestructura.

Como los neumáticos son diseñados para resistir condiciones mecánicas y meteorológicas extremas no se degradan fácilmente lo que los convierte en residuos que pueden permanecer por mucho tiempo en el ambiente. Por otra parte, su forma y tamaño dificulta su compactación y los convierte en hábitat propicio para parásitos y plagas que afectan a la población. Además de lo anterior, la quema de residuos de llantas genera emisiones perjudiciales a la salud y al ambiente: ya sea en la forma de compuestos de efecto invernadero, o de dioxinas y furanos que son considerados contaminantes orgánicos persistentes y cancerígenos.

QUINTA.- De acuerdo con la información reportada en el Diagnóstico Básico de Residuos 2012, en el año 2010 se generaron 1,011 toneladas de residuos de llantas.

Por lo que hace a los residuos de llantas en almacenamientos controlados en la frontera norte, se calcula que en el año 2007 el inventario ascendió a 6 millones 375 mil toneladas.

SEXTA.- Para los integrantes de estas dictaminadoras, la bondad de la Minuta materia de dictamen radica en la creación de obligaciones e incentivos que permitirán la recolección, concentración, procesamiento y reciclamiento de millones de neumáticos en todo el territorio nacional.

Es importante señalar que a partir de la aprobación del decreto que nos ocupa se podrán fincar responsabilidades a los fabricantes y distribuidores de cualquier tipo de neumáticos nuevos, renovados y usados e importadores de neumáticos usados o renovados, que al desecharse como residuos de manejo especial, incumplan con la formulación y ejecución de planes integrales de manejo correspondientes.

SEPTIMA.- Como bien señala la Colegisladora en el dictamen que dio origen a la Minuta, con las reformas y adiciones planteadas no sólo se logrará impulsar el combate el grave problema ecológico que representan los neumáticos usados, sino que se estarán sentando bases sólidas para impulsar la creación de nuevos empleos e ingresos derivados de su reciclaje masivo, de la producción de nuevos materiales y de la generación de energía a través de métodos de combustión controlada. Todo ello, bajo los principios de valorización y responsabilidad compartida.

OCTAVA.- Por último, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras proponen una adecuación de forma relativa a la adición de una fracción IX al artículo 19 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, planteada en la Minuta materia de dictamen. Resulta necesario advertir que en sesión ordinaria del Senado de la República celebrada el jueves 6 de febrero de 2014 fue aprobado el dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la propia Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el cual fue turnado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2014. En dicho decreto también se adiciona una fracción IX al citado artículo 19, por lo que la adición planteada en la Minuta en estudio sólo es posible en una fracción X que recorrerá la actual X.

Asimismo, se plantean precisiones en la redacción del segundo párrafo del artículo 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, contenido en el dictamen, a efecto de mejorar su claridad.

Ambas adecuaciones no alteran, de ninguna forma, el sentido y alcance de las reformas y adiciones contenidas en la Minuta, por lo que no deben ser consideradas modificaciones que obliguen a devolver el proyecto a la Colegisladora.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones proponenaprobar, en sus términos, la Minuta materia de análisis y someten a consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, Y DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.

Artículo Primero. Se reforman la fracción VIII del artículo 19, la fracción III del artículo 28 y el artículo 98; se adicionan una fracción X al artículo 19, recorriéndose la subsecuente en su orden y dos párrafos al artículo 100, a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 19. Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, salvo cuando se trate de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas correspondientes:

I. a VII.

VIII. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo específico;

IX. Pilas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc, o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas, en los niveles que no sean considerados como residuos peligrosos en la norma oficial mexicana correspondiente;

X.Los neumáticos usados, y

XI. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y municipios, que así lo convengan para facilitar su gestión integral.

Artículo 28. Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo, según corresponda:

I. y II.

III. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o de manejo especial que se incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de manejo de conformidad con lasnormas oficiales mexicanas correspondientes; los residuos de envases plásticos, incluyendo los de poliestireno expandido; así como los importadores y distribuidores de neumáticos usados, bajo los principios de valorización y responsabilidad compartida, y

IV.

Artículo 98. Para la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos de manejo especial, en particular de los neumáticos usados, las entidades federativas establecerán las obligaciones de los generadores, distinguiendo grandes y pequeños, y las de los prestadores de servicios de residuos de manejo espacial, y formularán los criterios y lineamientos para su manejo integral.

Artículo 100. La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos podrá contener las siguientes prohibiciones:

I. a III.

Asimismo prohibir la disposición final de neumáticos en predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, en cuerpos de agua y cavidades subterráneas.

Los fabricantes, importadores, distribuidores, gestores y generadores quedan obligados a hacerse cargo de la gestión de los neumáticos usados y a garantizar su recolección de acuerdo con lo determinado por la norma oficial mexicana correspondiente y sus planes de manejo.

Artículo Segundo. Se adicionan un párrafo quinto al artículo 6o. y una fracción II al artículo 17 recorriéndose las subsecuentes en su orden, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 6o. Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales.

Las concesiones que se otorguen para construir, conservar y mantener los caminos y puentes federales, podrán solicitar en sus características de construcción que se emplee caucho reciclado proveniente de neumáticos usados.

Artículo 17. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

I. No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones o condiciones de las concesiones y permisos en los términos establecidos en ellos;

II. No cumplir con las características de construcción y operación, establecidos en las concesiones y permisos;

III. Interrumpir el concesionario la operación de la vía total o parcialmente, sin causa justificada;

IV. Interrumpir el permisionario la prestación del servicio de autotransporte de pasajeros total o parcialmente, sin causa justificada;

V. Reincidir en la aplicación de tarifas superiores a las autorizadas o registradas;

VI. Ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios o permisionarios que tengan derecho a ello;

VII. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la prestación de los servicios;

VIII. Cambiar de nacionalidad el concesionario o permisionario;

IX. Ceder, hipotecar, gravar o transferir las concesiones y permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, a algún gobierno o estado extranjero o admitir a éstos como socios de las empresas concesionarias o permisionarias;

X. Ceder o transferir las concesiones, permisos o los derechos en ellos conferidos, sin autorización de la Secretaría;

XI. Modificar o alterar substancialmente la naturaleza o condiciones de los caminos y puentes o servicios sin autorización de la Secretaría;

XII. Prestar servicios distintos a los señalados en el permiso respectivo;

XIII. No otorgar o no mantener en vigor la garantía de daños contra terceros;

XIV. Incumplir reiteradamente cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley o en sus reglamentos, y

XV. Las demás previstas en la concesión o el permiso respectivo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- En términos de lo establecido por la fracción XXV del artículo 7 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Ejecutivo Federal deberá desarrollar una “Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Neumáticos Usados”.

TERCERO.- Los responsables de formular los planes de manejo para los residuos que se incluyan en los listados a los que hace referencia el artículo 28, fracción III de Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como los productores, fabricantes, importadores y distribuidores de neumáticos usados contarán con un plazo no mayor a dos años para formular y someter a consideración de la autoridad correspondiente dichos planes a partir de que sean publicadas las listas.

CUARTO.- El Ejecutivo Federal deberá publicar la norma oficial mexicana que establezca los criterios de gestión, responsabilidad compartida y valorización para el manejo integral de los neumáticos usados.

QUINTO.- Las concesiones y permisos otorgados para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto continuarán en vigor en los términos y condiciones consignados en los mismos, hasta el término de su vigencia.

Por lo que se refiere a las concesiones y permisos en trámite se estará a lo dispuesto en la presente Ley de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de iniciar dicho trámite.

SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de abril de 2014”.

En virtud de que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto en el artículo 196 del Reglamento del Senado.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Es un gusto para mí poder dar esta posición a nombre de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Estudios Legislativos, Primera, sobre un dato poco visible, a veces casi se deja de lado, pero que preocupa mucho, y que tiene que ver además con la calidad del medio ambiente que le estamos dejando a las próximas generaciones de mexicanos.

Déjenme darles algunos datos de la Cámara Nacional de la Industria Hulera. En México se comercializan aproximadamente al año cerca de 30 millones de neumáticos, esta cifra nos habla de la magnitud de la industria llantera en nuestro país.

Es una industria que en nuestro país, tan sólo en enero de este año, según reportan datos del INEGI, reportó movimientos por 11 mil 767 millones de pesos, tanto del mercado nacional, como del mercado internacional. Aquí la pregunta, que seguramente muchas de las Senadoras y Senadores no se hacen porque no se encargan de esa labor, es: ¿qué pasa después con las llantas utilizadas que se desechan? ¿Qué pasa, cuando alguien hace un cambio de llantas, con las llantas que quedan sin utilizarse? ¿Qué pasa con los neumáticos al término de su vida útil?

Bueno, debido a su forma y debido a la composición de los propios neumáticos, estas llantas no pueden ser fácilmente compactadas ni almacenadas, por eso los neumáticos usados no sólo provocan contaminación visual en las comunidades de nuestro país, sino que son residuos que dañan de manera alarmante, además del medio ambiente, a la salud de los mexicanos.

Y es que las llantas utilizadas, la mayoría de ellas acaban generando problemas ambientales en predios baldíos, en rellenos sanitarios, en barrancas, en cañadas, en ductos de drenaje y alcantarillado, así como en cuerpos de agua, y también en cavidades subterráneas. Lo cierto es que las técnicas que se utilizan habitualmente para su tratamiento no son eficientes, su quema directa, la típica quema de llantas, provoca emisión de gases que se traducen en graves problemas al ecosistema, y además obviamente contribuyen al calentamiento global.

Pero además esas llantas y su quema dañan, sin duda, la salud de los vecinos, su acumulación en vertederos genera riesgos ambientales, y esto si no tiene un manejo adecuado, pues se van acumulando durante los años. Hay que recordar que por sus características químicas la biodegradación de los neumáticos utilizados es muy complicada, se estima que la degradación de neumáticos acumulados requiere de entre 500 y 3000 años para su degradación total.

Asimismo, su almacenamiento potencializa el riesgo de incendios, y por si esto fuera poco, se vuelven en incubadoras de fauna nociva, como roedores, mosquitos, y fomentan la propagación de enfermedades como el dengue.

Por todo lo anterior, el dictamen que estoy presentando a nombre de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, me parece que es muy positivo, porque se está estableciendo por primera vez mecanismos de control, mecanismos de procesamiento y de reciclado de los neumáticos usados. Genera, además, este dictamen, el mandato de desarrollar una estrategia nacional para la gestión integral de neumáticos usados.

Me parece que a través de estas reformas y adiciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, se busca que el tratamiento que se les dé a las llantas usadas en México esté basado en un principio de sustentabilidad. Se contempla que las llantas son residuos que necesitan de un manejo especial, y además vamos a obligar a los importadores, como a los distribuidores de neumáticos a la formulación y ejecución de planes de manejo de los mismos, que son motivo de revocación de concesiones y son motivo también de revocación de permisos a los concesionarios que no cumplan con características de operación que establece esta nueva norma.

Ya lo señaló la SEMARNAT y el Instituto Nacional de Ecología en su documento “Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos”, los impactos ambientales ocasionados por un mal manejo de las llantas se manifiesta en la contaminación de suelos, de aire y de aguas superficiales y subterráneas.

Lo anterior se identifica con afectaciones al ecosistema natural y a la salud de miles de mexicanos como consecuencia de la emisión de contaminantes generadas por la combustión inadecuada de los residuos o por la transmisión de patógenos, como ocurre con los neumáticos usados.

Las llantas de desecho ya son un problema en nuestro país, hay un estudio del Colegio de la Frontera Norte, publicado en 2012, que señala que la mala disposición y manejo de neumáticos usados es un problema no sólo económico y ambiental, sino también de salud pública.

Por eso es que este dictamen es tan positivo. Indica que las entidades federativas deberán de establecer sus propias obligaciones para los generadores y también para los prestadores de servicios de estos residuos, y formularán criterios y lineamientos para su manejo integral.

Por último, es importante señalar que las concesiones que se otorguen para construir, conservar y mantener caminos y puentes federales podrán solicitar, en sus características de construcción, que se empleé el caucho reutilizado y reciclado proveniente de neumáticos usados, lo que busca que se reutilice y recupere para este tipo de proyectos este material, que de otra forma acabaría generando mayores problemas.

De esta manera la minuta proyecto de Decreto establece obligaciones, establece incentivos que permiten la recolección, concentración, procesamiento y reciclamiento de millones de neumáticos en todo el territorio nacional. Pero no sólo eso, tiene una visión sustentable que representa un compromiso con las nuevas generaciones y representa el interés de este Senado de la República por proteger el medio ambiente y hacerlo de una forma económica y socialmente responsable.

Por eso yo los invito, compañeras y compañeros, apoyar con su voto el presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Hago de su conocimiento que la intervención del Senador Angel Benjamín Robles Montoya se agrega en el Diario de los Debates.

En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

Saludamos al grupo de mujeres del estado de Zacatecas, invitadas por el Senador David Monreal Avila. ¡Sean ustedes bienvenidas!

(Aplausos)



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 82 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de reciclamiento de neumáticos. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y Organismos Internacionales; y de Justicia, con proyecto de Decreto por el que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas Sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y Organismos Internacionales; y de Justicia, con proyecto de Decreto por el que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas Sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes.

CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS INMUNIDADES JURISDICCIONALES DE LOS ESTADOS Y DE SUS BIENES, ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, EL 2 DE DICIEMBRE DE 2004

(Dictamen de segunda lectura)



Informo a la Asamblea que su primera lectura ocurrió el 20 de diciembre de 2012, y debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el anterior dictamen.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto en el artículo 196 del Reglamento del Senado.

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Justicia, les fue turnada para su análisis y dictaminación correspondiente la Convención de las Naciones Unidas Sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 2 de diciembre de 2004.

El presente dictamen tiene como objeto dar cumplimiento a la fracción I del artículo 76 de nuestra Constitución, que establece como facultad exclusiva del Senado aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba.

El instrumento que nos ocupa fue adoptado a través de la resolución A5938 aprobada durante la LXV Reunión Plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 2 de diciembre de 2004.

Previa a la exposición del contenido y alcance el tratado internacional de mérito, conviene establecer como antecedente que el tema de la Inmunidad Jurisdiccional de los Estados y de sus Bienes fue propuesto por la Asamblea General a la Comisión de Derecho Internacional para que la incluyera en su agenda de trabajo, en virtud de la participación de México en los trabajos, acuerdos internacionales y conclusiones de la Comisión de Derecho de Internacional, las comisiones dictaminadoras consideramos procedente la ratificación de esta convención, toda vez que de acuerdo al artículo 1o. de sus disposiciones, tiene como objetivo recoger aquellas normas de derecho consuetudinario que existen, y codificarlas respecto a la Inmunidad Jurisdiccional de un Estado y de sus Bienes ante los tribunales de otro estado.

Asimismo, el instrumento internacional tiene como cometido fortalecer la preeminencia del derecho y la seguridad jurídica, particularmente en las relaciones de los estados con las personas naturales o jurídicas, además de atender la tarea de codificar y desarrollar el derecho internacional armónicamente con la materia de la convención.

Es importante señalar que para nuestro país la ratificación de la convención cumple con la expectativa referida en la misma, al promover un desarrollo progresivo del derecho internacional en materia de inmunidades que protegerá al Estado mexicano de la jurisdicción de otros tribunales nacionales.

Finalmente, cabe apuntar que las disposiciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas Sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes, adoptada por la Asamblea General de la ONU, no entran en conflicto con los instrumentos internacionales relacionados con privilegios e inmunidades; al contrario, resulta una normatividad complementaria.

Reconocemos expresamente el sentido y alcance de las reglas que integran el instrumento internacional en estudio y, por ende, aceptamos la responsabilidad internacional de satisfacer las obligaciones y derechos que se consagran en ellas conforme a la buena fe, reglas en las que manifiesta un evidente respeto a la soberanía nacional, a la seguridad de las relaciones internacionales, además de ajustarse a las normas imperativas del derecho internacional y, desde luego, a las normas fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por consiguiente, estas comisiones unidas someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente proyecto de Decreto:

Artículo Unico. Se aprueba la Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 2 de diciembre de 2004, para los efectos jurídicos y diplomáticos a que haya lugar.

Compañeros Senadores, les pido, a nombre de las comisiones unidas, su voto a favor de este proyecto de dictamen.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Rojas Hernández.

En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

Saludamos a las mujeres del municipio de Pabellón, Aguascalientes, invitadas por el Senador Martín Orozco. ¡Sean ustedes bienvenidas!

(Aplausos)



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 92 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene la Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 2 de diciembre de 2004. Remítase al Ejecutivo Federal.

Pasamos a la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Turismo con puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.






COMISION DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al primer dictamen.

“COMISION DE TURISMO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al a la titular de la Secretaría de Turismo para la creación de una Subsecretaría de Diversidad Sexual, debido a que el turismo LGBTTTI es un nicho de mercado importante para el incremento de la economía del país, presentada por la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio.

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos.

ANTECEDENTES

1.- El 28 de noviembre de 2013, la Senadora Luz María Beristain Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta la titular de la Secretaría de Turismo para la creación de una Subsecretaría de Diversidad Sexual, debido a que el turismo LGBTTTI es un nicho de mercado importante para el incremento de la economía del país.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de acuerdo de mérito propone lo siguiente:

UNICO- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Turismo para la creación de una Subsecretaría de Diversidad Sexual (turismo LGBTTTI) a nivel federal, debido a que el turismo LGTTTI es un nicho de mercado importante para el incremento de la economía del país.

CONTENIDO DEL PROYECTO

La promovente establece que en todo el mundo, la población lésbico, gay, transexual, travestí, transgénero e intersexual es de cerca de 180 millones de personas, lo cual es un potencial mercado para el turismo de nuestro país, que deja al año 700,000 millones de dólares.

El turismo LGTTTI abarca el 10 por ciento de la totalidad del mercado, lo que ha hecho que la industria turística adquiera un interés singular en este sector. A pesar de estas cifras, comenta la promovente, nuestro país se ha mantenido fuera de los grandes receptores de esta clase de turismo, ya que sólo contamos con un destino conocido especializado en el turismo en mención que es Puerto Vallarta, el cual ocupa el segundo lugar, sólo atrás de Buenos Aires, Argentina.

En nuestro país se estima que 5 millones de clientes gastaron 8 mil millones de dólares en este sector turístico, mientras que en Brasil se gasta alrededor 20 mil millones al año.

Según el informe denominado Out Now Global, divulgado en el World Travel Market de 2012 se esperaba que las ganancias por el Turismo LGTTTI en 2013 alcanzarán una cifra histórica de 140 mil millones de euros.

Por todo lo anterior, la legisladora, establece la necesidad de crear una Subsecretaría de Diversidad Sexual (turismo LGTTTI) a nivel federal, para con ello incrementar de manera exponencial este nicho de mercado y los ingresos en el sector turístico de nuestro país.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que la actividad turística es pieza fundamental para el desarrollo económico y social de nuestro país.

Datos preliminares establecen que, en el 2013, México recibió casi 11,8 millones de turistas internacionales por vía aérea, cifra un 9 por ciento superior a los 10,8 millones del 2012.

En lo que respecta a la totalidad de visitantes a nuestro país el Banco de México señala que hasta noviembre de 2013 se tenían contemplados poco más de 21 millones de visitantes, quienes arrojaron ingresos por más de 12 millones de dólares, cifra 8.7 por ciento mayor que en noviembre de 2012.

Esta Comisión Dictaminadora tiene claro que el turismo en 2014 seguirá creciendo de manera constante, y, que los segmentos especializados tendrán una gran importancia para lograrlo.

Segmentos como Turismo Cultural, Turismo de Negocios, Turismo Rural o Turismo Médicos, son vitales para abarcar otro mercado turístico que nos haga más competitivos.

Por ello los integrantes de la Comisión de Turismo comparten la inquietud de la promovente en el sentido de impulsar al Turismo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT) dado que está tomando una gran importancia en la actividad internacional.

De acuerdo con la World Travel & Tourism Council Organización Mundial de Turismo, el Turismo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT), mueve más de 10 por ciento del volumen de turistas a nivel mundial, en lo que respecta a las divisas generadas, se calcula que al año, se obtienen 185 mil millones de dólares.

Este segmento turístico está creciendo anualmente en más del 10 por ciento, lo cual es de suma relevancia si tomamos en cuenta que a nivel general el turismo tiene tasas de crecimiento de entre el 4 y 5 por ciento.

Debido al crecimiento constante del Turismo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT) es que destinos de todo el mundo, cadenas hoteleras y en general prestadores de servicios turísticos, se han especializado para brindarle a este grupo de turistas servicios acorde a sus necesidades.

En lo que respecta a nuestro país se habla de que este nicho de mercado aporta anualmente 46 millones de dólares y es Puerto Vallarta uno de los destinos más reconocidos para este mercado, sin embargo, ciudades como Cancún, Baja California, y el Distrito Federal apuestan por atraer al Turismo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT).

Esta comisión dictaminadora considera necesario establecer que el impulso a un segmento de mercado como lo es el Turismo Lésbico Gay, Bisexual y Transversal, de ninguna manera contraviene los derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en ningún momento se constituye una política discriminatoria, toda vez que la segmentación turística es un proceso de división del mercado en subgrupos homogéneos, a los que se aplica una estrategia comercial diferenciada, con el fin de satisfacer de forma más efectiva sus necesidades y alcanzar los objetivos comerciales de la empresa.

Es indiscutible que la diversidad existente de turistas justifica la división del sector turístico. Si bien, hasta hace relativamente poco tiempo, en el turismo se distinguían dos épocas bien diferenciadas que estaban marcadas por el carácter elitista o masificado del mismo, lo cierto es que, hoy en día, la industria del turismo está cambiando y con ellos los productos que se ofrecen deben ser de su entera satisfacción.

Ahora podemos establecer que los servicios turísticos especializados, son los servicios que ofrecen las propias empresas turísticas a sus clientes, según las motivaciones que les impulsaron a viajar. Así, el tipo de turismo que se realiza en cada caso será diferente, variando los productos demandados por el usuario, sus gastos, la duración del viaje y, en general, las características de dicho viaje, por lo que la oferta de servicios turísticos estará en consonancia con todas estas premisas que acabamos de enumerar.

Port lo anterior, esta Comisión Dictaminadora, comparte la idea de la promovente en el sentido de impulsar el Turismo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT) en México, para la cual es necesario que se lleve a cabo una estrategia integral para atraer más turistas de este mercado a nuestro país.

No obstante lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera inapropiado solicitar la creación de una Subsecretaría de Diversidad Sexual que dependa de la Secretaría de Turismo, toda vez que la estructura administrativa de los órganos centralizados del Poder Ejecutivo Federal depende de decisiones exclusivas, de la propia administración pública federal.

Para ratificar lo anterior, podemos establecer que en la Ley General de Turismo se estableció que la estructura administrativa de la Secretaría de Turismo estaría determinado en el Reglamento de la Ley, mismo que por facultad constitucional le corresponde emitirlo al titular del Poder Ejecutivo Federal.

Sin embargo, dada la importancia de este segmento turístico esta Comisión Legislativa considera importante exhortar a la Secretaría de Turismo Federal a implementar una estrategia integral para que nuestro país sea un mercado atractivo para el Turismo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT).

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Turismo Federal a implementar estrategias que consideren y fortalezcan las políticas relacionadas al Turismo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual dada la importancia de este segmento turístico, reconocido por la Organización Mundial de Turismo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de Abril de 2014.

COMISION DE TURISMO”.






COMISION DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al segundo dictamen.

“COMISION DE TURISMO,

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Turismo (SECTUR) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) a coordinar acciones con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), a fin de  implementar un mecanismo de trabajo en el seno de la mesa del gabinete turístico para el ordenamiento y coordinación institucional, presentada por el Senador René Juárez Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio.

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el acuerdo propuesto.

ANTECEDENTES

1.- El 19 de marzo de 2014 el Senador René Juárez Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Turismo (SECTUR) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a coordinar acciones con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), a fin de  implementar un mecanismo de trabajo en el seno de la mesa del gabinete turístico para el ordenamiento y coordinación institucional.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de acuerdo propone lo siguiente:

Unico: El Senado de la República exhorta a las secretarías de Turismo (SECTUR) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a coordinar acciones con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) a través de sus comisiones de Turismo, Desarrollo Regional, Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y de Medio Ambiente, para implementar un mecanismo de trabajo en el seno de la mesa del Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación Institucional, con el propósito de incentivar la participación de los gobiernos de todas las entidades federativas del país, y para que los objetivos que se ha planteado el Gabinete Turístico del Gobierno Federal sean más fructíferos y equitativos con las regiones de la República Mexicana.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El Promovente comenta que el turismo representa el motor para generar desarrollo y bienestar social. Sin embargo, es indispensable la planeación en cuanto al ordenamiento turístico del territorio a partir de un enfoque social y ambiental.

Menciona que es necesario conocer e inducir el uso de suelo y las actividades productivas para determinar la zonificación y distribución del aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos.

El ordenamiento territorial, señala el promovente, es una herramienta de planeación y regulación para el desarrollo turístico de las regiones, por ello tiene como requisito la necesidad de conservar y cuidar los recursos turísticos y medioambientales. En concordancia con la Agenda 21 de las Naciones Unidas, se han implementado diversos programas para el desarrollo sostenible y la integración del medio ambiente con la dinámica demográfica.

Destaca el Senador promovente, que a nivel nacional, nuestro país ha desarrollado la Agenda 21 mexicana, cuyo objetivo principal es generar lineamientos para el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales del país, así como un programa de turismo sustentable.

Por lo anterior, señala el promovente, que el pasado 14 de enero, la Secretaría de Turismo instaló la mesa del Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación Institucional, con el propósito de instrumentar el Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio (OTT).

El programa busca incluir el enfoque social y ambiental como parte de la planeación estratégica sectorial para mejorar la calidad del desarrollo turístico, mantener las condiciones ambientales, así como para dar certeza jurídica a los pobladores de esas regiones en cuanto al proceso de otorgamiento, tenencia de la tierra y aprovechamiento de los recursos turísticos como una fuente de ingreso para mejorar su calidad de vida.

Comenta el promovente que en esta mesa del Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación Institucional, se conjuntan esfuerzos de las secretarías de Turismo (SECTUR), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Comunicaciones y Transportes (SCT).

Hasta ahora, la mesa del Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación Institucional, se ha instalado en 6 estados y se espera que en mayo del presente, se instale en el resto del país a través de los consejos estatales de ordenamiento territorial.

Cada región del país tiene características y necesidades particulares, pero también, sus propias potencialidades turísticas para detonar el crecimiento económico, de ahí que la planificación y el ordenamiento del territorio requieran de estrategias específicas por parte de los diferentes órdenes de gobierno para el diseño de una política turística integral en nuestro país.

Por lo anterior, señala el Senador promovente esta propuesta busca impulsar una política de coordinación entre el Gobierno Federal con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO),a efecto de implementar un mecanismo de trabajo en el seno de la mesa del Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación Institucional, con el objetivo de incentivar la participación con los gobiernos de todas las entidades federativas del país, y que los objetivos que se ha planteado el gabinete turístico del Gobierno Federal sean más fructíferos y equitativos con las regiones de la República Mexicana.

CONSIDERACIONES

Esta Comisión Dictaminadora coincide con el promovente en señalar que la actividad turística en nuestro país representa un motor para generar desarrollo, esta actividad ha contribuido de manera fundamental a mejorar el nivel de vida de muchos mexicanos, por ser una fuente importante de generación de empleos y de divisas, lo que sin duda contribuye a combatir la pobreza en los países en vías de desarrollo.

La actividad turística se ha caracterizado por tener una constante tasa de crecimiento a nivel mundial, por mantener un importante grado de competitividad entre los diferentes destinos turísticos y por potenciar los atractivos naturales, históricos y culturales de cada nación.

En este sentido, los integrantes de esta Comisión Legislativa consideramos que el crecimiento del turismo ejerce fuertes presiones sobre el territorio asociado al uso intensivo del paisaje como atractivo turístico y a los cambios de usos de suelo que es en algunos casos, necesario para construir la infraestructura y los asentamientos humanos que permitan el surgimiento de actividades turísticas1.

Por ello, es importante que la actividad turística sea considerada en el ordenamiento territorial, el cual es una herramienta de planeación, que tiene como finalidad que cualquier tipo de desarrollo, en este caso turístico, se lleve a cabo de acuerdo a las aptitudes y capacidades del territorio en alguna región.

Esta Comisión Legislativa considera que la calidad del paisaje, la biodiversidad y la existencia de un ambiente sano para la población y el turismo son bienes comunes que deben ser manejados adecuadamente para evitar el deterioro.

Para lograr esta protección es necesario desarrollar arreglos institucionales que sean respetados por todos los involucrados. Por ello, la ordenación institucional debe ser un instrumento que contribuya a que se lleve a cabo una planificación y gestión del espacio que asegure a mediano y largo plazo estructuras de control y regulación, un uso responsable de los recursos y las actividades existentes en la zona.

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Turismo, vemos con beneplácito la instalación de la Mesa de Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación Institucional que tiene como principal propósito elaborar el programa de Ordenamiento Turístico del Territorio (OTT).

Esta mesa se instaló el pasado 14 de enero por la Secretaría de Turismo, además, en ella se unen los esfuerzos de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Comunicaciones y Transportes (SCT).

Estos trabajos, tienen el objetivo principal de conocer e inducir el uso de suelo y las actividades productivas, para lograr el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de medio ambiente y asentamientos humanos.

Con la creación del Ordenamiento Turístico del Territorio (OTT), manifestó la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, se podrá crear un desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible, así como la mejora de la calidad de vida de la población, a través del acceso a usos de servicio e infraestructura públicos y de la gestión responsable de los recursos naturales de las zonas de desarrollo turístico sustentable. 2

De la Mesa de Ordenamiento y Coordinación Institucional se espera obtener los siguientes resultados:

Uno político, en la medida que involucra toma de decisiones concertadas por los actores políticos, sociales, económicos y técnicos para la ocupación ordenada y uso sustentable del territorio.

El otro administrativo, ya que orientará la regulación y promoción de la localización y desarrollo de los asentamientos humanos, de las actividades económicas y sociales de la comunidad.

Además, se señaló que se instalaría un Consejo Estatal en cada una de las 32 entidades federativas, los cuales quedarán instalados en mayo próximo.

El que tengamos estos consejos estatales es de vital importancia, por ello compartimos la idea del promovente en el sentido de que cada región del país tiene características y necesidades particulares, pero también sus propias potencialidades turísticas para detonar el crecimiento económico, de ahí que la planificación y el ordenamiento del territorio, requieran estrategias específicas por parte de diferentes órdenes de gobierno para el diseño de una política turística integral.

Por lo anterior, es necesario impulsar una coordinación entre la federación, los estados y municipios en la creación del Ordenamiento Turístico del Territorio, lo cual sin duda daría como resultado alcanzar los objetivos que se han planteado de una mejor manera y la incorporación de las necesidades y ventajas de todas las regiones del país.

Sin embargo, los integrantes de la Comisión de Turismo ven oportuno establecer que esta coordinación sea con los gobiernos de los estados del Distrito Federal y municipios y no vía la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO); ya que esta organización, es un foro de permanente de diálogo, concertación y encuentro de los titulares de los Ejecutivos estatales y otros actores de la política nacional; pero sin ninguna representación jurídica y política de los estados.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

ACUERDO

UNICO: El Senado de la Repúblicaexhorta a las secretarías de Turismo, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,de Medio Ambiente  y Recursos Naturales, de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes aimplementar un mecanismo de trabajo en el seno de la mesa de Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación Institucional con los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los Municipios, a fin de que los objetivos que se ha planteado el Gabinete Turístico del Gobierno Federal sean más fructíferos y equitativos con las regiones de la República Mexicana.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 29 de abril de 2014.

COMISION DE TURISMO”.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes.

Para referirse a los dictámenes sobre políticas relacionadas al turismo lésbico, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luz María Beristain Navarrete.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente. Gracias a todas mis compañeros de la Comisión de Turismo, por la forma como procesaron este tema que es bien importante.

Buenas tardes, Senadoras y Senadores:

El presente dictamen fomenta la igualdad y el respeto a los derechos humanos del sector LGBTTTI en materia turística, además impulsa el desarrollo económico implantando inversión en dicho sector, debido a que la derrama económica que se puede generar es muy favorable para nuestro país.

La población lésbico, gay, bisexual, transexual, trasvesti, transgénero e intersexual, en todo el mundo se estima en cerca de 180 millones de personas, potenciales turistas para la ciudad de México en busca de destinos gay que ofrezcan respeto a su estilo de vida, comodidades de lujo y una oferta de servicios culturales, recreativos, deportivos, de salud y belleza, acorde a su gusto especial por vacacionar.

El turismo LGBTTI es un negocio en base de investigaciones y estudios específicos. El segmento homosexual gasta al año en el mundo alrededor de 700 mil millones de dólares, así mismo, en los Estados Unidos la comunidad está compuesta por 15 millones de personas de diversos orígenes étnicos, solteros organizados, en familias, y adultos mayores que en el 2002 gastaron 451 mil millones de dólares.

Durante el 2004 erogaron 485 mil millones de dólares, y el año pasado su gasto fue superior a los 610 mil millones de dólares. Dicho país ha sido identificado por inversionistas de cadenas hoteleras como el mayor destino para el mercado gay.

Luego está México, Puerto Vallarta, la derrama económica en países desarrollados ha crecido progresivamente porque este nicho busca mucho más la especialización de los servicios. Los expertos aseguran que un turismo gay gasta de 60 a 100 dólares diarios para divertirse, esto independientemente del gasto por hospedaje.

En México 5 millones de clientes gastaron 8 mil millones de dólares de turismo, mientras que en Brasil los consumidores LGBTTTI locales, invierten anualmente 20 mil millones de dólares al año.

El estado de Quintana Roo es una de las entidades federativas más jóvenes y representativas en el sector turístico nacional, el cual se encuentra avalado por la Organización Mundial de Turismo, esto debido a que Cancún es una de las entidades federativas que promueven y apoya el turismo LGBTTTI, razón por la que ocupa el segundo lugar en turismo.

Datos preliminares establecen que en el 2013 México recibió casi 11.8 millones de turistas internacionales por vía aérea, cifra un 9 por ciento superior a los 10.8 millones de 2012.

En lo que respecta a la totalidad de visitantes a nuestro país, el Banco de México señala que hasta noviembre de 2013 se tenían contemplados poco más de 21 millones de visitantes, quienes arrojaron ingresos por más de 12 millones de dólares, cifra 8.7 por ciento mayor que en noviembre de 2012.

En conclusión, el dictamen en sentido positivo al que me refiero, causará un beneficio implementando estrategias que consideren y fortalezcan políticas públicas relacionadas con el turismo lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e trasvesti, e intersexual, dada la importancia y crecimiento de este sector turístico, el cual está reconocido plenamente por la Organización Mundial de Turismo.

Pareciera ser una danza de cifras de millones, pero es mucho más que esto, es respetar los derechos humanos de todos los grupos que habitamos en el planeta tierra, no discriminar a nadie, menos cuando están en ese proceso migratorio transcultural que debe ser el turismo, y no solamente ganancia para unos cuantos, cuando a través de los programas, todos incluidos, tratan de avorazarse de toda la ganancia y de toda la derrama turística que generan estas divisas.

Así es que esto es por un turismo que sea incluyente y que todos los grupos sean bienvenidos, sin discriminaciones, sin violaciones a los derechos humanos, y con plena armonización en políticas públicas que hagan que los servidores públicos estemos a la altura de este tipo de turismo.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Beristain Navarrete.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Esta Presidencia saluda la presencia de un grupo de mujeres de Promoción Política de la Mujer del municipio de Pabellón de Arteaga, del estado de Aguascalientes, invitadas por el Senador Martín Orozco Sandoval.

(Aplausos)

Sonido en el escaño del Senador José María Martínez Martínez, ¿para qué asunto?

- El C. Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño) Con motivo de la votación que fue declarada hace un momento, toda vez que fue obvio que no se alcanzó la mayoría para declarar aprobados los Acuerdos económicos de la Comisión de Turismo, por tanto, pido, pueda rectificar usted la declaratoria de aprobación de estos Acuerdos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se ha recogido la votación y declarado por la propia Secretaria y obviamente esta Presidencia respalda la decisión que a juicio de la Secretaría se haya tomado en este caso y por esa razón es que el procedimiento se agotó y fue declarado aprobado.

Gracias.

Pasamos ahora a la discusión de un dictamen.

¿Para qué asunto? Senador Martínez Martínez.

- El C. Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño) Para el mismo asunto, señor Presidente, habiendo ya precedentes en esta Asamblea en asuntos pasados, creo que es conveniente que se pueda volver a votar y se pueda calificar la votación, toda vez que a juicio de un servidor, solamente siete Senadores votaron a favor de los Acuerdos económicos y los demás que participaron en la votación, votaron en contra.

Creo que no fue aprobado, me parece que hubo un error cuando menos de apreciación por parte de la Secretaria, y como ya ha habido precedentes en esta legislatura, solicito que de nueva cuenta pueda sumarse la votación de una forma económica, sin inconveniente, pero para que pueda dejar con mayor claridad el sentido del voto de la mayoría de los legisladores.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con mucho gusto, Senador, tomamos nota de su voto en contra y de las Senadoras y Senadores que así lo deseen, desde luego pido a la Secretaría que tome nota de ello para que quede asentado en el Diario de los Debates el sentido de la votación de quienes votaron en contra.

Pasamos al siguiente asunto.

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de Acuerdo que exhorta a modificar los formatos empleados en los cuestionarios del INEGI, para conocer el volumen total de población indígena.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

1 El Ordenamiento Territorial como una herramienta para la solución de conflictos en regiones turísticas. Dra. Nora Bringas Rábago; Dr. Basilio Verduzco Chávez. Consultado el 01 de abril de 2014. VEASE. http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/13173/1/Bringas_Verduzo_OT_BC.pdf

2 Trabaja SECTUR en el Ordenamiento Turístico del Territorio Nacional. Boletín número 10 de Secretaria de Turismo. Consultado el 01 de abril de 2014. VEASE http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/B10






COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DEASUNTOS INDIGENAS

H. ASAMBLEA:

Los Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 85, 86, 90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 117, 135, 177, 178, 182, 190 y demás relativos al Reglamento del Senado, someten a la consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores el siguiente dictamen correspondiente a la Proposición con Punto de Acuerdo presentado por las Senadoras y los Senadores que integran la suscrita Comisión, por el que elH. Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Geografía y Estadística para que en el próximo Conteo de Población 2015, se modifiquen los formatos empleados en los cuestionarios básico, ampliado y en su caso, por localidad, a fin de obtener con precisión, el volumen total de la población indígena en el territorio nacional.

METODOLOGIA

I. El capítulo de “ANTECEDENTES” refiere al inicio del proceso legislativo de la referida propuesta con punto de acuerdo y el consecuente acuerdo de turno dictado por el Presidente de la Mesa Directiva para la elaboración del presente.

II. En el capítulo correspondiente al "OBJETO Y DESCRIPCION DE LA PROPUESTA", se extracta el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión da cuenta de los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución.

I. ANTECEDENTES

Primero.- En sesión ordinaria correspondiente al segundo período del segundo año de ejercicio celebrada el 6 de marzo del año en curso, las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa y Rosa Adriana Díaz Lizama y los Senadores Eviel Pérez Magaña, Isidro Pedraza Chávez y René Juárez Cisneros, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de este Honorable Senado, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo paraexhortar al Instituto Nacional de Geografía y Estadística para que en el próximo Conteo de Población a realizarse en el 2015, se modifiquen los formatos empleados en los cuestionario básico, ampliado y en su caso, por localidad, en los términos que se expresarán en el presente dictamen, a finde obtener con mayor precisión el volumen total de la población indígena en el territorio nacional, entre otros indicadores.

Segundo.- En esa misma fecha, a través del oficio DGPL-2P2A.-1816, la Vicepresidencia de la Mesa Directiva comunicó a esta Comisión que le fue turnada dicha proposición, de acuerdo con los artículos 66, párrafo 1, inciso c) y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General ya citada y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado.

II. DESCRIPCION Y OBJETO DE LA PROPOSICION

La proposición que se estudia tiene como objeto exhortar al Instituto Nacional deEstadística y Geografía para que los resultados del Conteo de Población que se realizará en el 2015, permitan determinar con mayor precisión el volumen total de la población indígena en el territorio nacional, entre otros indicadores, mediante la incorporación y modificación de reactivos que se emplearán en los cuestionarios de dicho Conteo.

III. CONSIDERACIONES

a) En lo general

Para determinar la procedencia del exhorto planteado es indispensable el examen previo del marco constitucional aplicable, como en el caso es el artículo26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ensu apartado B determina:

“El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia ... ”

La ley reglamentaria de este Sistema Nacional, en su artículo 3° determina la finalidad del propio Sistema: “… suministrar a la sociedad y al Estado Información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional … ”

Esta misma ley establece que es responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía normar y coordinar dicho Sistema; que el Instituto es un organismo con autonomía técnica y de gestión; y éste, de acuerdo con el artículo 52 tiene la obligación de realizar las actividades previstas por el artículo 59 de la ley en cita.

El invocado numeral 59, a su vez, enuncia las facultades exclusivas del Instituto, dentro de ellas, las previstas por las dos primeras fracciones:

“. . . I. Realizar los censos nacionales;

II. Integrar el sistema de cuentas nacionales, y . . . ”

De los preceptos transcritos resulta evidente que corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía como órgano responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, realizar los censos nacionales y en su caso, los conteos de población, como se señala en la proposición que se estudia.

De acuerdo con la información pública difundida por el propio Instituto, los conteos de población practicados por el INEGI permiten identificar los cambios que el país experimenta en sus aspectos demográficos, económicos y sociales, por lo que representan un soporte estadístico fundamental para apoyar la toma de decisiones de los sectores público, privado y social; además, contribuyen a respaldar la investigación que llevan a cabo académicos e instituciones educativas en el ámbito sociodemográfico; fortalecen el federalismo al proporcionar información comparable referida al ámbito estatal, municipal y local; y posibilitan la actualización de información que los organismos internacionales requieren con fines comparativos.

Su objetivo general es producir información sociodemográfica básica que actualice el conocimiento sobre el tamaño, la composición y la distribución territorial de la población, los hogares y las viviendas existentes en el país; y dentro de sus objetivos particulares, se encuentran: generar información básica para identificar y ubicar a los distintos grupos poblacionales, así como a las regiones sociodemográficas que se conforman dentro del territorio nacional; y proporcionar información para que las dependencias públicas responsables de brindar servicios a la sociedad dispongan de cifras actualizadas en periodos cortos, para orientar, y evaluar de manera eficiente sus planes y programas.

Bajo este marco normativo es indudable que corresponde al INEGI como órgano coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica realizar el próximo Conteo de Población 2015, elaborando y sometiendo a consideración del Comité Ejecutivo o la Unidad que corresponda, las normas técnicas y las metodologías que sean necesarias para realizar las actividades estadísticas y geográficas de alguna materia o sector, como en el caso es el próximo Conteo de Población. Justificada la competencia y atribuciones del Instituto para realizarlo, queda ahora justificar en particular, la procedencia del contenido del exhorto planteado.

b) En lo particular

Como se expone en la proposición, la necesidad de conocer el volumen total de la población indígena en el territorio nacional ha sido una constante en el México contemporáneo. Su identificación y ubicación permitirá la correcta focalización de recursos así como una eficiente y eficaz aplicación de las políticas públicas que permitan su desarrollo integral. Sin embargo, los censos y conteos de población tienen al factor humano como referencia básica y obligada; no obstante, los que actualmente se realizan en México, no definen a la población indígena, sino a la población hablante de una lengua indígena.

Reiterando el análisis que en la proposición se indica, el cuestionario básico 2010 utilizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) para realizar el último Censo de Población, tuvo tres dispositivos que permiten identificar a los hablantes de alguna lengua indígena, estos son:

¿(Nombre) habla algún dialecto o lengua indígena?

¿Qué dialecto o lengua indígena habla (nombre)?

¿(Nombre) también habla español)?

El levantamiento del censo de 2010 combinó dos tipos de cuestionarios: el básico y el ampliado. Este último aplicado a una muestra de 2.9 millones de viviendas. Con las 29 preguntas comunes de ambos cuestionarios se obtuvo información sobre la edad de las personas, sexo, parentesco, lugar de nacimiento, religión, situación conyugal entre otros elementos.

A través del cuestionario ampliado se pudo profundizar en temas salud, discapacidad, pertenencia étnica, educación, migración interna e internacional, características económicas, fecundidad y mortalidad recientes. De igual manera, se adicionaron preguntas al tema de vivienda que ahondan en las características de construcción y estructurales, existencia de equipamiento, forma de adquisición y tenencia. 1

En cuanto al tema indígena, una particularidad del cuestionario ampliado es quepermitió identificar otros elementos de los hablantes de una lengua indígena ya que al efecto incorporó un reactivo con el cual se logró saber si el censado entiende alguna lengua indígena, sin embargo fue otro reactivo el de mayor utilidad, pues permitió saber si la persona entrevistada se considera indígena, es decir, respeta el derecho de auto adscripción reconocido en múltiples ordenamientos internacionales y nacionales.

Tal reactivo es:

De acuerdo con la cultura de (nombre) ¿ella (él) se considera indígena)?

Con ellos, los resultados de 2010 arrojaron las siguientes cifras:

• 15.7 millones mexicanos de tres años y más se consideran indígenas

• de los cuales, 6.6 millones son hablantes de una lengua indígena, es decir la mantienen viva a través de su comunicación cotidiana

• el restante, 9.1 millón no hablan una lengua indígena

Situación que resulta de especial interés, pues pese a que 9.1 millones de personas no habla una lengua indígena, se identifica como indígena, lo que representa un lazo de identidad con algún pueblo indígena y una clara revitalización los pueblos originarios.

En este tenor, el criterio lingüístico empleado en el cuestionario básico para determinar quién es o puede ser indígena es un indicador limitado, ya que muchos de ellos han perdido su lengua o la han dejado de usar y en algunos casos, derivado de los estigmas que apareja el ser hablante de alguna lengua, la población no manifiesta que lo es. Así, al eliminar elementos sociales, culturales así como de pertinencia, se demerita la estimación real de la población indígena, misma que podría definirse con precisión, no quedando meramente en el reconocimiento de la población que es hablante de una lengua indígena.

Del estudio de la evolución de los censos en el país en cuanto a la identificación de la población indígena, tomando a la lengua como único indicador de referencia, se aprecia que la población ha decrecido sustancialmente, por los factores ya referidas. Esta situación lleva a la implementación diferenciada de los servicios de atención social implementados por el propio Estado lo que claramente contrasta con el aumento de la demanda de participación de los pueblos y comunidades indígenas en la construcción y diseño de los programas de atención dirigidos a ellos.

Es sabido que el INEGI realiza un Conteo de Población cada cinco años, por lo que el próximo habrá de verificarse en 2015. El Conteo tiene como uno de sus objetivos específicos: generar información básica para identificar y ubicar a los distintos grupos poblacionales, así como a las regiones sociodemográficas que se conforman dentro del territorio nacional.2

La cobertura del Conteo es nacional y permite identificar los cambios que el país experimenta en sus aspectos demográficos, económicos y sociales, por lo que representa un soporte estadístico fundamental para apoyar la toma de decisiones de los sectores público, privado y social. En cuanto a la población hablante de una lengua indígena permite actualizar los datos que proporciona el censo.

En el Conteo de 2005, la temática censal relativa a las personas estuvo focalizada en tres puntos, lengua indígena, tipo de lengua indígena y condición de habla española, actualizando solamente características lingüísticas de la población, por lo que el próximo Conteo de Población es el medio idóneo para incluir algún reactivo similar al que se encuentra en el cuestionario ampliado que permita a las personas definir si se considera indígena o no.

Efectivamente, reproduciendo lo expuesto en la proposición, las políticas públicas, programas sociales y demás acciones del gobierno dirigidas a la población indígena van de la mano con los censos de población, por lo que el correcto diseño, implementación y evaluación de éstas depende en gran medida de la identificación del sujeto a quien está dirigida.

Partiendo de la experiencia y observaciones recogidas por la suscrita Comisión de parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Secretaría de Educación Pública y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, como se señaló en el texto de la proposición y las consideraciones vertidas en el presente dictamen, se reitera la pertinencia que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística modifique losformatos empleados en los cuestionarios básico y ampliado con la finalidad de obtener con mayor precisión, el volumen total de la población indígena en el territorio nacional; y bajo este supuesto, a manera de recomendación sujeta al análisis técnico que corresponde a dicho Instituto, esta Comisión somete al Pleno del Honorable Senado, proponer la modificación o elaboración de los correspondientes reactivos,atendiendolos siguientes puntos:

1. Emplear el término “lengua indígena” y no el de “dialecto”.

2. Remitir del cuestionario ampliado al cuestionario básico la pregunta relativa a la autoadscripción (“De acuerdo con la cultura de (nombre) ¿ella (él) se considera indígena?).

3. Se aplique en el cuestionario básico el reactivo utilizado en el cuestionario por localidad, para identificar el lugar dentro de la localidad, donde se habla la lengua indígena (hogar, escuela, iglesia, compraventas).

Como se indicó en la proposición, la Ley General de Lenguas Indígenas reconoce la existencia de 68 lenguas indígenas nacionales y el español, otorgándoles la misma validez, sin distinguir o jerarquizar el español de las restantes lenguas.

El mismo ordenamiento no emplea el vocablo “dialecto”, que en una de sus acepciones gramaticales es una “estructura lingüística, simultánea a otra, que no alcanza la categoría social de lengua”. Además, su utilización coloquial denota un sentido peyorativo hacia quienes se expresan mediante una de las lenguas indígenas nacionales, lo que representa una franca discriminación hacia quienes hablan lenguas indígenas.

Por otra parte, trasladar un reactivo del cuestionario ampliado al básico, como lo indica la proposición en estudio, generaría mayor precisión, evitando hacer una estimación basada en los hablantes de una lengua indígena.

Por último, en relación al reactivo del cuestionario por localidad, que en la proposición se recomienda que se utilice en el básico, permitiría identificar con mayor precisión los lugares en donde se hablan las lenguas indígenas para en su caso, focalizar las políticas públicas destinadas a pueblos y comunidades indígenas.

Esta Comisión considera oportuno señalar, para concluir este análisis y la consecuente procedencia del exhorto planteado, que el uso obligatorio para los tres niveles de gobierno de la información de interés nacional recogida, sistematizada y publicada por el Instituto, tal como lo dispone el artículo 6 de la ley reglamentaria del 26, apartado B, constitucional, conlleva el perfeccionamiento de los instrumentos empleados con el objeto de que los resultados obtenidos sean más objetivos, veraces y útiles para las dependencia y entidades públicas de los tres niveles de gobierno; y desde luego, en observancia a los principios rectores de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia que sostienen la función constitucional a cargo del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y de su Instituto coordinador.

Por lo anterior, la Comisión de Asuntos Indígenas somete a la aprobación del Pleno el siguiente:

ACUERDO

Unico.- El H. Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Geografía y Estadística para que en el próximo Conteo de Población a realizarse en el 2015, se modifiquen los formatos empleados en los cuestionarios básico, ampliado y en su caso, por localidad, en los términos indicados en las consideraciones que anteceden, a fin de obtener con mayor precisión, el volumen total de la población indígena en el territorio nacional.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de abril de 2014.

COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS”.

(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos puntos de Acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Hablar a favor de este dictamen, lo hago en mi carácter de miembro de la Comisión de Asuntos Indígenas, pero también como integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

En este tema del conteo poblacional de las personas indígenas que el INEGI va a realizar en los próximos censos, se esta buscando la invitación de que se modifique el formato para que se pueda hacer la autoadscripción de las personas que se consideran que pertenecen a una etnia indígena en el país.

Y se está pidiendo que no solamente se escriba lo de la etnia, que desaparezca lo de dialectos y se escriba lo que es una lengua indígena.

En nuestro país, desde 1895 se llevan a cabo los conteos poblacionales, pero de 1930 al año 2000 se ha registrado la población indígena mayor de cinco años porque hablan la lengua indígena, y a partir de 1990 se registra la población de cero a cuatro años que habita en hogares cuyo jefe de familia o cónyuge habla una lengua indígena.

Y en el censo del año 2000 se registró además a la población que no habla lengua indígena, pero declaró su autoadscripción, y esto dio como consecuencia que se incrementara la población indígena en nuestro país.

¿Por qué es importante este tema, compañeras y compañeros?

Si ustedes han visto en los catálogos que tiene el INEGI, precisamente, y la SEDESOL en las zonas marginadas, uno de los elementos para poder aplicar recursos que se tienen en los programas federales es que sean localidades consideradas indígenas y de alta marginación, y hay localidades donde su población es indígena, pero como cambió la forma del formato para poderlos contabilizar, aunque sean indígenas, pero no hablan la lengua, dejaron de estar en el catálogo del INEGI y por lo tanto ya no se pueden establecer recursos públicos de esta área que va destinada particularmente a los pueblos y las comunidades indígenas.

Y es una de las razones por las que nosotros queremos apoyar este documento.

Pero además les quiero decir que cuando se aplicó ese reactivo diferente, se captó que hay 15.7 millones de mexicanos, de 3 años y más, que se consideran indígenas, de los cuales 6.6 millones son hablantes de una lengua. Entonces eso no está circunscrito, solamente el habla de una lengua sino a su autoadscripción que se está refiriendo a considerarse miembro de una comunidad indígena o de una etnia.

Por eso sentimos que es importante que el criterio de la autoadscripción redimensionará el actual esquema de conteo poblacional y que abonará visualizar un fuerte lazo de identidad que las personas guardan con alguna raíz u origen indígena, no importando si aún se conservan las lenguas.

Hay entidades que su población, incluso indígena, ha ido disminuyendo y hasta se va perdiendo la lengua materna y eso habla de una preocupación que ha sido ya abordada por este Senado para preservar las lenguas y culturas indígenas.

Entonces, yo creo que este diagnóstico y la perspectiva de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas ya le recomendó al INEGI que en el cuestionario básico ampliado se siga empleando el reactivo de autoadscripción y se emplea el término “lengua indígena” y no el de dialecto; y que se aplique por localidad con la intención de identificar en qué espacios se habla la lengua indígena, es decir, el hogar, la escuela, la iglesia, etcétera.

Por estos motivos, compañeras y compañeros, llamamos a votar a favor de este punto de Acuerdo para que el INEGI incluya en el próximo censo de población un criterio fundamental, incluyente y que va en cumplimiento de los diversos instrumentos internacionales que recomiendan en la materia.

La autoadscripción o pertenencia de las personas hacia sus orígenes indígenas, es una muestra del fuerte lazo de la identidad originaria, misma conciencia de identidad indígena que construye a México como una nación con posesión pluricultural.

Muchas gracias, compañeros.

Muchas gracias, señor Presidente. Es cuanto.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, para presentar el dictamen a nombre de la comisión.

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: Muchas gracias. Compañeras Senadoras y Senadores:

En la Comisión de Asuntos Indígenas tenemos claro que una de las principales demandas sociales a lo largo de la historia ha sido la reivindicación de los pueblos indígenas, esto es posible a través de políticas públicas pertinentes y eficaces cuando se conoce con precisión el número de población indígena y su ubicación en el territorio nacional.

Nuestro país tiene 112 millones 336 mil habitantes, según el censo de población 2010, de los cuales, 15.7 millones se consideran indígenas para esta cifra estimada.

Es por esto, que a nombre de mis compañeros de la Comisión de Asuntos Indígenas, proponemos ante ustedes un dictamen con punto de Acuerdo por el cual se exhorta al Instituto Nacional de Geografía y Estadística para que modifique los formatos que utilizará en los cuestionarios del próximo conteo de población 2015, con la finalidad de obtener con mayor precisión el número total de la población indígena, esto permitirá la correcta asignación de recursos, así como una eficaz y eficiente aplicación de las políticas públicas.

Las preguntas que se hicieron en los diversos cuestionarios empleados arrojaron las siguientes cifras: 15.7 millones de mexicanos de 3 años, y se consideran indígenas entre hablantes y autoadscriptos casi el 14 por ciento de la población nacional; de ellos, 6.6 millones de hablantes de una lengua indígena, es decir, la mantienen viva a través de su comunicación cotidiana; el restante, 9.1 millones no hablan una lengua indígena, pero se consideran indígenas.

La diferencia entre hablante y autoadscriptos representa un lazo de identidad con algún pueblo o comunidad, y una clara revitalización de los pueblos originarios.

Partiendo de la experiencia y observaciones que a lo largo de más de año y medio hemos recogido de parte de dependencias y entidades públicas como son CDI, el INALI, la SEP y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, hemos considerado la necesidad de que se modifiquen los cuestionarios que el INEGI empleará en el próximo conteo de población, esto para evitar estimaciones, estadísticas con mayor precisión, el número total de la población indígena.

A manera de recomendación sujeta al análisis técnico que corresponde al instituto, proponemos que se consideren los siguientes puntos:

Emplear el término “lengua indígena”, y no el de “dialecto”.

Remitir el cuestionario ampliado al cuestionario básico, la pregunta relativa a la autoadscripción, es decir, si la persona entrevistada se considera indígena, que se aplique en el cuestionario básico la pregunta utilizada en el cuestionario por localidad para identificar el lugar dentro de ella, donde se habla la lengua indígena como el hogar, la escuela, la iglesia o el mercado.

Para justificar esta propuesta, señalamos en primer término, que la Ley General de Derechos Lingüísticos, reconoce la existencia de 68 lenguas indígenas nacionales y el español, otorgándoles la misma validez sin distinguir o jerarquizar el español de las lenguas indígenas.

En su contenido normativo no se emplea la palabra “dialecto”.

Todos comprendemos el sentido despectivo de esta palabra respecto al español, pero por más entendible o de uso común con la que se quiera disfrazar, es una franca discriminación hacia quien habla una lengua indígena.

Por otra parte, trasladar al cuestionario básico la pregunta relativa a la autoadscripción, evitará hacer estimaciones sobre el número total de población indígena.

Y si se pasa al cuestionario básico, la pregunta que permita identificar los lugares donde se hablan comúnmente las lenguas indígenas, haría posible focalizar políticas públicas con eficiencia.

Compañeras Senadoras y Senadores:

La Ley del Sistema Nacional de Información y Estadística establece el uso obligatorio de la información recogida y publicada por el INEGI, que a su vez debe perfeccionar los instrumentos empleados para que sus resultados sean más objetivos y veraces.

Propiciemos desde el Senado que los principios rectores de acceso, transparencia, objetividad e independencia, continúen orientando las actividades del instituto con más certeza sobre la población indígena en el país, las políticas públicas, programas sociales y demás acciones de gobierno se aplicarán con mayor eficiencia.

Así daremos un paso, no sólo en la protección de sus derechos fundamentales, sino especialmente en la salvaguarda de sus derechos colectivos.

Avancemos en el desarrollo social con identidad de los pueblos indígenas que son el sustento de la nación pluricultural que todos conformamos.

Señor Presidente, solicito ordene que el texto del dictamen se inserte en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senador Eviel Pérez Magaña. Se insertará de manera íntegra en el Diario de los Debates; y registramos también la participación del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, la cual se insertará en el Diario de los Debates.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, para hablar sobre el mismo dictamen.

- La C. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Con su permiso, señor Presidente.

Pedimos que este dictamen que hoy presentamos por la Comisión de Asuntos Indígenas sea apoyado por todos ustedes en positivo, ya que sin duda es fundamental ahora solicitar que se realice una modificación al levantamiento de los cuestionarios del INEGI para el censo 2015, ya que la información que se adquiere de estos censos es de gran valor para determinar diferentes indicadores que permiten tomar decisiones de política pública, asignación de recursos, reconocimiento de las comunidades indígenas, así como identificación de núcleos de población indígena en las ciudades, que sin vivir necesariamente en una comunidad indígena en su territorio de origen, se asientan en las urbes o zonas metropolitanas y se organizan de acuerdo a sus tradiciones, identidad y costumbres, con la finalidad de conservar las mismas, y de manera prioritaria la preservación de su lengua, situación que no se refleja en los censos actuales.

Por lo tanto, es nuestra obligación tomar decisiones que fortalezcan a todas y todos, sin olvidar los grupos y comunidades indígenas.

Estimadas Senadoras y Senadores:

Reitero la solicitud de su voto en positivo para que los censos que se están por levantar en 2015, muestren los cambios que se dan en los lugares de origen de los pueblos y comunidades indígenas, ya que la realidad nos va mostrando diferentes escenarios demográficos, económicos y sociales, por lo que se requiere que los formatos sean modificados para tener un mejor soporte estadístico que sirva como herramienta para apoyar la toma de decisiones de los sectores público, privado y social.

Además, contribuyen a respaldar la investigación que llevan a cabo académicos e instituciones educativas en el ámbito socio-demográfico.

Así también sirvan para fortalecer el federalismo al proporcionar información comparable referida al ámbito estatal, municipal y local, y posibilite la actualización de información que los organismos internacionales requieren con fines comparativos.

En relación a los pueblos y comunidades indígenas, pareciera existir una incertidumbre constante respecto a su identificación geográfica y a la necesidad de conocer el volumen total de la población indígena en el territorio nacional, de tal manera, que la identificación y ubicación permitirá la correcta focalización.

Pido su voto en positivo, ya que es importante para nuestras comunidades, en lo particular, comunidad maya en el estado de Yucatán.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Díaz Lizama.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo que exhorta a llevar a cabo el cambio tecnológico y de combustibles en diversas centrales de combustión interna del estado de Baja California Sur.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

1 INEGI. Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010.

2 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2005/presentacion.aspx?p=1






COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión dicho dictamen con punto de Acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Carlos Mendoza Davis.

- El C. Senador Carlos Mendoza Davis: Gracias, señor Presidente, con su venia.

Tratar de manera muy breve, compañeras y compañeros, de poner en español, lo que se está planteando en este punto de Acuerdo.

Lo que está sucediendo con las plantas generadoras de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad que utilizan combustibles fósiles como el combustóleo, como el diesel, para operar, es un verdadero genocidio ecológico.

Baja California Sur, el estado al que represento, es el único estado autocontenido en la red eléctrica nacional.

¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en Baja California Sur, producimos, toda la energía que consumimos; y toda la energía que produce ese estado, con un perfil turístico, se produce, precisamente, con la quema de combustibles fósiles.

Hubo una gran lucha en la ciudad de La Paz, por parte de la sociedad, por sensibilizar al gobierno federal para que se pusieran unos aditamentos que se conocen como “filtros electroestáticos” que permiten disminuir de manera considerable la emisión de contaminantes al ambiente.

En la ciudad de La Paz, es una verdadera nata de humo, parecido al que tenemos aquí en la ciudad de México, lo que respirábamos.

Finalmente, la sociedad logró su cometido y logró convencer a la Comisión Federal de Electricidad, que se pusieran estos filtros.

¡Y oh, sorpresa! Que un año después, la Comisión Federal de Electricidad anuncia, con bombo y platillo, que a cuatro kilómetros de distancia de esa planta que habíamos logrado mejorar en su tecnología, se va a construir una cuatro veces superior en su capacidad de producción pero sin los filtros, que ya habían puesto a la anterior. De ese tamaño la incongruencia.

Lo que estamos haciendo aquí, y les doy el ejemplo de Baja California Sur, pero todos aquellos estados donde tengan plantas generadoras de electricidad que quemen combustibles fósiles, ustedes como sus representantes, póngase el saco, porque créanme que les va quedar.

Estamos pidiéndole a la comisión y a la Secretaría de Energía varias cosas.

Primero. Cambiar los combustibles. Que no sigamos quemando combustóleo y diesel, porque es altamente contaminante.

Hay alternativas como el gas natural, que permiten reducir considerablemente la emisión al medio ambiente.

Segundo. Que si van a planear la construcción de nuevas plantas, que desde la misma licitación venga obligado el que se instalen filtros electroestáticos.

No es posible que en su página de Internet la Comisión Federal de Electricidad ponga como un ejemplo de éxito lo que hizo en la ciudad de La Paz, poniéndole filtros a esa planta, y que siga construyendo, de manera indiscriminada, nuevas terminales sin filtros.

Necesitamos obligar a la comisión, no solo con los nuevos proyectos, sino aquellos que ya existen, aquellos que ya están funcionando y que están contaminando nuestro medio ambiente, que los mejoren, que se comprometan a arreglarlos.

Yo, amigas y amigos, les pido, de verdad, que vean con simpatía este punto de Acuerdo. Y que debe de ser éste, el principio de una lucha que demos todos los Senadores de todas las fuerzas políticas aquí representadas, por obligar, porque esto no es si hay opción, obligar a nuestras autoridades a que se apeguen a cuidar nuestro entorno.

Tenemos la obligación con las generaciones que vienen, de entregarles a nuestros hijos, a nuestros nietos un verdadero patrimonio ambiental y un verdadero país que pueda crecer con sustentabilidad.

Por su apoyo al presente punto de Acuerdo, muchas gracias a todas y a todos.

Es cuanto, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Mendoza Davis.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Tenemos la discusión de seis dictámenes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.






COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al primer dictamen.

“COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del 3 de octubre de 2013, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera y Margarita Flores Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como la Senadora María Marcela Torres Peimbert, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.- Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Las Senadoras promoventes exponen que el 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 1º de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad, y que durante los últimos 10 años, el envejecimiento de la población ha conducido a la introducción de nuevas políticas y programas en las que el sector social ha ocupado un lugar central.

Asimismo, señalan que de acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), a partir de 1950 se inicia un crecimiento acelerado de la población mundial “provocado principalmente por una reducción de la mortalidad en las regiones menos adelantadas”; por lo que la población aumentó entre 1950 y 2011 de 2.5 a 7 mil millones de personas, lo que en términos porcentuales significa un crecimiento anual de 1.66 por ciento.

Agregan que las personas adultas mayores se enfrentan a diversas problemáticas, en virtud de su especial condición y por las barreras sociales, tales como discapacidad, falta de oportunidades laborales, carencia de servicios de salud entre otros; destacando la importancia de crear un marco jurídico internacional susceptible de vincular a la comunidad internacional, los gobiernos de los países y, en general a la sociedad; resguarde, proteja y respete los derechos humanos de las personas adultas mayores bajo una serie de lineamientos y principios que rijan a favor de este tan importante sector de población.

Es por ello que las Senadoras buscan, a través del Punto de Acuerdo, exhortar al Ejecutivo Federal para que promueva ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la elaboración de una Convención amplia e integral en materia de derechos humanos de los adultos mayores.

CONSIDERACIONES

1.- El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió designar el 1º de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad, en seguimiento a las diversas iniciativas relacionadas con el envejecimiento de la población, en específico con el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento.

En este tenor, en 1991 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, a través de su resolución 46/91, los Principios de las Naciones Unidas para las Personas de Edad y, en el año 2002, la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento aprobó el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, respondiendo a las oportunidades y a los desafíos del envejecimiento de la población mundial en nuestro siglo, y así promover el desarrollo de una sociedad más justa.

2.- De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la composición de la población mundial ha cambiado de manera espectacular en los últimos decenios, ya que entre 1950 y 2010, la esperanza de vida en todo el mundo aumentó de los 46 a los 68 años de edad, y está previsto que aumente hasta los 81 años para fines de este siglo. Además, por primera vez en la historia de la humanidad, para el año 2050 en el mundo habrá más personas mayores de 60 años que niños.

De igual forma, en la actualidad casi 700 millones de personas son mayores de 60 años y se espera que para 2050, las personas de 60 años o más serán 2,000 millones, esto es, más del 20% de la población mundial.

Por otra parte, en 2013, y a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicó las siguientes estadísticas sobre nuestro país:

• En 2012, el monto de personas de 60 años y más es de 10.9 millones, lo que representa 9.3% de la población total.

• En 2012, según el CONEVAL, 43.2% de los adultos mayores se encuentran en situación de pobreza multidimensional.

• Durante el segundo trimestre de 2013, la tasa de participación económica de la población de 60 años y más es de 33.8%.

• En 2010, en el 26.1% de los hogares cohabitaba al menos una persona de 60 años y más.

• En 2010, 28.1% de los adultos mayores con discapacidad no económicamente activos no podían trabajar por alguna limitación física o mental.

3.- Las zonas del mundo donde se producirá el mayor y más rápido aumento del número de personas de edad será en los países en desarrollo; destacando Asia por ser la región con el mayor número de personas de edad, mientras que en Africa se está dando el mayor crecimiento demográfico. Ante este fenómeno, es necesario prestar una atención particular a las necesidades de las personas de edad y a los problemas que las aquejan.

Es importante destacar que durante los últimos 10 años, el envejecimiento de la población ha conducido a la creación e introducción de nuevas políticas y programas en beneficio de las personas de edad, sobre todo en ámbito como la salud y la seguridad social. Además, se han aprobado diversos documentos de política generales, incluidos planes de acción nacionales sobre el envejecimiento.

4.- En relación a un marco jurídico internacional especial para las personas de edad, en 1982 los países miembros de la ONU comenzaron con el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, el cual fue aprobado en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada ese año.

Se cuenta también con los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad aprobados en 1991, con los Objetivos mundiales sobre el envejecimiento para el año 2001 fijados en 1992 y la proclamación sobre el Envejecimiento, de ese mismo año.

Posteriormente, surgieron la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), los cuales fueron aprobados en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y dieron un nuevo ímpetu al consenso político sobre la necesidad de un programa sobre el envejecimiento, poniendo de relieve el desarrollo y la cooperación internacional y la asistencia en este ámbito.

En la Declaración Política aprobada en Madrid, los Estados Miembros reafirmaron su compromiso de promover y proteger los derechos humanos, eliminar la discriminación, el abandono, los abusos y la violencia contra las personas de edad. Por su parte, el Plan de Acción Internacional de Madrid contiene orientaciones sobre el derecho al trabajo, la salud, la participación y la igualdad de oportunidades a lo largo de la vida de las personas de edad, subrayando la importancia de su participación en los procesos de toma de decisiones a todos los niveles.

Asimismo, el Plan de Acción Internacional de Madrid incluye medidas relacionadas con la igualdad de oportunidades laborales para todas las personas de edad; programas que permitan a todos los trabajadores adquirir protección y seguridad sociales, incluidas pensiones, seguros por discapacidad y prestaciones sanitarias, e ingresos mínimos suficientes para todas las personas de edad, con particular atención a los grupos desfavorecidos desde el punto de vista social y económico. En el ámbito de la salud, el Plan aborda nociones sobre prevención, igualdad de acceso a la atención de la salud, participación activa, efectos del VIH/SIDA y la plena funcionalidad de los entornos asistenciales y de apoyo.

5.- Si bien es cierto que los Tratados Internacionales de derechos humanos más fundamentales contienen numerosas obligaciones implícitas para con las personas de edad, no contienen disposiciones concretas centradas en ellos.

Es por ello que esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables coincide totalmente con las Senadoras promoventes del punto de Acuerdo en la necesidad de contar con un marco jurídico internacional para que la comunidad internacional, los gobiernos de los países y en general la sociedad; resguarde, proteja y respete los derechos humanos de las personas adultas mayores bajo una serie de lineamientos y principios que rijan a favor de tan importante sector de población.

De igual forma, esta Comisión dictaminadora considera que México debe seguir a la vanguardia en el impulso de la creación de Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos en materia de personas de edad, que los ubiquen como sujetos de las políticas públicas y de derechos como estrategia para dejar de formar parte del concepto de grupos vulnerables, reconociendo sus diferencias como grupo social diferente a otro, y especificando sus necesidades prioritarias para que sean cubiertas de una manera integral.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República considera trascendental exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de los canales institucionales, en este caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, promueva ante la Organización de las Naciones Unidas la creación de una Convención amplia e integral que establezca medidas y principios en materia de protección de los derechos humanos, la independencia, atención, autorrealización, dignidad y participación de las personas de edad, logrando con ello un marco jurídico justo y que responda con las necesidades y realidades de nuestro tiempo.

En virtud de lo planteado anteriormente, la Dictaminadora considera pertinente la aprobación de la proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus atribuciones, promueva ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la elaboración de una Convención amplia e integral que establezca medidas y principios en materia de protección de los derechos humanos, la independencia, atención, autorrealización, dignidad y participación de las personas de edad.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 29 de abril de 2014.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES”.






COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al segundo dictamen.

“COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo en relación al Día Internacional de la No Violencia.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del 3 de octubre de 2013, las Senadoras y Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara y Jesús Casillas Romero, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo en relación al Día Internacional de la No Violencia.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.- Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Las Senadoras y Senadores promoventes del Punto de Acuerdo comienzan su exposición haciendo referencia al Día Internacional de la No Violencia, el cual se celebra el 2 de octubre, aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la Independencia de la India, siendo una ocasión para reafirmar la relevancia universal del principio de la no violencia y el deseo de conseguir una cultura de paz, tolerancia y comprensión para todos en todo el mundo.

Argumentan que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la violencia hacia los grupos vulnerables puede entenderse como el riesgo excedido que experimentan los individuos que ocupan una posición subordinada en la familia por asimetrías de edad, capacidades o género, de experimentar abuso, descuido o abandono por parte de otro(s) miembro(s) de la familia o cuidador(es), con quienes mantienen una relación de confianza y dependencia.

Agregan que dentro de los diversos grupos vulnerables que viven con mayor incidencia diferentes tipos de violencia se puede encontrar a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, y personas adultas mayores, quienes se encuentran en posiciones de desventaja.

De tal forma, los legisladores del PRI proponen exhortar a los tres órganos de gobierno a fortalecer sus programas y políticas públicas que promuevan la protección, respeto y seguridad de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

CONSIDERACIONES

1.- El 15 de junio de 2007, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó observar el 2 de octubre de todos los años, como el Día Internacional de la No Violencia, conmemorando con ello el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia.

El principio de la no violencia rechaza cualquier uso de la violencia física para lograr un cambio social o político, y ha sido adoptado por poblaciones masivas alrededor del mundo en campañas por la justicia social.

De acuerdo con información de las Naciones Unidas, desde mediados del siglo XX, el término de la no violencia ha sido adoptado por movimientos alrededor del mundo, quienes, sin recurrir al camino de la guerra, buscan un cambio social. El principio clave de la teoría de la no violencia es que el poder de los gobernantes depende del consentimiento de la población, la cual, a través de la no violencia busca disminuir dicho poder, retirando su consentimiento y cooperando entre sí para hacerle frente a ese poder.

2.- Actualmente, nuestras sociedades padecen, en cada momento, actos de violencia, siendo los grupos vulnerables quienes la padecen de manera directa y en ocasiones de mayor gravedad.

La vulnerabilidad se refiere a una condición de indefensión en la que se encuentra, o se puede encontrar una persona o grupo; por lo que se considera que una persona o grupo puede ser vulnerable cuando no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, el ingreso, la vivienda o los servicios de salud.

Asimismo, se es vulnerable al daño ocasionado por diferentes fenómenos, ya sean ocasionados por el medio ambiente (fenómenos naturales) o por el propio hombre. Es así que las personas y los grupos se muestran vulnerables ante las crisis económicas, el desempleo, la falta de oportunidades y todas aquellas conductas discriminatorias que vayan en detrimento de la dignidad.

La vulnerabilidad puede llegar a producir la anulación de los derechos y libertades fundamentales, por lo que estas personas y grupos deben ser protegidos.

Por su parte, y de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se considera que los grupos vulnerables son todos aquellos que, ya sea por edad, raza, sexo, condición económica, características físicas, circunstancia cultural o política, se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos sean violentados.

Derivado de lo anterior, es necesario crear y contar con las herramientas e instrumentos necesarios para promover, proteger y velar por el respeto de los grupos vulnerables, así como para procurar su desarrollo integral dentro de nuestra sociedad, que les permita superar las condiciones de desigualdad que les impidan ejercer sus derechos y libertades fundamentales.

Dentro de estos grupos vulnerables, quienes tal vez sufren mayor violencia y que por lo tanto requieren de una mayor protección son las niñas, niños y adolescentes; las personas adultas mayores, y las personas con discapacidad.

3.- De acuerdo con los datos expuestos en la Proposición con Punto de Acuerdo de los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, con base en datos proporcionados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), todos los años 275 millones de niñas y niños de todo el mundo sufren a causa de la violencia doméstica, lo que conlleva a un abuso físico y psicológico, abandono o negligencia, explotación y abuso sexual. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 40 millones de niñas y niños menores de 15 años son víctimas de malos tratos y abandono, por lo que requieren de atención sanitaria y social.

En este tenor, se han identificado diversos factores de riesgo sobre el maltrato infantil que muestran una visión general para comprender sus causas, entre las que podemos encontrar la edad inferior a 4 años y la adolescencia; el hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los padres; tener necesidades especiales; llorar mucho o tener alguna discapacidad; diversos factores de los padres o cuidadores; problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de la familia; ruptura de la familia o la violencia entre otros miembros de la familia; aislamiento en la comunidad o la falta de una red de apoyos.

Aunado a lo anterior podemos encontrar también que las normas sociales y culturales pueden llegar a debilitar el estatus del niño en las relaciones con sus padres y pueden llegar a fomentar la violencia hacia los demás.

Es por ello que debemos contar con los programas y políticas públicas adecuadas para que niñas, niños y adolescentes no sufran violencia en su persona y en su entorno, logrando con ello procurarles un ambiente propicio para su sano desarrollo.

4.- En cuanto a la violencia y maltrato hacia las personas adultas mayores, esta Comisión retoma los principales planteamientos de los promoventes del Punto de Acuerdo, entre los que exponen que, a pesar de no existir una definición ampliamente aceptada sobre el abuso al adulto mayor, éste se puede definir como “un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza”.

La violencia hacia las personas adultas mayores puede adoptar diversas formas, como el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones económicas. También puede ser el resultado de la negligencia, intencional o no. Además, se puede presentar en agresiones físicas o verbales, despojo de sus bienes, ingresos o inmuebles que son utilizados sin su consentimiento o sin tomar en cuenta sus necesidades; maltrato emocional con amenazas y palabras ofensivas; ausencia de expresiones de cariño o respeto, y daño a su identidad y dignidad.

Por otro lado, las consecuencias de la violencia y el maltrato hacia los adultos mayores pueden provocarles depresión, síndrome de estrés postraumático, pánico, crisis de ansiedad, trastornos por somatización, fobias y un sentimiento de aislamiento.

En nuestro país existen poco más de 10 millones de adultos mayores, lo que equivale al 9% de la población total; de lo que se desprende la pertinencia de contar también con programas y políticas públicas que los protejan y les permiten vivir con dignidad e integrados a la sociedad.

5.- Por su parte, a pesar de que en los últimos años se han dado importantes avances en materia de protección e inclusión de las personas con discapacidad, ellas siguen sufriendo situaciones de violencia y maltrato.

Las Senadoras y Senadores promoventes del punto de Acuerdo refieren que en una reunión celebrada en el marco de la Asamblea General la Organización de las Naciones Unidas se dio a conocer que el 15% de la población mundial, es decir, mil millones de personas, sufren de alguna discapacidad, y que el 80% de estos vive en países en desarrollo.

Asimismo, refieren que en muchas ocasiones, desgraciadamente el maltrato hacia las personas con discapacidad tiene su origen desde el seno familiar, y desde el momento de nacer, ya sea por ignorancia o desconocimiento del tema, o bien, por cuestiones culturales.

Otra manera en la que se presenta el maltrato hacia las personas con discapacidad es en las instituciones dedicadas a su atención y cuidado, en donde los empleados, al ver en estado de indefensión a los pacientes, abusan de ellos o los maltratan.

Desafortunadamente, como sociedad aún nos falta camino por recorrer en esta materia, ya que día con día se vulneran –y lo permitimos- los derechos de las personas con discapacidad, ya sea por prejuicios o ignorancia, por lo que se aísla a las personas con discapacidad y en ocasiones no se les permite desarrollarse, obstruyéndoles oportunidades de empleo y de educación.

6.- Por todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora considera pertinente aprobar la propuesta planteada por las Senadores y Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, con el objeto de exhortar a todos los niveles de gobierno, a que fortalezcan sus programas y políticas públicas enfocadas a la promoción, protección, respeto y seguridad de niñas, niños y adolescentes; personas adultas mayores, y personas con discapacidad. Consideramos que es un acto de justicia para con nuestros grupos vulnerables y que nos permitirá crecer como sociedad.

En virtud de lo planteado anteriormente, la Dictaminadora considera pertinente la aprobación de la proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, así como a los Gobiernos del Distrito Federal y de sus demarcaciones territoriales, a que fortalezcan sus programas y políticas públicas enfocadas a la promoción, protección, respeto y seguridad de niñas, niños y adolescentes; personas adultas mayores, y personas con discapacidad.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 29 de abril de 2014.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES”.

(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)








COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al tercer dictamen.

“COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo para promover la conmemoración del Día Mundial de Talla Pequeña.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del7 de noviembre de 2013,los Senadores y Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Margarita Flores Sánchez, Norma Alicia Galindo Matías, Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Alvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y Jesús Casillas Romero ,integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como Francisco Salvador López Brito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo para promover la conmemoración del Día Mundial de Talla Pequeña.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.- Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En las consideraciones del Punto de Acuerdo se señala que muchas personas alrededor del mundo ha llevado a cabo una importante tarea para mejorar la calidad de vida de la gente de talla baja, a través de la creación de una serie de fundaciones y asociaciones con el fin de brindar ayuda a este sector de la población. En ese sentido, han emprendido una ardua labor con la finalidad de promover que el 25 de octubre de cada año se considere como el “Día Mundial de las Personas de Talla Pequeña”.

Mencionan que dicha iniciativa surgió en México, y que se eligió esta fecha en honor del actor estadunidense William John Bertanzetti, mejor conocido como Billy Barty, una de las primeras personas en trabajar en pro de los derechos de las personas de talla baja y fundador de la sociedad Little People of America, la más relevante a nivel internacional en el rubro.

Destacan que a esta conmemoración se han sumado cerca de 19 países, a fin de sensibilizar a la población para que estas personas no sean discriminadas ni expuestas al escarnio público, y que esa celebración tiene como objetivo crear y difundir una cultura de respeto, justicia e inclusión digna y plena en todos los sectores hacia las personas con cualquier tipo de “enanismo”.

Es por ello que en su Proposición con punto de Acuerdo, las y los legisladores proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que promueva ante la ONU que el 25 de octubre de cada año se conmemore el Día Mundial de las Personas de Talla Pequeña.

CONSIDERACIONES

1.- Las llamadas “personas de talla pequeña” son aquellos individuos con algún tipo de “enanismo”, de los cuales existen alrededor de 200 tipos. Clínicamente, estas personas son diagnosticadas con acondroplasia, es decir, un trastorno genético del crecimiento de los huesos, que ocurre en uno de cada 25 mil nacidos vivos.

El “enanismo” se debe a una mutación en el gen receptor del factor de crecimiento fibroblástico 3 (FGFR3) durante el desarrollo del embrión e inhibe el correcto crecimiento del cartílago, que causa desarrollo óseo desigual y baja estatura. El 80% de los casos de este padecimiento sucede espontáneamente, es decir, sin antecedentes familiares; mientras que el sólo el 20% restante se hereda.

Desde infantes, su estado de salud presenta complicaciones como problemas respiratorios que pueden derivar en la muerte de cuna, padecimientos auditivos y trastornos del desarrollo motriz.

Alrededor de este padecimiento existe un gran desconocimiento médico y, en la mayoría de los casos, persiste la desinformación y se deja a los padres la responsabilidad de investigar al respecto.

2.- Las personas de talla pequeña deben afrontar graves prejuicios y desafortunadamente hacia ellos aún existen fuertes grados de discriminación. Tienen que levantar la cabeza y mirar hacia arriba para casi todo; soportan miradas de compasión o de burla y, sobre todo, muchos de los lugares que a diario visitan y situaciones a las que a diario se enfrentan, ya que no cuentan con las condiciones apropiadas para su desarrollo.

Este tipo de situaciones lástima la autoestima de las personas de talla pequeña, lo cual provoca que en ocasiones tengan más dificultades para triunfar a causa de los prejuicios y la discriminación que aun en nuestros días existe en nuestras sociedades.

Además, enfrentan dificultades psicológicas y físicas que muchas veces llegan a ser resaltadas por y en los medios de comunicación, los cuales llegan a presentar estereotipos negativos de las personas bajas y llegan al grado de ridiculizarlos, propiciando en la sociedad que se continúe con el mismo comportamiento de desprecio más o menos consciente.

Como sociedad y sobre todo como legisladores, debemos propiciar un ambiente fuera de hostilidades hacia las personas de talla pequeña, dejando a un lado todo tipo de situaciones que les provoquen discriminación y afecten fuertemente su autoestima.

3.- Cabe destacar que en junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al primer párrafo del artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual incluyó la “talla pequeña” como una de las causas comunes de discriminación.

Por su parte, el 24 de julio del año pasado se presentó en este Senado de la República una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformarla fracción XXI, del artículo 2, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objeto de contemplar la talla pequeña como una discapacidad, con el fin de abrir las posibilidades y opciones para una verdadera integración social de las personas de talla pequeña.

En este tenor, fue que se presentó la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio, con el objeto de promover la conmemoración del Día Mundial de Talla Pequeña, el 25 de octubre de cada año, ante la necesidad de incluir a las personas que presentan enanismo, displasia ósea u otra de origen genético de talla y peso en nuestra legislación.

Aunado a lo anterior, el 29 de octubre del año pasado, esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables presentó la Exposición Fotográfica “Mexicanos Invisibles”, en la que se retrató el cotidiano vivir de las personas de talla pequeña. De este acto, esta Comisión asumió el compromiso de trabajar arduamente para terminar con la discriminación y las barreras que existen contra alrededor de 15 mil mexicanos que son de talla pequeña.

4.- Por su parte, la Fundación “Gran Gente Pequeña” realizó, el pasado 25 de octubre, un evento en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el que se buscó crear y promover ambientes igualitarios para la gente de talla pequeña, especificando que no se quieren crear espacios específicos, sino que las personas de talla pequeña puedan hacer uso de todas y cada una de las instalaciones sin necesidad de especificar la palabra discapacidad.

En dicho evento se expresó que las personas de talla pequeña ocupan el décimo lugar entre los grupos que más sufren discriminación, principalmente en el ámbito educativo y laboral, por lo que se debe trabajar para lograr su inclusión, abriendo espacios dedicados al tema, ya que consideraron que es la única forma en la que la sociedad puede saber de su existencia y de sus derechos.

5.- Por lo expuesto en párrafos anteriores, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República considera que este tipo de propuestas abonan a la construcción de un país más justo e incluyente, en el que las personas de talla pequeña tengan su lugar y puedan ejercer sus derechos de manera integral, por lo que como sociedad debemos darles una respuesta viable y congruente.

Es por ello que esta Comisión dictaminadora apoya la propuesta de los legisladores del PRI y del PAN en favor de las personas de talla pequeña no sólo en México, sino en todo el mundo, por lo que propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, promueva ante la Organización de las Naciones Unidas que el 25 de octubre de todos los años se conmemore el Día Mundial de las Personas de Talla Pequeña.

Consideramos que es un acto de apoyo, pero más de justicia, para con las personas de talla pequeña, ya que es una manera de reconocer el esfuerzo que día a día llevan a cabo y para recordarle al mundo su valía y su aporte. No más discriminación hacia las personas de talla pequeña, pues merecen todo nuestro apoyo y todo nuestro reconocimiento.

En virtud de lo planteado anteriormente, la Dictaminadora considera pertinente la aprobación de la proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus atribuciones, promueva ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que el 25 de octubre de cada año se conmemore el Día Mundial de las Personas de Talla Pequeña.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 29 de abril de 2014.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES”.






COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al cuarto dictamen.

“COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que firme un acuerdo con los principales buscadores de Internet y las empresas que prestan este servicio, a fin de que se implementen mecanismos que impidan el acceso de cualquier usuario a páginas web que contengan pornografía infantil.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del10 de septiembre de 2013,losSenadoresGabriela Cuevas Barrón y Víctor Hermosillo y Celada, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN),presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que firme un acuerdo con los principales buscadores de Internet y las empresas que prestan este servicio, a fin de que se implementen mecanismos que impidan el acceso de cualquier usuario a páginas web que contengan pornografía infantil.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.- Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Víctor Hermosillo y Celada, exponen que la pornografía infantil es sólo una de las aberrantes formas de explotación sexual que se da entre la población más vulnerable de nuestra sociedad, ya que es un acto que afecta la integridad personal y la salud física y psicológica de nuestro niños.

Argumentan que México ocupa el primer lugar, a nivel mundial, en la emisión de material pornográfico infantil y que además tiene una alta demanda, de lo que se desprende que miles de niñas y niños mexicanos están siendo víctimas de esa terrible trata, por lo que se debe actuar desde dos ámbitos: el persecutorio y el preventivo.

Es por ello que los Senadores promoventes del Punto de Acuerdo proponen exhortar al Ejecutivo Federal para que, a través de las instancias correspondientes, firme un acuerdo de cooperación con los principales buscadores de Internet y las empresas que prestan este servicio, a fin de que se implementen mecanismos eficientes que impidan el acceso de cualquier usuario a sitios que contengan pornografía infantil.

CONSIDERACIONES

1.- Se considera pornografía infantil a aquellas representaciones fotográficas o fílmicas, en formatos digital o analógico, de menores de edad de cualquier sexo, en conductas sexualmente explícitas, interactuando con otros menores de edad, con adultos o solos.

De acuerdo a un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se calculó que en el año 2011 había 16 mil 700 sitios web a nivel mundial con millones de imágenes de abuso infantil. En dicho Informe también se señala que la edad de las niñas y niños que son sujetos de abuso era cada vez más baja, pues en un 73%, las víctimas tenían menos de 10 años; mientras que las imágenes son cada vez más gráficas y violentas.

2.- A nivel mundial, la pornografía infantil es el tercer delito que mayores ganancias genera para los grupos del crimen organizado –sólo detrás del narcotráfico y la trata de personas-, el que obtiene más de 30 mil millones de dólares al año.

Nuestro país es el principal difusor de pornografía infantil en el mundo. En México operan más de mil 300 sitios web en los que se muestran imágenes y videos con contenido sexual de niñas niños y adolescentes. Además, se realizan diariamente más de 116 mil búsquedas y al menos 80 mil niñas y niños son explotados.

3.- Los Senadores promoventes del Punto de Acuerdo señalan que el ámbito persecutorio, el Estado mexicano ha implementado diversas acciones. Es así que en el año 2007, se reformó el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objeto de tipificar diversos delitos en materia de explotación sexual infantil, entre los que se encontró la pornografía infantil.

Por otro lado, señalan que en mayo de 2010, se creó la División Científica de la Policía Federal, la cual tiene entre sus funciones la de vigilar, identificar, monitorear y rastrear la red pública de Internet, para prevenir conductas ilícitas.

4.- La Procuraduría General de la República señala que la pornografía infantil es un acto criminal, por lo cual dedica esfuerzos importantes para hacer un frente común a nivel nacional en la prevención, investigación, persecución, combate y sanción a la prostitución y la pornografía infantil.

En este sentido, se cuenta con el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, el cual posee un sistema de reportes sobre niñas, niños y adolescentes desaparecidos o violentados sexualmente, que desde el 2011 a mayo de 2013, ha generado más de 18, 000 pistas de investigación, pertenecientes a México.

Asimismo, nuestro país en miembro, a través de la Procuraduría General de la República, de la Alianza Global Contra el Abuso Sexual de Niños en Internet; la cual busca unir a los poderes de decisión a nivel mundial para identificar y asistir de mejor manera a las víctimas de este delito y castigar a quienes lo cometan.

La Alianza Global es un proyecto de lucha mundial contra los abusos sexuales a menores en Internet que busca aumentar los esfuerzos a nivel internacional para identificar a las víctimas de pornografía infantil en la red y garantizar que se les preste asistencia, apoyo y protección, para impedir que sufran nuevos abusos.

5.- En cuanto a nuestra legislación, el tipo penal del delito de pornografía infantil se describe en el artículo 202 del Código Penal Federal.

De igual forma, de acuerdo con el artículo 194, fracción I, numeral 13 del Código Federal de Procedimientos Penales, se considera como grave el delito de pornografía infantil

6.- En la actualidad, no existe una regulación legal sobre lo que sucede en Internet. En este sentido, existen posturas encontradas, ya que por un lado se defiende la libertad absoluta que debe tener un medio como Internet, ya que si se le quiere controlar, se iría en contra de su esencia y de los grandes beneficios que representa; mientras que por otro, existen posturas proclives a regular la red, ante situaciones particulares como la pornografía infantil. Es por ello que como país debemos tomar las medidas necesarias para combatir y erradicar este problema.

Los Senadores promoventes del Punto de Acuerdo en estudio, exponen el ejemplo de Inglaterra, donde a raíz de dos casos de niños que fueron asesinados y cuyos victimarios habían visto imágenes de abuso sexual infantil y pornografía violenta en Internet, se puso en marcha un plan agresivo en el que se obligó al proveedor de Internet a bloquear la pornografía en cada hogar del Reino Unido, a menos que el usuario elija acceder a ella.

7.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables propone, en primer lugar, exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad, llegue a establecer acuerdos de cooperación con las principales empresas que brindan el servicio de internet, con el fin de implementar mecanismos de seguridad que impidan el acceso a sitios web que contengan, difundan o vinculen pornografía infantil, debido aque hay muchos sitios que si bien no contiene este tipo de contenido, suelen sugerir o vincular directamente con sitios que sí lo exponen directamente.

Consideramos que de esta forma podremos hacerle frente a un delito que crece día con día en el mundo y en nuestro país, y de esta forma proteger a nuestras niñas y niños ante actos tan detestables como la pornografía infantil.

En virtud de lo planteado anteriormente, la Dictaminadora considera pertinente la aprobación de la proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, firme los acuerdos de cooperación necesarios con las empresas que prestan el servicio de internet, con la finalidad de implementar mecanismos de seguridad que impidan el acceso a los sitios web que contengan, promuevan, difundan o vinculen pornografía infantil.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 29 de abril de 2014.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES”.

(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)








COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al quinto dictamen.

“COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los sistemas DIF estatales y municipales ubicados en la frontera norte, a implementar medidas urgentes para evitar que bandas del crimen organizado continúen explotando y obligando a menores de edad a traficar personas y mercancías prohibidas.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del3 de octubre de 2013,los Senadores y Senadoras Ernesto Ruffo Appel y Fernando Yunes Márquez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN); Ivonne Liliana Alvarez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT),presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los sistemas DIF estatales y municipales ubicados en la frontera norte, a implementar medidas urgentes para evitar que bandas del crimen organizado continúen explotando y obligando a menores de edad a traficar personas y mercancías prohibidas.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.- Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Los Senadores y Senadoras promoventes del punto de Acuerdo exponen que en los últimos años se ha presentado un fenómeno interesante y preocupante- que aqueja a un importante número de niños y adolescentes migrantes en la frontera entre México y los Estados Unidos de Norteamérica, quienes, ante la imposibilidad de llegar al vecino país del norte y ser devueltos por las autoridades migratorias infinidad de veces, son utilizados por las bandas del crimen organizado como traficantes de personas o de mercancías prohibidas.

Es por ello que los legisladores proponen, por un lado, exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) a que enfoque sus esfuerzos para encontrar y castigar a los responsables de la explotación de la que son víctimas los menores a lo largo de la frontera norte, quienes son usados como herramienta para el tráfico de personas o de drogas hacia los Estados Unidos. Por otro lado, proponen también exhortar a los Sistemas DIF nacional, estatales y municipales ubicados en la frontera norte, a que implementen de manera coordinada políticas públicas tendientes a proteger y atender a estos menores, así como a brindar apoyo inmediato a sus familias con la finalidad de que no se prive a los niños del derecho a desarrollarse, con educación y con un futuro alejado de las organizaciones criminales.

CONSIDERACIONES

1.- De acuerdo con información dada a conocer por el Instituto Nacional de Migración (INM), en el último año fueron repatriados, a través de nueve puntos de deportación segura en los Estados de Coahuila, Baja California, Chihuahua y Sonora, a 332 mil connacionales. Del total de connacionales repatriados, 16 mil 853 fueron menores de edad, de los cuales 2 mil 834 se encontraban con algún familiar o tutor, mientras que el resto fueron recibidos por el Instituto en calidad de No Acompañados, por lo que se les brindó atención por medio de los Oficiales de Protección a la Infancia.

Siguiendo con cifras del INM, la cifra de menores repatriados refleja una tendencia a la baja en los últimos años, ya que en 2008 se registraron 34 mil 83 casos; 17 mil 129 en 2012, mientras que el año pasado fueron 16 mil 853, cifra que representa menos de la mitad de los menores repatriados hace cinco años.

2.- Por su parte, a mediados del mes de enero de este año, la Casa YMCA de Piedras Negras, Coahuila, encargada de contribuir al desarrollo integral de los menores migrantes en la zona fronteriza México-Estados Unidos, dio a conocer que la cantidad de menores migrantes a los que apoyó se incrementó en comparación con los dos años anteriores y, que el año pasado aumentó la cantidad de menores que reincidieron en su intento por llegar a los Estados Unidos, situación que no se observaba en años anteriores.

En entrevista concedida al Zócalo de Saltillo, Rafael Martínez, encargado de la Casa YMCA en Piedras Negras, comentó que el año pasado fueron atendidos 793 menores en la casa, de los cuales 729 eran hombres y 64 mujeres. Indicó además que ha aumentado la reincidencia de los menores por cruzar hacia Estados Unidos, ya que en el año pasado 503 cruzaron sólo una vez, 136 lo hicieron en dos ocasiones y 160 reincidieron en tres o más ocasiones.

El número de menores migrantes apoyados por la Casa YMCA se había mantenido en menos de 600 durante los años 2010 y 20111, cifra que aumentó a 790 para el año 2012, y que creció a 793 el año pasado.

En la entrevista, Rafael Martínez comentó que al incrementarse el fenómeno de la reincidencia de menores al querer cruzar hacia los Estados Unidos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha girado instrucciones para que los menores no se vayan a sus casas hasta que se tenga contacto con el DIF de sus municipios y éstos le den seguimiento a cada menor y traten de hacer un plan de contención para que no intente salir de su lugar de origen y cruzar nuevamente.

3.- En las consideraciones del Punto de Acuerdo en estudio, se menciona que con el objeto de proteger al migrante menor se han dictado leyes y se han puesto en práctica medidas de protección en la Frontera Norte, con lo que se les ha otorgado un trato privilegiado respecto a los migrantes adultos.

Dentro de las prácticas puestas en marcha, se menciona aquella que permite al menor de edad ser devuelto a su país de origen por las autoridades migratorias infinidad de veces al intentar ingresar a los Estados Unidos, sin que éste sea detenido de manera permanente. Sin embargo, esta medida ha generado un fenómeno social inesperado, ya que niñas y niños, al gozar de una especie de inmunidad fronteriza, han sido utilizados por bandas del crimen organizado como traficantes de personas o de mercancías prohibidas.

También en la Proposición con Punto de Acuerdo, se menciona que las autoridades de migración de los Estados Unidos han sorprendido a menores de edad mexicanos intentando cruzar de manera informal más de 60 veces en un periodo relativamente corto de tiempo, lo que indica que el niño o adolescente en realidad no pretende ingresar a territorio estadounidense para radicar en él, sino que únicamente se desempeña como guía de migrantes.

4.- Derivado del escenario descrito líneas arriba, organizaciones dedicadas a la protección de menores migrantes han alertado que en los últimos años, el crimen ha optado por reclutar a niñas, niños y adolescentes, ya que si éstos mueren en la operación, su pérdida no afectaría a su estructura y, en caso de ser detenidos, los castigos que reciben son mínimos. Es así que niñas, niños y adolescentes son reclutados por dinero o simplemente son obligados, bajo amenazas, a cruzar la frontera guiando a personas o llevando droga a los Estados Unidos.

Esta práctica es cada día más recurrente, por lo que como legisladores no podemos permitir que se presente más; por lo que estamos a tiempo de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes de las garras del crimen organizado.

Es por ello que se requieren de medidas judiciales y de asistencia social hacia este núcleo de la población tan vulnerable como lo son las niñas, niños y adolescentes migrantes, quienes ante la falta de oportunidades y el abandono, han visto en las bandas del crimen organizado una forma de sobrevivir.

5.- Es por lo anteriormente expuesto que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables propone aprobar el presente Dictamen con Punto de Acuerdo en favor de niñas, niños y adolescentes migrantes, quienes ante un panorama adverso, son seducidos por las bandas del crimen organizado y utilizados para traficar con personas y mercancías prohibidas.

En virtud de ello, esta Comisión Dictaminadora pretende, en primera instancia, solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre las acciones que está llevando a cabo en la frontera norte, en relación a la explotación y utilización de menores de edad, por parte de bandas del crimen organizado, para traficar personas y drogas de México hacia los Estados Unidos de Norteamérica.

En segunda instancia, esta Comisión propone exhortar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y a los Sistemas DIF Estatales y Municipales de la frontera norte, a que implementen políticas públicas destinadas a proteger y a atender a los menores de edad utilizados por bandas del crimen organizado para el tráfico de personas y de drogas de México hacia los Estados Unidos de Norteamérica.

Consideramos que la protección de nuestros niños y adolescentes es fundamental para nuestro país, y más de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad como lo son niñas y niños migrantes. No debemos dejar espacios vacíos para que la delincuencia organizada corrompa de esa manera a nuestros niños y adolescentes en la frontera, por lo que aún estamos a tiempo de salvarlos y de darles una alternativa de vida mejor.

En virtud de lo planteado anteriormente, la Dictaminadora considera pertinente la aprobación de la proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de la República (PGR) remitir a esta Soberanía un informe detallado sobre las acciones que está implementando en la frontera norte de nuestro país, en relación a la explotación y utilización de niñas, niños y adolescentes en el tráfico de personas y de drogas de México hacia los Estados Unidos de Norteamérica.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como a los Sistemas DIF Estatales y Municipales de la frontera norte de nuestro país, a que de manera coordinada fortalezcan las políticas públicas tendientes a proteger y atender a las niñas, niños y adolescentes explotados y utilizados en el tráfico de personas y de drogas de México hacia los Estados Unidos de Norteamérica.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 29 de abril de 2014.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES”.

(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)



(Intervención de la C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza)








COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al último dictamen.

“COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a informar sobre las acciones que está implementando a fin de promover un marco social que permita la protección de los sectores sociales desprotegidos; asimismo, informe acerca de las campañas de concientización que se implementarán para promover ese mismo principio.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del5 de diciembre de 2013,elSenador David Monreal Avila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT),presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a informar sobre las acciones que está implementando a fin de promover un marco social que permita la protección de los sectores sociales desprotegidos; asimismo, informe acerca de las campañas de concientización que se implementarán para promover ese mismo principio.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.- Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El Senador David Monreal Avila expone que en México hay discriminación, principalmente por la condición económica, el color de piel, la orientación sexual y el nivel educativo.

Señala que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) ha identificado 11 grupos que son sujetos de discriminación en nuestro país, entre los que se encuentran las personas adultas mayores, afrodescendientes, etnias, fieles religiosos, migrantes y refugiados, mujeres, menores de edad, personas con discapacidad, personas con VIH/SIDA, jóvenes y personas con preferencias sexuales diferentes a las heterosexuales. Agrega que estos grupos, además de ser vulnerables, no reciben la adecuada protección por parte del Estado.

Es por ello que el Senador promovente del Punto de Acuerdo propone exhortar al CONAPRED a remitir un informe sobre las acciones que está implementando a fin de promover un marco social que permita la protección de los sectores sociales desprotegidos, así como que informe acerca de las campañas de concientización que se implementarán para promover ese mismo principio.

CONSIDERACIONES

1.- De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido.

Para efectos jurídicos, la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho.

Las principales causas de discriminación son el origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, y el estado civil.

Siguiendo con información del CONAPRED, sabemos que la discriminación tiene efectos negativos para quienes la padecen, ya que puede significar una pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida.

Los grupos que más resienten o que son más propensos a sufrir los efectos de la discriminación son las personas con discapacidad; personas adultas mayores; niñas y niños; jóvenes; indígenas, personas con VIH/SIDA; homosexuales; migrantes y refugiadas, entre otras, ya que existen creencias falsas en relación a temerle o rechazar las diferencias.

2.- De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, un alto porcentaje de la población opina que existen muchos actos de violencia en contra de mujeres; niñas y niños, así como que las personas adultas mayores no tienen oportunidades laborales. De igual forma, la encuesta nos muestra que la población mexicana considera que los derechos de las personas homosexuales, migrantes e indígenas se respetan poco o nada.

En el tema de las niñas y niños, seis de cada diez personas opinan que los niños deben tener los derechos que les da la ley, mientras que tres de cada diez consideran que deben tener los derechos que sus padres les quieran dar. Lo más preocupante en este tema es que poco más de tres por ciento considera que los niños no tienen derechos, porque son menores de edad.

En cuanto a la discriminación hacia las personas homosexuales, la misma encuesta arroja que cuatro de cada diez mexicanas y mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales; mientras que tres de cada diez afirman lo mismo en el caso de personas que viven con VIH/SIDA.

3.- Nuestro país es muy diverso, lo cual provoca que se presenten fuertes diferencias, sin embargo, éstas no pueden hacernos perder en el objetivo de respetarnos y de no provocar situaciones de discriminación.

Debemos aprender a convivir dentro de nuestras diferencias en cuanto al sexo, idioma, religión, origen étnico, ideología, capacidades o nivel socioeconómico. En este sentido, es importante promover y fomentar la tolerancia, ya que ésta es eje rector en el desarrollo de cada pueblo y armoniza a todos los individuos.

Nuestro sistema democrático debe permitirnos la existencia de diversas ideologías, así como la libertad de expresión. Dentro de esta democracia debemos ser capaces de proteger a todos aquellos grupos que por su vulnerabilidad, sufren de aislamiento y de violencia. No podemos permitir más situaciones de discriminación y de violencia. De ahí la importancia de continuar con la protección de derechos a favor de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad.

4.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables está de acuerdo en solicitar un informe al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) acerca de las acciones que está llevando a cabo para promover en nuestra sociedad la protección de los sectores sociales más desprotegidos, incluyendo adultos mayores, afrodescendientes, etnias, fieles religiosos, migrantes y refugiados, mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, personas con VIH/SIDA, jóvenes y homosexuales.

De igual forma, se solicita un informe sobre las campañas de concientización que está llevando dicho Consejo para proteger a los sectores sociales más desprotegidos mencionados.

Consideramos que esta solicitud nos ayudará a conocer más a fondo la situación de los grupos más vulnerables de nuestro país, que aun en nuestros tiempos padecen situaciones de discriminación y requieren de un mayor apoyo.

Como legisladores debemos estar atentos y trabajar arduamente en la creación y perfeccionamiento de un marco jurídico capaz de erradicar todo tipo de discriminación, sobre todo hacia aquellos sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

En virtud de lo planteado anteriormente, la Dictaminadora considera pertinente la aprobación de la proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación remitir a esta Soberanía un informe detallado sobre las acciones y campañas que están implementando para proteger a los grupos sociales vulnerables.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 29 de abril de 2014”.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, para presentar los dictámenes por la comisión.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, estimada Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a posicionar y a pedirles su voto a favor de cinco de estos seis dictámenes, en función de que mi compañera Itzel Ríos hará lo propio en un rato más de uno de estos dictámenes.

Quiero decirles que el 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió designar el 1° de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad, en seguimiento a las diversas iniciativas relacionadas con el envejecimiento de la población, en específico con el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento.

De acuerdo con datos de la ONU, la composición de la población mundial ha cambiado de manera significativa en los últimos decenios, ya que entre 1950 y 2010 la esperanza de vida en todo el mundo aumentó de los 46 a los 68 años de edad.

Además, por primera vez en la historia de la humanidad, para el año 2050 en el mundo habrá más personas mayores de 60 años que niños.

Por otra parte, como segundo punto, el 15 de junio de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó observar el 2 de octubre de todos los años como el Día Internacional de la No Violencia, conmemorando con ello el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del Movimiento de la Independencia de La India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia.

De acuerdo con datos proporcionados por UNICEF, todos los años 275 millones de niños y niñas de todo el mundo sufren a causa de la violencia doméstica.

En nuestro país existen poco más de 10 millones de adultos mayores que sufren maltrato o despojo, en muchas ocasiones desde el seno familiar.

Asimismo, tratándose de personas con discapacidad, se siguen presentando casos de maltrato en las instituciones dedicadas a su atención y cuidado.

En tercer lugar, quiero referirme a un tema sumamente alarmante en nuestro país. De acuerdo a un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, se calculó que en el año 2011 había 16 mil 700 sitios web a nivel mundial con millones de imágenes de abuso infantil.

En dicho informe también se señala que la edad de las niñas y niños que son sujetos de abuso era cada vez más baja, pues en un 73 por ciento las víctimas tenían menos de 10 años, mientra que las imágenes son cada vez más gráficas y violentas.

Dichas estimaciones señalan que nuestro país es el principal difusor de pornografía infantil en el mundo.

En México operan más de 1,300 sitios web en los que se encuentran imágenes y videos con contenido sexual de niñas, niños y adolescentes. Además se realizan diariamente más de 116 mil búsquedas.

Enseguida, otro de los dictámenes que quiero compartirles está relacionado con la información dada a conocer por el Instituto Nacional de Migración. En el último año fueron repatriados, a través de nueve puntos de deportación segura, 332 mil connacionales.

De ellos, 16 mil 853 fueron menores de edad, de los cuales alrededor de 14 mil fueron recibidos por el Instituto en calidad de no acompañados.

Por ello, se requieren de medidas judiciales y de asistencia social hacia este núcleo de la población doblemente vulnerable, cuya situación de vida es sinónimo de falta de oportunidades y abandono que lamentablemente los ha orillado a ver en las bandas del crimen organizado una forma de sobrevivir.

Finalmente, como quinto punto deseo compartirles que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010, un alto porcentaje de la población opina que existen muchos actos de violencia en contra de mujeres, niñas y niños, así como que las personas adultas mayores no tienen oportunidades laborales.

En el tema de las niñas y niños, 6 de cada 10 personas opinan que deben tener los derechos que les da la ley, mientras que 3 de cada 10 consideran que deben tener los derechos que sus padres les quieran dar.

De igual forma, la encuesta nos muestra que la población mexicana considera que los derechos de las personas migrantes e indígenas se respeta poco o nada.

Nuestro país es muy diverso, lo cual provoca que se presenten fuertes diferencias. Sin embargo, estas no pueden hacernos perder el objetivo de respetarnos y de provocar situaciones de discriminación. Debemos aprender a convivir dentro de nuestras diferencias, por lo que es importante promover y fomentar la tolerancia, ya que esta es eje rector en el desarrollo de cada pueblo y armoniza a todos los individuos.

Es por lo anteriormente comentado que a nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, segura de contar con el apoyo de todas y todos ustedes, me permito poner a su consideración estos cinco dictámenes con puntos de Acuerdo que proponen lo siguiente, y bajo los cuales ya me expresé a favor.

Primero.- Exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus atribuciones, promueva ante la ONU la elaboración de una convención amplia e integral que establezca medidas y principios en materia de protección de los derechos humanos, la independencia, atención, autorrealización, dignidad y participación de las personas de edad.

Segundo.- Exhortar respetuosamente a los gobiernos federales, estatales y municipales, así como a los gobiernos del Distrito Federal y de sus demarcaciones territoriales, a que fortalezcan sus programas y políticas públicas enfocadas a la promoción, protección, respeto y seguridad de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Tercero.- Exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad firmen los acuerdos de cooperación necesarios con las empresas que presten el servicio de Internet con la finalidad de implementar mecanismos de seguridad que impidan el acceso a los sitios web que contengan, promuevan, difundan o vinculen pornografía infantil.

Cuarto.-Exhortar a la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como a los sistemas DIF estatales y municipales de la frontera norte de nuestro país, a que de manera coordinada fortalezcan las políticas públicas tendientes a proteger y atender a las niñas, niños y adolescentes explotados y utilizados en el tráfico de personas y de drogas de México hacia los Estados Unidos de América.

Quinto.-Exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que remita a esta Soberanía un informe detallado sobre las acciones y campañas que están implementando para proteger a los grupos sociales vulnerables.

Estimadas compañeras y compañeros, esperamos su apoyo en la votación de estos seis dictámenes, repito, de los cuales a cinco me he referido.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Flores Escalera.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, para hablar sobre todos los dictámenes.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Hago uso de esta tribuna para hablar a favor de los dictámenes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que se están poniendo a su consideración.

En primer lugar, de la propuesta para que la Secretaría de Relaciones Exteriores promueva ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la elaboración de una convención amplia e integral que establezca medidas y principios en materia de protección de los derechos humanos, la independencia, atención, autorrealización, dignidad y participación de las personas de edad.

Esto tiene una relevancia fundamental, puesto que nuestro país debe estar a la vanguardia en el impulso de la creación de instrumentos internacionales, y especialmente en el Senado de la República, que tenemos facultades exclusivas en materia de política exterior.

Por otra parte, tenemos una propuesta para exhortar a los tres niveles de gobierno a fortalecer sus programas y políticas públicas enfocadas a la promoción, protección, respeto y seguridad de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Esta propuesta me parece fundamental por la cultura ciudadana que desafortunadamente prevalece en muchos sectores de nuestro país, que tiene serias limitaciones para asistir a las personas con discapacidad, ya sea para entablar una comunicación con ellos, ofrecerles algún servicio o para ayudarles en razón de sus necesidades.

Y este tipo de exclusiones han permeado a buena parte de las autoridades destinadas a operar las políticas públicas de dicho sector.

Asimismo, se presenta la propuesta para que, desde el gobierno federal, se promueva ante la Organización de las Naciones Unidas que el 25 de octubre de cada año se conmemore el Día Mundial de las Personas de Talla Pequeña.

Esta inquietud que, junto con mis compañeras Senadoras, fueron manifestándose en cada una de las reuniones que tuvimos con este grupo tan importante de la sociedad.

Finalmente, presentamos una propuesta para apoyar las políticas para combatir la pornografía infantil que se difunde por Internet, y en este punto quiero ser enfática.

Se calcula que en México operan aproximadamente 1,300 sitios web con algún contenido sexual de niñas, niños o adolescentes, y de acuerdo con el presente dictamen, diariamente se realizan cerca de 116 mil búsquedas sobre este tema. Qué desafortunado, puesto que esto nos coloca a nivel mundial como el país número uno que difunde este tipo de información.

Ahora, además del flagelo de la pobreza y el abuso laboral que padece la población infantil, se suma este devastador problema que indica que nuestros niños son víctimas de redes de pornografía infantil.

Desde el 2007, se han llevado a cabo distintas reformas y acciones con el objetivo de combatir este tipo de delitos; e incluso, en el 2010, se creó una división especializada dentro de la Policía Federal para prevenir este tipo de conductas en Internet.

Sin embargo, el año pasado dicho organismo advirtió sobre el crecimiento de este delito, puesto que los pederastas emplean los foros y redes de estos medios para atraer a sus víctimas. Asimismo, es importante señalar que a nuestro país se le identifica más con el consumo de este material, que con la producción del mismo.

Así podemos ver que se trata de una fuente problemática sobre la que debemos tomar medidas de manera inmediata. Esta propuesta es un pequeño paso, y considero que se debe ir mucho más lejos buscando en todo momento la concentración de los distintos actores de la sociedad para intervenir, efectivamente, sobre el problema y evitar trastocar el sentido de libertad en el Internet.

Concluyo, y solicito su voto a todos mis compañeros en estos cinco dictámenes fundamentales de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, al cual pertenezco, y que son determinantes en el bienestar de estos grupos vulnerables.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Itzel Ríos de la Mora, para referirse al dictamen sobre personas de talla pequeña.

- La C. Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Muchas gracias, señora Presidenta.

Las personas denominadas o llamadas de talla pequeña o talla baja, viven con algún tipo de enanismo, de los cuales existen alrededor de 200. Clínicamente estas personas son diagnosticadas con acondroplasia, un trastorno genético del crecimiento de los huesos que ocurre en 1 de cada 25 mil nacidos vivos.

Es verdad que no pasa a cada minuto, no pasa a diario, pero cuando pasa se convierte en una situación complicada para quien la vive y también para la familia, porque hay quienes tienen que dejar incluso de trabajar para atender a los hijos, para atender a los niños e incluso a los adultos que tienen esta problemática.

Desde infantes su estado de salud presenta complicaciones, como problemas respiratorios que pueden derivar en una muerte de cuna, padecimientos auditivos y trastorno del desarrollo motriz. Es importante señalar que se calcula que en México nace una persona de talla baja o talla pequeña por cada 25 mil personas.

Las personas de talla baja deben de afrontar graves prejuicios y, desafortunadamente, hacia ellos aún existen fuertes grados de discriminación, entre otras barreras que impiden su inclusión plena a la sociedad.

Las personas de talla baja ocupan el décimo lugar entre los grupos que más sufren de discriminación.

Yo solamente les pongo un ejemplo, a veces no se les considera como personas con discapacidad porque ven, escuchan, hablan, tocan, tienen todos los sentidos a plenitud, pero hay algo que a veces no consideramos que padecen las personas con talla pequeña, y pongo un ejemplo. Al momento de tomar un camión en una esquina tienen todas su facultades, pero se les complica subir el escalón al subir el camión, al subirse a una silla, que para nosotros es normal, para ellos es una altura complicada para subirla, y en ocasiones al desempeñar un trabajo se les discrimina por no considerarse que tienen las posibilidades en la manera de que su cuerpo alcance; me refiero a subir, bajar, alcanzar cosas, se les discrimina y son objetos en ocasiones de no alcanzar empleos, y también ocasiones de discriminación.

Las diversas acciones discriminatorias han motivado que alrededor del mundo se lleva a cabo una importante tarea para mejorar la calidad de vida de la gente de talla baja y también de sus familias, a través de la creación de una serie de fundaciones y asociaciones con el fin de brindar ayuda a este sector de la población.

Hoy me atrevo a ser su portavoz; y por supuesto también agradezco a la comisión que ha estado atenta, ha estado sensible para que lo que ellos mismos se denominan, que son personas a veces invisibles, porque no se ha volteado específicamente a ver su problema y a considerar que se les tiene que apoyar y que tenemos que hacer conciencia no sólo de que existen, sino que además de que existen, que ocupan de una atención especial para garantizarles los derechos plenos a los que deben de tener derecho.

En este sentido, han emprendido ellos una ardua labor, y hay que reconocérselas, con la finalidad de promover el 25 de octubre de cada año, que se considere como el Día Mundial de las Personas de Talla Pequeña. ¿Qué pasa con esto? Pueden decir, es un tema de ego, es un tema de que quieren nada más las personas pequeñas darse a notar.

Sí, quieren darse a notar pero para que todo mundo sepamos que existen y que puedan gozar de sus derechos plenos y puedan acceder a cosas que tiene el gobierno como apoyos, considerándolos como de discriminación y además visualizándolos que tienen una discapacidad que a veces no se visualiza, y así puedan ellos alcanzar una vida con calidad, y una vida plena, no sólo para ellos, insisto, también para las familias, porque la problemática no es para ellos nada más, sino también que incide en su alrededor.

Por ello, como sociedad y, sobre todo, como legisladores debemos propiciar un ambiente fuera de hostilidades hacia las personas de talla baja o talla pequeña, dejando a un lado todo tipo de situaciones que les provoquen discriminación y afecten fuertemente su autoestima.

Es de suma importancia adherirnos al trabajo que todos ellos hacen todos los días, para conscientizarlos y que además lo hacen ellos con la intención, esta petición, de que se les tome en cuenta y que no tengan desventajas por su situación física.

No podemos postergarlo, es momento de encontrar ya los espacios y los tiempos para promover el pleno goce de los derechos de la gente de talla pequeña o talla baja.

Es por lo anteriormente comentado que a nombre de la comisión, también a nombre de mi grupo parlamentario, y de verdad, vuelvo a enfatizar el apoyo de la comisión y de quienes han venido trabajando, independientemente de que estén en la comisión o no, siempre sensibles al apoyo de las personas con algún tipo de discapacidad, pretendemos que este dictamen llegue a su conciencia, a sus corazones y lo voten a favor de estas personas que no hacen más que reclamar un derecho el cual, por supuesto, lo tienen, y que buscan incrementar su calidad de vida.

Esto busca exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el ámbito de sus atribuciones, pueda promover ante la Organización de las Naciones Unidas, ante la ONU, que el 25 de octubre de cada año se pueda conmemorar el Día Mundial de las Personas de Talla Baja o Talla Pequeña.

Apelo a su consideración, ojalá esto pueda ser posible, vuelvo a insistir, no es un tema de ego, es un tema de concientización para poder hacer a estas personitas que parecen invisibles a veces en la sociedad, hacerlas visibles, que gocen de sus derechos y que nos demos cuenta que sí ven, escuchan, tocan, tienen sus sentidos sin ninguna complicación, pero su talla les prohíbe a veces o les impide poder gozar de todas las garantías, entre ellas el de no tener una discriminación.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Senadora Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Ríos de la Mora.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para referirse a los dictámenes sobre pornografía infantil y el relativo al tráfico de personas.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señora Presidenta, con su venia. Señoras y señores Senadores:

Es importante aprobar los puntos de Acuerdo que nos está presentando la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, creo que son muy pertinentes cada uno de ellos y por supuesto me parece muy meritorio destacar cuando menos dos de ellos.

Es el que tiene que ver con que haya mecanismos eficientes para impedir el acceso de cualquier usuario a sitios que contengan pornografía infantil.

En primer lugar tenemos que refrendar en el Senado de la República que hicimos un gran trabajo en comisiones para reformar la ley contra la trata de personas, la misma que está esperando sea aprobada por la Cámara de Diputados, donde se establece que la pornografía infantil es una forma de trata de personas.

No hay necesidad de que se tengan que atender en la búsqueda de comisión de delitos los medios omisivos que están inscritos en la ley tengan que verificarse en el caso de la persecución de la pornografía infantil junto con otras formas de trata.

La protección que logramos a las personas menores de 18 años de edad es muy importante.

De tal manera que solicitarle a la Secretaría de Gobernación que verifique, como ya lo están haciendo otros países en el mundo, que las páginas de Internet, los servidores, tengan los controles para detectar cuando se suben páginas que contienen fotografías de pornografía infantil, ciertamente tiene que ser tomado en consideración para que asuman una responsabilidad. Y en ese sentido aunque el punto de Acuerdo establece que sea a través de la Comisión Nacional de Seguridad, por supuesto que tenemos que refrendar que en lo concreto a las distintas instancias del Ejecutivo Federal, particularmente a la que tiene que ver con la verificación de los medios de Internet, es justamente la atribución que tiene la Secretaría de Gobernación.

Ahora bien, ese punto va a ser uno de los asuntos que se están discutiendo en la Ley de Telecomunicaciones; por lo tanto, tendremos que garantizar que haya posibilidades de que los trabajos garanticen de manera puntual esta reforma, de tal manera que no quede en la voluntad política sino como un precepto de ley el que se firmen estos acuerdos de cooperación para que las empresas que prestan servicios de Internet, ciertamente puedan implementar los controles que garanticen que no se suban páginas web con contenidos de pornografía infantil; o bien, también posteriormente, decidirlo con puntualidad, que se castiguen este tipo de delitos como delitos graves.

El otro punto de Acuerdo que se está poniendo también a consideración en el marco de estos seis, tiene que ver con que se tomen medidas urgentes para que la Procuraduría General de la República pueda remitir un informe sobre las acciones que esté implementando la frontera norte de nuestro país, en relación a la explotación y utilización de niñas, niños y adolescentes en el tráfico de personas y de drogas hacia los Estados Unidos.

Más allá de que me causa alguna duda respecto de su participación en el asunto de tráfico de personas, ciertamente, yo creo que más bien son víctimas de la trata de personas, los niños y las niñas, y en todo caso, respecto al tráfico de personas pues no tienen ninguna posibilidad de llamarles la atención por ser personas menores de edad, pero creo que es muy importante que nos puedan informar, qué es lo que están haciendo, porque finalmente aquí se ha expresado por parte de Senadoras y Senadores promoventes de este punto de Acuerdo, que se cuente, en el Senado de la República con toda la información.

Asimismo, el exhorto que se hace al Sistema Nacional DIF para que de manera coordinada establezca las políticas públicas tendientes a proteger y a atender a niñas, niños y adolescentes que sean utilizados en el tráfico de personas y de drogas de México hacia los Estados Unidos de Norteamérica.

Yo creo que es un paso de muchos que se tienen que dar, y yo creo que hay que aprobar estos puntos de Acuerdo que presenta hoy a discusión la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, insisto, siempre tomando en consideración de que hay que garantizar en los preceptos que garanticen la persecución de quienes se ven involucrados en comisiones de delitos, puedan ser llevados ante la justicia y, sobre todo, se evite que sigan usando a quienes son personas menores de edad en este tipo de ilícitos, justamente por su situación de vulnerabilidad y por su situación de riesgo.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora de la Peña Gómez.

Comunico a ustedes que esta Mesa Directiva ha recibido los posicionamientos del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, mismos que serán insertados en el Diario de los Debates.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para referirse a los dictámenes sobre personas de talla pequeña y el relativo a tráficos de personas.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señora Presidenta.

Solamente hablaré del dictamen que tiene que ver con el Día Mundial de las Personas de Talla Pequeña.

Primero quisiera recordar al actor estadounidense, conocido como “Billy Barty”, uno de los mayores impulsores para el reconocimiento de los derechos de las personas de talla pequeña, que dijo que la gente de talla pequeña somos personas con todas las esperanzas, sueños, pasiones y defectos de los demás.

En este sentido, hoy las legisladoras y los legisladores estaríamos exhortando también al Ejecutivo Federal a tomar un papel mucho más proactivo a nivel internacional con el objeto de dignificar a una parte de la población que durante décadas ha sido humillada, olvidada y discriminada.

Es prioritario también sensibilizar a la población en general, ya que las personas de talla pequeña no sólo pueden desempeñar actividades de entretenimiento en la sociedad, sino que son hombres y mujeres tan normales como nosotros, con la capacidad intelectual suficiente para poder cursar una licenciatura, para poder estudiar sin ningún problema o, en su caso, poder realizar también la actividad que más les agrade.

Las personas de talla pequeña se enfrentan a un mundo con grandes retos día a día, actividades que para muchos de nosotros son muy normales, como el abordar un microbús, el subir el Metro, el subir las escaleras, entrar a un edificio público, llegar a una escuela, desempeñar algún trabajo, acudir a un cajero automático, manejar un automóvil, poder tomar un teléfono público, para ellos muchas de estas actividades son todavía una verdadera odisea; por lo tanto, es que considero que el día de hoy, es muy atinado por parte del Senado de la República, que podamos impulsar desde esta representación ante la Organización de Naciones Unidas la instalación de un día internacional que alrededor del mundo seguramente generarán diversos espacios para que la sociedad internacional sea sensible a las necesidades de las personas de talla pequeña.

Algunos piensan que no es una discapacidad como tal, otros solamente creen que es un problema de estatura, sin embargo, no se toma en cuenta que muchos tipos de displasias, de las cuales hay más de 250, provocan de forma paulatina discapacidades que dificultan la movilidad de las personas de talla pequeña.

Yo espero que tal y como estamos hoy por aprobar este punto de Acuerdo, hagamos todo lo necesario para poder modificar legislación, hacer también exhortos a las autoridades competentes con la finalidad de que nuestras ciudades, el país entero, puedan ser equipadas con los mecanismos adecuados de accesibilidad a todos los ciudadanos.

No podemos seguir relegando a los más de 11 mil mexicanos de talla pequeña por su condición y condenarlos a vivir en una ciudad ajena a ellos, así como a sus necesidades. Es por ello que respaldo este dictamen.

Y, además, también me gustaría recordar a Javier Estrada, uno de los fundadores de la Organización de Talla Pequeña, desde hace muchos años, que ayudó de manera incansable a que muchos de estos amigos de talla pequeña se atrevieran a salir de sus casas, porque además es una discapacidad muy dolorosa, y muchas de las familias mexicanas optan por dejarlos encerrados en casa porque las burlas en las calles y la poca sensibilidad que tiene la población en general hacia este sector de la población, es muy triste. Yo espero que con estos puntos de Acuerdo, estos exhortos, la legislación que se haga al respecto y todas las medidas de accesibilidad que se realicen en las diferentes ciudades, espero que sirvan para sensibilizar a todos y que poco a poco los ciudadanos empiecen a verlos como personas normales, porque, insisto, es una discapacidad muy dolorosa.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Informo a la Asamblea que se ha recibido, y será insertado en el Diario de los Debates, el posicionamiento del Senador David Monreal Avila, sobre la protección de los sectores sociales desprotegidos.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Jorge Carlos Hurtado Valdés, como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO COMO SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el dictamen. Se le concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, para presentar el dictamen a nombre de la comisión.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señora Presidenta; miembros de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a nombre de la Comisión de Seguridad Pública, que me honro en presidir, a argumentar a favor del dictamen de esta comisión, por el que hemos decidido ratificar el nombramiento de Jorge Carlos Hurtado Valdés como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación de nuestro país.

Con fecha 28 de abril del año 2014, el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación remitió al Presidente del Senado de la República el nombramiento que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, hiciera al ciudadano Jorge Carlos Hurtado Valdés, para ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de someter a consideración de esta Soberanía su ratificación, con fundamento en el último párrafo del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que confiere al titular del Poder Ejecutivo la facultad para nombrar al Secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la ratificación del Senado.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por la sección tercera, capítulo segundo, título octavo, en el numeral tres del artículo 239 del Reglamento del Senado, así como en el acuerdo de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, aprobado en reunión extraordinaria celebrada el 29 de abril de 2014, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen.

Hemos discutido y platicado sobre la importancia que tiene el tema de la seguridad pública en nuestro país y resulta absolutamente indispensable que el día de hoy logremos una vez más demostrarle al Ejecutivo Federal la voluntad del Senado de la República para coadyuvar en la materia con el Presidente de México.

Tengo que hacer, si ustedes me lo permiten, un justo reconocimiento a las distintas fracciones parlamentarias aquí representadas, porque gracias a su voluntad política, gracias a su trabajo y, efectivamente, gracias a que no solamente no se le ha escatimado al señor Presidente de la República el apoyo en esta materia, hoy dan cuenta de ese gran respaldo que tiene el Presidente de México desde el Senado para enfrentar el fenómeno de la violencia y de la delincuencia.

Ha sido el consenso de todas las fuerzas políticas, el que nos ha permitido hoy llegar a ese resultado en un dictamen que ratifica la voluntad del Presidente para quien deba ser el responsable del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Pero he de traer a cuentas a esta tribuna que no es la primera vez, cada que se ha suscitado este acto de temperamento entre los dos Poderes en los que se tiene que decidir sobre un nombramiento que coadyuve en el tema de la seguridad y la ratificación del Senado, el Presidente de la República ha contado con la voluntad y el apoyo de todos ustedes.

Debo de hacer un justo reconocimiento al Senador Emilio Gamboa, al Senador Gerónimo Barbosa, al Senador Luis Preciado, al Senador Manuel Bartlett, al Senador Jorge Emilio González porque gracias a ese acuerdo de voluntades hoy le decimos al Ejecutivo Federal sí a la ratificación del nombramiento de Jorge Carlos Hurtado.

Jorge Carlos Hurtado ha cubierto absolutamente todos los requisitos y consideraciones que se requieren para recibir este alto nombramiento del Presidente de la República.

De conformidad con lo dispuesto en la sección tercera, capítulo segundo, título octavo del numeral 3 del artículo 239 del Reglamento del Senado, esta comisión resulta competente para haber dictaminado la ratificación del nombramiento.

A juicio de los miembros de la comisión dictaminadora, Jorge Carlos Hurtado Valdés, cuenta con el perfil y la experiencia requeridos para desempeñar el cargo de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en virtud de su trayectoria y de contar con la formación académica y el perfil idóneo para realizar las funciones inherentes al mismo.

Jorge Carlos Hurtado cuenta con amplia experiencia en el servicio público y con una sólida formación académica.

Cuenta con las carreras de Licenciado en Ciencias Políticas de Administración Pública por la Universidad Autónoma de Campeche; es Contador Público por la Universidad La Salle de la ciudad de México y es posgraduado de la Universidad de su natal estado de Campeche.

Cuenta con un amplio trayecto en el servicio público en su natal Campeche y en la Federación.

Sin embargo, sólo traigo uno de sus últimos cargos a la memoria de ustedes, Jorge Carlos ha sido gobernador constitucional del estado de Campeche.

Habiéndose así cubierto todos los requisitos que la ley nos señala para otorgar este nombramiento, que quiero recordarlas en esta tribuna, hay que ser ciudadano mexicano por nacimiento sin ostentar ninguna otra nacionalidad; estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; tener la edad requerida de más de 30 años; contar con un título profesional debidamente registrado del nivel de licenciatura; ser un servidor público que cuente con capacidad reconocida y probidad, así como contar con cinco años de experiencia y no haber sido, además, sentenciado por delitos dolosos o inhabilitado como servidor público.

Con el objeto de realizar un examen valorativo sobre su idoneidad, así como su capacidad técnica, experiencia profesional y, desde luego, conocimiento en la materia, se citó para el día de hoy en reunión extraordinaria a comparecer ante la Comisión de Seguridad Pública, y así mismo, dicha reunión tuvo la finalidad de atender las garantías de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales y 242 y 255 del Reglamento del Senado de la República.

Una vez concluida la comparecencia del funcionario en cuestión, los integrantes de la comisión, reunidos en pleno, deliberamos a favor de proponer ante el Pleno de este Senado de la República la ratificación por unanimidad del nombramiento que hiciera el titular del Poder Ejecutivo al ciudadano Jorge Carlos Hurtado Valdés.

Por lo anteriormente expuesto y fundando de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento del Senado, así como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y todos los ordenamientos, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública queremos someter esta tarde a su consideración el siguiente Acuerdo:

“Unico. Se ratifica el nombramiento de Jorge Carlos Hurtado Valdés, para ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que hiciera el titular del Ejecutivo Federal, de acuerdo con la ley”.

Y finalmente, quiero referirles que, en lo personal, la gran mayoría de los miembros de la Comisión de Seguridad Pública, coincidimos en que Jorge Carlos es un hombre que ha demostrado con creces su honestidad en los cargos públicos que ha ocupado, su humildad para atender los asuntos de las oficinas por las que ha transitado, su tolerancia y además que consideramos que es un hombre recto en toda la expresión de la palabra, alguien que puede, sin duda, servir a México desde una importante trinchera como es el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La seguridad seguirá siendo una prioridad para el Senado de la República; la seguridad seguirá siendo un imperativo categórico para promover que aquí se logren los acuerdos necesarios, y con esto le decimos al pueblo de México que estamos trabajando siempre por el bien de la nación, que hay temas que requieren de una amplia discusión política como los que ustedes conocen y que hoy están tratándose aquí, pero que hay otros temas como estos que no se politizan y que, al contrario, logran la unidad de todos para sacarlos adelante por el bien de México, de sus instituciones y por el bien de sus ciudadanos.

Espero que le brinden todos y cada uno en el Pleno, como lo hicimos en la comisión, su voto favorable a esta propuesta del Ejecutivo Federal.

Por su atención, muchísimas gracias, compañeras y compañeros.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Fayad Meneses.

Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos a favor y 2 abstenciones.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Jorge Carlos Hurtado Valdez, como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Jorge Carlos Hurtado Valdez, por lo que solicito a los Senadores: Ivonne Liliana Alvarez García, Fernando Yunes Márquez, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Carlos Alberto Puente Salas y Ana Gabriela Guevara Espinoza, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Les pido ponerse de pie.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Su atención, por favor.

Ciudadano Jorge Carlos Hurtado Valdez, ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

- El C. Jorge Carlos Hurtado Valdez: ¡Si, protesto!

- El C. Presidente Cervantes Andrade: ¡Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande!

¡Felicidades, Secretario!

(Aplausos)

Le desea el Senado éxito en su encargo, y le pido a la comisión designada acompañe al señor Hurtado Valdez cuando desee retirarse del salón.

Senadores y Senadoras: Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Luis Javier Campuzano Piña, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Noruega.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






RATIFICACION DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMATICOS

(Dictámenes a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Está a discusión el dictamen.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores.

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea, dos dictámenes por los que se aprueban los nombramientos de los ciudadanos Luis Javier Campuzano Piña y Agustín Gasca Pliego, como Embajadores en el Reino de Noruega y en el Reino de Suecia, respectivamente.

Las relaciones políticas de México con Noruega se han caracterizado por coincidencias en temas de política exterior, como el desarme nuclear y el control de armamentos; el desarme y control de armas convencionales; y la adopción del Tratado sobre el Comercio de Armas, que ratificamos en este Senado hace unos meses, ya ambas naciones colaboraron estrechamente para impulsar esta adopción.

A partir del año 2001, el intercambio comercial entre México y Noruega se ha incrementado un 5.7 por ciento en promedio anual, pasando de 118.8 millones de dólares, en el año 2000, a 231.5 millones en el 2013.

Y al cierre de 2013, Noruega fue el segundo socio comercial de México, entre los países de la Asociación Europea de Libre Comercio.

Por su parte, Suecia es un país altamente desarrollado que ofrece un alto nivel de vida a sus ciudadanos, y es importante señalar que actualmente hay más de 100 empresas suecas en México, manufacturando, desarrollando y comercializando sus productos y servicios.

Y con la entrada en vigor del Tratado Libre de Comercio de la Unión Europea y México, el comercio bilateral aumentó considerablemente.

Respecto a los países donde tiene concurrencia la Embajada de Suecia, destaca que las relaciones bilaterales de México con Letonia, se sostiene el apoyo político que se conceden en diversos foros multilaterales, como el apoyo que otorgó el gobierno mexicano para la adhesión de este país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Cabe señalar que en el caso de Letonia, será además una relación estratégica, ya que el próximo año Letonia presidirá la Unión Europea, donde estamos nosotros pre-negociando nuestro acuerdo.

Y respecto a las relaciones comerciales de México y Lituania, es importante señalar que aunque aún son incipientes, hay una tendencia muy favorable en los últimos años.

Conscientes de los retos y las oportunidades que tienen nuestras representaciones diplomáticas en Suecia y Noruega, y después de haber atendido la comparecencia a los ciudadanos Luis Javier Campuzano Piña y Agustín Gasca Pliego, los integrantes de las comisiones dictaminadoras juzgamos oportuno los nombramientos hechos por el Ejecutivo Federal, pues después de analizar exhaustivamente su trayectoria y sus perfiles, estamos ciertos que harán un destacado papel en beneficio de nuestro país.

Nuestros representantes en estos países tendrán la encomienda de elevar al más alto nivel las relaciones diplomáticas, de promover nuestros destinos, de difundir la oferta turística y cultural de nuestro México y también de profundizar nuestras relaciones comerciales.

Damos nuestro voto de confianza a los nuevos Embajadores, con la esperanza que estrechen nuestros vínculos a pesar de la distancia geográfica y la aparente lejanía cultura, para que fortalezcan la presencia de México, y dediquen toda su capacidad y conocimientos para el bien de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuevas Barrón.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Rabindranath Salazar Solorio, para presentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy ponemos a su consideración dos nombramientos diplomáticos hechos por el Ejecutivo Federal.

El primero de ellos corresponde al ciudadano Luis Javier Campuzano Piña, propuesto como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino de Noruega.

Quisiera resaltar que las relaciones diplomáticas entre México y el Reino de Noruega se remontan a 1906, y desde entonces, ambos países hemos mantenido una relación de amistad y respeto.

En los últimos años se han estrechado los lazos, tanto en el ámbito bilateral como multilateral.

Muestra de ello, son las posiciones compartidas en distintos foros internacionales sobre política de medio ambiente, desarme y defensa de los derechos humanos; las visitas mutuas de Jefe de Estado y representantes gubernamentales, así como un creciente intercambio comercial desde la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio y México, suscrito en el año 2000.

Han sido de forma similar, un interés existente en México por conocer el modelo noruego, de gestión del petróleo, que ha contribuido a la causa, como todos ustedes en fechas muy recientes, sobre todo en la experiencia tecnológica que representa la exploración en aguas profundas.

De igual manera, dictaminamos en comisiones unidas el nombramiento del ciudadano Agustín Gasca Pliego, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en el Reino de Suecia, concurrente ante la República de Letonia y Lituania.

Para México, Suecia tiene una importancia estratégica dada su pertinencia a la Unión Europea, donde ha sido un importante aliado en las negociaciones en el aspecto comercial.

Cabe recordar que el Parlamento Sueco fue el segundo en ratificar el Acuerdo México-Unión Europea, firmado el 8 de diciembre de 1997.

Asimismo, Suecia apoyó decididamente el interés mexicano de establecer una alianza estratégica con la Unión Europea.

Además, Letonia, como se ha mencionado ya el día de hoy, presidirá el Consejo de la Unión Europea de enero a junio del año 2014, por lo que el Embajador Gasca Pliego desempeñará una función de suma importancia como vínculo entre nuestro país y la Unión Europea, situación que deseo sea aprovechada de manera estratégica para impulsar y enriquecer las negociaciones para la actualización y modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea.

Hago votos para que los nombramientos de los ciudadanos Luis Javier Campuzano Piña y Agustín Gasca Pliego, favorezcan el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre nuestro país y el Reino de Noruega y de Suecia, respectivamente, en los ámbitos económico, político, social y cultural.

Después de haber analizado detenidamente los perfiles profesionales y la experiencia de ambos ciudadanos, así como la presentación de su plan de trabajo para el encargo al que han sido propuestos, los integrantes de las comisiones dictaminadoras consideramos que cumplen con el perfil requerido para desempeñarse como representantes diplomáticos de nuestro país en el exterior.

Debo destacar que en la pasada comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores, pusimos énfasis en la importancia que representaba para nuestro país, el que tuviéramos un representante diplomático en el Reino de Noruega. Dicha situación ha sido tomada en cuenta, lo cual es digno de reconocerse.

Quiero agradecer, también, sinceramente, el trabajo dedicado y el esfuerzo realizado por mis compañeros integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa; y por supuesto por la compañera Gabriela Cuevas, como siempre, al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y los integrantes de su comisión.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Salazar Solorio.

Por no haber más oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 84 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Luis Javier Campuzano Piña, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Noruega. Comuníquese.

Se convocará al Embajador Luis Javier Campuzano para que rinda su protesta ante este Pleno en sesión posterior.

Honorable Asamblea:

Les informo que recibimos otro dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Europa, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Agustín Gasca Pliego, como Embajador de México en el Reino de Suecia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Letonia y Lituania.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. En virtud de que no hay oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del Acuerdo.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 89 votos en favor y cero en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Agustín Gasca Pliego, como Embajador de los Estados Unidos Mexicanos en el Reino de Suecia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República de Letonia y Lituania. Comuníquese.

Se convocará al Embajador Gasca Pliego para que rinda su protesta ante este Pleno en sesión posterior.

Informo a ustedes que las demás iniciativas inscritas en la agenda de hoy se turnarán a las comisiones respectivas. Los Senadores que deseen mantener inscrita su proposición sólo deben hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

(Presentada por la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

“La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUEREFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la exposición de motivos que fundamentaba la reforma financiera, se reconocía que el sector financiero es una de las áreas de particular relevancia para el país, debido a que su fortaleza y estabilidad actúan como uno de los principales motores para el crecimiento económico. En este sentido, la reforma financiera se enfocó fundamentalmente a otorgar una mayor fortaleza y estabilidad al sector financiero.

En este sentido, dentro de la exposición de motivos de la citada reforma no se apreció un diagnóstico integral sobre la problemática del sector financiero, que permitiera identificar de manera amplia y profunda las fortalezas y debilidades del sector financiero que opera en nuestro país. Es más, dicho diagnóstico se postergó seis meses a partir de la entrada en vigor de la reforma en comento, esto es, se realizó un cambio legal sin diagnóstico previo.

Para el gobierno, cuando se presentó el documento, las fortalezas se circunscribían a los indicadores de riesgo-rendimiento del sector financiero, en el que se destacaba de manera especial la existencia de sólidos índices de capitalización del sistema bancario que opera en México; índices que rondan en promedio el 15%, lo que revela un nivel superior a los indicadores de capitalización bancaria que se registran en el ámbito internacional. Consideramos que el gobierno da una interpretación errónea de esta fortaleza. El gobierno fundamentó su interpretación en el hecho de que el sistema bancario que opera en México salió relativamente indemne de la crisis financiera internacional de 2007, y que ello indica una gestión financiera prudente de los bancos, y sobre todo indica la existencia de una alta calidad del marco regulatorio prevaleciente.

Sin embargo, la exposición de motivos que fundamentó el decreto en comento, ignoró indicadores relevantes del desempeño del sistema financiero y bancario que opera en México, que examinados atentamente revelarían una gran fragilidad del sistema. Se pasó por alto el indicador que mide el grado de inclusión de los servicios financieros a la población, que bajo estándares internacionales es muy reducida en nuestro país; pasó por alto también (sólo lo tocó de pasada) las profundas implicaciones negativas de la existencia de un elevado grado de concentración de mercado en cada uno de los segmentos de negocios del sistema financiero que opera en México.

Nuestra posición plantea que el sistema financiero (y particularmente el bancario) de México es sano financieramente, debido a que su tamaño es pequeño; la clase empresarial financiera no asume riesgos porque considera que en México hay una demanda efectiva sustancialmente por debajo de la demanda potencial acorde con el tamaño de la población del país. De lo anterior se concluye, que es claramente insuficiente baja la canalización de recursos crediticios a la economía productiva. La oferta de crédito en México representa 26% del PIB, porcentaje que se reduce al 17% si sólo se toma en cuenta la intermediación crediticia del sistema bancario. En los países avanzados esos porcentajes por lo menos se quintuplican. Con la reforma financiera de 2013 se ha señalado que este porcentaje se elevaría a 52% del PIB, con un incremento permanente de 0.5 % en la tasa de crecimiento del PIB potencial1.

En suma, el sistema financiero que opera en México es sano financieramente, más no es eficiente para apoyar las necesidades de una economía productiva dinámica. Es un sistema muy concentrado, que presta poco y a pocas empresas (la concentración de la cartera crediticia a las empresas corporativas es alarmante) por lo que el crédito llega muy poco a las pequeñas empresas. Es un sistema financiero, altamente rentable, pero con servicios caros para la población; es un sistema financiero innovador, pero sus productos y servicios financieros son de escaso valor agregado desde el punto de vista macroeconómico. Es un sistema sólido para enfrentar contingencias financieras, pero es sumamente inequitativo. Ha obtenido ganancias consistentes en los últimos doce años, pero se trata de ganancias asimétricas que provienen de la expoliación a los depositantes y clientes con patrimonios pequeños del país, en el que se subsidia con las ganancias extraídas a los depositantes y clientes con patrimonios elevados.

Cuando se analizó el texto de la Reforma Financiera que lamentablemente se aprobó en sus términos en este Senado, se apreció la existencia de ambigüedades peligrosas, derivadas de que no había un soporte explícito de una reforma estructural de política pública robusta de expansión del mercado interno, una reforma necesaria que frene las aristas excesivas del modelo exportador vigente basado en la maquila, es decir en un modelo que hace crecer a las exportaciones pero aun ritmo más bajo que el de las importaciones.Al no presentar el gobierno una política consistente de expansión del mercado doméstico, que atenuara los excesos del modelo importador vigente (basado en una sobrevaluación cambiaria recurrente) se corría con el riesgo que las reformas financieras propuestas tuvieran impactos marginales y no sustantivos como claramente se ha observado desde la aprobación de las mismas.

El gobierno enfatizó la fortaleza del sistema financiero desde una visión financista estrecha y no bajo el concepto de un sistema financiero, con instituciones sólidas pero con elevada responsabilidad social y eficaces para ser parte de un desarrollo económico sostenido. Como se mencionó anteriormente, la interpretación del gobierno de la fortaleza del sistema, se finca en razones financieras en los elevados índices de capitalización del sistema bancario que opera en México, y que excluye para evaluaresa fortaleza la existencia de otros indicadores de alta relevancia como son: el grado de inclusión de la población a los servicios financieros; la magnitud de la profundización del sistema financiero y bancario de México (en un comparativo internacional) insuficiente para canalizar recursos al sector productivo privado y social; y es baja la eficiencia competitiva con que el sistema hace llegar los servicios financieros a la población.

Dentro de lo anterior, resalta el tan alarmante caso del fraude perpetrado por la empresa Oceanografía S.A de C.V. a Pemex y Banamex-City Group por más de 400 millones de dólares, lo cual, en palabras del Secretario de Hacienda y Crédito Público, constituye un llamado de atención para definir mejores controles en el sistema bancario mexicano, el cual es un caso aislado en el sector bancario, aunque constituye un llamado de atención para hacer mejor las cosas2. Cabe señalar que el supuesto caso aislado, como se ha denominado, no puede sostenerse sin realizar un análisis profundo de todo el sistema bancario nacional, además de que lo anterior vulnera lo que supuestamente iba a evitar la Reforma Financiera, con lo cual queda de manifiesto que la citada reforma no cumple del todo con las necesidades reales de México.

Es necesario cambiar de fondo las reglas en las que se desarrollan los poderosos intereses que dominan el sector financiero del país y que al igual que en otras regiones utiliza todo su poder para mantener las condiciones que le sean más rentables. La reforma financiera propuesta por Peña Nieto en mayo de 2013 desperdició la oportunidad ideal de reducir este poder, no sólo imponiendo mayores controles, sino impulsando también el desarrollo del país. La Reforma del Gobierno Federal reforzó el debilitamiento del Estado mexicano frente al poder de los bancos y demás instituciones financieras internacionales, en detrimento de la sociedad.

Por ello se retoman varias de las propuestas que el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado presentó en el marco de la reforma financiera impulsada por el Gobierno Federal, propuestas que son oportunas para mejorar los mecanismos de control y supervisión hacia las instituciones bancarias y la rendición de cuentas que deben ofrecer los funcionarios públicos que las regulan. Evitar casos como los de Oceanografía con Banamex supone tener en la ley los incentivos correctos para evitar malas prácticas en el sistema financiero y entre funcionarios públicos que lleven a prevenir riesgos sistémicos y crisis financieras en el país.

En materia de transparencia es necesario mejorar los mecanismos para garantizar que la información sea divulgada oportunamente y se eviten circunstancias de manejo de información estratégica. Por su parte, en lo relativo a la rendición de cuentas se propone crear un sistema de fiscalización en tiempo real similar al existente en Estados Unidos, en donde existe un fiscalizador de la aplicación de los fondos del rescate financiero, quien tiene amplias atribuciones fiscalizadoras y es diferente del Organo de Fiscalización Superior. Asimismo, se propone incorporar la regulación y supervisión financiera por productos, bajo la cual se vigila el producto financiero independientemente de la institución que lo ofrezca. La regulación por productos cierra lagunas regulatorias, por donde los emisores de crédito pueden escabullirse y en la práctica lo hace. La regulación consolidada se realiza de tal forma que todas las operaciones del grupo financiero, de las filiales, y de las operaciones entre distintas instituciones financieras sean supervisadas de manera integral. Una regulación y supervisión financiera sólida y moderna tiene que ser consolidada y por productos, lo cual empieza a vislumbrarse pero requiere un sistema más eficaz.

Contenido de la Iniciativa

1. Incentivar el crédito.

La baja intermediación crediticia de los bancos a la economía productiva ha causado un daño irreparable a la sociedad, al contribuir a paralizar el crecimiento económico. Es prioritario salir de esta postración económica a que contribuye la baja canalización de créditos al sector productivo.

Las autoridades financieras pueden ser más activas y productivas para inducir con efectividad una mayor canalización de créditos bancarios a la economía real, tienen los instrumentos de control apropiados, por ejemplo, pueden incrementar los costos de capital del crédito al consumo, y reducir los costos de capital de los bancos de créditos. En este sentido, se propone crear, el Deposito de Incentivo Crediticio que aplica negativamente a los bancos que no presten de acuerdo a un programa de crédito que establezca la SHCP orientado a incrementar la participación del crédito sobre el PIB de un 19% de la banca a más del 25%, lo cual es un mecanismo sencillo, flexible y poderoso que es congruente con el artículo 28 de la Ley Orgánica de BANXICO que establece lo siguiente:

ARTICULO 28.- El Banco de México estará facultado para determinar la parte de los pasivos de las instituciones de crédito, que deberá estar invertida en depósitos de efectivo en el propio Banco, con o sin causa de intereses, en valores de amplio mercado o en ambos tipos de inversiones.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, también será aplicable a los fideicomisos, mandatos o comisiones, excepto a los constituidos por el Gobierno Federal, mediante los cuales instituciones fiduciarias capten recursos del público, o bien, reciban fondos destinados al otorgamiento de créditos o a la inversión en valores.

Las inversiones obligatorias referidas en los párrafos primero y segundo de este artículo no podrán exceder, respectivamente, del veinte y del cincuenta por ciento de los pasivos o fondos correspondientes.

El Banco podrá también determinar que hasta el cien por ciento del importe de los recursos captados por las instituciones de crédito con fines específicos o de conformidad con regímenes especiales previstos en ley, se mantenga invertido en determinados renglones de activo consecuentes con tales fines o regímenes especiales previstos en la Ley se mantenga invertido en determinados renglones de activo consecuentes con tales fines o regímenes.

En este sentido, se deben instrumentar mecanismos poderosos para garantizar un mayor flujo crediticio al sector privado no financiero, por lo cual se propone utilizar un mecanismo similar utilizado por Banco de México para operar la regulación de los depósitos de regulación monetaria. Lo anterior propiciará utilizar incentivos regulatorios sencillos, transparentes y poderosos para incentivar el crédito bancario al sector productivo; establecer compromisos firmes y claros cuantitativos del gobierno en materia de otorgamiento crediticio a niveles internacionales, en su calidad de regulador constitucional del crédito y potenciar el crecimientoeconómico, con el auxilio de la banca privada.

2. Transparencia, Rendición de Cuentas Y Sanciones

El tratamiento de rendición de cuentas con el que se cuenta es insuficiente. En primer lugar, mantiene cierta opacidad informativa sobre las operaciones bancarias. Cabe señalar que bajo estándares internacionales esa información debe llegar de manera transparente al público inversionista y debe estar en pleno conocimiento del Congreso. En este sentido se ha omitido la reiterada invocación de muchos especialistas y ex reguladores para que los bancos coticen sus acciones en la Bolsa de Valores de México. Esta omisión es muy relevante por lo siguiente. Cuando los bancos cotizan sus títulos accionarios en los mercados públicos de valores los bancos se ven forzados a revelar información significativamente útil para los inversionistas (y depositantes bancarios) que son meticulosos con sus decisiones de inversión, y están mejor informados.

Es de llamar la atención, que debido a la información aportada por las empresas cotizantes en bolsa, se han revelado algunos aspectos importantesde operaciones riesgosas que afectan a las instituciones bancarias y que en su ausencia quedarían ocultas más tiempo con probables daños cuantiosos al sistema financiero.Podemos citar varias experiencias sobre el particular. Tenemos, por ejemplo, de la información sobre condonación fiscal que el SAT otorgó a Televisa en el 2013 por una cantidad que ronda los 3,000 millones de pesos se conoció por la información que este medio tuvo que hacer llegar a la Bolsa de Valores de México.

En segundo lugar, no existe un marco normativo que reglamente que los encargados de la regulación financiera asuman las consecuencias de ser negligentes o tolerantes en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales de vigilar, regular y supervisar a los intermediarios financieros, a efecto de garantizar, la estabilidad financiera, la integridad del mercado financiero, y evitar la transferencia de pérdidas bancarias al contribuyente.

Es de llamar la atención, al observar atentamente la reciente experiencia financiera internacional que condujo al abismo al sistema financiero mundial a partir de 2007, que a pesar del evidente fracaso de los reguladores y supervisores financieros de muchos países, principalmente de los que encabezan a las instituciones de regulación financiera con autonomía constitucional no pagaron consecuencia alguna. De hecho, la mayoría de los banqueros centrales, causantes de la crisis no perdieron su cargo como debió haber sido de aplicarse una estricta rendición de cuentas. Por el contrario, muchos de esos funcionarios fueron ratificados indebidamente por los nuevos gobiernos.

Esta actitud de baja rendición de cuentas contribuirá en el futuro a elevar el riesgo moral y la conducta irresponsable de los bancos, a través de operaciones sofisticadas encubiertas. El desafortunado manejo del Portafolio de Créditos Sintéticos de JP Morgan, por citar un ejemplo de ámbito internacional, que propició pérdidas que rondan los 8 mil millones de dólares en 2012, es una consecuencia de la baja rendición de cuentas imperantes en el sector financiero internacional. Cabe señalar, que las pérdidas de JP Morgan en el Portafolio Sintético de Créditos ocurrieron bajo las nuevas reformas en lo que se denomina la era post-crisis3. Asimismo, la baja o deficiente regulación de entrega de créditos en México llevó a Banamex a perder millones de dólares en el caso de Oceanografía, lo cual vuelve a revelar el enorme problema que tiene nuestro país en materia de crédito.

En este sentido, el artículo 27 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito otorga poderes discrecionales a las autoridades financieras del país en relación a las Instituciones Operadas por el IPAB, es decir, a las instituciones en proceso de resolución bancaria (en proceso de venta a otra institución por el IPAB o en proceso de liquidación). En primer término les otorga la facultad de que exceptúen discrecionalmente del cumplimiento de las disposiciones o reglas de carácter general aplicables a las instituciones de banca múltiple. Especialmente en lo relativo a las disposiciones del artículo 50 de la citada Ley, que se refiere a los suplementos de capital, y al capital mínimo que deben tener los bancos sanos. En segundo lugar, les permite que las instituciones bancarias operadas o el IPAB no paguen las cuotas que los bancos pagan al Instituto en conformidad con el artículo 20 de la Ley IPAB que trata sobre las cuotas.

Por lo anterior, esta iniciativa propone que las instituciones de banca múltiple, organizadas y operadas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario se consideren entidades públicas, para así quedar tuteladas jurídicamente por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, al igual que todas las acciones del IPAB (inversiones, créditos) en las instituciones bancarias por el organizadas y operadas, que pueden traducirse en un costo fiscal rindan cuentas.

Asimismo, que se incremente la rendición de cuentas y exista una más oportuna fiscalización superior en las acciones de resoluciones bancarias manejadas por el IPAB en virtud de que pueden generarse daños patrimoniales al erario por rescate bancario o por una ineficiente liquidación bancaria. Esta fiscalización y rendición de cuentas no la puede hacer la ASF por regirse por los principios de posterioridad y anualidad, por lo cual se propone crear la figura de un Inspector de Vigilancia de la Aplicación de Fondos Públicos realizada por el IPAB, con amplias facultades de fiscalización en tiempo real. Esta figura contrasta con la del OIC del IPAB dado que el Inspector de vigilancia es un órgano externo de control, mientras que la OIC del IPAB es un órgano de control interno (el gobierno vigilándose a sí mismo), por lo cual se estima oportuno incluir los anteriores conceptos en el artículo 27 Bis 1.

Lo anterior generará que se recojan las recomendaciones sobre los riesgos de opacidad y falta de rendición de cuentas emitidas por la ASF en sus informes de auditoría practicados a la Cuenta Pública al sector financiero, y aplicar en México la práctica internacional de introducir fiscalización y vigilancia en tiempo real a la aplicación de recursos públicos en rescates financieros.

Por último, con la reforma al artículo 216 se establece la obligación de que el Inspector Especial de Fondos Aplicados para Resoluciones Bancarias presente un informe del proceso de fiscalización de la Liquidación en plazo breve, para incrementar la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de resolución bancaria a cargo del IPAB

3. Riesgo Sistémico, Socialización de Pérdidas y Concentración Bancaria

La práctica internacional en que incurrieron la mayoría de los gobiernos de los países afectados por la crisis, fue la de realizar rescates financieros onerosos, opacos, con escasa rendición de cuentas, fomentando como meritoria la idea de rescatar bancos por la simple necesidad de evitar la existencia de un riesgo sistémico que induzca a una grave recesión económica.

El gobierno no realiza una reflexión más seria de lo que esos rescates onerosos han implicado para minar drásticamente el bienestar de la sociedad, haciendo que la población pague los endeudamientos masivos generados por esos rescates. Este aspecto negativo de la crisis es olímpicamente ignorado por el gobierno mexicano desde hace décadas, puesto que las reformas aprobadas recientemente parecen avalar la idea de favorecer la política de rescates financieros de los grandes bancos.

Con referencia al artículo 29 Bis 6, se propone la creación de la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico con amplio acceso a la información relevante y adscrita al Comité de Estabilidad Bancaria. Como medida preventiva de riesgo sistémico se propone que el Comité de Estabilidad Bancaria cuente con un brazo operativo altamente especializado para dar seguimiento puntual al riesgo sistémico de las instituciones financieras: la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico (OIRS). La idea es que esta Oficina asuma la responsabilidad de establecer medidas preventivas efectivas que eviten la materialización de riesgo sistémico, ante eventuales malas prácticas de reguladores y regulados y a la larga evite rescates financieros onerosos.

Esta Oficina tendrá la encomienda de actuar con responsabilidad y eficacia técnica para que sin afectar el necesario crecimiento de la intermediación crediticia, se vaya cuidando de manera responsable que los grandes bancos en su expansión crediticia no generen riesgo sistémico elevado, y en todo caso se realicen las medidas adecuadas para limitar drásticamente los daños de una crisis financiera, que ordinariamente se traducen en masivos endeudamientos públicos por los recursos aplicados a rescatar a los bancos grandes.

Por lo que respecta al artículo 29 Bis 12, se propone que la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico (OIRS) adscrita al Comité de Estabilidad Bancaria tenga las siguientes atribuciones de carácter preventivo en materia decontrol del riesgo sistémico: a) investigue los mecanismos técnicos apropiados para reducir el tamaño de un banco con elevado riesgo sistémico, para ello investigará la practica internacional y los mecanismos idóneos, mismos que pondrá a consideración del Comité de Estabilidad Bancaria. Diversos autores han señalado que si hay bancos demasiado grandes para quebrar son por ello mismo demasiado grandes para existir b) presente periódicamente los resultados de sus investigaciones al Comité de Estabilidad Bancaria.

Con la reforma planeada al artículo 51 se busca garantizar seguimiento de impacto de operaciones de riesgo sistémico con desestabilización macroeconómica. Para reducir los riesgos de movimientos financieros desestabilizadores por operaciones realizadas entre las partes relacionadas (filial y matriz radicada en el extranjero) y mantener el control de operaciones entre partes relacionadas (filial y matriz) a precios distintos de mercado. En el 2012 se registró entre marzo y julio una tendencia devaluatoria del peso probablemente relacionada con operaciones entre las matrices y las filiales que operan en México, producto de reparto de dividendos. Se observaron operaciones con derivados financieros y productos estructurados entre la matriz y la filial orientadas a enviar recursos de la segunda a la primera, lo que provocó presiones en el mercado cambiario.

Este escenario es el que induce a que se proponga un seguimiento especial de estas operaciones a la CNBV y que informe de ello a la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico, lo cual reducirá los riesgos de movimientos financieros desestabilizadores por operaciones realizadas entre las partes relacionadas (filial y matriz radicada en el extranjero); y combatirá la realización de operaciones entre partes relacionadas (filial y matriz) a precios distintos de mercado.

Asimismo, en el artículo 144, que se refiere a concentración de mercado, se propone una modificación (agregar la fracción III) para que las autoridades de regulación financiera y económica establezcan medidas para reducir la concentración bancaria que implica que 5 bancos detenten el 75% de la concentración de la intermediación bancaria.Cabe señalar, que niveles similares se presentan en cada uno de los segmentos de negocios que integran el sistema financiero que opera en México.

Consideramos que el sistema financiero promueve la desigualdad económica debido a que:

* Extrae rentas oligopólicas exorbitantes en perjuicio del usuario de servicios financieros en una comparativa internacional

* Impone precios de servicios diferenciados en operaciones activas (crédito) y pasivas (depósitos) incluidas las comisiones, e perjuicio de los usuarios con escasos patrimonios y en favor de usuarios con elevados patrimonios.

Por lo anterior se estima que con la adición se tendrán, precios de productos y servicios financieros más baratos; la construcción de un sistema bancario más justo económicamente y se dará impulso al mercado doméstico por la reducción de los costos de los productos y servicios financieros, sobre todo de los usuarios con patrimonios económicos pequeños.

Aunado a lo anterior, se propone modificar el artículo 148 imponiendo un límite de montos de rescate con recursos públicos hasta por el 6% de los pasivos del sistema financiero en conformidad con el artículo 46 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. En este sentido, se propone, además modificar el artículo 158, que trata de las acciones legales corporativas de los accionistas privados incluyendo anuncios sobre esas acciones, en relación a las consecuencias derivadas de los créditos que otorgue el IPAB a los bancos en resolución para reducir la socialización de pérdidas de los grandes bancos que pretende reintroducir el gobierno; establecer un límite cuantitativo de discrecionalidad al Comité de Estabilidad Bancaria y del IPAB para resolver bancos con riesgo sistémico y evitar rescates bancarios onerosos.

Por último, se propone modificar el artículo 162, el cual trata de la recapitalización del banco que puede ser con recursos privados (difícilmente con capital privado) o con recursos del IPAB aportados por el gobierno o en el futuro con los recursos del Fondo de Contingencia propuesto por el IPAB. El caso es que si los recursos no alcanzan para recapitalizar al banco, se imponen costos a los grandes acreedores del banco.

4. Conflictos de Interés

Los conflictos de interés entre reguladores y banqueros en el contexto de la existencia de una gran información asimétrica generan distorsiones en el comportamiento de los agentes que provocan riesgos que al materializarse reducen por lo menos parcialmente el bienestar de la sociedad. El manejo del dinero de otras personas propicia que el administrador sea menos diligente que si tuviera que manejar su propio dinero.

Estos conflictos de interés con información asimétrica plantean el problema denominado agente/principal. Cabe señalar, que en la teoría El principal es la persona que mandata e instruye al agente.Al respecto existe un inconveniente según el cual El principal conoce menos del asunto en cuestión que el agente, por lo que este último puede trampear y engañar al principal. Los depositantes y acreedores de un banco (principales), encargan mediante los mecanismos del Estado la tarea vigilar el buen manejo de los créditos (a cargo de los administradores bancarios) a los supervisores y reguladores financieros (agentes). Si la información es asimétrica, los reguladores y supervisores financieros pueden realizar acciones de regulación y vigilancia favorables a los banqueros y administradores bancarias en contra del interés de los depositantes y acreedores del banco, ello con la finalidad de obtener una ganancia especial por su conducta.

Un conflicto de interés contingente, es la conducta que se observa de supervisores y reguladores que realizan acciones favorables a los banqueros, para obtener un beneficio a futuro como puede ser la contratación (a futuro) del agente regulador o supervisor financiero por el banquero bajo condiciones remunerativas altamente favorables. Un ejemplo, claro es Javier Arrigunaga, quien siendo director del FOBAPROA, desde su cargo favoreció la compra de cartera en términos muy favorables para Banamex, al cabo del tiempo fue contratado por Banamex como director jurídico y ahora es Presidente de la Asociación de Bancos de México.

Otro problema que surge de los conflictos de interés es el que la sociología criminal de delitos de cuello blanco identifica con el término de las puertas giratorias y que consiste en el movimiento de personas ubicadas en altos cargos del sector público hacia el sector privado y viceversa, en el que los individuos en estos procesos obtienen beneficios de su anterior ocupación pública y/o privada, eventualmente produciendo conflictos de interés entre la esfera pública y la privada, generalmente en beneficio del interés privado y en perjuicio del interés público. Los movimientos iniciales pueden ir de cargos privados a cargos públicos o de cargos públicos a cargos privados.

La implicación más directa de este conjunto de problemas relacionados con los conflictos de interés es el de la llamada captura regulatoria, que no es otra cosa que el control que ejerce el regulado sobre el regulador, mediante sobornos, compra de favores, promesas futuras o simplemente coerción política, por constituir el regulado un poder fáctico muy poderoso dentro del sistema.

Para eliminar los conflictos de interés contingente y afrontar directamente los delitos financieros de cuello blanco, se propone agregar las fracciones VI y VII al artículo 29 Bis 8 de la ley de Instituciones de Crédito.

El Sociólogo americano James William Coleman en su clásico libro sobre el crimen de cuello blanco intitulado The Criminal Elite: Understanding White Collar Crime, reveló que el delito financiero de cuello blanco es mucho más significativo en su impacto social que los delitos convencionales. Asimismo, Coleman señaló que “Las pérdidas derivadas del escándalo de las sociedades denominadas Saving & Loans (entidades financieras no bancarias) son más grandes que las pérdidas económicas acumuladas de los delitos convencionales reportados por la policía en Estados Unidos durante 18 años”.

Por su parte, Neil Barofski de la Universidad de Nueva York y ex titular del SIGTARP reveló que la crisis financiera de Estados Unidos en la que hubo muchos delitos de cuello blanco se tradujo en costos monumentales para la población de ese país y del mundo, sin excluir la de México. Por estas razones se considera estratégico y prioritario el combate al delito de cuello blanco y a su fundamento la existencia de conflictos de interés entre reguladores y regulados. La propuesta de reforma al artículo 29 Bis 8 se orienta a combatir enérgicamente los conflictos de interés en el sector financiero para eliminar conflictos de interés contingente y atacar frontalmente las causas del Crimen Financiero de Cuello Blanco a que dan lugar los conflictos de interés contingente y el problema de las puertas giratorias entre otros.

Con relación al artículo 29 Bis 13, mismo que en el marco jurídico actual se refiere a las garantías que deben existir en relación a los créditos que Banxico decida otorgar a una institución bancaria para resolver un problema de liquidez y que puede ser incumplido si la institución es insolvente, se proponen dos acciones específicas de vanguardia en el campo de la rendición de cuentas y en el ámbito preventivo. Estas dos acciones son:

Endurecer las sanciones a los accionistas y administradores que incumplan con el repago del crédito que Banxico les otorga para resolver sus problemas de liquidez.

• La creación de una Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico adscrita al Comité de Estabilidad bancaria, para que entre otras cosas realice un seguimiento preventivo acucioso de los bancos y pueda coadyuvar a identificar bancos insolventes con riesgo sistémico.

Por otro lado, los costos de una resolución bancaria se encarecen sustancialmente, cuando en los distintos procesos de resolución las tareas son realizadas por personas físicas o morales que presentan conflictos de interés. Por lo anterior es necesario erradicar de estos procesos esta práctica nociva que se ha presentado en la resolución de procesos de liquidación por el FOBAPROA e IPAB. Es momento de erradicarlos. Por lo anterior se propone reformar el artículo 124 y 132 de la Ley ulteriormente citada con el fin de erradicar conflictos de interés en el proceso de selección de terceros especializados que coadyuven con el IPAB en las visitas de inspección a que se refiere el artículo en cuestión.

5. Protección al Usuario de Servicios Financieros

Si bien es necesario que los bancos en su calidad de otorgantes de crédito utilizando recursos de los depositantes tengan protección mediante las garantías apropiadas, el poder que llegan a obtener y la información financiera que manejan las instituciones bancarias les da tantas ventajas sobre los usuarios de servicios financieros con pequeños patrimonios, que es conveniente evitar abusos de los accionistas de la banca y de sus administradores. La regulación financiera debe velar por la protección efectiva de los intereses de los usuarios de servicios financieros en desventaja, tanto como procurar la estabilidad financiera. Este es uno de los principios para constituir un Sistema Financiero justo y promotor del crecimiento económico.

Se considera que las autoridades financieras en su afán de perseguir propósitos claros de regulación financiera para garantizar un ambiente macroeconómico de estabilidad, tienden a descuidar al usuario de servicios financieros, a ello contribuye también la captura regulatoria de los funcionarios encargados de dicha regulación por parte de los banqueros.Es necesario que la CONDUSEF tenga más dientes, mandatos más claros para la defensa del consumidor y que tenga un mayor nivel de especialización.

Los objetivos de regulación para preservar la estabilidad están actualmente por encima de los objetivos de garantizar protección al usuario de servicios financieros especialmente a las personas con poco patrimonio para defenderse de los abusos. Por ello se propone reformar el artículo 60 orientándolo a proteger solamente a los pequeños cuentahabientes bancarios de acciones agresivas de embargo de los bancos, y se elimina la protección a los depositantes con altos patrimonios económicos, puesto que ellos se saben defender.

6. Sobre Operaciones Bancarias y Crediticias Relacionadas

Las operaciones relacionadas que implican créditos del banco a accionistas, directivos bancarios y parientes, así como las operaciones cruzadas, que se efectúan en acuerdos informales entre la elite bancaria de un banco con otros bancos sin que pueda demostrarse a primera vista que se traten de operaciones relacionadas, han implicado crisis bancarias y han constituido delitos financieros de gravedad, por lo que para la integridad de las operaciones bancarias y la estabilidad del sistema bancario es conveniente un estricto control de los reguladores y supervisores y una estricta regulación en la materia.

Por lo anterior se propone lo siguiente en materia de créditos relacionados y cruzados:

I. Límite más drástico al monto de créditos relacionados. En estricto sentido se debe prohibir a los bancos toda operación relacionada. Sin embargo, limitar las operaciones al diez por ciento de la parte básica del capital neto es una buena medida.

II. Créditos cruzados. Se propone que las autoridades de regulación investiguen sistemáticamente a todas las operaciones que resulten en créditos cruzados para fincar responsabilidades y eliminar totalmente esta nociva práctica bancaria.

Los créditos relacionados jugaron un papel central en la crisis bancaria, lo mismo sucedió con los créditos cruzados realizados por los banqueros para financiar la compra apalancada de los bancos privatizados por Carlos Salinas. En este sentido, se propone reformar el artículo 73 Bis con el fin de reducir las ventajas que tienen los accionistas de una institución bancaria o de personas relacionadas para contratar créditos u operaciones financieras con dicha institución y combatir con inteligencia la practica latente de los créditos cruzados

7. Supervisión Consolidada ypor Productos Financieros

La regulación financiera predominante en el mundo tiene un carácter funcional, es una regulación que supervisa y regula por funciones (banca, seguros, intermediación bursátil etcétera). Esta es una regulación y supervisión que ha mostrado fracasos evidentes y reiterados en las últimas décadas y su fracaso más palpable es la crisis financiera internacional de 2007. Previo a esta crisis, la regulación financiera funcional no evitó el crecimiento de un sistema de banca sombra constituida por operaciones realizadas con vehículos financieros y filiales que no eran reguladas por la limitación del carácter funcional de la regulación.

A principios de del siglo XXI, comenzó a manifestarse la preocupación por los hoyos legales de la supervisión y regulación financiera, y se comenzó a considerar con cierto interés la regulación y supervisión financiera por productos. Bajo esta regulación, se vigila el producto financiero independientemente de la institución que lo ofrezca. Por ejemplo, una regulación por producto como sería el caso de las tarjetas de crédito, implicaría que el ente regulador normaría y vigilaría las tarjetas de crédito bancarias, las tarjetas de crédito emitidas por entidades financieras no bancarias, así como a las emitidas por los grupos económicos no financieros como Liverpool, líneas áreas, entre otros.

En la visión progresista se reconoce como fundamental que los reguladores y supervisores de México inicien cuanto antes el tránsito a una supervisión consolidada. En este sentido, se propone adicionar un artículo 99 Bis donde se estipule que la CNBV emita a partir de este año un programa de trabajo orientado a implantar la supervisión consolidada, y como anticipo de esta nueva tendencia deberá evaluar de manera integral las operaciones dentro y fuera de balance. Asimismo, la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico adscrita al Comité de Estabilidad Bancaria, que se propone en este documento debe investigar permanentemente la experiencia internacional relacionada con operaciones financieras internacionales que hayan generado importantes quebrantos y riesgo sistémico a efecto de desarrollar esquemas de regulación y supervisión consolidada que disminuyan dicho riesgo4.

Actualmente, esta falta de regulación implica que los bancos o grupos financieros que tienen SOFOLES reguladas hayan generado escisiones en estas últimas para aprovechar, que no hay requerimientos de capital consolidados.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE QUE REFORMAN y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO.

Unico. Se reforman los artículos 27 Bis 1, 29 Bis 6, 29 Bis 8, 29 Bis 12, 29 Bis 13, 51, 53, 60, 73, 124, 132, 144, 148, 158, 162 y 216 y se adiciona un artículo 99 Bis a la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue:

Artículo 27 Bis 1. …

Una Comisión Bicameral del Congreso designará a un Inspector Especial que vigilará la aplicación de los recursos públicos que realice el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al operar una Institución de Banca Múltiple en liquidación derivada de la transferencia de los activosy pasivos que le haga dicha Institución en los términos de la normatividad aplicable.

El Inspector Especial de Vigilancia de Fondos de rescate bancario realizará su tarea fiscalizadora en tiempo real e informará a las instancias correspondientes para fincar las responsabilidades por el mal uso de los recursos públicos. El Inspector Especial de Vigilancia presentará un informe bimestral al Congreso sobre las aplicaciones de recursos efectuados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, en relación al programa de trabajo que deberá elaborar y aplicar el Instituto para efectuar de manera óptimala liquidación de la Institución bancaria en problemas; en lo que respecta al tiempo de liquidación, y a la eficiencia, la eficacia y la economía del proceso global de liquidación.

Artículo 29 Bis 6. …

I a II …

En caso de que el Comité de Estabilidad Bancaria resuelva que la institución de banca múltiple de que se trate podría actualizar alguno de los supuestos previstos en las fracciones anteriores, el propio Comité determinaráun porcentaje general del saldo de todas las operaciones a cargo de dicha institución que no sean consideradas como obligaciones garantizadas en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que no exceda del 6% del total de obligaciones, así como de aquellas otras consideradas como obligaciones garantizadas que rebasen el límite señalado en el artículo 11 de esa misma Ley, cuyo pago pudiera evitar que se actualicen los supuestos mencionados. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, no se considerarán aquellas operaciones a cargo de la institución de que se trate, a que hacen referencia las fracciones II, IV y V del artículo 10 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, ni los pasivos que deriven a su cargo por la emisión de obligaciones subordinadas. Las operaciones que, en su caso, se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en este párrafo y en el artículo 148 fracción II de esta Ley, deberán sujetarse a lo previsto en los artículos 45 y 46 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. No obstante lo anterior, cuando con posterioridad a la determinación del referido porcentaje se presenten circunstancias por las que sea necesario aumentar el porcentaje inicialmente determinado, el Comité podrá reunirse por sólo una vez máspara tales efectos.

El Comité de Estabilidad Bancaria se reunirá en febrero de cada año con el Congreso de la Unión para evaluar el estado de riesgo sistémico del sector financiero y las posibles medidas generales que el Comité de Estabilidad Bancaria tomará en el curso del año.

El Comité de Estabilidad Bancaria establecerá una Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico integrada por un equipo técnico de investigación de alto nivel para dar seguimiento al riesgo sistémico de las instituciones financieras. Todos los integrantes de este equipo técnico menos uno será designado por el Comité de Estabilidad Bancaria al cual reportarán. El miembro restante será designado por mayoría calificada del Senado.

La Oficina tendrá las siguientes responsabilidades:

a. Reunir y homologar toda la información financiera relevante relacionada con el riesgo sistémico, para lo cual tendrá acceso irrestricto a todas las bases de información del gobierno y de los reguladores financieros;

b. Elaborar un índice de apalancamiento del sector financiero con el máximo rigor técnico posible que incorporará la medición tanto del riesgo de las operaciones del sector financiero incluidas en los balances cómo del riesgo de todas las operaciones del sector financiero fuera del balance. Este índice de apalancamiento servirá de base para las decisiones estratégicas del Comité de Estabilidad Bancaria en relación al control del riesgo sistémico;

c. Presentar un informe semestral de riesgo sistémico del sector financiero el cual contendrá:

d. un análisis del índice global de apalancamiento del sector financiero;

e. una evaluación del riesgo sistémico del sector financiero;

f. una medición cuantitativa y cualitativa del impacto por riesgo sistémico de las instituciones financieras que operan en México.

g. presentar soluciones técnicamente viables para desarticular un banco grande cuyos problemas financieros lo ubiquen en los supuestos de la fracción I y II de este artículo;

h. El miembro de la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico, designado por el Senado tendrá como principal responsabilidad elaborar una opinión técnica independiente sobre los informes semestrales de la Oficina, y las opiniones técnicas que le solicite el Congreso.

Artículo 29 Bis 8.- …

I a IV …

Los integrantes del Comité de Estabilidad Bancaria no podrán laborar en ninguna institución privada del sector financiero por un período de tres años contados a partir del momento en que dejan de laborar en el sector financiero gubernamental. Asimismo, no podrán participar en cargos de regulación financiera directa o indirecta, personas que hayan sido accionistas de entidades financieras privadas.

El Presidente de la República no podrá nombrar a cargos relevantes del sector financiero público a funcionarios que hayan ocupado un cargo relevante en los tres años anteriores a la nominación en instituciones financieras privadas o en cargos de representación de organismos empresariales.

...

...

Artículo 29 Bis 12.- …

El Comité de Estabilidad Bancaria considerará las recomendaciones técnicas que tiene la obligación de presentarle periódicamente a través de estudios e informes la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico, para intentar desarticular a la Institución de banca múltiple quepresente riesgo sistémico y que el Comité de Estabilidad Bancario ubique en los supuestos previstos en el artículo 29 Bis 6 de esta ley.

El Comité de Estabilidad Bancaria someterá a consideración de la Comisión Federal de Competencia las propuestas de reducción de todo banco que por su evolución se convierta en una amenaza de riesgo sistémico.

Artículo 29 Bis 13 …

I a V …

VI. En el caso de que se presente el evento de incumplimiento crediticio señalado en la fracción anterior, los accionistas miembros del Consejo de Administración de la Institución, así como los directores de primer y segundo nivel vigentes en el último año al incumplimiento no podrán participar como accionistas o funcionarios de ninguna institución financiera que opere en México durante los próximos 10 años posteriores al referido incumplimiento crediticio.

Artículo 51.-

I. y II.

III. Tratándose de instituciones de banca múltiple, los límites máximos del importe de operaciones con integrantes del grupo financiero, grupo empresarial o consorcio al que pertenezcan, o bien, con personas morales que realicen actividades empresariales con las cuales la institución mantenga vínculos de negocio o patrimoniales. Este tipo de operaciones relacionadas deberán de representar un porcentaje menor al 10 por ciento del valor del capital de la institución de banca múltiple.

IV. La Comisión dará seguimiento especial a las operaciones relacionadas entre la filial del banco y la matriz que tengan por objeto enviar recursos de la filial bancaria a la matriz que presenten movimientos con posibles efectos desestabilizantes. La Comisión deberá estar atenta para evitar la realización de operaciones entre la filial bancaria que opera en México y la matriz radicada en el extranjero con precios distintos a los prevalecientes en los mercados e informará de estas operaciones relacionadas a la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico para su valoración.

...

Artículo 53.- …

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Programa Sectorial Financiero que se derive del Plan Nacional de Desarrollo establecerá los objetivos, las metas cuantitativas y los indicadores que permitan incrementar en forma gradual el coeficiente que mide la proporción de crédito bancario canalizado al sector privado no financiero respecto del PIB a niveles comparables con parámetros internacionales.

Este programa cuantitativo determinará en forma anual un monto de créditos bancarios que implique un creciente coeficiente anual Crédito Bancario/PIB que permita ir abatiendo el rezago que presenta el sistema bancario que opera en México respecto de los parámetros internacionales apropiados en materia de crédito bancario otorgado. Para cumplir con las metas del programa crediticio señalado en el párrafo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores procederá a emitir las reglas para implementar el Depósito de Incentivo Crediticio con las siguientes características:

a) La Comisión asignará a cada institución bancaria en noviembre de cada año un programa de créditos congruente con las metas anuales establecidas en el Programa Sectorial. La Comisión realizará está asignación sobre la participación de mercado que registren en ese año cada institución de crédito.

b) La Comisión comparará al cierre del año siguiente el saldo de créditos programado a que hace referencia el párrafo anterior respecto del saldo promedio de créditos realmente otorgado por las instituciones bancarias. Si la diferencia entre el saldo de créditos programado con respecto al saldo promedio anual de los créditos realmente otorgados por las instituciones es positiva procederá lo siguiente:

La Institución bancaria mantendrá durante un periodo de tiempo de 360 días en una subcuenta de depósitos denominada Depósito de Incentivo Crediticio (DIC) que cada institución bancaria deberá abrir con elbanco central, los recursos depositados por las instituciones bancarias en el DIC a los cuales aplicará una tasa de rendimiento de cero por ciento por el período en comento.

I a III ..

La Comisión realizará un seguimiento estratégico de las operaciones con valores de alto riesgo realizadas por las Institución Bancarias, principalmente de las vinculadas con productos derivados a efecto de que las posiciones propias de cobertura no se transformen en portafolios crediticios sintéticos de alto riesgo, para lo cual tomará las medidas de regulación apropiadas. Asimismo, la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico adscrita al Comité de Estabilidad Bancaria, presentará en su informe semestral correspondiente al segundo periodo del año, una evaluación integral del riesgo de las posiciones propias de valores que asuman en sus portafolios de negocios las instituciones con riesgo sistémico.

Artículo 60.-Las cantidades que tengan por lo menos un año de depósito en cuenta de ahorro no estarán sujetas a embargo hasta una suma equivalente a 450,000 UDIS, por el monto global del depositante en el sistema bancario. Las cantidades que excedan ese monto podrán ser sujeto de embargo.

I a II …

Artículo73 Bis.- ...

La suma total de las operaciones con personas relacionadas no podrá exceder del diez por ciento de la parte básica del capital neto de la institución, señalado en el artículo 50 de la presente Ley. Tratándose de préstamos o créditos revocables, computará para este límite únicamente la parte dispuesta. Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizará una investigación anual para identificar los créditos cruzados entre instituciones bancarias, y entre bancos y otras instituciones financieras que en la práctica constituyan operaciones relacionadas indirectas, y tomará las medidas requeridas para su eliminación e informará de todo ello al Congreso y a la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico del Comité de Estabilidad Bancaria.

...

...

...

...

a) a e) …

Artículo 99 Bis . La Comisión realizará la supervisión y regulación consolidada en el sistema financiero de México.

Artículo 124.- …

I a II …

En dichas visitas podrán participar las personas que tengan el carácter de terceros especializados contratados para cualquiera de los fines señalados en las fracciones anteriores, quienes deberán guardar en todo momento absoluta reserva sobre la información a la que tengan acceso. Sin embargo, no podrán participar ni directa ni indirectamente, los terceros especializados, cuyos accionistas o funcionarios de los tres primeros niveles hayan sido reguladores financieros durante los cinco años anteriores a la designación de tercero especializado o hayan sido funcionarios bancarios de primer y segundo nivel de instituciones rescatadas por el FOBAPROA o en instituciones que hayan sido administradas cautelarmente por el IPAB no habiendo sido un traspaso de la institución crediticia por el FOBAPROA al Instituto.

Artículo 132.- …

I a II …

En los casos en que se designen a personas morales como administrador cautelar, las personas físicas que desempeñen las actividades vinculadas a esta función, deberán cumplir con los requisitos a que se hace referencia en este artículo. Las personas morales quedarán de igual forma sujetas a la restricción prevista en la fracción I anterior. Además no podrán participar ni directa ni indirectamente, personas morales como administradores cautelares, cuyos accionistas o funcionarios de los tres primeros niveles hayan sido reguladores financieros en los cinco años anteriores a la fecha de designación de administrador cautelar, o hayan sido funcionarios bancarios de primer y segundo nivel de instituciones rescatadas por el FOBAPROA o en instituciones que hayan sido administradas cautelarmente por el IPAB no habiendo sido ese proceso un traspaso de la institución de crédito por el FOBAPROA al instituto.

Artículo 144.- …

I a II …

III. Se determine que un grupo financiero o una institución financiera registren una participación de mercado que bajo estándares internacionales sea excesiva.

Artículo 148.- …

I …

II. Cuando el Comité de Estabilidad Bancaria resuelva que la institución de banca múltiple de que se trate podría actualizar alguno de los supuestos del artículo29 Bis 6 de esta Ley, la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario determinará el método de resolución que corresponda conforme a lo siguiente:

a) El saneamiento de la institución de banca múltiple en los términos previstos en los Apartados B o C de la presente Sección, según corresponda, se ajustará al siguiente límite: El Comité de Estabilidad Bancaria sólo podrá elevar el pago de las obligaciones garantizadas dispuesto por la Ley de Protección al Ahorro Bancario hasta un 6 por ciento sobre el saldo de todas las operaciones pasivas del sistema bancario en términos del artículo 29 Bis 6 de esta Ley y de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores si lo considera pertinente se abstendrá de revocar la autorización otorgada a la institución de banca múltiple de que se trate para organizarse y operar con tal carácter, o

b) El pago conforme al artículo 198 o la transferencia de activos y pasivos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 194 o 197 de este ordenamiento, cuando el Comité de Estabilidad Bancaria, en términos del segundo párrafo del artículo 29 Bis 6, determine un porcentaje igual o menor al seis por ciento sobre el saldo de todas las operaciones pasivas del sistema bancario que no sean consideradas obligaciones garantizadas en términos del artículo 46 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario vigente antes de este decreto, y de aquellas obligaciones garantizadas que rebasen el límite señalado en el artículo 11 de esa misma Ley, con excepción de las señaladas en las fracciones II, IV y V del artículo 10 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y los pasivos derivados de la emisión de obligaciones subordinadas.

Los métodos de resolución a que se refiere el presente artículo, así como los diversos actos u operaciones que, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan o ejecuten para su implementación la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, se considerarán de orden público e interés social, razón esta última para limitar drásticamente el monto de las obligaciones garantizadas con recursos públicos de la institución de que se trate debido a que existe un creciente consenso de que el rescate de bancos con riesgo sistémico a largo plazo hace más daño que bien a la sociedad.

Artículo 158.- …

Asimismo, el administrador cautelar deberá convocar a una asamblea general extraordinaria de accionistas de la institución de banca múltiple de que se trate, a la cual podrán asistir los titulares de las acciones representativas del capital social de dicha institución. En su caso, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en ejercicio de los derechos corporativos y patrimoniales señalados en el último párrafo del artículo 157 acordará un aumento de capital en la cantidad necesaria para que la institución de banca múltiple esté en posibilidad de pagar el crédito otorgado por el propio Instituto. En caso de que los recursos que pueda aportar el Instituto para la protección al Ahorro Bancario para aumentar el capital no provengan de fuentes privadas, la aportación de recursos públicos se ajustará a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 151, y porel límite establecido por lo previsto en el inciso a) fracción II del artículo 148 de esta Ley. Si los recursos públicos para sanear la institución incluyendo la capitalización exceden el 6% de los pasivos de la institución procederá lo dispuesto por el artículo 25 bis .

Artículo 162.- …

I a II …

III. En caso de que los recursos que pueda aportar el Instituto para la protección al Ahorro Bancario para aumentar el capital no provengan de fuentes privadas, la aportación de recursos públicos se ajustará a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 151 y por el límite establecido por lo previsto en el inciso a) fracción II del artículo 148 de esta ley. Si los recursos públicos para sanear la institución incluyendo la capitalización exceden el 6% de los pasivos de la institución procederá lo dispuesto por el artículo 25 bis.

Artículo 216. …

El Inspector Especial de Vigilancia fiscalizará todo el proceso de resoluciones bancarias y tendrá amplias facultades de investigación. El Inspector entregará informes mensuales al Congreso durante todo el proceso y entregará un informe final de cada proceso resolutivo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico deberá quedar instalada noventa días después de la entrada en vigor del presente decreto. Los primeros informes que realice deberán difundirse, a más tardar ciento veinte días después de su instalación.

TERCERO.- En un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Comisión deberá implementar un programa para implementar la supervisión consolidada a que se refiere el artículo 99 bis de la Ley de Instituciones de Crédito.

Previo a la implementación del programa, la Comisión deberá evaluar de manera integral los impactos en los estados financieros de las instituciones bancarias de las operaciones que se realicen con los vehículos financieros, las sociedades instrumentales, y figuras fiduciarias, relacionadas con las instituciones bancarias, las empresas tenedorasy las filiales financieras no bancariaspara identificar operaciones que al ocurrir determinados eventos críticos, las instituciones bancarias tengan que incorporar en sus balances, activos tóxicos provenientes de los vehículos financieros, de las sociedades instrumentales de las figuras fiduciarias, y/o de otras entidades financieras no bancarias.

La Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico (OIRS) adscrita al Comité de Estabilidad Bancaria deberá investigar permanentemente la experiencia internacional relacionada con operaciones financieras internacionales que hayan generado importantes quebrantos y riesgo sistémico a efecto de desarrollar esquemas de regulación y supervisión consolidada que disminuyan dicho riesgo e informar al Congreso en sus reportes periódicos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de abril de 2014

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.

1 Rubí, Mauricio, Reforma financiera dará al PIB impulso de 0.5 puntos, El Economista, http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/01/09/reforma-financiera-impulsara-crecimiento-pena-nieto

2 González Amador, Roberto, Rodríguez, Israel, Videgaray: fraude a Banamex, alerta para mejorar controles, La Jornada, http://www.jornada.unam.mx/2014/04/04/economia/024n1eco

3 Que aunque algunas reformas financieras comenzaron a operar como la Regla Volcker diluida, todavía están muchos ordenamientos financieros secundarios en proceso de instrumentación en los Estados Unidos.

4 Ejemplos de operaciones de alto riesgos son: a) Las operaciones de Citigroup con valores respaldados por hipotecas que vendía en el mercado secundario tenían cláusulas de recompra forzosa sidejaban de ser liquidas (operaciones denominadas liquidityputs), b) las operaciones de cobertura de riesgo crediticio realizadas en el Portafolio de Créditos Sintéticos de JP Morgan que se convirtieron en especulativasy que en el 2012 generaron cuantiosas pérdidas del orden de los 8 mil millones de dólares para la institución.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 11 BIS A LA LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SE ADICIONA UN ARTICULO 4 BIS 2 Y SE RECORRE LA SECUENCIA DE LOS ARTICULOS 4 BIS DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

(Presentada por la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

“La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUESE ADICIONA UN ARTICULO 11 BISDE LA LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SE ADICIONA UN ARTICULO 4 BIS 2 Y SE RECORRE LA SECUENCIA DE LOS ARTICULOS 4 BISDE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La principal función del sistema financiero es captar recursos de los que tienen dinero y canalizarlos, vía créditos, a los que los necesitan, para adquirir bienes o para invertirlos en proyectos productivos.

En México los intermediarios financieros más importantes son los bancos, ya que administran más de la mitad del dinero del país que está en el sistema financiero, en el cual se ha dado preferencia al margen de intermediación, con el propósito de que los intermediarios operen con altos niveles de rentabilidad, sobre el objetivo de otorgar créditos suficientes y baratos a los usuarios.

La visión de la Reforma Financiera que se aprobó el año pasado, atendía una de las mayores inquietudes del sector bancario consistente en la necesidad de flexibilizar el modo de hacer efectivas las garantías para ampliar el crédito. Ello, sin que se tomen en cuenta las acciones que pueden realizar el propio sector sin afectar al deudor, que prácticamente en todos los casos se encuentra en una situación más desfavorable.

En este sentido la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) anunció el pasado 29 de enero que había multado a siete entidades financieras por la cantidad conjunta de 32 millones de pesos debido a diversas irregularidades que tienen que ver en su mayoría con el producto de tarjeta de crédito.

Se les multó por haber celebrado con sus clientes contratos de crédito diferentes de los que tienen registrados ante esa instancia reguladora. También se les sancionó por cobrar comisiones no claras o ilegales. Otras causas fueron el no haber dado a conocer el Costo Anual Total (CAT) o el monto de la línea de crédito, la tasa de interés a pagar por el crédito, la fecha de corte o de pago de crédito, entre otras.1

De acuerdo con información dada a conocer por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el pasado 6 de febrero, la banca en México en 2013 tuvo sus mayores utilidades en 13 años. La banca generó 84,000 millones de pesos de ganancias, de los cuales 66,782 millones corresponden a los 7 bancos más grandes (BBVA Bancomer, Banamex, Banorte, Santander, HSBC, Inbursa y Scotiabank). El 32.8% de estas ganancias responden a créditos al consumo, de los cuales 98% son por tarjetas de crédito. Ante el tamaño de los beneficios que se obtienen -alguna parte de los cuales se generan en razón de las irregularidades mencionadas- pareciera ser que es más redituable pagar multas nimias y seguir incurriendo en prácticas inadecuadas.2

Aunque es muy positivo que se pretenda dar cumplimiento a la obligación de la Condusef de proteger a los usuarios de servicios financieros en contra de los abusos cometidos por las instituciones financieras mexicanas, el marco regulatorio con el que actualmente se cuenta, incluso con la reforma financiera genera que dichos esfuerzos sean, en suma, pobres.

De acuerdo con los resultados de la Supervisión del producto de Tarjeta de Crédito, dados a conocer por primera vez por el organismo regulador y supervisor, el principal producto reclamado ante los bancos es la tarjeta de crédito, con 2.7 millones de plásticos de un total de 4.2 millones de quejas presentadas al cierre de 2012. Además de que los cargos, comisiones e intereses no reconocidos ocupan 91 por ciento, “por lo que es fundamental que la información sea clara, transparente y veraz”.3

Asimismo, dentro de esta inmensa cantidad de quejas interpuestas para las instituciones financieras mexicanas, los bancos más grandes del país utilizan doble contrato en su producto de tarjetas de crédito y registran datos incorrectos de las tasas de interés y comisiones, lo que va en detrimento de los usuarios. Dichas instituciones financieras, BBVA Bancomer, Banamex, Santander, Banorte-Ixe, HSBC, Scotiabank e Inbursa, entregan al órgano regulador información engañosa en sus contratos y estados de cuenta de su producto de tarjetas de crédito.4

Con lo anterior se observa que el sector financiero mexicano se ha consolidado como una “mina de oro” para banqueros e intermediarios por encima de lo que debería ser su principal función: captar recursos de los que tienen dinero y canalizarlos, vía créditos, a los que los necesitan, para adquirir bienes o para invertirlos en proyectos productivos. Esto también recuperando las declaraciones de Enrique Peña Nieto en la 77ª Convención Nacional Bancaria, celebrada la semana pasada, en la que señalaba que con la instrumentación de la reforma financiera se lograría más crédito, más barato o a mayor plazo.5

Por lo anterior, es necesario que la CONDUSEF tenga más fuerza en su toma de decisiones y ejerza sus facultades de manera expedita, por lo que es necesario que dicha institución mejore su perfil técnico y ofrezca estudios especializados de alto nivel. Asimismo, es necesario que esta Comisión dé celeridad a la ejecución del conjunto de medidas que se instrumenten en favor de los usuarios de servicios financieros.

Contenido de la Iniciativa

La iniciativa propone crear una Oficina de investigación de alto nivel de especialización dentro de la CONDUSEF orientada a fundamentar con mayor solidez técnica sus atribuciones vigentes y nuevas. Con lo anterior se pretende resolver el conflicto existente entre los reguladores y supervisores orientados a Ia estabilidad financiera y otros a Ia protección al usuario de servicios financieros.

Lo anterior sólo puede lograrse, si el diseño institucional se modifica de tal forma que Ia CONDUSEF sea no sólo Ia única instancia de protección del usuario de servicios financieros, sino que se convierta en un contrapeso efectivo al imperativo de velar por la regulación y supervisión y así por la estabilidad financiera. Este contrapeso se amplía sí la CONDUSEF contara con una Oficina de Investigación de alto nivel de especialización para realizar una evaluación de los productos financieros; conducir y desarrollar investigaciones sistemáticas comparativo-evaluativas de los contratos crediticios ofrecidos por las distintas instituciones financieras; realizar investigaciones sistemáticas de las comisiones cobradas por los servicios ofrecidos por las instituciones financieras; investigar la expansión de las instituciones financieras y los productos financieros otorgados por instituciones que pertenecen a grupos económicos no financieros.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUESE ADICIONA UN ARTICULO 11 BISDE LA LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SE ADICIONA UN ARTICULO 4 BIS 2Y SE RECORRE LA SECUENCIA DE LOS ARTICULOS 4 BIS A LA LEY PARA DE LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.

PRIMERO.- Se adiciona un artículo 11 bis, se reforma el tercer párrafo del artículo 92 bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros para quedar como sigue:

Artículo 11 bis. La Comisión constituirá una Oficina de Investigación de alto nivel de especialización con las siguientes atribuciones:

I. Realizar la evaluación de los productos financieros desarrollados por las instituciones bancarias y los intermediarios financieros no bancarios que son ofrecidos a los usuarios de productos y servicios financieros.

Esta evaluación tiene los siguientes propósitos:

a) Dotar de un fundamento técnico más riguroso sus determinaciones, así como la decisión de modificar cláusulas abusivas de los contratos financieros;

b) estandarizar las comisiones y precios de los productos financieros contribuyendo a impulsar un entorno más competitivo favorable a los usuarios;

c) discernir con presión técnica los productos financieros con valor agregado desarrollados por los intermediarios, de los productos financieros que económica y socialmente son contra-productivos.

II. Conducir y desarrollar investigaciones sistemáticas comparativo-evaluativas de los contratos crediticios ofrecidos por las distintas instituciones financieras, a efecto de identificar con más fundamento las cláusulas abusivas de los contratos financieros.

III. Realizar investigaciones sistemáticas de las comisiones cobradas por los servicios ofrecidos por las instituciones financieras para que se ajusten a estándares internacionales y se erosione el crédito depredatorio.

IV. Investigar la expansión de las instituciones financieras.

V. Investigar los productos financieros otorgados por instituciones que pertenecen a grupos económicos no financieros, para determinar la magnitud de los servicios financieros que se otorgan en México y que no entran en el radio de control de la Comisión y de la supervisión de los reguladores financieros.

VI. Investigar la concentración de mercado de los segmentos y productos financieros y sus efectos sobre el usuario de servicios financieros, y las medidas internacionales efectivas que se han aplicado para abatir la concentración de mercado, y reducir los precios de los productos y servicios financieros.

Los resultados de las investigaciones realizadas por esta Oficina respecto al tema de la concentración incluirán recomendaciones, y la Comisión enviará esos resultados a la Comisión Federal de Competencia, quien tendrá la obligación de considerarlos en sus disposiciones para reducir la concentración de mercados en el sector financiero.

VII. Desarrollar metodologías rigurosas con criterios internacionales para definir los casos en que los precios de los servicios financieros elaborados por las instituciones financieras, pueden constituir una cláusula abusiva. Esto incluye, la incorporación de un sistema de seguimiento de precios de servicios financieros, que no sean competitivos.

VIII. Llevar un seguimiento documentado histórico de los casos en que las partesno se sometan al arbitraje de la Comisión Nacional, fundamentando con sus resultados la conveniencia de perfeccionar el marco legal y operativo que mejore la protección efectiva del usuario de servicios financieros.

SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 4 bis 2 y se recorre la secuencia de los artículos 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financierospara quedar como sigue:

Artículo 4 bis 2. La Comisión Federal de Competencia considerará para su toma de decisiones en la formulación de sus políticas de concentración de mercado en los distintos segmentos del sector financiero, los resultados y recomendaciones que formule la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras. a través de la Oficina de Investigación que constituya en conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 bis de la presente Ley.

Se recorre la numeración de los artículos 4 Bis a partir del número 3.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Segundo.- La Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras deberá constituir la Oficina de Investigación de alto nivel a que se refiere el artículo 11 bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros en un plazo no mayor a seis meses.

Esta Oficina deberá difundir sus primeros informes de las evaluaciones practicadas, en un término no mayor de un año a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de abril de 2014

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.

1 Díaz-Infante Chapa, Enrique, Condusef, indolente con multas bancarias, CNN Expansión, http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/02/28/condusef-indolente-con-multas-bancarias

2 Op. Cit.

3 Exhibe Condusef a siete grandes bancos: utilizan doble contrato y ofrecen datos incorrectos, Animal Político, www.animalpolitico.com/2014/01/exhibe-condusef-siete-grandes-bancos-utilizan-doble-contrato-y-datos-incorrectos-de-tasas-de-interes/#ixzz2y9m1dU8Y

4 Resultados de la Supervisión del producto de Tarjeta de Crédito, Consudef, documento oficial, http://www.condusef.gob.mx/PDF-s/Comunicados/2014/com06_presentacion-supervision.pdf

5 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, “Palabras del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, durante la Ceremonia de Clausura de la 77 Convención Bancaria: La Banca Impulsa la Transformación de México”, 4 de abril de 2014, http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-la-ceremonia-de-clausura-de-la-77-convencion-bancaria-la-banca-impulsa-la-transformacion-de-mexico/, consultado el 7 de abril de 2014






PROPUESTAS

Del Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que, a través de su dirección local en San Luis Potosí, realice un diagnóstico actualizado sobre el estado que guardan doce presas consideradas de alto riesgo en el estado. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.








De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Fernando Salazar Fernández, Salvador Vega Casillas, Fernando Torres Graciano, María del Pilar Ortega Martínez, Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Yunes Márquez, César Octavio Pedroza Gaitán y Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a modificar los criterios nutricionales incluidos en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Etiquetado Frontal y de Uso del Distintivo Nutrimental para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, publicado el 15 de abril de 2014. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR LOS CRITERIOS NUTRICIONALES INCLUIDOS EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS DE ETIQUETADO FRONTAL Y DE USO DEL DISTINTIVO NUTRIMENTAL PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PUBLICADO EL 15 DE ABRIL DE 2014

Marcela Torres Peimbert, Fernando Salazar Fernández, Salvador Vega Casillas, Fernando Torres Graciano, María del Pilar Ortega Martínez, Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Yunes Márquez, César Octavio Pedroza Gaitan, Francisco Dominguez Servien Senadores de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITAROS (COFEPRIS), MODIFIQUE LOS CRITERIOS NUTRICIONALES incluidos EN EL ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos de etiquetado frontal y de uso del distintivo nutrimental para alimentos y bebidas no alcohólicas, PUBLICADOS EL 15 DE ABRIL DE 2014 en el diario oficial de la federación, y modifique el etiquetado fROntal propuesto a un semáforo nutricional, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

Esta propuesta, la presentamos como portavoces de 60 Organizaciones de la Sociedad Civil conformadas por médicos, nutriólogos, especialistas, pacientes y ciudadanos preocupados y ocupados por el grave problema de obesidad que aqueja a nuestro país.

La obesidad ha sido reconocida a nivel mundial como una epidemia que requiere de acciones inmediatas y concretas que disminuyan los principales factores de riesgo relacionados.

Ante esta urgencia, el Gobierno Federal presentó en 2013 la Estrategia Nacional para el Control y la Prevención del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, buscando generar un marco integral de las diferentes acciones que se pueden implementar para combatir los crecientes niveles de sobrepeso y obesidad en el país, que afectan a 7 de cada 10 adultos y a 1 de cada 3 niños y adolescentes.

En el tema regulatorio, la Estrategia Nacional propone normar el etiquetado frontal de los alimentos y bebidas buscando que sea informativo, visible y legible, por lo que en febrero de 2014 la Secretaría de Salud y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) presentaron el proyecto de Lineamientos de etiquetado frontal y de uso del distintivo nutrimental para alimentos y bebidas no alcohólicas, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2014.

No obstante, el etiquetado frontal que se propone es la institucionalización de las Guías Diarias de Alimentación (GDA), anteriormente usadas por las empresas alimenticias como autorregulación, las cuales no cumplen con el propio objetivo del nuevo etiquetado: ser “informativo, visible y legible”. Lo anterior, dado que las GDA influyen en la toma de decisiones de compra erróneas, al no presentar los contenidos nutricionales de manera veraz, así como no son de simple comprensión.

El estudio “Revisión del etiquetado frontal: Análisis de las GDA y su comprensión por estudiantes de nutrición en México”, realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, concluye que las GDA son confusas y no basan sus criterios en bases científicas o recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud; por lo que incluso, los estudiantes de nutrición no son capaces de comprender la información que este etiquetado presenta. Si las GDA no son comprensibles para un grupo de estudiantes educados en nutrición, mucho menos lo serán para la población en general.

Un elemento de suma importancia a considerar en el análisis del nuevo etiquetado frontal es el hecho de que se continúa señalando al consumo de azúcares bajo un criterio de “% diario recomendado”, cuando no existe tal recomendación a nivel internacional. Por el contrario, a nivel internacional se ha catalogado al consumo de azúcares con un criterio de “% máximo tolerable”, que bajo estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no deben ser mayores a 50 gramos al día. Incluso, la OMS ha emprendido desde principios de 2014 una campaña para reducir la cantidad de azúcares añadidos en la dieta diaria, la cual no debería ser más del 5% del total de calorías consumidas, equivalente a 25 gramos.

El etiquetado frontal aprobado por la Secretaría de Salud y la COFEPRIS, recomienda a la población consumir 90 gramos de azúcar, cuando esta cantidad representa el 360% de lo máximo tolerable de azúcares añadidos que nuestro cuerpo puede soportar (según recomendaciones de la OMS). Asimismo, no se hace una distinción entre los diferentes tipos de azúcares (azúcares naturales y azúcares añadidos), por lo que el consumidor no sabe la cantidad de azúcares añadidos (dañinos para la salud) que se consumen en un solo producto.

Adicionalmente a las GDA, se promueve un distintivo nutrimental voluntario, siguiendo el modelo de Choices International, con el cual los productos alimentarios se catalogarían y distinguirían como alimentos saludables. Tomando ciertos alimentos de consumo regular, si se comparan los criterios nutricionales promovidos por los lineamientos mexicanos y se comparan con el estándar internacional vemos varias discrepancias:

Categoría 2: Jugos

Kcal/porción

Sodio (mg/100g o 100ml)

Grasas saturadas (g/100g o 100ml)

Azúcares (g/100g o 100ml)

Rec. nacional (250 ml)

130

10

N/A

13

Rec. internacional

≤ 20 kcal/100 ml

≤ 20 mg/

100 mL

---

---

Categoría 2: Néctares

Kcal/porción

Sodio (mg/100g o 100ml)

Grasas saturadas (g/100g o 100ml)

Azúcares (g/100g o 100ml)

Rec. nacional (250 ml)

130

10

N/A

13

Rec. internacional

≤ 20 kcal/100 ml

≤ 20 mg/

100 mL

---

Categoría 6: Galletas dulces

Kcal/porción

Sodio (mg/100g o 100ml)

Grasas saturadas (g/100g o 100ml)

Azúcares (g/100g o 100ml)

Rec. nacional (30 g)

160

450

10

30

Rec. internacional

---

≤ 100mg/ 100g

≤ 1.1 g/100g

≤ 2.5g/100g

Categoría 6: Cereales para el desayuno / avena / atoles

Kcal/porción

Sodio (mg/100g o 100ml)

Grasas saturadas (g/100g o 100ml)

Azúcares (g/100g o 100ml)

Rec. nacional (30 g)

210

500

5

30

Rec. internacional

---

≤ 500 mg/

100g

≤ 1.1 g/100g

≤ 20 g/100g

Categoría 10: Botanas

Kcal/porción

Sodio (mg/100g o 100ml)

Grasas saturadas (g/100g o 100ml)

Azúcares (g/100g o 100ml)

Rec. nacional (30 g)

170

670

6.3

10

Rec. internacional

≤ 110 kcal/por porción

≤ 400 mg/

100g

≤ 1.1 g/100g

≤ 20 g/100g

De manera general, los criterios nutricionales aprobados para otorgar el distintivo nutrimental voluntario, permitirá que productos con alto aporte calórico, de grasas saturadas, grasas totales, azúcares y sodio, sean catalogados como saludables, cuando no lo son. Es por esto que los criterios nutricionales aprobados se deben ajustar a las recomendaciones de expertos y organismos internacionales.

En este sentido, se exhorta a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS, a modificar el etiquetado de los GDA por uno de semáforo nutricional, el cual identifica con colores las características nutricionales de los productos alimenticios:

• Categoría roja: cuando el contenido calórico, de grasas trans, grasas totales, grasas saturadas, azúcares y sodio, sea sumamente alto, considerándose como dañino para la salud.

• Categoría amarilla: cuando el contenido calórico, de grasas trans, grasas totales, grasas saturadas, azúcares y sodio, sea alto pero no resulta tan nocivo para la salud, indicando que se recomiendo su consumo moderado.

• Categoría verde: cuando el contenido calórico, de grasas trans, grasas totales, grasas saturadas, azúcares y sodio, considerándose como adecuado para una buena alimentación, es decir, a libre consumo.

Según la publicación “Facts Up Front Versus Traffic Light Food Labels: A Randomized Controlled Trial” (2012), del American Journal of Preventive Medicine, el semáforo nutricional es mucho más comprensible y efectivo para los consumidores. El etiquetado frontal es necesario para mejorar la comprensión de la calidad nutrimental de los alimentos, no obstante, los GDA no son fáciles de entender, por lo que se requiere de métodos mucho más creativos e innovadores como lo es el semáforo.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), modifique los criterios nutricionales incluidos en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de etiquetado frontal y de uso del distintivo nutrimental para alimentos y bebidas no alcohólicas, publicados el 15 de abril de 2014 en el diario oficial de la federación:

• Que se sustituyan las Guías Diarias de Alimentación (GDA) por un semáforo nutricional;

• Que se ajusten los criterios nutricionales del distintivo nutrimental voluntario a las recomendaciones de expertos y organismos internacionales.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de abril de 2014

Atentamente,

Sen. María Marcela Torres Peimbert”.






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a difundir los alcances y proyecciones de la reforma energética, dando especial énfasis a atender las preguntas en torno a este tema, expresadas públicamente por el ciudadano Alfonso Cuarón Orozco. Se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DIFUNDIR LOS ALCANCES Y PROYECCIONES DE LA REFORMA ENERGETICA, DANDO ESPECIAL ENFASIS A ATENDER LAS PREGUNTAS EN TORNO A ESTE TEMA, EXPRESADAS PUBLICAMENTE POR EL CIUDADANO ALFONSO CUARON OROZCO

“Las y los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108, 109 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DIFUNDIR LOS ALCANCES Y PROYECCIONES DE LA REFORMA ENERGETICA, DANDO ESPECIAL ENFASIS A ATENDER LAS PREGUNTAS EN TORNO A ESTE TEMA EXPRESADAS PUBLICAMENTE POR EL CIUDADANO ALFONSO CUARON OROZCO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A principios de marzo celebramos que Alfonso Cuarón se convirtiera en el primer latinoamericano en recibir el premio Oscar al mejor director de cine. Su cinta Gravity, por cierto, obtuvo un total de siete estatuillas.

Hoy, el talentoso director de cine vuelve a llamar nuestra atención, pero ahora no en la pantalla grande, sino por la carta que ha dirigido al presidente de la República, misma que ha sido dada a conocer ampliamente en los medios de comunicación y que los interesados pueden leer en el sitio www.diezpreguntas.com. Se trata, como ya es sabido, de una carta que contiene una batería de preguntas, divididas en diez apartados, sobre la reforma energética.

Lo primero que resalta de la misiva es que un ciudadano a quien el presidente consideró“desinformado” le hace preguntas tan bien informadas al presidente Enrique Peña Nieto.

Antes de entrar en materia, Cuarón nos ofrece como antecedente que a fines de febrero el presidente Peña Nieto aseguró, en una entrevista, que el cineasta no estaba bien informado sobre la reforma energética. Cuarón cita las siguientes palabras del presidente: “...en México no han faltado los grupos que en oposición a estas reformas han generado desinformación y de ahí que algunos lleguen a comprar (estos argumentos) o, con no suficiente información, simplemente no conozcan el alcance y el sentido de las reformas.”

El comentario que el laureado cineasta hace sobre la afirmación presidencial merece ser leído con atención en este recinto, debido a que aquí se ha dicho hasta el hartazgo lo contrario. Dice Alfonso Cuarón:

“Mi falta de información no es atribuible a grupos en oposición que han generado desinformación. La razón es más simple: el proceso legislativo y democrático de estas reformas fue pobre y careció de una discusión profunda, y la difusión de sus contenidos se dio en el contexto de una campaña propagandística que evadió el debate público. No estoy informado porque el gobierno que usted encabeza no ha compartido conmigo –con nosotros, los mexicanos– elementos indispensables para entender el alcance y el sentido de las reformas.”

El reconocido director cinematográfico reconoce la importancia de la reforma energética pues, dice, “simple y sencillamente se ha cambiado el paradigma del desarrollo nacional” y solicita enseguida, “desde la más absoluta independencia política”, que el presidente Peña Nieto informe al país sobre “el sentido y alcance de la reforma”, toda vez que el Congreso de la Unión está por recibir las iniciativas de leyes secundarias, las preguntas de Cuarón sintetizan muchas de las preocupaciones que hemos vertido aquí, y también las que expresan millones de ciudadanos que no tienen la notoriedad del cineasta, pero que, como él, merecen una respuesta que sólo la arrogancia del poder o la existencia de una perversa agenda doble podrían negar.

Cito aquí, textualmente, algunas de las preguntas que formula Alfonso Cuarón, preguntas que suscribimos y que esperamos que el presidente esté dispuesto a responder:

1. ¿Cuándo bajarán los precios del gas, gasolina, combustóleo y energía eléctrica? ¿Qué otros beneficios tangibles se esperan de la Reforma? ¿Cuál es el cronograma de esos beneficios?

2. ¿Qué afectaciones específicas habrá al medio ambiente con prácticas de explotación masiva? ¿Qué medidas se tomarán para protegerlo y quién asumirá la responsabilidad en caso de derrames o desastres?

3. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su impacto en el medio ambiente es enorme. ¿Existen planes para desarrollar tecnologías e infraestructuras de energía alternativa en nuestro país?

4. De la reforma aprobada derivarán contratos multimillonarios. En un país con un estado de derecho tan endeble (y muchas veces inexistente) como el nuestro, ¿cómo podrán evitarse fenómenos de corrupción a gran escala?

5. Las trasnacionales petroleras en el mundo tienen tanto poder como muchos gobiernos. ¿Qué medidas se tomarán para evitar que el proceso democrático de nuestro país quede atrapado por financiamientos ilícitos y otras presiones de los grandes intereses?

6. ¿Con qué herramientas regulatorias cuenta el gobierno mexicano para evitar que se impongan las prácticas de depredación que puedan cometer las empresas privadas que participarán en el sector?

7. ¿Cómo asegurar que la reforma incremente la productividad de Pemex si no se enfrenta el problema de la corrupción dentro del sindicato?

8. Si Pemex aportó durante 70 años más de la mitad del presupuesto federal (con el que se construyó la infraestructua nacional, se sostuvo la educación y los servicios de salud gratuitos), ahora que el aporte del petróleo no irá directamente de Pemex a las arcas, ¿cómo se cubrirá dicho presupuesto?

9. ¿Cómo asegurar que las utilidades no se canalicen a la expansión de la burocracia sino que lleguen al propietario original de esos recursos, que es el pueblo mexicano?

10. Dos experiencias desastrosas permanecen en la memoria de los mexicanos: la quiebra de 1982 (luego del dispendio, la ineptitud y la corrupción que caracterizó el manejo de la riqueza petrolera de los años 70) y las reformas discrecionales y opacas de tiempos de Salinas de Gortari, buenas para las manos privadas pero dudosas para los consumidores.

¿Qué nos garantiza que esas experiencias, que han ahondado los abismos sociales, no se repitan? Usted y su partido cargan con la responsabilidad histórica de estas reformas. ¿Cree realmente que el Estado mexicano tiene los instrumentos para llevarlas a cabo con eficacia, sentido social y transparencia?

El caso de Oceanografía, más los que se acumulen, nos enseñan que la “corrupción a gran escala” a la que se refiere Cuarón es una triste realidad y a la vez un anticipo de lo que vendrá con esta reforma desnacionalizadora y entreguista. Cuando el cineasta Cuarón recibió el premio Oscar, junto al también mexicano Emmanuel Lubezki, el presidente Enrique Peña Nieto consideró a ambos “ejemplos a seguir, que alientan y nos motivan porque nos deja ver de qué somos capaces”. Ojalá que al presidente se sienta ahora alentado y motivado para responder las preguntas de Alfonso Cuarón.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a difundir los alcances y proyecciones de la reforma energética, dando especial énfasis a atender las preguntas en torno a este tema expresadas públicamente por el ciudadano Alfonso Cuarón Orozco, el pasado 28 de abril de 2014.

Senado de la República, 29 de abril de 2014

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.






Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar los mecanismos para seleccionar a las empresas encargadas en prestar el servicio de parquímetros. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que a través de las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, del trabajo y fomento al empleo, informen a esta Soberanía los mecanismos pARA seleccionar A las empresas encargas en prestar el servicio de parquímetros.

“DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los parquímetros en México, de acuerdo con el Instituto de Políticas para el Transporte yel Desarrollo en México (ITDP), forman parte de las políticas públicas destinadas a reducir el uso del automóvil en el país.1

Por consiguiente, los gobiernos deben impulsar y establecer sistemas de parquímetros con fines de gestionar más eficientemente la movilidad urbana, generando múltiples beneficios; tales como la disminución de vehículos en zonas de alta concentración de actividades laborales, el aumento del uso de transporte público y medios no motorizados en dichas zonas; la mejorara y liberación de espacios públicos, la generación de recursos para la autoridad local, la disminución de emisiones de gases contaminantes y la reducción de los niveles de ruido en la zona.

Por esta razón es importante observar como este tipo de políticas públicas se han venido implementando en el Distrito Federal.

La instalación de parquímetros en la Ciudad de México según información de la Autoridad del Espacio Público del D. F. (AEP) se llevó acabo en 1994, año en el que se instalaron las primeras máquinas cobradoras, en las colonias Cuauhtémoc y Juárez en el centro de la Ciudad, bajo un esquema de concesión.2

Del mismo modo se hace mención, que desde un principio este programa se aplicó sin la previa aprobación de los vecinos, pero tras una serie de negociaciones con ello, se acordó poner a prueba el programa y cancelarlo, de ser necesario, si la comunidad continuaba inconforme; hasta después de un año de prueba, la aceptación por parte de los vecinos llegó al 85 por ciento.

Algunos de los acuerdos a los que se llegaron fue el otorgamiento de gratuidad en la circunscripción de la colonia Cuauhtémoc a todos aquellos residentes que no contaran con cochera para guardar sus vehículos; y la destinación del 16 por ciento de los ingresos que se recaudaran para aplicarlos en obras y servicios en beneficio de los residentes de dichas colonias, para lo cual se creó el “Fideicomiso Cuauhtémoc” en 1995.

Adicionalmente se menciona que es a partir de 2004 cuando el programa de parquímetros en el D. F. da un giro totalmente diferente, pues la administración pública capitalina prefirió asignar la operación de los parquímetros a empresas privadas bajo la figura de Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR), en lugar de optar por la figura de concesión.

De ahí que en años más recientes la inconformidad por la instalación de estas máquinas siga siendo tema de debate tanto entre vecinos como entre autoridades, por citar algunos ejemplos; en septiembre de 2011, de acuerdo al diario El Universal, vecinos de la colonia Polanco, en la delegación Miguel Hidalgo, se manifestaban en contra de la instalación de poco más de 8,000 parquímetros en esa colonia, debido a que se verían afectados al tener derecho solo a un espacio de estacionamiento, cuando la gran mayoría de los residentes cuenta con más de un vehículo.3

Otro caso de inconformidad se vio manifestada en la delegación Cuauhtémoc a mediados del año 2013, en donde de acuerdo a información publicada por El Economista, vecinos del corredor Roma-Condesa se manifestaban contra la operación de parquímetros, luego de que, a su juicio, no se había respetado la consulta ciudadana, cuando en un principio se les dijo que iban a instalar los parquímetros en donde los vecinos diera su visto bueno. A lo que se solicitó la intervención del Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que llevara a cabo un plebiscito en el que se manifestara la voluntad de la ciudadanía en relación a este problema y bajo la premisa de su lema de campaña que era: "Decidamos juntos". 4

Así pues, el más reciente caso fue en la Delegación Coyoacán, en donde de acuerdo a información que circuló en redes sociales, los vecinos argumentaron estar en completo desacuerdo con la instalación de parquímetros, basados en el hecho de que no es otra cosa sino un gran negocio, ya que el programa de reordenamiento público nació hace 4 años y se le otorgó el Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR), a una empresa de apenas 10 meses de vida al momento de su aprobación, cuando ya existían empresas con más experiencia en ese ramo, según información que retoma del diario “El Universal” y plasman en dicho documento.5

Por esta razón, en la misma nota se hace constar como es que el Gobierno del Distrito Federal (GDF), otorgó permisos para controlar parquímetros en tres zonas a una empresa sin experiencia, la cual factura por lo menos 190 millones de pesos al año. Empresarios del mismo ramo y líderes vecinales acusan falta de transparencia al conferir a una sola compañía el manejo de mil 721 cajones de estacionamiento en la ciudad. 6

Otro argumento que sostienen los vecinos en el mismo documento, es el hecho de que anteriormente, según información del Universal, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que el proyecto de instalación de parquímetros en la Delegación no contaba con los elementos técnicos necesarios para llevarse acabo en una zona de monumentos históricos. Asimismo, el Instituto había detallado mediante un comunicado el 4 de marzo del año en curso, que pese a que la Autoridad del Espacio Público le había entregado la documentación relativa a la instalación de los aparatos en el centro histórico de Coyoacán, la misma estaba incompleta. Por lo que se le notificó al gobierno capitalino “la inmediata suspensión de la obra hasta en tanto no se presente el expediente completo con la solicitud de autorización de licencia para la obra”.7 Por lo que los vecinos insisten en las irregularidades.

Por lo anterior, en lo que respecta al Instituto Nacional de Antropología, al día de hoy, de acuerdo al diario El Milenio, el Instituto ya avaló la instalación de parquímetros en la Delegación Coyoacán. En un nuevo oficio enviado a las autoridades capitalinas, el órgano solo realizó observaciones relacionadas con el tono de la pintura que se usará. No obstante, las negociaciones entre autoridades y colonos continúan y al respecto, el secretario de Gobierno del Distrito Federal dijo: "Entendemos que hay un grupo de vecinos que mantienen su oposición, pero lo que hemos analizado es si se amplía el margen de consulta", además, “Hay colonos que se inconforman porque tienen más de dos vehículos y no desean pagar por estacionarse, pero esos son algunas de las particularidades que se analizan”, mencionó.8

Por último, retomando el caso de la delegación Coyoacán, de acuerdo a información publicada por la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México en su portal de Internet, y con información obtenida del “Estudio de Factibilidad de Coyoacán 2013”, desde el 2013 se han venido implementando acciones contra franeleros mediante la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF), con el objetivo de retirarlos y evitar el control sobre el espacio público en la demarcación. 9

Se entiende por tanto que el Gobierno del Distrito Federal tiene por objetivo retirar a los franeleros de las calles, pero en 2012 de acuerdo a información de la misma Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) del Distrito Federal, dio a conocer a vecinos, peatones, conductores y propietarios de inmuebles públicos y privados de la Delegación Coyoacán los beneficios del Programa de Reordenamiento de los Cuidadores y Lavadores de Vehículos, en el cual se establecen los derechos y las obligaciones de los llamados “franeleros” y permite a la ciudadanía vigilar que cumplan con los Reglamentos de Tránsito, para los Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal y la Ley de Cultura Cívica local.10

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senadode la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que a través de las Secretarías deDesarrollo Urbano y Vivienda, del trabajo y fomento al empleo, informen a esta Soberanía los mecanismos para seleccionar a las empresas encargas en prestar el servicio de parquímetros.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de abril del 2014”.






Del Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre incluir en su próxima selección a diversos municipios de San Luis Potosí, a efecto de que sean beneficiados por esta iniciativa federal. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISION INTERSECRETARIAL PARA LA INSTRUMENTACION DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE, INCLUIR EN SU PROXIMA SELECCION A DIVERSOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI, A EFECTO DE QUESEAN BENEFICIADOS POR ESTA INICIATIVA FEDERAL

“El que suscribe, TEOFILO TORRES CORZO, senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción II numeral 1 del artículo 8, fracción IX numeral 1 del dispositivo 76 y artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISION INTERSECRETARIAL PARA LA INSTRUMENTACION DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE, INCLUIR EN SU PROXIMA SELECCION A DIVERSOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI, A EFECTO DE QUE SEAN BENEFICIADOS POR ESTA INICIATIVA FEDERAL; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México, cerca del 23.3% de su población carece de acceso a la alimentación, por ello, el Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique Peña Nieto, emprendió acciones contundentes para erradicar esta carencia social incorporando políticas públicas en la materia y estar en posibilidad de dar cumplimiento con la garantía constitucional de los mexicanos para acceder a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como lo establece el artículo 4° de nuestra Constitución.

De esta manera, el 22 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el cual contempló en su anexo A, una lista de 400 municipios para ser beneficiados por este programa; entre ellos, Aquismón, San Luis Potosí, Santa Catarina, Tamazunchale, Tanlajás, Xilitla y Matlapa, del Estado de San Luis Potosí, selección con la que concuerdo plenamente, pues son evidentes las condiciones de pobreza extrema en que se encuentra su población.

Recordemos que una persona se encuentra en pobreza extrema, cuando presenta tres o más carencias sociales y además se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo; esta última se entiende como el equivalente al costo de la canasta alimentaria básica y que aun haciendo uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no puede adquirir lo indispensable para una nutrición adecuada.

La Cruzada tiene cinco objetivos: 1) Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia alimentaria; 2) Eliminación de la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; 3) Aumento de la producción de alimentos, el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; 4) Minimizar pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización y; 5) Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

Habrá de reconocer que esta Cruzada Nacional es una estrategia con enfoque amplio, de carácter multidimensional, que promueve un modelo de atención integral, considerando dos aspectos centrales: la producción de alimentos y el acceso a estos.

Su meta es atender a 7.4 millones de mexicanos y mexicanas, cifra que resulta del total de las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema y además presentan carencia alimentaria, considerando a la carencia alimentaria como una de las nueve carencias sociales que determinan el grado de pobreza, conforme al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social. De esta población objetivo, la Secretaría de Desarrollo Social, informó el pasado 4 de marzo que la Cruzada ha atendido a cerca de 3 millones de personas.

A fin de coordinar, articular y complementar los programas y recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada, se creó la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la cual está integrada por la Secretarías de Desarrollo Social (quién preside); de Gobernación; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Marina; Hacienda y Crédito Público; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Turismo; Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Instituto Nacional de las Mujeres y, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Otra importante función de esta Comisión, es ajustar la focalización o cobertura de los programas, así como implementar la Cruzada en otros municipios.

No olvidemos que la selección de los primeros 400 municipios, corrió a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, cumpliendo dos criterios importantes: 1) municipios con alto porcentaje de población en pobreza extrema y alto porcentaje de población con carencia alimentaria; y 2) municipios con alto número de personas en pobreza extrema y alto número de personas con carencia alimentaria. Además, se tomó en cuenta dos tipos de pobreza: rural y urbana.

Así, quedó claro que dicha selección obedeció a aspectos de carácter técnico y estadístico, basados en información proporcionada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en materia de medición de pobreza municipal al 2010; es importante aclarar que esta medición se realiza cada dos años para entidades federativas y cada cinco años a nivel municipal.

Cifras más recientes contenidas en el “Informe de pobreza en México, 2012”, publicado el 4 de octubre de 2013 por el CONEVAL, señala que México tiene 11.5 millones de personas en condiciones de pobreza extrema. En San Luis Potosí, un 12.8% de su población vive en situación de pobreza extrema con carencias sociales promedio de 3.7; el 24.7% de su población carece de acceso a la alimentación, y un 23.3% de los potosinos cuentan con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.

Al respecto, es importante reconocer el trabajo que en la materia han realizado las autoridades de los tres órdenes de gobierno en San Luis Potosí; en 2013 se implementaron diversas acciones, entre ellas: la conformación de los siete comités intersecretariales en los municipios potosinos participantes de la Cruzada; por otra parte, ese mismo año, el Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en San Luis Potosí, informó que la inversión total en estos siete municipios ascendió a 4 mil 600 millones de pesos, del cual 51% se destina al rubro de educación y el 49% restante para salud, seguridad social, vivienda, alimentación e ingreso a la línea de bienestar mínimo.

Recientemente, en un comunicado de la Secretaría de Desarrollo Social publicado el pasado 4 de marzo de 2014, se informó que próximamente se integrarán a esta cruzada503 municipios más.

Por lo anterior, es de suma importancia que en esta nueva fase por arrancar, se incluya a los municipios potosinos más afectados por estas carencias, como San Antonio, Villa de Ramos, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles; sus altos porcentajes y número de personas en condición de pobreza extrema y carencia alimentaria, lo demandan.

San Antonio presenta el 54.6% de su población en situación de pobreza extrema con un promedio de carencias sociales de 3.9; a su vez, el 37.7% de su población carece de acceso a la alimentación, con un promedio de 4.5 carencias sociales.

Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Villa de Ramos, son municipios que en atención al número de personas en situación de pobreza extrema y carencia alimentaria, es urgente su inclusión en la Cruzada Nacional; el primero tiene una población 13,498 personas en situación de pobreza extrema con un promedio de carencias sociales de 3.4 y 64,864 habitantes carecen de acceso a la alimentación con un promedio de 2.4 carencias sociales.

El segundo cuenta con 11,361 habitantes viviendo en pobreza extrema con 3.9 carencias sociales en promedio y 46,689 personas con carencia de acceso a la alimentación con un promedio de 3.2 carencias. Por su parte, Villa de Ramos debe ser incluido, dado que 11,806 personas se encuentran en condiciones de pobreza extrema con un promedio de 3.6 carencias sociales;así también, tiene 12,260 personas en carencia alimentaria con promedio de 3.6 carencias sociales.

En atención al porcentaje de su población en pobreza extrema y carencia alimentaria, los municipios de Tampamolón Corona, Coaxtlán, San Martín Chalchicuautla, Huehuetlán, Axtla de Terrazas, Tampacán, San Vicente Tancuayalab, Moctezuma, Tanquián de Escobedo, Villa de Guadalupe y Ciudad del Maíz, también deben ser incluidos en esta nueva selección, en razón de los preocupantes índices que se explican en la tabla que acompaño a la presente Proposición como Anexo 1.

Por otra parte, en relación al número de personas en situación de pobreza y con carencia alimentaria, solicito incluir a los municipios de Guadalcázar, Mexquitic de Carmona, Matehuala, Rioverde, Villa de Reyes, Tamuín, Ebano, Santa María del Río, Ciudad Fernández y Salinas, con base en los preocupantes números que obran en la tabla del Anexo 2.

En conclusión y conforme a datos proporcionados por el CONEVAL, los municipios potosinos anteriormente citados, cumplen con los criterios generales planteados para la selección e ingreso a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, pues son municipios con altos niveles de pobreza extrema y carencia alimentaria cuyos índices en demasía son altos en porcentaje y número de población.

Por las consideraciones expuestas, acudo a esta alta tribuna con la finalidad de someter a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, solicita a la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, incluir en su próxima selección de municipios beneficiados por la Cruzada Nacional Contra el Hambre a los municipios de Axtla de Terrazas, Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Coaxcatlán, Ebano, Guadalcázar, Huehuetlán, Matehuala, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Rioverde, Salinas, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Santa María del Río, Soledad de Graciano Sánchez, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tanquián de Escobedo, Villa de Ramos y Villa de Reyes, todos del Estado de San Luis Potosí, para que se vean beneficiados por esta iniciativa federal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de abril de 2014

Sen. Teófilo Torres Corzo”.

ANEXO 1

Relación de municipios en razón al porcentaje de personas en pobreza extrema y carencia alimentaria

Municipio

Pobreza Extrema

Carencia alimentaria

%

Carencias

%

Carencias

San Antonio

54.6

3.9

37.7

4.5

Tampamolón Corona

51.2

4

46.3

4.3

Coaxcatlán

50.6

3.9

43.1

4.3

San Martín Chalchicuautla

42.7

4

47.8

4.2

Huehuetlán

39.7

3.9

43.3

4.1

Axtla de Terrazas

38

3.9

13.3

4.2

Tampacán

34.6

3.7

49.7

3.7

San Vicente Tancuayalab

33.6

4

47.3

3.9

Moctezuma

33.9

3.6

45.5

3.7

Tanquián de Escobedo

32

3.8

42.1

3.8

Villa de Guadalupe

28.3

3.5

44.2

3.3

Ciudad del Maíz

28.1

3.6

43.6

3.6

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la Pobreza Municipal 2010.

ANEXO 2

Relación de municipios en razón al número de personas en pobreza extrema y carencia alimentaria

Municipio

Pobreza Extrema

Carencia alimentaria

No. de personas

Carencias

No. de personas

Carencias

Soledad de Graciano Sánchez

13498

3.4

64864

2.4

Ciudad Valles

11361

3.9

46689

3.2

Villa de Ramos

11806

3.6

12260

3.6

Guadalcázar

10880

3.8

10192

3.8

Mexquitic de Carmona

10869

3.7

24419

3.4

Matehuala

5592

3.5

24264

2.9

Rioverde

8459

3.6

23448

3.2

Villa de Reyes

8327

3.9

20298

3.4

Tamuín

5064

3.7

13131

3.3

Ebano

7123

3.9

12517

4

Santa María del Rio

6159

3.8

12183

3.6

Ciudad Fernández

6055

3.8

10159

3.6

Salinas

5665

3.6

11228

3.4

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la Pobreza Municipal 2010.






Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita la intervención del Secretario de Gobernación y del Procurador General de la República para velar por el pleno respeto de la libertad de expresión de las periodistas Carmen Aristegui y Denise Dresser y a iniciar acción legal en contra de quienes resulten responsables. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICTA LA INTERVENCION DEL SECRETARIO DE GOBERNACION Y DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA PARA VELAR POR EL PLENO RESPETO DE LA LIBERTAD DE EXPRESION DE LAS PERIODISTAS CARMEN ARISTEGUI Y DENISE DRESSER Y A INICIAR ACCION LEGAL EN CONTRA DE QUIENES RESULTEN RESPONSABLES.

“El suscrito, Mario Delgado Carrillo, Senador de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, 108 numeral 1 y 276 numeral 2 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, con carácter de urgente y obvia resolución, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El ejercicio de la libertad de expresión es uno de los pilares de todo sistema democrático y del estado de derecho. Sin libertad de expresión, no puede haber democracia ni un sistema de libertades públicas y de garantías para su ejercicio.

A pesar de los esfuerzos importantes para avanzar, México tiene pendientes en materia de justicia. En el caso del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información, México no solo no ha avanzado sino que ha retrocedido pues se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas.1

El 25 de junio de 2012, se publicó en el Diario oficial de la Federación la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Esta ley define a los periodistas como las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.

Hoy el crimen organizado sigue intimidando y cobrando la vida de personas y también de periodistas. Por otra parte, el gobierno pretende acallar las voces críticas, tratando de controlar a los medios, en lugar de dar garantías para el ejercicio de las libertades.

Hay insuficiencias y tareas pendientes. La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señala expresamente que:

En un estado democrático de derecho es particularmente relevante el papel de los periodistas, como actores clave en el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información.

Las agresiones en su contra deben considerarse como afrentas a la democracia misma, motivo por el cual el gobierno mexicano tiene la obligación de tomar las medidas a su alcance para prevenirlas y remediarlas.

El Estado mexicano tiene la obligación de eliminar los obstáculos y restricciones ilegítimas al ejercicio pleno de la libertad de expresión, para lo cual tiene que promover acciones y medidas para fortalecer el ejercicio de la labor periodística.

El gobierno tiene que asegurar las condiciones para que la profesión periodística se pueda ejercer adecuadamente, abatir los factores que ponen en riesgo a los periodistas por sus labores, combatir la impunidad de los delitos cometidos en su contra, sobre todo en el contexto en el que se encuentra el gobierno de México al enfrentar al crimen organizado.”2

El pasado 25 de abril, la periodista Carmen Aristegui denunció en su programa radiofónico una campaña de desprestigio en contra de ella y de su equipo de trabajo.En esta campaña se han desarrollado varios hechos que dan cuenta de una amplia estrategia que su equipo de trabajo ha logrado documentar, que se describen a continuación.3

• Personas que se hacen pasar como parte de su equipo. En febrero de 2014, supuestos colaboradores de la periodista hicieron los arreglos para que diera una conferencia a los alumnos del Plantel Cancún de la Universidad del Sur. El 4 de marzo la institución educativa emitió un comunicado donde manifiestan que se trató de una suplantación y de una campaña para desprestigiar a la universidad o a la mencionada periodista.

• Intentos por hacer parecer que está vinculada al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El equipo de la periodista documentó la entrega de despensas que se enviaron supuestamente desde la Ciudad de México a los representantes de dicha agrupación en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. Se desconoce el origen de las despensas.

• En días pasados en Polanco, se detectó un grupo de aproximadamente 30 personas, supuestos simpatizantes de Morena, que se encentraban repartiendo volantes y protestaban por un falso pacto de Carlos Slim con sus dirigentes para proponer a Carmen Aristegui como candidata a un puesto de elección popular.

• Promoción de su persona vía telefónica. También se da cuenta de una encuesta telefónica realizada a altas horas de la madrugada y con el propósito de generar molestia en la gente, donde supuestos representantes de Morena preguntan a las personas si votarían por Carmen Aristegui en caso de que fuera candidata de jefa de Gobierno del Distrito Federal.

Además de la situación de la periodista Aristegui, Denise Dresser, politóloga y columnista, ha denunciado públicamente ser víctima de intimidación por la manifestación de sus opiniones en el periódico Reforma.

La organización Artículo 19, organización independiente de derechos humanos para proteger y promover la libertad de expresión, señala que en respuesta a las opiniones de Dresser, el Coordinador de Comunicación Social del PRI en la Cámara de Diputados emprendió una campaña de desinformación y de desprestigio contra ella. La organización, además, solicita que el Estado mexicano, de acuerdo con sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos, “emprenda todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad e integridad de Denise Dresser”.

La politóloga ha solicitado públicamente a las autoridades de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, su intervención. En entrevista para MVS Noticias con Carmen Aristegui, Denise Dresser acusó que “el estado mexicano ni siquiera está haciendo la labor mínima de un programa que debe entrar automáticamente”.

El 24 de abril la columnista escribió en Proceso con motivo de la situación de intimidación que se da desde el poder en un contexto adverso a la crítica y el disenso. También expresa que en la situación actual: “El Estado (se ha) convertido en el peor enemigo de la prensa, en lugar de asegurar un entorno donde opere libremente.”4

Ante estos ataques a la libertad de expresión, debemos actuar en consecuencia. El Senado de la República debe expresar su enérgico rechazo a toda acción que atente contra el ejercicio de la actividad periodística y de opinión.

En el marco de respeto a los derechos humanos, se debe exigir se investigue y sancionen las agresiones de las que son objeto los periodistas. El tema es de importancia para la sociedad y para el Senado de la República, ya que Carmen Aristegui y Denise Dresser representan voces libres y críticas en la sociedad mexicana. El que esté en peligro el ejercicio de sus actividades no sólo refleja la ausencia del Estado para brindarles las condiciones necesarias para ejercer sus actividades, sino el peligro que viven a diario las y los periodistas comprometidos con la información veraz y crítica.

Carmen Aristegui, con más de 14 reconocimientos por su actividad periodística y ganadora de dos ocasiones del Premio Nacional de Periodismo, es una periodista que ha demostrado día a día con su trabajo, la seriedad y profesionalismo, aunque ésta trastoque supuestos equilibrios de la vida pública del país. Mediante su colaboración en los espacios radiofónicos y televisivos a lo largo de su carrera periodística ha impactado en la vida pública de nuestro país.

Denise Dresser se ha caracterizado, mediante sus columnas semanales y sus publicaciones en las que expresa su opinión, una crítica concisa, informada y oportuna, que se dirige a los poderes hegemónicos de nuestra sociedad mexicana.

Ante las denuncias, es fundamental que conozcamos qué motivaciones, de dónde provienen los recursos y qué objetivos tienen quienes están usurpando identidades, y también, se detenga ya toda intimidación que se dirige al ejercicio de crítica y opinión libre.

Las intervenciones ilegitimas a la libertad de los periodistas deben ser desterradas. El acoso, el hostigamiento, la violencia, la censura, la usurpación, la suplantación, las calumnias, las intimidación contra de los periodistas no caben en un estado de derecho.

Tampoco la censura que se planteó en la ley de telecomunicaciones que envió el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, porque atenta contra la democracia mexicana y es un peligro del autoritarismo.

Nada ni nadie puede estar por encima de los derechos y garantías previstos en la constitución.

El artículo 6º de la constitución establece el derecho de que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público. También establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El artículo 7o. establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Añade que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución.

El señalado artículo 6º constitucional señala que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, en consonancia con lo que establece el artículo 16 constitucional que señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.

El artículo 73 fracción XXI de la constitución establece que las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

El artículo 102 constitucional establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

En el artículo 21 institucional se establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el procurador puede contar con fiscalías especiales para realizar de mejor manera su función de prevención e investigación de los delitos. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión. Tiene como función, proteger la seguridad de los comunicadores y otorgar medidas cautelares o de protección, así como gestionarlas ante las autoridades locales competentes.

El artículo 1º constitucional establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

En un estado de derecho, el deber del Estado en materia de protección de los derechos humanos es doble. Por un lado él mismo debe evitar violaciones a los derechos, pero también debe hacer todo lo que esté a su alcance para evitar que los ciudadanos y las organizaciones violen los derechos de conciudadanos.

Para ello debe operar las medidas de prevención y protección que frenen y sancionen el acoso, el hostigamiento, la violencia, la censura, la usurpación, las calumnias, las intimidaciones, que sufren quienes con profesionalismo desempeñan la función periodística.

Por todo lo expuesto, se somete a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, Lic. Miguel Angel Osorio Chong, en uso de sus facultades legales, a velar por el pleno respeto de la libertad de expresión de todas y todos los periodistas, en especial de Carmen Aristegui y Denise Dresser y a implementar los respectivos mecanismos de protección y prevención que garantice su integridad física y de toda persona que ejerza la labor periodística o de libre expresión, de conformidad con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y sus disposiciones reglamentarias.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República, Lic. Jesús Murillo Karam, a través de la La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, a iniciar acción legal en contra de quienes resulten responsables por la posible comisión de delitos con motivo de las denuncias y señalamientos hechos por Carmen Aristegui y Denise Dresser.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo”.






Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a rendir un informe especificando cuál será la disminución del aporte de renta petrolera y de utilidades de la industria energética como ingresos públicos, y como se revertirá la problemática derivada de la estimación del precio del barril de petróleo exportado. Se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE ENERGIA PARA QUE RINDA UN INFORME ESPECIFICANDO CUAL SERA LA DISMINUCION DEL APORTE DE RENTA PETROLERA Y DE UTILIDADES DE LA INDUSTRIA ENERGETICA COMO INGRESOS PUBLICOS, Y COMO SE REVERTIRALA PROBLEMATICA DERIVADA DE LA ESTIMACION DEL PRECIO DEL BARRIL DE PETROLEO EXPORTADO

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario delPartido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento enlo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República,presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México es un país reconocido a nivel mundial por su producción petrolera, la expropiación petrolera no fue un simple acto nacionalista, la defensa de la industria petrolera trajo consigo que el país pudiera administrar y suministrar el petróleo mexicano.

Desafortunadamente la legislación en materia energética a lo largo de la historia ha sido modificada para que el crudo del país regrese a las manos de empresas extranjeras; por medio de concesiones, contratos, organismos subsidiarios y filiales, Petróleos Mexicanos, siendo la mayor empresa petrolera de México y la mayor contribuyente fiscal del país, ha sido entregado a la inversión privada, delegando la producción de crudo, gas natural y petrolíferos a la inversión extranjera.

La recién aprobada Reforma Energética prometió a la población mexicana que se contaría con un mayor abasto de energéticos a mejores precios, así como bajar las tarifas eléctricas, bajar el precio del gas y bajar el precio de los alimentos.1

Además, se aseguró que con su aprobación, la producción de petróleo aumentaría de 2.5 millones diarios que se producen actualmente, a 3 millones de barriles en 2018 y a 3.5 millones en 2025.2

La aprobación de la reforma energética definió la manera de cómo cambiaría la legislación para permitir la apertura a la inversión privada en el sector energético, empero, en lo referente a las estimaciones de la extracción, explotación, producción y comercialización de petróleo, éstas no fueron las exactas, ya que la realidad es otra.

Puesto que para definir el presupuesto, el Congreso de la Unión realiza estimacionessobre el precio que tendrá el barril de petróleo durante el año; para el 2014 se hizo una estimación de que el precio del barril de petróleo exportado se encontraría en 81 a 85 dólares por barril.3

Conjuntamente, en abril del presente año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público previó que para 2014 el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se ubicaría en 89 dólares por barril, en lugar de los 85 dólares por barril, considerados en la Ley de Ingresos de la Federación para 2014.4

La Secretaria federal informó que el precio de referencia de la mezcla mexicana de petróleo de exportación para 2015 se actualizó de acuerdo a la metodología especificada en el artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dando como resultado un precio de referencia de 75.0 dólares por barril.5

Pese a ello, la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público acepto que para 2015 el precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación caerá 10 dólares por barril, lo que en ingresos públicos se traduce en la una reducción de 3 mil 843.9 millones de pesos.6

Con ello, se exhibe un engaño más de la reforma energética, ya que se prevé una caída significativa en el precio global del crudo, y esto no fue considerado ni promovido en la reforma constitucional en materia energética, notablemente por las consecuencias que esto deriva.

Y es que según el periódico informativo Reporte Indigo, la caída prevista en el precio del petróleo se debe a presiones hacia abajo tanto en la oferta como en la demanda. Es decir, nuevos descubrimientos de yacimientos petroleros alrededor del mundo han aumentado las reservas petroleras disponibles; y al mismo tiempo, el consumo global del petróleo se ha ido estabilizando progresivamente, a medida que combustibles alternativos han ido tomando una proporción cada vez mayor en el consumo energético, reduciendo el uso del petróleo.7

Además, este mismo diario informa que diversos analistas esperan que el precio del barril caiga todavía más, hasta los 75 dólares; ante esto, el país corre peligro, ya que este análisis toma en cuenta como referencia mezclas de crudo de mayor calidad que la que se produce en México, por lo que su precio podría descender más abajo de los 75 dólares.8

Asimismo, el Bank of America Merrill Lynch (BofA) destaca en un reporte de análisis que una perspectiva de precios petroleros decrecientes y una baja en el valor de las exportaciones de crudo representa un riesgo significativo para el sector petrolero mexicano.9

En consecuencia, las finanzas públicas mexicanas se verán afectadas en los próximos años, ya que más de un tercio de los ingresos del gobierno federal provienen de la explotación del petróleo, supliendo en la práctica la posibilidad de otros ingresos tributarios para financiar el gasto corriente.

Pareciera entonces que la reforma constitucional en materia energética tiene como objetivo principal atender la demanda energética creciente y no optar por la eficiencia productiva. En el fondo esta reforma pretende aumentar la producción de hidrocarburos, privilegiando la demanda y el consumo; dejando a un lado, las necesidades de los mexicanos y el apoyo a su economía.

La reforma energética ya fue aprobada y el riesgo real se encuentra en la implementación, no en la legislación. Los detalles importantes de la reforma ya están incluidos en los cambios constitucionales aprobados.

El Estado mexicano renunció a la reserva que hizo para sí mismo en el capítulo VI “Energía y petroquímica básica” del Tratado de Libre Comercio, en el que apartó el petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica, en sus diferentes fases de explotación, de la zona de libre comercio de Norteamérica.

Lo expuesto quiere decir que si se modificada la Constitución se reforma ocultamente el Tratado, y ahora México entra en los supuestos de los capítulos X, XI y XV del mismo, en los cuales, se estipula que si un Estado renuncia, privatiza o transfiere a particulares un área sujeta al control estatal, ésta ya no puede ser asumida libremente por el Estado.

Por lo anteriormente expuesto, es de cuestionarse si la recién aprobada reformaenergética llegará a ser suficiente y benéfica para llenar este vacío presupuestal oserá necesario implementar otras medidas de recaudación o endeudamiento máscomplicadas.

Cabe recordar bonanza petrolera de los ochenta con la frase presidencial “‘administrar la abundancia’, la cual, llevó al país a una de las crisis económicas más agudas. Hoy, el discurso presidencial no es diferente, ante la afirmación de que “bajará el precio de la luz y también del gas” se ilusiona a miles de mexicanos, asegurándoles un supuesto futuro energético benéfico, cuando realmente lo único que se ve venir es un saqueo petrolero y una gran debilidad financiera para el país.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Energía para que rinda un informe especificando cual será la disminución del aporte de renta petrolera y de utilidades de la industria energética como ingresos públicos, y como revertirá la problemática derivada de la estimación del precio del barril de petróleo exportado.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de abril de 2014”.






Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo acciones emergentes para evitar el desbordamiento de la Laguna Negra, en el municipio de Tixtla, en el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE la Comisión Nacional del Agua y del instituto mexicano de tecnología del agua, se lleven a cabo acciones emergentes para evitar el desbordamiento de la Laguna Negra en el municipio de Tixtla en el estado de Guerrero

“El suscrito Senador de la República, Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracc. II del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, el presente Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las fuertes lluvias de septiembre del año pasado, dejaron en el estado de Guerrero a decenas de municipios con graves daños como fue el caso de Tixtla, en la región Centro de la entidad.

Los impactos causados por el huracán ‘Ingrid’ y la tormenta tropical ‘Manuel’ en Tixtla, fueron de tal magnitud, que casi la mitad del municipio permaneció bajo el agua debido al desbordamiento de la Laguna Negra, generando que en varias zonas el nivel del agua alcanzara hasta los tres metros de altura.

Dicha contingencia afectó a más de 7,500 personas, debido a que 26 millones de metros cúbicos quedaron anegados en dicha población.

A raíz de las afectaciones por las lluvias, el Consejo Ciudadano de Damnificados de Tixtla ha reclamado el retraso en la firma del acuerdo entre la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), instituciones encargadas de realizar los estudios de factibilidad para evitar las inundaciones por el desbordamiento de la Laguna Negra.

Lo anterior, con base en la reunión de trabajo celebrada en noviembre del año pasado entre altos funcionarios de la CONAGUA, el gobierno del estado y el ayuntamiento de Tixtla, entre ellos, el subdirector general, Oscar Hernández; Antonio Dávila, gerente nacional de Emergencias Urbanas, y Humberto Gastelum Espinoza, delegado estatal de CONAGUA, así como el coordinador general del Ejecutivo, Humberto Salgado Gómez, y el presidente municipal, Gustavo Alcaraz Abarca.

Entre los acuerdos alcanzados se estableció iniciar un estudio de Batimetría consistente en conocer con precisión las profundidades de dicha laguna; asimismo, se suscribirá un convenio con una institución cativa de nivel superior para que realicen todos los estudios pertinentes que perfilen una solución definitiva a las inundaciones en esta ciudad1.

De igual forma, los afectados señalan que la CONAGUA no ha cumplido con los compromisos firmados el 15 de febrero, en donde se contemplaban diversas acciones emergentes de prevención como la rehabilitación de las dolinas o resumideros, la ampliación de las dos tuberías que se instalaron en septiembre a mayor profundidad, así como la instalación de cárcamos, que van a servir de base para las bombas de agua que se instalaron.2

Debido a la proximidad de las lluvias y a que el nivel de la Laguna todavía es alto, los habitantes de Tixtla reclaman que las autoridades lleven a cabo los estudios técnicos pertinentes que generen un proyecto para resolver el problema que durante años han padecido.

Es importante que las autoridades de los tres órdenes de gobierno coordinen esfuerzos en la prevención de desastres naturales que pudieran afectar nuevamente a nuestra nación y sobre todo a las comunidades de mayor vulnerabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Comisión Nacional del Agua se lleven a cabo acciones emergentes para evitar el desbordamiento de la Laguna Negra en el municipio de Tixtla en el estado de Guerrero.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se establezcan los trabajos necesarios para que se efectúen los estudios de factibilidad, con el fin de prevenir las inundaciones en el municipio de Tixtla en el estado de Guerrero.

Cámara de Senadores, a 29 de abril de 2014.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.






CITA

Se cita a la siguiente sesión el día de mañana miércoles 30 de abril a las 12:00 horas.

Tengan buena tarde, Senadoras y Senadores.

(Se levantó la sesión a las 16:40 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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