Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 10 de diciembre de 2017
    
    

Última actualización: noviembre 2017
Última revisión: noviembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 32



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 28 de Abril de 2014

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: (11:53 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del resultado de la asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 87 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Se abre la sesión del lunes 28 de abril correspondiente al segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL VIERNES
VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y nueve minutos del día viernes veinticinco de abril de dos mil catorce, encontrándose presentes ochenta y un ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió de las Senadoras María Lucero Saldaña Pérez y Ana Gabriela Guevara, Informe de sus actividades en su Viaje de Estudio a Islandia, los días 3 y 4 de abril del año en curso, en el marco de los trabajos realizados por el Foro Global de Mujeres en Parlamentos.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Desarrollo Rural, “Programa de la Consulta sobre la Reforma del Campo”.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, los siguientes proyectos de decreto, que se acompañan de sus correspondientes dictámenes de impacto presupuestario:

1) Por el que se reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional.

2) Por el que se reforma el diverso que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

3) Por el que se reforma la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.

Se turnaron a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, la terna para la designación del Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por un periodo de cinco años, compuesta por los siguientes ciudadanos:

1) Oscar Jaime Roldán Flores,
2) Guillermo Ignacio García Alcocer y
3) Juan Carlos Zepeda Molina.
Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México para que participen fuera de los límites del país, en el Ejercicio Combinado "TEAMWORK SOUTH 2014" y en la Feria Naval y Marítima "EXPONAVAL-TRANSPORT 2014", que se llevarán a cabo del 24 de noviembre al 5 de diciembre y del 3 al 5 de diciembre de 2014, respectivamente, en el Puerto de Valparaíso, Chile.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina.

 

Se recibieron la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite los siguientes instrumentos internacionales:

1) Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado en la Ciudad de México, el 1 de noviembre de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia.

2) Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre Extradición, firmado en la Ciudad de México, el 1 de noviembre de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia.

3) Protocolo Adicional al Acuerdo Inicial de Complementación Económica No. 51 celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, suscrito en la Ciudad de México, el 1 de noviembre de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial.

4) Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba sobre Reconocimiento y Revalidación Mutuos de Títulos, Diplomas y Estudios de Educación Superior, firmado en la Ciudad de México, el 1 de noviembre de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Educación.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación ambiental.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 3º de la Ley General de Población.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Ernesto Gándara Camou, a nombre propio y de la Senadora María Verónica Martínez Espinoza del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de Amparo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 6º de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto para modificar la fracción III del artículo 61 y la fracción III del artículo 64 y adicionar la fracción III Bis al artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de atención a la salud de las niñas y niños prematuros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Desarrollo Municipal y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa alusiva al Centenario de la Toma de Zacatecas.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y de la Escuela Médico Naval a bordo de los buques Auxiliar Multipropósito ARM "HUASTECO" (AMP 01) y Patrulla Oceánica ARM "DURANGO" (PO 151) de la Armada de México, fuera de los límites del país para que realicen viajes de prácticas del 19 de junio al 15 de julio de 2014 y del 1o. al 25 de julio de 2014, respectivamente.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio "Cuenca del Pacífico" (RIMPAC-2014), que se llevará a cabo del 27 de junio al 1 de agosto de 2014 en las Islas Hawái, Estados Unidos de América.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para participar en el ejercicio anfibio "Sociedad de las Américas" (POA-2014), que se llevará a cabo del 11 al 22 de agosto de 2014, en el Fuerte Aguayo y Puerto Aldea, Chile.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio Multinacional "UNITAS LV PERU 2014" con una Patrulla Oceánica ARM "SONORA" (PO 152), un helicóptero, 13 elementos de Infantería de Marina embarcados y 4 capitanes para integrarse en el Estado Mayor conjunto del ejercicio e intercambio con otras unidades participantes, ejercicio que se llevará a cabo del 11 al 27 de septiembre de 2014, en la República del Perú.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se aprueba la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el marco de la Octava Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto.- Quedará de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo para el establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México en la Ciudad de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, el doce de octubre de dos mil doce.- Quedará de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos para evitar la Doble Imposición y prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la Ciudad de Abu Dhabi, el veinte de noviembre de dos mil doce.- Quedó de primera lectura.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforma el artículo 254 bis del Código Penal Federal.- Para la presentación del dictamen, intervinieron los senadores:

Héctor Larios Córdova, por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial; José Ascención Orihuela Bárcenas, por la Comisión de Fomento Económico; Alejandro Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

La Senadora Dolores Padierna Luna presentó voto particular, a nombre propio y de los Senadores Alejandro Encinas y Benjamín Robles Montoya.

Los posicionamientos de los grupos parlamentarios, estuvieron a cargo de los senadores: David Monreal Avila del PT; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM; Armando Ríos Piter del PRD; Octavio Pedroza Gaitán del PAN; y Braulio Fernández Aguirre del PRI.

En la discusión en lo general, hicieron uso de la palabra los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT en contra; Benjamín Robles Montoya del PRD para razonar voto; Francisco Búrquez Valenzuela del PAN a favor; René Juárez Cisneros del PRI a favor; Mario Delgado Carrillo del PRD a favor; Manuel Cavazos Lerma del PRI a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD a favor; Martha Palafox Gutiérrez del PT para razonar voto; Luz María Beristáin Navarrete del PRD para razonar voto.

El Presidente de la Mesa Directiva informó de las siguientes reservas al dictamen:

•Por las comisiones: a la Ley Federal de Competencia Económica, los artículos 12, 30, 31, 32, 66, 75, 87, 94, 95, 104 y 131; al Código Penal Federal, la adición de un artículo 254 BIS 1; el Artículo Transitorio Quinto, la propuesta de adición de un Artículo Transitorio Tercero y la eliminación del Sexto Transitorio.

•Por el Senador David Monreal Avila, a la Ley Federal de Competencia Económica, los artículos 5, 6, 12, 66, 91, 100, 127, 135; al Código Penal Federal, el artículo 254 BIS.

•Por el Senador Benjamín Robles Montoya, a la Ley Federal de Competencia Económica, el artículo 12.

•Por el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, a la Ley Federal de Competencia Económica, el artículo 56.

•Por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, a la Ley Federal de Competencia Económica, los artículos 5, 10, 23, 24 Y 30.

•Por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, a la Ley Federal de Competencia Económica, los artículos 12 Y 52; y al Código Penal Federal, el artículo 254 BIS.

•Por el Senador Isidro Pedraza Chávez, a la Ley Federal de Competencia Económica, los artículos 3 Y 9.

•Por el Senador Mario Delgado Carrillo, a la Ley Federal de Competencia Económica, los artículos 5, 6, 12, 56, 57, 66, 94, 97; y la adición de un Séptimo Transitorio.

El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por 107 votos en pro, 5 en contra y 1 abstención.

La Mesa Directiva dio cuenta con las propuestas de modificación de las comisiones, las cuales fueron aceptadas.

El Senador David Monreal Avila presentó sus propuestas de modificación, la cuales no se admitieron a discusión.

El Senador Benjamín Robles Montoya presentó su reserva, la cual no se admitió a discusión.

La Mesa Directiva dio cuenta con la propuesta de modificación del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, la cual no se admitió a discusión.

La Mesa Directiva informó que el Senador Fidel Demédicis Hidalgo entregó el texto de su intervención, la cual no contienen propuestas de modificación.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio presentó sus propuestas, las cuales no se admitieron a discusión.

El Senador Isidro Pedraza Chávez presentó sus propuestas de modificación, las cuales no se admitieron a discusión.

El Senador Mario Delgado Carrillo presentó sus propuestas de modificación, las propuestas a los artículos de la Ley Federal de Competencia Económica no se admitieron a discusión; la propuesta de adición de un Artículo Séptimo Transitorio fue aprobada.

Agotada la presentación de las reservas, se procedió a la votación de los artículos 12, 30, 31, 32, 66, 75, 87, 94, 95, 104 y 131 de la Ley Federal de Competencia Económica, con las modificaciones que fueron aceptadas por la asamblea; así como de la adición del artículo 254 Bis1 al Código Penal Federal; del Artículo Quinto Transitorio con la propuesta de modificación aceptada y la adición de un nuevo artículo Tercero Transitorio y de un Séptimo Transitorio al proyecto de decreto, los cuales fueron aprobados por 91 votos en pro, 4 en contra y 1 abstención.

Se procedió a la votación de los artículos 3, 5, 6, 9, 10, 23, 24, 52, 56, 57, 91, 97, 100, 127 y 135 de la Ley Federal de Competencia Económica; y del artículo 254 bis del Código Penal Federal, los cuales fueron aprobados en los términos del dictamen por 79 votos en pro, 19 en contra y 1 abstención.

Se declararon aprobados todos los artículos reservados y se declaró aprobado en lo general y en lo particular del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforman y adicionan diversos artículos al Código Penal Federal. Se devolvió con modificaciones a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 constitucional.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar lo conducente en términos presupuestales a efecto de levantar una nueva actualización del Censo Nacional Agrícola, Ganadero y Forestal, así como el Censo Ejidal.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a defender a los residentes en el exterior.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De las Senadoras María Lucero Saldaña Pérez y Ana Gabriela Guevara Espinoza, con punto de acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a convocar a grupos de niñas y adolescentes para que asistan a una sesión especial en las Cámaras de Senadores y Diputados con el fin de que vivan una experiencia de participación política y ejercicio de la ciudadanía.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

(Efemérides)

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en ocasión del aniversario del natalicio de Don Belisario Domínguez Palencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride en conmemoración del “Día Mundial del Paludismo”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride en conmemoración del 151 aniversario del natalicio de Don Belisario Domínguez Palencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Roberto Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, remitió efeméride en ocasión del 151 aniversario del natalicio de Don Belisario Domínguez Palencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride en conmemoración del 151 aniversario del natalicio del Don Belisario Domínguez Palencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con trece minutos y citó a la siguiente sesión ordinaria el lunes 28 de abril a las 11:00 horas.

 

Fin de la sesión”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la misma.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Solicito a la Secretaría informe al Pleno de las resoluciones que adoptó la Mesa Directiva, en su reunión de esta mañana.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy cuenta con los asuntos que se abordaron hoy en la mañana.

La Mesa Directiva, a petición de la Senadora Hilda Flores Escalera, autorizó el retiro del proyecto de Decreto que reforma los artículos 9 y 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, presentado el 20 de marzo de 2014.

Asimismo, a solicitud del Senador Adolfo Romero Lainas, se autorizó la ampliación de turno al proyecto de Decreto por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el depósito legal de sus publicaciones digitales, además de sus publicaciones impresas, recibido el 4 de marzo pasado, para quedar turnado a las Comisiones Unidas de Biblioteca y Asuntos Editoriales; de Cultura; de Educación; y de Estudios Legislativos.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.

Pasamos a la agenda de los asuntos del día de hoy.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibieron dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite sendas propuestas de nombramientos a favor de los ciudadanos Juan de Dios Castro Lozano y Alejandro Raúl Hinojosa Islas, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnense ambos expedientes a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.

En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, para presentar a nombre propio y del Senador Ernesto Gándara Camou, del grupo parlamentario del PRI, un proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones V y VI del artículo 79 de la Ley de Amparo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTICULO 79 DE LA LEY DE AMPARO

(Presentada por la C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza, a nombre propio y del C. Senador Ernesto Gándara Camou, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a presentar a nombre propio y de mi compañero, el Senador Ernesto Gándara Camou, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones V y VI del artículo 79 de la Ley de Amparo.

El objetivo de la presente iniciativa es la igualdad procesal en el amparo laboral, tanto al trabajador como al patrón, armonizando el principio de la suplencia de la queja en el juicio de protección constitucional, conforme lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Independientemente de que esta desigualdad procesal en la materia de amparo ha afectado la economía del país, la parte patronal es la única excluida del beneficio procesal de la suplencia de la queja, sin justificación alguna, porque la igualdad procesal es un derecho humano, independientemente de que esta exclusión afecta los niveles socio-económicos del país, toda vez que esta desigualdad procesal ha generado el cierre de fuentes de trabajo, afectándose así a otros trabajadores.

Al abordar las desigualdades sociales y económicas, el principio de igualdad se formula como condición y oportunidad. Esto quiere decir que todos los individuos deben de estar en condiciones tales que, efectivamente, puedan tener acceso a las mismas oportunidades. Esta noción permea la definición de los derechos económicos y sociales, también llamados de segunda generación. El telón de fondo es la justicia social.

Las garantías del procedimiento tienen una razón de ser, no en argumentos formales, sino en garantías sustanciales en las cuales subyace uno de los derechos más importantes: el debido proceso.

Guasp, dice que la posición igual de las partes, significa que la condición de cada una de ellas debe de tener un contenido equivalente es decir, que no puede diferir en sustancia los deberes y derechos de una parte y otra. Señala este autor que la igualdad de las partes es para el proceso un principio instrumental y no un principio final, porque teóricamente las partes no están situadas en un mismo plano, sino en distintas perspectivas, ya que el actor es el verdadero protagonista del proceso y el demandado sólo el sujeto pasivo al que se refiere su reclamación.

Es sumamente notoria la exclusión de la clase patronal de la suplencia de la queja, aún en aquellos casos en que se trata de una violación manifiesta de la ley, sin que se perciba una explicación lógica que justifique esta medida.

Si tomamos en cuenta que tanto la Ley Federal del Trabajo como ley burocrática contienen normas que imponen obligaciones procesales y formales a las partes, con las consecuencias legales que su incumplimiento les puede generar, ejemplo, el reclamo de prestaciones de manera extemporánea, frente a la posible excepción de prescripción. La omisión de aclarar una demanda en las dos oportunidades que la ley le otorga y le haya concedido la autoridad. O bien, la omisión de contestar la demanda o hacerlo de manera imprecisa, etcétera.

Pero la ley también impone obligaciones a las autoridades para tramitar el juicio laboral, siguiendo ciertos lineamientos que no están sujetos a que las personas tengan que hacer gestión alguna para que las cumpla, por lo que basta que cualquiera de los interesados, patrón o trabajador, las detecte y hagan valer en amparo la violación respectiva, para que el juzgador de garantías los analicen sin exigir palabras sacramentales o formales especiales para que éstas sean atendidas y revisar si el actuar de la autoridad estuvo apegada a derecho cumpliendo con sus obligaciones como rectora del juicio, en lo que solo ella compete y que nada le permite eludirlas.

De ahí que no se encuentre razón válida alguna para que en este aspecto sólo se excluya a los patrones si ya tienen su propia carga en el juicio y que si no la atienden, entonces sí es válido que devenguen las sanciones legales, consecuencia de su conducta procesal irregular.

Ya el Poder Judicial Federal ha esgrimido jurisprudencia y tesis que hablan al respecto.

La parte patronal es la única excluida de este beneficio procesal, sin seguir encontrando justificación alguna para esta exclusión. Cuando lo que se juzgaría, en su caso, sería el actuar de la autoridad laboral y no los niveles sociales en que se encuentren patrón y trabajador, debiendo señalar que en el ámbito patronal podremos encontrar propietario o microempresas que están en la misma condición económica precaria que el propio trabajador, pareciera que el legislador parte de la base de que todo patrón es necesariamente un poderoso empresario, sea persona moral o física.

En mérito de lo anterior, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía las reformas a las fracciones V y VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:

Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

V. En materia laboral, a favor del trabajador, salvo que se trate de violaciones manifiestas de la ley, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo.

VI.- En todas las materias, cuando se advierte que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de esta ley. En este caso, la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se editó la resolución reclamada.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“De los Senadores MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA y ERNESTO GANDARA CAMOU de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento de la Cámara de Senadores, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTICULO 79 DE LA LEY DE AMPARO.

OBJETIVO

Igualdad procesal en el amparo laboral, tanto al trabajador como al patrón, armonizando el principio de la suplencia de la queja en el juicio de protección constitucional conforme lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

JUSTIFICACION

Independientemente de que esta desigualdad procesal en la materia de amparo ha afectado la economía del país, la parte patronal, es la única excluida del beneficio procesal de la suplencia de la queja, sin justificación alguna, porque la igualdad procesal es un derecho humano, independientemente de que esta exclusión afecta los niveles socio-económicos del país, toda vez que esta desigualdad procesal ha generado el cierre de fuentes de trabajo, afectándose así a otros trabajadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El jurista italiano Eligio Resta (1995) afirma que la constitución misma del estado civil lleva consigo la renuncia –individual pero de todos- a la propia violencia: esa violencia originaria, indiscriminada, que hace imposible la vida en sociedad. Por ello hay que depositarla en una entidad abstracta –el Estado- que se coloca por encima de los individuos.

Juan Jacobo Rousseau había afirmado que si todos ceden todo es como si nadie cediera nada; todos ceden su libertad natural y ganan –todos- la libertad civil. Al confiar en las instituciones se proscribe la venganza privada. Es el pacto de todos para interrumpir la violencia de todos. Se trata claramente de una abstracción, un artificio racional para establecer que por lo menos una vez existió consenso entre los hombres para que ese poder común controlara la violencia, ya no por azar sino por ley. El uso legítimo de la fuerza física se presenta como la respuesta racional a la venganza, a través de su neutralización y posterior incorporación. El derecho opone una violencia regulada, establecida, limitada; ofrece sustituir el azar por la regularidad, la esperanza por la certeza.

En efecto, afirma que el Estado moderno se arroga, en exclusiva, la potestad de sancionar ciertas conductas y para ello crea espacios ad hoc, de índole judicial. La única violencia legítima es la que deriva del Estado y que se impone en forma de coerción; por eso ya no se le llama venganza sino justicia y se ejerce, presumiblemente, de conformidad con ciertas normas. Nadie es juez y parte. La fuerza no hace derecho. La legalidad es ese límite entre azar y regularidad, entre la esperanza y la certeza. Este proceso, que tiende a reducir la violencia lo más posible y ofrecer garantías de convivencia armónica y pacífica, es un aspecto medular del Estado moderno, garante de los derechos fundamentales.

Rousseau analiza que, para afianzar las relaciones de solidaridad, los hombres deciden –de una manera totalmente racional– suscribir un contrato social. Otorgan su voluntad, renuncian a esa violencia originaria, indiscriminada y amenazante que daría lugar a la venganza privada, construyen el Estado y el derecho modernos y, en suma, sientan las bases para una convivencia armónica, certera, ordenada. A todo este aparato conceptual subyace la noción de igualdad. El pacto sólo puede celebrarse entre iguales; las reglas de convivencia, la elaboración de un catálogo de conductas antisociales, la conformación de un aparato judicial, el funcionamiento de las nuevas instituciones son aspectos diversos del contrato entre iguales, ciudadanos racionales que ejercen su capacidad de decisión.

La idea de igualdad está siempre relacionada con la justicia. Se reconoce al otro como igual, es decir, merecedor del mismo trato que cada individuo considera merecer. Toda persona es igualmente digna que las otras y por lo tanto debe tener los mismos derechos frente al Estado. Aquí aparece una noción de justicia que corre en paralelo con el principio de igualdad.

Para considerar que un sistema es justo, es necesario que exista un reconocimiento –por lo menos en el plano formal- de que todas las personas gozan ciertas libertades básicas que son compatibles con un sistema de libertad para todos. Esto significa que cada individuo debe tener la posibilidad de ejercer esas libertades –la amplitud del espectro ha sido una tarea continua e interminable- sin que exista menoscabo, daño o impedimento.

Paralelamente, ese ejercicio debe respetar las esferas de libertad de los otros individuos. Este planteamiento, que recoge claramente el principio de igualdad, se aprecia en la primera generación de derechos humanos, de índole civil y política.

Al abordar las desigualdades sociales y económicas, el principio de igualdad se formula como condición y oportunidad. Esto quiere decir que todos los individuos deben estar en condiciones tales que efectivamente puedan tener acceso a las mismas oportunidades. Esta noción permea la definición de los derechos económicos y sociales, también llamados de segunda generación. El telón de fondo es la justicia social.

En el derecho internacional de los derechos humanos se otorgan determinadas garantías a las personas que se encuentran bajo la jurisdicción de los Estados que suscriben y ratifican los tratados que componen dicha disciplina del derecho internacional. Dentro de dichas garantías, promueve la protección de quienes acuden a procedimientos judiciales, e inclusive administrativos, a través de los cuales se definan derechos y libertades de las personas.

Las garantías del procedimiento tienen una razón de ser no en argumentos formales, sino en garantías sustanciales en las cuales subyace uno de los derechos más importantes: el debido proceso.

Guasp, a su vez, dice que la posición igual de las partes o principio de la igualdad de partes, significa que la condición de cada una de ellas debe tener un contenido equivalente, es decir, que no pueden diferir en sustancia los deberes y derechos de una parte y otra. Señala este autor que la igualdad de las partes es para el proceso un principio instrumental y no un principio final: porque teóricamente las partes no está situadas en un mismo plano, sino en distintas perspectivas, ya que el actor es el verdadero protagonista del proceso y el demandado sólo el sujeto pasivo al que se refiere su reclamación.

Actualmente, la ley de amparo vigente, acorde con lo previsto en el artículo 1º y 103 de la Constitución General de la República, prevé la procedencia del juicio de amparo en contra de normas generales, actos u omisiones de las autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías para su protección, por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; o bien, que éstos invadan la esfera de competencias de la Federación o el Distrito Federal, o se vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados.

Se amplía el ámbito de protección del juicio de amparo, ya no sólo a la regularidad de la constitución, sino también respecto de aquellos derechos provenientes de fuente internacional.

Esto conlleva, la posibilidad de que las personas, acudan ante las instancias jurisdiccionales de la federación a reclamar la violación directa de un Derecho Humano contenido en un tratado internacional. Generándose así una especie de control de convencionalidad vía amparo.

Doctrinalmente se ha dicho que la suplencia de la queja deficienteconstituye una excepción al principio de estricto derecho que rige lassentencias de amparo (entre otros: Burgoa, 1991; Serrano, 1999; Allier,2003). La suplencia únicamente procede en los casos específicamente señalados ensu texto, y que pueden sistematizarse, en términos generales, considerandola materia del asunto en el que se emitió el acto reclamado y lossujetos que promueven el juicio o el recurso de que se trate, la trascendencia de alguna violación cometida contra el quejoso o recurrente, y finalmente, con base en la existencia de algún vicio en la norma general reclamada o que se aplicó en un acto específico de autoridad, siempre y cuando esa imperfección haya dado origen a una declaración de inconstitucionalidad en otros asuntos.

En la ley de Amparo, las fracciones del precepto legal en análisis textual establecen lo siguiente:

Artículo 79.La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo;

VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y

VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.

En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.

La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo.”

Las fracciones anteriores tienen cierta similitud con las fracciones IV y VI del artículo 76 bis de la ley de amparo anterior al 2 de abril y cuyo texto es el siguiente:

Artículo 76 bis.-Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

I.- En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

II.- En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo.

III.- En materia agraria, conforme lo dispuesto por el artículo 227 de esta Ley.

IV.- En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador.

V.- En favor de los menores de edad o incapaces.

VI.- En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa.

Es sumamente notoria la exclusión de la clase patronal de la suplencia de la queja aun en aquellos casos en que se trate de una violación manifiesta de la ley, sin que se perciba una explicación lógica que justifique esa medida.

Efectivamente, si tomamos en cuenta que tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley burocrática contienen normas que imponen obligaciones procesales y formales a las partes, con las consecuenciaslegales que su incumplimiento les pueden generar, ejemplo, el reclamo de prestaciones de manera extemporánea, frente a la posible excepción de prescripción. La omisión de aclarar una demanda en las dos oportunidades que la ley le otorga y le haya concedido la autoridad. O bien, la omisión de contestar la demanda o hacerlo de manera imprecisa, etc. Pero la ley también impone obligaciones a las autoridades para tramitar un juicio laboral siguiendo ciertos lineamientos que no están sujetos a que las partes tengan que hacer gestión alguna para que las cumplan, por lo que basta con que cualquiera de los interesados patrón o trabajador las detecten y hagan valer en amparo la violación respectiva, para que el juzgador de garantías los analicen sin exigir palabras sacramentales o formales especiales para que estas sean atendidas y revisar si el actuar de la autoridad estuvo apegada a derecho cumpliendo son sus obligaciones como rectora del juicio, en lo que solo a ella compete y que nada le permite eludirlas.

De ahí que no se encuentre razón válida alguna para que en este aspecto solo se excluya a los patrones si ya tienen su propia carga en el juicio y que si no la atienden, entonces si es válido que devenguen las sanciones legales consecuencia de su conducta procesal irregular.

Cabe notar que la fracción III inciso a) del artículo 107 Constitucional reformado en junio de 2011, establece lo siguiente:

Articulo 107.Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.(…)”.

De lo anterior se desprende que la Constitución impone ahora a los Tribunales Colegiados la obligación de sobre toda las violaciones que se hicieran y aquellas que “cuando proceda” advierta en suplencia de la deficiencia de la queja y fijara los términos en que se dictara la nueva resolución. Aparentemente esa disposición constitucional terminaría por fin con las irregularidades en que las autoridades incurren al incumplir con los lineamientos procesales que la leyes les fijan para el desempeño de su función jurisdiccional, sin embargo, esta posibilidad se desvanece nuevamente en materia laboral al establecerse en el párrafo cuarto de la fracción II del citado artículo 107 constitucional que la suplencia de los conceptos de violación o agravios solo podrán suplirse de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria, pero que como ya se vio, de acuerdo a la ley reglamentaria, la parte patronal es la única excluida de este beneficio procesal sin seguir encontrando, justificación alguna para esta exclusión, cuando lo que se juzgaría en su caso, sería el actuar de la autoridad laboral y no los niveles sociales en que se encuentre patrón y trabajador, debiendo señalar que en el ámbito patronal podremos encontrar propietarios de microempresas que están en la misma condición económica precaria que el propio trabajador, pareciera que el legislador parte de la base de que todo patrón es necesariamente un poderoso empresario, sea persona moral o física.

Se podría pensar que existe una posible solución a través de la figura conocida como “CAUSA DE PEDIR”, pero esta a la vez contiene tantas limitantes que tienen un alto contenido de aplicación absolutamente subjetiva, que la única forma de evitar que posibles autoridades sin escrúpulos o con notoria ineptitud medren con su función de impartir justicia laboral, es la suplencia de la deficiencia de la queja en todos los casos, cuando se haga valer una violación manifiesta de la ley, ahora de una norma general, ya que de modificarse la Ley de Amparo eliminando esa exclusión, ya no se violaría el derecho que dicha exclusión otorga a los trabajadores y tendríamos autoridades más obligadas a cumplir con la parte que legalmente le corresponde como juzgadores.

La interpretación estricta del artículo 76 bis, fracción IV de la Ley de Amparo anterior a la reforma del año 2013, llevaron a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a emitir criterio haciendo patente la exclusión de la parte patronal del beneficio de la suplencia de la deficiencia de la queja, aun tratándose de violaciones manifiestas de la ley, pronunciando la jurisprudencia, con número de registro 915746 del tomo V, Trabajo, Jurisprudencia SCJN ,apéndice2000, página 494:

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA.- El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador "con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI", lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de "tercero extraño a juicio", hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora”. Novena Epoca: Contradicción de tesis 61/96.-Entre las sustentadas, por una parte, por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero del Sexto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y, por otra, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito.-22 de agosto de 1997.-Cinco votos.-Ponente: Juan Díaz Romero.-Secretario: Edgar Humberto Muñoz Grajales. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, página 305, Segunda Sala, tesis 2a./J. 42/97; véase la ejecutoria en la página 306 de dicho tomo.

En relación con la causa de pedir el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pronunció un criterio jurisprudencial bastante alentador para matizar un poco la injusticia de la exclusión de la suplencia que se analiza puede provocar, empero, prevalece la facultad discrecional de cada Tribunal de encontrar según su opinión, la causa de pedir si señalo o no con claridad cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa la resolución reclamada y los motivos que originaron ese agravio, lo cual permite derivar en diversidad de criterio en ese aspecto, que no siempre conducirán a que las autoridades laborales cumplan con cada una de la reglas procesales que obligatoriamente deben acatar en el trámite de un juicio sometido a su consideración.

La jurisprudencia en mención de registro 191384 del Tomo XII, 9ª Epoca; Pleno; del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XII, Agosto de 200, Página 38, es la siguiente:

CONCEPTOS DE VIOLACION. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTIAS LA CAUSA DE PEDIR. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACION. REQUISITOS LOGICO JURIDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.

Amparo en revisión 3123/97. Alicia Molina Díaz de Cabrera. 13 de febrero de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. Amparo en revisión 2138/97. Luis Enrique Bojórquez Ramírez. 3 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Fortunata Florentina Silva Vásquez. Amparo en revisión 2822/97. Gabriel Salomón Sosa. 29 de abril de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. Amparo en revisión 491/98. Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de Cuernavaca, Morelos. 13 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Andrés Pérez Lozano. Amparo en revisión 3302/97. Grupo Conta, S.A. de C.V. 27 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Irma Rodríguez Franco. Tesis de jurisprudencia 63/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volúmenes 169-174, Séptima Parte, página 107, tesis de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION. EXPRESION DE LOS. NO REQUIERE FORMALIDADES.

El Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, como el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Tribunal, expresan con mayor amplitud los siguientes argumentos:

EMPLAZAMIENTO A JUICIO. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DEL PATRON.Si se procede con un rigorismo estricto que atienda únicamente a la literalidadde la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, la violaciónmanifiesta de la ley que genere un estado de indefensión sólo podríaproducirse en las materias que por exclusión resultan de las fracciones II, III yIV del precepto legal en comento (materias penal, agraria y laboral,respectivamente), es decir, la civil lato sensu y la administrativa, dado el textode la citada fracción VI que a la letra dice: "En otras materias ...". Pero si estasexpresiones se interpretan con un criterio amplio que permita alcanzar losfines que animaron la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a lafracción II del artículo 107 constitucional, de noviembre de mil novecientosochenta y cinco, es lógico sostener que la suplencia de la deficiencia de laqueja por violación manifiesta de la ley debe comprender a todas las materiaso ramas del derecho, hipótesis estas en las que se ubica la materia laboral,cuando el quejoso es el patrón. La exposición de motivos de dicha iniciativade reformas propugna por suprimir tecnicismos que obstaculizan laimpartición de justicia, de donde se sigue que el propósito de esa iniciativa esampliar el principio de la suplencia obligatoria en la deficiencia de la queja, elcual no podría alcanzarse y por consecuencia cumplir con su cometido, si conbase en la fracción IV del artículo 76 bis en cita, se sostuviese que en materia laboral sólo procede tal suplencia cuando el quejoso es el trabajador y que losvocablos "En otras materias", contenidos en la fracción VI del aludido numeral, únicamente se refieren a las materias diversas a las ya contempladas en las restantes fracciones del propio precepto legal en comento, lo cual no es correcto, pues interpretar así la disposición legal en examen, implicaría dejar en total estado de indefensión al peticionario de garantías, que siendo el patrón y por supuesto en un amparo en materia laboral, reclamase la protección y el amparo de la Justicia Federal en contra de la falta o ilegalidad del emplazamiento a juicio, no obstante que tal cuestión sin lugar a dudas constituye la violación procesal de mayor magnitud, pues la misma impide que se tenga conocimiento del juicio y, por ende, que se le otorgue la oportunidad de contestar la demanda, de excepcionarse, ofrecer pruebas y exponer sus alegatos, lo que se traduce en una violación manifiesta de la ley. Una interpretación gramatical y rigorista de las fracciones IV y VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, daría pauta a que los órganos encargados del control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades responsables, a pesar de que advirtiesen en el asunto puesto a su consideración que se ha cometido una violación manifiesta de la ley en perjuicio del quejoso o del recurrente, pero que por tratarse de la parte patronal y por deficiencia en el planteamiento de sus conceptos de agravio, se viesen impedidos para examinar tal cuestión, por un mero tecnicismo, esto es, porque no se supocombatirla debidamente, pues ello sería contravenir inclusive los postulados esenciales del juicio constitucional como institución protectora de las garantías individuales de cualquier gobernado sin importar su condición social. De este modo, una correcta interpretación del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, acorde con los propósitos de la citada exposición de motivos, permite sostener que la suplencia de la deficiencia de la queja debe operar de manera obligatoria sin importar la materia de que se trate, cuando del examen cuidadoso del problema que se plantea se hace patente, sin lugar a dudas, que la autoridad responsable infringió las normas relativas al emplazamiento o primera notificación a juicio en perjuicio del quejoso, quien como consecuencia de ello, quedó colocado en una seria afectación a sus derechos, que de no ser corregida, equivaldría a dejarlo sin defensa legal alguna. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 1727/95. La Fama Textil, S.A. de C.V. 31 de octubre de 1996. Mayoría de votos. Ponente: Juan Manuel Martínez Martínez. Disidente: Tarcicio Obregón Lemus. Secretario: Mario Oscar Lugo Ramírez. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo VI, septiembre de 1997, página 305, tesis por contradicción 2a./J. 42/97, con el rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA.

Aunado, se resalta el criterio emitido bajo el rubro:

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. SUS ALCANCES A RAIZ DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 10 DE JUNIO DE 2011. A partir de la reforma de diez de junio de dos mil once al artículo 1o., en relación con el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, quedando así establecidas las premisas de interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución, que se entiende deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); asumiendo tales derechos como relacionados, de forma que no es posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras (indivisibilidad e interdependencia); además, cada uno de esos derechos o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, y no niegan la posibilidad de su expansión, siendo que crecen por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). Al positivarse tales principios interpretativos en la Constitución, trascienden al juicio de amparo y por virtud de ellos los tribunales han de resolver con una tendencia interpretativa más favorable al derecho humano que se advierta conflagrado y con una imposición constitucional de proceder a su restauración y protección en el futuro, debiendo por ello quedar superados todos los obstáculos técnicos que impidan el estudio de fondo de la violación, fundados en una apreciación rigorista de la causa de pedir, o la forma y oportunidad en que se plantea. En ese sentido, la suplencia de la queja deficiente encuentra fortalecimiento dentro del juicio de garantías, pues a través de ella el Juez puede analizar por sí una violación no aducida y conceder el amparo, librando en ese proceder los obstáculos derivados de las omisiones, imprecisiones e, incluso, inoportunidades en que haya incurrido quien resulta afectado por el acto inconstitucional, de manera que es la suplencia el instrumento que mejor revela la naturaleza proteccionista del amparo, y su importancia, como mecanismo de aseguramiento del principio de supremacía constitucional, mediante la expulsión de aquellos actos o disposiciones que resulten contrarios al Ordenamiento Jurídico Máximo. Así, las reformas comentadas posibilitan ampliar su ejercicio, por lo que cuando en el conocimiento de un juicio de amparo la autoridad advierta la presencia de un acto que afecta los derechos fundamentales del quejoso, podrá favorecer el estudio de la violación y la restauración de los derechos conflagrados, por encima de obstáculos derivados de criterios o interpretaciones sobre las exigencias técnicas del amparo de estricto derecho, como la no impugnación o la impugnación inoportuna del acto inconstitucional, su consentimiento presuntivo, entre otros, pues estos rigorismos, a la luz de los actuales lineamientos de interpretación constitucional, no podrían anteponerse válidamente a la presencia de una manifiesta conflagración de derechos fundamentales, ni serían suficientes para liberar al tribunal de procurar la restauración de dicha violación, del aseguramiento de los derechos fundamentales del individuo y del principio de primacía constitucional en la forma más amplia. Además, tal proceder es congruente con la intención inicial reconocida a la suplencia de la queja, pues ante la presencia de un acto inconstitucional, se torna en salvaguarda del ordenamiento jurídico en general y del principio de supremacía constitucional, consagrado en el artículo 133 constitucional, en tanto que las deficiencias en que incurra el agraviado, relacionadas con la falta de impugnación o la impugnación inoportuna, pueden entenderse como una confirmación del estado de indefensión en que se encuentra y del cual debe ser liberado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 319/2011. Joaquín del Bosque Martínez. 24 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez. 2001787. IV.2o.A.13 K (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Epoca. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Septiembre de 2012, Pág. 2072.

Por las razones anteriormente expuestas consideramos que debe de reformarse las fracciones V y VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, a continuación señalamos bajo el siguiente comparativo la propuesta:

VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 79.- La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

“… V.- En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo;

VI.- En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y

Artículo 79.- La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

“…V.- En materia laboral, a favor del trabajador, salvo que se trate de violaciones manifiestas de la ley, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo;

VI.- En todas las materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y

En mérito de lo anterior, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTICULO 79 DE LA LEY DE AMPARO.

ARTICULO UNICO. Se modifica el artículo 79 de la Ley Amparo para quedar como sigue:

Artículo 79.- La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

“…V.- En materia laboral, a favor del trabajador, salvo que se trate de violaciones manifiestas de la ley, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo;

VI.- En todas las materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y…”

ARTICULO TRANSITORIO

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones, a 28 de abril de 2014.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza.- Sen. Ernesto Gándara Camou”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martínez Espinoza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Solicito a la Secretaría tome nota de la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, quien tiene interés de sumarse a esta iniciativa. La Senadora Verónica Martínez acepta la inclusión de la compañera Lilia y un servidor hace lo propio. Gracias.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luz María Beristain Navarrete, para presentar a nombre propio y del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley General de Desarrollo Social.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO A LA FRACCION I DEL ARTICULO 49 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por la C. Senadora Luz María Beristain Navarrete, a nombre propio y del C. Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente.

El día de hoy vengo en nombre del Senador Ríos Piter y en el propio, para presentar un proyecto de reforma al artículo 49 de la Ley General de Desarrollo Social, la cual propone incluir a la Secretaría de Turismo al Consejo Nacional de Desarrollo Social, para que dicha Secretaría pueda incidir en la elaboración de programas sociales bajo una perspectiva turística.

Compañeros Senadores, es menester de esta Soberanía analizar las políticas públicas en materia de desarrollo social.

¿Cuáles han sido los alcances de los actuales programas empleados?

¿Hemos logrado reducir la pobreza en el país significativamente?

No. Es por ello que es fundamental seguir cuestionando y estudiando las políticas públicas de desarrollo social empleadas en nuestro país de manera objetiva y con una visión concreta para conseguir un México sin pobreza, más próspero y más igualitario, por medio de la mejora continua de los mecanismos existentes.

Nuestro país está ubicado en una posición geográfica privilegiada, con litorales en el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe.

De igual forma, es del conocimiento público la vasta diversidad en flora y fauna que poseen nuestros ecosistemas, por lo que nuestro país cuenta con una serie de particularidades que lo hacen distinto, según la región del país.

Es necesario realizar el diagnóstico turístico de cada región del país para después pasar a la ejecución de una estrategia que abarque de lo particular a lo general basado en el estudio específico de cada región.

A pesar de tener diversos escenarios sociales en el país, existen coincidencias en las necesidades de todas las entidades, ya que en todas las comunidades mexicanas se necesita erradicar la delincuencia, el hambre, la pobreza o el poco acceso a la educación.

Es por esta razón que es necesario un diagnóstico específico para cada entidad federativa, con el objetivo de encontrar las posibles soluciones utilizando las riquezas naturales y el potencial cultural con el que cuenta cada región.

Los índices de pobreza son, sin lugar a dudas, el problema más grave y más común en todas nuestras comunidades, desde Tijuana hasta Chetumal.

Es urgente implementar una estrategia en toda la República, donde se detone el desarrollo social basado en una estrategia verdaderamente integral que garantice resultados satisfactorios para la población en cada una de sus entidades federativas.

Así como la educación es pieza clave para el desarrollo de nuestro país, también lo es el turismo, bajo los siguientes considerandos:

A nivel global y de acuerdo con la información de la Organización Mundial de Turismo, OMT, la contribución económica al turismo del Producto Interno Bruto Mundial se estima en alrededor del 5 por ciento y genera el 8 por ciento de los empleos directos respecto al total mundial. No sólo el turismo es importante en nuestro país, sino también en todo el mundo.

En 2012, los turistas de internación realizaron gastos por 10 mil 199 millones de dólares, monto que representó el 94.7 por ciento del total de ingresos por turismo internacional, mientras que el 5.3 por ciento restante correspondió al turismo fronterizo.

En 2011, los visitantes internacionales generaron ingresos del orden de los 11 mil 869 millones de dólares. Para 2012, se acumularon divisas por 12 mil 739 millones, monto superior en 7.3 por ciento a lo registrado un año antes.

Esta iniciativa busca aprovechar de manera sustentable las riquezas naturales que se encuentran en nuestro país, y de esta manera estaremos propiciando más empleo y más derrama económica, donde los beneficios que se puedan lograr son numerosos.

Al entrelazar el turismo con el desarrollo social, es fundamental hacerlo desde una perspectiva social que implemente una estrategia integral donde el beneficiario del sector turístico sea el pueblo de México.

Es necesario diseñar e implementar programas sociales entre la SECTUR y SEDESOL, con la finalidad de que los ciudadanos tengan oportunidades de autoempleo y generen círculos económicos autosuficientes en las localidades turísticas.

En el turismo hay grandes oportunidades para los ciudadanos, razón por la cual debemos voltear a mirarlo como una herramienta de desarrollo social.

Los programas deberán ser formados para ofrecer al ciudadano un estado de menor vulnerabilidad y una opción de autosustento, teniendo como base la actividad turística.

Haciendo la distinción entre el turismo de los grandes capitales del sector, el cual, por evidentes razones, no se fomentará bajo estos programas; es decir, en toda la extensión los programas irán dirigidos a la población que más lo requiere conforme a su estado de vulnerabilidad, son grandes las posibilidades y muchas las opciones que se pueden presentar para las zonas turísticas si la SECTUR y la SEDESOL trabajan juntas y diseñan programas sociales.

Según información proveniente del Estudio Medición de la Pobreza en México y en las Entidades Federativas 2012, en el año 2010 había 52.8 millones de personas en situación de pobreza; y en el año 2012, la cifra ascendió a 53.3 millones de personas.

Es por ello que esta propuesta busca vincular al turismo con el desarrollo social, para generar medidas viables que erradiquen la pobreza de millones de mexicanos.

Desde la izquierda estamos obligados a impulsar esta propuesta social para poder ayudar a erradicar la pobreza en nuestro país. Nuestro país es un destino turístico por excelencia y si aprovechamos todos estos atractivos culturales de nuestras raíces para brindar soluciones tangibles a las necesidades de empleo de quien más lo requiere, estaremos implementando una estrategia realmente integral que reducirá la ola de pobreza que sigue en aumento con las actuales políticas públicas de desarrollo social.

Las propuestas de modificación permitirán mejorar los programas sociales vinculados actualmente con el turismo, así como crear nuevos programas enfocados totalmente al sector turístico.

En conclusión, bajo la amplia experiencia y conocimientos de la SECTUR, esta secretaría puede colaborar con la elaboración de programas donde el turismo sea la materia prima del desarrollo social. Es importante dejar en claro que no se busca comprometer el presupuesto de la SECTUR, sino que el presupuesto requerido sea a través de la SEDESOL y sus dependencias.

El objetivo es crear programas donde se financie equipamiento para las actividades turísticas de ciudadanos, en donde se fomente el turismo de aventura, el ecoturismo, el turismo cultural, gastronómico, etcétera.

Es muy potencial y son amplias las posibilidades de desarrollo, en el caso de incorporarse a la Secretaría de Turismo con la de Desarrollo Social, por lo que proponemos que el artículo 49 de la Ley General de Desarrollo Social quede de la siguiente manera:

Artículo 49. La Comisión Nacional será presidida por el titular de la Secretaría y además estará integrada por:

I. Los titulares de las Secretarías de Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Turismo, así como Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además de los titulares de los organismos sectorizados de la Secretaría, podrán ser invitados a participar en reuniones específicas los titulares de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Turismo coadyuvará a la Comisión Nacional para garantizar la actividad turística como herramienta y detonante del desarrollo social.

II. El titular de la dependencia responsable del desarrollo social en cada gobierno de las entidades federativas. Podrán ser invitados a participar en reuniones específicas. Los titulares de otras dependencias de dichos gobiernos.

III. Un representante de cada una de las asociaciones nacionales de autoridades municipales. Legalmente reconocidas, y

IV. Los Presidentes de las Comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“De los senadores, Luz María Beristain Navarrete y Armando Ríos Piter, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II artículo71º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como la fracción I del artículo 8°, 164ºnumeral 1, 169º del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía, la presente: Iniciativa con proyecto de decreto por el que REFORMA EL ARTICULO 49 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, bajo las siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El desarrollo social y las políticas públicas de nuestro país se enfocan a las personas que más lo requieren, es decir para los ciudadanos en estado de mayor vulnerabilidad de nuestro país, el apoyo se brinda por medio de programas que brindan apoyo a la sociedad como por ejemplo:

• Atención a Jornaleros Agrícolas

• Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)

• Empleo Temporal (PET)

• Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras

• Programa 3x1 para Migrantes

• Opciones Productivas

• Pensión para Adultos Mayores

• Seguro de Vida para Jefas de Familia

• Padrón de Beneficiarios de los Programas Sociales

• Guía de Programas Sociales 2014

• Guías de Programas Sociales en Lenguas Indígenas

• Reglas de Operación de los Programas Sociales 2014

• Evaluación de los Programas Sociales

Estos son los principales programas sociales por medio de los cuales se les apoya a los ciudadanos que más lo requieren, así mismo existen otros programas que ejecutan las demás Secretarías donde coadyuvan a erradicar el hambre y la pobreza, siempre atendiendo a la clase social en estado de mayor vulnerabilidad.

Es menester analizar la política mexicana en materia de desarrollo social, cuestionándonos y estudiando las medidas de nuestro país de manera objetiva y con visión de conseguir un México sin pobreza, más próspero y más igualitario, mejorando los mecanismos existentes.

En todas las naciones, la educación es la base de toda sociedad, debemos reconocer la educación como una herramienta clave para erradicar todos los males que nuestro país padece.

Una sociedad con educación de calidad, tiene mayores oportunidades de que su población logre una línea de bienestar digna y humanitaria, no obstante nuestro país requiere una estrategia, según las necesidades de cada localidad.

Es necesario realizar el análisis para la toma de acciones de lo particular a lo general, y una vez realizado el estudio contrastarlo con las necesidades y con las riquezas del país en general.

Nuestro país está ubicado entre el Golfo de México, el Océano Pacífico y el Mar Caribe, tiene frontera con el norte del país, con los Estados Unidos de Norte América, y al sur con Belice y Guatemala, por lo que nuestro país cuenta con una serie de particularidades que lo hacen distinto según la región en particular del país.

De alguna manera existen coincidencias en las necesidades de todas las entidades, ya que en todo el país se necesita erradicar los problemas que atañen a nuestro país como; la delincuencia, el hambre, la pobreza o el poco acceso a la educación, sin embargo en las diferentes entidades federativas se presentan de diferente medida por lo que la región establece las necesidades primarias y por ende hace distintas las posibles soluciones, además debemos atender las necesidades de la población bajo la estrategia de utilizar las riquezas y el potencial con la que cuenta la misma región en su beneficio.

Las necesidades de nuestro país según la localidad son distintas, sin embargo hay conflictos que padece todo el país, aunque en diferente medida, como por ejemplo la pobreza.

Como se mencionó anteriormente debemos analizar las necesidades del país, proponer posibles soluciones e implementarlas bajo una perspectiva regional, ya que nos ayudará a detonar el desarrollo social.

La política de desarrollo social de nuestro país debe ser atendida bajo un análisis de la misma República Mexicana, no olvidemos que vivimos bajo un sistema Federal tal como lo expresa el artículo 40 constitucional.

“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

Es necesario implementar una estrategia en toda la República, donde se detone el desarrollo social, crear una estrategia verdaderamente integral que garantice resultados satisfactorios para la población en cada una de sus entidades Federativas, donde se aprovechen las riquezas de las regiones del país y de igual manera seguir atendiendo y reconocer los problemas que se presentan en la población en general.

Así como la educación es pieza clave para el desarrollo de nuestro país, también lo es el turismo, bajó los siguientes considerandos:

1. A nivel global y de acuerdo con información de la Organización Mundial de Turismo (OMT), la contribución económica del turismo al Producto Interno Bruto mundial se estima en alrededor del 5%, para lo cual se genera el 8% de empleos directos respecto al total mundial.

No solo el turismo es importante en nuestro país sino también en todo el mundo.

2. En 2012, los turistas de internación realizaron gastos por 10 mil 199 millones de dólares, monto que representó el 94.7% del total de ingresos por turismo internacional, mientras que el 5.3% restante correspondió al turismo fronterizo.

3. Mientras que en 2011 los visitantes internacionales generaron ingresos del orden de los 11 mil 869 millones de dólares, para 2012 se acumularon divisas por 12 mil 739 millones de dólares, monto superior en 7.3% a lo registrado un año antes.

Debemos aprovechar de manera sustentable las riquezas que se encuentran en nuestro país, de esa manera propiciaríamos más empleo, y más derrama económica, donde los beneficios que se pueden lograr son numerosos.

La Secretaría de Turismo (Sectur) ha difundido el siguiente mensaje:

“En el año 2030, México será un país líder en la actividad turística.

Para lograrlo, la estrategia del nuevo gobierno se propone:

Reconocer al turismo como pieza clave del desarrollo económico de México.

• Diversificar los productos turísticos y desarrollar nuevos mercados.

• Impulsar a las empresas turísticas a ser competitivas a nivel nacional e internacional.

• Desarrollar el turismo respetando los entornos naturales, culturales y sociales.”1

Debemos aplicar todos los programas necesarios para fomentar el desarrollo social.

Al entrelazar el turismo con el desarrollo social, es fundamental hacerlo desde una perspectiva social, implementar una estrategia integral donde el beneficiario sea el ciudadano en estado de vulnerabilidad, diseñar e implementar programas sociales entre la SEDESOL y SECTUR, con la finalidad de que los ciudadanos en estado de vulnerabilidad tengan una oportunidad de autoempleo, donde además creen círculos de mercado, sean autosuficientes e inclusive fomenten la creación de empleo, fortaleciendo a la sociedad que más lo requiere.

Cabe destacar que de acuerdo con el estudio “Turismo en México 2012” podemos encontrar que:

“La llegada de turistas nacionales e internacionales a cuartos de hotel durante 2012 se ubicó en 74 millones 668 mil y 15 millones 443 mil turistas, respectivamente, correspondiendo al Distrito Federal el mayor arribo de turistas nacionales y a Quintana Roo el de turistas internacionales.”2

Es menester mencionar que el turismo se presenta en toda la República, gran población de nuestro país se dedica al turismo, en donde la misma sociedad se auto emplea. En el turismo hay grandes oportunidades para los ciudadanos, razón por la cual debemos voltear a mirarlo como una herramienta de desarrollo social.

La presente iniciática propone incluir a la Secretaría de Turismo Federal a la Comisión Nacional de Desarrollo Social. Como lo hace la presente propuesta; garantizaría el diseño de programas sociales utilizando al turismo como motor de desarrollo social.

Estos programas deberán ser formados para ofrecer al ciudadano en estado de vulnerabilidad una opción de auto sustento teniendo como base la actividad turística.

Cabe destacar que la fracción VI del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública expresa lo siguiente

“Artículo 32.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a V…

VI. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y, con la participación de los sectores social y privado;

VII a XXXIII…”

Así mismo, en la Ley Orgánica de la Administración Pública en el artículo 42 podemos encontrar que a la Secretaría de Turismo corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

“Artículo 42…

I a XX

XXI.- Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.”

Por lo que la Secretaría de Turismo no se ve limitada en coadyuvar con la Secretaría de Desarrollo Social al regularlo en la Ley General de Desarrollo social.

Diseñar programas de desarrollo social, tomando al turismo como herramienta y motor teniendo siempre como base apoyar a las personas en estado de vulnerabilidad, en todo momento atendiendo a quien más lo necesita.

Haciendo la distinción entre el turismo de los grandes empresarios, el cual por evidentes razones no se fomentará bajo estos programas, es decir en toda la extensión los programas irán dirigidos a la población que más lo requiere, conforme a su estado de vulnerabilidad.

Son grandes las posibilidades y las opciones que se pueden presentar si SECTUR y SEDESOL trabajan juntos y diseñan programas sociales.

Millones de mexicanos viven en situación de pobreza, según información en el estudio “Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2012”3 en el año 2010, 52.8 millones de personas estaban en situación de pobreza y en el año 2012, 53.3 millones de personas, por lo que podemos apreciar que hubo un incremento considerable, al vincular el turismo con el desarrollo social y tomar medidas en el asunto, podríamos ayudar a erradicar los millones de mexicanos en estado de pobreza.

Cabe destacar que los programas serán diseñados para apoyar a las personas en estado de vulnerabilidad, es cierto que tal vez habrá zonas en las que no sean aplicables los programas porque esa región no sea lo suficientemente viable, factible o posible implantar los programas, sin embargo todos los programas tienen un sujeto destinatario donde no se puede generalizar los programas o generalizar los sujetos destinatarios, hay que atender las particularidades de las necesidades de la población y así poder brindar soluciones.

Nuestro país cuenta con numerosas riquezas naturales únicas en el mundo, que debemos utilizar de forma sustentable para impulsar al desarrollo social y al mismo turismo, algunas riquezas son;

Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre del Sur, Sierra de Baja California, Sierra Madre de Chiapas, Eje Volcánico.

Río Sonora, Rio Yaqui, Rio Fuerte, Rio San Miguel, Ríos Santa María, Ríos Conchos, Ríos Santiago, Rio Bravo, Rio Lerma, Rio Sabinas, Rio Balsas, Ríos Tamesí, Río Panuco, Rio Verde, Ríos Pedregal, Rio Grande, Rio Usumacinta.

Golfo de México, Golfo de California, Golfo de Tehuantepec, Océano Pacifico, Mar Caribe.

Bosque tropical perennifolio, bosque tropical subcaducifolio, bosque tropical caducifolio, Bosque espinoso, bosque de coníferas, pastizal, matorral xerófilo, vegetación acuática y subacuática, selvas húmedas y subhúmedas, selvas secas, sabana, chaparral, pastizal, matorrales de zonas áridas y semiáridas, vegetación halófila.

También en nuestro país encontramos animales en peligro de extinción como;

El oso hormiguero, el armadillo de cola desnuda, el jaguar, el manatí, el mono araña, el saraguato, el mono aullador, el ocelote, el tigrillo, la vaquita marina.

Entre las aves están el águila arpía, el águila cabeza blanca, la grulla blanca, la chara garganta blanca, la cigüeña jabirú, la cotorra serrana occidental, la guacamaya roja, la guacamaya verde, el halcón peregrino, el loro cabeza amarilla, el pato real, el pavón y el quetzal.

La tortuga marina caguama, la tortuga marina verde del Pacífico o tortuga prieta, la tortuga marina verde del Atlántico o tortuga blanca, la tortuga almizclera chopontil, la tortuga marina laúd, la tortuga marina de carey, la galápago de Mapimí, la tortuga marina escamosa del Atlántico.

Todas las riquezas naturales en mención las encontramos en todo el territorio del país, desde Baja California hasta la península de Yucatán, nuestro país cuenta con una característica única, todo nuestro país puede ser objeto de atracción turística. Es por eso que nuestro país es turístico por excelencia, si aprovechamos todos los atractivos turísticos para brindar solución a las necesidades de quien más lo requiere, estaremos implementando una estrategia realmente integral que proponga una de las tantas soluciones que requiere nuestra nación.

Que propone reformar el artículo 49 de la Ley General de Desarrollo Social, con la intención de incluir a la Secretaría de Turismo en la Comisión Nacional de Desarrollo Social con la finalidad de que tome mayor participación en la elaboración de programas sociales, los cuales propicien que el turismo pueda ser un detonante de Desarrollo Social y una herramienta que apoye a una estrategia integral en la que se logre erradicar la pobreza y el hambre de nuestro país.

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en el artículo 71º, fracción II y tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 49 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

UNICO.- Se ADICIONA un segundo párrafo a la fracción I del artículo 49 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 49. La Comisión Nacional será presidida por el titular de la Secretaría y además estará integrada por:

I. Los titulares de las Secretarías de Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;Turismo, así como Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además de los titulares de los organismos sectorizados de la Secretaría podrán ser invitados a participar en reuniones específicas los titulares de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Turismo coadyuvará a la Comisión Nacional para garantizar la actividad turística como herramienta y detonante del desarrollo social.

II. El titular de la dependencia responsable del desarrollo social en cada gobierno de las entidades federativas. Podrán ser invitados a participar en reuniones específicas, los titulares de otras dependencias de dichos gobiernos;

III. Un representante de cada una de las asociaciones nacionales de autoridades municipales, legalmente reconocidas, y

IV. Los presidentes de las comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo. Se deroga toda disposición que se oponga al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 28 de abril de 2014.

Suscriben

Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Armando Ríos Piter”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Beristain Navarrete. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra, desde su escaño, a la Senadora Layda Sansores San Román, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 19, 20, 22 y 24 de la Ley de Migración.

1http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_9_vision_y_mision

2http://datatur.sectur.gob.mx/work/sites/datatur/resources/LocalContent/310/50/BoletinFina_Turismo_Mex_2012.pdf

pp24

3http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_MEDICION_POBREZA_2012_Parte1.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANY ADICIONAN LOS ARTICULOS 2, 19, 20, 22 Y 24 DE LA LEY DE MIGRACION

(Presentada por la C. Senadora Layda Sansores San Román, a nombre propio y de los CC. Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Ana Gabriela Guevara Espinoza, María del Pilar Ortega Martínez, Humberto Domingo Mayans Canabal y Zoé Robledo Aburto)

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Sí, hacer solamente un comentario, señor Presidente.

El propósito de esta iniciativa es proponer que se armonice la Ley de Migración con el artículo 1o. constitucional, que se incluya el principio de pro-persona donde no se puede ya hablar de extranjeros, de migrantes, sino de seres humanos.

El principio de inocencia que ya nosotros lo tenemos considerado, pero cuando se refiere uno a migrantes existe la criminalización y se habla de ilegales.

Queremos también que dentro del presupuesto que maneja el Instituto Nacional de Migración, se dedique una parte importante para lo que son: protección al migrante, alimentos y medicinas ya que hasta el momento es la sociedad civil quien lleva el peso de esta atención a través de las casas de migrantes, en donde también sacerdotes y pastores han jugado un papel muy importante.

Y por último, informar que se recibió aquí en este Senado, y creo que fue un momento muy alentador al viacrucis de migrantes que habían recorrido ya durante 9 días diversos estados, en donde ellos reconocieron que en cada uno de los estados fueron bien recibidos, y en donde vitalmente el Instituto Nacional de Migración les otorgó un salvoconducto por 30 días para que pudieran transitar sin ningún peligro por todo el país.

Creemos que esto es un principio, pero que la lista de tránsito debe ser ya una realidad en México para evitar los asaltos y las agresiones que reciben no solamente del narcotráfico, sino muchas veces los policías que deberían de estar respaldando la institución.

Agradecemos a todos los Senadores que estuvieron presentes: Mariana, Alejandro Encinas, Humberto Mayans, Dolores Padierna, Amalia García, Angel Benjamín Robles, también a la Secretaria de la Comisión de Migración de la Cámara de Diputados y que se turne a comisiones.

Gracias.

Iniciativa

“Los que suscriben, LAYDA SANSORES SAN ROMAN, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, MARIA DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ, HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL y ZOE ROBLEDO ABURTO, Senadoras y Senadores de la  LXII Legislatura del Congreso de la Unión, pertenecientes a los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II y fracción XVI del artículo 73 de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo estipulado en los artículos 8°,1 fracción II, 164, 169, y 172 del reglamento del Senado de la  República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN O ADICIONAN LOS ARTICULOS 2°, 19, 20, 22, Y 24 DE LA LEY DE MIGRACION, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

El 10 de mayo de 2002 con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 1981, el Estado mexicano sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), una solicitud de Opinión Consultiva sobre la “(…) privación del goce del ejercicio de ciertos derechos laborales de los trabajadores migrantes y su compatibilidad con la obligación de los Estados americanos de garantizar los principios de igualdad jurídica, no discriminación y protección igualitaria y efectiva de la ley consagrados en instrumentos internacionales de  protección a los derechos humanos, incluidas aquellas oponibles erga omnes,1 frente a la consecución de ciertos objetivos de política interna de un Estado americano”.

Además, sobre “el carácter que los principios de igualdad jurídica, no discriminación y protección igualitaria y efectiva de la ley han alcanzado en el contexto del desarrollo progresivo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su codificación”.2

Dicha Corte resolvió lo siguiente:

1. Que los Estados tienen la obligación general de respetar y garantizar los derechos fundamentales. Con este propósito deben adoptar medidas positivas, evitar tomar iniciativas que limiten o conculquen un derecho fundamental, y suprimir las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren un derecho fundamental.

2. Que el incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad internacional.

3. Que el principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el Derecho Internacional como en el Derecho Interno.

4. Que el principio fundamental de igualdad y no discriminación forma parte del derecho internacional general, en cuanto es aplicable a todo Estado, independientemente de que sea Parte o no en determinado Tratado Internacional.  En la actual etapa de la evolución del Derecho Internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del ius cogens.3

5. Que el principio fundamental de igualdad y no discriminación, revestido de carácter imperativo, acarrea obligaciones erga omnes de protección que vinculan a todos los Estados y generan efectos con respecto a terceros, inclusive particulares.

6. Que la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula a los Estados, independientemente de cualquier circunstancia o consideración, inclusive el status migratorio de las personas.

7. Que el derecho al debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las garantías mínimas que se deben brindar a todo migrante, independientemente de su status migratorio. El amplio alcance de la intangibilidad del debido proceso comprende todas las materias y todas las personas, sin discriminación alguna.

8. Que la calidad migratoria de una persona no puede constituir una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los de carácter laboral.  El migrante, al asumir una relación de trabajo, adquiere derechos por ser trabajador, que deben ser reconocidos y garantizados, independientemente de su situación regular o irregular en el estado de empleo. Estos derechos son consecuencia de la relación laboral.

9. Que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos laborales de todos los trabajadores, independientemente de su condición de nacionales o extranjeros, y no tolerar situaciones de discriminación en perjuicio de estos, en las relaciones laborales que se establezcan entre particulares (empleador-trabajador).  El Estado no debe permitir que los empleadores privados violen los derechos de los trabajadores, ni que la relación contractual vulnere los estándares mínimos internacionales.

10. Que los trabajadores, al ser titulares de los derechos laborales, deben contar con todos los medios adecuados para ejercerlos.  Los trabajadores migrantes indocumentados poseen los mismos derechos laborales que corresponden a los demás trabajadores del estado de empleo, y este último debe tomar todas las medidas necesarias para que así se reconozca y se cumpla en la práctica.

11. Que los Estados no pueden subordinar o condicionar la observancia del principio de la igualdad ante la ley y la no discriminación a la consecución de los objetivos de sus políticas públicas, cualesquiera que sean éstas, incluidas las de carácter migratorio.

Nuestro país, siempre ha tenido una visión muy garantista de los derechos humano buscando constantemente el perfeccionamiento de su tutela, tanto en su esfera interna como internacional. Muestra de ello son las diversas adecuaciones al ordenamiento jurídico mexicano durante el año 2011, como el establecimiento del parámetro constitucional, y en cumplimiento a sus obligaciones constitucionales, la adecuación de la Ley de Migración, para así contar con un Instituto Nacional de Migración (INM) -en lo sucesivo Instituto-4más sólido y con rostro más humano, el cual tiene su origen en el Decreto del 19 de octubre de 1993 adscrito a la Secretaría de Gobernación.

Recientemente, el decreto fue elevado a rango de ley con fecha 25 de mayo de 2011, al promulgarse la Ley de Migración.5

No obstante, dicha Ley también ha acotado el objeto y las facultades del Instituto y establecido algunas medidas y disposiciones que apuntan hacia un proceso de reestructuración y fortalecimiento institucional, pero de manera insuficiente para solucionar problemas graves que aquejan al Instituto como: la opacidad, la corrupción, el abuso de autoridad y la impunidad.

Es así fundamental trabajar en la construcción de una entidad con una arraigada cultura de derechos humanos; con un objetivo y atribuciones delimitadas; funcionarios profesionalizados que actúen con base en criterios claros; y una institución transparente que rinda cuentas y fomente la participación ciudadana en la toma de decisiones.

En este sentido, es importante reconocer que el Instituto Nacional de Migración padece varios problemas:

1. Carencia de una cultura de derechos humanos;  

  • Inadecuada definición de su objetivo y atribuciones;   

3. Mantiene discrecionalidad en la actuación de las autoridades migratorias;  

4. Nula transparencia y rendición de cuentas;    

5. Falta de una estructura presupuestaria; e 

6. Incorrecta distribución de recursos. 

Por tanto se deben realizar las siguientes actividades:

I. Armonizar la Ley de Migración con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para consolidar un enfoque y una cultura institucional de derechos humanos 

El artículo 1° constitucional reconoce que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en los Tratados Internacionales de los que México sea Parte, y establece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.6

El artículo 1° reconoce también un principio que obliga a las autoridades a favorecer a las personas con la protección más amplia, en la interpretación y aplicación de las normas. Este es conocido como el principio pro personae.7

Finalmente, la presunción de inocencia, 8 es un principio reconocido en el artículo 20 de la Constitución General y un elemento fundamental de acceso a la justicia.

Todos esos principios de nuestra Constitución deben orientar la formulación e implementación de políticas, incluyendo aquellas del ámbito migratorio. Deben ser el fundamento de la cultura institucional del Instituto, que debe velar por el cumplimiento de las obligaciones que esos principios imponen a todas las autoridades migratorias en el desempeño de sus funciones.

En tal sentido se plantea  la necesidad de reformar el artículo 2° de la Ley de Migración y otros, para armonizar su contenido con la Constitución, incorporando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; pro personae;  presunción de inocencia; y actualizar el contenido del principio de no discriminación conforme al dictamen recientemente aprobado por la H. Cámara de Senadores en materia de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.9

II. Es necesario orientar la facultad discrecional de las autoridades migratorias en el desempeño de sus funciones, así como establecer las bases para la transparencia y rendición de cuentas del Instituto  

La facultad discrecional per se no puede ser considerada como negativa si el ejercicio de valoración de determinados hechos y situaciones que implica se ejerce dentro de determinados límites y es orientada por normas, principios y criterios que prevengan que se pueda tornar en arbitrariedad o abuso de poder.

Como lo señala el Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde), “El potencial de abuso, ineficiencia o de corrupción suele radicar en la amplia discrecionalidad con la cual disponen los agentes, así como con la poca visibilidad en torno a sus decisiones cotidianas. Las preocupaciones generadas por estos factores aumentan cuando un agente del Estado goza del poder para detener y someter, poniendo en riesgo la integridad física, mental y emocional de las personas”.10

IV. Adecuar la estructura presupuestaria del Instituto y la distribución de sus  recursos

De acuerdo con un estudio publicado por el Centro de Análisis e Investigación A.C. (Fundar),11 el presupuesto del Instituto tiene dos particularidades. La primera es que cada año, al final del ejercicio fiscal el instituto ejerce más recursos de los que aprueba  el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), debido a que una proporción importante de sus ingresos provienen del pago de derechos migratorios, multas, sanciones y de otros derechos (ejemplo, copias certificadas), y de otras fuentes de cooperación internacional como los fondos de la Iniciativa Mérida.12

Significa que lo único que se garantiza cada año en el presupuesto aprobado en el PEF, son los sueldos y prestaciones de las personas que trabajan para la institución y lo mínimo indispensable para la operación durante el primer trimestre del año. Por tanto, los recursos autorizados vía el PEF no son suficientes para avalar la operación adecuada del Instituto, durante el período de abril a diciembre.

Los recursos para el funcionamiento y operación del Instituto provienen de los ingresos autogenerados por él mismo, los cuales están sujetos a un proceso de gestión y autorización que oscila en un lapso de cinco meses entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La segunda particularidad es que el Instituto cuenta con dos fuentes de financiamiento para su operación: el PEF, que es autorizado de manera anual por el Congreso de la Unión; y los ingresos autogenerados o excedentes; que son los recursos provenientes por los Derechos por Servicios Migratorios (DPA’s), regulados en la Ley Federal de Derechos (LFD).

El estudio permitió identificar que durante 2011, el Instituto Nacional de Migración gastó poco más de $ 2,943 millones de pesos (mdp). La información que se presenta en este informe muestra que la mayor parte de estos recursos, $ 2,360 mdp. El 82% se canalizaron para actividades relacionadas con la gestión y el control migratorio.

Le siguen los montos destinados a operar programas de protección a migrantes, con

$331 mdp. 11% y los que se emplean para la construcción y mantenimiento a “estaciones” y “estancias” migratorias y actividades relacionadas a la repatriaciones y retornos asistidos, con 173 mdp. 6%.

Finalmente se encuentra el monto que se destinó directamente a migrantes, con $19 mdp. 1%. En esta última categoría se incluyen los alimentos brindados en el marco del Programa de Repatriación Humana, Grupos Beta y a personas extranjeras en las estaciones migratorias.

También se incluyen los kits de limpieza y guías informativas para migrantes detenidos/as en las estaciones migratorias.

Ante esta situación, se recomienda modificar la naturaleza del presupuesto de la institución de tal forma que la totalidad sea autorizada de manera explícita en el PEF que se aprueba anualmente.

Otro elemento que permitiría avanzar de forma sustantiva en la protección de migrantes es que la Cámara de Diputados etiquete en el PEF, los recursos mínimos necesarios para: Operar los programas de protección a migrantes: Grupos Beta, Programa de Repatriación Humana, Programa Paisano y Oficiales de Protección a la Infancia; y Beneficiar directamente a migrantes (alimentos, atención médica y guías informativas).

CONSIDERANDO

 Que la expresión derechos humanos es mucho más moderna que la de garantías individuales y es la que se suele utilizar en el ámbito del Derecho Internacional, si bien es cierto que lo más pertinente desde un punto de vista doctrinal hubiera sido adoptar la denominación de derechos fundamentales;

Que el artículo primero constitucional, en vez de “otorgar” los derechos, ahora simplemente los “reconoce”;

Que a partir de la reforma se reconoce que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los Tratados Internacionales;

Que la Constitución se abre de forma clara y contundente al Derecho Internacional de los derechos humanos, demostrando de esa manera una vocación cosmopolita muy apreciable.

Que en el mismo artículo primero constitucional se recoge la figura de la “interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas relativas a derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales. Esto implica la creación de una especie de bloque de constitucionalidad (integrada no solamente por la carta magna, sino también por los tratados internacionales), a la luz del cual se deberá interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano;

Que se incorpora en el párrafo segundo del artículo primero constitucional el principio de interpretación pro personae, muy conocido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la práctica de los Tribunales Internacionales encargados de la protección y tutela de los mismos derechos.

Que el principio pro personae supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano. Y también significa que, cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que (igualmente) proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano;

Que en el párrafo tercero del artículo primero, señala la obligación del Estado mexicano (en todos sus niveles de gobierno, sin excepción) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta forma queda claro que todo derecho humano “reconocido” por la Constitución y los Tratados Internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas;

Que las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos;

Que el Estado mexicano, señala el artículo 1° constitucional a partir de la reforma, debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos;

Que se otorga rango constitucional al Asilo para toda persona que sea perseguida por motivos políticos y se reconoce de la misma forma el derecho de refugio para toda persona por razones de carácter humanitario. Esto amplía la solidaridad internacional que históricamente ha tenido México hacia las personas que sufren violaciones de derechos en sus países de origen, para quienes deben estar completamente abiertas las puertas el territorio nacional;

Que la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula a los Estados, independientemente de cualquier circunstancia o consideración, inclusive el status migratorio de las personas;

Que con este propósito deben adoptar medidas positivas, evitar tomar iniciativas que limiten o conculquen un derecho fundamental, y suprimir las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren un derecho fundamental.

Que el derecho al debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las garantías mínimas que se deben brindar a todo migrante, independientemente de su status migratorio. El amplio alcance de la intangibilidad del debido proceso comprende todas las materias y todas las personas, sin discriminación alguna;

Que los Estados no pueden subordinar o condicionar la observancia del principio de la igualdad ante la ley y la no discriminación a la consecución de los objetivos de sus políticas públicas, cualesquiera que sean éstas, incluidas las de carácter migratorio;

Que la migración es un acto humanitario de movilización social en busca de mejores perspectivas de vida.  

Asentado lo anterior, se emite:

LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN O ADICIONAN LOS ARTICULOS 2°, 19, 20, 22, Y 24 DE LA LEY DE MIGRACION.

ARTICULO UNICO: Se reforman o adicionan los artículos 2°, 19, 20, 22, y 24 de la Ley de Migración, al tenor de la siguiente:

Artículo 2.

(…)

 Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes: 

La universalidad, interdependencia, integralidad y progresividad de los derechos humanos.

El principio pro personae que obliga a las autoridades a favorecer a las personas con la protección más amplia, en la interpretación y aplicación de las normas.

La presunción de inocencia.

Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro motivo.

(…)

Igualdad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de los derechos humanos y las garantías individuales, tanto para nacionales como para extranjeros.

(…)

Artículo 19. El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto la ejecución  de los actos relativos al control, revisión y verificación migratorios; al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio nacional; y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, realizados por las autoridades migratorias en el territorio nacional, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría.

Artículo 22. La actuación de los servidores públicos del Instituto se sujetará, invariablemente, a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y deberá en todo momento promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución, los tratados internacionales de los que México sea parte, y en la presente Ley.

Artículo 24.  …

(…)

 II. Comunicar a las unidades administrativas competentes los resultados de las evaluaciones que practique, para los efectos de la baja, ingreso, promoción o permanencia de los servidores públicos del Instituto, según corresponda; 

(…)

V. Establecer una base de datos que contenga los archivos de los procesos de certificación de las personas a quienes se les hayan practicado e implementar las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de la información contenida en dichas bases de conformidad con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental;

(…)

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente:

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Layda Sansores San Román.- Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal.- Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Zoé Roble Aburto.

LEY DE MIGRACION

TEXTO ACTUAL

PROPUESTA INICIATIVA

LEY DE MIGRACION

Artículo 2. La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

 Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:

Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

 (…)

Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, tanto para nacionales como para extranjeros.

(…)

LEY DE MIGRACION

Artículo 2.

(…)

 Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:

La universalidad, interdependencia, integralidad y progresividad de los derechos humanos.

El principio pro persona que obliga a las autoridades a favorecer a las personas con la protección más amplia, en la interpretación y aplicación de las normas.

La presunción de inocencia.

Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro motivo. (…)

 (…)

Igualdad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de los derechos humanos y las garantías individuales, tanto para nacionales como para extranjeros.

(…)

Artículo 19. El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría.

Artículo 19. El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto la ejecución de los actos relativos al control, revisión y verificación migratorios; al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio nacional; y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, realizados por las autoridades migratorias en el territorio nacional,con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría.

Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

I. Instrumentar la política en materia migratoria;

(…)

VII. Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a los extranjeros que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley, respetando en todo momento sus derechos humanos;

 VIII. Coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes que se encuentren en territorio nacional;

 IX. Proporcionar información contenida en las bases de datos de los distintos sistemas informáticos que administra, a las diversas instituciones de seguridad nacional que así lo soliciten, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; y

X. Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables

Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

 I. Coadyuvar con el desarrollo de la política migratoria, en coordinación con la unidad administrativa encargada de elaborarla;

 (…)

VII. Presentar, conforme a los criterios establecidos en la presente Ley, en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a los extranjeros que lo ameriten conforme a los criterios establecidos en la presente Ley como medida excepcional, respetando en todo momento sus derechos humanos;

VIII. Coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes que se encuentren en territorio nacional;

IX. Proporcionar información contenida en las bases de datos de los distintos sistemas informáticos que administra, a las diversas instituciones que así lo soliciten, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

X. Emitir y publicar los lineamientos, protocolos  y otras disposiciones administrativas necesarias para orientar de manera clara la actuación y el ejercicio de la facultad de las autoridades migratorias en territorio nacional; y

XI. Documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, así como regirse por el principio de máxima publicidad para divulgar dicha información, de conformidad con lo estipulado en el artículo 6° de la Constitución.

Artículo 22. La actuación de los servidores públicos del Instituto se sujetará, invariablemente, a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en la presente Ley.

Artículo 22. La actuación de los servidores públicos del Instituto se sujetará, invariablemente, a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y deberá en todo momento promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución, los tratados internacionales de los que México sea parte, y en la presente Ley.

Artículo 24. El Centro de Evaluación tendrá las siguientes atribuciones:

(…)

II. Comunicar a las unidades administrativas competentes los resultados de las evaluaciones que practique, para los efectos del ingreso, promoción o permanencia de los servidores públicos del Instituto, según corresponda; 

(…)

V. Establecer una base de datos que contenga los archivos de los procesos de certificación de las personas a quienes se les hayan practicado e implementar las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de la información contenida en dichas bases;

 (…)

Artículo 24.  …

(…)

 II. Comunicar a las unidades administrativas competentes los resultados de las evaluaciones que practique, para los efectos de la baja, ingreso, promoción o permanencia de los servidores públicos del Instituto, según corresponda; 

(…)

 V. Establecer una base de datos que contenga los archivos de los procesos de certificación de las personas a quienes se les hayan practicado e implementar las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de la información contenida en dichas bases de conformidad con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental;

 (…)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Sansores San Román. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

1Erga omnes es una locución latina, que significa “respecto de todos” o “frente a todos”, utilizada en derecho para referirse a la aplicabilidad de una norma, un acto o un contrato. Significa que aquél se aplica a todos los sujetos, en contraposición con las normas inter partes (entre las partes) que sólo aplican a aquellas personas que concurrieron a su celebración. Normalmente, para que un contrato tenga efectos más allá de inter partes y sea oponible a terceros, es necesario que cumpla ciertas formalidades que normalmente tienen fines probatorios, como haber sido inscritos en un registro público. Las normas, por el contrario, suelen tener siempre efectos erga omnes, dado que por definición son de aplicación general. Sólo en casos muy especiales se dictan normas específicas para casos concretos.

Página Web. http://es.wikipedia.org/wiki/Erga_omnes (Consultada 19 de abril de 2014.)

2 Carpizo McGregor, Jorge, “Tendencias actuales del derecho: Los derechos humanos”, Ed. CNDH, México 1992. 12 pp.

3Ius cogens, o menos frecuentemente este término jus cogens, es una locución latina empleada en el ámbito del derecho internacional público para hacer referencia a aquellas normas de derecho imperativo o perentorio que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo. Con el ius cogensse pretende amparar a los intereses colectivos fundamentales de todo el grupo social, por lo que se explica que esta clase de normas se encuentren en una posición jerárquica superior con respecto al resto de disposiciones del ordenamiento. Se contraponen a los normas de derecho dispositivo (ius dispositivum). Por su parte, en el artículo 53 de la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, al mismo tiempo que declara la nulidad de cualquier tratado contrario a una norma imperativa, se codifica por vez primera la noción de ius cogensdesde la perspectiva de la relación entre el Estado y la norma misma. Incluso en el artículo 64 del mismo cuerpo legal se vuelve a reafirmar el carácter supremo del derecho imperativo con respecto a la norma convencional. Si bien, en la norma convencional no se expresa un catálogo de normas de ius cogens, sino que esta determinación se deja a la práctica y a la jurisprudencia internacional. Página Web. http://es.wikipedia.org/wiki/Ius_cogens (Consultada 19 de abril de 2014.) Vid Carpizo McGregor, Jorge, “Tendencias actuales del derecho: …. op.cit., 12 pp.

4Instituto Nacional de Migración. Artículo 2°, Párrafo C, inciso III del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. Publicado en el DOF 02/04/2013.  Página Web. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294185&fecha=02/04/2013 (Consultado el 19 de abril de 2014.)

5Ley de Migración. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011.  TEXTO VIGENTE. Ultima reforma publicada DOF 07-06-2013.

6La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, ofrece varias novedades importantes, las cuales pueden cambiar de manera profunda la forma de concebir, interpretar y aplicar tales derechos en México. Vid. Carbonell, Miguel, “La reforma constitucional en materia de derechos humanos: principales novedades”.  Página Web. http://www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades.shtml (Consultada 19 de abril de 2014)

7Principio pro homine.  El principio pro homine entra en la categoría de los Derechos Humanos, ya que estos son prerrogativas o potestades que se han otorgado a todo sujeto que tenga la condición de persona física o, claro, de ser humano (que pertenezca a la especie humana), a fin de que se desarrolle plenamente en sociedad en su desarrollo vital. Aunado a esto, el principio pro homine, incorporado en múltiples tratados internacionales, es un criterio hermenéutico que coincide con el rasgo fundamental de los derechos humanos, por virtud del cual debe estarse siempre a favor de la persona e implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva. Página Web.  http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_pro_homine (Consultada 19 de abril de 2014.)

8El principio de inocencia o presunción de inocencia es un principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla. Solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, podrá el Estado aplicarle una pena o sanción.  La contracara de la presunción de inocencia son las medidas precautorias como la prisión preventiva. En el derecho penal moderno solamente se admiten medidas precautorias cuando hay riesgo de fuga o peligro cierto de que la persona afecte la investigación del hecho de forma indebida. La presunción de inocencia en el ámbito de los derechos humanos. La presunción de inocencia es una garantía consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en tratados internacionales sobre derechos humanos como, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Convención Europea de Derechos Humanos. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa.  Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Garantías judiciales [...] Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad [...] Artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos. El derecho a la presunción de inocencia debe estar presente en todas las fases del proceso penal y en todas las instancias del mismo. A diferencia del proceso penal en el sistema inquisitivo en el cual bastaba que existiera una denuncia penal en contra de una persona y la referencia de su comisión por dos testigos para que pudiera ponerse en cuestión la reputación del denunciado. Incluso se generaba un mandato de detención.Página Web.  http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_presunci%C3%B3n_de_inocencia (Consultada 19 de abril de 2014.)

9Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003. TEXTO VIGENTE. Ultima reforma publicada DOF. 20/03/2014.  Página Web. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf (Consultada 19 de abril de 2014)

10Instituto para la Seguridad y la Democracias (Insyde) A.C. Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración, Hacia un sistema de rendición de cuentas en pro de los derechos humanos de las personas migrantes. 2013, Pág. 16.

11Vid. Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., es una institución plural, independiente, sin afiliación partidista y horizontal que busca avanzar hacia la democracia sustantiva. Fundar se dedica a la incidencia y monitoreo de políticas e instituciones públicas por medio de la investigación aplicada, la reflexión crítica y propositiva, la experimentación y la vinculación con actores civiles, sociales y gubernamentales. Página Web. http://www.fundar.org.mx/t_i/mision.html (Consultada 19 de abril de 2014) Córdova Alcaraz, Rodolfo, 2013, Una mirada al presupuesto del Instituto Nacional de Migración en México: ¿dónde estuvieron sus prioridades en 2011?, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Pág. 44.Disponible en Página Web. http://fundar.org.mx/mexico/?p=9894 (Consultada 17 de abril de 2014)

12La Iniciativa Mérida (a veces llamada Plan Mérida o Plan México) es un Tratado Internacional de seguridad establecido por los Estados Unidos en acuerdo con México y los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. El acuerdo fue aceptado por el Congreso de los Estados Unidos y activado por el expresidente George Bush el 30 de junio del 2008.Página Web. http://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_M%C3%A9rida (Consultada 19 de abril de 2014)






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 44 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

(Presentada por el C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Quiero comentarles que, lamentablemente, en los últimos años uno de los temores más sentidos de los ciudadanos es que en sus vidas y la de sus seres sufren consecuencias de la violencia o pérdidas económicas causadas por la inseguridad.

El Estado trabaja decididamente en combatir a los criminales, enfrentándose a la tecnología de punta y armamento de alto poder que utilizan los criminales y que tienen como finalidad atemorizarnos de muchas maneras.

Ha sido y sigue siendo tiempo de fortalecer a nuestras instituciones para proteger a nuestra gente. Todo lo que no hagamos hoy por ser mejores representantes y lograr cada día que nuestro pueblo se sienta con la confianza y la libertad para vivir bien, es importante y dará más posibilidades a los mexicanos de ser felices.

En algunas otras ocasiones ya se presentaban, ante esta Soberanía, puntos de Acuerdo que tienen que ver precisamente con la distribución de los recursos provenientes del SUBSEMUN, especialmente para los municipios de la frontera sur que ya ha dado muestras sobradas de su alta porosidad y, por ende, de ser un punto muy importante para la delincuencia organizada proveniente de Centroamérica.

Es por lo anterior que vengo ante ustedes, compañeras y compañeros, que este sentimiento de inseguridad se está regando con mayor fuerza en estados fronterizos como Campeche.

Si bien es cierto que en promedio sigue siendo de los más seguros del país, también lo es que en esta región fronteriza, especialmente los municipios de Candelaria y Calakmul, se vive en circunstancias difíciles ante las cuales pido desde ahora que actuemos con energía, la gente buena y trabajadora de Campeche está preocupada y necesitada de que su voz se escuche.

Reconozco que en otras entidades se debe seguir conteniendo la violencia, nos solidarizamos siempre con ellos. Sin embargo, debemos prevenir que en zonas que históricamente han sido tranquilas, hoy se ponga en riesgo esta tranquilidad y seguridad.

Sabemos que la pobreza y el atraso en la zona fronteriza del sur-sureste del país han permitido a grupos criminales avanzar en sus propósitos, por lo que necesitamos esfuerzos extraordinarios para evitarlo antes de que sea demasiado tarde.

Esta propuesta es sobre el Subsidio para la Seguridad en los municipios, conocido como el SUBSEMUN, que atiende los principales objetivos, entre otros, de fortalecer acciones para la prevención del delito, atender las condiciones sociales que facilitan la violencia y la delincuencia, incrementar los niveles de seguridad y confiabilidad que demanda la ciudadanía, fortalecer la profesionalización así como el equipamiento de los cuerpos de seguridad pública y apoyar la construcción y mejoramiento de las instalaciones de seguridad pública municipal.

Si bien los recursos del SUBSEMUN han tenido un incremento, en la práctica se comprueba que la asignación de recursos ha sido discrecional. Esto se debe a que el monto de asignación anual no está asegurado para las entidades federativas, toda vez que la base de su designación no está tasada o formulada para su determinación.

Es fundamental garantizar que dichos objetivos sean cumplidos y se otorgue certidumbre a las entidades federativas y especialmente a los municipios fronterizos de la asignación de estos importantes recursos.

Por lo anterior, presento ante ustedes esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, en relación al fortalecimiento de los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, que tiene como finalidad los siguientes objetivos:

1. Incluir a la Ley de Coordinación Fiscal los lineamientos de distribución del SUBSEMUN para otorgar certidumbre a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

2. Otorgar las facultades de metodología de asignación al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante las fórmulas que están contenidas en el proyecto que hoy se presenta, y que solicito sea considerado en su totalidad en esta Cámara de Senadores.

3. Referenciar el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y del SUBSEMUN, a la recaudación federal participable con la finalidad de garantizar un incremento constante y permanente.

4. Que todos los municipios que colindan con otros países sean incluidos en la distribución del fondo.

Hoy, 28 de abril, en nombre de los campechanos, los hermanos del sur-sureste y de todos los que sufren las consecuencias de la inseguridad, les agradezco su atención y su apoyo.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pozos Lanz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones del artículo 115 constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A FIN DE FORTALECER LA AUTONOMIA MUNICIPAL

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente, el artículo 115 constitucional, desde su primera reforma, como lo reflexiono en la iniciativa que estoy presentando ante todos ustedes, desde hace 86 años ha sido modificado en 36 ocasiones. Y comento también que a pesar de los esfuerzos legislativos que se han traducido, sin duda, en un número muy significativo de modificaciones, la realidad que sigue viviendo el municipio en muchas entidades del país dista mucho de los objetivos fundamentales de esas propuestas reformadoras.

Incluso en partes del territorio nacional, el municipio, a pesar del sustento legal emanado de nuestra Carta Magna, presenta hoy en día condiciones precarias; resultado, en gran medida, de que las disposiciones que enmarcan la Constitución General de la República ha generado que administraciones estatales estén sujetas a un marco regulatorio estricto que impide adecuar los gobiernos municipales a las diversas realidades que se presentan en las entidades federativas.

Por ejemplo, las amplias diferencias sociales, económicas, políticas y hasta geográficas entre las regiones que componen el territorio nacional, nos dan pie a considerar, compañeras y compañeros, la urgencia de plantear un marco legal que sí respete estas divergencias, y que con ello los gobiernos locales estén en posibilidad de actuar en un ámbito jurídico que les proporcione las herramientas para determinar, en sus condiciones específicas, la forma de organización de sus municipios, tomando como base precisamente las circunstancias concretas de cada localidad.

Compañeras y compañeros, los problemas estructurales que repercuten en los municipios consisten, como todos sabemos, en la ausencia de un financiamiento propio al no contar con bases impositivas adecuadas; la imposibilidad de elaborar y aplicar planes de desarrollo urbano en municipios con poca densidad de población; la carencia de mecanismos para implementar modalidades de gobierno que permitan a los cabildos cumplir íntegramente con sus responsabilidades políticas y con sus responsabilidades administrativas o la falta de herramientas jurídicas que los posibiliten a incorporar sus sistemas normativos internos, como es el caso del estado de Oaxaca.

En función de lo anterior, compañeras y compañeros, la presente iniciativa tiene como propósito subsanar esa restricción normativa, a efecto de que las legislaturas locales se motiven a introducir modelos de gobierno municipal y estructuras administrativas que puedan adecuarse a sus necesidades.

Esta idea surge, lo quiero comentar, a partir del estudio de diversos trabajos de investigación académica, que han concluido, compañeras y compañeros, en la necesidad de otorgar un verdadero sentido federalista a las estructuras municipales, a través de un respeto irrestricto a la soberanía estatal, dejando la responsabilidad a las entidades para desarrollar las formas de organización que más puedan adecuarse a sus circunstancias regionales y locales.

Empero, compañeras y compañeros, nuestra propuesta, sí lo quiero subrayar, no busca que se observe un propósito de llevar al federalismo al extremo ideológico, sino que con una modificación a una sola disposición, las entidades federativas tengan la opción de ubicarse dentro de su realidad contextual y que con base en todo el andamiaje jurídico que conforma al Estado mexicano, partan para encausar las formas de organización política, de organización social y económica que mejor se ajuste a sus condiciones específicas.

Finalmente, señor Presidente, proponemos instituir un contenido menor en el texto del artículo 115, encaminado a reconocer jurídicamente la figura municipal como uno de los tres niveles de gobierno, con regulaciones que permitan a las legislaturas locales adoptar categorías normativas que puedan adecuarse a sus contextos sociopolíticos, culturales y económicos específicos.

Como se lo he solicitado, señor Presidente, en otras ocasiones, he de agradecerle a usted pueda dispensarle a un servidor el que la iniciativa completa quede inserta en el Diario de los Debates para mayor comprensión de esta Asamblea.

Muchas gracias a todos por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El que suscribe, Senador ANGELBenjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8 y 164 numerales del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 115 de nuestra Ley Fundamental que versa sobre el tipo de gobierno que deberán adoptar las entidades federativas para normar su régimen interior, así como del establecimiento de su división territorial, su organización política y administrativa sustentada en el municipio libre, ha sido objeto de treinta y seis modificaciones, entre reformas y adiciones, en un periodo de tiempo comprendido desde el año de 1928 hasta este 2014.

Sin duda el tema relacionado con el municipio libre es de gran relevancia para el quehacer legislativo, lo que se desprende de la necesidad histórica de dotar a esta figura de mayores atribuciones y responsabilidades con el objetivo de fortalecerla.

Aunque tales esfuerzos se han visto traducidos en un número significativo de modificaciones normativas de índole constitucional, la realidad que vive el municipio en muchas de las entidades federativas de México, dista mucho de los objetivos fundamentales de los reformadores.

En muchas partes del territorio nacional el municipio, a pesar del sustento legal emanado de la Carta Magna, presenta condiciones altamente precarias, resultado, en gran medida, de que las disposiciones que enmarcan los aspectos políticos, administrativos y económicos de esta unidad primigenia de la administración pública tienen su origen precisamente a partir de nuestra norma fundamental, lo que ha generado que las administraciones estatales estén sujetas a un marco regulatorio estricto que impide adecuar los gobiernos municipales a las diversas realidades que se presentan en las entidades federativas. 1

Por un lado las administraciones públicas municipales, en virtud de estas realidades, carecen de atribuciones y por otro lado, están las que se encuentran imposibilitadas para ejercer las facultades que les otorga el texto constitucional.

Las amplias diferencias, sociales, económicas, políticas y hasta geográficas, entre las regiones que componen el territorio nacional nos dan pie a considerar la urgencia de plantear un marco legal que incorpore y respete estas divergencias para que los gobiernos locales estén en la posibilidad de actuar en un ámbito jurídico que les proporcione las herramientas para determinar en sus condiciones específicas la forma de organización de sus municipios, tomando como base las circunstancias concretas de cada localidad.

De tal manera que observamos un problema estructural que repercute en varios aspectos en el devenir municipal, tales como: ausencia de un financiamiento propio al no tener bases impositivas adecuadas; la imposibilidad de elaborar y aplicar planes de desarrollo urbano en municipios con poca densidad de población;la carencia de mecanismos para implementar modalidades de gobierno que permitan a los cabildos cumplir íntegramente con sus responsabilidades políticas y administrativas; falta de herramientas jurídicas que los posibiliten a incorporar sus sistemas normativos internos.2

La presente iniciativa tiene como propósito subsanar esa restricción normativa, a efecto de que las legislaturas locales se motiven a introducir modelos de gobierno municipal y estructuras administrativas que se adecuen a sus propias necesidades, a través de una reforma que derogue parcialmente el artículo 115 constitucional, lo que representaría la base para trabajar en una auténtica evolución administrativa del municipio.

Esta idea surge a partir del estudio de diversos trabajos de investigación académica, que han concluido en la necesidad de otorgar un verdadero sentido federalista a las estructuras municipales, a través de un respeto irrestricto a la soberanía estatal dejando la responsabilidad a las entidades para desarrollar las formas de organización que más se adecuen a sus circunstancias regionales y locales.

Mucho se ha discutido acerca del fortalecimiento al federalismo en correspondencia a una disminución paulatina del carácter centralista de nuestro gobierno federal.Lo hemos visto en la implementación de un gran número de mecanismos regulatorios y jurídicos que en diversos ámbitos han paleado de manera positiva el fortalecimiento del federalismo y en consecuencia el del municipio. Sin embargo desde el origen del mismo, las figuras políticas y administrativas han sido, en bastantes ocasiones, disímiles con su contexto social.

Está ampliamente documentado que las constituciones que tienen una menor categorización en sus gobiernos locales presentan una mayor diversidad y en consecuencia, respeto a sus prácticas políticas y administrativas lo que se traduce en un federalismo fuerte y eficaz.

Lo anterior lo señalamos en virtud de que en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática optamos por cambios significativos y trascendentales, ya que podríamos sumarnos a las voces que consideran solo modificaciones menores de carácter eminentemente administrativo en la materia, que saben y reconocen la necesidad de este tipo de medidas pero que su visión es limitada derivado de su falta de arrojo y responsabilidad para con los ciudadanos que los eligieron.

Un ejemplo de este tipo de legislaciones es la Constitución de Estados Unidos de América que no incorpora alguna tipología de gobiernos estatales, consagrando fielmente el principio federalista, en el sentido de depositar en los Estados la elaboración de sus normas. Derivado de esta circunstancia se han desarrollado distintas formas de gobierno local con altos grados de autonomía política, financiera, administrativa y social.3

Hay más ejemplos similares, como el de Canadá, Argentina y Alemania que incorporan a sus leyes fundamentales atribuciones mínimas a sus regiones, dando como resultado la presencia de diferentes modalidades municipales en sus territorios, sobresaliendo el hecho de que en estos países los sistemas políticos van desde el presidencial, semi-presidencial o parlamentario, sin que esto influya a nivel municipal, lo cual deja manifiesto que es a partir del precepto constitucional que se puede estar en posibilidades de otorgar a las entidades las facultades para decidir la forma de constituir sus municipios de modo tal, que la organización adoptada corresponda a su contexto político, cultural, económico, social y geográfico.

Por otro lado, encontramos el caso brasileño que al igual que nuestro país, la excesiva reglamentación constitucional ha impedido incorporar otros tipos de gobiernos municipales a pesar de su amplia extensión territorial y sus marcadas diferencias sociales y económicas.4

Empero, nuestra propuesta no busca que se observe un propósito de llevar al federalismo al extremo ideológico, sino que con una modificación a una sola disposición esencial, las entidades federativas tengan la opción de ubicarse dentro de su realidad contextual y que con base en todo el andamiaje jurídico que conforma al Estado mexicano, partan para encausar las formas de organización política, social y económica que mejor se ajuste a sus condiciones específicas, en estricto apego al marco jurídico nacional.

En este sentido, el caso del municipio en México sortea ciertas particularidades que han impedido que las labores tendientes, supuestamente, a fortalecerlo lo han acotado bajo una excesiva carga reglamentaria, partiendo de la base constitucional que tutela solo un tipo de gobierno municipal que en muchas ocasiones se aleja, sustancialmente, de las condiciones reales de estas figuras gubernamentales elementales.

En este orden de ideas, es menester destacar que desde su primera etapa la Constitución mexicana vigente, reglamentó la institución municipal en el artículo 115 con el objeto de darle seguridad jurídica y patrimonial a razón de que ninguna instancia gubernamental delimitara sus facultades. Sin embargo, el texto original daba margen para poder instituir diversas categorías municipales, ya que se reconocía la personalidad jurídica del ayuntamiento como el máximo órgano de gobierno a nivel municipal estableciendo reglas mínimas sobre cuestiones electorales, de permanencia de las autoridades, administrativas y financieras.5

Lo anterior cambió derivado de varias de las reformas constitucionales al articulado de mérito, que fueron impulsadas en gran medida, en la década de los ochenta y que se caracterizaron por dar una mayor reglamentación municipal, indicando responsabilidades precisas acerca de los gobiernos municipales, normas democráticas, aspectos administrativos y fuentes de financiamiento específicas, dirigidas a establecer mayores atribuciones y proporcionar certeza jurídica a fin de fortalecerlo.6

La apuesta es mayor, ya que implica un cambio en la manera en que se ha estado tratando de solucionar la problemática municipal durante décadas. Como advertimos en un principio, las reformas al artículo 115 han buscado dotar de más atribuciones a este nivel de gobierno pero sin soltar los principales temas que le otorgarían una auténtica autonomía.

Otra particularidad la encontramos en el aspecto económico y geográfico inherente al contexto municipal. La diferencia entre regiones del país resulta una gran limitación al marco legal constitucional que tutela al municipio.

De modo que la propuesta que estamos poniendo a su consideración, es la de instituir un contenido menor en el texto del artículo 115, encaminado a reconocer jurídicamente la figura municipal como uno de los tres niveles de gobierno con regulaciones que permitan a las legislaturas locales adoptar categorías normativas que se adecuen a sus contextos sociopolíticos, culturales y económicos específicos.

En consecuencia, se abrirá paso a la interpretación de la que se desprende el principio en que las cuestiones que no reglamente nuestro Máximo precepto, se reservan para las entidades federativas y sus constituyentes locales.

En virtud de lo anterior la disposición constitucional que nos ocupa mantendría los puntos torales que permitirían seguir dando certeza jurídica a ésta figura, pero fortaleciendo auténticamente nuestro régimen federal, estos puntos esenciales tendrían que ver con:

Conservar el imperativo de la forma republicana de gobierno para las entidades.

Reconocimiento del gobierno municipal como tercer nivel de gobierno.

Garantizar la figura del ayuntamiento como máximo órgano de gobierno.

Catálogo mínimo, pero no exclusivo de fuentes de ingreso municipal.

Autonomía en cuanto a su administración interna, sujeta a control posterior o extraordinario de la legislatura estatal.

Reglas democráticas básicas

• Participación mínima de las participaciones y aportaciones federales.7

En virtud de lo anterior, los constituyentes estatales podrían adecuar sus municipios a condiciones y capacidades reales enmarcadas por un contexto específico.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

Artículo único.- Se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. ...

Las Constituciones de los estados deberán…

… Se deroga.

… Se deroga

… Se deroga.

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

… Se deroga.

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:

a)… Se deroga.

b)… Se deroga.

c) Las normas de aplicación general...

d)…Se deroga.

e)…Se deroga.

Las legislaturas estatales…

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos que determinen sus legislaturas locales según las condiciones territoriales y socio-económicas propias, así como su capacidad administrativa y financiera. Sin embargo, deberán procurar la función elemental de los siguientes servicios públicos:

a)…

b)…

c)…

d)…

e)…

f)…

g)…

h)…

i)…

Sin perjuicio…

Los Municipios, previo acuerdo…

Las comunidades indígenas

IV. …

a)… Se deroga.

b)…

c)

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refiere esta fracción, ni concederán exenciones en relación con las mismas…

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia...

Las legislaturas de los Estados…

Los recursos que integran la hacienda municipal…

V. …

a)… a i)…

En lo conducente…

VI. ...

VII. …

VIII. …

IX. Derogada.

X. Derogada.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones, a 28 de abril de 2014.

Atentamente

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya. Se insertará de manera íntegra en el Diario de los Debates esta iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Federalismo; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

1 García Rabell, Enrique, El camino a la Diversidad Municipal, Cuestiones Constitucionales, núm. 4, enero-junio, 2011, UNAM.

2 Guillen, Tonatiuh, Agenda de la reforma municipal, México, CIDE, 2000, y Merino, Mauricio, Los gobiernos municipales en México: El problema del diseño institucional, documento de trabajo, 145, México, CIDE, abril 2004.

3 Nice, David y Fredericksen, Patricia, The Politics of Intergovernmental Relations, 2a. ed., Chicago, Nelson-Hall Publishers, 1995, pp. 149-153.

4 Macon, Jorge, Relaciones Intergubernamentales en Brasil, documento presentado en CFI-Buenos Aires, 1996, p. 7.

5 Artículo 115 original de la Constitución de 1917 en: Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios, Centro de Documentación, Información y Análisis, Subdirección de Información Sistematizada, H. Congreso de la Unión.

6 Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios, op. cit.

7 García Rabell, Enrique, op. cit.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

(Presentada por el C. Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Compañeras y compañeros, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes:

Vengo a presentarles una iniciativa, que espero se convierta en las modificaciones a la ley, muy noble, porque creo que no genera absolutamente ningún debate en virtud de que se trata simplemente de una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para armonizar simplemente la ley.

Y digo armonizar, porque ustedes recordarán que como parte de los cambios que impulsó al inicio de su administración el Presidente Peña Nieto, me refiero particularmente a los del 2 de enero de 2013, que se publicaron en el Diario Oficial en esa fecha, se derogaban y se reformaban diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y si recordarán, en aquella ocasión se quitó el artículo 30 Bis, despareciendo con ello la Secretaría de Seguridad Pública, creada en el 2000 por el entonces presidente Vicente Fox, y así como la reforma al artículo 27, que agregaba las facultades que tenía la Secretaría de Seguridad Pública, ahora a la Secretaría de Gobernación.

Esta iniciativa que hoy presento está enfocada únicamente para corregir el impacto legislativo de la reforma recién comentada, ya que tiene por objeto armonizar aquellos artículos a los que se hace referencia, o donde se hace referencia a la Secretaría de Seguridad Pública, cuya extinción fue decretada sin que se reflejara esta modificación en las leyes correspondientes.

Y actualizar también la referencia a los programas de la materia, aclarar el nombre correcto de algunas de las instituciones colaboradoras, se simplifica la redacción de algunos párrafos sin cambiar la sustancia ni alterar el objetivo de dicho ordenamiento.

Del resultado del análisis completo de la ley, a fin de considerar las incongruencia que se generaron, encontramos la necesidad de realizar siete cambios, siete modificaciones en cinco artículos, de los cuales solamente se actualizan y corrigen denominaciones, como los de la extinta Secretaría de Seguridad, del Programa Nacional de Seguridad, del Secretario Ejecutivo, e incluso el nombre del INEGI que está ahí, ya no corresponde a lo que hoy señala la ley.

Y si ustedes me lo permiten, para ahorrar tiempo, en vez de darles cualquier otra explicación o justificación, les voy a referir cuáles son estas siete modificaciones.

Se deroga la fracción V al artículo 12 para suprimir de la integración del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la ahora inexistente figura del Secretario de Seguridad Pública.

Segundo. La reforma al artículo 13, a fin de simplificar, para que no se requiera acuerdo específico que determinen las unidades administrativas, que deben sujetarse a las evaluaciones del control de confianza, ya que todo el personal de confianza y los titulares de las instituciones de seguridad, todas deben de sujetarse a ello.

Tercero. La reforma a la fracción IX del artículo 14, para actualizar el nombre correcto y completo del Programa Nacional de Prevención del Delito, de la Violencia y de la Delincuencia, lo anterior a efecto de identificar que es un solo programa.

Cuarto. La reforma a la fracción XVIII del artículo 14, para ampliar y hacer más completa la coordinación y colaboración entre el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Poder Judicial de la Federación, con el Poder Judicial de las entidades federativas; lo anterior, ya que el texto vigente solo refiere a los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas, y la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial estatuyen que los órganos jurisdiccionales se refieren a los juzgados y tribunales únicamente, por lo que resulta mucho más completo mencionar al Poder Judicial de las entidades federativas, que sólo a los órganos jurisdiccionales.

Quinta. La reforma al primer párrafo del artículo 18, para aclarar el nombre correcto del órgano operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues las facultades que enseguida se enumeran le corresponden al órgano, mas no a la persona, es decir, son obligaciones que desahoga mediante su estructura, mas no las ejecuta personalmente su titular; por lo que sólo se cambia la palabra Secretario por la palabra Secretariado.

Sexta. La reforma a la fracción I del artículo 19, para condicionarlo a la realidad actual, ya que el texto vigente señala que la administración de la base de datos criminalísticas y del personal del sistema, se hará en los términos que señale el reglamento, pero considerando la inexistencia del reglamento de la ley y la existencia del Reglamento del Secretariado Ejecutivo, los lineamientos del Consejo Nacional, de las comisiones permanentes y la normativa emitida por el mismo Centro Nacional de Información, se estima conveniente en que en vez de señalar únicamente el reglamento, mejor se mencione “de las disposiciones aplicables”, lo anterior para mantener una óptima operatividad.

Y finalmente la séptima. Reforma a la fracción V del mismo artículo 19, para corregir el nombre del INEGI, como ya les mencione, porque de conformidad con la denominación correcta del instituto, que es Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y no el Instituto Nacional de Información Estadística y Geografía, como se contempla actualmente.

Como verán, simplemente es un esfuerzo de la Comisión de Seguridad Pública por armonizar una serie de señalamientos, de frases, de palabras o de cuestiones que habían quedado rezagadas, derivado de lagran reforma que se hizo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en enero del 2013, cuando desaparece la Secretaría de Seguridad Pública, y sé que este esfuerzo, aunado a diversas iniciativas más que se han contemplado en la materia, permitirán tener una Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública más acorde con la realidad actual.

Por su apoyo, por el apoyo que brinden a esta iniciativa, mis gracias, mi gratitud anticipada a todas las Senadoras y Senadores.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fayad Meneses. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Sistema de Ahorro para el Retiro.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

(Presentada por el C. Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a esta Asamblea para presentar una iniciativa de reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, sobre uno de los temas que tanto preocupan a los trabajadores de México, que es el asunto relacionado con sus ahorros para el retiro y el destino que se está dando a estos recursos por parte de las AFORES.

Como ustedes bien saben, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro estableció las Administradoras de Fondos para el Retiro, AFORES, para asegurar que estas efectúen todas las gestiones que sean necesarias para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad de las inversiones de los trabajadores.

Asimismo, autorizó la creación de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, SIEFORES, como entidades mercantiles administradas y operadas por las propias administradoras, con el único propósito de invertir los recursos provenientes de las cuentas individuales de los trabajadores y lograr que estos adquieran plusvalías, multiplicándolos a favor de los ahorradores; es decir, la citada legislación que ahora se pretende reformar mediante la presente iniciativa de Decreto, ha facultado tanto a las AFORES como a las SIEFORES para administrar e invertir los recursos de los trabajadores provenientes de sus cuentas individuales como asegurados del IMSS y del ISSSTE, así como sus aportaciones voluntarias y complementarias, sin mayor requisito que el de procurar su rentabilidad, independientemente del medio del mercado financiero o bursátil donde se pretenden incrementar esos rendimientos.

En pocas palabras, la ley vigente autorizó convertir los recursos y ahorros para el retiro de los trabajadores en activo, o incluso de los pensionados y jubilados, en capitales de riesgo, que pueden generar plusvalías o minusvalías como cualquier capital especulativo de las bolsas de valores o de los mercados bursátiles.

El problema es que a la fecha el Sistema de Ahorro para el Retiro en nuestro país está en crisis, aun cuando las AFORES manejan más de 48.5 millones de cuentas individuales por más de 2.1 billones de pesos, cada mes los trabajadores pierden.

Tan sólo entre mayo y agosto del año pasado, el detrimento superó los 172 mil millones de pesos, mientras las administradoras incrementaron sus utilidades en 8 mil millones de pesos.

El problema generado por las administradoras de fondos y sociedades de inversión, por las pérdidas de recursos en los mercados bursátiles en contra de los ahorros de los trabajadores, ha sido tan grave, que algunas voces de especialistas en el tema han dicho que es previsible que en unos años el gobierno rescate con dinero público el esquema de pensiones privado, como ya lo hizo bajo otras condiciones en el caso del FOBAPROA o del Rescate Carretero.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro CONSAR, por otra parte, ha reconocido que durante 2013, todas las administradoras de pensiones reportaron cuantiosas minusvalías, esto es, precisamente, uno de los motivos que ha justificado dentro de la presente iniciativa legislativa una regulación más estricta de las actividades de las administradoras y de las sociedades de inversión, para impedir que en el futuro realicen cualquier tipo de inversión con fondos de los trabajadores sin el consentimiento expreso de éstos, en el que además se exprese el porcentaje y plazo en el que los trabajadores decidan realizar dichas inversiones, quedando prohibido hacerlo respecto de aquellos trabajadores que no otorguen dicho consentimiento.

Es importante recordar al respecto, que entre las promesas para la implementación de la transición de los sistemas de pensiones públicos tradicionales a los sistemas de ahorro para el retiro por administradoras privadas que se generaron a partir de las nuevas legislaciones del IMSS y del ISSSTE, las autoridades de la Secretaría de Hacienda presentaron a los dirigentes sindicales y a los trabajadores un panorama prometedor para que se procurara la migración de empleados al nuevo sistema de administración de pensiones.

La idea era que los trabajadores encontraran estímulos para posponer sus jubilaciones, estar mayor cantidad de años activos, incrementar su ahorro obligatorio y voluntario y poder obtener mayores beneficios que los que perciben quienes permanecen en el antiguo régimen pensionario.

Bajo esas promesas, millones de trabajadores migraron al sistema de cuentas individualizadas, pero muchas de estas promesas no han sido cumplidas en su mayoría.

Hoy un mayor número de trabajadores se encuentran en la desprotección plena, frente a una legislación vigente que ha generado condiciones de apertura y discrecionalidad en la inversión y administración de los fondos de ahorro para el retiro.

La propia Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ha reconocido la existencia de pérdidas en los casos de muchos trabajadores que al recibir su estado de cuenta de fin de año se encontraron frente a la sorpresa de que los fondos de su ahorro para el retiro, en sus cuentas individuales, disminuyeron entre un 7 y un 10 por ciento durante el periodo de mayo y agosto del año pasado.

Datos de la CONSAR indican que las pérdidas o minusvalías reportadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro, en mayo del año pasado, fueron de 80 mil 492 millones de pesos; en junio, de 74 mil 724 millones de pesos; y en agosto, de 17 mil 760 millones de pesos.

La gran duda: ¿Por qué sólo los trabajadores pierden mientras las Administradoras de Fondos para el Retiro siguen ganando? Esto no puede ser más que el resultado de la falta de transparencia, opacidad y falta de responsabilidad social de estas administradoras y sociedades de inversión, así como de una adecuada política de regulación y vigilancia por parte de las autoridades financieras y de seguridad social que protejan más a los trabajadores y dejen de consentir los intereses privados.

Lo más delicado todavía, y sobre lo que no han reflexionado ni el gobierno federal, ni los sistemas de seguridad social, ni las propias administradoras privadas, es que la baja, pérdida o minusvalía registrada en contra de los recursos de los trabajadores de entre un 7 y un 10 por ciento de sus fondos de ahorro para el retiro, no ha significado únicamente dinero, sino años de trabajo ahorrados que se evaporaron, sin que nada ni nadie obligue a sus responsables AFORES o SIEFORES a restaurar ese daño, no sólo con dinero, sino con una serie de medidas integrales que permitan a los trabajadores recuperar esos años perdidos en una mala inversión financiera y, peor aún, sin su consentimiento.

Por eso la presente iniciativa pretende reformar diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para regular, entre otras cosas, que se otorguen mayores facultades a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y al Comité Consultivo de Vigilancia, para establecer medidas preventivas y restaurativas, con el fin de proteger los recursos de los trabajadores cuando se presenten circunstancias atípicas en los mercados financieros o bursátiles que puedan llegar a afectar sus intereses económicos; así también para exigir el consentimiento de los trabajadores en cualquier inversión realizada por la AFORES y las SIEFORES, cuando las mismas se efectúen con recursos de estos; establecer la responsabilidad directa y solidaria en los daños ocasionados a los trabajadores y la obligación de la restauración del daño por actos, omisiones u operaciones de carácter voluntario e involuntario cometidos en perjuicio de los ahorros de los propios trabajadores.

Necesitamos fortalecer nuestra política de seguridad social para nuestros trabajadores en activo y en retiro, nuestros fondos de ahorro para el retiro deben convertirse en un auténtico cimiento para el futuro, no en un capital de riesgo y de especulación financiera por el que los trabajadores y sus familias vivan preocupados.

Estamos hablando del producto de muchos años de trabajo, del esfuerzo de millones de trabajadores que sufrieron para ganarlo y respecto del cual deben encontrar en la ley mejores opciones y mecanismos de protección para administrarlo como mejor convenga.

Los legisladores de izquierda demandamos, en ese sentido, aprobar las reformas legales necesarias para mejorar la capacidad del sistema financiero nacional en cuanto a la administración de las pensiones en el futuro de los trabajadores, con un sistema que les otorgue seguridad y mejores condiciones para su retiro.

Debemos terminar con los parásitos financieros en los que hemos convertido a las AFORES, obteniendo ganancias increíbles, como una nueva y elegante élite de financieros que ven al trabajador como un inversor bursátil, como una fuente de recursos para sus negocios particulares con autorización legal.

De no ponerle punto final a esta anomalía jurídico-financiera, seremos corresponsables de un problema social de mayor magnitud.

Estaremos poniendo en riesgo la estabilidad de los trabajadores y sus familias y, eventualmente, estaríamos generando condiciones para incrementar el número de pobres y marginados en México.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“El que suscribe, RAUL MORON OROZCO, Senador de la República a la LXII Legislatura del Congreso de Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 5 FRACCION XIII BIS, 16 FRACCION X, 34, 35, 36, 39, 41 FRACCION II, TERCER PARRAFO, 44 CUARTO PARRAFO, 47 TERCERO, QUINTO Y SEXTO PARRAFOS, 47 BIS PARA CONVERTIRSE EN 47 TER, 48 FRACCION XII, QUE SE CONVIERTE EN 48 FRACCION XIII, 100 FRACCIONES XIII, XIV, XX Y 100-A FRACCIONES I Y II Y SE ADICIONAN UN CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO 44, UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 44 BIS, EL ARTICULO 47 BIS CON CINCO FRACCIONES, LA FRACCION XII DEL ARTICULO 48 Y LA FRACCION III DEL ARTICULO100-A, DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO, al tenor de la siguiente:

ExposiciOn de motivos

A partir del año 1996, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que vino a sustituir a la Leypara la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro de 1994, estableció las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) comoentidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de la ley que ahora se propone modificar, así como a administrar sociedades de inversión.

En relación con las administradoras, la legislación vigente ha dispuesto que éstas deben efectuar todas las gestiones que sean necesarias, para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de las sociedades de inversión que administren, pero en cumplimiento de sus funciones,deben atender exclusivamente al interés de los trabajadores y asegurarán que todas las operaciones que efectúen para la inversión de los recursos de dichos trabajadores se realicen con ese objetivo.

Por otro lado, en relación con las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORES), la ley vigente ha determinado que se trata desociedades de inversión, administradas y operadas por las administradoras (afores), cuyo propósito es invertir los recursos provenientes de las cuentas individuales que reciban en los términos de las leyes de seguridad social y de la propia ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como los recursos de las propias administradoras.

Además, las sociedades de inversión pueden invertir las aportaciones destinadas a fondos de previsión social, las aportaciones voluntarias y complementarias de retiro que reciban de los trabajadores y patrones, así como los demás recursos que en términos de esta ley pueden ser depositados en las cuentas individuales.

Es decir, la citada legislación que ahora se pretende reformar mediante la presente iniciativa de ley, ha facultado tanto a las Afores, como a las Siefores, para administrar e invertir los recursos de los trabajadores provenientes de sus cuentas individuales como asegurados del IMSS o ISSSTE, así como sus aportaciones voluntarias y complementarias, sin mayor requisito que el de procurar su rentabilidad, independientemente del medio o del mercado financiero o bursátil donde se pretendan incrementar esos rendimientos. En pocas palabras, se han convertido los recursos y ahorros para el retiro de los trabajadores en activo o incluso los pensionados y jubilados, en capitales de riesgo, que pueden generar plusvalías o minusvalías como cualquier capital especulativo de las bolsas de valores o de los mercados bursátiles.

El problema es que a la fecha, el Sistema de Ahorro para el Retiro en nuestro país está en crisis. Aun cuando las Afores manejan más de 48.5 millones de cuentas individuales por más de 2.1 billones de pesos, cada mes los trabajadores pierden.

Tan sólo entre mayo y julio del año pasado, el detrimento superó los 171 mil millones de pesos, mientras las administradoras incrementaron sus utilidades en 8 mil millones.

El problema generado por las administradoras de fondos y sociedades de inversión, por la pérdida de recursos en los mercados bursátiles en contra de los ahorros de los trabajadores, ha sido tan grave, que algunas voces de especialistas en el tema, han dicho que es previsible que en unos años el gobierno rescate con dinero público el esquema de pensiones privado, como ya lo hizo bajo otras condiciones, en el caso del Fobaproa o del Rescate Carretero.

Ramírez Fuentes por ejemplo, uno de los especialistas en el tema, quien participó en la novena cumbre de Capital Privado en México, señaló ante decenas de empresarios que actualmente la tercera parte de las inversiones de las Afore se destinan a actividades productivas mediante el mercado bursátil, con los certificados de capital de desarrollo conocidos como CKD.

Sin embargo, reconoció que “a pesar de la diversificación de cartera que se ha logrado en los últimos años, faltan proyectos para destinar el cúmulo de ahorro por 2.1 billones de pesos a los que en conjunto ascienden los fondos de los trabajadores, monto que por primera vez se alcanza en México y que puede aumentar otro billón de pesos en los próximos cinco años, pero aseguró que debe hacerse en proyectos que no pongan en riesgo los ahorros de los trabajadores o que impliquen minusvalías”.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) por otra parte, ha reconocido que durante 2013, todas las administradoras de pensiones reportaron cuantiosas “minusvalías”, ese es justamente uno de los motivos que han motivado dentro de la presente iniciativa legislativa, una regulación más estricta de las actividades de las administradoras y de las sociedades de inversión, para impedir que en el futuro realicen cualquier tipo de inversión con fondos de los trabajadores sin el consentimiento expreso de éstos, en el que además, se exprese el porcentaje y plazo, en el que los trabajadores decidan realizar dichas inversiones, quedando prohibido hacerlo, respeto de aquellos trabajadores que no otorgue dicho consentimiento.

Es importante recordar al respecto, que entre las promesas para la implementación de la transición de los sistemas de pensiones públicos tradicionales a los sistemas de ahorro para el retiro por administradoras privadas, que se generaron a partir de las nuevas legislaciones del IMSS y del ISSSTE, las autoridades de la Secretaría de Hacienda, presentaron a los dirigentes sindicales y a los trabajadores un panorama prometedor para que se procurara la migración de empleados al nuevo sistema de administración de pensiones.

La idea era que los trabajadores encontraran estímulo para posponer sus jubilaciones, estar mayor cantidad de años activos, incrementar su ahorro obligatorio y voluntario y poder obtener mayores beneficios que los que perciben quienes permanecen en el antiguo régimen pensionario.

Bajo esas promesas millones de trabajadores, migraron al sistema de cuentas individualizadas, pero muchas de esas promesas no han sido cumplidas en su mayoría, hoy un mayor número de trabajadores, se encuentran en la desprotección plena, frente a una legislación vigente, que ha generado condiciones de apertura y discrecionalidad en la inversión y administración de los fondos de ahorro para el retiro.

La propia Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), ha reconocido la existencia de pérdidas en los casos de muchos trabajadores que al recibir su estado de cuenta de fin de año, se encontraron frente a la sorpresa de que los fondos de su ahorro para el retiro, en sus cuentas individuales, disminuyeron entre un 7 y un 10% durante el periodo de abril a agosto del año pasado.

Frente a esta realidad social, en la que los trabajadores se ubican en evidente desprotección y desventaja, la única respuesta que han logrado obtener de las propias administradoras, bajo un argumento de política macroeconómica es que: “No son pérdidas, sino minusvalías”; o que “se trató de un momento complicado en los mercados financieros”; o más aún que “los recursos fueron afectados por la incertidumbre derivada de la política monetaria de Estados Unidos”; o de plano que “así son los vaivenes del mercado”, y que no siempre se han registrado minusvalías, sino también plusvalías, como ocurrió según ellos “De 2009 a 2012, donde las afores tuvieron muy buenos rendimientos.

Lo más delicado todavía y sobre lo que no han reflexionado, ni el gobierno federal, ni los sistemas de seguridad social, ni las propias administradoras privadas, es que la baja, pérdida o minusvalía registrada en contra de los recursos de los trabajadores de entre un 7 y un 10% de sus fondos de ahorro para el retiro, no ha significado únicamente dinero, sino años de trabajo ahorrados que se evaporaron, sin que nada, ni nadie obligue a sus responsables “Afores y Siefores”, a restaurar ese daño, no sólo con dinero, sino con una serie de medidas integrales que permitan a los trabajadores recuperar esos años perdidos en una mala inversión financiera y peor aún, sin su consentimiento.

Por eso es que entre otras medidas, la presente iniciativa ha propuesto:

a) Reformar los artículos 5 fracción XIII bis y 16 fracción X de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para otorgar mayores facultades tanto a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, como al Comité consultivo y de Vigilancia para establecer medidas preventivas y restaurativas para proteger los recursos de los trabajadores cuando se presenten circunstancias atípicas en los mercados financieros o bursátiles que puedan llegar a afectar sus intereses económicos.

b) Reformar los artículos 34, 35 y 36 del mismo ordenamiento legal, para exigir el consentimiento de los trabajadores en cualquier inversión realizada por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), cuando las mismas se efectúen con recursos de éstos, establecer la responsabilidad directa y solidaria en los daños ocasionados a los trabajadores y la obligación de la restauración del daño por actos, omisiones u operaciones, de carácter voluntario e involuntario, cometidos en perjuicio de los propios trabajadores.

c) Reformar los artículos 39, 41 fracción II, tercer párrafo, con adición de un cuarto párrafo, 44 cuarto párrafo, 47 tercero, quinto y sexto párrafos, 47 bis para convertirse en 47 ter, 48 fracción XII, que se convierte en 48 fracción XIII, así como la adición de un tercer párrafo al artículo 44 bis, el artículo 47 bis con cinco fracciones y la fracción XII del artículo 48, del ordenamiento legal antes citado todos relacionados con las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (Siefores), para establecer como obligatorio el consentimiento expreso de los trabajadores en cualquier tipo de inversión realizada con recursos de las cuentas individuales o de aportaciones voluntarias, complementarias o de previsión social, constituir fondos de reserva destinados a la restauración del daño ocasionado a los trabajadores, las obligaciones derivadas de los daños ocasionados a los trabajadores por falta de consentimiento expreso y el porcentaje máximo de inversión autorizados por cada trabajador de los recursos de cada subcuenta, para las sociedades de inversión.

Asimismo, se establecen los requisitos que deberán cubrirse por los trabajadores, previo a la inversión de sus recursos por las Siefores y las prohibiciones de éstas para realizar cualquier tipo de inversión en mercados comerciales, financieros o bursátiles, cuando no se cumplan dichos requisitos, y

d) Reformar los artículos 100 fracciones XIII, XIV, XX y 100-A fracciones I y II con adición de una fracción III, para determinar las sanciones que correspondan a los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, contralores normativos, consejeros independientes, consejeros, directores, administradores, funcionarios, apoderados, agentes, empleados y demás personas, físicas o morales, como las sociedades de inversión, por las infracciones que estas cometan por realizar cualquier acto u omisión que afecte los intereses del trabajador o se realice cualquier operación sin consentimiento expreso y por escrito del trabajador. Además de que en dichas disposiciones se ha establecido disposición específica para proceder a la restauración de los daños y perjuicios ocasionados y al cumplimiento de las demás medidas establecidas por la Comisión al respecto.

Finalmente es importante señalar, que resulta urgente y necesaria aprobar una reforma a la Ley vigente de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para otorgar mayor seguridad y confianza a los trabajadores que se ven obligados a ahorrar en las afores, a los que tienen planes para retirarse y obtener una pensión, a los que deciden invertir sus ahorros en el mercado financiero, a pesar de su inestabilidad y a los que deciden que sus recursos no se inviertan en instrumentos bursátiles.

Necesitamos fortalecer nuestra política de seguridad social, para nuestros trabajadores en activo y en retiro, nuestros fondos de ahorro para el retiro, deben convertirse en un auténtico cimiento para el futuro, no en un capital de riesgo y de especulación financiera. Estamos hablando del producto de muchos años de trabajo, del esfuerzo de millones de trabajadores que se sufrieron para ganarlo y respecto del cual deben encontrar en la ley, mejores opciones y mecanismos de protección para administrarlo como mejor convenga.

Las Afores, han sido creadas para hacer producir los recursos de los trabajadores, no para generar capitales de riesgo. Los trabajadores tienen todo el derecho de reclamar una administración segura y responsable de sus recursos, para eso están las administradoras y por eso nos cobran comisiones.

El ahorro de los trabajadores es sagrado. Son fondos que nunca deben tener retrocesos o minusvalías, son recursos vitales para ellos y sus familias, es el producto de toda una vida laboral que debe ser destinado para alcanzar tranquilidad en el retiro, no para ingresar a la precariedad, después de entregar sus mejores años al Estado y a la sociedad.

Los legisladores de izquierda, demandamos en ese sentido, aprobar las reformas legales necesarias para mejorar la capacidad del sistema financiero nacional en cuanto a la administración de las pensiones en el futuro de los trabajadores, con un sistema que les otorgue seguridad y mejores condiciones para su jubilación.

Debemos terminar con los paraísos financieros en los que hemos convertido a las afores, obtenido ganancias increíbles, como una nueva y elegante élite de financieros que ven al trabajador como un inversor bursátil, como una fuente de recursos para sus negocios particulares, con autorización legal. Eso no puede continuar así, el trabajador debe ser lo más importante, nosotros estamos aquí para elaborar un marco jurídico que proteja a los trabajadores y su patrimonio, no para seguir autorizando legislaciones que atenten contra él.

De no ponerle punto final a esta anomalía jurídico-financiera, seremos corresponsables de un problema social de mayor magnitud.Estaremos poniendo en riesgo la estabilidad de los trabajadores y sus familias, y eventualmente, estaríamos generando condiciones para incrementar el número de pobres y marginados en México.

Por lo expuesto y fundado, es que me permito presentar a esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como se establece en el siguiente:

DECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos 5 fracción XIII bis, 16 fracción X, 34, 35, 36, 39, 41 fracción II, tercer párrafo, 44 cuarto párrafo, 47 tercero, quinto y sexto párrafos, 47 bis para convertirse en 47 ter, 48 fracción XII, que se convierte en 48 fracción XIII, 100 fracciones XIII, XIV, XX y 100-A fracciones I y II y se adicionan un cuarto párrafo del artículo 44, un tercer párrafo al artículo 44 bis, el artículo 47 bis con cinco fracciones, la fracción XII del artículo 48 y la fracción III del artículo100-A, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

Artículo 5o.- La Comisión tendrá las facultades siguientes:

XIII bis. Establecer medidas preventivas y restaurativas para proteger los recursos de los trabajadores cuando se presenten circunstancias atípicas en los mercados financieros. Así como dictar reglas para evitar prácticas que se aparten de los sanos usos comerciales, bursátiles o del mercado financiero, particularmente cuando estas afecten los intereses económicos de los trabajadores o se realicen sin su consentimiento.

Artículo 16.- El Comité Consultivo y de Vigilancia tendrá las siguientes facultades:

X. Recomendar medidas preventivas y restaurativas para garantizar el sano desarrollo de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, tanto en lo referente a la administración de fondos, como en la operación de las sociedades de inversión, a fin de evitar que las circunstancias atípicas en los mercados financieros o bursátiles, afecten los recursos de los trabajadores;

Artículo 34.- Las administradoras requerirán autorización de la Comisión, para invertir en las empresas que les presten servicios complementarios o auxiliares en la realización de su objeto. Cuando dichas inversiones representen la afectación de recursos de los trabajadores, requerirán también el consentimiento de éstos.

Asimismo, la administradora será solidariamente responsable frente a terceros y los propios trabajadores de las sanciones que correspondan a dichas empresas con motivo de su supervisión.

Artículo 35…

Cuando dichos actos, omisiones y operaciones, aun siendo de carácter involuntario, afecten los recursos de los trabajadores, además de las sanciones establecidas en la presente ley, deberán proceder a la restauración del daño, sin perjuicio de las sanciones y obligaciones que les correspondan en otras disposiciones aplicables.

Artículo 36

Las administradoras que hayan cometido actos dolosos contrarios a esta Ley, que como consecuencia directa produzcan una afectación patrimonial a los trabajadores, estarán obligadas a restaurar el daño causado, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la presente ley y en otras disposiciones aplicables.

Artículo 39.- Las sociedades de inversión, administradas y operadas por las administradoras, tienen por objeto invertir, con el consentimiento expreso de los trabajadores, los recursos provenientes de las cuentas individuales que reciban en los términos de las leyes de seguridad social y de esta ley. Asimismo, las sociedades de inversión invertirán los recursos de las administradoras a que se refieren los artículos 27 y 28 de esta ley.

Además, las sociedades de inversión, con el consentimiento expreso de los trabajadores, podrán invertir las aportaciones destinadas a fondos de previsión social, las aportaciones voluntarias y complementarias de retiro que reciban de los trabajadores y patrones, así como los demás recursos que en términos de esta ley pueden ser depositados en las cuentas individuales.

Artículo 41…

I…

II…

Las sociedades de inversión no estarán obligadas a constituir el fondo de reserva a que se refiere el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, salvo en aquellos casos en los que se realicen inversiones con recursos de los trabajadores, mismo que será destinado al pago de la restauración del daño.

En caso de que el fondo de reserva no sea suficiente para pagar los daños causados a los trabajadores con las operaciones de inversión, las administradoras serán solidariamente responsables y deberán responder con todos sus activos patrimoniales y su capital social;

III a la VIII…

Artículo 44

Cuando se presenten minusvalías derivadas del incumplimiento al régimen de inversión autorizado por efectos distintos a los de valuación, o en el caso de la falta de presentación de la solicitud a que se refiere el primer párrafo de este artículo, así como en caso de la falta de consentimiento expreso del trabajador para proceder a la inversión de sus recursos, la administradora que opere la sociedad de inversión de que se trate, las cubrirá con cargo a la reserva especial constituida en los términos previstos en esta ley, y en caso de que ésta resulte insuficiente, lo deberá hacer con cargo a su capital social.

Artículo 44 Bis…

En este caso, si la inversión fue realizada con recursos del trabajador y no se cuenta con su consentimiento expreso, o teniéndolo, se excede de los porcentajes de inversión autorizados, tanto la administradora como la sociedad de inversión deberán responder solidariamente de los daños causados.

Artículo 47

A su vez, las sociedades de inversión podrán recibir e invertir recursos correspondientes a una subcuenta en forma exclusiva, o a diversas subcuentas conjuntamente, previo consentimiento expreso del trabajador por cualquiera de los medios establecidos en la presente ley y, asimismo, deberán establecer en los prospectos de información los requisitos que mediante reglas de carácter general determine la Comisión que deberán cumplir los trabajadores para poder elegir que sus recursos se inviertan en la sociedad de inversión de que se trate de conformidad con su régimen de inversión.

Igualmente, la Comisión podrá determinar, mediante disposiciones de carácter general, el porcentaje máximo de recursos de cada subcuenta de los trabajadores que podrá invertirse en las sociedades de inversión que por su naturaleza así lo ameriten, sin que éste pueda exceder el 20% del total de los recursos registrados en cada subcuenta.

Los trabajadores tendrán derecho a invertir sus recursos en cualquiera de las sociedades de inversión que sean operadas por la administradora que les lleve su cuenta individual, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el respectivo prospecto de información, los recursos que pretendan invertir correspondan a la subcuenta o subcuentas respecto de las cuales la sociedad de inversión que elijan esté autorizada para recibir e invertir recursos y no se excedan de los límites de inversión que, en su caso, determine la Comisión o el trabajador interesado, conforme a las disposiciones del párrafo anterior.

Artículo 47 bis.- Para que los trabajadores puedan invertir sus recursos en los mercados comerciales, financieros o bursátiles, a través de cualquiera de las sociedades de inversión son indispensables además los siguientes requisitos:

I. Expresar su consentimiento por escrito debidamente firmado o por cualquier otro medio válido, reconocido por la ley, incluida la firma electrónica.

II. Precisar el porcentaje o porcentajes autorizados para la inversión de sus recursos en cada subcuenta de su cuenta individual, siempre que éstos no excedan del 20%.

III. El nombre de la administradora de fondos o de la sociedad de inversión a la que se autorice llevar a cabo la operación.

IV. El tiempo o periodo para el que se autorice la inversión de sus recursos.

V. Las demás que se establezcan en ésta y otras disposiciones aplicables.

Artículo 47 ter (antes 47 bis)…

I a la VIII…

Artículo 48.- Las sociedades de inversión tendrán prohibido lo siguiente:

XII. Realizar cualquier tipo de inversión en mercados comerciales, financieros o bursátiles sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 47 bis de la presente ley, y

XIII. Las demás que señalen ésta u otras leyes.

Artículo 100…

XIII. Multa de dos mil quinientos a cinco mil días de salario a las administradoras que operen a las sociedades de inversión, que den preferencia a sus intereses o a los de sus empresas frente a los de los trabajadores, que realicen operaciones que impliquen conflicto de interés, que realicen cualquier acto u omisión que afecte los intereses del trabajador o intervengan en aquellas que no se ajusten a los usos y sanas prácticas del mercado de valores;

XIV.…

Igual sanción se impondrá si invierte los recursos de las cuentas individuales relativas a las cuentas de ahorro para el retiro o a los fondos de previsión social, sin el consentimiento expreso del trabajador por escrito y en contravención a lo dispuesto por esta ley y las reglas de carácter general que le sean aplicables;

XX. Multa de dos mil quinientos a cinco mil días de salario y pérdida de la participación de capital en beneficio de la Nación, y en perjuicio de las administradoras, sociedades de inversión o empresas operadoras cuando participen en su capital social personas distintas a las autorizadas en los términos de esta ley;

Artículo 100-A.- La administradora o sociedad de inversión que sea sancionada en términos de lo dispuesto en la fracción I bis, XIII y XIV del artículo que antecede, sin perjuicio de la imposición de la sanción pecuniaria que resulte procedente, deberá restaurar los daños y perjuicios ocasionados al trabajador indebidamente registrado o cuya cuenta individual fue indebidamente traspasada, así como al trabajador afectado por una inversión comercial, financiera o bursátil, efectuada sin su consentimiento o en porcentaje superior al autorizado por la ley, mediante la realización de lo siguiente:

I. La devolución de todas las comisiones cobradas al trabajador afectado;

II. El pago, mediante abono de la suma correspondiente en la cuenta individual del trabajador afectado, de la cantidad que resulte como diferencia entre los rendimientos obtenidos por dicha cuenta individual durante el tiempo en que fue administrada por la administradora infractora y el monto de los rendimientos que hubiera obtenido si sus recursos se hubieran invertido en la sociedad o sociedades de inversión que, durante dicho tiempo, hayan otorgado los rendimientos de gestión más altos de las sociedades de inversión de acuerdo a la información publicada en la página de Internet de la Comisión, o en su caso, de la cantidad que implique la minusvalía o perdida por las operaciones realizadas en los mercados comerciales, financieros o bursátiles.

El monto de tal resarcimiento deberá ser determinado en cantidad líquida y ordenado por la Comisión en la misma resolución, y

III. Todas las demás acciones determinadas por la Comisión para lograr la restauración plena del daño causado al trabajador.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor, el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las Administradoras de Fondos para el Retiro y las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, que a la entrada en vigor del presente decreto hayan realizado inversiones con recursos de los trabajadores en los mercados comerciales, financieros o bursátiles, contarán con un plazo de 120 días, para obtener el consentimiento expreso de los mismos, así como el cumplimiento de los demás requisitos a los que se refiere el artículo 47 bis del decreto de mérito, de lo contrario, deberán proceder al retiro de los fondos invertidos de los trabajadores que no otorguen dicho consentimiento, reintegrándolos a sus cuentas individuales o las subcuentas que correspondan.

TERCERO. La Comisión contará con un plazo de 90 días para modificar las disposiciones de carácter general vigentes relativas a la operación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en lo concerniente a lo establecido en el presente decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de abril de 2014.

Sen. Raúl Morón Orozco”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Morón Orozco. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

- El C. Senador Armando Neyra Chávez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Armando Neyra Chávez, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Armando Neyra Chávez: (Desde su escaño) Si me permite el Senador sumarme a esta gran propuesta, y que de aquí al 1º de mayo, el Canal del Congreso le dé mucha difusión.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Raúl Morón Orozco, ¿acepta la adhesión del Senador Armando Neyra Chávez?

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: (Desde su escaño) Con gusto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Solicito a la Secretaría que tome nota de ello.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Expropiación y la Ley de Amparo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 1O., 9 BIS, 10, 14 Y 19 DE LA LEY DE EXPROPIACION Y ADICIONA UNA FRACCION AL ARTICULO 129 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La expropiación es una institución de derecho público contemplada en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada, incluso ejidal o comunal, desde su titular al Estado mediante indemnización.

No es una medida discrecional, sino que debe estar de por medio una causa de utilidad pública, esto es la necesidad indispensable de conseguir un beneficio colectivo a través de la prestación de un servicio o la realización de una obra, tales como empresas para beneficio colectivo, hospitales, escuelas, unidades habitacionales, parques, zonas ecológicas, entre otros.

De tal suerte, que el beneficio social y colectivo hace necesario imponer en detrimento del particular, como última instancia, la expropiación.

Con todo y el objeto del beneficio colectivo, en la práctica los procedimientos de expropiación son dilatados en detrimento de la obra o servicio social requerido por la sociedad; el problema, la reticencia del particular afectado. Evidentemente que no es el caso de fastidiar ni perjudicar a un particular, pero las necesidades colectivas deben sobreponerse a los particulares, de ahí que una condición de la expropiación lo sea la justa indemnización al particular.

Aún así, generalmente, el particular considera verse gravemente afectado, pese a que de conformidad con la Ley de Expropiación, el precio a pagarse por concepto de indemnización deberá ser el valor comercial, luego entonces, cabría la duda del por qué de la reticencia a aceptar dicho pago.

Para este caso, cabe recordar que tratándose de bienes inmuebles, una vez que la obra pública o servicio se ha concretado, generalmente el valor de los inmuebles en esa zona se verá incrementado de manera considerable.

Así, aunque el precio del pago por concepto de indemnización sea en detrimento, y en un momento dado razonable, esto es una retribución justa, también es cierto que en el momento siguiente cuando el inmueble sea destinado al fin que motivó la expropiación, en la mayoría de los casos, se incrementa en muy amplia proporción ante la plusvalía o cambio de circunstancias de la zona, beneficio que solamente verán reflejados en su haber los dueños de predios de los vecinos, menos quien o quienes se hubiesen desprendido del suyo para el bien de la colectividad.

Aceptar esta realidad constituirá un valioso primer paso para facilitar y agilizar los procedimientos de expropiación de bienes necesarios para un fin considerado de utilidad pública, a través de compensar en mejor medida posible a los afectados, o bien de que éstos sean lastimados lo menos posible en los procesos.

Además de esta medida, otras que permitan superar los obstáculos en materia de expropiación, velando siempre por el bien social, pero sin descuidar al particular, se enumeran los siguientes:

Como una medida que contribuya a garantizar los intereses del particular afectado, prevé la responsabilidad solidaria por parte del Estado cuando el bien a expropiar sea destinado para un tercero.

Asimismo, para lograr la eficacia de las normas encaminadas a evitar dilaciones en la ejecución de las obras y servicios públicos, se propone que las reglas que rigen la suspensión sean las contenidas en la ley reglamentaria, esto es, en la Ley de Amparo.

Finalmente, y con la finalidad de evitar en la mayor medida posible los litigios, el conservar la posibilidad de acuerdo entre las partes.

Por otra parte, es público y notorio que muchos de los procesos de expropiación, tal vez en su mayoría, son realizados con motivos y objetivos relacionados con la movilidad de las personas, esto es, la infraestructura y adecuación del espacio público parael desplazamiento de las personas. Al respeto, es de destacar lo dispuesto por la fracción II del artículo 1o. de la Ley de Expropiación, acerca de contemplar como de utilidad pública, la apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano.

Concepto que definitivamente es superado a la fecha, puesto que la movilidad de las personas y mercancías no se suscribe solamente al tránsito.

Por ello, atentos a que gran cantidad de procedimientos de expropiación están encaminados a favorecer la satisfacción de las necesidades básicas de la movilidad de la población, se sugiere ampliar el concepto a una acepción más completa.

En resumidas cuentas, la propuesta sugiere, en esencia, agilizar los procedimientos y la ejecución de obras y servicios que como causa de utilidad pública son materia de un procedimiento de expropiación, garantizando los intereses de los afectados y privilegiando en todo momento la posibilidad del acuerdo entre las partes; superar o ampliar el antiguo concepto de movilidad relacionado con el tráfico de vehículos automotores para adecuarlo al desplazamiento de las personas y mercancías, cualquiera que sea el medio para realizarlo, dentro del catálogo de causas de utilidad pública contenido en la Ley de Expropiación.

Así las cosas, la propuesta que tengo a bien someter a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía es la contenida en la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se reforman los artículos 1o., 9 Bis, 10, 14 y 19 de la Ley de Expropiación y adiciona una fracción al artículo 129 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:

Ley de Expropiación.

Artículo 1o.- …

Se consideran causas de utilidad pública:

I.- (…);

II.- La apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano; así como, la adecuación e implementación de infraestructura para la movilidad de las personas, cualquiera que sea el medio empleado para trasladarse.

Artículo 9 Bis.- Según las particularidades del caso, la expropiación podrá realizarse conforme a las previsiones siguientes:

V.- La Secretaría de Estado competente, una vez emitida la declaratoria de utilidad pública y hasta antes de que se emita el Decreto expropiatorio, podrá optar y convenir con los afectados la celebración de contratos de compraventa cuando exista voluntad de las partes y acuerdo respecto al precio del bien o los bienes objeto de la expropiación.

Artículo 10.- El precio que se fijará como indemnización para el bien expropiado será el equivalente al valor comercial que se fije.

En el caso de los bienes inmuebles, de ser el caso, la fijación del valor comercial será conforme al eventual incremento que alcanzaría en virtud de la plusvalía o cambio de las circunstancias y entorno del lugar, como consecuencia de la utilización del bien para los fines de la expropiación. En ningún caso el precio será inferior al valor fiscal en las oficinas catastrales.

Artículo 19.- (…)

Cuando la cosa expropiada pase al patrimonio de persona distinta del Estado, esa persona cubrirá el importe de la indemnización. El Estado será responsable solidario para garantizar el cumplimiento de pago.

Ley de Amparo.

Artículo 129.- Se considerará, entre otros casos, que se sigue en perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión.

XIV.- Se impida la continuidad de los procedimientos de expropiación o su ejecución.

Con esta iniciativa, compañeras y compañeros Senadores, lo que se busca es que los procedimientos de expropiación sean más ágiles, es muy común que para la edificación o la construcción de una carretera, el estado, el municipio o la Federación lleguen a acuerdos con prácticamente todos los propietarios y a lo mejor con uno que tiene una proporción de terreno pequeña no se logra un acuerdo, fundamentalmente por dos motivos:

La primera, porque el precio ofrecido por la indemnización no es el que espera el propietario o el que tiene que ver con el beneficio que tendrán los propietarios de los terrenos aledaños a la construcción que es expropiada, que son los únicos beneficiarios con la plusvalía, con lo que tendrá el valor posterior a la obra y a quien se le expropia no tendrá ese beneficio.

Lo que estamos buscando son alternativas para que las obras no se detengan, pero también hay que velar por el interés del propietario.

Para eso, la propuesta tiene la finalidad concreta de poderles ofrecer alternativas a los propietarios de los predios para que puedan estar en condiciones de aceptar de manera más amigable, por llamarlo de alguna forma, la expropiación y que las obras no se detengan.

La segunda puede ser que se niegue única y exclusivamente por negarse, y entonces aquí sí opera el beneficio de la colectividad y ahí entonces el Estado tendría que garantizar que esta expropiación se dé.

Por eso es que estamos promoviendo que en algunos casos no opere lo que establece el artículo 129 de la Ley de Amparo, para los efectos de que no se paren las obras y que continúen en beneficio de la colectividad.

Y cuando estas obras sean en beneficio de un tercero, estamos hablando de una carretera que será concesionada a una empresa, que es una empresa particular, pero que la expropiación va dirigida para estos beneficiarios, el Estado mexicano debe de ser solidario y cubrir el costo de la indemnización a las personas afectadas.

Esta iniciativa la presento el día de hoy, señor Presidente, esperando la comprensión de mis compañeras y mis compañeros Senadores, que habrán de dictaminar la misma a efecto de que se le dé celeridad, las obras que requieren los municipios, los estados, las entidades federativas y la Federación no se pueden detener, que no se detengan por causa de dinero.

Muchas gracias.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con proyecto de Decreto quereforma los artículos 1º, 9 Bis, 10, 14 y 19de la Ley de Expropiación y adiciona una fracción al artículo 129 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Expropiación es una institución de Derecho Público contemplada en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada, incluso ejidal o comunal, desde su titular al Estado, mediante indemnización; o bien a un ente de la Administración Pública dotado de patrimonio propio. También puede expropiarse un bien para que éste sea explotado por un tercero.

La parte conducente del invocado artículo 27 dispone a la letra:

“Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.”

De esta manera, la expropiación no es una medida que el Estado pueda ejercer de manera discrecional, sino que debe estar de por medio una causa de utilidad pública, esto es, la necesidad indispensable de conseguir un beneficio colectivo a través de la prestación de un servicio o realización de una obra públicos, quedando comprendido en dicha acepción de utilidad pública además, aquellas necesidades económicas, sociales, sanitarias e inclusive estéticas, que pueden requerirse en determinada población, tales como empresas para beneficio colectivo, hospitales, escuelas, unidades habitacionales, parques, zonas ecológicas, entre otros, dado que el derecho a la propiedad privada está delimitado en la Constitución Federal en razón de su función social.

De tal suerte, que el beneficio social y colectivo hace necesario imponer en detrimento del particular, la expropiación; cuando dicho particular es reticente a negociar el precio o el traslado de dominio mismo de su propiedad al Estado o el tercero que habrá de encargarse de la prestación del servicio público o la realización de una obra en beneficio inmediato de un sector social y mediato de toda la sociedad. Claro está, que mediante una indemnización.

Así las cosas, la figura jurídica de la “expropiación” es una medida que se emplea como última instancia para que el Estado obtenga la propiedad, ocupación temporal o imponga ciertas limitaciones al dominio privado, ante la necesidad de satisfacer necesidades sociales. Sus modalidades y procedimiento se encuentran reguladas, para el orden federal, en la Ley de Expropiación.

No obstante el fin social perseguido por la Expropiación, en la práctica, el desahogo de estos procedimientos llega a ser tan dilatado que las necesidades que pretende satisfacer se ven en la necesidad de largas esperas en detrimento de la sociedad. El problema, como ya se dijo, es generalmente la reticencia del particular afectado, que llega a enfrascarse con el Estado en largos litigios que postergan hasta por años la realización de una obra o la prestación de un servicio público.

Evidentemente que no es el caso de fastidiar ni perjudicar a ningún particular, pero las necesidades colectivas deben sobreponerse a las particulares, de ahí que una condición de la expropiación, lo sea la justa indemnización al particular.

Aun así, son común el litigo y la reticencia, en virtud de que pese a la indemnización, generalmente el particular considera verse gravemente afectado.

Dos hipótesis son las más comunes para la renuencia del particular al traslado de su propiedad al Estado. El interés en sí mismo de la conservación de su propiedad, o bien, el precio a pagarse por concepto de indemnización. Evidentemente que de no ser así, habría negociación entre las partes, acuerdo de voluntades y por ende sería innecesario el ejercer la coacción del Estado a través de la expropiación. Luego, al no ser así, los particulares se enfrascan en desgastantes pleitos legales hasta donde les sea posible, mayormente por causa del precio fijado para la indemnización.

Al respecto, cabe destacar el contenido de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Expropiación, que a la letra dice:

“Artículo 10.- El precio que se fijará como indemnización por el bien expropiado, será equivalente al valor comercial que se fije sin que pueda ser inferior, en el caso de bienes inmuebles, al valor fiscal que figure en las oficinas catastrales o recaudadoras.”…

Como se lee, la indemnización que se debe pagar al particular afectado debe ser el precio de VALOR COMERCIAL, luego entonces, cabría la duda del porqué de la reticencia a aceptar dicho pago.

Para este caso, cabe recordar que en tratándose de bienes inmuebles, una vez que la obra pública o servicio sea concretado, generalmente el valor de los inmuebles en esa zona se vería incrementado de manera considerable. Así, aunque el precio del pago por concepto de indemnización sea en determinado momento objetivo y razonable, esto es, una retribución justa; también es cierto que en el momento siguiente, cuando el inmueble sea destinado al fin que motivó la expropiación, en la mayoría de los casos el valor se incrementa en muy amplia proporción ante la plusvalía o cambio de circunstancias de la zona. Beneficio que solamente verán reflejado en su haber los dueños de los predios vecinos, menos quien o quienes se hubiesen desprendido del suyo para el bien de la colectividad.

Aceptar esta realidad, la del inminente incremento del valor de un inmueble, constituirá un muy valioso primer paso para facilitar y agilizar los procedimientos de expropiación de bienes necesarios para un fin considerado de utilidad pública, a través de compensar en la mejor medida posible a los afectados, o bien, de que éstos sean lo menos posible lastimados por estos procesos.

Como ya se dijo, es muy común ser testigos de casos en los que una obra pública o servicio se retrasa hasta años por causa de los conflictos de expropiación, por lo que también resulta indispensable el prever medidas legislativas para que dichos litigios sean resueltos lo antes posible o bien, para que no retarden la ocupación y destino social requerido. Una medida en este sentido se pretendió en los artículos 7 y 8 de la Ley de Expropiación, al señalar:

“Artículo 7o.- Una vez decretada la expropiación, ocupación temporal o limitación de dominio la autoridad administrativa que corresponda procederá a la ocupación inmediata del bien de cuya expropiación u ocupación temporal se trate, o impondrá la ejecución inmediata de las disposiciones de limitación de dominio que procedan.

La interposición de cualquier medio de defensa,no suspenderála ocupación o ejecución inmediata señalada en el párrafo anterior.

El decreto en el que se ordene la ocupación temporal o la limitación de dominio no admitirá recurso administrativo alguno y sólo podrá impugnarse a través del juicio de amparo.

Artículo 8o.- En los casos a que se refieren las fracciones V, VI y X del artículo 1o. de esta ley, el Ejecutivo federal hará la declaratoria de utilidad pública, decretará la expropiación y ordenará la ejecución inmediata de la medida de que se trate. Tratándose de la expropiación, no será aplicable lo dispuesto en las fracciones III a VII del artículo 2o. de esta Ley.

Esta resolución no admitirá recurso administrativo alguno y solamente podrá ser impugnada a través del juicio de amparo.

En los casos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, así como el artículo 2 Bis, durante la tramitación del juicio de amparo que en su caso se instaure, no podrá suspenderse la ejecución de la expropiación, la ocupación temporal o la limitación de dominio.”

En síntesis, la intención fue evitar la suspensión de la ejecución de los decretos de expropiación.

No obstante, dichas disposiciones encontraron inconveniencias técnico jurídicas para su aplicación, como lo es que, para efectos de la suspensión del acto reclamado que se decrete en un juicio de garantías, el juzgador deberá otorgar o negar la medida solicitada con motivo de un decreto expropiatorio, atendiendo específicamente a lo establecido en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales y no a la Ley de Expropiación, bajo el principio de especialidad de las normas, porque de lo contrario, se permitiría ampliar el ámbito de aplicación de esta última legislación a aspectos de control constitucional que le son ajenos, alterándolos o, incluso, desapareciéndolos. Además de que la autoridad facultada para aplicar dichas normas es la que conoce del juicio de amparo al decidir acerca de la suspensión del acto reclamado, en tanto es la propia Ley de Amparo la que las prohibiciones de procedencia de la suspensión en contra de actos dictados precisamente durante la sustanciación de un juicio de amparo.

Sustentado así, por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.7o.A.744 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 3311, tomo XXXIII, Enero de 2011, con número de registro 162973

Consideraciones dadas, que implican que las disposiciones aplicables respecto a la medida suspensional en el juicio de amparo, deban ser precisamente las contenidas en la ley de esta materia.

Así las cosas y ante los escenarios descritos, se hace necesario implementar medidas que permitan superar los obstáculos en materia de expropiación, velando siempre por el bien social, pero sin descuidar el particular, propuesta a la que se encamina precisamente la contenida en el presente documento, la que se hace en base a los siguientes puntos concretos:

• Reconocer la realidad y la necesidad de un precio de indemnización que considere el inminente incremento en el valor de los inmuebles con motivo una obra o servicio público. (Artículo 10 de la Ley de Expropiación)

• Adicionalmente, como una medida que contribuya a garantizar los intereses del particular afectado, el considerar la responsabilidad solidaria por parte del Estado cuando el bien a expropiar sea destinado para un tercero. (Artículo 19 de la Ley de Expropiación)

• En el mismo tenor, para efectos de evitar cargas y actos de molestia al particular afectado, se sugiere que los honorarios de los peritos que sean nombrados para fijar el precio de indemnización, cualquiera que se la parte que lo nombre, sean sufragados por el Estado. (Artículo 14 de la Ley de Expropiación)

• Asimismo, para lograr la eficacia de las normas encaminadas a evitar dilaciones en la ejecución de las obras y servicios públicos, esto es, la suspensión en el juicio de amparo, se propone que sea la Ley reglamentaria la que la contenga. (Artículo 129 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales)

• Finalmente, con la finalidad de evitar en la mayor medida posible los litigios, el conservar la posibilidad de acuerdo entre las partes. (Artículo 9 Bis de la Ley de Expropiación)

Cabe decir, que por lo que respecta a la suspensión del acto reclamado, ésta no se trata de una negación ciega e inalterable, puesto que la posibilidad de que el análisis de determinado caso en concreto la haga excepcionalmente procedente, se encuentra salvaguardado por el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social.”

Por otra parte, es público y notorio que muchos de los procesos de expropiación, tal vez la mayoría, son realizados con motivos y objetivos relacionados con la movilidad de las personas, esto es, la infraestructura y adecuación del espacio público para el desplazamiento de las personas. Al respecto, es de destacar lo dispuesto por la fracción II del artículo 1º, acerca de contemplar como de utilidad pública…

II.- La apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano;

Concepto que definitivamente es superado a la fecha, puesto que la movilidad de las personas y mercancías no se circunscribe solamente al tránsito, concepto que se refiere a la circulación de vehículos motorizados, a diferencia que Movilidad es un término mucho más amplio, se refiere al desplazamiento de las personas y las mercancías, de todas las personas, independientemente del medio que utilicen para trasladarse: A pie, en bicicleta, en transporte público, en automóvil, etc.

Por ello, atentos a que gran cantidad de procedimientos de expropiación están encaminados a favorecer la satisfacción de las necesidades básicas de la movilidad de la población, se sugiere ampliar el concepto de éste respecto a su consideración como de utilidad pública en la Ley de Expropiación, precisamente con la reforma de la fracción II de su artículo 1º.

Así, en resumidas cuentas, la propuesta que me permito compartir a la honorable Asamblea, pretende en esencia:

1.- Agilizar los procedimientos y la ejecución de obras y servicios que como causa de utilidad pública son materia en un procedimiento de expropiación, evitando en la medida de lo posible largos e innecesarios litigios al respecto, como garantizar los intereses de los afectados, privilegiando en todo momento la posibilidad del acuerdo entre las partes;y

2.- Superar o ampliar el antiguo concepto de movilidad relacionado con el tráfico de vehículos automotores, para adecuarlo al desplazamiento de las personas y mercancías, cualquiera que sea el medio para realizarlo; dentro del catálogo de causas de utilidad pública contenido en la Ley de Expropiación.

Así las cosas, la propuesta que tengo a bien someter a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1º, 9BIS, 10, 14 Y 19DE LA LEY DE EXPROPIACION Y ADICIONA UNA FRACCION AL ARTICULO 129 DE LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma la fracción II del artículo 1º, y los artículos 10, 14 y 19; y se adiciona una fracción V al artículo 9Bis y un segundo párrafo al artículo 10, recorriendo el actual segundo y el resto en su orden, de la Ley de Expropiación, para quedar como sigue:

Artículo 1o.- La presente ley es de interés público y tiene por objeto establecer las causas de utilidad pública y regular los procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones.

Se consideran causas de utilidad pública:

I.- (….);

II.- La apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano; así como, la adecuación e implementación de infraestructura para la movilidad de las personas, cualquiera que sea el medio empleado para trasladarse;

III.- a la XII.- (….)

Artículo 9 Bis. Según las particularidades del caso, la expropiación podrá realizarse conforme a las previsiones siguientes:

I. (….)

(….)

II. (….)

(….)

(….)

III. La Secretaría de Estado competente podrá convenir la ocupación previa de los bienes y derechos afectados por una declaratoria de utilidad pública con los titulares de los mismos, en tanto se tramita el decreto de expropiación; ___

IV. (….)

Cuando a campesinos de escasos recursos económicos se entreguen terrenos de riego en substitución de los que les hayan sido afectados como consecuencia de la ejecución de obras hidráulicas o de reacomodo o relocalización de tierras en zonas de riego, la autoridad competente podrá dejar de reclamar las diferencias de valor que resulten a su favor; y

V. La Secretaría de Estado competente, una vez emitida la declaratoria de utilidad pública y hasta antes de que se emita el decreto expropiatorio, podrá optar y convenir con los afectados la celebración de contratos de compraventa cuando exista voluntad de las partes y acuerdo respecto al precio del bien o los bienes objeto de expropiación.

Artículo 10.- El precio que se fijará como indemnización por el bien expropiado, será equivalente al valor comercial que se fije.

En el caso de bienes inmuebles, de ser el caso,la fijación del valor comercial será conforme al eventual incremento que alcanzaría en virtud de la plusvalía o cambio de las circunstancias y entorno del lugar como, consecuencia de la utilización del bien para los fines de la expropiación. En ningún caso el precio será inferior al valor fiscal que figure en las oficinas catastrales.

(….)

(….)

Artículo 14.- Los honorarios de los peritos serán pagados por el Estado.

Artículo 19.- (….)

Cuando la cosa expropiada pase al patrimonio de persona distinta del Estado, esa persona cubrirá el importe de la indemnización. El Estado será responsable solidario para garantizar el cumplimiento del pago.

(….)

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XIV al artículo 129 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:

I. a la XIII. (….)

XIV. Se impida la continuidad de los procedimientos de expropiación o su ejecución.

(….)

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones, a 28 de abril del 2014.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Jesús Casillas Romero. Solicito a la Secretaría que tome nota para que se sumen a esta iniciativa los Senadores Víctor Hermosillo y Celada y Raúl Aarón Pozos Lanz. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE ORDENES DE PROTECCION

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Cuando el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estableció en el marco del capítulo de la modalidad de violencia feminicida, una serie de mecanismos importantes que garantizaran la protección de las víctimas, en distinta situación.

Uno de estos mecanismos tiene que ver con las órdenes de protección, que definimos fueran órdenes de protección de tipo emergente o de tipo preventiva. Y, además, las de naturaleza civil, que eso tiene un rumbo jurisdiccional distinto.

Las órdenes de protección preventivas y de emergencias, están inscritas para que haya una respuesta pronta y expedita, por parte de la autoridad civil, por parte de las instancias de distinto nivel del Poder Ejecutivo, para que pueda lograrse, no exagero, incluso la prevención de que muchas mujeres no pierdan la vida.

Lo que pasa con estas órdenes es que no se ha entendido, por parte de distintos ámbitos, su eficiencia y cómo lograr su efectiva aplicabilidad.

Yo puedo mencionar, por obviedad del tiempo, solamente una, que ha sido realmente efectiva, es una muy buena práctica y ha empezado a implementarse en distintos estados del país. Es la que emprenden en Campeche, justamente la emprende el procurador Renato Sales, entonces procurador de Campeche, con el Centro de Justicia para la Mujer.

Si queremos ubicar, cómo se implementan las órdenes de protección emergentes y preventivas, simplemente hay que conocer lo que es el Centro de Justicia para la Mujer en el estado de Campeche.

Y así han empezado otras entidades federativas a constituir estos centros. Donde con toda certeza, con toda eficiencia, dan respuesta y entonces tenemos una magnífica práctica, un perfecto conocimiento de la trascendencia y de las bondades de las órdenes de protección de emergencia y la órdenes de protección preventiva.

Entonces, lo que estamos haciendo ahora, y lo ponemos a su consideración y para que sea considerada por las comisiones que van a dictaminar, es justamente la modificación a la ley de referencia, para que se explique con mayor puntualidad la trascendencia de estas órdenes de protección y, efectivamente, podamos orientar cómo el ámbito ejecutivo o de procuración de justicia o incluso su trascendencia, de ser el caso, hacia el ámbito judicial, pueda tomar previsiones para una correcta aplicabilidad de estas órdenes de protección.

Modificamos varios artículos, incluimos artículos nuevos. Todos, insisto, a ilustrar de manera mucho más puntual, cómo tienen que implementarse estas órdenes de protección y logremos una buena práctica.

Ahora, con el perfeccionamiento de la ley en esta materia, garantizamos que la vida de las mujeres no corran peligro; pero también que puedan tener respuesta pronta y oportuna cuando sufren cualquier tipo o modalidad de violencia de género.

Muchas gracias, por su atención.

(Aplausos)

Iniciativa

“La suscrita, Angélica de la Peña Gómez, senadora integrante del GPPRD en el Senado de la República, LXII Legislatura, del Congreso de las Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DELA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN MATERIA DE ORDENES DE PROTECCION, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para erradicar la violencia contra las mujeres: el Acceso a la Justicia es esencial; a través de este derecho se logra la exigibilidad de otros derechos humanos, permitiendo darles efectividad; generando mecanismos para exigir su protección ante posibles riesgos; reclamar por su incumplimiento; y, solicitar la adecuada reparación en caso de violación, siempre garantizando que sea en condiciones de igualdad y no discriminación por razones de género.

Como ya se ha establecido a nivel mundial, la violencia en contra de las mujeres es un hecho inaceptable que requiere obligadamente de la intervención del Estado. Además, esta violencia en contra de niñas y mujeres implica la negación de sus derechos de ciudadanía, lo que las coloca en una situación de desempoderamiento y exclusión social.

Fue en la década de los años 90’sque el movimiento feminista consiguió algunas de sus más relevantes conquistas, ya que logró colocar la violencia contra las mujeres en la agenda mundial y trasladó parte de sus concepciones a las declaraciones internacionales1.En nuestro continente, como resultado también de la acción feminista, en 1993 la Organización Panamericana de la Salud declaró la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública y en 1994 la Organización de Estados Americanos aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (en adelante, Convención de Belém do Pará), la que tiene un carácter vinculante para los Estados parte. Asimismo, en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer, Beijing, 1995, a raíz de la propuesta de las latinoamericanas, se incluyó la violencia contra las mujeres como uno de los doce puntos de la Plataforma de Acción2.

Estos instrumentos y declaraciones internacionales le han sido de gran utilidad al movimiento feminista para demandar acciones particulares en cada país, argumentando la responsabilidad que le compete a los Estados, tanto por acción como por omisión. Como consecuencia, en el trascurso de los últimos años se han adoptado una serie de medidas de carácter legislativo, así como políticas públicas tendientes a garantizar que las mujeres no sufran discriminación y violencia por razones de género3.

En ese sentido, en el ámbito del acceso a la justicia, las Ordenes de Protección han sido catalogadas, por Naciones Unidas, como uno de los recursos jurídicos más efectivos puestos a disposición de las mujeres víctimas de violencia .Esta herramienta jurídica, protection order, se introdujo por primera vez en los Estados Unidos a mediados de la década de 1979 y representó una solución inmediata para las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar, puesto que autorizó a los tribunales para obligar a quien había cometido un acto violento a abandonar la casa4.

Es por ello, que las Ordenes de Protección reflejan el reconocimiento, por parte de las autoridades, del riesgo que enfrentan las niñas y mujeres a causa de los actos de violencia que viven por el hecho de ser mujeres y el derecho que tienen a la protección estatal. Este reconocimiento, producto de la determinación de una autoridad judicial, constituye una forma de protección específica que en México se encuentra garantizada en la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), vigente desde el año 2007; así como en las leyes de las entidades federativas que tienen el mismo objetivo5.

Estás medidas tienen como fin salvaguardar integralmente a las víctimas de violencia, ya sea previniendo, interrumpiendo o impidiendo la consumación de un delito o falta que constituya violencia contra las mujeres. Esta medida retoma algunos elementos de disposiciones similares implementadas en los Estados Unidos de América, Canadá y España6.

Se basan en el supuesto de que la denunciante/superviviente está en peligro de sufrir daños inmediatos y debe ser protegida por el Estado. La seguridad de la víctima, de sus hijas e hijos y familiares que dependen directamente de ella debe ser la prioridad más urgente en el actuar de la autoridad. La emisión de la orden de protección debe producirse con gran rapidez para garantizar la seguridad de la víctima y su familia7.

A la luz del reconocimiento del riesgo y de la necesidad de protección, las autoridades se encuentran obligadas a asegurar que toda su estructura responda efectivamente y en forma coordinada para emitir, implementar y dar seguimiento a las Ordenes de Protección otorgadas por las autoridades jurisdiccionales a fin de proteger de posibles daños los derechos humanos de las mujeres que viven violencia; en especial tratándose de los derechos a la vida, la integridad, la seguridad, la libertad, la dignidad; todos indispensables para garantizar el derecho a una vida libre de violencia8.

En virtud de la necesidad de actuar con urgencia, estos recursos deben ser: sencillos, urgentes, informales, accesibles y tramitados por órganos independientes, que permitan su promoción por familiares u órganos públicos, como fiscales, la defensoría pública o defensoras y defensores de la ciudadanía en representación de las personas mujeres amenazadas, sin requerir su firma9.

De acuerdo con la LGAMVLV, las Ordenes de Protección pueden ser de emergencia, preventivas y de naturaleza civil; las dos primeras, tienen una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. La Ley establece que para la expedición debe considerarse el riesgo o peligro existente, la seguridad de la víctima y los elementos con que se cuente.

Las órdenes de naturaleza civil serán tramitadas ante los juzgados de lo familiar, o en su caso, civiles. Estas órdenes no cuentan con una temporalidad definida.

Aunque no lo establece la LGAMVLV, la doctrina ha establecido que los principios para la aplicación de las Ordenes de Protección son los siguientes10:

- Protección a la víctima de violencia y víctimas indirectas

- Aplicación General

- Urgencia

- Simplicidad

- Integralidad

- Utilidad Procesal

Además, tienen las siguientes características11:

- Personalísimas e intransferibles

- Inmediatas

- Temporales

- No causan estado sobre los bienes o derechos de las personas probables responsables o infractoras

- Precautorias y cautelares

Es importante señalar que, con las reformas aprobadas el 25 de noviembre de 2013 al Reglamento de la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se establecen nuevos criterios que deben observarse para el otorgamiento de dichas ordenes, tales como:

• Las dependencias y entidades de la APF que conozcan de hechos de violencia contra las mujeres tendrán la obligación de salvaguardar su vida e integridad, informarle sobre la existencia de las órdenes de protección, canalizarla a la instancia competente, dar seguimiento al caso hasta el momento en que se envíe a la instancia correspondiente y documentarlo;

•Se podrán expedir nuevas órdenes de protección hasta que cese el riesgo hacia la víctima;

• La solicitud podrá realizarse en forma verbal o escrita por la víctima o por cualquier persona que tenga conocimiento de un estado de riesgo o cualquier otra circunstancia que genere violencia contra las mujeres. También podrán ser representadas legalmente o cuando así lo requieran por una persona defensora, agente del Ministerio Público de la Federación o cualquier persona del servicio público especialista en perspectiva de género;

• Cuando la víctima la solicite, no será necesaria la presentación de pruebas para acreditar los hechos de violencia, y

• La autoridad jurisdiccional competente podrá considerar para otorgar las órdenes de protección, si de la declaración o entrevista de la víctima o solicitante se desprende alguno o algunos de los siguientes supuestos:

Ataques previos con riesgo mortal, amenazas de muerte, o el temor de que la persona agresora la prive de la vida;

La víctima esté aislada o retenida por la persona agresora contra su voluntad o lo haya estado previamente;

Aumento de la frecuencia o gravedad de la violencia;

Que la víctima, como consecuencia de las agresiones sufridas, haya o esté recibiendo atención médica;

Intento o amenazas de suicidio o cualquier otra forma de medida intimidatoria por parte de la persona agresora;

Que la persona agresora tenga una acusación o condena previa por delitos contra la integridad física o sexual de personas; que cuente con antecedentes de órdenes de protección dictadas en su contra; tenga antecedentes de violencia que impliquen una conducta agresiva o de peligrosidad; o que tenga conocimiento en el uso de armas, acceso a ellas o porte alguna

Cuando existan antecedentes de abuso físico o sexual de la persona agresora contra ascendientes, descendientes o familiares de cualquier grado de la víctima, o

Que exista o haya existido amenaza por parte de la persona agresora de llevarse a las hijas e hijos de la víctima por cualquier circunstancia.

• Debe tomarse en cuenta, al momento de evaluar el riesgo, si existe recurrencia de violencia y la posibilidad para la víctima de salir de ésta12.

• Las autoridades de seguridad pública federal, ante un hecho de violencia flagrante en contra de las mujeres, en observancia al principio de máxima protección estarán obligadas a:

Intervenir de manera inmediata y eficaz;

Hacer cesar el ejercicio de la violencia en contra de las víctimas, y

Ingresar al domicilio donde se esté perpetrando el acto de violencia ante peligro inmediato e inminente de muerte o lesiones a la Víctima.

• Las autoridades de seguridad pública federal que intervengan, deberán prestar el auxilio inmediato que requiera la víctima y canalizarla a las autoridades competentes para su atención integral13.

• Se prohíbe que la víctima sea quien lleve a cabo la notificación de órdenes de protección a la persona agresora.

• Las instancias policiales federales deberán brindar el apoyo necesario a las autoridades competentes que emitan órdenes de protección. Cuando se le notifique a las instancias policiales federales una orden de protección emitida por la autoridad competente deberá llevar un registro y prestar auxilio a la víctima de manera inmediata.

• En caso de que la persona señalada como agresora tenga más de doce y menos de dieciocho años de edad quedará sujeta a las leyes en la materia, y se le hará saber la responsabilidad en que puede incurrir si persiste en su conducta.

• En caso de que la víctima o la persona agresora no hablen el idioma español, tendrán derecho a contar en todo momento con la asistencia de una persona intérprete o traductora14.

• Los mecanismos para el adelanto de las mujeres, a través de sus sistemas estatales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, podrán articular las acciones correspondientes para la coordinación de las autoridades competentes para la emisión, ejecución y cumplimiento de las órdenes de protección15.

Se considera que las disposiciones que se establecen, a través de estas reformas, en el Reglamento en materia de Ordenes de Protección incorporan y fortalecen los criterios que deben de observar y acatar las autoridades judiciales y administrativas en el momento de la solicitud, emisión, aplicación, seguimiento y, en su caso, las medidas que se deben de establecer por incumplimiento.

Sin embargo, muchas de estas disposiciones deben de ir en la LGAMVLV por ser el marco jurídico apropiado, ya que a través de la inclusión de algunas de estas disposiciones al Reglamento de la Ley se están generando obligaciones para autoridades en el tema de órdenes de protección que actualmente no se encuentran obligadas por la Ley; como se sabe un , al ser un acto administrativo, se encuentra subordinado a la ley que lo emana y no puede ir más allá de lo que se establece la propia ley que le dio origen.

Es importante remarcar la inclusión de la medida que obliga a la persona agresora de presentarse periódicamente ante Ministerio Público o el órgano jurisdiccional que otorgó la orden de protección, en el catálogo de las órdenes de protección de emergencia del artículo 29 de la Ley. El objetivo es lograr el monitoreo contante de la persona agresora por parte de las autoridades, lo anterior en congruencia con el sistema de justicia garantista y en armonía con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por lo que hace al tratamiento que corresponde en personas señaladas como agresoras que tenga más de 14 años y menos de 18 años de edad es indispensable, en virtud del interés superior de la niñez, que dicha persona no se le emita una orden de protección sino que quede sujeta a las leyes en la materia, y particularmente se le haga saber la responsabilidad en que puede incurrir si persiste en su conducta en contra de la víctima.

Es importante señalar que las organizaciones de la sociedad civil han documentado que en las instituciones administrativas o judiciales del país, que están obligadas a otorgar o implementar las órdenes de protección: 1) no se conceden las órdenes de protección por ser el marco jurídico local confuso; 2) se trata a las mujeres como “beneficiarias” o “necesitadas de ayuda” o “víctimas” a las que hay que atender o soportar como un favor y no como ciudadanas con derechos; o,3) se les atiende de forma negligente o discriminatoria.

Y aunque, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que las niñas y mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación; así como, acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Recientemente la SCJN se pronunció por la obligación de todos los órganos jurisdiccionales del país de impartir justicia con perspectiva de género, considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad16.

En este sentido, las órdenes de protección que contiene la LGAMVLV pretenden lograr la eficacia institucional, sin dilación, para intervenir en la salvaguarda, integridad y seguridad de la vida de las mujeres en situación de violencia, así como de sus familias17.

Sin embargo, han sido cuestionadas por las organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema debido a la falta de aplicabilidad y efectividad.

Uno de los primeros problemas que se presentan en las órdenes de protección gira en torno a la competencia. Partiendo de que la competencia es la habilitación o idoneidad que una norma le confiere a cierta autoridad para desempeñar determinada función. La competencia jurisdiccional se referirá a la facultad que tiene un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto. Las bases para establecer competencia en el sistema tomado por la ley mexicana son cuatro: grado, materia, cuantía y territorio18.

Se observa que en la LGAMVLV se establece competencia en cuanto al territorio y la materia. Por lo que son competentes para otorgar órdenes de protección, en razón del territorio, las autoridades jurisdiccionales:

• Federales

• Estatales y del Distrito Federal

En razón de la materia, las y los jueces competentes son:

• Penales, para órdenes de protección de emergencia y preventivas

• Familiares y civiles, para órdenes de naturaleza civil.

Por lo que hace a la competencia para las autoridades jurisdiccionales federales esta queda muy limitada, pudiendo únicamente otorgar órdenes de protección de emergencia y preventivas las y los jueces en materia penales cuando conozcan de hechos constitutivos de “delitos orden federal” que impliquen violencia contra las mujeres o los cometa un funcionario o empleado federal en ejercicio de sus funciones o con motivo de éstas, lo anterior reduce considerablemente la posibilidad de la emisión de estas órdenes de protección a nivel federal. Por lo que hace a las de órdenes de protección de naturaleza civil es prácticamente inoperante la competencia para las y los jueces en materia familiar o civil. Lo anterior conlleva que, las órdenes de protección son emitidas, aplicadas y supervisadas por las autoridades locales al ser los hechos constitutivos de delitos por lo general siempre del ámbito local; lo mismo se observa en las de naturaleza civil.

Actualmente, no hay autoridades administrativas autorizadas a emitir órdenes de protección en la Ley ni en el Reglamento de ésta; sin embargo, en varias entidades federativas las leyes locales de la materia, así como los códigos de procedimientos penales, facultan a las Agencias del Ministerio Publico para implementar medidas cautelares o precautorias que tienen la misma finalidad que los órdenes de protección de la LGAMVLV y a veces con una temporalidad superior a la que establece la Ley.

En el Informe de Ordenes de Protección en México: Mujeres Víctimas de Violencia y falta de Acceso a la Justicia, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en la investigación que se hace sobre la implementación de las órdenes de protección en México, de enero de 2011 a junio de 2012, en los estados Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas19, se llegan a las siguientes observaciones:

• Existe una grave deficiencia en la implementación de las órdenes de protección, porque de 58,001 hechos de violencia contra las mujeres que manifiestan haber tenido conocimiento las autoridades en 16 entidades federativas, sólo se han emitido 4,015 acciones de protección a favor de ellas, es decir, el 7%. Aunado a esto, no se puede afirmar que todas las acciones responden al espíritu de las órdenes de protección contempladas en la LGAMVLV.

• Los datos referidos reflejan la existencia de un patrón de impunidad y omisión, debido a que las entidades federativas no están garantizando el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. A pesar que, de acuerdo a ONU Mujeres, al menos el 30% de las defunciones femeninas con presunción de homicidio registradas en el 2010 ocurrieron en la vivienda, lo cual permite presumir que los agresores eran conocidos, parejas o familiares.

• Los estados de Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, reconocieron que de enero de 2011 a junio de 2012, no emitieron ninguna orden de protección. Esto es una omisión clara por parte de las autoridades encargadas de emitirlas y muestran la violencia institucional en la que incurren al momento de dilatar, obstaculizar y/o impedir la protección a las mujeres víctimas de violencia.

• Existen estados que dentro de su marco normativo no establecen un procedimiento mínimo para la emisión de las órdenes de protección. Esto genera que las autoridades justifiquen su omisión de actuar para proteger a las mujeres, con la falta de un marco normativo que las regule. Ejemplo de ello son los estados de: Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala.

- La mayor parte de las órdenes que se han otorgado son de carácter urgente, consistentes en: vigilancia de Seguridad Pública en el domicilio de la víctima, prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima, entre otras.

• Solamente las entidades federativas de Sinaloa y Distrito Federal informan haber renovado órdenes de protección.

• La mayoría de los estados establecen 72 horas como vigencia de la orden de protección. Veracruz es el único estado que contempla la duración por 180 días; y Quintana Roo determina que la orden de protección dura en tanto exista riesgo para la mujer. Es importante determinar que el tiempo de protección debe durar hasta que cese el riesgo de la víctima, y debe estar acompañado de una estrategia integral de protección.

• Los Mecanismos de Adelanto para las Mujeres tienen que asumir un papel más proactivo en la generación de esfuerzos para la aplicación de los mecanismos de protección para las mujeres. Tal es el caso de los estados de Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y D.F. que han tenido un papel activo para mejorar la emisión de las órdenes de protección, a través de capacitación, evaluación e identificación de obstáculos a partir de sus limitadas competencias y recursos.

Lo anterior, da muestra de la variedad de criterios que existen para la aplicación de las órdenes de protección en las diferentes entidades federativas.

Finalmente, debe observarse que el pasado 5 de marzo de 2014, se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales cuya entrada en vigor se establece para el año 2016; en dicho instrumento se estipula en el artículo 109 un catálogo de derechos para las personas víctimas del delito u ofendidas, entre los que para la protección a las mujeres y niñas víctimas de violencia se consideran relevantes los siguientes:

• Ser informadas de los derechos que en su favor le reconoce la Constitución.

• Recibir trato sin discriminación a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna.

• Se les provea de protección cuando exista riesgo para su vida o integridad personal.

• Recibir atención médica y psicológica o a ser canalizada a instituciones que le proporcionen estos servicios, así como a recibir protección especial de su integridad física y psíquica cuando así lo solicite, o cuando se trate de delitos que así lo requieran.

• Solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares.

• Resguardar su identidad y demás datos personales cuando sean personas menores de 18 años de edad, se trate de delitos de violación contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o cuando a juicio del Organo jurisdiccional sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

En este mismo artículo se establecen dos reglas de complementariedad del Código Nacional de Procedimientos Penales; la primera, en favor de niñas, niños y adolescentes en la que se establece que “el Organo jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés superior de la niñez, la prevalencia de sus derechos, la protección integral y los derechos consagrados en la Constitución y en los Tratados”. La segunda es a favor de las mujeres y niñas víctimas de violencia por lo que “para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables”.

A su vez, este Código Nacional establece obligaciones para diversas autoridades involucradas en los procesos penales; se observa que en los artículos 131 y 132 se estipulan las obligaciones del Ministerio Publico y las Policías, respectivamente. Por lo que hace a las obligaciones del Ministerio Público destacan en materia de protección mujeres y niñas víctimas de violencia las siguientes:

• Brindar las medidas de seguridad necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo.

• Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, Policías, peritos y, en general, a todos los sujetos que con motivo de su intervención en el procedimiento, cuya vida o integridad corporal se encuentren en riesgo inminente.

• Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan;

Por lo que hace a las Policías destacan las siguientes obligaciones en el tema:

• Recibir las denuncias, también las anónimas, sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas.

• Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga.

• Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias ulteriores. Especialmente estarán obligadas a realizar todos los actos necesarios para evitar una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos de los gobernados a quienes tiene la obligación de proteger.

• Proporcionar atención a las víctimas u ofendidos o testigos del delito. Para tal efecto, deberá:

Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen.

Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria.

Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica.

Finalmente, en el Título VI, Capítulo I “Medidas de Protección y Providencias Precautorias”, artículo 137, del Código Nacional se establece la obligación para el Ministerio Público de la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que la persona imputada representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes:

I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido;

II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre;

III. Separación inmediata del domicilio;

IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable;

V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos;

VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido;

VII. Protección policial de la víctima u ofendido;

VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo;

IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y

X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad.

Dentro de las reglas de implementación de las medidas cautelares se establecen las siguientes:

• Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes.

• En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el Código Nacional.

• La imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días.

• Cuando hubiere desaparecido la causa que dio origen a la medida decretada, la persona imputada; su Defensora o Defensor, o en su caso el Ministerio Público, podrán solicitar al órgano jurisdiccional de control que la deje sin efectos.

Es importante resaltar que el Código Nacional establece que en la aplicación de las medidas tratándose de delitos por razón de género, se aplicarán de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Si bien, es un avance importante lo estipulado en este nuevo ordenamiento, no hay que perder de vista que su vigencia iniciará hasta dentro de dos años y que al aplicar de manera supletoria la LGAMVLV se considera importante hacer las reformas pertinentes para que la aplicación de ambos marcos legislativos garanticen la protección más amplia para las niñas y mujeres víctimas de violencia.

Por lo antes expuesto, las que suscriben, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DELA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN MATERIA DE ORDENES DE PROTECCION

único.- Se reforman los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 34. Se adicionan los artículos 27 A, 27 B, 27 C, 28 A, 33 A y 33 B todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

CAPITULO VI

DE LAS ORDENES DE PROTECCION

ARTICULO 27.- Las órdenes de protección: Son actos de protección de urgente aplicación en función del Interés Superior de la Víctima. Tienen como propósito prevenir, interrumpir o impedir la consumación de actos que impliquen violencia contra las mujeres.

Deberán otorgarse por la autoridad competente, Ministerios Públicos y Organos Jurisdiccionales según corresponda, inmediatamente que conozcan de la situación de riesgo, peligro o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre una mujer víctimade violencia y las víctimas indirectas.

ARTICULO 27 A. Las autoridades competentes al otorgar, ejecutar o dar seguimiento al cumplimiento de las órdenes de protección deberán atender los siguientes principios:

I. Máxima Protección. Es prioridad la protección de la vida, la integridad, la libertad, la seguridad y la dignidad de la mujer víctima de violencia y de las víctimas indirectas.

II. Aplicación General. Se utilizan siempre que se consideren necesarias para proteger a una mujer víctima de violencia, con independencia que se configure un delito.

III. Urgencia. Deben aplicarse inmediatamente ya que involucran derechos vitales, sin menoscabo de las debidas garantías procesales. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales deben actuar conforme a la debida diligencia estricta.

IV. Simplicidad. Deben garantizarse procesos sencillos, con información clara y precisa, que no generen costos.

V. Integralidad. Deben cubrir todas las necesidades de seguridad y de protección, asegurando el acceso de los recursos y mecanismos necesarios para garantizar la máxima protección.

VI. Confidencialidad. Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las mujeres víctimas de violencia y víctimas indirectas, debe ser reservada y preservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo.

VII. Utilidad Procesal y Estadística. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales deben tener un registro de control y seguimiento de las órdenes de protección a fin de que:

a) Ayude a la mujer víctima de violencia, si así lo decide, a iniciar, sustentar y continuar de ser el caso, el proceso judicial que corresponda en las materias civil, penal, administrativa, y

b) Genere información estadística para el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, garantizando en todo momento el principio de confidencialidad.

ARTICULO 27 B.- La solicitud de las órdenes de protección podrá realizarse en forma verbal o escrita por la víctima o por cualquier persona que tenga conocimiento de una situación de riesgo, peligro o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre una mujer víctima de violencia o las víctimas indirectas.

También podrán solicitar órdenes de protección las autoridades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, los entes homólogos de la administración pública de las 32 Entidades Federativas; la Comisión Nacional de Derechos Humanosy organismos públicos autónomos de protección de los derechos humanos; así como, las autoridades del Sistema Educativo Nacional.

Cuando la mujer víctima de violencia sea quien haga la solicitud, no será necesaria la presentación de pruebas para acreditar los hechos de violencia. Podrán ser asesoras y representadas por su abogada o abogado; cuando así lo requieran, por una o un Asesor Jurídico, en términos de la Ley General de Víctimas.

ARTICULO 27 C.- El otorgamiento de una orden de protección podrá contener una o varias medidas, atendiendo al principio de integralidad. Una sola orden de protección podrá concentrar el número de acciones necesarias para garantizar la seguridad, integridad y bienestar de la víctima y las víctimas indirectas.

ARTICULO 28.- Las órdenes de protección que consagra la presente ley son personalísimas e intransferibles y podrán ser:

I. De emergencia;

II. Preventivas, y

III. De naturaleza civil.

Las órdenes de protección podrán durar hasta que cese el riesgo hacia la víctimay víctimas indirectas, deberán otorgarse dentro de las 8horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan, previa evaluación del riesgo.

ARTICULO 28 A.- La autoridad competente para otorgar las órdenes de protección realizará la evaluación del riesgo, por lo que deberá considerar si de la declaración o entrevista de la víctima o persona solicitante se desprende alguno o algunos de los siguientes elementos:

a) Ataques previos con riesgo mortal, amenazas de muerte, o el temor de la víctima a que la persona agresora la prive de la vida;

b) Que la víctima esté aislada o retenida por la persona agresora en contra su voluntad o lo haya estado previamente;

c) Aumento de la frecuencia o gravedad de la violencia;

d) Que la víctima, como consecuencia de las agresiones sufridas, haya o esté recibiendo atención médica;

e) Intento o amenazas de suicidio o cualquier otra forma de medida intimidatoria por parte de la persona agresora;

f) Que la persona agresora tenga una acusación o condena previa por delitos contra la integridad física o sexual de personas; que cuente con antecedentes de órdenes de protección dictadas en su contra; tenga antecedentes de violencia que impliquen una conducta agresiva o de peligrosidad; o que tenga conocimiento en el uso de armas, acceso a ellas o porte alguna

g) Cuando existan antecedentes de abuso físico o sexual de la persona agresoraen contra ascendientes, descendientes o familiares de cualquier grado de la víctima, o;

h) Que exista o haya existido amenaza por parte de la persona agresora de llevarse a las hijas e hijos de la víctima por cualquier circunstancia.

ARTICULO 29.- Son órdenes de protección de emergencia las siguientes:

I. Desocupación inmediata de la persona agresora del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo;

II. Prohibición inmediata de la persona agresora de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima;

III. …

IV. Prohibición de la persona agresora de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia,

V. Custodia policial temporal o permanente a las víctimas y víctimas indirectas, incluyendo la utilización de herramientas tecnológicas, garantizando en todo momento su seguridad e integridad,

VI. Reubicación de la víctima, incluidas el cambio de domicilio y/o residencia, lugar de trabajo y centro de estudios de la persona, y

VII. Obligación para la persona agresora de presentarse periódicamente ante Ministerio Público o el órgano jurisdiccional que otorgó la orden de protección.

En caso de que la autoridad encargada de ejecutar la orden de protección se percate de la comisión de un delito, pondrá de inmediato a la persona presunto responsable a disposición de la autoridad correspondiente. En este caso la autoridad que otorgó la orden remitirá de inmediato copia certificada de todo lo actuado a la autoridad ante quien se haya puesto a disposición al presunto responsable.

ARTICULO 30.- Son órdenes de protección preventivas las siguientes:

I. a V…

VI. Reserva de los datos personales de la víctima que identifique eldomicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que permita que la persona agresora o sus familiares puedan ubicar a la víctima;

VII. Traslado de la víctima y víctimas indirectas, si así lo requieren, refugios y albergues o lugares similares;

VIII.a IX.

ARTICULO 31.- Corresponderá a las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, otorgar las órdenes de protección de la presente ley, quienes tomarán en consideración:

I. El riesgo o peligro existente;

II. La seguridad de la víctima, y

III. Los elementos con que se cuente.

ARTICULO 32.- Son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes:

I. Suspensión temporal a la persona agresora del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes;

II. Prohibición a la persona agresora de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal; y en cualquier caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal;

III. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio;

IV. Embargo preventivo de bienes de la persona agresora, que deberá inscribirse con carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias, y

V. Obligación alimentaria provisional e inmediata a cargo de la persona agresora.

Serán tramitadas ante los juzgados de lo familiar o a falta de éstos en los juzgados civiles que corresponda.

ARTICULO 33.- …

ARTICULO 33 A.- Las autoridades de seguridad pública federal, estatal y del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, ante un hecho de violencia flagrante en contra de las mujeres, en observancia al principio de máxima protección estarán obligadas a:

I. Intervenir de manera inmediata, expedita y eficaz;

II. Hacer cesar el ejercicio de la violencia en contra de las víctimas o víctimas indirectas, y

III. Ingresar al domicilio donde se esté perpetrando el acto de violencia ante peligro inmediato e inminente de muerte o lesiones a la Víctima.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, las autoridades de seguridad pública que intervengan, deberán prestar el auxilio inmediato que requiera la Víctima y canalizarla a las autoridades competentes para su atención integral.

ARTICULO 33 B.- En ningún supuesto la víctima será quien lleve a cabo la notificación de órdenes de protección a la persona agresora.

Las instancias policiales federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, en el ámbito de sus competencias, deberán brindar el apoyo necesario a las autoridades competentes que emitan órdenes de protección. Cuando se les notifique una orden de protección emitida por la autoridad competente deberán llevar un registro y prestar auxilio a la víctima de manera inmediata.

En caso de que la persona señalada como agresora tenga más de 14 años y menos de 18 años de edad quedará sujeta a las leyes en la materia, y se le hará saber la responsabilidad en que puede incurrir si persiste en su conducta.

Si la víctima o la persona agresora no hablen el idioma español, tendrán derecho a contar en todo momento con la asistencia de una persona intérprete o traductora.

ARTICULO 34.- Las personas mayores de 12 años de edad podrán solicitar a las autoridades competentes que los representen en sus solicitudes y acciones, a efecto de que las autoridades correspondientes puedan de manera oficiosa dar el otorgamiento de las órdenes; quienes sean menores de 12 años, sólo podrán solicitar las órdenes a través de sus madres, padres o persona que ejerzan la patria potestad o custodia.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal contará con 90 días hábiles, a partir de la publicación del presente Decreto, para hacer las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley.

TERCERO.- Los Congresos locales de la Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contarán con un plazo de 120 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para hacer las reformas a las disposiciones legales tendientes al cumplimiento de esta Ley.

Senado de la República, a 28 de abril de 2014.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez. ¿Senadora Angélica de la Peña, acepta que se sume a su iniciativa la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama? Con gusto. Pido a la Secretaría tome nota de ello. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Informo al Pleno que recibimos en la Mesa Directiva la iniciativa del Senador Félix Arturo González Canto y de los Senadores integrantes de la Comisión de Turismo, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley General de Turismo, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera.

1Véase. SAGOT, Montserrat, “Estrategias para enfrentar la violencia contra las mujeres: reflexiones feministas desde América Latina”, Athenea Digital - núm. 14: 215-228, otoño 2008, pp.221.

2Idem.

3Cfr. LOPEZ, Hernández, María Edith, ¿Las órdenes de protección son verdaderas medidas preventivas de los feminicidios en México?, Tercer Concurso de Ensayo “Género y Justicia”, SCJN, ONU MUJERES, OACNUDH México, 2011. Disponible en: http://www.equidad.scjn.gob. mx/IMG/pdf/tercer-lugar-ensayo.pdf

4Véase. Naciones Unidas, Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer, citado en Protocolo estandarizado para la tramitación, cumplimiento, control y seguimiento de Ordenes de Protección de víctimas mujeres, niñas y niños en los Centros de Justicia para las Mujeres, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Primera edición, México, 2012.

5Idem.

6Véase. Mclenen, Joan, “Social Works and family violence, theories, assessment, and intervention”, Springer Publishing Company, New York, 2010.

7Véase. Ordenes de Protección en México: Mujeres Víctimas de Violencia y falta de Acceso a laJusticia, Católicas por el Derecho a Decidir A. C., 2013, pp.38.

8Op.cit. Protocolo estandarizado para la tramitación, cumplimiento, control y seguimiento de Ordenes de Protección de víctimas mujeres, niñas y niños en los Centros de Justicia para las Mujeres, pp. 15.

9Op.cit. Ordenes de Protección en México: Mujeres Víctimas de Violencia y falta de Acceso a la Justicia, pp. 36.

10Ibídem, pp. 48.

11Ibídem, pp. 49.

12Hasta este punto, todas las viñetas son parte del contenido del artículo 40 del Reglamento de la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, DOF 25 de noviembre de 2013.

13Hasta este punto, todas las viñetas son parte del contenido del artículo 41 del Reglamento de la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, DOF 25 de noviembre de 2013.

14Hasta este punto, todas las viñetas son parte del contenido del artículo 42 del Reglamento de la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, DOF 25 de noviembre de 2013.

15Hasta este punto, todas las viñetas son parte del contenido del artículo 42 Bis del Reglamento de la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, DOF 25 de noviembre de 2013.

16Cfr.Amparo directo en revisión 2655/2013.6 de noviembre de 2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo quien, no obstante, coincide con el criterio contenido en la presente tesis. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso

17Véase. LAGARDE Y DE LOS RIOS, Marcela, Por los derechos humanos de las mujeres: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Vol. XLIX, Núm. 200, mayo-agosto, 2007, Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 143-165.

18Op. cit.LOPEZ, Hernández, María Edith, ¿Las órdenes de protección son verdaderas medidas preventivas de los feminicidios en México?

19Op.cit. Ordenes de Protección en México: Mujeres Víctimas de Violencia y falta de Acceso a laJusticia.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 14 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por el C. Senador Félix Arturo González Canto, a nombre propio y de los CC. Senadores integrantes de la Comisión de Turismo)

“El suscrito Senador de la República, Félix González Canto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral I y II, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley General de Turismo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El turismo es un pilar importante para el desarrollo económico, tiene la capacidad de generar fuentes de trabajo e incrementar los mercados donde operan las pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, el turismo internacional continuará creciendo en las próximas dos décadas, este crecimiento ofrece inmensas posibilidades que debemos aprovechar integralmente para continuar moviendo y transformando a México.

Es innegable que durante muchos años México ha sido referente como un destino internacional, sobre todo en el segmento turístico de sol y playa, no obstante, hemos salido del top ten de los países más visitados, por lo que se deben construir estrategias dirigidas a captar el mercado turístico, el que es grande, diversificado y cada día más especializado.

Se hace necesario, por tanto, mejorar la imagen de México en el mundo como un país confiable, seguro, atractivo para los inversionistas y turistas, con destinos, mercados y servicios de alta calidad.

Ante la gran competencia entre los destinos turísticos a nivel internacional, la Secretaría de Turismo refiere que está obligada a realizar una promoción turística más activa e innovadora de México, generando confianza en quienes nos visitan e interés en quienes aún no han explorado nuestros destinos; para lograrlo lo primero es posicionar a México como un destino atractivo.

Teniendo presente que las tendencias internacionales del turismo advierten que una de ellas es hacer uso de nuevas tecnologías de la información en la planeación de viajes, y dada la gran cantidad de información de destinos turísticos disponibles enla actualidad, gracias a las redes sociales y el uso del Internet, se hace necesario que al reposicionar a México en el mercado turístico se innove la promoción de nuestros productos turísticos haciendo uso de dichas tecnologías de la información para poner a nuestro país a la vanguardia, aprovechando todas las ventajas comparativas que se asocian a nuestra ubicación geográfica, inventario turístico, potencial de conectividad, hospitalidad y capacidad para generar productos turísticos de calidad.

Sin duda, el crecimiento del sector irá de la mano de los destinos y de los socios nacionales e internacionales con quienes se realizan campañas de relaciones públicas y de promoción conjuntas, en estas campañas el uso de nuevas tecnologías para una promoción eficaz es una condición necesaria para comunicar las experiencias únicas que nuestro país ofrece. México es una experiencia, por lo que hay que visitarlo, vivirlo y conocerlo.

La importancia del uso de las nuevas tecnologías de la información y el Internet cobra de mayor relevancia día a día en la promoción del turismo. La Organización Mundial del Turismo sostiene que los destinos mejor posicionados serán los que, por medio de Internet, puedan satisfacer la sed de información de los turistas y puedan persuadirlos de que ese lugar merece el tiempo y el dinero que se gastará en visitarlo. De hecho, en los últimos años han aumentado notablemente las inversiones realizadas por los organismos de turismo del mundo en sitios web. Las actividades de marketing, a través de Internet constituyen una parte importante de los programas operacionales de muchas organizaciones de gestión de destinos.

Las nuevas tecnologías de información están revolucionando el panorama de los negocios en el mundo. Las tecnologías han modificado las industrias hoteleras, de restaurantes, de servicios de viajes, del sector de intermediarios como tour operadores y agencias de viajes y ahora juegan un papel fundamental en las reglas que rigen el mundo de negocios y en la forma de acercarse a los clientes, un uso adecuado de las mismas contribuirá a fortalecer la reputación de un México con servicios turísticos que ofrecen experiencias únicas.

Bajo este contexto, es de resaltarse que México cuenta con el Atlas Turístico de México, herramienta para la promoción de la actividad turística; que integra todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo, mismo que dada su importancia debe ser actualizado y promocionado oportunamente.

El Atlas Turístico de México puede contribuir a posicionar a México como un destino atractivo en segmentos poco desarrollados, además del de sol y playa, como ejemplo podemos mencionar el turismo cultural, ecoturismo y aventura, salud, deportes, de lujo de negocios y reuniones, cruceros, religioso, entre otros, toda vez que actualmente, esta importante herramienta, es una plataforma interactiva en línea que proporciona información de los destinos turísticos nacionales, a través de mapas temáticos que detallan sitios de interés, hoteles, restaurantes, atractivos y características de cada lugar, la cual al proporcionar al turista nacional o internacional toda la información disponible sobre los atractivos turísticos con los que contamos innovando la oferta de productos y coadyuvando a consolidar destinos, por lo que se hace necesario fortalecer dicha figura, a fin de que éste sea un instrumento de utilidad para el viajante y la política turística.

El fortalecer el Atlas Turístico de México transformándolo en un sitio web interactivo, que le permita al usuario decidir, dentro de lo posible, la información que quiere ver y la que prefiere saltarse, mediante los organizadores interactivos de viajes, folletos virtuales, así como la redirección a portales de promoción y venta de productos turísticos contribuiría a posicionar a México como destino de clase mundial.

Para lo anterior, consideramos necesario proponer una modificación al artículo 14 de la Ley General de Turismo, a fin de que se establezca la obligación de la Secretaría de Turismo de actualizar el Atlas Turístico de México permanentemente y darle la difusión debida.

Asimismo, dado lo dinámica que es la actividad turística, se considera pertinente proponer que para la actualización del Atlas Turístico de México la Secretaría de Turismo se coordine con otras dependencias e instituciones y en forma concurrente con las Entidades Federativas y Municipios, a fin de que se aproveche al máximo el patrimonio natural, histórico y cultural con el que cuenta México.

La finalidad de que por medio de la ley se obligue a la Secretaría de Turismo a actualizar y difundir el contenido del Atlas Turístico de México radica en la necesidad de fortalecer el portal web, ya que la promoción eficaz de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos turísticos nacionales, es importante para este sector económico, además se contribuirá a la construcción de la imagen de un México con servicios turísticos y atractivos de clase mundial que logra diversificarse.

No se debe perder de vista que de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo que si un sitio web tiene fallos de diseño, existe el riesgo de que el visitante se frustre y lo deje, por lo tanto, un sitio web ha de ser lo más sencillo y fácil de navegar posible. Los sitios web que el Consejo Empresarial de la OMT considera como bien hechos, ofrecen una lista de los contenidos principales en cada página, tienen capacidad de búsqueda, se ofrece en varios idiomas, y cada página tiene un enlace con la página inicial.

Finalmente, se considera necesario la inclusión en esta actualización de los estados, el Distrito Federal y los municipios, ya que ellos son las autoridades más cercanas, a todas las opciones que en materia turística nuestro país puede ofrecer.

El que de manera concurrente estas actividades participan de manera permanente en la actualización del Atlas Turístico de México, nos podrá dar como resultado un compendio con más y mejor información, transformándose en más turistas interesados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa al tenor del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 14 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO.

Artículo Unico.- Se reforma el párrafo primero del artículo 14; se adiciona un párrafo segundo al numeral 14, recorriéndose al tercero el actual párrafo segundo, de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 14. Para elaborar y actualizar el Atlas Turístico de México, la Secretaría se coordinará con otras dependencias e instituciones y, en forma concurrente, con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, solicitando además la opinión del Consejo.

El Atlas Turístico de México deberá ser actualizado permanentemente. Posterior a su elaboración y actualización, la Secretaría realizará las acciones conducentes para su plena difusión.

El Atlas Turístico de México es una herramienta para la promoción de la actividad turística, teniendo carácter público.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 28 de abril de 2014”.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los asuntos que nos remite la Comisión de Administración.






COMISION DE ADMINISTRACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Para los efectos de los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración del Senado el Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de junio de 2014.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a consideración de la Asamblea el Proyecto de Presupuesto. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Proyecto de Presupuesto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de junio de 2014, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de junio de 2014.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el informe de presupuesto ejercido en el mes de marzo de 2014.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

En otro apartado del Orden del Día, informo a la Asamblea que tenemos inscrito para su primera lectura el dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de reciclamiento de neumáticos.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H.ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90 fracciones XIV y XXII, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 117, numeral 1; 135, numeral 1, fracción I; 177, numeral 1; 182; 188, numeral 1; 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, los Senadores integrantes de las Comisiones Legislativas que suscriben, habiendo analizado el contenido de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, basándose en la siguiente:

METODOLOGIA

En el apartado de "Antecedentes" se da constancia del proceso legislativo del asunto sujeto a dictamen, desde su presentación en la Cámara de origen hasta la formulación del presente dictamen.

En el apartado denominado "Contenido de la Minuta", se sintetiza el objeto de la reforma presentada y el espíritu del legislador para su propuesta.

En el apartado de "Consideraciones", estas Comisiones Unidas realizan el análisis técnico y jurídico pormenorizado de la reforma propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el decreto propuesto.

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria celebrada por el Senado de la República el día 17 de febrero de 2011, el entonces Senador Arturo Escobar y Vega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

2. En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa referida a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El dictamen de las Comisiones Unidas fue sometido a consideración del Pleno del Senado de la República y aprobado en sesión ordinaria del 29 de marzo de 2012. El decreto incluyó la modificación propuesta por el entonces Senador Pablo Gómez Alvarez.

4. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, celebrada el 10 de abril de 2012, su Mesa Directiva recibió del Senado la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

5. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Minuta referida a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Transportes, para su análisis y dictamen correspondiente.

6. El 3 de septiembre de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó por 449 votos en pro el dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Transportes, a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, devolviéndose a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

7. En sesión ordinaria celebrada el 5 de septiembre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República recibió de la cámara revisora la Minuta referida, devuelta con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

8. Dicha Minuta fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República, para su estudio y dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA MINUTA

Las reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), contenidas en la Minuta materia del presente dictamen, tienen como propósito fundamental establecer las bases de una estrategia nacional para el control, procesamiento y reciclado de los neumáticos usados.

En primer término, se propone adicionar una fracción IX al artículo 19 de la LGPGIR a fin de incluir a los neumáticos usados como residuos de manejo especial. En concordancia con dicha adición, se propone reformar la fracción III del artículo 28 de la misma Ley para establecer que los importadores y distribuidores de dichos neumáticos estarán obligados a la formulación y ejecución de planes de manejo de los mismos.

Por otra parte, la Minuta materia de dictamen incluye una reforma al artículo 98 de la LGPGIR con el propósito de señalar que en el caso particular de los neumáticos usados, como residuos de manejo especial, las entidades federativas establecerán las obligaciones de los generadores, distinguiendo grandes y pequeños, y las de los prestadores de servicios de ese tipo de residuos, y formularán los criterios y lineamientos para su manejo integral.

Aunado a lo anterior se propone adicionar dos párrafos al artículo 100 de la LGPGIR. El primero para prohibir la disposición final de neumáticos en predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, sí como en cuerpos de agua y cavidades subterráneas. El segundo para establecer que los fabricantes, importadores, distribuidores gestores y generadores quedan obligados a hacerse cargo de la gestión de los neumáticos usados y a garantizar su recolección de acuerdo con lo determinado por la norma oficial mexicana correspondiente y sus planes de manejo.

La Minuta también incluye la adición de un párrafo quinto del artículo 6o y de una fracción II al artículo 17 de la LCPAF. En el caso del artículo 6o, la adición tiene como propósito establecer que las concesiones que se otorguen para construir, conservar y mantener los caminos y puentes federales, podrán solicitar en sus características de construcción que se emplee caucho reciclado proveniente de neumáticos usados. En la adición de una nueva fracción al artículo 17, se señala como motivo de revocación de concesiones y permisos el no cumplir con las características de construcción y operación establecidas en concesiones y permisos.

Por último, en el apartado de artículos transitorios destaca el mandato de desarrollar una estrategia nacional para la gestión integral de neumáticos usados.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Los integrantes de estas Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, celebran el espíritu que guía las reformas y adiciones contenidas en la Minuta materia de análisis y dictamen. Sin duda, representa un paso de gran relevancia para garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, consagrado en el párrafo quinto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- Coincidimos en quela falta de disposiciones específicas para el control y procesamiento de neumáticos usados en el orden jurídico nacional ha generado impactos negativos en nuestros ecosistemas y en la salud de los mexicanos. Esta es una situación que no puede continuar y que debe atenderse de forma integral.

TERCERA.- Es importante señalar que en México, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Cámara Nacional de la Industria Hulera, anualmente se consumen más de 30 millones de neumáticos nuevos. Aproximadamente 25 millones se producen en el país y los demás son importados, principalmente de Francia, Italia, Estados Unidos y China.

El volumen es aún mayor si consideramos los neumáticos usados que año con año son importados a nuestro país gracias a su bajo costo.

CUARTA.- El problema es que al término de su vida útil, la mayoría de esos neumáticos, va a parar a barrancas, bosques, terrenos baldíos, azoteas, cuerpos de agua y, en el mejor de los casos, a rellenos sanitarios inadecuados o que no cuentan con la mínima infraestructura.

Como los neumáticos son diseñados para resistir condiciones mecánicas y meteorológicas extremas no se degradan fácilmente lo que los convierte en residuos que pueden permanecer por mucho tiempo en el ambiente. Por otra parte, su forma y tamaño dificulta su compactación y los convierte en hábitat propicio para parásitos y plagas que afectan a la población. Además de lo anterior, la quema de residuos de llantas genera emisiones perjudiciales a la salud y al ambiente: ya sea en la forma de compuestos de efecto invernadero, o de dioxinas y furanos que son considerados contaminantes orgánicos persistentes y cancerígenos.

QUINTA.- De acuerdo con la información reportada en el Diagnóstico Básico de Residuos 2012, en el año 2010 se generaron 1,011 toneladas de residuos de llantas.

Por lo que hace a los residuos de llantas en almacenamientos controlados en la frontera norte, se calcula que en el año 2007 el inventario ascendió a 6 millones 375 mil toneladas.

SEXTA.- Para los integrantes de estas dictaminadoras, la bondad de la Minuta materia de dictamen radica en la creación de obligaciones e incentivos que permitirán la recolección, concentración, procesamiento y reciclamiento de millones de neumáticos en todo el territorio nacional.

Es importante señalar que a partir de la aprobación del decreto que nos ocupa se podrán fincar responsabilidades a los fabricantes y distribuidores de cualquier tipo de neumáticos nuevos, renovados y usados e importadores de neumáticos usados o renovados, que al desecharse como residuos de manejo especial, incumplan con la formulación y ejecución de planes integrales de manejo correspondientes.

SEPTIMA.- Como bien señala la Colegisladora en el dictamen que dio origen a la Minuta, con las reformas y adiciones planteadas no sólo se logrará impulsar el combate el grave problema ecológico que representan los neumáticos usados, sino que se estarán sentando bases sólidas para impulsar la creación de nuevos empleos e ingresos derivados de su reciclaje masivo, de la producción de nuevos materiales y de la generación de energía a través de métodos de combustión controlada. Todo ello, bajo los principios de valorización y responsabilidad compartida.

OCTAVA.- Por último, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras proponen una adecuación de forma relativa a la adición de una fracción IX al artículo 19 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, planteada en la Minuta materia de dictamen. Resulta necesario advertir que en sesión ordinaria del Senado de la República celebrada el jueves 6 de febrero de 2014 fue aprobado el dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la propia Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el cual fue turnado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2014. En dicho decreto también se adiciona una fracción IX al citado artículo 19, por lo que la adición planteada en la Minuta en estudio sólo es posible en una fracción X que recorrerá la actual X.

Asimismo, se plantean precisiones en la redacción del segundo párrafo del artículo 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, contenido en el dictamen, a efecto de mejorar su claridad.

Ambas adecuaciones no alteran, de ninguna forma, el sentido y alcance de las reformas y adiciones contenidas en la Minuta, por lo que no deben ser consideradas modificaciones que obliguen a devolver el proyecto a la Colegisladora.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones proponenaprobar, en sus términos, la Minuta materia de análisis y someten a consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, Y DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.

Artículo Primero. Se reforman la fracción VIII del artículo 19, la fracción III del artículo 28 y el artículo 98; se adicionan una fracción X al artículo 19, recorriéndose la subsecuente en su orden y dos párrafos al artículo 100, a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 19. Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, salvo cuando se trate de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas correspondientes:

I. a VII.

VIII. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo específico;

IX. Pilas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc, o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas, en los niveles que no sean considerados como residuos peligrosos en la norma oficial mexicana correspondiente;

X.Los neumáticos usados, y

XI. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y municipios, que así lo convengan para facilitar su gestión integral.

Artículo 28. Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo, según corresponda:

I. y II.

III. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o de manejo especial que se incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de manejo de conformidad con lasnormas oficiales mexicanas correspondientes; los residuos de envases plásticos, incluyendo los de poliestireno expandido; así como los importadores y distribuidores de neumáticos usados, bajo los principios de valorización y responsabilidad compartida, y

IV.

Artículo 98. Para la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos de manejo especial, en particular de los neumáticos usados, las entidades federativas establecerán las obligaciones de los generadores, distinguiendo grandes y pequeños, y las de los prestadores de servicios de residuos de manejo espacial, y formularán los criterios y lineamientos para su manejo integral.

Artículo 100. La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos podrá contener las siguientes prohibiciones:

I. a III.

Asimismo prohibir la disposición final de neumáticos en predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, en cuerpos de agua y cavidades subterráneas.

Los fabricantes, importadores, distribuidores, gestores y generadores quedan obligados a hacerse cargo de la gestión de los neumáticos usados y a garantizar su recolección de acuerdo con lo determinado por la norma oficial mexicana correspondiente y sus planes de manejo.

Artículo Segundo. Se adicionan un párrafo quinto al artículo 6o. y una fracción II al artículo 17 recorriéndose las subsecuentes en su orden, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 6o. Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales.

Las concesiones que se otorguen para construir, conservar y mantener los caminos y puentes federales, podrán solicitar en sus características de construcción que se emplee caucho reciclado proveniente de neumáticos usados.

Artículo 17. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

I. No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones o condiciones de las concesiones y permisos en los términos establecidos en ellos;

II. No cumplir con las características de construcción y operación, establecidos en las concesiones y permisos;

III. Interrumpir el concesionario la operación de la vía total o parcialmente, sin causa justificada;

IV. Interrumpir el permisionario la prestación del servicio de autotransporte de pasajeros total o parcialmente, sin causa justificada;

V. Reincidir en la aplicación de tarifas superiores a las autorizadas o registradas;

VI. Ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios o permisionarios que tengan derecho a ello;

VII. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la prestación de los servicios;

VIII. Cambiar de nacionalidad el concesionario o permisionario;

IX. Ceder, hipotecar, gravar o transferir las concesiones y permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, a algún gobierno o estado extranjero o admitir a éstos como socios de las empresas concesionarias o permisionarias;

X. Ceder o transferir las concesiones, permisos o los derechos en ellos conferidos, sin autorización de la Secretaría;

XI. Modificar o alterar substancialmente la naturaleza o condiciones de los caminos y puentes o servicios sin autorización de la Secretaría;

XII. Prestar servicios distintos a los señalados en el permiso respectivo;

XIII. No otorgar o no mantener en vigor la garantía de daños contra terceros;

XIV. Incumplir reiteradamente cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley o en sus reglamentos, y

XV. Las demás previstas en la concesión o el permiso respectivo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- En términos de lo establecido por la fracción XXV del artículo 7 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Ejecutivo Federal deberá desarrollar una “Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Neumáticos Usados”.

TERCERO.- Los responsables de formular los planes de manejo para los residuos que se incluyan en los listados a los que hace referencia el artículo 28, fracción III de Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como los productores, fabricantes, importadores y distribuidores de neumáticos usados contarán con un plazo no mayor a dos años para formular y someter a consideración de la autoridad correspondiente dichos planes a partir de que sean publicadas las listas.

CUARTO.- El Ejecutivo Federal deberá publicar la norma oficial mexicana que establezca los criterios de gestión, responsabilidad compartida y valorización para el manejo integral de los neumáticos usados.

QUINTO.- Las concesiones y permisos otorgados para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto continuarán en vigor en los términos y condiciones consignados en los mismos, hasta el término de su vigencia.

Por lo que se refiere a las concesiones y permisos en trámite se estará a lo dispuesto en la presente Ley de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de iniciar dicho trámite.

SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de abril de 2014.

COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES;

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa alusiva al Centenario de la Toma de Zacatecas.






DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERISTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA ALUSIVA AL CENTENARIO DE LA TOMA DE ZACATECAS

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 21 de abril de 2014, fue turnada a estas Comisiones Unidas, la MinutaProyecto de Decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa alusiva al Centenario de la Toma de Zacatecas, remitida por la H. Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, para sus efectos constitucionales.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187, y 190, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la Minuta que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del Proyecto de Decreto de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187, 188, 189, 190, párrafo 1., fracción VII, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En la sesión ordinaria del 5 de marzo de 2014, Diputadas y Diputados integrantes de las diversas fuerzas políticas de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se aprueba la emisión de dos monedas conmemorativas del Centenario de la Toma de Zacatecas, una de oro y otra de plata.

2. En sesión ordinaria del 10 de abril del presente año, se aprobó en el Pleno de la Colegisladora, la emisión de una moneda conmemorativa de cuño corriente, con valor nominal de 20 pesos, con 380 votos en pro y 2 en contra, se turnó a la Cámara de Senadores, para los efectos constitucionales.

3. En sesión ordinaria del 21 de abril del presente año, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-2P2A.-3837.a, turnó la Minuta proyecto de Decreto correspondiente, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.

En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Minuta, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA MINUTA

Establecer las características de una Moneda Conmemorativa alusiva al Centenario de la Toma de Zacatecas.

III. DESCRIPCION DE LA MINUTA

La Minuta en estudio rememora que el próximo 23 de junio se conmemora el Centenario de la Toma de Zacatecas, acontecimiento histórico que registran las páginas de la historia patria como la batalla decisiva en la cual las tropas del Presidente usurpador Victoriano Huerta, serían vencidas.

Se comenta que en el año de 1914, el General de División Luis Medina Barrón se encontraba en Zacatecas a frente de 12 mil efectivos del ejército federal. Por su parte las fuerzas revolucionarias de los generales Francisco Villa y Felipe Angeles habían tomado la decisión de avanzar desde Torreón para enfrentar al ejército de Huerta en Zacatecas.

Se señala que el historiador Alejandro Rosas, en su narración acerca de la Toma de Zacatecas comenta que “los villistas avanzaron por los cuatro puntos cardinales intentando arrebatar a los federales sus posiciones en la Bufa, el Grillo, la Sierpe, Loreto y el cerro de La Tierra Negra, cuarenta cañones - 28 por el norte y 12 por el sur -entraron en acción al mismo tiempo para apoyar el despliegue de infantería que ascendía por los cerros que rodeaban la ciudad”.

Zacatecas había sido testigo de una de las más sangrientas batallas de la revolución, “los siete kilómetros que mediaban entre Zacatecas y la población de Guadalupe terminaron tapizados de cadáveres” afirma Alejandro Rosas.

La trascendencia de esta batalla es que precipitó la caída de Victoriano Huerta 22 días después y la sangre derramada propició el avance del ejército constitucionalista hasta la ciudad de México, para que se consolidara el triunfo de la Revolución Mexicana.

La Toma de Zacatecas cambió de manera significativa los acontecimientos de la Revolución Mexicana, dando lugar a la Convención de Aguascalientes en ese mismo año de 1914 y más adelante al Congreso Constituyente de 1917.

IV. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES A LA MINUTA

Primera. Estas Comisiones Dictaminadoras estimanconveniente conmemorar el centenario de la Toma de Zacatecas mediante una moneda conmemorativa, al reconocer comouno de hechos más significativos en la historia de nuestro país, el cualpropicióla caída de Victoriano Huerta, representando unavance del ejército constitucionalista hasta la ciudad de México, para que se consolidara el triunfo de la Revolución Mexicana, lo que contribuyóa hacer de México un país de instituciones fundamentales para el desarrollo nacional.

Segunda. Estas Comisiones Dictaminadora consideran conveniente la propuesta de honrar los actos heroicos realizados el 23 de junio de 1914, mediante la acuñación de esta moneda conmemorativa, que constituirá un recuerdo permanente del hecho históricopor el patriotismo y valentía de estos mexicanos.

Tercera. Estas Comisiones Dictaminadoras consideran que con esta Moneda Conmemorativa, permite la difusión de ideas y el esparcimiento del conocimiento de hechos significativos de nuestra historia, constituyendo un medio para consolidar en la memoria colectiva los hechosheroicos que nos forjaron como nación, así como los valores y tradiciones de nuestro país.

Asimismo, se cumple con el objetivo de que la mayoría de los mexicanos tengan la oportunidad de remembrar el Centenario de la Toma de Zacatecas, mediante laemisión de esta moneda de cuño corriente, con valor nominal de 20 pesos, la cual tieneuna colocación nacional y aceptación por el público.

Cuarta. Las Comisiones que Dictaminan, consideran acertado que el diseño principal del anverso de la moneda sea propuesto por el Gobierno del Estado de Zacatecas, debiendo incluir la leyenda "Centenario de la Toma de Zacatecas", considerando el papel fundamental de esta gesta heroica en la vida de nuestro país.

Quinta. Las que dictaminan, tomando en base lo anteriormente expuesto, y considerando que conforme al artículo 73, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso tiene facultad para fijar las características de la moneda, y el Banco de México, conforme al artículo 3, fracción I, de su Ley, el regular la emisión de la misma, estiman conveniente aprobar la Minuta en análisis, con las consideraciones descritas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda, que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERISTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA ALUSIVA AL CENTENARIO DE LA TOMA DE ZACATECAS.

Unico. Se establecen las características de una moneda conmemorativa alusiva al Centenario de la Toma de Zacatecas, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2º. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las siguientes características:

Valor nominal: Veinte pesos.

Forma: Circular.

Diámetro: 32 mm (treinta y dos milímetros).

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda.

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos), en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda.

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido: 92 % (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos quinientos noventa miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), en más o en menos.

Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos) y la tolerancia en peso por pieza 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

Los cuños serán:

Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, formando el semicírculo superior.

Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo segundo transitorio del presente Decreto, apruebe el Banco de México, a propuesta del Gobierno de Zacatecas. Dicho motivo deberá relacionarse con el Centenario de la Toma de Zacatecas.

Canto: Estriado discontinuo.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Gobierno de Zacatecas enviará al Banco de México la propuesta del diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el presente Decreto, la cual deberá incluir la leyenda “Centenario de la Toma de Zacatecas”.

En caso de que el gobierno de Zacatecas no presente una propuesta del motivo indicado en este artículo dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate.

Tercero. La moneda a que se refiere el presente Decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la fecha de entrega del diseño señalado en el Artículo Segundo Transitorio del presente Decreto.

Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para que el motivo que proponga el Gobierno de Zacatecas en los términos de este Decreto, pueda ser utilizado en el reverso de la moneda conmemorativa. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de ese artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

Quinto. Corresponderá al Banco de México cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual derivado de la acuñación de las monedas.

Dado en la sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, a 28 de abril de 2014.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso.

Hace cerca de cien años, exactamente el 23 de junio de 1914, 38 cañones de la División del Norte abrieron fuego a un mismo tiempo. Esto sería el inicio de una gesta heroica, pero también de una batalla cruenta, la cual significó cuantiosas pérdidas humanas y materiales para este país. Me refiero, compañeras y compañeros Senadores, a la Toma de Zacatecas, considerada la batalla más táctica de la Revolución Mexicana.

El bombardeo de la artillería inició sobre el Cerro de Loreto, minutos después sobre los de El Grillo y La Bufa. Hacia el atardecer se dio una gran humareda en la ciudad, la retirada no se hizo esperar, las tropas gobiernistas totalmente diezmadas tuvieron que darse a la fuga, la victoria se consumaba tal y como se había planeado.

La táctica de Angeles y la bravura de Villa se fundieron para lograr la gran victoria que rompió la columna vertebral de las fuerzas del Ejército Federal y dejó libre de obstáculos el avance rumbo a la ciudad de México. Esto precipitó la caída del gobierno de Victoriano Huerta.

Por otra parte, representó la máxima victoria militar de la División del Norte que tomó fama de invencible. Asimismo, se consolidó el prestigio militar del General Felipe Angeles como el mejor artillero de México y de Francisco Villa, quien comenzó a ser conocido popularmente como el Centauro del Norte.

Al rememorar aquella gesta, su trascendencia aun seduce, Villa evoca en sus memorias que había cadáveres a lo largo de 7 kilómetros de camino. Asimismo, las crónicas señalan que gran cantidad de edificios de la capital del estado estaban destruidos o incendiados.

Para la historia del México Contemporáneo, este es uno de los hechos de mayor trascendencia, no se trata de una batalla más, sino de una serie de consecuencias que transformaron la vida misma de nuestro país.

Toda nación llega a ser más completa e intermitente cuando su comunidad conoce y comparte su historia. Por eso el simbolismo del 23 de junio de 1914 debe ser reconocido y valorado por todos los mexicanos dada la relevancia que tuvo en la formación del México de instituciones que hoy tenemos.

La difusión de ideas y el esparcimiento del conocimiento de hechos significativos de nuestra historia constituye un medio para consolidar en la memoria colectiva los hechos que nos forjan como nación.

Hoy en este recinto, que representa la integración de los estados miembros del Pacto de la Unión, buscamos conmemorar el Centenario de la Toma de Zacatecas mediante la acuñación de una moneda conmemorativa de cuño corriente que constituirá un recuerdo permanente de este hecho histórico de patriotismo y valentía bajo las siguientes características: valor nominal, 20 pesos; diámetro, 32 milímetros; composición bimetálica; anverso el Escudo Nacional; y el reverso el diseño alusivo a la Toma de Zacatecas, autorizado por el Banco de México.

Juntos, sociedad y gobierno, forjemos la grandeza, bienestar y desarrollo de nuestro pueblo. Esta será la mejor forma de celebrar la Revolución Mexicana que dio su paso más importante al triunfo con la Toma de Zacatecas.

A nombre de los Senadores de Zacatecas, Carlos Puente, David Monreal y el de la voz, agradezco a mis compañeros de las Comisiones Unidos de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, así como a todos ustedes, compañeros Senadores, por su voto a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Tello Cristerna.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para hablar a favor de este dictamen.

- El C. Senador David Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

La Batalla de la Toma de Zacatecas enseña que hay que tomar como modelo de las Tropas de la División del Norte su carácter, decisión, valentía y coraje para no permitir atropellos de gobiernos espurios, usurpando a los que verdaderamente representaban al pueblo mexicano y zacatecano.

Los generales Francisco Villa y Felipe Angeles supieron liderear a sus tropas a fin de vencer a la élite de gobierno.

De esta manera la Toma de Zacatecas es uno de los hechos de mayor trascendencia de nuestro país y de este estado.

La batalla de 1914 no fue una batalla más de la Revolución Mexicana, fue la batalla que transformó la vida misma de nuestro país.

El centenario de un acontecimiento de esta envergadura en la historia de México debe ser reconocido y divulgado. Debido a esto, acuñar una moneda conmemorativa es una forma de rendir honor a este acontecimiento. Las monedas conmemorativas hacen alusión a acontecimientos o personajes de gran trascendencia nacional y relevancia internacional.

Para que una moneda se considere conmemorativa, debe de cumplir con características especiales que la distingan de las demás de uso habitual. Esas características o diferencias se resumen en la nobleza de los materiales de acuñación, como son el oro y la plata, en una métrica adecuada y en una acuñación y diseño cuidadoso que le proporcionan un alto valor artístico.

Constituyen un vehículo idóneo para guardar en la memoria acontecimientos que merecen conservarse de una manera especial.

La Toma de Zacatecas del 23 de junio de 1914, donde se da lugar al triunfo armado de la Revolución Mexicana, merece un reconocimiento al cumplirse un centenario de que aconteció.

Este hito histórico imprimiría el rumbo definitivo de la gesta revolucionaria que llevaría en el mismo año de 1914 a la Convención de Aguascalientes y tres años después al Congreso Constituyente de 1917. Si bien fue una batalla cruenta que significó cuantiosas pérdidas humanas y materiales para Zacatecas y para todos los que combatían en distintas partes del país, también sería la batalla que daría inicio a una serie de consecuencias que transformaron la vida y el futuro de México.

Batallas como la de aquel año de 1914 en territorio zacatecano, nos dejan como legado principios que nos dicen que derrocar el autoritarismo cuando toda la sociedad se une bajo la misma causa es posible. Conmemorar el Centenario de la Toma de Zacatecas mediante una moneda conmemorativa, es reconocer uno de los hechos más significativos en la historia de la nación, el cual no solo propició la caída de un presidente usurpador como Victoriano Huerta, sino también el triunfo de la Revolución Mexicana.

La acuñación de este moneda es una forma de honrar los actos históricos, la vida y la memoria de aquellas y aquellos que combatieron en la lucha armada, con la única finalidad de darnos libertades y darnos democracia que los libros de historia no registran en sus páginas, pero sin ellos no se hubiera avanzado al derrocamiento del autoritarismo.

Mantener vivos los ideales de aquellos que luchaban por una patria más justa, es una forma de nunca olvidar de dónde venimos, y debe ser la brújula para saber hacia dónde debemos ir.

También es una forma de reforzar los vínculos de identidad nacional y de sentido de pertenencia entre todos los mexicanos.

Es un medio para consolidar en la memoria social los hechos históricos que nos forjaron como nación, así como los valores y tradiciones de nuestro país. El Centenario de la Toma de Zacatecas es el momento justo para hacer una profunda reflexión de la nación, que verdaderamente quiere la población, tomando como base aquella por la que lucharon quienes nos antecedieron, pero sobre todo, es una forma de resaltar que dicha gesta histórica sea recordada como referente de nuestra soberanía nacional.

Agradezco a los compañeros Senadores por su atención.

Es cuanto, señor Presidente. A favor del dictamen.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Avila.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, con la venia de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Como Senador del estado de Zacatecas celebró el acompañamiento de mis compañeros Senadores, Alejandro Tello Cristerna y David Monreal Avila, en el contenido del presente dictamen que se encuentra a discusión.

También, a nombre de mis paisanas y paisanos, vengo a esta tribuna para agradecer a las comisiones dictaminadoras, a este Senado de la República y a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, su disposición para proponer la acuñación de una moneda que conmemore el Centenario de la Toma de Zacatecas.

Con esta decisión se honra y reconoce a los pobladores y al ejército revolucionario que con valor y heroísmo participaron en la Toma de Zacatecas hace cien años.

Esta batalla significó la apertura del camino de las tropas revolucionarias hacia el centro del país, por lo que fue un hecho decisivo para el triunfo de la Revolución Mexicana.

La Toma de Zacatecas es la conquista más importante del movimiento revolucionario, nuestro estado fue el escenario de la batalla más táctica que tuvo la Revolución, como la describió Ferrer de Mendiolea.

En el enfrentamiento se aprovecharon las fortificaciones naturales como el bastión de nuestro histórico y representativo Cerro de La Bufa, que viste a nuestra heroica ciudad y desde el cual se marcaron acontecimientos que cambiaron el rumbo y la historia de nuestro país.

El coronel Montejo resumió el resultado de la Toma de Zacatecas en una forma contundente, “les rompimos el espinazo, en alusión a las fuerzas federales de Victoriano Huerta.

Por ello, es de relevante importancia que en el marco de los festejos por el centenario de esta gran hazaña, se conmemore con la emisión de una moneda esta fecha tan importante para todas y todos los zacatecanos.

Con esta acción se destaca y honra este acto heroico que resalta la importancia de la lealtad, el patriotismo y la valentía de todas y todos los zacatecanos.

Compañeras y compañeros, hace cien años el valor de los mexicanos y de los zacatecanos por defender los ideales revolucionarios y la libertad, contribuyó en la construcción del Estado mexicano moderno, sobre su espíritu descansan los valores y las instituciones que hoy nos dan identidad. Gracias a su heroísmo y sacrificio, hoy somos una sociedad democrática y libre.

Zacatecanas y zacatecanos, desde nuestro estado sigamos contribuyendo al engrandecimiento de la patria mexicana.

Por su atención y respaldo al presente dictamen, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Puente Salas. En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular del Decreto que estamos discutiendo.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 89 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa alusiva al Centenario de la Toma de Zacatecas. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y de la Escuela Médico Naval a bordo de los buques Auxiliar Multipropósito ARM "HUASTECO" y Patrulla Oceánica ARM "DURANGO" de la Armada de México, fuera de los límites del país para que realicen viajes de prácticas del 19 de junio al 15 de julio de 2014 y del 1º al 25 de julio de 2014, respectivamente.






DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR LA SALIDA DE CADETES DE LA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR Y DE LA    ESCUELA MEDICO NAVAL A BORDO DE LOS BUQUES AUXILIAR MULTIPROPOSITO ARM "HUASTECO" (AMP 01) Y PATRULLA OCEANICA ARM "DURANGO" (PO 151) DE LA ARMADA DE MEXICO, FUERA DE LOS LIMITES DEL PAIS PARA QUE REALICEN VIAJES DE PRACTICAS DEL 19 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2014 Y DEL 1º AL 25 DE JULIO DE 2014, RESPECTIVAMENTE

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor Presidente. Estimadas compañeras y compañeros:

El día de hoy ponemos a su consideración, en este Pleno, cuatro autorizaciones para la salida de tropas fuera de los límites de nuestro país, y también serán tres instrumentos internacionales que serán de gran relevancia para México.

En primer lugar, y para los efectos de lo establecido por la fracción III del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, sometemos a su consideración cuatro dictámenes en los que se autoriza al Presidente de la República, para permitir la salida de tropas a los siguientes ejercicios navales:

El primero de ellos es para cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y de la Escuela Médico Naval a bordo de los buques Auxiliar Multipropósito ARM "HUASTECO" y Patrulla Oceánica ARM "DURANGO", para que realicen viajes de prácticas del 19 de junio al 15 de julio de este año y del 1°. al 25 de julio de este año.

Al respecto, las comisiones dictaminadoras consideramos que estos viajes de prácticas son una importante oportunidad para el intercambio de experiencias en el ámbito Naval Militar y la adquisición de conocimientos de nuevas tecnologías entre instituciones armadas a fin de fortalecer la participación y ejecución de operaciones nacionales e internacionales.

La segunda autorización es para que elementos de la Armada de México participen en el ejercicio multinacional "Cuenca del Pacífico", que se llevará a cabo del 27 de junio al 1 de agosto de este año en las Islas Hawai, Estados Unidos de América.

Las comisiones dictaminadoras consideramos que la participación de la Armada de México en este ejercicio le permitirá continuar fortaleciendo el adiestramiento y la capacitación en la aplicación de procedimientos tácticos, en el uso unificado de medios de comunicación y la actualización de la doctrina naval operativa en operaciones multinacionales.

El tercero de ellos es para que participen en el ejercicio anfibio "Sociedad de las Américas”, que se llevará a cabo del 11 al 22 de agosto de este año, en el Fuerte Aguayo y Puerto Aldea, en Chile.

Esta es una excelente oportunidad para que nuestra Armada participe en maniobras navales que le permitirán fortalecer su desarrollo al incrementar la capacidad operativa y de respuesta, esto redundará en la optimización de las operaciones de defensa y de mantenimiento del estado de derecho que desarrolla la Armada de México en contra de quienes amenazan la seguridad y tranquilidad de las y los mexicanos.

Se trata de un ejercicio que incluye actividades de práctica contra el narcotráfico, asistencia humanitaria, ejercicios de control regional, así como ejercicios de mando y control de una operación anfibia.

El cuarto dictamen es para que la Armada participe en el Ejercicio Multinacional "UNITAS LV PERU 2014", que se llevará a cabo del 11 al 27 de septiembre de este año, en la República del Perú.

En este evento se reúnen fuerzas navales amigas para que participen en ejercicios navales, capaces de desarrollar operaciones de guerra y humanitarias conjuntas, lo que permite un mayor conocimiento y entendimiento mutuo, al mismo tiempo que propicia la aplicación eficaz de procedimientos de mando y de control.

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, consideramos que la realización de este tipo de ejercicios, enmarcados en la cooperación militar internacional, sirven para fortalecer la confianza mutua, la integración con las armadas de diversos países, pero también para compartir experiencias y mantener un nivel óptimo de adiestramiento.

Por otro lado, como comentaba, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, presentamos dos dictámenes que también se encuentran en el Orden del Día.

El primero de ellos es para aprobar la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y el segundo es para aprobar el Acuerdo para el Establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde.

Respecto a la Enmienda de Doha, es importante señalar que ésta se aprobó desde el 8 de diciembre de 2012, y en ella se acordaron dos cuestiones de suma importancia: por una parte, se acordó un segundo periodo de compromisos para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero al menos en un 18 por ciento; y por otro lado, se adicionó un nuevo elemento a la lista de Gases de Efecto Invernadero, y también se incluyeron nuevos países y nuevas metas.

Podemos decir que gracias a esta enmienda, el multilateralismo en temas climáticos sigue vigente en la agenda internacional, y de aprobarse por el Pleno de este Senado, México enviará una señal política muy importante para dar continuidad al único sistema multilateral de reglas y mecanismos facilitadores existentes para enfrentar el cambio climático.

Por lo que hace al segundo dictamen, es importante señalar que el Instituto Global para el Crecimiento Verde se creó desde 2010 como una fundación sin fines de lucro, cuyo objetivo era integrar, promover y difundir iniciativas basadas en el modelo de crecimiento sustentable para reducir la pobreza y generar empleos.

Convencidos de su enorme potencial, 18 países, entre ellos nuestro país, decidieron llevar a cabo las gestiones necesarias para transformarlo en un organismo internacional con la finalidad de que los Estados miembros pudieran participar en sus actividades, como la adopción y aplicación de los planes de Crecimiento Verde mediante asistencia técnica y economías emergentes, la conducción de investigaciones económicas para apoyar la planeación e implementación de acciones de Crecimiento Verde, y la participación del sector privado y el gobierno en la aplicación de los planes de Crecimiento Verde.

Con la aprobación de estos instrumentos, México seguirá demostrando ser una nación con un compromiso firme para mitigar las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero y promover así el desarrollo sostenible.

Finalmente, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, también ponemos a consideración el dictamen por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos para evitar la Doble Imposición y prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la ciudad de Abu Dhabi, el 20 de noviembre de 2012.

Este instrumento ayudará a que las autoridades fiscales de ambos países puedan combatir la evasión fiscal y disminuir la carga fiscal excesiva tanto a los residentes de México, como de los Emiratos Arabes Unidos, evitándose que un mismo ingreso esté sujeto a imposición en ambos países.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuevas Barrón.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República analizó cuatro solicitudes enviadas por el Ejecutivo Federal para que se le autorice la salida de tropas de la Armada de México con el fin de que elementos castrenses participen en ejercicios conjuntos con otras naciones.

En las solicitudes del Ejecutivo Federal se argumenta que estas salidas de tropas contribuirán a que nuestras Fuerzas Armadas pongan en práctica conocimientos técnicos aprendidos en situaciones simuladas, lo que fortalecerá su adiestramiento en la aplicación de procedimientos tácticos unificados.

Entre las acciones a las cuales participarán efectivos mexicanos, está el Ejercicio Multinacional Cuenca del Pacífico, que tiene como objetivo fortalecer la interpolaridad entre las unidades de las armadas participantes.

Aplicar procedimientos operativos estandarizados, así como construir la capacidad de planeación y conducción de operaciones navales, con fuerzas de tarea multinacionales, efectivos de la Armada también participarán en el Ejercicio Anfibio Sociedad de las Américas, en Chile, y en los Ejercicios Navales “UNITAS LV PERU 2014”, que se llevan anualmente con el concurso de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica, y sus similares, en países latinoamericanos.

La petición del Ejecutivo, Senadoras y Senadores, adolece de explicitud, no permite una correcta valoración de la importancia militar y estratégica. Para el Senado de la República es fundamental una valoración adecuada y abandonar esta inercia con la cual las solicitudes de este tipo suelen votarse sin recibir la información suficiente, sin estudiarse adecuadamente, y se autorizan las salidas de tropas de la Armada de México que van a otros países.

Las áreas a las que van, las áreas geopolíticas, ninguna son neutrales, son espacios de maniobras conjuntas de carácter militar para valorar la acción colectiva ante amenazas a la seguridad nacional y regional, hemisférica.

Cuando se están capacitando y coordinando maniobras militares es para eso, para actuar ante amenazas a la seguridad nacional, regional o hemisférica, y se hace también ante riesgos; ante un eventual control de los recursos naturales, para apoyos humanitarios o ante adversidades geopolíticas.

Este no es un tema técnico de cooperación, de aprendizaje conjunto, sería muy ingenuo suponerlo así, porque todos los ejércitos nacionales tienen una doctrina y se guían por ella. Las armas a su disposición del cuerpo armado, son siempre un instrumento de un Estado.

En el actual contexto en el que ocurren estas solicitudes, a mí no me parecen casuales. México ha entrado en un claro proceso de integración militar con los ejércitos de Estados Unidos y Canadá, como lo reveló la Cumbre de Defensa Trilateral del 24 de abril reciente, de los comandantes generales de los tres países, en donde se mencionó claramente que las amenazas transnacionales requieren respuestas transnacionales de los ejércitos, y de profundizar las acciones conjuntas ante un cambio de escenario global, y actualizar la valoración de amenazas continentales en Norteamérica, eso lo dijeron los militares mexicanos que acudieron a esa Cumbre de Defensa Trilateral.

Entonces, el ejercicio militar conjunto en la Cuenca del Pacífico corresponde a nuevas prioridades estratégicas perfectamente explicitadas por la administración del Presidente Obama, en tal región, alianzas regionales político-militares para contener a las potencias regionales como China y Rusia son parte de la integración militar progresiva de México en la estrategia global militar de Estados Unidos.

Los viajes que está autorizando el Senado, es a áreas estratégicas de nuestro Continente; Perú es miembro destacado de la Alianza Comercial del Pacífico, al igual que Chile, países que ahora están rodeados de bases militares, aunque se quieran definir como unidades de ayuda humanitaria.

Nosotros vamos a votar a favor, no sin antes señalar estos riesgos que entrañan dichas autorizaciones, que no se haga a ciegas ni mecánicamente, ni por inercia.

Por último, quiero referirme al Acuerdo para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta, firmado con el gobierno de los Emiratos Arabes Unidos.

De este instrumento es de destacar que contribuirá a suprimir los obstáculos al flujo de inversiones mediante la eliminación de la doble imposición, que representa una carga fiscal excesiva para los residentes de nuestro país, y de los ciudadanos emiratíes.

De este modo se otorga certeza y seguridad jurídicas respecto del tratamiento fiscal aplicable a la inversión, ya que impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de nacionalidad mexicana o emiratí.

Igualmente, el acuerdo establece mecanismos para resolver de una forma amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación; además de que contribuye a prevenir la evasión y el fraude fiscal, puesto que prevé un procedimiento de cooperación entre las administraciones tributarias de ambos países para el intercambio de información fiscal.

Los dos puntos referentes a medio ambiente, los abordará el Senador Alejandro Encinas.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Dolores Padierna Luna. Agotada la lista de oradores en este dictamen, y al no haber más reservas, el presente dictamen se reservará para su votación de manera conjunta con los demás dictámenes que se refieren a la salida de tropas.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen fuera de los límites del país en el ejercicio Cuenca del Pacífico, que se llevará acabo del 27 de junio al 1 de agosto del 2014 en las Islas Hawái, Estados Unidos de América.






DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE PERMITA LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MEXICO A FIN DE QUE PARTICIPEN FUERA DE LOS LIMITES DEL PAIS EN EL EJERCICIO "CUENCA DEL PACIFICO" (RIMPAC-2014), QUE SE LLEVARA A CABO DEL 27 DE JUNIO AL 1º DE AGOSTO DE 2014 EN LAS ISLAS HAWAI, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su segunda lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por que no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Al no haber oradores registrados, se reserva para su votación de manera conjunta con el resto de los dictámenes que tienen que ver con la salida de tropas.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para participar en el Ejercicio Anfibio “Sociedad de las Américas”, que se llevará acabo del 11 al 22 de agosto de 2014, en el Fuerte Aguayo y Puerto Aldea, Chile.






DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE PERMITA LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MEXICO FUERA DE LOS LIMITES DEL PAIS, PARA PARTICIPAR EN EL EJERCICIO ANFIBIO "SOCIEDAD DE LAS AMERICAS" (POA-2014), QUE SE LLEVARA A CABO DEL 11 AL 22 DE AGOSTO DE 2014, EN EL FUERTE AGUAYO Y PUERTO ALDEA, CHILE

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Al no haber oradores registrados, se reserva para su votación de manera conjunta con el resto de los dictámenes que tienen que ver con la salida de tropas.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen fuera de los límites del país en el ejercicio multinacional “UNITAS LV PERU 2014”, que se llevará a cabo del 11 al 27 de septiembre de 2014 en la República del Perú.






DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE PERMITA LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MEXICO A FIN DE QUE PARTICIPEN FUERA DE LOS LIMITES DEL PAIS EN EL EJERCICIO MULTINACIONAL "UNITAS LV PERU 2014" CON UNA PATRULLA OCEANICA ARM "SONORA" (PO 152), UN HELICOPTERO, 13 ELEMENTOS DE INFANTERIA DE MARINA EMBARCADOS Y 4 CAPITANES PARA INTEGRARSE EN EL ESTADO MAYOR CONJUNTO DEL EJERCICIO E INTERCAMBIO CON OTRAS UNIDADES PARTICIPANTES, EJERCICIO QUE SE LLEVARA A CABO DEL 11 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN LA REPUBLICA DEL PERU

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Al no haber oradores registrados ni artículos reservados para su discusión en lo particular, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los cuatro proyectos de Decreto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 90 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está aprobado el Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y de la Escuela Médico Naval a bordo de los buques Auxiliar Multipropósito ARM “HUASTECO” (AMP 01) y Patrulla Oceánica ARM “DURANGO” (PO 151) de la Armada de México, fuera de los límites del país para que realicen viajes de prácticas del 19 de junio al 15 de julio de 2014 y del 1o. al 25 de julio del 2014, respectivamente. Se remite al Ejecutivo Federal.

Está aprobado el Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio “Cuenca del Pacífico” (RIMPAC-2014), que se llevará a cabo del 27 de junio al 1º de agosto del 2014 en las Islas Hawái, Estados Unidos de América. Se remite al Ejecutivo Federal.

Está aprobado el Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para participar en el Ejercicio Anfibio “Sociedad de las Américas”, que se llevará a cabo del 11 al 22 de agosto de 2014, en el Fuerte Aguayo y Puerto Aldea, Chile. Se remite al Ejecutivo Federal.

Y está aprobado el Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen fuera de los límites del país, en el Ejercicio Multinacional “UNITAS LV PERU 2014” con una Patrulla Oceánica ARM “SONORA” (PO 152), un helicóptero, 13 elementos de Infantería de Marina embarcados y 4 capitanes para integrarse en el Estado Mayor conjunto del ejercicio e intercambio con otras unidades participates, ejercicio que se llevará a cabo del 11 al 27 de septiembre de 2014, en la República del Perú. Se remite al Ejecutivo Federal.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, con proyecto de Decreto por el que se aprueba la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, con proyecto de Decreto por el que se aprueba la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

ENMIENDA DE DOHA AL PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO, EN EL MARCO DE LA OCTAVA CONFERENCIA DE LAS PARTES EN CALIDAD DE REUNION DE LAS PARTES DEL PROTOCOLO DE KYOTO

(Dictamen de segunda lectura)



(Opinion de la Comision Especial de Cambio Climatico)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor de este y el siguiente dictamen de instrumento internacional.

- La C. Senadora Silvia Garza Galván: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El Protocolo de Kyoto es considerado a nivel mundial como el paso más importante que se ha dado hacia un instrumento verdaderamente mundial de reducción y estabilización de las emisiones de Gas de Efecto Invernadero; y ha dado entrada todo tipo de acuerdos internacionales sobre cambio climático.

Anterior a la existencia del Protocolo de Kyoto, México firmó su adhesión a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el 13 de junio de 1992.

Uno de los principales retos de la convención marco fue definir los compromisos para las partes firmantes, con base en el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, bajo el cual los países desarrollados, conocidos como países Anexo I, adoptaron el compromiso cuantitativo de reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero para regresar en el año 2000 a los volúmenes de emisión que tenían en 1990 y mantenerse así en estos niveles.

Los países en vías de desarrollo se conocen como No Anexo I y no tienen compromisos cuantitativos de reducción de emisiones.

Nuestro país se ha caracterizado por tener políticas públicas muy ambiciosas y responsables en materia ambiental y de cambio climático y realiza diversas actividades para dar cumplimiento a sus compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, entre las que se encuentran la elaboración de documentos de planeación a nivel nacional y estatal y la elaboración de comunicaciones nacionales de México con sus respectivos inventarios de emisiones.

El Protocolo de Kyoto establece en su Anexo b, medidas cuantitativas específicas para la reducción de emisiones de Gases de Efecto de Invernadero que son obligatorias para los países desarrollados y con economías en transición.

El Protocolo de Kyoto entró en vigor el 16 de febrero de 2005 para las naciones que han depositado su instrumento de ratificación, entre ellas México, que ratificó el instrumento en el año 2000 y que como país No Anexo I, no tiene obligaciones cuantitativas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, pero aún con ello somos ejemplo de mecanismos legales voluntarios de reducción de emisiones.

Los principales alcances del protocolo consisten en establecer una serie de mecanismos de mercado para facilitar el cumplimiento de los compromisos de mitigación de los países desarrollados y promover el desarrollo sustentable en los países en desarrollo, comercio de derechos de emisiones, implementación conjunta y mecanismo para un desarrollo limpio.

México tiene el cuarto lugar a nivel mundial en desarrollo de proyectos de mecanismos para un desarrollo limpio, que se han desarrollado en las áreas de recuperación de metano, energía renovable, eficiencia energética, procesos industriales y manejo de desecho.

Es evidente que el Protocolo de Kyoto ha pasado innumerables pruebas de resistencia, y es un convenio internacional que se niega a morir, aún cuando algunos países firmantes lo han abandonado, el primer periodo de compromisos del protocolo ha concluido 2008-2012. Motivo por el cual durante la Octava Conferencia de Partes en Doha, Qatar, en diciembre de 2012, se adoptó una enmienda que permite el inicio de un segundo periodo de compromisos que comprenderá del año 2013 al 2020 dependiendo los compromisos que por estado se adquieran apostando a que se supere la meta acordada de la disminución del 18 por ciento de las emisiones en comparación con el año de 1990.

Por lo tanto, para fortalecer las acciones y esfuerzos en materia de reducción de emisiones que México ha implementado en los últimos años, resulta positivo aceptar la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto en la Convención Marco de las Naciones Unidas, adoptada en Doha, Qatar, el 8 de diciembre de 2012, y enviada para la aprobación en este Senado de la República por el titular del Ejecutivo Federal, el licenciado Enrique Peña Nieto.

Doy también mi postura en la cuestión del acuerdo para el establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde.

Es un hecho, amigas y amigos, que la presión que llevan las actividades humanas sobre los recursos naturales han hecho crisis en muchas partes del planeta y México no es la excepción, las políticas públicas mundiales han provocado, sobre todo en los últimos 10 años, la impostergable toma de decisiones al más alto nivel para modificar los hábitos de producción de bienes y servicios en relación a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Los instrumentos, convenios, acuerdos y organizaciones de carácter internacional han agendado prioritariamente la descarbonización de las actividades antropogénicas y esto lo debe de aprovechar México, y debemos de aprovecharlo ahora con las reformas secundarias en materia energética.

En consecuencia de la crisis económica de 2008, la ONU y la OCDE desarrollaron modelos económicos basados en prácticas amigables con el ambiente, a fin de abrir un nuevo mercado de interés de las sociedades modernas, por lo que hoy tenemos instrumentos denominados Economía Verde y Crecimiento Verde, ambos esquemas con acciones y estrategias para alcanzar el desarrollo sustentable.

Un esfuerzo más que se agrega al interés por lograr un planeta sustentable es el Instituto Global para el Crecimiento Verde, el cual fue fundado como una organización sin fines de lucro en la República de Corea en 2010, pero el 16 de junio de 2012 se convirtió en una organización internacional con membresía abierta a cualquier miembro de las Naciones Unidas con el objeto de promover el crecimiento sustentable.

El principal método de trabajo del instituto es promover asesoría técnica a las entidades públicas, académicas y privadas de los países miembros para implementar estrategias de negocios bajas en carbono.

México, en octubre de 2012, firmó ad-referéndum, el Acuerdo para el Establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde.

Vale la pena destacar que en enero de este mismo año, dicho instituto global firmó un acuerdo de entendimiento con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente y el Banco Mundial, para crear la plataforma de conocimiento de Crecimiento Verde, como una innovadora iniciativa global que identificará y subsanará las principales deficiencias del conocimiento en la teoría y práctica del Crecimiento Verde.

En este sentido, nuestro país, al ser miembro de ese instituto, se verá ampliamente beneficiado por los aliados internacionales.

Por tanto, y por los beneficios que México obtendrá de su incorporación al Instituto Global para el Crecimiento Verde, consideramos muy positivo este acuerdo que fue enviado para la aprobación de este Senado de la República por el titular del Ejecutivo Federal.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Garza Galván.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, para hablar sobre este dictamen.

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Compañeras y compañeros legisladores:

La humanidad se encuentra en una encrucijada más que delicada, no sólo para lograr un mayor bienestar, sino para asegurar la sustentabilidad del modelo de desarrollo.

El cambio climático es una amenaza que se prognosticó hace cuatro décadas y que finalmente nos alcanzó.

Parafraseando a García Márquez: “es la crónica de un desastre anunciado”.

Las consecuencias del cambio climático ya las hemos comenzado a ver, por un lado sequías, pérdida de cosecha y muerte de ganado, y por otro, huracanes, inundaciones y tormentas devastadoras, así como la peligrosa elevación del nivel del mar.

Todo ello con afectaciones económicas, sociales y pérdidas de miles de vidas humanas.

La destrucción de la naturaleza nos hace más vulnerables como seres humanos porque somos parte de un ecosistema, nuestra acción no es indiferente al ámbito en el que existimos.

El reto es comprender que el desarrollo debe ser armónico con el medio ambiente o simplemente dicho, el desarrollo debe ser sustentable para evitar que el planeta colapse.

Sólo actuando con responsabilidad, solidaridad y una visión de largo plazo, podremos resolver el desafío global del cambio climático. Ningún país, por sí solo, puede hacerle frente.

Es por ello que hoy presentamos el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, por el que se aprueba la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Estamos a casi una década de que entró en vigor el Protocolo de Kyoto, cuyo objetivo principal es lograr la estabilización de las concentraciones de Gases de Efecto de Invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas, peligrosas en el sistema climático.

El protocolo se caracteriza por ser el único instrumento jurídicamente vinculante que establece metas de reducción de emisión de Gases de Efecto Invernadero en un tiempo de periodo acordado para los países desarrollados.

El Protocolo de Kyoto es el resultado de un esfuerzo multilateral para presentar soluciones ante el cambio climático, que ha permitido avances para reducir el aumento de la temperatura global; y fue muy importante que en diciembre de 2012 se adoptara la Enmienda de Doha, con la que se da continuidad al protocolo, al iniciar un segundo periodo de compromisos, que comprenderá acciones por el medio ambiente hasta el 2017 ó 2020, según el caso particular de cada Estado firmante.

Esta enmienda que hoy presentamos a su consideración, consta de dos artículos, en los que se establece objetivos cuantificados de limitación y reducción de emisiones, ámbitos de mitigación y periodos de cumplimiento.

Asumiendo estas metas, México refrenda su liderazgo internacional en esta materia. Y aunque nuestro país no está obligado, jurídicamente, a una reducción específica de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, libremente ha asumido un compromiso de reducir en 30 por ciento estos, respecto a la línea de base de nuestras emisiones para el 2020.

A pesar de que hay naciones que no han querido ratificar el Protocolo de Kyoto, y otras que lo han abandonando con las consecuencias graves que ello conlleva, México ha decidido asumir una posición responsable, no solo con la ratificación del protocolo, sino ahora también con la Enmienda de Doha, si así lo decide esta Soberanía.

Además de trabajar activamente para que en 2015, tal como se acordó en Durban, Sudáfrica, en 2011, se aprueben nuevos instrumentos de carácter vinculante, mediante los cuales todos los países nos comprometamos a actuar bajo el principio de responsabilidad compartida, pero diferenciada.

Así, junto con una agenda de desarrollo renovada, posterior al 2015, lograremos un modelo que permita, al mismo tiempo, intensificar los esfuerzos para erradicar la pobreza y asegurar la sustentabilidad.

Finalmente, cabe recordar que en el marco del Protocolo de Kyoto, México ha aprovechado el mecanismo para un desarrollo limpio y se ha convertido en uno de los cinco países que ha registrado más proyectos de mitigación, por los cuales puede adquirir certificados de reducción de emisiones.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía, aprobar el proyecto de Decreto en mención, y pidiéndoles a todos ustedes, compañeros Senadores, su voto a favor del mismo.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Rojas Hernández.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con la venia de la Presidencia.

El día de hoy vengo a hablar a favor del presente dictamen, el cual es de suma importancia.

El dictamen en cuestión, aprueba la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto, emanado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

El periodo inicial de compromisos del Protocolo de Kyoto concluyó en el periodo 2008-2012, por lo que durante la Octava Conferencia de las Partes de Doha, Qatar, se adoptó una enmienda que genera un segundo periodo de compromisos, que comprenderá desde el año 2013, con miras al año 2017 ó 2020.

Es importante recordar que el Protocolo de Kyoto tiene por objetivo lograr la estabilización de las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero en la atmósfera, a un nivel que impida interferencias antropógenas, peligrosas en el sistema climático.

Nuestro país ratificó en el año 2000 el Protocolo de Kyoto, bajo la figura de país No Anexo I, siendo ejemplo a nivel mundial por la voluntad gubernamental de desarrollar políticas públicas tangibles, para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

El Protocolo de Kyoto tiene como objetivo fortalecer el cumplimiento de los compromisos de mitigación de los países desarrollados, Estados Unidos, la Unión Europea y China, principalmente, y promover el desarrollo sustentable en los países en vías subdesarrollados.

Es importante destacar que nuestro país no se encuentra dentro de los países más industrializados, y por ende, más contaminantes del planeta. Sin embargo, y de manera positiva, se encuentra en 4º lugar a nivel mundial en desarrollo de proyectos denominados como Mecanismos para un Desarrollo Limpio.

Es importante mantener esta visión de trabajo a largo plazo, en relación a la mitigación del cambio climático, para que nuestro país siga manteniendo esta postura de liderazgo y verdadero compromiso de responsabilidad ambiental.

Y, finalmente, ante el evidente impacto ambiental que sufre permanentemente nuestro planeta tierra, ante las actividades económicas de nuestra especie, es fundamental mantener los trabajos coordinados con las demás naciones para lograr el objetivo final, que es transformar el paradigma económico hacia una visión completamente sustentable y de respeto irrestricto a los ecosistemas y demás especies del planeta; por lo que resulta completamente positivo para nuestro país y para el mundo en general, aceptar la Enmienda de Doha para establecer el segundo periodo del Protocolo de Kyoto, adoptado el 8 de diciembre de 2012, y enviado a esta Soberanía para su aprobación por parte del Ejecutivo Federal.

Igualmente quiero congratularme a favor de la incorporación de nuestro país al Instituto Global para el Crecimiento Verde, como ya hizo mención la Senadora Silvia Guadalupe, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático.

Esta comisión considera positivo el Acuerdo para el Establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde, enviado para aprobación del Senado de la República por el titular del Ejecutivo Federal, licenciado Enrique Peña Nieto.

Gracias.

Es cuanto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Beristain Navarrete.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Señor Presidente

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, ¿para que asunto?, Senador Fidel Demédicis.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Para hablar sobre el proyecto de Decreto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda que todos estamos preocupados por ver cómo corregimos los desastres que ha hecho el ser humano, en materia ambiental.

Y nos preocupa porque el clima, dicen los viejos de este país, ha enloquecido.

En años anteriores llegaba el mes de mayo, se empezaba a nublar el cielo, y ya sabíamos que había que preparar los enseres para abrir las entrañas de la tierra, echar la semilla y una cosecha abundante nos esperaba.

Sin embargo, el ser humano en sus ansias de poder económico y de poder político, sin ningún control empezó a utilizar contaminantes que dañaron de manera irreversible el planeta tierra, especialmente la capa de ozono.

El Protocolo de Kyoto que se firma en el año de 1997, tiene como objetivo, efectivamente, ver cómo se reducen las situaciones, las condiciones de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Sin embargo, lo tenemos que decir fuerte, porque México, a pesar de que en 1998 firma este acuerdo, no ha cumplido lo que ahí se dice, ver cómo se reduce la utilización de gases contaminantes. Y nosotros podemos ir a cualquier taller de refrigeración de este país y vamos a ver que refrigerantes dañinos como el R12 ó el R22, uno que se utiliza para refrigeración doméstica y otro que se utiliza para aire acondicionado automotriz, ambos son utilizados de manera irresponsable.

Cuando un refrigerador doméstico está dañado, lo que hace el técnico es llegar, cortar la tubería y dejar que el gas que se encuentra al interior de este aparato de refrigeración se vaya al medio ambiente, son miles y miles de kilogramos de R12 los que se suelta al ambiente todos los días; son miles y miles de kilogramos de R22 que se van al medio ambiente.

¿Por qué sucede esto?

Porque México como país subdesarrollado no ha podido, y no creo que pueda en los próximos años, porque tecnológicamente somos dependientes de los países industrializados, sustituir estos letales refrigerantes que dañan el medio ambiente por los refrigerantes sustitutos que ordena el propio Protocolo de Kyoto.

Por eso es necesario que cuando alguno de los Senadores de la República, y aquí tengo entendido que han participado varios en reuniones ambientalistas a nivel mundial, pues hagan notar esto, hagan ver que se requieren sanciones, pero también se requieren apoyos económicos para que los países pobres puedan hacer la sustitución de estos aparatos que dañan el medio ambiente.

México, igual que muchos países latinoamericanos y africanos, somos países basureros de los países industrializados.

Un refrigerador que ya no se usa en Estados Unidos, nos lo mandan para acá a un precio cómodo y la gente que no tiene refrigerador, pues evidentemente va y lo adquiere, sin saber que adquiere un aparato que puede dañar el medio ambiente y puede seguir haciendo mucho más grande el agujero en la capa de ozono del que hoy en día ya tiene esa capa.

Compañeros Senadores, sí es importante que el Senado de la República ratifique este tipo de acuerdos; pero también es necesario que los Senadores de la República hagamos estos señalamientos y le digamos al gobierno de México que de una vez por todas tiene que meterse a la sustitución de estos refrigerantes o de estos gases que dañan la capa de ozono y que hacen que los rayos infrarrojos y ultravioletas entren de manera directa y no sólo se dé el cambio climático, sino enfermedades como el cáncer de piel.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo. Agotada la lista de oradores en lo general y no habiendo reservas en lo particular, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 93 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto por el que se aprueba la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el marco de la Octava Conferencia de las Partes en Calidad de Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, que contiene proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo para el Establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde.






ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL INSTITUTO GLOBAL PARA EL CRECIMIENTO VERDE, FIRMADO AD REFERENDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO DE MEXICO EN LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL 12 DE OCTUBRE DE 2012

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, se omite su segunda lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el dictamen del cual se ha dado cuenta.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Honorable Asamblea:

Presento a su consideración el presente dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, por el que se aprueba el Acuerdo para el Establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el 12 de octubre de 2012.

Uno de los mayores retos que enfrentamos para la preservación del medio ambiente es lograr superar la disyuntiva que algunos plantean entre crecimiento económico y cuidado del medio ambiente.

Cuando el debate se sitúa en estos términos, muchos actores comienzan a optar por el crecimiento económico desdeñando los daños que estamos produciendo al planeta.

En realidad esta disyuntiva es falsa, porque en el mediano plazo no habrá desarrollo económico si no preservamos nuestros ecosistemas.

Justamente el Instituto Global para el Crecimiento Verde, fundado el 16 de junio de 2010, por el Presidente de la República de Corea, el señor Lee Myung-Bak se estableció bajo la premisa de que el crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental no sólo son objetivos compatibles, sino que su integración es esencial para el futuro de la humanidad.

Convencidos del enorme potencial del Instituto Global para el Crecimiento Verde, 18 países con una visión integral del desarrollo, entre ellos México, decidieron dar un paso importante en su conformación, y por ello llevaron a cabo las gestiones necesarias para que éste adquiriera el estatus de organismo internacional con base en un acuerdo internacional.

Así, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, en junio de 2012, tuvo lugar la ceremonia que abrió a firma el Acuerdo para el Establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde.

Como señala el presente dictamen, el instituto es un organismo interdisciplinario de participación abierta a diferentes encargados de la toma de decisiones. Este organismo pretende convertirse en una plataforma internacional para el aprendizaje basado en la evidencia y la innovación de políticas que ayuden a enfocar las prácticas de progreso encabezadas por los gobiernos y el sector privado hacia los imperativos de desarrollo económico y sustentabilidad ambiental.

Su objetivo es ubicar al nuevo modelo de crecimiento económico denominado Crecimiento Verde en el centro de la planeación económica, para lo cual canaliza la base del conocimiento del instituto las redes y la experiencia a fin de proporcionar la mejor asistencia técnica y apoyo a los países en desarrollo en la promoción e implementación de las rigurosas estrategias de Crecimiento Verde.

El instituto global busca obtener tres grandes resultados en materia de cooperación con los países en desarrollo.

Primero.La adopción y la aplicación de los planes de Crecimiento Verde.

Segundo. El suministro de los resultados de investigación relevante y de alta calidad para los encargados de la formulación de políticas públicas.

Tercero. La participación del sector privado en la aplicación de los planes nacionales de Crecimiento Verde.

Cabe señalar que de aprobarse el Acuerdo, México será miembro participante y permanente del instituto global, aunado a ello, ha sido ya electo miembro de la asamblea y del consejo del instituto, lo cual demuestra el liderazgo y el nivel de compromiso de nuestro país en esta materia.

Por todo lo anterior, compañeros Senadores, presento a su consideración el presente dictamen, y les pido su voto a favor.

Muchas gracias.

Es cuanto señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Rojas Hernández. En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto,.

Esta Presidencia saluda a alumnos de la carrera de derecho y ciencias políticas de la Universidad Juárez, del estado de Durango, invitados por el Senador Ismael Hernández Deras. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 84 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Acuerdo para el Establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México en la ciudad de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, el 12 de octubre de 2012. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72, constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos para evitar la Doble Imposición y prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta.






ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ARABES UNIDOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE ABU DHABI, EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2012

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES,
ASIA–PACIFICO; DE RELACIONES EXTERIORES;
Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

H. ASAMBLEA:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 fracción X, 76 fracción I y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo Federal remitió a esta Soberanía el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Abu Dhabi el veinte de noviembre de dos mil doce.

Las Comisiones que suscriben el presente dictamen, de conformidad con lo establecido por los artículos 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 3, 4 y 10 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; 85, 86, 90 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 177, 178, 182, 183, 188 y demás concordantes del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio del Acuerdo y conforme a las deliberaciones que se realizaron someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes generales

1.Con fecha 7 de octubre de 2013, mediante oficio SEL/300/1456/13, la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, remitió a los CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, copias certificadas del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Abu Dhabi el veinte de noviembre de dos mil doce.

2. En sesión celebrada el 8 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio DGPL-1P2A.–1960, turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia–Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, el citado Acuerdo para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En sesión celebrada el 21 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio DGPL-1P2A.-2763, dispuso ampliar el turno del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Abu Dhabi el veinte de noviembre de dos mil doce, para quedar en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

4. En sesión ordinaria, los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del Acuerdo con el objetivo de expresar sus observaciones, comentarios e integrar el presente dictamen.

II. Objetivo y descripción del Instrumento

El principal objetivo del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, es eliminar la doble imposición ya que ésta representa una carga fiscal excesiva tanto para los residentes de México como de los Emiratos Arabes Unidos. De manera paralela, el Acuerdo ayudará a las autoridades fiscales de ambos países a combatir la evasión fiscal.

El ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, en el documento que remite al ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, señala que el Acuerdo se suma a la red de tratados fiscales que tiene celebrados nuestros país, cuyo principal objetivo es eliminar la doble imposición, misma que presenta una carga fiscal excesiva para los residentes de México y los residentes de otros Estados que realizan operaciones comerciales o financieras entre sí. Al mismo tiempo, estos tratados ayudan a las autoridades fiscales a combatir la evasión fiscal.

Indica que de acuerdo con información proporcionada por la Federación de las Cámaras de Comercio e industria de los Emiratos Arabes Unidos, en 2012 se tenía registro de siete compañías mexicanas que han invertido en dicho país. Por su parte, de 1999 al segundo trimestre de 2013, la Secretaría de Economía registró la inversión de tres empresas emiratíes en México.

Destaca que a partir de estos registros, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó la oportunidad de mejorar las condiciones para las inversiones entre México y los Emiratos Arabes Unidos, a través de la celebración de un acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal.

Asimismo, el Titular del Ejecutivo Federal señala que con el objeto de eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta, se limita el ejercicio de la potestad tributaria de México y los Emiratos Arabes Unidos. Dicha limitación consistirá en distribuir la potestad tributaria entre el Estado de la fuente y el de residencia con el fin de evitar que un mismo ingreso esté sujeto a imposición en ambos Estados y, en caso que los dos Estados puedan someter a imposición un ingreso, permitir la acreditación del impuesto pagado en el otro Estado.

Subraya que al eliminar dicha carga, de ser aprobado el Acuerdo, fomentará la inversión emiratí en México y mejorará las condiciones de los mexicanos que realicen inversiones en los Emiratos Arabes Unidos, colocándolos en una situación de igualdad respecto de los inversionistas de otros Estados con los que ese país tiene celebrados acuerdos en esta materia.

Refiere que el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de nacionalidad mexicana o emiratí y contempla mecanismos para resolver de una forma amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación.

También señala que para combatir la evasión fiscal, el Acuerdo permite a las autoridades competentes de México y los Emiratos Arabes Unidos intercambiar información en materia fiscal y cooperar para la determinación de los impuestos a cargo de los contribuyentes.

Destaca que el Acuerdo es aplicable a los residentes de México y de los Emiratos Arabes Unidos, por lo que aquellas personas que pretenden gozar de sus beneficios, deberán acreditar su residencia fiscal por medio de una certificación de residencia o de la presentación de la declaración del último ejercicio fiscal.

También se amplía el marco jurídico aplicable a las transacciones realizadas entre ambos Estados que generan ingresos sujetos a los impuestos sobre la renta. Constituye una herramienta que interactúa con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto Empresarial de Tasa Unica, el Código Fiscal de la Federación y sus reglamentos.

Finalmente, el Licenciado Enrique Peña Nieto enfatiza que en caso de que el Acuerdo sea aprobado por el Senado de la República, también permitirá fomentar los negocios entre México y los Emiratos Arabes Unidos y propiciar mayores niveles de rentabilidad de las inversiones, lo que generará un ambiente adecuado para incrementar los flujos de inversión y redundará en el bienestar económico de ambos países.

Para cumplir los objetivos y las consideraciones señaladas anteriormente, el Acuerdo contiene 29 artículos agrupados en seis capítulos y un Protocolo que contiene 5 numerales, tal y como se enlista a continuación:

Capítulo I: Ambito del Acuerdo

Artículo 1. Personas Comprendidas

Artículo 2. Impuestos Comprendidos

Capítulo II: Definiciones

Artículo 3. Definiciones Generales

Artículo 4. Residente

Artículo 5. Establecimiento Permanente

Capítulo III: Tributación de la Renta

Artículo 6. Rentas Inmobiliarias

Artículo 7. Beneficios Empresariales

Artículo 8. Transporte Marítimo y Aéreo

Artículo 9. Empresas Asociadas

Artículo 10. Dividendos

Artículo 11. Intereses

Artículo 12. Regalías

Artículo 13. Ganancias de Capital

Artículo 14. Servicios Profesionales y Técnicos Independientes

Artículo 15. Ingresos Derivados del Empleo

Artículo 16. Participaciones de Consejeros

Artículo 17. Artistas y Deportistas

Artículo 18. Pensiones

Artículo 19. Funciones Públicas

Artículo 20. Estudiantes

Artículo 21. Otras Rentas

Artículo 22. Limitación de Beneficios

Capítulo IV: Métodos para Eliminar la Doble Imposición

Artículo 23. Eliminación de la Doble Imposición

Capítulo V: Disposiciones Especiales

Artículo 24. No-Discriminación

Artículo 25. Procedimiento de Acuerdo Mutuo

Artículo 26. Intercambio de Información

Artículo 27. Agentes Diplomáticos y Funcionarios Consulares

Capítulo VI: Disposiciones Finales

Artículo 28. Entrada en Vigor

Artículo 29. Terminación

PROTOCOLO DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ARABES UNIDOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

El Artículo 1 señala que el Acuerdo se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.

El Artículo 2 establece que se considera impuestos sobre la renta todos los que gravan la totalidad de la renta o cualquier elemento de la misma.

Artículo 3. Define los términos siguientes: “México”, “Emiratos Arabes Unidos” “un Estado Contratante”, “el otro Estado Contratante”, “persona”, “nacional”, “sociedad”, “esquema de pensiones”, “empresa”, “empresa de un Estado Contratante”, “empresa del otro Estado Contratante”, “tráfico internacional”, “entidad gubernamental calificada”, “autoridad competente”.

Artículo 4. Explica la acepción del término “residente de un Estado Contratante”.

Artículo 5. La expresión establecimiento permanente, significa un lugar fijo de negocios a través del cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.

Artículo 6. Rentas inmobiliarias, establece que las rentas de un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o silvícolas) situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Además, contempla la definición “bienes inmuebles” misma que tendrá el significado que le atribuya la legislación del Estado Contratante en que los bienes en cuestión estén situados.

Artículo 7. Dispone que los Beneficios Empresariales de un Estado Contratante, solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice sus actividades empresariales en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él.

Artículo 8. Con referencia al Transporte Marítimo y Aéreo, los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional por un residente de un Estado Contratante, comprenden los beneficios procedentes del arrendamiento de buques o aeronaves sobre una base de nave completa. También comprenden los beneficios derivados del arrendamiento de buques o aeronaves sobre una base de nave vacía, si dichos buques o aeronaves son explotados en tráfico internacional por el arrendatario y son obtenidos por un residente de un Estado Contratante involucrado en la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional.

Artículo 9. Se denomina “Empresa Asociada” cuando una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante, o las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante.

Artículo 10. Señala que los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Además de definir el término “Dividendos”.

Artículo 11. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición de ese otro Estado. Sin embargo, dichos intereses también pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de ese Estado, si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado Contratante y el impuesto no podrá exceder de 4.9% en el caso de intereses pagados en bancos y 10% en otros casos. Igualmente se define el término “Intereses”.

Artículo 12. El presente artículo precisa el término “Regalías” además de su aplicación en el presente Acuerdo.

Artículo 13. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles a que se refiere el Artículo 6 y situados en el otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Artículo 14. Las rentas obtenidas por un residente de un Estado Contratante, por la prestación de servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. Igualmente se define el término “servicios profesionales”.

Artículo 15. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, obtenidos por un residente de un Estado Contratante en virtud de un empleo, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. Si el empleo se ejerce de esta forma, dicha remuneración obtenida del mismo, puede someterse a imposición en ese otro Estado.

Artículo 16. Las participaciones de consejero y los pagos de retribuciones similares que un residente de un Estado Contratante obtenga en su calidad como miembro de un consejo de administración o cualquier otro órgano de una sociedad que sea residente de otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Artículo 17. Hace referencia al régimen de ingresos de artistas y deportistas.

Artículo 18. Las pensiones y otras remuneraciones similares y las anualidades pagadas a un residente de un Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

Artículo 19. Funciones Públicas, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, excluidas las pensiones, pagadas por un Estado Contratante o una subdivisión política o entidad local del mismo a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

Artículo 20. Un estudiante que sea residente del otro estado Contratante y que se encuentre en el Estado Contratante con el único fin de proseguir sus estudios, no podrá someterse a imposición en ese Estado.

Artículo 21. Los ingresos de un residente de un Estado contratante, cualquiera que fuese su procedencia, no mencionados anteriormente, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

Artículo 22. Una persona que sea residente de los Emiratos Arabes Unidos que obtenga ingresos de México, tendrá derecho en este país a todos los beneficios otorgados en los Artículos 8, 10, 11, 12 y 13.

Artículo 23. Regula la eliminación de la doble imposición entre los Estados Contratantes.

Artículo 24. Garantiza la aplicación del principio de no discriminación al establecer que los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo, que no se exija o sea más gravoso que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular respecto a la residencia.

Artículo 25. Regula el procedimiento para someter a la autoridad competente alguna inconformidad derivada de las disposiciones del Convenio.

Artículo 26. Dispone lo relativo al intercambio de información señalando que la información recibida por el Estado solicitante se regirá bajo el principio de secrecía, sin embargo, también señala que ningún Estado podrá negarse al otorgamiento de información con el argumento de ser detentada por un banco, otra institución financiera.

Artículo 27. Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán los privilegios fiscales de que disfruten los agentes diplomáticos o funcionarios consulares de acuerdo con los principios generales del Derecho Internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales.

Artículo 28. Establece las disposiciones generales para la entrada en vigor del Acuerdo.

Artículo 29. El Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por un Estado Contratante.

Finalmente, el instrumento internacional en análisis contiene un Protocolo, mismo que señala que al momento de la suscripción del Convenio, los firmantes acordaron incluir cinco numerales mismos que forman parte del Acuerdo.

Estas disposiciones adicionales, precisan términos utilizados en el texto del Acuerdo, además de señalar los alcances de ciertas disposiciones presentes en el articulado del instrumento internacional bajo análisis con el objetivo de evitar una incorrecta interpretación de las mismas.

III. Método de trabajo, análisis, discusión y valoración de las propuestas

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, señalan que con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden especializado y jurídico para la elaboración del presente dictamen, acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado de la República. Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y elaboración del presente dictamen.

En el proceso de análisis, se subrayó que el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de los Estados Contratantes, además de establecer mecanismos para resolver de una forma amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación.

El Acuerdo sujeto a análisis en el presente dictamen, fue adoptado de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cumpliendo con los parámetros establecidos de manera consuetudinaria en la legislación internacional, que versa sobre la materia.

IV.Consideraciones de orden general

La celebración de los tratados en México, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra legislación con la concurrencia de dos poderes: el Ejecutivo Federal quien tiene la facultad de celebrar un tratado internacional; y el Senado de la República, en quien recae la facultad exclusiva de aprobar aquel tratado internacional celebrado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, tal como lo establecen los artículos 89 fracción X y 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra ordenan:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I…-IX…

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI…-XX…

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

• Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

II…–XII…

Con base únicamente en las consideraciones de orden general, el Acuerdo sujeto de análisis del presente dictamen, cumple con los requisitos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para su aprobación.

V.Consideración de orden específico

El Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, se suma a la red de convenios fiscales que tienen celebrados con México, cuyo principal objetivo es eliminar la doble imposición, misma que representa una carga fiscal excesiva para los residentes de México y los residentes de otros países que realizan operaciones comerciales o financieras entre sí.

Al eliminar dicha carga fiscal, el Acuerdo fomentará la inversión emiratí en México e impulsará a los mexicanos a realizar inversiones en Emiratos Arabes Unidos, colocándolos en igualdad de circunstancias respecto a los inversionistas de otros países con los que los Emiratos Arabes Unidos tiene celebrados acuerdos en esta materia.

El Acuerdo armoniza los sistemas fiscales de los dos países, otorgando certeza y seguridad jurídica, respecto del tratamiento fiscal aplicable a la inversión.

Asimismo, el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de nacionalidad mexicana o emiratí, además de establecer mecanismos para resolver de una forma amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación.

Derivado de las negociaciones, el Acuerdo permite un combate más eficaz en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, en virtud de que, al igual que otros acuerdos, prevé un procedimiento de cooperación entre las administraciones tributarias de ambos países para el intercambio de información fiscal, a través del cual se permite verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes mexicanos con inversiones en el extranjero, teniéndose que intercambiar la información, incluso, cuando la misma sea detentada por un banco, otra institución financiera, un mandatario o una persona actuando en calidad de agente o fiduciario, o porque se relaciona con participaciones en una persona.

En el análisis del acuerdo, las comisiones dictaminadoras acentúan que entre los beneficios del Acuerdo se encuentran:

• La eliminación de la doble tributación;

• Otorga seguridad jurídica a los contribuyentes y promueve la inversión;

• Armoniza los criterios de imposición;

• Se asegura la eliminación de tratos discriminatorios;

• Se incluye un procedimiento amistoso para la solución de controversias;

• Se otorga una mayor permanencia a los esquemas fiscales aplicables;

• Combate la elusión y evasión fiscal.

Asimismo, se destaca que el Acuerdo contiene una cláusula1 que previene el abuso con el fin de que los beneficios los obtengan aquellas personas a quien va dirigido.

Las comisiones dictaminadoras señalan que el Artículo 22 del Acuerdo, relativo al Intercambio de Información, otorga sustento jurídico para combatir plenamente la elusión y la evasión fiscal, mediante un mecanismo de reciprocidad informativa entre las autoridades competentes de las Partes.

En él se señala que el intercambio de información no está limitado a los impuestos comprendidos en el convenio sino a cualquiera que sea exigido por ambos países. Asimismo se estipula que los Estados no podrán negarse a intercambiar información únicamente por el hecho de que esté detentada por instituciones bancarias o financieras.

Una vez en vigor, el Acuerdo permitirá fomentar los negocios entre los dos países, y propiciar mayores niveles de rentabilidad de las inversiones que se realicen en cada uno de éstos, generando un ambiente adecuado para incrementar los flujos de inversión entre ambos países, lo cual redundará en el bienestar económico, tanto de México como de los Emiratos Arabes Unidos.

El Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la fecha en que se reciba la última de las notificaciones, en las que ambos Estados, se comuniquen el cumplimiento de los requisitos exigidos por su legislación nacional.

El Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por un Estado Contratado. Cualquier Estado Contratante podrá dar por terminado el Convenio en cualquier momento, después de que se transcurra un periodo de cinco años contando a partir de la fecha en que el Acuerdo entre en vigor, siempre que se dé aviso por escrito de la terminación a través de la vía diplomática, al menos con seis meses de antelación. En tal caso, el Acuerdo dejará de surtir sus efectos.

Asimismo, las dictaminadoras señalan que el Poder Ejecutivo Federal remitió adjunto al Acuerdo, el documento titulado: “Memorándum de Antecedentes” mismo que integra el informe relativo al Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la ciudad de Abu Dhabi, el 20 de noviembre de 2012. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido por el artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.

Una vez analizado el instrumento internacional que ha sido objeto del presente estudio y cotejado por cuanto a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia, se concluye que el Acuerdo ha sido otorgado en cumplimiento al marco normativo aplicable.

En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de lo que dispone el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de los que establece el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben reconocen la atribución del Ejecutivo Federal al firmar el presente instrumento internacional en análisis, con apego a lo dispuesto en el Artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Acuerdo que nos ocupa, no se lesiona ni la soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, someten a la consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el Artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprueba el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ARABES UNIDOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, firmado en la ciudad de Abu Dhabi, el veinte de noviembre de dos mil doce.

Sala de comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, D.F., a 28 de abril de 2014.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO;

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES;

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Teófilo Torres Corzo, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

A partir de los ejes de política exterior que ha consagrado el titular del Poder Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo, desde esta tribuna del Senado de la República hemos apoyado muchas acciones a favor de una mejor inserción de México en las cadenas productivas internacionales con el fin de continuar contribuyendo y caminando para que México tenga cada vez un mejor desarrollo.

Los acuerdos, como el firmado entre los gobiernos de México y los Emiratos Arabes Unidos para evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal, que hoy se pone a la consideración de esta Honorable Soberanía, es, sin duda, un paso más en esta misma dirección, pues busca fomentar la inversión en México y mejorar el clima de negocios para que los mexicanos también realicen inversiones en los Emiratos Arabes.

El objetivo del acuerdo es eliminar la doble tributación en materia de Impuesto Sobre la Renta, pero limitando el ejercicio de la potestad de México y de los Emiratos Arabes Unidos. Dicha limitación consiste en distribuir la potestad tributaria entre el Estado de la fuente y el de residencia, con el fin de evitar que el mismo ingreso esté sujeto a imposición en ambos Estados; y en caso que los dos Estados puedan someter la imposición de un ingreso, permitir la acreditación del impuesto pagado en el otro Estado.

Cabe señalar, Senadoras y Senadores, que las comisiones dictaminadoras vigilamos con especial atención que el acuerdo contemplara cláusulas que impidan tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de nacionalidad mexicana o iraní, además de contemplar mecanismos para resolver en una forma amistosa cualquier conflicto que pueda surgir en su aplicación e interpretación, como lo señala la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.

En las diversas reuniones de las comisiones codictaminadoras, se concluyó que con las disposiciones establecidas en los acuerdos que nos ocupan, no se lesiona la soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna. Es por ello, señoras y señores Senadores, que de otorgar su voto en pro del dictamen, será una acción decisiva para fomentar los negocios entre México y los Emiratos Arabes, y propiciar mayores niveles de rentabilidad de las inversiones, lo que generará, sin duda, un ambiente adecuado para la inversión y para la mejora económica en ambos países.

Con estos acuerdos México tiene la oportunidad de enviar un claro mensaje de que nuestro país está preparado para este y para otros grandes proyectos, que está frente a la comunidad internacional un México nuevo, un México que está dispuesto a establecer más y mejores relaciones económicas con el mundo. Habrá que redoblar esfuerzos, habrá que buscar que el desempleo se ataque, habrá que buscar atacar, también, la pobreza alimentaria, habrá que buscar la eficiencia en materia de educación y muchos más renglones pendientes que tenemos frente a los mexicanos.

Esta y otras decisiones similares de fomentar el empleo, de combatir la pobreza, de buscar la forma de tener un México más justo, es precisamente lo que esperan los millones de mexicanos que están afuera del Senado, que sus representantes populares busquen la forma de mejorar la vida y de mejorar la convivencia y la economía de México. Que habrá que redoblar esfuerzos, sin duda, habrá que trabajar en el mismo sentido, habrá que abatir el desempleo, habrá que abatir la pobreza alimentaria, habrá que tener recursos suficientes para tener eficiencia en todas las materias que tenemos pendientes.

El entender éstos y muchos más renglones, es precisamente lo que debe de congregarnos como Senadoras y Senadores de la República para buscar que México tenga mejores condiciones.

Agradezco a cada uno de los Senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asía-Pacífico, y las otras comisiones colegisladoras por su destacada participación en las reuniones de análisis para la aprobación de este convenio y por el compromiso de enriquecer con sus valiosos comentarios el dictamen que hoy se somete a su consideración.

Esto, Senadoras y Senadores de la República, es lo que debemos hacer, buscar y trabajar para tener un México cada vez con más oportunidades, un México menos injusto, y tener un México que abata la pobreza y que, sobre todo, proporcione a nuestras familias una mejor educación y un mejor lugar en el estado de competitividad.

Por el apoyo de todos, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Torres Corzo.

Para la discusión en lo general, se le concede la palabra, Senador Daniel Avila Ruiz, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente José Rosas Aispuro Torres, Senador por el estado libre y soberano de Durango. Señoras y señores Senadores:

El posicionamiento que vengo a fijar como parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y como Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, en torno al convenio que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Emiratos Arabes Unidos se sustenta en su aprobación a partir de las siguientes razones:

En México reconocemos a los Emiratos Arabes Unidos como una nación que en muy poco tiempo se ha transformado de una cultura tribal, dependiente de la agricultura y la pesca, a una historia de éxito empresarial con una infraestructura de clase mundial. Es una nación que con liderazgo ha sabido mejorar su educación, eliminar el analfabetismo y desarrollar de forma importante sus servicios de salud. Sin duda, los Emiratos Arabes Unidos abrazan el cambio a medida que se moderniza en consonancia con su historia y valores culturales.

Nuestro país, por su parte, ha consolidado su política de diversificación comercial internacional, como una política de Estado que se retomó con los países de la Península Arábiga desde el sexenio pasado.

Sabemos que hoy en día los Emiratos Arabes Unidos es un país fuerte, moderno y abierto al mundo. En el ámbito de nuestra relación bilateral, luego de establecidas las relaciones diplomáticas entre nuestros países en 1975, México y los Emiratos Arabes Unidos comparten una política exterior que busca la cooperación, así como la resolución de los desacuerdos mediante el diálogo.

Sabemos que el acuerdo que hoy llamamos a aprobar, es parte sustancial del marco jurídico que necesitamos para dar certidumbre a la inversión. Estamos hablando de un país que dispone de un fondo de entre 627 mil y 700 mil millones de dólares, que invierte en todos los mercados internacionales.

Por ello aprobamos el convenio por unanimidad en sesión conjunta entre la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Señoras y señores Senadores, el acuerdo tiene como objetivo eliminar la doble imposición a los residentes de México y los Emiratos Arabes Unidos que realizan operaciones comerciales o financieras entre sí, sobre la base de igualdad y beneficio mutuo y de conformidad con sus legislaciones nacionales.

Además, busca combatir la evasión y la elusión fiscal mediante el fomento del intercambio de información entre las autoridades competentes de los países signatarios.

El intercambio de información incluye la información en posesión de bancos, u otras instituciones financieras. Entendemos que es momento de avanzar hacia una relación que remueva obstáculos y agilice el intercambio económico con los países árabes, pues hay un amplio potencial mutuamente benéfico que no hemos aprovechado.

Estoy seguro que a partir de la buena disposición y del ánimo que hoy aquí nos contagia, sea posible ampliar, estrechar y fortalecer la relación entre los Emiratos Arabes y México.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Avila Ruiz. En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 85 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta, firmado en la ciudad de Abu Dhabi, el 20 de noviembre de 2012. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva, cinco dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, que contienen proyectos de Decreto por los que se aprueban instrumentos internacionales.

Dé cuenta la Secretaría de ellos, por favor.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Los dictámenes recibidos son los siguientes:

El que propone aprobar el Protocolo que Modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Bélgica para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto Sobre la Renta.

El que propone aprobar el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Principado de Liechtenstein para el Intercambio de Información en Materia Tributaria y su Protocolo.

El que propone aprobar el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos respecto de Aruba, para el intercambio de Información con Respecto a los Impuestos.

El que propone aprobar el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Malta para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta y su Protocolo.

El que propone aprobar el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Gibraltar para el Intercambio de Información en Materia Tributaria.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza que los cinco dictámenes se incorporen a la agenda de este día para su trámite.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren a los asuntos de hoy los dictámenes descritos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Los dictámenes están disponibles en sus escaños.

1 Artículo 22 del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo relativo a la Limitación de Beneficios.






PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE BELGICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION E IMPEDIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, FIRMADO AD REFERENDUM EL 26 DE AGOSTO DE 2013 EN LA CIUDAD DE MEXICO

(Dictamen de primera lectura)








ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION EN MATERIA TRIBUTARIA Y SU PROTOCOLO, FIRMADO AD REFERENDUM EL 20 DE ABRIL DE 2013 EN WASHINGTON, D.C.

(Dictamen de primera lectura)








ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE LOS PAISES BAJOS, RESPECTO DE ARUBA, PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS, FIRMADO AD REFERENDUM EL 18 DE JULIO DE 2013 EN LA CIUDAD DE MEXICO

(Dictamen de primera lectura)








CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y MALTA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, FIRMADO AD REFERENDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE ROMA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2012

(Dictamen de primera lectura)








ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE GIBRALTAR PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION EN MATERIA TRIBUTARIA, FIRMADO AD REFERENDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y EN GIBRALTAR EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012

(Dictamen de primera lectura)



Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita su lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura de los cinco dictámenes. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Quedan de primera lectura los cinco dictámenes de instrumentos internacionales.






PROPUESTAS

De los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Manuel Camacho Solís, Ismael Hernández Deras y Zoé Robledo Aburto, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a llevar a cabo actos en conmemoración del centenario de los destacados escritores mexicanos José Revueltas y Efraín Huerta. Se turna a la Comisión de Cultura.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LLEVAR A CABO ACTOS EN CONMEMORACION DEL CENTENARIO DE LOS DESTACADOS ESCRITORES MEXICANOS JOSE REVUELTAS Y EFRAIN HUERTA

Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González, Alejandro Encinas Rodríguez, Manuel Camacho Solís, Ismael Hernández Deras y Zoé Robledo Aburto, senadores de la República integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 8 numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 del artículo 95 y los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LLEVAR A CABO ACTOS EN CONMEMORACION DEL CENTENARIO DE LOS DESTACADOS ESCRITORES MEXICANOS JOSE REVUELTAS Y EFRAIN HUERTA, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las artes y las letras mexicanas gozan de un amplio reconocimiento a nivel mundial por su calidad, profundidad y diversidad. Nuestra cultura literaria abarca una gran multitud de creadores prolíficos en nuestro país que, por generaciones, han colocado a la literatura nacional en un lugar destacado a nivel mundial.

En el Senado de la República no somos ajenos a estar circunstancia. Aunque corresponda a la administración pública definir los programas y acciones para reconocer y difundir la obra de los grandes autores nacionales, no por ello, en el Poder Legislativo, dejamos de sentir orgullo por ese gran legado literario al que tenemos acceso y con el cual nos identificamos.

En 1914, hace cien años, en diferentes partes del territorio nacional, nacen tres hombres ilustres que hicieron de la literatura un oficio y, a través de él, plasmaron sus sentimientos más nobles así como sus convicciones más férreas.

Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura mexicano, ya ha sido objeto de un programa de actividades por parte de la Cámara de Senadores que, conjuntamente con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, nos permitirá poner en relieve su fuerza creativa y, en especial, su pensamiento crítico sobre la política y los asuntos de orden público.

Sin embargo, José Revueltas y Efraín Huerta, de Durango y Guanajuato, respectivamente, representan a autores de las letras cuya memoria es tan vigente como la presencia del poeta nacido en la colonia Mixcoac de la Ciudad de México.

La personalidad de José Revueltas se inscribe en la tradición de una familia que incluye a sus hermanos Silvestre y Fermín, el primero, un gran creador de obras sinfónicas, el segundo, uno de los iniciadores del movimiento de las escuelas al aire libre de artes plásticas y del mularismo mexicano.

No obstante, la influencia de José Revueltas no sólo se expresó en las letras mexicanas a través de obras de una gran genialidad como Los muros de agua, Los días terrenales o El luto humano, sino también en el ámbito político. Su pertenencia a Liga Espartaco expresaba en mucho su visión de izquierda en una etapa de grandes polémicas sobre la vigencia de las luchas revolucionarias.

Hemos de señalar que cuando llegaron al Palacio de Lecumberri los detenidos por el movimiento estudiantil de 1968, Pepe Revueltas ya tenía algunos años de detención acumulados.

Nuca olvidaremos aquella frase que legó a su hija en una navidad en un cuento sobre la historia de un hombre que era inmensamente rico pero que no tenía dinero…

Su obra, su memoria, pero en especial, su congruencia política con las causas que defendía, hacen de él una fuente constante de inspiración, vigente hoy día incluso para muchas mujeres y hombres que se identifican con los valores y principios de la izquierda.

A Efraín Huerta no lo caracterizan propiamente sus ideas sobre la política, pero sí su espíritu rebelde que se expresa a lo largo de su obra poética, misma que fue prolífica y abundante. Formó parte de una generación muy brillante de autores, a los que se les ubica en la revista Taller, editada durante la década de los años treinta, donde publicaron Carlos Pellicer, Enrique González Martínez, Alberto Quintero y el propio Octavio Paz, bajo la dirección de Rafael Solana.

Para quienes la poesía no es un producto de fácil asimilación, nada mejor que una Estampida de poemínimos, conjunto de obras de una gran ironía y profundidad que nos hablan de la naturaleza del poeta Efraín Huerta.

No obstante, para nuestro regocijo, también dedicó frases descriptivas de una gran sensibilidad y profundo amor porque, debe recordarse, que a Efraín lo estimaban todos, formaba ronda con todos los grupos literarios por su afabilidad, ese sentido amable que también se recogía en su obra.

Quienes tuvimos la oportunidad de conocer el poema de Absoluto amor, no olvidaremos jamás que un orgullo de plata nos recorre el cuerpo, cuando un absoluto amor hace rumbo en nuestras venas.

Por ello, para no dejar de lado el reconocimiento a la obra de autores que nos han legado momentos de inmenso gozo e ideas sólidas para la reflexión y la crítica, es que proponemos sumarnos a los actos que en este año se llevarán a cabo por diferentes instituciones para celebrar los centenarios de José Revueltas y Efraín Huerta, además de la conmemoración dedicada a Octavio Paz.

Ya diferentes legisladores ha propuesto al Senado celebrar la memoria y obra de estos autores.

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8 numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita a la Comisión de Cultura y a los senadores de la República interesados, a realizar un programa de actividades que permita la discusión y reflexión crítica de la obra de los autores José Revueltas y Efraín Huerta.

SEGUNDO.- Se solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República que, con base en sus facultades legales, autorice una edición o coedición de obras especiales para celebrar el centenario de José Revueltas y de Efraín Huerta.

México, D.F., a 28 de abril de 2014

Atentamente

Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.- Sen. Manuel Camacho Solís.- Sen. Ismael Hernández Deras.- Sen. Zoé Robledo Aburto”.






De los Senadores Omar Fayad Meneses, Fernando Yunes Márquez, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Graciela Ortiz González, Ismael Hernández Deras, Ivonne Liliana Alvarez García, María Cristina Díaz Salazar, Teófilo Torres Corzo, Salvador Vega Casillas, María del Pilar Ortega Martínez, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Humberto Domingo Mayans Canabal y Ana Gabriela Guevara Espinoza, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos del Distrito Federal y de los estados de la República a retomar las medidas necesarias para el inmediato y cabal cumplimiento del modelo establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública para sus unidades especializadas de combate al secuestro. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

VER DOCUMENTO

La efeméride sobre el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se insertará en el Diario de los Debates.






La efeméride sobre el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se insertará en el Diario de los Debates.

EFEMERIDE

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, en conmemoración del “Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.

“Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
28 de Abril

SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA

La celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo consiste en una campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, saludable y decente. Desde el año 2003, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) observa el Día Mundial el 28 de abril de cada año.

La celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo forma parte de la Estrategia global en materia de seguridad y salud en el trabajo de la OIT, la cual promueve el fomento de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud para todas las partes implicadas. En muchas partes del mundo, las autoridades nacionales, los sindicatos, las organizaciones de trabajadores y los profesionales del sector de seguridad y salud organizan actividades para celebrar esta fecha.

El 28 de abril es también el día en el que el movimiento sindical mundial celebra su Jornada Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados, para así honrar la memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y se organizan con este motivo movilizaciones y campañas en todo el mundo.

Como cada año, la OIT elaboró un informe que llama a los gobiernos, los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones a colaborar en el desarrollo y en la implementación de políticas y estrategias nacionales destinadas a la seguridad y la salud en el uso de productos químicos en el trabajo.

La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad.

Las condiciones medioambientales en torno al trabajo, las condiciones físicas en las que se realiza el trabajo y las condiciones organizativas que rigen en la empresa en la que se trabaja en dicho país, son factores que podrían ser causa de posibles alteraciones en la salud y riesgos laborales tanto en el aspecto físico, psíquico, social o emocional de los trabajadores en general cualquiera que sea su ocupación y la categoría profesional que tengan.

Por ello, es importante implementar las normas básicas de seguridad y salud en los centros de trabajo, tomar las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores, prevenir accidentes laborales y promover el cuidado de la maquinaria, herramientas y materiales con los que se trabaja, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

Lunes 28 de Abril de 2014

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito






CITA

Agotados los asuntos, se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión que tendrá lugar el día de mañana martes 29 de abril a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:05 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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México, Distrito Federal

Teléfonos: 53-45-30-00
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