Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 24 de abril de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 30

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 24 de Abril de 2014

SUMARIO                                              


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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS, EN MATERIA DE JUSTICIA MILITAR

(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda. Para presentar el dictamen intervienen los CC. Senadores Roberto Gil Zuarth, a nombre de la Comisión de Justicia; Fernando Yunes Márquez, a nombre de la Comisión de Defensa Nacional; Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; y Graciela Ortiz González, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos.

Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, intervienen los CC. Senadores Angélica de la Peña Gómez, Carlos Alberto Puente Salas, María del Pilar Ortega Martínez y Arely Gómez González.

Para su discusión en lo general intervienen los CC. Senadores Angel Benjamín Robles Montoya y Fidel Demédicis Hidalgo. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.










 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: (12:27 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 90 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Se abre la sesión del jueves 24 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
VEINTITRES DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE LA SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con veinte minutos del día miércoles veintitrés de abril de dos mil catorce, encontrándose presentes ochenta y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes veintidós de abril de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, el Informe de la Delegación del Senado Mexicano que participó en la 58ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrada los días 10, 11 y 12 de marzo del año en curso, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos de América.- Quedó de enterado.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo julio-diciembre 2013, presentado por la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores.- Fue aprobado en votación económica. Se turnó a la Auditoría Superior de la Federación.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, información relativa a las “Contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2014”, del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al primer trimestre de 2014.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Se recibió de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, su Informe Anual de Actividades, correspondiente al ejercicio 2013.- Se remitió a las Comisiones de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman la fracción IV del artículo 16 y la fracción VII del artículo 38 y se adiciona la fracción VI al artículo 42 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad y Género y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o. y 27 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 10 y el primer párrafo del artículo 18 y se adicionan los artículos 10 Bis y 10 Ter a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 111 de la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que devuelve el expediente del proyecto de decreto que reformaba y adicionaba la Ley Federal del Trabajo, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Los grupos parlamentarios intervinieron para referirse a la Conmemoración del Centenario de la gesta heroica de la defensa del Puerto de Veracruz, ocurrida el 21 de abril de 1914.- Hicieron uso de la palabra los Senadores: Martha Palafox Gutiérrez del PT; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Fernando Yunes Márquez del PAN; y Hector Yunes Landa del PRI.

(Iniciativas)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, para prevenir y atender en suicidio en México.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y del Senador Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 24 Ter a la Ley General de Educación, en materia de actividad física.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación, de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos.

 

El Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin impulsar la inversión en zonas de atención prioritaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 81 del Código de Justicia Militar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Margarita Flores Sánchez, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Arely Gómez González, Lisbeth Hernández Lecona, René Juárez Cisneros, Eviel Pérez Magaña, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 9 y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió del Instituto Nacional Electoral, oficio con el que responde a la consulta planteada por los Presidentes de las Cámaras del Congreso y remite formato para la obtención de firmas que debe ser entregado a los solicitantes para los efectos que marca el artículo 15 de la Ley Federal de Consulta Popular.- El asunto fue considerado de urgente resolución y se sometió a consideración de la Asamblea un proyecto de decreto por el que se determina el formato para la obtención de firmas, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 15 de la Ley Federal de Consulta Popular. Sin discusión, fue aprobado nominalmente por 89 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforma el artículo 254 bis del Código Penal Federal.- El Presidente de la Mesa Directiva informó de la recepción del voto particular de los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Benjamín Robles Montoya y Dolores Padierna Luna e instruyó su publicación en la Gaceta del Senado. El dictamen quedó de primera lectura.

 

Los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra para referirse a la entrega del Premio Miguel de Cervantes Saavedra 2013, a la escritora mexicana Elena Poniatowska.- Intervinieron los senadores: María Elena Barrera Tapia del PVEM; Fernando Mayans Canabal del PRD; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; y Blanca Alcalá Ruiz del PRI.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes en sentido negativo:

1) De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaban diversas disposiciones a la Ley General de Educación, en materia de evaluación del desempeño docente.

2) De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban la Ley General de Cultura Física y Deporte y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

3) De las Comisiones Unidas de Educación, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto que reformaba los artículos 7º y 42 de la Ley General de Educación y 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Sin discusión, los tres dictámenes fueron aprobados por 86 votos en pro. Se devolvieron a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea los siguientes dictámenes en sentido negativo:

1) De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto que expedía la Ley del Consejo Económico y Social de México.- Intervino la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno del PRD para razonar su voto.

2) De las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se creaba la Ley General de Agua Potable y Saneamiento.

3) De las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 41 bis a la Ley de Aguas Nacionales.- Intervino el Senador Benjamín Robles Montoya del PRD, quien presentó una propuesta, la cual fue desechada.

4) De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene punto de acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara de Diputados del 2 de abril de 2013 por el que se desechó el proyecto de decreto por el que se reformaba y adicionaba la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Los cuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cuatro dictámenes de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a brindar el apoyo técnico-operativo necesario para la instalación de frigoríficos y empacadoras a fin de impulsar la industrialización productiva de las cooperativas pesqueras del estado de Guerrero.- Intervinieron los senadores: Francisco Salvador López Brito, para presentar los dictámenes.

2) Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a fortalecer la normatividad aplicable sobre la introducción, control y manejo de especies acuáticas invasoras (exóticas) en México.

3) Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a continuar con los estudios de investigación de los sistemas de captura en el Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado y se realicen las acciones necesarias para que se otorguen los recursos presupuestales en beneficio de las comunidades pesqueras afectadas.- Intervino el Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD.

4) Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a impulsar una mesa negociación con los estados que conforman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para iniciar su revisión, en particular del apartado agropecuario, que posibilite a los productores nacionales un mayor acceso al mercado trilateral.- Intervinieron los Senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, quien presentó propuesta de adición, la cual no se aceptó; David Monreal Avila del PT.

Los cuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea veintiséis dictámenes de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta al Instituto Nacional de Migración a que, en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y las homólogas de las entidades federativas, especialmente de aquéllas que tienen mayor tránsito de migrantes, brinden los servicios de salud necesarios a cualquier migrante que lo necesite.- Intervinieron Los Senadores: Adolfo Romero Lainas del PRD; Zoé Robledo Aburto del PRD; y Mariana Gómez Del Campo Gurza del PAN. El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Senadora María Elena Barrera Tapia entregó el texto de su intervención sobre este dictamen.

2) Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, a los Secretarios de Salud de las entidades federativas, a autoridades municipales y al Instituto Nacional de la Juventud a implementar de manera permanente y fortalecer las acciones de información sobre el uso de métodos anticonceptivos de manera estratégica; la prevención de embarazos en adolescentes, los riesgos de salud que conllevan y la prevención de enfermedades de transmisión sexual.- Intervinieron los Senadores: Angélica de la Peña Gómez del PRD; Hilda Esthela Flores Escalera del PRI; y Francisco Salvador López Brito del PAN. El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Senadora María Elena Barrera Tapia entregó el texto de su intervención sobre este dictamen.

3) Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una evaluación al Sistema Nacional de Salud, a efecto de conocer si éste cuenta con la infraestructura hospitalaria, los recursos materiales y humanos necesarios para afrontar los retos que el envejecimiento poblacional implica.- Intervino el Senador Francisco Salvador López Brito del PAN.

4) Que exhorta a diversas autoridades a revisar los servicios de salud para la atención materna; y exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a ratificar los Convenios 183 y 191 de la Organización Internacional del Trabajo, en lo que corresponde a la protección de la maternidad.- Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, quien presentó propuesta de modificación, la cual se aceptó. El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Senadora María Elena Barrera Tapia entregó el texto de su intervención sobre este dictamen.

5) Que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a que, en la realización de sus próximos censos, diseñe la metodología e indicadores necesarios que permitan conocer datos más precisos sobre la incidencia y prevalencia de la discapacidad visual en México.- Intervino la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera del PRI.

6) Que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a las secretarías del ramo de las entidades federativas a actualizar y fortalecer los protocolos de vigilancia del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de apegarse al índice de cesáreas establecido por la Organización Mundial de la Salud.

7) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las acciones implementadas para la atención de las diversas clases de leucemia en nuestro país; asimismo, le exhorta a incluir en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, las diversas clases de leucemia para la población mayor de 18 años, y no sólo las de los menores de edad.

8) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar y fortalecer los Programas de Capacitación al Sector Salud, para la humanización de los cuidados que requieren los niños recién nacidos prematuros.- Intervino la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera del PRI.

9) Por el que el Senado de la República manifiesta su reconocimiento a los esfuerzos realizados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia por la capacitación de 40 fisioterapeutas para la atención de pacientes con cáncer de mama; y exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a fortalecer las acciones necesarias destinadas a la prevención, detección temprana, tratamiento y rehabilitación integral del cáncer de mama.- Intervinieron los Senadores: Angélica de la Peña Gómez del PRD; y Francisco Salvador López Brito del PAN.

10) Que exhorta al Ejecutivo Federal a agilizar acciones de prevención y control de diabetes y su diagnóstico temprano; asimismo, exhorta a la Secretaría de Salud a recomendar a las instituciones de seguros especializadas en el ramo de salud, a contemplar la cirugía bariátrica como un método de tratamiento para la obesidad mórbida, dentro de sus pólizas de seguros.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Senadora María Elena Barrera Tapia entregó el texto de su intervención sobre este dictamen.

11) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a explorar la posibilidad de que el 30 de Noviembre sea considerado como “Día Internacional de la Lucha Contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria”; asimismo, exhorta a implementar programas de prevención y tratamiento sobre los trastornos de la conducta alimentaria como la bulimia y la anorexia.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Senadora María Elena Barrera Tapia entregó el texto de su intervención sobre este dictamen.

12) Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar los programas destinados al diagnóstico oportuno y tratamiento eficaz del cáncer en niñas, niños y adolescentes y a promover entre las universidades que imparten la carrera de medicina, la enseñanza de la especialidad de oncología-pediátrica.- Intervinieron las Senadoras: Hilda Esthela Flores Escalera del PRI; y Martha Elena García Gómez del PAN.

13) Que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a emitir las normas oficiales mexicanas y guías de práctica clínica, que permitan la incorporación, reconocimiento y regulación de terapias a base de ozono, para la prestación de servicios de atención médica en condiciones seguras para el paciente por personal capacitado.- Intervino el Senador Francisco Salvador López Brito del PAN.

14) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a considerar al Dihidrocloruro de Sapropterina como tratamiento para la Fenilcetonuria, incluyéndolo en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos Interinstitucional; asimismo a publicar la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA-2010 definitiva, donde se considere el tratamiento para los enfermos de fenilcetonuria y se prescriba el tratamiento con Dihidrocloruro de Sapropterina y fórmula láctea libre de fenilalanina.

15) Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer las políticas públicas, principalmente a través de campañas de prevención, atención y tratamiento de las enfermedades mentales, que informen a la población mexicana sobre los síntomas y las secuelas como consecuencia de la falta de atención oportuna.

16) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar una estrategia de política pública para crear una “Red Nacional de Bancos de Leche Materna” y llevar a cabo una campaña nacional de información sobre la importancia de la lactancia materna en nuestro país.

17) Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar acciones para contener a corto plazo, la morbilidad y mortalidad a consecuencia de las enfermedades del corazón.

18) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a las entidades federativas a llevar a cabo un diagnóstico del número de habitantes que padecen la enfermedad celiaca de intolerancia al Gluten.

19) Que exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en el Cuadro Básico de medicamentos del Sector Salud, los medicamentos para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson.

20) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a intensificar las campañas de información y acciones que reduzcan las emisiones contaminantes.

21) Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a informar sobre el abasto de antirretrovirales para pacientes con VIH/SIDA.

22) Que exhorta al Sistema Nacional de Salud a implementar un modelo de capacitación continua a la población ocupada que presta servicios de enfermería profesional, técnicos y auxiliares, con el propósito de mejorar los estándares de desempeño relacionado con dicha práctica.

23) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre cuántas y cuáles enfermedades raras ya cuentan con tratamiento en el sector salud, autorizados en el cuadro básico interinstitucional.

24) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo Octavo Transitorio del Decreto publicado 9 de enero de 2013, por el que se expide la Ley General de Víctimas, en materia de adecuación de las leyes de instituciones que prestan atención médica.- Intervinieron las senadoras: Angélica de la Peña Gómez del PRD; y Cristina Díaz Salazar del PRI, quien presentó propuesta de modificación, la cual se aceptó.

25) Que exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo las acciones correspondientes para los funcionarios públicos que no están aplicando los recursos provenientes del Gobierno Federal para el Seguro Popular; asimismo, exhorta a la Secretaría de la Función Pública a iniciar las investigaciones correspondientes a la Secretaría de Salud del gobierno de Veracruz y se aclare el presunto desvío de recursos públicos del Seguro Popular a otros fines distintos a los que debieran aplicarse.- Intervino el Senador David Monreal Avila del PT.

26) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a implementar acciones a efecto de evitar que las personas conduzcan bajo el influjo del alcohol o drogas durante las fiestas decembrinas con motivo de la época navideña 2013.

Los veintiséis dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del Ingeniero Federico Ling Altamirano, quien fuera integrante de esta Asamblea en las LVIII y LIX Legislaturas del Congreso de la Unión.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y los Apartados A, C, D y E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Arely Gómez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de delitos contra el transporte ferroviario.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Arely Gómez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de delitos contra el transporte ferroviario.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Angélica Araujo Lara y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar el reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal, en materia de iluminación y reflexión de autotransportes, para lograr modificaciones que contribuyan a disminuir accidentes carreteros.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con aval de grupo, con punto de acuerdo sobre la Ronda Cero en el sector de la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a atender las observaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de acuerdo a su estudio “Cómo es la vida 2013. Medición del bienestar”.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Educación Pública y a la Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes a ejercer sus facultades legales con el fin de salvaguardar la integridad de la obra muralística y arquitectónica del Polyforum Cultural Siqueiros, así como su restauración.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con diecisiete minutos y citó a la siguiente sesión ordinaria el jueves 24 de abril a las 11:00 horas.

 

Fin de la sesión”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones su segundo informe trimestral de actividades.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud, en materia de no cobro de cuotas de recuperación a recién nacidos, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: De la Cámara de Diputados se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: La Colegisladora remitió un oficio por el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la Cámara de Senadores de desechar el proyecto de Decreto que reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA

OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-5-1688
EXP.: 3608

Secretarios de la
Cámara de Senadores
Presentes

Nos permitimos comunicar que en sesión celebrada en esta fecha, por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Dictamen de la Comisión de Salud, por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, remitida el 4 de febrero de 2014, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

México D. F. a 22 de abril de 2014

Dip. Fernando Bribiesca Sahagún”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria, a dar por totalmente concluido dicho asunto.

En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra al Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Migración.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE MIGRACION

(Presentada por el C. Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy vengo a esta tribuna para presentar, ante esta Soberanía, una iniciativa que propone que el Consejo Consultivo de Política Migratoria, creado a partir del acuerdo del Secretario de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de octubre de 2012, se incorpore al articulado de la Ley de Migración.

En efecto, debemos reconocer que la Ley de Migración, publicada el 25 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, constituyó un notable avance pues era urgente e inaplazable que nuestro país impulsara la creación de una política pública, acorde y funcional a la realidad que tiene México, con relación al fenómeno migratorio.

Antes fue regulado sólo por la Ley General de Población y su reglamento, lo cual era a todas luces insuficiente para atender de manera adecuada, justa y eficaz, las dimensiones de la movilidad y de la problemática de los migrantes.

Aunado a lo anterior, nuestra normatividad en la materia constituía un gran desfase en los diferentes instrumentos jurídicos internacionales que México ha ratificado. Estas circunstancias, sin duda, nos imponen la obligación de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los migrantes para contribuir al reforzamiento de la seguridad hemisférica, fronteriza y regional.

En este sentido, y a pesar de que la nueva Ley de Migración incluyó los principios rectores que fundamentan la política migratoria, destacando el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sin importar su situación migratoria, a esta fecha, la ley muestra varias limitaciones y deficiencias de diversa índole; por lo tanto, no contribuye, en su totalidad, a alcanzar de forma y fondo una óptima gobernanza de la gestión migratoria.

Actualmente, la ley y el reglamento vigentes no son del todo claros en cuanto a los tiempos y formas para instrumentar y operar los mecanismos donde se analicen, discuten y formulen las propuestas de política pública, así como a convocar a estas importantes tareas a los actores institucionales y sociales.

Para atender y resolver esta omisión, propongo que el Consejo Consultivo de Política Migratoria se incorpore al texto de la Ley de Migración, ya que por su trascendencia política y social, es necesario que a dicho Consejo se le otorgue la calidad de órgano colegiado permanente para la formulación, evaluación y seguimiento de la política migratoria nacional.

Esta propuesta toma como ejemplo la experiencia desarrollada por nuestro país, en la creación de otros importantes Consejos Consultivos y marco regulatorios institucionales, como el Consejo Consultivo de Desarrollo Social, el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural y otros muchos más.

En el ámbito internacional, Costa Rica cuenta con un Consejo Nacional de Migración, el cual es el órgano asesor del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Gobernación y Policía, así como la dirección general de Migración y Extranjería, integrado por representantes del gobierno y por organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, la razón central que me impulsa a promover esta iniciativa, consiste en lograr que se amplíe y garantice la gobernanza en la gestión migratoria, dado la grave problemática social y política que genera las dimensiones de origen, tránsito, destino y retorno del proceso migratorio en el territorio nacional.

En forma muy concreta, Senadoras y Senadores, propongo incluir en el catálogo de definiciones de la Ley de Migración, al Consejo Consultivo de Política Migratoria.

Segundo. Modificar la denominación del Capítulo III, del Título Tercero de la ley, para quedar en la siguiente forma:

De las autoridades auxiliares en materia migratoria y del Consejo Consultivo de Política Migratoria.

Asimismo, adicionar los artículos 30 Bis, 30 Ter, 30 Quáter y 30 Quintus, para quedar como sigue:

Primero. Incorporar y definir al Consejo.

Segundo. Establecer quiénes serán sus integrantes.

Tercero. Determinar sus funciones.

Cuarto. Determinar la periodicidad de sus reuniones y las formas de convocatoria.

Aunado a lo anterior, estimo muy pertinente realizar cambios en la estructura actual del Consejo, con el propósito de garantizar una mayor representatividad de las dependencias que tienen atribuciones en el ámbito migratorio, de forma directa o como auxiliares, en particular incorporo la participación de las Secretarías de Salud y de Turismo, así como la Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional de las Mujeres con carácter de invitados permanentes.

Estos actores se sumarán a los miembros permanentes del Consejo, y deberán ser los siguientes:

El Secretario de Gobernación, que será quien lo presida; el Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos; el Comisionado del Instituto Nacional de Migración y el titular de la Unidad de Política Migratoria.

Los miembros restantes mencionados en la iniciativa que presento serán considerados como invitados permanentes.

También propongo que al haberse creado las Comisiones de Asuntos Migratorios, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, resulta lógico, oportuno e idóneo incorporar a dichos presidentes, o en su caso alguno de los secretarios de estas comisiones en el Consejo, en sustitución de los integrantes de la Comisión de Población y Desarrollo de ambas Cámaras, como lo dispone el acuerdo.

Propongo incluir a los representantes de la Conferencia Nacional de Municipios de México, o su órgano equivalente, con el objeto de que tengan voz y presencia por ser ellos los que desarrollan de manera cotidiana y estrecha la integración y el interactuar con los ciudadanos y con las comunidades.

Para que el Ejecutivo Federal pueda realizar los ajustes al reglamento de la ley referente a los cambios que propongo, este proyecto contempla otorgar un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor del Decreto, si es que fuera aprobado por esta Soberanía.

Para finalizar, señor Presidente, dado que el contenido de esta iniciativa es extenso y sólo he abordado los puntos medulares de ella, le solicito respetuosamente que el texto completo de la iniciativa que presento quede inscrito en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

TEOFILO TORRES CORZO, Senador de República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION VIIDEL ARTICULO 3, RECORRIENDOSE LAS ACTUALES FRACCIONES VII A LA XXXI PARA QUEDAR COMO VIII A LA XXXII; SE MODIFICA LA DENOMINACION DEL CAPITULO III, DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN MATERIA MIGRATORIA, CORRESPONDIENTE AL TITULO TERCERO, DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA MIGRATORIA, AL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 30 BIS, 30 TER, 30 QUATER Y 30 QUINTUS DELA LEY DE MIGRACION, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 25 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Migración. Su elaboración constituyó un notable avance, pues era urgente e inaplazable que nuestro país modernizara su legislación en esta materia, con el objetivo de impulsar la creación de una política pública acorde y funcional a la realidad de México y los migrantes.

Sin duda, el marco jurídico que durante varias décadas reguló la gestión pública migratoria–concentrado básicamente en la Ley General de Población y su Reglamento–, era notablemente insuficiente para atender de manera adecuada, justa y eficaz, las dimensiones y particularidades de la movilidad de las personas.

Además, este desfase y desvinculación con las disposiciones contenidas en los diferentes instrumentos jurídicos internacionales que en la materia México ha firmado y ratificado, nos imponía la obligación de garantizar la protección a los derechos fundamentales de los migrantes, para contribuir al reforzamiento de la seguridad hemisférica, fronteriza y regional.

En ese sentido y a pesar del progreso obtenido en mayo de 2011, como la inclusión de los principios rectores que fundamentan la política migratoria entre los que destaca el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sin importar su situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, en todas las etapas del procedimiento migratorio, así como a víctimas de delitos, a la fecha la Ley muestra varias limitaciones y deficiencias de diversa índole.

La iniciativa que hoy planteo a esta Soberanía, consiste en hacer notar que la redacción de la nueva Ley, a pesar de sus avances, no contribuye a lograr –de forma y de fondo– a una óptima gobernanza de la gestión migratoria, particularmente en lo relativo a garantizar la construcción democrática e inclusiva de las políticas públicas que impulsen una política de Estado con una visión nacional y transversal en los programas, proyectos y acciones.

Si bien hay disposiciones en la Ley (artículo 2 y 18) y el Reglamento (Capítulo Primero, Título Segundo) que imponen al Ejecutivo Federal –a través de la Secretaría de Gobernación–, a tomar la opinión y, recoger las demandas y posicionamiento de los otros Poderes de la Unión; gobiernos estatales; sociedad civil organizada; personas físicas y sector académico, para determinar la política migratoria, la realidad es que ningún ordenamiento lo obliga a poner en marcha y operar los mecanismos donde se analicen, discutan y formulen las propuestas de política, ni tampoco a convocar en estas importantes tareas a los actores institucionales y sociales que se señalan en los artículos citados.

Para atender y resolver esta omisión –que podría considerarse delicada, en la medida en que no abona a asegurar la adecuada coordinación e interacción gubernamental, ni la concertación con la sociedad civil y especialistas en el tema–, la presente iniciativa propone que el Consejo Consultivo de Política Migratoria, creado por Acuerdo del Secretario de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de octubre de 2012, se incorpore al texto de la Ley de Migración, ya que por su trascendencia política y social, dicho Consejo merece existir como un órgano colegiado permanente en la formulación, evaluación y seguimiento de la política migratoria nacional, que no dependa de discrecionalidad administrativa alguna.

Esta propuesta se fundamenta –entre otros factores–, en la experiencia desarrollada por nuestro país en la creación de otros importantes consejos y marcos regulatorios institucionales, como el de la Ley General de Desarrollo Social, en cuyo capítulo V del Título Cuarto se plantea la creación, objetivos y funcionamiento del Consejo Consultivo de Desarrollo Social.1

Este Consejo es un órgano consultivo de la Secretaría de Desarrollo Social, de conformación plural y participación ciudadana, cuyo objeto es analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Social (art. 55).2

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable –artículos 17 y 18– plantea la existencia y operación del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, como instancia consultiva del Gobierno Federal con carácter incluyente y participativo que ,junto con otras instancias y organizaciones del sector rural, promueve la participación institucional y social en la planeación, seguimiento, actualización y evaluación de los programas de fomento agropecuario y de desarrollo rural sustentable a cargo del Gobierno Federal.3

En el ámbito internacional, la Ley General de Migración y Extranjería de Costa Rica, tiene un capítulo dedicado al Consejo Nacional de Migración, órgano asesor del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Gobernación y Policía, así como de la Dirección General de Migración y Extranjería (art.9), integrado por representantes del gobierno y organizaciones de la sociedad civil (art. 10).4

Dicho organismo recomienda al Poder Ejecutivo la política migratoria, las medidas y acciones para su ejecución, las modificaciones a la ley o materias conexas que considere necesarias o convenientes. Asimismo, promueve la participación de la sociedad civil en el proceso de formulación y ejecución de las políticas migratorias.5

La Ley de Migración de la República de Guatemala, contempla un Consejo Nacional de Migración (Artículo 9) integrado solo por representantes gubernamentales. Entre sus funciones, recomienda al Ministerio de Gobernación la adopción de políticas y medidas convenientes que optimicen las acciones en materia migratoria, así como realizar estudios y emitir dictámenes sobre legislación y políticas en la materia.6

Pero la razón central que nos impulsa a promover esta iniciativa, consiste en ampliar y garantizar la gobernanza en la gestión migratoria, dada la grave problemática social y política que genera las dimensiones de origen, tránsito, destino y retorno del proceso migratorio en el territorio nacional, así como para consolidar la sinergia con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, que se distinguen por su compromiso y entrega para la defensa y protección de los derechos fundamentales de los migrantes, sobre todo de los más vulnerables.

Concretamente nos proponemos modificar la Ley de Migración de la forma siguiente:

PRIMERO:

Propongo reformarla fracción VII del artículo 3, a fin de incluir entre las definiciones al Consejo Consultivo de Política Migratoria; de tal forma que la actual fracción VII a la XXXI, se convertirían en la fracción VIII hasta la XXXII, para quedar así:

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I a VI…

VII. Consejo: al Consejo Consultivo de Política Migratoria.

VIII a XXXII…

SEGUNDO:

En el TITULO TERCERO, DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA MIGRATORIA, propongo modificar la denominación del CAPITULO III, DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN MATERIA MIGRATORIA e incluir cuatro nuevos artículos para: a) Incorporar y definir al Consejo; b) establecer sus integrantes; c) determinar sus funciones y, d) determinar la periodicidad de sus reuniones y los criterios para las convocatorias.

La reforma al CAPITULO III y su contenido quedaría de la forma siguiente:

TITULO TERCERO

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA MIGRATORIA

CAPITULO III

DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN MATERIA MIGRATORIA Y DEL CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIA

Artículo 30 BIS. El Consejo es un órgano colegiado de consulta de la Secretaría, en lo relativo a recoger las demandas, opiniones y posicionamientos de los Poderes de la Unión, los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada para ser considerados en la determinación de la política migratoria, en términos de la legislación aplicable.

Artículo 30 TER. El Consejo estará integrado por:

I. El Secretario de Gobernación;

II. El Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos;

III. El Comisionado del Instituto Nacional de Migración;

IV. El Titular de la Unidad de Política Migratoria;

V. Subsecretarios o su equivalente, de las siguientes dependencias:

a) Secretaría de Relaciones Exteriores;

b) Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

c) Secretaría de Salud y

d) Secretaría de Turismo;

VI. El Titular de la Procuraduría General de la República;

VII. El Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

VIII. La Titular del Instituto Nacional de las Mujeres;

IX. El Presidente o secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores;

X. El Presidente o secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados;

XI. El Presidente y un integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Conferencia Nacional de Gobernadores u órgano equivalente;

XII. El Presidente y un integrante de la Conferencia Nacional de Municipios de México u órgano equivalente;

XIII. El Quinto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

XIV. El Presidente del Consejo Ciudadano del Instituto;

XV. Los representantes de dos organizaciones de la sociedad civil, y

XVI. Dos académicos o expertos en el tema migratorio.

El Consejo será presidido por el Secretario de Gobernación, quien será suplido por el Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos. El Titular de la Unidad fungirá como Secretario Técnico del Consejo.

Los integrantes del Consejo con carácter de miembros permanentes, son los mencionados en las fracciones I, II, III y IV de este artículo, y con carácter de invitados permanentes los mencionados en las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV.

Los integrantes mencionados en las fracciones I, II, III, IV, VI y VII podrán ser suplidos por un servidor público de la dependencia respectiva, de nivel inmediato inferior al del integrante del Consejo.

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y los académicos o expertos en el tema migratorio, serán invitados por el Presidente, y se incorporaran al Consejo a partir de la fecha de su aceptación y duraran en su encargo un año, con la posibilidad de ser reelegidos por un periodo de tiempo igual.

Artículo 30 QUATER. El Consejo tendrá las siguientes funciones:

I. Emitir opinión en relación con la formulación e instrumentación de la política migratoria del país;

II. Emitir opinión o recomendación en aquellos asuntos donde la Secretaría, la Subsecretaría o la Unidad soliciten su intervención o apoyo;

III. Analizar los programas, proyectos y acciones de política migratoria;

IV. Proponer modificaciones al marco jurídico migratorio e institucional en la materia;

V. Proponer acciones específicas para la promoción, protección y defensa de los derechos de los migrantes;

VI. Proponer y fomentar políticas y acciones de integración social de los migrantes;

VII. Integrar grupos o mesas de trabajo específicas que sean necesarias para llevar a cabo los fines y objetivos del Consejo;

VIII. Proponer consultas públicas, foros, talleres o eventos en general de debate, educación e información sobre migración internacional, y

IX. Las demás que sean necesarias para desempeñar las funciones que le asigne el presente artículo y en el Reglamento.

Artículo 30 QUINTUS. El Consejo sesionará de manera ordinaria por lo menos cuatro veces al año y de manera extraordinaria por convocatoria de su Presidente, a solicitud de una cuarta parte de los integrantes del Consejo o a petición expresa de la Secretaría Técnica del Consejo, en el lugar y fecha que determine la convocatoria.

La solicitud de sesión extraordinaria deberá hacerse por escrito e indicar el tema o los temas que se pretenda incluir en el orden del día. En las sesiones extraordinarias se podrá abordar únicamente el tema que se haya incluido en el orden del día.

En el Reglamento deberá establecerse lo relativo a las responsabilidades del Presidente y del Secretario Técnico del Consejo, así como lo relativo a la formalidad de las reuniones y de las convocatorias.

TITULO CUARTO

DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE PERSONAS Y LA ESTANCIA DE EXTRANJEROS EN TERRITORIO NACIONAL

CAPITULO I

DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL

Artículo 31….

Aunado a lo anterior, estimo pertinente realizar varios cambios a la estructura del Consejo, tal como está planteado en el Acuerdo del 26 de octubre de 2012, con el propósito de garantizar la mayor representatividad posible de las dependencias que tienen atribuciones en materia migratoria de forma directa o como auxiliares, como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo, la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de las Mujeres.

Igualmente, al haberse creado las Comisiones de Asuntos Migratorios, tanto en el Senado de la República, como en la Cámara de Diputados, considero lógico e idóneo incorporar a dichos Presidentes o, en su caso, a alguno de sus secretarios, en sustitución de los legisladores de las respectivas comisiones de Población y Desarrollo.

Finalmente, propongo incluir a dos representantes de la Conferencia Nacional de Municipios de México o su órgano equivalente, con el objeto de que tengan voz y presencia, por ser ellos los que desarrollan de manera cotidiana y estrecha la interacción con los ciudadanos y las comunidades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE MIGRACION

ARTICULO UNICO. Se reforma la fracción VII del artículo 3, recorriéndose las actuales fracciones VII a la XXXI para quedar como VIII a la XXXII; se modifica la denominación del CAPITULO III, DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN MATERIA MIGRATORIA, correspondiente al TITULO TERCERO, DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA MIGRATORIA, para quedar como CAPITULO III, DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN MATERIA MIGRATORIA Y DEL CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIA, al que se adiciona el artículo 30 BIS, 30 TER, 30 QUATERy30 QUINTUS, de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I a VI…

VII. Consejo: al Consejo Consultivo de Política Migratoria.

VIII a XXXII…

TITULO TERCERO

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA MIGRATORIA

CAPITULO III

DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN MATERIA MIGRATORIA Y DEL CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIA

Artículo 30 BIS. El Consejo es un órgano colegiado de consulta de la Secretaría, en lo relativa a recoger las demandas, opiniones y posicionamientos de los Poderes de la Unión, los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada para ser considerados en la determinación de la política migratoria, en términos de la legislación aplicable.

Artículo 32 TER. El Consejo estará integrado por:

I. El Secretario de Gobernación;

II. El Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos;

III. El Comisionado del Instituto Nacional de Migración;

IV. El Titular de la Unidad de Política Migratoria;

V. Subsecretarios o su equivalente, de las siguientes dependencias:

a) Secretaría de Relaciones Exteriores;

b) Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

c) Secretaría de Salud y

d) Secretaría de Turismo;

VI. El Titular de la Procuraduría General de la República;

VII. El Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

VIII. La Titular del Instituto Nacional de las Mujeres;

IX. El Presidente o secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores;

X. El Presidente o secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados;

XI. El Presidente y un integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Conferencia Nacional de Gobernadores u órgano equivalente;

XII. El Presidente y un integrante de la Conferencia Nacional de Municipios de México u órgano equivalente.

XIII. El Quinto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

XIV. El Presidente del Consejo Ciudadano del Instituto;

XV. Los representantes de dos organizaciones de la sociedad civil, y

XVI. Dos académicos o expertos en el tema migratorio.

El Consejo será presidido por el Secretario de Gobernación, quien será suplido por el Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos. El Titular de la Unidad fungirá como Secretario Técnico del Consejo.

Los integrantes del Consejo con carácter de miembros permanentes, son los mencionados en las fracciones I, II, III y IV de este artículo, y con carácter de invitadospermanentes los mencionados en las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV.

Los integrantes mencionados en las fracciones I, II, III, IV, VI y VII podrán ser suplidos por un servidor público de la dependencia respectiva, de nivel inmediato inferior al del integrante del Consejo.

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y los académicos o expertos en el tema migratorio, serán invitados por el Presidente, y se incorporaran al Consejo a partir de la fecha de su aceptación y duraran en su encargo un año, con la posibilidad de ser reelegidos por un periodo de tiempo igual.

Artículo 30 QUATER. El Consejo tendrá las siguientes funciones:

I. Emitir opinión en relación con la formulación e instrumentación de la política migratoria del país;

II. Emitir opinión o recomendación en aquellos asuntos donde la Secretaría, la Subsecretaría o la Unidad soliciten su intervención o apoyo;

III. Analizar los programas, proyectos y acciones de política migratoria;

IV. Proponer modificaciones al marco jurídico migratorio e institucional en la materia;

V. Proponer acciones específicas para la promoción, protección y defensa de los derechos de los migrantes;

VI. Proponer y fomentar políticas y acciones de integración social de los migrantes;

VII. Integrar grupos o mesas de trabajo específicas que sean necesarias para llevar a cabo los fines y objetivos del Consejo;

VIII. Proponer consultas públicas, foros, talleres o eventos en general de debate, educación e información sobre migración internacional, y

IX. Las demás que sean necesarias para desempeñar las funciones que le asigne el presente artículo y en el Reglamento.

Artículo 30 QUINTUS. El Consejo sesionará de manera ordinaria por lo menos cuatro veces al año y de manera extraordinaria por convocatoria de su Presidente, a solicitud de una cuarta parte de los integrantes del Consejo o a petición expresa de la Secretaría Técnica del Consejo, en el lugar y fecha que determine la convocatoria.

La solicitud de sesión extraordinaria deberá hacerse por escrito e indicar el tema o los temas que se pretenda incluir en el orden del día. En las sesiones extraordinarias se podrá abordar únicamente el tema que se haya incluido en el orden del día.

En el Reglamento deberá establecerse lo relativo a las responsabilidades del Presidente y del Secretario Técnico del Consejo, así como lo relativo a la formalidad de las reuniones y de las convocatorias.

TITULO CUARTO

DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE PERSONAS Y LA ESTANCIA DE EXTRANJEROS EN TERRITORIO NACIONAL

CAPITULO I

DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL

Artículo 35….

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal deberá realizar los cambios requeridos al Reglamento de la Ley, en un plazo máximo de 180 días.

Dado en el Senado de la República, a 24 de abril de 2014.

Sen. Teófilo Torres Corzo”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Torres Corzo.

Sonido en el escaño del Senador Aarón Irízar López, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Aarón Irízar López: (Desde su escaño) Para solicitarle, señor Presidente, de manera muy respetuosa a mi compañero Senador Torres Corzo, dada la interesante iniciativa que ha presentado, tener la posibilidad de sumarme a la misma.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Acepta Senador?

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: Con gusto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Solicito a la Secretaría que tome nota de ello. Igualmente los Senadores Jesús Casillas, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Miguel Angel Chico Herrera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se

1 Ley General de Desarrollo Social. diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf

2 Ibíd.

3 Ley de Desarrollo Rural Sustentable. diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235.pdf

4 Ley General de Migración y Extranjería. Ley 8764, publicada en la Gaceta 170, 1 de setiembre de 2009, entra en vigencia el 1 de marzo del 2010.

http://www.rree.go.cr/?sec=bienvenidos&cat=entrada+y+permanencia&cont=429

5 Ibíd.

6Ley de Migración. Decreto Número 95-98.

http://guatemala.eregulations.org/media/ley%20de%20migraci%C3%B3n.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION XXX DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el C. Senador Martín Orozco Sandoval, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Martín Orozco Sandoval: Muchas gracias, señor Presidente.

Uno de los cambios que trajo la reforma fiscal de 2014 y que desafortunadamente afecta a las empresas generadoras de la mano de obra, es la limitante prevista en el artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que sólo permite la deducción parcial de determinadas prestaciones laborales. Dicho fundamento expresamente señala lo siguiente:

Artículo 28. Para los efectos de este título, no serán deducibles:

XXX. Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos.

El factor a que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate.

La nueva limitante a la deducibilidad de las prestaciones laborales está afectando aquellos pagos que el patrón realiza en beneficio de sus empleados, que a su vez son ingresos exentos para estos, prestaciones que se encuentran enlistadas en el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que son las siguientes:

Las prestaciones distintas a los salarios, las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario, las indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedad, los subsidios por incapacidad, becas educativas, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, los ingresos obtenidos por fondos de ahorro, las primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones, las gratificaciones anuales como aguinaldos y otros, las primas vacacionales hasta un equivalente a 15 salarios mínimos, la participación de los trabajadores hasta un equivalente a 15 salarios mínimos y las primas dominicales.

Es importante comentar que en este mes de abril el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, otorgó un amparo a una empresa en contra del artículo 28, fracción XXX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

El juzgado concedió el amparo al considerar que la fracción citada es inconstitucional, debido a que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV de nuestra Carta Magna.

Esta sentencia precisa que la limitante es desproporcional, pues se trata de una restricción a la deducción de un gasto necesariamente indispensable, que impide que se les reconozca el carácter de erogaciones que intervienen en detrimento de la riqueza objeto de los ingresos, lo que contraviene a lo establecido en el artículo 31, fracción IV de nuestra Constitución.

Adicionalmente, la resolución considera que esta limitante está encaminada a desincentivar el otorgamiento de este tipo de prestaciones a favor de los trabajadores, afectándolos en la mejora de su calidad de vida y en la de su familia, ya que los patrones no pagarán estas prestaciones a los trabajadores por no ser deducibles.

Por lo anterior expuesto someto a consideración de esta Soberanía el siguiente cambio al artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que es simplemente derogar la fracción XXX.

Además, también comento que hace unos días la Suprema Corte de Justicia, a través del Diario Oficial de la Federación, publicó el acuerdo general número 6/14, por el que se dispone el aplazamiento de la resolución, los amparos en revisión, en los asuntos del conocimiento de los tribunales colegiados de circuito en los que subsista el problema constitucional de los siguientes temas:

Las tarifas para las personas físicas, uno de los temas que también en la reforma hacendaria comentamos que era inconstitucional, puesto que una persona moral paga máximo el 30 por ciento y una persona física se va hasta el 35 por ciento.

El segundo tema que está trayendo la Corte es las limitantes en la deducción de las prestaciones exentas, que es precisamente la iniciativa que estoy presentando a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Y el tercer tema es la eliminación del Régimen de Pequeños Contribuyentes, que también, sin duda, nos darán la razón para este sector y que ya se presentó una iniciativa.

Y el cuarto tema es la derogación de la tasa preferencial del 11 por ciento del Impuesto al Valor Agregado en la zona fronteriza, simplemente es esperar la resolución que tenga la Suprema Corte, donde seguramente tendremos confirmado lo que dijimos en su momento en aquella reforma hacendaria.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Martín Orozco Sandoval, Senador de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;así como los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Uno de los cambios que trajo la Reforma Fiscal 2014 y que desafortunadamente afecta a las empresas generadoras de mano de obra, es la limitante prevista en el artículo 28 fracción XXX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que sólo permite la deducción parcial de determinadas prestaciones laborales. Dicho fundamento expresamente señala lo siguiente:

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:

XXX. Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. El factor a que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

La nueva limitante a la deducibilidad de las prestaciones laborales está afectando aquellos pagos que el patrón realiza en beneficio de sus empleados, que a la vez son ingresos exentos para éstos, prestaciones que se encuentran enlistadas en el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, entre las cuales señalamos entre otras las siguientes:

1. Las prestaciones distintas del salario únicamente para los casos en que el trabajador perciba un salario mínimo general (SMG) para una o varias áreas geográfica, cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral;

2. Las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se realice en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución:

a. Hasta el límite establecido en la legislación laboral, para los trabajadores que perciben únicamente un SMG.

b. Tratándose de los demás trabajadores, el 50% de dichas remuneraciones, que no exceda el límite previsto en la legislación laboral y sin que esta exención exceda de 5 SMG del área geográfica del trabajador por cada semana de servicios;

3. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las leyes;

4. Los subsidios por incapacidad, becas educacionales, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga;

5. Los ingresos obtenidos por fondos de ahorro;

6. Las primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación;

7. Las gratificaciones anuales (Aguinaldo y otros), hasta el equivalente de 30 SMG del área geográfica del trabajador, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general;

8. Las primas vacacionales, hasta por el equivalente a 15 SMG del área geográfica del trabajador;

9. La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 SMG del área geográfica del trabajador;

10. Las primas dominicales hasta por el equivalente a 1 SMG del área geográfica del trabajador por cada domingo que se labore.

Es importante comentar que en este mes de abril El Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal, otorgó un amparo a una empresa en contra del artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 2014.

El juzgado concedió el amparo al considerar que la fracción citada es inconstitucional, debido a que violan el principio de proporcionalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la carta magna.

La referida fracción XXX, limita la deducción de erogaciones por remuneraciones otorgadas a los trabajadores que están total o parcialmente exentos del Impuesto sobre la Renta, acotando la deducción de hasta el 47 % o en su caso el 53 % según sea el caso.

Esta sentencia precisa que la limitante es desproporcional, pues se trata de una restricción a la deducción de un gasto necesario e indispensable, que impide que se les reconozca el carácter de erogaciones que intervienen en detrimento de la riqueza objeto del ingreso obtenido por el contribuyente. Por tanto, son susceptibles de disminuir la base gravable, lo que contraviene lo establecido por el artículo 31 fracción IV constitucional.

La desproporcionalidad consiste en la creación de una limitación al derecho del contribuyente de deducir aquellos gastos necesarios e indispensables para la generación de sus ingresos, como algunas prestaciones relacionadas con la mano de obra, por lo que afecta gravemente la base del impuesto a pagar.

Lo anterior se traduce en una tributación que no se basa en la verdadera capacidad contributiva del patrón afectado, sino en una capacidad contributiva alterada por la nueva limitante establecida en la ley, la cual vulnera la esfera legal de los derechos fundamentales de los contribuyentes y amerita una defensa adecuada a través del juicio de amparo.

Adicionalmente, la resolución considera que esta limitante está encaminada a desincentivar el otorgamiento de ese tipo de prestaciones a favor de los trabajadores, afectándolos en la mejora de su calidad de vida y en la de su familia, sin que se aprecie una causa que justifique una limitante en la deducción del concepto para el empleador.

Por lo anterior, la empresa demandante podrá hacer deducibles del Impuesto Sobre la Renta la totalidad de los gastos de previsión social o de aquellos que la empresa realice a nombre de sus trabajadores.

Sabemos que esta resolución aún puede ser impugnada por el gobierno federal mexicano a través de la revisión del amparo, sin embargo, en primera instancia nos viene a confirmar cuáles fueron las grandes inconsistencias de la reforma fiscal.

Además del aspecto de inconstitucionalidad de la reforma, el hecho de que sólo se permita la deducción del 47 % o el 53 %, según sea el caso, tendrá diversos efectos negativos, tanto a los patrones como a los trabajadores,entre los principales son:

1. Mayor pago de Impuesto Sobre la Renta anual y mensual para las empresas. Al no poder deducir una gran parte de pagos a trabajadores, generará un pago mayor de ISR, pero además las empresas verán afectado su flujo de efectivo mensual, ya que la Ley del Impuesto Sobre la Renta obliga a la realización de pagos mensuales de ISR, mismos que se determinan con base en un coeficiente de utilidad y como ese coeficiente es mayor por no permitir la deducción de diversos conceptos, se verá afectada la operación normal de las empresas al verse mermado su capital de trabajo.

No debemos de perder de vista que en México la carga tributaria es considerable, ya que se paga el 30 % de ISR sobre una utilidad fiscal, el 10 % de la Participación de los Trabajadores enlas utilidades de la empresa, la llamada PTU, y ahora con la reforma propuesta en caso de decretar dividendos se deberá de pagar un 10% más de ISR, lo que conlleva a que las empresas lleguen a pagar hasta el 50 % de cargas tributarias, además en caso de que no puedan deducir una parte de pagos de sueldos y prestaciones, provocará que la tasa efectiva tributaria se pueda incrementar en más del 55 %.

2. Se obtendrá una menor Cuenta de Utilidad Fiscal Neta la llamada (CUFIN) para las empresas. ¿Qué es la CUFIN? Es la cuenta que determina el monto de utilidades fiscales que ya pagaron ISR y por ende es el monto por el cual los accionistas pueden distribuir un dividendos a sus socios sin el pago adicional de impuestos, sin embargo, al tener conceptos que no se pueden deducir por la mecánica establecida para determinar la CUFIN, se verá afectado el monto del decreto de dividendos.

3. Eliminación de prestaciones adicionales a los trabajadores. Lo más sencillo para el patrón al ver limitadas sus deducciones es no pagar prestaciones sociales y demás conceptos y por consecuencia los trabajadores verán mermado directamente su sueldo. Hoy en México existen empresas en las que más del 30 % de los sueldos de los trabajadores son prestaciones sociales, imaginemos lo escandaloso que puede ser la disminución de los ingresos para los trabajadores.

4. Mayor pago de Impuesto Sobre la Renta por parte de los Trabajadores. Si el patrón decide quitar las prestaciones sociales y los demás conceptos por los cuales el trabajador no paga impuestos y sustituirlos por el concepto de sueldo, traería como consecuencia que directamente el trabajador pagará un mayor ISR, ya que todos sus ingresos serán gravados, lo que antes no lo era y por consecuencia recibirá menos monto de sueldo. ¿Quién va a resarcir a los trabajadores por la disminución del monto de sus sueldos y salarios?

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:

I. a XXIX...

XXX. Derogado

XXXI…

TRANSITORIOS

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 24 de abril de 2014”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Orozco Sandoval. Túrnese a la Cámara de Diputados.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el numeral 5 al artículo 31 de la Ley General de Desarrollo Social.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 5 AL ARTICULO 31 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por la C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social establece como derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación.

Si bien, desde el Poder Legislativo hemos trabajado constantemente para fortalecer las políticas que garanticen estos derechos, debemos reconocer que ha hecho falta trabajar en lo relativo a la protección del medio ambiente y su conservación bajo la visión del desarrollo social.

Quiero poner en contexto esta propuesta planteando los retos que tiene para los próximos 40 años la reconstrucción tecnológica, donde, por un lado, debe ponerse fin a la pobreza; y por otro, evitar los efectos catastróficos de cambio climático y la degradación del medio ambiente.

Como ustedes saben, en el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social se definen las zonas de atención prioritaria como las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza o marginación, indicativos de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.

Cuando una zona es declarada por el Ejecutivo Federal como prioritaria, se generan una serie de efectos que involucran el aumento de recursos, estímulos fiscales, programas de apoyo y desarrollo de infraestructura, entre otros.

Así, con esta propuesta se pretende que, además de los señalados, se implementen tecnologías ecológicas para elevar la calidad de vida de estas zonas, reduciendo, por consiguiente, el impacto ambiental y favoreciendo la sustentabilidad de la región.

Esto se complementa al revisar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pues se vincula el desarrollo social con el ciudadano del medio ambiente y el papel rector del Estado para el funcionamiento de las mismas.

Por otra parte, de acuerdo con las estimaciones del CONEVAL, hay millones de personas que por sus condiciones de pobreza carecen de servicios básicos en sus hogares, tales como abastecimiento de gas, de agua o de luz.

Por ello, considero viable que dadas las condiciones de nuestra población se eche mano al uso de las tecnologías que permitan contrarrestar los efectos económicos, sociales y geográficos que impiden la plena accesibilidad a recursos, sobre todo energéticos, para las personas de escasos recursos.

Asimismo, es importante señalar que la metodología para la definición de las zonas de atención prioritaria permite definir con mayor claridad las ventajas que tendría cada una de éstas de acuerdo con sus condiciones geográficas, es decir, dónde aprovechar la energía solar, la eólica o bien el oleaje marítimo.

La grave situación de pobreza por la que atraviesa nuestro país, nos obliga a buscar alternativas dentro de los programas y acciones específicas para el desarrollo social y, en este caso, de la mano con el medio ambiente.

La incorporación de este tipo de tecnologías en los hogares y comunidades con mayores rezagos beneficiará a millones de personas que requieren el uso de la ciencia aplicada para resolver sus necesidades energéticas en zonas que presentan carencia en este tipo de servicios.

Creo que antes de llevar televisiones a los hogares con mayores necesidades, como lo propone el llamado “apagón analógico”, estaría mejor apoyarlos con tecnologías sustentables que les apoyen a contar con páneles solares de luz o energía eólica para alumbrar sus viviendas y sus comunidades o bien poner en marcha aparatos para preparar sus alimentos.

Por ello, pongo a su consideración la presente reforma que adiciona el artículo 31 de la Ley General de Desarrollo Social, para impactar directamente en los efectos de una declaratoria de zonas de atención realmente prioritaria.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“La suscrita, LORENA CUELLAR CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 171, fracción I y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEADICIONA EL NUMERAL 5 AL ARTICULO 31 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social, establece como derechos para el desarrollo social a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, y los relativos a la no discriminación.

Si bien, desde el Poder Legislativo hemos trabajado constantemente para fortalecer las políticas que garanticen estos derechos, debemos reconocer que ha hecho falta trabajar en lo relativo a la protección del medio ambiente y su conservación bajo la visión del desarrollo social.

Quiero poner en contexto esta propuesta planteando los retos que tiene para los próximos 40 años la reestructuración tecnológica, donde por un lado debe ponerse fin a la pobreza y por otro evitar los efectos catastróficos del cambio climático y la degradación del medio ambiente.

Como ustedes saben, en el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social se definen las zonas de atención prioritaria como las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.

Una vez declarada, por el Ejecutivo Federal, una zona como prioritaria, se tienen una serie de efectos que involucran el aumento de recursos, estímulos fiscales, programas de apoyo y desarrollo de infraestructura, entre otros.

Así, con esta propuesta se pretende que también se implementen tecnologías ecológicas para elevar la calidad de vida de estas zonas, reduciendo, por consiguiente el impacto ambiental y favoreciendo la sustentabilidad de la región.

Esto se complementa al revisar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente, pues se vincula el desarrollo social con el cuidado del medio ambiente y el papel rector del Estado para el funcionamiento de las mismas.

Por otra parte, de acuerdo con las estimaciones del CONEVAL hay millones de personas que, por sus condiciones de pobreza, carecen de servicios básicos en sus hogares, tales como, abastecimiento de gas, de agua o luz.

Por ello, considero viable que dadas las condiciones de nuestra población se eche mano al uso de tecnologías que permitan contrarrestar los efectos económicos, sociales y geográficos que impiden la plena accesabilidad a recursos, sobre todo energéticos, para las personas de escasos recursos.

Asimismo, es importante señalar que la metodología para la definición de las zonas de atención prioritaria, permite definir con mayor claridad las ventajas que tendría cada una de estas, de acuerdo con sus condiciones geográficas, es decir, donde aprovechar la energía solar, la eólica, o bien el oleaje marítimo.

La grave situación de pobreza por la que atraviesa nuestro país, nos obliga a buscar alternativas dentro de los programas y acciones especificas para el desarrollo social, y, en este caso, de la mano con el medio ambiente.

La incorporación de este tipo de tecnologías en los hogares y comunidades con mayores rezagos beneficiará a millones de personas que requieren el uso de la ciencia aplicada para resolver sus necesidades energéticas en zonas que presentan carencia en este tipo de servicios.

Creo que antes de llevar televisiones a los hogares con mayores necesidades, como lo propone el llamado “apagón analógico”, estaría mejor apoyarlos con tecnologías sustentables que les apoyen a contar con páneles solares de luz, o energía eólica, para alumbrar sus viviendas y sus comunidades o bien poner en marcha aparatos para preparar sus alimentos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se adiciona el numeral cinco del artículo 31 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 31. La Declaratoria tendrá los efectos siguientes:

1 a 4...

5. Fomentar y promover la implementación de tecnologías ecológicas en las zonas prioritarias para elevar su calidad de vida y reducir el impacto ambiental, favoreciendo a la sustentabilidad de la región y conservación del entorno.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de abril de 2014.

Suscribe,

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LOS ARTICULOS 14, 15, 103, 104 Y 105 DE LA LEY ORGANICADEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS Y SE REFORMA EL ARTICULO 8o. DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT)

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Un tema tabú son estas reformas que propongo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para que se abrogue, para que desaparezca el Estado Mayor Presidencial.

La relación entre el Presidente y el Estado Mayor Presidencial han pervertido a las Fuerzas Armadas de México.

En todos los países democráticos ningún militar en activo da protección al Presidente.

Las Fuerzas Armadas tienen el mandato constitucional de tutelar la soberanía y la integridad del territorio, no la de cuidar a ninguna persona.

El Estado Mayor Presidencial tiene más de 600 efectivos de altos mandos, casi 1,000 en unidades de tropa, aquí nada más tengo 821 de tropa y marinería, 45 policías, 410 civiles; cuerpo de Guardias Presidenciales; Batallón de Infantería de Marina, de Guardias Presidenciales; grupo aéreo de transporte presidencial, etcétera, etcétera; Brigada de Policía Militar, Brigada Logística, Batallón de Infantería, todo un mundo de opacidad.

Se convierte en una cuarta fuerza militar paralela a las Fuerzas Armadas, que son creadas, sostenidas, reglamentadas y disciplinadas por el Congreso de la Unión, y llegan a ser un contrapeso al Poder Ejecutivo en su rama militar.

En cambio, el Estado Mayor Presidencial es una fuerza militar que depende directamente del Presidente, por lo que está fuera del escrutinio social y de la rendición de cuentas.

Además que esto ha creado conflictos, pues siempre subterráneos con los Secretarios de la Defensa, es un mando paralelo al alto mando militar que en ocasiones llega a tener más poder que el propio Presidente. El Estado Mayor Presidencial termina por manipular al Presidente y por apropiarse de él.

Es una institución que ha distorsionado y desnaturalizado su función de dar protección al Presidente; realiza actividades que humillan a la institución militar, el uniforme militar, porque se convierten en choferes de políticos, de hermanos incómodos, cuidan propiedades y a personas particulares, dan protección a los amantes de los políticos y a las amantes de los militares, y se sospecha que es donde se fraguan los crímenes más escandalosos que se han conocido en México. Todo impune.

El asesinato del general Serrano, el de Obregón, Jaramillo, López Mateos, Colosio, Ruiz Massieu, el Cardenal Posadas y también la matanza de estudiantes en 1968; además que también hacen algunas actividades de espionaje político cuando van como escoltas.

Si el ejército por su fuero, opacidad y falta de rendición de cuentas se convierte en un Estado dentro de otro Estado, el Estado Mayor Presidencial es un ejército dentro del ejército, similar a la guardia pretoriana de los emperadores romanos, que sabemos cómo llegó a degradarse.

Por ello presento esta iniciativa y para que se abrogue, para que desaparezca el Estado Mayor Presidencial, no hay manera ni siquiera de regularlo, buscamos alternativas, imposible, hay que desaparecerlo porque es una institución que se ha colocado por encima de todas las instituciones del país.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



- El C. Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senadora Sansores San Román. Túrnese a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo)

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores; al pueblo de México:

Jorge González Moore dijo: “Uno no debe adaptarse al cambio, sino crearlo”.

Les pido que no cambiemos nuestro rumbo una vez que el presente ya está desapareciendo; si queremos llegar a un lugar distinto tenemos que caminar en un sentido diferente.

Existen fenómenos sociales que afectan severamente a nuestra sociedad, el hecho de negarlos o condenarlos no implica la solución de los mismos.

Según el índice de esclavitud global del año 2013, existen aproximadamente 30 millones de personas en la actualidad que sufren de un régimen de esclavitud moderno, dentro de los cuales se encuentra la trata de personas.

Existe un anhelo y una exigencia universal de todos los pueblos para erradicar esta grave violación a la propia dignidad humana; sin embargo, la voluntad para modificar los regímenes normativos que se han utilizado por un periodo extenso sin obtener resultados positivos, no ha sido suficiente.

La potencial solución, siempre se ha deteriorado a través de un ocioso debate sobre la moralidad de la prostitución. A pesar de esto, los hechos, las estadísticas y los números nos muestran la fría verdad de la situación, la ineficacia del paradigma actual.

Existen infinidad de historias con una moraleja en común, con el propósito de hacernos reflexionar y emprender un camino beneficioso sin miedo al cambio. Es así como en un lugar lejano de Europa existían cuatro personajes, todos paseaban por un laberinto en busca de soluciones a diversos conflictos, dos de ellos eran de una tribuna tradicionalista, los otros dos eran de una corriente liberal. Las cuatro personas se pasaban el día en el laberinto buscando las soluciones a los problemas que los afectaban, los liberales poseían un instinto libre de perjuicios.

Los tradicionalistas utilizaban un cerebro repleto de creencias para buscar una solución específica, que ellos creían los haría ser felices y triunfar. El laberinto era un dédalo de pasillos y salas, algunas de ellas contenían soluciones aparentes y temporales, y otras soluciones reales. También había rincones oscuros y callejones sin salida; sin embargo, era un lugar en el que les permitían buscar una vida mejor.

Para las soluciones, los liberales utilizaban como principal método el tanteo, recorrían el pasillo, si estaba vacío daban una vuelta y recorrían el siguiente. Los tradicionalistas utilizaban un método distinto que se basaba a su capacidad de pensar y aprender de las experiencias pasadas, aunque a veces sus creencias y emociones los confundían.

Había pasado ya un rato de que los cuatro personajes llegaron a una bodega de soluciones que les brindaba abundante suministro de éstas, pero una mañana descubrieron que no había más. A los liberales no les sorprendió, habían notado que las reservas se habían ido disminuyendo poco a poco y enseguida supieron lo que tenían que hacer; sin embargo, para los tradicionales el problema, como la solución, eran mucho más difíciles.

Los tradicionalistas no habían prestado atención a los pequeños cambios que habían ido produciéndose y, por lo tanto, daban por sentado que su queso seguía allí.

La nueva solución y situación los atrapó totalmente desprevenidos. Ambos enojados exclamaban la injusticia, no tenían ganas de enfrentarse a lo que tenían por delante, así que se desconectaron de la realidad.

La conducta de las personas no era agradable ni productiva, pero sí comprensible. Mientras los liberales ya se habían puesto en marcha, las personas continuaban vacilando y titubeando. Al día siguiente los tradicionalistas salieron de sus respectivas casas y volvieron a la bodega donde esperaban encontrar de una o de otra manera las soluciones, pero la situación no había cambiado, éstas seguían sin estar allí.

Mientras tanto, los liberales ya se habían puesto en marcha y habían recorrido muchos pasillos. Mientras las personas seguían en la bodega original, tercos a sus creencias, cada vez más frustrados y enfadados culpándose el uno al otro de la situación en la que se hallaban, los liberales escribieron en la pared de esa central:

“Si no cambias te extingues, y avanzar en una dirección nueva te lleva a una nueva reserva. Las viejas creencias no conducen a un nuevo lugar, el cambio es un hecho”.

Como legisladores, queridos compañeros, estamos obligados a la constante actualización y revisión de ideologías que permitan alcanzar nuestro único objetivo: lograr el bien común de todas y todos los mexicanos.

Como el artículo 2o. de la Ley Federal del Trabajo establece, esta iniciativa tiende a conseguir la justicia social, así como propiciar el trabajo digno y decente en todas las relaciones laborales.

Por eso es que en esta iniciativa me avoco, primeramente, a determinar la naturaleza de la prostitución con el carácter de una actividad personal realizada de manera libre y voluntaria, por una persona mayor de edad y consciente de sus acciones, que busca ser remunerada por la misma, erradicando, finalmente, todo tabú nocivo que al día de hoy no ha logrado resolver los abusos que viven las mujeres en nuestra sociedad.

La propia Organización Internacional del Trabajo en un informe sobre el sector del sexo que recibió un prestigioso premio editorial, manifestó vehementemente que mientras que muchos informes insisten hoy en destacar las trágicas historias individuales de las prostitutas y, en especial, de las mujeres y niños engañados u obligados a entrar en ese mundo, el estudio de la OIT subraya que muchas personas que trabajan en ese sector entraron en él por razones prácticas y con cierta conciencia de lo que implicaba, en líneas generales, la elección que estaban haciendo.

El artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.

Aunque han existido criterios en la temática por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitidos hace ya varios años, que han guiado el curso de la actividad a lo largo de años pasados, estos han tenido un sentido disímil que se apega a apreciaciones morales y no necesariamente a la situación social vigente.

Desde entonces se ha tenido esta concepción errónea de ilicitud, confundiendo a la sociedad con otro tipo de supuestos penales que involucran condiciones distintas para poder actuar un delito.

Las y los ciudadanos habitualmente equiparan esta concepción con diversos fenómenos sociales, indignantes y perjudiciales, como la trata, el tráfico de personas, proxenetismo y la pornografía infantil. Aunado a lo anterior, como legisladores y conocedores de las leyes, tenemos conciencia de la clara y tajante diferencia entre estas concepciones y, por lo mismo, podemos regular al sexo servicio para brindar garantías a las personas involucradas con un hecho innegable en nuestra nación.

Lin Lean Lim, investigadora y especialista de la Organización Internacional del Trabajo en políticas de empleo, ha manifestado que si bien las condiciones en que viven los trabajadores adultos del sector del sexo son muy diversas, puesto que van desde el trabajo libremente elegido y muy bien remunerado, hasta la explotación y la práctica de la esclavitud, “los adultos tienen libertad para elegir la prostitución”.

El principal objetivo de la presente iniciativa, sin duda, es defender por medio de un sistema normativo moderno y adecuado, la dignidad y el valor de toda persona humana, enfocándonos en los elementos objetivos de la ocupación y no así en dogmas ideológicos que impiden la evolución de la mentalidad y de la sociedad.

Dentro del informe de la OIT, mencionado anteriormente, precisamente menciona que para los adultos que escogen libremente trabajar en el sector del sexo, la preocupación política debería centrarse en mejorar sus condiciones de trabajo y de protección social para garantizar que gocen de los mismos derechos laborales y de los mismos beneficios que los demás trabajadores. Para quienes han sido sometidos por la fuerza, el engaño o la violencia, la prioridad deberá ser rescatarlos de esa situación, rehabilitarlos y reintegrarlos a la sociedad.

Antes de este 2014, ninguna autoridad había tenido una contundente pronunciación con respecto a la legalidad en la prostitución conforme a la redacción del artículo 5o. constitucional.

El día 31 de enero del año en curso, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, tomó una de las decisiones más valientes y progresistas que se han visto en las últimas décadas. Este juez, al tener una perspectiva amplia del panorama que se vive no solo en nuestro país, sino en el mundo, reconoció que la prostitución es una forma de trabajo.

Claudia Torres Patiño, en su artículo publicado en la revista Nexos, alude al fallo mencionado estableciendo que en muchos casos previos, como los que mencioné anteriormente, el criterio de la Corte implicaba que la moral pública debía protegerse, incluso por encima de la ley, la licitud se determinaba no sólo en función de la legalidad, sino también de la moralidad.

En oposición, la sentencia del pasado 31 de enero sostiene que a pesar de que la licitud y la afectación de los derechos de la sociedad y de terceros son límites legítimos de la libertad de trabajo, según el artículo 5o. constitucional, estas limitaciones no deben nulificar la libertad de trabajo. Las prohibiciones y restricciones que establece el legislador no deben contradecir el marco nacional e internacional de protección de derechos humanos.

Todo lo anteriormente mencionado debe tomarse en cuenta en la evaluación en conjunto con los antecedentes doctrinales e ideológicos a partir de los cuales se han constituido los sistemas que rigen la actualidad.

Desde una posición liberal, el conjunto de normas que le da forma a esta actividad, observa precisamente el espíritu con el que la actividad es ejercida, de manera que si una persona con las condiciones psicológicas, biológicas y sociales adecuadas, toma una decisión libre y consciente de ejercer la prostitución, no se vea afectada por supuestos penales tradicionales que han pecado de conservadores y no obedecen a la constante evolución social.

Grecia, Turquía, Inglaterra, Francia e Italia han actualizado sus sistemas con propósitos sociales, al observar que esta actividad, de estar desregularizada y criminalizada, ocasiona severos problemas de salud pública y seguridad ciudadana, sin mencionar la dignidad humana.

De esta manera, y advirtiendo conflictos sociales que han devenido en consecuencias catastróficas en seguridad, salud y percepción, se busca dar la inclusión en el mercado laboral y, por lo tanto, a la ley que protege sus derechos, para que la gente que ejercita la actividad con plena, libre y consciente voluntad, manifieste su consentimiento y las condiciones en que se prestará el servicio, lo haga en un contexto apropiado.

Rescatamos del sistema abolicionista un elemento esencial, adaptándolo así a un mecanismo viable y armónico con nuestro país, que concibe la premisa fundamental de que la persona que ejerce la prostitución debe reintegrarse en la sociedad, principalmente en el mercado laboral y de protección, con reguladores oficiales que mantengan un control de ejercicio y de salubridad sobre la actividad.

Después de un arduo trabajo de análisis y una acreditación implícita por parte de la historia de nuestro país y el contexto mundial, se origina la conclusión de que el prohibicionismo o la desregulación en el derecho de un país, afectan negativamente el trabajo sexual voluntario y fomentan el fenómeno de la trata y el tráfico de personas, menoscabando, específicamente, las condiciones mínimas que requieren las personas para realizar una labor voluntaria.

De esta manera estaríamos proporcionando una certeza jurídica y una seguridad laboral para todas aquellas personas que voluntariamente, y con la racionalidad suficiente que proporciona en edad y conciencia la mayoría de edad, realizan esta ocupación, y que beneficiaría a la reducción del delito de trata y de su demanda en nuestro país.

Asimismo, el proxeneta, figura que refiere a la persona que se beneficia económicamente de la relación sexual remunerada, ha sido excluida del marco protector de la presente iniciativa, de manera que exista una esfera sólida de protección que evite tajantemente la posible influencia en la voluntad y consentimiento de la persona que presta el servicio sexual.

Debido a las consideraciones anteriores, es que se toma la decisión de prescindir de manera absoluta en el marco jurídico laboralista, y para la salvaguarda del agente que ejerce la actividad de la prostitución, del sujeto que emplea a las personas, aprovechándose de su necesidad o situación de vulnerabilidad para obtener un lucro económico.

De esta forma, existe una absoluta armonía con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, prohibiendo toda acción u omisión de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación, entre otras.

En el mismo sentido, pretendemos evitar un argumento, a todas luces falso, de la objetivación de la mujer. ¿Qué nuestro deber como representantes no es escuchar y atender a las voces de las mujeres, que por voluntad propia deciden ejercer esta ocupación?

Habrá que preguntarnos también, ¿qué es trabajo digno y quién es el que tiene la atribución de juzgar a las relaciones sexuales por voluntad propia, como una degradación de la persona?

Desde el punto de vista de los derechos humanos, es necesaria una intervención que esté regida por una visión de conjunto coherente y desprejuiciada. No en vano, la larga historia de reglamentación, prohibicionismo y abolición, nos descubre que al final las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos en los países que han legislado sobre prostitución, que han sido represivas, han terminando volviéndose contra las propias mujeres.

Compañeras y compañeros Senadores, debemos de evitar que la labor en cuestión que ejercen un contexto de explotación u otro tipo de violaciones de derechos humanos, y en vista de la falta de resultados en el tema, es que someto a su consideración una iniciativa que representa una respuesta viable y progresista, distinta a las que se han propuesto en los últimos lustros, cimentada en un sentimiento de solidaridad y de deber de protección de todas las mujeres que son parte de esta actividad.

Como John Maynard Keynes lo hizo en su momento, yo les pregunto, amigos y amigas Senadoras: cuando los hechos cambian, cambio de opinión, ¿qué hace usted, señor, señora Senadora?

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“La suscrita Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente:

Exposicion de Motivos

Existen fenómenos sociales que afectan severamente a nuestra sociedad, el hecho de negarlos o condenarlos, no implica la solución de los mismos.

Según el índice de esclavitud global del año 2013, existen aproximadamente 30 millones de personas en la actualidad que sufren de un régimen de esclavitud moderno, dentro de los cuales se encuentra la trata de personas. En intima relación con este fenómeno, se da, paralelamente, el tráfico de personas, calculado, aproximadamente, en 600,000 individuos que, anualmente, son víctimas de un mercado sexual comercial que trasciende fronteras.1

El anhelo y exigencia universal de todos los pueblos para erradicar esta grave violación a la propia dignidad y naturaleza humana, es notoria, sin embargo, la voluntad de modificar los regímenes normativos que han sido utilizados por un periodo extenso sin obtener resultados positivos, no ha sido suficiente para cambiar la situación.

La solución siempre se deteriora a través de un ocioso debate sobre la moralidad de la prostitución. A pesar de esto, los hechos, las estadísticas y los números nos muestran la fría verdad de la situación, el régimen actual no ha sido eficaz para la remoción de este delito y para la correspondencia en la protección laboral de las que prestan servicios voluntarios.

Las medidas que se han tomado durante las últimas décadas no han proporcionado la solución ni el tratamiento adecuado para el tema de la prostitución.

Una cultura arcaica y con visión rezagada, no acabará con los delitos consecuenciales que se dan por la falta de su tratamiento legal, como es la trata de personas.

Como legisladores, estamos obligados a la constante actualización y revisión de ideologías que permitan alcanzar nuestro único objetivo, lograr el bien común de todas y todos los mexicanos.

Por lo anterior, es que debemos constituir una regulación basada en una sola premisa, la diferencia tajante del servicio voluntario y el servicio por coerción.

Como el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo establece, esta iniciativa tiende a conseguir la justicia social, así como propiciar el trabajo digno y decente en todas las relaciones laborales.

Es por eso que me avoco, primeramente, a determinar la naturaleza de la prostitución con el carácter de una actividad personal realizada de manera libre y voluntaria, por una persona mayor de edad y consciente de sus acciones, que busca ser remunerada por la misma, erradicando, finalmente, todo tabú nocivo que al día de hoy no ha logrado resolver los abusos que viven las mujeres en nuestra sociedad.

Asimismo, debemos reconocer la necesidad económica que existe detrás de toda actividad, especialmente la que nos compete en esta iniciativa, debiendo, por lo tanto, analizarla desde una perspectiva de insuficiencia social, y no, cortos de visión cegados por una ideología primitiva.

La propia Organización Mundial del Trabajo en un informe sobre el sector del sexo que recibió un prestigioso premio editorial, manifestó vehementemente que,“Las medidas dirigidas al sector del sexo tienen que considerar la problemática moral, religiosa, sanitaria, de derechos humanos y criminal, pero teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno de naturaleza predominantemente económica.”

“Mientras que muchos informes insisten hoy en destacar las trágicas historias individuales de las prostitutas y, en especial, de las mujeres y niños engañados u obligados a entrar en ese mundo, el estudio de la OIT subraya que muchas personas que trabajan en ese sector entraron en él por razones prácticas y con cierta conciencia de lo que implicaba, en líneas generales, la elección que estaban haciendo (...).”

Lo cierto es que, a pesar del estigma social y de los peligros que conlleva, el trabajo sexual suele estar mejor retribuido que la mayoría de las otras opciones de trabajo asequibles para muchas mujeres jóvenes y, a menudo, sin educación. En los cuatro países estudiados, proporcionaba ingresos significativamente mayores que las demás formas de trabajo no calificado.

“En muchos casos, además, ese trabajo sexual es la única alternativa viable para que las mujeres de comunidades donde faltan casi por completo los programas de desarrollo del bienestar social hagan frente a la pobreza, el desempleo, los matrimonios fracasados y las obligaciones familiares. Para las madres solteras, representa a menudo una opción más flexible, remuneradora y menos exigente en cuanto al tiempo que el trabajo en una fábrica o en el sector de los servicios.”2

El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que“A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.”

Aunque han existido criterios en la temática por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han guida el curso de la actividad a lo largo de años pasados, estos han tenido un sentido disímil que se apega a apreciaciones morales relegadas o individuales, y no necesariamente en el derecho o la situación social vigente.

Lamentablemente, todas estas interpretaciones vienen acompañadas no solo del conocimiento objetivo del derecho, sino de juicios de valor que se conforman en base a experiencias vivenciales, educacionales, de infancia y otra serie de factores que incide en la percepción del intérprete.En ese sentido, se ha vuelto ineludible proporcionarle a la sociedad y, muy en especial a las mujeres que se ven en la necesidad social, física o bilógica de realizar esta actividad, una regulación que les permita conservar sus derechos humanos, sociales y libertades civiles.

En el año 1940, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y máxima autoridad judicial, emitió una resolución donde establecía un precedente con respecto a la prostitución, expresando que, aunque tolerada por ser una necesidad biológica y social, al derecho le es imposible asimilarlo con cualquier otra labor o trabajo permitido por nuestro sistema normativo. Desde entonces se ha tenido esta concepción errónea de ilicitud, confundiendo a la generalidad con otro tipo de clasificaciones penales que involucran condiciones distintas para poder actualizar un delito.

Las y los ciudadanos, habitualmente, equiparan esta concepción con diversos fenómenos sociales, indignantes y perjudiciales, como la trata, el tráfico de personas, proxenetismo y la pornografía infantil.Aunado a lo anterior, como legisladores y conocedores de las leyes, tenemos conciencia de la clara y tajante diferencia entre estas concepciones y, por lo mismo, podemos regular al sexo servicio para brindar garantías a las personas involucradas con un hecho innegable en nuestra nación.

La erradicación de la actividad fue imposible para el Estado Mexicano, sin embargo, al rehusarse a otorgar una esfera jurídica de protección equiparada con otras actividades, se vio obligada a pronunciarse judicialmente al respecto. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se articuló estableciendo un criterio basado en elementos externos a la ley positiva, como son los principios y costumbres que se involucran en el concepto de la moral. Al emitir esta resolución, se asume de alguna manera, la universalidad de una concepción negativa de la prostitución, sin tomar en cuenta la convicción personal e individual de las personas.

Estamos obligados a actualizar nuestros conocimientos, posiciones y preceptos conforme progresa la sociedad, de manera que podamos lograr una adaptación adecuada que permita la adecuada convivencia armónica y pacífica. Los elementos que se tomaron en cuenta hace varias décadas para establecer que la inmoralidad de la ocupación resultaba ilícita y, en consecuencia, no pudiera existir una tutela sobre el derecho respectivo, debe ser transformada con prontitud.

Lin Lean Lim, investigadora y especialista de la Organización Internacional del Trabajo en políticas de empleo, ha manifestado que “el creciente auge de la prostitución plantea alarmantes cuestiones, no sólo de sanidad pública, de moralidad y de discriminación de las personas en función de su sexo, sino también en relación con los derechos humanos fundamentales de un número cada día mayor de personas ocupadas en el sector del sexo. Es posible que la mayoría de ellas lo hayan elegido por propia voluntad, pero ciertamente muchas entraron en él a la fuerza, víctimas de un tráfico organizado, del engaño o de la explotación.” Añadió, “que las mujeres inmigrantes constituyen un grupo particularmente vulnerable y que existen abundantes pruebas de la existencia de «redes internacionales que con implacable eficacia dirigen la trata de prostitutas migrantes por todo el continente asiático e incluso en otros países.”

Estableció que, si bien las condiciones en que viven los trabajadores adultos del sector del sexo son muy diversas, puesto que van desde el trabajo libremente elegido y muy bien remunerado hasta la explotación y la práctica de la esclavitud, “Los adultos tienen libertad para elegir la prostitución o para ocuparse en la pornografía. “

El principal objetivo de la presente iniciativa, sin duda, es defender por medio de un sistema normativo moderno y adecuado, la dignidad y el valor de toda persona humana, enfocándonos en los elementos objetivos de la ocupación y, no así, en dogmas ideológicos que impiden la evolución de la mentalidad y de la sociedad.

Dentro del informe de la OIT, mencionado anteriormente, precisamente menciona que “Para los adultos que escogen libremente trabajar en el sector del sexo, la preocupación política debería centrarse en mejorar sus condiciones de trabajo y de protección social, para garantizar que gocen de los mismos derechos laborales y de los mismos beneficios que los demás trabajadores. Para quienes han sido sometidos por la fuerza, el engaño o la violencia, la prioridad debería ser rescatarlos de esa situación, rehabilitarlos y reintegrarlos a la sociedad.”

Antes de este 2014, ninguna autoridad jurisdiccional, administrativa o legislativa, había tenido una contundencia en su pronunciación con respecto a la legalidad en la prostitución conforme a la redacción del artículo quinto constitucional.

El día 31 de Enero del año en curso, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, tomó una de las decisiones más valientes y progresistas que se han visto en las últimas décadas.Este juez, al tener una perspectiva amplia del panorama que se vive no solo en nuestro país, pero en el mundo, reconoció que la prostitución es una forma de trabajo.

Si bien, ninguna ley anteriormente expresaba una prohibición del ejercicio de la prostitución, solo de varios elementos que rodean esta actividad, no existía antecedente judicial, excepto los de la Suprema Corte de Justicia mencionados con anterioridad, pero en sentido contrario, que establecieran a la prostitución ejercida libremente y por personas mayores de edad, como una ocupación que está bajo la salvaguarda de nuestra constitución y el principio de la libertad del trabajo.

Así lo alude Claudia Torres Patiño, Asistente de Investigación del Area de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE, en su artículo en el espacio proporcionado por la revista Nexos, donde expresa que, “el fallo nos recuerda el principio básico de que “lo que no está prohibido por la ley, está permitido” y valida el ejercicio de la prostitución sobre esa base. En muchos casos previos, como los que mencioné arriba, el criterio de la Corte implicaba que la “moral pública” debía protegerse incluso por encima de la ley. La licitud se determinaba no sólo en función de la legalidad sino también de la moralidad mayoritaria. Así, supeditaba los derechos individuales a ese interés general. En oposición, la sentencia del pasado enero sostiene que a pesar de que la licitud y la afectación de los derechos de la sociedad y de terceros son límites legítimos de la libertad de trabajo según el artículo 5º constitucional, estas limitaciones no deben nulificar la libertad de trabajo. Las prohibiciones y restricciones que establece el legislador no deben contradecir el marco nacional e internacional de protección de derechos humanos.

Los tabúes sociales y muchas de nuestras ideas compartidas en torno a la sexualidad representan también obstáculos para el desarrollo de propuestas normativas creativas. Pero el actual énfasis en la supremacía constitucional, los derechos humanos y el pluralismo, nos permite situar a la prostitución y otros temas históricamente invisibilizados como puntos importantes en la agenda política y jurídica. Alegremente, comienza la tarea de dinamizar el derecho, la doctrina y la teoría jurídica. Como dijo Angela Harrisrespecto de los derechos de las mujeres de color: empieza la tarea de subvertir la voz única de la mayoría, con narraciones e historias, relatos de lo particular, lo diferente, lo hasta ahora silenciado.”

Todo lo anteriormente mencionado, debe ser examinado tomando en cuenta los antecedentes doctrinales e ideológicos a partir de los cuales se han constituido los sistemas que rigen la actualidad.

Existen cuatro diferentes doctrinas jurídicas y filosóficas para tratar el tema materia de la presente iniciativa; estas doctrinas o ideologías,han sido utilizados por diversos países para formar la estructura jurídica que reglamenta la actividad de la prostitución en un lugar y época determinado, uno o varios de estos modelos, han quedado inoperantes ante la realidad que vivimos.

La primera ideología, la cual consideramos suficientemente ejercida y notoriamente fallida, es la del prohibicionismo. Este modelo intenta relacionar, equivocadamente, una interdependencia necesaria, pero con falta de objetividad, con la inclusión de la moral dentro del derecho.

Lamentablemente, la moralina utilizada para esta regulación, concibe la prostitución como un vicio social, el cual afecta de manera directa a la convivencia general por las consecuencias impúdicas de su realización, de esta manera se criminaliza a las personas que ejercen la prostitución, poniendo en peligro del campo de la ilegalidad y la desprotección, al cúmulo de personas que por necesidades económicas, física o bilógicas ejercen esta actividad.

En esta doctrina el sistema normativo concibe a la prostituta como el agente que atenta contra la supuesta moralidad universal, y la debilita tipificándola como delincuente.

Existen varios vacios legales dentro de esta doctrina, disipando las responsabilidades que deberían ser imputadas a las personas que reciben el servicio, y las agrupa únicamente en la persona que ejerce la actividad, congregando, así, la impunidad de una de las partes necesarias en la relación prostituta-cliente. 3

En segundo lugar, nos encontramos con el llamado abolicionismo, donde contempla al agente que ejerce la prostitución como la víctima de una actividad nociva, donde, aún sin criminalizarla, prohíbe todo elemento que se utiliza en la prostitución, privando el servicio, aún, cuando existe voluntad por parte de la prostituta para ejercer dicha actividad. De esta manera, aunque no existe una afectación penal hacia uno de los agentes que ejerce la prostitución, se busca la supresión y extinción de su modus vivendi, afectándola a final de cuentas.

El tercer modelo ideológico vislumbra la despenalización, justificándolo desde una perspectiva de necesidad social, por la esclavitud contemporánea que afecta a millones de personas alrededor del mundo.

Desde una posición liberal, el conjunto de normas que le da forma a esta actividad, observa precisamente el espíritu con el que la actividad es ejercida, de manera que si una persona con las condiciones psicológicas, biológicas y sociales adecuadas, toma una decisión libre y consciente de ejercer la prostitución, no se vea afectada por supuestos penales tradicionales que han pecado de conservadores y no obedecen a la constante evolución social.

Se trata de extinguir de plano un turismo sexual que ha sido equiparado a la esclavitud que se ejercía anteriormente, y que esta tajantemente prohibido en nuestra constitución y en el derecho internacional.

Grecia, Turquía, Inglaterra, Francia e Italia han actualizado sus sistemas con propósitos sociales, al observar que esta actividad, de estar desregularizada y criminalizada, ocasiona severos problemas de salud pública y seguridad ciudadana, sin mencionar la dignidad humana.

El cuarto modelo ideológico, en combinación con el anterior, y con un elemento ventajoso del sistema abolicionista, constituyen la esencia y estructura de la reglamentación que presentamos en esta iniciativa. El sistema reglamentista se basa en una despenalización de la actividad, considerando al agente que ejerce la prostitución como un sujeto que se encuentra protegido por el sistema normativo y, lo contempla desde una perspectiva no solo de obligación, pero de derechos.

De esta manera, y advirtiendo conflictos sociales que han devenido en consecuencias catastróficas en seguridad, salud y percepción, se busca dar la inclusión en el mercado laboral y, por lo tanto, a la ley que protege sus derechos, para que el agente que ejercita la actividad con plena, libre y consciente voluntad, manifestando su consentimiento con las condiciones en que se prestará el servicio, lo haga en un contexto apropiado.

Rescatamos del sistema abolicionista, a su vez, un elemento esencial, adaptándolo, así, a un mecanismo viable armónico con nuestro país, que concibe la premisa fundamental de que la persona que ejerce la prostitución, debe reintegrarse en la sociedad, principalmente en el mercado laboral y de protección, con reguladores oficiales que mantengan un control de ejercicio y de salubridad sobre la actividad.

Después de un arduo trabajo de análisis y una acreditación implícita por parte de la historia de nuestro país y el contexto mundial, se origina la conclusión de que el prohibicionismo o la desregulación en el derecho de un país, afectan negativamente el trabajo sexual voluntario, y fomentan el fenómeno de la trata y el tráfico de personas, menoscabando, específicamente, las condiciones mínimas que requieren las personas para realizar una labor voluntaria.4

Es muy claro que las políticas públicas en la materia deben transformarse de manera urgente por el bienestar de una parte considerable de la sociedad. Debemos combinar, por lo tanto, una regulación proteccionista de los derechos laborales del trabajo sexual voluntario, e implementar tipos penales estrictos contra aquellos que actualicen algún delito en materia sexual.

De esta manera estaríamos proporcionando una certeza jurídica y una seguridad laboral para todas aquellas personas que voluntariamente, y con la racionalidad suficiente que proporciona la mayoría de edad, realizan esta ocupación, y que beneficiaría a la reducción del delito de trata y de su demanda en nuestro país.

Asimismo, el proxeneta, figura que refiere a la persona que se beneficia económicamente de la relación sexual remunerada, ha sido excluida del marco protector de la presente iniciativa, de manera que exista una esfera sólida de protección que evite tajantemente la posible influencia en la voluntad y consentimiento de la persona que presta el servicio sexual. Dentro de un informe elaborado por una Asociación de Derechos Humanos que tiene como objetivo la defensa de los Derechos Humanos en Andalucía, así como apoyar a las víctimas de las violaciones de estos y sensibilizar a la sociedad sobre sus principios, con sede central enSevillay cuenta con delegaciones en todas las capitales de provincia andaluzas y otras importantes ciudades, se menciona que “El típico chulo tradicional y el proxeneta son figuras a veces equivalentes, a veces diferentes y, en algunos casos, coincidentes. Sobre ellos recae la responsabilidad moral, cuando ésta se traslada desde la propia prostituta, mediante un cambio en la construcción del discurso social dominante. Así, en los tiempos actuales, en los que no es políticamente correcta la culpabilización de la mujer que ejerce la prostitución, se produce una tendencia a volcar la culpa sobre el proxeneta (o el traficante). Supone, en cualquier caso, un segundo escalón en cuanto al estigma social de la prostitución.

Sin embargo, las relaciones entre la prostituta y la persona señalada como chulo o proxeneta pueden ser diversas: desde quienes facilitan o gestionan citas, las traen y llevan al lugar de trabajo, etc., hasta personas con las que conviven, familiares o no, y que pueden depender económicamente de ellas. Generalmente, estas personas han sido objeto de persecución por diferentes legislaciones contra el proxenetismo, independientemente de la relación real que mantuvieran con la prostituta5.

En los últimos tiempos se percibe un aumento, entre las mujeres que practican la prostitución, de mujeres que han inmigrado. En la medida que este cambio ha empezado a percibirse, el discurso dominante tiende a vincular, cuando no identificar, la prostitución con la inmigración femenina. Ello hace que también la figura del chulo o del proxeneta se desplace hacia el de traficante de personas, como sujeto individual o colectivo. Así, las redes o mafias de traficantes están sustituyendo, en el imaginario mental de la población, la carga de responsabilidad que tradicionalmente se atribuía al chulo o al proxeneta.”

Debido a las consideraciones anteriores, es que se toma la decisión de prescindir de manera absoluta en el marco jurídico laboralista, y para la salvaguarda del agente que ejerce la actividad de la prostitución, del sujeto que emplea a las personas, aprovechándose de su necesidad o situación de vulnerabilidad para obtener un lucro económico.

De esta forma, existe una absoluta armonía con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, prohibiendo toda acción u omisión de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación, entre otras.

En el mismo sentido, pretendemos evitar un argumento, a todas luces falso, de la objetivación de la mujer. ¿Qué nuestro deber como representantes, no es escuchar y atender a las voces de las mujeres, que por voluntad propia, deciden ejercer esta ocupación?

Habrá que preguntarnos también, ¿Qué es trabajo digno? Y, ¿quién es el que tiene la atribución de juzgar a las relaciones sexuales por voluntad propia, como una degradación de la persona?

Analizando el informe presentado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, nos percatamos que nos invita a tomar un camino distinto al fallido abolicionismo, mencionando que, “en los últimos años han aparecido diversos trabajos de diferente origen que han abordado, tanto desde el punto de vista teórico como empírico, diferentes aspectos parciales relativos a la prostitución. Es necesario un debate sobre esta cuestión con el fin de deslindar y dimensionar los múltiples problemas y facetas que rodean a la industria del sexo, sus implicaciones sociales y la gravedad del sufrimiento que puede estar padeciendo una parte de las mujeres que se dedican e ello, así como la injusticia y discriminación generalizada, que afecta al conjunto de las personas que trabajan en ese sector.

No debemos olvidar que a la persistente discriminación de género - que conlleva la división sexual del trabajo-por ser mujeres, las inmigradas se ven, también, afectadas por la división internacional del trabajo y los procesos de exclusión social, que afectan especialmente a las que no tienen papeles. Si el ejercicio de la prostitución es, en muchas ocasiones, la única salida posible para su supervivencia, habrá que añadir el estigma social a la ya terrible carga que soportan estas mujeres.

Aún habrá que considerar que, la obsesiva asociación que se está produciendo entre inmigrantes y mafias, por un lado, y mujeres y tráfico, por otro, puede terminar por estigmatizar a cualquier mujer inmigrada, independientemente de su actividad laboral, de que ejerza la prostitución o no. Corremos el riesgo de que veamos en cualquier mujer, que no comparta nuestros rasgos fenotípicos, una prostituta, con el consiguiente perjuicio y empeoramiento de sus posibilidades de integración en nuestra sociedad y de normalización de su vida cotidiana de acuerdo con nuestros estándares habituales.

Desde el punto de vista de los derechos humanos es necesaria una intervención que esté regida por una visión de conjunto coherente y desprejuiciada. No en vano, la larga historia de reglamentación, prohibicionismo y abolición, nos descubre que al final, las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos en los países que han legislado sobre prostitución -hayan sido aquellas represivas o “protectoras”- han terminando volviéndose contra las propias mujeres.”

Debemos de evitar que la labor en cuestión se ejerza en un contexto de explotación u otro tipo de violaciones de derechos humanos y, en vista de la falta de resultados en el tema, es que someto a consideración de esta soberanía, una iniciativa que representa una respuesta viable y progresiva, distinta a las que se han propuesto en los últimos lustros, cimentada en un sentimiento de solidaridad y deber de protección de todas las mujeres que son parte de esta actividad.

Por la exposición de motivos anteriormente expuesta, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.-Se adiciona un Capítulo XVIII al Título Sexto, ajustándose los títulos, capítulos y numerales subsecuentes, a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

TITULO SEXTO

CAPITULO XVIII

SERVICIO DE RELACIONES SEXUALES

ARTICULO 354.- El presente capítulo tiene como objeto garantizar la salud, dignidad, los derechos y el valor de la persona humana.

ARTICULO 355.- El servicio de relaciones sexuales consiste en el intercambio libre y consentido, entre personas mayores de edad, de relaciones sexuales mediante una remuneración cierta y en dinero. La persona que presta dicho servicio se denomina sexo servidor, y la persona que recibe el servicio se denomina cliente.

Si el intercambio carece de la voluntad y libre consentimiento de la persona que presta el servicio, o se compromete está empleando violencia, intimidación, engaño, o abusando de una situación de superioridad, de necesidad o vulnerabilidad del sexo servidor, se aplicarán las disposiciones penales correspondientes.

ARTICULO 356.- Queda prohibido el ejercicio del servicio de relaciones sexuales por personas menores de edad.

ARTICULO 357.- El ejercicio de esta actividad deberá realizarse de manera individual y nunca bajo la subordinación, administración o mando de una tercera persona.

ARTICULO 358.- Queda prohibido que una o varias personas, por acción u omisión, capten, enganchen, transporten, transfieran, retengan, entreguen, o reciban a uno o varios sexo servidores, o se beneficien económicamente del servicio prestado por el sexo servidor

ARTICULO 359.- Las condiciones de tiempo, lugar y modo en el que se desarrollará el servicio será voluntad, y por acuerdo, de las partes involucradas, y todas aquellas personas que cuenten con la calidad de sexo servidor, estarán protegidas por las disposiciones de la presente ley, debiéndose solventar la remuneración convenida, previamente a la realización del servicio.

ARTICULO 360.- Los clientes tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Guardar consideración al sexo servidor, absteniéndose de todo mal trato de palabra o de obra;

II. Acordar un espacio higiénico, suficiente y con las condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud;

ARTICULO 361.- Toda persona que se dedique al servicio de relaciones sexuales, deberá conocer y utilizar medidas preventivas para evitar el contagio o transmitir enfermedades que se contraigan a través del contacto sexual.

ARTICULO 362.- Las personas que se dediquen al servicio de relaciones sexuales deberán sujetarse a las siguientes disposiciones:

I.- Llevar a cabo su registro dentro de la Dirección General de Registro de Sexo Servidores de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

II.- Someterse periódicamente al control epidemiológico de las enfermedades transmisibles en las unidades médicas que la Secretaría de Salud determine con este propósito, y conforme a la reglamentación y normatividad técnica que al efecto se expida;

II.- Por cada persona se integrará un expediente clínico en donde el médico responsable registrará los estudios de rutina practicados, así como los demás requerimientos establecidos por la normatividad aplicable;

III.- Deberán portar la constancia de no padecimientos de enfermedad sexual u otros padecimientos infecto contagiosos que expida la Secretaría de Salud;

IV.- La Secretaría de Salud, en base al informe del estado de salud de las personas, cuando señale un riesgo inminente de contagio, y con fundamento en la presente Ley, podrá aplicar cualquiera de las medidas que se requieran para la prevención y control de las enfermedades y/o medidas de seguridad pertinentes;

ARTICULO 363. Se considera ilegal el ejercicio del servicio de relaciones sexuales a las personas que padezcan de alguna enfermedad sexualmente transmisible u otra grave en periodo infectante que ponga en riesgo de contagio la salud de otra por relaciones sexuales. Al sexo servidor que no presente los exámenes periódicos señalados en el artículo anterior, o presente documentos apócrifos, se atendrá a lo dispuesto por el Título Séptimo, Capítulo II, del Código Penal Federal.

ARTICULO 364|.- Las personas que se dedican al servicio de relaciones sexuales deberán participar en las actividades culturales, académicas, capacitación y bienestar social que promueva la autoridad sanitaria.

TRANSITORIOS:

Primero.- El siguiente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Secretaría de Salud deberá crear y determinar las unidades médicas, constancias y demás instrumentos técnicos referidos en esta iniciativa y, expedir, en un plazo no mayor a 180 días, la reglamentación y normatividad técnica que al efecto se requiera.

Tercero.- La Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá crear un Padrón Laboral y la unidad administrativa respectiva, para cumplimentar la presente iniciativa.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de abril de 2014.

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Arriola Gordillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 226 y 227 de la Ley General de Salud.

1 http://www.globalslaveryindex.org/report/?download

2OIT, (1.998), “La industria del sexo: los incentivos económicos y la penuria alimentan el crecimiento”, en Trabajo, nº 26, página web: www.ilo.org/public/ spanish/bureau/inf/magazine/26/sex.htm

3 http://webs.uvigo.es/pmayobre/pop/archi/profesorado/teresa_conde/prostitucion.pdf

4 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2057299

5 Idem, pág. 58.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO A LOS ARTICULOS 226 Y 227 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el C. Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente.

Los medicamentos son de vital importancia para los seres humanos, ya que el estado de salud es influenciado por los valores, creencias y costumbres en torno a los cuales se encuentra incluido el uso de los medicamentos por sus capacidades preventivas y curativas.

Es indiscutible el papel que han desempeñado para disminuir la mortalidad, aumentar la expectativa de vida y mejorar la calidad de esta para millones de seres humanos con acceso a ellos.

La Organización Mundial de la Salud define a lo fármacos, medicinas, productos farmacéuticos y productos medicinales, como aquellas sustancias o productos utilizados en el ser humano con fines profilácticos, diagnósticos y terapéuticos.

A su vez, los medicamentos esenciales se definen como aquellos de especial importancia, para lo cual deben de estar disponibles en todo momento en las dosis adecuadas y en las cantidades suficientes para satisfacer las necesidades fundamentales de salud de todos los segmentos de la población.

Lamentablemente, una importante proporción de la población mundial no accede a los medicamentos esenciales, lo que tiene un impacto en la salud de las personas y en los sistemas sanitarios que comprometen su gestión al no alcanzar el acceso a estos medicamentos ni asegurar su disponibilidad, no obstante las grandes inversiones que en este rubro se realizan.

El mercado de medicamentos en México, se estima, supera los 15 mil 300 millones de dólares, de los cuales el 24 por ciento proviene del sector público y el 76 por ciento lo aporta el sector privado.

El Instituto Mexicano del Seguro Social estimó que en el año 2012 se surtieron 168 millones de recetas y 174 millones en 2013, esto por cuanto hace a quienes cuentan con los beneficios de la seguridad social; sin embargo, la situación para quienes no cuentan con ella puede volverse más crítica. La población más pobre es la que sufre las peores consecuencias, al grado de que cuando hay alguna enfermedad, según informa la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias en México, el 65 por ciento del ingreso de una familia de escasos recursos lo utiliza para comprar medicamentos.

La adquisición de medicamentos en nuestro país alcanza el 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto, no obstante, se trata de un insumo vital que no se encuentra al alcance de la totalidad de la población.

Para tratar de contrarrestar el impacto económico, la carencia y dificultades de las familias mexicanas para acceder a los medicamentos que les permitan una mejor calidad de vida, es necesario que los sistemas de salud adopten políticas y aseguren el acceso y uso racional de los fármacos, además de su seguridad y efectividad.

Para ello, una prescripción racional implicaría un medicamento bien seleccionado, con la dosis adecuada, durante el periodo de tiempo apropiado al menor costo posible para los pacientes y para la comunidad.

Esta concepción de racionalidad en los medicamentos implicaría, a su vez, que la adquisición de medicamentos fuese únicamente la cantidad necesaria o prescrita, lo que difícilmente ocurre en nuestro país, considerando que los medicamentos se expenden en presentaciones o contenidos muy independientes a las dosis contenidas en la receta médica.

Para incidir en el impacto económico, el debido abasto, rendimiento y accesibilidad como la disminución del desperdicio de medicamentos, es necesario implementar medidas de racionalidad a través de un cambio en las políticas de consumo, éste puede darse a través de la adquisición de medicamentos en cantidades preescritas, como también el que así pudiesen ser dispensadas en las farmacias de las instituciones de seguridad y demás instituciones de salud.

De esta forma, la adquisición y suministro podría, de inicio, propiciar mayores posibilidades de suficiencia y rendimiento en los medicamentos adquiridos, como también ahorros en su adquisición por las familias mexicanas al sólo hacer gastos respecto a las dosis necesarias, esto es, las preescritas en la receta médica.

La modalidad es conocida en España bajo el término de “unidosis”, la que está siendo extensamente empleada en hospitales y que, por sus características, permite, entre otras cosas, evitar errores de dispensación y optimizar el gasto en medicamentos.

La dispensación de unidosis está en periodo de implementación en España, donde se ha convertido en una prioridad, ya que está considerado como el segundo consumidor mundial de fármacos. Se estima que además destruye cada año 3 mil 700 toneladas de medicamentos pagados, porque han caducado o no se han utilizado; despilfarro que se estima en cuando menos un diez por ciento del gasto farmacéutico, pero el ahorro bajo la modalidad de unidosis podría alcanzar hasta el 24 por ciento del gasto de un paciente.

Los beneficios son mayores, los que se pueden sintetizar en lo siguiente:

Mitigar el impacto que tiene la economía de las familias mexicanas en la adquisición de medicinas.

Evitar que los medicamentos no empleados vayan a dar al mercado negro o al despilfarro.

El mayor rendimiento de los medicamentos en el sector público.

Reducir las posibilidades de automedicación.

Disminuir el riesgo de accidentes o intoxicaciones en menores de edad curiosos por el consumo de medicamentos guardados y sin uso en los hogares.

La polifarmacia, consumo de demasiados medicamentos.

Así pues, la peculiaridad de que en nuestro país se pudiesen adquirir y dispensar medicamentos en cantidades exactas, constituiría una gran herramienta de racionalidad y economía.

Cabe decir que Francia considera el modelo como una opción contra el desperdicio y el desajuste de fármacos en la dispensación, por lo que también está siendo estudiado por las autoridades francesas y que muy pronto habrá de implementarse en este país.

Razones por las que se propone a esta Honorable Soberanía, la contenida en la iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona un párrafo a los artículos 226 y 227 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 226.-

I a la VI.

Los medicamentos a los que se refieren las fracciones I y II del presente artículo, podrán expedirse en dosis prescritas en la cantidad exacta señalada en la receta médica.

Artículo 227.- La Secretaría de Salud determinará los medicamentos que integren cada uno de los grupos a que se refiere el artículo anterior.

El transvasado o reempaquetado y etiquetado de los medicamentos para su expendio en dosis prescritas, se sujetará a las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables.

Lo que queremos plantear con esta iniciativa, es que cuando un paciente después de que acude con el médico para atenderse de una enfermedad y le es entregada una receta, ésta puede ser surtida en una farmacia en la cantidad exacta, es común que en la mayoría de los casos la receta establece una dosis, un número a lo mejor de comprimidos o de pastillas, pero cuando se va a la farmacia, la presentación suele ser o de una cantidad inferior a la que dice la receta, lo que propicia comprar dos o tres cajas, o tiene una cantidad superior.

Y, ¿qué pasa con esas pastillas? ¿Qué pasa con esos medicamentos que quedan en las casas, que después se pueden utilizar, pero resulta que ya prescribieron? ¿O el gasto que se está haciendo y el pago que se realiza por una medicina que no se va a consumir, que sin embargo ya se está cobrando, y que según estimaciones, podría representar en el caso de las familias, sobre todo aquellas más desprotegidas, un ahorro hasta del 10 por ciento del costo de los medicamentos?

Por eso es que presento esta iniciativa, y ojala que las comisiones dictaminadoras sean sensibles y pronto puedan aprobar esta iniciativa que, sin duda, habrá de beneficiar a todo el pueblo de México, porque no hay quién en este país, después de una enfermedad, no tenga que consumir algún medicamento.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PARRAFO A LOS ARTICULOS 226 Y 227DE LA LEY GENERAL DE SALUD, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los medicamentos son de vital importancia para los seres humanos, ya que el estado de salud es influenciado por valores, creencias y costumbres, en torno a las cuales se encuentra incluido el uso de los medicamentos por sus capacidades preventivas y curativas. Es indiscutible el papel que han desempeñado los medicamentos para disminuir la mortalidad, aumentar la expectativa de vida y mejorar la calidad de ésta para millones de seres humanos con acceso a ellos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a los fármacos, medicinas, productos farmacéuticos y productos medicinales como aquellas sustancias o productos utilizados en el ser humano con fines profilácticos, diagnósticos o terapéuticos.

A su vez, los medicamentos esenciales se definen como aquéllos de especial importancia, por lo cual deben estar disponibles, en todo momento, en las dosis adecuadas y en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades fundamentales de salud de todos los segmentos de la población.

Lamentablemente una importante proporción de la población mundial no accede a los medicamentos esenciales, lo que tiene un impacto en la salud de las personas y los sistemas sanitarios comprometen su gestión, al no garantizar el acceso a estos medicamentos, ni asegurar su disponibilidad, no obstante las grandes inversiones que en este rubro se realizan. Cabe decir que México es el Segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor gasto en medicamentos.

El mercado de medicamentos en México se estima supera los 15 mil 300 millones de dólares, de los cuales el 24% proviene del sector público y el 76% lo aportaría el sector privado, esto es, el que realizan las personas de su bolsillo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dio a conocer a principios del año una inversión de compra consolidada superior a los 39 mil millones de pesos en medicamentos. Se informó que se adquirieron medicamentos para el mismo IMSS, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), los hospitales de la Mujer, Psiquiatría, Nacional Homeopático y Juárez del Centro de la Secretaría de Salud, así como para los estados de Baja California, Campeche, Colima, Tlaxcala y Veracruz.

Con la inversión dada a conocer por el IMSS, se espera una cobertura total de las recetas para ese año, de las que no se informa el número pero sirve de referencia que el año 2012 se surtieron 168 millones de recetas y 174 millones en el 2013. Aun así, sabemos de las necesidades y dificultades del sector salud para lograrlo.

Esto por cuanto hace a quienes cuentan con los beneficios de la seguridad social, sin embargo,la situación para quienes no cuentan con ella la situación puede volverse más crítica. Como ya se dijo, tres cuartas partes de la inversión en medicinas las realizan los particulares, universo en el que como siempre, la población más pobre es la que sufre las peores consecuencias, al grado de que cuando hay alguna enfermedad, según informa la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias en México (UNEFARM), el 65% del ingreso de una familia de escasos recursos lo utiliza para comprar sus medicamentos.

Definitivamente la adquisición de medicamentos es un rubro al que se destinan enormes cantidades de dinero, el 1.7% del Producto Interno Bruto. No obstante se trata de un insumo vital que no se encuentra al alcance de la totalidad de la población.

Para tratar de contrarrestar el impacto económico, la carencia y las dificultades de las familias mexicanas para acceder a los medicamentos que les permitan una mejor calidad de vida, es necesario que los sistemas de salud adopten políticas que aseguren el acceso y el uso racional de los fármacos, además de su seguridad y efectividad. Para ello, una prescripción racional implicaría un medicamento bien seleccionado, en la dosis adecuada, durante el periodo de tiempo apropiado y al menor costo posible para los pacientes y para la comunidad.

Esta concepción de racionalidad en los medicamentos implicaría a su vez, que la adquisición del medicamento fuese únicamente la cantidad necesaria o prescrita, lo que difícilmente ocurre en nuestro país, considerando que los medicamentes se expenden en presentaciones o contenidos muy independientes de las dosis contenidas en la receta médica.

Por citar hipótesis, son los casos en los que por ejemplo se prescribe un tratamiento de tres tomas diarias por siete días, con un total de veintiuna pastillas y la caja trae treinta. O el caso en que la presentación viene en contenidos de diez, en cuyo caso o se toma incompleto o bien se requiere de un tercer empaque para terminar un tratamiento con el remanente habitual en la gran mayoría de los casos.

Para incidir en el impacto económico en el gasto que implica la adquisición de medicamentos, el debido abasto, rendimiento y accesibilidad en el sector público, como en la disminución de su desperdicio es necesario implementar medidas de racionalidad a través de un cambio en las políticas de consumo. Esto puede darse a través de la adquisición de medicamentos en las cantidades prescritas, como también el que así pudiesen ser dispensadas en las farmacias de las instituciones de seguridad social y demás instituciones de salud.

Esta forma de adquisición y suministro podría, de inicio, propiciar mayores posibilidades de suficiencia y rendimiento en los medicamentos adquiridos, como también, ahorros en su adquisición por las familias mexicanas al sólo hacer gastos respecto a las dosis necesarias, esto es, las prescritas en la receta médica.

La modalidad es conocida en España bajo el término de “unidosis”, la que está siendo extensamente empleada en hospitales, ya que por sus características permiten, entre otras cosas, evitar errores de dispensación y optimizar el gasto en medicamentos al ajustarse mejor a la prescripción médica precisa del tratamiento.

La dispensación de “unidosis” en Oficinas de Farmacia está en periodo de implementación en España, donde se ha convertido en una prioridad, ya que está considerado como el segundo consumidor mundial de fármacos. Se estima que además destruye cada año 3,700 toneladas de medicamentos pagados, porque han caducado o no se han utilizado. Despilfarro que se estima en un cuando menos un 10% del gasto farmacéutico.

Los beneficios son mayores, los que se pueden sintetizar en los siguientes:

• Mitigar el impacto que tiene en la economía de las familias mexicanas la adquisición de medicinas.

• Evitar el que los medicamentos no empleados vayan a dar al mercado negro o al desperdicio.

• El mayor rendimiento de los medicamentos en el sector público.

• Reducir las posibilidades de automedicación.

• Disminuir el riesgo de accidentes o intoxicaciones en menores de edad curiosos, por consumo de medicamentos guardados y sin uso en los hogares.

• La polifarmacia (consumo de demasiados medicamentos).

En nuestro país, los controles sanitarios, de empaque, embasamiento y etiquetado de productos farmacéuticos están sujetos a estrictas normas, en las que no se prevé la posibilidad de expender cantidades exactas, por el contrario, están por así decirlo, impedidas.

España considera un desperdicio de cuando menos el 10%, pero el ahorro bajo la modalidad de “unidosis” o cantidades exactas podría alcanzar el 24% (Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia de la Universidad de Barcelona), ya que la cuantificación a que se hace alusión es realizada en base a la destrucción de medicamentos, cuyos ahorros a partir del momento de la adquisición o el suministro en las farmacias de las instituciones públicas evidentemente los superaría al evitarse el exceso desde el origen, esto es, la puesta del medicamento en las manos del consumidor.

Así pues, la peculiaridad de que en nuestro país se pudiesen adquirir y dispensar medicamentos en cantidades exactas constituiría una gran herramienta de racionalidad y economía, que se sugiere implementar en la propuesta contenida en el presente documento mediante una adición al artículo 226 de la Ley General de Salud en el que expresamente así fuera previsto. Texto que se propone en los siguientes términos:

Los medicamentos a que se refieren las fracciones I, II y II del presente artículo, podrán expedirse en dosis prescritas en la cantidad exacta señalada en la receta médica.

Además se propone una adición al artículo 227 de la misma legislación, con la finalidad de prever la herramienta jurídica que permitiera la reglamentación o normar técnicamente el expendio de cantidades exactamente prescritas, para evitar problemas con el reempaquetado de medicamentos, al evitar contradicciones con las disposiciones contra la adulteración, indebida manipulación o falsificación. Luego, por el contexto sistemático del referido artículo 227, los medicamentos susceptibles de ser dispensados en dosis prescrita serían los que señalara la Secretaría de Salud, atenta a la posibilidad de que ello no fuera posible en todos los casos. Esto, en virtud de que el texto sugerido es en los términos siguientes:

Artículo 227.- La Secretaría de Salud determinará los medicamentos que integren cada uno de los grupos a que se refiere el Artículo anterior.

El proceso de los medicamentos a que se refieren las fracciones I y II del mismo Artículo quedará sujeto a lo que disponen los Capítulo V y VI de este Título.

El transvasado o reempaquetado y etiquetado de medicamentos para su expendio en dosis prescritas, se sujetaran a las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables.

Adicionalmente cabe decir, que por cuanto hace a los establecimientos en los que se expenden los medicamentos a los que hace referencia el citado artículo 226 de la Ley General de Salud, no implicaría mayor problema por cuestiones de sanidad, pues actualmente se trata de lugares sujetos a control sanitario, licencia sanitaria y la existencia de un responsable médico, en los términos que disponen los artículos 204, 227Bis y 258 de la Ley General de Salud.

Finalmente, es de destacarse que Francia considera el modelo como una opción contra el despilfarro de botiquines y el desajuste de fármacos en la dispensación, por lo que también está siendo estudiado ahora por las autoridades sanitarias francesas para su implantación.

Así, la propuesta que tengo a bien someter a la consideración de esta Soberanía, es la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PARRAFO A LOS ARTICULOS 226 Y 227 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un párrafo a los artículos 226 y 227 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 226.- (….)

I. a la VI. (….)

(….)

Los medicamentos a que se refieren las fracciones I, II y II del presente artículo, podrán expedirse en dosis prescritas en la cantidad exacta señalada en la receta médica.

Artículo 227.- La Secretaría de Salud determinará los medicamentos que integren cada uno de los grupos a que se refiere el Artículo anterior.

El proceso de los medicamentos a que se refieren las fracciones I y II del mismo Artículo quedará sujeto a lo que disponen los Capítulo V y VI de este Título.

El transvasado o reempaquetado y etiquetado de medicamentos para su expendio en dosis prescritas, se sujetarán a las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

SEGUNDO.- La Secretaría de Salud emitirá las normas y disposiciones necesarias para la implementación de la reforma contenida en el presente decreto.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Casillas Romero.

Sonido en el escaño del Senador Aarón Irízar López.

- El C. Senador Aarón Irízar López: (Desde su escaño)Señor Presidente, para solicitarle a mi amigo el Senador Jesús Casillas, además de felicitarlo por esta importantísima iniciativa que busca no nada más la racionalidad del presupuesto, sino evitar riesgos de medicinas en mal uso, solicitarle unirme a su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador, ¿acepta la inclusión?

Sonido en el escaño de la Senadora Rocío Pineda Gochi, ¿para el mismo asunto?

- La C. Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Felicitar al Senador Casillas por esta iniciativa.

Yo creo que es muy importante, porque no solamente desde el punto de vista económico contribuye pues al bolsillo de los hogares y de la gente enferma, sino que también es como una medida preventiva para la automedicación, porque después con los excedentes de medicamentos que quedan en los hogares, pues se da comúnmente la automedicación y con esto sería una medida preventiva muy importante, y que me permita sumarme a esta importante iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, solicito a la Secretaría tome nota de ello, una vez que lo ha autorizado el Senador Casillas. Igualmente, para el mismo asunto Senador Ricardo Barroso y Oscar Román Rosas González.Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Daré trámite a una iniciativa de mi autoría, que contiene proyecto de Decreto que reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 162 de la Ley del Seguro Social, en lo relativo al Seguro de Vejez, la cual se turnará a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 162 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN LO RELATIVO AL SEGURO DE VEJEZ

(Presentada por el C. Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del PAN)

“El que suscribe, José Rosas Aispuro Torres, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con las atribuciones que me otorgan los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164, y 169, del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del Pleno de la Cámara Senadores, la presente: Iniciativa con Proyecto de Decreto de reforma en materia de Seguridad Social mediante la cual se adiciona y se complementa el primer párrafo del artículo 162 de la Ley del Seguro Social, en lo relativo al Seguro de vejez, con fundamento en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.-

.- La Seguridad Social en México, representa un esquema superlativo, real y tangible de la distribución de la riqueza y del producto del trabajo, no solo durante el desempeño de un empleo formal, actividad que otorga a los ciudadanos la capacidad económica para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, si no que también, derivado de la actividad realizada durante una vida productiva la Seguridad Social, garantiza a los trabajadores una vejez digna no solo en lo que a necesidades económicas se refiere.

.- El Seguro Social es el instrumento básico la de la Seguridad Social en México, y su organización y administración están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, de integración operativa tripartita, en razónde que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, según se desprende de lo estipulado por los artículos 4 y 5 de la ley de la materia, la Ley del Seguro Social.

.- A La Ley Del Seguro Social, en la que se encuentra reglamentada la alta encomienda de administrar y organizar la Seguridad Social, la fracción XXIX del artículo 123 de La Constitución General De La República le confiere expresamente la excepción de ser una ley de utilidad pública, y estipula que ella comprenderá los seguros de invalidez, vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería, y de cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados, y otros sectores sociales y familiares.

.- La Ley del Seguro Social recoge el mandato Constitucional contenido en la fracción XXIX del artículo 123 de La Constitución General De La Republica, en el artículo 11 de su Título Segundo, relativo al Régimen Obligatorio, en el que establece que el régimen obligatorio del Seguro Social comprende: I. Riesgos de trabajo; II. Enfermedad y maternidad;III. Invalidez y vida; IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;y, V. Guarderías y prestaciones sociales.

.- El artículo Undécimo Transitorio, de la Ley del Seguro Social vigente, establece la opción en materia de PENSIONES DE VEJEZ, de que los trabajadores asegurados con anterioridad al siete de julio de 1997, fecha de su entrada en vigor, puedan acogerse a los beneficios de la ley anterior, o sea La Ley del Seguro Social del 1° de abrilde de 1974 o a los que establecen la presente ley positiva, cuerpos de leyes que en los numerales relativos que tutelan la materia de la presente propuesta de reforma;las PENSIONES DE VEJEZ, son acordes en establecer que basta el simple hecho de cumplir los requisitos de edad y semanas de cotización reconocidas por el instituto para que sin más requisito tengan derecho al gocede las prestaciones del seguro de vejez que otorga el instituto.

.- En efecto el artículo 138 de La Ley del Seguro Socialvigente a partir del 1° de abril del año 1974, establece textualmente que:

Artículo 138. “Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el Instituto, un mínimo de quinientas cotizaciones semanales.”

La Ley del Seguro Social Vigente, en el primer párrafo del relativo artículo 162, es acorde en preconizar textualmente que:

Artículo 162. “Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el Instituto, un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales.”

Ahora bien, el artículo 139, de La Ley del Seguro Social de 1° de abril del año 1974, atenta a lo dispuesto por el artículo Undécimo transitorio, de la Ley del Seguro Social en vigor, queestablece textualmente:

Artículo 139. “El derecho al disfrute de la pensión de vejez comenzara a partir del día que el asegurado cumpla con los requisitos establecidos en el artículo anterior”.

Es claro que los trabajadores registrados bajo la vigencia de la ley anterior que cumplen la edad de sesenta y cinco años y tienen cotizadas al menos quinientas semanas reconocidas por el Instituto no requieren ningún otro supuesto para actualizar el derecho a reclamar la pensión de vejez de la que son titulares. Lo anterior es relevante, pues es claro que con la ley vigentede siete de julio de 1997, ningún trabajador registrado en el Instituto después de esta fecha, a cubierto hasta el presente, las mil doscientas cincuentasemanas de cotización, esto en razón de que como el año lectivo tiene solo 52 semanas, se requieren 25 años para cubrir las mil doscientas cincuenta semanas a que se refiere la ley vigente, supuesto que se actualizara hasta el año 2022, lo que remite a casi todos los trabajadores que reclaman el Seguro de Vejez a la ley anterior.

.- Lareforma propuesta a esta soberanía por el suscrito se justifica porque a pesar del marco jurídico referido, de manera recurrente y ociosa, personal operativo de todas las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en el país, en lugar de otorgar de manera lisa y llana la pensión de vejez a los trabajadores que cumplen con la edad y las semanas cotizadas que determina la ley, imponen como requisito a los interesados que reclaman la pensión de vejez a que tienen derecho, la carga indebida e inaplicable, de la figura DE LA CONSERVACION DE DERECHOS, inherente solo al seguro de invalidez, y al supuesto de los asegurados que hayan dejado de estar sujetos al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y regresen a éste. En efecto lo anterior es así, pues la única referencia a la figura en mención, aparece en los artículos 150 y 151, Período de Conservación de Derechos, de la Sección Séptima de la Conservación y Reconocimiento de Derechos de la Ley del Seguro Social, vigente, los que textualmente dicen:

Artículo 150. “Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio, conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro de invalidez y vida por un período igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja”.

“El tiempo de conservación de derechos no será menor a doce meses”.

Artículo 151. “El asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio y reingrese a éste, se le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones, en la forma siguiente”:I. II….

.- Esta soberanía debe de tener presente al pronunciarse sobre la reforma propuesta,que adiciona y complementa el artículo 162 de la Ley del Seguro Social vigente en materia de pensiones de vejez, que la oportunidad de que durante nuestra vida productiva podamos garantizarnos una vejez digna y de ser posible desahogada en lo que a necesidades económicas se refiere, es la pensión que el Instituto Mexicano del seguro Social tiene la obligación de otorgarnos al final de nuestra vida productiva, para hacerle frente a las necesidades y vicisitudes que nos acompañarán en nuestra edad provecta.

A).- Que dicha pensión de vejez y el bienestar personal de los trabajadores, en los términos de la fracción XXIX de la Constitución General de la República, una cuestión de interés público.

B).- Quela disposición contenida en el artículo Undécimo transitorio de la Ley del Seguro Social vigente, no hace una concesión graciosa a los trabajadores que se registraron bajo la vigencia de la ley anterior, al darles la opción de elegir a cual ley se acogen, pues tal potestad se la otorga a los trabajadores en primer lugar por sus propios derechos pre constituidos y en segundo término porlaConstitución General de la República, que impone la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley.

C).- Que existe un conflicto de leyes, entre La Ley del Seguro Social vigente a partir del 1° de abril del año 1974, y La Ley del Seguro Social Vigente a partir del siete de julio de 1997, motivado por el hecho de que como los derechos de los trabajadores son irrenunciables, la ley aplicable a las de pensiones de vejez es la de 1974. Esto en razón de que esta norma establece además de la edad de sesenta y cinco años, que el trabajador solicitante tenga reconocidas por el instituto al menos quinientas semanas de cotización, lo que se actualiza en la mayoría de los trabajadores que fueron registrados en la ley del 74, pues ellos tendrían, aun los que fueron registrados en el año 1993, las semanas requeridas; lo que no ocurre con la ley de 1997, que impone mil doscientas cincuenta semanas, pues ningún trabajador registrado durante la vigencia de esta ley a cotizado la cantidad de semanas requeridas por la misma.

D).- Pero de manera superlativa esta Soberanía debe considerar, que invariablemente en los casos en que los trabajadores dejan de cotizar por cualquier causa inherente a las cuestiones de la salud, o por decisionespersonales, en el régimen obligatorio del Seguro Social, antes de cumplir los sesenta y cinco años de edad, pero que han cumplido con las semanas requeridas de cotización, y se presentan al momento de cumplir la edad de sesenta y cinco años requeridas por la ley a solicitar su pensión de vejez, los funcionarios operativos de las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, en contravención al marco jurídico aplicable y a las disposiciones Constitucionales, exigen a los trabajadores que cumplen con la edad y las semanas de cotización, como requisito para gozar de la pensión de vejez, que trabajen al menos un año más para convalidar los derechos sobre las semanas cotizadas con anterioridad por ellos.

El fin conceptual de la presente INICIATIVA DE REFORMA, es la vinculación de la conciencia general de esta Soberanía, con el hecho ineludible de que el bienestar de los trabajadores es una cuestión de utilidad pública y que esta, no se satisface por los funcionarios menores del Instituto responsables de otorgar ese bienestar, pues arbitrariamente imponen un requisito ilegal que se convierte en una verdadera carga para los trabajadores que reclaman su pensión de vejez. Por tal motivo es necesario legislar sobre ese particular, para suprimir que trabajadores remitidos por la naturaleza a las dinámicas patológicas, personales y sociales de la edad, la imposición de retomar sus actividades laborales al menos por un año, a fin de que logren que se les proporcione lo que ya se ganaron con años de esfuerzo: “la conservación de los derechos sobre sus semanas cotizadas”, estableciendo en la norma positiva que aunque el trabajador esté o no cotizando una vez que hayan cumplido 65 años de edad y acrediten que han cubierto las semanas de cotización que exige la Ley, puedan, sin más requisitos, tramitar y obtener su pensión completa.

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Artículo Unico.- Se reforma el primer párrafo del artículo 162 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Artículo 162. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales; El derecho al disfrute de la pensión de vejez comenzará sin más estipulación, a partir del día que el asegurado cumpla con los requisitos establecidos en este artículo, o con los estipulados en el numeral relativo de la ley a la que el trabajador se acoja en razón de la fecha de su inscripción en el régimen obligatorio del Seguro Social.

TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO: El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 24 de abril de 2014.

Atentamente

Sen. Jose Rosas Aispuro Torres”.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 420 Ter del Código Penal Federal.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 420 TER DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La nación mexicana es poseedora de una biodiversidad de las más amplias del mundo, y en su territorio se encuentran áreas que son centro de origen y de diversidad genética de especies y variedades que deben de ser protegidas.

Los organismos genéticamente modificados son aquellos en los que por medio de técnicas de manipulación genética, como el uso de ADN recombinado, se les introduce en su matriz genética información de otra especie.

La biotecnología moderna es una actividad multidisciplinaria, cuyo sustento es el conocimiento generado en diferentes disciplinas como la biología molecular, la ingeniería bioquímica, la microbiología, la genómica, la ingeniería de proteínas, por mencionar algunos.

La evaluación de los riesgos al ambiente, de acuerdo con el convenio de la diversidad biológica, debe abarcar los tres aspectos en los que se manifiesta la biodiversidad; es decir, el genético, la población de especies y el ecosistémico.

Se han detectado una serie de riesgos potenciales al ambiente, asociados con la liberación de organismos genéticamente modificados con la transferencia de los transgenes. Estos riesgos se deben de considerar efectos a corto, mediano y largo plazo.

Esto implica que, incluso, desde antes de que el estudio de impacto ambiental se realice, el promotor sabe que las obras o actividades que planea llevar a cabo causarán modificaciones al ambiente, probablemente adversas, y mediante los estudios de impacto ambiental tendrá la posibilidad no sólo de cuantificar los posibles daños al ambiente, sino también preverlos, minimizarlos, mitigarlos o remediarlos, e incluso estimar cuáles serán los costos de todo ello, así como los posibles beneficios.

Este es precisamente el punto medular de la cuestión acerca de las actividades consistentes o consecuentes de la liberación de los organismos genéticamente modificados: ¿Cuáles son los daños que estas actividades provocarían al ecosistema? ¿En qué magnitud serán provocados tales daños? ¿Cuáles poblaciones de especies silvestres se verán afectadas y cómo? ¿Se alterará la estructura de las comunidades naturales? ¿Cómo? ¿Existe algún compuesto producido por los organismos genéticamente modificados que pueda considerarse contaminante? ¿Qué efectos tendrá su presencia en los diferentes elementos del ecosistema? ¿Afectará a la salud de algunas poblaciones animales o de plantas útiles? ¿Afectará a la salud humana y cómo? ¿Hay parientes silvestres en el entorno con los cuales los organismos genéticamente modificados puedan compartir genes, y cómo? ¿Existe la posibilidad de transferencia horizontal de estos genes a otros grupos taxonómicos y a qué velocidad de flujo?

Prácticamente ninguna de estas interrogantes puede responderse categóricamente, y mucho menos con una componente cuantitativa absoluta, así fuere dentro de límites estadísticos de confianza.

El estudio de riesgo pretende establecer, con claridad, los posibles daños que plausiblemente pueden presentarse a causa de la presencia de los organismos genéticamente modificados.

La metodología del estudio y de la evaluación del riesgo ecológico ha sido plenamente desarrollada en los campos de la toxicología y de la contaminación por sustancias químicas que tienen fuertes componentes hacia los riesgos para la salud humana.

Sin embargo, el estudio de riesgos en el campo de la bioseguridad por la presencia de organismos genéticamente modificados en el medio silvestre está aún en incipiente y habrá que hacer mucho trabajo teórico y práctico en esta dirección, tanto en las instituciones académicas y de investigación científica, como en los laboratorios especializados de las grandes empresas y, sobre todo, de las agencias especializadas del gobierno federal.

La Ley de Bioseguridad de Orga­nismos Genéticamente Modificados señala explícitamente que ningún organismo que haya sido genéticamente modificado puede ser utilizado como un arma biológica.

La propuesta de reforma es para prevenir y proteger al medio ambiente y la diversidad biológica del país, con un enfoque de precaución, ya que el Estado mexicano, tomando en cuenta los compromisos establecidos en tratados y acuerdos internacionales de los que es parte, tiene la obligación de cuidar, prevenir e impedir la degradación del ambiente y de la diversidad biológica.

Por lo antes expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto de Decreto:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 420 Ter del Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera.

Artículo 420 Ter.- Se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3 mil días multa, a quien, ilícitamente realice, autorice u ordene, y con el ámbito de causar daño, la introducción al país, el manejo o la liberación al ambiente algún organismo genéticamente modificadoque ocasione daños a la salud humana, al medio ambiente, a la diversidad biológica, a la sanidad animal, vegetal y acuícola, sin permiso de la autoridad correspondiente y en contravención a lo establecido en la normatividad aplicable.

Para efectos de este artículo, se entenderá como organismo genéticamente modificado, cualquier organismovivo, con excepción de los seres humanos, que ha adquirido una combinación genética novedosa, generada a través del uso específico de técnicas de la biotecnología moderna, siempre que se utilicen técnicas que se establezcan en la ley o en las Normas Oficiales Mexicanas que deriven de la misma.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura;con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, fracción l, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara Alta, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 420 TER DEL CODIGO PENAL FEDERAL.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. La Nación Mexicana, es poseedora de una biodiversidad de las más amplias en el mundo, y en su territorio se encuentran áreas que son centro de origen y de diversidad genética de especies y variedades que deben ser protegidas, utilizadas, potenciadas y aprovechadas sustentablemente, por ser un valioso reservorio de riqueza en moléculas y genes para el desarrollo sustentable del país.

II. Los organismos genéticamente modificados son aquellos en los que, por medio de técnicas de manipulación genética como el uso de ADN recombinado, se les introduce en su matriz genética, información de otra especie o información resultante de la creación de cadenas de ADN que no ocurren en la naturaleza. Los Organismos Genéticamente Modificados, pueden ser cualquier organismo vivo, con excepción de los seres humanos, que han adquirido una combinación genética novedosa, generada a través del uso específico de técnicas de la biotecnología moderna.

III. La biotecnología moderna, es una actividad multidisciplinaria cuyo sustento es el conocimiento generado en diferentes disciplinas como la biología molecular, la ingeniería bioquímica, la microbiología, la inmunología, la bioquímica, la genómica y la ingeniería de proteínas; asimismo, permite el estudio integral y la manipulación biológica de microbios, plantas y animales1.

IV. La evaluación de los riesgos al ambiente, de acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica2, debe abar­car los tres aspectos en los que se manifiesta la biodiver­sidad, es decir, el genético, las poblaciones de especies y el ecosistémico. Además, estas evaluaciones, sustentadas en evidencia científica, deben considerar todos los com­ponentes que participan en los Organismos Genéticamente Modificados: los organismos do­nadores, el organismo receptor, el método de inserción, la composición completa de la construcción genética in­sertada, el sitio del genoma receptor donde se insertó el gen, la estabilidad de la construcción genética insertada (al igual que la expresión de la misma), las condiciones del ambiente donde se quieren liberar y las interacciones de los organismos con su entorno biótico y abiótico. Más aún, para que la evaluación de riesgos tenga un carácter informativo real, debe incluir una comparación con otras alternativas de uso de los organismos convencionales.

V. Se ha detectado una serie de riesgos potenciales al ambiente, asociados con la liberación de los organismos genéticamente modificados y con la transferencia de los transgenes. Estos riesgos se pueden explorar a nivel genómico, de individuos y poblaciones y de ecosistemas. Además, se deben considerar efectos a corto, mediano y largo plazo. El impacto ambiental, como “modificador al ambiente” de origen antrópico (“obras o actividades” por los particulares, las empresas o las instancias de gobierno), y en el contexto de la necesidad y la obligatoriedad legal de la realización de los estudios correspondientes, de la elaboración y presentación de los resultados de tal estudio en el formato del documento de la Manifestación del Impacto Ambiental, y de la consecuente evaluación de dichos resultados y el eventual dictamen por parte de las autoridades en la materia, implica la toma de conciencia de que tales modificaciones pueden ser adversas, constituir un daño al ambiente, un daño de magnitudes ecosistémicas, e incluso tener grados de severidad que puedan significar desequilibrios ecológicos graves3.

VI. Esto implica que, incluso desde antes de que el estudio de impacto ambiental se realice, el promotor sabe que las obras o actividades que planea llevar a cabo causarán modificaciones al ambiente, probablemente adversas, y mediante los estudios de impacto ambiental tendrá la posibilidad no sólo de cuantificar los posibles daños al ambiente, sino también preverlos, minimizarlos, mitigarlos o remediarlos, e incluso estimar cuáles serán los costos que todo ello tendría, así como los posibles beneficios que la realización de las obras o actividades traerán a la zona o región y que habrán de contrastarse con los costos y los posibles daños ambientales.

VII. Los estudios de impacto ambiental4, deben evaluar la superficie a usar y la cantidad de suelo a remover, la cantidad y la calidad, así como los diferentes regímenes y flujos de los residuos a producir y los niveles de contaminación resultantes, tanto en la atmósfera, como en el agua y el suelo; la identidad específica y la cantidad de especímenes de especies silvestres a colectar, remover, capturar, trastocar, reubicar, desplazar, podar, replantar, extirpar, sacrificar; la reducción en varios escenarios de la cobertura vegetal, así como los diferentes plazos en que tendrá lugar la sucesión secundaria o la recuperación del elemento vegetal; la cantidad a extraer por unidad de tiempo de agua, minerales, hidrocarburos fósiles u otros elementos; los niveles de ruido, radiación electromagnética o de otras fuentes a producir; la cantidad de terreno a inundar, devastar, quemar, contaminar; la cantidad de suelo subacuático a extraer, la magnitud de la degradación, fragmentación, deterioro de ecosistemas; los regímenes de erosión a provocar, los posibles cambios climáticos a producir en los diferentes plazos; la superficie arbolada a devastar, la superficie del humedal a desecar, la superficie marina a ganar al mar posteriormente, habrá de hacerse la cuantificación de cómo prevenir algunas de estas perturbaciones, cómo atenuar otras, cómo mitigar otras más y cómo remediar o restaurar el ecosistema y cuánto costará todo ello. Además, habrá de hacerse un estudio de costo contra beneficio, tomando en cuenta todos los aspectos sociales, económicos y culturales de la región, en aras de que tanto la autoridad, como los promotores, inversionistas, empresarios, estén en posibilidades de tomar la mejor decisión al respecto, modificar el proyecto inicial, hacer recomendaciones pertinentes y condicionar su aprobación, etc.

VIII. Este es precisamente el punto medular de la cuestión acerca de las actividades consistentes o consecuentes a la liberación al ambiente de los Organismos Genéticamente Modificados: ¿cuáles son los daños que estas actividades provocarán al ecosistema? ¿En qué magnitud serán provocados tales daños? ¿Cuáles poblaciones de especies silvestres se verán afectadas y cómo? ¿Se alterará la estructura de las comunidades naturales? ¿Cómo? ¿Existe algún compuesto producido por los Organismos Genéticamente Modificados que pueda considerarse contaminante? ¿Qué efectos tendrá su presencia en los diferentes elementos del ecosistema? ¿Afectará a la salud de algunas poblaciones animales o de plantas útiles? ¿Afectará a la salud humana y cómo? ¿Hay parientes silvestres en el entorno con los cuales el Organismos Genéticamente Modificados puedan compartir genes, y cómo? ¿Existe la posibilidad de transferencia horizontal de estos genes a otros grupos taxonómicos y a qué velocidad de flujo? ¿Las posibles introgresiones tendrán efectos deletéreos en la comunidad? ¿Existe la posibilidad de que el Organismo Genéticamente Modificado se disperse? ¿Existe la posibilidad de que el Organismo Genéticamente Modificado disperso desplace competitivamente a especies nativas y a qué velocidad?, prácticamente ninguna de estas interrogantes puede responderse categóricamente, y mucho menos con una componente cuantitativa absoluta, así fuere dentro de límites estadísticos de confianza5.

IX. Lo que en caso dado puede, y deberá hacerse, es un análisis acerca de las posibles modificaciones (flujo de nuevos genes, desplazamiento competitivo de variedades locales, afectación a poblaciones de herbívoros, dispersión de contaminantes), así como las posibles secuelas de eventos desencadenados por tales modificaciones, tomando en cuenta plazos cortos, medios y largos; después, se puede decidir si tales modificaciones pueden ser consideradas adversas -y por tanto ser concebidas como “daños” -, y entonces, con todo rigor científico, hacer una estimación sobre las probabilidades de que dichas modificaciones, en efecto sucedan con diferentes escenarios de intensidad y las varias estimaciones de probabilidad asociadas, y así arribar a un análisis y evaluación del riesgo de que dichos posibles daños sucedan. Con base en esta estimación, tomar la serie de decisiones que conformarían la aceptación del riesgo, su manejo, su comunicación y los costos asociados, así como las implicaciones que todo ello tendrá para futuras decisiones.

X. Asimismo, el estudio de riesgo no pretende establecer el tipo y magnitud de los daños que habrán de producirse por causa de las obras o actividades que se llevarán a cabo. Pretende establecer con claridad los posibles daños que plausiblemente pueden presentarse a causa de la presencia de Organismos Genéticamente Modificados en el ambiente —en este caso— y calcular, también con base en el razonamiento plausible, las probabilidades asociadas a cada uno de los eslabones de eventos que llevarían a la ocurrencia del daño y, al final, establecer de modo objetivo la probabilidad asociada a aquél. En cierto modo, el riesgo se concibe como el “producto” de dicha probabilidad por la magnitud del daño.

XI. Ergo, los daños de magnitud considerable, asociados a probabilidades muy bajas pueden resultar aceptables, así como daños de magnitud pequeña asociados a probabilidades no despreciables; por otro lado, daños graves asociados a probabilidades no despreciables pueden no ser aceptables.

XII.A priori, la metodología del estudio y de la evaluación del riesgo ecológico ha sido plenamente desarrollada en los campos de la toxicología y de la contaminación por sustancias químicas que tiene fuertes componentes hacia los riesgos para la salud humana; sin embargo, el estudio de riesgos en el campo de la bioseguridad por la presencia de Organismos Genéticamente Modificados en el medio silvestre está aún en incipiente desarrollo y habrá que hacer mucho trabajo teórico y práctico en esta dirección, tanto en las instituciones académicas de investigación científica, como en los laboratorios especializados de las grandes empresas y, sobre todo, de las agencias especializadas del Gobierno Federal. Dado el estado incipiente de desarrollo, el punto de partida de todo ello debe ser —tal y como lo establece la declaración de principios del Convenio de laDiversidad Biológica— la aplicación del principio precautorio y, metodológicamente, el enfoque minucioso de estudios “caso por caso”, pertinente de manera particularmente importante a la labor de gestión del Gobierno Federal al momento de la evaluación de riesgos, como procedimiento previo a cualquier dictamen sobre la conveniencia o no de la ulterior autorización para la liberación de Organismos Genéticamente Modificados, por las autoridades ambientales federales6.

XIII. Idem, el estudio y la evaluación del riesgo ecológico representan la alternativa acertada al estudio y la evaluación del impacto, respectivamente, así como la conceptualización correcta acerca del enfoque metodológico coherente con los principios epistemológicos divergentes de la investigación científica y el desarrollo biotecnológico modernos, en relación con los conceptos de desarrollo industrial y de infraestructura que dieron lugar a la metodología de la evaluación del impacto ambiental.

XIV. Por otra parte, la posible presencia en el ambiente de organismos genéticamente modificados, plantea una serie de cuestiones a los científicos ambientales, ecólogos y agrónomos principalmente, aunque también a los científicos de la salud humana y a los sectores sociales conscientes acerca de las implicaciones que dicha presencia podría tener, en el largo plazo, en cuanto al desarrollo natural de los procesos evolutivos de las comunidades biológicas y los ecosistemas.

XV. Sin embargo, de la manifiesta preocupación acerca de que algunas de tales implicaciones pudieran representar daños a las poblaciones de especies silvestres, a las comunidades biológicas de las que forman parte, o a los ecosistemas que las contienen, han surgido inquietudes objetivas y legítimas por establecer políticas, estrategias, planes, programas y acciones que brinden atención al tema, enfoquen el asunto con la debida precaución y den seguridad a las cuestiones que motivan dichas preocupaciones y que merecen esfuerzos sociales para ello.

XVI. Dentro de estas políticas y estrategias se ha dado la necesidad del establecimiento de leyes, regulaciones y normas que den cabida a estas demandas sociales, tanto en los planos nacionales, como en el internacional. Así, en el seno de la Convención sobre Diversidad Biológica ha surgido, desde finales de la década pasada, el Protocolo de Cartagena7 sobre seguridad de la biotecnología, que pretende regular los movimientos transfronterizos de Organismos Genéticamente Modificados y los aspectos de bioseguridad implicados en tales movimientos, así como en la producción, manejo, transporte y utilización de los Organismos Genéticamente Modificados. En el plano internacional, los países están adoptando diversos mecanismos legales y adaptando sus legislaciones nacionales en aras de adecuar sus leyes y normas con propósitos análogos y similares a los del Protocolo de Cartagena.

XVII. En este contexto, la Ley de Bioseguridad de los Orga­nismos Genéticamente Modificados, así como otros instrumentos internacionales relacionados, constitu­yen un avance importante en el desarrollo de las diferen­tes actividades que llevan a cabo distintas instituciones, especialmente porque se delimitan en el ámbito nacional las competencias de las autoridades en el tema, y su obje­tivo es prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que las prácticas con Organismo Genéticamente Modificados pudieran ocasionar a la salud hu­mana, al ambiente y a la diversidad biológica o a la sani­dad animal, vegetal y acuícola.

XVIII. Ahora bien, México con graves problemas de pobreza y deterioro ambiental, y además uno de los países megadiversos y centro de origen y diversificación de importantes culti­vos candidatos a ser transformados genéticamente, tiene la responsabilidad de custodiar la integridad de su biodi­versidad. Por ello es imprescindible aplicar un enfoque precautorio que contribuya a mantener y potenciar ade­cuadamente la riqueza biológica. Así, el “cómo” se manejan los recursos genéticos en el contexto de un país al que le in­teresa el uso de la “biotecnología moderna” cobra una di­mensión importante8.

XIX. La bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, tiene como objetivo garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la utilización confinada, la liberación experimental, la liberación en programa piloto, la liberación comercial, la comercialización, la importación y la exportación de dichos organismos resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y utilización sustentable del medio ambiente y de la diversidad biológica, así como de la salud humana y de la sanidad animal, vegetal y acuícola;

XX. La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, señala explícitamente, que ningún organismo que haya sido genéticamente modificado puede ser utilizado como arma biológica. La propuesta de reforma, es para prevenir y proteger al medio ambiente y la diversidad biológica del país, con un enfoque de precaución, ya que el Estado Mexicano, tomando en cuenta los compromisos establecidos en tratados y acuerdo internacionales de los que es parte, tiene la obligación de cuidar, prevenir e impedir la degradación del medio ambiente y de la diversidad biológica9.

XXI. Por las razones con antelación expuestas, se pretende cuidar la salud humana, el medio ambiente y la diversidad bilógica, a través de la prevención de ciertas conductas que pudieran ocasionar daños incuantificables o indescriptibles por el mal uso o manejo de los organismos genéticamente modificados que sean liberados sin permiso de la autoridad correspondiente. Por estos motivos, se propone reformar el artículo 420 TER del Código Penal Federal, para buscar prevenir que en algún momento sean liberados Organismos Genéticamente Modificados al ambiente por terceros no autorizados y sin permiso de la autoridad para realizar dicha acción.

Por lo antes expuesto y fundado, se propone el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 420 TER DEL CODIGO PENAL FEDERAL

CAPITULO TERCERO

De la bioseguridad

Artículo 420 Ter.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, a quien, ilícitamente realice, autorice u ordene, y con el ámbito de causar daño, la introducción al país, el manejo, o la liberación al ambiente algún organismo genéticamente modificado que ocasione daños a la salud humana, al medio ambiente, a la diversidad biológica, a la sanidad animal, vegetal y acuícola, sin permiso de la autoridad correspondiente y en contravención a lo establecido en la normatividad aplicable.

Para efectos de este artículo, se entenderá como Organismo genéticamente modificado, cualquier organismo vivo, con excepción de los seres humanos, que ha adquirido una combinación genética novedosa, generada a través del uso específico de técnicas de la biotecnología moderna, siempre que se utilicen técnicas que se establezcan en la Ley o en las normas oficiales mexicanas que deriven de la misma”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Garza Galván. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Saludamos la presencia de un grupo jóvenes procedentes de los municipios de Senguio y Maravatío del estado de Michoacán, invitados por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación.

1 Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

2 Convenio sobre la Diversidad Biológica en Nairobi.

3 Ortiz, S. y E. Ezcurra, "Gaceta Ecológica", Núm. 60, Instituto Nacional de Ecología, México, 2001.

4 La liberación al Ambiente de Organismos Genéticamente Modificados, INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA.

5 Diferencias Conceptuales y Metodológicas entre los Estudios del Impacto y los de Riesgo Ambiental. INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA

6 Diferencias Conceptuales y Metodológicas entre los Estudios de Impacto y los de Riesgo Ambiental. INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA.

7Protocolo de Cartagena Sobre Seguridad de la Biotecnología. Montréal.

8 La bioseguridad en México y los Organismos Genéticamente Modificados: como enfrentar un nuevo desafío,Francisca Acevedo Gasman.

9Por un uso Responsable de los Organismos Genéticamente Modificados. Comité de Biotecnología Academia Mexicana de Ciencias.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTICULO 39 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Este proyecto de Decreto que propone reformar las fracciones I y III del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, tiene el mismo espíritu de la iniciativa que me permití presentar a esta Soberanía el día de ayer.

Es decir, el espíritu es fomentar la inversión con el objeto de generar desarrollo y fuentes de empleo en las zonas con un mayor rezago económico a través de la exención de pago de contribuciones, así como el otorgamiento de subsidios y estímulos fiscales dirigidos a inversionistas dispuestos a desarrollar proyectos productivos en las zonas de moderada y alta marginación. Es decir, busca ser complementaria con la iniciativa que presentamos el día de ayer.

En este contexto, igual como lo expresaba en la sesión pasada, me permito reiterar la postura de que para un servidor la exención o condonación es precisamente esa acción gubernamental, o por razón de ley, de excluir de la obligación de pago a los sujetos pasivos del impuesto.

Y vuelvo a insistir que debe ser obligación del gobierno federal impulsar a toda costa la justicia, principalmente en las zonas que concentran a la población con más altos índices de marginación y cuyo número, en términos reales, es alarmante.

Por ello, insisto en que debemos promover en mayor medida, no solamente programas, sino también acciones que busquen crear oportunidades de índole productiva que sirvan como fuentes generadoras de ingresos y empleos. Es decir, necesitamos trascender de manera contundente y objetiva de una justicia, que muchos entendemos como justicia social asistencialista, hacia la implementación de mecanismos dinámicos de producción encaminados a reducir rezagos entre los grupos sociales con mayor marginación.

En este sentido, esta misma iniciativa busca tener este doble impacto; es decir, busca que el objetivo principal de esta propuesta es fortalecer y promover las inversiones en sectores de la población con altos índices de pobreza, pero también que dichas exenciones se vuelvan el principio constitucional que satisfaga claramente las necesidades legales para condonar dichos pagos y con esto limitar efectos no deseables en los casos previstos por ese artículo 39 del Código Fiscal, a fin de construir una estrategia bajo los supuestos ya mencionados en el precepto que estamos comentando.

Quiero ubicar, para concluir esta intervención, que este artículo 39, en su fracción III señala que la concesión de subsidios o estímulos fiscales, que en términos económicos tienen el mismo efecto que las condonaciones, y de este modo nosotros pensamos que resulta viable, entonces, que desde el máximo ordenamiento jurídico de nuestra nación se pueda dar cabida a estos principios que en los hechos están tutelados por las leyes secundarias y que satisfacen condiciones jurídicas.

Pero, por el otro lado, también planteo que buscamos que esas exenciones integren al sector productivo que decida trasladar inversión a esas zonas, las más pobres del territorio nacional, a través de esta reforma al Código Fiscal de la Federación.

Por lo tanto, compañeras y compañeros, y con esto concluyo, señor Presidente, observamos que hoy en día existen en el país los instrumentos normativos para que la inversión se fomente, pero creemos, lo digo de manera clara y subrayada, que el tema específico relativo a la exención del pago de impuestos dirigida al sector productivo que invierta en zonas de moderada y alta marginación, no se ha tocado de manera profunda por medio de reformas de este índole constitucional y federal.

Por lo que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propone no seguir permitiendo que se den estas circunstancias, y por ello nuestro propósito es no seguir permitiendo que se den estas circunstancias y que la fuerza de los grupos empresariales del país, que sin duda en muchos casos es fuerte, pero que no nos quedemos hoy con los brazos cruzados y que podamos buscar que esta fuerza se pueda canalizar hacia las zonas más pobres, más marginadas de nuestra nación.

Por lo tanto, reitero, es un complemento con la iniciativa que presentamos el día de ayer. Y de igual forma, como lo hice en la sesión pasada, señor Presidente, de rogar que para mayor comprensión de mis compañeras y compañeros Senadores, la propuesta que estoy presentando quede inserta, de manera completa, en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchísimas gracias, a todas y a todos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito, Angel Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 39 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente propuesta tiene como propósito fundamental, fomentar la inversión con el objetivo de generar desarrollo y fuentes de empleo en las zonas con un mayor rezago económico a través de la exención del pago de contribuciones, así como el otorgamiento de subsidios y estímulos fiscales dirigidos a inversionistas dispuestos a desarrollar proyectos productivos en zonas de moderada y alta marginación.

Como todos sabemos, la exención o condonación es la acción gubernamental o por razón de ley de excluir de la obligación de pago a los sujetos pasivos del impuesto.

Es obligación del gobierno federal impulsar, a toda costa, la justicia social principalmente en las zonas del país que concentran a la mayor población con los más altos índices de marginación y cuyo número, en términos reales, es alarmante.

La Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó que para el año 2012 existían en territorio nacional 53.3 millones de personas en situación de pobreza de los cuales 41.8 millones en pobreza moderada y 11.5 en pobreza extrema.

La Comisión de referencia considera utiliza para su definición de pobreza, las situaciones de vida de la población a partir de tres espacios: el del bienestar económico, el de los derechos sociales y el del contexto territorial.

Por otro lado, los indicadores para medir la dimensión de la pobreza que incorpora la CONEVAL son:

• Ingreso corriente per cápita.

• Rezago promedio educativo en el hogar.

• Acceso a servicios de salud.

• Acceso a seguridad social.

• Calidad y espacios de la vivienda.

• Acceso a servicios básicos en la vivienda.

• Acceso a la alimentación.

• Grado de cohesión social.

A partir de esta definición y utilizando estos indicadores se determinan las Zonas de Atención Prioritaria, que tutela el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, que en lo conducente estipula:

Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta Ley.

Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta Ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la Política Social.

A su vez el artículo 30 de la misma Ley señala que el Ejecutivo Federal revisará de manera anual estas Zonas con base en las evaluaciones de resultados que para el efecto realice el Consejo.

Las últimas estimaciones realizadas por el CONEVAL acerca de las zonas con mayor índices de pobreza efectuadas en el año 2005 arrojaron que la entidad en mayor situación de pobreza es Chiapas, le siguen los estados de Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Durango.

En el entorno municipal las evaluaciones determinaron que, San Lorenzo Texmelucan, Oaxaca, es el municipio con el mayor porcentaje de población en condición de pobreza, seguido por los municipios chiapanecos de San Juan Cancuc, Chanal y Santiago el Pinar, así como Chichiquila, municipio de Puebla.

De manera tal, tenemos que encontrar más mecanismos para abatir este mal. No sólo a través de programas sociales asistencialistas de gran envergadura solucionaremos esta grave situación, que si bien sabemos será difícil de erradicar en su totalidad, si se pueden lograr avances significativos. Desde nuestro particular punto de vista creemos que al paso de los años lo que más acota los esfuerzos por reducir estos números es la falta de voluntad política. Lo hemos denunciado en un sinfín de ocasiones, a pesar de la existencia de una gran gama de programas sociales, la focalización orientada por intereses de grupo merma su aplicación y en consecuencia los resultados.

Se tienen que promover, en mayor medida, programas y acciones tendientes a crear oportunidades de índole productiva que sirvan como fuentes generadoras de ingresos y empleos; necesitamos trascender de manera contundente y definitiva de una justicia social asistencialista hacia la implementación de mecanismos dinámicos de producción encaminados a reducir rezagos entre los grupos sociales con mayor marginación.

El artículo 28 de nuestra Constitución en lo conducente señala que:

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

El debate acerca de esta disposición ha sido amplio pero al final se ha interpretado que el fin del constituyente permanente al incluir al texto: “…en los términos y condiciones que fijan la leyes…”; fue el de instituir las condonaciones impositivas bajo circunstancias debidamente fundadas conforme a derecho, ya que se ha privilegiado la interpretación en el sentido de que se prohíbe la exención de impuestos concedida a título individual.

En los hechos y en consecuencia de que los criterios de interpretación a esta disposición han sido variables, la constitucionalidad de preceptos fiscales ha quedado manifiesta en las fracciones I y III del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación que estipula en lo conducente:

El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá:

I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

II.

III. Conceder subsidios o estímulos fiscales.

El tipo de perdón al pago de impuestos que establece el articulado en cita, es considerado necesario y por consecuencia sano para la economía nacional.

Esta iniciativa pretende tener un impacto doble, ya que si bien es cierto el objetivo principal de esta propuesta es el de fortalecer y promover las inversiones en sectores poblaciones con altos índices de pobreza, también buscará que estas exenciones se vuelvan un principio constitucional que satisfaga claramente las necesidades legales para condonar dichos pagos y con esto limitar efectos no deseables en los casos previstos por el artículo 39 del Código Fiscal, a fin, de constituir una estrategia fiscal bajo los supuestos mencionados en el precepto de referencia que sirva en beneficio de la economía del país.

El artículo 39 señala en su fracción tercera sobre la concesión de subsidios o estímulos fiscales que en términos económicos tienen el mismo efecto que las condonaciones, de este modo pensamos que resulta viable que desde el máximo ordenamiento jurídico de nuestro país se dé cabida a estos principios, que en los hechos están tutelados por leyes secundarias y que satisfacen condiciones jurídicas; por lo que consideramos que es pertinente que se eleve a rango constitucional la materia de exenciones.

Por otro lado, buscamos que las exenciones también integren al sector productivo que decida trasladar inversión a las zonas más pobres del territorio nacional a través, de una reforma al Código Fiscal de la Federación.

La Carta Magna en su artículo 73, fracciones XXIX-F y XXIX-D; que aluden, respectivamente, a la facultad del Congreso para:

a) Expedir las leyes sobre la planeación nacional del desarrollo económico y social. Esta representa una de las facultades más importantes en la evolución del Estado, ya que con ella puede contar con leyes adecuadas al momento histórico que se esté viviendo, y poder así inyectar un impulso vigoroso para elevar las condiciones de vida del país.

b) Expedir leyes que fomenten la inversión mexicana, regulen la inversión extranjera, la transferencia de tecnología junto con la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos necesarios para el desarrollo nacional.

Ejemplos de lo anterior los encontramos en los ordenamientos siguientes: Ley General de Desarrollo Social, Ley de Inversión Extranjera, Ley Para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

En este orden de ideas, varios estados cuentan con una normatividad que fomenta el desarrollo económico y que contemplan incentivos fiscales, son los casos del Distrito Federal, Jalisco, Veracruz y Quintana Roo.

Observamos que existen en el país los instrumentos normativos para que la inversión se fomente, pero creemos que el tema específico, relativo a la exención del pago de impuestos dirigida al sector productivo que invierta en zonas de moderada y alta marginalidad no se ha tocado de manera profunda por medio de reformas de índole constitucional y federal.

En los últimos años, mediante la Ley de Ingresos de la Federación se han instituido diversos estímulos fiscales, que incluyen elementos comunes para efectos del impuesto sobre la renta.

Asimismo, existe a nivel nacional una inclinación implícita de dar estímulos fiscales a sólo algunos grupos empresariales, con objeto de utilizar este medio para el fomento económico de algunas actividades.

Hay opiniones, a las que nos sumamos, del siguiente tenor:

Los estímulos fiscales otorgados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Congreso de la Unión en el tiempo han carecido de permanencia ya que no brindan a los contribuyentes una certeza jurídica sobre la planeación de inversiones a mediano y largo plazo.

Por el contrario, en los últimos años, considerando el tipo de incentivos otorgados, parecería ser que el objetivo que se persigue con su otorgamiento atiende más a problemas sectoriales, rescates obligados, o bien a muestreos sobre posibles impactos económicos o sociales por su otorgamiento.1

En la Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática nos hemos determinado a no seguir permitiendo que se den estas circunstancias. Nuestro propósito es claro: la fuerza de estos grupos empresariales es fuerte pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados, si no hay apoyo por parte de otras fuerzas políticas para contrarrestar estos hechos, tenemos que actuar.

De modo que nuestra propuesta, centra su objetivo en llamar a la inversión a grupos empresariales a fin de que lleven capitales a zonas marginales a través del estímulo fiscal vía exenciones y subsidios para que generen desarrollo y empleo.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

UNICO.- Se reforman las fracciones I y III del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 39.- El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá:

I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias; asimismo a las empresas que decidan realizar proyectos de inversión en zonas de atención prioritaria de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social.

II. ...

III. Conceder subsidios o estímulos fiscales dando especial atención a las empresas que decidan realizar proyectos de inversión en zonas de atención prioritaria de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya. Con gusto se insertará de manera íntegra en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mely Romero Celis, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Agraria.

1 BAKER & McKENZIE ABOGADOS, S.C., “Análisis crítico, reflexiones y oportunidades para las empresas y sus accionistas en los ámbitos: Fiscal, Laboral, Corporativo, Financiero y Ambiental, entre otros”, Reforma Fiscal 2005. Monterrey, Nuevo León, México, 8 de Diciembre de 2004, pág. 9





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por la C. Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y de los CC. Senadores Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Manuel Humberto Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Mely Romero Celis: Muchas gracias, señor Presidente.

En México hay 5.7 millones de ejidatarios, lo que puede ser lo mismo a 5.7 millones de familias, en muchos casos, familias extendidas, para quienes la tierra es su más valiosa posesión.

Muchos de ellos, convencidos de nunca dejar ir esas tierras, aún a pesar de que no necesariamente les generan ingresos significativos o ingresos suficientes para el sostenimiento de sus familias.

Sin embargo, existe una realidad inherente a estas familias, que durante generaciones han dependido de una parcela o de la tierra ejidal, derivado de los preceptos legales que se contemplan en la legislación agraria.

La iniciativa que presento a nombre de mis compañeras y compañeros, los Senadores Ivonne Alvarez, Angélica Araujo, Manuel Humberto Cota, Margarita Flores, Lisbeth Hernández, María del Rocío Pineda y Gerardo Sánchez García, contempla modificaciones a diversos artículos de la Ley Agraria.

Y es que desde la Revolución Mexicana, en 1910, se han sentado las bases para cambiar el régimen de propiedad. La Constitución de 1917 fue la primera en el mundo en acoger e incorporar reivindicaciones agrarias y sociales.

Son diversas disposiciones las que están contempladas en la normatividad agraria, que contemplan cómo debe ser distribuida la propiedad social; cómo se contempla como patrimonio de ejidos y de comunidades las tierras; quiénes son los beneficiarios de las mismas y de los frutos que ellas producen.

Además de cómo será la sucesión o la herencia, en su caso, de estas tierras.

Y es precisamente la sucesión testamentaria la que ha estado sujeta a la voluntad expresa del ejidatario o del comunero, a través de un testamento o de una sucesión legítima.

Hay diversos ordenamientos que contemplan, y que de hecho se han venido modificando en este tema de la sucesión legítima y del testamento agrario.

Desde 1934 ya se contemplaba cómo los derechos pasarían a las personas que dependían económicamente o que fueran familiares directos del titular del derecho parcelario.

En 1940, además, se sustituye la palabra “parcela” por la de “unidad individual de dotación”. Y hay algunos cambios en el mismo, para incorporar ahora no solamente a la esposa, sino a la concubina, a los hijos y a todos los dependientes económicos de la persona que posee el título.

En 1971 se contempla en la reforma agraria el concepto de parcela, como patrimonio familiar. Es decir, que al titular o al ejidatario se le obligaba a testar a favor de su cónyuge y de sus hijos, específicamente, y de los dependientes económicos de él.

Hubo, además, una precisión de qué sucedería si no hay un testamento específico agrario o una lista de sucesores, que también venía contemplando la legislación anteriormente.

En el caso de que no exista ninguno de los dos, entonces sería la asamblea general quien decida, en definitivo, quién será nuevo beneficiario de la parcela ejidal.

Además, hay la contemplación de que deben inscribirse en el Registro Agrario Nacional todas las resoluciones que reconozcan, modifiquen o extingan derechos agrarios, los propios certificados y títulos de derechos agrarios y, además, la lista de sucesión.

En 1992 hay una reforma muy importante en materia agraria, y se contemplan, a partir de esta fecha, dos tipos de sucesión: la testamentaria y la intestamentaria, específicamente.

Se describen muy claramente algunos procedimientos para ambos casos y se reitera, una vez más, la disposición de que debe haber una lista de sucesión que formule el ejidatario y que debe ser depositada en el Registro Agrario Nacional.

Todas estas modificaciones nos van llevando a lo que hoy en día está vigente, para que los mismos ejidatarios cobren conciencia de cómo deben de garantizar que ese terreno ejidal se conserve en sus familias.

Sin embargo, aún cuando la legislación sí contempla algunos procedimientos específicos, sucede que hoy en día hay numerosos ejemplos; miles de familias cuyas cabezas; generalmente son los hombres, o fallecen, o emigran o abandonan el hogar por alguna circunstancia, dejando con incertidumbre a la esposa, a los hijos, a los dependientes económicos.

Hay diferentes situaciones que se ocasionan y que, de hecho, aún cuando existen preceptos legales, hay confusión en la aplicación en alguno de estos casos.

Cito dos situaciones muy concretas que se vienen suscitando en nuestro país.

En primer lugar, cuando el esposo emigra o se separa de la familia, por alguna situación, entonces se quedan con la responsabilidad de la tierra, de trabajarla, de hacer los pagos que se requieren para limpiar, para sembrar, para cuidar, para cosechar la misma tierra, así como sus cultivos; toda la familia se queda con esta responsabilidad.

Pero además, se queda sin la posibilidad de obtener ingresos propios significativos, ni mucho menos de acceder a los fondos del gobierno federal para obtener apoyos a la productividad o financiamientos.

Esto, sobre todo, cuando el titular se va, aunque no necesariamente ha fallecido. Porque cuando sí fallece, es cuando la legislación contempla más concretamente el mecanismo para designar al nuevo beneficiario.

Sin embargo, sucede, desafortunadamente, que una parcela puede quedar finalmente en manos de una persona, con todos los fundamentos legales, ajena a la familia que originalmente poseía la misma.

Y esta la familia, habiendo dependido por generaciones de la tierra, incluso de los frutos de la misma, se queda desprotegida sin sustento para la esposa o concubina, ni para los hijos.

Estas situaciones son muy concretas y debemos de hacer algunas modificaciones a las leyes específicas para que quede más preciso qué pasaría en tales circunstancias, y que podamos dar certidumbre a las familias que vienen dependiendo de tan valioso patrimonio para que no se queden a la deriva ante la ausencia de quien es legalmente el titular.

Por lo tanto, con la presente iniciativa que solicito, señor Presidente de la Mesa Directiva, sea inscrita completamente en el Diario de los Debates, es que proponemos modificación a los artículos 13 Bis, 17, 18 y 80 de la Ley Agraria, así como una modificación a la denominación de la Sección Segunda, establecida en el Capítulo I del Título Tercero, a fin de que se pueda incluir la figura de posesionarios en la misma.

Y leo solamente algunos extractos de la propuesta de reforma en sí, para clarificar los avances que estamos buscando.

En principio, incorporamos a través del artículo 13 Bis, la definición del concepto de posesionarios del ejido.

Para los efectos de esta ley, son posesionarios del ejido aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los posesionarios gozan de los mismos derechos que esta ley les confiere.

Con esto estaríamos posibilitando que las esposas o concubinas que se quedan como posesionarias de las tierras, también accedan a los recursos del gobierno federal, que sí los hay, para que a través de apoyos o de financiamientos puedan capitalizarse y puedan fortalecer su actividad agropecuaria.

Además, se contempla que el o los herederos estén obligados a la manutención del o la cónyuge o concubina hasta su muerte o cambio de estado civil y a los hijos menores que dependan económicamente del ejidatario y comunero fallecido, hasta que cumplan 18 años, salvo que estén incapacitados física o mentalmente para trabajar.

Con estos dos párrafos que estamos incluyendo, estamos seguros que damos mayor certeza para que las familias que dependen y que han dependido durante generaciones de una propiedad tan valiosa como es la propiedad ejidal, lo sigan haciendo mientras estén en condiciones de vulnerabilidad.

Hay diversas modificaciones más, sin embargo, solicito simplemente que sean inscritos de manera íntegra en el Diario de los Debates, para que esta iniciativa que tengo toda la certeza que podrá prosperar con el apoyo de los señores legisladores de esta Cámara de Senadores, para que podamos con ello apoyar a las mujeres y, sobre todo, a las familias de las zonas rurales de nuestro país.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Los que suscriben, MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MANUEL HUMBERTO COTA JIMENEZ, MARGARITA FLORES SANCHEZ, LISBETH HERNANDEZ LECONA, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI y GERARDO SANCHEZ GARCIA, Senadores de la República por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 72, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 164, numerales 1 y 2, y 169, numeral 1, éstos últimos del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 13, 17, 18 Y 80, Y SE MODIFICA LA DENOMINACION DE LA SECCION SEGUNDA ESTABLECIDA EN EL CAPITULO I DEL TITULO TERCERO A FIN DE INCLUIR LA FIGURA DE POSESIONARIOS, DE LA LEY AGRARIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La Revolución mexicana de 1910 constituyó un movi­miento armado que trastocó el orden de cosas existente para dar paso a un nuevo régimen, con la promulgación de la Constitución de 1917, primera en el mundo en que acoge e incorpora reivindicaciones agrarias y sociales.

México tenía entonces que diseñar las instituciones que le dieran sustento; transitar paso a paso, sobre vías propias y adecuadas a las condiciones imperantes en ese momento; por ello, el Gobierno Federal a través del extinto Departamento Agrario, tramitó expedientes de diversas acciones agrarias para dotar y entregar tierras a los núcleos ejidales carentes de tierras y también instauró expedientes de Restitución, Confirmación y Bienes Comunales para legitimar a las comunidades indígenas en toda la República Mexicana a través de la emisión de resoluciones presidenciales y posteriormente, mediante sentencias dictadas por los Tribunales Agrarios.

Fue así, que se incorporan como propiedad social al patrimonio de ejidos y comunidades las tierras concedidas y legitimadas, mismas que se destinan para satisfacer las necesidades de sus miembros que resultan beneficiados y cuyos nombres se inscriben en el Registro Agrario Nacional –RAN-, estimando que esos bienes y derechos fueron inalienables, imprescriptibles e inembargables; sin embargo, con el cambio de leyes, respecto a los derechos agrarios individuales y la forma de transmitirlos por sucesión, cambia radicalmente en el año de 1992 en que la vigente Ley Agraria, acuerda que la sucesión será de manera ágil, sencilla y práctica, para tal designación bastará que formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas, así como el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento; destacando la importancia de este tema porque las disposiciones legales actuales regulan los derechos individuales de más de 5 millones 700 mil ejidatarios y comuneros.

En ese sentido, es importante señalar quela sucesión testamentaria, históricamente se ha sujetado a la voluntad expresa del ejidatario o comunero, por medio del testamento agrario y la sucesión legitima, que surge cuando no existe aquel o los sucesores designados están imposibilitados material o legalmente y en tal supuesto, la adjudicación de esos derechos se rige por el orden de preferencia establecido por las diversas legislaciones agrarias que a continuación se hacen referencia para conocer su evolución:

I.- El Código Agrario de 1934, emitido el 22 de marzo de 1934 y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 12 de abril del mismo año; en su artículo 140 destacó: que en caso de fallecimiento del adjudicatario, sus derechos pasarán a la persona o personas a quienes protegía aun cuando no hubiesen sido sus parientes, siempre que hubieran vivido en familia con él. Cada adjudicatario al recibir la parcela registraba una lista de las personas que vivan a sus expensas expresando el nombre de quien a su fallecimiento, deba sustituirlo como jefe de familia; sin incluir a personas que tengan otra parcela y solo tienen el derecho a ser incluidas en la lista de sucesión: la mujer del ejidatario, los hijos, las personas de cualquier sexo que hayan formado parte de su familia y se incluía un menor de 16 años, incapacitado para dirigir la explotación, el consejo de vigilancia designará quien lo haga; y el ejidatario al morir, no halla sucesores o este renuncie, o sea privado legalmente de ella, la asamblea resolverá sobre la adjudicación, por mayoría de dos terceras partes, con aprobación del Departamento Agrario. La designación de sucesor y sus cambios deberían inscribirse en el Registro Agrario Nacional, en los términos del artículo 113, fracciones VI y VII del citado Código Agrario.

II.- El Código Agrario de 1940, emitido el día 23 de septiembre de 1940, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre del mismo año, en su artículo 128, estableció, que el ejidatario beneficiado con su derecho agrario podía disponer en herencia de su parcela y se sustituyó la palabra parcela por la de unidad individual de dotación.

III.- El Código Agrario de 1942, emitido el día 30 de diciembre de 1942, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 1943, en su artículo 162 determinó el contenido del derecho sucesorio testamentario de las precitadas legislaciones, facultándolo para designar heredero que le suceda en sus derechos, entre las personas que dependan económicamente de él aunque no sean sus parientes y al darse la posesión definitiva, el ejidatario formula la lista de personas que vivan a sus expensas designando a su heredero o que al tiempo de su fallecimiento este haya muerto, o se haya ausentado definitivamente del núcleo de población, la herencia corresponderá a la mujer legitima o la concubina, con la que hubiere procreado hijos, o a aquella con la que hubiera hecho vida marital durante los seis meses anteriores al fallecimiento, a falta de mujer, heredaran los hijos y en su defecto, las personas que el ejidatario haya adoptado o sostenido, prefiriendo entre los primeros al de más edad y entre los segundos a aquel que hubiese vivido durante más tiempo con el ejidatario, no pudiendo heredar quien disfrute de unidad de dotación o parcela. El artículo 164 de la misma legislación establece que en caso de que no haya heredero, o de que este renuncie a sus derechos, la Asamblea de ejidatarios resolverá por mayoría de las dos terceras partes y la aprobación de la autoridad competente, a quien deberá adjudicarse la unidad de dotación, respetando el orden de preferencia que establece el artículo 153 del mismo código. El articulo 338 fracciones X y XII señala que deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional, los títulos de las parcelas ejidales y las listas de sucesión de esos derechos.

IV.- La Ley Federal de Reforma Agraria, emitida el día 16 de marzo de 1971, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril del mismo año, en su artículo 81 consideró a la parcela como patrimonio familiar, obligaba al ejidatario a testar a favor de su cónyuge e hijos, o en defecto de ellos a la persona con la que tuvo vida marital, siempre que dependan económicamente de él y en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento.

Así, el artículo 82 de esta ley, señala que cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores o cuando ninguno de los señalados, pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo al siguiente orden de preferencia: a) el cónyuge que sobreviva; b) a la persona con la que hubiere hecho vida marital y procreado hijos; c) a uno de los hijos del ejidatario; d) a la persona con la que hubiere hecho vida marital durante los dos últimos años y e) a cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él, en los casos de los incisos b), c) y e), si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, la asamblea opinará, quien de entre ellas deba ser el sucesor, quedando a cargo de la Comisión Agraria Mixta la resolución definitiva.

Cuando no es posible adjudicar una unidad de dotación por herencia, la asamblea general la considerara vacante y la adjudicara conforme a lo dispuesto por el artículo 72, debiendo en todos los casos tener capacidad individual especial para ser ejidatario cumpliendo los requisitos que fijaba el artículo 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

El articulo 446 indica que deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional, todas las resoluciones que reconozcan, creen, modifiquen o extinguen derechos agrarios, los certificados y títulos de derechos agrarios y las listas de sucesión. En caso de controversia, validez de las asambleas generales en la que opinen sobre a quién corresponde heredar los derechos agrarios y la nulidad de los actos y documentos que contravenga las leyes agrarias se resolvía, en los términos de los numerales 36, 82, 406 al 412 de la Ley Federal de Reforma Agraria por la Comisión Agraria Mixta de la Entidad Federativa correspondiente, la que adjudicara a quien tenga un mejor derecho a heredar el derecho agrario controvertido.

V.- La Ley Agraria emitida el 23 de febrero de 1992, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1992, también precisa los dos tipos de sucesión testamentaria e intestamentaria. La primera está regida por el artículo 17 y la segunda por los artículos 18 y 19.

Respecto a la sucesión testamentaria, el artículo 17 de la Ley Agraria faculta al ejidatario o comunero para designar o nombrar la persona o personas que deban sucederlo en su parcela y en los demás derechos agrarios que sean inherentes, para el caso de su fallecimiento.

El testamento agrario no tiene una forma especial, por lo que basta que se exprese por escrito la voluntad del testador en relación a la o las personas que deban sucederle al fallecer, de acuerdo al orden de preferencia que señale, debiendo los designados tener capacidad agraria individual señalada en el artículo 15 de la Ley Agraria, es decir, que sean mexicanos, mayores de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario, pudiendo designar a cualquier persona.

Para que tal designación sea válida y eficaz, se establecen básicamente dos formas de hacer la designación de sucesores:

1. Que la lista de sucesión que formule el ejidatario deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional; o bien,

2. Que esa lista de sucesión sea formalizada ante notario público.

De lo anterior se infiere que el ejidatario tiene la posibilidad de manifestar su voluntad en forma expresa, a través de la formulación de la lista de sucesión precitada y para que tenga plena eficacia o validez esa lista, puede hacer su depósito en el Registro Agrario Nacional, o bien formalizar esa lista de sucesión ante Notario Público, pero además de esas facultades el precepto legal citado tiene la posibilidad de otorgar testamento ordinario con todas las formalidades legales que prevalecen en esta clase de disposiciones testamentarias ya que no está impedido para ejercitar el derecho de otorgar testamento ordinario con las formalidades que la legislación civil exige de todos sus derechos, incluyendo los agrarios, pues en ninguna parte del ordenamiento agrario se prohíbe que el ejidatario otorgue testamento acorde a las normas civiles.

A mayor abundamiento, si la lista de sucesión es modificada por el propio ejidatario o comunero a través de testamento posterior, éste será válido y en este supuesto únicamente será válida la disposición de fecha posterior pues debe entenderse que la anterior designación queda revocada de pleno derecho ya que existe revocación expresa, de ahí que se concluya que será válida y eficaz la lista modificada o de designación de sucesores de fecha posterior porque tácitamente se revocó la anterior al existir un cambio de voluntad del ejidatario, comunero y posesionario.

La sucesión intestamentaria, se encuentra plasmada en lo establecido por los artículos 18 y 19 de la vigente Ley Agraria.

En ese tenor, en los numerales 1 y 2 del artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se establece que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente, y nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. En tanto, en el numeral 1 del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José-, señala textualmente que “toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes”. Ahora bien, en el artículo 14, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mandata que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades”; éste último se entiende y refiere como el derecho humano de seguridad jurídica sobre la propiedad.

El Dr. Jorge Adame Goddard, quien es investigador de tiempo completo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha manifestado que el principio humano de seguridad jurídica se materializa en dos clases, la objetiva y subjetiva. La primera, objetiva, la refiere que el derecho es concebido como un sistema u ordenamiento jurídico, que determina la jerarquización de las normas y a partir de ellas se empiecen a crear nuevas normas, las cuales deberán ser incorporadas de manera válida al sistema, además, de proporcionarle a los órganos jurisdiccionales los parámetros de interpretación para la solución de conflictos que le sean planteados, es decir, la supra subordinación de la ley fundamental respecto a los demás ordenamientos legales y en función de ello se cristalice el principio de supremacía constitucional.

La seguridad jurídica subjetiva, la alude a cada enunciado que conforma una norma jurídica, en dichos enunciados se establecen obligaciones, prohibiciones o permisiones a los sujetos a quien va dirigida la norma jurídica, a través de ella se da paso a los principios de previsibilidad y certidumbre jurídica para que el sujeto de la misma vislumbre su actuar ante el Estado de Derecho.1

No obstante lo anterior, debemos considerar a fondo que el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares –PROCEDE-, y el actual programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar –FANAR- donde la Asamblea general de ejidatarios en los términos del artículo 23 fracción VII de la Ley Agraria, en relación con los artículos 56 y 57, y el Reglamento de la Ley Agraria, en materia de Certificación de Derecho Ejidales y Titulación de Solares, emitido el 5 de Enero de 1993, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero del mismo año, han reconocido derechos a todos los posesionarios de tierras ejidales, con lo cual se incrementó el número de parcelas en posesión de ejidatarios, comuneros y posesionarios; la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional al calificar de forma procedente los trabajos del PROCEDE y los del FANAR, expidió a éstos no un certificado sino en la mayoría de los casos, dos o más certificados que acreditan la posesión de su parcela, donde en algunas de éstas se encuentran edificadas las casas habitación de la esposa y de los hijos de ejidatarios, comuneros y posesionarios.

En efecto, el artículo 18 de la Ley Agraria establece una serie de supuestos de mucho interés para la materia pero que a su vez han sido poco desarrolladas normativamente así como juridicialmente en jurisprudencia, en lo particular nos referimos a la hipótesis de la subasta pública de tierras ejidales, ya que dicho artículo dispone que para el caso de que resulten dos o más personas con derecho a heredar los derechos del ejidatario, se deberán poner de acuerdo quien, de entre ellos conservará los mismos y en caso contrario la parcela será subastada .

En el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de octubre de 2012, en sus artículos del 77 al 80, establece entre otras cosas, que las listas de sucesión permanecerán bajo el resguardo del Registro, en sobre lacrado y firmado por el registrador y el ejidatario, comunero o posesionario. Si se recibiera aviso de Notario Público sobre disposición testamentaria, el registrador, para realizar la anotación preventiva correspondiente, requerirá los datos concernientes al caso y, al fallecimiento del titular de los derechos agrarios, el Registro a petición de quien acredite tener interés jurídico para ello, consultará en el archivo de la delegación de que se trate, en el archivo central y de ser necesario a las Notarías Públicas de la entidad federativa respetiva, si el titular de los derechos realizó el depósito de la lista de sucesión; el registrador, ante la presencia del interesado y de por lo menos dos testigos de asistencia, abrirá el sobre y verificará el nombre de la persona designada. Una vez que se presente la persona designada se asentarán los datos en el folio correspondiente y se procederá a expedir el o los certificados respectivos que acrediten los derechos y se actualizarán los sistemas informáticos que para tal efecto se establezcan. El posesionario podrá designar a la persona que deba sucederle en los derechos que le fueron conferidos por la asamblea o por resolución judicial.

Finalmente, y con la premisa de tener una vinculación con el presente proyecto de reforma legal a los artículos 17 y 19 de la Ley Agraria, se considera la ponencia presentada por la Magistrada Erika Lissete Reyes Morales, en las mesas de trabajo celebradas de los días del 20 al 22 del mes de noviembre de 2013 en la IX Reunión Nacional de Magistrados de los Tribunales Agrarios, donde tuvieron a bien abordar la problemática que comprende el artículo 18 de la Ley Agraria, con respecto a la subasta pública de tierras ejidales, cuando dos o más personas con derecho a heredar los derechos del ejidatario no se logran poner de acuerdo, el Tribunal proveerá la venta de los derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto en partes iguales.

La ponencia, incide que una vez concluido el remate y la adjudicación de los derechos ejidales, se ordena al Registro Agrario Nacional, la cancelación del o de los Certificados Parcelarios, así como la expedición de los nuevos Certificados a favor del adjudicatario y en su oportunidad el Tribunal del conocimiento, comisiona al actuario de la adscripción ponga en posesión material y legal al adjudicatario, pero al realizar los actos ejecución de la sentencia, resulta que la posesión de la parcela la tiene un tercero ajeno y se oponen en forma violenta a la entrega de la parcela, convirtiéndose en una conflicto social por la posesión de la parcela, que se encuentra estrechamente afectada con la práctica de subastas públicas.

Concluye la Magistrada que el supuesto planteado puede presentar diversas aristas poco abordadas en la práctica, que afortunadamente han comenzado a visibilizarse dentro de algunas tesis provenientes de Tribunales Colegiados de Circuito, que pueden servir como criterios útiles a los Tribunales Agrarios en aras de resolver de la manera más justa y equitativa aquellos conflictos relacionados con la hipótesis planteada.

Después de haber realizado someramente una exposición de motivos, de las diversas legislaciones agrarias que tuvieron y tienen vinculación con la designación de sucesores, se llega a la conclusión, que en la práctica, la aplicación de los artículos 17 y 18 de la vigente Ley Agraria, lejos de llevar beneficios a los sucesores de ejidatarios, comuneros y posesionarios, ha ocasionado que se presenten casos en los cuales la esposa, la concubina o los hijos menores -algunos con capacidades diferentes-, se queden en la indefensión total, sin derechos, sin propiedad y sin nada, al momento de fallecer el titular de los derechos ejidales.

Ahora bien, la incorporación del sujeto jurídico de “posesionario” como uno de los enajenantes de derechos parcelarios dentro de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia agraria, no lo eximirá de cumplir con formalidades esenciales para la enajenación de la parcela, que consiste en la manifestación por escrito ante dos testigos. Empero, esta manifestación será sujeta a una reforma para que el enajenante cumpla primeramente con la notificación de derecho de tanto y los adquirientes se han reconocidos por la asamblea general o en su caso por el tribunal agrario de su competencia.

Por ello, con lo que respecta al derecho de tanto para la notificación, se pretende subir a rango de ley el espíritu de la resolución de la contradicción de tesis 211/2013 que pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha del viernes 14 de febrero de 2014 en el Seminario Judicial de la Federación, relativa a respetar el derecho preferencial de orden hacia el primer y segundo lazo familiar, es decir, al conyugue o concubina o concubinario, y a falta de ello hacia los hijos, a la letra dice:

DERECHO DEL TANTO EN MATERIA AGRARIA. SU VIOLACION POR FALTA DE NOTIFICACION A LOS INTERESADOS, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DE LA VENTA DE DERECHOS PARCELARIOS.

Acorde con el artículo 27, fracción VII, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que autoriza la transmisión de derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población y señala que debe respetarse el derecho de preferencia que prevé la ley, el artículo 80 de la Ley Agraria concede el derecho del tanto al conyugue y a los hijos del ejidatario, en ese orden, que pretende enajenar sus derechos parcelarios a otro ejidatario o avecinado, el cual deben ejercer dentro del plazo de 30 días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará; y si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada. Conforme a lo anterior, atendiendo a la naturaleza del derecho del tanto en materia agraria, es condición prevista en la ley para respetar el derecho preferencial, que previamente se notifique a los interesados la venta que pretende realizar el enajenante a un tercero, para que aquellos puedan hacer uso de su derecho dentro del término legal; de manera que si se omite la notificación, ello trae como consecuencia la nulidad relativa de la venta, considerando que no hubo ilicitud en el objeto, sino incumplimiento de uno de los requisitos; esto es, el acto jurídico no adolece de objeto o de consentimiento y no hay ilicitud, por lo que es susceptible de convalidarse.

[CT: jurisprudencia administrativa, Segunda Sala] 10ª Epoca, Segunda Sala, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, 14 de febrero de 2014.

Las reformas aprobadas y que se encuentran vigentes en la Ley Agraria, dieron toda libertad, olvidándose que el ejido y la comunidad es materia especial, derivada de su autonomía, así como de sus usos y costumbres, creando confusión que en la actualidad resulta negativa para el núcleo familiar, porque debido al principio de indivisibilidad de la parcela determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los derechos agrarios a través de engaños quedan en manos de una sola persona y lo que es aún peor, en ocasiones de la persona menos indicada, ya que no trabaja la parcela, no tiene arraigo en ejido o comunidad y no la necesita para su manutención, propiciando con esto en la mayoría de las ocasiones su enajenación inmediata.

Desafortunadamente esta situación se sigue presentando a lo largo y ancho de nuestro país, aunado a la probable situación de que se generen diferencias familiares al momento de la sucesión, lo cual agrava seriamente la problemática planteada. Esta situación ha generado situaciones injustas, ocasionando que ningún familiar pueda quedarse con el segmento de la parcela que por derecho le corresponde.

Por lo anteriormente expuesto, a fin de proporcionar certeza jurídica respecto a los derechos sucesivos parcelarios de la esposa, concubina o de los hijos del ejidatario, comunero y posesionario; así como contemplar en su caso la figura de copropiedad de las parcelas en ejidos y comunidades, a través de la libertad en la que se exprese su voluntad, es precisa la presente iniciativa, que modifica la denominación de la Sección Segunda establecida en el capítulo I del Título Tercero para incluir la figura de Posesionario, así como reformar los artículos 13 Bis, 17, 18 y el artículo 80 todos de la Ley Agraria.

PROYECTO DE DECRETO:

Artículo Unico.- Se modifica la denominación de la Sección Segunda establecida en el capítulo I del Título Tercero a fin de incluir la figura de Posesionarios; reformando los artículos 13 Bis, 17, 18 y el artículo 80 todos de la Ley Agraria, para quedar como sigue

TITULO TERCERO

DE LOS EJIDOS Y COMUNIDADES

Capítulo I

De los Ejidos

Sección Segunda

De los Ejidatarios, Avecinados y Posesionarios

Artículo 13 Bis.- Los posesionarios del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los posesionarios gozan de los mismos derechos que esta ley les confiere.

Artículo 17.- El ejidatario, comunero y posesionario, tiene la facultad de designar voluntariamente a quien deba sucederle en sus derechos parcelarios y de uso común, quien conservará la calidad de ejidatario, comunero y posesionario, para lo cual bastará que formule un testamento agrario donde haga constar el nombre de él o los herederos a quienes deba hacerse la adjudicación de sus derechos parcelarios, de uso común, solares urbanos y semiurbanos que se encuentren dentro o fuera de las parcelas.

El testamento agrario deberá ser depositado en el Registro Agrario Nacional y en su caso sancionado ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, comunero o posesionario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.

En los casos que el ejidatario, comunero y posesionario tengan más de dos parcelas y la voluntad de éstos al formular su testamento agrario sea el de reconocer una parcela a cada uno de sus herederos, los coherederos antes de realizar algún trámite administrativo, buscarán el apoyo de la Delegación de la Procuraduría Agraria de la Entidad, para que sean él y los demás coherederos, representados ante el Tribunal Unitario Agrario de la entidad correspondiente, a efecto de que el Tribunal aplique el procedimiento a que se refiere el artículo 165 de esta Ley.

Cuando el ejidatario, comunero y posesionario tenga una parcela y muchos herederos, podrán heredar sus derechos parcelarios en copropiedad; sin embargo, será nombrado un heredero universal, bajo ese entendido, los herederos podrán solicitar el apoyo de la Delegación de la Procuraduría Agraria de la Entidad, para que sean representados ante el Tribunal Unitario Agrario, a efecto de que éste aplique el procedimiento a que se refiere el artículo 165 de esta Ley, la copropiedad, podrá ser en proindiviso o alícuota, sin perder la naturaleza de explotación, aprovechamiento e indivisibilidad de la parcela.

En caso de que la copropiedad sea alícuota, será la Asamblea General de Ejidatarios, quien autorice la adopción del dominio pleno y el reparto de la parcela será de acuerdo a lo que estable el derecho común de cada Entidad Federativa.

El heredero universal tendrá siempre la calidad de ejidatario o comunero y los demás herederos la calidad de posesionarios”.

Artículo 18.- Cuando el ejidatario, comunero y posesionario, no haya hecho testamento agrario, o cuando ninguno de los señalados pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

I. Al cónyuge;

II. A la concubina o concubinario;

III. Hijos del ejidatario o ejidataria;

IV. A uno de sus ascendientes; y

V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.

En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario, resulten dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario y comunero para decidir quién de entre ellos, conservará la calidad de ejidatario y/o comunero.

El o los herederos estarán obligados a la manutención del o la cónyuge o concubina hasta su muerte o cambio de estado civil y a los hijos menores que dependían económicamente del ejidatario y comunero fallecido, hasta que cumplan 18 años, salvo que estén incapacitados, física o mentalmente para trabajar.

Además, debe quedar en claro que el régimen patrimonial de matrimonio, en la mayoría de los casos, los conyugues pactan hacerse coparticipes de sus bienes presentes o futuros recibe la denominación de “sociedad conyugal”, que derivada de las capitulaciones matrimoniales se constituye en un contrato de sociedad que se crea como una relación negocial preponderantemente económica, ya que es un efecto patrimonial del matrimonio que versa sobre el uso y goce de los bienes.

En este sentido habrá que advertir que el cónyuge tiene preferencia sobre los bienes y por lo tanto será coparticipe de la masa hereditaria.

Cuando los herederos no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Unitario Agrario proveerá la venta de derechos ejidales y comunales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos. El Tribunal tomará las medidas necesarias y en su caso garantizará la protección de los menores e incapacitados dependientes del titular fallecido, de conformidad a lo previsto al artículo anterior.

Artículo 80.- Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios, posesionarios o avecinados del mismo núcleo de población.

Para la validez de la enajenación se requiere:

a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos ratificada ante fedatario público, quien constatará que el enajenante previamente haya cumplido con la notificación del derecho de tanto, y el adquirente tenga la calidad agraria de ejidatario, comunero, posesionario o avecinado reconocidos por la Asamblea General o el tribunal agrario competente;

b) La notificación deberá ser por escrito al cónyuge o a la concubina o concubinario en primer lugar, y a la falta de él o ella en segundo lugar a los hijos del enajenante quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional, o ante fedatario público.

c)

d)Las enajenaciones que se realicen en contravención a este artículo estarán afectadas de nulidad relativa, ya que en los casos en que el vendedor no reponga la cantidad que recibió por el precio de la enajenación, más el interés legal, así como el valor del predio actualizado y en su caso, el valor de cualquier tipo de mejoras realizadas, en un plazo no mayor de tres meses, se tendrá por válida la enajenación, no obstante que se trate de una fracción de la parcela, tomando en cuenta para la aplicación de la presente disposición la fecha de celebración del acto jurídico.

ARTICULO TRANSITORIO:

Unico.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los diez días del mes de abril de 2014.

Atentamente:

Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Gerardo Sánchez García”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Romero Celis. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos.

Se hará de manera íntegra la inserción de su iniciativa en el Diario de los Debates.

Esta Presidencia saluda la presencia de un grupo de jóvenes provenientes de todas las entidades del país de acción juvenil, invitados por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a petición de las compañeras y compañeros Senadores.

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, para presentar a nombre propio y del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Contra el Acaparamiento de Artículos de Consumo Popular.

1 ADAME, Goddard Jorge. Diccionario Jurídico Mexicano. México, 1998, Primera edición, editorial Porrúa-UNAM.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY CONTRA EL ACAPARAMIENTO DE ARTICULOS DE CONSUMO POPULAR

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y del C. Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hago presentación a ustedes de una iniciativa que tiene que ver con uno de los temas que más le duelen a la sociedad mexicana, especialmente cuando hablamos de bienes de consumo y cuando vemos que en el comportamiento del mercado mexicano el acaparamiento de artículos de consumo popular se ha vuelto una práctica cotidiana que afecta a millones de hombres y mujeres en este país, y especialmente es importante esta discusión, o este planteamiento, en el contexto general del debate que tenemos en este momento en Pleno en el Senado de la República alrededor de la Ley Federal de Competencia Económica.

Y la propuesta que yo quiero someter a ustedes, tiene que ver con que verdaderamente le demos la dimensión que requiere al cambio constitucional que recientemente aprobamos el 11 de junio de 2013.

Es cierto, aprobamos darle autonomía a la Comisión Federal de Competencia Económica. Estamos trabajando en una minuta que nos han mandado los Diputados federales y que consideramos que tiene avances, tan es así que ya fue votada en comisiones unidas. Estamos todavía afinando algunos puntos de cambios que están discutiéndose entre los distintos grupos parlamentarios.

Pero me parece que este avance, aún cuando es un avance significativo, no es del todo integral como requiere nuestro país, especialmente cuando hablamos de acaparamiento de artículos de consumo popular.

Y quiero detallar, precisamente, por qué nos interesa que nos ciñamos al espíritu de lo que fue la reforma al artículo 28 de la Constitución Política, qué es lo que nosotros aprobamos cuando hablábamos de darle autonomía a la Comisión Federal de Competencia Económica entre otras cosas, que la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios.

¿Por qué es importante subrayar, compañeros y compañeras, este planteamiento?

Porque sí le hemos dedicado un buen tiempo y mucho énfasis a la Ley Federal de Competencia Económica, subrayo, consideramos que tenemos avances positivos, pero no hemos logrado en esa ley tener una clara identificación sobre cuáles son los artículos de consumo necesario, sobre cómo poder nosotros darle instrumentos capacidad y potencia, especialmente al Poder Ejecutivo, para garantizar que ahí donde haya acaparamiento pueda contar con elementos suficientes para ir en contra de aquellos que hacen este tipo de acción y que es verdaderamente lastimosa para el bolsillo de los mexicanos.

El tema más recurrente en tiempos recientes es el limón. El limón que estaba en 15 pesos el kilo, ha llegado a estar entre 60 y 80 pesos el kilo de limón.

Y esto no es solamente porque haya disminuido la producción o porque haya un conflicto en Michoacán. Esto sin duda alguna impacta, pero manda una señal a los mercados, y especialmente a la red de distribución, que lo que hace es caer precisamente en la lógica del acaparamiento al prever que van a subir los precios, pues obviamente hace una restricción a la distribución y entonces empiezan a subir, por una intervención artificial de la red de distribución, los precios.

El ejemplo, repito, que más nos ocupa en los últimos tiempos es el asunto del limón, pero hace dos años, ustedes pueden recordar cuando se presentó el tema de la gripe aviar, cómo el precio del kilo de huevo pasó de 13 pesos el kilo a más o menos 40 pesos el kilo. Incluso la Unión Nacional de Avicultores en aquel momento cuando se le preguntaba el por qué había tal incremento, señalaba que era en gran medida parte del problema la red de distribución que prevalece en este tema.

O si quieren otro ejemplo, en el 2007, yo recuerdo, me tocaba ser Secretario de Desarrollo Rural, el precio del kilo de tortilla de 6 pesos que estaba en Acapulco, subió hasta 14 pesos el kilo de la tortilla. Otra vez un fenómeno de acaparamiento que necesitamos regular con toda claridad.

Por eso, la propuesta que yo someto a consideración de ustedes, compañeras y compañeros, es precisamente que regulemos en una ley específica para darle capacidades al Poder Ejecutivo y poder responder a la demanda popular para regular aquellos abusos que se presentan en precios de alimentos y energéticos esenciales.

Esto con la finalidad de garantizar la alimentación y la subsistencia de la población, con la finalidad, repito, de ir en contra de todo acto de acaparamiento.

La propuesta que ponemos a su consideración, se propone una ley contra el acaparamiento de artículos de consumo popular que faculte a la Secretaría de Economía para iniciar investigaciones contra acaparadores y especuladores de alimentos básicos de consumo popular que busquen alterar los precios al consumidor final.

Estamos proponiendo una definición que hoy no tenemos en el marco normativo de la Ley Federal de Competencia, y que es importante, si lo que queremos es una profunda reglamentación de la visión y del espíritu que tiene el artículo 28 constitucional, definimos como artículos de consumo necesarios todos aquellos que a nivel nacional o regional sean fundamentales para la alimentación de nuestra población, estamos hablando de la tortilla de maíz, el pan, el arroz, el frijol y un sinnúmero de productos que son indispensables para el consumo de nuestra gente. Así como el abasto de gasolina y diesel para la población.

Se estable en la iniciativa que estamos presentando, un mecanismo de investigación y criterios para determinar la existencia de precios extraordinarios previos a la solicitud de declaratoria de control de precios y otras acciones, para combatir el acaparamiento de alimentos de consumo popular.

Y, por último, se elevan de 4 a 10 años, y con 1,000 a 2,000 días de multa, a aquellos especuladores y acaparadores de alimentos de consumo popular, los artículos de consumo básico necesario o con las materias primas necesarias para elaborarlos.

Creemos, compañeras y compañeros, que si bien hemos hecho un muy sano y muy amplio debate alrededor de la Ley Federal de Competencia, que estamos a punto de lograr un acuerdo en Pleno sobre este marco normativo que viene a regular la reforma constitucional que hicimos al artículo 28, pues será insuficiente y especialmente dejaremos un importante cabo suelto ahí, donde duele, el bolsillo de la gente; ahí donde de pronto, por la falla que tiene nuestro esquema de comercialización, por los problemas que existen de distribución y por los incentivos claramente alineados para poder tener incrementos que muchas veces sean en beneficio de esos actores que acaparan, pues entonces, será un marco normativo que quede incompleto si no logramos avanzar en una propuesta de esta naturaleza, de tal manera que si queremos evitar que esos comercializadores que se aprovechan de la desinformación que hay en el mercado tan grande como el mexicano, y que terminan causándole un prejuicio al bolsillo de los mexicanos, pues que con una ley como esta sea el complemento de lo que buscamos avanzar en materia de competencia económica.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El que suscribe, Armando Ríos Piter e Isidro Pedraza Chávez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente Iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY CONTRA EL ACAPARAMIENTO DE ARTICULOS DE CONSUMO POPULAR, al tenor siguiente:

ANTECEDENTES

En la reforma constitucional del 11 de junio de 2013, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de competencia y telecomunicaciones.

Uno de los aspectos centrales de esta reforma tienen que ver con la práctica de acaparamiento de alimentos que afecta a la población, establecido en el segundo párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece:

“En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios;”

En el marco de la un nuevo andamiaje institucional de la Ley de Competencia Económica es una oportunidad para esta Cámara ampliar complementariamente adecuaciones en el tema de acaparamiento y especulación de alimentos de consumo básico popular, así como para elevar las sanciones y penas a especuladores que atentan contra el bienestar popular y la seguridad alimentaria.

La OCDE indica que el 30% del gasto de las familias en México se lleva a cabo en mercados con problemas de competencia. El 10% más pobre de la población, que gasta alrededor de un 42% de sus ingresos en mercados altamente concentrados. Donde enfrentan precios entre 17.6 y 22.7% más altos, en bienes tan básicos como el maíz, jugos y agua; medicamentos; leche; carnes procesadas; pollo y huevo.

Sin embargo, un aspecto que requiere ser fortalecido tiene que ver con las prácticas de acaparamiento y la penalización, específicamente en lo relacionado con bienes y productos socialmente necesarios como son alimentos que componen la canasta básica.

CONSIDERACIONES

El acaparamiento es una práctica monopolística que consiste en almacenar y mantener fuera del mercado un producto mediante la congelación de su oferta en espera de incrementar su precio; la retención se fundamenta en la previsión de un aumento de la demanda y es una práctica especulativa que incide en las fluctuaciones de precio.

Un bien que ha sido acaparado requiere que la oferta no pueda aumentar en el tiempo y que la cantidad demandada disminuya menos que proporcionalmente ante los aumentos de los precios procedentes del acopio, estas características han sometido históricamente a los productos agrícolas bajo esta condición. Actualmente se busca encontrar mecanismos combativos ante actividades que atentan contra la economía de las familias mexicanas.

De acuerdo con el informe Volatilidad en los precios de los alimentos y el papel de la especulación2012 de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) el Indice de precios agrícolas FAO alcanzó el nivel más alto en 2008 desde 1990. La volatilidad de los precios agrícolas es explicada por disminuciones de la oferta generada por el impacto del cambio climático, el disparo de la demanda proveniente de países emergentes como China, India y Brasil y el incremento de los precios en combustibles; aunado a esto la especulación en los alimentos se ha incrementado por la desregularización de los mercados comerciales y financieros que han permitido consolidar monopolios en las cadenas de distribución.

Para México la volatilidad de los precios internacionales en productos agrícolas desde 2007 incrementó el precio de cereales como el maíz y pasta de soya que en 2012 con el decremento en la producción de huevo derivado de la despoblación por el brote de influencia aviar en el estado de Jalisco –principal estado productor de huevo en el país con más del 55% de la producción nacional, incitó la subida el precio del huevo producto de la canasta básica mexicana. La Unión Nacional de Avicultores (UNA) notificó que el precio del huevo fue vendido al público en general por encima del precio del que los productores lo distribuyen a los mayoristas y estableció que el precio final no depende de los productores sino de la cadena de distribución.

La Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ante la detención de la gripa aviar estableció medidas legales y económicas para establecer el equilibrio del mercado del huevo. De acuerdo a PROFECO se realizaron acciones de vigilancia y control 3,798 acciones de verificación a comercios, expendios, tiendas de autoservicio y distribuidoras de huevo y pollo. Derivado de ello se iniciaron procedimientos por infracciones a la ley contra 1,200 establecimientos por no respetar los costos anunciados o no documentar el incremento del precio.

La emisión de requerimientos a productores de huevo tuvo como objetivo ampliar la información de los actores de la cadena de producción y combatir prácticas ilegales, especulativas y de acaparamiento del huevo durante 2012.

Así mismo en Febrero del presente año el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) reportó que el Indice de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento mensual de 0.89 por ciento, una variación de 3.25 por ciento respecto al año anterior. El incremento de la inflación es atribuido por incrementos de ciertos productos entre ellos aguas azucaradas, gasolina, pollo, electricidad, el transporte público, cigarros y el limón.

Desde Diciembre de 2013 el limón ha presentado incrementos del precio de 150 por ciento de su precio normal, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ha señalado que el limón se encuentra en su ciclo estacional de producción, sin embargo la disminución de producción en Michoacán a inducido al alza de precios, a una especulación en el mercado interno y el acaparamiento. En Marzo PROFECO presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Republica. Los reportes del Instituto el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática señalaron que el kilogramo de limón agrio mexicano alcanzó un precio casi tres veces superior a enero en mercados y supermercados. A principios de Marzo, las cadenas comerciales comercializaban alrededor de 47.50 pesos el kilogramo de limón, y en la Central de Abasto el promedio oscilaba alrededor de 45 pesos, por lo que PROFECO ha realizado verificaciones de establecimientos y ha realizado sellos de suspensión de actividad comercial por irregularidades en los precios del limón.

El acaparamiento de productos agrícolas representa una actividad ilícita que atenta contra el consumo de las familias mexicanas, las prácticas de acumulación distorsionan los precios y ponen en riesgo la seguridad alimentaria de la población al limitar el consumo de productos de consumo básico. De acuerdo con la Secretaria de Economía, ante las especulaciones en la producción y el acaparamiento persistente de los productos agrícolas se pretenden diseñar un tablero de control que cuantifique los productos agroalimentarios en cada región del país, y poder establecer cifras de los volúmenes de producción, estudios de consumo en el mercado interno para determinar oferta y demanda y poder evitar acciones monopólicas.

En este mismo sentido es importante señalar que derivado de la Clasificación estadística de delitos al 2012 del INEGI indica que a nivel nacional en los 33 Códigos penales existentes solo Campeche, Hidalgo, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas son los estados que contemplan el acaparamiento como un delito además del Código Penal Federal.

Con el objeto de enriquecer los instrumentos del Ejecutivo Federal y responder a la demanda popular para regular los abusos en precios de alimentos y energéticos esenciales para garantizar la alimentación y subsistencia de la población, presentamos la presenteiniciativa que tiene por objeto castigar severamente, y dotar de instrumentos a la Secretaria de Economíatodo acto de acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios, que contiene los siguientes elementos torales:

• Se propone una Ley contra el acaparamiento de artículos de consumo popular que facultad a la Secretaría de Economía para iniciar investigaciones contra personas físicas o morales que realicen actos de acaparamiento o especulación de alimentos básicos de consumo popular, para alterar los precios al consumidor final.

• Se define como artículo de consumo necesario todos aquellos que a nivel nacional o regional sea fundamental para la alimentación como es tortilla de maíz , pan, arroz, frijol lenteja, guayaba, limón con semilla, manzana, naranja, papaya, plátano, toronja, aguacate, ajo, calabacita, cebolla, col, chayote, chícharo, chile, ejote, espinaca, lechuga, nopal, papa, pepino, jitomate, tomate, zanahoria, carne de pollo, carne de res, pescado y mariscos frescos, huevo, aceites, café de grano y azúcar. Así como el abasto de gasolina y diesel a la población.

• Se establece un mecanismo de investigación y criterios para determinar la existencia de precios exagerados, previo a la solicitud de declaratoria de control de precios y otras acciones para combatir el acaparamiento de alimentos de consumo popular.

• Se elevan las sanciones y penas a especuladores y acaparadores de alimentos de consumo popular.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de la Cámara de Senadores el siguiente Proyecto de Decreto:

ARTICULO UNICO. Se expide la LEY CONTRA EL ACAPARAMIENTO DE ARTICULOS DE CONSUMO POPULAR, para quedar como sigue:

LEY CONTRA EL ACAPARAMIENTO DE ARTICULOS DE CONSUMO POPULAR

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional, de interés público y tiene por objeto establecer una política pública nacional de protección de la población frente a los delitos por especulación y acaparamiento u cualquier otra conducta que afecte los precios, la distribución y acceso de alimentos de consumo básico popular.

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

Ley: Ley contra el Acaparamiento de artículos de consumo popular

Reglamento: Reglamento de la Ley.

Secretaría: Secretaría de Economía

Artículos de consumo necesario: Se considera como artículo de consumo necesario todos aquellos que a nivel nacional o regional sea fundamental para la alimentación como es tortilla de maíz , pan, arroz, frijol lenteja, guayaba, limón con semilla, manzana, naranja, papaya, plátano, toronja, aguacate, ajo, calabacita, cebolla, col, chayote, chícharo, chile, ejote, espinaca, lechuga, nopal, papa, pepino, jitomate, tomate, zanahoria,carne de pollo, carne de res, pescado y mariscos frescos, huevo,aceites, café de grano y azúcar. Así como el abasto de gasolina y diesel a la población. La Secretaría determinará casos específicos de artículos de consumo necesario a nivel regional cuando se presenten conductos tipificadas como delitos por esta ley.

Acaparamiento: Acumulación de mercancía, producción o artículos de consumo necesario, con o sin ocultamientoen manos de una o varias personas que actúan de común acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados.

Boicot: Acción encaminada a privar a uno o varios operadores económicos de toda relación societaria o comercial, para perjudicarla y obligarla a ceder en lo que de ella se exige.

Especulación: Ganancia o beneficio que se obtiene en la compra-venta, en las operaciones, en diversas transacciones u aprovechando condiciones cíclicas de la producción de granos, alimentos o insumos con el objeto de realizar una ganancia aprovechando las fluctuaciones del mercado.

Precios excesivos: Se refiere a los precios pecuniarios de bienes y servicios de consumo socialmente necesarios, que son arbitrariamente elevados de forma exagerada resultado de la concentración, acaparamiento, especulación de los mismos, como resultado de acuerdos, pactos o convenios entre productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que evitan la libre concurrencia o competencia en beneficio de una o varias personas físicas o morales y con perjuicio del público o una clase social.

Sujetos: Las personas físicas o morales nacionales o extranjeras, que incidan o participenen la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos sometidos a control de precios.

Artículo 3.- La presente Ley aplicará a toda conducta que signifique acaparamiento, especulación, boicot y cualquier otra que afecte el consumo de los alimentos o productos que ponga en riesgo la seguridad alimentaria y el abasto a la población estará sujeto a la presente disposición legal, sin menoscabo de otras disposiciones legales.

Artículo 4.- La Secretaría de Economía es la responsable de tomar acciones inmediatas para proteger el interés público ante la evidencia de precios exagerados o de conductas tipificadas por esta ley contra la seguridad alimentaria o abasto de productos de consumo necesario para la población.

Capítulo II

De las actuaciones de la Secretaria de Economía frente a actos de acaparamiento

Artículo 5.- La Secretaría de Economía tendrá las siguientes facultades:

I. Supervisar el abastecimiento de los artículos de consumo necesarios, los sujetos obligados deberán prestar todas las facilidades para dicha supervisión;

II. Iniciar procedimientos de investigación de precios exagerados en artículos de consumo necesario;

III. Solicitar el auxilio de la fuerza pública o de otras autoridades federales, estatales o municipales para el eficaz desempeño de sus investigaciones referidos por este Ley;

IV. Concertar y coordinar con los productores o distribuidores las acciones o modalidades que sean necesarias en esta materia, procurando minimizar los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia;

V. Fiscalizar, vigilar y exigir el cumplimiento del régimen de control de precios de los alimentos o productos. A tal efecto, deberá verificar que la lista de precios se encuentre acorde con la establecida oficialmente;

VI. En beneficio del interés colectivo, siempre que la conducta del dueño o responsable del establecimiento o local no constituya delito, podrá llegar a soluciones amigables, mediante procedimientos orales y simples de mediación y conciliación;

VII. Promover y realizar programas de educación, información y capacitación a la sociedad en materia de defensa contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos y artículos socialmente necesarios;

VIII. Contribuir en el ámbito de sus facultades a garantizar la seguridad alimentaria y el abasto de alimentos a la población;

IX. Presentar ante la Procuraduría General de la Republica o ministerio público la existencia de hechos que pudieran constituir acaparamiento, especulación, boicot, exageración de precios, contrabando de extracción y otras conductas que afecten el abasto de los alimentos o artículos socialmente necesarios;

X. Hacer seguimiento a los procedimientos administrativos y judiciales iniciados en aplicación del presente Ley y contribuir a la resolución de los mismos, y

XI. Coordinarse con otras dependencias públicas para establecer medidas preventivas y correctivas en materia acaparamiento, especulación, boicot, exageración de precios, contrabando de extracción y otras conductas que afecten el abasto de los alimentos o artículos socialmente necesarios.

Capítulo III

De la regulación de los precios exagerados en artículos de consumo necesario

Artículo 6.- La Secretaría en coordinación con otras dependencias realizará investigaciones y dará seguimiento para prevenir actos de acaparamiento y especulación de precios de artículos de consumo necesario para la población.

Artículo 7.- La Secretaria priorizará en sus investigaciones de precios exagerados aquellos artículos de consumo necesarios y sus insumos para su producción, cuando se originen en mercados en los que el 25% o más de la producción estén concentrados en cuatro o menos oferentes.

Para la determinación de los artículos de consumo necesarios se tomará en cuenta el propósito principal de éstos y su carácter de bienes de consumo básico para la sociedad o clases sociales.

Artículo 8.- La Secretaría determinara si existen precios exagerados tomando en cuenta cualquiera uno o un conjunto de los siguientes criterios:

a) Los precios al consumidor;

b) Los costos normales de producción;

c) La venta sistemática de bienes o servicios a precios por debajo de su costo medio total;

d) La situación de la oferta y la demanda del mercado nacional, y de los mercados internacionales;

e) Los precios de productos o servicios sustitutos;

f) El mercado relevante y el poder sustancial;

g) El grado de concentración de las ventas en el mercado relevante en la zona geográfica que se trate;

h) El Indice Nacional de Precios al Consumidor del periodo que resulte aplicable;

i) El porcentaje de la tarifa promedio ponderada a la importación de bienes prevaleciente en el momento, así como el porcentaje de la tarifa aplicable a los productos o insumos necesarios para la producción en México de los bienes o servicios de que se trate;

j) Los riesgos que corre la economía de que se establezcan poderes sustanciales en el mercado y precios no competitivos; y

k) Las circunstancias objetivas nacionales e internacionales que a juicio de la Secretaría merezcan ser atendidas para estos efectos, incluyendo la existencia de prácticas desleales de comercio exterior.

Artículo 9.- Se considera que existen condiciones de precios no competitivos cuando cualquiera de los agentes económicos que ofrezca bienes o servicios un precio superior en 15% o más respecto a precio en condiciones competitivas.

Artículo 10.- La Secretaría revisará anualmente o en cualquier momento, que los precios de mercado y los precios con orientación competitiva se ajusten a las disposiciones de la presente Ley. Esta revisión se hará de oficio o a petición de cualquiera agrupación de productores o consumidores constituida legalmente, o bien, a petición de cualquier entidad de la administración pública federal, estatal o municipal.

La Secretaría analizará oportunamente aquellos casos en los que el porcentaje de la tarifa a la importación de algún conjunto de bienes o insumos necesarios para la producción, sea estadísticamente superior en grado significativo al porcentaje promedio ponderado de la tarifa de importación, de tal manera que impida al productor nacional ofrecer precios competitivos, para ajustar su criterio en lo que corresponde a ese bien.

Igualmente, la Secretaría analizará si la producción del bien o servicio afectado por exageración de precios proviene de un mercado en el cual hay una concentración de las ventas o de la oferta del 25% o más en los principales cuatro oferentes.

Artículo 11.- Cuando existan precios exagerados, la Secretaría determinará la aplicación de una o más de las siguientes medidas:

I. En un plazo no mayor a diez días naturales, emitirá una resolución por la cual se determina precios no competitivos la cual será notificada a los sujetos que incurran en ésta práctica.

II. Ordenar a la Secretaría de la Función Pública que proceda en términos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a efecto de que todas las dependencias y entidades del gobierno federal, tanto centralizado como paraestatal, queden impedidas para contratar con las personas que incurran en precios exagerados en artículos de consumo necesario.

III. Ordenar a las autoridades competentes que se permita la importación de productos alternativos, siempre que cumpla con el pago de las contribuciones que correspondan.

IV. En los casos de servicios, con la finalidad de mantener o promover la competitividad y el empleo nacionales, ordenará a las autoridades competentes el otorgamiento de autorizaciones, licencias o concesiones a nuevos prestadores de servicios, sean nacionales o extranjeros, así como su inmediato acceso a los mercados como oferentes.

V. Hacer del conocimiento público la presencia de precios exagerados en artículos de consumo necesario.

Artículo 12.- Cuando el resultado de la investigación de la Secretaria en materia de actos de acaparamiento, especulación, boicot y cualquier otra que afecte el consumo de los alimentos o productos que ponga en riesgo la seguridad alimentaria y el abasto a la población, solicitará al Ejecutivo Federal, en términos del artículo 28 constitucional, emita un Decreto con el objeto de restablecer los precios competitivos en los artículos de consumo necesario para la población.

Lo establecido en este artículo se aplicará, sin menoscabo de otras disposiciones legales.

De la coordinación entre dependencias federales

Artículo 13.- La Secretarías Federales que correspondan, de conformidad con su ámbito de competencia, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias y previo estudio y resolución de la Secretaría de Economía, fijarán los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto, en tanto se restituyen las condiciones previas de oferta.

Artículo 14.- La Procuraduría Federal del Consumidor, bajo la coordinación de la Secretaría de Economía, será responsable de la inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen en alimentos de consumo popular.

Capítulo IV

De los delitos y las penas

Artículo 15.- La Secretaría, una vez determinado los delitos de acaparamiento, boicot y especulación, establecerá de manera inmediata las siguientes penas:

I.- Por actos de acaparamiento: A la persona moral o física que restrinja la oferta, circulación o distribución de artículos de consumo necesario, retenga con o sin ocultamiento, para provocar escasez y aumento de los precios, será sancionado con prisión de cuatro a diez años, y con multa de mil a dos mil días de multa.

II.- Por incumplimiento en disposiciones de control de precios: A la personas moral o física que no acate los decretos emitidos en función del artículo 28 Constitucional en materia de control de precios en artículos de consumo necesario, será sancionado con prisión de cuatro a diez años, y con multa de mil a dos mil días de multa.

III.- Por contrabando: A las personas morales o física que exporte alimentos o productos artículos de consumo necesario a fin de generar condiciones de especulación y acaparamiento serán sancionados con prisión será sancionado con prisión de cuatro a diez años, y con multa de mil a dos mil días de multa.

IV. Por asociación: A las personas morales o física que de manera conjunta o individual lleven acciones o acuerdos que impidan, de manera directo o indirecta, la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de artículos de consumo necesario serán sancionados con prisión será sancionado con prisión de cuatro a diez años, y con multa de mil a dos mil días de multa.

Artículo 16.- Serán aumentadas al triple, las penas establecidas para las conductas delictivas establecidas en esta Ley cuando éstas tengan por objeto amenazar la paz, el orden social o daño a la población.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan las demás disposiciones contrarias al presente decreto.

ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona un el artículo 253 bis al Código Penal Federal en materia de penas y sanciones en materia de acaparamiento de artículos de consumo necesario:

Artículo 253 bis.- Son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se sancionarán con prisión de cuatro a diez años y con mil a dos mil días multa, los artículos de consumo básico necesario o con las materias primas necesarias para elaborarlos, que consistan en:

a).- El acaparamiento, ocultación o injustificada negativa para su venta, con el objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto a los consumidores.

b).- Todo acto o procedimiento, de manera directa o indirecta, que evite o dificulte la libre concurrencia en la producción, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos socialmente necesario.

c).- La limitación de la producción o el manejo que se haga de la misma, con el propósito de mantener las mercancías en precio exagerados.

d).- La suspensión de la producción, procesamiento, distribución, oferta o venta de insumos para la producción de artículos básicos, que efectúen los industriales, comerciantes, productores, empresarios o prestadores de servicios, con el objeto de obtener un alza en los precios o se afecte el abasto de los consumidores.

f).- La exportación, sin permiso de la autoridad competente cuando éste sea necesario de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

g).- La venta con inmoderado lucro, por los productores, distribuidores o comerciantes en general. En los casos de que el lucro indebido sea inferior al equivalente a sesenta días del salario mínimo general vigente en la región y en el momento donde se consuma el delito, se sancionará con prisión de dos a seis años y de sesenta a trescientos días multa;

j).- Interrumpir o interferir intencionalmente la producción, o el servicio de almacenamiento o distribución de gas, gasolina o diesel.

ARTICULO TERCERO.- Se adiciona una fracción IX al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 34. A la Secretaría de Economía corresponde el despacho los siguientes asuntos:

I. a VIII. …

IX. Cuando se determine actos de acaparamiento y especulación en precios de alimentos de consumo básico de la población, la Secretaría coordinará a las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales acciones preventivas y correctivas con el objeto de garantizar la distribución y abastecimiento de productos de consumo básico de la población;

X. a XXXI. …

TRANSITORIOS

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de abril de 2014.

Suscriben

Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Isidro Pedraza Chávez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ríos Piter. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Oscar Román Rosas González.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para solicitarle al Senador Armando Ríos Piter, si me permite sumarme a esa propuesta que acaba de presentar.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Solicito a la Secretaría tome nota de ello.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 52 y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 52 Y 53 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5o.CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Oscar Rosas González: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

En esta ocasión pongo a su consideración la iniciativa que reforma los artículos 52 y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o., Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, con el objeto de sentar las bases del servicio social remunerado para los jóvenes universitarios.

A partir de 1944, se institucionaliza el servicio social obligatorio como requisito para obtener un título profesional, el cual debe realizarse en un periodo no menor de seis meses y no mayor de dos años.

Podemos entender de manera sucinta al servicio social como la actividad temporal y obligatoria que realiza el estudiante en reciprocidad a la sociedad y al Estado por la educación brindada.

A la vez que dicha actividad le permite poner en práctica sus conocimientos y habilidades adquiridas con la finalidad de consolidar su formación académica y profesional.

Hoy en día, la matrícula de alumnos en educación superior asciende a 3.3 millones de jóvenes; sin embargo, cerca del 40 por ciento no termina sus estudios por diversas causas. Uno de los principales problemas que enfrentan los jóvenes universitarios a la hora de realizar sus estudios, es la limitación económica o la carencia de recursos económicos, lo cual los obliga a desertar, darse de baja temporal, o bien dejar truncos sus estudios para incorporarse a la actividad productiva.

Tratándose de los gastos en los que incurre un estudiante para realizar y cumplir con el servicio social, no tenemos un indicador o dato oficial, sin embargo, los sondeos de opinión entre los universitarios nos permiten visualizar los gastos a los que hace frente nuestra población estudiantil en todo nuestro país.

En la ciudad de México el costo diario del transporte va de 30 a 58 pesos en promedio, dependiendo a la residencia del estudiante, ya sea en el Distrito Federal o en el Estado de México.

En otras entidades como Puebla, los gastos van de 100 a 300 pesos, dependiendo del municipio al cual se trasladan.

En San Luis Potosí, los gastos totales por alimentación, transporte y material académico se cuantifican de 100 a 200 pesos diarios. De esta manera, podemos constatar el esfuerzo económico que realizan las familias mexicanas para que los jóvenes puedan cursar su educación superior.

Sin embargo, cuando se presenta el tiempo académico de realizar el servicio social, los jóvenes universitarios están ante una disyuntiva, terminar primero sus créditos académicos para después prestar el servicio social o bien para realizar el servicio social, dejan trunca su carrera; ello obedece a la carencia de recursos económicos para realizar las dos actividades al mismo tiempo.

Por ello, es urgente que se incentive y apoye a los estudiantes universitarios en esta etapa importante de su formación académica y profesional, puesto que si al prestar su servicio social no toman conciencia de los problemas sociales y no cumplen su función de vinculación académica con el sector profesional y productivo, el servicio social carece de sentido.

En la actualidad, el gobierno federal, a través del Programa Nacional de Becas, buscando la permanencia, terminación de estudios y posterior incorporación al mercado laboral de todos los universitarios, instrumenta la beca para el servicio social profesional.

La instrumentación de esta beca abre la oportunidad para que cientos de jóvenes se motiven para cumplir con el servicio social y continuar con sus estudios, sin embargo, es demasiada focalizada, dejando fuera a una inmensa cantidad de estudiantes que buscan y esperan una oportunidad como la que se ofrece. Lamentablemente por la estrechez del programa no pueden acceder a este beneficio.

Como parte de un esfuerzo institucional para establecer el servicio social remunerado a nivel nacional y debido a las condiciones que prevalecen en el sector juvenil universitario, la presente iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, tiene cuatro propósitos fundamentales:

Primero. Definir de manera clara en el cuerpo de la ley, que el servicio social no sólo es obligatorio y temporal, sino que además tendrá por finalidad contribuir de manera integral en el desarrollo profesional del estudiante, a la vez que se le prepara para ingresar a la actividad laboral y productiva del país.

Segundo. Se establece con claridad que los programas de servicio social de las instituciones educativas, tendrán plena correlación con el perfil académico del estudiante, de tal manera que los prestadores de servicio profesional contarán con programas adecuados a su formación.

Tercero. Se introduce la disposición para que organizaciones sociales y privadas, puedan realizar convenios de colaboración para contar con programas para la prestación del servicio social, puesto que esta situación ya se da en los hechos, pero no se encuentra debidamente regulada.

Cuarto. Se sientan las bases del servicio social remunerado, a través de diversos apoyos económicos o en especie a los que tendrán derecho los estudiantes que presten el servicio social en dependencias gubernamentales.

Los jóvenes tendrán derecho a uno de los siguientes apoyos o remuneraciones:

  • Beca económica durante el tiempo de prestación del servicio.

b. Estímulo en especie para cubrir las necesidades mínimas durante la prestación del servicio; y

c. Apoyos administrativos y materiales escolares durante el tiempo de la prestación del servicio.

Los apoyos serán proporcionados de acuerdo a las disposiciones presupuestarias y a la programación de cada dependencia o área gubernamental.

La remuneración como apoyo personal a la que se refiere el párrafo anterior podrá ser económico o en especie.

Por lo anterior, Senadoras y Senadores, se cumple con una exigencia social, pero sobre todo, con la sentida demanda de nuestros jóvenes que estudian su carrera universitaria y tienen el firme deseo de ese gran esfuerzo que hicieron en el trabajo académico durante muchos años, de incorporarse a una vida productiva.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El que suscribe, Senador Oscar Román Rosas González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Al término de Revolución Mexicana, inicia un proceso transformador que consideró a la población joven y estudiantil como uno de los principales agentes de cambio social en el país. Y es, precisamente, mediante la firma del convenio para la realización del servicio social de los estudiantes de medicina entre la Universidad Nacional y el Departamento de salubridad en 19361, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, que se visualizó al servicio social, no sólo como una medida de retribución a la nación, sino como un detonador de concientización social de los retos a los que se enfrenta el país y de las soluciones para lograr mejores niveles de desarrollo.

La primera institución académica en el país que delineó el objetivo y los alcances del servicio social fue la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En su inicios fue obligatorio solamente para los estudiantes de medicina, quienes deberían de cumplir con éste requisito para obtener el grado.

De manera paulatina, el Instituto Politécnico Nacional y las universidades de los Estados de la República, se sumaron a esta práctica y regularon el servicio social como requisito para obtener título universitario en gran parte de las carreras y especialidades.

Finalmente, el 30 de diciembre de 1944, se publica en el Diario Oficial de la Federación, Acuerdo mediante el cual se hace obligatorio el cumplimiento del servicio social para obtener el título profesional, en un periodo no mayor de dos años ni menor de seis meses; tal y como lo establece actualmente la Ley Reglamentaria del artículos 5° constitucional2. El mencionado Decreto, se hizo efectivo en toda la República en 1945.

Para la UNAM, el servicio social se trata de una actividad temporal y obligatoria que permite a los estudiantes adquirir conocimientos y habilidades laborales, consolidar la formación académica, tomar conciencia de la problemática nacional, sobre todo de los sectores más desprotegidos del país; mientras éstos aprenden a actuar con solidaridad, reciprocidad y a trabajar en equipo, retribuyendo a la vez a la sociedad por los recursos públicos destinados para su educación; también se genera la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo.

Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) lo conceptualiza como “el conjunto de actividades teórico-prácticas de carácter temporal y obligatorio que contribuye a la formación integral del estudiante y que le permiten, al aplicar sus conocimientos, destrezas y aptitudes, comprender la función social de su perfil académico, realizando actividades educativas, de investigación, de asistencia, de difusión, productivas, de desarrollo tecnológico, económico y social en beneficio de la sociedad”.

Con base en lo anterior, podemos entender de manera sucinta al servicio social como la actividad temporal y obligatoria que realiza el estudiante en reciprocidad a la sociedad y al Estado por la educación brindada, a la vez que dicha actividad le permite poner en práctica sus conocimientos y habilidades adquiridas con la finalidad de consolidar su formación académica y profesional.

Situación de los Jóvenes y la educación superior

El Servicio Nacional de Información Estadística Educativa, de la secretaria de educación pública reporta que en el ciclo escolar 2012-2013, la cobertura en educación superior es de sólo el 28% de población con la edad de cursar este nivel educativo. La matrícula de alumnos inscritos en educación superior ascendió a 3 millones 300 mil, sin embargo se estima 7.9% ya no se inscribirán en el periodo escolar siguiente, reduciéndose así la posibilidades de concluir sus estudios universitarios.3

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el 38% de los estudiantes que logran ingresar a la educación universitaria no terminan sus estudios, colocándonos como el país con el de mayor índice de deserción de los integrantes de la OCDE. En términos globales, en México sólo 8 de cada 100 alumnos concluyen una carrera universitaria.

Uno de los principales problemas que enfrentan los jóvenes universitarios a la hora de realizar sus estudios es la limitación económica o la carencia de recursos económicos, lo cual los obliga a desertar, darse de baja temporal o bien dejar trucos sus estudios para incorporarse a la vida productiva.

Si bien es cierto que, al momento de hacer esta iniciativa, se carecen de datos concretos y oficiales nos ayuden a cuantificar los gastos económicos en los que incurre un estudiante para cumplir con su obligación legal de prestar el servicio social a la nación, encontramos algunos elementos empíricos que nos permiten visualizar los costos diarios en transporte de la población estudiantil en el país.

Estos datos encontramos en sondeos de opinión elaborados por las propias comunidades estudiantiles. Así en la Ciudad de México el costo de diario del transporte va de los 30 a 58 pesos en promedio, dependiendo de la residencia del estudiante, ya sea en el Distrito Federal o en el Estado de México.

En el Estado de Puebla, sondeos de medios informativos señalan que el gasto en transporte de los estudiantes universitarios que se desplazan de diversos municipios hacia la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla va de 100 a 300 pesos diarios.

Los estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de un sondeo en su comunidad académica, llegaron a cuantificar en 29 pesos el gasto diario en transporte y de 100 a 200 pesos diarios los gastos totales por alimentación, transporte y material académico.

En este tenor, es oportuno destacar que los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, elaborada por el INEGI, señalaron que, en promedio, los hogares de nuestro país destinan el 40% de sus ingresos en alimentos, transporte público y adquisición de artículos y servicios educativos.

En la actualidad no contamos con un estudio concreto sobre el gasto que realizan los estudiantes que llevan a cabo su servicio social, pero como ya se señaló en el párrafo anterior, el hecho de que las familias destinan el 40% de sus ingresos.

De esta manera, podemos constatar el esfuerzo económico que realizan las familias mexicanas para que los jóvenes puedan cursar su educación superior. Sin embargo, cuando se presenta el tiempo académico de realizar los servicios sociales, los jóvenes universitarios están ante una disyuntiva; terminan primero sus créditos académicos para después prestar el servicio social, o bien, para realizar el servicio social dejan trunca su carrera. Ello obedece a la carencia de recursos económicos para realizar las dos actividades al mismo tiempo.

Existe otro grupo de jóvenes que ante la disyuntiva mencionada, optan por realizar su servicio en un lugar cercano a su escuela, sin necesidad de que las actividades desempeñadas se relacionen con su perfil académico, o peor aún, que no les sea requerida su presencia física y por lo tanto, no cumplir en forma con este requisito legal y profesional.

Por ello, es urgente que se incentive y apoye a los estudiantes universitarios en esta importante etapa de su formación, puesto que si al prestar su servicio social no toma conciencia de los problemas sociales y no cumple su función de vinculación académica con el sector profesional y productivo, el daño al estudiante estará hecho.

Situación actual de los apoyos para el servicio social

Como parte de las políticas del gobierno federal para lograr una educación de calidad y dar mayores oportunidades de ingreso, permanencia y terminación de estudios a los sectores más marginados del país, y por tanto, impedir que quienes estén en riesgo de abandonarlos por carencia de recursos económicos, se instrumenta el Programa Nacional de Becas4.

En base al “ACUERDO número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, de la Secretaría de Educación Pública, se cran 105 modalidades de Becas, dirigidas a estudiantes y docentes de todas las instituciones públicas del país.

Dentro del amplio abanico de opciones de becas existentes, desde educación inicial hasta posgrado, sobresale una, que por sus características tomaremos de como modelo para la presente propuesta y objeto de la mismas. Nos referimos la Beca para realizar el Servicio Social Profesional5.

Este apoyo para lograr una mejor calidad en la formación educativa, está dirigido a los estudiantes que cursen sus últimos semestres de su carrera universitaria, que provengan de instituciones públicas, además deberán con un promedio de aprovechamiento académico mínimo de 8.

En este caso particular, las actividades a realizar son operativas de evaluación y supervisión de la Secretaría, puesto que quienes se interesen en la beca deberán der cursar licenciatura o ingeniería. Quedando fuera de concurso los estudiantes de otras carreras y especialidades.

Quienes cumplan con dichos requisitos y desarrollen su servicio social en una zona urbana recibirán una beca consistente en 10 mil pesos; quienes realicen la actividad en una zona urbana-rural, recibirán 11 mil pesos y quienes la realicen en una zona rural, recibirán 13 mil pesos.

En este sentido, se puede señalar que la Beca para realizar el Servicio Social Profesional, tiene tres objetivos: promover la permanencia y terminación de los estudios, vincular a los jóvenes con el sector productivo y brindar un apoyo económico para el cumplimiento del servicio social obligatorio en tiempo y forma.

Esta medida espera beneficiar a mil jóvenes del país, así mismo de acuerdo a la demanda se podría ampliar la oferta de becas, priorizando a aquellos quienes tienen más carencias y tienen mayor aprovechamiento académico.

Ahora bien, la instrumentación de esta beca abre la oportunidad para que cientos de jóvenes se motiven para cumplir con el servicio social y continuar con sus estudios, sin embargo es demasiada focalizada, dejando fuera a una inmensa cantidad de estudiantes que buscan y esperan una oportunidad como la que ofrece actualmente la Beca para realizar el Servicio Social Profesional. Lamentablemente, por la estrechez del programa no pueden acceder a este beneficio.

Objetivo de la iniciativa

Como parte de un esfuerzo institucional para establecer el servicio social remunerado a nivel nacional y debido a las condiciones que prevalecen en sector juvenil universitario, la presente iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, Relativo al Ejercicio de la Profesiones en el Distrito Federal, tiene cuatro propósitos fundamentales:

1. Definir de manera clara en el cuerpo de la ley que el servicio social no sólo es obligatorio y temporal, sino que además tendrá por finalidad contribuir de manera integral en el desarrollo profesional del estudiante, a la vez que se le prepara para ingresar a la actividad laboral y productiva del país.

2. Se establece con claridad que los programas de servicio social de las instituciones educativas, tendrán plena correlación con el perfil académico del estudiante, de tal manera que los prestadores de servicio profesional contarán con programas adecuados a su formación.

3. Se introduce la disposición para que organizaciones sociales y privadas, puedan realizar convenios de colaboración para contar con programas para la prestación del servicio social, puesto que esta situación ya se da en los hechos, pero no se encuentra debidamente regulada.

4. Se sientan las bases del servicio social remunerado, a través de diversos apoyos económicos o en especie a los que tendrán derecho los estudiantes que presten el servicio social en dependencias gubernamentales.

Con lo anterior, se cumple con una exigencia social, pero sobre todo con una sentida demanda de nuestros jóvenes que estudian su carrera universitaria.

Seamos consecuentes, si la juventud es presente, apoyémoslos con programas de servicio social que estén en consonancia con sus carreras y perfiles académicos, para que adquieran experiencia y se inserten de manera óptima en el mercado laboral, pero si son también futuro, incentivémoslos dándoles una beca o un apoyo económico, primero para que no dejen inconclusos sus estudios y segundo para efectivamente realicen un servicio social que a ellos mismos, y en esa medida, le sirva a la nación.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 52 y 53 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Unico. Se reforman los artículos 52 y 53 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 52.- Se entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado.

Su objetivo es contribuir a la formación integral de los estudiantes y profesionistas, al poner en práctica sus conocimientos y habilidades adquiridas, consolidando su formación académica y preparándolos para integrarse al sector laboral y productivo de la nación.

El servicio social deberá prestarse en instituciones o dependencias gubernamentales en sus tres niveles de autoridad: Municipal, Estatal y Federal. Tratándose del servicio social de profesionistas, aplicará lo dispuesto en los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 de la presente ley.

El sector social y privado del país podrá coadyuvar en ésta tarea nacional, siempre y cuando realicen un convenio de colaboración entre la organización y la institución educativa. Dicho convenio deberá registrase ante las autoridades educativas correspondientes.

Los programas de servicio social deberán de guardar correlación con los planes de estudio y perfil del egresado. De igual manera, las autoridades educativas vigilarán su cumplimiento.

Artículo 53.- Todos los estudiantes de las profesiones a que se refiere esta Ley, así como los profesionistas no mayores de 60 años, o impedidos por enfermedad grave, ejerzan o no, deberán de prestar el servicio social en los términos de Ley.

Los estudiantes de las instituciones de educación superior que realicen su servicio social en dependencias o entidades gubernamentales, tendrán derecho a uno de los siguientes apoyos o remuneraciones:

a) Beca económica durante el tiempo de prestación del servicio;

b) Estímulo en especie para cubrir las necesidades mínimas durante la prestación del servicio; y

c) Apoyos administrativos y materiales escolares durante el tiempo de prestación del servicio.

Los apoyos serán proporcionados de acuerdo a las disposiciones presupuestarias y a la programación de cada dependencia o área gubernamental.

La remuneración como apoyo personal a que se refiere el párrafo anterior podrá ser económico y/o en especie.

TRANSITORIOS.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el primer día hábil del mes de de enero de 2015.

Segundo. El Ejecutivo Federal contemplará una partida específica en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, enviado cada año a la Cámara de Diputados, para cubrir las remuneraciones y apoyos para el servicio social.

Tercero. La Secretaría de Educación Pública contará con 180 días hábiles, a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, para realizar las adecuaciones al Reglamento Para la Prestación del Servicio Social de los Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior en la República Mexicana.

Senado de la República, a 24 de abril de 2014.

Sen. Oscar Román Rosas González”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Rosas González. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos. Solicito a la Secretaría tome nota de las Senadoras y Senadores que se adhieren a esta iniciativa.

Compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, en materia de justicia militar.

1 Secretaría de Salud. http://www.salud.gob.mx/unidades/dges/documentos.php?type=file&id=9 22/02/14.

2 Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/208.pdf. 26/02/14.

3 SEP. Servicio de Información Estadística Educativa. http://www.snie.sep.gob.mx/Estad_E_Indic_2011/Cifras_REPMEX_2011.pdf. 20/02/14

4 Secretaría de Educación Pública. http://www.becas.sep.gob.mx/uploads/Pdf/ReglasOper-Reglas.pdf 21/02/14.

5http://www.cnbes.sep.gob.mx/sites/default/files/CONVOCATORIA%20DE%20SERVICIO%20SOCIAL%20PROFESIONAL2014.pdf 22/0214.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS, EN MATERIA DE JUSTICIA MILITAR

(Dictamen de primera lectura)



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda de primera lectura.

Compañeras y compañeros Senadores, por acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse al Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD.





 

PRONUNCIAMIENTOS

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente.

Efectivamente, como todos saben, el día de ayer se conmemoró el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. El 23 de abril es un día muy simbólico para la literatura, en particular, de todo el mundo, porque es el día en que coinciden los fallecimientos de tres grandes escritores: de Miguel de Cervantes Saavedra, de William Shakespeare y de Inca Garcilaso de la Vega.

Pero para México y para nosotros, a quien nos tocó vivir en esta época, la conmemoración del Día del Libro en este 2014 es además muy significativa, no solamente porque Macondo se acaba de vestir de amarillo para recibir para siempre a su habitante más célebre, sino porque también son muchas las pérdidas que se han ido acumulando durante este año. La de Luis Villoro, la de Federico Campbell, la de José Emilio Pacheco, la de Emmanuel Carballo; antes Alvaro Mutis, Juan Gelman, también nos están dejando un enorme vacío y un enorme, también, compromiso para releerlos y para empezar a leerlos, y entonces ir construyendo su legado literario y su legado como mexicanos que imaginaron una patria más libre.

Sin duda, el escenario del libro y del lector en nuestro país es muy complejo, es muy estimulante, y está lleno de conocimiento convencional, y está lleno de lugares comunes. ¿Qué dicen los datos? Vamos a ver algunos datos sobre el tema del libro y la lectura en nuestro país.

La Encuesta Nacional de la Lectura 2013, nos indica que leemos 2.9 libros anuales en promedio, y que los hogares destinan únicamente el 0.19 por ciento de su ingreso a la compra de libros, 0.19 por ciento. Alguien podría preguntarse, ¿bueno, y eso es mucho o eso es poco?

Yo quisiera dejar aquí también algunos datos. Esa encuesta indica que las familias mexicanas gastan en libros el doble de lo que gastan en bebidas destiladas y licores, y gastan en libros una cantidad similar a la que utilizan para la compra de electrodomésticos. Entonces, visto así un dato que se pone en los medios de comunicación y que muchas veces repetimos sin darnos cuenta, pues pareciera que no es menor.

Pero tampoco es menor el interés por leer. Hay una encuesta muy interesante a nivel Latinoamérica, que es la Encuesta de Comportamiento del Lector, hábitos de lectura para Iberoamérica, que en el 2013 reportaba, para poner un ejemplo, que el 64 por ciento de los colombianos se declaran no lectores, declaran que ellos no leen; asimismo, 32 por ciento de los chilenos, países ambos que imaginaríamos que tuvieran hábitos de lectura más elevados, declaran ser no lectores, la cifra para México es del 5 por ciento, es decir, por lo menos desde su apreciación solamente el 5 por ciento de los mexicanos, para esta encuesta, declaran ser no lectores.

El escenario es complejo y es desafiante. Ya lo he señalado en ocasiones anteriores y lo quiero reiterar hoy. Se dice que somos un país que no lee o que lee poco, yo creo que es momento de empezar a cambiar ese paradigma, que nos empecemos a reconocer como un país que puede leer más; como un país que quiere leer más.

Editoriales como Random House, apenas hace unos meses acaban de reportar su informe anual de ingresos, y destacaban que México es el país que le genera más ingresos a esta importante editorial, 50 millones de dólares en un año, el principal mercado para Latinoamérica, a todo lo largo del país, lo acabamos de ver en minería, y prácticamente todas las semanas hay una feria del libro en algún rincón de nuestro país, a la que acuden centenares de ciudadanos, y que ya se han convertido, incluso, en una suerte de moda para muchos municipios.

O qué decir de los centenares de personas que acudieron a despedir recientemente a García Márquez, México es un país que lee poco, quizá sí, pero quiere leer más, es un país que puede leer más. Conmemoremos el Día Mundial de la Lectura con una seria reflexión de dónde estamos realmente como país lector, dónde estamos como editor, dónde estamos y a dónde queremos llegar en el mediano plazo.

No caben complacencias pero tampoco diagnósticos fáciles ni menos diagnósticos fatales, somos una nación de grandes escritores, somos una nación de grandes bibliotecas, nuestros escritores, todos ellos fueron antes grandes lectores, démosle alas amarillas a nuestras próximas generaciones.

Y yo me quedo finalmente con la declaración de la directora de la UNESCO, para conmemorar este año el Día Mundial del Libro, y es este cambio de paradigma.

Decía ella que estos objetos son las armas y las herramientas más poderosas para erradicar la pobreza y para construir la paz, eso dio Irina Bokova, Directora General de la UNESCO. Yo comparto su opinión y los invito a que reflexionemos y la compartamos todos juntos en el Senado de la República.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Senador Aispuro Torres: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por el Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente del Senado de la República. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra a la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, para referirse al mismo tema.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En 1995 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, proclamó el 23 de abril como Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

La fecha reconoce el fallecimiento de verdaderos clásicos de la literatura, Nabokov, Gracilaso de la Vega, Cervantes y Shakespeare, aunque este último falleció realmente el 3 de mayo del calendario gregoriano, celebra el papel de la lectura en la historia de la humanidad.

Pero la lectura también es parte fundamental para el desarrollo personal, como afirma la señora Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, en su mensaje de este 2014, con motivo del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

El poder de los libros para fomentar la realización personal y generar cambios sociales no tiene parangón íntimo y, a la vez, profundamente sociales; los libros abren amplios caminos de diálogo entre las personas, dentro de las comunidades y a través del tiempo, esto es clave.

Según el índice de lectura, al año México es el lugar 107 de 108 países, este documento de la UNESCO destaca que en México leemos apenas 2.8 libros al año, contra los 12 de Alemania, cinco veces más que los mexicanos.

Como todo índice, señala que solo una parte de la población lee muy por encima de este índice, como el caso de universitarios y profesionales de la lectura, mientras, según la encuesta nacional de lectura de 2012, 35 por ciento de los mexicanos nunca en su vida han leído un libro, y el otro 54 por ciento sólo lee revistas o periódicos.

Si no cambiamos esa dinámica celebrada en México los nacimientos o decesos, también en abril de Octavio Paz, García Márquez, o Emilio Carballo, es sólo un asunto político, más que celebrar la lectura, celebra a los políticos que lo celebran, es categórico el mencionado mensaje de este año, por parte de la directora general de UNESCO.

En todos los casos nuestra finalidad está clara, alentar a los autores y artistas y velar porque la alfabetización y los formatos accesibles lleguen a más mujeres y hombres, porque los libros son nuestras herramientas más poderosas para erradicar la pobreza y construir la paz, aunque el llamado es a autores y artistas, sabemos que lo más responsable no sólo de la lectura, la alfabetización, la educación y le equidad de género, sino de la pobreza y exclusión en México, somos los políticos, una población que está más preocupada por qué va a comer, poco se ocupará de leer en un círculo vicioso, donde la pobreza es la que prevalece y también el desempleo.

Por lo tanto, la mayor celebración de libro y la lectura, es poner en marcha programas y presupuesto de impulso para construir una nueva cultura de la lectura, y cómo podemos erradicar la pobreza y la exclusión.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente, José Rosas Aispuro Torres, Senador por el estado de Durango.

El día de ayer celebramos el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, instaurado por la UNESCO en 1995 con la finalidad de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual, por medio de los derechos de autor.

La fecha fue elegida de manera simbólica, porque un 23 de abril, curiosa coincidencia, fallecieron los escritores Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y Gómez Suárez de Figueroa, conocido como el Inca Garcilaso de la Vega.

En esta ocasión, México dedicará este día a destacados escritores de las letras hispanas, tres de ellos mexicanos, Octavio Paz, Efraín Huerta, José Revueltas, y el argentino Julio Cortázar, todos ellos nacidos también, curiosa coincidencia, en 1914.

En 2001, por iniciativa de la UNESCO, se nombró a la ciudad de Madrid como capital mundial del libro, desde entonces cada 23 de abril, diferentes capitales de países del mundo han sido designadas y realizan durante el año diferentes actividades culturales relacionadas con los libros. Este año será Port Harcourt, ciudad de Nigeria, la distinguida.

Mafalda, el personaje de comic, creado por el argentino Quino hace 50 años, será el estandarte de los actos de celebración de este año. También habrá una serie de actividades editoriales, cuya finalidad es, en palabras de la Directora General de la UNESCO Irina Bokova, alentar a los autores y artistas y velar porque la alfabetización y los formatos accesibles lleguen a más mujeres y hombres, porque los libros son nuestras herramientas más poderosas para erradicar la pobreza y construir la paz.

En España, en esta fecha se entrega el Premio Cervantes, el mayor galardón otorgado a los autores hispanos, este año para beneplácito de México, lo recibió Elena Poniatowska, cuarta mujer y quinta mexicana en recibir este premio, el más importante de la literatura hispánica.

La literatura de Elena Poniatowska es rebelde y a pesar de la aspereza de su realismo, abre siempre lugar a la esperanza y al compromiso social y humano, dijo el Rey Juan Carlos de España; francesa de nacimiento, polaca de apellido, pero mexicana por convicción, Poniatowska ha dedicado buena parte de su vida, 60 años, a reseñar la historia de las mujeres, de los desprotegidos, de los marginados, pero también son importantes sus ensayos, novelas y biografías, desde grandes reportajes y cronistas como la Noche de Tlatelolco y Las Soldaderas, hasta El Universo o Nada; la biografía novelada de su marido, Guillermo Aro, pasando por novelas como La Piel del Cielo o Hasta no verte Jesús Mío.

Acción Nacional desde esta tribuna envía una calurosa felicitación a la recién galardonada.

Por otra parte, de acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales del CONACULTA de 2010, 41 por ciento de la población ha ido alguna vez a una librería y 55 por ciento a una biblioteca. Según datos de esta institución, existen más de 7 mil bibliotecas públicas en el país, lo cual permite que los libros estén al alcance de un mayor número de personas, y con ello el fomento a la lectura sea ya un hábito en distintas comunidades, y es que las bibliotecas no sólo permiten ampliar el acceso a la información del público en general, sino que también son fundamentales para la salvaguarda de la memoria cultural e intelectual.

Sin embargo, el nivel de lectura en México es bajo, de 2.9 libros, si se compara con el 4 de Brasil, 4.6 de Argentina, 5.4 de Chile y los 10.1 libros leídos al año en España, en promedio, de acuerdo con una investigación realizada por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina en 2012, que depende de la UNESCO.

Por eso es tan importante que hayamos aprobado ayer una nueva reforma a la Ley Federal del Derechos de Autor, para exentar del pago de regalías a quienes publiquen obra artística y literaria sin fines de lucro para personas con discapacidad.

El propósito es beneficiar a las personas con discapacidad visual, debido a su escaso acceso a material impreso, auditivo de obras literarias.

Las Senadoras y los Senadores de Acción Nacional seguiremos impulsando este tipo de reformas para fomentar la lectura, porque sabemos que leer es crecer, imaginar, enamorarse, mirar a través de los ojos de los otros para ser sencillamente nosotros mismos.

La lectura es una actividad a la que muy pocas personas se dedican de manera seria y constante, y la mayoría de quienes lo hacen es porque por distintos motivos se ven obligados a ello.

Sumerjámonos en el saber literario, eduquemos nuestra mente y reforcemos nuestro intelecto con el pan del conocimiento.

Miguel de Cervantes Saavedra decía: “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”.

Esta, compañeros legisladores, es una verdad indiscutible.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Avila Ruiz.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, señor Presidente.

Iniciaré mi intervención citando a José Emilio Pacheco, destacado escritor mexicano, quien falleció en enero de este año y quien expresó: “No temo a la muerte, sino a morir sin terminar un libro”.

Lo traigo a la memoria, porque me parece por demás oportuno en ocasión de la conmemoración que nos ocupa y que ya el día de ayer hacía yo referencia del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

Por cierto, ningún libro, impreso o electrónico, puede separarse de quien lo concibió.

Ningún libro corre una suerte distinta a la de su creador, si alguien presagia la muerte de un libro, está al mismo tiempo condenado a la suerte de sus autores.

Por eso me parece que el Estado y la sociedad tienen una doble responsabilidad; primero, evidentemente fomentar la lectura y la producción editorial que han hecho referencia mis compañeros, pero también promover el respeto, la defensa y la promoción de los derechos de los autores como derechos humanos. A esto quiero, sobre, todo referirme.

Sin duda constituye un derecho humano el que el Estado garantice la protección de las obras, producto de la creatividad individual o colectiva, esta protección permitirá que el legado cultural de una nación se enriquezca día con día y al mismo tiempo se conserve para futuras generaciones.

Será el tiempo, será el interés de la sociedad la que defina qué obras del genio individual prevalecerán en la memoria y en la historia.

Un libro constituye, sin duda, el objeto por excelencia de divulgación del conocimiento, de la historia, de las ideas, de la reflexión crítica, del gozo literario o todo junto.

Un libro, como decía George Steiner, puede seducir o asquear, apelar a la virtud, a la barbarie, magnificar la sensibilidad o banalizarla, y podemos concluir con él que un libro puede tanto que ninguna hermenéutica, ninguna psicología pueda predecir ni calcular su verdadera fuerza.

Ese es, compañeras y compañeros legisladores, el valor de los libros y de sus autores.

Esa es precisamente la atención a la que apelo puedan tener ustedes a este tema por demás significativo.

En este sentido, celebro el interés y las cifras a las que ya han hecho referencia diversos legisladores, y vuelvo a reiterar mi invitación a que entonces actuemos en consecuencia, los datos dados a conocer recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía nos colocan en una situación por demás preocupante que debemos de atender.

Pues si hacemos de la lectura un hábito nacional, entonces estaremos realmente pensamos que las generaciones futuras puedan tener la posibilidad de construir, de trascender y, sobre todo, de debatir.

Nuestra intención es que cada día haya más autores de obras artísticas y literarias, de obras científicas, de libros para la reflexión que hagan de nuestra sociedad un lugar sin restricciones, sin límites al conocimiento y a la libertad creativa, que haya libros, que haya autores en todas partes, sería nuestra mejor apuesta para un futuro venturoso.

Me parece que la responsabilidad está no tan sólo en los discursos de este día o del día de ayer, sino que hagamos realmente en consecuencia el interés en las leyes que estamos aprobando en la materia.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Alcalá Ruiz.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, en materia de justicia militar.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS, EN MATERIA DE JUSTICIA MILITAR

(Dictamen de primera lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Se concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por 10 minutos.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea; Señoras Senadoras y Senadores:

El día de hoy es uno de esos buenos días del Congreso de la Unión, es uno de esos días donde se reivindica y dignifica a la política, donde se privilegian los intereses de Estado, donde se hacen vigentes los derechos humanos y el patrimonio ético de la humanidad que ellos constituye.

Presentamos el día de hoy al Pleno del Senado de la República un dictamen que comprende modificaciones a diversas disposiciones, entre ellas, al Código de Justicia Militar, en cumplimiento de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de Sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Una discusión largamente procesada en el Senado de la República, que hoy afortunadamente llega a su conclusión.

Prácticamente, más de un año, este Senado de la República discutió la forma técnica de dar cauce a las resoluciones antes comentadas y hacer plenamente vigente el derecho de acceso a la justicia de las personas que tienen a la condición de civil frente a delitos cometidos por militares.

Debo reconocer, en primer lugar, el trabajo realizado por la Comisión de Justicia, por su mesa directiva, por la Senadora Arely Gómez, por el Senador Manuel Camacho Solís.

Debo también reconocer a los presidentes de las comisiones codictaminadoras: los Senadores Alejandro Encinas, Angélica de la Peña y Fernando Yunes, porque este trabajo que hoy se presenta es producto de su responsabilidad, de su visión de Estado, pero sobre todo, de su sensibilidad frente a la agenda y el expediente de los derechos humanos.

Debo también hacer un especial reconocimiento al cuerpo técnico de asesores que acompañó durante todo este tiempo a las comisiones dictaminadoras.

A la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia, Marien Rivera Carrillo, Jaime Chávez Alor, Hugo Rosas de León, Juaenedi Vizcaíno, Gabriel Delgadillo, Olivia Rubio, Tomás Darío Pérez, Mildred León y Fernando Soto.

Durante muchas horas, largas horas estuvieron explorando y construyendo soluciones, redacciones; y hoy el resultado que se presenta a este Pleno es producto de sus atinados consejos.

El contenido del dictamen le da solución al fuero militar.

Distintas iniciativas se han presentado en esta legislatura y en otras.

Esta modificación no solamente es producto del trabajo político, sino también de un diálogo responsable y democrático con las fuerzas armadas.

Por primera vez en la historia de este parlamento comparecieron representantes de las fuerzas armadas en audiencia pública para intercambiar puntos de vista técnicos y también institucionales sobre el contenido de esta política pública.

Nuestro reconocimiento también a las fuerzas armadas por su disposición, su participación y, sobre todo, su contribución a este resultado.

El alcance del fuero militar se encuentra comprendido en el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

La propuesta de modificación que le hacemos hoy a su consideración implica lo siguiente:

Como regla general, se considerarán delitos contra la disciplina militar aquellos comprendidos en el libro segundo del código. Sin embargo, se establece una excepción prevista en el artículo 337 que expresa: que las conductas establecidas en dicho libro segundo no serán considerados como delitos contra la disciplina militar cuando no se encuentren los militares en campaña.

Lo anterior es así, pues dichas conductas establecen desde su construcción típica a civiles como sujetos pasivos del delito.

Por tanto, si las conductas descritas en dicho libro segundo se llevaron a cabo cuando los militares no estuvieran en campaña y de ellas resultara en delitos común o federal, serán juzgados siempre por tribunales federales ordinarios.

Serán también considerados como delitos contra la disciplina militar los delitos del orden común o federal cometidos por militares siempre y cuando no tenga la condición de civil el sujeto pasivo que reciente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva, o la persona titular del bien jurídico opuesto en peligro por la acción o la omisión prevista en la ley penal como delito.

Es decir, nunca, en ningún caso, cuando una persona civil esté comprendida e implica en un delito cometido por militares, en ningún caso, se juzgará en la jurisdicción militar, siempre serán juzgados en la jurisdicción civil.

Asimismo, se establece claramente un conjunto de modificaciones para adecuar el Código de Justicia Militar a los principios y los valores que rigen el sistema penal acusatorio.

Hemos revisado a cabalidad todos y cada uno de los dispositivos previstos en el Código de Justicia Militar, para que la presunción de inocencia y las reglas establecidas en el nuevo modelo de justicia penal también apliquen a los delitos contra la disciplina militar.

Hemos logrado, señoras y señores Senadores, un equilibrio político de larga profundidad, y sobre todo, de alcances inconmensurables.

Es un avance sustancial en la protección de los derechos humanos.

Es un avance sustancial en el reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos y de la jurisdicción plena que tiene el sistema interamericano de derechos humanos en nuestro país.

Es una buena noticia para el Congreso de la Unión y para México el dictamen que hoy se presenta.

Ruego a todos ustedes su voto por la afirmativa, porque es una forma de honrar un compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos, pero sobre todo, un compromiso ético que tenemos quienes asumimos una responsabilidad pública con la protección y la vigencia de los derechos humanos en nuestro país.

Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Gil Zuarth.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Defensa Nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado hasta por 10 minutos.

- El C. Senador Fernando Yunes Márquez: Con el permiso de la Presidencia.

Nuestro Código de Justicia Militar, que data de 1933, no había tenido una reforma de largo alcance como la que se espera se apruebe hoy en este Senado.

Quiero empezar por reconocer a los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional por su invaluable apoyo en la elaboración de este dictamen, y de manera especial a los Presidentes de las Comisiones de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda: los Senadores Roberto Gil Zuarth y Alejandro Encinas, por su incomparable esfuerzo por llevar y coordinar toda la elaboración de este dictamen.

De igual forma reconozco la voluntad y el empeño mostrado por todas las Senadoras y Senadores integrantes de todas estas comisiones.

Quiero hacer un especial reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil, y académicos que participaron en las audiencias públicas. Sin sus aportaciones no hubiera sido posible la construcción de este documento.

Su apertura y capacidad de diálogo son, sin duda, un símbolo de que política y sociedad pueden converger para lograr acuerdos en beneficio de los ciudadanos.

De manera especial hago un sincero y respetuoso reconocimiento a las fuerzas armadas que comanda el General Secretario Salvador Cienfuegos y el Almirante Vidal Francisco Soberón, el haber girado instrucciones para que los representantes de sus dependencias acudieran a las audiencias públicas, así como a todas las reuniones para las cuales fueron convocados, nos llenan de orgullo porque se rompen viejos paradigmas.

Hoy la relación de las instituciones de las fuerzas armadas y el Senado de la República es grata y respetuosa, pero sobre todo de cooperación para construir las normas que rigen su organización interna.

Este dictamen no pudiera haber sido posible sin su apertura y capacidad de diálogo, así como sus invaluables conocimientos y experiencia expresados por los representantes que acudieron a dichos llamados.

El dictamen que hoy nos ocupa es producto de ocho iniciativas presentadas por distintos legisladores en la actual y pasadas legislaturas, así como por el pasado Poder Ejecutivo.

A partir de éstas, las comisiones unidas iniciaron un largo camino, ya desde el año 2009, y en la actual legislatura, empezando el 2012, complicado, pero que se ha llegado a resultados muy positivos.

Recordemos que con todas estas iniciativas se tiene como objetivo común el cumplimiento de las obligaciones internacionales que ha adoptado el Estado mexicano en la materia; representa también el punto de partida hacia la armonización del sistema normativo de la materia producto de los criterios jurídicos emanados de tribunales nacionales e internacionales, que obligaron al Poder Legislativo a atender, revisar y adecuar las normas que rigen la organización militar del país.

Todas las iniciativas coinciden en que el punto de partida es el caso Rosendo Radilla Pacheco, en contra del Estado; misma que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la utilización de la jurisdicción penal militar debía ser mínima, y debe encontrarse inspirada en los principios y garantías que rigen en el derecho penal moderno.

Posterior a este caso, surgieron otros cuatro, principalmente los que la Corte Interamericana determinara prácticamente los mismos criterios y ordenó al Congreso de la Unión a compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, con los estándares internacionales en la materia y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Asimismo, determinó que las personas afectadas por la intervención del fuero militar, cuenten con un recurso efectivo de impugnación de competencia.

A partir de estos criterios, así como los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estas comisiones comenzaron el estudio y análisis del régimen de excepción, descrito en el artículo 13 de nuestra Carta Magna que establece, entre otras, que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares, en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército o Fuerzas Armadas.

Cuando en un delito o falta al orden militar, estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

Respecto al fondo del dictamen, es importante señalar que se hicieron diversas reformas en distintos temas; pero el que más preocupa a las organizaciones de la sociedad civil, así como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es, por supuesto, el tema de fuero militar.

Al efecto, estas comisiones determinaron las siguientes conclusiones:

La actual redacción del artículo 57, fracción II del Código de Justicia Militar, resulta incompatible con lo dispuesto en el artículo 13 constitucional, así como lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles.

Segundo. Frente a situaciones que vulneran derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar. De esta forma se delinean claramente los alcances del fuero militar, bajo tres directrices fundamentales:

Primero. En un estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional.

Segundo. Solo se debe juzgar a militares en activo por la comisión de delitos o faltas, que por su naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.

Tercero. La víctima civil tiene derecho a participar en el proceso penal, no solo para efectos de la reparación del daño, sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia.

En términos de la aplicación de la justicia, se determina que los Ministerios Públicos Militares, en cuanto tengan conocimiento de que la comisión de un delito se encuentre implicado un civil, deberán remitirlo a la justicia civil.

Por otra parte, se crea la figura de los Jueces de Ejecución de Sentencia, con la finalidad de atender el mandato del Constituyente Permanente, en la reforma del 18 de junio de 2008.

Además, se modifica el término de “policía judicial ministerial” por “policía ministerial militar” y se establecen facultades específicas.

También se hace correctiva distinción entre Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, ya que anteriormente se hacía referencia a la Secretaría de Guerra y Marina, como una sola institución.

De igual forma se sustituye el término “pena corporal” por el de “pena privativa de la libertad”. Esto para modernizar los conceptos y adecuarlos a las normas apegadas a los derechos humanos.

Por otra parte, el dictamen se pronuncia en favor de la presunción de inocencia, en lugar de partir de la presunción delictuosa. Esto de conformidad a lo que establece el artículo 20, Apartado B fracción I de la Constitución, en estos términos.

El sistema penitenciario militar recibe también una reforma, adecuándola a las normas actuales que prevalecen en nuestro país, para buscar que tengan una organización sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud, deporte y adiestramiento, con medios para mantener al sentenciado apto para el servicio militar, cuando regresa a sus actividades.

Por último, se deja claro que los militares que hayan sido sentenciados o a quienes se les haya impuesto prisión preventiva, puedan compurgar su pena en prisiones militares. Esto para proteger la seguridad del propio militar sentenciado.

Para que ocurra esto, el imputado deberá ser quien lo solicite al juez que instruya el proceso.

Estas son las modificaciones al Código de Justicia Militar más relevantes, que sin duda alguna, lo llevan hacer un código más moderno, armonizado con las demás normas que nos rigen y, sobre todo, apegado a las opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la sociedad civil, que desde hace muchos años pedían que este código fuera reformado.

Los esfuerzos que han llevado a cabo las instituciones de las Fuerzas Armadas, al respecto, son importantes. Para que su actuación sea con respeto absoluto a los derechos humanos; esto les permitirá contar ahora, con un marco normativo que, sin duda, coadyuvará a que esos esfuerzos tengan frutos positivos.

Los Senadores integrantes de las comisiones unidas, y en especial de la Comisión de Defensa Nacional, nos complacemos con este dictamen, en el que distintas ideologías convergieron para construir una norma que tiene alcances mayores y que provocará un cambio positivo en la manera en la que se rige la disciplina militar de nuestras Fuerzas Armadas.

Una vez más, mi reconocimiento a las Senadoras y Senadores que participaron en la redacción de este dictamen, a la sociedad civil que expresó sus inquietudes e hicieron aportes fundamentales para la construcción del mismo, así como a las instituciones de las Fuerzas Armadas que se abrieron al diálogo y compartieron con nosotros, aquí en la casa del federalismo, sus opiniones, inquietudes, conocimientos y experiencias.

Todo ello generó que hoy tengamos un documento apegado a las normas internacionales y nacionales, buscando en todo momento la protección de los derechos humanos, tanto de militares como de civiles.

Es cuanto.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA

ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Yunes Márquez.

A nombre del Senado de la República, esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a personas provenientes del estado de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses.

A personas provenientes del estado de Querétaro, invitadas por la Senadora Marcela Torres Peimbert.

Y agradece la visita de los alumnos del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE, invitados por el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez.

¡Sean todos muy bienvenidos!

(Aplausos)

Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por diez minutos.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Como bien lo ha señalado aquí el Senador Roberto Gil, estamos ante la posibilidad de aprobar un dictamen que va a modificar de manera sustantiva, lo dijo el Senador Manuel Camacho, hoy por la mañana, las relaciones del Estado y de la sociedad con las Fuerzas Armadas.

La propuesta de dictamen en materia de justicia militar ha sido el resultado de un largo proceso de discusiones, que no se inició en esta legislatura. Es un tema que hemos venido abordando desde legislaturas anteriores, y prueba de ello es como, solamente, en la admisión de este dictamen fueron consideradas ocho iniciativas presentadas entre el periodo de 2009 y el año de 2013.

En cada una de estas iniciativas se analizó con detenimiento su exposición de motivos. El marco normativo que éstas buscaban modificar, se cotejaron las propuestas entre sí con la ley vigente y se llevó adelante un trabajo de construcción de acuerdos que permitió el desarrollo de una muy amplia y vasta audiencia ciudadana, las cuales se llevaron a cabo entre el 24 de septiembre del año 2013 y el 24 de febrero del presente año, en el que participaron académicos, especialistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil y, hay que destacarlo, por primera vez en la historia del Congreso de la Unión, representantes de las Fuerzas Armadas participaron en una audiencia pública a presentar sus propuestas, en un debate de cara a la nación.

Esto indudablemente amerita el reconocimiento por parte de los integrantes de las comisiones unidas, no solamente de la voluntad política, sino también de un cambio de actitud profundo en los responsables de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina quienes han, en todo momento, dado cuenta de la disposición de construir una nueva relación entre el Poder Legislativo y estas áreas de las Fuerzas Armadas del Poder Ejecutivo en el país.

Por eso nuestro reconocimiento al titular de la Defensa Nacional, al titular de la Secretaría de Marina, con quienes justamente el día de ayer comentábamos que hace ya algunos años, siendo nosotros más jóvenes, difícilmente hubiéramos podido escuchar un discurso como el que hizo ayer el Secretario de la Marina, reivindicando la democracia, la diversidad de ideas, la pluralidad política que caracteriza no sólo al Congreso y a la nación, y cómo las Fuerzas Armadas son respetuosas de este rasgo característico y distintivo de nuestro país.

Quiero también hacer un reconocimiento a mis compañeras y compañeros Senadores de las comisiones unidas que participaron en este dictamen.

En especial, y lo quiero destacar, quiero hacer un reconocimiento a la diligencia y al profesionalismo con el que el Senador Roberto Gil condujo la coordinación del trabajo de las comisiones unidas, que permitió construir este consenso.

Al igual que al Senador Yunes, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, a mi compañero Manuel Camacho Solís y mi compañera Arely Gómez de la Comisión de Justicia, y la participación abierta, clara y decidida de mi compañera Angélica de la Peña en su carácter de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de este Senado de la República.

Con esta minuta no solamente se avanza en armonizar la legislación del Código de Justicia Militar con las reformas que se realizaron en el año 2011 en materia constitucional para elevar a rango constitucional los derechos humanos.

No sólo se avanza en regular la justicia para adolescentes que participan en las escuelas y colegios de las Fuerzas Armadas y tampoco se reducen a la actualización de los temas jurídicos que registran un profundo rezago.

Yo quiero destacar que la mayor importancia de esta reforma es que toca un tema que durante muchos años fue un tema tabú en la vida de nuestro país y que prácticamente se eludía su discusión y que se había mantenido intocado desde la entrada en vigencia en 1934 en el Código de Justicia Militar, que es el tema del fuero militar.

Y que efectivamente a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vinculadas con el caso Radilla Pacheco contra el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, emitida el 19 de mayo de 2011, donde señalaba la obligación del Estado mexicano para adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para contabilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y en su caso con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, representa un paso significativo que va a replantear la relación y el desarrollo de las funciones de las Fuerzas Armadas en nuestro país.

La historia del Ejército mexicano, tenemos que reconocerlo, es el producto de una larga lucha del pueblo de México por la defensa de su territorio e identidad nacional. El Ejército y la Marina son herederos de la tradición nacionalista de las Fuerzas Armadas que emergieron de una gesta social que emergió de la Revolución Mexicana.

Somos afortunados en contar con un Ejército popular que, a diferencia de los Ejércitos de castas que conocimos en muchos países de América Latina, derivaron muchos de sus crisis políticas en golpes militares. Y afortunadamente el carácter popular de nuestras Fuerzas Armadas ha mantenido la vigencia de un valor nacionalista y de respeto a la vida interna, no sin lamentablemente algunos episodios oscuros que vinculados a la existencia del fuero militar, permitieron durante muchos años el mantener o encubrir violaciones graves a los derechos humanos de la población civil en nuestro país.

Hemos argumentado a lo largo del debate que la justicia militar en los términos actuales afecta el debido proceso por no provenir de una autoridad independiente e imparcial que garantice transparencia y rendición de cuentas.

También hemos señalado que no obedece esta autoridad a normas internacionales o de derechos humanos a los cuales con las reformas actuales debe atender también, ya que los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano tienen el rango de ley en nuestro país.

En la actualidad, las violaciones de derechos humanos en contra de civiles son juzgados por la justicia castrense, violando la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y contraviniendo el artículo 13 de nuestra Constitución. Por eso la importancia de rescatar el principio de igualdad de las personas ante la ley y la exigencia de la prohibición de leyes exclusivas o tribunales especiales con el objeto de que no puedan actuar a favor ni en contra de alguien y tiene su origen en la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre desde 1789.

En nuestro país es en la Ley Orgánica de los Tribunales de la Nación del Distrito y Territorios de noviembre de 1855, que se llamó la Ley Juárez, en donde se suprimen los tribunales especiales con excepción de los eclesiásticos y militares, y se establece desde entonces restricciones para conocer sobre los asuntos de civiles y se circunscriben a delitos puramente militares.

Este debate se dio en el Constituyente de 1917, cuando el General Mújica propuso la supresión de la figura del fuero militar que lamentablemente fue derrotada en ese debate.

Sin embargo, el artículo 13 de nuestra Constitución señaló con toda precisión que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley.

Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército.

Con la reforma que hoy estamos discutiendo, este principio y norma constitucional cobra, por fin, plena vigencia.

Son muchos los temas que podríamos destacar en torno a la importancia de reivindicar la igualdad jurídica ante la ley para dictaminar cualquier tribunal especial, particularmente las emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala en sus garantías judiciales el que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente.

Estamos innegablemente ante un avance, sí, un avance importante, pero aún faltan todavía otros pasos que dar, y el más importante, yo he insistido, es el lograr que el Ejército mexicano, que la Armada de México deje de cumplir con funciones policiales que le corresponden a la autoridad civil, y que pronto el Ejército regrese a sus cuarteles.

Hemos recibido posiciones críticas de las organizaciones sociales que no puedo omitir en esta presentación en donde han insistido y si bien también reconocen el avance que esto significa en que el fuero militar debe de dejar de ser un fuero personal, y que en la discusión sobre la jurisdicción militar se enmarque una perspectiva más amplia de reforzamiento de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, y esto implica que este Senado de la República debe analizar a fondo los mecanismos de control parlamentario, y una nueva relación con las Fuerzas Armadas.

Habrá, como nos han planteadas distintas organizaciones, que revisar algunos temas que quedan remanentes en esta legislación, como es el caso de la remanente en la inconvencionalidad extensión del fuero militar de su naturaleza personal al permitir que sigan siendo conocidos en la jurisdicción militar los delitos cometidos por militares contra pasivos castrenses que puedan constituir violaciones a derechos humanos.

Creo que son temas que debemos de reivindicar, reconociendo este avance, y espero que con la misma apertura, diligencia y profesionalismo con la que hemos construido este consenso, podamos dar otros pasos sustantivos.

Solamente quiero destacar, por último, un dato que a mi juicio es importante.

Este tipo de reformas y modificaciones que se han registrado en otros países se han dado fundamentalmente en momentos de crisis políticas, después de golpes militares, del resultado de amplios movimientos sociales.

Hoy, si bien tenemos una situación de excepciones en materia de seguridad pública, lo cierto es que hemos podido llegar a un acuerdo en tiempos de paz, y espero que esta relación que se replantea con las Fuerzas Armadas sea el inicio para que el Congreso de la Unión haga efectivas sus funciones de fiscalización y control sobre el conjunto del Poder Ejecutivo y abramos esta nueva relación y vínculo con las Fuerzas Armadas del país a quienes refrendamos nuestro pleno reconocimiento.

Muchas gracias.

Es cuanto.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Muchas gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, en términos de lo dispuesto por el artículo 193 del Reglamento del Senado, hasta por diez minutos.

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Este es un buen momento, como bien lo dijo nuestro compañero y amigo, el Senador Presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil, este es un buen momento para el Senado, un momento en el que el Senado, como integrante del poder y del Estado mexicano, busca atender y acatar diversas obligaciones internacionales y, por supuesto, criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para allegar a que la jurisdicción penal militar se encuentre inspirada en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno, y se encamine, como se hace con este dictamen que les estamos sometiendo a su consideración, a la protección de derechos jurídicos, especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares.

En esta materia, el Estado mexicano el día de hoy adopta importantes obligaciones internacionales; y en ese sentido el dictamen que presentamos resuelve, también, sobre ocho iniciativas presentadas por diversos legisladores, las cuales constituyeron un avance muy importante, hay que destacarlo, para el cumplimiento de las obligaciones emanadas de los diversos tratados internacionales de los que México forma parte.

También de sentencias emitidas por los tribunales nacionales e internacionales que imponen a México la armonización del sistema normativo en esa materia, sobre todo cuando se ven involucrados los derechos humanos de las personas.

El caso Radilla fue el primero de cuatro asuntos resueltos por la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano, y le siguieron los fallos dictados en los casos: Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, por lo que en el dictamen de las comisiones se refieren los criterios jurídicos relevantes emanados de las mismas, esto, desde luego, con el propósito de evidenciar su evolución respecto al fuero castrense.

En el mes de julio de 2011, lo recordamos bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició una discusión acerca de la aplicación de la jurisdicción militar en México.

Dicha discusión se dio en el contexto de una consulta a trámite introducida por el Presidente de la Corte sobre las obligaciones del Poder Judicial en relación con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente a causa de la sentencia emitida en noviembre de 2009, sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco.

El criterio establecido en aquella ocasión por la Suprema Corte dejó claro que bajo ninguna circunstancia la jurisdicción militar puede ser válida cuando se encuentren involucrados civiles en violaciones a los derechos humanos.

La Suprema Corte estableció su competencia para resolver los casos en los que exista un conflicto entre las jurisdicciones militar y civil, y clarificó su facultad de aplicar la competencia original en aquellos casos en que exista un conflicto jurisdiccional entre autoridades civiles y militares emanado de casos de violaciones de derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas.

Estos resolutivos resultaron de trascendencia histórica y sentaron un precedente de primera importancia en la interpretación y las decisiones que asumirán en el futuro las autoridades jurisdiccionales del país en temas claves de la protección de los derechos humanos de todas las personas tales como el carácter obligatorio de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la conformidad de las sentencias del Poder Judicial con lo dispuesto en la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como la prohibición de aplicar la jurisdicción militar a casos en los que se hallen involucrados civiles.

Estos criterios fundamentales han servido de sustento al dictamen aprobado por las comisiones unidas, que encuentran su base en el artículo 13 de nuestra Constitución Federal, que claramente dispone que los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército, y cuando en un delito o falta del orden militar estuviese implicado un civil, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que no es necesario modificar el contenido normativo del artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero señaló que su interpretación debe ser coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en nuestra propia Constitución y en el artículo 8.1 de la citada Convención Americana.

Asimismo, se tomaron en cuenta las recomendaciones emitidas por los organismos de derechos humanos del sistema universal de Naciones Unidas sobre la restricción al fuero militar como las dirigidas al Estado mexicano por el Comité de Derechos Humanos, órgano creado para supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Las derivadas de las recomendaciones del Comité contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, entre otros no menos importantes, que se consideran en el propio dictamen que está siendo sometido a la consideración de este Pleno.

A fin de adecuar el marco jurídico nacional a las mejores prácticas internacionales en la materia, en este proceso de dictaminación se cotejó la compatibilidad con dos instrumentos internacionales fundamentales, el Proyecto de principios sobre la administración de justicia para los tribunales militares, emitido durante su LXII periodo de sesiones por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en enero de 2006.

Y dos, Mejores prácticas de la legislación penal nacional en materia de desaparición forzada de personas, emitido durante el XIV periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de la ONU en diciembre de 2010.

Dentro de este contexto, y con el propósito de arribar a un documento que diera cumplimiento al artículo constitucional, a la jurisprudencia y sentencia relevante, y que además incluyera las visiones de quienes desde el ámbito militar, académico y de las organizaciones civiles que tienen interés en esta reforma, se organizaron por las comisiones sustantivas múltiples foros y audiencias que sirvieron para enriquecer la perspectiva del proyecto de dictamen que ahora se presenta mejor consolidado y con elementos suficientes para que este Pleno proceda a su aprobación en los términos que han sido aquí propuestos.

Por estas razones, compañeras y compañeros, como Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, y agradeciendo a los integrantes de esta comisión el apoyo que se dio a las tareas deliberativas y de aprobación de este dictamen, es que con convicción del paso que estamos dando sabemos que es trascendental para armonizar nuestra legislación en materia de justicia militar, a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, y que este dictamen asegura que la dirección que debe seguir este Poder Legislativo en este importante tema es el correcto.

Este, bien lo dijo el Senador Roberto Gil, es un buen momento del Senado mexicano.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Ortiz González.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento del Senado, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199 numeral 1, fracción II del Reglamento, serán en orden creciente.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Quiero comenzar mi intervención reconociendo el trabajo, la voluntad política y el compromiso de distintas Senadoras y Senadores, y por supuesto de manera muy relevante la conducción del Senador Roberto Gil como Presidente de la Comisión de Justicia; del Senador Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; de quienes integran la directiva de la Comisión de Justicia, la Senadora Arely Gómez y el Senador Manuel Camacho, y por supuesto también la decisión imprescindible del Presidente de la Comisión de Defensa, el Senador Fernando Yunes y el Senador Gracia Guzmán.

También es importante destacar desde esta tribuna el trabajo de coordinación, de pulcritud en los análisis, en todo lo que necesitamos por parte de los equipos técnicos, de quienes acabo de mencionar, de cada una y cada uno, y por supuesto, también, el equipo técnico de la Comisión de Derechos Humanos, siempre tuvieron un ánimo constructivo, presto, propositito y dirigente, que es importante destacar en la conclusión de un trabajo legislativo, como el que hoy estamos presentando.

También debo destacar que se está dictaminando la iniciativa que presenté referente a adolescentes que estudian en las escuelas castrenses y que se ven involucrados en afrentas contra la ley penal, sin lugar a dudas.

Quiero destacar que el dictamen, por ser relevante, que estamos por aprobar es quizás uno de los asuntos más relevantes de los cuales habrá de hacerse cargo esta legislatura.

El 25 de agosto de 1974 Rosendo Radilla Pacheco, de 60 años de edad, fue detenido en un retén militar. Al momento de la detención los elementos militares le dijeron que quedaba detenido por componer corridos. Los elementos del Ejército mexicano lo ingresaron a estalaciones militares siendo éste el último dato de su paradero.

Transcurridos más de 35 años, desde la fecha de detención del señor Radilla Pacheco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió, en 2009, que existían suficientes elementos de convicción para considerar que el señor Radilla Pacheco perdió al vida en manos de los miembros del Ejército Mexicano, y estableció: “Los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo, que no afecten los bienes jurídicos de la esfera militar, deberán ser juzgados por tribunales ordinarios. Frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar.

Debido a la naturaleza del crimen, así como el bien jurídico lesionado en el caso Radilla Pacheco, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, el procesamiento de los responsables corresponde a la justicia ordinaria.

Cuando tribunales militares conocen de actos constitutivos de violaciones de derechos humanos contra civiles, ejercen jurisdicción no solamente respecto del imputado, sino también sobre la víctima civil, quien tiene derecho a participar en el proceso penal, no sólo para efectos de la reparación del daño, sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia”.

Por lo tanto, en Estado mexicano deberá adoptar reformas legislativas para:

a) Compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

b) Compatibilizar el artículo 215, inciso a) del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció en 2011 que: “frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar. El Poder Judicial de la Federación debe ejercer un control de constitucionalidad, de convencionalidad ex oficio respecto del artículo 57, fracción II del Código de Justicia Militar, ya que su actual redacción es incompatible con lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

La trascendencia de la reforma que habremos de enviar a la Colegisladora posee un matiz histórico y trastoca uno de los temas más controvertidos para la conciencia y la memoria nacional. El papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia en nuestro país y las innegables e inocultables violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército y la Marina, violaciones contra los derechos humanos de civiles, pero también de militares, ha revivido las discusiones sobre algunas de las etapas más oscuras de nuestras Fuerzas Armadas, las cuales han obedecido a la lógica de un comandante supremo, que es el Presidente de la República en turno, así lo dice la Constitución.

Por ello, estas modificaciones al Código de Justicia Militar deben de ser evaluadas en su justa dimensión, y deben ser entendidas como el resultado de un proceso evolutivo, pero no exclusivamente entre el ámbito civil y el ámbito militar, sino entre el mundo de la justicia y el mundo de la complicidad; entre el mundo de la vigencia de los derechos humanos y el de la impunidad. Y esto debe quedar muy claro, lo que hoy votaremos no es una concesión, ni tampoco un acto de buena voluntad, hay un mandato de una Corte Internacional que nos obliga, esa es nuestra responsabilidad, y para atender cómo es que llegamos hasta este punto, es importante reiterar que el caso Radilla Pacheco fue el primero, como aquí se ha mencionado, de cuatro resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano.

El caso de Inés Fernández Ortega, el de Valentina Rosendo Cantú, el de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, de ahí la importancia de tener en cuenta y no perder de vista los criterios jurídicos relevantes de las sentencias posteriores al caso Radilla Pacheco, para dar cuenta de la evolución de los criterios internacionales con respecto al fuero castrense, mismos que efectivamente, y sin desperdicio, fueron recogidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentando las bases para la expedición de un paradigma en la historia judicial mexicana.

Esta es la primera vez que una sentencia, dictada por un Tribunal Internacional contra el Estado mexicano, tuvo como consecuencia el adoptar los criterios vertidos en la misma, en las resoluciones de los jueces nacionales, y ahora es esa misma sentencia la que guía y define el espíritu de esta importante reforma legislativa que hoy ponemos a su consideración.

Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben sumar la importante contribución de las organizaciones de la sociedad civil que nos han acompañado, sin duda, porque su participación contribuye un valor agregado que fortaleció este proceso, y las quiero mencionar:

El Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, así como Amnistía Internacional y, por supuesto, con la discreción que conlleva la representatividad que tiene conferida como un órgano de Naciones Unidas, la presencia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Y es precisamente por esta razón que en mi calidad de Senadora y también de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y por supuesto como parte del grupo parlamentario del PRD, estoy obligada a señalar, que las organizaciones de la sociedad civil, que son las que han litigado y ganado los juicios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han manifestado públicamente que si bien el producto final de esta reforma constituye un gran paso en el sentido correcto, aun persisten elementos en el Código de Justicia Militar que impedirán, esgrimen, que nuestro país cumpla cabalmente con la sentencias de la Corte Interamericana.

Ayer mismo tuvimos en el Senado de la República una reunión de trabajo con el Relator de Naciones Unidas en materia de tortura, que nos alertó sobre la importancia y la urgencia de que revisemos el papel de nuestras Fuerzas Armadas en temas como la tortura, el secuestro, las desapariciones forzadas las ejecuciones extrajudiciales, ayer mismo.

En mi perspectiva, y en eso efectivamente fundamento mi voto también a favor, junto con el del grupo parlamentario del PRD, quedamos obligados a emprender una revisión integrada al Código de Justicia Militar, que nos permita dotar al Estado mexicano de un sistema regulatorio de sus Fuerzas Armadas acorde al México de nuestros tiempos, no podemos y no debemos permitir que una de las instituciones del Estado mexicano, más importante, siga deteriorándose; no podemos y no debemos permitir que las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, sigan siendo la principal carta de presentación de México ante la comunidad internacional.

Este será el reto que enfrentaremos en los próximos meses, y la guía con la que habremos de diseñar el nuevo Código de Justicia Militar, acorde a la reforma de 2008 y a la de 2011. Debemos dar por concluido y de una vez por todas, el falso debate entre la protección de disciplina militar como pretexto, para no garantizar los derechos humanos.

Debemos desmantelar las añejas estructuras que impiden que las Fuerzas Armadas de nuestro país den el salto hacia un México distinto al de 1968. Tenemos que caminar hacia el México democrático y garante integral de los derechos humanos.

Desde aquí mi reconocimiento por su voluntad al General Salvador Cienfuegos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora de la Peña Gómez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros:

Este Senado de la República da un paso más en materia de justicia y de derechos humanos. El dictamen que se encuentra el día de hoy a discusión, representa un avance entre la relación de civiles y militares; la Justicia Militar se moderniza, logrando un equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y el respeto a la disciplina militar.

La reforma incluye las resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como parte de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en el ámbito internacional, poniendo de manifiesto la voluntad política que bajo el contexto constitucional fortalezca a las Fuerzas Armadas como instituciones leales a los principios democráticos y de transparencia que demanda la sociedad.

Con la reforma se harán efectivos los principios constitucionales en materia de procuración y administración de justicia, relacionados con el sistema penitenciario; se delimitan claramente las funciones del Ministerio Público y la Policía Judicial Militar, y establece nuevas formas y modalidades de las denuncias acorde a los avances de la tecnología.

A partir de ahora, ningún civil podrá quedar sujeto a la jurisdicción militar, así mismo todo integrante de las Fuerzas Armadas de México que cometa un delito contará con la certeza jurídica de que será investigado, respetando los principios del debido proceso, y haciendo válidas en todo momento sus garantías.

Esta reforma consolida las modificaciones constitucionales en materia de impartición de justicia y derechos humanos de los años 2008 y 2011, respectivamente. En este sentido, el dictamen establece la figura del juez de ejecución en materia militar, con ello se garantiza que el sentenciado tenga una efectiva compurgación de su pena, toda vez que el juez de ejecución vigilará y garantizará el respeto a sus derechos y acceso a sus beneficios como sentenciado.

La reforma a la justicia militar se logró con la participación y colaboración de diversas instituciones.

Destaco especialmente la disposición de diálogo y voluntad política de los diversos grupos parlamentarios representados en este Senado de la República.

Por ello quiero reconocer también la labor de los Senadores integrantes de las comisiones en el proceso de dictaminación de las ocho iniciativas en materia de disciplina militar.

Un ejercicio transparente de discusión y análisis en el que participaron académicos, organizaciones de la sociedad civil, y representantes de las Fuerzas Armadas para elaborar un instrumento legislativo que moderniza el fuero militar.

Extiendo especial reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina por su disposición y sensibilidad para participar en el proceso de dictaminación. Con su presencia inédita en este Senado de la República demostraron su compromiso con el respeto a los derechos humanos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andarade: Gracias, Senador Puente Salas.

Tiene el uso de la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Para el grupo parlamentario del PAN, el dictamen que estamos por aprobar es, sin lugar a dudas, uno de los de mayor trascendencia para nuestro marco jurídico y representa un cambio paradigmático y yo diría histórico en el avance hacia un estado democrático con pleno respeto a los derechos humanos que garantice, a través de su sistema de justicia, su plena protección.

Felicito el trabajo de las comisiones unidas que hoy nos presentan este dictamen y que refleja un esfuerzo legislativo que desde el año pasado comenzó en este Senado atendiendo las voces de todos los involucrados en un ejercicio transparente y plural como son las audiencias públicas.

Reconozco también el trabajo particularmente del Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia, y del Senador Alejandro Encinas, en la articulación de todo este proceso transparente y de cara a la sociedad.

Nuestro reconocimiento, por supuesto, a las organizaciones de la sociedad civil y a los representantes de las Fuerzas Armadas quienes en estas audiencias públicas, en un diálogo franco y amplio de cara a la sociedad, generaron un debate que tuvo como consecuencia el dictamen que hoy se pone a su consideración.

La impartición y procuración de justicia lleva implícita una tarea fundamental como lo es la garantía de protección de los derechos humanos.

Por ello es necesario la existencia de tribunales imparciales que respeten las normas del debido proceso para lograr este objetivo.

En este sentido, la justicia militar ha sido uno de los rubros de la administración de justicia que en su estructura y funcionamiento representa grandes retos.

Sin duda una de las grandes polémicas alrededor de este tenor radicaba en que tal parecía que la competencia de los tribunales militares era tan amplia, que todo delito cometido por un militar entraba dentro de la misma.

Esta reforma constituye el primer paso legislativo hacia el cumplimiento de las obligaciones internacionales de nuestro país en materia de derechos humanos.

Representa también un punto de partida hacia una armonización de nuestro sistema jurídico a través de la evolución de los criterios jurídicos emanados tanto de tribunales nacionales como de tribunales internacionales.

El Senado de la República cumple hoy con la obligación fundamental de revisar y adecuar las normas que rigen la vida democrática del país, y adecuarlos a las realidades que hoy vive nuestro país y el entorno internacional en materia de derechos humanos.

Es importante recordar, en este caso, la declaración que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla y en donde se señaló, por la misma Corte, que un Estado que conserve la jurisdicción penal militar, la utilización de la misma debe ser mínima y debe encontrarse inspirada en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno.

Esta reforma implica una adecuación del marco jurídico nacional a las mejores prácticas internacionales en la materia.

Las iniciativas que hoy se dictaminan y se ponen a consideración de esta Soberanía, tenían como objetivo el dar cumplimiento a las obligaciones que resultaron de las diversas resoluciones emitidas por tribunales nacionales e internacionales respecto de la configuración de la jurisdicción militar en México.

En ese sentido, debemos destacar que en el corazón de esta reforma están las modificaciones al artículo 57 del Código de Justicia Militar.

El grupo parlamentario de Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, porque se encamina a la construcción de un México más democrático, porque con esta reforma México avanza hacia el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Porque esta reforma fortalece el respeto a los derechos humanos de militares y civiles, porque esta reforma plantea un sistema moderno y democrático en la relación de la sociedad y las Fuerzas Armadas.

Porque esta reforma fortalece el sistema de administración e impartición de justicia al marcar límites al fuero militar, mismos que están orientados al pleno respeto de los derechos humanos tanto de civiles como de militares.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Arely Gómez González, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Arely Gómez González: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Tenemos una gran deuda pendiente con la justicia y con los derechos humanos; ha llegado el momento de realizar nuestra aportación al cumplimiento de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de las recomendaciones del Sistema Internacional de Derechos Humanos en materia de justicia militar.

Es también, el momento de responder a víctimas como Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, que llevaron sus casos al sistema interamericano de Protección de Derechos Humanos por no encontrar justicia al interior del Estado.

En el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos de hacer de México una verdadera sociedad de derechos en beneficio de todos los mexicanos.

El dictamen que se somete a su consideración trata de uno de los temas más sensibles para la sociedad, el desarrollo del país en el último siglo no se explica sin la lealtad, sin su contribución de nuestras Fuerzas Armadas, no se entiende sin la presencia del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México en toda la República; y por ésto, es necesario modernizar y mantener la integridad de esta importante institución.

Nuestras Fuerzas Armadas juegan un papel esencial dentro del contexto de la defensa exterior de la Federación, a fin de preservar la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como coadyuvar en la seguridad interior del país para mantener el orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno.

Con las reformas y adiciones que se presentan, se busca una justicia militar a la altura de nuestros tiempos y desafíos; una justicia, que además de salvaguardar uno de los pilares fundamentales de la milicia, es decir, la disciplina militar, sea en todo tiempo respetuosa de los derechos humanos de los civiles.

Este dictamen se construyó de manera plural con la participación de los sectores involucrados en el tema.

Se llevaron audiencias públicas en las que escuchamos a 28 personas, entre académicos y expertos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y Fuerzas Armadas.

Fue histórico y fundamental escuchar y contar con la participación, no sólo en las audiencias, sino a lo largo de todo el proceso de dictaminación, de representantes de las fuerzas armadas, y al mismo tiempo organizaciones de la sociedad civil comprometidas con estos asuntos.

Por primera vez, para este tema, se escuchó en audiencias y de cerca a las Fuerzas Armadas, conociendo las serias implicaciones de cada uno de los cambios planteados, a todos ellos mi especial agradecimiento.

Este dictamen recoge la labor de poco más de un año, pero sobre todo da muestra que no hay posturas irreconciliables.

Logramos una vez más el consenso que muchos creían imposible, porque estamos trabajando con un objetivo en común: un mejor México.

Se tomaron en cuenta ocho iniciativas de esta legislatura y de la pasada.

El dictamen contempla un proyecto integral de modernización de la justicia militar. Se puede dividir en 4 grandes temas: cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Suprema Corte de Justicia de la Nación, y recomendaciones del Sistema Internacional de Derechos Humanos; adecuación de una parte de la reforma constitucional en materia de justicia penal del 18 de junio de 2008, y justicia para adolescentes y actualización terminológica.

A pesar de que todos los cambios reflejados en más de 100 artículos del Código de Justicia Militar son importantes, el más relevante es la modificación al artículo 57 para restringir la jurisdicción militar.

La Corte Interamericana condenó a Rosendo Radilla, Inés y Valentina, y de los campesinos ecologistas, a que cuando se afectara a un civil no conociera la jurisdicción militar, sino la jurisdicción civil, así queda en este dictamen.

Se garantizan derechos consagrados, tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Se satisfacen las garantías judiciales, el derecho al debido proceso a través de la garantía del juez natural. Esto significa que cuando un militar cometa un delito contra un civil, en su persona o en alguno de sus bienes jurídicos, conocerá la jurisdicción civil.

No se debe dejar de reconocer que las Fuerzas Armadas ya realizaban esto en la práctica, a partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la que se declaró inconstitucional el inciso a) de la fracción II del artículo 57 y se realizó una restricción interpretativa a los alcances de la jurisdicción militar. La Procuraduría de Justicia Militar ha trabajando de esta misma manera, acatando estos principios y declinando competencia a la Procuraduría General de la República en 404 indagatorias.

Antes de concluir, quiero reconocer públicamente al Senador Roberto Gil, por su conducción.

Al Senador Manuel Camacho Solís, por su sensibilidad.

Al Senador Alejandro de Jesús Encinas, por su gran compromiso, claves todos para la conclusión de este dictamen.

Reconozco también el activo interés de la Senadora Angélica de la Peña como promovente de una de las iniciativas dictaminadas.

No puedo dejar de agradecer y reconocer la disposición de las Fuerzas Armadas, de nuestra Secretaría de Defensa y de nuestra Secretaría de Marina, que en todo momento mantuvieron un diálogo abierto para el buen término de esta reforma.

Por último, y no por eso menos importante, agradezco el trabajo, compromiso y dedicación de organizaciones de la sociedad civil, Tlalchitonatiuh Santiago; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Micaela; FUNDAR, Jacqueline; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Stephanie y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio y Sara.

Agradezco también el trabajo y seguimiento puntual de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Alan, y Leonardo.

Agradezco también el trabajo profesional, eficiente y dedicado de la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia, Marien Rivera, así como del grupo de asesores de los Senadores que participamos en esta iniciativa:

Juaenedi Vizcaíno; Hugo Rosas; Tomás Darío y Jaime Chávez Alor.

Senadoras y Senadores:

El grupo parlamentario del PRI votará a favor de estas importantes y trascendentes reformas.

No debemos esperar más para cumplir con nuestras obligaciones internacionales, pero sobre todo, no debemos demorar el acceso pleno a la justicia de civiles que se puedan ver afectados.

Uno de los compromisos del Presidente Enrique Peña Nieto es lograr un México en paz, y esto solamente es posible gracias a la labor de las Fuerzas Armadas, que hoy como siempre van de la mano con México.

El carácter social de las Fuerzas Armadas las identifica como un Ejército de paz, por su entrega y compromiso con el pueblo de México en caso de necesidades públicas, así mismo, por el apoyo inmediato a la población en casos de desastres, lo que les ha valido el reconocimiento íntegro y el aprecio de la ciudadanía.

Es por ello que el día de hoy daremos un gran paso para mantener su prestigio y modernizar la justicia militar de nuestro país.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Gómez González.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, fracción III del Reglamento del Senado, informo a la Asamblea que para la discusión en general de este dictamen, se han inscrito los Senadores Angel Benjamín Robles Montoya y Fidel Demédicis Hidalgo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Como aquí se ha expresado, para el grupo parlamentario del PRD este dictamen no representa solamente una adecuación a la legislación militar del sistema de justicia acusatorio, para nosotros la relevancia de este dictamen va mucho más allá.

La reforma al fuero militar ha sido permanentemente un tema de nuestra agenda política, un tema de nuestra agenda legislativa.

Ha sido una lucha de años, de décadas, incluso, en contra de un paradigma profundamente arraigado, pero que evidentemente ya era insostenible, tan insostenible que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano a modificarlo.

Y es precisamente por esa lucha añeja del PRD por reformar el fuero militar, que hoy celebramos y sentimos esta reforma como un logro.

Reconocemos, sí lo quiero subrayar, el valor institucional de las Fuerzas Armadas para nuestro país, pero también hemos sido críticos de su actuación, porque las violaciones a los derechos humanos provenientes de las instituciones que están para servir a México y a los mexicanos, son evidentemente inaceptables.

Hoy, sin embargo, superamos un paradigma, y hago por eso también un llamado a las Fuerzas Armadas para que el Ejército y la Marina Armada lo superen también.

Que cada soldado, que cada marino, que cada general, que cada almirante, comprenda con convicción, que una reforma como ésta, no pretende vulnerar a la disciplina militar, ni debilitar institucionalmente a las Fuerzas Armadas, sino al contrario, pretende fortalecerla.

Porque para acercarlas a los mexicanos, no basta con organizar exposiciones o desfiles, no. Creo que hace falta un compromiso claro con la sociedad, de sancionar a los elementos que deshonran esos principios, de conducirse siempre con pleno respeto a los derechos humanos.

El Ejército y la Marina son, sin duda, dos de las instituciones de mayor reconocimiento y respeto que generan entre los ciudadanos.

Y por eso creo que es muy importante mantener ese prestigio y evitar que se siga manchando, con más casos de asesinatos, de desapariciones forzadas, de abusos de autoridad o de tortura.

México tiene que cambiar, sin duda. Y las Fuerzas Armadas no deben quedarse atrás en ese proceso.

Por eso, este proyecto representa para nosotros un gran avance y así lo enarbolamos, aunque también reconocemos que hay cosas que se pueden mejorar; y por ello, sin duda, debemos seguir avanzando.

Reitero, como aquí se ha expresado, nuestra felicitación a todas las comisiones unidas, por el arduo proceso que culmina con la presentación de este dictamen. Y por supuesto que también felicito a las ONG’s, que al igual que nosotros, han luchado durante muchos años por llevar a cabo una reforma al fuero militar.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya, y sobre todo, su respeto al tiempo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Desde el año 2010 el Ejército es la institución que más viola los derechos humanos, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Pero no solo es el planteamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es un sentimiento generalizado de nuestro pueblo, ya que en la guerra que el anterior mandatario de la República impulsó contra el narcotráfico, fueron muchos los civiles que fueron afectados por el Ejército mexicano.

Hubo detenciones arbitrarias, hubo asesinatos en retenes, hubo torturas y muchas y muchas desapariciones forzadas.

El pueblo insiste en que al gobierno ha permitido, de forma rutinaria, que el Ejército se investigue a sí mismo, a través de su propio sistema militar de justicia, que solo conduce a la impunidad.

Estos son los sentimientos de nuestro pueblo. Ante estos reclamos, hoy el Senado de la República está discutiendo y estoy convencido que aprobará de manera unánime la reforma al Código de Justicia Militar, con la intención de darle una satisfacción a la nación.

Con la intención de reivindicar a una de las instituciones más nobles de la República, como es el Ejército mexicano, y con la intención de acabar con la impunidad que se reclama que ha tenido el Ejército de México.

Sin duda que estas reformas al Código de Justicia Militar, que son a partir de la recomendación que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el caso de Rosendo Radilla, en donde recomienda que se modifique el artículo 57 del Código de Justicia Militar, el 15 de diciembre de 2009, es un parteaguas en la historia de la justicia militar en México.

Muchos casos son en donde el Ejército de México ha agraviado a la sociedad mexicana.

En Morelos recordamos el caso del ciudadano Jethro Ramsés Sánchez Santana, que fue detenido por la policía militar de Cuernavaca, fue entregado a la policía federal y luego la policía federal se lo entregó al Ejército Mexicano, sin que hubiese de por medio ningún documento que acreditara que el ciudadano Jethro Ramsés Sánchez Santana iba en condiciones sanas al ser entregado, ni a la policía federal ni a los militares.

Resultado: El joven Jethro Ramsés Sánchez Santana, apareció muerto en Atlixco, Puebla, algunos días después, y lo más grave, lo más grave, es que lo enterraron vivo.

Gracias, gracias a la presión de la sociedad morelense, gracias a las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que este caso debía de ser juzgado por la justicia militar, estos militares hoy están en la cárcel.

Uno de ellos, el principal, el autor intelectual de todo esto, falta que sea juzgado pero estoy convencido, que después de lo que vamos a aprobar el día de hoy, el acotamiento del fuero militar, la justicia llegará a este caso que conmovió a la sociedad morelense.

Por eso queremos felicitar ampliamente a las Comisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, Primera, por la reforma al artículo 57, acatando la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esto es lo que requiere y reclama el país, de manera permanente: justicia, mientras no sea la justicia en México, el pueblo no va a tener paz. Y hoy el Senado contribuye para que México tenga paz.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

En virtud de que no hay más oradores en lo general ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 106 votos a favor y cero en contra. Aprobado por unanimidad.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, en materia de justicia militar. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 75 del Reglamento del Senado, acordó la incorporación a la sesión de hoy de un punto de Acuerdo del Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, inscrito desde la sesión del martes 22, en torno al Proyecto Integral Morelos en el estado de Puebla.





 

PROPUESTA

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su autorización, señor Presidente.

Expongo una proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución para requerir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una investigación exhaustiva y una recomendación al gobierno del estado de Puebla por la persecución, detenciones y órdenes de aprehensión ilegales en contra de los legítimos opositores al Proyecto Integral Morelos.

Asimismo, se requiere la comparecencia ante las Comisiones Unidas de Energía; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de los titulares de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que presenten un informe público sobre los efectos sociales, económicos y ambientales del citado Proyecto Integral Morelos.

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, el Proyecto Integral Morelos y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos, consiste en dos centrales de generación eléctrica de ciclo combinado que consumen gas natural y un ducto para transportar el gas, de 150 kilómetros en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.

En ninguno de los tres estados se consultó a los habitantes de las comunidades ni se notificó a los propietarios de los terrenos que serán afectados por la obra, ni las empresas extranjeras que operan en el proyecto, ni la Comisión Federal de Electricidad comunicaron a la población los detalles del proyecto y omitieron informar a los organismos estatales y municipales de protección civil los riesgos por la construcción de esta obra y la operación de una instalación que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas metano diariamente a menos de 2 metros de profundidad.

El Centro Nacional para la Prevención de Desastres consideró que el proyecto era inviable, porque el gasoducto pasa por las zonas de significativo riesgo eruptivo, el trazo se encuentra a 50 y 200 metros de los centros de población.

Que según las cuentas públicas 2009-2010 de la Auditoría Superior de la Federación, en México, el margen de reserva por exceso de producción de energía es del 50 por ciento, tres veces superior a los estándares internacionales recomendables que son de 18 por ciento, lo cual pone de manifiesto lo innecesario de la obra que atenta en contra de los pobladores de la región Ixtla-Popo y pone en riesgo a cerca de 20 millones de habitantes.

Que la reacción de los pobladores ante la imposición del proyecto fue la de organizarse para exigir el respeto a su patrimonio, a sus recursos naturales y a su seguridad, tal y como está establecido en el Programa de Ordenamiento Territorial y Ecológico de la región del volcán Popocatépetl y su zona de influencia.

La respuesta de las dependencias del Ejecutivo Federal, de las empresas extranjeras y de los gobiernos de los estados, específicamente la de Rafael Moreno Valle, gobernador del estado de Puebla, ha sido la persecución y la represión, violando sistemáticamente derechos humanos.

El 6 de abril detuvo al comisariado ejidal de San Felipe Zonacayucan del municipio de Atlixco. Durante su declaración no le permitieron abogado defensor.

El 7 de abril fue detenido Juan Carlos Flores Solís, del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra.

El 8 de abril el juez de paz de San Martín Texmelucan, integrante del Frente Campesino y del Movimiento Los de Abajo, fue detenido acusado por amenazas y delitos en contra de servidores públicos.

El doctor en sociología, Ricardo Pérez Avilés, investigador de la Universidad de Puebla, fue amenazado a las puertas de su domicilio con armas de fuego.

Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno del Senado, el siguiente punto de Acuerdo:

1.- Punto de Acuerdo de urgente resolución para que el Pleno de esta H. Cámara de Senadores requiera a Rafael Moreno Valle, gobernador constitucional del estado de Puebla, para que sean liberados inmediatamente los legítimos opositores al Plan Integral Morelos, y cese la persecución, el autoritarismo y la violación a los derechos humanos y políticos de los pobladores y dirigentes de organizaciones sociales.

2.- Punto de Acuerdo de urgente resolución para que el Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores requiera a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realice una investigación exhaustiva e integre conforme a derecho la recomendación respectiva con motivo de la persecución, detenciones y órdenes de aprehensión ilegales en contra de los legítimos opositores del Proyecto Integral Morelos.

3.- Se cite a que comparezcan los titulares de la Comisión Federal de Electricidad, y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante las Comisiones Unidas de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que presenten un informe público sobre los efectos sociales, económicos y ambientales del Proyecto Integral Morelos, Centro y Gasoducto de Tlaxcala-Puebla-Morelos.

Muchas gracias, señor Presidente, por la solicitud de la urgente resolución.

Es cuanto.

Propuesta

Punto de Acuerdo de Urgente Resolución para requerir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realice una investigación exhaustiva y, conforme a Derecho, emita recomendación al Gobierno del Estado de Puebla, por la persecución, detenciones y órdenes de aprehensión ilegales en contra de los legítimos opositores del Proyecto Integral Morelos. Asimismo, se requiere la comparecencia, ante las Comisiones Unidas de Energía y la de Medio Ambiente, de los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,para que presenten un informe público sobre los efectos sociales, económicos y ambientales del citado Proyecto Integral Morelos, CCC Centro y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos.

“El que suscribe, Manuel Bartlett Díaz, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 8, fracción II, 72 fracciones XII y XIII, 231 fracción II, y, 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente punto de acuerdo:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con la carpeta, publicada en julio de 2011, por la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y Subdirección de Desarrollo de Proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, el Proyecto Integral Morelos y Gasoducto Tlaxcala, Puebla, Morelos consiste en: Dos centrales de generación eléctrica de ciclo combinado de 620 megavatios cada una que consumen gas natural como energético; un ducto para transportar el gas desde los ductos de Pemex, al sitio de las centrales, de 150 kilómetros y diámetro de 30 pulgadas, en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos; una línea eléctrica de 20 kilómetros a la subestación Yautepec; un acueducto de 20 pulgadas desde Cuautla con longitud de 10 kilómetros; la inversión total es cercana a los mil 600 millones de dólares.

Que como se ha vuelto hábito por parte de las dependencias del Ejecutivo Federal en ninguno de los tres Estados se consultó a los habitantes de las comunidades, ni se notificó a los propietarios de los terrenos que serán afectados por la construcción de la obra que se inició en mayo de 2011. Asimismo, ni las empresas extranjeras que operan el proyecto, ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comunicaron a la población en general los detalles del proyecto, del mismo modo que omitieron informar a los organismos estatales o municipales de protección civil, los riesgos que la construcción de esta obra implica, así como de los peligros asociados a la operación de una instalación estratégica que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas metano diariamente a menos de 2 metros de profundidad.

Que el Proyecto presenta contradicciones, omisiones y faltas administrativas que deslegitiman un trabajo objetivo y serio por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para evaluar los impactos del proyecto.

Que el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED), consideró que el Proyecto era inviable en esta zona, justamente porque pasa por las zonas de significativo riesgo eruptivo, considerando inviable la construcción del gasoducto.

Respecto a las normas de seguridad del gasoducto, los folletos entregados por la CFE a las diversas poblaciones en los tres estados da testimonio de que para la seguridad de la población, las válvulas de seccionamiento se encontrarán a 4 kilómetros una de otra. Sin embargo, en realidad el trazo del gasoducto se encuentra a 50 y 200 metros de los centros de población.

Que el MIA en su página 71, describe las consecuencias ambientales que traerá el proyecto específicamente la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera y la contaminación del agua por los procesos químicos que empleará la termoeléctrica con las torres de enfriamiento: gas cloro, ácido sulfúrico, etcétera. Sin embargo dicha descripción es fragmentada e incompleta.

Que según las Cuentas Públicas 2009 y 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, en México el Margen de Reserva por exceso de producción de energía es del 50 por ciento, tres veces superior a los estándares internacionales recomendables que son del 18 por ciento, lo cual pone de manifiesto lo innecesario de destinar recursos públicos a un proyecto que solo atenta en contra de los pobladores de la Región Izta-Popo y pone en riesgo a cerca de 20 millones de habitantes.

Que la reacción de los pobladores ante la imposición del PIM y específicamente del Gaseoducto, que recorrerá 150 kilómetros a través de 60 comunidades cercanas a la Zona de Contingencia del Volcán Popocatépetl, fue la de organizarse para exigir el respeto a su patrimonio, a sus recursos naturales y a su seguridad, tal y como está establecido en los Programas de Ordenamiento Territorial y Ecológico de la Región del Volcán Popocatépetl y su Zona de Influencia.

Que el temor de los habitantes ante una Contingencia es aun mayor ya que en septiembre de 2012 en San Martín Texmelucan hubo 17 muertos, 60 heridos y pérdidas incuantificables por la explosión de un gaseoducto.

Que la respuesta de las Dependencias del Ejecutivo Federal, de las empresas extranjeras y de los Gobiernos de los Estados, específicamente el de Rafael Moreno Valle en Puebla, ha sido la persecución y la represión, violando sistemáticamente los Derechos Humanos. Moreno Valle, con la actitud fascista que lo caracteriza, entre el 6 y el 8 de abril aprehendió y encarceló a tres Dirigentes Sociales y ordenó se giraran 6 órdenes de aprehensión y, se le acusa de haber enviado a burócratas del Banco Estatal de la Tierra a las comunidades para amenazar que otros 150 pobladores están en su lista negra.

El 6 de abril detuvo a Enedina Rosas Vélez de 60 años, Comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan del Municipio de Atlixco, acusada del robo de dos celulares y su oposición al Gasoducto. Durante su declaración no le permitieron Abogado Defensor.

A las puertas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Puebla, el 7 de abril fue detenido Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra. Se le acusa de despojo, extorsión y motín, delitos considerados graves que no le permiten derecho a fianza.

El Juez de Paz de San Martín Texmelucan, Abraham Cordero Calderón, integrante del Frente Campesino y del Movimiento “Los de Abajo”, el 8 de abril condenó las detenciones de los dos Dirigentes y proponía al Gobierno Estatal el diálogo, tres horas después fue detenido acusado por amenazas y delitos en contra de servidores públicos. A pesar de contar con el beneficio de la caución por el tipo de delito, por instrucciones de Moreno Valle, la Ministerio Público de Atlixco, Minerva Herrera, solicitó al Juez Helmo Mayoral, se le negara la libertad bajo fianza, ya que se considera a Cordero Calderón un peligro para la sociedad.

Al Doctor en Sociología Ricardo Pérez Avilés, Investigador de la BUAP, lo amagaron a las puertas de su domicilio con armas de fuego exigiéndole que deje de apoyar a los Movimientos que se oponen al Gasoducto. La misma táctica, acusan otros dirigentes, ha sido utilizada en su contra, como son los casos de Raúl Rodríguez, Abogado de los detenidos, y de Alberto Melchor Montero, alumno de la BUAP que desde la Estación de Radio 104.5 ha denunciado los excesos de Moreno Valle.

Que los movimientos sociales Los de Abajo y el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, han denunciado el acoso por parte de Moreno Valle a través de burócratas del Banco Estatal de la Tierra, quienes son señalados por pobladores de realizar negocios especulativos millonarios mediante la compra y venta de tierras y el cambio del uso de suelo, ahora amparados por las reformas realizadas a la Ley de Expropiación, que legaliza el despojo sin mediar notificación.

Que detrás de toda esta persecución y represión de este Neo Porfirista de Moreno Valle, se encuentran, además del Gasoducto, 90 concesiones mineras y la concesión de 8 hidroeléctricas.

Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno del Senado, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNO. PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION PARA QUE EL PLENO DE ESTA H. CAMARA DE SENADORES REQUIERA AL C. RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE SEAN LIBERADOS INMEDIATAMENTE LOS LEGITIMOS OPOSITORES AL PLAN INTEGRAL MORELOS Y CESE LA PERSECUCION, EL AUTORITARISMO Y LA VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS Y POLITICOS DE LOS POBLADORES Y DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES.

DOS. PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION PARA QUE EL PLENO DE ESTA H. CAMARA DE SENADORES REQUIERA A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, REALICE UNA INVESTIGACION EXHAUSTIVA, E INTEGRE CONFORME A DERECHO LA RECOMENDACION RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA PERSECUCION, DETENCIONES Y ORDENES DE APREHENSION ILEGALES EN CONTRA DE LOS LEGITIMOS OPOSITORES DEL PROYECTO INTEGRAL MORELOS.

TRES. SE CITE PARA QUE COMPAREZCAN LOS TITULARES DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, ANTE LAS COMISIONES UNIDAS DE ENERGIA Y LA DE MEDIO AMBIENTE, PARA QUE PRESENTEN UN INFORME PUBLICO SOBRE LOS EFECTOS SOCIALES, ECONOMICOS Y AMBIENTALES DEL PROYECTO INTEGRAL MORELOS, CCC CENTRO Y GASODUCTO TLAXCALA-PUEBLA-MORELOS.

Sen. Manuel Bartlett Díaz”.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, a en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a la Comisión de Energía.

A petición de la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, a fin de que emitan el dictamen que correspondan al proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales en materia de fiscalización, recibido el 26 de abril de 2012.





 

EXCITATIVA



Hago de su conocimiento que las proposiciones y efemérides inscritas en el Orden del Día de hoy, se turnarán a comisiones.





 

PROPUESTAS

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a redoblar esfuerzos para controlar la propagación de enfermedades provocadas por vectores y difundir las medidas de prevención para evitar el contagio de estos padecimientos, como el paludismo. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD A REDOBLAR ESFUERZOS PARA CONTROLAR LA PROPAGACION DE ENFERMEDADES PROVOCADAS POR VECTORES Y DIFUNDIR LAS MEDIDAS DE PREVENCION PARA EVITAR EL CONTAGIO DE ESTOS PADECIMIENTOS COMO EL PALUDISMO.

“La suscrita, Maria Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD A REDOBLAR ESFUERZOS PARA CONTROLAR LA PROPAGACION DE ENFERMEDADES PROVOCADAS POR VECTORES Y DIFUNDIR LAS MEDIDAS DE PREVENCION PARA EVITAR EL CONTAGIO DE ESTOS PADECIMIENTOS COMO EL PALUDISMO.

CONSIDERACIONES

El Día Mundial de la Salud se conmemoró con el lema “pequeñas picaduras, grandes amenazas”

Habiendo hecho un llamado la Organización Mundial de la Salud a fortalecer las medidas preventivas para reducir las enfermedades transmitidas por vectores.

Este 25 de abril se dedica al paludismo, es así como se busca hacer conciencia sobre la amenaza que representan los vectores y las enfermedades vectoriales, trabajando coordinadamente con las familias y comunidades para adoptar medidas de protección.

Los vectores en este caso el mosco anofeles provoca una enfermedad infecciosa de tipo parasitario que también puede transmitirse de una persona infectada a otra por transfusión sanguínea, o el uso de agujas contaminadas, siendo este contagio más frecuente en zonas tropicales y lugares con problemas de acceso al agua potable y al saneamiento donde se acostumbra acumular agua en objetos o tinajas que permiten la proliferación de mosquitos.

La Organización Mundial de la Salud, calcula que la enfermedad vectorial más mortífera, el paludismo, causó 660 mil muertes en 2010 siendo mayoritariamente en niños africanos. La organización Panamericana de la Salud, señala que en América se han logrado muchos éxitos en el control de estas enfermedades pero a pesar de los avances se sigue con la amenaza de la expansión de mosquitos y diversos vectores en nuevos hábitats y por la aparición de las resistencias a insecticidas y medicamentos.

No obstante todo lo anterior, más de la mitad de la población del planeta corre el riesgo de contraer alguna de las enfermedades transmitidas por los vectores e ahí la importancia de incrementar políticas públicas preventivas para el contagio de estos padecimiento, haciendo llegar información a la población para hacer conciencia de las medidas necesarias para evitar su proliferación.

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.Se exhorta a la Secretaría de Salud a redoblar esfuerzos para controlar la propagación de enfermedades provocadas por vectores y difundir las medidas de prevención para evitar el contagio de estos padecimientos como el paludismo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 24 de abril de 2014.

Sen. Cristina Díaz Salazar”.





 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita diversas acciones al Jefe de Gobierno del Distrito Federal con relación al sismo del pasado 18 de abril de 2014. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITAN DIVERSAS ACCIONES AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CON RELACION AL SISMO DEL PASADO 18 DE ABRIL DE 2014.

“La suscrita, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II;76; y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITAN DIVERSAS ACCIONESAL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERALCON RELACION AL SISMO DEL PASADO 18 DE ABRIL DE 2014, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El Servicio Sismológico Nacional (SSN), reportó el pasado 18 de abril de 2014, un sismo con magnitud 7.2; localizado a 40 km al sur de Petatlán, en el estado de Guerrero. El sismo, ocurrido a las 9:27 horas fue percibido con fuerza en el Distrito Federal, en los estados de Guerrero, Hidalgo, Jalisco Morelos, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala, y otras localidades.

2. Así mismo, el Servicio Sismológico señala que cuando ocurre un sismo de magnitud considerable las rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura sufren un reacomodo, lo que genera una serie de temblores en la zona que reciben el nombre de réplicas. El número de las réplicas puede variar desde unos cuantos hasta cientos de eventos en los próximos días o semanas de ocurrido el temblor principal. Así por ejemplo, en el caso del sismo pasado se han rebasado ya las 200 réplicas.

3. El sismo del pasado 18 de abril, trajo como consecuencia una gran cantidad de daños sobre todo a casas, edificios, carreteras, puentes, entre otros. El Distrito Federal no fue ajeno a las afectaciones derivadas del sismo ya que la magnitud del mismo provocó que se percibiera con fuerza en esta ciudad, y como consecuencia de ello se vieron afectados decenas de inmuebles, así como la caída de aproximadamente 15 bardas.

4. Cabe destacar que en los últimos días la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, recibió 314 reportes de revisiones a inmuebles que sufrieron algún tipo de daño, como plafones caídos, vidrios fracturados y pequeñas fisuras, hasta el momento solo un inmueble ubicado en la Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc ha sido considerado de alto riesgo, motivo por el que las autoridades solicitaron a los habitantes de ese inmueble su desalojo.

5. El Servicio Sismológico Nacional sugiere que después de un sismo se debe llevar a cabo una completa verificación de los posibles daños estructurales en casas y edificios, y en su caso, no hacer uso del inmueble si presenta daños visibles.

De igual forma, es recomendable estar preparados para futuros sismos, llamados replicas, éstas generalmente son de menor intensidad más leves que la sacudida principal, sin embargo, pueden ocasionar daños adicionales.

6. Como ya se citó y dado que en el Distrito Federal se presentaron afectaciones a inmuebles y bardas es necesario realizar una inspección minuciosa tanto en los inmuebles que resultaron afectados, como en aquellos que por su antigüedad pudieran representar un riego para las personas, así como a la infraestructura de la ciudad, con la finalidad de determinar la magnitud y gravedad de los daños, y en su caso se tomen las medidas que se estimen necesarias que permitan prevenir accidentes.

7. Por otra parte, respecto al Atlas de Peligros y Riesgo de la Ciudad de México, es importante señalar que aunque en la página electrónica de la Secretaría de Protección Civil se puede encontrar un Atlas de riesgo, sin embargo no se señala la fecha de actualización del mismo, por lo que la actualización de dicho Atlas es incierta, en tal sentido es necesario que la información del mismo sea lo más actual posible.

8.- Por otra parte, es indispensable que se evalúen y actualice la red y los instrumentos de alerta sísmica, así como los sistemas de alerta a la población en el Sistema de Transporte Colectivo, edificios institucionales y en los espacios públicos de mayor afluencia.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. Tal y como es el caso del presente instrumento parlamentario.

SEGUNDA.- Que resulta insuficiente la cobertura de la alarma sísmica en las entidades de la República Mexicana, especialmente en el Distrito Federal donde el subsuelo y las características de edificación lo convierten en una zona es mucho más susceptible a estos fenómenosy a pesar de los esfuerzos implementados por el Gobierno del Distrito Federal, aún falta eficientar y ampliar las herramientas para alertar a la población en caso de sismos, ya que los medios de difusión ante una eventualidad de esta naturaleza aún presenta rezagos.

TERCERA.- Que ante las afectaciones a diversos inmuebles y a la infraestructura de la ciudad ocasionadas por el sismo del pasado 18 de abril de 2014, es indispensable que las autoridades competentes implementen de inmediato acciones tendientes a evaluar y corregir los daños ocasionados con el objeto de evitar posibles accidentes que pudieran poner en riesgo la vida de las personas.

CUARTA.-Que la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal dispone que es atribución de la Secretaría de Protección Civil: investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños provenientes de fenómenos de origen natural o antropogénico que puedan ocasionar desastres, integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las dependenciasresponsables.

QUINTA.- Que el artículo 10 de la Ley General de Protección Civil establece siete faces anticipadas a la ocurrencia de un agente perturbador, mismas que a continuación se señalan:

I. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de construcción social de los mismos;

II. Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios;

III. Análisis y evaluación de los posibles efectos;

IV. Revisión de controles para la mitigación del impacto;

V. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos;

VI. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos, y

VII. Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que a través de la Coordinación General de Protección Civil del Distrito Federal, se evalúen los daños ocasionados a inmuebles particulares edificios públicos y a la infraestructura de la ciudad, especialmente en puentes vehiculares, en los tramos elevados del Periférico, así como en la red del Sistema de Transporte Colectivo, por el sismo del pasado 18 de abril y remita a este Senado un informe detallado de los resultados obtenidos.

Segundo.- Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que a la mayor brevedad se actualice el Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que se evalúen e intensifiquen los instrumentos de alerta sísmica, así como para que se modernicen y amplíen los sistemas de alerta en el Sistema de Transporte Colectivo, edificios institucionales y espacios públicos de mayor afluencia.

Cuarto.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal con el objeto de que implementen acciones para modernizar los diversos sistemas de alerta sísmica, así como para ampliar el número de observatorios sismológicos en las entidades federativas con mayor incidencia sísmica.

Quinto.- Se exhorta al Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y del Distrito Federal a implementar los mecanismos necesarios a fin de informar oportunamente a la población sobre la ocurrencia de un sismo, particularmente, mediante mensajes de texto masivos a través de la telefonía celular y/o redes sociales de Internet en los que adicionalmente se difundan los números telefónicos de emergencia.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, 24 de abril de 2014.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza”.





 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a apremiar diversas medidas para atender los daños causados por el sismo del pasado 18 de abril. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, SE APREMIEN DIVERSAS MEDIDAS PARA ATENDER LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL SISMO DEL PASADO 18 DE ABRIL.

“El suscrito Senador de la República, Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracc. II y el artículo 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, el presente Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado viernes 18 de abril un fuerte sismo de 7.2 grados en escala de Richter con epicentro en Petatlán, en la Costa Grande del estado de Guerrero, provocó diversas afectaciones. Hasta el momento se tienen contabilizadas por lo menos 1,838 viviendas dañadas, afectando aproximadamente 8,200 personas.

Según datos de la Subsecretaría de Protección Civil del gobierno del estado, los municipios más afectados son Acapulco, Coyuca de Benítez, Tecpan de Galeana, Benito Juárez, Atoyac de Alvarez, Petatlán, La Unión, Zihuatanejo, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Pungarabato, San Miguel Totolapan y Olinalá.

Afortunadamente y a pesar de la magnitud del movimiento telúrico, no hubo pérdida de vidas como consecuencia; sin embargo, es importante que los tres órdenes de gobierno redoblen esfuerzos en la reconstrucción y reparación de viviendas, hospitales y tramos carreteros, debido a la proximidad de la temporada de lluvias, lo que podría ahondar las urgentes necesidades que la población afectada requiere.

Es menester del Congreso de la Unión velar por la seguridad de sus ciudadanos y en situaciones de emergencia coadyuvar en la recuperación y rehabilitación de la nación, hoy es el pueblo de Guerrero el que necesita de nuestra solidaridad y del trabajo conjunto de los distintos niveles de gobierno, seamos parte de la historia de México como un país que ayuda y se hermana ante la adversidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al jefe del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el gobierno del estado de Guerrero y de los municipios afectados, a que en el ámbito de sus facultades y a la brevedad posible, instrumenten las medidas necesarias para brindar toda la atención requerida por los habitantes afectados por el sismo del pasado 18 de abril.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a los titulares de los tres niveles de gobierno, para que a través de la Secretaría de Gobernación, el gobierno del estado de Guerrero y los ayuntamientos de los municipios afectados, se establezcan mesas de trabajo para la pronta asignación de recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, con el fin de mitigar los daños de las viviendas, principalmente en la región Costa Grande del estado de Guerrero.

TERCERO. Se exhorta respetuosamente al jefe del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, se agilice a la brevedad posible, la entrega de recursos financieros del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, para subsanar los daños del sismo citado de la manera más oportuna.

Cámara de Senadores, a 24 de abril de 2014.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.





 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Dirección General de Aeronáutica Civil a mantener una estricta vigilancia permanente sobre las medidas de seguridad a los usuarios, mantenimiento correctivo y preventivo que realizan las aerolíneas a sus aeronaves. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.







 

De los Senadores Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Fidel Demédicis Hidalgo, Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a las Secretarías de Estado que corresponda a que atiendan la situación de los integrantes de la comunidad indígena de los Cucapáh en el Delta del Río Colorado. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE MEDIANTE LAS SECRETARIAS DE ESTADO QUE DESIGNE, SE ATIENDA LA SITUACION DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE LOS CUCAPAH

“Los que suscriben las Senadoras y Senadores CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICHARELLANO, FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO y ERNESTO RUFFO APPEL, integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION MEDIANTE EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA INSTRUIR A LAS SECRETARIAS DE ESTADO QUE CORRESPONDA, PARA ATENDER LA SITUACION DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE LOS CUCAPAH EN EL DELTA DEL RIO COLORADO, POR LAS CONDICIONES DE SUBSISTENCIA EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, lo anterior bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

La comunidad indígena y ancestral de Mesoamérica de los Cucapá, han habitado el Delta del Río Colorado, al norte del país, desde hace nueve milenios que atestiguan su historia, con diversos estudios que dan testimonio como los trabajos del arqueólogo Rogers C. Owen (1945) Tonatiuh Castro Silva (1999) Macximiliano Muñoz Orozco y María del Socorro Guzmán Ornelas (2006) entre muchos otros.

Esta comunidad de quienes podemos identificar como parte de nuestra composición pluricultural, en términos del artículo segundo constitucional federal, y los tratados internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, donde esta comunidad ha vivido en la marginación de manera sistemática, y ante quienes el Estado mexicano no ha podido generar un estado de bienestar, ya que ha existido una dramática disminución de su población; entre los datos históricos esta la referencia del explorador español Fernando Alarcón quien fue el primer europeo en mencionar a los indígenas del río Colorado en 1540, en 1605 había unos 22mil indígenas en esa región, en 1827 hay un reporte de que unos 5 mil indios vivían en el área y, en 1990, solo quedaban 1000 cucapáh, y en la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dentro de la recomendación 8/2002, en el año 2002, solo refieren una población de 225 integrantes.

En esa época el entonces Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor José Luis Soberanes Fernández, en la presentación del Informe de Actividades 2002,pronunciado el 12 de febrero de 2003 ante los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión; al señalar las recomendaciones emitidas se deja testimonio de la número 8/2002, donde dirigida al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por actos violatorios a los Derechos Humanos de los habitantes de la comunidad indígena de los Cucapáh, a quienes, no obstante que subsisten básicamente de la caza y de la pesca, les han sido restringidas sus actividades pesqueras, sin establecerse alternativas viables para su desarrollo.”

El caso nos da la referencia de la problemática que ha sufrido esta comunidad donde el organismo nacional señaló:

“El 2 de mayo de 2000, esta Comisión Nacional recibió el escrito de queja de Mónica González Portillo, por medio del cual manifestó que la comunidad indígena Cucapáh tiene sus asentamientos en los márgenes y delta del río Colorado, en el Estado de Baja California; que sus raíces culturales se encuentran íntimamente ligadas a las actividades pesqueras, las cuales son su único medio de sustento económico, y que al impedirles el ejercicio pleno de sus actividades, se violan los Derechos Humanos de sus integrantes. Señaló que los habitantes han sido desplazados a tierras áridas y se pretende que pesquen en mar abierto, donde se les dificulta realizar dicha actividad. Agregó que constantemente inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) les levantan actas administrativas y les aseguran sus herramientas de pesca”

Entre las evidencias, se puede destacar la problemática de esta comunidad, en lo que refiere la citada comisión nacional:

“Esta Comisión Nacional realizó una investigación a fin de integrar el expediente 2000/2007-4, y del análisis lógico-jurídico del conjunto de evidencias obtenidas se acreditó que los Derechos Humanos de los indígenas cucapáh han sido conculcados, conforme a las siguientes consideraciones:

I. Aspecto Pesquero. En el caso particular es posible sostener que la comunidad indígena cucapáh materializa los supuestos establecidos en el artículo 2o. constitucional para ser considerado pueblo indígena, y, por tanto, cuenta con los derechos que la legislación nacional y los tratados internacionales otorgan a los pueblos indígenas precisamente por esa condición.

Con la información que diversas autoridades proporcionaron a esta Comisión Nacional, se acreditó que a los indígenas cucapáh les ha sido restringida la pesca en la Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, por lo que a continuación se expone:

La Profepa ha realizado operativos de inspección y vigilancia en la Reserva de la Biosfera, fundamentándose en el artículo 49 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, sin embargo, dicha entidad no ha tomado en cuenta el artículo 48 de la mencionada ley, que en su segundo párrafo señala que en las Zonas Núcleo de las reservas de la biosfera podrán “limitarse o prohibirse aprovechamientos que alteren los ecosistemas”, de lo que se colige que no es preciso afirmar que está excluida la posibilidad de la pesca en dicha zona. Reforzando lo anterior, el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de áreas naturales protegidas no prohíbe las actividades de aprovechamiento en las Zonas Núcleo, lo que confirma la posibilidad de la pesca en dicha zona.

Adicionalmente, en el expediente quedó documentado que no sólo es viable continuar explotando la pesca de la curvina, que aún cuando la realizaran en la Zona Núcleo de la Reserva, no rompe el equilibrio ecológico ni amenaza la extinción de la especie, sino que, por el contrario, la trascendencia que guarda la pesca para ese grupo étnico no sólo deriva del aspecto económico, al ser su medio de subsistencia, sino que ésta forma parte de sus costumbres y tradiciones.

Con lo anterior se deduce que los derechos fundamentales de los cucapáh, como pueblo indígena, han sido conculcados, en especial el derecho a mantener sus usos y costumbres, a la legalidad y a la seguridad jurídica, los cuales encuentran sustento en las fracciones I, III, IV y VI del inciso A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconocen y garantizan los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía, a la decisión de sus formas internas de organización económica y cultural, a la preservación y enriquecimiento de sus conocimientos, y de todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, para la conservación y mejora de su hábitat, y para acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan estas comunidades.

El inciso B del mismo precepto constitucional indica que la Federación, los Estados y los Municipios determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus comunidades y pueblos, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos; además, también se violó lo preceptuado en los artículos 14 y 16 de la propia Constitución.

En el contexto internacional, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes menciona, en sus artículos 2.1, 4.1, 5, 6, 7, 8.1, 13, 14.1, 15 y 23, la obligación que tienen los gobiernos para reconocer, proteger y respetar los valores y prácticas culturales de los pueblos indígenas, así como su medio ambiente y, en especial, su relación espiritual y cultural con las tierras.

II. Derecho al Desarrollo de los pueblos indígenas. En la integración del expediente, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó no sólo que la pesca actualmente es prácticamente el único medio de subsistencia con que cuentan los indígenas cucapá, sino que no se han logrado alternativas viables de desarrollo con las cuales se les garantice el pleno ejercicio del derecho al desarrollo y la posibilidad de participar en el crecimiento económico y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.

Por lo tanto, corresponde a las diversas autoridades proponer alternativas de desarrollo que permitan a los cucapáh realizar actividades productivas que les brinden beneficios, impulsando la realización de proyectos de desarrollo alternativo y sustentable en esta comunidad indígena.

Asimismo, de conformidad con el apartado B del artículo 2o. constitucional, se advierte que para alcanzar más rápido y fácilmente esta meta, es necesario que las distintas autoridades involucradas en la atención de la problemática que nos ocupa realicen acciones coordinadas entre sí, para que, en conjunto con los indígenas cucapáh, implanten proyectos productivos que vayan encaminados a alcanzar el ejercicio del derecho al desarrollo.

Para lograr lo anterior, de conformidad con el artículo 7.1 del Convenio de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, es de fundamental importancia que las autoridades responsables respeten el derecho de los indígenas cucapáh a decidir sus prioridades en el proceso de desarrollo, en la medida en que afecte sus vidas, creencias, instituciones, espiritualidad y las tierras en que habitan o que de algún modo utilizan.

III. Aspecto en materia de agua. En el expediente quedó documentado que un componente que ha jugado un papel determinante en la problemática de la etnia cucapá lo constituye el problema en materia de abastecimiento de agua. Al respecto, es importante hacer referencia al expediente 007/178/02, que se inició el 30 de junio de 2000 en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con la denuncia del maestro Claudio Torres Nachón, en la que solicitó a esa Procuraduría que emitiera una recomendación a las autoridades mexicanas competentes para que solicitaran al gobierno de Estados Unidos de América que fluyera más agua al río Colorado en la parte mexicana, documentándose, como ha quedado asentado en el capítulo de hechos, las acciones que ha tomado dicha institución; sin embargo, no se ha concluido el procedimiento, situación que se deberá realizar dentro de los términos establecidos en la legislación aplicable, con objeto de contribuir a preservar los Derechos Humanos de la etnia cucapáh.

Por todo lo expuesto, esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló las siguientes Recomendaciones:

Al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales se le recomendó que se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se actualice el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, con objeto de que se modifiquen los lineamientos y políticas contenidos en dicho programa para que se atiendan las necesidades económicas y culturales de la comunidad indígena cucapáh y, por ende, su derecho a realizar actividades de pesca en la Reserva, y, de ser posible, de acuerdo con los estudios que se efectúen, fijar una nueva delimitación de la zona núcleo de la misma y sus subzonas, estableciendo los criterios objetivos necesarios para preservar el equilibrio del ecosistema, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento. Para la actualización del Programa deberán realizarse los estudios necesarios y dar la participación que corresponda a los indígenas cucapáh y a los demás agentes sociales inmersos en la problemática de la Reserva de la Biosfera, así como al Instituto Nacional de la Pesca, en el ámbito de su competencia; que se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que, con la participación de los cucapáh, y en coordinación con las autoridades competentes, se diseñen e instrumenten programas de desarrollo social destinados a este grupo indígena; la realización de un programa de educación ambiental en la región a fin de difundir una cultura de conservación, aprovechamiento y desarrollo sustentable en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, así como para que se perfeccionen y actualicen las técnicas e instrumentos de pesca de los indígenas mencionados; asimismo, se le recomendó que se sirva girar sus instrucciones a fin de que la Dirección General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente determine, de conformidad con los términos establecidos en la normativa aplicable, el procedimiento 007/178/02.

Al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se le recomendó que se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se expidan permisos de pesca a la comunidad cucapáh en la actual zona núcleo, conforme a las reflexiones realizadas en la presente Recomendación, atendiendo las sugerencias que realice el Instituto Nacional de la Pesca en cuanto a límites de volumen de extracción de especies, y observando las políticas y lineamientos que se adopten en la actualización del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, con uniformidad de criterios respecto a la explotación de curvina y otras especies que sean susceptibles de captura conforme la regulación aplicable.”

El ejemplo de la comunidad indígena de los cucapáh, es representativo para grupos minoritarios que sufren condiciones de extrema pobreza pero que además de su idiosincrasia implica una cosmovisión que se encuentra arraigada en relación con el río, donde habitan desde tiempos ancestrales, ya que desde siempre los ecosistemas de los ríos Hardy y Colorado han permitido la conservación de esta cultura.

Los cucapáh se consideran hijos del río, su mito de origen permite ubicarlos como nacidos del agua. Este grupo indígena considera a la ballena, al venado buro, y a la víbora de cascabel como símbolos de linaje y entidades totémicas. Con danzas y cantos, evocan diferentes elementos de la naturaleza, como buscando una comunicación recíproca con ésta, que representa el territorio donde su cultura se ha desarrollado por miles de años, donde nació su tradición pesquera, y su amor por la naturaleza, donde se deposita toda su esencia.

Los problemas de esta comunidad de manera específica nos llevan a solicitar que se revisen los decretos mediante los cuales se les dota de un porcentaje de pesca1, que pese a que les asigna un 20% en decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero del 2014, equivalente a 460 toneladas, resulta esta cantidad insuficiente, por las necesidades de la comunidad.

Otras voces como la Comisión Nacional para la Protección de los Pueblos Indígenas2 y el de la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas del Congreso Estatal de Baja California, pidió a autoridades locales adecuen el acceso al Alto Golfo de California para beneficiar a pescadores cucapáh.3

Otro antecedente lo constituye el sismo de 7.2 grados de 2010 que afectó el camino de acceso a la pesca, donde es urgente la inmediata intervención del gobierno Federal ante la falta de atención del Gobierno de Baja California para reconstruir esa vía que conduce a la zona de desembarque de pangas denominada “El Zanjón”. Donde la petición de los cucapáh es para la reconstrucción del camino, ante el inicio de la temporada de pesca de la especie curvina golfina, “lo cual para las familias indígenas pescadoras, representa su único sostén económico”.

Cada año se deteriora más dicho acceso por la acción de las mareas que presentan el delta y la desembocadura del río Colorado, y ya que desde febrero de este año ya se reportaron las dos primeras mareas en las que los integrantes de las cooperativas indígenas no pudieron pescar pues esta obra se encuentra inconclusa pese a haberse iniciado en diciembre de 2013.

“Esta situación viene a golpear una vez más esta etnia la cual ya estaba sufriendo los estragos del decreto de la Reserva de la Biósfera que les impide pescar en su propio territorio”, debe de considerarse que la temporada de pesca es de sólo tres meses al año y comprenden seis o siete mareas con tres o cuatro días de pesca cada una.

Una circunstancia ligada al caso expuesto, es la disparidad que viven los pescadores de comunidades autóctonas pesqueras, o de pequeños núcleos de población, para quienes debemos proveer de una respuesta de respeto a sus derechos fundamentales, particularmente cuando se trata de subsistencia, quienes muchos de ellos con su presencia ancestral milenaria, como los cucupáh, que actualmente cuentan con 101 lanchas de pesca relativas a un número similar de familias, frente a organizaciones de comunidades vecinas de pescadores del estado de Sonora, y que les generan una desleal competencia, ya que les compiten con 410 lanchas propiedad de monopolios de facto en manos de cinco personas con buena capacidad económica; y que ante los topes de captura en la pesca, los criterios actuales se ejercen por lo menos en la práctica a partir de cada lancha, con lo cual deben revisarse las normas relativas debiendo incorporarse principios que los ubiquen fuera de la pesca para supervivencia.

Es por lo anterior que solicitamos que el Senado de la República exhorte respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal que en el ámbito de sus atribuciones instruya a las Secretarias de Estado a fin de emitir las acciones necesarias para atender las necesidades de los integrantes de la comunidad indígena de los cucapáh, bajo el criterio de atender su estado de supervivencia como elemento que permita mejorar las prácticas pesqueras y de acuacultura sustentable, generando elementos de equilibrio y seguridad social a los núcleos pesqueros que como en el caso expuesto corren el riesgo de exterminio, con lo cual el Estado mexicano estaría siendo permisivo de un delito de lesa humanidad.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que este asunto sea considerado de Urgente Resolución y puesto a discusión y votación de esta Asamblea, por lo que nos permitimos someter a esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

UNICO: EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A INSTRUIR A LAS SECRETARIAS DE ESTADO QUE CORRESPONDAN, PARA LA ATENCION DE LA PROBLEMATICA QUE VIVEN LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE LOS CUCAPAH, QUE SE UBICAN EN EL DELTA DEL RIO COLORADO, GENERANDO LAS ACCIONES QUE LES PERMITAN SUPERAR LA PROBLEMATICA DE SUBSISTENCIA EN LA QUE SE ENCUENTRAN.

Dado en el salón de sesiones, a 24 de abril de 2014.

Suscriben

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Ernesto Ruffo Appel”.





 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a declarar el 15 de abril como “Día Mundial del Arte”. Se turna a la Comisión de Cultura.

LAYDA SANSORES SAN ROMAN, SENADORA DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNION, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 8.1 FRACCION II, 95, 108 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETO A CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA EL SIGUIENTE: PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DEL SECRETARIO DE GOBERNACION, QUE SE DECLARE AL 15 DE ABRIL COMO “DIA MUNDIAL DEL ARTE”. AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- La Asociación Internacional de Artes Plásticas (AIAP) que es una organización no gubernamental, creada en 1954 asociada a y bajo los auspicios de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual lucha porque se establezcan políticas a favor de los derechos de los artistas; promueve la instauración de acuerdos internacionales que tiendan a favorecer el trabajo creador, así como los intercambios de artistas y sus obras entre los países miembros. Su sede está en París y engloba las cinco regiones culturales: Europa, Asia-Pacífico, Países Arabes, Latinoamérica y el Caribe y Africa.

El 5 de abril de 2011, a iniciativa de la AIAP se estableció el Día Mundial del Arte –conocido como la Declaración de Guadalajara- iniciativa aprobada unánimemente por las delegaciones de las 5 Regiones Culturales de la UNESCO, asistentes a la XVII Asamblea General y Congreso de la AIAP en Guadalajara, Jalisco.

En la Declaración de Guadalajara se instauró que El DIA MUNDIAL DEL ARTE, se celebrara el 15 de abril, natalicio de Leonardo Da Vinci y se concibió está celebración como un periodo durante el cual, “TODAS LAS ARTES, de forma gratuita, lleguen a la comunidad, en las calles, parques, museos, jardines, teatros, instituciones culturales, dónde las exposiciones de pintura, instalaciones, música, conciertos, ballet, poesía, literatura, cuentacuentos, teatros, etc. interactúen con la comunidad creando una gran fiesta mundial con fines culturales y positivos”.

II.- A partir del año 2011, el Comité Ejecutivo de la AIAP, A través de su Presidencia mundial ha invitado en varias ocasiones a artistas y autores de todas las disciplinas, instituciones y centros culturales, museos, galerías y universidades, a participar en las celebracionesdel Día Mundial del Arte.

La invitación a sido a celebrar en esa fecha, no sólo el nacimiento del gran hombre del Renacimiento Italiano, Leonardo Da Vinci, uno de los seres humanos más creativos: pintor, escultor, pensador, filósofo, escritor, innovador, científico, matemático, que es sobre todos estos títulos, un gran artista; sino también subrayar la importancia y el valor del arte para la fraternidad, la libertad de expresión, el diálogo multicultural y multidisciplinario y la paz mundial.

III- A pesar de que el mundo del arte sea apasionante y cautivador, no muchas personas tienen la oportunidad para conocer e interactuar personalmente con las y los artistas e intelectuales por lo que esta iniciativa de crear un día mundial del arte, que se gesta en nuestro país, tiene como una de sus finalidades acercar a las y los artistas e intelectuales con la población en general, buscando hacer del contacto con el arte una experiencia de vida que enriquezca su actividad cotidiana.

IV.- El deseo primordial para los artistas es llegar a la población, desmitificar que el arte es patrimonio de las clases socioeconómicamente altas, y en su lugar establecer que el arte y la cultura pertenecen a todas las clases sociales.

V.- La población está ávida de recibir eventos de alta calidad, de los que muchas veces se les margina, lo cual se mitiga cuando el arte se lleva a las calles, se hace asequible a la sociedad, a las comunidades en general ya que de dicho intercambio se genera un contacto y participación notable, provocando aceptación por parte de la gente y de las y los artistas, derribando barreras y estableciendo puentes hacia la sensibilidad que se van reflejando en el desarrollo humano que busca nuevas y mejores alternativas de vida.

VI.- El arte debe ser universal, debe llegar a todos los rincones de nuestro país, de nuestra Ciudad Capital unificando esfuerzos, artistas profesionales, independientes, aficionados gobiernos, legisladores y a más importante a la sociedad. Si esto logramos, un mundo mejor nos espera, uno más sensible, culto, dispuesto a luchar por sus ideales, por su propio bienestar.

VII.-México, país en donde se propone y se vota la iniciativa de la creación de “EL DIA MUNDIAL DEL ARTE” , es además uno de los países que más ha abonado para la difusión del mismo, celebrando en varios estados y en varias delegaciones del Distrito Federal diversas actividades que han enriquecido la vida de nuestras y nuestros compatriotas, y ha contribuido al fomento de un estado de bienestar, desarrollo y paz; por eso es tan importante que México reconozca oficialmente la existencia del “Día Mundial del Arte”, el día 15 de Julio.

Por las razones anteriormente descritas se demanda la siguiente acción:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación se emita Decreto para que se eleve a nivel oficial la celebración del “Día Mundial Del Arte” y se establezca el día 15 de Abril, día en que se conmemora el Natalicio de Leonardo Da Vinci”.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el día de mañana viernes 25 de abril a las 11:00 horas.

Que tengan buena tarde, Senadoras y Senadores.

(Se levantó la sesión a las 16:21 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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