Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 23 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 31



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 25 de Abril de 2014

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: (11:39 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 81 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Se abre la sesión del viernes 25 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Javier Lozano Alarcón, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Señor Presidente, o veo muy mal o no alcanzo a apreciar que hay 81 Senadores aquí en la sala del Pleno.

Aquí manifestaron que hay quórum, no parece que haya.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se irán incorporando, en el registro de firmas están acreditados ese número de Senadoras y Senadores.

Y en la primera votación lo habremos de constatar.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con veintisiete minutos del día jueves veinticuatro de abril de dos mil catorce, encontrándose presentes noventa ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del miércoles veintitrés de abril de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Segundo Informe Trimestral de Actividades.- Se remitió a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud, en materia de no cobro de cuotas de recuperación a recién nacidos, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Senadores de desechar el proyecto de decreto que reformaba el artículo 376 de la Ley General de Salud.- Quedó de enterado. Se dio por totalmente concluido dicho asunto.

(Iniciativas)

El Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 5 al artículo 31 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 14, 15, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y se reforma el artículo 8° de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a los artículos 226 y 227 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

El Senador José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 162 de la Ley del Seguro Social, en lo relativo al Seguro de vejez.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 420 Ter del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, con el fin impulsar la inversión en zonas de atención prioritaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y de los Senadores Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Manuel Humberto Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley contra el Acaparamiento de Artículos de Consumo Popular.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Oscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52 y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

(Dictamen de Primera Lectura)

Se recibió de lasComisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, en materia de justicia militar.- La Asamblea autorizó su incorporación en el Orden del Día de la sesión, el dictamen quedó de primera lectura y se dispensó su segunda lectura. Para presentar el dictamen, intervinieron los Senadores: Roberto Gil Zuarth, por la Comisión de Justicia; Fernando Yunes Márquez, por la Comisión de Defensa Nacional; Alejandro Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; y Graciela Ortiz González, por la Comisión de Estudios Legislativos. Para los posicionamientos de los grupos parlamentarios, hicieron uso de la palabra los Senadores: Angélica de la Peña Gómez del PRD; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; María del Pilar Ortega Martínez del PAN; y Arely Gómez González del PRI. En la discusión en lo general, intervinieron los senadores: Benjamín Robles Montoya del PRD y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular, por 106 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra para referirse a la Conmemoración del Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor.- Intervinieron los senadores: Zoé Robledo Aburto del PRD; Martha Palafox Gutiérrez del PT; Daniel Avila Ruiz del PAN; y Blanca Alcalá Ruíz del PRI.

(Proposiciones)

El Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo en relación con el Proyecto Integral Morelos, CCC Centro y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos.- Se sometió a consideración de la Asamblea la solicitud de urgente resolución, la cual no fue aceptada. Se turnó a la Comisión de Energía.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a redoblar esfuerzos para controlar la propagación de enfermedades provocadas por vectores y difundir las medidas de prevención para evitar el contagio de estos padecimientos, como el paludismo.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita diversas acciones al Jefe de Gobierno del Distrito Federal con relación al sismo del pasado 18 de abril de 2014.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a apremiar diversas medidas para atender los daños causados por el sismo del pasado 18 de abril.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Dirección General de Aeronáutica Civil a mantener una estricta vigilancia permanente sobre las medidas de seguridad a los usuarios, mantenimiento correctivo y preventivo que realizan las aerolíneas a sus aeronaves.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De los Senadores Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Fidel Demédicis Hidalgo, Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a las secretarías de estado que corresponda a que atiendan la situación de los integrantes de la comunidad indígena de los Cucapáh en el Delta del Río Colorado.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar el 15 de abril como “Día Mundial del Arte”.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

(Excitativa)

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, remitió solicitud de excitativa con relación al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia fiscalización, recibido el 26 de abril de 2012.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con veintiún minutos y citó a la siguiente sesión ordinaria el viernes 25 de abril a las 11:00 horas.

 

Fin de la sesión”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la misma.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De las Senadoras María Lucero Saldaña Pérez y Ana Gabriela Guevara Espinoza, con la que remiten el informe de sus actividades en su viaje de estudio a Islandia, los días 3 y 4 de abril del año en curso, en el marco de los trabajos realizados por el Foro Global de Mujeres en Parlamentos.

Y del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, con la que remite el Programa de la Consulta sobre la Reforma del Campo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite los siguientes proyectos de Decreto, que se acompañan de sus correspondientes dictámenes de impacto presupuestario.

POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO QUE APRUEBA EL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL.

"SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/758/14
México, D.F., 24 de abril de 2014

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presente

Por instrucciones del C. Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO QUE APRUEBA EL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL, documento que el Titular del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ese Organo Legislativo.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, acompaño al presente copias de los oficios números 353.A.-0914 y 312.A.-003713, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el Dictamen de Impacto Presupuestario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero".

"PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esa Honorable Asamblea, por el digno conducto de Usted, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Dentro de las acciones para integrar a nuestro país de forma más efectiva al contexto internacional, se encuentra la adhesión de México a diversos organismos internacionales.

En este contexto, México fue uno de los países fundadores de la Corporación Financiera Internacional (en adelante, la "CFI"), cuyo Convenio Constitutivo fue firmado el 25 de mayo de 1955 por 54 países fundadores, iniciando sus operaciones en 1956. El H. Congreso de la Unión aprobó el citado Convenio Constitutivo y autorizó la suscripción del mismo mediante el Decreto que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera internacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1955.

La CFI se constituyó como un organismo financiero internacional filial del Grupo Banco Mundial, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico, estimulando el establecimiento de las empresas productivas privadas en los países miembros, particularmente en las regiones menos desarrolladas, complementando con esto las actividades del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

Las principales actividades de la CFI consisten en reunir y aportar financiamiento, asistencia técnica y capacidad de gestión necesarios para desarrollar las oportunidades de inversión productiva de los países en los cuales actúa, ya sea a través de operaciones privadas, mixtas o de tipo gubernamental, siempre que éstas permitan encauzar asistencia técnica hacia el sector privado.

De igual manera, la CFI permite crear oportunidades para abatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas a través de: (i) la promoción de mercados abiertos y competitivos en los países en desarrollo; (ii) apoyar a las empresas privadas y; (iii) contribuir en la generación de empleos productivos y prestar servicios esenciales a los sectores marginados de la población.

Históricamente la CFI ha otorgado financiamientos por aproximadamente 15,500 millones de dólares de los Estados Unidos de América, a más de 1,700 clientes mediante el apoyo a 576 proyectos, en 103 países en desarrollo. Actualmente, la CFI es la mayor fuente de financiamiento directo para proyectos del sector privado en estos países.

La CFI inició sus operaciones con un capital de 100 millones de dólares americanos, el cual por resoluciones de la Asamblea de Gobernadores ha sido incrementado en seis ocasiones para llegar a la suma de 2,580 millones de dólares. Respecto de tales incrementos, ese H. Congreso de la Unión ha autorizado al Ejecutivo Federal, en cuatro ocasiones, la suscripción de acciones hasta por un total de 27'589,000 dólares de los Estados Unidos de América, según Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1980, el 13 de enero de 1986, el 11 de diciembre de 1992 y el 18 de julio de 1994, respectivamente.

México no participó en dos aumentos de capital aprobados por la CFI, debido a que estaban dirigidos a nuevos miembros, siendo éstos los siguientes: i) Aumento por 10 millones de dólares de los Estados Unidos de América, aprobado el 3 de septiembre de 1963 y ii) Aumento Especial de Capital por 150 millones de dólares de los Estados Unidos de América que permitió el ingreso de las antiguas Repúblicas Soviéticas y de otros nuevos miembros, aprobado en diciembre de 1992.

Los recursos con los que opera la CFI provienen principalmente de su fondeo a través del mercado de valores; sin embargo, también ha contado con contribuciones de los países miembros, así como países y organizaciones donantes.

Con el propósito de transferir más poder de voto a países en desarrollo, el 9 de marzo de 2012, la CFI aprobó la Resolución no. 256 denominada "Enmienda al Convenio Constitutivo y aumento selectivo del capital de 2010" (en lo sucesivo, la "Resolución"), la cual, conforme a su contenido, entró en vigor el 27 de junio de 2012. Con esta Resolución, la CFI incrementó su capital social en 130*000,000 de dólares americanos, para quedar en un total de 2,580'000,000 de dólares. Para ello, se ha invitado a nuestro país a que realice una suscripción de 2,943 acciones adicionales con las cuales, la participación de nuestro país en el citado organismo financiero internacional, estaría representada por 30,532 acciones con un importe de 30'532,000 dólares de los Estados Unidos de América.

En caso de aprobarse la presente Iniciativa, el pago de las acciones se efectuaría mediante dos erogaciones anuales, que deberán realizarse antes del 27 de junio de 2015, cuyos importes se incluirán dentro del presupuesto autorizado, asignando para tales efectos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que no se requerirán recursos adicionales para su aprobación.

Por otra parte, con la citada Resolución también se modificó el párrafo a) de la Sección 3, del Artículo IV, del Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, a fin de aumentar los votos básicos por país miembro de 250, a lo que resulte de la distribución equitativa entre todos los miembros del 5.55% de la suma total de los derechos de voto de todos los miembros, sin que los votos básicos se fraccionen. Los votos por acciones de cada miembro no se modifican, se mantiene el número de votos que resulte de la asignación de un voto por cada acción en su poder. La modificación quedará redactada de la siguiente manera:

"SECCION 3. Votación

a) Los derechos de voto de cada miembro serán equivalentes a la suma de sus votos básicos y sus votos por acciones.

I. Los votos básicos de cada miembro serán el número de votos que resulte de la distribución equitativa entre todos los miembros del 5.55% de la suma total de los derechos de voto de todos los miembros, estipulándose que los votos básicos no se fraccionarán.

II. Los votos por acciones de cada miembro serán el número de votos que resulte de la asignación de un voto por cada acción en su poder."

Nuestro país, ocupa el séptimo lugar entre los países apoyados por la CFI. Desde 1957 a la fecha, este organismo internacional ha participado en México en operaciones por un importe de aproximadamente 4,967'000,000 de dólares de los Estados Unidos de América, distribuidos en 181 proyectos, en ramas de actividades económicas tales como la manufacturera, siderúrgica, petroquímica, metalúrgica, textil, cemento, turismo, papel, electrónica, agroindustria y en infraestructura, lo que en conjunto ha constituido un gran apoyo al desarrollo económico del país.

La estrategia de la CFI en nuestro país, se centra en los sectores prioritarios que pueden aumentar las tasas de crecimiento económico y reducir la pobreza. Asimismo, promueve el acceso al financiamiento para las personas de bajos ingresos y microempresas, desarrolla marcos para la participación efectiva del sector privado, apoyando proyectos de eficiencia energética e infraestructura para fortalecer la competitividad, y hace hincapié en el desarrollo ambiental, social y el buen gobierno corporativo.

Mediante su labor, la CFI proporciona asistencia a México complementando las actividades del Banco Mundial a través del financiamiento y asesoría técnica de proyectos del sector privado que son prioritarios para el desarrollo económico nacional.

No obstante, la importancia de la CFI va más allá de la asistencia financiera y técnica, ya que permite elevar el grado de confianza de los inversionistas en un proyecto y ejerce una importante función catalítica en la movilización de financiamiento adicional para proyectos con otros inversionistas prestamistas, ya sea en forma de cofinanciamiento o mediante la formación de consorcios para préstamos, garantías de deuda y emisiones de valores y otros tipos de garantías.

De esta manera, la CFI cumple una función especial, ofreciendo su experiencia y prestigio de organismo internacional con clasificación AAA, como medio para atraer inversiones en sectores diversos a través de capital semilla. Este apoyo de la CFI ha sido muy importante para el desarrollo del sector privado de nuestro país.

Consecuentemente, a fin de mantener estos apoyos, se propone a esta Soberanía, fortalecer la participación de nuestro país en la CFI, mediante la suscripción de las 2,943 acciones adicionales que se han ofrecido a nuestro país, para hacer un total de 30,532 acciones por la suma de 30'532,000 dólares americanos, así como autorizar al Ejecutivo Federal para aceptar la enmienda al párrafo a), de la Sección 3, del Artículo IV, del Convenio Constitutivo de la CFI, a fin de modificar el cálculo de los votos básicos de cada miembro.

En otro orden de ideas, como un esfuerzo que realiza el Ejecutivo Federal para armonizar los principios y reglas aplicables a los acuerdos y tratados internacionales que han sido el fundamento jurídico para que nuestro país participe en organismos financieros internacionales como el que nos ocupa, es importante mencionar que en su oportunidad, la fracción X del artículo 89 de nuestra Carta Magna, disponía como facultades y obligaciones del Presidente de la República, entre otras, "Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federal".

En este sentido y en atención, entre otros, al mandato constitucional aquí referido, hasta antes de la reforma constitucional a dicho precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1988, la participación de nuestro país en un organismo financiero internacional, como el caso de la CFI, se realizó con la expedición de diversos decretos que autorizaron la suscripción de los convenios constitutivos de distintos organismos financieros internacionales.

Consecuentemente y como fue expuesto en la exposición de motivos de la reforma constitucional de mayo de 1988, resultó conveniente introducir modificaciones al texto de la propia fracción X del artículo 89, ajustando la expresión correspondiente a la ratificación de los tratados por "El Congreso Federal", para hacerla congruente con los artículos 76, fracción I y 133 de la propia Constitución, que precisan que tal acto aprobatorio corresponde especialmente al Senado.

Por tal motivo y después de las posteriores reformas a la misma fracción X del artículo 89 constitucional, aprobadas por el Constituyente Permanente en los años 2007 y 2011, el texto actual de la fracción que nos ocupa, a la letra señala que son facultades y obligaciones del Presidente: "Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales."

De conformidad con todo lo anterior, en aras de armonizar con nuestra Constitución el tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo de la CFI, en atención a la naturaleza del instrumento jurídico internacional de que se trata, la presente Iniciativa propone también reformar el Artículo 9o. del Decreto en comento, para señalar que el Gobierno Federal requerirá la autorización expresa del Senado para aceptar o proponer una modificación a la suscripción del Gobierno de México al Convenio Constitutivo de la CFI, y aceptar enmiendas del Convenio respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por las razones expuestas, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esa Soberanía la siguiente Iniciativa de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO QUE APRUEBA EL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL.

PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 2o. y 9o. del Decreto que Aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1955, reformado por Decretos publicados en el propio Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1980, 13 de enero de 1986, 11 de diciembre de 1992 y 18 de julio de 1994, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para que, por conducto del Banco de México, haga la suscripción de acciones o partes sociales de la Corporación Financiera Internacional, hasta por la cantidad adicional de dos millones novecientos cuarenta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América, para hacer un total de 30,532 acciones por la suma de treinta millones quinientos treinta y dos mil dólares.

Artículo 9o.- El Gobierno Federal requerirá exclusivamente la aprobación del Senado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación de declaraciones interpretativas del Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional o para modificar la suscripción del Gobierno de México a la Corporación Financiera Internacional.

SEGUNDO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para efectuar la suscripción adicional de acciones de la Corporación Financiera Internacional que a México corresponde hasta por los montos máximos autorizados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero anterior y para aceptar las enmiendas correspondientes a fin de cumplimentar la citada autorización.

TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para aceptar la enmienda al párrafo a) de la Sección 3 del Artículo IV del Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional a fin de modificar el cálculo de los votos básicos de cada miembro, a lo que resulte de la distribución equitativa entre los miembros, del 5.55% de la suma total de los derechos de voto de todos los miembros, sin que los votos básicos se fraccionen.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a veintitrés de abril de dos mil catorce.

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ENRIQUE PENA NIETO".






POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO QUE AUTORIZO AL EJECUTIVO FEDERAL A FIRMAR, EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE MEXICO, LOS CONVENIOS CONSTITUTIVOS SOBRE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO.

"SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/759/14
México, D.F., 24 de abril de 2014

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Por instrucciones del C. Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO QUE AUTORIZO AL EJECUTIVO FEDERAL A FIRMAR, EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE MEXICO, LOS CONVENIOS CONSTITUTIVOS SOBRE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO, documento que el Titular del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ese Organo Legislativo.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, acompaño al presente copias de los oficios números 312.A.-000326 y 353.A.-0094, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el Dictamen de Impacto Presupuestario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero".

"PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esa Honorable Asamblea, por el digno conducto de Usted, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el diverso que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) fue fundado en 1944 con la finalidad de ayudar a la reconstrucción que planteaba la Segunda Guerra Mundial, es una de las cinco instituciones que conforman el Grupo Banco Mundial (GBM). Actualmente, el BIRF es el organismo del GBM que trabaja con los países de mediano y bajo ingreso, o con baja capacidad crediticia, a fin de promover un crecimiento sostenible, equitativo y conducente a la creación de empleo, reducir la pobreza y abordar cuestiones de importancia regional y mundial.

Con una estructura similar a la de una cooperativa, y como un organismo internacional financiero, el BIRF es propiedad de sus 188 países miembros, que lo administran en beneficio propio. Los miembros logran los resultados esperados ofreciendo productos financieros flexibles, oportunos y adaptados a cada necesidad; servicios técnicos y de conocimientos y asesoramiento estratégico. Los clientes del BIRF tienen acceso a un mayor volumen de capital en condiciones favorables y con vencimientos prolongados y de un modo más sostenible que el provisto habitualmente por los mercados financieros mundiales.

Inicialmente, el BIRF estuvo integrado por 28 países, entre ellos México, quien fue el miembro número 28. Con el paso del tiempo, 160 países adicionales se han unido a la misión de este organismo internacional, siendo Tuvalu y Sudán del Sur los de ingreso más reciente.

En particular, el BIRF:

• Respalda las necesidades de desarrollo humano y social de largo plazo que no son financiadas por las fuentes de crédito privadas;

• Preserva la solidez financiera de los prestatarios, ofreciéndoles respaldo en los períodos de crisis, que es cuando los estratos con menores niveles de ingreso se ven más afectados;

• Aprovecha el efecto multiplicador del financiamiento para promover reformas normativas e institucionales clave (como las redes de protección social o las medidas de lucha contra la corrupción);

• Crea un clima favorable para la inversión destinado a atraer el capital privado;

• Ofrece respaldo financiero (en forma de donaciones provenientes de los ingresos netos del BIRF) en esferas cruciales para el bienestar de las personas pobres de todos los países.

Los países de ingreso mediano, donde vive el 70% de la población pobre del mundo, han logrado mejoras contundentes en la gestión económica y de gobierno durante los últimos dos decenios; allí es cada vez mayor la demanda de los recursos estratégicos, intelectuales y financieros con los que el Banco Mundial cuenta. El desafío que enfrenta el BIRF consiste en cómo administrar y proveer mejor sus recursos para cubrir las necesidades de estos países del modo más apropiado.

El Banco Mundial aprobó 5,200 millones de dólares en préstamos nuevos durante el ejercicio fiscal de 2013 para la región de América Latina y el Caribe, de los cuales, casi 4,800 millones de dólares provienen del BIRF. Dicho financiamiento se destinó a generar oportunidades a través de proyectos públicos y privados que expandieron los servicios públicos, mejoraron la productividad, la competencia y la integración regional, crearon nuevos puestos de trabajo y ayudaron a los más necesitados.

Para aumentar su efecto en los países de ingreso mediano, el BIRF trabaja en estrecha colaboración con la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros bancos multilaterales de desarrollo. Como parte de su labor, el BIRF además intenta capitalizar los conocimientos y experiencias en materia de desarrollo que han acumulado los propios países de ingreso mediano y colabora con fundaciones, contrapartes de la sociedad civil y donantes de la comunidad del desarrollo.

Nuestro país ha tomado parte activa en este esfuerzo internacional tal como se reflejó en el Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del Convenio Sobre el Fondo Monetario Internacional, aprobado en Bretton Woods, EE.UU., publicado el 31 de diciembre de 1945 en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual el H. Congreso de la Unión aprobó, entre otros, la suscripción de México como miembro del Convenio del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y autorizó la suscripción de acciones de dicho organismo hasta por 65'000,000.00 (sesenta y cinco millones) de dólares americanos.

Al día de hoy, nuestro país es titular de 18,804 acciones suscritas del capital ordinario en el BIRF con lo cual, la participación de México equivale al 0.98% del poder de voto. Lo anterior, considerando las aportaciones referidas en los Decretos aprobados por ese H. Congreso de la Unión, que en su oportunidad fueron publicados en Diario Oficial de la Federación, los días 10 de octubre de 1959, 13 de enero de 1965, 15 de diciembre de 1977, 12 de diciembre de 1983, 13 de enero de 1986 y 4 de enero de 1989.

Adicionalmente, el Ejecutivo Federal en mayo de 2012 presentó ante ese H. Congreso de la Unión, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el Artículo 4o. del Decreto que Autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la cual, en caso de ser considerada y aprobada por esa Soberanía, permitirá a nuestro país ser titular de 39,825 acciones, lo cual equivale al 1.68% de poder de voto dentro del BIRF.

Por otra parte, la dirección y representación del BIRF recae en la Junta de Gobernadores, la cual está integrada por un Gobernador y un Gobernador Suplente de cada país miembro, cargo que suele ser ocupado por el Secretario de Hacienda o el Gobernador del Banco Central. Para una mejor administración, la Junta delega sus facultades en un Consejo de Administración integrado por 25 Directores Ejecutivos (de varios países) que representan a los 188 países miembros. Los 6 países miembros con mayor número de acciones (Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia y Reino Unido) designan a un Director Ejecutivo cada uno; los otros 19 Directores son electos por la Junta de Gobierno. Dentro de la Dirección o "Silla" en la que se encuentra México, también se agrupa Centroamérica, España y Venezuela, que sumados tienen el 4.33% del total del poder del voto en el BIRF.

A partir de la creación del BIRF y hasta hoy, el orden internacional, la arquitectura financiera y las relaciones globales han evolucionado. Por tal motivo, la estructura de la propia institución se ha venido modificando, como también ha sucedido con los proyectos que éste financiaba. Desde la mitad de la década de los noventa, el BIRF ha incrementado su asistencia a través de cooperación técnica y reformas de política que ayudan a los países miembros en sus procesos de desarrollo y ha introducido un menú amplio de productos y servicios financieros.

A lo largo de 70 años de operaciones, el BIRF ha otorgado recursos por un monto de 594 mil millones de dólares americanos. Para el caso de México, el BIRF ha aprobado operaciones por 53.6 miles de millones de dólares americanos y donativos por aproximadamente 392.4 millones de dólares americanos; montos que lo convierten hasta ahora en el mayor receptor de recursos de préstamos, respecto a los desembolsos realizados. Al 31 de diciembre de 2013, el BIRF había otorgado financiamientos a México que representan una cartera total vigente de 2,454 millones de dólares americanos.

Entre los principales sectores que el BIRF ha apoyado en México se encuentran: áreas estratégicas para el combate a la pobreza, el apoyo a la educación, a la salud y a los sectores de energía, agropecuario y forestal, a la consolidación de la agenda de cambio climático, al fortalecimiento de la sostenibilidad financiera y al financiamiento al sector vivienda, entre otros.

Algunos ejemplos de proyectos que han sido apoyados en los últimos años por el Banco son: el Programa de Bosques y Cambio Climático, el Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional para el Mejoramiento Climático, el Desarrollo de Políticas para la Educación Media Superior y Desarrollo de Políticas para el Fortalecimiento de la Resiliencia Social al Cambio Climático.

A partir de 2009, ante la peor crisis financiera y desaceleración económica enfrentadas a nivel global, el GBM hizo frente con una respuesta rápida, proveyendo cerca de 90 mil millones de dólares americanos de apoyo total a nivel global desde el comienzo de la crisis. Sin embargo, este nivel extraordinario de asistencia dejó al Banco con recursos limitados y poca capacidad para desempeñar el mismo papel durante la recuperación.

Por ello, el Comité Conjunto del Banco y del Fondo para la Transferencia de Recursos Reales a Países en Desarrollo (conocido también como "Comité para el Desarrollo", conformado por 25 Gobernadores que representan a cada una de las constituyentes, y funge como Comité de Dirección del GBM), solicitó revisar la capacidad financiera, incluyendo la adecuación de capital del BIRF y de la CFI.

En abril de 2010, los 186 países que tenían participación accionaria en el GBM, respaldaron un aumento de capital por 86,200 millones de dólares americanos, además de transferir más poder de voto a países en desarrollo (el cual desde la creación del organismo ha estado concentrado en los países industrializados) y la introducción de cambios administrativos y gerenciales para colocar a la institución a la altura de los desafíos de la transformación del mundo que tuvo lugar a raíz de la crisis mundial.

Junto con este aumento general de capital y la transferencia de más poder de voto a países en desarrollo y transición (PDT), el Comité de Desarrollo también respaldó la nueva estrategia del Banco para el período posterior a la crisis, así como un paquete integral de reformas operativas para que el Banco pueda actuar con más rapidez y flexibilidad y pueda rendir mejores cuentas. Esta reforma interna comprende al BIRF, a la AIF y a la CFI y, aunque los puntos específicos de las reformas difieren entre las instituciones, sus objetivos principales (la necesidad de estar más cerca de sus clientes, mejorar los servicios financieros y diseminar de mejor manera el conocimiento y la experiencia) son los mismos.

Adicionalmente, el Comité para el Desarrollo puso a consideración del Directorio Ejecutivo el proceso para aprobar la Resolución "Mayor Representación y Participación de los Países en Desarrollo y en Transición", la cual entró en vigor el pasado 27 de junio de 2012.

Esta Resolución autorizó dos aspectos generales a ser modificados en el Decreto que Autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en Representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento:

I. La modificación a la forma de cálculo de los votos básicos de 250 acciones por país miembro, a una fórmula que calcula el número de votos básicos de cada miembro a lo que resulte de la distribución equitativa entre todos los miembros de 5.55 por ciento de la suma total de los votos de todos los miembros, a condición de que no habrá votos básicos fraccionarios, y

II. La asignación de Acciones que autoriza la aceptación de suscripciones de hasta un máximo de 7,117 acciones adicionales ofrecidas a 16 PDT. Estás acciones corresponderán a Capital exigible, por lo cual no deberá realizarse ningún pago. De estas acciones, el BIRF ha ofrecido a México 294. El objetivo de la presente asignación de acciones tiene como finalidad apoyar la transferencia del poder de voto para la corrección de desbalances de representación y alinear el voto con el peso económico de cada país en el mundo a fin de que se vean reflejadas de mejor manera las realidades de una nueva economía mundial multipolar en la que los países en desarrollo (sobre todo los mercados emergentes y países de ingreso medio) se han vuelto los motores de crecimiento económico global.

Como se ha mencionado, actualmente México cuenta con 18,804 acciones del BIRF, asimismo, se encuentran pendientes de aprobación por esa Soberanía, la suscripción adicional de 21,021 acciones, para formar un total de 39,825 acciones. Por lo anterior, en caso de ser aprobada la suscripción adicional antes mencionada, así como la que se contiene en la presente Iniciativa por las 294 acciones adicionales que el BIRF ofreció a México, se lograría un total de 40,119 acciones.

En otro orden de ideas, como un esfuerzo que realiza el Ejecutivo Federal para armonizar los principios y reglas aplicables a los acuerdos y tratados internacionales que han sido el fundamento jurídico para que nuestro país participe en organismos financieros internacionales como el que nos ocupa, es importante mencionar que en su oportunidad, la fracción X del artículo 89 de nuestra Carta Magna, disponía como facultades y obligaciones del Presidente, entre otras, "Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federal".

En este sentido y en atención, entre otros, al mandato constitucional aquí referido, hasta antes de la reforma constitucional a dicho precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1988, la participación de nuestro país en un organismo financiero internacional, como es el caso del BIRF, se realizó con la expedición de diversos Decretos que autorizaron la suscripción de los convenios constitutivos de distintos organismos financieros internacionales.

Consecuentemente y como fue expuesto en la exposición de motivos de la reforma constitucional de mayo de 1988, resultó conveniente introducir modificaciones al texto de la propia fracción X del artículo 89, ajustando la expresión correspondiente a la ratificación de los tratados por "El Congreso Federal", para hacerla congruente con los artículos 76, fracción I y 133 de la propia Constitución, que precisan que tal acto aprobatorio corresponde exclusivamente al Senado.

Por tal motivo y después de las posteriores reformas a la misma fracción X de artículo 89 constitucional, aprobadas por el Constituyente Permanente en los años 2007 y 2011, el texto actual de la fracción que nos ocupa, a la letra señala que son facultades y obligaciones del Presidente, "Dirigirla política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales."

De conformidad con todo lo anterior, en aras de armonizar con nuestra Constitución el tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en atención a la naturaleza del instrumento jurídico internacional de que se trata, la presente Iniciativa propone también reformar el Artículo 16 del Decreto en comento, para señalar que el Gobierno Federal requerirá la autorización expresa del Senado para aceptar o proponer una modificación a la suscripción del Gobierno de México al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y aceptar enmiendas del Convenio respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por las razones expuestas, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esa Soberanía la siguiente Iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO QUE AUTORIZO AL EJECUTIVO FEDERAL A FIRMAR, EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE MEXICO, LOS CONVENIOS CONSTITUTIVOS SOBRE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO.

PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 4o. y 16 del Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para quedar como sigue:

Artículo 4o.- El Gobierno Federal, por conducto del Banco de México, hará la suscripción adicional de 294 acciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que corresponden a la resolución "Mayor Representación y Participación de los Países en Desarrollo y en Transición", para hacer un total de 40,119 acciones por la suma de 4,011,900,000 (cuatro mil once millones novecientos mil) dólares de Estados Unidos de América del peso y ley vigentes al 1o. de julio de 1944.

Artículo 16 - El Gobierno Federal requerirá exclusivamente la aprobación del Senado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación de declaraciones interpretativas del Convenio Constitutivo sobre el Banco.

Internacional de Reconstrucción y Fomento o para modificar la suscripción del Gobierno de México al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

SEGUNDO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para aceptar enmiendas al Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que sean consecuencia de las reformas y adiciones a que se refiere el artículo primero de este Decreto.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a veintitrés de abril de dos mil catorce.

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ENRIQUE PENA NIETO".






POR EL QUE SE REFORMA LA LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCION EN MEXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

"SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/760/14
México, D.F., 24 de abril de 2014

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES

Por instrucciones del C. Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCION EN MEXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, documento que el Titular del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ese Organo Legislativo.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, acompaño al presente copias de los oficios números 353.A.-0216 y 312.A.-000927, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el Dictamen de Impacto Presupuestario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero".

"PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esa Honorable Asamblea, por el digno conducto de Usted, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde sus inicios, que datan de la segunda mitad del siglo pasado, los organismos financieros internacionales han adquirido gran relevancia en el funcionamiento y desarrollo de nuestra sociedad. Desde entonces y hasta nuestros días, estos organismos han creado los espacios propicios para el diálogo entre las naciones y los bloques económicos, ya que además de establecer la agenda y el dialogo de los temas de trascendencia internacional, interactúan con las políticas y planes de desarrollo de cada país.

En este contexto y como parte de un esfuerzo para el desarrollo sustentable, la reducción de la pobreza y la desigualdad en la región de América Latina y el Caribe, en 1959 fue creado el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, como una institución multilateral de financiamiento de cobertura regional, cuyo objetivo es la contribución al proceso de desarrollo económico, individual y colectivo de sus países miembros con una perspectiva continental. En la actualidad, se encuentra integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Interamericana de Inversiones (CU), creada en el año de 1985 y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), cuyo año de creación fue 1993.

Con el surgimiento del BID, las naciones latinoamericanas se vieron favorecidas ante el deseo conjunto de contar con un organismo de desarrollo que atendiera los problemas de la región. Es así como el BID, es considerado en la actualidad como una de las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional sostenible de América Latina y el Caribe.

Los principales objetivos del BID son: i) promover la inversión de capitales públicos y privados para fines de desarrollo; ii) utilizar su propio capital, fondos que obtenga en los mercados financieros y demás recursos de los que disponga para el financiamiento de proyectos, dando prioridad a los préstamos y operaciones de garantía que contribuyan al crecimiento económico; iii) estimular las inversiones privadas en proyectos, empresas y otras actividades cuando no existan capitales particulares en términos y condiciones razonables; iv) cooperar con los países miembros para orientar su política de desarrollo hacia una mejor utilización de sus recursos; y v) proveer la asistencia técnica para la de propuestas sobre proyectos específicos.

En sus inicios, el BID se encontraba conformado por 19 países de América y el Caribe; desde entonces y hasta nuestros días, sus miembros suman un total de 48, de los cuales 28 son países regionales y 20 extra-regionales.

El 19 de diciembre de 1959 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de la Ley que establece bases para la ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, a través del cual el H. Congreso de la Unión autorizó, entre otros, la suscripción de acciones del Gobierno Federal al BID hasta por la cantidad de 66,300,000.00 (sesenta y seis millones trescientos mil) dólares de los Estados Unidos de América.

A partir de 2008, los países de América Latina y el Caribe se vieron afectados en gran medida con la irrupción de la crisis financiera global, y en el año 2009, el PIB regional sufrió un decremento del 1.8% y las condiciones de los mercados financieros cambiaron radicalmente.

Ante este panorama, los países miembros pertenecientes al G20 acordaron que los bancos multilaterales de desarrollo (conocidos por sus siglas en inglés MDBs) actuarían como un instrumento para contribuir, en primer lugar, a evitar una mayor caída en las economías emergentes y en desarrollo, en segundo lugar, a apoyar sus procesos de recuperación, esto con la finalidad de evitar que la crisis afectara en mayor manera, a los países emergentes y en desarrollo. Asimismo, se acordó la revisión de sus niveles de capital para determinar la capacidad de respuesta de estas instituciones y, en su caso, el fortalecimiento de las mismas.

Derivado de la crisis antes mencionada, en el caso del BID se observó un incremento en su demanda por financiamiento en razón de lo siguiente:

I. Para compensar el menor financiamiento de los mercados internacionales de capital;

II. Para redoblar los esfuerzos encaminados a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la cual se vio afectada de forma negativa por la crisis financiera internacional; y

III. Para incorporar nuevas prioridades en la agenda para el desarrollo, como por ejemplo la mitigación y adaptación ante el cambio climático y la atención de los desastres naturales.

Ante los desafíos que representaba la crisis en mención, en marzo de 2009 la Asamblea de Gobernadores del BID solicitó, a la Administración comenzar una evaluación de la necesidad que representaría realizar un aumento general al Capital Ordinario. El resultado de esa tarea fue la formulación de propuestas para incrementar la capacidad financiera del BID, la realización de una nueva estrategia institucional y una agenda para mejorar la eficiencia, transparencia y gobernabilidad en el BID.

Como resultado de esos trabajos, con fecha 22 de marzo de 2010, la Asamblea de Gobernadores del BID adoptó la Declaración de Cancún, por medio de la cual se aprobó la Resolución AG7/10, que autorizó el Informe sobre el Noveno Aumento General de los Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de US$70,000 millones de dólares de los Estados Unidos de América, del cual, la parte pagada en efectivo del Capital Ordinario sería el equivalente al 2.43%, es decir 1,700 millones de dólares de los Estados Unidos de América y el restante 97.5%, por la cantidad de 68,300 millones de dólares de los Estados Unidos de América, se mantendría en forma de Capital Exigible.

De esta manera, el Noveno Aumento de capital del Banco le permitiría a éste continuar en el combate la pobreza y la desigualdad, así como fomentar el crecimiento sostenible de los países en desarrollo. Asimismo, el BID se concentraría en dos objetivos estratégicos que son esenciales para alcanzar su misión como institución; i) ocuparse de las necesidades especiales de los países menos desarrollados de la región; y ii) promover su desarrollo a través del sector privado.

El Noveno Aumento de Capital Ordinario se hizo efectivo el 29 de febrero de 2012, momento en el que el BID recibió el número necesario de Instrumentos de Suscripción con los que los países miembros acceden a suscribir el número de acciones del Capital Ordinario que les fue asignado según lo establecido en la Resolución AG-1/12. Al efecto, el H. Congreso de la Unión aprobó la participación de México en el Noveno Aumento de Capital Ordinario con fecha 14 de mayo de 2012.

Una vez cumplida la fecha límite para que los miembros del BID presentaran los Instrumentos de Suscripción, se observó que no fueron suscritas un total de 353,917 acciones por un valor de 4,269,453,798 de dólares de los Estados Unidos de América, debido a que Venezuela y Países Bajos decidieron no participar, procediendo a ofrecer las mismas a miembros prestatarios (las correspondientes a Venezuela) y no-prestatarios (las correspondientes a Países Bajos), según el caso, a fin de ser distribuidas de manera proporcional y con base en el porcentaje accionario vigente.

Según lo establecido en el documento AB-2764-11, emitido por el Secretario del Banco para la Asamblea de Gobernadores, se invitó a los países miembros a que expresasen su interés en ejercer ciertos derechos preferenciales para la suscripción de las acciones no suscritas, con sujeción a la asignación final de acciones que aprobó el 22 de enero de 2013 la Asamblea de Gobernadores mediante la Resolución AG-1/13, en la que se contempla la reasignación de las acciones no suscritas, de conformidad con las expresiones de interés que el BID recibió de los países miembros.

Nuestro país ha tenido una activa participación desde el año de 1959 y hasta nuestra época en el BID. En el año 2012, previa aprobación de ese H. Congreso, México participó en el Noveno Aumento de Capital del BID, suscribiendo 401,052 acciones de Capital Ordinario, de las cuales 9,739 acciones serían de capital ordinario pagadero en efectivo (equivalente a 117,485,768 de dólares de los Estados Unidos de América), y 391,313 acciones corresponderían al capital ordinario exigible.

Previo al Noveno Aumento de Capital, México contaba con una participación como accionista dentro del Banco conformada por 299 acciones del capital ordinario pagado y 6,681.3 acciones del capital ordinario exigible, que daban un total de 6,980.3 acciones suscritas del Capital Ordinario, equivalente a 6,912% del poder de votación.

A lo largo de 55 años y hasta diciembre de 2013, el BID ha otorgado recursos a la región por la cantidad de 210,300.4 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Para el caso de México, el BID ha aprobado operaciones con cargo al capital ordinario por más de 33,005 millones de dólares de los Estados Unidos de América, monto que lo convierte en el tercer país receptor de recursos con mayor número de préstamos y desembolsos del BID en América Latina y el Caribe.

El BID ha apoyado en México en sectores como, el combate a la pobreza, el apoyo a la educación, a la consolidación de la agenda de cambio climático, las áreas estratégicas para la modernización del sector laboral, el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera y al financiamiento al sector vivienda, entre otros.

Recientemente, el BID realizó un préstamo a nuestro país por la cantidad de 450 millones de dólares para el Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales IV, el cual beneficiará a 600 mil personas mediante el acceso de agua potable, y alrededor de 390 mil personas con acceso a alcantarillado nuevo, así como el saneamiento básico en zonas rurales en 31 estados del país.

Al día de hoy, México ha participado en la totalidad de aumentos de capital del BID, los cuales fueron debidamente autorizados por el H. Congreso de la Unión, siendo el último de los Decretos de aprobación el publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo 2012.

En este contexto, el número de acciones adicionales que suscribiría México de las que quedaron disponibles del Noveno Aumento General de Recursos, sería de 54,925 acciones, de conformidad con las condiciones establecidas en las Resoluciones AG-1/12 y AG-1/13, consistentes en 53,590 acciones de capital ordinario exigible (el pago de estas acciones sólo sería necesario si se presentaran situaciones extraordinarias previstas en Convenio Constitutivo del BID, y considerando que desde el inicio de operaciones del citado organismo financiero internacional, no se ha requerido el pago de las acciones de capital exigible), y 1,335 acciones de capital ordinario pagadero en efectivo equivalentes a 16,104,682.23 (dieciséis millones ciento cuatro mil seiscientos ochenta y dos dólares 23/100) dólares de los Estados Unidos de América, los cuales se podrán pagar mediante cuotas anuales, finalizando el pago total en marzo de 2016, o en las fechas que determine posteriormente el Directorio Ejecutivo del Banco.

En este mismo sentido, debe destacarse que con el Noveno Aumento General de Recursos, el poder de voto relativo entre América Latina y el Caribe, Estados Unidos, Canadá y los miembros extrarregionales, permanecerá inalterado. Sin embargo, con la suscripción de acciones que quedaron pendientes, el poder de voto de los países que suscriban dichas acciones se incrementaría, en el caso de México pasaría de 6.912% a 7.28%.

En este orden de ideas y con el propósito de incrementar la participación y presencia de nuestro país en organismos financieros internacionales como lo es el BID, el Ejecutivo Federal estima de sumo interés, y dados los contextos económico y financiero mundial, que ese H. Congreso de la Unión analice y, de ser el caso, apruebe en su oportunidad la propuesta que aquí se contiene, garantizando así la participación y liderazgo de México en la región de América Latina y el Caribe.

Por otro lado, como un esfuerzo que realiza el Ejecutivo Federal para armonizar los principios y reglas aplicables a los acuerdos y tratados internacionales que han sido el fundamento jurídico para que nuestro país participe en organismos financieros internacionales como el que nos ocupa, es importante mencionar que en su oportunidad, la fracción X del artículo 89 de nuestra Carta Magna, disponía como facultades y obligaciones del Presidente, entre otras, "Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federar.

En este sentido y en atención, entre otros, al mandato constitucional aquí referido, hasta antes de la reforma constitucional a dicho precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1988, la participación de nuestro país en un organismo financiero internacional, como es el caso del BID, se realizó mediante la expedición de diversos decretos que autorizaron la suscripción de los convenios constitutivos de distintos organismos financieros internacionales.

Consecuentemente y como fue expuesto en la exposición de motivos de la reforma constitucional de mayo de 1988, resultó conveniente introducir modificaciones al texto de la propia fracción X del artículo 89, ajustando la expresión correspondiente a la ratificación de los tratados por "El Congreso Federal", para hacerla congruente con los artículos 76, fracción I y 133 de la propia Constitución, que precisan que tal acto aprobatorio corresponde exclusivamente al Senado.

Por tal motivo y después de las posteriores reformas a la misma fracción X de artículo 89 constitucional, aprobadas por el Constituyente Permanente en los años 2007 y 2011, el texto actual de la fracción que nos ocupa, a la letra señala que son facultades y obligaciones del Presidente: "Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales."

De conformidad con todo lo anterior, en aras de armonizar con nuestra Constitución el tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, en atención a la naturaleza del instrumento jurídico internacional de que se trata, la presente Iniciativa propone también reformar el Artículo 12 del Decreto en comento, para señalar que el Gobierno Federal requerirá la autorización expresa del Senado para aceptar o proponer una modificación a la suscripción del Gobierno de México al Banco Interamericano de Desarrollo, y aceptar enmiendas del Convenio respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por las razones expuestas, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esa Soberanía la siguiente Iniciativa de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCION EN MEXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

PRIMERO.- Se REFORMA el artículo 12 y se DEROGA el artículo 2o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-. Se deroga.

Artículo 12.- El Gobierno Federal requerirá exclusivamente la aprobación del Senado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación de declaraciones interpretativas del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo o para modificar la suscripción del Gobierno de México al Banco Interamericano de Desarrollo.

SEGUNDO.- Se autoriza al Gobierno Federal, para que, por conducto del Banco de México, efectúe la suscripción adicional de 54,925 acciones del Banco Interamericano de Desarrollo, hasta por el equivalente a 662,584,023.46 (seiscientos sesenta y dos millones quinientos ochenta y cuatro mil veintitrés punto cuarenta y seis) dólares de los Estados Unidos de América.

TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para actualizar la suscripción adicional de acciones del Banco Interamericano de Desarrollo que a México corresponde hasta por los montos máximos autorizados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Segundo anterior y para aceptar las enmiendas correspondientes a fin de cumplimentar la citada autorización.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a veintitrés de abril de dos mil catorce.

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ENRIQUE PENA NIETO".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnense los tres expedientes a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Secretaría de Gobernación, un oficio con la terna para la designación del Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por un periodo de cinco años, compuesta por los siguientes ciudadanos: Oscar Jaime Roldán Flores, Guillermo Ignacio García Alcocer y Juan Carlos Zepeda Molina.








- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Asimismo, la Secretaría de Gobernación remitió un oficio con solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México para que participen fuera de los límites del país, en el Ejercicio Combinado “TEAMWORK SOUTH 2014” y en la Feria Naval y Marítima “EXPONAVAL-TRANSPORT 2014”, que se llevarán a cabo del 24 de noviembre al 5 de diciembre y del 3 al 5 de diciembre de 2014, respectivamente, en el Puerto de Valparaíso, Chile.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina para su análisis y dictamen.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: La Secretaría de Gobernación remitió, oficios con los siguientes instrumentos internacionales:

El Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado en la ciudad de México, el 1 de noviembre de 2013.








El Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, sobre Extradición, firmado en la ciudad de México, el 1 de noviembre de 2013.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnense ambos instrumentos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Asimismo, se recibió el Protocolo Adicional al Acuerdo Inicial de Complementación Económica No. 51, celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, suscrito en la ciudad de México, el 1 de noviembre de 2013.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Secretaría de Gobernación el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba, sobre Reconocimiento y Revalidación Mutuos de Títulos, Diplomas y Estudios de Educación Superior, firmado en la ciudad de México, el 1 de noviembre de 2013.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Educación.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: De la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación ambiental.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: De la Colegisladora se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Población.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE POBLACION

(Presentada por el C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenos días, compañeras y compañeros Senadores.

Comparezco ante esta Asamblea, para poner a su consideración la siguiente iniciativa que reforma las fracciones II y III; y se adicionan un segundo párrafo a la fracción II; una fracción IV Bis y un último párrafo al artículo 3o. de la Ley General de Población, bajo los siguientes considerandos:

Diversos Senadores hemos presentado una serie de propuestas con punto de Acuerdo, unas exhortando a las autoridades en materia de salud, otras exhortando autoridades en materia de educación, otras también a la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Población; sin embargo, es importante que quede ya debidamente previsto en la ley una serie de medidas que vayan encaminadas precisamente a prevenir una situación que va incrementándose lamentablemente en nuestro país, en materia de embarazos en niñas y en adolescentes.

Con toda la problemática que conlleva, desde el punto de vista en materia de salud, al incrementarse la morbimortalidad de estas pacientes que no están en condiciones físicas, anatómicas, fisiológicas y psicológicas para la responsabilidad y la situación fisiológica en relación a la gestación que están presentando; y desde luego, también la problemática social que esto conlleva.

La adolescencia, considerada entre los 10 y 19 años de edad por la Organización Mundial de la Salud, se caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo psicológico de la persona. La madurez biológica que alcanza la adolescente le permite ser, desde el punto de vista fisiológico y anatómico, madres a temprana edad; sin embargo, ello no implica su madurez psicosocial, por lo que al concebir un hijo experimenta un fuerte impacto a su vida, en su salud, en su entorno familiar y en su entorno social.

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, por sus siglas en inglés, la paternidad, en el caso de niños y adolescentes, o la maternidad temprana, en el caso de las adolescentes o niñas, conduce de manera abrupta a un mundo adulto para el cual no están preparados ni preparadas, con efectos desfavorables sobre su vida y la de sus mismos hijos. El embarazo prematuro, además, conlleva un alto riesgo para la vida y la salud de la madre y del neonato.

El embarazo en las adolescentes está considerado como un problema de salud pública, ya que en la etapa de gestación existen riesgos que ponen en peligro la vida de la mujer y el producto. Se estima que un 15 por ciento de las mujeres embarazadas presentan alguna complicación mortal que requiere de atención obstétrica calificada.

Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, México ocupa el primer lugar en embarazos de jóvenes de 15 a 19 años, de acuerdo con un reporte de la Organización de Naciones Unidas, ya que en México uno de cada 6 nacimientos acontece en jóvenes de 15 a 19 años de edad, es decir, el 16.1 por ciento, siendo el Estado de México, Chiapas, Veracruz, Jalisco y Puebla las entidades con mayor concentración de menores en condición de maternidad que se presentan en nuestra República, de acuerdo al Censo General de Población y Vivienda del año 2010, del INEGI.

De acuerdo a datos del Banco Mundial, en el 2009 en México se tenía una incidencia de 69 embarazos de adolescentes por cada mil mujeres o que habían tenido un hijo, tasa muy superior a países como Perú donde la incidencia es de 52, en España donde la incidencia es de 12, en China de 9 y en Alemania de 7. Y repito, aquí en México es de 69 embarazos por cada mil mujeres.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, de la Secretaría de Salud, revela que las mujeres adolescentes encuestadas de 12 a 19 años de edad que ya habían tenidos actividad sexual, la mitad de ellas, el 51.9 por ciento, dijeron alguna vez haber estado en situaciones de gravidez, y 10.7 por ciento estaban cursando un embarazo en el momento de la entrevista. La incidencia es superior a la observada en 2005, de 30 nacimientos por cada 1,000 mujeres, la tasa de fecundidad para el año 2011, de las mujeres de 12 a 19 años de edad, fue de 37 nacimientos por cada mil mujeres; es decir, 7 puntos por arriba en apenas cinco años de diferencia.

Así, por ejemplo, a principios de 2014, la Coordinación de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, correspondiente a Ciudad Juárez, Chihuahua, dio a conocer que mil 700 adolescentes tuvieron a su tercer hijo, mientras que más de 6 mil 300 dieron o tuvieron su parto a su primer o segundo bebé con una serie de múltiples riesgos.

Al respecto, el Informe de Maternidad de la Niñez, del Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas, confirma que los embarazos en adolescentes son más probables entre niñas de hogares de ingresos y niveles con educación más bajos, para habitantes de zonas rurales, en una proporción de 17 a 1 respecto a los hogares de más altos ingresos. También, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las inequidades en salud materna se expresan en este grupo poblacional con mayores carencias.

Cabe mencionar que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población anunció una campaña informativa para reducir el número de embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual en el estado de Puebla. La campaña está enfocada a 43 municipios que concentran el 70 por ciento de la población juvenil entre los 15 y 19 años y 50 municipios más en condiciones de alta y muy alta marginación. Se trata de la campaña “Prevención Integral del Embarazo no Planificado e Infecciones de Transmisión Sexual en Adolescentes”, en la que se busca también promover entre los jóvenes una toma de decisiones libre e informada en materia de salud sexual y reproductiva.

Se prevé que sea la Secretaría de Gobernación la responsable, así lo dice la ley, de operar de manera transversal programas en materia de educación sexual integral, con el objetivo de hacer efectivo el derecho en el acceso a servicios de salud y, con ello, la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, independientemente de si la entidad que presta tales servicios pertenece al sector público o privado.

En México, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas tienen el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número de hijos que desean tener y el espaciamiento entre ellos. Para ejercer plenamente este derecho es necesario ampliar la cobertura de salud para asegurar la disponibilidad y el acceso a lo servicios de planificación familiar, así como otorgar la información y orientación veraz y suficiente que contribuya a la toma de decisiones libres, responsables e informadas en materia sexual y reproductiva.

Por lo anteriormente expuesto, y solicitando a la Mesa Directiva se considere íntegra mi versión en el Diario de los Debates, pongo a su consideración que con objeto de que las políticas públicas que se diseñen sean efectivas para prevenir el embarazo en adolescentes y disminuir la mortalidad de madres jóvenes durante el embarazo, parto y puerperio, se somete a esta Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de esta Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de Decreto:

Artículo Unico.- Se reforman las fracciones II y III, y se adicionan un segundo párrafo a la fracción II, una fracción IV Bis y un último párrafo al artículo 3o. de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- Para los fines de esta ley, la Secretaría de Gobernación dictará y ejecutará o en su caso promoverá ante las dependencias competentes o entidades correspondientes, las medidas necesarias para:

I…

“Los programas en materia de educación sexual integral, considerarán lineamientos, estrategias y acciones de educación integral en sexualidad y promoción de la salud sexual, que incluyan la prevención del embarazo en adolescentes, las infecciones de transmisión sexual, la violencia sexual y sus consecuencias.

IV Bis. Impulsar, de acuerdo al nivel educativo, la incorporación de contenidos que brinden información clara, comprensible y completa sobre sexualidad, de conformidad con el proyecto educativo y convicciones de cada institución, así como con la participación de padres de familia y tutores.

Los prestadores de servicios de planificación familiar garantizarán a toda persona el derecho a la confidencialidad y privacidad sobre sus opciones y conductas sexuales, así como sobre los métodos y terapias que elija para la regulación o planificación de su vida sexual.

Transitorios.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El que suscribe, Francisco Salvador López Brito, Senador de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 1, fracción I, artículo 8, artículos 164, 169 y 172 todos del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa que reforma las fracciones II y III; y se adicionan un segundo párrafo a la fracción II, una fracción IV Bis, y un último párrafo al artículo 3º de la Ley General de Población, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La adolescencia, considerada entre los 10 y 19 años de edad por la Organización Mundial de la Salud, se caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo psicológico de la persona. La madurez biológica que alcanza la adolescente, le permite ser madre en edades tempranas; sin embargo, ello no implica su madurez psicosocial, por lo que al concebir un hijo experimenta un fuerte impacto a su vida, en su salud, familia y entorno.

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas en inglés), la paternidad y la maternidad tempranas conducen a las niñas, de manera abrupta, a un mundo adulto para el cual no están preparadas, con efectos desfavorables sobre su vida y la de sus hijos. El embarazo prematuro además conlleva un alto riesgo para la vida y la salud de la madre y del bebé.

El embarazo en las adolescentes está considerado como un problema de salud pública, ya que en la etapa de gestación existen riesgos que ponen en peligro la vida de la mujer y el producto. Se estima que un 15 por ciento de las mujeres embarazadas presentan alguna complicación mortal que requiere de atención obstétrica calificada.1

Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en embarazos de jóvenes de 15 a 19 años, de acuerdo con un reporte de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ya que en México uno de 1 de cada 6 nacimientos acontece en jóvenes menores de 15 a 19 años (16.1%), siendo el Estado de México, Chiapas, Veracruz, Jalisco y Puebla los sitios con mayor concentración de menores en condición de maternidad, de acuerdo al Censo General de Población y Vivienda de 2010, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).

De acuerdo a datos del Banco Mundial, en el 2009 en México se tenía una incidencia de 69 embarazos de adolescentes por cada 1000 mujeres o que habían tenido un hijo, tasa muy superior a países como Perú donde la incidencia es de 52, España 12, China 9 y Alemania 7.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSN) 2012 de la Secretaría de Salud, revela que las mujeres adolescentes encuestadas de 12 a 19 años de edad que tuvieron actividad sexual, la mitad (51.9%) dijeron alguna vez haber estado embarazada y 10.7% estaban cursando un embarazo al momento de la entrevista. La incidencia es superior a la observada en 2005 (de 30.0 nacimientos por cada 1,000 mujeres), la tasa de fecundidad en 2011, de las mujeres de 12 a 19 años de edad, fue de 37.0 nacimientos por cada mil mujeres.

Así por ejemplo, a principios de 2014, la coordinación de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, correspondiente a Ciudad Juárez, Chihuahua, dio a conocer que mil 700 adolescentes tuvieron a su tercer hijo, mientras que más de 6 mil 300 dieron a luz a su primer o segundo bebé con múltiples riesgos. La mayor incidencia ocurrió en menores de edad en situación de pobreza. La responsable de esa instancia reconoció que les interesa mucho prevenir el embarazo en adolescentes”, pero están más enfocados en prevenir los segundos y terceros embarazos, porque al año o año y medio ya está embarazada otra vez.

Al respecto, el Informe Maternidad en la niñez, del Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), confirma que los embarazos en adolescentes son más probables entre niñas de hogares de ingresos y niveles de educación más bajos habitantes de zonas rurales, en una proporción de 17 a 1 respecto a los de más altos ingresos. También, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que las inequidades en salud materna se expresan en este grupo poblacional.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la la atención prenatal es un pilar fundamental para reducir riesgos en las mujeres embarazadas, que aún con atención oportuna calificada pueden presentar complicaciones obstétricas, que son enfermedades que afectan o modifican el proceso de gestación y aumentan el riesgo de morbi-mortalidad materna y la necesidad de atención hospitalaria inmediata.

Las principales emergencias obstétricas se relacionan con trastornos hipertensivos, hemorragias e infecciones, embarazo ectópico, aborto séptico y enfermedad tromboembólica venosa.2

La mayoría de las complicaciones obstétricas se presentan durante la segunda mitad del embarazo, el parto y el puerperio, por lo que el personal médico debe realizar acciones específicas de atención, como son por ejemplo, el manejo de medicamentos anticonvulsivos, antibióticos, uterotónicos –fármacos que producen contracción uterina adecuada tras el nacimiento del producto– o extracción manual de la placenta, para reducir el riesgo de muerte de la mujer embarazada,3 que son intervenciones esenciales de los servicios de atención obstétrica de emergencia y representan una oportunidad para mejorar los servicios de salud en la atención oportuna de estas complicaciones.

Otros riesgos médicos asociados más comunes durante el embarazo en madres adolescentes, destaca: anemia, bajo peso del bebé al nacer, parto prematuro, nutrición insuficiente, que determina la elevación de la morbi-mortalidad materna y un aumento estimado de 2 a 3 veces en la mortalidad infantil, cuando se compara con los grupos de edades entre 20-29 años.

La atención médica adecuada durante el embarazo es trascendental para la salud de la madre y su producto. En el Artículo 61 Fracción II de la Ley General de Salud se establece la obligación que tienen las dependencias públicas para ofrecer a las mujeres embarazadas atención prenatal, y que de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM-007-SSA2-1993), deben ser como mínimo cinco revisiones; las cuales deben aumentar si se trata de un embarazo de alto riesgo.4

De acuerdo a la Secretaría de Salud, en México, se registraron 971 muertes maternas en 2011, de las cuales el 13.96% correspondieron a mujeres menores de 19 años. Lamentablemente, estos descensos en mucho de los casos pudieron haberse evitado, con políticas públicas eficaces de prevención del embarazo precoz, de acceso oportuno a una atención médico-hospitalaria, servicios básicos de salud, nutrición adecuada y a oportunidades económicas, tal como lo señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual tiene registradas a nivel mundial 800 muertes diarias de mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto en países de ingresos bajos.

La OMS instó a los Estados partes a reducir la mortalidad materna, considerada como un “indicador de la disparidad y desigualdad entre los hombres y las mujeres y su extensión es un signo de la ubicación de la mujer en la sociedad”. Ante ello, los Estados parte, incluido México, establecieron ocho Objetivos del Desarrollo del Milenio, con el objeto de reducir entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en tres cuartas partes y lograr en este último año un acceso universal a la salud reproductiva; lo que significa eliminar por completo las necesidades insatisfechas de planificación familiar, así como disminuir al máximo la fecundidad en adolescentes y aumentar (a un nivel universal) los cuidados prenatales.5

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el desconocimiento o mal uso de los métodos anticonceptivos, la poca información sobre la sexualidad, la baja escolaridad, la inadecuada comunicación familiar y el contexto cultural, son algunos factores que han provocado el aumento de embarazos no planeados entre jóvenes. Según expertos, más del 60% de los embarazos en adolescentes no fueron planeados. De la misma manera, UNICEF, señala entre los factores que conllevan al ejercicio cada vez más temprano de la sexualidad en los y las adolescentes y por ende a los embarazos precoces, se incluyen los cambios socioeconómicos, nuevos estilos de vida e insuficiente educación sexual.

Diversos especialistas coinciden con que la falta de políticas de educación y salud sexual a edades más tempranas se refleja en la problemática de los embarazos precoces. En ese sentido, la ENSN de 2012 señala que los adolescentes han aumentado el uso de anticonceptivos, ya que las cifras de quienes iniciaron vida sexual sin protección disminuyeron en el caso de las mujeres de 79.1% en 2000 a 33.4% en 2012; y en los hombres, de 47.5% en 2000 a 14.4% en 2012.

Si bien es cierto, los adolescentes tienen más acceso ahora a información sobre sexualidad y reproducción humana, para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, no es suficiente ya que la tasa de adolescentes embarazadas sigue siendo alta, las diversas instancias gubernamentales tanto de la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional de Población (CONAPO), y las Secretarías de Salud y Educación, entre otras,6 deben desarrollar un programa nacional de educación sexual integral que aborde el tema no sólo desde el enfoque biológico, sino también en términos de desarrollo social y psicológico.

En términos de los Artículos 2 y 3 de la Ley General de Población, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, dictará, promoverá y coordinará en su caso, las medidas adecuadas para resolver los problemas demográficos nacionales. Para ello, realizará, entre otras funciones, programas de planeación familiar, a través de los servicios educativos y de salud pública de que disponga el sector público y vigilar que dichos programas y los que realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos fundamentales del hombre y preserven la dignidad de las familias, con el objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población, así como lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del país. Entre otras funciones está además: disminuir la mortalidad e influir en la dinámica de la población a través de los sistemas educativos, de salud pública, de capacitación profesional y técnica, y de protección a la infancia, y obtener la participación de la colectividad en la solución de los problemas que la afectan.7

Por Educación Sexual se entiende: “El proceso vital mediante el cual se adquieren, transforman, informal y formalmente, conocimientos, actitudes y valores respecto de la sexualidad en todas sus manifestaciones, que incluyen desde aspectos biológicos y aquellos relativos a la reproducción, hasta todos los asociados al erotismo, la identidad y las representaciones sociales de los mismos”.8

La educación sexual integral no debe postergarse, sobre todo en este país, donde la edad promedio de inicio de la actividad sexual ha descendido hasta los 12 años de edad, por lo que es necesario fomentar programas locales de educación sexual efectivos para que las y los jóvenes sean consientes de las implicaciones de contar con una relación afectiva y sus riesgos.

Cabe destacar lo dispuesto en la fracción X del Artículo 7 de la Ley General de Educación que establece:

Artículo 7.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

En la educación primaria, secundaria y media superior que se imparta a niñas, niños y adolescentes de nuestro país, además de ser consideradas distintas áreas curriculares, como: ciencias sociales y naturales, formación ética y ciudadana, lengua, educación física y artística, deberían preverse actividades extra clases donde se trabajen actitudes, prácticas y conocimientos vinculados a los derechos humanos, así como el desarrollo de competencias vinculadas con la prevención del maltrato infantil, abuso sexual y delitos de trata de personas.

De la misma manera, se debe impulsar una promoción de la educación integral de la sexualidad basada en los derechos humanos, donde se hable de que al ejercer la sexualidad se generan vías de comunicación, de amor, respeto, libertad y responsabilidad; que genere respeto a las diferencias y a la diversidad, y promueva la toma de decisiones responsables, sobre una base clara y con información confiable, tal como se dispone en la Declaración Ministerial "Prevenir con Educación",9 la cual fue suscrita en el 2008 por Ministros de Educación y Salud América Latina y El Caribe, en el marco de la Conferencia Mundial de VIH/Sida, celebrada en la Ciudad de México bajo el auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Los países signantes de la Declaración Ministerial "Prevenir con Educación", se comprometen a que para el año 2015, se habrá reducido en 75% la brecha en el número de escuelas que actualmente no han institucionalizado la educación integral en sexualidad, para los centros educativos bajo la jurisdicción de los Ministerios de Educación.10

Al respecto, la Secretaría de Educación Pública imparte un Programa de formación denominado “Curso-Taller Educación integral de la Sexualidad en la Escuela para Formadores de Docentes”, el cual consta de tan sólo 20 horas, y se ubica dentro del Programa de Formación Continua para Maestros de Educación Primaria en la asignatura de Formación Cívica y Etica.

Los objetivos específicos de este programa, son “reflexionar acerca de las mínimos irreductibles que los docentes deben manejar en el campo de la educación sexual y los derechos sexuales en las Escuelas Normales”; analizar las estrategias didácticas y técnicas para replicar temas de educación sexual en la escuela; así como diseñar y argumentar estrategias para incorporar en el currículum de las Escuelas Normales contenidos de educación sexual y derechos sexuales.

Lo cierto es que la Fundación para el Maestro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en entrevistas periodísticas ha reconocido que los docentes no están preparados para dar este tipo de educación, por lo que necesitan mayor capacitación no sólo para tratar el tema sino para atender a las alumnas embarazadas.

Cabe mencionar que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SGCONAPO), anunció una campaña informativa para reducir el número de embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual en Puebla. La campaña está enfocada a 43 municipios que concentran el 70 por ciento de la población juvenil (entre 15 y 19 de años) y 50 municipios más en condiciones de alta y muy alta marginación. Se trata de la campaña “Prevención Integral del Embarazo no Planificado e Infecciones de Transmisión Sexual en Adolescentes”, en la que se busca también promover entre los jóvenes una toma de decisiones libre e informada en materia de salud sexual y reproductiva.

Es necesario que se establezca un programa nacional de educación sexual, que considere lineamientos, estrategias y acciones de educación integral en sexualidad y promoción de la salud sexual, que incluyan la prevención del embarazo en adolescentes, las infecciones de transmisión sexual, la violencia sexual y sus consecuencias.

En ese sentido, la existencia de un programa nacional de educación sexual fortalecería las acciones educativas que de manera dispersa se realizan, supervisando que los docentes estén altamente calificados para abordar los temas de sexualidad en la escuela y que cuenten con las herramientas necesarias para responder a las inquietudes y retos de la comunidad escolar. Además, se podrían desarrollar contenidos pedagógicos con mensajes actuales para ser difundidos por los diversos medios que logren el objetivo de sensibilizar a la población objetivo, a sus familias y docentes. En el diseño y ejecución del Programa, se deberán propiciar la participación de la sociedad civil, incluyendo a las niñas y los niños, adolescentes, jóvenes, al personal docente, ya las familias.

Por otro lado, con objeto de que las políticas públicas que se diseñen sean efectivas para prevenir el embarazo en adolescentes y disminuir la mortalidad de madres jóvenes durante el embarazo, parto y puerperio.

Se prevé que sea la Secretaría de Gobernación, la responsable de operar de manera transversal programas en materia de educación sexual integral, con el objetivo de hacer efectivo el derecho en el acceso a servicios de salud, y con ello, la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, independientemente de si la entidad que presta tales servicios pertenece al sector público o privado.

Al respecto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, los grupos que más a menudo les es vulnerado su derecho en el acceso a servicios de salud son mujeres pobres, que habitan en zonas rurales, indígenas y/o afrodescendientes y las adolescentes, lo cual genera desigualdades entre las propias mujeres en cuanto al disfrute de sus derechos que pueden constituir violaciones a los principios de igualdad y no discriminación que permean el sistema interamericano de protección a los derechos humanos.

Según el Relator de las Naciones Unidas sobre el disfrute del más alto nivel posible de salud, para prevenir la mortalidad derivada de la maternidad y mejorar el acceso a la atención de la salud materna no basta simplemente con aumentar gradualmente las intervenciones técnicas o hacer que sean más asequibles, es también esencial atender a los factores sociales, culturales, políticos y jurídicos que influyen en las decisiones de la mujer de solicitar servicios de atención en salud materna o en salud reproductiva. Recomienda entre las prácticas discriminatorias, que se deben eliminar a los estereotipos de género, tales como las restricciones al acceso a los servicios de atención médica por el hecho de carecer de la autorización del esposo, o compañero, padres o autoridades de salud, por su estado civil o por su condición de mujer.

A nivel mundial, se reconoce que las intervenciones gubernamentales que han sido eficientes para reducir la muerte materna son: servicios de salud reproductiva integrales, atención calificada del parto, durante e inmediatamente después del parto; y cuidados obstétricos y neonatales esenciales. Estas acciones deben estar acompañadas de acciones que empoderen a las mujeres con respecto al cuidado y atención de su salud, y de un mejor conocimiento de los aspectos culturales de las usuarias, del respeto a la cosmovisión, conocimientos y prácticas de salud reproductiva efectivas.

En México, el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas tienen el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número de hijos que desean tener y el espaciamiento entre ellos. Para ejercer plenamente este derecho, es necesario ampliar la cobertura de salud para asegurar la disponibilidad y el acceso a los servicios de planificación familiar, así como otorgar información y orientación veraz y suficiente que contribuya a la toma de decisiones libres, responsables e informadas en materia sexual y reproductiva. Lo anterior implica, desde el enfoque de la salud reproductiva, recibir apoyo médico ante problemas de infertilidad, otorgar atención calificada durante el embarazo, parto y puerperio, y por complicación de aborto; proteger la salud del recién nacido, gozar de una sexualidad sin temor a embarazos no deseados o a contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), cuyas secuelas pueden generar esterilidad e incluso la muerte de quien la contrae.11

Es inaceptable que sigan existiendo mujeres mexicanas que fallecen por no tener una adecuada atención hospitalaria, o no contar con acceso a servicios básicos de salud.

El embarazo en la adolescencia se comporta como de riesgo elevado, por lo que se hace necesario el desarrollo de políticas públicas de educación sexual y sanitaria, que garanticen el acceso universal a servicios de planificación familiar, atención calificada del parto, cuidados de emergencia obstétrica y servicios para prevenir y tratar infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA.

Por otro lado, subsiste la necesidad de intervenir en el cambio de patrones culturales de muchas comunidades, principalmente asentadas en el medio rural, donde la idea de tener hijos está asociada a la sobrevaloración social de la maternidad, donde las chicas de 20 ó 25 años que no están casadas son mal vistas, se dice de ellas que “se les va el tren”, que “se quedarán a vestir santos” y por eso hay niñas que inician de manera precoz a tener relaciones y a los 13 y 14 años son mamás.

Por lo anteriormente expuesto, con objeto de que las políticas públicas que se diseñen sean efectivas para prevenir el embarazo en adolescentes y disminuir la mortalidad de madres jóvenes durante el embarazo, parto y puerperio, se somete a esta Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se reforman las fracciones II y III; y se adicionan un segundo párrafo a la fracción II, una fracción IV Bis, y un último párrafo al artículo 3º de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, la Secretaría de Gobernación dictará y ejecutará o en su caso promoverá ante las dependencias competentes o entidades correspondientes, las medidas necesarias para:

I…

II.- Realizar programas de planeación familiar y de educación sexual integral, a través de los servicios educativos y de salud pública de que disponga el sector público y vigilar que dichos programas y los que realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos fundamentales del hombre y preserven la dignidad de las familias, con el objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población, así como lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del país;

Los programas en materia de educación sexual integral, considerarán lineamientos, estrategias y acciones de educación integral en sexualidad y promoción de la salud sexual, que incluyan la prevención del embarazo en adolescentes, las infecciones de transmisión sexual, la violencia sexual y sus consecuencias.

III.- Disminuir la mortalidad.;

IV.-Influir en la dinámica de la población a través de los sistemas educativos, de salud pública, de capacitación profesional y técnica, y de protección a la infancia, y obtener la participación de la colectividad en la solución de los problemas que la afectan;

IV Bis.- Impulsar, de acuerdo al nivel educativo, la incorporación de contenidos que brinden información clara, comprensible y completa sobre sexualidad, de conformidad con el proyecto educativo y convicciones de cada institución, así como, con la participación de padres de familia y tutores.

V - XIV…

Los prestadores de servicios de planificación familiar garantizarán a toda persona el derecho a la confidencialidad y privacidad sobre sus opciones y conductas sexuales, así como sobre los métodos y terapias que elija para la regulación o planificación de su vida sexual.

TRANSITORIOS

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F. a 25 de Abril de 2014

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco Salvador López Brito. Túrnese a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Ernesto Gándara Camou, para presentar a nombre propio y de la Senadora Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de Amparo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 190 DE LA LEY DE AMPARO

(Presentada por el C. Senador Ernesto Gándara Camou, a nombre propio y de la C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI)

- El C Senador Ernesto Gándara Camou: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a presentar a nombre propio y de mi compañera la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de Amparo.

El objetivo es complementar lo que ya se hizo en la reforma laboral; más certidumbre y más equidad procesal en los juicios en materia laboral. Es decir, proteger los intereses de ambas partes, por un lado del trabajador, que no tendría que esperar el trámite de procedimiento de ejecución para ver garantizada su subsistencia cuando ya obtuvo en definitiva; y, por el otro lado, el patrón no se vería en riesgo de no poder recuperar esa y probables posteriores garantías en el caso de que el laudo definitivo no admita impugnación alguna le sea desfavorable, tomando en consideración la protección de la subsistencia del trabajador es sólo una garantía y no propiamente un pacto.

Dentro del juicio de amparo, como bien saben ustedes, la suspensión definitiva, la determinación judicial por la cual se ordena detener, frenar o paralizar temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve el fondo del amparo, tiene como objeto paralizar e impedir el acto reclamado por la autoridad responsable y constituye una medida precautoria que la parte quejosa solicita con el fin de que el daño a los perjuicios que pudiera causarle la ejecución del acto que reclama no se realice.

La tutela que se otorgó a los trabajadores en materia de suspensión de los laudos que les resulten favorables, se limita a que la autoridad responsable niegue parcialmente la medida precautoria, para el efecto de que se ejecute el laudo por un monto equivalente al necesario para asegurar la subsistencia del trabajador y de su familia, mientras se resuelve el juicio de garantías.

Normas protectoras en las que no se estimó conveniente para extender a la fijación de la caución que debe otorgar la patronal para garantizar los daños y perjuicios que pueda causarle al trabajador. Esto como consecuencia del otorgamiento de la suspensión del laudo en la parte que reste por ejecutar.

La entrega, hasta antes de que se dicte una sentencia de sobreseimiento o de negativa de amparo, pudiera implicar la privación de propiedades o posesiones de una persona que aún no ha sido vencida en juicio. De ahí que quizá la entrega en cuestión debe esperar al dictado de la ejecutoria respectiva, puesto que con ello se protegerían los intereses de ambas partes, pues por un lado el trabajador no tendría que esperar al trámite del procedimiento de ejecución para ver garantizada su subsistencia cuando ya obtuvo en definitiva y, por el otro, la parte patronal no se vería en riesgo de no poder recuperar esas y probables posteriores garantías en el caso de que el laudo definitivo no admita impugnación.

Es importante advertir que el noble propósito de proteger la referida subsistencia sólo cubre el periodo de duración del juicio de garantías.

Sin embargo, la deplorable situación económica del trabajador escapa cuando enfrenta un juicio laboral por virtud de la separación del empleo, muchas veces en forma injustificada, pues durante la tramitación del juicio laboral que en ocasiones ha durado muchos años sin que exista medida legal alguna que lo proteja de no subsistir durante ese periodo prolongado que quizá sea el más lamentable respecto a las dificultades económicas que se ve obligado a sufrir.

Consideramos conveniente, y en ese mismo ánimo que les comentaba al principio y tomando en cuenta que ya hay tesis de la Corte y de tribunales en materia laboral, poder adaptar la ley a lo mismo que hicimos con el tema de la certidumbre en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, pero ahora en la Ley de Amparo.

Consideramos conveniente esta reforma.

Por las razones anteriormente expuestas, consideramos que se debe reformar el artículo 190 de la Ley de Amparo para quedar como sigue:

Artículo 190.- La autoridad responsable decidirá, en el plazo de 24 horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad.

Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia que podrá garantizar mediante depósito, que será entregado al actor si el amparo es negado o sobreseído.

Compañeras y compañeros Senadores:

La certidumbre y, desde luego, el respeto al estado de derecho y al equilibrio en el tema laboral debe seguir precisándose.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“De los Senadores MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA y ERNESTO GANDARA CAMOU de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento de la Cámara de Senadores, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAEL ARTICULO 190 DE LA LEY DE AMPARO.

OBJETIVO

La equidad procesal, es decir proteger los intereses de ambas partes, pues por un lado el trabajador no tendría que esperar al trámite del procedimiento de ejecución para ver garantizada su subsistencia cuando ya obtuvo en definitiva y, por el otro, la patronal no se vería en riesgo de no poder recuperar esa y probables posteriores garantías en el caso de que el laudo definitivo que no admita impugnación, alguna le sea favorable, tomando en consideración que la protección de la subsistencia del trabajador es solo una garantía y no propiamente un pago.

JUSTIFICACION

El otorgamiento de la suspensión del acto reclamado coloca en una situación privilegiada a quien solicita el amparo, generando un desequilibrio respecto del tercero interesado, al que se impide ingresar en su esfera jurídica un derecho que aparentemente le corresponde.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En términos generales la palabra suspensión etimológicamente deriva del latín suspensio, suspensionis, como la acción y efecto de suspender. A su vez, el verbo "suspender", del latín suspendere, en una de sus acepciones significa: "detener o diferir por algún tiempo una acción u obra".

Dentro del juicio de amparo, la suspensión significa la determinación judicial por la cual se ordena detener, frenar, paralizar temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve el fondo del amparo; tiene como objeto paralizar o impedir el acto reclamado por la autoridad responsable y constituye una medida precautoria que la parte quejosa solicita con el fin de que el daño o los perjuicios que pudiera causarle la ejecución del acto que reclama no se realicen.

Como providencia cautelar de carácter "instrumental" que tiende a preservar la materia del juicio de garantías, cuyo contenido representa un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve el amparo.

El objeto primordial de esta medida cautelar es mantener viva la materia del amparo, imposibilitando que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el quejoso la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle.

En efecto, la suspensión del acto reclamado tiene carácter provisorio, porque el acto reclamado sólo se paraliza mientras dura el juicio de amparo, y por otra parte, tiene naturaleza conservativa, debido a que su finalidad es mantener una situación de hecho existente.

Por ello, para que de algún modo se restablezca el estado de cosas existente en un principio entre los gobernados que acuden al juicio de amparo, tanto el artículo 107 de la Constitución Federal, como los artículos 173 y 174 de la Ley de Amparo abrogada, prevén el otorgamiento de una garantía a favor del tercero perjudicado, con la finalidad de indemnizarle de los daños y perjuicios que le sean ocasionados con la paralización del acto reclamado, cuando se promueve un amparo y se otorga la suspensión.

En lo que interesa el artículo 107 constitucional establece lo siguiente:

Artículo 107. […] X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;”

Por su parte, la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril del dos mil trece, se establecía:

“Artículo 170.- En los juicios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, la autoridad responsable decidirá sobre la suspensión de la ejecución del acto reclamado con arreglo al artículo 107 de la Constitución, sujetándose a las disposiciones de esta ley.

Artículo 173.- Cuando se trate de sentencias definitivas o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas en juicios del orden civil o administrativo, la suspensión se decretará a instancia del agraviado, si concurren los requisitos que establece el artículo 124, o el artículo 125 en su caso, y surtirá efecto si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a tercero.

En los casos a que se refieren las disposiciones anteriores, son aplicables los artículos 125 párrafo segundo, 126, 127 y 128.

Cuando se trate de resoluciones pronunciadas en juicios del orden civil, la suspensión y las providencias sobre admisión de fianzas y contrafianzas, se dictarán de plano, dentro del preciso término de tres días hábiles.

Artículo 174.- Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

La suspensión surtirá efectos si se otorga caución en los mismos términos del artículo anterior, a menos que se constituya contrafianza por el tercero perjudicado.”

Del artículo 173 arriba transcrito se desprende que en los juicios de amparo directo en materias civil y administrativa, la autoridad responsable podrá decretar la suspensión del acto reclamado, a instancia del agraviado, siempre y cuando se cumplan los requisitos a que se refiere el artículo 124 del mismo ordenamiento -que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público-, y quien lo solicite otorgue caución bastante para responder de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a la parte tercero perjudicada.

El mismo precepto remite a los artículos 125 al 128 del mismo ordenamiento, que regulan la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo indirecto, de los cuales se desprende la misma obligación de otorgar garantía bastante para responder de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a la parte tercero perjudicada, así como, la posibilidad de que el tercero perjudicado otorgue una contrafianza, con la finalidad de que cese la suspensión.1

Por su parte, el artículo 174, también transcrito, regula en forma específica la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo en materia laboral, precisando que cuando la parte quejosa es el patrón, deberá negarse la suspensión si pone al trabajador en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo; de manera que la suspensión sólo podrá concederse por el excedente de lo necesario para asegurar la subsistencia del trabajador, en cuyo caso, la suspensión surtirá efectos si se otorga caución en los mismos términos que en los juicios en materias civil y administrativa.

Esto es, la tutela que se otorgó a los trabajadores en materia de suspensión de los laudos que les resulten favorables, se limita a que la autoridad responsable niegue parcialmente la medida precautoria, para el efecto de que se ejecute el laudo por un monto equivalente al necesario para asegurar la subsistencia del trabajador y de su familia, mientras se resuelve el juicio de garantías; normas protectoras que no se estimó conveniente para extender a la fijación de la caución que debe otorgar la patronal para garantizar los daños y perjuicios que puedan causarse al trabajador, como consecuencia del otorgamiento de la suspensión del laudo en la parte que reste por ejecutar.

Previamente al desarrollo de la propuesta de modificar el artículo 190 de la Ley de Amparo, es necesario transcribir su contenido.

“Artículo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad.

Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

Son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de esta Ley.”

El texto anterior es prácticamente similar a lo establecido en el primer párrafo del artículo 174 de La Ley de Amparo anterior a la reforma de abril de 2013.

Lo relevante de la disposición en comento es la intención de proteger a los trabajadores del peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, sin embargo no obstante que la facultad de decidir en qué casos esta medida es necesaria, la Suprema Corte ha emitido criterios orientadores que han llevado al juzgador a negar indefectiblemente la suspensión, salvo los casos que los propios criterios señalan, hasta por un monto suficiente que discrecionalmente garantice la subsistencia del trabajador por el tiempo de duración del juicio de garantías y así este puede variar de un Tribunal a otro en mayor o menor medida según la estimación subjetiva que cada Presidente de Colegiado considere prudente y si bien el tercer párrafo del precepto legal en cuestión, así como el segundo párrafo del artículo 174, prevén la procedencia del otorgamiento de una garantía para evitar la ejecución del laudo aun por ese lapso, la Suprema Corte ha coincidido en que esa garantía debe ser obligatoriamente en efectivo y que además la misma debe ser entregada al trabajador, esto en interpretación del mencionado artículo 174.

Al respecto la jurisprudencia más reciente que alude a este aspecto, es la emitida por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 819 del tomo XXV, enero del 2007,9ª. Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, que resuelve la contradicción de tesis 172/2006 SS, resuelta por mayoría de tres votos cuyo texto es el siguiente:

SUSPENSION EN AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO.

El artículo 174 de la Ley de Amparo establece que tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión de su ejecución se concederá en los casos en que, a juicio del Presidente del tribunal respectivo, no se coloque a la parte trabajadora en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, pero en cambio sí se podrá suspender la ejecución del laudo en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia, y en este último caso, la medida cautelar surtirá efectos si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado. Ahora bien, en virtud de que esta disposición no hace distinción alguna entre los trabajadores de la iniciativa privada y aquellos al servicio del Estado que hubiesen obtenido un laudo favorable a su pretensión de reinstalación, los del sector público también tienen derecho a la misma protección cuando han sido separados de su empleo de manera ilegal -por así haberlo declarado el órgano jurisdiccional que les corresponde- por lo que la subsistencia del servidor público debe garantizarse por la entidad pública quejosa, con la entrega que se le haga del importe equivalente del salario que le correspondería por el tiempo estimado de duración del juicio de amparo directo, suspendiendo la ejecución del laudo por lo que hace a la reinstalación, y por el excedente del monto económico de la condena.

Contradicción de tesis 172/2006-SS. Entre las sustentadas por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 29 de noviembre de 2006. Mayoría de tres votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: Juan Díaz Romero. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.

Tesis de jurisprudencia 209/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de diciembre de dos mil seis.

Sobre el aspecto de la entrega del fondo de subsistencia, la antigua Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la siguiente tesis aislada, con número de registro 808865 del tomo LV, enero del 2007,5ª Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, pagina 1086:

SUSPENSION EN MATERIA DE TRABAJO.

Conforme al artículo 174 de la Ley Federal del Trabajo, tratándose de laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la suspensión se concederá cuando, a juicio del presidente de la Junta, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir, mientras se resuelve el juicio de amparo, caso en el cual sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia, y de acuerdo con esa disposición, la Cuarta Sala de la Suprema Corte ha sustentado el criterio de que, la suspensión se concederá siempre que se haya asegurado previamente la subsistencia del trabajador, por todo el tiempo que dure en resolverse el juicio de amparo respectivo, en la inteligencia de que se estima que el juicio de amparo se puede tardar en resolverse más de seis meses, por lo que, tratándose de la ejecución de un laudo que condena al pago de salarios retenidos y disfrutados por un trabajador, a razón de dos pesos cincuenta centavos diarios, habrá de asegurarse la subsistencia del trabajador por todo el tiempo que dure el juicio de amparo, o sea, por seis meses, y por tanto, debe negarse la suspensión por la cantidad de cuatrocientos cincuenta pesos, que debe ser entregada al trabajador, y concederse, previa fianza, en cuanto a la suma que exceda de esa cantidad, hasta completar el importe de lo condenado, sin que sea de tenerse en cuenta el que el trabajador no se ve en peligro de no subsistir en razón de que tiene ya otro trabajo, si en los autos no existe prueba alguna sobre el particular, y aun cuando existiese, no por esto puede afirmarse, que mientras se tramite el juicio constitucional, quede en la misma situación.

Tomo LV, página 3700. Indice Alfabético. Queja 608/37. Marañón Alfredo. 1o. de febrero de 1938. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Xavier Icaza. Ponente: Hermilo López Sánchez.

Tomo LV, página 1086. Queja en materia de trabajo 580/37. Ketelsen y Degetau, quiebra. 1o. de febrero de 1938. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Xavier Icaza. Ponente: Hermilo López Sánchez.

Es loable la intención de ambas jurisprudencias sustentadas en un principio moral y de conciencia; empero, no se puede pasar por alto que esa entrega hasta antes de que se dicte una sentencia de sobreseimiento o de negativa de amparo pudiera implicar la privación de propiedades o posesiones de una persona que aun no ha sido vencida en juicio, de ahí que quizá la entrega en cuestión deba esperar al dictado de la ejecutoria respectiva, puesto que con ello se protegerían los intereses de ambas partes, pues por un lado el trabajador no tendría que esperar al trámite del procedimiento de ejecución para ver garantizada su subsistencia cuando ya obtuvo en definitiva y, por el otro, la patronal no se vería en riesgo de no poder recuperar esa y probables posteriores garantías en el caso de que el laudo definitivo que no admita impugnación, alguna le sea favorable, tomando en consideración que la protección de la subsistencia del trabajador es solo una garantía y no propiamente un pago. Sobre todo, si la necesidad de acudir en diversas ocasiones a un juicio de amparo obedece evidentemente a que fue objeto de violación de garantías por la autoridad responsable, y ante esa circunstancia las cantidades entregadas pudieran llegar a superar incluso el monto total a que tuviera derecho el trabajador, máxime si el laudo final le resulta absolutorio al demandado patrono, de qué manera vería realizado su anhelo de justicia al haber obtenido sistemáticamente la protección de la justicia federal, si los montos entregados van a ser irrecuperables por razones obvias.

Sobre el particular la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han emitido criterio en el sentido de que por cada juicio de garantías contra laudo condenatorio debe protegerse la subsistencia del trabajador, pero no condiciono la entrega del monto respectivo a que la sentencia de amparo o sobreseyendo en el juicio. El citado criterio aislado, con número de registro 189366, del Tomo XIII, junio del 2011,9ª Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pagina 293, textualmente dice la siguiente:

SUSPENSION EN AMPARO EN MATERIA LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO QUE SEA NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR DURANTE LA TRAMITACION DE CADA UNO DE LOS JUICIOS DE GARANTIAS PROMOVIDOS POR EL PATRON EN CONTRA DE LAUDOS SUCESIVOS QUE BENEFICIAN A AQUEL.

Si se toma en consideración que la cantidad respecto de la cual el presidente del tribunal de trabajo responsable niega la suspensión del laudo, asegura la subsistencia del trabajador únicamente durante el periodo en que se tramita y se resuelve el juicio de amparo dentro del cual se decreta, resulta que es jurídicamente imposible estimar que la subsistencia del trabajador se encuentra asegurada con la cantidad que el patrón le entregó para tal efecto al solicitar la suspensión del laudo en un juicio de garantías anterior en el que obtuvo sentencia favorable y que motivó la emisión del nuevo laudo impugnado, pues de la recta interpretación de lo dispuesto en los artículos constitucionales y legales que regulan la institución de la suspensión del acto reclamado a través del juicio de amparo directo en materia laboral y de los diversos criterios que sobre el particular ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende que el artículo 174 de la Ley de Amparo impone al presidente del tribunal de trabajo responsable el deber jurídico de negar la suspensión de la ejecución de un laudo que beneficia a la parte obrera por el monto que estime necesario para su subsistencia durante la tramitación y resolución del juicio de garantías respectivo, sin establecer excepciones o condicionantes a dicho deber, de lo que se concluye que tal subsistencia, inexcusablemente, debe asegurarse durante la tramitación de todos y cada uno de los juicios de amparo que el patrón promueva en contra de los laudos sucesivos que benefician a aquél, sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que el nuevo laudo impugnado se haya emitido en cumplimiento de una sentencia de amparo dictada en un anterior juicio de garantías.

Contradicción de tesis 90/2000. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, ambos del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 25 de mayo de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.

Tesis de jurisprudencia 21/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta de mayo de dos mil uno.

Es importante advertir que el noble propósito de proteger la referida subsistencia, solo cubre el periodo de duración del juicio de garantías, sin embargo la deplorable situación económica del trabajador escapa cuando enfrenta un juicio laboral por virtud de la separación del empleo, probablemente en forma injustificada, pues durante la tramitación del juicio laboral, que en ocasiones ha durado muchos años, sin que exista medida legal alguna que lo proteja de no subsistir durante ese periodo prolongado, que quizá sea el más lamentable respecto de las dificultades económicas que se ve obligado a sufrir, es probable que el legislador no haya querido incursionar en solución similar a la de la Ley de Amparo bajo la premisa de que no se puede ser generoso bajo el dinero ajeno.

Situación totalmente diferente es la prevista en el artículo 152 de esta Nueva Ley de Amparo, cuando se solicite la suspensión del último acto de ejecución de un laudo, en el que ese precepto prevé igualmente la garantía de la subsistencia del trabajador que amerita la entrega del monto respectivo, pues la condena impuesta es incompatible y por ende al haber sido oída y vencida la patronal, la cantidad entregada para la subsistencia ya le pertenece al trabajador.

El referido artículo establece lo siguiente:

Artículo 152. Tratándose de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de un laudo en materia laboral la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.”

Como puede advertirse, no obstante que el supuesto de garantía de la subsistencia del trabajador por virtud de la suspensión de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución, además de que este supuesto no se contenía en la Ley de Amparo anterior a la vigente a partir de abril del 2013, es claro que de los actos de ejecución debe conocer un Juez de Distrito en amparo indirecto, el cual donde también proveer sobre la suspensión, sin embargo el precepto legal antes transcrito hace alusión a que “el Presidente del Tribunal respectivo” a su juicio, al conceder la suspensión no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, situación que por jurisprudencia, la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya contemplaba garantizar esa subsistencia en amparo indirecto cuando era dable que un juez de Distrito conociera de amparo contra laudo si como violación señalaba igualmente la omisión o el irregular emplazamiento, lo que hace suponer que el legislador, pretendía proteger esa subsistencia pero respecto de actos posteriores a la emisión de un laudo que no permite ya defensa alguna, lo cual, indudablemente es totalmente correcto, empero, dejaría de tener razón la disposición legal en estudio artículo 190 de la nueva Ley de Amparo, que prevé un supuesto en el que como ya se ha dicho, la parte patronal quejosa aun no ha sido vencida en juicio mientras esto no ocurra, no existe justificación más allá de la moral para que el monto que otorga como garantía de la referida subsistencia sea entregado a su contraparte si aun no se define la concesión o negativa del amparo solicitado. De otra manera y por las mismas razones en que se determina esta entrega, podría considerarse prudente que las garantías exhibidas sobre daños y perjuicios también se hagan efectivas antes de la resolución del fondo del amparo, para que el trabajador pueda disponer de ese fondo en beneficio de su precaria situación económica.

Cabe citar en primer término, la jurisprudencia de la Cuarta Sala, con número de registro 207951, del tomo VI, Primera parte, julio a diciembre de 1990,8ª Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, pagina 249, que textualmente establece lo siguiente:

SUSPENSION CONTRA LAUDO. DEBE GARANTIZARSE LA SUBSISTENCIA DELTRABAJADOR, AUN CUANDO AQUEL SE RECLAME EN AMPARO INDIRECTO.

El artículo 174 de la Ley de Amparo establece las normas aplicables cuando se pide la suspensión de los actos reclamados al combatirse un laudo en amparo directo. Sin embargo, el contenido de tal disposición legal debe aplicarse también cuando se impugna un laudo en amparo indirecto, como ocurre en el supuesto de que la parte demandada reclame la falta de audiencia por no habérsele emplazado legalmente a juicio y, consecuentemente, impugne todo el procedimiento, incluyendo el laudo, o bien, cuando se trate de actos de ejecución delaudo. Ello es así, porque en ambas situaciones existe tal similitud que las consecuencias legales no pueden ser distintas, desde luego cuando la parte que obtuvo es la obrera, máxime que los laudos son ejecutables de inmediato en la hipótesis de que al promoverse la demanda de garantías, no se solicite la suspensión del acto; además, en uno y en otro caso, tratándose del trabajador, legalmente ya tiene derecho a que se le haga entrega o pago de las prestaciones respecto de las cuales la Junta consideró procedente su acción, y, mientras no se demuestre lo contrario, debe estimarse que los beneficios que obtuvo del laudo los requiere para subsistir; de manera que si se promueve el amparo, cualquiera que sea la vía elegida y se pide la suspensión del laudo, debe garantizarse la subsistencia del trabajador, en los términos del mencionado artículo 174 de la Ley de Amparo.

Contradicción de tesis 5/90.—Entre las sustentadas por el Quinto y Sexto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito.—15 de octubre de 1990.—Cincovotos.—Ponente: Felipe López Contreras.—Secretario: Emiliano Hernández Salazar.Tesis de jurisprudencia 13/90 aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el doce de noviembre de mil novecientos noventa.—Cinco votos de los señores Ministros: Presidente Juan Díaz Romero, Carlos García Vázquez, José MartínezDelgado, Felipe López Contreras y Ulises Schmill Ordóñez. Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, página 249, Cuarta Sala, tesis 4a./J. 13/90.Apéndice 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 498.

Asimismo conviene mencionar la tesis aislada de la Cuarta Sala, con número de registro 243949, volumen 58, quinta parte, 7ª Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, pagina 48, y cuyo contenido es el siguiente:

SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, DEBE OTORGARSE FIANZA CUANDO SE CONCEDA LA, AUN CUANDO SE HAYA ASEGURADO LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 174 de la Ley de Amparo, los presidentes de las Juntas, al resolver sobre la suspensión del acto reclamado, deben asegurar la subsistencia del trabajador que obtuvo, bien sea negando la suspensión respecto de la condena a la reinstalación, o bien negando dicha suspensión hasta por el importe de seis meses de salarios, que es el término considerado como necesario por esta Cuarta Sala para la tramitación del juicio de garantías. Pero lo anterior no significa que una vez asegurada la subsistencia del trabajador, la suspensión deba concederse sin fianza respecto del resto de la condena, pues el propio precepto establece, en su primer párrafo, que la suspensión surtirá efectos si se otorga caución en los términos del artículo 173, o sea, si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que con la suspensión puedan ocasionarse a tercero.

Queja 93/73. Transportes Papantla, S.A. de C.V. 25 de octubre de 1973. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.

Por todo lo anterior consideramos conveniente que la cantidad otorgada para garantizar la subsistencia del trabajador le sea entregada a este una vez que se dicte la ejecutoria que, en su caso, niegue el amparo o sobresee en el juicio, en búsquedae una equidad para ambas partes, aprovechando que la interpretación del artículo 190 en comentario lo permite, pues este solo alude a la posibilidad del demandado patrón de garantizar la subsistencia del trabajador para evitar que el laudo se ejecute por el monto relativo a la duración de un juicio de amparo. Aun cuando la Cuarta Sala sostuvo en jurisprudencia que el monto o los montos entregados para la subsistencia del trabajo deberá deducirse del pago total, no se prevé que el laudo sea absolutorio y que por ende deba reintegrarse el monto entregado, lo cual sería materialmente imposible dada las condiciones económicas del trabajador y por ende quedara irreparablemente consumada una afectación en los bienes del quejoso sin haber sido previamente vencidos en juicio.

El criterio jurisprudencial antes mencionado con número de registro 207822, número 58, octubre de 1992, 8ª Epoca, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, pagina 24, establece textualmente lo siguiente:

SUSPENSION EN MATERIA DE TRABAJO. EL DINERO QUE EL PATRON ENTREGA AL TRABAJADOR PARA ASEGURAR SU SUBSISTENCIA, CON MOTIVO DE LASUSPENSION DE LA EJECUCION DEL LAUDO RECLAMADO, FORMA PARTE DELA CONDENA Y, LLEGADO EL CASO, DEBE DEDUCIRSE DEL PAGO TOTAL.

La cantidad de dinero que el trabajador actor recibe del demandado con el fin de asegurar subsistencia mientras se resuelve el juicio de garantías promovido en contra del laudo condenatorio, forma parte de las prestaciones de condena, habida cuenta de que fue entregada al actor al haberse negado parcialmente la suspensión de la ejecución del laudo, en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo, esto es, en esa parte se ejecuta el mencionado laudo.

En esas condiciones, resulta procedente que si se niega el amparo, en el incidente de liquidación respectivo se deduzca dicha cantidad de dinero del importe total de las mencionadas prestaciones laborales.

Por último de manera ilustrativa también debe invocarse la diversa jurisprudencia por contradicción de la Cuarta Sala, con número de registro 2077723, número 75, marzo de 1994,82 Epoca, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación página 24, que sostiene lo siguiente:

SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL LAUDO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 174 DE LA LEY DE AMPARO EN LA.

Conforme al artículo 174 de la Ley de Amparo, en correlación con la jurisprudencia de esta Cuarta Sala publicada en la página 3035 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que obra bajo el rubro: "SUSPENSION EN MATERIA DE TRABAJO", la suspensión se concederá en los casos en que a juicio del presidente del tribunal del trabajo, no se ponga al trabajador en peligro de no poder subsistir mientras se resuelva el juicio de amparo, que se estima es susceptible de ocurrir en el término de seis meses, por lo que a contrario sensu, si dicho funcionario considera que la parte obrera está en peligro de no poder subsistir, la suspensión es improcedente hasta por el importe de seis meses de su salario, procediendo ordenarse la ejecución inmediata del laudo en esa parte. De lo que se sigue que el presidente del tribunal laboral no está facultado para condicionar el otorgamiento de la suspensión en cuanto exceda de lo necesario para garantizar la subsistencia del trabajador, a que el patrón pague los seis meses de salario, pues de considerarlo así implicaría una doble obligación a cargo de éste, lo que incuestionablemente resulta antijurídico, puesto que ello no está previsto en el artículo 174 de la Ley de Amparo.

Contradicción de tesis 16/93. Entre el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de enero de 1994. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Felipe López Contreras. Secretario: Pablo Galván Velázquez.

Tesis de jurisprudencia 6/94. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada del catorce de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Ignacio Magaña Cárdenas, Carlos García Vázquez, Felipe López Contreras y José Antonio Llanos Duarte, en contra del emitido por el Ministro Juan Díaz Romero.

Por las razones anteriormente expuestas, consideramos que debe reformarse el artículo 190 de la Ley de Amparo vigente y a continuación señalamos bajo el siguiente comparativo la propuesta:

VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad.

Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

Son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de esta Ley.

Artículo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad.

Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia que podrá garantizar mediante deposito, que será entregado al actor si el amparo es negado o sobreseído.

Son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de esta Ley.

En mérito de lo anterior, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO 190 DE LA LEY DE AMPARO.

ARTICULO UNICO. Se modifica el artículo 190 de la Ley Amparo para quedar como sigue:

Artículo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad.

Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia que podrá garantizar mediante deposito, que será entregado al actor si el amparo es negado o sobreseído.

Son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de esta Ley.

ARTICULO TRANSITORIO

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones, a 25 de abril de 2014.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza.- Sen. Ernesto Gándara Camou”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Gándara Camou. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Senador Ernesto Gándara, ¿acepta la inclusión a su proyecto del Senador Ascención Orihuela?

Solicito a la Secretaría que tome nota de ello, al igual que el Senador Armando Neyra Chávez.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de alumnos de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Popular de la Chontalpa de Cárdenas, Tabasco, invitados por los Senadores Humberto Mayans Canabal y por el Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente del Senado de la República.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social.

1Artículo 125.- En los casos en que es procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.

Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicando que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

Artículo 126.- La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo.

Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado al quejoso. Este costo comprenderá:

I.- Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa afianzadora legalmente autorizada que haya otorgado la garantía;

II.- El importe de las estampillas causadas en certificados de libertad de gravámenes y de valor fiscal de la propiedad cuando hayan sido expresamente recabados para el caso, con los que un fiador particular haya justificado su solvencia, más la retribución dada al mismo, que no excederá, en ningún caso, del cincuenta por ciento de lo que cobraría una empresa de fianzas legalmente autorizada;

III.- Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su registro, cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria;

IV.- Los gastos legales que acredite el quejoso haber hecho para constituir el depósito.

Artículo 127.- No se admitirá la contrafianza cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el amparo, ni en el caso del párrafo segundo del artículo 125 de esta ley.

Artículo 128.- El juez de Distrito fijará el monto de la garantía y contragarantía a que se refieren los artículos anteriores.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 26 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por la C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Después de más de 20 años de ser discutida, la Asamblea General de la ONU, aprobó en el 2007 la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, que hace hincapié en el derecho de los pueblos indígenas a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y a buscar su propio desarrollo, determinando libremente de acuerdo con sus necesidades e intereses.

En nuestro país, el artículo 2o. de nuestra Constitución establece el reconocimiento a la diversidad cultural que existe a lo largo de nuestro territorio, y sobre todo el respeto a las diferencias de las comunidades indígenas en un marco de autonomía que busca constituir una nueva relación entre Estado, pueblos indígenas y la sociedad.

Asimismo, se establecen las instituciones y medidas políticas necesarias para garantizar los derechos indígenas, así como el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.

En el mismo artículo de nuestra Carta Magna, se habla del impulso al desarrollo regional de las zonas indígenas por medio del apoyo a sus actividades productivas para lograr la eficiencia económica, proporcionándoles que los municipios asignen de manera equitativa las partidas presupuestales que las comunidades administren directamente para sus fines específicos.

Sin embargo, y pese a esta naturaleza pluriétnica y pluricultural, existen en nuestro territorio las políticas públicas que se encuentran muy limitadas para alcanzar el reconocimiento pleno de esta población; y todos conocemos la discriminación social de que son objeto.

Por ello, es necesario fortalecer nuestro marco jurídico para evitar lesionar sus derechos, desde luego los derechos de los indígenas, y erradicar la discriminación como práctica que la mayoría de las veces se ve como una conducta normal, inconsciente de su propia inequidad.

Es importante señalar que el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, al establecer los objetivos de la política nacional de desarrollo social, plantea que éstos deben garantizar el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social.

En este contexto se circunscribe esta propuesta que tiene como objetivo principal que, con el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se lleve a cabo una campaña de difusión de reglas y manuales de operación de los programas sociales en la lengua hablada por la población objetivo, del programa que se esté difundiendo en la localidad.

Al respecto, cabe señalar que la Secretaría de Desarrollo Social presentó recientemente la traducción a lenguas indígenas de la guía de programas sociales 2014, con la intención de informar las principales características, apoyos y requisitos de los programas de la SEDESOL.

Si bien es cierto que esto permitirá que las personas de las diferentes etnias conozcan y tengan acceso a los beneficios y apoyos del gobierno federal, llevarlo a la dimensión de ley facilitará el ejercicio de sus derechos sociales y no se limitará exclusivamente a la SEDESOL, sino al abanico de apoyos sociales en todas las dependencias del gobierno federal.

Parte fundamental para justificar esta propuesta es que, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en nuestro país se hablan más de 90 lenguas indígenas y se tienen 364 variantes lingüísticas, pertenecientes a 11 familias lingüísticas.

Asimismo, el INEGI reporta, al 2010, casi 7 millones de personas mayores de 3 años que hablan alguna lengua indígena, es decir, más del 6 por ciento de la población de nuestro país. Por lo tanto, es fundamental la armonización del marco jurídico en congruencia con los derechos indígenas establecidos en nuestra Constitución.

Con esto, las dependencias públicas encargadas de ejecutar programas y políticas públicas adquirirán estructura y capacidad suficiente para el respeto y difusión de sus actividades en beneficio del sector indígena.

Es por demás decir, el impacto positivo que seguramente esta propuesta tendría, ya que en palabras del CONEVAL, 7 de cada 10 residentes en un hogar indígena están en condiciones de pobreza y 1 de cada 10 en pobreza extrema.

Es decir, hablamos del sector que mayor necesidad tiene de que le sean respetados sus derechos sociales y dignidad humana.

Finalmente, esta propuesta comprende también las modificaciones necesarias para dejar estipulada la obligación para que la información relativa a los programas sociales, con las características ya propuestas, se publiquen en los respectivos portales electrónicos de Internet.

Esta es una herramienta que, sobre todo, va dirigida a la gestión social, es decir, a las cabeceras municipales con la intención de apoyar su gestión en la promoción y difusión de los programas sociales, especialmente la de habla indígena.

El acceso de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas al goce de sus derechos ciudadanos y a los derechos sociales elementales debe estar preservado celosamente en nuestro sistema normativo y en las acciones institucionales.

Por ello, pongo a su consideración esta propuesta para adicionar el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de garantizar que los programas sociales del gobierno federal pueda ser difundido en la lengua que hable la población objetivo de dichos programas.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“La suscrita, LORENA CUELLAR CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 171, fracción I y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 26 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el 2007, después de más de 20 años de ser discutida, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, que hace hincapié en el derecho de los pueblos indígenas a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y a buscar su propio desarrollo, determinado libremente de acuerdo con sus necesidades e intereses.

En nuestro país, el artículo 2 de nuestra Constitución establece el reconocimiento a la diversidad cultural que existe a lo largo de nuestro territorio; y, sobre todo, el respeto a las diferencias de las comunidades indígenas en un marco de autonomía que busca construir una nueva relación entre el Estado, pueblos indígenas y la sociedad. Asimismo, se establecen las instituciones y medidas políticas necesarias para garantizar los derechos indígenas, así como el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.

En el mismo artículo de nuestra carta magna se habla del impulso al desarrollo regional de las zonas indígenas, por medio del apoyo a sus actividades productivas para lograr la eficiencia económica, proponiendo que los municipios asignen de manera equitativa las partidas presupuestales que las comunidades administrarán directamente para sus fines específicos.

Sin embargo, y pese a esta naturaleza pluriétnica y pluricultural, existente en nuestro territorio, las políticas públicas aún se encuentran muy limitadas para alcanzar el reconocimiento pleno de esta población; y todos conocemos la discriminación social de que son objeto.

Por ello, es necesario fortalecer nuestro marco jurídico para evitar lesionar los derechos indígenas y erradicar la discriminación como práctica, que en la mayoría de las veces se ve como una conducta normal, inconciente de su propia inequidad.

Es importante señalar que el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, al establecer los objetivos de la Política Nacional de Desarrollo Social, plantea que estos deben garantizar el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social.

En este contexto se circunscribe esta propuesta, y, al respecto, cabe señalar que la Secretaría de Desarrollo Social presentó recientemente la traducción a lenguas indígenas nacionales la Guía de Programas Sociales 2014; con la intención de informar las principales características, apoyos y requisitos de los programas de la SEDESOL.

Si bien, esto permitirá que las personas de las diferentes etnias conozcan y tengan acceso a los beneficios y apoyos del Gobierno Federal, llevarlo a la dimensión de Ley facilitará el ejercicio de sus derechos sociales. Y no se limitará exclusivamente a la SEDESOL, sino al abanico de apoyos sociales en todas las dependencias del Gobierno Federal.

Parte fundamental para justificar esta propuesta es que, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en nuestro país se hablan más de 90 lenguas indígenas y se tienen 364 variantes linguísticas pertenecientes a 11 famílias linguísticas.

Asimismo, el INEGI reporta, al 2010, casi 7 millones de personas mayores de tres años que hablan alguna lengua indígena, es decir, más del 6 por ciento de la población de nuestro país.

Por tanto, es fundamental la armonización del marco jurídico en congruencia con los derechos indígenas establecidos en nuestra Constitución. Con esto, las dependencias públicas encargadas de ejecutrar programas y políticas públicas adquirirán estructura y capacidad suficiente para el respeto, y difusión de sus actividades en beneficio del sector indígena.

Es por demás decir, el impacto positivo que seguramente esta propuesta tendría, ya que, en palabras del CONEVAL, 7 de cada 10 residentes en un hogar indígena están en condiciones de pobreza y uno de cada 10 en pobreza extrema. Es decir, hablamos del sector que mayor necesidad tiene de que le sean respetados sus derechos sociales y dignidad humana.

Finalmente, esta propuesta, comprende también las modificaciones necesarias para dejar estipulada la obligación para que la información relativa a los programas sociales, con las características ya propuestas, se publiquen en los respectivos portales electrónicos de internet.

Esto, es una herramienta que, sobre todo, va dirigida a la gestión local, es decir, a las cabeceras municipales, con la intención de apoyar su gestión en la promoción y difusión de programas sociales, especialmente, la de habla indígena.

El acceso de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas al goce de los derechos generales de la ciudadanía y a los derechos sociales elementales, debe estar preservado celosamente en nuestro sistema normativo y en las acciones institucionales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se adiciona el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 26. El Gobierno Federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación, así como en los correspondientes portales de internet, las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, incluida su metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales, y sitios electrónicos, la distribución a los municipios de los recursos federales.

Con el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, deberá desarrollarse una campaña de difusión de reglas y manuales de operación de dichos programas sociales en idioma español y en la lengua hablada por la población objetivo del programa.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 25 de abril de 2014.

Suscribe”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

Informo a la Asamblea que se recibió de la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, que se turnará a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA

(Presentada por la C. Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM)

“La que suscribe, María Elena Barrera Tapia, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4 fracción VIII, 8 fracciones V y VIII, 11 párrafo primero, 13 fracción II, 17, apartado A, fracciones I y II, y, apartado B, fracción II, 19 fracciones VII y XXIII, 34 fracción II, 38 fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 47, 48 último párrafo, 51, 54 primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 67, 82 fracciones II y III; y se adicionan, con un párrafo el artículo 59, y los artículos 85 Bis 1, 85 Bis 2, 85 Bis 3, 85 Bis 4, 85 Bis 5, 85 Bis 6, 85 Bis 7 y 85 Bis 8, todos de la Ley de Vivienda, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A lo largo de la historia del hombre hemos visto como un elemento básico para la subsistencia ha sido tener una habitación que le permita protegerse de la diversos fenómenos de la naturaleza, como son la lluvia, el frio, el calor etc., así como mantenerse seguros de amenazas de especies animales que pudieran atentar contra su vida o su integridad.

Posteriormente esta necesidad inicial evolucionó hasta convertirse en un elemento que va más allá de atender sus necesidades básicas primarias, en un elemento de estatus social y, en sentido contrario, ante la falta de vivienda, en un elemento que expresaba pobreza, y la marginación que colocaba a quien padecía de esta carencia, en un estado mayor o menor de vulnerabilidad, según el entorno social mismo.

Es así como la atención a las necesidades de vivienda se convirtió en un tema que rebasó el ámbito privado, para colocarse como un asunto prioritario para los Estados y para las Organizaciones Internacionales.

En este sentido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se recoge como uno de los derechos humanos, en su artículo 25, apartado 1, el Derecho Universal a la Vivienda; concepto que también se establece en el artículo 11 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los términos siguientes:

"Artículo 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales: Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para si misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad."

El acceso a la vivienda adecuada se ve limitado por la pobreza de una gran parte de los seres humanos, la cual se expresa de distintas formas y en niveles diferentes, atendiendo al desarrollo de cada uno de los países. La pobreza, la vulnerabilidad o la marginación, afectan directamente y de forma determinante la calidad de vida de las personas, por ello cualquier atención que den los Estados al tema de la vivienda, deberá de abordarse en su integralidad.

La pobreza, se entiende como una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas, que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos, así como el resultado de procesos de exclusión social, segregación social o marginación.

En este sentido se han realizado muchos estudios estratificados a la pobreza, y se habla incluso de pobreza en materia de género, " Payne (1991), habla de la pobreza femenina, es decir, la vulnerabilidad de las mujeres a las condiciones precarias y privaciones. Esto se debe primordialmente a la desigualdad social a la que nos enfrentamos y el discrimen social que se enfrenta hoy en día ante la clase trabajadora. (Spicker, P. Alvarez Leguizamón, S. Gordon, D. (2009). Pobreza: Un glosario Internacional. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO. 1era edición. "Para Boltvinik (1990; 1991), durante el transcurso de sus vidas, las mujeres son más vulnerables tanto a la pobreza como a la privación, existen más mujeres que hombres que viven en condiciones de pobreza y privación en cualquier momento en el tiempo).

Por lo que respecta a la vulnerabilidad, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RALE) establece que “es aquel grupo o comunidad que puede ser herido o recibir lesiónfísica o moral”.Por lo que la vulnerabilidad coloca a quien la padece en una situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades.

Estudios del Banco Mundial revelan que la vulnerabilidad de las personas y las familias ante situaciones adversas es intrínseca a la pobreza, "Cuando los recursos del hogar no alcanzan para adquirir el valor de la canasta alimentaria, más una estimación de los gastos necesarios de salud, vestido, calzado, vivienda, transportes y educación".

(Definición de vulnerabilidad – Que es, Significado y Concepto http://definicion.de/vuInerabilidad/#ixzz2xD3pvtf2).

En el caso de nuestro País, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) define la vulnerabilidad como el resultado de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales. Considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo.

La marginación por su parte, puede ser el efecto de prácticas explícitas de discriminación, o intolerancia de tipo racial, sexualidad, étnica, cultural o religiosa o ideológica. Uno de los principales factores que permiten la marginación es la pobreza, la mayor parte de las familias que están en esta situación no reciben la ayuda económica necesaria.

El hecho de padecer una privación económica conlleva la exclusión, como una falta de participación tanto en lo económico como en lo político, lo cultural y lo social. La exclusión social es algo más que mera pobreza, se trata por tanto de una acumulación de problemas. Es un proceso dinámico y multidimensional, propio de las modernas.

Es por todo lo anterior que los programas sociales deben de ser integrales, para abarcar, en la medida de lo posible, a todos los grupos que se ven limitados por alguna circunstancia para acceder, por una vía propia, a los satisfactores para llevar una vida mejor.

El establecer normativamente la integralidad de los grupos poblacionales que se pueden atender en programas de tipos social, permite ampliar y consolidar acciones, así como mayores posibilidades de atención de acuerdo a las capacidades presupuestales. Por ello es que a los largo del contenido de esta iniciativa, se complementa el concepto de población que se encuentra en situación de pobreza, con los de marginación o vulnerabilidad, para con ello estar en la posibilidad de llevar a cabo programas más integrales, en este casos los referidos a la vivienda social.

Conforme a lo anterior el Estado Mexicano ha venido llevando a cabo diversas acciones para atender este este problema de acceso a la vivienda social, es una preocupación permanente del actual Gobierno, de ahí que se está adecuando constantemente el importante instrumento jurídico que representa la Ley de Vivienda, la cual se ha reformado recientemente, primero en diciembre del 2013 y después en marzo de 2014.

Sabemos que las leyes, como procesos dinámicos, atienden a la sociedad, que también es dinámica, en permanente cambio. La Ley de Vivienda por su alto contenido social está llamada a ser un ordenamiento jurídico en permanente perfeccionamiento, atendiendo a estas necesidades sociales que en específico se plantean en nuestro País, pero también deberán tomarse en cuenta experiencias exitosas en otros países, con características semejantes al nuestro, en temas, como el crédito, los subsidios, las garantías, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, y entre estos y los sectores sociales y privados, a fin de conjuntar esfuerzos, en el ámbito de la responsabilidad social que se tiene para apoyar, a quienes, por diversas circunstancias no se han visto favorecidos, con los recursos necesarios para acceder a una mejor calidad de vida, en este caso en específico a una mejor vivienda.

Con la presente propuesta legislativa se refuerzan conceptos como el de la sustentabilidad, para ir más allá del entorno relacionado con los recursos naturales y comprenderlo desde una perspectiva más amplia, como lo es el concepto de sustentabilidad social, sobre el cual han ido avanzando las sociedades modernas, con mayores niveles de desarrollo.

Es importante resaltar que con esta iniciativa se plantea establecer como una obligación del Gobierno Federal y de los Gobiernos Estatales, la elaboración de programas sociales en materia de vivienda, en el marco del vigente esquema de coordinación.

Se propone que los programas de vivienda que se establezcan con visión de mediano y largo plazo, cuenten con los recursos económicos que le den viabilidad, es por ello es que en la iniciativa se expone la posibilidad de contar con presupuestos plurianuales, que den mayor certeza en su concreción.

Con esta iniciativa se pretende también fomentar e incentivar la participación de los sectores público, social y privado, en la atención de las necesidades de créditos y facilidades diversas, para que la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad pueda acceder a una vivienda que mejore sus niveles de vida.

Por otra parte, se propone dar preferencia a las personas pertenecientes al sector informal, para acceder a los beneficios de los programas de ahorro para la vivienda.

Así mismo, se plantea establecer en la ley programas de vivienda social prioritaria, conforme a los cuales podrán acceder gratuitamente a una vivienda adecuada, las personas que se encuentren en condiciones de pobreza extrema, en zonas de alto riesgo, en situación de desplazamiento o hayan sido afectados por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias.

Es importante señalar que para la implementación de estos programas, no será necesario contar con mayores recursos presupuestales, dependiendo su financiamiento de una estricta alineación de las políticas de vivienda, con las políticas de desarrollo social y, en su caso, con las políticas de protección civil.

Esta propuesta legislativa va acompañada de los requisitos y condiciones que deberán satisfacer los beneficiarios de los programas de vivienda social prioritaria.

Todos quienes conformamos la sociedad en su conjunto tenemos una responsabilidad que hay que asumir plenamente, para apoyar a quienes no han sido favorecidos de contar con los elementos necesarios para llevar una vida digna.

En el ámbito empresarial moderno, el concepto de responsabilidad social empresarial ha estado presente ya desde hace mucho tiempo y lo han asumido plenamente, por lo que esta iniciativa se propone darle un marco jurídico que encause este compromiso que han asumido, en un proyecto de Nación que todos compartimos, encabezado por las instituciones nacionales. Juntos los sectores público, social y privado habremos de hacer realidad la aspiración, de que todos los mexicanos contemos con una vivienda más digna.

Por las razones y fundamentos que han quedado precisados, someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4 fracción VIII, 8 fracciones V y VIII, 11 párrafo primero, 13 fracción II, 17, apartado A, fracciones I y II, y, apartado B, fracción II, 19 fracciones VII y XXIII, 34 fracción II, 38 fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 47, 48 último párrafo, 51, 54 primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 67, 82 fracciones II y III; y se adicionan, con un párrafo el artículo 59, y los artículos 85 Bis 1, 85 Bis 2, 85 Bis 3, 85 Bis 4, 85 Bis 5, 85 Bis 6, 85 Bis 7 y 85 Bis 8, todos de la Ley de Vivienda

ARTICULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, sustentabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

ARTICULO 4.-…

I a VII…

VIII.Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en Sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma dé decisiones;

IX a XII…

ARTICULO 8.-…

I a IV…

V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución;

VI a VII…

VIII. Las estrategias de coordinación para el abatimiento de costos dé la vivienda, así como los mecanismos que promuevan el financiamiento, la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda;

IX a XVIII…

ARTICULO 11.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lleven a cabo acciones de vivienda formularán sus programas anuales, en los que deberá contemplar la atención a grupos en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad que servirán de base para la integración de sus anteproyectos de presupuesto.

ARTICULO 13.-…

I. …

II. Dar integralidad y coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y apoyos orientados a la satisfacción de las necesidades de vivienda, particularmente de la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad;

III a V…

ARTICULO 17.-…

A.- …

I.Formular y aprobar los programas estatales de vivienda, que comprenda a la vivienda social, en congruencia con los lineamientos de la Política Nacional señalados por esta Ley, así como evaluar y vigilar su cumplimiento;

II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda de la entidad federativa, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

III a VI …

B.- …

I. …

II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda en su ámbito territorial, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad;

III a VII …

ARTICULO 19.- …

I a VI …

VII. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad, coordinando su ejecución con las instancias correspondientes;

VIII a XXII …

XXIII. Promover y apoyar la constitución y operación de organismos de carácter no lucrativo que proporcionen asesoría, acompañamiento y crédito a la población de bajos ingresos para desarrollar de mejor manera sus procesos productivos y de gestión del hábitat, y

XXIV …

ARTICULO 34.-…

I …

II. Acordar inversiones y mecanismos de financiamiento y coordinación para ampliar la oferta habitacional; facilitar el crédito a toda la población; consolidar la producción social de vivienda y lograr una mayor transparencia y equidad en la asignación de los apoyos, estímulos y subsidios federales para la adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas, particularmente los dirigidos a la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad;

III a VIII …

ARTICULO 38.-…

I …

II. Aplicar recursos, y fomentar el otorgamiento de crédito social y privado, para la ejecución de las acciones previstas en los programas de vivienda;

III a XIV …

ARTICULO 39.- El Gobierno Federal, a través de los acuerdos o convenios que celebre con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, podrá transferir recursos económicos para complementar la realización de sus proyectos de vivienda y suelo, destinados a la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad.

ARTICULO 42.-…

I. Buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, estableciendo mecanismos que beneficien preferentemente a la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad;

II a X…

ARTICULO 47.- Los instrumentos y apoyos en materia de financiamiento para la realización de las acciones de vivienda serán los subsidios que para tal efecto destinen el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como el ahorro de los particulares, otras aportaciones y el crédito de los sectores público, social y privado.

La Comisión fomentará esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos sectores de la población, preferentemente de los que se encuentren en situación, de pobreza, marginación o vulnerabilidad y a los productores sociales.

ARTICULO 48.- …

En la formulación de sus presupuestos se considerarán la visión plurianual de mediano y largo plazo, así como la continuidad y complementariedad que requieren los programas habitacionales.

ARTICULO 51.- Los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad, se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley General de Desarrollo Social y en las reglas de operación correspondientes. En todo caso estos programas deberán ser evaluados al menos cada tres años y en su caso, fortalecidos atendiendo a las mejores prácticas nacionales e internacionales.

ARTICULO 54.- El sector público, con la participación que corresponda de los sectores social y privado, diseñará, coordinará, concertará y fomentará esquemas para que el crédito destinado a los distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda sea accesible a toda la población, con especial atención a la que se encuentra en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, de conformidad con las previsiones de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Para fortalecer la capacidad de pago de la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad, los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales, de las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Ley, el programa que en específico se instrumente y demás ordenamientos aplicables.

ARTICULO 55.- El Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para impulsar el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, preferentemente el destinado a la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad.

ARTICULO 58.- Las instituciones de banca de desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, deberán diseñar e instrumentar mecanismos que fomenten la concurrencia de diversas fuentes de financiamiento para generar oportunidades que faciliten a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, el acceso a una vivienda, de conformidad con las disposiciones aplicables y las reglas que al efecto expida la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Así mismo fomentará con las instituciones privadas de crédito, programas destinados al otorgamiento de créditos a estos sectores de la población, bajo el principio de responsabilidad social empresarial.

ARTICULO 59.-…

Las personas pertenecientes al sector informal tendrán preferencia para acceder a los beneficios de estos programas.

ARTICULO 61.- Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal se destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad, la cual se definirá, identificará y medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento.

ARTICULO 62.- …

I. Atender a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

II a VI …

ARTICULO 67.- La Comisión, con el apoyo de la banca de desarrollo, instrumentará programas de acompañamiento para el mejoramiento progresivo de la vivienda, en beneficio de la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad a la que le haya sido asignado un lote en los términos del artículo anterior o lo haya adquirido por otra vía.

ARTICULO 82.-…

I …

II. Apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquéllos de autoproducción, autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, y

III. La conformación de paquetes de materiales para las familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

ARTICULO 85 Bis 1.- El Gobierno Federal desarrollará programas de vivienda social prioritaria, para permitir a título gratuito el acceso a la vivienda a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

I. En condiciones de pobreza extrema;

II. Afectados por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias;

III. En zonas de alto riesgo;

IV. En situación de desplazamiento.

ARTICULO 85 Bis 2.- Dentro de las personas que se encuentren en las situaciones a que se refieren el artículo que antecede, se dará prioridad a las jefas de familia, a los adultos mayores y a los discapacitados.

ARTICULO 85 Bis 3.- Los beneficiarios de los programas de vivienda social prioritaria tendrán la obligación de constituir sobre el inmueble que reciban el patrimonio de familia, en términos de la legislación civil aplicable.

ARTICULO 85 Bis 4.- Conjuntamente con el acto jurídico por el que se trasmita la propiedad del inmueble a los beneficiarios de los programas de vivienda social prioritaria, se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad el patrimonio de familia.

ARTICULO 85 Bis 5.- Serán restituidos al Estado, los inmuebles objeto de los programas de vivienda social prioritaria, cuando los beneficiarios:

I. Cedan cualquier derecho real sobre el inmueble;

II. Dejen de habitar el inmueble, antes de haber transcurrido diez años, desde la fecha de su transferencia, sin mediar permiso de la autoridad competente;

III. Se hayan conducido con falsedad o imprecisión en los documentos presentados para acreditar los requisitos exigidos en los programas;

ARTICULO 85 Bis 6.- Los inmuebles que sean restituidos al Estado, se adjudicarán a otras personas que cumplan las condiciones para ser beneficiarios de los programas.

ARTICULO 85 Bis 7.- El Gobierno Federal promoverá con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, el desarrollo y ejecución de programas de vivienda social prioritaria.

ARTICULO 85 Bis 8.- Los programas de vivienda social prioritaria deberán alinearse con los programas de desarrollo social.

Los programas de vivienda social prioritaria que se ejecuten con motivo de desastres naturales, se podrán financiar con los fondos de desastres, en términos de las disposiciones legales aplicables.

TRANSITORIO

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 25 de abril de 2014.

Sen. María Elena Barrera Tapia”.

Se recibió del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 6o. de la Ley General de Educación, que se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 6o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

“DAVID MONREAL AVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 6º DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3º, establecelos principios rectores de la educación en México, de la disposición constitucional se desprende que la enseñanza que imparta el Estado será laica, gratuita, apegada a los avances científicos y deberá buscar desarrollar todas las facultades del ser humano.

La gratuidad de la educación en México, tiene sus antecedentes en la Constitución de Cádiz, en el que dentro de su Reglamento General de Instrucción Pública, el cual aunque no tuvo vigencia de aplicación, contenía principios generales entre los que destacaban que en todas las escuelas la educación impartida por el Estado sería pública y uniforme.1

Tras el triunfo de los principios liberales, en el marco de la Nueva España, que promovían libertad de enseñanza y terminar con el monopolio eclesiástico sobre la educación, en 1867 se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, y en ella se establecía que la educación pública primaria era gratuita y obligatoria. 2

Durante todo el proceso de lucha por el poder desde concluida la guerra de independencia en 1821, pasando por la época de la vida independiente de México y el periodo de la Reforma, la educación continuó siendo tema de discusión en cuanto al tipo de ciudadanos debía formarse y también entre la necesidad de crear un sistema de educación básica gratuito, que garantizara el derecho a la educación, o quitara esa obligación al Estado.

Sería hasta el triunfo de la Revolución mexicana, y con la creación de la Constitución Política Federal de 1917, que se lograría elevar a rango Constitucional el derecho de todo ciudadano a recibir educación, al establecerse que la instrucción que imparta el Estado debería ser laica, obligatoria y gratuita. De esta manera, el Estado asumía la obligación y responsabilidad de educar a toda la población, comprometiéndose a generar un sistema de educación nacional que permitiera a todas las personas acceder a la enseñanza básica, ya que no garantizar la gratuidad de la educación, sería un obstáculo para cumplir con este derecho.

Esta obligación del Estado de hacer cumplir el derecho a la educación, se reforzaría al adherirse a diversos tratados internacionales, como a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, ya que dicha declaración en su artículo 26 señala: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria” Por otro lado el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales en su artículo 13 señala: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de todas las personas a la educación la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente”.

Es claro que el compromiso internacional que el Estado mexicano signó con estos tratados internacionales, es el de garantizar que en México todas las personas puedan acceder a la educación básica, lo cual solamente puede asegurarse a través de la gratuidad de la educación.

Dentro del marco jurídico federal, la legislación secundaria en la materia, particularmente en la Ley General de Educación, en su artículo 6º establece: “La educación que el Estado imparta será gratuita”. La misma legislación señala que es un derecho de todo individuo en México recibir educación de calidad y que todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceder al sistema educativo nacional y reconoce que la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

Es claro que existe un marco jurídico extenso que sienta las bases para que todos los habitantes de México puedan educarse y hacer valer su derecho a la educación. Sin embargo, esto solamente se logra alcanzar cuando la gratuidad de la educación está garantizada, fuera de cualquier condicionamiento de acceso y permanencia de la misma.

Con la finalidad de dar mayor certeza a la ciudadanía de que la educación en México es gratuita, entre diciembre del año 2012 y septiembre de 2013, en el Congreso mexicano se aprobaron diversas modificaciones a la Constitución Federal, a la Ley General de Educación y se crearon nuevas legislaciones federales en la materia, entre las que destacan fortalecer la gratuidad de la educación, así como modificar el acceso y permanencia de los docentes en el sistema educativo.

Con la finalidad de evitar abusos en las escuelas, se estableció en el artículo 6o. de la Ley General de Educación, prohibir el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione tanto el acceso como la permanencia de los educandos, o la retención de sus documentos.

Sin embargo, el mismo artículo referido abre la posibilidad a las escuelas de recibir, solicitar cuotas voluntarias o donaciones, situación que puede ser aprovechada para seguir condicionando los servicios educativos que prestan las escuelas, lo cual, además de ser inconstitucional, pone en riesgo el acceso a la educación. En este sentido, resulta contradictoria que la misma norma prohíba que el pago de una contraprestación a cambio de los servicios educativos, pero por otro lado permita recibir cuotas voluntarias, las cuales, no podrán condicionar, ni podrán ser entendidas como pago de dichos servicios, pero que en la práctica pueden ser utilizadas como medios de coerción para obtener recursos por parte de las escuelas públicas.

Valiéndose de eso las escuelas oficiales, podrán seguir solicitando “cuotas voluntarias” que no son otra cosa más que el pago por los servicios recibidos, pero autorizados y validados por las mismas autoridades, y con ello se violenta el derecho a recibir educación gratuita, y se impide el desarrollo de todas las facultades de las personas.

Derivado de lo anterior, surge la necesidad de modificar la norma secundaria en materia de educación, para cerrar la puerta a cualquier tipo de condicionamiento de los servicios educativos, y con ello garantizar el pleno derecho a la educación, y asimismo reforzar la obligación del Estado a cumplir lo establecido en la Constitución Federal en cuanto que en México la educación que imparta el Estado será gratuita.

Por lo tanto, la propuesta de la presente iniciativa, es modificar el artículo 6o. de la Ley General de Educación a fin de que establezca explícitamente la prohibición tanto de solicitar pagos o cuotas voluntarias por parte de las escuelas. Con ello se estaría avanzando para garantizar el pleno respeto del derecho a la educación.

Es necesario quitar la ambigüedad de la ley, establecer claramente que la educación en México no está sujeta a pago o cuotas voluntarias, y con ello cumplir con el establecido en la Constitución Federal, así como en los tratados internacionales de los que México forma parte, y garantizar que la educación pública de hecho y de derecho es gratuita.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 6o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION.

UNICO. Se reforman el primer párrafo del artículo 6o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 6.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Queda prohibido solicitar pagos o cuotas voluntarias por parte de las autoridades educativas. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.

Artículo 6.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Queda prohibido solicitar pagos o cuotas voluntarias por parte de las autoridades educativas. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 25 de abril del 2014”.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, en materia de atención a la salud de las niñas y niños prematuros.

1Santin, Gustavo, “Gratuidad en la historia de la educación en México”, La jornada de oriente, 16-03-09, [citada 10-04.13] disponible en internet: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2009/03/16/puebla/santin17.php

2 Véase “Educación. Antecedentes” Archivos Cámara de Diputados, disponible en internet: http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/2_educacion.htm






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR LA FRACCION III DEL ARTICULO 61 Y LA FRACCION III DEL ARTICULO 64 Y ADICIONAR LA FRACCION III BIS AL ARTICULO 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ATENCION A LA SALUD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS PREMATUROS

(Presentada por la C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muy buenas tardes, muchas gracias, señor Presidente. Estimadas Senadoras y Senadores:

Acudo ante ustedes con la intención de presentar una iniciativa con proyecto de Decreto en materia de atención a la salud de las niñas y niños prematuros, que son aquellos que nacen antes de llegar a la etapa de término de gestación, que es a partir de las 37 semanas.

La problemática a nivel mundial respecto a los partos prematuros, obedece a una cadena de sucesos que van desde la salud y cuidados prenatales de la mujer embarazada, su edad, alimentación y seguimiento médico en las distintas etapas de la gestación, hasta los cuidados y atención que deben proveer las instituciones de salud, ya sean públicas o privadas.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año nacen 15 millones de niñas y niños de forma prematura, y que cada año mueren 1.1 millones de bebés en esta condición.

La falta de información y conscientización sobre los cuidados que deben observarse durante el embarazo, representan los mayores riesgos de muerte de los bebés prematuros. Pese a que no existe información que indique específicamente las causas reales que puedan provocar su muerte, existen diversos aspectos en la vida de la mujer que deben considerarse durante el embarazo, tales como el consumo de tabaco, alcohol, la ingesta de drogas y demás sustancias nocivas tanto en la salud de la madre como en el desarrollo del feto; el estrés; cambios extremos en el peso de la mujer o tener una mala alimentación; descuidar la atención y seguimiento médico del embarazo, entre otras.

Existen otras circunstancias de riesgos para bebés prematuros ajenas a la voluntad de la madre, como el caso de los partos múltiples, defectos en el nacimiento, padecer enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas renales, infecciones difíciles de controlar, poseer demasiado líquido amniótico, rompimiento prematuro de la bolsa de agua, por mencionar algunas.

Todos los recién nacidos tienen necesidad de contar con atención médica y cuidados postnatales, a fin de forjar las bases que promuevan su sano desarrollo y crecimiento. La atención va desde las vacunas que se aplican al nacer y durante la infancia, los estudios metabólicos, como el tamizaje, entre otros.

En palabras del Secretario General de la ONU, Ban Ki–moon, todos los recién nacidos son vulnerables, pero los prematuros lo son más aún. Un alto porcentaje de los bebés prematuros podrían, sin tratamientos complejos ni costosos, tener la posibilidad de sobrevivir si se fortalecieran las medidas para cuidar la estabilidad y nutrición de los pequeños, así como la implementación de medidas que pudieran prevenir enfermedades, infecciones o incluso la muerte por apnea.

Por ellos, amigas y amigos, considero necesario y conveniente modificar el apartado de Salud Materno-Infantil previsto en la Ley General de Salud, a fin de establecer como prioritario el establecimiento de diversas acciones adicionales para el cuidado y protección a la salud y supervivencia de los bebés que nacen antes de término, en las que se pueden considerar los principales aspectos prevenibles y de atención viable por parte de las instituciones de salud, tales como:

1. Uso de incubadoras o calentadores radiantes para mantener la temperatura corporal de los bebés, dado que pequeños prematuros no tienen suficiente grasa corporal para mantener su propia temperatura.

2. Uso de herramientas idóneas para procurar la alimentación de los bebés prematuros que procuren su nutrición y desarrollo adecuados, tomando en consideración la importancia que tiene la leche materna, ya prevista en la ley, y en su caso los suplementos especiales que provean las vitaminas y minerales óptimas para su desarrollo.

3. El uso de monitores y equipos que permitan supervisar la frecuencia cardiaca y controlar la respiración.

4. La realización de pruebas de laboratorio que prevengan infecciones o anemias que después puedan convertirse en padecimientos o enfermedades graves o fatales.

5. El establecimiento de estrictas condiciones de higiene en el área de atención y cuidados neonatales, tanto de recién nacidos de término como de bebés prematuros.

Esto es algo en lo que basamos el fundamento de esta iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, que pongo a la consideración de todas y todos ustedes, esperando, por supuesto, su respaldo.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 fracción I y 164, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR LA FRACCION III DEL ARTICULO 61 Y LA FRACCION III DEL ARTICULO 64 Y ADICIONAR LA FRACCION III. BIS AL ARTICULO 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ATENCION A LA SALUD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS PREMATUROS al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los problemas relacionados con la salud de las personas, en la mayoría de los casos se afectan directamente con los grupos vulnerables de la sociedad. Este caso, no es la excepción. Acudo ante ustedes amigas y amigos Senadores con la intención de presentar una iniciativa con proyecto de decreto en materia de atención a la salud de las niñas y niños prematuros.

Las niñas y niños prematuros son aquellos que nacen antes de llegar a una etapa de término que es a partir de las 37 semanas de gestación, contadas después del último ciclo de menstruación de la madre.

La problemática a nivel mundial sobre los partos prematuros, obedece a una cadena de sucesos que van desde la salud y cuidados prenatales de la mujer embarazada, su alimentación y seguimiento médico en las distintas etapas de la gestación; hasta los cuidados y atención que deben proveer las instituciones de salud, ya sean públicas o privadas. En cuanto a la posibilidad de que se presenten partos prematuros, influye además la edad de la mujer: puede presentarse con mayor posibilidad en mujeres menores de 19 años y mayores de 40, y en aquellas que hayan tenido un parto prematuro previo.

En el año 2012, la Organización Mundial de la Salud1 y sus entidades asociadas publicaron el documento Nacido Demasiado Pronto: Informe de Acción Global sobre Nacimientos Prematuros que presenta por primera vez estimaciones de nacimientos prematuros por país. Se estima que cada año 15 millones de niñas y niños nacen de forma prematura, antes de que se hayan cumplido las 37 semanas de gestación, y que cada año mueren 1,1 millones de bebés prematuros.

En el documento de la ONU se incluyen 30 nuevos compromisos encaminados a la salud de las mujeres y niños, con énfasis en la prevención de los nacimientos prematuros y la atención médica a aquellos pequeños que nacen antes de tiempo. En ese sentido, la OMS estableció su compromiso de adoptar las siguientes acciones:

Colaborar con los países para mejorar la disponibilidad y calidad de los datos sobre nacimientos prematuros;

1. Proporcionar análisis actualizados del nivel de nacimientos prematuros en el mundo y su evolución cada 3 o 5 años;

2. Colaborar con las entidades asociadas para investigar las causas de los nacimientos prematuros, y analizar la eficacia y las estrategias de ejecución de las intervenciones para prevenir el parto prematuro y tratar a los bebés prematuros;

3. Actualizar periódicamente las directrices clínicas para el manejo del embarazo y de las mujeres con síntomas o riesgo de parto prematuro, así como las relativas a la atención prestada a los bebés prematuros, la alimentación de los recién nacidos con insuficiencia ponderal, el tratamiento de infecciones y de problemas respiratorios, y el seguimiento mediante atención domiciliaria; y

4. Crear herramientas que permitan mejorar las competencias de los profesionales sanitarios y evaluar la calidad de la atención prestada a los bebés prematuros.

La falta de información y concientización sobre los cuidados que deben observarse durante el embarazo, representan los mayores riesgos de muerte de aquellas niñas y niños que nacen de manera previa al término de gestación. Pese a que no existe información que indique específicamente las causas reales que puedan provocar la muerte de bebés prematuros nacidos o que no logren nacer, existen diversos aspectos en la vida de la mujer que deben considerarse durante el embarazo, tales como:

1. El consumo de tabaco, alcohol, la ingesta de drogas y demás sustancias nocivas tanto en la salud de la madre como en el desarrollo del feto.

2. El estrés.

3. Cambios extremos en el peso de la mujer, o tener una mala alimentación.

4. Descuidar la atención y seguimiento médico del embarazo, entre otras.

En el caso de aquellas circunstancias ajenas a la voluntad de la madre, respecto al riesgo de que tenga un parto prematuro se encuentra la posibilidad de un parto múltiple, defectos en el nacimiento, padecer enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas renales, infecciones difíciles de controlar, poseer demasiado líquido amniótico, rompimiento prematuro de la bolsa de agua, por mencionar algunas. No obstante, cualquier mujer puede tener un parto prematuro, y muchas madres de bebés prematuros carecen de factores causantes conocidos.

Todos los recién nacidos tienen necesidad de contar con atención médica y cuidados postnatales, a fin de forjar las bases que promuevan su sano desarrollo y crecimiento. La atención va desde las vacunas que se aplican al nacer y durante la infancia, los estudios metabólicos como el tamizaje, entre otros. Ahora bien, los bebés prematuros además tienen otras necesidades de carácter especial, de modo que deben recibir cuidados médicos diferentes que los bebés a término.

En palabras del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, todos los recién nacidos son vulnerables, pero los prematuros lo son más aún. Casi la mitad de los bebés que nacen de manera prematura fallecen después del nacimiento, y aunque exista un porcentaje de niñas y niños prematuros que logran un sano desarrollo y crecimiento adecuado, otros sufren algunas enfermedades de carácter neurológico o alguna discapacidad, situación que genera un alto costo a las familias, a la sociedad y a los sistemas de salud pública.

Un alto porcentaje de los bebés prematuros podrían, sin tratamientos complejos ni costosos, tener la posibilidad de sobrevivir, si se fortalecieran las medidas para cuidar la estabilidad y nutrición de los pequeños, así como la implementación de medidas que pudieran prevenir enfermedades, infecciones o incluso la muerte por apnea.

Afortunadamente nuestro país no se encuentra entre las naciones que mayor número de partos prematuros2 presenta. Sin embargo, las acciones preventivas que podamos impulsar y exigir su observación con la fuerza de una ley general, podrá mantener a México en un buen lugar y permitirnos el mayor de los cuidados de salud a nuestros pequeños que nacen antes de término y evitar el aumento en la tasa mexicana de nacimientos prematuros.

En diversas instituciones de salud, hospitales, centros médicos y demás de naturaleza similar existe la unidad de cuidados intensivos neonatales, que consiste en brindar las condiciones idóneas para atender las necesidades básicas de calor, nutrición y protección para los pequeños prematuros, procurando así, aumentar las posibilidades de supervivencia de estos bebés. Más este esquema de protección postnatal no es obligatorio en ley, lo que implica correr el riesgo de que aún existe un número considerable de pequeños que no reciben la atención preventiva y de apoyo a la salud necesarias para procurar un desarrollo adecuado.

Hoy en día, la medicina neonatal ha avanzado considerablemente. Se ha ido trabajando en la supervivencia de bebés prematuros, principalmente en aquellos pequeñitos que tienen la ventaja de nacer con peso mayor de 800 gramos.

Dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y Más Allá del 20153, el Objetivo número 5 se refiere a mejorar la Salud Materna, para lo cual se establecen una serie de metas que se refieren básicamente a la erradicación de muertes de mujeres embarazadas, a través de un esquema de salud y seguimiento de su estado de manera adecuada y el acceso a la universalidad de la salud reproductiva. La Ley General de Salud (artículos 61 a 66) establece un esquema de cuidado y protección a la mujer embarazada, con lo que, podríamos decir que nuestro país cumple con los compromisos internacionales para mejorar la salud de las mujeres embarazadas y procurar la erradicación gradual de las muertes que se aún se presentan en mujeres en estado de gestación.

En el mismo instrumento internacional, el Objetivo número 4 se refiere a la reducción de la mortalidad infantil, considerando niños y niñas de hasta cinco años. Las cifras de mortalidad infantil son excesivamente elevadas -18 mil niños diariamente—gran porcentaje de éstos se refiere a pequeños prematuros que fallecen por falta de atención adecuada, así como infantes que fallecen por enfermedades que pudieron prevenirse. En ese sentido, son muchas las acciones que pueden implementarse para contribuir en la disminución de muertes infantiles. Esta iniciativa representa una herramienta idónea para cumplir con dicho fin.

Por ello, amigas y amigos, considero necesario y conveniente modificar el apartado de Salud Materno-Infantil previsto en la Ley General de Salud, a fin de establecer como prioritario el establecimiento de diversas acciones adicionales para el cuidado y protección a la salud y supervivencia de los bebés que nacen antes de término, en las que se pueden considerar los principales aspectos prevenibles y de atención viable por parte de las instituciones de salud, tales como:

1. Uso de incubadoras o calentadores radiantes para mantener la temperatura corporal de los bebés, dado que los pequeños prematuros no tienen suficiente grasa corporal para mantener su propia temperatura.

2. Uso de herramientas idóneas para procurar la alimentación de los bebés prematuros, que procuren su nutrición y desarrollo adecuados, tomando en consideración la importancia que tiene la leche materna (ya prevista en la ley) y, en su caso, los suplementos especiales que provean las vitaminas y minerales óptimas para su desarrollo.

3. Uso de monitores y equipos que permitan supervisar la frecuencia cardíaca y controlar la respiración.

4. Realización de pruebas de laboratorio que prevengan infecciones o anemias que, después puede convertirse en padecimientos o enfermedades graves o fatales.

5. Establecimiento de estrictas condiciones de higiene en el área de atención y cuidados neonatales, tanto de recién nacidos de término como de bebés prematuros.

Por lo anteriormente descrito, se somete al análisis, estudio, consideración y, aprobación, en su caso, de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

UNICO.- Se modifican la fracción III del Artículo 61 y la fracción III del artículo 64, y se adiciona la fracción III. Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 61.- …

I.y II. …

III. Los cuidados, detección oportuna y tratamiento de complicaciones en el prematuro, así como la revisión de retina y tamiz auditivo del mismo;

IV.y V. …

Artículo 64.- …

I. a II. Bis.- …

III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años;

III. Bis.- Acciones de capacitación y vigilancia en materia de cuidados, detección oportuna y tratamiento de complicaciones en el prematuro, y

IV. …

TRANSITORIO

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 25 de abril de 2014.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Flores Eescalera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 115 constitucional.

1http://www.who.int/es/

2 La mayoría de los países se ubican en el Continente Africano, además de Estados Unidos de América y Brasil.

3http://www.un.org/es/millenniumgoals/maternal.shtml






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Conforme avanza la conquista de espacios ciudadanos y se legisla para que el gobernado pueda participar de modo más activo y directo en la toma de decisiones de los gobiernos, se presentan obstáculos que viven o tratan de limitar las posibilidades de que la voz y voluntad de la sociedad pueda ser no sólo escuchada, sino atendida, y convertidas sus demandas en realidades y acciones en planes de gobierno y leyes con apego al sentir y a las necesidades de los núcleos de población.

Los constitucionalistas dirán, con justa razón, que el pueblo está debidamente representado en los poderes públicos, en los gobernantes y autoridades electas para formar y hacer gobierno, es verdad, así lo dice la Constitución; sin embargo, y con independencia de la representación que tiene el ciudadano por conducto de los servidores públicos y los poderes ya mencionados, el mismo goza de la prerrogativa de la denominada participación ciudadana, este derecho se divide en dos fases trascendentales:

Primero, la participación ciudadana electoral, es decir, el ejercicio del derecho a elegir a las autoridades por medio del sufragio.

Y segundo, la participación ciudadana real, directa y efectiva en la toma de decisiones de las autoridades, especialmente cuando se trata del destino del uso de suelo, medio ambiente, planes de desarrollo urbano, vías y medios de transporte, zonificación, asentamientos humanos, seguridad pública, protección civil y otros rubros similares.

Existe, recientemente, una dialéctica que plantea una lucha destructiva entre la participación ciudadana y la política, la realidad es que el hombre, animal político de Aristóteles, como ciudadano, tiene el derecho de votar y ser votado en la construcción del poder del Estado, y además tiene el derecho de expresarse y asociarse en los asuntos públicos, en tanto que el político es ese mismo ciudadano que ejerce tales derechos a plenitud. La condición de ciudadano y político son esencia de lo mismo, y el contraponer ambas funciones de manera radical implica una ruptura ontológica y un conflicto irresoluble al interior de la sociedad.

Este debate encuentra una síntesis inteligente en la visión que ofrece el ex presidente del gobierno español, Felipe González, quien asegura que una participación ciudadana de calidad, dignifica la vida pública y genera política con mayúscula, entendiéndose como tal la política orientada al bienestar del individuo y la sociedad.

La participación ciudadana no puede estar peleada con la política, y al contrario, debemos procurar la vinculación esencial que existe entre ambas y así disminuir el hartazgo de los ciudadanos hacia los políticos, tal y como lo propone el mencionado ex presidente español.

Si no nos gustan los políticos, quitémoslos y pongámonos en lugar de ellos, si no nos gustan los dirigentes de los partidos, cambiémoslos, y si no nos gustan los partidos que existen hagamos otros.

En los últimos siete años se ha dado en México y en el ámbito internacional un impulso para privilegiar el derecho ciudadano a hacerse escuchar, con mecanismos que van más allá de esperar a ser atendidos por sus representantes populares, estos mecanismos son básicamente el plebiscito, el referendo, la consulta popular y la iniciativa ciudadana; sin embargo, para fines de la presente iniciativa nos ocupa otro tipo de participación ciudadana, que se verifica por medio de los organismos conocidos generalmente como consejos ciudadanos o comités ciudadanos.

Este tipo de organismos de expresión popular existen desde hace lustros, y fueron los municipios quienes primero trataron de darle vida y funcionalidad en los códigos municipales o leyes orgánicas municipales.

Hoy día, casi todas las constituciones locales imponen a los municipios el deber de privilegiar y reglamentar la participación ciudadana. Sin embargo, en la práctica se da escaso o nulo cumplimiento a estas disposiciones.

Los estados y los municipios deciden omitir y suprimir el derecho de los ciudadanos a ser escuchados y aportar opiniones vinculantes a la toma de decisiones de las autoridades municipales.

En los municipios, que es donde la gente vive más cerca la problemática que los aqueja, no se crean los reglamentos ni las agrupaciones correspondientes coartando y conculcando lo que de hecho son prerrogativas constitucionales de los gobernados.

Además de lo anterior, en los casos donde se crean organismos, llámense consejos, comités o comisiones, se les priva a éstos del carácter vinculante, es decir, sus opiniones no inciden en las acciones de gobierno en términos reales, con lo que se convierten en figuras de adorno, en simulación y engaño para la sociedad.

Una participación ciudadana fingida y acotada por las autoridades, por leyes y reglamentos.

Consideramos que la participación ciudadana en la vida municipal debe ser una realidad, un derecho materializado, pues nadie conoce mejor la problemática y las necesidades de los municipios, de sus sectores y de sus colonias que los ciudadanos que habitan en ellos.

En conclusión, la participación ciudadana es esencial para la buena gobernabilidad y debemos procurarla desde la Constitución, en la cédula del gobierno, que es precisamente el gobierno municipal.

En mérito de lo antes expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto.

Artículo Unico.- Se modifica el contenido del segundo párrafo, se adiciona un tercer párrafo y se recorre el que actualmente ocupa ese lugar a la cuarta posición, de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares, disposiciones administrativas y de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, garantizando el carácter vinculante de las opiniones emitidas por las organizaciones de ciudadanos debidamente conformadas.

Los ayuntamientos deberán garantizar la participación ciudadana mediante reglamentos expedidos conforme a la normatividad aplicable, en los temas referentes de la planeación y desarrollo urbano, desarrollo social, transporte público, seguridad pública, protección civil, asentamientos humanos, medio ambiente, uso y destino del suelo, agua potable y drenaje, vialidad y los demás que determinan las legislaturas de los estados”.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“EL que suscribe, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFCA EL CONTENIDO DEL SEGUNDO PARRAFO, SE ADICIONA UN TERCERO, Y SE RECORRE EL QUE ACTUALMENTE OCUPA ESE LUGAR A LA CUARTA POSICION, DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Conforme avanza la conquista de espacios ciudadanos y se legisla para que el gobernado pueda participar de modo más activo y directo en la toma de decisiones de los gobiernos, se presentan obstáculos que inhiben o tratan de limitar las posibilidades de que la voz y voluntad del pueblo pueda ser no sólo escuchada, sino atendida y convertidas sus demandas en realidades, en acciones, en planes de gobierno y leyes con apego al sentir y a las necesidades de los núcleos de población.

Los constitucionalistas dirán, y con justa razón, que el pueblo está debidamente representado en los poderes públicos y en los gobernantes y autoridades electas para formar y hacer gobierno. Es verdad. Y así lo dice nuestra Ley Suprema en los siguientes dispositivos:

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Sin embargo, y con independencia de la representación que tiene el ciudadano por conducto de los servidores públicos y los poderes ya mencionados, goza de la prerrogativa de la denominada participación ciudadana. Este derecho se divide en dos fases trascendentales:

I.- La participación ciudadana electoral, es decir, el ejercicio del derecho a elegir a las autoridades por medio del sufragio. Así como los casos donde son electos servidores públicos bajo procesos de naturaleza similar a la electoral, como la elección de los rectores de algunas universidades y otros casos donde un grupo determinado de personas que reúne ciertas condiciones y calidades puede participar con su voto en un proceso de elección. Y;

II- La que nos interesa como base de la presente iniciativa, la Participación Ciudadana real, directa y efectiva en la toma de decisiones de las autoridades, especialmente cuando se trata de planes de desarrollo urbano, uso y destino del suelo, medio ambiente, vías y medios de transporte, zonificación, asentamientos humanos, seguridad pública, protección civil y otros rubros similares de alto impacto en la sociedad.

Existe una postura actual tendiente a una dialéctica que plantea una lucha destructiva entre la participación ciudadana y la política. La realidad es que el hombre animal político de Aristóteles, como ciudadano tiene derecho de votar y ser votado en la construcción del poder del Estado y además tiene derecho de expresarse y asociarse para influir en los asuntos públicos, en tanto que el político es ese mismo ciudadano que ejerce tales derechos a plenitud. La condición de ciudadano y político son en esencia lo mismo y el contraponer ambas funciones de manera radical, implica una ruptura ontológica y un conflicto irresoluble al interior de la sociedad.

Este debate encuentra una síntesis inteligente, en la visión que ofrece el ex presidente del Gobierno Español Felipe González, quien asegura que una participación ciudadana de calidad dignifica a la vida pública y genera Política con mayúscula, entendiéndose como tal, la política orientada al bienestar de individuo y sociedad.

Esta visión se opone a que la participación ciudadana sea considerada enemiga de la política y al contrario, reconoce una vinculación esencial entre ambas. El historiador inglés Arnold Toynbee sostuvo al respecto lo siguiente: "El mayor castigo para quienes no se interesan por la política, es que serán gobernados por quienes sí se interesan".

De la participación ciudadana directa en las decisiones de gobierno y en los procesos legislativos

En los últimos siete años se ha dado en México y en el ámbito internacional un impulso por privilegiar el derecho del ciudadano de hacerse escuchar con mecanismos que van más allá de esperar se atendidos por sus representantes populares, llámense legisladores, regidores, alcaldes, gobernadores o el Presidente de la República. Estos mecanismos son básicamente el Plebiscito, el Referendo, la Consulta Popular y la Iniciativa Ciudadana.

Lamentablemente, en caso de los primeros tres, los requisitos para hacer funcionar dichos mecanismos son muy difíciles de cumplir, y si bien están contemplados en casi todas las leyes de participación ciudadana de los estados, su ejercicio y aplicación es casi imposible, o reto a que alguien nos informe ahorita mismo cuántos plebiscitos, referendos o consultas populares hemos tenido en los últimos cinco años en México, sean estatales o federales.

Mención aparte merecen algunos municipios, los cuales son el vínculo inmediato de un gobierno con los ciudadanos, y que sí se han tomado la molestia de consultar a sus ciudadanos en la toma de decisiones sobre ciertos aspectos, especialmente los que se refieren a la planeación urbana y a la aprobación de reglamentos, pero son muy pocos los casos, y se trata de consultas previstas en reglamentos municipales.

No nos ocuparemos en esta propuesta de los mecanismos antes señalados, porque fueron creados para cuestiones muy específicas y la complejidad de su aplicación sigue siendo tema de debate y de álgidas discusiones, faltando mucho por hacer para arribar a una solución o conjunto de soluciones, tanto en el ámbito federal como el local.

La Participación Ciudadana por Medio de los Consejos Ciudadanos

Para los fines de la presente iniciativa, nos ocupa otro tipo de participación ciudadana, la que se verifica por medio de los organismos conocidos generalmente como Consejos Ciudadanos, o Comités Ciudadanos.

Este tipo de organismos de expresión popular existen desde hace lustros, y fueron los municipios quienes primero trataron de darles vida y funcionalidad en los códigos municipales o leyes orgánicas municipales. Hoy día casi todas las constituciones locales imponen a los municipios el deber de privilegiar y reglamentar la participación ciudadana, y citamos un ejemplo:

Constitución Política del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza:

Artículo 158-U. Los Ayuntamientos tendrán las competencias, facultades y obligaciones siguientes:

........

VIII. En materia de participación ciudadana y vecinal:

1. Formular programas de organización y participación social que permitan una mayor cooperación entre autoridades y habitantes del Municipio.

2. Promover la participación de los diferentes sectores organizados del Municipio y de los habitantes interesados en la solución de la problemática municipal y en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal.

3. Promover la organización de asociaciones de ciudadanos.

4. Reglamentar y establecer las bases que organicen la participación, colaboración y cooperación de los vecinos en la prestación, construcción y conservación de los servicios y obras públicas.

5. Establecer e instrumentar mecanismos efectivos, funcionales y democráticos de participación comunitaria directa para la toma de decisiones fundamentales hacia el interior del gobierno municipal.

Sin embargo, en la práctica se da escaso o nulo cumplimiento a estas disposiciones, y, en este caso los municipios, deciden omitir y suprimir el derecho de los ciudadanos a ser escuchados y aportar opiniones vinculantes a la toma de decisiones de las autoridades municipales.

Los estados no son la excepción a la regla, por todos lados podemos ver consejos del transporte, consejos de seguridad pública, consejos de desarrollo urbano, consejos de medio ambiente, consejos de planeación, consejos de procuración de justicia, consejos educativos, consejos de becas estudiantiles, etc.

En casi todos los casos, se crean con el candado que consiste en evitar que sus opiniones o decisiones sean vinculantes para la autoridad, con lo que se convierten en figuras de adorno, en simulación y engaño para la sociedad. Una participación ciudadana fingida y acotada por las autoridades, por las leyes y reglamentos.

Esto es una farsa y una burla. Acciones deleznables que no pueden continuar, que no debemos permitir que continúen.

El Problema de la Participación Ciudadana y Vecinal

Lo dividiremos de la siguiente forma:

I.- En los municipios, que es donde la gente vive más de cerca la problemática que los aqueja, la mayor parte de los ayuntamientos no cumplen con las disposiciones constitucionales locales y las de sus códigos o leyes orgánicas de carácter municipal en materia de participación ciudadana y vecinal. No se crean los reglamentos ni las agrupaciones correspondientes, coartando y conculcando lo que de hecho, son prerrogativas constitucionales de los gobernados.

II.- En los casos donde se crean los organismos, llámense consejos, comités o comisiones, se les priva a estos del carácter vinculante, es decir, que sus opiniones incidan en las acciones de gobierno en términos reales.

Consideramos que la participación ciudadana en la vida municipal debe ser una realidad, un derecho materializado, pues nadie conoce mejor la problemática y las necesidades de un municipio, de sus sectores y colonias, que los ciudadanos que habitan en ellos.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO: Se modifica el contenido del segundo párrafo, se adiciona un tercer párrafo, y se recorre el que actualmente ocupa ese lugar a la cuarta posición, de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para quedar como sigue:

Artículo 115.......

I....

II Párrafo primero.....

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal; garantizando el carácter vinculante de las opiniones emitidas por las organizaciones de ciudadanos debidamente conformadas.

Los ayuntamientos deberán garantizar la participación ciudadana mediante reglamentos expedidos conforme a la normatividad aplicable, en los temas referentes a planeación y desarrollo urbano, desarrollo social, transporte público, seguridad pública, protección civil, asentamientos humanos, medio ambiente, uso y destino del suelo, agua potable y drenaje, vialidad y los demás que determinen las legislaturas de los estados......

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- Las legislaturas de los estados contarán con un plazo de hasta 120 días posteriores a la publicación de la presente reforma, para hacer las adecuaciones legislativas correspondientes a las constituciones locales y a los ordenamientos municipales.

ARTICULO TERCERO.- Una vez promulgadas las reformas señaladas en el artículo anterior, los municipios contarán con un plazo de hasta 90 días para expedir o modificar los reglamentos existentes a fin de cumplir con lo señalado en la presente.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la ciudad de México Distrito Federal, a 25 de abril de 2014.

Atentamente

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Salazar Fernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador Octavio Pedroza Gaitán, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente, para solicitarle respetuosamente pregunte al proponente si me permite suscribir su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Solicito a la Secretaría tome nota de ello, igualmente al Senador Héctor Larios Córdova, Francisco Salvador López Brito, Ernesto Ruffo Appel y Daniel Avila Ruiz.

Esta Presidencia saluda la presencia de 35 alumnos de la facultad de derecho, de la carrera de derecho administrativo y al maestro encargado, al profesor Pedro Noguerón de la Roquete, que se encuentran invitados por el Senador Omar Fayad Meneses.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes que tenemos para primera lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy cuenta con los dictámenes.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa alusiva al Centenario de la Toma de Zacatecas.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERISTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA ALUSIVA AL CENTENARIO DE LA TOMA DE ZACATECAS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 21 de abril de 2014, fue turnada a estas Comisiones Unidas, la MinutaProyecto de Decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa alusiva al Centenario de la Toma de Zacatecas, remitida por la H. Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, para sus efectos constitucionales.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187, y 190, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la Minuta que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del Proyecto de Decreto de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187, 188, 189, 190, párrafo 1., fracción VII, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En la sesión ordinaria del 5 de marzo de 2014, Diputadas y Diputados integrantes de las diversas fuerzas políticas de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se aprueba la emisión de dos monedas conmemorativas del Centenario de la Toma de Zacatecas, una de oro y otra de plata.

2. En sesión ordinaria del 10 de abril del presente año, se aprobó en el Pleno de la Colegisladora, la emisión de una moneda conmemorativa de cuño corriente, con valor nominal de 20 pesos, con 380 votos en pro y 2 en contra, se turnó a la Cámara de Senadores, para los efectos constitucionales.

3. En sesión ordinaria del 21 de abril del presente año, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-2P2A.-3837.a, turnó la Minutaproyecto de Decreto correspondiente, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.

En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Minuta, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA MINUTA

Establecer las características de una Moneda Conmemorativa alusiva al Centenario de la Toma de Zacatecas.

III. DESCRIPCION DE LA MINUTA

La Minuta en estudio rememora que el próximo 23 de junio se conmemora el Centenario de la Toma de Zacatecas, acontecimiento histórico que registran las páginas de la historia patria como la batalla decisiva en la cual las tropas del Presidente usurpador Victoriano Huerta, serían vencidas.

Se comenta que en el año de 1914, el General de División Luis Medina Barrón se encontraba en Zacatecas a frente de 12 mil efectivos del ejército federal. Por su parte las fuerzas revolucionarias de los generales Francisco Villa y Felipe Angeles habían tomado la decisión de avanzar desde Torreón para enfrentar al ejército de Huerta en Zacatecas.

Se señala que el historiador Alejandro Rosas, en su narración acerca de la Toma de Zacatecas comenta que “los villistas avanzaron por los cuatro puntos cardinales intentando arrebatar a los federales sus posiciones en la Bufa, el Grillo, la Sierpe, Loreto y el cerro de La Tierra Negra, cuarenta cañones - 28 por el norte y 12 por el sur -entraron en acción al mismo tiempo para apoyar el despliegue de infantería que ascendía por los cerros que rodeaban la ciudad”.

Zacatecas había sido testigo de una de las más sangrientas batallas de la revolución, “los siete kilómetros que mediaban entre Zacatecas y la población de Guadalupe terminaron tapizados de cadáveres” afirma Alejandro Rosas.

La trascendencia de esta batalla es que precipitó la caída de Victoriano Huerta 22 días después y la sangre derramada propició el avance del ejército constitucionalista hasta la ciudad de México, para que se consolidara el triunfo de la Revolución Mexicana.

La Toma de Zacatecas cambió de manera significativa los acontecimientos de la Revolución Mexicana, dando lugar a la Convención de Aguascalientes en ese mismo año de 1914 y más adelante al Congreso Constituyente de 1917.

IV. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES A LA MINUTA

Primera. Estas Comisiones Dictaminadoras estimanconveniente conmemorar el centenario de la Toma de Zacatecas mediante una moneda conmemorativa, al reconocer como uno de hechos más significativos en la historia de nuestro país, el cual propició la caída de Victoriano Huerta, representando un avance del ejército constitucionalista hasta la ciudad de México, para que se consolidara el triunfo de la Revolución Mexicana, lo que contribuyó a hacer de México un país de instituciones fundamentales para el desarrollo nacional.

Segunda. Estas Comisiones Dictaminadora consideran conveniente la propuesta de honrar los actos heroicos realizados el 23 de junio de 1914, mediante la acuñación de esta moneda conmemorativa, que constituirá un recuerdo permanente del hecho histórico por el patriotismo y valentía de estos mexicanos.

Tercera. Estas Comisiones Dictaminadoras consideran que con esta Moneda Conmemorativa, permite la difusión de ideas y el esparcimiento del conocimiento de hechos significativos de nuestra historia, constituyendo un medio para consolidar en la memoria colectiva los hechos heroicos que nos forjaron como nación, así como los valores y tradiciones de nuestro país.

Asimismo, se cumple con el objetivo de que la mayoría de los mexicanos tengan la oportunidad de remembrar el Centenario de la Toma de Zacatecas, mediante la emisión de esta moneda de cuño corriente, con valor nominal de 20 pesos, la cual tiene una colocación nacional y aceptación por el público.

Cuarta. Las Comisiones que Dictaminan, consideran acertado que el diseño principal del anverso de la moneda sea propuesto por el Gobierno del Estado de Zacatecas, debiendo incluir la leyenda "Centenario de la Toma de Zacatecas", considerando el papel fundamental de esta gesta heroica en la vida de nuestro país.

Quinta. Las que dictaminan, tomando en base lo anteriormente expuesto, y considerando que conforme al artículo 73, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso tiene facultad para fijar las características de la moneda, y el Banco de México, conforme al artículo 3, fracción I, de su Ley, el regular la emisión de la misma, estiman conveniente aprobar la Minuta en análisis, con las consideraciones descritas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda, que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERISTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA ALUSIVA AL CENTENARIO DE LA TOMA DE ZACATECAS.

Unico. Se establecen las características de una moneda conmemorativa alusiva al Centenario de la Toma de Zacatecas, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2º. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las siguientes características:

Valor nominal: Veinte pesos.

Forma: Circular.

Diámetro: 32 mm (treinta y dos milímetros).

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda.

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos), en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda.

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido: 92 % (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos quinientos noventa miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), en más o en menos.

Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos) y la tolerancia en peso por pieza 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

Los cuños serán:

Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, formando el semicírculo superior.

Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo segundo transitorio del presente Decreto, apruebe el Banco de México, a propuesta del Gobierno de Zacatecas. Dicho motivo deberá relacionarse con el Centenario de la Toma de Zacatecas.

Canto: Estriado discontinuo.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Gobierno de Zacatecas enviará al Banco de México la propuesta del diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el presente Decreto, la cual deberá incluir la leyenda “Centenario de la Toma de Zacatecas”.

En caso de que el gobierno de Zacatecas no presente una propuesta del motivo indicado en este artículo dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate.

Tercero. La moneda a que se refiere el presente Decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la fecha de entrega del diseño señalado en el Artículo Segundo Transitorio del presente Decreto.

Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para que el motivo que proponga el Gobierno de Zacatecas en los términos de este Decreto, pueda ser utilizado en el reverso de la moneda conmemorativa. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de ese artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

Quinto. Corresponderá al Banco de México cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual derivado de la acuñación de las monedas.

Dado en la Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, a 25 de abril de 2014.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, que contiene proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y de la Escuela Médico Naval a bordo de los buques auxiliar multipropósito Arm Huasteco y patrulla Oceánica Arm Durango de la Armada de México, fuera de los límites del país, para que realicen prácticas del 10 de junio al 15 de julio de 2014 y del 1º al 25 de julio de 2014, respectivamente.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR LA SALIDA DE CADETES DE LA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR Y DE LA ESCUELA MEDICO NAVAL A BORDO DE LOS BUQUES AUXILIAR MULTIPROPOSITO ARM “HUASTECO” (AMP 01) Y PATRULLA OCEANICA ARM “DURANGO” (PO 151) DE LA ARMADA DE MEXICO, FUERA DE LOS LIMITES DEL PAIS PARA QUE REALICEN VIAJES DE PRACTICAS DEL 19 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2014 Y DEL 1° AL 25 DE JULIO DE 2014, RESPECTIVAMENTE

(Dictamen de primera lectura)








De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, para permitir la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen fuera de los límites del país en el ejercicio Cuenca del Pacífico Rimpac 2014, que se llevará a cabo del 27 de junio al 1º de agosto de 2014 en las Islas Hawái, Estados Unidos de América.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE PERMITA LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MEXICO A FIN DE QUE PARTICIPEN FUERA DE LOS LIMITES DEL PAIS EN EL EJERCICIO "CUENCA DEL PACIFICO" (RIMPAC-2014), QUE SE LLEVARA A CABO DEL 27 DE JUNIO AL 1° DE AGOSTO DE 2014 EN LAS ISLAS HAWAI, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(Dictamen de primera lectura)








De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para participar en el ejercicio anfibio, Sociedad de las Américas POA-2014, que se llevará a cabo del 11 al 22 de agosto de 2014 en el Fuerte Aguayo y Puerto Aldea, Chile.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE PERMITA LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MEXICO FUERA DE LOS LIMITES DEL PAIS, PARA PARTICIPAR EN EL EJERCICIO ANFIBIO “SOCIEDAD DE LAS AMERICAS” (POA-2014), QUE SE LLEVARA A CABO DEL 11 AL 22 DE AGOSTO DE 2014, EN EL FUERTE AGUAYO Y PUERTO ALDEA, CHILE

(Dictamen de primera lectura)








De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, para permitir la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen fuera de los límites del país en el ejercicio multinacional "UNITAS LV PENUD 2014" con una patrulla oceánica Arm "Sonora" (Po 152), un helicóptero, 13 elementos de Infantería de Marina Embarcados y 4 capitanes para integrarse en el estado mayor conjunto del ejercicio e intercambio con otras unidades participantes, ejercicio que se llevará a cabo del 11 al 27 de septiembre de 2014, en la República de Perú.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE PERMITA LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MEXICO A FIN DE QUE PARTICIPEN FUERA DE LOS LIMITES DEL PAIS EN EL EJERCICIO MULTINACIONAL “UNITAS LV PERU 2014” CON UNA PATRULLA OCEANICA ARM “SONORA” (PO 152), UN HELICOPTERO, 13 ELEMENTOS DE INFANTERIA DE MARINA EMBARCADOS Y 4 CAPITANES PARA INTEGRARSE EN EL ESTADO MAYOR CONJUNTO DEL EJERCICIO E INTERCAMBIO CON OTRAS UNIDADES PARTICIPANTES, EJERCICIO QUE SE LLEVARA A CABO DEL 11 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN LA REPUBLICA DEL PERU

(Dictamen de primera lectura)








De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, que contiene proyecto de Decreto por el que se aprueba la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el marco de la octava conferencia de las partes en calidad de reunión de las partes del Protocolo de Kyoto.

ENMIENDA DE DOHA AL PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO, EN EL MARCO DE LA OCTAVA CONFERENCIA DE LAS PARTES EN CALIDAD DE REUNION DE LAS PARTES DEL PROTOCOLO DE KYOTO

(Dictamen de primera lectura)



(Opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático)








De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, que contiene proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo para el establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde, firmado al referéndum por el plenipotenciario de México en la ciudad de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, el 12 de octubre de 2012.

ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL INSTITUTO GLOBAL PARA EL CRECIMIENTO VERDE, FIRMADO AD REFERENDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO DE MEXICO EN LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL 12 DE OCTUBRE DE 2012

(Dictamen de primera lectura)



(Opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático)








ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ARABES UNIDOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE ABU DHABI, EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2012

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA–PACIFICO; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

H. ASAMBLEA:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 fracción X, 76 fracción I y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo Federal remitió a esta Soberanía el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Abu Dhabi el veinte de noviembre de dos mil doce.

Las Comisiones que suscriben el presente dictamen, de conformidad con lo establecido por los artículos 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 3, 4 y 10 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; 85, 86, 90 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 177, 178, 182, 183, 188 y demás concordantes del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio del Acuerdo y conforme a las deliberaciones que se realizaron someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Con fecha 7 de octubre de 2013, mediante oficio SEL/300/1456/13, la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, remitió a los CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, copias certificadas del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Abu Dhabi el veinte de noviembre de dos mil doce.

2. En sesión celebrada el 8 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio DGPL-1P2A.–1960, turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia–Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, el citado Acuerdo para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En sesión celebrada el 21 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio DGPL-1P2A.-2763, dispuso ampliar el turno del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Abu Dhabi el veinte de noviembre de dos mil doce, para quedar en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

4. En sesión ordinaria, los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del Acuerdo con el objetivo de expresar sus observaciones, comentarios e integrar el presente dictamen.

II. OBJETIVO Y DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO

El principal objetivo del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, es eliminar la doble imposición ya que ésta representa una carga fiscal excesiva tanto para los residentes de México como de los Emiratos Arabes Unidos. De manera paralela, el Acuerdo ayudará a las autoridades fiscales de ambos países a combatir la evasión fiscal.

El ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, en el documento que remite al ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, señala que el Acuerdo se suma a la red de tratados fiscales que tiene celebrados nuestros país, cuyo principal objetivo es eliminar la doble imposición, misma que presenta una carga fiscal excesiva para los residentes de México y los residentes de otros Estados que realizan operaciones comerciales o financieras entre sí. Al mismo tiempo, estos tratados ayudan a las autoridades fiscales a combatir la evasión fiscal.

Indica que de acuerdo con información proporcionada por la Federación de las Cámaras de Comercio e industria de los Emiratos Arabes Unidos, en 2012 se tenía registro de siete compañías mexicanas que han invertido en dicho país. Por su parte, de 1999 al segundo trimestre de 2013, la Secretaría de Economía registró la inversión de tres empresas emiratíes en México.

Destaca que a partir de estos registros, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó la oportunidad de mejorar las condiciones para las inversiones entre México y los Emiratos Arabes Unidos, a través de la celebración de un acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal.

Asimismo, el Titular del Ejecutivo Federal señala que con el objeto de eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta, se limita el ejercicio de la potestad tributaria de México y los Emiratos Arabes Unidos. Dicha limitación consistirá en distribuir la potestad tributaria entre el Estado de la fuente y el de residencia con el fin de evitar que un mismo ingreso esté sujeto a imposición en ambos Estados y, en caso que los dos Estados puedan someter a imposición un ingreso, permitir la acreditación del impuesto pagado en el otro Estado.

Subraya que al eliminar dicha carga, de ser aprobado el Acuerdo, fomentará la inversión emiratí en México y mejorará las condiciones de los mexicanos que realicen inversiones en los Emiratos Arabes Unidos, colocándolos en una situación de igualdad respecto de los inversionistas de otros Estados con los que ese país tiene celebrados acuerdos en esta materia.

Refiere que el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de nacionalidad mexicana o emiratí y contempla mecanismos para resolver de una forma amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación.

También señala que para combatir la evasión fiscal, el Acuerdo permite a las autoridades competentes de México y los Emiratos Arabes Unidos intercambiar información en materia fiscal y cooperar para la determinación de los impuestos a cargo de los contribuyentes.

Destaca que el Acuerdo es aplicable a los residentes de México y de los Emiratos Arabes Unidos, por lo que aquellas personas que pretenden gozar de sus beneficios, deberán acreditar su residencia fiscal por medio de una certificación de residencia o de la presentación de la declaración del último ejercicio fiscal.

También se amplía el marco jurídico aplicable a las transacciones realizadas entre ambos Estados que generan ingresos sujetos a los impuestos sobre la renta. Constituye una herramienta que interactúa con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto Empresarial de Tasa Unica, el Código Fiscal de la Federación y sus reglamentos.

Finalmente, el Licenciado Enrique Peña Nieto enfatiza que en caso de que el Acuerdo sea aprobado por el Senado de la República, también permitirá fomentar los negocios entre México y los Emiratos Arabes Unidos y propiciar mayores niveles de rentabilidad de las inversiones, lo que generará un ambiente adecuado para incrementar los flujos de inversión y redundará en el bienestar económico de ambos países.

Para cumplir los objetivos y las consideraciones señaladas anteriormente, el Acuerdo contiene 29 artículos agrupados en seis capítulos y un Protocolo que contiene 5 numerales, tal y como se enlista a continuación:

Capítulo I: Ambito del Acuerdo

Artículo 1. Personas Comprendidas

Artículo 2. Impuestos Comprendidos

Capítulo II: Definiciones

Artículo 3. Definiciones Generales

Artículo 4. Residente

Artículo 5. Establecimiento Permanente

Capítulo III: Tributación de la Renta

Artículo 6. Rentas Inmobiliarias

Artículo 7. Beneficios Empresariales

Artículo 8. Transporte Marítimo y Aéreo

Artículo 9. Empresas Asociadas

Artículo 10. Dividendos

Artículo 11. Intereses

Artículo 12. Regalías

Artículo 13. Ganancias de Capital

Artículo 14. Servicios Profesionales y Técnicos Independientes

Artículo 15. Ingresos Derivados del Empleo

Artículo 16. Participaciones de Consejeros

Artículo 17. Artistas y Deportistas

Artículo 18. Pensiones

Artículo 19. Funciones Públicas

Artículo 20. Estudiantes

Artículo 21. Otras Rentas

Artículo 22. Limitación de Beneficios

Capítulo IV: Métodos para Eliminar la Doble Imposición

Artículo 23. Eliminación de la Doble Imposición

Capítulo V: Disposiciones Especiales

Artículo 24. No-Discriminación

Artículo 25. Procedimiento de Acuerdo Mutuo

Artículo 26. Intercambio de Información

Artículo 27. Agentes Diplomáticos y Funcionarios Consulares

Capítulo VI: Disposiciones Finales

Artículo 28. Entrada en Vigor

Artículo 29. Terminación

PROTOCOLO DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ARABES UNIDOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

El Artículo 1 señala que el Acuerdo se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.

El Artículo 2 establece que se considera impuestos sobre la renta todos los que gravan la totalidad de la renta o cualquier elemento de la misma.

Artículo 3. Define los términos siguientes: “México”, “Emiratos Arabes Unidos” “un Estado Contratante”, “el otro Estado Contratante”, “persona”, “nacional”, “sociedad”, “esquema de pensiones”, “empresa”, “empresa de un Estado Contratante”, “empresa del otro Estado Contratante”, “tráfico internacional”, “entidad gubernamental calificada”, “autoridad competente”.

Artículo 4. Explica la acepción del término “residente de un Estado Contratante”.

Artículo 5. La expresión establecimiento permanente, significa un lugar fijo de negocios a través del cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.

Artículo 6. Rentas inmobiliarias, establece que las rentas de un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o silvícolas) situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Además, contempla la definición “bienes inmuebles” misma que tendrá el significado que le atribuya la legislación del Estado Contratante en que los bienes en cuestión estén situados.

Artículo 7. Dispone que los Beneficios Empresariales de un Estado Contratante, solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice sus actividades empresariales en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él.

Artículo 8. Con referencia al Transporte Marítimo y Aéreo, los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional por un residente de un Estado Contratante, comprenden los beneficios procedentes del arrendamiento de buques o aeronaves sobre una base de nave completa. También comprenden los beneficios derivados del arrendamiento de buques o aeronaves sobre una base de nave vacía, si dichos buques o aeronaves son explotados en tráfico internacional por el arrendatario y son obtenidos por un residente de un Estado Contratante involucrado en la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional.

Artículo 9. Se denomina “Empresa Asociada” cuando una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante, o las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante.

Artículo 10. Señala que los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Además de definir el término “Dividendos”.

Artículo 11. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición de ese otro Estado. Sin embargo, dichos intereses también pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de ese Estado, si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado Contratante y el impuesto no podrá exceder de 4.9% en el caso de intereses pagados en bancos y 10% en otros casos. Igualmente se define el término “Intereses”.

Artículo 12. El presente artículo precisa el término “Regalías” además de su aplicación en el presente Acuerdo.

Artículo 13. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles a que se refiere el Artículo 6 y situados en el otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Artículo 14. Las rentas obtenidas por un residente de un Estado Contratante, por la prestación de servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. Igualmente se define el término “servicios profesionales”.

Artículo 15. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, obtenidos por un residente de un Estado Contratante en virtud de un empleo, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. Si el empleo se ejerce de esta forma, dicha remuneración obtenida del mismo, puede someterse a imposición en ese otro Estado.

Artículo 16. Las participaciones de consejero y los pagos de retribuciones similares que un residente de un Estado Contratante obtenga en su calidad como miembro de un consejo de administración o cualquier otro órgano de una sociedad que sea residente de otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Artículo 17. Hace referencia al régimen de ingresos de artistas y deportistas.

Artículo 18. Las pensiones y otras remuneraciones similares y las anualidades pagadas a un residente de un Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

Artículo 19. Funciones Públicas, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, excluidas las pensiones, pagadas por un Estado Contratante o una subdivisión política o entidad local del mismo a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

Artículo 20. Un estudiante que sea residente del otro estado Contratante y que se encuentre en el Estado Contratante con el único fin de proseguir sus estudios, no podrá someterse a imposición en ese Estado.

Artículo 21. Los ingresos de un residente de un Estado contratante, cualquiera que fuese su procedencia, no mencionados anteriormente, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

Artículo 22. Una persona que sea residente de los Emiratos Arabes Unidos que obtenga ingresos de México, tendrá derecho en este país a todos los beneficios otorgados en los Artículos 8, 10, 11, 12 y 13.

Artículo 23. Regula la eliminación de la doble imposición entre los Estados Contratantes.

Artículo 24. Garantiza la aplicación del principio de no discriminación al establecer que los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo, que no se exija o sea más gravoso que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular respecto a la residencia.

Artículo 25. Regula el procedimiento para someter a la autoridad competente alguna inconformidad derivada de las disposiciones del Convenio.

Artículo 26. Dispone lo relativo al intercambio de información señalando que la información recibida por el Estado solicitante se regirá bajo el principio de secrecía, sin embargo, también señala que ningún Estado podrá negarse al otorgamiento de información con el argumento de ser detentada por un banco, otra institución financiera.

Artículo 27. Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán los privilegios fiscales de que disfruten los agentes diplomáticos o funcionarios consulares de acuerdo con los principios generales del Derecho Internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales.

Artículo 28. Establece las disposiciones generales para la entrada en vigor del Acuerdo.

Artículo 29. El Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por un Estado Contratante.

Finalmente, el instrumento internacional en análisis contiene un Protocolo, mismo que señala que al momento de la suscripción del Convenio, los firmantes acordaron incluir cinco numerales mismos que forman parte del Acuerdo.

Estas disposiciones adicionales, precisan términos utilizados en el texto del Acuerdo, además de señalar los alcances de ciertas disposiciones presentes en el articulado del instrumento internacional bajo análisis con el objetivo de evitar una incorrecta interpretación de las mismas.

III. METODO DE TRABAJO, ANALISIS, DISCUSION Y VALORACION DE LAS PROPUESTAS

Los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, señalan que con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden especializado y jurídico para la elaboración del presente dictamen, acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado de la República. Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y elaboración del presente dictamen.

En el proceso de análisis, se subrayó que el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de los Estados Contratantes, además de establecer mecanismos para resolver de una forma amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación.

El Acuerdo sujeto a análisis en el presente dictamen, fue adoptado de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cumpliendo con los parámetros establecidos de manera consuetudinaria en la legislación internacional, que versa sobre la materia.

IV. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL

La celebración de los tratados en México, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra legislación con la concurrencia de dos poderes: el Ejecutivo Federal quien tiene la facultad de celebrar un tratado internacional; y el Senado de la República, en quien recae la facultad exclusiva de aprobar aquel tratado internacional celebrado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, tal como lo establecen los artículos 89 fracción X y 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra ordenan:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I…-IX…

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI…-XX…

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

• Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

II…–XII…

Con base únicamente en las consideraciones de orden general, el Acuerdo sujeto de análisis del presente dictamen, cumple con los requisitos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para su aprobación.

V. CONSIDERACION DE ORDEN ESPECIFICO

El Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, se suma a la red de convenios fiscales que tienen celebrados con México, cuyo principal objetivo es eliminar la doble imposición, misma que representa una carga fiscal excesiva para los residentes de México y los residentes de otros países que realizan operaciones comerciales o financieras entre sí.

Al eliminar dicha carga fiscal, el Acuerdo fomentará la inversión emiratí en México e impulsará a los mexicanos a realizar inversiones en Emiratos Arabes Unidos, colocándolos en igualdad de circunstancias respecto a los inversionistas de otros países con los que los Emiratos Arabes Unidos tiene celebrados acuerdos en esta materia.

El Acuerdo armoniza los sistemas fiscales de los dos países, otorgando certeza y seguridad jurídica, respecto del tratamiento fiscal aplicable a la inversión.

Asimismo, el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de nacionalidad mexicana o emiratí, además de establecer mecanismos para resolver de una forma amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación.

Derivado de las negociaciones, el Acuerdo permite un combate más eficaz en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, en virtud de que, al igual que otros acuerdos, prevé un procedimiento de cooperación entre las administraciones tributarias de ambos países para el intercambio de información fiscal, a través del cual se permite verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes mexicanos con inversiones en el extranjero, teniéndose que intercambiar la información, incluso, cuando la misma sea detentada por un banco, otra institución financiera, un mandatario o una persona actuando en calidad de agente o fiduciario, o porque se relaciona con participaciones en una persona.

En el análisis del acuerdo, las comisiones dictaminadoras acentúan que entre los beneficios del Acuerdo se encuentran:

• La eliminación de la doble tributación;

• Otorga seguridad jurídica a los contribuyentes y promueve la inversión;

• Armoniza los criterios de imposición;

• Se asegura la eliminación de tratos discriminatorios;

• Se incluye un procedimiento amistoso para la solución de controversias;

• Se otorga una mayor permanencia a los esquemas fiscales aplicables;

• Combate la elusión y evasión fiscal.

Asimismo, se destaca que el Acuerdo contiene una cláusula1 que previene el abuso con el fin de que los beneficios los obtengan aquellas personas a quien va dirigido.

Las comisiones dictaminadoras señalan que el Artículo 22 del Acuerdo, relativo al Intercambio de Información, otorga sustento jurídico para combatir plenamente la elusión y la evasión fiscal, mediante un mecanismo de reciprocidad informativa entre las autoridades competentes de las Partes.

En él se señala que el intercambio de información no está limitado a los impuestos comprendidos en el convenio sino a cualquiera que sea exigido por ambos países. Asimismo se estipula que los Estados no podrán negarse a intercambiar información únicamente por el hecho de que esté detentada por instituciones bancarias o financieras.

Una vez en vigor, el Acuerdo permitirá fomentar los negocios entre los dos países, y propiciar mayores niveles de rentabilidad de las inversiones que se realicen en cada uno de éstos, generando un ambiente adecuado para incrementar los flujos de inversión entre ambos países, lo cual redundará en el bienestar económico, tanto de México como de los Emiratos Arabes Unidos.

El Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la fecha en que se reciba la última de las notificaciones, en las que ambos Estados, se comuniquen el cumplimiento de los requisitos exigidos por su legislación nacional.

El Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por un Estado Contratado. Cualquier Estado Contratante podrá dar por terminado el Convenio en cualquier momento, después de que se transcurra un periodo de cinco años contando a partir de la fecha en que el Acuerdo entre en vigor, siempre que se dé aviso por escrito de la terminación a través de la vía diplomática, al menos con seis meses de antelación. En tal caso, el Acuerdo dejará de surtir sus efectos.

Asimismo, las dictaminadoras señalan que el Poder Ejecutivo Federal remitió adjunto al Acuerdo, el documento titulado: “Memorándum de Antecedentes” mismo que integra el informe relativo al Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la ciudad de Abu Dhabi, el 20 de noviembre de 2012. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido por el artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.

Una vez analizado el instrumento internacional que ha sido objeto del presente estudio y cotejado por cuanto a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia, se concluye que el Acuerdo ha sido otorgado en cumplimiento al marco normativo aplicable.

En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de lo que dispone el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de los que establece el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben reconocen la atribución del Ejecutivo Federal al firmar el presente instrumento internacional en análisis, con apego a lo dispuesto en el Artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Acuerdo que nos ocupa, no se lesiona ni la soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, someten a la consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el Artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprueba el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ARABES UNIDOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, firmado en la ciudad de Abu Dhabi, el veinte de noviembre de dos mil doce.

Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, D.F., a 19 de febrero de dos mil catorce.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO;
COMISION DE RELACIONES EXTERIORES;
COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO”.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.

Tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal.

1 Artículo 22 del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo relativo a la Limitación de Beneficios.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA Y SE REFORMA EL ARTICULO 254 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Informo a la Asamblea que el Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial entregó a la Mesa Directiva una versión del dictamen que contiene agregados en su apartado de las consideraciones.

Para certeza de lo que la Comisión de Comercio está adicionando, les informo que las páginas afectadas son los número 57 y 58.

Este nuevo texto, que varía únicamente en cuanto a lo que se refiere a las condiciones, mantiene la parte resolutiva en los términos que ustedes lo conocieron desde su primera lectura. La versión modificada está disponible en el monitor de sus escaños.

Iniciamos, en consecuencia, la presentación del dictamen.

Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Con el permiso de la Presidencia.

Hoy vengo a hablar a nombre de las comisiones unidas que dictaminaron la minuta que recibimos en materia de una nueva Ley Federal de Competencia Económica.

Lo primero que quiero hacer es un reconocimiento a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, por el extraordinario trabajo que hicieron en la dictaminación de la iniciativa que el Presidente de la República les envío. Lograron una cantidad muy importante de modificaciones que mejoraron de manera sustancial la iniciativa, siempre en consenso con el Ejecutivo Federal, y yo no hago más que reconocer el trabajo de todos ellos que encabezó el Diputado Mario Sánchez Ruiz.

Y adicionalmente comentar que en el foro de consulta que organizó el Senado, fueron precisamente los Diputados dictaminadores de todos los partidos los que nos transmitieron sus impresiones sobre temas que podrían todavía ser mejorados.

En segundo lugar, quisiera hacer alguna consideración sobre los tiempos.

Si ustedes recuerdan, este Senado aprobó una reforma constitucional en el mes de mayo del año pasado; después los congresos locales, con una velocidad realmente importante, aprobaron las reformas que se hicieron, reformas que permitieron que el Poder Ejecutivo las promulgara el 11 de junio; ocho meses después, el Presidente presentó la iniciativa el 25 de marzo a la Cámara de Diputados.

Me parece que es importante resaltar este tiempo, porque a veces en algunos medios o algunos funcionarios, incluso, han hablado de la lentitud del Congreso en procesar este tema.

La Cámara de Diputados tomó solamente mes y medio en consensar un número importante de cambios y nosotros, que recibimos la iniciativa hace exactamente 4 semanas, y descontando la Semana Santa, tuvimos 3 semanas de trabajo, inmediatamente al día siguiente las comisiones aprobaron la metodología del dictamen y la ruta crítica, organizamos un foro el 2 de abril, y el 22 de abril, esta semana, las comisiones unidas aprobaron, por unanimidad de todos sus integrantes, el dictamen al cual se le dio primera lectura.

Sin embargo, tanto los grupos parlamentarios como el propio gobierno tenían todavía inquietudes de modificación que permitieron que se hiciera un enorme ejercicio de consenso para presentar, como lo haré al final, un conjunto de reservas que tienen mucho consenso.

Hoy, exactamente 4 semanas después de que recibimos la iniciativa o de que la aprobó la Cámara de Diputados, vamos a someterla a consideración.

Insisto, este dictamen tiene un amplio consenso y seguramente merecerá la aprobación de la enorme mayoría de esta Cámara.

También, en tercer lugar, agradecer la participación entusiasta de muchas horas de trabajo de los presidentes de las comisiones codictaminadoras:

Del Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente de la Comisión de Fomento Económico; del Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; del Senador Luis Armando Melgar, Presidente de la Comisión Especial de Productividad, a la cual le fue turnada para opinión.

Asimismo, agradecer a todos los miembros de la Comisión de Comercio, particularmente a los secretarios: Senador Braulio Fernández, del PRI; y al Senador Armando Ríos Piter, del PRD.

Desde que la Constitución de 1917 se aprobó, se prohibieron los monopolios.

Sin embargo, hasta hace poco más de 20 años se aprobó la primera Ley Federal de Competencia Económica, y también la primera Comisión Federal de Competencia Económica.

En esta comisión han pasado enormes personajes, mujeres y hombres, sin embargo, el resultado de la comisión y de la ley ha sido realmente escaso.

Hoy, en México seguimos siendo, como alguno lo bautizó, un país de 2; 2 proveedores de harina de maíz, que es el insumo esencial para la tortilla; 2 cadenas de cines; 2 canales de televisión; 2 productores de cerveza; 2 grandes embotelladores de refrescos; 1 gran productor de pan; 2 productores grandes y distribuidores de pollo; una alta concentración en bancos, en cemento, en fierro, en telecomunicaciones, en navegación, en muchísimos mercados.

Y la verdad, la OCDE ha establecido en sus estudios, que hay mercados en México donde los consumidores pagamos hasta el 30 por ciento más de un sobre precio por falta de competencia o por manipulación, mejor dicho, de los mercados.

Era imprescindible entrarle a fondo y analizar la causa por la cual no funcionó adecuadamente el sistema de competencia; fundamentalmente el tema fue la enorme litigiosidad.

Por eso, en la reforma constitucional se estableció eliminar la suspensión provisional en materia de amparo y quitar los recursos que se interponen en las etapas intermedias solamente hasta la parte resolutiva.

Adicionalmente, se aumentaron las herramientas de la comisión, hablando de eliminación de barreras, hablando de determinación de insumos esenciales y desde luego, de la posibilidad de desincorporar los activos de una empresa.

Lo que se ha buscado es tutelar el derecho del más débil; y el más débil, sin duda alguna, es el consumidor.

Lo que ha resultado es una comisión verdaderamente poderosa, con muchísimas herramientas.

Habría que resolver algunos dilemas, y es lo que ha hecho este Senado en sus modificaciones.

En primer lugar, el enorme dilema entre seguridad jurídica para los agentes económicos y la tutela de los derechos del consumidor.

Necesariamente tenía que tener definiciones amplias, contrario a lo que algunos agentes económicos nos pedían de restringirlas.

Pongo un ejemplo. La ley establece la prohibición, mejor dicho, el mandato para eliminar las barreras y los agentes económicos, seguramente con razón decía: establece que no se pueden eliminar las barreras naturales, y en algunos casos sí.

Establece que no cuentan o no tienen obligación de eliminar cuando la barrera es fruto de la inversión de la empresa y el desarrollo de tecnología, y a veces sí hay que eliminarlas.

Pongo el caso. Un medicamento que tiene una tecnología que no comparte nadie más, durante 20 años puede tener el liderazgo absoluto en el mercado si no aparece otro similar; pero una vez vencidos estos 20 años, esa barrera tecnológica debe de desaparecer, por eso no se podría poner en la ley que no contaban las barreras tecnológicas. Lo mismo sucede con el software.

También se hablaba de no poder eliminar las barreras, que son resultado de la inversión de la empresa, por ejemplo, en generar una enorme cadena de distribución.

Y hay que recordar que la anterior Comisión Federal de Competencia Economía resolvió romper esa barrera, por ejemplo, en la comercialización de cerveza y de refrescos que había sido conseguida, esa red de distribución, a base, literalmente, de la compra de los distribuidores, y se les ordenó que habrían de expender todas las marcas porque esto limitaba al consumidor.

Por ello se mantuvieron las definiciones amplias. Pero este Senado, en materia de seguridad jurídica para los agentes económicos estableció, en mi opinión, medidas fuertes.

La primera, la posibilidad de que un agente económico acuda a la Comisión Federal de Competencia Económica, solicite una consulta sobre si lo que está haciendo está en el marco de la ley y lo que le responda la comisión es vinculante.

Solamente quedó excluida de la vinculación cuando sean orientaciones las que lo soliciten u opiniones de consulta sobre hechos hipotéticos.

En segundo lugar, establecimos la obligación para la comisión de establecer disposiciones reglamentarias, en un plazo no mayor de seis meses, digamos los parámetros generales bajo los que se regirán los temas más complicados, como son: aplicaciones de sanciones, desincorporación de activos, determinación de mercado relevante, determinación de dominancia, en fin.

Todos estos tendrán que establecerse y les darán más seguridad jurídica a los agentes económicos, adicionalmente del establecimiento de lineamientos, criterios generales, guías, directrices.

El segundo dilema que habría que resolver, es en torno al principio de administración de justicia, de separación de la parte investigadora con la parte propiamente jurisdiccional.

Y aquí había muchísimas posiciones. Finalmente resolvimos el dilema, dándole más cercanía de la autoridad investigadora a la comisión. Le dimos la capacidad y la libertad plena de elegir a la autoridad investigadora, siempre y cuando ésta cumpla con los requisitos que establece el artículo 32 de la ley.

Sin embargo, no le dimos absoluta libertad para despedirlo, porque establecimos exactamente las causales, que casi todas ellas tienen que ver con que se acredite que ha sido corrompido, que ha sido capturado por los agentes económicos, para poder ser despedido.

Aquí el dilema era si permitimos mucha autonomía, en torno al investigador, lo que se va a perder es eficacia en protección de la tutela de los derechos del consumidor y también la posibilidad de que se pierda la honestidad de la autoridad investigadora.

Pero si nos cargábamos mucho del otro lado, lo que ponía en riesgo son las investigaciones a modo, que podrían poner en riesgo a empresas o a empleos que podrían ser cancelados por malas decisiones o malas investigaciones de la autoridad.

El otro problema que resolvimos, en este Senado, es un tema central. La mayor parte de distorsión de los mercados, la mayor parte del dinero que los mexicanos gastamos de más, en productos y servicios, no deriva de prácticas malas de empresas, deriva de malos reglamentos, Decretos y leyes que establecen los municipios, los estados y la Federación, y que buscando siempre un bien de otro tipo, generan un mal a la mayoría de los mexicanos, a los consumidores.

Pongo ejemplos, ahorita recientemente un estado del país acaba de prohibir la importación de ganado y de carne de otros estados. Desde luego, buscando un objetivo legítimo, que es proteger a sus productores locales.

¿Quiénes pagan el pato? En ese estado hoy la carne es más cara que en el resto del país.

Esa es una práctica totalmente anticompetitiva que lesiona el interés del consumidor.

En todos los municipios medianos y grandes del país, o en casi todos, hay reglamentos que restringen el transporte de materiales de construcción y los ceden para la CROM, para la CTM y eso encarece el traslado de materiales.

Hay muchísimos ejemplos, y la manera en que la comisión ha resuelto buscar combatirlos es, en primer lugar, dándoles la posibilidad y exigiéndole a la Comisión Federal de Competencia Económica, que cuando se de cuenta de una acción de gobierno, de cualquier orden, municipal, estatal o federal, del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, de cualquier orden, inmediatamente lo comunique a este órgano.

Y en segundo lugar, lo publicite y haga una denuncia pública para que los mexicanos estemos conscientes que hay un acto de autoridad que nos está afectando en nuestra capacidad de compra.

Enseguida, pedirle al Ejecutivo que presente una controversia constitucional, para que obligue a esa autoridad a eliminarla.

Había otros dilemas, como por ejemplo, el no castigar empresas por su tamaño, sino acreditar, en el caso de llegar a la última sanción, que es obligar a la desincorporación de activos, obligar a que esta desincorporación sea siempre y cuando se acredite que va resultar en beneficio del consumidor.

Para concluir, debo decir que como esta ley reglamentaria ha sido construida después de la aprobación constitucional y de la selección de los siete integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica, desde luego que los integrantes de la comisión han participado activamente con sus propuestas, con sus objeciones, siempre buscando mayores márgenes de actuación.

Y siempre el dilema lo resolvimos dándole los mayores márgenes de actuación posibles, sin perder estado de derecho. Porque también está en juego la posibilidad de ir a perder empresas o de ahuyentar inversiones, si fuéramos a una ley que fuera absolutamente discrecional para favor de la comisión.

Sin embargo, siempre actuamos en este sentido de darle las mayores posibles atribuciones a la comisión; la mayor capacidad, incluso, de discreción, porque el bien que tutelamos es el bien del más débil, que es el consumidor.

Frente al dilema del derecho de las empresas, siempre apostamos por el derecho de los consumidores.

Ahora, el reto es de la comisión, de sus siete comisionados, porque México espera con esta enorme y poderosa herramienta, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, espera resultados, que liberen parte de nuestro ingreso de todos los mexicanos pagamos en muchísimos mercados un sobreprecio, que se libere para que lo usemos para otros satisfactores, para el ahorro y esto genere nuevos empleos.

Finalmente, debo de comentar, como decía al principio, después de ser aprobado el dictamen por unanimidad en comisiones, por unanimidad de los grupos parlamentarios, se han consensado un grupo de reservas, estas reservas abarcan a 12 artículos, y que han sido presentadas a nombre de los presidentes de las comisiones, obran ya en poder de la Mesa Directiva para ser discutidas en lo particular, con la solicitud a la Presidencia, de que sean consideradas todas en su conjunto, después de que se haya votado en lo general este proyecto de ley, y sean votadas en un solo acto, de ser aceptadas por esta Asamblea.

A nombre de las comisiones unidas, yo pido, en primer lugar a todos los presentes, que tengamos la capacidad de difundir, que lo importante en este país es, a veces, voltear la brújula y ponerla al servicio de los que más lo necesitan, que son los consumidores.

Dejemos de proteger intereses de sectores, de grupos, de empresas grandes, que a veces ligadas al poder público han exprimido el bolsillo de mexicanos, y que impiden que este país crezca y progrese como lo merece.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Larios Córdova.

Tiene el uso de la palabra el Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Fomento Económico, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

- El C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros:

Quiero iniciar haciendo mías las palabras de reconocimiento que puntualizó el Senador Larios.

Quiero también, señor Presidente, sumarme a su petición, en relación a las reservas que hemos planteado los presidentes de las cuatro comisiones.

Durante muchos años, la economía mexicana se ha debilitado por prácticas y regulaciones anticompetitivas, como lo ha expresado la OCDE.

En un estudio conjunto con el gobierno federal, el 30 por ciento del gasto familiar en México se lleva a cabo con problemas de competencia.

Los consumidores gastamos alrededor del 40 por ciento más en estos mercados, de lo que se gastaría si existiera competencia efectiva; y el impacto es mayor en los sectores más pobres de la población, que gastan cerca del 42 por ciento de sus ingresos en mercados altamente concentrados.

Los mercados concentrados y los monopolios al fijar precios excesivos de productos y servicios, reducen la capacidad de consumo y de ahorro de las familias, sobre todo de aquellas más vulnerables.

Estas condiciones, en el mediano plazo, influyen de manera negativa en la eficiencia de la economía y afectan las posibilidades de crecimiento económico, contribuyendo a ampliar las disparidades en los ingresos e inhiben la innovación.

Durante el proceso de discusión de esta minuta, se revisaron detalladamente los diversos aspectos contenidos en el proyecto de Decreto, procurando en todo momento, su congruencia con la reforma constitucional, aprobada por esta Soberanía en abril del año pasado.

Bajo este principio, se evaluaron las alternativas de relación que permitieran, de forma óptima, la implementación precisa de los preceptos constitucionales que establecimos los integrantes de esta LXII Legislatura en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

El dictamen que presentamos el día de hoy es una propuesta congruente con los mejores principios y prácticas en la regulación de la competencia económica, y se origina en un reclamo ciudadano postergado por años. Es un mérito del Presidente Peña Nieto, el responder de forma cabal a este reclamo asumiendo el compromiso de generar una regulación moderna en materia de competencia que impulse un crecimiento económico, que mejore la vida cotidiana de los mexicanos y hacerlo, además, dando autonomía al órgano regulador.

Los elementos incluidos en el dictamen han sido revisados con detenimiento a través de un proceso de consulta y discusión con especialistas, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos interesados en este tema central para nuestro país. Debemos hacer una mención particular al trabajo realizado por los Diputados que enriquecieron los planteamientos originales del gobierno federal.

También dejamos constancia de la voluntad y el compromiso que han mostrado quienes participaron de este proceso desde distintos sectores, y tenemos la seguridad que con el esquema de regulación secundaria que plateamos se genera un avance que fortalecerá la economía y el bienestar de las familias mexicanas.

Lo anterior se sustenta en la efectividad de los diversos mecanismos que establece el dictamen para proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica. Se plantean claramente las disposiciones que permitirán la actuación de la Comisión Federal de Competencia Económica, de manera independiente y efectiva, pero cuidando que sus resoluciones se realicen con plena transparencia para evitar la captura y otorgar certeza jurídica a todos los competidores en los diversos mercados.

Destacan las atribuciones que se otorgan a la COFECE, para generar directrices que serán vinculantes para dicho órgano en múltiples materias, incluyendo imposición de sanciones, prácticas monopólicas, concentraciones, investigaciones, barreras a la competencia y la libre concurrencia, regulación de acceso a insumos esenciales y desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de agentes económicos.

Además, se han establecido de manera clara los procesos y las responsabilidades que habrán de cumplir los comisionados del órgano regulador en el ejercicio de sus funciones y en su contacto con los representantes de los agentes económicos. Un tema fundamental que ha sido minuciosamente revisado, es la facultad que se otorga a la COFECE para ordenar la desincorporación de activos como una fuerte sanción por el incumplimiento de la regulación.

Para dicha medida, se ha propuesto la presentación de una justificación clara que incluya un análisis económico que justifique su imposición. Al interior de la COFECE, se ha garantizado la separación de funciones de los diversos operadores que la integran con el objetivo de instaurar un sistema de pesos y contrapesos en el seguimiento de los casos que privilegia la independencia y objetividad en las resoluciones.

El ejemplo más importante de lo anterior, lo encontramos en la autonomía técnica y de gestión que se le otorga a la autoridad investigadora para decidir sobre su funcionamiento y sus resoluciones.

Se establecen mecanismos en materia de transparencia y rendición de cuentas, mediante los cuales se plantean obligaciones para hacer pública la información relativa a las sesiones de la COFECE y los acuerdos y resoluciones del pleno en múltiples medios, respetando siempre la secrecía de las investigaciones y procedimientos, la información confidencial y la información reservada.

De manera particular, es importante destacar el fortalecimiento de la coordinación entre la COFECE y la Procuraduría Federal del Consumidor en beneficio de la población. La correlación entre la concentración de los mercados y las quejas y denuncias presentadas por los consumidores es incuestionable, y con esta medida se podrán realizar mejoras centrales en ambos rubros.

Compañeras y compañeros Senadores, los integrantes de la Comisión de Fomento Económico los invitamos a votar a favor del presente dictamen, que establece una legislación de competencia económica moderna y efectiva; sin duda, una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento económico, generar más empleos y aumentar el bienestar de los mexicanos.

Debemos resaltar que se trata de una iniciativa de gran trascendencia para el desarrollo presente y el futuro del país, resultado de un esfuerzo plural llevado adelante con total responsabilidad. Con esta ley protegemos el ingreso de los mexicanos, generamos condiciones para que los consumidores puedan adquirir productos y servicios más baratos y de más calidad, no buscamos establecer un control excesivo ni afectar el desarrollo de las empresas, por el contrario, se precisan conceptos y mecanismos de regulación para combatir con eficacia las prácticas monopólicas.

Es un paso decisivo para asegurar una competencia efectiva que genere los beneficios esperados para todos y por todos. Con esta ley habremos de reactivar la economía nacional y habremos de darle mejores condiciones de vida a los mexicanos.

Muchas gracias por su atención y muchas gracias por el apoyo a este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Orihuela Bárcenas.

Se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La liberalización que ha experimentado la economía nacional en las últimas décadas provocó que se pasara de una estructura de monopolios públicos a una concentración de monopolios en manos privadas. Los nuevos dueños de las empresas que fueron públicas implementaron una estrategia económica de altas barreras a la competencia en sus respectivas actividades, que alentaron una desmedida concentración del ingreso y profundizaron la desigualdad social en el país.

El paraíso económico anunciado por los defensores del neoliberalismo, de ofrecer mejores y más baratos bienes y servicios, derivados de la privatización, se ha venido abajo. México es hoy uno de los países más desiguales del mundo y registra una evidente concentración económica en importantes actividades que han tenido severos impactos negativos en la población, particularmente en los productos básicos para garantizar la calidad de vida de los mexicanos.

Es el caso de la distribución de harina de maíz, de la producción y distribución de carne de pollo y huevo, alimentos procesados, el pan industrializado, la distribución y venta de medicamentos, las cadenas de autoservicio que constituyen verdaderos monopsonios que han demeritado y desmantelado al pequeño comercio, el sistema financiero, la minoría, el transporte terrestre y aéreo, entre otros muchos casos.

Se trata claramente de monopolios que presentan prácticas que han conducido a la desaparición de empresas y fuentes de empleo, o a la integración de éstas a las empresas dominantes. La recientemente creada Comisión Federal de Competencia Económica, ha reconocido que existen altas barreras que enfrentan productores y consumidores en mercados donde hay baja efectividad de los instrumentos institucionales para combatir los monopolios y sus prácticas; y en consecuencia, existe un rezago en competitividad, lo que tiene impactos negativos en el poder adquisitivo de las familias, en el costo de los insumos de las empresas y en el desarrollo económico y social de nuestro país.

Por consiguiente, es muy importante que la Ley Federal de Competencia Económica que hoy discutimos sea un verdadero instrumento regulador del Estado mexicano que evite la simulación que se venía presentando en materia del control de las grandes empresas monopólicas.

La nueva Ley Federal de Competencia Económica debe cumplir con los principios rectores que se establecieron en la reforma constitucional para garantizar la libre competencia y concurrencia, así como para prevenir, investigar y combatir los monopolios, sus prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados y sancionar toda aquella actividad que constituye una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas, en perjuicio del público en general o de una clase social determinada.

De la misma manera, la nueva ley debe prevenir, investigar y combatir las restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, eliminar las barreras a la competencia y a la libre concurrencia, regular el acceso a insumos especiales, así como la desincorporación de activos, derechos, acciones o partes sociales como instrumento para eliminar los efectos anticompetitivos en el mercado.

Hay que reconocer que la minuta recibida por la Cámara de Diputados fue objeto de diversas modificaciones que enriquecieron y fortalecieron la autonomía del órgano regulador y definieron nuevas facultades o precisaron atribuciones. Es el caso del tema de transparencia y rendición de cuentas, donde en los artículos 12, 49 y en los transitorios, se garantiza que los estudios de evaluación de desempeño de la autoridad de competencia, en sus distintas vertientes, prácticas monopólicas relativas y prácticas monopólicas absolutas y concentraciones, se desarrollen de manera transparente y de forma profesional.

Las modificaciones implican que la Comisión Federal de Competencia Económica podrá solicitar estudios que evalúen el desempeño de las facultades que se le otorgan a la comisión, mismos que serán elaborados por académicos y expertos en la materia, independientemente de la autoridad.

Por otra parte, las modificaciones a estos artículos garantizan la obligación, por parte de la comisión de publicar guías, lineamientos y criterios técnicos en las nuevas áreas en la que está facultada para ejercer jurisdicción, identificando los insumos esenciales, las barreras a las condiciones de competencia o la desincorporación de activos en tiempos razonables.

Las modificaciones e inclusiones a los artículos 30, 31 y 32, establecen con claridad que el titular de la autoridad investigadora deberá cumplir con un perfil profesional específico, con lo que se busca garantizar que la autoridad investigadora y el pleno sean independientes entre sí, así como lo mandata la reforma constitucional.

De la misma manera, las modificaciones al artículo 131 garantizan que el proceso de desincorporación de activos, cuando aplique, resulte procompetitivo y eficiente, ya que la comisión deberá incluir un análisis económico que justifique su imposición y que la misma supere sus efectos anticompetitivos en beneficio y bienestar del consumidor.

Pese a estos avances, hay que señalar que quedan todavía temas pendientes por incluir en esta legislación. En primer lugar, el referente a daños y perjuicios, ya que el artículo 134 de este dictamen establece que aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de una práctica monopólica o una concentración ilícita, podrán interponer las acciones judiciales en su defensa ante los tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, hasta que la resolución de la comisión haya quedado en firme.

Esta disposición representa un fuerte obstáculo para la recuperación del daño económico derivado de prácticas monopólicas y concentraciones prohibidas.

La nueva ley debería prever que los agentes económicos o personas que sufran daños y perjuicios como resultado de una práctica anticompetitiva o una concentración ilícita, tendrían derecho a exigir a los agentes económicos responsables ante tribunales especializados en la materia, que esos fueran reparados y resarcidos inmediatamente.

También deja de lado un tema fundamental: el del acaparamiento, la especulación y el establecimiento de precios máximos a bienes y servicios de consumo popular, pues se limita en este dictamen, solamente a establecer la medida para fijar precios máximos cuando es un fenómeno donde existe escasez de los mismos, lo que deja en un gran margen de maniobra al acaparamiento, la especulación y el establecimiento de precios desmedidos, particularmente en la canasta básica.

En materia de mercados relacionados, el artículo 54 menciona que para tipificar esta práctica monopólica relativa será necesario demostrar que esta práctica tenga o pueda tener como efecto en el mercado relevante o en algún mercado relacionado, desplazar indebidamente a otros agentes económicos. Sin embargo, el proyecto del dictamen no contiene ninguna definición de mercado relacionado, como tampoco contiene una serie de elementos que permitan tipificarlo.

La ambigüedad de este concepto de mercado relacionado en la actual legislación ha generado muchos problemas al momento de evaluar riesgos anticompetitivos.

Pongo, por ejemplo, la aprobación de la adquisición del 50 por ciento de la empresa IUSACELL por parte de consorcio Televisa, que estuvo vinculada la idea de un mercado relacionado sin que se llegara a conocer a cabalidad el significado de este concepto, por lo que hemos sugerido que la nueva ley de competencia contenga una definición explícita de este concepto para fortalecer el margen de acción y el alcance de las autoridades de competencia en nuestro país.

Esos, entre otros casos, quedan aún pendientes. Hubo avances que debemos reconocer y destacar la voluntad de los Senadores Héctor Larios, Presidente de la Comisión de Comercio, José Asención Orihuela, de Fomento Económico y Armando Melgar de Productividad, quienes con un esfuerzo y con apertura no solamente se hicieron modificaciones a la minuta original, sino también en los últimos momentos se han atendido las reservas que en lo particular habíamos marcado al momento del dictamen de las comisiones unidas.

Yo quisiera terminar citando a un clásico de la economía. Yo sé que a muchos de los aquí presentes les sacará urticaria, pero quiero recordar y citar a uno de los clásicos de la economía, que por cierto no era economista, a Carlos Marx, cuando decía: “En la vida práctica encontramos no solamente la competencia, el monopolio y el antagonismo entre la una y el otro, el monopolio engendra la competencia y la competencia engendra el monopolio”. Es decir, la competencia es una condición para la existencia de monopolios, ya que la competencia obliga a la concentración económica y a la concentración del ingreso, pues la lógica del mercado es la lógica de la acumulación y no la lógica del bienestar de la población, es la lógica de la concentración del ingreso.

Ya tenemos una ley, ahora la Comisión Federal de Competencia Económica debe hacer efectiva su autonomía y debe cumplir sus funciones y facultades con plena independencia de las presiones e intereses del poder público y, en particular, de las corporaciones oligárquicas en nuestro país.

Es difícil en un país en donde tanta concentración existe el ingreso ir a fondo, vamos a ver de qué están hechos las y los integrantes de esta comisión que hoy tienen los instrumentos legales fundamentales para frenar la actividad monopólica, la concentración de la actividad económica, pero particularmente para ayudar a que los consumidores, los ciudadanos, tengan acceso en mejores condiciones a los bienes y servicios que significan su bienestar.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Con fundamento en el artículo 199 del Reglamento del Senado, tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar voto particular a nombre propio y de los Senadores Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y Angel Benjamín Robles Montoya.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

El artículo 28 de nuestra Constitución, establece la prohibición de monopolios, de toda concentración y actividad que tienda a evitar la competencia. Obliga a castigar severamente estas prácticas, a sancionar el acaparamiento y la especulación y todo aquello que constituya una ventaja indebida en perjuicio del público.

Desde 1993 se expidió la Ley Federal de Competencia Económica, supuestamente para proteger el proceso de competencia y de libre concurrencia, para prevenir y limitar prácticas monopólicas.

Como es evidente, la ley no se respetó, se fueron conformando monopolios en los principales sectores de la economía.

Lejos de fomentar la competencia, los gobiernos se hicieron de la vista gorda ante la evidente concentración en importantes actividades económicas, lo cual ha tenido impactos muy negativos en la población.

Las tortillas, harina de maíz, el huevo, el pollo, los principales alimentos; el cemento, las cadenas cinematográficas, las aerolíneas, la minería, la radiodifusión, los bancos, el transporte de carga terrestre, etc., etc., los principales productos para la sociedad se caracterizan por estar bajo la actividad monopólica.

Las ineficiencias del mercado mexicano han sido destacadas por el Foro Económico Mundial en su reporte 2013-2014, que ubica a México en los últimos lugares de efectividad de la política antimonopólica.

En junio de 2013 se modificó la Constitución para dejar atrás a la COFECO, que fue un órgano desconcentrado con muchas limitaciones para ejecutar la ley de competencia, y se creó la Comisión Federal de Competencia Económica como un organismo autónomo con facultades para prevenir, combatir, sancionar y partir monopolios.

Recientemente, la COFECE publicó su plan estratégico 2014-2017, en él reconoce las muchas barreras que enfrentan los productores y consumidores en varios mercados. La baja efectividad de las instituciones para combatir los monopolios, las prácticas anticompetitivas, el rezago en la competitividad de nuestra economía y el impacto tan negativo que todo ello genera en el poder adquisitivo de las familias, en el costo de los insumos de las empresas y en el desarrollo económico del país.

En su diagnóstico la COFECE afirma que de instrumentarse medidas a favor de la competencia, tan solo eso contribuiría con 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto, que se podría incrementar la tasa de empleo entre 2.5 y 5 puntos porcentuales, y que se podrían reducir los precios entre un 20 y un 40 por ciento.

La concentración, dice la COFECE, genera precios excesivos que eleva los costos de producción, altos precios de insumos en energéticos estratégicos, altos precios de los bienes de consumo final, lo que afecta a toda la población y reduce el poder adquisitivo del salario hasta en un 46 por ciento del ingreso de los hogares.

El estudio, sin embargo, no aborda las causas por las que el Estado mexicano ha sido incapaz o no ha querido implementar una política pública de competencia exitosa que haga valer la Constitución.

De tal manera que no puede desprenderse de este diagnóstico una política pública en materia de competencia económica.

Ahora estamos aprobando la Ley Federal de Competencia Económica para contar con un nuevo marco regulatorio en la materia, pero es claro que las leyes no bastan para eliminar los monopolios, que es el propio gobierno quien fomenta la concentración en las actividades económicas, sólo 10 magnates controlan o tienen injerencia en prácticamente todas las industrias del país, lo que les permite obtener márgenes de ganancia muy elevados y se mantiene un fenómeno de concentración creciente.

Los hombres más ricos del mundo están vinculados a los monopolios, a la alta concentración, a prácticas especulativas, todos sabemos quiénes son estos personajes que aparecen en la revista de Forbes con ganancias exorbitantes derivadas de sus prácticas monopólicas, que aunque están prohibidas en la Constitución, son más poderosos, incluso, que las propias instituciones del Estado.

Esta lista de Forbes confirma la violación constante a lo que estipula nuestra máxima norma. Ante esa realidad, se ha diseñado una nueva legislación que hoy aprobaremos, no sin subrayar que lo que en realidad hace falta es una férrea voluntad del gobierno mexicano y la COFECE para alcanzar una verdadera competencia a través de combatir los monopolios.

La COFECE debería de estar eliminando ya el grado de monopolio en varios sectores, y no lo ha hecho, ni siquiera ha entregado análisis específicos y diagnósticos completos.

La Secretaría de Economía debería ya de haber aplicado, o al menos haber dado a conocer, una política de fomento a la competencia que parta de una fortaleza institucional que no se deje capturar por los intereses monopólicos, y está muy lejos de hacerlo.

La Ley Federal de Competencia Económica que ahora se aprueba está dividida en tres: La organización y funcionamiento de la COFECE, la definición de conductas antimonopólicas y los procedimientos de investigación, trámite y sanciones a conductas anticompetitivas.

A la COFECE se le respeta su carácter constitucional de ser un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Se establece la integración de la comisión con 7 comisionados propuestos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado.

Se crea la autoridad investigadora y la Contraloría Interna dentro de la COFECE; queda firme la prohibición de conductas tanto de comisionados como de titulares de la autoridad investigadora en la Contraloría Interna, para minimizar los riesgos de captura por parte de los regulados; se plasma en la ley que las sesiones del pleno de la COFECE deben ser públicas; y algo muy relevante que se establece por primera vez, es la regulación de los precios máximos que incluye todos los productos necesarios para la economía popular y la economía del país.

Sin embargo, no incluye precios competitivos para los servicios públicos concesionados, que son los más anticompetitivos, los más inflacionarios y los que causan el mayor daño a la población y a la economía, con incrementos constantes a los precios de las gasolinas, cada mes, el gas, la electricidad, las carreteras y otros.

Será la Secretaría de Economía la que fijará los precios máximos, pero sólo ante la insuficiencia de abasto de productos.

A la PROFECO se le fortalecen sus facultades de inspección, de vigilancia de cumplimiento de los precios máximos y de aplicar sanciones cuando incumplan los regulados.

Si realmente se aplican estas disposiciones será una poderosa herramienta para combatir prácticas anticompetitivas y especulativas, sobre todo en alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad. Aunque vemos el triste papel de la PROFECO con el precio del limón, donde los acaparadores hicieron su agosto y elevaron a niveles increíbles el precio de este cítrico fundamental en la dieta mexicana, sin que la PROFECO hiciera nada.

Me pregunto: ¿si no puede con el limón, podrá con los monstruos de los monopolios en México?

Las conductas anticompetitivas quedan perfectamente definidas y prohibidas en el artículo 52, que establece que quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras que impidan la libre concurrencia y la libre competencia económica tanto en la producción como en el procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios. La ley define las conductas anticompetitivas absolutas que prohíbe que las empresas competidoras se pongan de acuerdo para fijar precios, distribuirse el mercado o impedir la entrada de nuevos competidores.

También define las conductas anticompetitivas relativas, las cuales prohíben que agentes económicos no competidores se pongan de acuerdo para sacar del mercado a otros agentes; condicionar la venta de productos, aplicar las prácticas de dumping y fijar precios predatorios.

Lamentablemente, las sanciones a estas prácticas son una simulación y falta la definición de mercados relacionados para hacerla efectiva.

Se introduce el concepto de concentraciones, que serían la fusión, adquisición del control de asociaciones, de acciones, partes sociales o activos, o cualquier acto de unión de sociedades; y remata considerando ilícitas las concentraciones.

En conclusión, esta iniciativa es un avance para propiciar la competencia, pero para que esta ley se traduzca en resultados concretos se requiere que la COFECE se fusione con eficacia y transparencia y no se deje capturar por los regulados, y que el Ejecutivo Federal abandone la simulación jurídica que ha acompañado el proceso de neoliberalización de la economía.

Mientras la ley prohíbe lo monopolios, desde el gobierno se alientan y alimentan con favores y leyes sesgadas, como lo estamos viendo en la Ley de Telecomunicaciones y Radio Difusión. Hemos vivido un proceso de privatización acelerada de la economía, nos dijeron que para fomentar la competencia, y lo único que hemos visto es el desdoblamiento de las actividades del Estado, ahora acaparadas por un puñado de empresarios que se convirtieron en monopolios privados metaconstitucionales.

El gobierno se volvió soldado de los monopolios y la población es víctima directa de la especulación y el acaparamiento de los altos precios y conductas antisociales de los mismos.

Esta ley es solo el inicio para resarcir tres décadas de concentración y creación de poderes fácticos. Si no se acompaña de un cambio sustancial del modelo económico, la buena ley quedará en sólo buenos propósitos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Con fundamento en el artículo 197 del Reglamento del Senado, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como establece el artículo 199, fracción II del Reglamento, serán en orden creciente.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente.

Yo quisiera sentir el mismo entusiasmo y la misma confianza que han expresado los compañeros que han expuesto este dictamen, que lo han comentado, pero me quedaría con la reflexión de algunos de los elementos que expusieran la compañera Senadora, Dolores Padierna y el compañero Senador Encinas, que hicieron una buena relatoría de las consecuencias de los últimos 20 años donde ha habido la desincorporación de las empresas públicas, solamente para trasladarlas a la iniciativa privada, donde hubo la pérdida del empresario nacional y donde dio origen al fortalecimiento de una gran cantidad de monopolios, que ellos ya dieron cuenta, y solamente quisiera recordarles que desde 1993 teníamos Ley de Competencia, previo, inclusive, en el marco del Tratado de Libre Comercio.

Si bien el derecho de la competencia económica es una forma de corrección a las supuestas fuerzas autorregulatorias del mercado, pregonadas por el liberalismo, no puede omitirse la necesidad del intervencionismo estatal para evitar la concentración y la preponderancia de ciertas empresas sobre los diversos sectores económicos que afectarían, no solo las bondades que la misma competencia económica supone respecto de los consumidores, sino el equilibrio de la riqueza social.

El avance del capital privado y extranjero, que durante las últimas dos décadas se ha observado en nuestra economía nacional como fruto del neoliberalismo rapaz, ha buscado claramente la retracción de la rectoría del Estado mexicano. Ante esto, los defensores del libre mercado han argumentado, no siempre con razón, que los denominados monopolios estatales eran del todo ineficientes, es así que el resultado de las desincorporaciones de dichas actividades monopólicas estatales fue una total desnacionalización de las empresas públicas, sin sentido, en virtud de que continuaron esas mismas prácticas monópolicas, pero ahora en manos de los privados, lo que trajo un costo al erario público sin que se viera redituado ni en inversión, ni en mejor servicio, ni en beneficio para la población.

Solo por mencionar unos casos. La privatización de los ferrocarriles realizada durante el 94, se decidió dividirla en varios ferrocarriles integrados verticalmente y se licitó separadamente el Ferrocarril del Noreste, resultando ganadores Transportación Marítima Mexicana y el Kansas City Southern, ferrocarril estadounidense de mediano tamaño, y el resultado indeseable de este proceso es que hay una competencia encarnizada entre los ferrocarriles, cuya rivalidad, que se esperaba llegaría a promover un clima de eficacia, resultó excesiva, obstaculizando la interconexión entre los mismos ferrocarriles en detrimento del usuario.

Además, la empresa ferroviaria terminó en manos extranjeras, ya que TMFM, el ferrocarril más importante, se volvió cien por ciento propiedad extranjera, cuando TMM vendió su 51 por ciento a Kansas City Southern.

En el caso de la telefonía, el resultado ha sido que México tenga los precios de servicio más altos dentro de los países de la OCDE, como consecuencia de un monopolio privado.

Y otro ejemplo más, el de Aeroméxico, a través de este monopolio que ejerce en su sector, ha provocado el encarecimiento de los boletos, retrasos, cancelaciones injustificadas de los vuelos y un trato ofensivo a los usuarios, es decir, un completo abuso hacia los pasajeros que no cuentan con otra opción para trasladarse por esta vía más que en esta compañía.

Lo anterior se traduce en pérdidas económicas y principalmente de tiempo para los usuarios de esta aerolínea, dicha práctica recurrente provoca que los consumidores de este servicio pierdan citas, reuniones de negocios, y perjudican la vida personal y profesional de los pasajeros.

Acaparados en que son el más grande monopolio aeronáutico del país, Aeroméxico no asume ninguno de estos daños colaterales y mucho menos envía una justificación de sus actos, por lo que se ve claramente reflejada la deshonestidad, falta de profesionalismo y ética y el abuso de poder que ejerce esta compañía.

Los constantes atropellos a los derechos de los usuarios se deben, por un lado, a la impunidad y a la ausencia de autoridad en materia de competencia que efectivamente acabe con este monopolio; y por otro lado, a que la procuración de justicia del consumidor detenga las arbitrariedades de Aeroméxico, así como el constante aumento de precios en los boletos de pasaje y cancelación.

En virtud de casos como estos, no es casualidad que, de acuerdo a informes nacionales e internacionales, México se encuentre en los niveles más bajos de competitividad, tal es el caso del índice anuario de competitividad global de 2013, que posicionó a México en el lugar 32 dentro de las primeras 59 economías del mundo.

Ahora bien, la Ley Federal de Competencia Económica, que hoy estamos discutiendo y vamos a votar, parece ser un avance en la regulación para evitar las concentraciones de los distintos sectores productivos y de servicios, por medio de la cual se le dan competencias al órgano autónomo, más transparencia en su composición y procedimientos para analizar en conjunto con el resto de las leyes con lo que deberá necesariamente interactuar, se identifican los siguientes riesgos.

Yo voy a referirme a lo que se dejó de ver.

La competencia económica en México está regulada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la única política de competencia que llegó a implementarse vino a partir de la firma del tratado comercial, cuando entró en vigor este tratado, esta política de competencia que incorporaba ahora a todos los extranjeros en la mayor parte de los sectores y ramas económicas, los excluía al mismo tiempo de otros que no lograron entrar en la negociación del tratado, como lo fue el petróleo y la generación de la distribución de energía eléctrica, debido a la restricción constitucional que existía, así como a otros sectores que por dominancia y complicidad con el gobierno se obstaculizó su entrada como el sector de medios y telecomunicaciones.

La Ley Federal de Competencia Económica, en ese tenor, quedó sin efectos debido a que la jerarquización de leyes sitúa a los tratados internacionales a nivel constitucional, por encima de las leyes secundarias, por lo que la competencia de los sectores económicos que no mostraban una restricción estaban supeditados a la normatividad del tratado internacional.

La Ley Federal de Competencia Económica que se presenta hoy en el Senado de la República no puede ser distinta a lo antes mencionado.

La gran variante dentro de esta normatividad será el hecho de que con las nuevas reformas en los sectores energético y de telecomunicaciones, estos sectores podrán ser regulados por el Tratado de Libre Comercio como hasta ahora lo han sido los demás sectores liberalizados.

Por lo tanto, podemos afirmar que la propuesta de esta ley únicamente será usada como parapeto para simular cierta regulación económica.

Sin embargo, la ley se plantea en términos tan amplios y ambiguos que para efectos de jerarquización de leyes quedará nuevamente nulificada por el Tratado de Libre Comercio.

No debe omitirse que el Tratado de Libre Comercio prevé en su artículo 1,106, la cláusula de requisitos de desempeño mediante la cual limita a los gobiernos a obligar a los inversionistas extranjeros a restringir exportaciones o grados de porcentaje nacional, a adquirir bienes o servicios producidos, así como restringir las ventas en su territorio dentro de los bienes y servicios que tal inversión produce; de tal manera, se especifica la reconfiguración de los grupos económicos que se dará con la reforma energética y de telecomunicaciones y con la inversión inversión extranjera.

Implicará que los intereses económicos de las corporaciones transnacionales norteamericanas entren de lleno a controlar de manera conjunta, no separada, por cuestiones estratégicas a estos sectores.

Otro punto relevante es la ambigüedad de los conceptos estipulados en la Ley.

La minuta aprobada por la Cámara de Diputados, en las comisiones del Senado de la República no precisan los términos exactos bajo los cuales conciben la competencia económica, hecho que da oportunidad para que la Comisión Federal de Competencia Económica estipule de manera arbitraria quienes son los actores con prácticas o estructuras monopólicas, pudiendo dejar de lado puntos importantes como el tipo de mercado, la estructura bajo la cual se desarrolla el mercado o el tipo de bien o servicio que produce.

Aunado a ello, la ambigüedad en conceptos como insumos estratégicos, actor preponderante, barreras, concentración, reincidencia y disolución, crea un vacío legal para que los agentes económicos, que sean considerados como tal, puedan tener salidas para no cumplir con las resoluciones dispuestas por la COFECE.

La ley tendría que establecer reglas claras que delimiten las condiciones propicias para que exista un equilibrio de competencia en beneficio de la población.

Otra de las cosas que tendríamos que haber visto es el tratamiento fiscal desigual de los agentes económicos.

Yo quisiera, como muchos, pensar que, en efecto, esta nueva Ley Federal de Competencia Económica traerá beneficios a los mexicanos, pero no sé si tendremos que esperar otros 20 años o más, porque así fue el Tratado de Libre Comercio, así fue la nueva ley laboral, así fue la nueva ley educativa y así fue la nueva ley hacendaria.

Por eso, el grupo parlamentario del PT, en esta Ley Federal de Competencia Económica, su voto será en contra.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Monreal Avila.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Armando Melgar Bravo, para fijar el posicionamiento del PVEM.

- El C. Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

No voy a repetir mucho de lo que aquí se dijo.

Sin embargo, creo que lo que es importante resaltar como punto de partida en el ejercicio que estamos haciendo y que de manera muy importante hay que reconocer el trabajo que se dio al seno de las comisiones, hay que reconocer el trabajo del compañero Encinas, al frente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, hay que reconocer el trabajo de nuestro amigo Héctor Larios al frente de la Comisión de Comercio, y sin lugar a dudas el trabajo de nuestro amigo y compañero Senador Ascención Orihuela.

Creo que fue un ejercicio claro y transparente para lograr una ley que, en honesta razón, ya nos habíamos tardado. México no tiene cómo ni por dónde justificar la enorme brecha y las enormes desigualdades que tenemos hoy en nuestro país, si no nos podamos explicar cuánto les cuesta a los consumidores vivir en este país, pagando más por las cosas que en otros países son sensiblemente mucho más baratas.

Esto le pega a la economía familiar.

Y pasaron doce años y nunca hubo una sola preocupación al respecto.

Yo creo que la economía mexicana, con esta regidez que nos ha venido mostrando, no tiene otra opción más que apostarle precisamente a establecer esa brecha que hoy se empieza a caminar, esta brecha que empieza con una cancha pareja, esta brecha que empieza por reconocer todos los enormes monopolios que tenemos en este país, en el cemento, en la tortilla, en las harinas, en la energía, en la vivienda, y si así nos pudiéramos ir, haríamos una lista enorme que tienen un enorme gasto, un enorme costo para la economía de las familias mexicanas.

Hay que reconocer en esta ley, entonces, que se está haciendo un esfuerzo y una consideración para poner primero, como beneficiario fundamental, al consumidor mexicano, reconocer que el pagar por materias, el pagar por servicios y por productos por arriba de lo que vale a nivel mundial es una grosería, es algo que no se vale y es algo que se tiene que regular; y no va a ser de la noche a la mañana, pero este es el camino y por aquí estamos empezando.

Con la Comisión Federal de Competencia Económica se está haciendo un esfuerzo por establecer, con enorme claridad, cuál va a ser el papel de la autoridad investigadora, cómo se va a hacer un ejercicio para llegar a las conclusiones que sirvan para castigar todo este tipo de abusos.

Siguiendo el espíritu de la reforma constitucional, se diversan varios artículos, todos estos encaminados a lograr una mayor transparencia, a fortalecer auténticamente esa labor de investigación.

Hay que someter a una discusión equilibrada todas las prácticas monopólicas, no va a ser una persecución, sin lugar a dudas, pero sí se va a establecer con toda claridad cuál es ese a, b, c y cuáles han sido todos esos espacios que han sido aprovechados por las diferentes empresas, en los diferentes sectores, para permanecer y prevalecer con prácticas monopólicas de mercado.

La ley establece que aquellas personas que hayan sufrido daños, y esa es una de las cosas importantes, o perjuicios a causa de una práctica monopólica o una concentración ilícita, podrán interponer las acciones judiciales en defensa de sus derechos ante los tribunales especializados en materia de competencia económica, radio difusión y telecomunicaciones.

En lo concerniente de reformas, y que esto es algo muy importante, al código penal, se precisa que se sancionará con prisión de 5 a 10 años y con mil a 10 mil salarios de multa a quien celebre, ordene o ejecute contratos.

El dictamen también establece la separación de las funciones, como les decía, en este proceso, para vestir toda esta importante labor de una enorme transparencia y efectividad.

De manera similar, el dictamen que hoy sometemos a consideración, realiza adecuaciones para eliminar discrecionalidades y establecer definiciones que fortalecen a la Comisión Federal de Competencia Económica.

Por ejemplo, la sanción de desincorporación de activos establecida en el artículo 131, que esto sí constituye un diente importante para que se haga cumplir la ley.

Compañeras y compañeros Senadores:

Con la implementación de estos nuevos mecanismos se sientan las bases para eliminar las barreras de entrada, repito, lograr una cancha pareja, darle la oportunidad a las pequeñas y a las medidas empresas, que son las que generan el mayor empleo en nuestro país, para que auténticamente podamos ser lo productivo y podamos ser lo socialmente comprometidos que se requiere para eliminar las enormes desigualdades.

Hoy México, como bien lo dice el Presidente Enrique Peña Nieto, cuenta con un nuevo andamiaje institucional que va a permitir mayores niveles de crecimiento económico en el mediano y en el largo plazo.

La aprobación de esta minuta no es una meta, sino que será un valioso instrumento para elevar y democratizar la productividad con el único fin de incrementar la calidad de vida de todos los mexicanos.

Este México, compañeros, es el México próspero al que todos aspiramos, y ya nos habíamos tardado.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Melgar Bravo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Mis compañeros de partido, que me han antecedido, han destacado varios de los puntos que en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática consideramos positivos del dictamen que está puesto a consideración, y la posición que tenemos en el grupo es que votaremos a favor de la presente discusión.

Sin embargo, me parece, independientemente de que se hayan destacado cada uno de los puntos particulares que nos mueven a pensar que este dictamen es positivo en términos del avance institucional, yo considero pertinente plantear varias de las reflexiones profundas que están alrededor de esta ley reglamentaria.

Y no solamente remitirnos a la discusión que hiciéramos del artículo 28 constitucional, donde hace más de un año pensábamos, en este cuerpo colegiado, y habemos quienes seguimos pensando, que esta evolución del marco normativo tiene que llevarnos a construir una nueva etapa en la historia económica del país.

Y ¿por qué me parece que esta es la reflexión fundamental que hay que poner sobre la mesa?

Se han planteado varios de los avances que se tuvieron en la Cámara de Diputados; se han comentado varias de las cuestiones que aquí en el Senado hemos agregado en una discusión que, debo de reconocer, fue amplia, abierta, positiva, reconocer al Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, Héctor Larios, y a los de las comisiones colegisladoras, pero me parece que nosotros lo que tenemos que tener es el análisis de fondo, de ¿cómo un país de 115 millones de mexicanas y mexicanos, de consumidores, con un Producto Interno Bruto amplio, creciente, tiene la concentración del ingreso que tiene, y es un país que se ha dado el lujo, en las últimas 2 décadas, de solamente crecer el 2 por ciento anual?

Esa me parece que es la pregunta de fondo que tendría que llevarse a cabo cuando analicemos el voto que habremos de llevar a cabo.

Un país con energía y con el tamaño de México, que a partir de las últimas 2 décadas no solamente no creció, no solamente no generó los empleos que estaba demandando su juventud y su población económicamente activa, sino que se empezó a concentrar y a concentrar, y se fue convirtiendo en un país en el que bajo la absurda discusión de las economías de escala y de las discusiones económicas neoliberales se fue justificando que el ingreso fuera concentrándose en unas cuantas manos.

Y, ¿en qué hemos derivado, a 2 décadas? No solamente a ser uno de los países que más aportación hacen a la lista de Forbes, no solamente tener el primero o el segundo hombre más rico del mundo, sino en tener más del 50 por ciento de nuestra población en la pobreza.

A mí me parece que esa discusión y esa reflexión no la podemos olvidar.

Por más avance que tengamos en este dictamen, por más positivo que pueda ser el debate legislativo que estamos alcanzando el día de hoy, el debate de fondo es, ¿cómo garantizamos que las instituciones que hoy estamos modificando, verdaderamente cambien la estructura de incentivos que permanece en nuestro país?

Y revisaba nuevamente este libro, se llama: ¿Por qué fracasan los países? Es un libro que yo les recomiendo, lo escriben Acemoglu y Robinson, y en él se detalla por qué hay países que crecen y por qué hay países que no.

Lo comenté hace un año cuando discutimos esta reforma constitucional, y me parece que los principios que entonces debatíamos hoy siguen estando presentes y siguen estando latentes.

México, podemos cambiar las leyes, podremos hoy garantizar y buscar garantizar un marco normativo que tenga una Comisión Federal de Competencia Económica mucho más sólida, con autonomía, con mayores capacidades y con más dientes para enfrentar a los actores económicos.

Pero el problema que subsiste, compañeros y compañeras, y me permito leer una de las páginas, que me parece que es la parte del debate que tenemos que mantener en construcción en este cuerpo colegiado.

Lo que establece este libro, dice que: “A pesar de que las instituciones sean claves para establecer las diferencias entre países que crecen y no creen, esto no significa que haya consenso en las sociedades realmente de que las instituciones deben de cambiarse”.

Les pongo esta reflexión para nuestro país, y no solamente por el debate en materia de competencia, sino por el debate en materia de telecomunicaciones, pues es el debate que estamos sosteniendo el día de hoy.

No es, dice el artículo, no es suficiente que una sociedad desarrolle o adopte las instituciones que son mejores para el crecimiento económico o el bienestar de sus ciudadanos, porque otras instituciones pueden ser, incluso, mejores para aquellas personas y para aquellos actores que controlan la política y que controlan las instituciones políticas y económicas.

Los poderosos a menudo están en desacuerdo sobre qué conjunto de instituciones deben de regularlos.

Como no existe fuerza suficiente para regular estos actores, las reglas con que acaba la sociedad están determinadas por los políticos. ¿Quién tiene el poder y cómo se puede ejercer?

De igual manera, los políticos y los actores económicos acaban en un contubernio decidiendo cómo debe de funcionar o no la ley. Y esa es la gran discusión.

Desde hace 20 años nos hemos acostumbrado a que el pacto salinista, y posteriormente fue entronizado por Zedillo en la parte de privatizaciones, sea el que nos da una regla de juego entre quiénes tienen el poder político y quiénes tienen el poder económico.

Ese fue el planteamiento que continuo durante los 12 años después de la transición política, y este es, precisamente, compañeros y compañeras, el gran reto que hoy tenemos.

Estamos haciendo una ley que permite la evolución de una institución, como es la Comisión Federal de Competencia Económica.

Sabemos que tenemos enormes retos en materia de concentración; 70 por ciento de concentración en el sector financiero, nos hablan en el sector de telecomunicaciones, donde es el 70 ó 75 por ciento.

Tenemos, ahora con la votación que se ha hecho a partir del cambio en materia energética, pues obviamente un enorme reto frente al tema de regulación, no frente al 2 por ciento, que es lo que significan las telecomunicaciones, y que el entrampado, la ley que íbamos a discutir hace pocos días, sino del 10 por ciento que es lo que significa el sector energético.

Entonces, compañeros y compañeras, la reflexión, manifestando que el voto del PRD será a favor de esta minuta, entendiendo que hemos logrado un avance en la discusión legislativa y en la institución a la cual le hemos dado autonomía y rango constitucional, es la siguiente:

¿Cómo vamos a hacerle los Senadores y las Senadoras?

¿Qué vamos a hacer los representantes, frente a la gente, cuando de pronto los poderosos, cuando de pronto los dueños del poder políticos o los dueños del poder económico quieran ignorar lo que hoy estamos a punto de votar?

¿Cómo vamos a garantizar que no se convierta en un destino manifiesto, que en lugar de ser un país que buscando la evolución de sus instituciones, sea un país que siga viviendo en un gatopardismo, donde todo cambie para que todo siga igual?

Y ese es el enorme reto que tenemos frente a la aprobación de esta ley.

Celebro que ha habido una buena discusión. Celebro que estamos de acuerdo en que sigan discusiones, como el tema de precios máximos, que son temas que son importantes para el consumo popular.

Pero sobre todo, quiero dejar el planteamiento, en este momento, que considero que puede ser un gran momento para una nueva etapa de la historia económica del país, para que garanticemos, como mexicanos, desde todas las instancias, que estas instituciones que hoy estamos aprobando en la ley, se conviertan en una realidad para mejorar el bienestar de millones de consumidores y millones de micro y mediano productores que merecen un país que se desarrolle y que crezca de manera compartida.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Ríos Piter.

Tiene el uso de la palabra el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, con su anuencia. Senadoras y Senadores de la República:

Con la honrosa representación que me confirió el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, desde la más alta tribuna del país, vengo a establecer la postura de los Senadores de mi partido.

Las reformas constitucionales y las correspondientes legislaciones secundarias, nos ubican como una nación de vanguardia y ya como referente mundial; este es un mérito que corresponde preponderantemente a los integrantes del Poder Legislativo; a ustedes, a nosotros, quienes integramos el Congreso de la Unión en esta LXII Legislatura.

Una de las más anheladas reformas por las que ha esperado nuestro país es, sin duda, la Ley Federal de Competencia Económica, cuya modificación constitucional fue promulgada el 10 de junio de 2013.

Quiero comenzar esta intervención con un sincero reconocimiento a todas las y los Senadores de las comisiones codictaminadoras; a sus presidentes, Senador Héctor Larios, al Senador Alejandro Encinas, al Senador José Ascención Orihuela y, desde luego, a nuestro amigo Senador Luis Armando Melgar.

Para poder cumplir con el imperativo de dar forma a la legislación en la materia, el pasado 25 de marzo, la Cámara de los Diputados, como Cámara de Origen, aprobó el dictamen de la Ley Federal de Competencia Económica, que incluye la reforma al artículo 254 Bis del Código Penal Federal, cuya minuta fue remitida a este Senado para su valoración.

Debo señalar que por tratarse de la mayor relevancia para la nación, las comisiones dictaminadoras llevamos a cabo foros de discusión, en donde contamos con la participación de los Diputados federales que tuvieron a su cargo la dictaminación del proyecto de ley, representantes del Poder Ejecutivo, destacados empresarios y académicos expertos en la materia, para poder obtener un panorama más amplio del contenido de la minuta.

Se trató de una inmejorable oportunidad para escuchar las voces de quienes, de alguna u otra manera, tienen algún tipo de incidencia en este tema o que conocen o han estudiado a profundidad los impactos que la Ley Federal de Competencia Económica puede tener para el Estado mexicano, con el objeto de que los Senadores tuviéramos una mejor información para la toma de nuestras decisiones.

En México, estamos aspirando a establecer condiciones de competencia, no sólo a través del combate a los monopolios, que de suyo es algo muy importante, sino a partir del fortalecimiento integral de un esquema económico basado en la preeminencia del interés social del bien común, de buscar la suficiencia económica de todos.

Hoy los mexicanos sufrimos de un componente incremental de hasta un 40 por ciento en el costo de productos y servicios por prácticas monopólicas, abiertas o disfrazadas; por barreras a la participación al libre mercado y por restricciones que agentes regulados propician en beneficio de sus intereses, sacrificando la economía y el bienestar de millones de mexicanos.

La competencia per se no es una meta, es sólo un camino. No es un objetivo, por sí misma; es la clave que debe abrir la posibilidad del ejercicio de las actividades que se traduzcan en mejores condiciones de vida para los ciudadanos; es una apuesta por la libertad y la justicia en la economía de nuestro país.

Hoy tenemos la oportunidad de aprobar una ley que proteja y brinde bienestar a los usuarios de servicios, a los consumidores, que al final de cuentas somos todos, y que su vez brinde garantías a los agentes económicos estableciendo las condiciones para que a través de la competencia en los mercados se promueva la innovación en los procesos de producción, canales de distribución y estrategias de comercialización; así como el fortalecimiento de las instituciones que intervienen en la regulación.

En este dictamen se establece la estructura y la organización de la Comisión Federal de Competencia Económica, como un verdadero órgano constitucional autónomo.

Se definen las conductas anticompetitivas, como las prácticas monopólicas absolutas y relativas, las barreras a la libre concurrencia y competencia económica, el mercado relevante, el poder sustancial en el mercado y los insumos esenciales.

Se establece un mecanismo de evaluación de las concentraciones para determinar si se autoriza o no, y ser sancionadas, y se establecen los indicios de concentraciones ilícitas y los casos cuando se deban notificar dichas concentraciones.

En resumen, esta ley busca prevenir, impedir y sancionar conductas anticompetitivas entre los agentes económicos que puedan perjudicar a la sociedad, a su economía y a su bienestar.

Estamos, compañeras y compañeros Senadores, ante la posibilidad histórica de concretar una legislación que, sin duda, ayudará a generar esquemas de mayor oportunidad para la participación en la economía y situaciones de mayor claridad para los consumidores y usuarios del servicio.

Por eso, el voto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, será a favor.

Con esta ley se pretende, como bien lo advirtió el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz: “que la competencia se dé en los mercados y no por los mercados”.

Para el Partido Acción Nacional, sí es el ciudadano el centro de todos nuestros afanes.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Pedroza Gaitán.

Tiene el uso de la palabra el Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Me honra mucho presentar, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el posicionamiento de la fracción a favor de este dictamen sobre la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal.

Nuestro voto a favor tiene una razón muy sencilla. Creemos que en la nueva Ley Federal de Competencia Económica será de gran beneficio para las y los mexicanos. La teoría y la práctica nos dicen que la competencia económica es primordial para el crecimiento económico y para la creación y mantenimiento del empleo, sin competencia equilibrada, justa y con certeza, no hay desarrollo económico.

El problema estructural que estamos enfrentando al legislar en la materia se puede resumir en un dato, el repote del Foro Económico Mundial sobre Competitividad Global 2013-2014, en el apartado Efectividad de la Política de Competencia Económica, ubica a México en el lugar 114 de 148 en el mundo, por detrás de países como Panamá, la India, Zambia, Brasil y China, entre otros.

Este dato, compañeras y compañeros, se traduce en lo siguiente: Diariamente los consumidores mexicanos debemos pagar precios desproporcionados por la adquisición de productos y servicios cuya calidad no nos resulta satisfactoria, lo anterior se debe a la existencia de pocos actores con la capacidad de orientar el comportamiento del mercado, según su conveniencia y fijar precios, es decir, la falta de competencia efectiva.

El grupo parlamentario del PRI ha sido consecuente con este problema. En el PRI creemos que el dictamen a la minuta sobre la competencia económica tiene por objetivo cerrar el paso a los monopolios y brindar certeza jurídica y transparencia a todos los agentes económicos. Con la autonomía de la Comisión Federal de Competencia Económica, se garantiza la competencia justa y se abona a detonar el crecimiento económico.

La Comisión Federal de Competencia Económica podrá iniciar procedimientos de investigación con el fin de determinar la existencia de barreras a la competencia y a la libre concurrencia o insumos esenciales que puedan generar efectos anticompetitivos. Además, se generan condiciones para que los consumidores puedan adquirir en el mercado productos y servicios más baratos con mejor calidad.

Por otro lado, se respalda a los emprendedores porque habrá reglas claras y justas en la competencia dentro de los diferentes mercados. Los pequeños y medianos empresarios podrán adquirir insumos más baratos y acceder a mercados donde actualmente son exclusivos por grandes empresas.

Un aspecto fundamental es que la nueva ley protegerá a los usuarios de servicios y a los consumidores; también se cumple con el principio de imparcialidad a través de la separación de actividades entre la autoridad investigadora y la revisora que resuelve y determina lo conducente en materia de competencia económica.

Por otro lado, y como se ha mencionado en otras intervenciones, esta ley ha tenido un proceso de construcción amplio y legitimado, en el PRI celebramos y reconocemos este esfuerzo. Aprovecho también para reconocer ampliamente, a nombre de mi bancada, el trabajo realizado por los presidentes de las comisiones involucradas, los Senadores Héctor Larios, Ascención Orihuela, Alejandro Encinas y Luis Armando Melgar.

Para el grupo parlamentario del PRI, el dictamen de la minuta representa las aspiraciones de contar con una agencia del Estado mexicano eficaz en su misión de combatir la explotación abusiva del poder de los monopolios mediante prácticas monopólicas, pero a la vez brindando la mayor certeza, justicia, predictibilidad y transparencia a todos los agentes económicos.

Hoy nos toca culminar este esfuerzo, en el PRI votaremos a favor del dictamen, porque lo consideramos un gran paso para continuar abatiendo la desigualdad y optimizando la eficiencia de los mercados para obtener bienes y servicios de mayor calidad a precios más competitivos.

Por lo anterior, el voto del PRI será a favor del dictamen, e invito respetuosamente a los integrantes de las demás bancadas a que también den su voto a favor del mismo.

Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Fernández Aguirre.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, fracción III del Reglamento del Senado, informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los Senadores Manuel Bartlett Díaz, del PT, en contra; Angel Benjamín Robles Montoya, del PRD, para razonar su voto; Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del PAN, a favor; René Juárez Cisneros, del PRI, a favor; Mario Delgado Carrillo, del PRD, a favor; Manuel Cavazos Lerma, del PRI, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD, para razonar su voto; Martha Palafox Gutiérrez, del PT, para razonar el voto; y Luz María Beristain Navarrete; del PRD, para razonar su voto.

¿Alguien más desea anotarse? Senador Fidel Demédicis Hidalgo, a favor. Tomamos nota y cerramos la lista.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, para hablar en contra del dictamen.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su permiso, señor Presidente.

Vengo a reiterar los conceptos que esgrimió aquí con toda claridad el Senador David Monreal. Estamos desde luego en contra de la aprobación de esta ley que aquí se ha ponderado en partes y criticado tal vez más.

México es un país de monopolios, México está dominado por horrorosos monopolios y los servicios públicos privatizados son monopolios y existe un artículo constitucional, el 28, aquí lo mencionó la Senadora Dolores Padierna, siempre muy clara, que ahí está y sin embargo somos un país de monopolios.

Y ya hay una ley que surge de esta visión que no ha servido para nada por lo que aquí se ha descrito, y ahora tenemos una nueva legislación.

En efecto, la regulación de los mercados puede ser una de las mejores herramientas a favor del crecimiento y desarrollo económico; sin embargo, la presente ley no establece los elementos suficientes para cumplir con estos objetivos; sino por el contrario, parece ser un acto de simulación que presentaría, como aquí se ha dicho, toda una serie de instrumentos del Estado y de este organismo con grandes dientes para atacar este problema. Y no es cierto, no va a atacar el problema, como no lo atacó ni el vigente artículo 28 constitucional ni tampoco la ley que se parece mucho a esta, aunque se haya discutido y cambiado y puesto, es lo mismo.

Y ¿por qué no va a funcionar?, ya lo decía David Monreal, porque quien regula la economía del país y también por aquí Ríos Piter lo dijo, es el poder y el poder está en los monopolios. Y el poder en México está no solamente a favor de los monopolios, sino imbricado y asociado con los monopolios.

La regulación de la vida económica, comercial y toda esta cuestión del mercado libre que no es tal, es el Tratado de Libre Comercio que está por encima de esta ley.

El Tratado de Libre Comercio es el que rige todo el manejo económico y la presencia y derechos de las empresas trasnacionales en México.

Y el Tratado de Libre Comercio que aquí ni se menciona prácticamente, lo único que establece son las reglas para favorecer y hacer intocables a las grandes empresas trasnacionales que son en general de gran capacidad monopólica.

En consecuencia, aplicando las reglas que establece el Tratado de Libre Comercio y ahora que Peña Nieto, apoyado por ustedes, abre la entrada del sector energético trasnacional y de telecomunicaciones, la única parte que no estaba regulada va a estar regulada por esas reglas que definen con toda claridad una serie de privilegios que no son de libre mercado, porque con toda claridad en el Capítulo 13 del Tratado de Libre Comercio se establece que no se puede tocar a las transnacionales, que el Estado no tiene facultades ni esta ley, por supuesto, para fijarles toda una serie de normas que aquí se han señalado.

No se le puede establecer ninguna regulación a las trasnacionales ni está eso establecido en el Tratado de Libre Comercio.

Ahora vamos a tener la entrada de estos monstruos que lo advertimos y lo dijimos mil veces, la Exxon Mobil, la Shell, los grandes instrumentos de dominación internacional que no van a llegar a competir ni van a estar regulados por nadie, porque no se puede regular por nadie porque el Tratado de Libre Comercio les da una libertad prácticamente absoluta por encima de esta ley. Y aquí no se analiza ese tema.

Por ejemplo, las dos últimas empresas, las más importantes de este país, estaban en la Constitución, hoy entrarán al Tratado de Libre Comercio, o sea, al libre mercado con las condiciones que establece el mundo neoliberal que nos obligan a nosotros y no habrá facultades del gobierno mexicano ni de estas comisiones, por autónomas que vayan siendo, para poder detener la capacidad monopólica de estas empresas.

Por ejemplo, el sector energético no es un sector exclusivamente extractivo, es un sector financiero. Y el sector financiero establece obviamente un brutal monopolio a favor de las empresas trasnacionales.

Las petroleras que ya están entrando aún sin leyes porque no tienen ninguna limitación, aún sin leyes secundarias ya están entregando ductos, ya están entregando todo sin ningún pudor.

Bueno, pues ahí hay prácticamente monopolios, monopolios financieros, porque si los bancos nacionales, entre comillas, “son extranjeros”, la vinculación de las petroleras y de las grandes entidades eléctricas de los Estados Unidos van a tener un dominio financiero absoluto y en dónde está la capacidad de esta frágil ley, esperanza de que esto cambie. Imposible, no es posible.

De manera que yo creo que esos temas, sobre todo este de libre mercado y la competencia que son los instrumentos de dominación neoliberal, deben de enfrentarse con claridad.

No vale estar dando vueltas y decir que ya les pusimos un diente y que ya se cambió no sé qué, no señores, hay que enfrentarlas de plano, de lleno y con franqueza.

Esa descripción que se ha hecho aquí de los servicios que se hicieron privados y extranjeros, lo único que han hecho son monopolios y acuerdos y todo en contra del consumidor, que aquí se ha dicho mucho que lo que hay que protegerse al consumidor, no hay ninguna protección al consumidor en ese predominio.

Por ejemplo, otro tema para que veamos nosotros cómo están vinculados los cuerpos económicos y financieros en este mundo neoliberal en donde no hay mercados, sino predominio de las trasnacionales protegidas por los tratados internacionales.

Miren ustedes, Televisa, por ejemplo, que se presenta como propiedad de una familia pues no, si analizamos su composición de sus accionistas, actualmente el 55 por ciento de la propiedad de la televisora mexicana se encuentra en manos de grupos petroleros: ConocoPhillips, Chevron, Exxon, grupos farmacéuticos, los más grandes del mundo, grupos financieros, decía yo, City Group, Banck of America, que son los dueños de los bancos mexicanos, grupos de comunicación como Google, Face, etcétera.

Esta participación en el capital de Televisa que está en las acciones publicadas en la Bolsa de Valores de Nasdaq, no estoy inventando, ahí está la competencia, es decir, ya antes de que se aprobara que el 49 por ciento puede ser extranjero, ya está esa propiedad en Televisa. Entonces, cuál va a ser la posibilidad de competir con esa estructura de dominio.

Y lo mismo vamos a encontrar en todo lo demás. Aquí se dijo que el mercado libre es libre, y es una ficción. El mercado libre está regulado por normas que establecen quién, aquí alguno de los compañeros lo dijo, el mercado libre está regulado y está regulado por las normas internacionales, y está regulado por los tratados económicos, el Tratado de Libre Comercio, de manera que esas normas son las que se van a aplicar.

Y cuando se dice que el mercado está regulado por el poder, en efecto, el poder dice, bueno, ¿cómo es que se han creado todos esos monopolios?, todos a la sombra del poder, todos a la sombra del poder político mexicano.

Yo diría, si hiciéramos un análisis de cada uno de estos grandes consorcios que han surgido, asociados al poder, y están asociados al poder en un sistema corrupto en donde los intereses políticos están atados y vinculados estos; va a poder este aparato y yo reconozco que han hecho un gran esfuerzo por hacerlo poderoso, pero, van a poder con el poder asociado a los monopolios.

Se acuerdan ustedes de la harina de maíz, este país come maíces, es la sustitución del maíz, pero eso se hizo un gran monopolio, y había una empresa pública que se privatizó; y ahora el enorme monopolio éste, pues es la harina de maíz, y ese monopolio surge en una asociación económica de políticos del más alto nivel, vinculados al poder.

Tenemos a MASECA, tenemos a BIMBO, y yo les preguntaría, a quiénes han propuesto esta maravilla de ley, ¿va a estar por encima del Tratado de Libre Comercio?, que había que haberlo leído aquí, las limitaciones que establece el Tratado de Libre Comercio para que empresas extranjeras son definitivas, no las pueden tocar, y todo esto que entra a la energía y las telecomunicaciones que son las áreas más importantes de este país y de mayor peso económico, están ya en el libre comercio y reguladas por el Tratado de Libre Comercio, no por este intento de tener una ley que finalmente va a lograr hacer lo que no han logrado hacer en todos estos años.

Ya tiene capacidad, decía por ahí el Senador Larios, que recordamos que es un gran trabajador, serio, etcétera, hizo su esfuerzo.

El día de mañana que entre vigor esa poderosa ley y sus comisionados van inmediatamente a desarmar a BIMBO, a CEMEX, a MASECA, a TELEVISA, que está pendiente todavía lo que vamos a ver en telecomunicaciones; no tiene por qué hacer ninguna investigación, ¿ustedes creen que tiene que investigar algo?, tienen que ir estos poderosos siete, son los siete que van a salvar a México y van establecer una política benefactora para los consumidores, porque eso es lo único que nos importa, no el petróleo, no las grandes inversiones, no, nada de eso, nos interesan los consumidores, y les abrimos a los monstruos más grandes entrar aquí, al libre comercio sin control.

Pues, yo los quiero ver, mañana pueden empezar, nada más que lo publique el Presidente, y vamos a pensar que estos siete magníficos van a salir a desarmar a MASECA; y entonces va a haber un libre comercio de la tortilla, imagínense ustedes, ni ahí, ni ahí existe, nada de libre comercio, estamos todos sometidos a una familia política ligada con el poder. Por eso cuando se dice, las reglas las fija el poder, sí, nada más que esas reglas son monopolísticas, corruptas, vinculadas a los negocios, a todos estos de que estamos hablando, y va a seguir pasando lo mismo.

Por eso estamos en contra, y considero que debe de estarse en contra para evitar simulaciones, y para evitar creencias, y para fortalecer, finalmente, lo que decimos combatir.

Estamos fortaleciendo los monopolios, ahora ya las trasnacionales en telecomunicaciones y en energía que son tal vez los más poderosos del mundo.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tiene el uso de la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para razonar su voto.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Como lo han expresado los compañeros de mi bancada que han hecho uso de la palabra, quiero expresar e iniciar con ello esta intervención, que efectivamente el Partido de la Revolución Democrática ha sostenido, desde su fundación, que la generación de riqueza y su distribución equitativa deben ser siempre una prioridad que debe ser garantizada por el Estado mexicano, ¿cómo? A través de instituciones, a través de reglas claras que propicien, por supuesto, lo que hoy estamos buscando, la sana competencia y el combate a los monopolios.

Es por eso, y yo vengo aquí a decirlo claramente, que desde un inicio nosotros participamos con determinación en la concepción y en la creación de este nuevo diseño institucional; un diseño que pudiese cumplir cabalmente con las altas aspiraciones que nos planteamos en la reforma constitucional en materia de competencia económica.

Aquellos ejes de los que hablamos que dieron precisamente sentido a las modificaciones constitucionales en comento, eran y por supuesto que siguen siendo muy claros.

Por ejemplo, sancionar toda aquella actividad que constituya una ventaja indebida a favor de una o varias personas determinadas, y con perjuicio del público en general o de alguna clase social, pero también instituir una autoridad de competencia económica, que entre otras atribuciones, prevenga, investigue y combata las restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

También, uno de esos ejes era eliminar las barreras de competencia y a la libre concurrencia que pudiesen identificarse en los distintos mercados de la economía de nuestro país, y también regular, muy claramente, el acceso a los insumos esenciales, así como incorporar lo que tiene que ver con ese ejercicio, válgaseme la expresión de desincorporación de activos de derechos o acciones o partes sociales, precisamente como instrumento para la eliminación de efectos anticompetitivos en el mercado.

Y, por último, recuerdo el eje de la creación de una autoridad de competencia independiente en sus decisiones y funcionamiento.

Por ello, compañeras y compañeros, es por la contundencia de estos ejes, por su franqueza y por su claridad que en nuestra opinión el proyecto de la Ley Federal de Competencia Económica enviada por la Cámara de Diputados al Senado, no satisfacía, la verdad, no satisfacía a cabalidad algunos de los principios rectores en la reforma constitucional de esta materia, emitida, como todos recordamos, por el Ejecutivo Federal el pasado 11 de junio de 2013.

Pero por eso también, compañeras y compañeros, es que hoy celebramos que en la presente propuesta de dictamen se hayan logrado subsanar algunas de esas graves omisiones.

En este ejercicio, yo en lo personal, quiero recordar que presenté el pasado 25 de febrero una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se busca adicionar una fracción al artículo 24 de la Ley Federal de Competencia Económica, como consta en el apartado de antecedentes del dictamen que estamos discutiendo. Y lo hice, compañeras y compañeros, porque precisamente una de mis principales convicciones como legislador ha sido siempre buscar garantizar ese principio de máxima publicidad en las labores de la administración pública, así como en la mayor transparencia y rendición de cuentas.

Y a mí me parece que es precisamente en este rubro, en el de transparentar las actividades de la Comisión Federal de Competencia Económica, que se ha avanzado de manera decidida en el presente dictamen.

Ahí está, por ejemplo, la adición que se hace al artículo 49 del Capítulo III concerniente, precisamente, a la transparencia y rendición de cuentas de la comisión donde se estipula, por ejemplo, y lo cito: “...La comisión deberá publicar la versión estenográfica de sus sesiones, y los acuerdos, y resoluciones del Pleno en su sitio de Internet y en el Diario Oficial de la Federación cuando así lo determine esta ley...”. Eso, sin duda, compañeras y compañeros, ha sido un paso muy significativo.

Pero de igual manera traigo a colación otro tema que es muy importante, es lo que se ha hecho con respecto a la designación de una autoridad investigadora, pues con las modificaciones al artículo 30 del presente dictamen se garantiza que el perfil ciudadano sea el que pueda desempeñar tan importante función. Fuera de toda duda, compañeras y compañeros, a mí me parece que con los conocimientos y requisitos apropiados de una persona con estas características, se podrá cumplir esa tarea.

Por lo tanto, compañeras y compañeros, nosotros consideramos que incluso la participación de las instituciones de educación superior, para la evaluación de los aspirantes, ha sido también un paso muy importante.

Concluyo esta intervención, compañeras y compañeros, expresando sin duda que el presente dictamen es un avance, por supuesto, como aquí se ha expresado por parte de mis compañeros de bancada, habremos de apoyarlo en lo general, pero también aprovechamos para informar, reiterar, señor Presidente, que hay temas torales desde nuestro punto de vista que necesitan ser incorporados y puntualizados, y es por esa razón que presentaremos algunas reservas con el fin de enriquecer este valioso producto legislativo.

Por su atención, a todas y a todos, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Robles Montoya.

Tiene el uso de la palabra el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Francisco Búrquez Valenzuela: Con su permiso, señor Presidente.

Felicitando a todos los integrantes de las comisiones unidas que trabajaron esta legislación.

Para Acción Nacional siempre ha sido una prioridad el impulsar reformas en materia de competencia económica, siempre en beneficio del consumidor.

Este dictamen permitirá la expedición de una nueva Ley Federal de Competencia Económica, se permitirá que los consumidores tengan acceso a una gran variedad de bienes y servicios, sobre todo de calidad y a mejor precio.

A las empresas les permitirá ser más competitivas, teniendo un piso más parejo, y sin falsas ventajas o indebidas ventajas. Dentro de las modificaciones que en el grupo parlamentario del PAN consideramos con gran relevancia, son que se definen las conductas anticompetitivas, se prohíben los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que disminuyan, dañen o impidan la libre competencia en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes y servicios.

Sin duda alguna, un gran tema que hay que destacar es el avance que representa, en el futuro de la COFECE, el que podamos eliminar barreras a la competencia y libre concurrencia. Dichas barreras tienen su origen en políticas públicas y regulaciones que establecen los gobiernos y los órganos legislativos, en los tres niveles de gobierno, yo diría que dos terceras partes de la problemática de competencia se explican por las acciones jurídicas de los gobiernos.

Detrás de la competencia está la libertad de elegir, un derecho natural de todo ciudadano muy poco atendido por los órdenes de gobierno, ¿por qué los gobiernos, los políticos, los burócratas, van a decidir por los ciudadanos lo que más le conviene?

Y como ejemplo podemos citar distancias mínimas para proteger gasolineras y tortillerías en reglamentos municipales, barreras al comercio interestatal de productos agropecuarios que brindan protección a ciertos sectores de la localidad, en perjuicio de los consumidores.

Decretos del Ejecutivo Federal que pretende regular importaciones de autos usados de Estados Unidos, y lo único que provoca es un gran mercado negro, que encarece el producto para los consumidores mexicanos, quitándoles la libertad y ensanchando los bolsillos de los políticos, y de sus aliados privados.

Reglamentos municipales urbanos que impiden que exista una oferta formal de suelo y estacional, para el 60 por ciento de las familias que solamente pueden tener acceso a una vivienda progresiva, y que no están, por supuesto, en el INFONAVIT. Licitaciones anticompetitivas y obra pública, derechos exclusivos para servicios de transporte privilegiados, concesiones de servicios públicos amañados, en donde impera la discrecionalidad, todo eso se puede mejorar con una buena competencia.

Afortunadamente tenemos en pie en el Senado reformas que permiten apertura a la competencia a sectores muy importantes en el futuro inmediato, en la energía, la radio, la televisión, y las telecomunicaciones, que han sido una afrenta a las libertades ciudadanas, afectando el bolsillo de las familias, la libertad de expresión, y atentados contra la democracia.

Detrás de todos los grandes monopolios siempre están regulaciones de gobierno que los promueven y los protegen.

Con esta ley ahora la pelota estará en la cancha de la Comisión Federal de Competencia Económica, por primera vez tendra dientes para eliminar barreras regulatorias que provengan de gobiernos, que se pueden mejorar estos dientes, que se puede dar más fuerza sí, pero son suficientes para atender esta gran demanda.

Con la aprobación de este dictamen se garantiza plenamente la libre concurrencia y competencia económica. Es por ello que Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, ya que lo consideramos integral para combatir fuertemente a los monopolios y detonar eficientemente a los mercados, la productividad y la competencia de nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Búrquez Valenzuela.

Se le concede el uso de la palabra al Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador René Juárez Cisneros: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores de la República:

Me dirijo a ustedes para hablar a favor del dictamen que hoy nos ocupa, por el que se crea una nueva, Ley Federal de Competencia Económica y se reforma el Código Penal Federal.

Me sumo al reconocimiento de mis compañeras y compañeros Senadores, integrantes de las comisiones que han realizado un trabajo serio, responsable y profesional, donde en un marco de respeto a la diversidad, se lograron los consensos necesarios para poder hoy estar discutiendo en este Pleno este dictamen que es de la mayor relevancia para la nación.

En el PRI reconocemos, por supuesto, la existencia de monopolios, de prácticas monopólicas que distorsionan el funcionamiento del mercado, y que al final de cuentas afectan al consumidor.

Reconocemos en el PRI, sin duda, la concentración irracional e injusta del ingreso, coincidimos también que estas distorsiones contribuyen, precisamente, a hacer más amplia la brecha de desigualdad entre ricos y pobres, pero por eso en el PRI estamos a favor de un instrumento como éste, que trata de resolver estas distorsiones del mercado, a través de una nueva ley que permite impulsar la competencia, que permite con un órgano regulador fuerte, fijar reglas de juego y de participación equitativas, y sancionar aquellas prácticas monopólicas que afectan y alteran el mercado y que dañan a los consumidores.

Esta ley, sin duda, no es una ley perfecta, pero es como lo expresa aquí, y coincido, mi compañero Senador Benjamín Robles, un avance importante. Por eso en el PRI votaremos a favor de esta nueva Ley Federal de Competencia Económica, cuando menos por cinco razones fundamentales.

La primera, porque constituye una de las grandes reformas que demandan los mexicanos para impulsar el crecimiento y la generación de empleos, porque durante su discusión y análisis se escucharon voces de diversos actores del sector económico y social, nacionales e internacionales, que permitieron con estas reflexiones, observaciones, sugerencias y recomendaciones, enriquecer la propuesta inicial que enviara el Ejecutivo.

El respaldo prácticamente unánime a esta ley es una muestra irrefutable de que cuando se antepone el interés supremo de la nación a cualquier otro interés, es posible construir los entendimientos y acuerdos para impulsar en consenso una ley como la que hoy nos ocupa que sin duda le sirve beneficiar a México.

Sin duda creemos que las reformas aprobadas en el Senado de la República, en comisiones y que fue respaldada mayoritariamente por quienes llevaron a cabo esta discusión, son y constituyen un avance indiscutible.

Tercero, porque combate de frente y con decisión prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas, barreras a la competencia económica y a la libre concurrencia, así como restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, al tiempo de impulsar la adquisición de insumos, productos, bienes y servicios de mejor calidad y variedad a precios y más bajos para los pequeños y medianos empresarios al tiempo que respalda a los emprendedores.

Cuatro, porque estimula la competencia y la libre concurrencia que impulsará el crecimiento y la generación de empleos formales.

Y quinto porque fortalece a un órgano regulador. La Comisión Federal de Competencia Económica, como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio que permitirá condiciones justas y equitativas para la participación de las empresas, ordena medida para eliminar barreras a la competencia y sanción a aquellos que introduzcan conductas anticompetitivas que afecten el funcionamiento de los mercados, y es precisamente esta ley la que pretende corregir estas distorsiones para lograr productos y servicios de mejor calidad a precios más bajos que beneficien a millones de consumidores, sobre todo aquellos de menor condición económica que ven mermados sus ingresos con precios altos y productos de mala calidad provocados por prácticas monopólicas que sólo buscan beneficios económicos de unos cuantos, sin importar el sufrimiento y la afectación de muchos.

Por estas razones, en el PRI votaremos a favor este dictamen.

Muchas gracias, Senadoras y Senadores.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Juárez Cisneros.

Tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia, compañeras y compañeros Senadores:

Nuestro sistema económico no funciona para la mayoría de los ciudadanos, el sistema político ha caído en manos de los intereses económicos y tenemos como resultado una desconfianza en nuestra economía y en nuestra democracia.

¿Cómo llegamos a la arquitectura económica que prevalece actualmente?

Tenemos una mezcla de las reformas instrumentadas en la década de los 80’s para modernizarla y 90’s y algunas estructuras e instituciones heredadas del México posrevolucionario.

El milagro mexicano terminó en 1982, quedó atrás el exitoso modelo de desarrollo, un periodo de industrialización donde crecimos durante más de dos décadas a tasas por encima del 6 por ciento.

Hasta ese momento, hasta 1982, el Estado era el gran actor de la economía; una economía cerrada, con sectores protegidos de la competencia, grandes subsidios, control de precios y restricciones sobre comercio exterior.

La crisis de 1982 obliga a cambiar el paradigma de la economía mexicana, la falta de recursos obligó a reducir el gigantesco aparato estatal que controlaba más de mil 155 empresas, se participaba en 45 de las 73 ramas económicas absorbiendo su operación de gran cantidad de recursos públicos.

Se inicia una ola para adelgazar al Estado con privatizaciones que incluyó de todo, empresas de todos tamaños, desde las pequeñas, hasta la telefónica y los bancos.

La receta que se siguió también exigía la apertura de la economía hacia el exterior y se inicia con el GATT de 1986 y el Tratado de Libre Comercio en 1994.

Se trataba entonces de una política solamente de corrección de balances fiscales, sino de cambiar, de manera radical, el papel del Estado en la economía.

Ya no sería más el logro filantrópico que todos decidían, sino que debería reducir su participación, tamaño e influencia para que el mercado jugara un papel más relevante, que la asignación de los recursos, y fuera lo menor libre y el papel del Estado sería ahora realizar funciones de equilibrio macroeconómico y de regulación de mercados con el objeto de asegurar la competencia de la inversión.

En estas decadas de la aplicación de este modelo, nos convertimos también en una de las economías más abiertas del mundo, con más de 12 Tratados de Libre Comercio con 44 países, el gobierno se retiró de muchas actividades económicas.

Hicimos todo lo que decía el manual. Sin embargo, el crecimiento económico no llegó.

El PIB per cápita de 2012 es prácticamente el mismo que en 1980, el salario real ha venido cayendo de manera permanente y ha perdido el 75 por ciento de su valor.

Tenemos, aparentemente, finanzas públicas sanas, pero una economía enferma, incapaz de incorporar a grandes sectores de la población al desarrollo económico; y al mismo tiempo que se generan millones de pobres, más de la mitad de la población en pobreza, tenemos 20 familias millonarias en la lista de foros que concentran el 10 por ciento de la riqueza nacional.

¿Cómo llegamos a esta situación?

El nombre del libre mercado y de la mano invisible ha actuado los poderes fácticos, pero en realidad no hemos tenido ni libre mercado ni mano invisible, ha sido una mano peluda y abusadora que ha generado la economía que tenemos.

El mercado libre no existe, todos los mercados están caracterizados por la forma en que su sistema jurídico lo establece, el gobierno establece las fuerzas de mercado, el poder de los mercados es enorme, dice Stiglitz, pero no posee un carácter moral intrínseco.

Por eso tenemos que decidir cómo hay que gestionar.

Es necesario diagnosticar y moderar los mercados para garantizar que funcionen en beneficio de la mayoría de los ciudadanos, el gobierno contribuye a formar, como decía, las fuerzas de mercado. El libre mercado es una ilusión, no existe, todos los mercados tienen reglas y límites que acotan la libertad de elección, no se puede definir con objetividad lo libre que es un mercado, es una definición simplemente política, depende del cristal con el que se mire.

Dice Hwa Chong, un investigador de la Universidad de Oxford, que si el grado de libertad de un mercado puede ser percibido de maneras distintas por diferentes personas, que es la tarea que va a tener la COFECE, es que no hay una manera objetiva de definir lo libre que es; entonces tenemos que los mercados libres son una ilusión.

Y ese poder político ha generado una relación viciada entre política y economía, y el resultado que tenemos es falta de crecimiento y una economía profundamente desigual.

En México, tres bancos dominan los servicios financieros, dos empresas controlan los canales de televisión abierta, una empresa controla la red de conexión telefónica, dos grupos controlan la distribución de gas LP, dos empresas controlan el mercado de cemento, una empresa controla dos tercios de la producción de harina de maíz, tres empresas controlan la producción de pollo y huevo, dos empresas controlan el 80 por ciento del mercado de leche, tres empresas dominan el mercado de carnes procesadas, dos controlan empresas el mercado de refrescos, jugos y aguas embazadas, una empresa controla la producción de pan industrializado, y dos empresas controlan la distribución de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera.

Votar a favor o en contra de esta legislación. Coincido en que hay avances, pero lo que me parece sorprendente es que en 20 años parece que no aprendimos nada.

¿Cuáles son los límites de esta legislación? Que hemos decidido que la COFECE sea el gran árbitro para decidir las reglas de competencia.

Pero las resoluciones, disposiciones y sanciones de la COFECE, llegan hasta la puerta del regulador sectorial, y la capacidad de actuación que tiene el regulador sectorial depende de su propia ley.

¿Qué quiere decir?, que tenemos que cambiar muchas otras legislaciones, para que de manera trasversal tengamos los criterios de competencia, porque si no estamos generando una agencia, que por cierto, le estamos pidiendo cosas que no va a poder cumplir.

Es sorprendente lo que aquí se ha venido a decir, de que va a resolver la COFECE.

Esta ley no basta para cambiar los criterios de competencia en el país.

Pongo un ejemplo, parte de la explicación de por qué no crecemos, por el monopolio que ejerce el sistema financiero.

¿Por qué el sistema financiero no presta? Apenas 22 por ciento del PIB, porque genera grandes ingresos cobrando comisiones.

Desde 2007, la Comisión Federal de Competencia Económica hizo un diagnóstico donde comprobaba el comportamiento ligopórico de los bancos al establecer las comisiones a los usuarios. Esa resolución fue pública, hay un regulador de ese tema que es el Banco de México, y en la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, ese regulador tiene la facultad de controlar las comisiones de los bancos.

Y, ¿qué ha pasado? Absolutamente nada.

Imaginemos ahora una resolución de la COFECE hacia un sector en donde el regulador no tenga los instrumentos para aplicar las sanciones que se están imponiendo. Quedará como una buena recomendación.

Estamos haciendo, y vamos a presentar dos reservas fundamentales:

Primero.- Que pongamos un artículo transitorio para que le demos un mandato a la COFECE, para que en un periodo determinado le informe al Congreso en dónde ha encontrando distintas leyes en los sectores que limitan las posibilidades de actuar para construir mercados eficientes, para que el criterio de competitividad empiece a ser trasversal en todas las leyes, de tal manera, que el regulador tenga la capacidad, efectivamente, de conducir economía mexicana hacia una economía más competitiva, es un artículo transitorio para que el Congreso tenga insumos y empezar a modificar todas estas leyes.

Y segundo.- Que las resoluciones de la COFECE, si bien no pueden ser vinculantes, sí que sean indicativas y que tengan la obligación en agente regulado o el regulador sectorial de responder, siempre que tenga la obligación, de responder y explicar qué acciones va a tomar en consecuencia, si no, estamos construyendo una agencia que va a dar muy bonitas y buenas recomendaciones, pero nuestra economía no va a cambiar.

La tarea para vencer a toda la forma en como se ha conformado la economía mexicana, no basta solamente con una ley.

Me parece que la agencia encargada de fijar estas reglas en esta ley se lleva hasta el máximo donde se puede llevar, pero no pequemos de ingenuidad. Nos falta una enorme tarea que es la corrección de una buena cantidad de leyes, que sólo se prevé hacia el futuro.

Que la comisión le pida al Ejecutivo que establezca controversias constitucionales cuando hacia adelante haya reglas o leyes que vayan en contra de la competencia. Pero no estamos revisando el statusquo, el mismo error que se cometió hace 20 años con la Ley Federal de Competencia Económica.

Pongámonos un mandato al Congreso, para así efectivamente darle dientes y posibilidades a la Comisión Federal de Competencia Económica, y armonicemos el resto de la legislación en un criterio trasversal de competencia.

Solamente así podremos cambiar, si no vamos a tener una gran desilusión.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Les informo a quienes continúan participando, que en el debate en lo general el tiempo es hasta por un máximo de 5 minutos. Hemos sido tolerantes, pero sí les pido, por favor, que respetemos los tiempos establecidos en nuestro propio Reglamento.

Aprovecho este instante para saludar a un grupo de estudiantes del Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, invitados por un servidor.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Cavazos Lerma, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Manuel Cavazos Lerma: Con su venia, señor Presidente de este Honorable Senado. Compañeras y compañeros:

El PRI votará a favor del dictamen acerca de la minuta con proyecto de Decreto por el que:

Primero.- Se expide la Ley Federal de Competencia Económica.

Segundo.- Se reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal.

Tercero.- Se adiciona un nuevo tipo penal en un nuevo artículo 254 Bis 1, también del Código Penal Federal.

Vamos a votar a favor del dictamen por tres razones fundamentales:

Primero.- Porque se mejora la eficiencia económica.

Segundo.- Porque se mejora la equidad social.

Tercero.- Porque mejora el bienestar de los consumidores, el bienestar de todos los mexicanos.

Razón número 1.- Se mejora la eficiencia económica, porque:

1.- Se promueve, protege y se garantiza la competencia económica y la libre concurrencia, o a contrario sensu, se previene, investiga, castiga, combate, persigue y eliminan los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y a la competencia económica y las demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

La libre concurrencia, la competencia económica, la eficiencia de los mercados y la competitividad están íntimamente relacionadas, son uno y lo mismo.

Si no hay libre concurrencia, no hay competencia económica; si no hay competencia económica, no hay eficiencia en los mercados; y si no hay eficiencia en los mercados, no hay eficiencia en el país, es decir, no hay competitividad y no hay espacios en el escenario económico global.

Y si los mercados funcionan eficientemente, es decir, si hay competencia económica, tendremos:

Primero. Una asignación más rentable, más benéfica, más útil de los recursos de la economía mexicana.

Segundo. Más y mejores bienes y servicios para el consumidor.

Tercero. Mejores precios y condiciones de venta para los consumidores.

Cuarto. Mayor calidad de bienes y servicios para los consumidores.

Quinto. Mayor acceso a los bienes y servicios para los consumidores.

Sexto. Mayor diversidad de bienes y servicios para los consumidores.

Séptimo. Mayor ingreso disponible para las familias.

Octavo. Mayor incentivo a la innovación, a la investigación y al desarrollo tecnológico.

Noveno. Mayor inversión.

Décimo. Mayor crecimiento económico.

Onceavo. Más y mejores empleos.

Doceavo. Más y mejores espacios en la economía mundial.

En pocas palabras, sentamos las bases, una condición necesaria, para tener un México próspero, con mayores oportunidades de realización personal y colectiva.

Razón número 2, por la que vamos apoyar este dictamen, se mejora la entidad social, por qué:

Primero. El 30 por ciento de las familias de México, gasta en mercados con prácticas monopólicas, lo que implica que una buena parte del ingreso familiar se transfiere a un grupo reducido que obtiene utilidades monopólicas, es decir, utilidades extras, a costa de los consumidores.

Segundo. Y si esto es injusto, más injusto todavía es, que esa explotación del consumidor, afecte más a quienes menos tiene. Ya que las familias de más bajos ingresos gastan no el 30 por ciento, sino el 42 por ciento en mercados concentrados o monopólicos.

Tercero. Los grupos productivos que más sufren con las prácticas monopólicas, son las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que la competencia económica reduce sus costos y mejora sus utilidades, y por lo tanto, sus posibilidades de crecimiento y desarrollo.

Cuarto. Las regiones que más se ven afectadas con las prácticas monopólicas, son las áreas apartadas, marginadas, de difícil acceso, porque no representan un atractivo para las empresas que incurren en conductas anticompetitivas; dejándolas sin abasto o con un abasto a precios elevados y calidad rebajada.

Quinto. Por lo tanto, la competencia mejora la distribución del ingreso entre familias, grupos, sectores y regiones.

Por estos cinco argumentos, la ley que nos ocupa contribuye a construir un México incluyente.

La razón número 3, para apoyar este dictamen es que, se mejorará el bienestar de los mexicanos, como producto de los otros dos logros anteriores. Porque al mejorar la eficiencia de la economía, la inversión, la producción, el empleo y el ingreso en los bolsillos de los mexicanos, y al mejorar la distribución del ingreso, el crecimiento se vuelve desarrollo, el desarrollo progreso y el progreso bienestar.

Y estar bien, es bien estar, es una condición necesaria para el bien ser.

Y como diría Platón: “El bien es el fin último de la política”.

La competencia es, pues, un medio para lograr ese fin, pero no es un fin, ni es el único medio.

La competencia es el mejor instrumento que se conoce para asignar eficientemente los recursos de una economía; pero no resuelve todos los problemas de una economía, mucho menos todos los problemas de un estado o de una nación o de una patria.

La competencia es buena, pero no es perfecta, a veces falla, sobre todo cuando economías de escala o bienes públicos o la necesidad de estimular la propiedad intelectual, en tales casos, se requiere la intervención del Estado.

La libre competencia mejora los mercados, pero la libertad puede tornarse en libertinaje y para esto, se necesita que participe el Estado.

Pero ¿cuánto Estado y cuánto mercado? Ese es el dilema que trata de resolver esta ley que nos ocupa, en materia de competencia.

Por eso esta ley y la de telecomunicaciones tienen órganos autónomos del Estado, para proteger la competencia sin dañar los incentivos a la inversión, a la innovación, a la investigación o al desarrollo tecnológico, porque entonces dañaría la eficiencia, el crecimiento, el bienestar y, por lo tanto, atentaría contra sí misma, contra sus bondades, contra sus propios objetivos.

En otras palabras, no se castiga el éxito, ni el crecimiento de las empresas, sino su conducta anticompetitiva.

Que bueno que las empresas sean grandes, eficientes, exitosas, innovadoras, tecnológicamente avanzadas, pero, que no aprovechen estas bondades para incurrir en prácticas anticompetitivas, porque entonces serán sancionadas, castigadas, multadas y desincorporadas.

La ley que nos ocupa es parte de una de las siete grandes reformas estructurales para transformar a México. La ley que discutimos es un medio para lograr la competencia y es una condición necesaria, pero no suficiente.

Se necesitan, además, políticas públicas expreso del Poder Ejecutivo en sus tres órdenes, federal, estatal y municipal.

Políticas expresas del Poder Legislativo, en todos sus órdenes.

Políticas compatibles del Poder Judicial, en todos sus órdenes.

Políticas de descentralización, desconcentración que tonifique la competencia, y con ello la eficiencia, la equidad y el bienestar.

En otra palabras, se necesita la acción coordinada de todos los órganos del Estado, trabajando como uno solo, sin confundir autonomía con soberanía; cada quien aportando lo mejor de sí mismo; cada uno aprovechando su ventaja comparativa para contribuir con eficacia, eficiencia y congruencia a lograr los fines de la sociedad, los objetivos de la nación mexicana, que son: la construcción de un México próspero, de un México incluyente, de un México en paz, de un México con educación de calidad, de un México con responsabilidad global.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Cavazos Lerma.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Quiero iniciar mi disertación con un pensamiento del economista austriaco, Carl Menger, quien desde finales del siglo XIX, planteaba la necesidad de la competencia, para coadyuvar a resolver los problemas de la gente pobre.

Dice Carl Menger: “La aparición de la competencia, tiene otra consecuencia aún más importante para la vida económica de los hombres, me refiero a la multiplicación de las cantidades puestas, ahora a disposición de los hombres económicos y que hasta entonces había sido una mercancía monopolizada, de ordinario el monopolio lleva consigo la consecuencia de que sólo se pone en circulación una parte de la cantidad de los bienes monopólicos disponibles o respectivamente sólo se aprovecha una parte del potencial de producción de los mismos, la auténtica competencia elimina inmediatamente esta nociva situación”.

El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que contiene reformas y adiciones a diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de competencia económica y de telecomunicaciones, lo que ha sido refrendado en alta aceptación social.

El artículo 28, párrafo décimo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de competencia económica dispone que: “el Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas, las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia, regular el exceso de insumos esenciales y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos”.

El Artículo Tercero Transitorio, fracción I, que dispuso que: “El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme al presente Decreto dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor y deberá establecer los tipos penales especiales que castiguen severamente prácticas monopólicas y fenómenos de concentración”.

La minuta proveniente de la Colegisladora, misma que en su momento fue aprobada por 397 votos a favor, y ahora el respectivo dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal.

El Congreso de la Unión, como titular del Poder Legislativo Federal, cuenta con representantes populares, a los que nos pagan muy bien, y a los que se nos confió la alta responsabilidad de trabajar en cada norma legislativa a conciencia, con el deber de emitir cada voto de manera razonada y sustentada, y siempre con la teleología superior de que es para beneficio del pueblo.

El mandato no es para atender intereses partidistas de grupos fácticos o económicos, de poder o de grupos que han hecho de la política la degeneración de la democracia. De eso, compañeros Senadores la historia nos juzgará y condenará como incapaces de ponernos a la altura de las instituciones, de defender la única soberanía válida en un estado constitucional y social de derecho, no hay pretexto para traicionar la soberanía popular consignada en el artículo 39 de la Constitución de la República.

El Congreso de la Unión, por lo menos en esta Alta Cámara, debemos de hacer un reconocimiento público a los diversos especialistas que apoyaron este trabajo en los foros correspondientes el 27 de febrero de 2014, organizado por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados en el Foro de Análisis de la Iniciativa que Expide la Ley Federal de Competencia Económica donde participaron, además de las autoridades por parte de la academia, expertos en la misma.

El 2 de abril de 2014 en el Senado de la República, las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Segunda, celebraron el Foro para el Análisis de la Minuta de la Ley Federal de Competencia Económica, el cual se desarrolló en cinco páneles donde tenemos que reconocer la participación de especialistas en la materia.

Compañeras y compañeros Senadores, hay una realidad que debemos atender, se requiere esta normatividad que nos permita superar las circunstancias donde los consumidores mexicanos gastamos alrededor del 40 por ciento más de sobreprecio en bienes y servicios donde la competencia es escasa. Así como que México tiene el nada honroso lugar 114 en el rubro de la baja efectividad en la política antimonopolios de 148 del mundo, por detrás de países como Panamá que ocupa el lugar 25, la India en lugar 29, Zambia el lugar 37, Brasil el lugar 40, China el lugar 55, El Salvador el lugar 59, Colombia el lugar 78, Honduras el lugar 112, por causa de una regulación de hace más de 20 años con obstáculos que inhiben a la productividad, especialmente en materia de competencia.

Al pueblo de México debemos de garantizarle el acceso a la variedad para la adquisición de bienes y servicios de calidad con mejores precios; y que los pequeños y medianos empresarios tengan acceso a insumos competitivos e innovadores.

Considero que de manera general esta ley encauza la actividad económica en ese sentido para bien de la sociedad mexicana.

Por último, compañeros Senadores, quiero hacer la siguiente reflexión: Para crear una buena ley, es necesario que el legislador se despoje de sus intereses particulares o de grupo y ponga por delante los sagrados intereses del pueblo.

Esta Ley Federal de Competencia Económica es una muestra clara de que en la pluralidad se pueden lograr acuerdos de la mayoría de los grupos parlamentarios en el Senado de la República.

Sinceramente deseo que continuemos con ese espíritu para resolver de manera favorable los intereses del pueblo, las leyes secundarias pendientes. Por estas razones anticipo que mi voto será a favor.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, para razonar su voto.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Estimadas compañeras Senadoras y Senadores:

Vengo aquí a razonar mi voto en relación al dictamen a la Ley Federal de Competencia Económica.

En la sesión del 4 de diciembre de 2012 presenté ante esta Soberanía un proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir dentro de las comisiones ordinarias la de Competencia Económica y Derecho de los Consumidores.

Ha sido mi preocupación la defensa de los consumidores, por ser quienes finalmente realizan el pago de todos los bienes y servicios que les son indispensables, y que resultan afectados por las prácticas monopólicas aquí ya multicitadas y la falta de la libre competencia en el mercado.

Sabemos que nuestros consumidores gastan alrededor de un 40 por ciento más de sobreprecio en bienes y servicios donde la competencia en el mercado es escasa, no confiamos que con estas nuevas disposiciones no haya más abusos en su contra.

En lo personal, desde mi labor en la Cámara de Diputados presenté una iniciativa para que se regulara el precio de la venta de los medicamentos al consumidor, cuyo precio se incrementa anualmente, pero por mucho más del 100 por ciento, y no existe norma alguna que lo regule. La Secretaría de Economía respondió que el precio lo regula la oferta y la demanda, pero todos sabemos que son los poderes grandes los que manejan el precio y las enfermedades, sin considerar a las personas con mayores necesidades y menores recursos económicos quienes consumen los productos farmacéuticos, entre muchos otros.

Las reformas deben de verdad considerar al consumidor, porque el consumidor es la pieza clave de la economía mexicana, sin consumidores no hay mercado, y al no existir mercado nos encontramos ante una economía paralizada.

El propósito de dotar de nuevas facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica se verá fortalecida para cumplir cabalmente con su cometido constitucional. Eso dice esta ley y esa es una buena intención.

Las disposiciones que regulan la designación y remoción, en su caso, del titular de la autoridad investigadora, garantizan la imparcialidad para su designación, así como los requisitos que debe cumplir para acceder a ese cargo, así como las causales necesarias, como aquí se ha dicho, para que en caso de violarlas sea removido de su cargo, pero eso no nos resuelve nada.

Las normas que regulan el procedimiento de sanciones son claras, así como las sanciones por la violación a esta ley.

El asunto es que nuestro problema no es de leyes, sino del abuso y de la impunidad.

Como lo he mencionado, mi mayor interés se centra en las normas jurídicas que protejan a los consumidores para la adquisición de bienes y servicios de mejor calidad y precio, y que los pequeños y medianos empresarios del sector alimenticio en las transacciones que realizan para producir y vender sus cosechas, tengan acceso a insumos que les permitan ofrecer bienes de la mejor calidad y al menor precio y se evite la especulación y el alza indebida de productos básicos, lo que beneficiaría al comercio interno y a la economía, sobre todo la de los consumidores que somos todos y pocos tenemos oportunidad de manifestarnos.

Por eso mi participación de hoy atiende la demanda de organizaciones civiles de consumidores que me pidieron hacer estas reflexiones a través del Partido del Trabajo. Les agradezco su atención.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, para razonar su voto.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, Senadoras y Senadores:

El día de hoy discutimos un dictamen que había estado pendiente por más de 30 años, el objetivo es transformar el escenario de nuestro país hacia una verdadera rectoría del Estado mexicano, a través del andamiaje jurídico que regula la competencia económica.

Cabe destacar que las pretensiones de la ciudadanía son amplias, por lo que debemos actuar con suma objetividad y tenacidad para lograr los objetivos que beneficiarán a los ciudadanos.

Compañeros legisladores:

Esta legislatura se ha caracterizado por impulsar reformas estructurales de gran trascendencia para nuestro país por medio de las cuales el objetivo final es tener una mejor nación, más próspera, igualitaria e inclusiva.

Estas reformas estructurales son el resultado de la suma de esfuerzos de varias generaciones de mexicanos que a través de su participación política y social, han logrado construir el México que tenemos en la actualidad y esta discusión de hoy en materia de competencia económica repercutirá de forma positiva en toda la nación.

Es importante garantizar los principales factores dispuestos en nuestra Constitución en materia de competencia para poder dar resultados a todos los ciudadanos de México.

Con este dictamen finalmente se podran atender las múltiples necesidades en materia de competencia que abundan toda la nación y en todos los sectores.

Actualmente las prácticas anticompetitivas son una situación imperante en los diversos sectores económicos de nuestro país.

Y un ejemplo tangible, sin duda, es el sector de telecomunicaciones, donde la falta de competencia limita el ejercicio de la democracia y limita el crecimiento económico en este sector, trascendental para todo el país desde cualquier perspectiva.

Estas reformas están vinculadas con la reforma de telecomunicaciones, por lo que se dará atención a una estrategia que promueva a un sector competitivo que genere beneficios tangibles a la población.

Es imperante erradicar todas las prácticas anticompetitivas y monopólicas que impiden el desarrollo de nuestro país.

En el estado que represento, Quintana Roo, las prácticas monopólicas afectan directa y cotidianamente la calidad de vida y la economía familiar. Estas prácticas monopólicas han afectado en gran medida al sector turístico nacional y, por ende, a los ciudadanos. Para muestra está el duopolio empresarial que maneja el transporte marítimo de la zona peninsular hacia las diversas islas del estado, Cozumel e Isla Mujeres.

Aquí en esta tribuna denuncié la violación del derecho fundamental de acceso al transporte al que los pobladores de Cozumel son expuestos debido a la incompetencia del marco jurídico en materia de competencia actual, porque la Comisión Federal de Competencia Económica determinó en 2011 que sí existen prácticas monopólicas en las rutas marítimas y sin embargo el duopolio sigue funcionando actualmente con las mismas tarifas irracionales en relación al salario mínimo del Estado y pagando las multas impuestas en abonos chiquitos.

Otro sector impactado en Quintana Roo por la falta de regulación de competencia, son los restaurantes, pues debido a la voracidad de la oferta del modelo turístico denominado “Todo Incluido” han sido desplazadas y son cientos los restaurantes que han cerrado la ciudad de Cancún debido a la monopolización del sector de alimentos.

La competencia económica es crucial para el sector turístico. Es por ello que como Senadora de izquierda y en representación de Quintana Roo, velaré por un correcto desempeño de los agentes económicos bajo esta nueva dinámica de competencia económica.

Asimismo, debemos vigilar que la Comisión Federal de Competencia Económica no sufra depresiones externas que sean ajeno a los intereses nacionales, así como fomentar su autonomía y garantizar los principios rectores en materia de competencia económica dispuestos por nuestra Constitución.

Las familias mexicanas ansían ser beneficiadas por este dictamen y es nuestro deber que este proyecto de competencia económica transforme positivamente, aunque sea gradual, la realidad de todos los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Beristain Navarrete.

Agotada la discusión en lo general, en virtud de que ha sido suficientemente discutido y con fundamento en el artículo 200 del Reglamento del Senado, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que han quedado reservados los siguientes artículos:

Por parte de los Senadores Héctor Larios, Ascención Orihuela, Alejandro Encinas y Luis Armando Melgar Bravo, los artículos 12, 30, 31, 32, 66, 75, 87, 94, 95, 104 y 131 de la Ley Federal de Competencia Económica, la adición de un artículo 254 Bis 1 al Código Penal Federal; modificaciones al Artículo Quinto Transitorio y la propuesta de adición de un nuevo Artículo Tercero Transitorio, con lo que se recorrerían los artículos que continúan y la eliminación del Artículo Sexto Transitorio.

El Senador David Monreal Avila anunció la reserva de los artículos 5, 6, 12, 66, 91, 100, 127 y 135 de la Ley Federal de Competencia Económica y el artículo 254 Bis del Código Penal Federal.

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya reserva el artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica.

El Senador Francisco Búrquez Valenzuela reserva el artículo 56 de la Ley Federal de Competencia Económica.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo reserva los artículos 5,10, 23, 24 y 30 de la Ley Federal de Competencia Económica.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio reserva los artículos 12 y 52 de la Ley Federal de Competencia Económica y el artículo 254 Bis del Código Penal Federal.

El Senador Isidro Pedraza Chávez reserva los artículos 3 y 9 de la Ley Federal de Competencia Económica.

El Senador Mario Delgado Carrillo reserva los artículos 5, 6, 12, 56, 57, 66, 94 y 97 de la Ley Federal de Competencia Económica y anunció la adición de un Artículo Séptimo Transitorio.

No habiendo más reservas, se cierra el registro de las mismas. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 107 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto.

Para despachar la discusión y votación de los artículos reservados del dictamen, daremos la palabra a cada uno de los oradores para que en una intervención presenten sus propuestas a todos los artículos que hayan reservado.

En el caso de los artículos que reserven los presidentes de las comisiones, serán leídos por la Secretaría y se consultará a la Asamblea si los admite a discusión y, en su momento, si los acepta.

Después de presentadas las propuestas de cada orador, consultaremos a la Asamblea, en votación económica, si las admite a discusión, en caso afirmativo, se pondrán a discusión las reservas admitidas, y posteriormente también de forma económica se consultará si son de aceptarse.

Si la Asamblea no admite reservas a discusión, la propuesta se tendrá por desechada, y el respectivo artículo del dictamen se mantendrá en sus términos para votarlo nominalmente con todos los artículos reservados en un solo acto.

Los artículos sobre los que haya aceptación de propuestas se reservarán para una sola votación nominal de manera conjunta al final de que hayan sido presentadas todas las reservas.

Después de realizada la votación nominal, haremos la declaratoria correspondiente.

Solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas de modificación de los presidentes de las comisiones dictaminadoras e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite para su discusión.

Informo al Pleno que estas propuestas se encuentran a disposición en el monitor de sus escaños.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a las propuestas de modificación de la Ley Federal de Competencia Económica.



Es cuanto, señor Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Por no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las propuestas a los artículos reservados por los presidentes de las comisiones dictaminadoras.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las propuestas referidas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aceptadas, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se reservan para su votación nominal conjuntamente con los demás artículos reservados.

Se concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para referirse a los artículos 5, 6, 12, 66, 91, 100, 127 y 135 de la Ley Federal de Competencia Económica y el artículo 254 Bis del Código Penal Federal.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con el permiso, señor Presidente.

Voy a referirme a los artículos 5, 6, y 91 de la Ley Federal de Competencia Económica y 254 Bis del Código Penal Federal y le solicito a la Presidencia el resto de los artículos reservados queden inscritos en el Diario de los Debates.

En el artículo 5 hay una impresición en la distribución de las facultades entre la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL, ya que no hay un señalamiento explícito de lo que competiría a uno o a otro, lo que provoca una incertidumbre jurídica.

Los párrafos décimo cuarto y décimo sexto del artículo 28 de la Constitución, determinan que son la Constitución y las leyes las que deben definir la materia de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL, y no los propios órganos constitucionales autónomos o un tribunal colegiado de circuito.

El legislador está actuando inconstitucionalmente en esta omisión si se aprueba este precepto sin que haya definido previamente en la ley las materias de competencia de cada órgano.

Por eso proponemos la reserva del artículo 5, dice: “El Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes establezcan para la Comisión, conforme a la estructura que determine en su estatuto orgánico.

En el momento en el que alguno de los órganos mencionados en el párrafo anterior tenga información de que el otro conoce un asunto que aquél le correspondía, le solicitará le remita el expediente respectivo. Si el órgano solicitado estima no ser competente, deberá remitir el expediente dentro de los siguientes cinco días a la recepción de la solicitud. Si considera que lo es, en igual plazo, hará saber su resolución al órgano solicitante en cuyo caso suspenderá el procedimiento y remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, quien fijará la competencia en un plazo de diez días.

En el caso de que alguno de los órganos mencionados en el primer párrafo de este artículo que conozca del asunto estime carecer de competencia para conocerlo, enviará dentro de los cinco días siguientes el expediente respectivo a este órgano.

Si éste acepta la competencia, se abocará al conocimiento; en caso contrario, dentro de los cinco días siguientes comunicará su resolución al órgano que declinó la competencia y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones para que dentro del plazo de diez días fije la competencia.

Los plazos previstos en esta ley estarán suspendidos desde el inicio de cualquier procedimiento previsto en este artículo hasta su resolución”.

El texto que nosotros proponemos, debe precisar claramente y definir la competencia de la COFECE y del IFETEL. La Comisión Federal de Competencia Económica, este es el texto propuesto, tendrá, además de las competencias que establece la Constitución y la ley, las siguientes:

1.- Investigar, a petición de cualquier ciudadano, cualquier práctica antimonopólica.

2.- Contar con las más amplias facultades de investigación y de allegamiento de elementos probatorios para conocer de las violaciones jurídicas de los agentes económicos.

3.- Imponer las sanciones administrativas que determine la ley, con el propósito de inhibir definitivamente las conductas violatorias de la Constitución de los agentes económicos.

4.- En caso de reincidencia por segunda ocasión en las conductas violatorias de la ley, imponer hasta tres veces el monto de las sanciones económicas y pecuniarias que se hayan determinado en la primera ocasión.

5.- Y en caso de reincidencia subsecuente, prohibir la participación del agente económico en el mercado.

6.- Presentar todo tipo de denuncias, querellas y gestiones ante cualquier autoridad y ante cualquier agente económico, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá además de las competencias que establece la Constitución y la ley, las siguientes:

1.- investigar, a petición de cualquier ciudadano, cualquier práctica monopólica en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

2.- Contar con las más amplias facultades de investigación y de allegamiento de elementos probatorios para conocer de las violaciones jurídicas de los agentes económicos.

3.- Imponer las sanciones administrativas que determine la ley con el propósito de inhibir definitivamente las conductas violatorias de la Constitución de los agentes económicos.

4.- En el caso de incidencia, reincidencia por segunda en las conductas violatorias de la ley, imponer hasta tres veces el monto de las sanciones económicas y pecuniarias que se hayan determinado en la primera ocasión.

5.- En caso de reincidencia subsecuente, prohibir la participación del agente económico en el mercado.

6.- Presentar todo tipo de denuncias, querellas y gestiones ante cualquier autoridad y ante cualquier agente económico.

7.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones, en caso de conflicto de competencia con la Comisión Federal de Competencia Económica, tendrá prevalecencia de conocimiento de los asuntos respecto a ese órgano y en todas las materias relacionadas con la radiodifusión y telecomunicaciones.

Ese es el texto propuesto para este artículo 5.

Y en la reserva del artículo 6: Las áreas estratégicas no pueden ser consideradas como agentes económicos.

Las áreas estratégicas tienen una naturaleza constitucional distinta a los agentes económicos.

El artículo 6 propuesto pretende confundir y tratar a las áreas estratégicas como agentes económicos.

La propuesta del artículo 6 olvida los altos fines constitucionales de las áreas estratégicas que tienen como propósito salvaguardar el interés nacional, la soberanía nacional y la rectoría de la economía de Estado.

Por eso estamos planteando que se elimine este artículo 6, el que dice a la letra: “No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas determinadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Aquí es donde nosotros vemos la confusión: “No obstante, los Agentes Económicos que tengan a su cargo las funciones a que se refiere el párrafo anterior, estarán sujetos a lo dispuesto por esta ley respecto de los actos que no están expresamente comprendidos en dichos supuestos”.

Luego, nosotros diríamos, este viene de alguna manera relacionado con los artículos 90 y 254, el que se refiere, dice en este artículo: “Se sancionará, con prisión de 5 a 10 años y con mil a 10 mil días de multa, a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios o arreglos, combinaciones entre agentes económicos y competidores entre sí, cuyo objeto o afecto sea cualquiera de los siguientes: fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir, sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, o volumen o frecuencia restringido o limitados de servicios. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos, espacios determinados o determinables”.

De las sanciones a las que se refiere, señalamos y consideramos que es demasiado laxa, toda vez que estamos hablando de cantidad mínima de multa, de 62 mil pesos aproximadamente, y como máxima 620 mil pesos.

Si estamos hablando de monopolios y estamos hablando de abusos, indudablemente habrá quien considere pagar, preferible pagar esta sanción, que la máxima alcanza 620 mil pesos, pero poder desarrollar esas prácticas monopólicas que le generan beneficios millonarios, como puede ser el caso de la telefonía, el caso de la televisión o el caso del sector energético.

Por eso nosotros estamos planteando mayores sanciones. Si de verás queremos ponerles dientes, hay que ponérselos en serio, y para ello, en la modificación del artículo 254 Bis se sancionará con prisión de 5 a 10 años, y con una multa desde un tanto y hasta el doble del beneficio obtenido con tales prácticas establecidas en las fracciones I a V del presente artículo, es decir, con lo mismo que pretenden lucrar, con eso se debe de castigar.

Y me referiré al artículo 91, en el que una vez que infrinja o incurran en estas prácticas monopólicas, dice que se les obligará a la desincorporación de bienes, y estos bienes, en el texto nosotros estamos planteando, dice el artículo 91: “Las condiciones que la comisión podrá establecer o aceptar de los Agentes Económicos, en términos del artículo anterior, podrá consistir en: enajenar a terceros determinados activos, derechos, partes sociales o acciones”.

Nosotros estamos planteando en el texto, simplemente que se le agregue, precisamente en el párrafo segundo: “Enajenar a terceros determinados activos, derechos, partes sociales o acciones, siempre y cuando se compruebe que con ello se coadyuve el beneficio social”. Es decir, los bienes que vayan a desincorporarse, que vayan a retirarles por estas prácticas monopólicas, tengan un fin y un beneficio social.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Monreal Avila.

En virtud de que ya fueron ampliamente expuestas las propuestas de modificación del Senador Monreal Avila, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

Se le concede la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, para referirse al artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Como lo mencioné anteriormente, y como también lo manifesté en la reunión de comisiones, su servidor presentó el 25 de febrero de este año una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se buscaba adicionar una fracción al artículo 24 de la Ley Federal de Competencia Económica, como consta en el apartado de antecedentes del dictamen que estamos discutiendo.

Lo hice en aras de allanarnos al principio de máxima publicidad en las labores de la administración pública, así como una mayor transparencia y rendición de cuentas.

Pero creo también que lo hice, y así lo quiero expresar, que la comisión no debe ser solamente un órgano sancionador. Para mí la comisión debe también realizar funciones de investigación, y que estas, obviamente, deben ser públicas, todo esto adoptando prácticas internacionales a través de investigación de mercados.

Compañeras y compañeros:

Yo voy directamente al punto. Fomentar la competencia incluye, desde mi punto de vista, la vigilancia y el análisis de efectos normativos que introducen imperfecciones en la competencia. Esto es, que debe buscar realizar análisis de la situación de mercados en sectores específicos donde la publicidad es esencial.

Lo que buscaba entonces con la iniciativa que presenté y lo que se busca ahora con esta reserva, es que se incorpore al artículo 12 de la presente ley, referente a las atribuciones de la comisión, la facultad, la atribución de que la Comisión Federal de Competencia Económica pueda publicar semestralmente los indicadores que muestren la posición de mercado de las principales empresas que participen en los sectores más importantes de la economía.

No es otra cosa, es así de sencillo, así de obvio. Con esta adición, compañeras y compañeros Senadores, estaríamos logrando, sin duda, que la comisión estuviese publicando con regularidad cómo se encuentran las principales empresas del país, sobre todo aquellas que más influencia y que más presencia tienen en los sectores más dinámicos de nuestra economía, ¿cómo?, pues publicitando ante la ciudadanía y ante los mismos agentes económicos, qué tan dominante del mercado puede resultar determinada empresa.

Considero por lo tanto, compañeras y compañeros, y espero que estén de acuerdo con un servidor, que la publicación de estas valoraciones por áreas de actividad económica debe ser, pues una labor programada y rutinaria de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Por lo anteriormente expuesto, es que propongo adicionar una fracción XXX, recorriéndose la subsecuente en este artículo 12 del dictamen, que quedaría como sigue:

Artículo 12. La comisión tendrá las siguientes atribuciones:

Y la fracción que propongo diría: “publicar semestralmente los indicadores que muestren la posición en el mercado de las empresas más relevantes, en los distintos sectores de la economía”.

Con esto creo que estaríamos, dando un paso importante a las atribuciones de la comisión.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Robles Montoya.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación presentada por el Senador Robles Montoya, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a la propuesta.

“Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

         XXX. Publicar semestralmente los indicadores que muestren la posición en el mercado de las empresas más relevantes, en los distintos sectores de la economía”.

Es cuanto, señor Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación presentada por el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, al artículo 56 de la Ley Federal de Competencia Económica, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a la propuesta.

Artículo 56. Los supuestos a los que se refiere la fracción I del artículo 54 de esta ley, consisten en cualquiera de los siguientes:

I a VI…

         VII. La venta ocasional por debajo de su costo medio variable o la venta sistemática por debajo de su costo medio total, pero por arriba de su costo medio variable. Si existen elementos para presumir que le permitirá al agente económico recuperar sus pérdidas, mediante incrementos futuros de precios en los términos de las disposiciones regulatorias.

Es cuanto, señor Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se reserva para su votación en términos del dictamen.

Les anuncio que el Senador Fidel Demédicis Hidalgo entregó el texto de su intervención, referida a los artículos 5, 10, 23, 24 y 30 de Ley Federal de Competencia Económica, que se insertará en el Diario de los Debates.



Por no contener ninguna propuesta, los artículos se mantienen en los términos del dictamen o, en su caso, con las propuestas ya aceptadas por la Asamblea.

Pasamos a la siguiente reserva.

Se concede la palabra al Senador Rabindranath Salazar Solorio, para referirse a los artículos, 12 y 52 de la Ley Federal de Competencia Económica y el artículo 254 Bis del Código Penal Federal.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores:

Primero reconocer el trabajo de comisiones unidas en este importante tema de competencia económica, del mismo hemos retirado algunas de las reservas que teníamos ya planteadas, en virtud de haber sido consideradas para el dictamen final.

Sin embargo, prevalece ésta, que sin duda es muy importante para evitar, por la laxitud de la ley, el que se sigan ejerciendo las prácticas monopólicas por los grandes agentes.

La ilicitud de una conducta es tal, no porque la misma sea correcta o incorrecta, es decir, se encuentra ajena a juicios de valor o subjetividades.

Establece una conducta como ilícita, es correspondiente al bien jurídico que el Estado pretende tutelar. Es así que acciones que son consideras como tales, lo son, porque vulneran los intereses de todas y de todos, ya sea a través de un perjuicio directo o indirecto, que en su momento deberá ser acreditado por quien tiene la carga de probarlo.

En el marco de la discusión de esta propuesta, se contempla como ilícito únicamente a las prácticas monopólicas absolutas, dejando fuera de esta tipificación, a los monopolios, las prácticas monopólicas y en general a quien disminuya, dañe, impida o condicione la libre competencia económica en lo que se refiere a la producción, procesamiento, distribución o, en su caso, la comercialización, tanto de bienes o servicios.

Empero, la redacción actual del artículo 52 de la minuta como proyecto de Decreto, menciona que las prácticas antes citadas estarán prohibidas, sin embargo, las coloca en una situación de conveniente ambigüedad.

Sobre todo, porque de nada sirve clasificar como prohibida tal o cual conducta, si en la clasificación no es considerada como un hecho ilícito, al que corresponda la consecuente sanción punitiva.

Es preciso que las y los legisladores, enviemos un mensaje de combate total a la impunidad y a los poderes oligárquicos que se han beneficiado de explotar a las clases más necesitadas.

Por ello proponemos que en esta confusa y conveniente redacción, que más bien pareciera a modo, se sustituya la frase: “quedan prohibidos los monopolios”, para que sea lea: “consideren conductas ilícitas los monopolios”, así como las demás actividades que menciona el antes citado artículo 52, en su primer párrafo.

Con esta propuesta de modificación, se logra que este artículo tenga la debida fuerza coactiva que se pretende en el espíritu de la reforma en materia de competencia económica, pues al catalogar estas conductas como ilícitas, dotamos de fuerza jurídica real a la autoridad en beneficio de la competencia y el crecimiento económico.

A pesar de que las conductas ilícitas son sancionadas por el artículo 254 Bis del Código Penal Federal, por cierto modificado en este proyecto de dictamen, deja en incertidumbre jurídica a la libre competencia entre los diversos actores económicos, al señalar que estas conductas tipificadas como delito, se perseguirán o investigarán mediante querella, por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, dando pauta para que los órganos mencionados puedan desistir u otorgarles el perdón de la conducta ilícita.

Es inaceptable facultar a la proponía Comisión Federal de Competencia Económica, para que ésta se desista de las acusaciones formuladas a agentes económicos que ejecuten conductas monopólicas, fijen, eleven, manipulen el precio de venta o compra de bienes o servicios, que son ofrecidos o demandados en el mercado. Establezcan o restrinjan la cantidad de prestación de volumen de servicios y demás tipificadas como delitos, dando como resultado graves daños a la economía de nuestro país.

No es posible, compañeras y compañeros legisladores, que este proyecto de dictamen, en el artículo 12 fracción VI, contemple la facultad de desistimiento, bajo el supuesto del simple pago de las multas impuestas en los procedimientos administrativos instaurados.

Por lo anterior, es pertinente eliminar esta fracción, ya que perjudica gravemente a nuestro país; ya que no se habla de ningún límite, incluso, en el caso de reincidencia.

Siguiendo por esta línea, proponemos una nueva redacción al artículo 254 Bis del Código Penal Federal del proyecto de dictamen, para que las conductas ilícitas tipificadas como delito, se persigan por denuncia formulada ante el Ministerio Público Federal, el cual tendrá la obligación de integrar la averiguación previa y señalar si dicho agente económico ha incurrido en responsabilidad.

Aunado a lo anterior, se modifique el artículo 12, fracción V del mismo proyecto de Decreto, al quitar la facultad de formular querella, y sí la de formular denuncia por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, esto con la posibilidad de evitar arbitrariedades y dejar sin castigo a los agentes económicos preponderantes. Para lograr lo anterior, se necesita eliminar el párrafo cuarto del artículo 254 Bis del Código Penal Federal.

Compañeras y compañeros, necesitamos mandar un mensaje muy importante en el sentido de las sanciones y que no a que la gente que cometa alguna arbitrariedad con el simple hecho de pagar una multa, una multa, y en este caso sería solamente una sanción administrativa, dejemos en indefensión a los usuarios de bienes y servicios de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Salazar Solorio.

En virtud de que las propuestas de modificación del Senador Rabindranath Salazar fueron ampliamente explicadas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se reservan para su votación en los términos del dictamen.

Se concede la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, para referirse a los artículos 3 y 9 de la Ley Federal de Competencia Económica.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: No, si yo cuento con 30 segundos, que me digan que sí pasa y ya me quito de aquí.

Compañeros, la reserva que he planteado en el artículo 3 está vinculada con el artículo 9. Mucho de lo que aquí oímos hace rato, de las bondades de esta ley, se reflejó en las disposiciones de los que han hablado por parte de las diversas bancadas en la intención de efectivamente permitir que en este país beneficiemos al sector social, y que la sociedad en su conjunto se beneficie de esta legislación.

Yo quiero decirles que lo que estamos proponiendo en el artículo 3, que está relacionado con el artículo 9, parte principalmente, y ahí apelo a la memoria colectiva de este Senado de que apenas hace unos meses aprobamos las reformas al artículo 28 de la Constitución, que va en contra de los monopolios, y que ese esfuerzo legislativo, lo voy a leer muy rápido, dice ahí:  en consecuencia, artículo 28 de la Constitución, la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en unas pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios.

Y en otra de las partes establece: “las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos en los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular”.

Esto es en estricto apego al espíritu de la Constitución, estamos proponiendo agregar en el artículo 3 una fracción III donde estemos señalando cuáles son los artículos de consumo necesario, dice: “Se considera como artículo de consumo necesario todos aquellos que a nivel nacional o regional sean fundamentales para la alimentación, como es: tortilla de maíz, pan, arroz, frijol, lenteja, guayaba, limón con semilla, manzana, naranja, papaya, plátano, toronja, aguacate, ajo, calabacita, cebolla, col, chayote, chícharo, chile, ejote, espinaca, lechuga, nopal, papa, pepino, jitomate, tomate, zanahoria, carne de pollo, carne de res, pescado y mariscos frescos, huevo, aceites, café de grano, azúcar, así como el abasto de gasolina y diesel a la población”.

Compañeros, no estoy haciendo mi tianguis, estoy diciéndoles cuáles son los artículos particularmente que el pueblo reclama, que se han catalogados como básicos y necesarios en la alimentación. Esto hay que reglamentarlo en el artículo 3, y hay que darle esa posibilidad en la fracción III de que señalemos con anticipación cuáles son los productos necesarios para que nuestra población pueda vivir mejor.

Y luego en el artículo 9 estamos sugiriendo que el Ejecutivo Federal tenga la facultad de fijar precios máximos. Aquí ya no voy hablar de monopolios ni de acaparamiento ni de nada, porque es una realidad que ya conocen todos ustedes. Afortunadamente tengo la experiencia de la gran atención que tienen aquí los Senadores, por eso la comisión, ésta que hemos estado tratando de nombrar, tendrá la facultad de hacer una declaratoria cuando no existan condiciones de competencia efectiva.

Miren, para que en el limón se pueda hacer un estudio, se declare que hay un aspecto de especulación y de competencia tiene que pasar un tiempo bastante largo. Si le damos la facultad al Ejecutivo para que determine precios máximos, esto basta con que la comisión tenga capacidad para poderlo otorgar.

Esto está explicado en la fracción II del artículo 9 que dice: “en el caso de acaparamiento y especulación de artículos de consumo necesarios, la comisión resolverá en un plazo no mayor a diez días naturales, sin estar obligada a determinar un mercado relevante”.

Y esto lo hablo porque es importantísimo que tengamos y le demos a esta comisión, ahora de competencia, facultades para poder hacer las cosas de manera que lo que aquí se ha discutido se traduzca y sea tangible para la sociedad que buscamos representar.

Cuántas veces no en la campaña dijeron en sus discursos que iban a defender la economía popular, que iban a defender la economía familiar, que iban a pugnar porque se mejoraran las condiciones económicas y de ingreso del pueblo trabajador, que vamos a pelear porque haya alimentación nutritiva, suficiente, barata y de acceso a todos nosotros; esta es la oportunidad, en estos dos artículos, para poderlo materializar, compañeros.

Todo el alcance importante que se ha dado en la discusión en materia macroeconómica de esta Ley Federal de Competencia Económica se traduce para la parte social en que podamos de dejarlo de carne y hueso, donde la gente lo entienda particularmente con estos agregados que estoy proponiendo. Eso es darle materialización real al esfuerzo legislativo que se ha hecho aquí, todo lo que se ha dicho, que se ha señalado, vámonos concretándolo.

Y les digo, no apelé a filósofos ni a términos de economistas famosos, sino apelo a la memoria de ustedes, que en días recientes en este recinto aprobamos las modificaciones al artículo 28 de la Constitución. Y ahora es la oportunidad de materializarlo, compañeras y compañeros Senadores.

Eso es lo más inmediato, esa es la oportunidad de ser congruentes para estar aportando en términos de lo que hemos escogido, de realmente defender la economía de los que menos tienen, la oportunidad de que admitan, ya no digo que lo admitan ni lo integren, cuando menos que lo admitan a discusión, que abramos una discusión y que nos digan por qué no es posible agregarle estas fracciones a la Ley Federal de Competencia Económica, tanto en el artículo 3, como en el artículo 9 que yo he propuesto.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

En virtud de que el Senador Isidro Pedraza Chávez explicó ampliamente sus propuestas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se reservan para su votación en los términos del dictamen.

Se concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, para referirse a los artículos 5, 6, 12, 56, 57, 66, 94 y 97 de la Ley Federal de Competencia Económica y para presentar la propuesta de adición de un Artículo Séptimo Transitorio al proyecto de Decreto.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

A ver, son varios artículos, los explico muy rápido.

Primero el artículo 5, donde habla de la coordinación entre el IFETEL y la COFECE, me parece que no debería depender la atención de determinados asuntos en una comisión o en el instituto que no se vaya siempre a un tema de tribunales, creo que se puede resolver esta indefinición y se puede propiciar una mayor coordinación si simplemente ponemos que puede existir en el IFETEL y en la comisión una oficina común de coordinación para estimar la competencia a que se refiere este artículo, en lugar de recurrir siempre al tribunal, que puedan tener una oficina mutua de coordinación que no alteraría absolutamente nada el funcionamiento y mejoraría sensiblemente la comunicación entre estas dos agencias.

El artículo 6 establece que todos los agentes económicos que tengan a su cargo las funciones a que se refiere el párrafo anterior, que es la definición de no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas determinadas en la Constitución, pues debería haber un límite, evidentemente, a cuando estas actividades las ejerza un privado a nombre del Estado; es decir, está claro que no puede ser sujeto a esta ley las actividades que haga el Estado en su carácter de agente único al hacer actividades estratégicas. Pero cuando un privado lo hace a nombre del Estado, no tendría por qué tener una protección especial.

La consecuencia de esto es, imaginemos ahora el tema del petróleo donde en esta simulación que se hizo de reforma constitucional, donde sigue siendo área estratégica, pero a la vez se privatiza, lo que estamos propiciando es que las empresas petroleras privadas no vayan a estar sujetas a la Ley Federal de Competencia Económica, porque están realizando una actividad estratégica del Estado.

Entonces, me parece que el límite de la exclusión de esta ley al Estado es cuando él mismo esté realizando esta actividad no a través de un tercero.

Entonces, propone adicionar al artículo 6, que los actos que los agentes económicos privados por parte del Estado en áreas estratégicas, estarán sujetos a la aplicación de la presente ley.

Tenemos también reformas al artículo 12.

Ya decía yo en la exposición de motivos que sería muy ingenuo que este Senado pensara que esta ley va a resolver todos los problemas de competencia en los distintos sectores y mercados de la economía nacional.

No, porque esta ley no está por encima del resto de las leyes, no está por encima del andamiaje legal, económico que tenemos en el país. Lo que tenemos que hacer es propiciar una armonización de todo el sistema jurídico para que de manera transversal existan los criterios de competencia que está promoviendo esta ley.

Entonces, ¿cómo podríamos lograr esto?, con dos medidas: Una, que en el artículo 12 todas las opiniones que se le soliciten a la comisión, como ya sabemos que no tienen carácter vinculatorio, simplemente van a ser públicos, propongamos mejor que tengan un carácter indicativo, también público, pero que el agente sectorial, que el regulador sectorial, que el Ejecutivo tenga la obligación de responder cómo va a actuar en consecuencia a partir de las disposiciones que está estableciendo la COFECE.

¿Qué pasaría con esto?

Que en algunos casos la respuesta sería: “Vamos a hacer esto, estas medidas a los distintos agentes que yo regulo, regulador sectorial, para propiciar un mercado más competitivo”.

Pero si la ley del sectorial no le permite hacer esas medidas, pues entonces tendría que hacer público también por qué no lo puede hacer. Y todos ganaríamos en el sentido de que empezaríamos a conocer dónde están las limitantes en las distintas leyes a tener mercados más competitivos. Por eso son las modificaciones al artículo 12.

Después tenemos modificación al artículo 56, donde hablamos de estrechamiento de márgenes.

Me parece que en el supuesto que estamos planteando en esta ley, estamos pensando nada más que la falta de competencia se da simplemente en productos finales, en el consumidor final. Sin embargo, las prácticas anticompetitivas se pueden dar dentro de las distintas fases de la cadena comercial o productiva.

Por ejemplo, son muy conocidas las prácticas monopólicas o abusivas que ejerce Walmart en contra de sus proveedores.

Como no estamos hablando de un producto final, en este caso, pues ese tipo de prácticas no pueden ser sancionadas. Por eso estamos pidiendo que sea considerado el criterio de competencia en toda la cadena de consumidores también intermedios.

Hay una reforma también que proponemos al artículo 57, donde además de que la comisión esté obligada a proveer lo conducente para prevenir y eliminar las barreras a la libre concurrencia y a la competencia económica en las proporciones necesarias para eliminar los efectos competitivos a través de los procedimientos establecidos en la ley, digamos, este artículo general que la mandata, también pongámosle ese mandato al resto de los resultados sectoriales competentes para que hagan también lo conducente para prevenir y eliminar las barreras a la libre competencia y a la competencia económica. Es decir, no pensemos que hay un solo agente regulador en el mercado mexicano, hay una buena cantidad de agentes reguladores que deben tener esta obligación para que posteriormente las resoluciones puedan ser atendidas a partir de una obligación legal que tienen de esta ley.

Entonces, seguimos con este tema de armonizar y hacer transversal el tema de la competencia en el resto de la legislación mexicana.

Y, bueno, una modificación muy pequeña al artículo 97, es que no veo ninguna razón por qué el Ejecutivo deba tener preferencia en las investigaciones que le solicite a la COFECE. Si estamos hablando de un organismo autónomo, no veo por qué tendríamos que pedirle preferencia sobre las peticiones del Ejecutivo.

Y, por último, agregar un Artículo Séptimo Transitorio. Lo explicaba en la exposición.

Hasta dónde llega la posibilidad de la COFECE de lograr mercados más competitivos, hasta la puerta del regulador sectorial. Toda la actuación que se mandata y que se ordena, porque no es un regulador único para todos los mercados, sino que va dando disposiciones, opiniones, mandatos a los sectoriales, el sectorial no puede ir más allá de lo que diga su ley.

Es decir, no le podemos pedir a la COFECE que vaya a componer los distintos sectores de la economía mexicana si va a tener que luchar contra todo un andamiaje jurídico que se ha hecho a partir de beneficiar a unos a expensas de otros, toda la inequidad y la falta de competencia que propicia la legislación mexicana no la resuelve esta ley, y no la resuelve esta agencia, tendríamos que armonizar el resto del marco jurídico.

Por eso, señor Presidente, estoy presentando una nueva redacción a la que metí en principio en reserva para que sea considerada porque para ser más congruente el argumento de la autonomía de la COFECE, y el trabajo que tendría que hacer el Congreso, pues en este caso de armonizar leyes.

La propuesta sería, y se la voy a dejar por escrito, que el Artículo Séptimo Transitorio fuera que: “...dentro del plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones al marco jurídico a efecto de armonizarlo con los principios en materia de competencia y libre concurrencia, previstos en el artículo 28 de la Constitución.

Para lo anterior, el Congreso de la Unión podrá solicitar opinión a la Comisión Federal de Competencia Económica”.

Me parece que todas son pequeñas modificaciones que pueden ayudar a lograr la tarea que le estamos encomendando a este nuevo agente, y que podamos tener mejores resultados.

Creo que hay que aprender, de más de 20 años de la Ley Federal de Competencia Económica y una Comisión Federal de Competencia, pues que no ha tenido los resultados que todos queríamos ver, seguimos en los últimos lugares en los rangos de competencia económica, caímos 20 lugares en el ranking mundial del año 2000 al 2010, a pesar de que ya teníamos una legislación y una agencia.

Parte de lo que no entendimos nunca, es que una sola ley no puede contra el resto de las leyes que tienen abundantes criterios en contra de la competencia; démosno a la tarea, y no le exijamos a la COFECE milagros, démosno la tarea, como Congreso de la Unión, a empezar a hacer una reversión sistemática de todos aquellos ordenamientos donde haya criterios en contra de la competencia económica.

Esa es la tarea que impondría este transitorio.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Senadoras y Senadores, vamos a votar en dos bloques de forma económica si se aceptan a discusión o no las reservas.

La razón es que, se advierte que uno tiene consenso presentado, el transitorio del Senador Mario Delgado con apoyo de los presidentes de las comisiones, y a petición de ellos tienen la votación por separado.

Primero votaremos de forma económica si se aceptan o no a discusión los artículos 5, 6, 12, 56, 57, 66, 94 y 97 de la Ley Federal de Competencia Económica.

Y una propuesta de adición de un Artículo Séptimo Transitorio al proyecto de Decreto.

Y la votación por separado sea del Artículo Sexto Transitorio.

Proceda Secretaria, por favor.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las modificaciones a los artículos 5, 6, 12, 56, 57, 66, 94 y 97 de la Ley Federal de Competencia Económica. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria, Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de adición del Artículo Séptimo Transitorio, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Artículo Séptimo Transitorio.

“Artículo Séptimo Transitorio.

Dentro del plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones al marco jurídico a efecto de armonizarlo con los principios en materia de competencia y libre concurrencia previstos en los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo anterior, el Congreso de la Unión podrá solicitar opinión a la Comisión Federal de Competencia Económica”.

Es cuanto, señor Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Le pido otra vez a los Senadores estar atentos para entender lo que se acaba de votar, y no haya dudas.

Los artículos 5, 6, 12, 56, 57, 66, 94 y 97 no fueron aceptados a discusión, por lo tanto, esos artículos se mantienen en los términos del dictamen, y en su caso con la propuesta, y quedarán así, y se votará.

El Artículo Sexto Transitorio, porque se adicionó un tercero, y la propuesta de ustedes era el sexto, pero el lugar correcto, es el séptimo, ese sí se aceptó a su discusión, y cuando voten a favor, de la reserva en bloque, quedará en el dictamen.

Gracias, Senadores.

Agotadas las reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación en los siguientes artículos: 12, 30, 31, 32, 66, 75, 87, 94, 95, 104 y 131 de la Ley Federal de Competencia Económica, con las modificaciones que fueron aceptadas por la Asamblea. Votaremos también la adición del artículo 254 Bis 1 al Código Penal Federal.

Y votaremos el Artículo Séptimo Transitorio y el Artículo Quinto Transitorio con la propuesta de modificación aceptada.

Los artículos 3, 5, 6, 9, 10, 23, 24, 52, 56, 57, 91, 97, 100, 127 y 135 de la Ley Federal de Competencia Económica, a los que no le fueron aceptadas las propuestas de modificación, los votaremos en los términos del dictamen. Lo mismo que el artículo 254 Bis del Código Penal Federal.

El efecto jurídico de hacerlo en uno sería igual, por lo que expliqué, pero si ustedes quieren, primero votaremos las que se aceptan, y después las que no se aceptan; aunque la forma de plantear el efecto era igual.

Agotadas las reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación de los siguientes artículos: 12, 30, 31, 32, 66, 75, 87, 94, 95, 104 y 131 de la Ley Federal de Competencia Económica, con las modificaciones que fueron aceptadas por la Asamblea.

Votaremos también el artículo 254 Bis 1 al Código Penal Federal; y votaremos el Artículo Quinto Transitorio con la propuesta de modificación aceptada; y la adición de un nuevo Artículo Tercero Transitorio del proyecto de Decreto y de un Séptimo Transitorio.

Vamos a tener que reprogramar el sistema de votación unos 30 segundos, y lo abrirán, por favor, si no nos lo van a trabar como otras veces.

Les recuerdo que cuando cambiamos la forma de votación del guión, tarde entre 30 segundos, un minuto, minuto y medio, les aviamos desde hace varios meses a los coordinadores, como se concedió la petición, los está generando en el sistema.

Ya está, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos ya descritos.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos a favor, 4 en contra y una abstención.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 12, 30, 31, 32, 66, 75, 87, 94, 95, 104 y 131 de la Ley Federal de Competencia Económica, con las modificaciones que fueron aceptadas por la Asamblea.

Aprobado el artículo 254 Bis 1 al Código Penal Federal, y aprobados los Artículos Quinto Transitorio; un nuevo Artículo Tercero Transitorio, y un nuevo Artículo Séptimo Transitorio al proyecto de Decreto.

Ahora vamos a votar el otro tramo de las reservas.

Los artículos 3, 5, 6, 9, 10, 23, 24, 52, 56, 57, 91, 97, 100, 127 y 135 de la Ley Federal de Competencia Económica, a los que no les fueron aceptadas las propuestas de modificación los votaremos en los términos del dictamen. Lo mismo que el artículo 254 Bis del Código Penal Federal.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos ya descritos, en términos del dictamen.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 79 votos a favor, 19 en contra y una abstención.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. Quedan aprobados los artículos 3, 5, 6, 9, 10, 23, 24, 52, 56, 57, 91, 97, 100, 127 y 135 de la Ley Federal de Competencia Económica, lo mismo que el artículo 254 Bis del Código Penal Federal. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforman y adicionan diversos artículos al Código Penal Federal. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Hago de su conocimiento que las proposiciones inscritas en el Orden del Día, se turnarán a comisiones.






PROPUESTAS

De los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar lo conducente en términos presupuestales a efecto de levantar una nueva actualización del Censo Nacional Agrícola, Ganadero y Forestal, así como el Censo Ejidal. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.








De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a defender a los residentes en el exterior. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXORTAAL PODER EJECUTIVO FEDERAL DEFIENDA LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

LAYDA SANSORES SAN ROMAN, senadora integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al grupo parlamentario del partido del trabajo, con fundamento en el artículo 73 fracciones xvi y xx de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 108 y 276 del reglamento del senado de la república, someto a consideración de esta soberanía el siguiente: PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FIN QUE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y DIVERSOS CONSULADOS ESTABLECIDOS EN LA UNION AMERICANA DEFIENDAN RESIDENTES EN EL EXTERIOR Y NO SOLO REFIERA LA PROTECCION LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS.

CONSIDERACIONES

La población de mexicanos en Estados Unidos (EU) alcanza 33’ 558,000 (Treinta y tres millones, quinientos cincuenta y ocho mil), que constituye el 10%.8 de la población general en los EU; 64.6% de los residentes latinos y el 33% de migrantes.

Durante la administración de Barack Obama se han deportado 2 millones de migrantes indocumentados, 71% son de origen mexicano. Según la Reforma Migratoria de los 11 millones de indocumentados que beneficiaría, 80% son de origen mexicanos, de los que cinco millones son nacidos en EU.

La comunidad mexicana residente en el exterior actual es de aproximadamente dos millones de personas, unos cuyo trámite para obtener la calidad de residentes permanentes ya ha sido aceptado y otros que se encuentran en la larga lista de espera, cuyas edades oscilan de los 17 años en adelante.  

Se incluyen por una parte, los mexicanos con hijos nacidos en Estados Unidos (EU), y aquellos  a quienes se les ha otorgado el estatus de acción diferida, es decir, mexicanos que no son deportables a raíz del Decreto Presidencial que Barack Obama otorgo a la comunidad latina, previamente a la elección de 2012. Y por la otra, los que están en peligro de ser deportados:

Mexicanos que cuentan con antigüedad en el país y que a pesar de que el Presidente Obama propuso una reforma migratoria que incluía la regularización migratoria de 11 millones de indocumentados. Fue aprobada por unanimidad en el senado estadounidense.

Actualmente diversos gobiernos locales (municipales) de EU así como varias organizaciones sociales, sindicales de trabajadores agrícolas, académicas, políticas y religiosas han elevado su voz y hecho pública su petición para que el gobierno de EU suspenda temporalmente las deportaciones, mientras se define la reforma migratoria presentada por el presidente Barack Obama.

El presidente Obama en su último informe a la nación, advirtió al Congreso, controlado por los republicanos, que si en 90 días no resolvían la reforma migratoria, él mismo decretaría de inmediato lo que fuera conveniente y necesario, para garantizar la protección de la ciudadanía estadounidense en primera instancia y en segunda, prevenir la violación de los derechos humanos de la comunidad migrante en general.

Barack Obama se justifica, que la razón por la que no ha detenido las deportaciones, que en los seis años de su gobierno superan los dos millones en su mayoría mexicanos (80%); es porque no quiere inclinar parcialmente la balanza para beneficio de una etnia o grupo social en particular y ser posteriormente acusado por sus enemigos políticos de no saber cumplir con la ley o de aplicarla justamente.

Es nuestra opinión, es que el presidente Obama, en una decisión unilateral, sin tener que modificar ninguna Ley federal y sin la participación del Congreso estadounidense, puede hacer valer las leyes vigentes sobre migración, como lo proponen las organizaciones de la sociedad civil en EU. De aquí se desprenden las obligaciones del gobierno mexicano con sus connacionales:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado lunes 14 de marzo de 2014, Peter Anthony Schey, presidente del Centro de Derechos Humanos y Derechos Constitucionales, con sede en Los Angeles, California, dirigió al Presidente Barack Obama; Jeh Johnson, Secretario del Departamento de Seguridad Nacional; Eric H. Holder, Procurador General de Justicia de los Estados Unidos, la siguiente:

Carta con propuestas puntuales para exponer los pasos inmediatos que la Administración (Obama) puede y debe tomar en consideración para reducir drásticamente las consecuencias adversas en los migrantes que trabajan en  los EU, por los graves abusos contra los derechos humanos sufridos por una gran población indocumentada y las consecuencias severas e irracionales provocadas por las políticas de la administración de las deportaciones masivas de los migrantes, el enredo con la policía local a través del programa denominado “Comunidades Seguras”, y la criminalización sin precedentes de personas que ingresan sin inspección (Operación Streamline).

A continuación se transcriben una serie de propuestas de gestión sencilla, racional y rentable que protejan mejor a los trabajadores estadounidenses, a los derechos humanos de los inmigrantes y establezcan las bases para la acción eventual del Congreso (EU) para mejorar las leyes disfuncionales actuales de inmigración.

Estas mismas sugerencias fueron hechas cuando el gobierno (Barack Obama) llegó al poder hace seis años, solicitando ahora sean consideradas seriamente]. 

El Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional ha representado a varios millones de inmigrantes en los casos de acción colectiva en todo el país y en todo el Estado – más que cualquier otro grupo de la ley en el país – y ha ayudado previamente un proyecto de ley bipartidista.1

Están muy familiarizados con las formas en que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), en particular en su forma enmendada en 1996, y las políticas de su administración han tenido consecuencias imprevistas y posiblemente adversas tanto para los trabajadores de los EU, las empresas y las familias inmigrantes, ellas reciben aportaciones de miles de organizaciones de inmigrantes, comunitarias y religiosas, los sindicatos y los líderes del mundo empresarial sobre una base regular.

En pocas palabras, las políticas administrativas en los últimos seis años han:

1. Provocado la deportación de cientos de miles de familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales;

2. Dado lugar a decenas de miles de condenas penales de las personas por nada más  entradas sin inspección. (Por lo que es difícil o imposible para estos inmigrantes legalizar su estado en el futuro);

3. Dado lugar a cientos de miles de migrantes de ser despedidos de un empleo estable (a través de “la auditoria en sitio de trabajo” que se pierde en gran medida en los talleres clandestinos) forzó a su vez a los talleres clandestinos y a los empleadores sin escrúpulos a buscar mano de obra barata de (menos del 1% abandona los EU);

4. Desanimado a miles de inmigrantes de denunciar los delitos graves por miedo a la exposición a la deportación;

5. Encarcelado a más inmigrantes que nunca antes, con un enorme costo para el erario público y sin las sonadas razones de seguridad pública; y

6. Causadas muertes innecesarias y trágicas a lo largo de la frontera.

A estas alturas debería estar claro que estas políticas no han hecho nada para avanzar en el objetivo de la reforma migratoria integral. Muchas de las propuestas que a continuación se expresan, se encuentran en línea directa con los mismos principios que la extensión de la Administración de Obama sobre el Estado de Acción Diferida a ciertas llegadas juveniles.

1. Status de Acción Diferida (DAS): DAS deben inmediatamente extenderse a la mayor población posible. La Administración debería considerar la ampliación del DAS a todos los inmigrantes que serían elegibles para solicitar la legalización bajo el proyecto del Senado. Conceder a los inmigrantes DAS y autorización temporal de empleo se beneficiarán de inmediato los trabajadores estadounidenses (eliminando el incentivo desleal de los empleadores sin escrúpulos que contratan a inmigrantes indocumentados por encima de los ciudadanos estadounidenses calificados) y la comunidad de negocios que a menudo contrata a trabajadores indocumentados y a pesar de cumplir con las leyes federales de sanciones a empleadores, sufren pérdidas repentinas de sus trabajadores por las redadas fabriles del ICE.  es importante  otorgar a estos inmigrantes Advance Parole para que puedan viajar por breves estancias al extranjero. Cientos de miles de inmigrantes con peticiones de visas aprobadas se encuentran actualmente bloqueados de obtener el estatus de residente legal permanente por la prohibición de diez años de 1996 (salvo el estatus de residente legal durante diez años a causa de la condición de indocumentado por un año en EE.UU.) podría bien ajustar su estatus si se concede por adelantado libertad condicional que les permite salir brevemente los EE.UU. y regresar legalmente.

Entre varios subgrupos de inmigrantes a los que se les debe otorgar DAS por acciones especiales y de residencia a largo plazo aquí, incluyen:

(A) Los inmigrantes que residen en los EE.UU. con la familia aprobada y con peticiones de visas relacionadas con el trabajo que no pueden recibir el estatus de residente permanente a causa de los retrasos de visado o por la “tolerancia cero” de 1996 con prohibiciones  a la legalización (por ejemplo, la gente que hace muchos años hicieron una sola reclamación falsa a la ciudadanía o los que simplemente han vivido en los EE.UU sin autorización por más de un año). Ni los retrasos, ni las prohibiciones de 1996 han causado que estos inmigrantes con peticiones de visas aprobadas a la auto deportación. En su lugar, simplemente permanecen aquí en condición de indocumentados y no pueden tomar ventaja de sus peticiones de visa aprobada. Estos inmigrantes que ya están “en el sistema de USCIS.” DHS sabe quiénes son, dónde viven, sus números de seguridad social, antecedentes penales, etc.  Dado que ya están “en el sistema”, y no van a salir del país, es muy poco probable de sean aprehendidos, y si se juega en gran medida con las reglas, otorgar a esta población la Acción de Estado Diferido sería la política más racional.

(B) Los padres de ciudadanos estadounidenses. Los padres de niños ciudadanos estadounidenses no pueden solicitar el estatus de residente permanente legal hasta que el niño cumpla los 21 años de edad. Incluso entonces, el 99,99% de estos inmigrantes se enfrentan a una penalidad de 10 años al estar aquí por un año o más en situación de indocumentados (aunque sea sin cometer crimen). En virtud de las enmiendas de 1996, no hay renuncia a la penalidad para que los padres que han criado hijos ciudadanos estadounidenses aquí durante 21 años, a pesar de que existe una exención disponible para alguien que se ha casado hace dos semanas a través de Internet. Al igual que los otros grupos descritos anteriormente, estos inmigrantes han estado aquí por muchos años y es poco probable que vía la auto-deportación, o que puedan ser aprehendido o se retiren, al menos que cometan delitos, pero eso es muy raro. Sin autorización de empleo, la gran mayoría de estos inmigrantes trabajan para empleadores que prefieren a trabajadores indocumentados sobre los trabajadores igualmente calificados de Estados Unidos.

(C) Los inmigrantes con casos administrativamente cerrados. En el marco del ICE Morton memo, varios miles de inmigrantes con acciones especiales han tenido sus casos de remoción administrativamente cerrado, pero no se les ha concedido una autorización temporal de empleo. Ellos “en el sistema”, ICE, sabe quiénes son, dónde viven, sus números de seguro social, etc.  Sin autorización de empleo, esto obliga a la gran mayoría de estos inmigrantes a trabajar violando la ley federal y alienta a sus empleadores para explotarlos y los prefieren sobre los trabajadores estadounidenses. A ellos se les debe conceder la Acción de Estado Diferido, ahora.

(D) Los inmigrantes con reclamos pendientes relacionados con el empleo. Una política sólida sugiere que los trabajadores con reclamos relacionados con el empleo, que a menudo afectan a los trabajadores estadounidenses y las condiciones de trabajo, no deben temer a su expulsión si se presentan para lograr que la práctica Justa de empleo a la atención de las autoridades. Estos inmigrantes involucrados en conflictos laborales, unidades sindicales o con reclamaciones laborales pendientes se les debe conceder Acción de Estado Diferido para fomentar el cumplimiento den el trabajo con mano de obra federal y estatal, la salud, la seguridad, y las leyes contra la discriminación.

(E) Los menores abusados y abandonados no acompañados. Bajo la actual política, los menores no acompañados, detenidos por el DHS, se colocan en un proceso de deportación. Ante la ausencia de reglas para que se proporcione abogado a expensas del Estado, como ocurre en otros asuntos civiles relacionados con los niños, la mayoría de estos niños se enfrentan a las audiencias de remoción sin ningún tipo de abogado que represente sus intereses. El número de niños no acompañados que llegan a los EE.UU., después de haber huido de la violencia y el trauma en sus países de origen, ha aumentado a niveles históricos. Hasta el momento en que el principio “interés superior del niño” puede ser acogido con respecto a la niñez, el DHS debería dejar de someterlos a los duros rigores de un proceso de deportación. Ello, beneficiaría a la inmigración ya sobrecargada y los atrasados tribunales y permita que estos niños busquen remedios administrativos fuera del limitando tiempo y contexto con la eliminación procedimientos.

(F) Ampliar el programa DACA a todos los inmigrantes que ingresaron antes de los 16 años, independientemente de su edad actual y actualizar el corte de residencia continua al 15 de junio de 2013. Lo racional para estos ajustes es en primer lugar lo mismo que los que llevó a la aprobación del programa DACA. Estos cambios mejorarían las fechas de corte arbitrario seleccionado en el programa inicial DACA.

(G) A los padres de los inmigrantes se les conceda la condición de DACA. Por definición, este grupo ha vivido continuamente en los EE.UU. desde hace muchos años (probablemente la mayoría más de 20 años). Han planeado a sus niños aquí. Sus hijos ya se les han concedido el estado temporal. Este grupo es muy poco probable que partir voluntariamente de los EE.UU. y ser separados de sus hijos y probablemente, más del 90% nunca será detenido o deportado (aparte de si cometen delitos). La mayoría son probablemente elegibles para solicitar estancias de un proceso de deportación bajo el llamado memorándum del ICE Morton. Sin embargo, esto no les da autorización temporal de empleo. Como se indicó anteriormente, sin la autorización de empleo, la gran mayoría de estos inmigrantes trabajan para empleadores que prefieren trabajadores indocumentados sobre los trabajadores igualmente calificados de Estados Unidos.

Si bien la ampliación del DAS al mayor número de inmigrantes posibles, daría mayor protección a los trabajadores estadounidenses, reduciría la explotación laboral, y aumentaría el pago de impuestos, creemos que los sub-grupos identificados anteriormente se encuentran entre los grupos más obvios para que el Ejecutivo extienda la Acción del Estado Diferido.

2. La limitación de la Operación Streamline: A pesar de la disminución de los cruces ilegales de la frontera EE.UU. México (que probablemente representa sólo el 45% de la población indocumentada en los EE.UU.), los procesos penales y deportaciones sumarias se han disparado en los últimos seis años. Bajo la Operación Streamline decenas de miles de inmigrantes han sido procesados en los tribunales federales por la entrada sin inspección, muchos tras breves visitas a su pueblo, porque un padre u otro pariente cercano estaban gravemente enfermo o muriendo. Estos procesos terminan o hacen la habilidad del inmigrante, extremadamente difícil para legalizar su situación en el futuro, resultan en cargos por delito grave tras un segundo intento de entrar sin inspección. Esto obstruye a los tribunales federales, con decenas de miles de casos de delitos menores en su mayoría, dejando menos recursos de observancia disponibles para hacer frente a los principales casos de drogas y de contrabando, y que se asocian con costos mayores: (detención, alguaciles, jueces, fiscales y abogados defensores de oficio).

La Operación Streamline también se utiliza para sumariamente “deportar” a través de las órdenes de “expulsión acelerada” miles de inmigrantes detenidos cerca de la frontera. Estas son órdenes de bloquear la futura inmigración legal. Tal como sucedió durante décadas antes de que la Operación Streamline entrara en vigor, entonces la mayoría de los participantes por primera vez se les debería conceder la “salida voluntaria” con las advertencias de que una segunda aprehensión puede resultar en la deportación formal que podría bloquear su futuro legalización. Los procesos penales deberían de ser para contrabandistas, traficantes de inmigrantes con antecedentes penales graves, quienes tratan de volver a entrar ilegalmente. También cabe anotar que aunque los mexicanos y centroamericanos solo constituyen el 45% de la población indocumentada,  el 99% de estos son los que enfrentan cargos criminales.

3. Limitar el Plan de Comunidades Seguras y los programas INA § 287(g): Terminar el programa (“S-Comm”) Comunidades Seguras. S-Comm (arrestos tras informes a la policía local de los inmigrantes indocumentados a ICE) se traduce en miedo a la policía, desalienta a los inmigrantes indocumentados, los inmigrantes con peticiones de visas pendientes y los inmigrantes legales con miembros indocumentados de la familia de presentar denuncias de delitos violentos o de cooperar con las investigaciones penales, y con frecuencia canaliza personas ante el sistema de deportación a pesar de la insignificancia de sus presuntos delitos.

Por las mismas razones, la dependencia de los programas 287 (g) debe ser reducido o eliminado. La práctica de colocar a los inmigrantes en custodia local por migración, también debe modificarse para no “apresar” por más de 24 a 48 horas, que es el tiempo que ICE tendría que mantener a un detenido antes de ser llevado ante un juez de inmigración.

4. Límite de detención mediante el fomento de la utilización de Fianzas administrativas y OR: Las Detenciones bajo esta administración se han disparado con miles de inmigrantes detenidos por el proceso de deportación a pesar de que es muy probable que comparezcan si se liberan bajo fianza o bajo condiciones de información adecuados. Esta práctica es extremadamente costosa (aunque con el apoyo de empresas privadas que se benefician de la política de detención) separa a los miembros de la familia durante meses o años, mientras que la deportación de los inmigrantes está siendo evaluada por un sistema de jueces de inmigración con exceso de trabajo y muy atrasado. Entre otras cosas, el ICE debería adoptar a nivel nacional, la decisión de Rodríguez contra Robbins que exige que los inmigrantes detenidos bajo INA § 236c darles audiencia a los seis meses de su detención. ICE detiene a más de 425.000 inmigrantes cada año a un precio de $ 2 mil millones, a pesar de que la gran mayoría de los inmigrantes no necesita ser encerrados para asegurar su comparecencia en el tribunal o para proteger al público de cualquier daño.

5. Reducir muertes en la frontera: Informar a los inmigrantes detenidos en la frontera que cooperan en el enjuiciamiento de los traficantes violentos y traficantes sobre la disponibilidad de visas U y T. Informar a los menores no acompañados abusados y abandonados aprehendidos a lo largo de la frontera de la disponibilidad de visas SIJ. Colocar luces de rescate a lo largo de la región fronteriza. Restringir el uso de la fuerza letal utilizado por la Patrulla Fronteriza a las circunstancias en las que los hechos objetivos indican vidas de la Patrulla Fronteriza o la vida de otros se encuentran en peligro inminente. Prohibir el uso de alta velocidad de la Patrulla Fronteriza con que persigue cuando un número de inmigrantes son los pasajeros de los vehículos utilizados por los contrabandistas. Numerosas muertes innecesarias han sido causadas por estas persecuciones de la Patrulla de Fronteriza de alta velocidad después de los últimos años. La tecnología puede ser utilizada para rastrear el vehículo del contrabandista sin participar en persecuciones a alta velocidad peligrosas.

6. Ampliar reglamentos “usados de anterioridad” bajo INA § 245i:  Bajo INA § 245i como se interpreta en los reglamentos actuales inmigrantes que tenían una petición presentada por ellos en o antes del 30 de abril de 2001, puede ajustar su estatus en los EE.UU. sobre la base previa a Abril 2001 peticiones o sobre la base de nuevas solicitudes presentadas después de abril de 2001 Este de protección es de suma importancia ya que la absurda de 1996 de penas de 3 a de 10 años (y otras penas relacionadas) en vigor, exige que los inmigrantes con peticiones de visas aprobadas que no son elegibles para ajustar su estatus dentro de los EE.UU. y tiene que regresar a sus países de origen para obtener la condición de residente legal y que debe permanecer en sus países de origen durante diez años. Estas penalidades no han causado que los inmigrantes no elegibles puedan obtener la residencia permanente y salir de los EE.UU., sino que ha multiplicado la población indocumentada que vive en los EE.UU. Mientras que una solución legislativa es probable que sea necesario, la Administración de Obama podría ampliar las regulaciones (8 CFR 245.10 (a) que definen quien es elegible bajo 245i (que permite a ciertos inmigrantes para obtener la residencia permanente en los EE.UU. y por lo tanto reciben penas de 3 a10 años) que incluyen, por ejemplo, los inmigrantes principales cuyos cónyuges tienen derechos adquiridos en virtud de la normativa vigente, e inmigrantes sustituidos en una Solicitud de Certificación de Empleo Extranjero radicarse en o antes de abril 30 de 2001 (ya que el Aviso de Aprobación I-140 se emite a nombre del inmigrante sustituido y lleva la fecha de prioridad antes del 30 de abril de 2001).

CONCLUSION:

La carta insta a considerar que la adopción de estas recomendaciones daría lugar a que cientos de miles de inmigrantes puedan ser elegibles para obtener rápidamente el estado de residente permanente legal, bajo las leyes actuales de los EU y proporcionar protección temporal a los demás migrantes con acciones especiales, muchos de ellos ya en el sistema del DHS. 

Finaliza agradeciendo su cooperación y marca copias simple a: Alejandro Mayorkas, Secretario Adjunto del Departamento de Seguridad Nacional, Thomas S. Winkowski, Subsecretario Adjunto Principal, el ICE, Cecilia Muñoz, Directora de la Casa Blanca Consejo de Política Nacional.2

PUNTO DE ACUERDO

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, EL CUERPO DIPLOMATICO, CONSULADOS Y LA DIRECCION DE PROTECCION A MEXICANOS EN EL EXTERIOR, EN BASE AL PRINCIPIO PRO PERSONA, CONTEMPLADO EN EL ARTICULO PRIMERO DE LA CONSTITUCION GENERAL, DEFIENDA Y NO SOLO REFIERA A LOS CONACIONALES CON DERECHOS ADQUIRIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS.

PRIMERO.- Se solicita a la Mesa Directiva, demandar del Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Cuerpo Diplomático, Consulados y la Dirección de Protección a Mexicanos en el Exterior, en base al principio pro persona, contemplado en el artículo primero de la Constitución General defienda y no sólo refiera a los connacionales con derechos adquiridos en los Estados Unidos.

SEGUNDO.- se exhorta al Poder Ejecutivo, para que con su participación inmediata y directa a través de los consulados defiendan social, económica y jurídica a la comunidad migrante que ha cumplido con los tramites y calificado para la regularización de su status migratorio, o se encuadre en la propuesta de solución o en cualquiera de las formas anteriormente descritas.

Y a quienes vean amenazados sus derechos adquiridos, por la política de cuotas de deportación vigentes que cobran al menos 1,100 migrantes indocumentados por día que pasa por la separación inhumana de sus familias y la pérdida de sus derechos y de su antigüedad;

TERCERO.- Se suspendan temporal las deportaciones en tanto se define el status migratorio de permanente, no a la separación de las familias, no al abandono de la niñez por cuestiones migratorias; por lo que deberán garantizar la libertad provisional, bajo palabra, fianza o caución respaldada por el Estado mexicano.

Si los banqueros, lo carretoneros y otros grupos sociales han obtenido del Estado mexicano el respaldo económico para evitar su bancarrota, hoy corresponde otorgar ese crédito y respaldo a los migrantes mexicanos y sus familiares que residen, trabajan y defienden sus derechos adquiridos en los Estados Unidos”.

1 (1986 IRCA y el LIFE Acto. 2000).

2 Jacques y Medina, Jacques, Publicada en Revolución 3.0. (M3) México 14 de abril, 2014.






De las Senadoras María Lucero Saldaña Pérez y Ana Gabriela Guevara Espinoza, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a convocar a grupos de niñas y adolescentes para que asistan a una sesión especial en las Cámaras de Senadores y Diputados con el fin de que vivan una experiencia de participación política y ejercicio de la ciudadanía. Se turna a la Comisión para la Igualdad de Género.








Las efemérides inscritas en la agenda de hoy, se insertarán en el Diario de los Debates.

EFEMERIDES

Del grupo parlamentario del PRI, en ocasión del aniversario del natalicio de Don Belisario Domínguez Palencia.








Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, en conmemoración del “Día Mundial del Paludismo”.

Día Mundial del Paludismo
25 de Abril

SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES

El 25 de abril se conmemora el Día Mundial del Paludismo, instituido por los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2007 y es la ocasión para hacer notar la importancia de invertir en la prevención y el control de la enfermedad y en mantener el compromiso político con este objetivo.

El paludismo o malaria es una enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium que infectan los glóbulos rojos de la sangre o eritrocitos, debido a esto, el paludismo puede producir anemia e inflamación del hígado y el bazo; si la infección no se trata a tiempo, pueden presentarse complicaciones hasta llegar a un cuadro severo, afectar otros órganos y en algunos casos provocar la muerte.

Si bien desde el año 2000 la tasa de mortalidad por paludismo ha disminuido en más de 25% a nivel mundial, esta enfermedad aún sigue afectando a la población. Según la OMS, durante 2010 se produjeron cerca de 219 millones de casos (con un margen de incertidumbre de entre 154 millones y 289 millones) que ocasionaron el fallecimiento de aproximadamente 660 mil personas (con un margen de incertidumbre de entre 490 mil y 836 mil). 

En México el paludismo por Plasmodium falciparum ha sido eliminado, mientras que  Plasmodium vivax continúa produciendo la enfermedad en algunos lugares de Oaxaca, Chiapas y Sinaloa. De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en 2011 se presentaron 714 casos de paludismo por Plasmodium vivax (411 hombres y 303 mujeres), siendo el grupo de 25 a 44 años de edad los más afectados con 165 casos. 

Hoy es una ocasión para poner de relieve la necesidad de inversiones continuas y de un compromiso político duradero para la prevención y el control del paludismo.

Es también una oportunidad para que los países de las regiones afectadas aprovechen las experiencias de los demás y se presten apoyo mutuo; los nuevos donantes se adhieran a una alianza mundial contra el paludismo; las instituciones de investigación y académicas expongan sus adelantos científicos a los expertos y el público en general: y los asociados internacionales, las empresas y las fundaciones den a conocer sus actividades y reflexionen sobre el modo de intensificar las intervenciones.

ATENTAMENTE

Viernes 25 de Abril de 2014

H. CAMARA DE SENADORES

Sen. FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO






Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, en conmemoración del 151 aniversario del natalicio de Don Belisario Domínguez Palencia.

ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA
SENADOR DE LA REPUBLICA

151 Aniversario del natalicio del Sen. Belisario Domínguez Palencia

Con la venia de la Mesa Directiva

Con la venia de mis compañeras y compañeros Senadores

A todo México

Acudo a esta tribuna a rendir honores bajo un respetuoso reconocimiento al espíritu de altísima justicia que nos heredó el Senador Belisario Domínguez Palencia, mexicano destacado quien bajo sus palabras y su misma sangre fertilizó el sentimiento de la justicia y la libertad de expresión en México.

Hoy honramos al hombre que nos alumbró a base de valor, convulsionando las más altas estructuras de poder y que gestó una mirada nacional que alumbro el miedo y esfumó a la cobardía con su ejemplo y solidez moral, política y patriótica.

Recordemos que el Senador Don Belisario Domínguez vivió y actuó dentro de un cuadro de orden político social de temerosa violencia y represión. Sin embargo, ha sido un máximo exponente defensor de la libertad, la paz y la justicia dentro de la sociedad. 

Estoy seguro que si actualmente viviera el Senador Belisario Domínguez, nos acompañaría con decisión en esta legislatura para no permitir que la dictadura del entreguismo y el totalitarismo, permee en este actual proceso de elaboración y aprobación de diversas leyes secundarias.

Bien sabemos que de acompañarnos en esta legislatura, el Senador Belisario Domínguez sería el primero en encabezar el análisis y discusión en defensa del bien de la nación; navegando a contra corriente y enfrentándose con argumentos y dignidad ante aquellos que vestidos de legisladores se aferran a manipular facciosamente en contra del pueblo y a favor de unos cuantos empresarios a quienes vergonzosamente obedecen.

En el marco del 151 aniversario del nacimiento de uno de los máximos exponentes de este Senado de la República, el Grupo Parlamentario del PRD se pronuncia ante el pueblo de México para expresar su más profundo rechazo a todas aquellas prácticas de intimidación y represión por parte de grupos de poder en contra de los máximos intereses de la nación.

Y al igual que Don Belisario Domínguez, con valentía y dignidad señalaremos toda aquella violación que se pretenda realizar en los procesos legislativos que busquen privilegiar a unos cuantos grupos en pago a favores y prebendas electorales; sin importar la miseria cultural y económica en la que se sobrevive día con día el pueblo de México.

Es tiempo de que el esfuerzo del Senador Belisario Domínguez se materialice y se cumpla ejemplarmente. Como Senadores, debemos actuar con su espíritu: con congruencia, impulsando la entereza, la audacia, el heroísmo y casi la locura, de expresar una justa apreciación del nefasto intento de manipulación.

En el grupo parlamentario del PRD no claudicaremos en esta coyuntura legislativa, actuaremos como el pueblo de México lo merece, sin titubeos e incertidumbres y siempre desenmascarando a los falsos apóstoles, caudillos y farsantes capaces de conducirse en insondables abismos de maldad y de corrupción.

Sabemos que existe un choque de ideas, diferencia de criterios; pero México tiene ansias de prosperidad.

Es cuanto”.

 






Del Senador Roberto Armando Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, en ocasión del 151 aniversario del natalicio de Don Belisario Domínguez Palencia.








Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, en conmemoración del 151 aniversario del natalicio del Don Belisario Domínguez Palencia.








CITA

Se cita a la siguiente sesión el lunes 28 de abril a las 11:00 horas.

¡Que tengan buena tarde y buen fin de semana!

(Se levantó la sesión a las 17:13 horas)

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