Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 27 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 6

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 04 de Junio de 2014

SUMARIO                                              


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LEGISLATURAS

- Se recibieron dieciocho oficios de los Congresos de los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, con los que remiten su aprobación al PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La Comisión Permanente declara aprobado el DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Intervienen al respecto los CC. Legisladores Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Diputado Ricardo Monreal Avila y Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza.



- Se recibieron dieciocho oficios de los Congresos de los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, con los que remiten su aprobación al PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 108 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La Comisión Permanente declara aprobado el DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 108 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Intervienen al respecto los CC. Legisladores Senador Enrique Burgos García, Diputado Marcos Aguilar Vega, Diputado Víctor Manuel Manríquez González, Diputado Ricardo Astudillo Suarez y Diputada Lilia Aguilar Gil.



- Se recibieron diecisiete oficios de los Congresos de los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, con los que remiten su aprobación al PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION III DEL APARTADO A DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La Comisión Permanente declara aprobado el DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION III DEL APARTADO A DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Intervienen al respecto los CC. Legisladores Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Diputado Juan Pablo Adame Alemán, Senadora Angélica de la Peña Gómez, Diputado Ricardo Astudillo Suárez, Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo y Diputado Fernando Belaunzarán Méndez.







INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA ESCOLAR Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por los CC. Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Angélica de la Peña Gómez y Omar Fayad Meneses, a nombre propio y de los CC. Senadores María Lucero Saldaña Pérez, Raúl Morón Orozco, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Lisbeth Hernández Lecona, Jorge Luis Lavalle Maury, Rabindranath Salazar Solorio, Marco Antonio Blásquez Salinas y Mario Delgado Carrillo)

- Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.





















































































































































 

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

APERTURA

- El C. Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: (11:30 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

- El C. Secretario Diputado Guillermo Sánchez Torres: Señoras legisladoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR

LXII LEGISLATURA
COMISIÓN PERMANENTE

SEGUNDO RECESO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

Sesión del 4 de Junio 2014.

DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN

DIP. LILIA AGUILAR GIL, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. RICARDO CANTÚ GARZA

DIP. MARCOS AGUILAR VEGA

DIP. LEOBARDO ALCALÁ PADILLA, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. FRANCISCO GONZÁLEZ VARGAS

DIP. RICARDO ASTUDILLO SUÁREZ, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO

DIP. MANUEL AÑORVE BAÑOS

SEN. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA

DIP. FERNANDO BELAUZARÁN MÉNDEZ

SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA

SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE

SEN. MANUEL H. COTA JIMÉNEZ, EN SUSTITUCIÓN DEL SEN. EMILIO GAMBOA PATRÓN

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ

SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ

SEN. OMAR FAYAD MENESES

DIP. MARÍA DE LAS NIEVES GARCÍA FERNÁNDEZ

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA

DIP. HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS

SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA

DIP. VÍCTOR MANUEL MANRÍQUEZ GONZÁLEZ

SEN. VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA

DIP. RICARDO MONREAL ÁVILA

DIP. HEBERTO NEBLINA VEGA, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. LUIS ALBERTO VILLAREAL GARCÍA

DIP. WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS

DIP. RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS, EN SUSTITUCIÓN DEL SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY

DIP. ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA

DIP. GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES

DIP. DORA MARÍA TALAMANTE LEMAS

DIP. FERNANDO ZÁRATE SALGADO

DIP. MARÍA BEATRIZ ZAVALA PENICHE

Señor Presidente, hay una asistencia de 37 ciudadanos legisladores. Hay quórum

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de junio de 2014, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se han informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta.





 

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
VEINTIocho DE MAYO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con nueve minutos del miércoles veintiocho de mayo de dos mil catorce, con una asistencia de veintidós legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el miércoles veintiuno de mayo de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, los siguientes instrumentos internacionales:

1) Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía sobre Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información sobre Asuntos Aduaneros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

2) Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

3) Convenio de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía sobre el Combate al Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Justicia de la Cámara de Senadores.

4) Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía sobre Combate a la Delincuencia Organizada y al Terrorismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Justicia de la Cámara de Senadores.

5) Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

6) Acuerdo por el que se Modifica el Convenio sobre Transportes Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Italiana.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

7) Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Federación de Rusia para la Cooperación en el Campo del Uso Pacífico de la Energía Nuclear, hecho en las ciudades de México y Moscú, el 4 y el 24 de diciembre de 2013, respectivamente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Secretaría de Educación Pública, dos oficios con los que remite la información del primer trimestre del ejercicio fiscal 2014, de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar; y la correspondiente al cuarto trimestre 2013 y primer trimestre del ejercicio fiscal 2014, del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se remitieron a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Banco de México, su Informe trimestral, correspondiente a enero-marzo de 2014.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Senador Miguel Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, oficio por el que solicita a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores que procedan, a la brevedad, al análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentada el 21 de mayo pasado.- Se remitió a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Senadora Arely Gómez González, Presidenta del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, el Informe de sus actividades en la Reunión del Grupo de Trabajo de Parlamento Abierto, en el marco de la Reunión Regional de la Alianza para el Gobierno Abierto, convocada por el Gobierno de Indonesia; y en la Conferencia Mundial sobre Parlamento Electrónico, convocada por la Asamblea Nacional de la República de Corea y la Unión Interparlamentaria, realizadas del 6 al 10 de mayo del año en curso.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, con la que remite el acta de su reunión de instalación.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Diputada Aleida Alavez Ruíz, oficio por el que solicita que en los periodos extraordinarios de sesiones, las Cámaras del Congreso de la Unión no concluyan sus trabajos, hasta en tanto la revisora emita resolución definitiva.- Se turnó a la Primera Comisión.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de permiso para que el ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, pueda ausentarse del territorio nacional del 3 al 11 de junio de 2014, con el objeto de realizar una Visita de Estado a la República Portuguesa (5 y 6 de junio), una Visita Oficial a la Santa Sede (7 de junio) y una Visita de Estado al Reino de España (9 y 10 de junio).- El asunto fue considerado de urgente resolución, se sometió a consideración del Pleno el correspondiente proyecto de decreto, sin discusión, fue aprobado en votación nominal. Se remitió al Diario Oficial de la Federación.

(Iniciativas)

La Senadora Graciela Ortiz González, a nombre propio y de las Senadoras Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo e Hilda Esthela Flores Escalera; y de los Diputados Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Kamel Athie Flores, José Ignacio Duarte Murillo, Abraham Montes Alvarado, Luis Alfredo Murguía Lardizábal, Diana Karina Velázquez Ramírez, Minerva Castillo Rodríguez y Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 322 y 329; y adiciona los artículos 322, 324 y 329 Bis de la Ley General de Salud, para fortalecer la donación de órganos en nuestro país.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
MARCOS AGUILAR VEGA

 

La Diputada Beatriz Zavala Peniche, a nombre del Diputado Xavier Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IX y X y se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Alliet Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 40, la fracción V al artículo 45 y los capítulos VI y VII a la Ley Federal de Consulta Popular.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Dora Talamante Lemas, a nombre de la Diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Leobardo Alcalá Padilla, a nombre propio y de la Diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Lorenia Valle Sampedro, a nombre de la Dip. Verónica Juárez Piña y de Diputados de diversos Grupos Parlamentarios, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Prevención, Combate y Erradicación a la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, diez dictámenes de la Primera Comisión, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, a través de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, revise y, en caso de ser procedente y tener la anuencia de los afectados, active el protocolo del Mecanismo de Protección que faculta la ley.- Intervinieron los legisladores: Senador Manuel Camacho Solís del PRD; Senador Jorge Luis Lavalle Maury del PAN; y Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC.

2) Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar convenios con las prestadoras de servicios de telefonía celular, a fin de que proporcionen de manera gratuita y como servicio a la comunidad el envío de alertas sísmicas que ayuden a prevenir pérdidas humanas.

3) Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre los programas para fortalecer la efectividad de los mecanismos de prevención de riesgos para proteger y preservar la integridad de las personas y sus bienes, ante la temporada de ciclones tropicales 2014 y la amenaza de lluvias severas en la mayor parte del país.

4) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar las acciones tendientes a la reconstrucción del puente “El Cuajilote”, en Tecpan de Galena, a la altura de Tenexpa, en el estado de Guerrero, el cual colapsó por el sismo del 8 de mayo de 2014.

5) Por el que se solicita al Consejo General del Instituto Estatal Electoral del estado de Guerrero informar sobre el cumplimiento, en torno a los resolutivos ordenados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación con la sentencia SUP-JDC-1740/2012, a fin de que en el municipio indígena de San Luis Acatlán, Guerrero, se lleven a cabo las respectivas consultas y convocatorias a elección de sus autoridades, de acuerdo con sus sistemas normativos e instituciones comunitarias.

6) Que exhorta a los tres órdenes de gobierno a informar sobre las acciones que han emprendido en materia de racionalidad y austeridad en el ejercicio presupuestal para controlar y disminuir el gasto corriente durante el ejercicio 2014.

7) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a esclarecer el presunto delito de corrupción y extorsión a servidores públicos del Instituto Electoral del Distrito Federal por parte del ciudadano Nelson Toledo Gutiérrez.

8) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a realizar las investigaciones correspondientes sobre el presunto cobro de dádivas a trabajadores de diversas dependencias gubernamentales de la delegación Coyoacán.

9) Por el que se desecha la proposición que solicitaba información respecto al proceso de diseño, ejecución y resultados de la nueva estrategia de seguridad pública y nacional implementada.

10) Por el que se desecha la proposición sobre la manipulación de programas sociales en beneficio de funcionarios públicos del estado de Baja California Sur.

Los diez dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, trece dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a considerar el envío al Senado de la República del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo en Materia de Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos.

2) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre el registro, actualización y la forma en la que se abastece de información al Sistema Nacional de Vacunación.- Intervino el Diputado Leobardo Alcalá Padilla del PRI.

3) Que exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre la situación que guarda el Polyforum Cultural Siqueiros.

4) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud información sobre las acciones de vigilancia en cumplimiento a la norma oficial mexicana para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, en lo concerniente a la promoción de la lactancia materna exclusiva.- Intervinieron los legisladores: Diputada María de las Nieves García Fernández del PRI; Diputada Beatriz Zavala Peniche del PAN; Diputado Ricardo Cantú Garza del PT; y Senadora Dolores Padierna Luna del PRD.

5) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a reiterar al gobierno y pueblo de Turquía, el dolor y solidaridad del gobierno y pueblo de México por la muerte de los más de 300 mineros, acaecida en la mina de carbón en Soma.

6) Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que, en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, se modifique el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a fin de que se brinden servicios de atención médica a las personas que sufren de enfermedades lisosomales.

7) Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reiterar su preocupación y renovar el llamado a las partes para alcanzar una pronta solución a la compleja situación que se vive en la República Bolivariana de Venezuela.

8) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos.

9) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar respecto de diversas acciones y programas en materia educativa.- Intervino el Diputado Leobardo Alcalá Padilla del PRI.

10) Que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar, promover, apoyar, brindar e intensificar las acciones para que un número suficiente de hospitales logre su certificación a fin de ampliar la red de servicio de atención de cáncer colorrectal y su financiamiento a través del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

11) Por el que se solicita al titular del gobierno del estado de Sonora a informar de la situación actual en que se encuentra la infraestructura y establecimientos del sistema estatal de salud.- Intervinieron los legisladores: Diputada Lorenia Valles Sampedro del PRD; Senador Héctor Larios Córdova del PAN; y Diputada Dora Talamante Lemas de NA.

12) Por el que la Comisión Permanente se suma a las expresiones de enérgica condena a la sentencia de muerte impuesta a Meriam Yehya Ibrahim.

13) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a instrumentar acciones y programas de prevención, atención, investigación, diagnóstico y tratamiento en torno a la enfermedad de fibromialgia, así como de enfermedades neuroinmunes.

Los trece dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, quince dictámenes de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo las medidas que fortalezcan las acciones agropecuarias para desarrollar las unidades ganaderas de los pequeños y medianos productores del país.- Intervino el Diputado José Luis Flores Méndez del PRI.

2) Que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir un estudio sobre la viabilidad de considerar como área natural protegida los manglares y otros humedales asociados del Río Hondo.

3) Por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un informe sobre la situación que guardan las observaciones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación, con relación al Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, respecto de las operaciones realizadas por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda.

4) Que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a redoblar esfuerzos para diseñar, instrumentar y fomentar esquemas de agricultura por contrato para la cadena productiva del agave.- Intervino el Diputado Abel Octavio Salgado Peña del PRI.

5) Que exhorta a las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, así como a la de Finanzas del estado de Tamaulipas a establecer un programa integral para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en dicha entidad federativa y, en especial, en sus municipios fronterizos.

6) Que exhorta al titular de la Secretaría de Energía a publicar los criterios a partir de los cuales verificará y evaluará las capacidades técnicas, financieras y de ejecución de Petróleos Mexicanos, necesarias para la adjudicación de áreas en exploración y campos en producción, a través de asignaciones.

7) Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que, en coordinación con el gobierno del estado de Michoacán, emita un estudio de calidad respecto al deterioro del agua en los Ríos Grande y Chiquito.

8) Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Economía impulsar políticas públicas que permitan evitar incrementos en los precios de los productos que integran la canasta básica.

9) Que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a realizar una campaña y acciones orientadas a la promoción de una cultura de valores universales y de la legalidad que defina y fortalezca la identidad y solidaridad en las familias mexicanas.

10) Que exhorta a las comisiones ordinarias de las Cámaras de Diputados y de Senadores encargadas de dictaminar las iniciativas de leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de energía, a considerar el pleno respeto de los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores vinculados con los sectores petrolero y de electricidad.

11) Que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a verificar si las facilidades tecnológicas y administrativas que se han instrumentado y emitido para la debida atención y cumplimiento de obligaciones en el Régimen de Incorporación Fiscal son suficientes para resolver las problemáticas que presenten los contribuyentes.- Intervinieron los legisladores: Diputada Alliet Bautista Bravo del PRD; y Senador Héctor Larios Córdova del PAN.

12) Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe respecto al proyecto del “Tren Rápido Transpeninsular” entre los estados de Quintana Roo y Yucatán.

13) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a suspender la autorización, en tanto no se informe en los términos en los que se solicita, respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción del desarrollo Cabo Dorado en el área de influencia del Área Natural Protegida Cabo Pulmo, en Baja California Sur.- Intervinieron los legisladores: Senadora Silvia Garza Galván del PAN; Diputado Fernando Zárate Salgado del PRD, quien presentó propuesta de modificación, la cual fue aceptada.

14) Que exhorta a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a impulsar de manera coordinada la autogeneración de energía entre las organizaciones de consumidores.

15) Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las dependencias competentes, analicen la factibilidad de prolongar el descuento del 50% en las plazas de cobro de la Autopista del Sol, hasta el 31 de diciembre del 2014, con el propósito de seguir impulsando la economía del municipio de Acapulco y del estado de Guerrero.

Los quince dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Proposiciones)

La Senadora María Elena Barrera Tapia, a nombre propio y de los Grupos Parlamentarios, presentó proposición con punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal declare en México el 28 de Mayo como "Día Nacional por la Salud de la Mujer".- Considerado de urgente resolución. Intervino la Diputada María de las Nieves García Fernández del PRI. Fue aprobado en votación económica.

 

El Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los gobiernos municipales, a diseñar o intensificar campañas de información sobre los graves daños a la salud, que trae como consecuencia el consumo de tabaco.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

El Diputados Juan Pablo Adame Alemán, a nombre propio y de la Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, a los gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipales a instrumentar de manera urgente una campaña nacional permanente sobre la prevención, atención y erradicación del "bullying".- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Diputada Dora Talamante Lemas de NA; Senador Omar Fayad Meneses del PRI; y Senadora Ana Gabriela Guevara del PT. La Presidencia de la Mesa Directiva dio cuenta con una propuesta de consenso, la cual fue aceptada. Fue aprobado con la modificación en votación económica.

 

La Diputada Lorenia Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Procurador General de la República a proceder de manera expedita al esclarecimiento del caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo respecto de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de intereses en el sector energético.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Agenda Política)

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hizo uso de la palabra para referirse a la situación económica nacional.- Intervinieron los legisladores: Senadora Dolores Padierna Luna del PRD; Senador Héctor Larios Córdova del PAN; Senador David Penchyna Grub del PRI; Diputado Ricardo Cantú Garza del PT; y Diputado Víctor Manuel Manríquez González del PRD.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción II Bis del artículo 7 de la Ley General de Salud, en materia de prevención de salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 83 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adicionan 3 fracciones al artículo 6 y se reforma el artículo 26 de la Ley General para el Control del Tabaco.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de decreto que expide la Ley de la Industria Eléctrica.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Adán David Ruiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 48 Bis a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.- Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 37-A a la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 417 del Código Civil Federal, en materia de divorcios.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De las Diputadas Flor de María Pedraza Aguilera, María de Jesús Huerta Rea, María de las Nieves García Fernández, Cristina González Cruz, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Blanca Jiménez Castillo, Judit Magdalena Guerrero López, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Dora María Guadalupe Talamante Lemas y Aida Fabiola Valencia Ramírez, integrantes del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Lorenia Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Migración, para crear una visa de tránsito para ciudadanos centroamericanos que crucen el país.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ma. Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 123, Apartado A, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 170, fracción II de la Ley Federal del Trabajo; el artículo 39, fracción I de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que modifica los párrafos segundos de los artículos 85 y 101, respectivamente, de la Ley de Seguro Social.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 334 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De los Senadores Marcela Torres Peimbert y Zoé Robledo Aburto, con proyecto de decreto que reforma el artículo 7, fracción VIII, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados Héctor Gutiérrez de la Garza y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.- Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

 

Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al inciso a) del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se convoca al Secretario de Hacienda y Crédito Público y al Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a una reunión de trabajo ante el Pleno de la Comisión Permanente, para que expliquen la situación que guarda y el impacto económico y social en cada uno de los sectores de la economía, ante la reducción de la estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto para México durante 2014.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputad Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, a respetar el ejercicio del derecho de petición de los ciudadanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias federales y locales encargadas de aplicar el Sistema Nacional de Protección Civil, la realización constante de simulacros de evacuación sísmica en sus instalaciones y en lugares de afluencia masiva de población.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que cita a comparecer al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a fin de informar y dar a conocer de manera precisa en qué constan las fallas técnicas humanas que provocaron el cierre de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya y Fernando Zárate Salgado y Alliet Mariana Bautista, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que explique las razones por las que el Gobierno Federal redujo la meta de crecimiento económico para 2014 y las medidas que se tomarán para revertir esta reducción.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que reconoce la labor de las operaciones para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reencausar el procedimiento de consulta tripartita para la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al gobernador del estado de Veracruz a investigar y determinar los riesgos de salud y daño ambiental que se generan por manejo de residuos peligrosos de la empresa ADN Energía S.D.R.L. de C.V.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a informar el motivo por el cual no se ha llevado a cabo la actualización de la tabla de enfermedades.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que informe sobre las medidas que tomará en materia económica.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo respecto de la situación económica en el país durante el primer trimestre de 2014.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades en materia de salud a implementar mecanismos y acciones eficientes para la detección y oportuna atención de la morbilidad materna grave.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a las titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud y del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a implementar una estrategia integral a fin de erradicar la violencia en contra de las personas adultas mayores.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Salud a otorgar un mayor número de plazas para residencias médicas, priorizando a las zonas de alta marginación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a restituir a su hogar a 40 menores con capacidades diferentes que fueron sustraídos del albergue denominado "Los Ojos de Dios A.C.", ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a tomar las acciones conducentes para solventar las fallas en el sistema de ventanilla única y en la asignación de beneficios en materia fiscal.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a emprender las acciones pertinentes para la prevención, atención, seguimiento y erradicación de los casos de violencia escolar, mejor conocido como bullying.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar la vigilancia sanitaria, con base al artículo 16 fracción I de la Ley General para el Control del Tabaco que prohíbe entre otros el comercio de cigarros por unidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de explicar las implicaciones fiscales producto del cambio en las expectativas de crecimiento económico.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal la adopción de medidas para combatir el consumo de cigarros electrónicos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño, Nelly del Carmen Vargas Pérez, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a los gobernadores de Durango y Coahuila a implementar medidas de acción urgentes para garantizar la seguridad de las mujeres en la zona de la Comarca Lagunera a raíz de la ola de violaciones sexuales que se han registrado durante los últimos meses.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Manuel Añorve Baños, Lizbeth Loy Gamboa Song, Raymundo King de la Rosa, Rafael González Reséndiz y Eduardo Román Quian Alcocer, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar acciones de promoción a favor de aquellas playas que han sido certificadas bajo el esquema denominado "Bandera Azul".- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Andrés de la Rosa Anaya y Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acelerar el proceso de devolución del impuesto al valor agregado de los contribuyentes del país, correspondientes al ejercicio fiscal 2013.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Guillermo Sánchez Torres, Miguel Alonso Raya y Lorenia Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República atraiga el asunto relativo al asesinato de Ramón Corrales Vega, ex presidente del comisariado del ejido Potrero de Cancio, municipio de Choix, en el estado de Sinaloa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homologas en las entidades federativas a promover diversas acciones en materia de reanimación cardio-pulmonar oportuna y efectiva.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para la apertura del Hospital General Regional en Reynosa Tamaulipas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo sobre la posible autorización del Gobierno de Estados Unidos de entrenar a los rebeldes sirios, en el marco del conflicto en dicha nación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Francisco Grajales Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita al Gobierno Federal a implementar las acciones y mecanismos necesarios para dar cumplimiento al artículo cuarto del Decreto de extinción de Ferrocarriles Nacionales de México, a efecto de garantizar el pago del seguro de vida contemplado en las prestaciones de los trabajadores jubilados y pensionados del organismo en liquidación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar los trámites necesarios para que México se adhiera al Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los niños contra la explotación sexual y el abuso sexual, conocido como "Convenio de Lanzarote".- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a dictaminar las iniciativas en materia de propaganda gubernamental presentadas por los grupos parlamentarios, con el propósito de incluirlas en la agenda del próximo periodo extraordinario de sesiones.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a promover políticas, programas y acciones en materia de inclusión y accesibilidad para las personas que viven con esclerosis múltiple.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a hacer un llamado a las compañías de telefonía celular para que revisen las condiciones en las que los usuarios puedan cancelar el uso de su servicio y dar por terminada la relación contractual sin trámites complejos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se requiere al Poder Ejecutivo Federal para que, en defensa de los derechos humanos de los habitantes y las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmaremos, se suspenda de manera definitiva la construcción de la Presa el Zapotillo en Jalisco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Maricela Velázquez Sánchez, José Luis Flores Méndez y Jesús Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a realizar las acciones necesarias para que se efectúe el pago de utilidades a los trabajadores.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía a retomar las reglas para la disminución de adeudos históricos de consumo de energía eléctrica de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Fernando Zárate Salgado y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal inicie una investigación de oficio en relación con los hechos acaecidos en el pueblo San Bartolo Ameyalco, Delegación Álvaro Obregón, en el Distrito Federal, el pasado 21 de mayo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a concertar acciones, con el fin de lograr implementar durante el mes de febrero de cada año, "La Semana de Recorrido a los Pueblos Mágicos".- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre los daños ambientales que la técnica de extracción llamada fracking puede ocasionar.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a mantener la aplicación del descuento de 50% en las plazas de cobro de la autopista del sol, durante el periodo 2014-2015, a efecto de seguir incentivando el turismo en Acapulco y el estado de guerrero, además de impulsar la economía de los habitantes de la entidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a que instruya al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a hacer una actualización de los índices de violencia contra las mujeres, para que la sociedad conozca de manera veraz la magnitud del problema y tome las previsiones necesarias para que este fenómeno tienda a reducirse y, en la medida de lo posible, a desaparecer.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Turismo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los sistemas estatales de desarrollo integral de la familia a garantizar los derechos de los infantes establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar las investigaciones correspondientes sobre los hechos ocurridos en la comunidad de San Bartolo Ameyalco en la Delegación Álvaro Obregón; y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a examinar el cumplimiento de los protocolos de actuación policial.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Guadalupe Moctezuma Oviedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes a realizar las gestiones necesarias para eliminar el cobro de las casetas ubicadas en el municipio de Tempoal de Sánchez y la caseta de Puente Prieto municipio de Pueblo Viejo, Veracruz.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre el cumplimiento del artículo 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, relativo al etiquetado de organismos genéticamente modificados o productos que lo contengan.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Nacional Forestal a instrumentar las acciones y programas necesarios para reactivar la industria chiclera en los estados de Campeche y Quintana Roo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para entregar un reconocimiento público al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus 60 años de destacado trabajo realizado en nuestro país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar la propagación de la diarrea epidémica porcina en nuestro país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Solidaridad a realizar las acciones necesarias que propicien un correcto funcionamiento de la red sanitaria, iniciando por la localidad de Playa del Carmen.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Guillermo Sánchez Torres y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo haga del conocimiento público el avance del programa "Impulso al desarrollo regional y territorial", en relación al presupuesto por 7.6 millones de pesos aprobado para el ejercicio fiscal 2013.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que manifiesta su respaldo a la Secretaría de Educación Pública por el anuncio del titular de la dependencia respecto al diseño y aplicación de un plan para erradicar el fenómeno de bullying en todo el territorio nacional.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Guillermo Sánchez Torres y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras hacer del conocimiento público las medidas que está tomando para proteger a los usuarios de las fallas generalizadas que presentan las instituciones financieras y bancarias en sus sistemas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos municipales y estatales a crear campañas de concientización a la ciudadanía para prevenir inundaciones resultado del inadecuado manejo de la basura.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Guillermo Sánchez Torres y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a hacer del conocimiento público el origen, distribución, aplicación y comprobación de los recursos asignados, padrón único de beneficiarios, indicadores, avances, metas y objetivos alcanzados; así como las evaluaciones correspondientes a los 87 programas institucionales dirigidos a la población migrante, de los ejercicios 2012 y 2013.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Sonora a llevar a cabo la investigación conducente en relación a la conducción que presentó el ex Coordinador Operativo de la Oficina del Ejecutivo del Estado de Sonora, Héctor Fernando Woolfolk Bravo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Guillermo Sánchez Torres y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes hacer del conocimiento público los indicadores relacionados con el proceso de administración y seguimiento de procesos legales para la recuperación de la cartera.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Guillermo Sánchez Torres y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a transparentar y optimizar el uso de los recursos del "Programa comunidades saludables".- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Guillermo Sánchez Torres y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a implementar los mecanismos de control que garanticen que los apoyos que otorga mediante el programa de abasto social de leche a cargo de LICONSA no se estén duplicando.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Alliet Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Senadores y de Diputados a instruir a sus comités de administración a adquirir neumáticos de marca Tradoc de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Occidente, como una medida para promover y fortalecer a las empresas cooperativas del sector social.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Carlos de Jesús Alejandro y Lorenia Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los Presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores a garantizar el derecho que asiste a los pueblos indígenas en materia de consulta con consentimiento libre previo e informado cuando se establece una medida legislativa como la reforma energética y de telecomunicaciones.- Se turnó a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a establecer políticas sanitarias para evitar la proliferación del insecto transmisor del dengue.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León a reconsiderar y modificar la iniciativa que reforma el artículo 1 de la Constitución del estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Excitativa)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió solicitud en relación con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se remitió a la Cámara de Diputados.

(Efemérides)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, observado el 28 de mayo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención sobre la urgente necesidad de regular la propaganda gubernamental.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con cincuenta minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles cuatro de junio, a las once horas”.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

- El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANA.

“2014, Año de Octavio Paz”

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/1101/14
México, D.F., 28 de mayo de 2014

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Por instrucciones del C. Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS, a efecto de que por su amable conducto, sea enviada a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, acompaño al presente copias de los oficios números 315.A.-03336 y 353.A.-0788, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el Dictamen de Impacto Presupuestario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esa Honorable Asamblea, por el digno conducto de Usted, la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tienen como misión primordial el defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas.

Para cumplir estas tareas, sus integrantes requieren de preparación, instrucción y actualización constantes con el propósito de obtener el mejor desempeño en su servicio al Estado. Es así que la Secretaría de la Defensa Nacional, encargada de dirigir la educación profesional de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, instituyó la Educación Militar como un mecanismo que permite a las Fuerzas Armadas Mexicanas contar con los elementos técnicos y académicos para el mejor desempeño de sus funciones.

La Educación Militar tiene por objeto desarrollar conocimientos y proveer de habilidades que permitan vincular permanentemente la educación y el adiestramiento de los militares a través del Sistema Educativo Militar. El Sistema se integra por un conjunto de instituciones educativas que imparten conocimientos castrenses con distintos propósitos, tipos, niveles y modalidades, condicionados a una doctrina e infraestructura militares propias del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

La Educación Militar proporciona una formación profesional para la integración de sus cuadros a fin de inculcarles la conciencia de servicio, amor a la Patria, superación profesional y la responsabilidad social de difundir a las nuevas generaciones los conocimientos que se les hubieren transmitido. Día con día en los Colegios, Escuelas, Centros de Estudio y Unidades-Escuela que integran el Sistema Educativo Militar, se renuevan y refuerzan los conocimientos y técnicas de los hombres y mujeres que tienen en sus manos la defensa de la nación y de sus ciudadanos.

Por ello, el Sistema Educativo Militar constituye una herramienta imprescindible no sólo en la formación profesional y técnica del personal castrense, sino también para la propia institución que representan, ya que contribuyen a mejorar los niveles de eficiencia terminal y a optimizar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros disponibles.

No obstante la riqueza formativa que ofrece el Sistema Educativo Militar, existen obstáculos legales que dificultan el camino de preparación continua y permanente de los miembros en activo del Instituto Armado, por lo que la presente iniciativa propone reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con el propósito de beneficiar a los militares profesionales formados en sus filas a través del reconocimiento y de la eliminación de obstáculos en su formación.

De esta manera, se busca reducir el tiempo obligatorio de prestación de servicios adicionales cuando la formación implique periodos de tiempo menores a seis meses.

Además, existen disposiciones que deben ser reformadas para incluir en el Sistema a todos los Servicios con que cuenta el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Adicionalmente y como un reconocimiento abierto a las actividades cotidianas que cientos de militares profesionales realizan en su servicio al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, es necesario reformar la Ley Orgánica en comento a fin de modificar su grado máximo, ya que existen profesiones que en la práctica ocupan cargos encomendados a grados superiores a los que no pueden acceder por no preverse en la Ley.

Finalmente, la presente Iniciativa propone aclarar que los Soldados y Cabos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, podrán causar baja por rescisión de su contrato de enganche o del de su renovación, por no ser militares de carrera profesional ni permanente.

Las reformas que pongo a consideración de esa Soberanía, tienen como finalidad mejorar las condiciones académicas de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a través del impulso del Sistema Educativo Militar con la inclusión de capacitación, actualización, especialización y perfeccionamiento de distintas áreas de la disciplina castrense. Así, la iniciativa de mérito contempla los siguientes aspectos:

a) Inclusión del Servicio de Informática

El artículo 133 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establece que el personal militar, atendiendo al servicio que desempeñe, se clasifica en arma, servicio o auxiliares. Determina que los Militares de Arma son aquellos que técnicamente se educan para el mando, adiestramiento y conducción de Unidades de Combate; los de Servicio se educan para el mando, adiestramiento y conducción de las Unidades de los Servicios y para el desempeño exclusivo de las actividades técnicas y profesionales, que corresponde llevar a cabo al Servicio al que pertenezcan, y los Militares Auxiliares son los que desempeñan actividades técnicas y profesionales exclusivamente en los servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Las actividades de los militares de Servicio, representan para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos un área fundamental para la coordinación, el desarrollo y la operación de las misiones encomendadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que requieren de personal capacitado y actualizado en los servicios correspondientes.

De ahí que para satisfacer las necesidades de vida y operación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, actualmente, éste cuente con diversos servicios administrativos y logísticos en los que pueden desarrollarse sus miembros, tales como: Ingenieros, Cartográfico, Transmisiones, Materiales de Guerra, Transportes, Administración, Intendencia, Sanidad, Justicia, Veterinaria y Remonta, Meteorológico, Control de Vuelo y Material Aéreo.

El 5 de septiembre de 2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se creó el Servicio de Informática del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con el fin de mejorar su eficiencia administrativa y operativa, actualizar a la institución con los avances tecnológicos en la materia, y promover la formación de especialistas en tecnologías de la información y el desarrollo de la cultura informática entre sus integrantes. De acuerdo al Decreto en cita, la creación de dicho servicio implicó el reconocimiento oficial de un Servicio que ya existía y se prestaba en el Instituto Armado derivado de sus necesidades tecnológicas y administrativas, por lo que en su momento no implicó ninguna afectación en los recursos presupuéstales o materiales.

Toda vez que el reconocimiento del Servicio de Informática se realizó a través de un Decreto Presidencial, el artículo 68 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que enlista los Servicios con que cuenta la institución, no fue adicionado y, por ende, no prevé el Servicio de Informática en que se desarrollan cientos de militares; por lo que en esta iniciativa se propone incluir dicho Servicio en la fracción XI del artículo en comento.

El Decreto del año 2000 sólo contó con 3 artículos: creación del Servicio de Informática (artículo 1); funciones del Servicio (artículo 2), y personal a cargo del Servicio (artículo 3). En esta tesitura, se propone adicionar los artículos 95 Bis y 95 Ter, para retomar en ellos la esencia de los artículos 2 y 3 del Decreto por el que se creó el Servicio de Informática del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos pero con un texto que deriva de la experiencia adquirida durante los años previos en la prestación del Servicio de Informática.

Para ello, la presente iniciativa propone que en el artículo 95 Bis se establezcan las funciones logísticas, operativas y de apoyo conforme a la naturaleza del Servicio de Informática, de tal manera que pueda realizar tareas de instalación, operación y mantenimiento tanto de los bienes como de los servicios informáticos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; fijar normas técnicas para los bienes y servicios informáticos; recibir, almacenar, abastecer, evacuar, reparar, recuperar y controlar los bienes y servicios informáticos; planear, organizar, implementar, conservar y explotar bienes y servicios informáticos, y auxiliar en los procedimientos de auditoría y seguridad informática.

En cuanto a la persona que dirige el Servicio de Informática, el Decreto publicado en el 2000 establece que será un General procedente de Arma o Servicio, lo que da lugar a una amplia gama de personas que pudieran no estar lo suficientemente capacitadas en materia informática, independientemente de contar con el rango jerárquico requerido. En virtud de ello, se plantea adicionar el artículo 95 Ter y sustituir la procedencia del General de Arma o Servicio, para integrar únicamente a los Ingenieros en Computación e Informática (egresados de la Escuela Militar de Ingenieros) en el escalafón para acceder a dicho puesto, toda vez que esta especialidad posee los conocimientos técnicos suficientes para dirigir el Servicio que nos ocupa.

Finalmente y toda vez que el Servicio de Informática funciona como una Dirección General, y los egresados de la Escuela Militar de Ingenieros obtienen el grado de Subteniente, se requiere que el personal militar perteneciente a dicho Servicio acceda al escalafón correspondiente de Subteniente a General de Brigada para los Ingenieros en Computación e Informática, y de Soldado a Teniente Coronel en el caso de los Técnicos Especialistas de Informática; lo anterior, para una adecuada dirección, gestión y coordinación de los sistemas de trabajo que contribuyan al cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos del Servicio de Informática, por lo que se propone adicionar al artículo 193 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, una fracción XIII, a fin de incluir al personal militar perteneciente a dicho Servicio en los escalafones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, dividiéndolos en dos grupos:

a. De Ingeniero en Computación e Informática. De Subteniente a General de Brigada.

b. Especialistas del Servicio de Informática. De Soldado a Teniente Coronel.

b) Tiempo de servicio obligatorio en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos por realizar cursos de Capacitación, Actualización, Aplicación, Especialización, Perfeccionamiento, Postgraduados, Superiores y otros en el país.

Actualmente, el segundo párrafo del artículo 150 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, determina que los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, que sean designados o autorizados a su solicitud, para efectuar cursos de Aplicación, Especialización, Perfeccionamiento, de Postgraduados, Superiores y otros en el país, además del tiempo a que ya están obligados por disposición legal o por compromiso suscrito, servirán, "un año adicional por cada año o fracción que duren en esa situación".

La iniciativa de mérito, propone adicionar los cursos de capacitación y actualización al listado establecido en dicho párrafo, para hacerlo congruente con el artículo 16 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el cual establece que éstos también forman parte de la clasificación de cursos que imparte el Sistema Educativo Militar.

Por otra parte y respecto a la temporalidad del servicio establecida en el segundo párrafo del artículo 150 de la Ley Orgánica en comento, cabe mencionar que el texto vigente no distingue entre las diversas maneras de cuantificar las fracciones de tiempo menores a un año, pues se refiere solo a "cada año o fracción" lo que ha provocado que quienes están inscritos en cursos que duran días e incluso horas, se obliguen a prestar servicios por un año completo. Dicha situación resulta inequitativa y desproporciona! al tiempo de formación cursado, y se traduce en falta de certeza jurídica para los que se colocan en dicha hipótesis. En la práctica, estas condiciones producen la ausencia de interés del propio personal militar para continuar su formación, en contravención al propósito de mejora continua y capacitación que tiene la impartición de cursos.

Por ello, la iniciativa propone precisar que los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que sean designados o autorizados a su solicitud, para efectuar cursos de Capacitación, Actualización, Aplicación, Especialización, Perfeccionamiento, Postgraduados, Superiores y otros en el país, además del tiempo a que ya están obligados por disposición legal o por compromiso suscrito, servirán un año adicional por cada año o fracción igual o mayor a seis meses y, en el supuesto que dicho periodo sea menor de seis meses, el tiempo de servicios adicional será igual a la duración del curso.

Se considera que esta propuesta sería congruente con el criterio del artículo 181 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que determina:

"El tiempo de servicios comprende tanto el de los efectivos como el de los abonos y será computado en la forma establecida en la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios aplicable a cada una de las Secretarías, según corresponda.

La fracción que exceda de seis meses, será computada como un año completo, únicamente para efectos del cálculo del haber de retiro, pensión o compensación".

Luego entonces, la forma de cuantificar el tiempo de servicios para efectos de que el militar obtenga beneficios sociales de la Institución, y su obligación de prestar servicios por determinado tiempo derivado de su formación, instrucción o capacitación militar, quedarían homologados en el sentido de que se les contará o servirán un año adicional por cada año o fracción que exceda de seis meses de duración del curso respectivo, según corresponda, y en el supuesto de que el tiempo del curso sea igual o menor a seis meses, el tiempo de servicios adicional será igual al de la duración del curso.

Con lo anterior, se busca motivar al personal militar a inscribirse en los diversos cursos que imparte el Sistema Educativo Militar, sin importar si son de corta duración y, en este caso, sin verse obligados a prestar sus servicios por el término de un año, procurando de esta manera la capacitación oportuna y superación profesional constante de los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Por lo que hace al tercer párrafo del artículo 150 en cuestión, únicamente se precisa que en todos los casos, cuando los cursos se realicen en el extranjero y a costa del interesado, el tiempo adicional se duplicará, y si las erogaciones son a cargo del Erario Nacional, el tiempo adicional de servicios se triplicará.

c) Modificación del grado máximo de Teniente Coronel a Coronel para el personal de Enfermeras, de Sanidad y de Materiales de Guerra.

El presente proyecto propone reformar el artículo 193 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en relación a las actividades que desarrollan aquéllos que obtienen el grado de Teniente Coronel, derivado de su formación en el Sistema Educativo Militar.

En este sentido, cabe señalar que el artículo 193 establece los escalafones y los grados que comprenden los servicios del Ejército y Fuerza Aérea. El servicio de Materiales de Guerra, se divide en dos grupos: Ingenieros Industriales, cuyas jerarquías van de Subteniente a General de Brigada y de Materiales de Guerra, de soldado a Teniente Coronel; de igual forma, el servicio de Sanidad, se divide en cinco grupos en los que destaca que el escalafón del Personal de Sanidad y de Enfermeras establece el grado máximo de Teniente Coronel, es decir, éste personal desarrolla funciones de facto superiores a las de su grado, tales como de Director o Subdirector que corresponden al grado inmediato superior de Coronel.

Ante esta situación, la propuesta de reforma al numeral que nos ocupa, tiene por objeto elevar el grado máximo de Teniente Coronel a Coronel, para los egresados de las Escuelas Militares de Enfermeras, Oficiales de Sanidad y Materiales de Guerra, con la finalidad de reconocer las funciones de mando que actualmente ejercen dentro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como su entrega y liderazgo en cargos que contribuyen a la misión, visión y objetivos de los Servicios que prestan para la Secretaría de la Defensa Nacional.

Para ello, se propone modificar artículo 193 fracciones V, inciso B, y IX, incisos C y D de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

d) Elementos que por razón del tipo de Servicio que prestan, pueden causar baja por rescisión de su contrato de enganche o del de su renovación.

Se propone reformar el artículo 170, fracción II, inciso G de la Ley, para especificar que la baja para los Soldados y Cabos del Ejército y Fuerza Aérea también procede por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional, por rescisión del contrato de enganche o en su caso del de la renovación del mismo. Asimismo, se propone otorgar el derecho de audiencia por quince días hábiles, a quienes se coloquen en estos supuestos en los términos del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Cabe mencionar que toda vez que los Soldados y Cabos no se consideran personal permanente, la relación administrativa que mantienen con la Secretaría de la Defensa Nacional está sujeta a las condiciones pactadas en el contrato de enganche. Éste, a su vez, está sujeto a la extinción de la relación contractual por la rescisión del contrato de enganche o el de su renovación.

Por ello, la presente iniciativa plantea establecer expresamente como causal de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la rescisión del contrato de enganche o del de su renovación, haciendo énfasis en el derecho de audiencia a que pueden acceder los que se coloquen en este supuesto. Este derecho ya se encuentra establecido en el procedimiento de baja a que se refiere el artículo 43 del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por lo que únicamente se extiende al supuesto de baja que se pretende adicionar.

e) Régimen transitorio.

En el régimen transitorio se dispone que el personal del Servicio de Materiales de Guerra, así como el personal de Sanidad y Enfermeras que actualmente ostentan el grado de Teniente Coronel y perciben un haber complementario debido al impedimento legal para ser ascendidos, en términos del artículo 45 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, conservarán sus derechos adquiridos hasta en tanto asciendan al nuevo grado conferido, o bien, pasen a situación de retiro.

Asimismo, se establece que en tanto no exista un General Ingeniero en Computación e Informática, se podrá nombrar como Director General del Servicio de Informática a quien designe la Secretaría de la Defensa Nacional.

Finalmente, se establece un término de 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del Decreto, para que el Ejecutivo Federal reforme el Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a fin de armonizarlo con el presente Decreto por lo que toca a la garantía de audiencia que se prevé incorporar en el artículo 170 de la citada ley.

Por las razones expuestas, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esa Soberanía la siguiente Iniciativa de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS.

UNICO.- Se REFORMAN el segundo y tercer párrafos del artículo 150; el inciso G de la fracción II del artículo 170; el inciso B de la fracción V, y los incisos C y D de la fracción IX del artículo 193; y se ADICIONAN la fracción XI, recorriéndose las subsecuentes en su orden, al artículo 68; el artículo 95 Bis; el artículo 95 Ter y la fracción XII, recorriéndose las subsecuentes en su orden, al artículo 193, todos de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 68. ...

I. a X. ...

XI. Informática;

XII. Meteorológico;

XIII. Control de Vuelo; y

XIV. Material Aéreo.

Artículo 95 Bis.- El servicio de informática tendrá a su cargo la instalación, operación y mantenimiento de los bienes y servicios informáticos del Ejército y Fuerza Aérea; además realizará las actividades siguientes:

I. Diseñar, desarrollar, recibir, almacenar, abastecer, evacuar, reparar, recuperar y controlar los bienes y servicios informáticos del Ejército y Fuerza Aérea;

II. Fijar normas técnicas para los bienes y servicios informáticos;

III. Planear, organizar, implementar, conservar, explotar y adaptar bienes y servicios informáticos del Ejército y Fuerza Aérea, así como los que queden bajo control militar;

IV. Auxiliar en los procedimientos de auditoría y seguridad informática;

V. Auxiliar a los mandos en todos los niveles en el empleo, operación y conservación de los bienes informáticos, capacitar al personal del servicio y fomentar la cultura informática, y

VI. Las demás que le confieran esta Ley y cualquier disposición aplicable.
Artículo 95 Ter.- El Director del servicio de informática será un General Ingeniero en Computación e Informática.

Artículo 150....

Los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, que sean designados o autorizados a su solicitud, para efectuar cursos de capacitación, actualización, aplicación, especialización, perfeccionamiento, de postgraduados, superiores y otros en el país, además del tiempo a que ya están obligados por disposición legal o por compromiso suscrito, servirán un año adicional por cada año o fracción igual o mayor a seis meses y, en el supuesto que dicho periodo sea menor de seis meses, el tiempo adicional será igual a la duración del curso.

En todos los casos, cuando los cursos se realicen en el extranjero y a costa del interesado, el tiempo adicional se duplicará y, si las erogaciones son a cargo del Erario Nacional, el tiempo adicional de servicios se triplicará.

Artículo 170. ...

I. ...

II....

A. a F. ...

G. Para los Soldados y Cabos, por la rescisión del contrato de enganche o del de su renovación, otorgándoles la garantía de audiencia por quince días hábiles en los términos del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Artículo 193....

I. a IV....

V....

A....

B.     De Materiales de Guerra.

De Soldado a Coronel.

VI. a VIII....

IX....

A .a B....

C. Personal de Sanidad.

De Soldado a Coronel;

D. Enfermeras.

De Soldado a Coronel; y

E. ...

X. a XI. ...

XII. De informática que se divide en dos grupos:

A. Ingeniero en Computación e Informática.

De Subteniente a General de Brigada.

Especialistas del Servicio de Informática.

De Soldado a Teniente Coronel.

XIII. Del Servicio Meteorológico Militar, que se divide en tres grupos:

A. a C....

XIV. Del Servicio de Control de Vuelo.

De Subteniente a Coronel.

XV. Del Servicio del Material Aéreo, que se divide en seis grupos;

A. Mantenimiento de Material Aéreo, que se subdivide en:

a. Ingenieros en Aeronáutica.

De Subteniente a General de Brigada, y

b. Especialistas en Mantenimiento de Aviación. De Soldado a Coronel;

B. Abastecimiento de Material Aéreo. De Sargento Segundo a Coronel;

C. Material Aéreo Electrónico, que se subdivide en:

a. Ingenieros en Electrónica de Aviación. De Subteniente a General de Brigada, y

b. Especialistas en Electrónica de Aviación. De Sargento Segundo a Coronel;

D. De Armamento Aéreo. De Soldado a Coronel;

E. Mantenimiento de Paracaídas. De Cabo a Capitán Primero; y

F. Especialistas del Servicio de Material Aéreo. De Soldado a Teniente Coronel.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El personal del Servicio de Materiales de Guerra y de Sanidad, comprendidos en el artículo 193 fracción V inciso B, fracción IX, incisos C y D; que ostentan el grado de Teniente Coronel y perciben un haber complementario por encontrarse en los supuestos que establece el artículo 45 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, conservarán sus derechos adquiridos, hasta en tanto asciendan al grado de Coronel, o bien pasen a situación de retiro.

TERCERO.- Para los efectos de lo previsto en el artículo 95 Ter, en tanto no exista un General Ingeniero en Computación e Informática, se podrá nombrar como Director General del servicio a quien designe la Secretaría de la Defensa Nacional.

CUARTO.- El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas necesarias al Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de conformidad con lo previsto en este Decreto, dentro de los 180 días naturales posteriores a su entrada en vigor.

QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

SEXTO.- Las erogaciones que deriven de la aplicación del presente Decreto serán realizadas mediante movimientos compensados y no se requerirán recursos adicionales por lo que la Secretaría de Defensa Nacional, debe sujetarse a su presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal y no incrementar su presupuesto regularizaba.

Reitero a Usted la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida.

Dado en la Ciudad de México, a veintiséis de mayo de dos mil catorce

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Enrique Peña Nieto”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el que remite el primer informe trimestral de Petróleos Mexicanos, correspondiente a 2014.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase ese informe a las Comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Asimismo, la Secretaría de Gobernación remite de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al periodo enero-marzo 2014.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase dicho informe a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondiente al mes de abril de 2014; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de abril de 2014.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase ese expediente a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

LEGISLATURAS

- El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibió del Congreso del Estado de Colima, un PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 33 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL Y EL ARTICULO 78 DEL CODIGO DE COMERCIO; Y ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 86 DEL CODIGO DE COMERCIO Y UN ULTIMO PARRAFO A LA FRACCION II DEL ARTICULO 10 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.



- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibió del Congreso del Estado de Querétaro, un PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 135 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores.

Del Senador Armando Ríos Piter, con la que remite su Primer Informe de Labores.







 

Y del Senador Teófilo Torres Corzo, con la que remite el informe de trabajo de la Delegación Senatorial Permanente ante el Foro Parlamento Asia-Pacífico, en ocasión de la ceremonia de transferencia de bandera del propio Foro, realizada del 4 al 8 de mayo de 2014, en Ecuador.



- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de ambos informes.

Continúe la Secretaría con los asuntos del Orden del Día.





 

LEGISLATURAS

- El C. Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Se recibieron comunicaciones de diversos congresos estatales, por los que informan su aprobación al proyecto de Decreto que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la identidad.



- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Solicito a la Secretaría realice el escrutinio correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos que aprueban el proyecto de Decreto.

- El C. Secretario Diputado Adame Alemán: Señor Presidente, informo a la Asamblea que se recibieron los votos aprobatorios de los Congresos de los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de 18 votos aprobatorios al proyecto de Decreto de referencia.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Les solicito a los compañeros legisladores ponerse de pie para la declaratoria de aprobación.

(Todos de pie)

A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara aprobado el DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en materia de derecho a la identidad. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente respectivo.

Favor de tomar asiento.

(Aplausos)

Para referirse a este Decreto, le concedemos el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Quiero hacer un reconocimiento a la labor de este Senado de la República y a la mayoría de los congresos locales que han aprobado este proyecto de Decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución, para que podamos reconocer el derecho a la identidad como lo que es, como un derecho humano.

No podemos seguir dejando en incertidumbre a miles y miles de niños a lo largo y ancho de nuestro país.

Un acto tan sencillo y elemental como contar con Acta de Nacimiento, es una puerta de entrada al goce pleno de otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la protección social, a la salud, el derecho a la educación, incluso los derechos políticos.

Frente al Estado, no contar con este documento ha puesto en indefensión a muchos mexicanos por el hecho de que se convierten en personas que no existen. Y yo quiero destacar el caso del Distrito Federal.

En el Distrito Federal se hablan de diversas estadísticas, algunos dicen que son 70 mil personas las que no tienen acta de nacimiento.

Estamos hablando de un universo en el Distrito Federal de entre 70 mil personas que no cuentan con Acta de Nacimiento, pero cuando uno revisa estos datos, encontramos que dada la falta de certeza es imposible que haya estadísticas precisas. Estamos hablando, en el caso de la ciudad de México, de un universo de entre 70 mil personas y 500 mil personas, lo cual es altísimo si hablamos de una entidad donde las oficinas del registro civil son más accesibles, tan sólo por la cercanía, que en otras entidades del país.

Quiero destacar que, además, la mayoría de estas personas son personas que viven permanentemente en un estado de vulnerabilidad, porque son adultos mayores, personas en situación de calle, menores de edad y grupos indígenas. Esto se replica en todo el país.

Por eso era indispensable impulsar una reforma como ésta para revertir las condiciones que han provocado que el 7 por ciento de los niños que actualmente, según UNICEF, no cuentan con un registro oportuno, lo tengan de ahora en adelante.

Han habido avances significativos en el porcentaje de registro oportuno en el país. Pasamos, según ese mismo reporte de UNICEF, de 78.8 por ciento en 1999 a 93.4 por ciento en 2009.

Sin embargo, las diferencias de cobertura entre los municipios urbanos y los rurales presentan brechas considerables, ya que para los primeros ascendió de 82.7 por ciento a 97.7 por ciento en el periodo señalado, mientras que en los segundos pasó de 68.9 a 82.4 por ciento.

Recordar que el derecho más importante, después de nacer, es el derecho a tener identidad; y debe ser también una obligación del gobierno apoyar a quien más lo necesita.

Espero que a partir de esta reforma constitucional para lograr la gratuidad de la primera copia certificada del registro de nacimiento, exista el compromiso de los gobiernos estatales y municipales para impulsar programas para que los registros civiles se acerquen a la gente y se haga lo necesario para difundir esta gratuidad.

Este paso que estamos dando es muy importante para lograr que nuestras niñas y nuestros niños gocen plenamente de su derecho a forjar su identidad, que cuenten con un nombre y nacionalidad.

Y también para que nuestro país cuente con un elemento clave para la planeación de políticas públicas con el propósito de lograr nuestra principal meta, que es el bien común.

Y no quiero dejar de mencionar que el proponente de esta propuesta fue el Senador Salvador López Brito, que lo hizo con mucha fuerza, con mucha garra y afortunadamente hoy podemos estar ya dándolo a conocer a la opinión pública desde esta Comisión Permanente.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senadora Mariana Gómez.

Antes de concederle el uso de la palabra a nuestro compañero y amigo, el Diputado Ricardo Monreal, esta Presidencia saluda al ex presidente de Honduras, señor Porfirio Lobo, y a su comitiva, invitados a esta sesión de la Comisión Permanente por los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Sean ustedes bienvenidos.

Para hablar sobre el mismo Decreto, tiene el uso de la palabra el Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Ciudadano Presidente, ciudadanos legisladores.

En efecto, se ha dado lectura, se ha computado que la mayoría de legislaturas estatales han votado esta reforma constitucional como parte del Constituyente Permanente.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla la materia del derecho a la identidad, es importante.

En los últimos años, México ha sufrido una vorágine de reformas constitucionales. Quizá sean estos dos últimos años el tiempo en el que más reformas a la Constitución se han presentado, reformas constitucionales que intentan actualizar la situación del país, otras que otorgan necesidades urgentes para regularizar estados o situaciones de hecho y otras más para intentar rescatar derechos de los ciudadanos.

Esta es una de esas reformas que era necesaria y que es conveniente su actualización.

Hay otras que ha aprobado este Congreso, que son perniciosas, ominosas, contrarias al interés nacional, como son la reforma energética, la reforma educativa, la laboral, la financiera y, por supuesto, la hacendaria.

Estas reformas constitucionales o estas reformas denominadas estructurales le han venido a causar al país un estancamiento, una recesión.

Y por eso quise hacer uso de la palabra; porque, primero, estamos de acuerdo, votamos a favor de esta actualización jurídica del artículo 4o. constitucional que establece el derecho al registro de la identidad, pero no puedo desapercibir hacer un análisis comparativo de este proceso normal del Constituyente Permanente que tiene ya varios meses o varias semanas con el proceso que sufrió la reforma energética.

Aquí hay 18 congresos que han votado a favor; en el proceso de aprobación, hay semanas que aparentemente se analizó, se discutió, lo más grave es que las reformas perjudiciales, repito, como la hacendaria y la energética, una reforma legal, otra reforma constitucional, pasan de noche, de prisa, aprobada subrepticiamente.

¿Sabían ustedes, legisladores que para aprobar la reforma constitucional en Nuevo León, que es un estado con cierto nivel de conciencia, de conocimiento, de cultura, se tardaron los legisladores locales para aprobar este saqueo a la patria, tres minutos?

¿Sabían ustedes, legisladores, que para el estado de Sonora bastaron 7 minutos para consumar el atraco más grande que ha existido en el país, de la privatización del petróleo?

¿O que Querétaro tardó 10 minutos para aprobar este acto de traición a la patria?

Por eso no podemos desapercibir, comparar, hacer este parangón porque hay reformas constitucionales que es necesaria su actualización y hay otras que nosotros no podemos admitir.

Esta reforma, la del artículo 4o. constitucional en materia de derecho de identidad, nosotros estamos de acuerdo. Pero lucharemos siempre por revertir las modificaciones al 25, al 27 y al 28 constitucional, en materia energética. No vamos a descansar hasta que se revierta ese alto acto de traición a la patria.

Nosotros votamos estos tres proyectos de Decreto a favor, éste del 4o. constitucional, el del 108 constitucional, que viene enseguida, e incluso el del 123 constitucional

Por esa razón quise fijar nuestra posición para establecer el parangón de unas y otras reformas y este proceso que la Constitución señala como el Constituyente Permanente para modificación, derogación o creación de nuevas normas en materia constitucional.

Muchas gracias, señor Presidente; a los que atienden, muchas gracias, y a los que no atienden, también, muchas gracias.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Monreal.

Esta Presidencia autoriza al Secretario Williams Ochoa, para que ocupe la Presidencia en razón de que un servidor va a hacer uso de la palabra, gracias.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS

- El C. Presidente Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos: Para referirse a este Decreto, ha solicitado el uso de la tribuna el Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, señor Presidente.

Esta reforma constitucional, que el día de hoy tenemos el honor de emitir la declaratoria correspondiente, es de esas que consideramos los priìstas como las pequeñas grandes reformas.

Efectivamente, todos hemos estado inmersos en un proceso de reforma constitucional en lo que pomposamente se han denominado las reformas estructurales.

Pero el día de hoy lo que está precisamente, previo a la promulgación y publicación por parte del Ejecutivo Federal, es, primero, una propuesta que, efectivamente como lo comentó aquí nuestra compañera Senadora Mariana Gómez del Campo, proviene de Senadores, en primera instancia, sí, del Senador Francisco Salvador López Brito, pero a su vez contiene del propio 24 de abril de 2013, es una iniciativa de mi paisana y amiga Ivonne Alvarez García, de Mely Romero Celis, de Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda, Angélica del Rosario Araujo Lara, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, así como del Senador Ricardo Barroso Agramont.

Esta iniciativa que llega a Cámara de Diputados con carácter de minuta fue procesada en consenso en la Comisión de Puntos Constitucionales, comisión que por cierto en Cámara de Diputados la preside un compañero del Partido de la Revolución Democrática, que actúa en total pluralidad y en acuerdo para avanzar no sólo en una propuesta que le diese viabilidad a la gratuidad de la primer acta de nacimiento, sino que esto fuera una consecuencia de un derecho inherente a la persona, como es su derecho a la identidad.

Esto a su vez nos ayuda y coadyuva a que las autoridades estatales tengan la obligación de generar el primer registro gratuito, tan es así, que a partir de la publicación se detona un nuevo trabajo, que debemos de ser acuciosos y darle seguimiento en cada uno de los estados, que implica, primero, que exista la exención del derecho correspondiente.

 Y por otro lado, que se cumpla no sólo con la gratuidad, sino con el registro de la misma; es muy triste, muy lamentable ver cómo nacidos vivos salen sin registro de instituciones públicas; un llamado de atención a esas instituciones públicas y privadas. No es posible que después de prestar el servicio correspondiente en instituciones públicas, los niños, los recién nacidos salgan sin haber sido registrados.

La facilidad de esa primer acta gratuita va precisamente en ese sentido. Desea advertir a su vez que se va a contar con un plazo de seis meses para que, de manera conjunta, autoridades estatales con las autoridades de la Secretaría de Gobernación, que sirve mencionar en este momento que esta nueva reforma constitucional ha tenido además el trabajo correspondiente con las autoridades ejecutivas para que efectivamente se cumpla, para ser precisos con la Secretaría de Gobernación, dada que es la competente conforme al Registro Nacional de Población.

¿Para qué? Para que tengamos un formato único, que utilicemos los medios electrónicos, un formato único de acta de nacimiento, para que aquel ciudadano que esté en Yucatán pueda obtener, sin mayor trámite, el acta de nacimiento del estado de Nuevo León. Que efectivamente tengamos un sistema que sea acorde en el ejercicio, de igual modo actas de matrimonio, actas de divorcio y, sobre todo, actas de defunción.

¿Cómo espantarnos de cuántos niños no tienen un certificado de nacimiento, o cuántos desaparecidos tenemos, si no tenemos un registro uniforme del mismo? No es posible que sobre vidas humanas juguemos la danza de los números, debemos de ser total y absolutamente serios.

Enhorabuena, porque esto a su vez nos da la oportunidad de saber exactamente dónde estamos parados, dónde estamos de pie, cómo debemos generar una política pública en la que tengamos plena conciencia de cuántos son los habitantes de este país. Recurrimos a cifras de instituciones, como es el INEGI, que sabemos que el último ejercicio lo realizó en épocas muy convulsas de este país, donde probablemente esos resultados no sean lo preciso que todos esperábamos, esto es un gran inicio.

Enhorabuena a este Congreso de la Unión, porque una vez más demuestra trabajo, seriedad, madurez y cariño por México.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Ochoa Gallegos: Son todos los oradores, pasamos al siguiente asunto.





 

- El C. Secretario Diputado Adame Alemán: Se recibieron también comunicaciones de diversos congresos estatales, por las que informan su resolución al proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales.



PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

- El C. Diputado Presidente Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Solicito a la Secretaría realice el escrutinio correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos que aprueban el proyecto de Decreto.

- El C. Secretario Diputado Adame Alemán: Señor Presidente, informo a la Asamblea que se recibieron los votos aprobatorios de los Congresos de los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de 18 votos aprobatorios del proyecto de Decreto de referencia.

Es todo, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
MARCOS AGUILAR VEGA

- El C. Presidente Diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputado Secretario.

Solicito respetuosamente a todos los legisladores ponerse de pie para la declaratoria de aprobación, también al público que nos acompaña, por favor.

(Todos de pie)

A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara aprobado el DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 108 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente.

Favor de tomar asiento.

(Aplausos)

Para referirse a este Decreto, ha solicitado el uso de la tribuna el Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

- El C. Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

A partir de la declaratoria, de la que acabamos de ser testigos, y con toda la solemnidad y la formalidad que ello implica, a partir de ese momento, en efecto, queda reformado el tercer párrafo del artículo 108 constitucional. Como es de todos conocido, el servidor público debe estar dirigido en sus acciones a la satisfacción de las necesidades e intereses de la colectividad, por encima de intereses particulares, o simplemente ajenos al interés de la colectividad.

Este compromiso implica que el servidor público esté consciente de que el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que representa una misión a la que se debe legitimar cuando se busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se persiguen otros beneficios. Sin embargo, estos referentes no siempre son suficientes, de ahí que adecuar y perfeccionar el régimen de responsabilidades de los servidores públicos de elección popular, en los tres niveles de gobierno, constituye un imperativo democrático y una base primigenia para el estado constitucional de derecho.

Bajo esas ideas, incluir a los presidentes municipales, a los síndicos y regidores de los ayuntamientos en la ley fundamental como sujetos de responsabilidades, para el supuesto de que se incurra en violaciones a la Constitución o a las leyes federales, o incluso a las estatales, así como en el manejo y/o aplicación indebida de fondos y recursos federales, constituye un hecho de vital importancia que debe señalarse en el combate a la corrupción, así como para la eficiente rendición de cuentas y la oportuna exigencia de las mismas.

Dicha disposición reconoce en el texto constitucional la importancia de los funcionarios municipales sujetos a elección popular, representantes del pueblo, no solamente para sus propios representados, sino para las entidades federativas y para la Federación, y en la conformación del poder público. De ahí que al reconocer sus altas funciones se reconocen también sus altas responsabilidades y, en consecuencia, se establecen exigencias para el cumplimiento de las mismas.

La reforma votada por ambas Cámaras del Congreso y por las legislaturas de los estados, como lo acabamos de constatar, al tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da cuenta puntual de que el Constituyente Permanente tiene un trabajo arduo para adecuar y perfeccionar permanentemente las normas jurídicas a las exigencias y a las demandas de las necesidades actuales.

En ese sentido, y siguiendo cabalmente el espíritu del Constituyente originario, es que se ha subsanado un vacío constitucional existente, aunque en los hechos a nadie quedará duda, hoy queda subrayado y claro desde el texto de la Carta Magna, que los servidores públicos municipales que manejen fondos o recursos públicos federales, están obligados a hacerlo con toda probidad y honradez, lo cual implica hacer lo adecuado y conforme a los fines destinados en su esencia, en la forma establecida y en los plazos estipulados.

Este nuevo mandato constitucional es el punto de partida para diversas reformas a distintos ordenamientos para la debida exigencia de responsabilidades políticas, penales, administrativas, civiles y, desde luego, resarcitorias.

Con esta reforma se despejan dudas en materia de fiscalización y se abre un abanico de posibilidades para la rendición de cuentas, para que esta sea aparejada con la exigencia de sus responsabilidades.

En este orden de ideas es que, como todos, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, saludaron con beneplácito esta reforma constitucional, la cual, sin duda, fortalecerá a la Federación y dará cauce a la democracia para consolidar los más altos ideales republicanos sobre los cuales descansa la nación.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

- El C. Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Senador Burgos.

Para referirse al mismo Decreto, tiene la palabra el Diputado Marcos Aguilar Vega, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores legisladores.

En materia de responsabilidades de los servidores públicos hemos logrado, lamentablemente para nuestro país, pocos avances para resolver uno de los problemas más serios que tiene nuestro país, el problema de la corrupción.

Como todos ustedes saben, desde 1982 hubo una reforma la Constitución propuesta por el entonces Presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado. Una reforma a ese capítulo que se refiere a los artículos 108 al 113 de la Constitución mexicana, y en el, que, entre otros, se establece el sistema de responsabilidades de los servidores públicos en nuestro país, un sistema que establece quienes son los sujetos de responsabilidad, los tipos de responsabilidades que existen al referir particularmente la responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y la responsabilidad política.

Además de ello, este apartado incluye los procedimientos que deberán aplicarse para concluir en un aspecto de sanciones, a aquellos que con su conducta o con el manejo indebido de recursos hayan incurrido en una conducta ilegal que afecte la encomienda que le han otorgado los propios habitantes de la República Mexicana.

Este es un avance importante, no hay duda, porque se ha logrado privilegiar las coincidencias por encima de las diferencias, sabedores todos que mucho se tiene que hacer aun en materia de responsabilidad de los servidores públicos. El Congreso de la Unión está dando un avance significativo al incluir a tres representantes populares que no estaban incluidos en el marco jurídico constitucional, y que deba pie y cabida a un escenario en el que podían resultar beneficiados tanto los presidentes municipales como los síndicos y regidores, todos miembros de un cuerpo de gobierno denominado ayuntamiento.

Este es un avance importante para nuestro país, no hay duda, sobre todo considerando que si se prevé que las conductas que serán sujetas de sanción, son todo tipo de violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales que sean asignados a estos integrantes del ayuntamiento, esta es una muy buena oportunidad para dar paso a una siguiente reforma constitucional, que es la reforma en materia anticorrupción, que establece la creación de un nuevo modelo en México para enfrentar el problema más serio que existe en nuestro país, que es el problema de la corrupción.

Aplaudo y reconozco a todos los grupos parlamentarios, al Constituyente Permanente con la participación de los estados de la República, quienes de manera atinada han respaldado un acuerdo constitucional a través de esta reforma. Sin duda, México será beneficiado con esta circunstancia y se pone hoy un candado a presidentes, síndicos y regidores de los ayuntamientos para evitar que estas prácticas continúen lacerando y afectado de por sí la desprestigiada imagen que muchos de ellos tienen.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias Diputado.

Para referirse al mismo Decreto, le concedemos el uso de la tribuna al Diputado Víctor Manuel Manríquez González, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Diputado Víctor Manuel Manríquez González: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.

Primero que nada, quiero reconocer el trabajo y el compromiso con nuestro país a los congresos de los estados por la aprobación de esta reforma constitucional en su artículo 108.

Reivindicar el servicio público y garantizarle a los mexicanos el buen ejercicio de la representación, es una exigencia que estamos obligados a cumplir. La escasez de los recursos y la importancia de las decisiones son actos que hay que desempeñar con mucha responsabilidad.

Es nuestra convicción que todos los que participamos de la vida pública seamos sujetos del estado de derecho para garantizar el apego a la legalidad. Por mucho tiempo, el artículo 108 de la Constitución consideraba una serie de funcionarios como sujetos responsables de derecho, excluía de responsabilidad a los servidores públicos de los ayuntamientos y con ello teníamos una laguna legal.

Por ello, el día de hoy damos un paso importante y asumimos una actitud congruente al incluir a las figuras de presidentes municipales, síndicos y regidores como sujetos de responsabilidad.

El ejercicio del servicio público es un alto honor para cualquier mexicano; estoy convencido de que es muy importante realizar esfuerzos por promover las buenas prácticas y el buen gobierno.

El Partido de la Revolución Democrática está dispuesto a revisar y discutir los temas que más dañan a nuestra sociedad. El PRD históricamente ha combatido la corrupción y la impunidad, siempre hemos señalado que son dos causas que lastiman al pueblo, por ello nos congratulamos de que todos los partidos políticos representados en esta Soberanía reconozcan que debemos sujetarnos a la legalidad.

El estado de derecho es la base de la democracia porque establece las normas de convivencia y garantizan el respeto de todas y de todos.

Reafirmo el compromiso de mi partido, el de la Revolución Democrática, con la legalidad y el compromiso social. El PRD y sus grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, consideran que es un imperativo ético de primerísima importancia la administración escrupulosa de los recursos públicos en todos los órdenes de gobierno.

La declaratoria de reforma constitucional a la que hacemos alusión, subsana una laguna presente en nuestra Constitución Política al no incluir expresamente como sujetos de responsabilidad a estos servidores públicos integrantes de los ayuntamientos.

Las administraciones públicas municipales o las delegacionales, para el caso de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, son las autoridades más inmediatas con las que los ciudadanos tratan día con día y con una administración estricta de los recursos públicos que ejercen muchos de ellos provenientes de fondos de participaciones federales, hace una diferencia muy importante para la satisfacción en extensión y calidad de los bienes y servicios públicos que son responsabilidad y que proporcionan esos órdenes de gobierno.

La aplicación y la intencionalidad con la que se aplican estos recursos en un tema de primera importancia, la obra pública hecha con la intención de sangrar el erario público y beneficiar a los servidores públicos en su patrimonio y el uso de los programas sociales manejados con criterios clientelares y de rentabilidad electoral, tienen efectos demoledores en la consolidación de la democracia en nuestro país, minando el ámbito de los ciudadanos y generando desilusión en torno a esta forma de gobierno.

Gobiernos de este orden, de todos los partidos políticos, han dado muestra de manejo y aplicación indebida de los recursos y fondos públicos.

Sin embargo, las denuncias en la mayor parte de los casos no han pasado de hacer la nota en los medios y casi nunca han traído consecuencias jurídicas penales a los responsables en su paso por los ayuntamientos o las delegaciones, y aún más, para vergüenza de muchos de los que estamos aquí presentes, más tarde los vemos a estos personajes ocupando otros cargos en los órganos de representación o en las administraciones públicas de otros órdenes de gobierno.

La construcción de un estado democrático y social de derecho pasa por un proceso de cambio en todos los ámbitos del Estado, se requiere de una ciudadanía consciente y participativa, demandante de sus derechos y responsable de sus obligaciones, de una clase política capaz de ver por la supervivencia del Estado, del mejoramiento y ampliación de los derechos y libertades ciudadanas, de la seguridad para todas las partes de la comunidad política, tanto jurídica como pública.

Por último, es necesario reconocer que aún las piezas legales más importantes y avanzadas resultan inútiles, que se carece de la decisión política de observarlas, de instrumentarlas y aplicarlas cabalmente.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
MARCOS AGUILAR VEGA

- El C. Presidente Diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputado Víctor Manuel Manríquez González.

Para referirse al mismo Decreto, tiene el uso de la palabra el Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

- El C. Diputado Ricardo Astudillo Suárez: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores.

Este tema, sin duda, es fundamental para nosotros como grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y me parece que es el momento de tener una gran reflexión a la decisión que han tenido los congresos locales en esta reforma tan importante.

Los municipios son el primer contacto ciudadano con todas las personas que los habitan, sus empleados, su presidente municipal, los propios miembros del ayuntamiento, y nos parece que es el momento no solamente de aplaudir y de reconocer el hecho de que hoy tengamos esta reforma en materia de responsabilidad a todos aquellos que forman parte de dichos ayuntamientos y municipios.

Es el momento también de poder tener una reflexión; una reflexión responsable de las políticas públicas que son llevadas a cabo en los municipios a lo largo y ancho de nuestro país; estas políticas públicas que realmente sean posibles y no deseables, como en muchos municipios ha sucedido y se ha convertido en una obsesión por endeudar a sus propias entidades y a sus propios municipios por la elaboración, la construcción de obras públicas que muchas veces son resultado de caprichos o son resultado de no un consenso ciudadano, sino de una ideología política o de alguna promesa de campaña.

Muchas veces los municipios combinan los diferentes recursos federales, estatales y municipales para poder sacar adelante todos aquellos compromisos, principalmente aquellos municipios en donde tienen poca recaudación, es decir, en donde la mancha urbana no les favorece y que el impuesto predial es un impuesto recaudatorio mínimo para poder llevar a cabo sus acciones.

Es el momento de acabar con esta impunidad, es el momento, también, de acabar con aquella corrupción que ha ido creciendo en los municipios y el abuso de poder por parte de los propios empleados, en algunos casos, ayuntamiento y presidentes municipales, que esto vaya terminando y que con esta reforma mostremos realmente que la vida política, social, económica y, lo más importante, la vida moral de todas aquellas personas que colaboran y que los ciudadanos les han otorgado su voto, desde aquí, desde la máxima tribuna podamos nosotros en coordinación, como lo vimos el día de hoy, con los congresos locales, podamos ir erradicando, trabajar en conjunto y que fomentemos la vida política municipal adecuadamente en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputado Ricardo Astudillo.

Se concede ahora el uso de la palabra a la Diputado Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

- La C. Diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias.

La minuta que hoy estamos recibiendo y que se está aprobando por el Constituyente, no es de menor importancia.

El tema de la corrupción en México es uno de los que más ha dañado no solamente la percepción de la política, sino también la percepción de los políticos.

En los últimos 13 años, 86 mil servidores públicos han sido sancionados. Es decir, 18 mil funcionarios públicos al día.

Vayamos más allá, solamente entre 2012 y 2013, ha habido 5 mil 710 sanciones, y a México, a nuestro país, la corrupción le cuesta 32 mil millones de pesos al año, según la Encuesta Nacional para la Corrupción.

México está considerado uno de los países más corruptos, el 106 entre 177 países, y la percepción de la ciudadanía, en un 76 por ciento, es que ni las acciones, ni las leyes, ni nada, ni los discursos que se presentan en comisiones como estas, o en el Senado, o en la Cámara de Diputados ha atacado ni ha acabado con los actos de corrupción.

Lo que hoy se presenta tiene la mayor relevancia, acaba con este principio de que: “el que la hace no la paga”. Porque el municipio siendo el elemento de gobierno más cercano a la gente tenía una gran falta de vocación pública en quienes encabezaban los municipios, es decir, no existía responsabilidad de los integrantes del ayuntamiento y, como consecuencia, éstos se volvían elementos e instituciones de pillaje abierto.

Su servidora vivió esto no solamente como legisladora local en las auditorías que se hacían en el estado de Chihuahua, donde había una lógica, el presidente municipal pensaba que el erario público municipal era su caja chica, lo traía en la bolsa y estaba ahí para poder cumplir no solamente con sus caprichos, sino también con los caprichos de sus amigos y aquellos que los hicieron llegar a esa presidencia municipal.

El reconocimiento constitucional de la responsabilidad de los integrantes del municipio en la auditoría y la rendición de cuentas, sobre todo en el tema de fiscalización, no es menor, pero también nos deja retos y sobre esto tenemos que abundar, compañeros legisladores, no vale que vengamos aquí, demos bonitos discursos y digamos que el problema está resuelto, porque no está resuelto.

El hecho de que esté esto incluido en la Constitución, no quiere decir que por arte de magia los presidentes municipales dejarán de cometer desvíos; no quiere decir que por arte de magia la aplicación de los presupuestos municipales, que son los más cercanos a la gente, no se desviarán.

Es ahora reto de estas legislaturas el aplicar procedimientos para que esto que hoy estamos integrando a la Constitución se vuelva una realidad, no solamente a través de políticas públicas adecuadas sino, y con esto voy a ser muy enfática, sobre todo con un sistema de fiscalización y vigilancia adecuado.

No vale venir a congratularnos aquí si no tenemos ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados la voluntad de verdaderamente hacer una ley de auditoría y fiscalización adecuada en tiempo real y que verdaderamente ponga responsabilidades, no solamente en los presidentes municipales o en los integrantes del ayuntamiento, sino también en los gobernadores y en todo aquel funcionario público que participe en un acto de desvío de recursos y de mala aplicación de los mismos.

El reto queda ahí. No quedemos solamente en los discursos y vayamos más allá.

Yo les digo que, al PRI, al PAN y al PRD, les queda, como pendiente, después de esta reforma constitucional, adentrarse en el tema de auditoría y fiscalización.

No nos quedemos solamente en los discursos y las felicitaciones, porque para eso lo podemos hacer en privado.

Muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

- El C. Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputada Aguilar.

Agotada la lista de oradores, pasamos al siguiente asunto.





 

- El C. Secretario Diputado Adame Alemán: Se recibieron comunicaciones de diversos congresos estatales, por las que informan su resolución al PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION III DEL APARTADO A DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para elevar de 14 a 15 años la edad para trabajar a los menores de edad.



- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Solicito a la Secretaría realice el escrutinio correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos que aprueban el proyecto de Decreto.

- El C. Secretario Diputado Adame Alemán: Señor Presidente, informo a la Asamblea que se recibieron los votos aprobatorios de los Congresos de los Estados de: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila Colima, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de 17 votos aprobatorios al proyecto de Decreto de referencia.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, señor Secretario.

Les solicito, respetuosamente, ponerse de pie a las y los legisladores presentes, así como a los asistentes a esta sesión de la Comisión Permanente, a efecto de realizar la declaratoria correspondiente.

(Todos de pie)

A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas locales, la Comisión Permanente declara aprobado el DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION III DEL APARTADO A DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para elevar de 14 a 15 años la edad para trabajar a los menores de edad. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas locales sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente.

Favor de tomar asiento.

(Aplausos)

El Pleno de la Comisión Permanente les brinda un saludo y les da una cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, quienes han acudido el día de hoy a esta Cámara a invitación del Senador Aarón Irízar López.

Sean ustedes bienvenidos.

(Aplausos)

Para referirse a este Decreto, tiene el uso de la palabra el Diputado Ricardo Pacheco Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Respetables colegas:

La LXII Legislatura del Congreso de la Unión ha aprobado reformas a la Carta Magna y leyes secundarias que, sin duda, traerán consigo cambios profundos y beneficios para los mexicanos en los ámbitos económico, político y social.

Un claro ejemplo de ello es la aprobación de ambas Cámaras de la reforma constitucional en materia de trabajo infantil, a efecto de aumentar de 14 a 15 años la edad mínima para que los menores de edad puedan laborar.

Esta reforma constitucional, ahora declarada por la Comisión Permanente, significa una gran reacción a la problemática lacerante del trabajo infantil en el mundo y en México, que es un fenómeno que arroja datos alarmantes, ya que alrededor de 3 millones 270 mil niños trabajan; de ellos, el 42 por ciento no estudian; el 38 por ciento sufre una situación inestable en la escuela; y 2 de cada 10 cubren de manera irregular sus estudios.

La prevención y erradicación del trabajo infantil es una labor integral, es un tema para el bienestar de nuestros niños mexicanos, quienes deben recibir una adecuada formación fuera de pesos laborales que los prepare para su futuro porque su bienestar representa un paso fundamental en el desarrollo de México.

El día de hoy, esta Comisión Permanente da cuenta de que la mayoría de las legislaturas de los estados aprobaron este Decreto de reforma constitucional. Así estaremos en espera de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor y proceder a adecuar las leyes secundarias correspondientes, en especial la Ley Federal del Trabajo.

Esto conlleva a nuestra nación a que pueda ser efectivo el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde los Estados miembros se comprometen a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo a un nivel que haga posible el mas completo desarrollo físico y mental de los menores.

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tenemos el firme compromiso y responsabilidad de prescindir cualquier acción que vulnere los derechos humanos de los niños, como es el trabajo infantil.

Esta reforma constitucional, compañeras y compañeros, es un importante paso en la generación de acciones, que eliminen cualquier práctica tendiente a que nuestros niños sean privados, precisamente, de su infancia, de su potencial y de su dignidad.

Estamos acreditando en el Congreso de la Unión, en el Constituyente Permanente, la lucha por el respeto de sus derechos, descritos en nuestra Constitución y signados en nuestros tratados internacionales, como son: la educación, la salud, el bienestar y el sano desarrollo físico, el esparcimiento y su seguridad.

Debo agradecer, respetables colegas, como decía en un principio, la oportunidad de participar a nombre de mi grupo parlamentario. De manera especial, de mis compañeros Diputados y Senadores, en esta trascendente reforma constitucional, que asegura que nuestros niños estarán protegidos y serán un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país, logrando salvaguardarlos del trabajo infantil.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, compañero Diputado.

Para referirse al mismo Decreto, tiene el uso de la palabra el Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Con el permiso de la Presidencia.

En el PAN nos congratulamos de participar en esta declaratoria de validez constitucional de la reforma a la fracción III del Apartado A del artículo 123 constitucional.

Esta modificación, como ya se ha comentado, eleva de 14 a 15 años la edad para permitir el trabajo de los menores de edad, sin duda, constituye un avance trascendental para proteger los derechos de las niñas y de los niños y una acción decidida del Estado mexicano, para luchar en contra de la explotación infantil.

Los datos recabados por el INEGI arrojan que en México alrededor de tres de millones de niños y de niñas desarrollan actividades laborales pero lo más preocupante; es que el 39 por ciento de estos menores que trabajan, ya no asisten a la escuela. Es decir, 1.2 millones de niños han abandonado sus estudios y las oportunidades de preparación para su futuro.

Sabemos que es incompatible para los menores conjuntar una actividad laboral con la escuela. Lo que los obliga, en la mayoría de los casos, ya sea por el ingreso que obtienen o por el traslape de horarios, a abandonar sus estudios, afectando de manera significativa las oportunidades que pueden tener para el desarrollo de su futuro.

Y fue a partir de la reforma del 2011, en donde nuestro país ha procurado velar en todo momento por el respeto a los derechos humanos, tanto los plasmados en la propia Constitución, como en los instrumentos internacionales en los que México es Parte.

En este sentido, el espíritu de la reforma subyace en garantizar que la niñez mexicana pueda realizar las actividades educativas y formativas de esta etapa de la vida, sin el compromiso de tener que trabajar.

Con el aumento de la edad mínima de trabajar de 14 a 15 años, México avanza en el cumplimiento de los compromisos internacionales; específicamente el Convenio 138 de la OIT, que establece la eliminación progresiva de todas las formas de trabajo infantil.

Además, se atiende la recomendación de la OIT de fijar como edad límite, de los menores que empiezan a trabajar, que debe estar alrededor de los 15 años, que es la edad de finalización de la educación básica.

Para Acción Nacional está claro que muchas veces las leyes que aquí aprobamos, no trasforman de manera inmediata la realidad en la que viven todos los niños.

Que el subir la edad mínima para trabajar, no cambiará por sí solas condiciones que obligan a muchas niñas y niños a tener que trabajar.

Por ello, es necesario que los gobiernos federal, estatal y municipal combatan la pobreza en la que viven miles de familias mexicanas y que mejore la situación económica del país, para frenar esta tendencia que se está teniendo de los menores que se ven obligados a trabajar.

Asimismo, creemos que se tiene que continuar la política pública en la que se garantiza la asistencia y permanencia escolar, con acciones como la dotación de becas a los menores de las familias más necesitadas. Una medida que fue fuertemente impulsada en los gobiernos de Acción Nacional.

Esta reforma nos debe ayudar a que sentemos las bases para que los adolescentes mayores de 15 años y menores de 16, que no tengan otra alternativa que trabajar lo hagan en condiciones de dignidad, respetando sus derechos fundamentales.

Creo que hoy es un buen día y que sí tenemos que celebrar esta declaratoria, porque nos permite ir construyendo un México más justo, con mayores oportunidades y basado en el bien común, para beneficio de las niñas y de los niños de México.

Es cuanto.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Adame.

Para referirse al mismo Decreto, tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente, con su venia. Buenas tardes, señoras y señores.

Es muy importante esta declaratoria que reforma la Constitución, para elevar un año más a la admisión de trabajo de adolescentes, de 14 a 15 años.

Va en congruencia con los compromisos que México ha signado, de manera muy particular, que tienen que ver con la Convención sobre los Derechos del Niño.

Falta, también, que desde el Senado de la República sigamos insistiendo al Ejecutivo, que nos mande el Convenio de la Organización Internacional de Trabajo 138, donde plantea exactamente lo mismo, elevar un año más, a 15 años.

Pero, ¿por qué quiero hacer énfasis en este Convenio de la OIT?

En primer lugar, porque plantea cuáles deben ser las acciones que los Estados Parte tienen que impulsar para que en la realidad, gradualmente, se vaya garantizando que las niñas y los niños no realicen ningún tipo de trabajo, que se dediquen a estudiar, a jugar, a la cultura, al deporte, al ocio, al juego. Es decir, gocen de los derechos que tienen reconocidos en estos tratados internacionales y también en nuestra Constitución, en su artículo 4, que reconoce a niñas y niños como sujetos de derechos; es decir, a todas las personas menores de 18 años de edad se les reconoce como sujetos de derechos plenos.

Y, por supuesto, que las entidades gubernamentales y la sociedad trabajen con responsabilidad, en coadyuvancia con estas acciones gubernamentales, en los tres órdenes de gobierno, para ir realmente garantizando que las niñas y los niños no trabajen, no realicen, no solamente las peores formas de trabajo infantil, que también están especificadas en la convención que he mencionado, también en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 162, sino que, por supuesto, logremos elevar en la realidad, que sólo a partir de los 15 años, siempre que no dejen su educación, por el menor tiempo posible, y claramente definidas cuáles son las actividades que no pueden realizar, quienes son menores de 18 años, y de verdad lo puedan hacer.

La gradualidad que mandata la Organización Internacional del Trabajo, se concreta de manera clara a partir de que, me estoy imaginando, los gobiernos, en los tres órdenes de gobierno, puedan ir determinando año con año que no haya un solo niño, una sola niña menor de edad, que no trabaje y poco a poco irlo subiendo y constatando de manera diagnóstica con resultados precisos y concretos que nos reflejen que efectivamente este precepto constitucional se convierte en una realidad, para las niñas y los niños, a favor de sus derechos humanos.

El señor legislador que me antecedió en la palabra, mencionaba con mucha puntualidad su preocupación de que esta reforma constitucional que dictamina varias iniciativas tanto inscritas en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, que concreta una iniciativa enviada por el Presidente de la República, por supuesto nos debe llamar la atención a que efectivamente cuidemos de no estar haciendo algo que no corresponde a lo que viven en su cotidianeidad las niñas y los niños más marginados, más pobres, más excluidos de este país.

Hoy, hacer la declaratoria de este artículo de nuestra Constitución es un mensaje, yo así lo veo, como un mensaje del Congreso de la Unión, del Constituyente Permanente, sobre todas esas niñas y esos niños que están sufriendo una gran marginalidad. A ellos va dirigida esta reforma, no a nuestros hijos, a nuestras hijas, que pueden estar viviendo con ciertas comodidades; no a aquellas niñas y niños que van a la escuela todos los días; no a quienes tienen asegurado su derecho a la salud, a la vivienda, al juego, a ser amados.

Va dirigido a las niñas y a los niños menores de 15 años que están en las esquinas, que están siendo violentados, que no estudian, que forman parte de esos grupos identificados por el Rector de la UNAM como Ninis.

Y de manera muy particular, revisar que efectivamente como sujetos de derechos, como lo dice el artículo 4o. constitucional, gocen de manera integral de todos y cada uno de sus derechos humanos. Ese es el mensaje que tenemos que dar.

Y tenemos que ser desde el Congreso, como uno de los Poderes de la Unión, vigilantes de que las políticas públicas, en los tres órdenes de gobierno, efectivamente sean congruentes con el precepto que hoy va a ser inscrito en nuestra Constitución y publicado en el Diario Oficial de la Federación, para que ciertamente entonces sí podamos decir que hemos cumplido, que hemos asumido nuestra responsabilidad de proteger los derechos de las niñas, de los niños y adolescentes menores de 15 años de edad.

Es cuanto y muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senadora de la Peña.

Para referirse sobre el mismo Decreto, tiene el uso de la palabra el Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

- El C. Diputado Ricardo Astudillo Suárez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, me parece que no podemos estar más de acuerdo con las legisladoras y legisladores que han dado aquí su punto de vista y que han externado y han propuesto las ventajas que tendremos con esta reforma.

Es difícil aceptar el tema laboral infantil en nuestro país. Nos cuesta trabajo a nosotros como Partido Verde, el poder asimilar que miles de niños tienen que trabajar todos los días para poder salir adelante.

Y es difícil asimilarlo en el momento que nos encontramos como país en transición, en el momento que estamos buscando las grandes reformas de transformación para poder, precisamente, dotar de mejores oportunidades a las mujeres, a los jóvenes y a los niños que hoy están estudiando.

Es difícil asimilar que un niño tenga que estudiar y tenga que salir con tiempo para poder llegar a su trabajo.

Los que somos padres de familia sabemos y conocemos que los niños tienen muchísima energía; sin embargo, el poder compartirla en sus estudios, prepararse, no renunciar a los sueños que les han inculcado sus padres y, sobre todo, trabajar y tener esa responsabilidad laboral, me parece que es un tema muy sensible que deberíamos de tomar en consideración para la generación de políticas públicas en nuestro país.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento jurídico que garantiza y vincula toda la gama de los derechos de ellos en lo que tiene que ver en lo civil, cultural, social, político y económico.

Aquí, mis compañeros legisladores ya han citado muchos de los ejemplos, muchos de los ejemplos en el que se encuentra la situación de nuestro país, que no somos el único país que tiene esta problemática, que la mayoría de los niños de nuestro país trabajan en el tema del campo. Que si bien es cierto ha disminuido, tenemos que poner atención no solamente a estas reformas, tenemos que participar en los convenios internacionales, nacionales, estatales, municipales, como lo acabamos de decir en el pasado punto de Acuerdo.

Y también resalto algo que comentó la legisladora que me antecedió en la palabra. No solamente existen los trabajos adecuados o los trabajos positivos, existe una gran gama en donde los niños son utilizados y caen en las garras de todo lo que tiene que ver con la prostitución infantil, con el tráfico de drogas, con actividades que dañan no solamente su salud, dañan todo lo que tiene que ver en su porvenir.

Para nosotros este es un problema también de competitividad. El hecho de que los niños no puedan terminar sus estudios, se traducirá en un futuro inmediato a la problemática que hoy tenemos en nuestro país.

El aumentar de 14 a 15 años, no solamente es un año de maduración física, es un año de maduración mental, es la edad en donde la mayoría de los niños adolescentes terminan sus estudios de secundaria. Esos estudios que tal vez le pueden proporcionar un futuro diferente, una esperanza para todas esas familias que hoy están buscando que aquí, en esta Cámara, tomemos las decisiones y determinaciones en coordinación, como ha quedado hoy claro, con los estados, que sus congresos locales han sido sensibles a esta problemática y que el Partido Verde Ecologista de México apuesta por la juventud de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Astudillo.

Le concedemos el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, para referirse sobre este Decreto.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: He pedido hacer uso de la palabra porque este es un día de celebración, luchamos mucho tiempo por esta reforma constitucional. Y lo hago como promovente, como iniciadora de esta reforma.

Lo buscamos a través de exhortos, a través de iniciativas, a través de la ratificación del Convenio 138 de la OIT, que es lo que tiene que ver con la edad mínima para admisión al empleo de nuestras niñas y niños.

Pero también hay que decirlo el día de hoy, Naciones Unidas desde 1983, decretó este día como el Día Internacional de los Niños Víctimas de Agresión. Y esta es una agresión que hemos cometido en contra de nuestras niñas y niños: la explotación laboral es lo más común que vivimos.

Yo vengo de un estado, como el estado de Sinaloa, que felicito a la Universidad Autónoma de Sinaloa, al Senador Aarón Irízar, por la invitación que hace a estudiantes de derecho. Mi estado es un estado receptor, es un estado eminentemente agrícola.

A veces es muy normal ver en los surcos a niños y niñas desde 4 años hasta 12 años, y lo que es más, los padres cuando son buscados para emplearse, no admiten ser empleados si no va con todo y la familia. Y cuando dices familias hablas de niñas y niños.

Yo por eso me siento muy contenta que un tema que tanto se luchó, hoy podamos verlo coronado, pero no solamente en una reforma constitucional; a mi me gustaría, exactamente, ver ya una política pública aterrizada, una vigilancia concreta, es más, acabamos de terminar un evento de acceso a la justicia, y un artista, Sergio Mayer, decía: no se vayan muy lejos, salgan ahorita a la calle y van a ver la explotación que los padres a veces hacen de estas niñas y niños, están pintados de payasitos, pero los que están trabajando son las niñas y niños, cuando deberían estar en este momento en la escuela.

Por eso, me siento muy contenta, valió la pena la lucha que tanto Angélica de la Peña y una servidora hemos dado desde hace más de 6 años para la reforma constitucional, pero hoy para el tema de una ley secundaria y una política pública que ponga en contexto lo que más vale la pena de este país, que son nuestras niñas y niños.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Senadora Gastélum.

Ha solicitado el uso de la tribuna, para referirse a este Decreto, el Diputado Fernando Belaunzarán.

- El C. Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias, señor Presidente.

Por supuesto que respaldamos esta reforma constitucional de la Cámara de Diputados, es correcto pelear por el México ideal; es correcto pelear por un anhelo, que los niños disfruten esa etapa tan maravillosa de la vida, que puedan jugar, que puedan aprender, etcétera, que no tengan que tener el peso de la economía familiar en sus espaldas.

Ese es el México por el que aspiramos y es correcto pelearlo, y yo no me opongo a que esté en nuestra Carta Magna, tan no me opongo que voté a favor de ella.

Pero también nos tenemos que preguntar, ¿qué pasa con los niños reales que su situación de marginación y pobreza los lleva a trabajar y a jugar un papel fundamental en la economía de sus familias? Estamos peleando por los niños ideales, pero, ¿qué pasa con esos niños de carne y hueso que están trabajando y que los encontramos en todas las ciudades de todas las entidades del país? Aquí mismo, si salimos, les puedo asegurar que a una o dos cuadras vamos a encontrar a niños que trabajan, como sucedería, insisto, en cualquier ciudad, en cualquier lugar del país; ¿qué pasa con ellos?, ¿cómo nos preocupamos por ellos? porque parte fundamental es que a los más desprotegidos, a los que están en una situación más desfavorable, sea precisamente a los que se les compensa.

Pero un niño que trabaja, porque la terca realidad lo lleva a trabajar, y no lo va a dejar de hacer, ¿qué pasa con él?, ¿cuáles son sus derechos? No tiene, no tiene ningún derecho.

Y, entonces, llamo a esto, por supuesto estoy celebrando la promulgación, la declaratoria de constitucionalidad, pero pensemos qué podemos hacer para sin renunciar al México ideal, a este México donde queremos que los niños no trabajen, qué podemos hacer para que esos niños de carne y hueso que hoy están trabajando y que seguirán trabajando, no estén totalmente en la desprotección; no pueden ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, no pueden tener nada, no tienen ningún derecho, y casi casi a esos que la situación económica los lleva ahí, no tienen un solo derecho y están en una situación totalmente desfavorable, incluso propicio para la explotación económica, insisto, por la falta de derechos.

Esto, por supuesto es un avance de lo que queremos, pero no es nuevo, en la misma Constitución de 1917 ya venía la prohibición del trabajo infantil, ahí se marcó a los 12 años y de los 12 a los 16 años la jornada de 6 horas; cambió en 1962 a 14 años y ahora lo estamos reformando a 15 años, y a los 16 con una jornada de 6 horas.

Pero desde 1917 hasta acá, nos hemos propuesto como nación acabar con el trabajo infantil; sin embargo, la situación económica del país lleva a muchos a hacerlo. Y lo que pasa con ellos, es simplemente la preocupación que quiero compartir porque, insisto, peleamos por el ideal, está bien que establezcamos nuestro anhelo, pero, por qué no vemos una forma para que no estén totalmente desprotegidos y en la indefensión esos niños, que independientemente de la ley seguirán trabajando, porque además, ¿qué vamos a hacer?, ¿meter a la cárcel a sus papás porque están ahí?, eso sería tanto como criminalizar la pobreza, en muchos casos.

No podemos hacer eso, no tenemos tampoco la capacidad de poner a todos los niños que trabajan, en el DIF, o en una situación de orfanatos o en alguna situación de beneficencia.

¿Qué pasa con ellos?, ¿cómo hacemos para que no estén totalmente sin ningún tipo de defensa?, y que no vayamos a dormirnos simplemente tranquilos, en paz, pensando que al modificar la ley ya cambiamos la realidad.

Había un debate muy importante en el siglo XIX entre socialistas y liberales. Los liberales decían, es que es la igualdad de oportunidades fundamental, la igualdad, un principio fundamental para todos, pero decían los socialistas, y sí, pero esa igualdad de oportunidades es solamente teórica, conceptual, solamente está en la teoría, pero en la realidad las condiciones sociales hacen que no todos tengan igualdad de derechos, más bien, o que haya unos más iguales que otros, como decía Orwell de una manera estructural.

Pensemos eso, ¿cómo hacemos que los niños, efectivamente, incluso aquellos que están en esa situación y que van a tener que hacerlo por su situación, no estén en la completa indefensión? Porque por hacerles un bien a lo mejor los desprotegimos a todos; ¿cómo podemos cuidar esa parte?, me parece que creo que podemos coincidir. Y simplemente decir, para terminar, que, efectivamente, hay de reformas constitucionales a reformas constitucionales. El Diputado Ricardo Monreal recordaba muy bien que éstas han salido por unanimidad, pero son distintas a las que tienen que ver con la reforma energética, a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, vamos a buscar modificarlas, precisamente, porque la Constitución da esa posibilidad con el artículo 35 y porque se hizo una ley secundaria que sí responde a la Constitución; vamos a ver que la siguientes reformas, pero sobre todo la de telecomunicaciones, también respondan a la Constitución, y eso también será una forma de defenderla, no sólo haciendo que pase a ser realidad lo que está en la letra de la Constitución, sino que las leyes secundarias estén o sean consecuentes con ésta, y nosotros lo que le podemos decir es que no vamos a abdicar, nosotros no vamos a abdicar en eso, en la defensa de la Constitución y en llevarle derechos a todos los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Belaunzarán. Gracias a todos los legisladores que han participado en la aprobación y la declaratoria correspondiente de las tres reformas constitucionales que hemos declarado el día de hoy.





 

Antes de pasar al apartado de iniciativas, la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente desea realizar un pronunciamiento sobre el Día de la Libertad de Expresión.

PRONUNCIAMIENTO

Compañeros legisladores: Esta Mesa Directiva desea hacer suyo el pronunciamiento inscrito en el Orden del Día de hoy, por parte del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, así como los motivos expresados en sus puntos de Acuerdo de los Diputados Enrique Aubry de Castro Palomino, Roxana Luna Porquillo, Lorenia Valles Sampedro; y Víctor Manuel Manríquez González, en relación al Día de la Libertad de Expresión que celebraremos, una vez más, como cada año, el próximo 7 de junio.

El Poder Legislativo Federal ratifica su absoluto respeto a la libertad de expresión y al derecho a la información de los mexicanos. Para los integrantes del Congreso de la Unión, la libertad de expresión en nuestro país es un principio fundamental que solidifica nuestros valores democráticos, que se tiene que defender en todas las plataformas, que contribuye al respeto irrestricto de los derechos humanos y abona a la conformación de una sociedad plural e informada.

La celebración anual de este día, nos brinda la oportunidad de valuar la libertad de expresión y de defender la independencia de los medios de comunicación.

Los legisladores y las legisladoras integrantes de este Poder Legislativo Federal, nos congratulamos por la celebración de un aniversario más del Día de la Libertad de Expresión. Felicitamos a todos aquellos que desde diversas tribunas contribuyen al fortalecimiento de un gobierno democrático fuerte que respete los derechos civiles y humanos fundamentales.

A todas y todos los actores involucrados e interesados en el tema y defensores de la libertad de expresión, nuestras más sinceras felicitaciones por la celebración de un aniversario más.

Muchas gracias.





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Diputado Abel Salgado Peña, para presentar a nombre del Diputado Luis Armando Córdova Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el artículo 15 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION V DEL ARTICULO 20 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO LA FRACCION IX DEL ARTICULO 15 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

(Presentada por el C. Diputado Abel Octavio Salgado Peña, a nombre del C. Diputado Luis Armando Córdova Díaz, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Diputado Abel Octavio Salgado Peña: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia. Compañeras y compañeros legisladores:

Quiero el día de hoy, a nombre de mi compañero el Diputado Luis Armando Córdova Díaz, del grupo parlamentario del PRI, y del estado de Jalisco, presentar esta iniciativa que propone la reforma a la fracción V del artículo 20 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la fracción IX del artículo 15 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Sin duda, una de las principales preocupaciones que afectan a la población, si no es la que más, es el tema de la violencia y la inseguridad pública. Histórica y constitucionalmente, el origen mismo del Estado se dio ante la necesidad de garantizar a los ciudadanos su seguridad, su integridad física y emocional y, en última instancia, el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Este interés por salvaguardar cobra mayor importancia si nos referimos a un estado constitucional de derecho, como aspira a ser el Estado mexicano. Ahora bien, con la finalidad de minar los problemas de seguridad pública, la delincuencia y la violencia como sus principales y perniciosas expresiones, los gobiernos tienen la obligación de crear instrumentos legales que permitan, a su vez, el diseño y la implementación de políticas públicas para combatir tanto las causas como las consecuencias de la violencia.

Como todo problema social, este diseño requiere de análisis sistemáticos para encontrar explicaciones de sus causas y repercusiones y los cursos de acción posibles para su solución. Por ello, es una necesidad del Estado desarrollar indicadores en materia de seguridad pública para contar con información veraz y confiable que permita elaborar las estrategias efectivas de prevención y combate a la delincuencia.

Ante el nivel de delincuencia, resulta indispensable contar con estas herramientas y poder hacer diagnósticos cada vez más serios y contundentes sobre los factores determinantes del fenómeno delictivo. En México contamos con varias formas para medir el fenómeno delictivo, entre ellas se encuentra la de contabilizar el número de denuncias presentadas ante el Ministerio Público, así como las consignaciones judiciales y las sentencias ejecutadas.

También existe la que se hace a través de medir la criminalidad dividiendo el número de delitos conocidos entre un determinado número de habitantes, donde el resultado representa el índice de criminalidad de un territorio. Como toda forma de medir el fenómeno delictivo, estos mecanismos tienen ciertas limitantes, en virtud de que sólo se delimitan a contabilizar los delitos registrados por las autoridades dejando excluidos los que por alguna razón no son denunciados, en este caso hablamos de la denominada cifra negra.

Compañeras y compañeros, la manera que han encontrado los gobiernos para conocer la cifra negra son las cada vez más empleadas encuestas de victimización, estas son herramientas muy valiosas para comprender los problemas delictivos y la mejor manera de abordarlos. Las encuestas de victimización se podrían definir como cuestionados estructurados en los que se realizan diversas preguntas a las víctimas de un delito sobre el hecho criminal concreto y sus consecuencias.

Como dijimos, estas encuestas ofrecen una valiosa fuente de información a los autores de políticas públicas y pueden usarse para comprender el nivel y la naturaleza del delito, así como la percepción del público de la seguridad en la comunidad y la confianza que tiene en las agencias para el cumplimiento de la ley. Tanto los riesgos reales como los preceptúales del delito pueden ser indicadores de bienestar de la comunidad.

Amigas y amigos, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tiene la atribución para realizar encuestas de victimización; sin embargo, dejan a consideración del centro la periodicidad de éstas. Consideramos que la realización periódica de esta muy valiosa herramienta le permitirá al centro contar con información actualizada para cumplir con sus demás atribuciones, que entre las más importantes se encuentran las de proponer lineamientos de prevención social del delito a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas, y colaborar con el diseño científico de políticas criminológicas.

También se propone que las encuestas que se realicen sean tomadas para el diseño de políticas de prevención y la elaboración del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a efecto de que los organismos facultados para ello tengan los elementos suficientes para crear acciones tendientes a que los ciudadanos perciban paulatinamente un ambiente seguro.

Hoy, a nombre del Diputado Luis Armando Córdova Díaz, y del mío propio, presentamos esta iniciativa con el objeto de coadyuvar y proveer a las diversas instancias de gobierno de las cifras, herramientas y mecanismos para la mejor implementación de sus políticas y proyectos a favor de la comunidad, en materia de prevención del delito y combate a la violencia.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito Diputado LUIS ARMANDO CÓRDOVA DÍAZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Cámara, la PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Indicadores en materia de seguridad pública.

La violencia y la inseguridad son temas de gran importancia y de preocupación en la mayor parte de las sociedades. En México, la violencia es un problema de seguridad pública que tiene repercusiones en la integridad física y mental, así como en el patrimonio de las personas, su origen se le atribuye a una serie de factores como los históricos, demográficos, psicológicos, económicos, biológicos, sociales, entre otros.

Dentro de las formas de violencia se encuentra la que se genera por la delincuencia, la cual es una de las que más daña a una sociedad. Como todo problema social, se ha requerido de un análisis sistemático para encontrar explicaciones de sus causas y repercusiones, para que posteriormente, se pueda estar en condiciones de diseñar cursos de acción tendientes a su solución .

Conforme a lo anterior, ha sido claro para todo Estado que es necesario desarrollar indicadores en materia de seguridad pública para contar con información oportuna, veraz y confiable que permita diseñar estrategias efectivas de prevención y combate a la delincuencia, así como para la evaluación y mejora de las políticas públicas instrumentadas por los gobiernos. Es por ello, que ente el creciente nivel de delincuencia resulta indispensable contar con las herramientas adecuadas para hacer diagnósticos sobre los factores determinantes del fenómeno delictivo.

En México, existen varias formas de medir el fenómeno delictivo, entre ellas se encuentra la de contabilizar el número de denuncias presentadas ante el Ministerio Público, así como las consignaciones judiciales y las sentencias ejecutadas. También, existe la que se hace a través de medir la criminalidad dividiendo el número de delitos conocidos entre un determinado número de habitantes, donde el resultado de esta operación representa el índice de criminalidad de una ciudad o de un país. Como toda forma de medir el fenómeno delictivo tienen ciertas limitantes, en virtud de que sólo se delimitan a contabilizar los delitos registrados por las autoridades, dejando excluidos los que por alguna razón no son denunciados, asimismo, se pueden encontrar ciertas inconsistencias en sus registros, debido a que no todos los delitos denunciados se registran en las estadísticas finales, ya sea por errores de procedimiento o discrecionalidad dentro los sistemas de procuración y administración de justicia .

En muchas ocasiones, hay quienes piensan que los delitos registrados son sólo un indicador que sirve para evaluar el funcionamiento del sistema de procuración y administración de justicia, más que ser una imagen clara de la criminalidad, ya que no detallan las repercusiones que conllevan a sus víctimas, cuestión que el autor de esta propuesta comparte, ya que para tener una visión más amplia de un delito, es necesario conocer tanto el hecho que lo produjo como las personas que están involucradas, y a partir de ésta buscar soluciones para prevenirlo.

De acuerdo con diversas estadísticas, está comprobado que los ciudadanos viven constantemente con el temor de ser víctimas de un delito, dicho miedo, se define como el sentimiento de inseguridad general que tiene una población, por lo que se convierte en un factor que opera de forma negativa en contra de la información oficial en cuanto a índices delictivos.

Asimismo, se tiene el conocimiento que no todas las víctimas de un delito lo hacen del conocimiento de una autoridad, gran cantidad de ciudadanos optan por no denunciar por temor a las represalias, desconfianza en que las autoridades den con los responsables, por la pérdida de tiempo que implica la denuncia, por evitar ser sujetos de chantaje o corrupción y considerar que el daño fue irrelevante o bien por que recibieron un mal trato por parte de las autoridades .

La ausencia de denuncias ciudadanas genera lo que se conoce como “cifra negra” u “oculta” de la criminalidad . Como forma de que los gobiernos pudieran conocer esta cifra, se crearon las encuestas de victimización que son una herramienta que ayuda a comprender los problemas delictivos y la mejor manera de abordarlos .

Las encuestas de victimización se podrían definir como cuestionarios estructurados en los que se realizan diversas preguntas a las víctimas de un delito sobre el hecho criminal concreto y sus consecuencias. Las encuestas ofrecen una valiosa fuente de información a los autores de políticas públicas y pueden usarse para comprender el nivel y la naturaleza del delito, así como la percepción del público de la seguridad en la comunidad y la confianza que tiene en las agencias para el cumplimiento de la ley. Tanto los riesgos reales como los perceptuales del delito pueden ser indicadores del bienestar de la comunidad .

Encuestas de victimización en México.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al observar que la realización de encuestas de victimización, han cobrado una relevante importancia en los últimos tiempos a nivel mundial y nacional, tanto en el ámbito de los gobiernos y las autoridades responsables de las funciones vinculadas con la seguridad y la justicia, desarrolló la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la cual tiene como objetivo, recabar información con representatividad a nivel nacional y estatal, que permita llevar a cabo estimaciones de la incidencia delictiva que afecta a los hogares y a las personas integrantes del hogar, la cifra negra, las características del delito, su impacto económico y social y el contexto de la victimización. Asimismo, busca obtener información sobre la percepción de la seguridad pública y sobre el desempeño y experiencias con las instituciones a cargo de la seguridad pública y la justicia.

En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE 2013), se reportó que la percepción de inseguridad al momento del levantamiento de la encuesta llegó a 72.3 por ciento de la población mayor de 18 años, cifra que revela que en 2013 aumentó la sensación de inseguridad respecto a los años anteriores. El 57.8 por ciento de la población mayor de 18 años manifestó como su principal preocupación el tema de la inseguridad, y a nivel nacional, el espacio donde la población mayor de 18 años se siente más insegura, con 81.5 por ciento, es en los cajeros automáticos ubicados en la vía pública.

Durante 2012 hubo cerca de 21,603,990 víctimas de algún delito, lo que equivale a una tasa de 27,337 víctimas por cada 100,000 habitantes mayores de 18 años, mientras que la tasa de delitos fue de 35,139 por cada 100,000 habitantes de 18 años y más. Se estima que 32.4 por ciento de los hogares del país tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2012. Estas cifras representan un incremento significativo respecto a las cifras obtenidas en 2010 y 2011.

El incremento en la tasa de delitos se debe, en mayor medida, al aumento de los delitos más frecuentes, tales como el robo o asalto en la calle o en el transporte público, la extorsión y el robo total o parcial de vehículo. De los 27, 769,447 delitos estimados, la víctima estuvo presente en el 59.2 por ciento de los casos; y de los 16, 435,947 delitos estimados donde la víctima estuvo presente, los delincuentes portaban arma en el 44.1 por ciento de los casos. De los delitos donde los delincuentes portaban arma, en el 10.7 por ciento de los casos hubo agresión a la víctima con el arma.

El nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa en el país durante el 2012 fue de 92.1 por ciento. Se estima que en 2012 se denunció el 12.2 por ciento de los delitos, de los cuales el 64.7 por ciento llevó a inicio de averiguación previa ante el Ministerio Público. Del total de delitos se estima que se inició averiguación previa en 7.9 por ciento.

La cifra de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa, conocida como cifra negra, no tiene variación significativa respecto de lo estimado en 2011 y 2010. La ENVIPE 2013 destaca que entre los principales motivos que llevan a las personas víctimas de un delito a no denunciar están las circunstancias atribuibles a la autoridad, como considerar la denuncia como una pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad, con 61.9 por ciento.

Facultades del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Con la creación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Política Nacional de Prevención del Delito y la Violencia se diseñó bajo la creación de un nuevo marco institucional en el que se creó el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

En el artículo 20 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se señaló que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tendrá, como principales atribuciones:

I. Proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas;

II. Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia;

III. Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las Instituciones de Seguridad Pública, en los tres órdenes de gobierno para:

a) Prevenir la violencia infantil y juvenil;

b) Promover la erradicación de la violencia especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;

c) Prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de drogas y alcohol, y

d) Garantizar la atención integral a las víctimas.

IV. Realizar, por sí o por terceros, estudios sobre las causas estructurales del delito, su distribución geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública nacional;

V. Realizar, por sí o por terceros, encuestas victimológicas, de fenómenos delictivos y otras que coadyuven a la prevención del delito;

VI. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las dependencias y entidades federales, así como colaborar con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en esta misma materia;

VII. Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre prevención social del delito;

VIII. Coordinarse con otras instancias competentes en la materia para el ejercicio de sus funciones;

IX. Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema en los términos de esta Ley, y

X. Las demás que establezcan otras disposiciones, el Consejo Nacional y su Presidente.

En el mismo sentido, en el artículo 15 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se estableció que el Centro Nacional tendrá, además de las que le confiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables, las siguientes atribuciones:

I. Participar en la elaboración del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;

II. Elaborar su programa anual de trabajo y someterlo a la aprobación del Secretario Ejecutivo;

III. Recabar información sobre los delitos y sus tendencias, los grupos de mayor victimización y, proyectos enfocados en la prevención y sus resultados;

IV. Realizar diagnósticos participativos en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia;

V. Generar mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, de los organismos públicos de derechos humanos y de las instituciones de educación superior para el diagnóstico y evaluación de las políticas públicas en materia de prevención;

VI. Planear la ejecución de programas de prevención y las formas de evaluación, previa aprobación del Secretario Ejecutivo;

VII. Colaborar en el diseño científico de políticas criminológicas;

VIII. Elaborar mapas de riesgos sobre la violencia y la delincuencia en colaboración con otras autoridades sobre la base de la información recabada por el Centro Nacional, que estarán correlacionados con las condiciones sociales, económicas y educativas de las localidades;

IX. Realizar en coordinación con otras instituciones encuestas nacionales de victimización en hogares, con la periodicidad que se estime conveniente;

X. Identificar temas prioritarios o emergentes que pongan en riesgo o que afecten directamente la seguridad pública desde la perspectiva ciudadana;

XI. Formular recomendaciones sobre la implementación de medidas de prevención de la victimización;

XII. Evaluar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, programas y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia;

XIII. Efectuar estudios comparativos de las estadísticas oficiales de criminalidad;

XIV. Promover entre las autoridades los gobiernos Federal, de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios la participación ciudadana y comunitaria en las tareas de prevención social de la violencia y la delincuencia;

XV. Garantizar el libre acceso de la población a la información estadística en materia de delito y de prevención social de la violencia y la delincuencia;

XVI. Realizar y difundir estudios sobre las causas y factores que confluyen en el fenómeno de la criminalidad;

XVII. Expedir los lineamientos y crear los mecanismos que sean necesarios para garantizar que las inquietudes, requerimientos y propuestas de los ciudadanos sean elevadas al Consejo Nacional;

XVIII. Generar y recabar información sobre:

a) Las causas estructurales del delito;

b) Estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas;

c) Diagnósticos socio demográficos;

d) Prevención de la violencia infantil y juvenil;

e) Erradicación de la violencia entre grupos vulnerables, y

f) Modelos de atención integral a las víctimas;

XIX. Organizar y difundir los resultados y conclusiones de las conferencias, seminarios, reuniones y demás acciones destinadas a profundizar en aspectos técnicos de experiencias nacionales e internacionales sobre la prevención social de la violencia y la delincuencia;

XX. Brindar asesoría a las autoridades federales, de las entidades federativas, las municipales, así como a la sociedad civil, organizada o no, cuando estas así lo soliciten;

XXI. Proponer al Secretariado Ejecutivo la celebración de convenios para la formación, capacitación, especialización y actualización de servidores públicos cuyas funciones incidan en la prevención social de la violencia y la delincuencia;

XXII. Intercambiar y desarrollar mecanismos de aprendizaje de experiencias internacionales;

XXIII. Difundir la recopilación de las mejores prácticas nacionales e internacionales sobre prevención social de la violencia y la delincuencia, y los criterios para tal determinación;

XXIV. Analizar las inquietudes, requerimientos y propuestas de los ciudadanos a través de las instancias creadas al efecto, a partir de las directrices y mecanismos establecidos por el Reglamento;

XXV. Dar respuesta a las temáticas planteadas por la participación ciudadana y comunitaria, y

XXVI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

Propuesta.

Como puede observarse, las Leyes Generales arriba citadas facultan al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, para que realice encuestas de victimización, sin embargo dejan a consideración del Centro la periodicidad de éstas, cuestión que el autor de la Iniciativa estima inoportuno, toda vez que con su realización constante, le permitirá al Centro contar con información actualizada para cumplir con sus demás atribuciones, que entre las más importantes se encuentran la de proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas; y colaborar en el diseño científico de políticas criminológicas.

Asimismo, de contar con información actualizada, se tendrá una visión de la evolución del fenómeno delictivo y de las políticas públicas que se ha implementado para su prevención y mitigación, que servirá para que las autoridades encargadas de la seguridad pública puedan crear políticas públicas que se amolden a la situación delictiva actual que vive la sociedad en general, permitiendo que pueda ser un factor que vaya aumentando poco a poco la confianza de los ciudadanos hacia las mismas.

Aunado a esto, se estima que la información que se obtenga de las encuestas de victimización, también servirá para que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, tenga las herramientas adecuadas para participar en la elaboración del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Por lo anterior, se propone que se reformen las fracciones V y IX de los artículos 20y 15 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, respectivamente, para establecer que las encuestas victimológicas que realice el citado Centro Nacional se hagan anualmente, con la finalidad de que los organismos que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuenten con una herramienta que les ayude a vislumbrar de forma actualizada el fenómeno delictivo que se presenta en México, y con base a esa información, creen las políticas públicas necesarias.

También, se propone que las encuestas que se realicen sean tomadas para el diseño de políticas de prevención y la elaboración del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a efecto de que los organismos facultados para ello, tengan los elementos suficientes para crear acciones tendientes a que los ciudadanos perciban paulatinamente un ambiente seguro.

Por lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente decreto: SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, para quedar como sigue:

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma la fracción V del artículo 20 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 20.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tendrá, como principales atribuciones:

I. a IV. …

V. Realizar en coordinación con otras instituciones encuestas nacionales de victimización anuales en hogares, que serán tomadas para el diseño de políticas de prevención y para participar en la elaboración del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;

VI a X. …

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se reforma la fracción IX del artículo 15 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para quedar como sigue:

Artículo 15.- El Centro Nacional tendrá, además de las que le confiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables, las siguientes atribuciones:

I. a VIII. …

IX. Realizar en coordinación con otras instituciones encuestas nacionales de victimización en hogares, conforme a lo establecido en la fracción V del artículo 20 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

X. a XXVI. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 03 días del mes de junio de 2014.

Dip. Luis Armando Córdova Díaz”.

La Cifra Negra de la Delincuencia en México: Sistema de Encuestas sobre Victimización. Autor René A. Jiménez Ornelas.

Los desafíos de la Seguridad Pública en México. Percepción Negativa de la Seguridad Pública: Ciudad de México y República Mexicana. Autor: René Alejandro Jiménez Ornelas.

Ibidem, pagina 155.

Ibidem, pagina 156.

Manual para Encuestas de Victimización. ONU 2009.

Ibidem.





 

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

Se le concede el uso de la tribuna a la Diputada María Beatriz Zavala Peniche, para presentar a nombre propio y de los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por la C. Diputada María Beatriz Zavala Peniche, a nombre propio y de los CC. Senadores Luisa María Calderón Hinojosa y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En Acción Nacional siempre hemos estado comprometidos con las reformas que nos permitan mejorar la planeación, reforzar la rendición de cuentas y la transparencia. Proporcionar a los ciudadanos información sobre el desempeño del gobierno a fin de fortalecer la rendición de cuentas, debe ser un imperativo para todo gobierno y para toda sociedad que se precie de ser democrática.

Seguir por la senda de la transparencia y la rendición de cuentas exige al gobierno federal y a los gobiernos locales evaluar los resultados de su gestión apoyándose para ello en instituciones y en evaluaciones independientes. En ese contexto, el pilar de nuestro sistema de evaluación ha sido el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, un organismo creado en el 2005 durante la primera administración federal de Acción Nacional, órgano que desde entonces es responsable de la medición de la pobreza e instancia evaluadora de los programas y acciones de desarrollo social.

Hay que reconocer que el CONEVAL se ha abierto un camino en la opinión pública que le da prestigio y que le da credibilidad y certidumbre a los ciudadanos sobre las mediciones que realiza y sobre la evaluación de los programas sociales; y esto es porque está integrado por un consejo compuesto por académicos de prestigiosas universidades, y ellos mismos, con un prestigio y con una independencia académica, dan la pauta para esa credibilidad de la que hoy goza el CONEVAL.

Y hoy, después de que logramos con la reforma política dotar de autonomía al CONEVAL, es imperativa su ley reglamentaria, y el PAN está cumpliendo con estos tiempos al presentar esta iniciativa, ya que según el transitorio de la reforma constitucional que aprobamos en la reforma política, ya el 11 de junio está venciendo el tiempo para tener esta ley reglamentaria, y es por ello que los legisladores del grupo parlamentario de Acción Nacional, como he dicho, nos comprometemos con esta iniciativa a fortalecer las instituciones democráticas del país y queremos que se expida la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, misma que reglamentará el Apartado C del artículo 26 de nuestra Constitución Política, con la finalidad de reglamentar esta autonomía constitucional ya otorgada al CONEVAL, precisar su separación del sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, que le permite fortalecer su independencia y sus atribuciones.

Por ello, la propuesta establece facultades para el CONEVAL como la identificación y medición oficial de la pobreza; normar y coordinar la evaluación de la política nacional de desarrollo social; reglamenta los mecanismos de coordinación con las autoridades federales, locales y municipales para el cumplimiento de sus funciones y emite recomendaciones para la mejora de la gestión pública de los programas y acciones de desarrollo social.

Hoy que los programas sociales necesitan ser más transparentes, que no estén sujetos a cuestionamientos en su aplicación, tanto en lo político como en lo electoral, como en su aplicación de manera discriminativa, como el hecho, por ejemplo, de que lo limiten a familias de menos de tres hijos, es más que imperativo esta autonomía del CONEVAL y su reglamentación para que realmente nos transparenten cómo se aplican estos programas y qué impacto tienen en la disminución de la pobreza.

También es muy importante y es fundamental que los estados y los municipios apliquen las mismas medidas de rendición de cuentas, de eficiencia, de responsabilidad y de transparencia, las mismas medidas que son aplicables y que serán aplicadas con mayor precisión con la nueva autonomía del CONEVAL a nivel federal, pero que además haya una mejora continua de las mismas.

Aquí también son indispensables las funciones del CONEVAL para medir la aplicación de los programas sociales en las entidades federativas, y esperamos que con estas iniciativas logremos maximizar el impacto positivo del gasto público en materia social y fortalecer algo que es fundamental: la confianza de los ciudadanos, la cual no puede asegurarse si no existe transparencia y rendición de cuentas.

Ya basta de opacidad y derroche en el gasto público, grandes cantidades de recursos se destinan a materias que, en el mejor de los casos, no son las sustanciales. Es impostergable crear mecanismos efectivos para conocer con absoluta claridad en qué y cómo se gasta el dinero, pero, sobre todo, los resultados e impactos que este gasto tiene en el bienestar de la sociedad.

Compañeros y compañeras legisladores de todos los partidos políticos, de todos los grupos parlamentarios aquí en este Congreso de la Unión, consolidemos la evaluación como una práctica de la gestión pública que nos permita contar con gobiernos más eficientes y transparentes, que respondan a las expectativas y a las necesidades sociales.

Hagamos que la autonomía del CONEVAL se concrete en este ordenamiento que nos mandata la reforma constitucional. De veras, hagamos un exhorto colectivo y procuremos que sea realidad para que esta ley reglamentaria se dictamine cuanto antes y cumplamos con el mandato constitucional y de los ciudadanos, que también nos lo mandatan.

Todos los legisladores de Acción Nacional exhortamos a nuestros compañeros para que dictaminemos a la brevedad posible.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Los que suscriben, Diputada MARÍA BEATRIZ ZAVALA PENICHE, Senadora LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, Sen. JUAN CARLOS ROMERO HICKS, integrantes de la LXII Legislatura, a nombre de Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la  República, someten a consideración de este pleno la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO QUE POR EL QUE SE EXPIDE LA “LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante las últimas 2 décadas, el proceso de democratización del sistema político mexicano ha permitido una serie de reformas legislativas encaminadas a incorporar instrumentos de participación ciudadana en la gestión pública, instrumentos que también, han permitido reconocer, aceptar e implementar mecanismos de entrega de resultados, transparencia y rendición de cuentas  de las acciones de gobierno a la ciudadanía.

Siguiendo ese camino, la reforma política aprobada en meses pasados por la LXII Legislatura enfatiza la importancia de la evaluación, desde un órgano autónomo, de los programas sociales cuyo objetivo es abatir la pobreza y promover la movilidad social a través de distintos programas del gobierno. Es así como el Congreso de la Unión propone, discute y aprueba la autonomía del órgano responsable de esa evaluación que, al mismo tiempo que rinde cuentas a la ciudadanía y hace que sea ella misma,- a través de expertos calificados  y con reconocido prestigio y conocimiento de la valoración de programas,- lleve a cabo esta evaluación,  permite a los evaluadores proveer de información técnica valiosa a los ejecutores de esos programas, para mejorarlos y ser más eficientes en el cumplimiento de sus objetivos.

Con esta propuesta de fortalecimiento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la reforma política también se encarga de una institución clave para el desarrollo de la política social y para la mejora de la gestión pública.

Al darle autonomía al órgano evaluador de la política para reducir la pobreza,  sus decisiones seguirán siendo imparciales y favorecerán el rigor técnico para conocer la eficiencia de nuestras políticas y las dimensiones de la pobreza nacional.

La institucionalización de la política de desarrollo social dirigida directamente a los más vulnerables, adjudicándoles la responsabilidad de autocuidarse y atender la salud, alimentación y educación, es un logro del que como mexicanos debemos estar orgullosos: en años recientes hemos construido un piso firme de acciones y programas encaminados a erradicar la pobreza y los rezagos sociales, pero también hemos fortalecido la imparcialidad de su aplicación y la evaluación como instrumento de mejora, en el objetivo de disminuir la corrupción y el oportunismo de los servidores públicos. Con ello el gobierno avanzó no sólo en la democracia como forma de darse un gobierno sino en la disposición de bienes para disminuir inequidades estructurales que de más y mejores resultados, que rinde cuentas, que escucha a los ciudadanos y que es sometido a evaluaciones periódicas para medir el desempeño de su actuación. 

Sin duda, un instrumento clave en este proceso de institucionalización y democratización del sector público ha sido la evaluación. En todo el mundo la evaluación se ha consolidado como un instrumento indispensable de gobierno, ya que permite conocer el impacto que las políticas tienen en la sociedad, y con base en ello, corregir errores, frenar abusos, redefinir, adaptar o proponer la suspensión de alguna estrategia que no produzca los resultados esperados.; y sobre todo informar a la sociedad sobre los resultados alcanzados.

Es importante también señalar que en nuestro país, el órgano evaluador ha sido un órgano técnico prestigiado sobre todo por la calidad de sus integrantes, que se ha mantenido alejado de decisiones políticas y cuyo prestigio se sustenta precisamente en la calidad, competencia y capacidades técnicas de quienes la han integrado, por lo que importa en esta exposición de motivos insistir en que  a la integración del nuevo órgano se haga énfasis en criterios de prestigio académico y técnico avalados por instituciones académicas y de investigación de nuestro país, a través del cual la ciudadanía calificada preste este servicio de evaluación. De esta manera tendremos un instrumento valioso que nos permita identificar las debilidades y fortalezas de las políticas encaminadas a disminuir la pobreza. La evaluación funciona como instrumento interno de los gobiernos para generar mejores prácticas administrativas y tomar mejores decisiones; y por el otro lado empodera a la sociedad con información que permite conocer el nivel de eficiencia de sus gobiernos.

En ese sentido, la evaluación debe considerarse como una función primaria del ejercicio de gobierno; y debe fortalecerse, con la finalidad de que dicha práctica se realice en un marco de transparencia, objetividad, independencia, profesionalismo y rigor técnico. Es decir, una evaluación imparcial, cuyo único objetivo sea el de brindar un diagnóstico técnico y profesional; y no, servir como una estrategia publicitaria de los logros del gobierno.

En México los intentos por establecer la evaluación de los programas federales como una práctica del gobierno datan de mediados de la década de los años 70. Sin embargo, es hasta fines de los años 90 que con la adopción de esquemas de monitoreo y evaluación y de gestión basada en resultados que comenzaron a tomar arraigo en la Administración Pública Federal.

A inicios del presente Siglo, como parte de las reformas estructurales que el Partido Acción Nacional propuso en sus primeros años al frente de gobierno federal para superar la ineficiencia y corrupción del sector público, se adoptó que la práctica administrativa debía someterse a la obtención de resultados, es decir, en un modelo de gestión pública orientado al cumplimiento de metas y objetivos, que se verifican por medio de evaluaciones periódicas. Es en los gobiernos panistas con la creación de ordenamientos jurídicos como la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Transparencia y la Ley General de Desarrollo Social que se instaura el sistema de evaluación en la Administración Pública Federal. Es a partir de estos ordenamientos legales que se incorporaron al servicio público instrumentos como el Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), con el objetivo de gestionar de mejor forma los recursos y brindar bienes y servicios de mayor calidad a la población, a la vez ésta recibe información sobre el costo de sus gobiernos, los resultados que producen y los cambios que requieren en su propia organización para atender las exigencias que enfrentan.

Se introduce también en la Ley General de Desarrollo Social el concepto de evaluación de la Política de Desarrollo Social; y se mandata profesionalizar la evaluación al incluir indicadores de resultados, gestión y servicios; se obliga al gobierno a transparentar los resultados de las evaluaciones; y se promueve que las autoridades en la materia tomen en cuenta los resultados de la evaluación para mejorar la política de desarrollo social.

En ese contexto, un pilar fundamental de nuestro sistema de evaluación se concretó con la creación del Consejo Nacional de Política de Desarrollo Social en 2005 durante la primera administración panista, regulado en la Ley General de Desarrollo Social; que por decreto del Poder Ejecutivo funciona como el órgano del Estado Mexicano responsable de la medición de la pobreza y como instancia evaluadora de los programas y acciones sociales.

En términos generales, dichos instrumentos han permitido:

• Evaluar los resultados de los programas y acciones de gobierno, para otorgar insumos que ayuden a la planificación y a la toma de decisiones.

• Reorientar el gasto público a actividades productivas y con beneficio social.

• Retroalimentar a los administradores de dichos programas, permitiendo rediseñar, adicionar o suspender  políticas de gobierno.

• Mejorar la calidad de información que se entrega a la sociedad.

• La obtención de un diagnóstico que permite conocer las dimensiones de la pobreza y su distribución a nivel nacional, estatal y municipal.

• Promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas, así como desincentivar la corrupción.

• Empoderar al ciudadano con información que le permita valorar el desempeño de sus gobiernos.

No hay duda de que la información que CONEVAL ha generado es un gran aporte a la planeación de la política de desarrollo social de los últimos años y se ha consolidado como una institución con gran prestigio y credibilidad gracias a su profesionalismo e imparcialidad, mismas condiciones que le han permitido dar a conocer objetivamente las cifras de la pobreza nacional y evidenciar las fallas de los programas sociales.

Es importante mencionar también que a partir de la creación del CONEVAL, México cuenta con un órgano encargado de llevar a cabo la medición oficial de la pobreza, en base a una metodología reconocida mundialmente, ya que está definida con rigor técnico y permite conocer las diferentes dimensiones de la pobreza, así como los elementos que la caracterizan, por lo que es posible identificar las necesidades de los mexicanos en condiciones de pobreza.

El grado de precisión que ofrece sobre las condiciones de pobreza en nuestro país y su distribución es un insumo valioso para la planificación. Hoy por hoy, gracias a la radiografía que ofrece CONEVAL es que  podemos focalizar la atención en los grupos sociales más necesitados; y diversificar los programas sociales en función de las necesidades de la población

CONEVAL ha sido el eje del sistema de monitoreo y evaluación de las políticas de desarrollo social de México. Coordina las actividades de evaluación intersectoriales, establece normas y metodologías para la evaluación de los programas sociales, ofrece asistencia técnica a las dependencias y realiza directamente o gestiona la realización de ciertas evaluaciones específicas.  Asimismo, el CONEVAL ha contribuido al uso de la información de las evaluaciones y, podría decirse, que su coordinación y soporte técnico han propiciado la reducción de los costos de realizar evaluaciones en las dependencias del sector social.

De la misma forma, la integración de la medición de la pobreza con la evaluación de los programas sociales ha brindado una ventaja adicional en cuanto que se ha incrementado la utilización y el uso compartido de las encuestas y de la información estadística para medir el desempeño de las intervenciones sociales.

Lo anterior deriva de características únicas del CONEVAL, como institución, una de sus principales fortalezas es su autonomía técnica, que le ha permitido avanzar en la construcción del sistema de evaluación de las políticas sociales y a la vez ejercer una importante influencia sobre el desarrollo de la gestión basada en resultados en el gobierno federal.

La experiencia y especialización de académicos que lo integran, o que en su momento fueron parte de él, le han permitido desarrollar metodologías y llevar a cabo o comisionar evaluaciones bajo los más altos estándares de confiabilidad, lo que ha derivado en  mediciones que permiten la mejora continua de las acciones y programas sociales.

Sin embargo, existían también algunos rasgos distintivos derivadas de su personalidad jurídica que tuvieron que reformarse, con la reciente reforma constitucional, para hacer todavía más eficiente su actuación. El Congreso de la Unión consideró que era necesario fortalecer el diseño institucional de este órgano, así decidió dotarlo de autonomía, a fin de consolidar su  independencia ante las distintas instancias de la Administración Pública Federal.

Se consideró imprescindible que el CONEVAL, como principal instrumento de evaluación de la política de desarrollo social, realice una labor con autonomía frente al Ejecutivo Federal y los otros ámbitos de gobierno. Lo anterior implicó que éste quedara desincorporado de la Secretaría de Desarrollo Social, por lo fue necesario transformar su estatus jurídico de organismo público descentralizado, y transformarlo en un organismo constitucionalmente autónomo.

Con la reforma constitucional en materia político-electoral promulgada el 10 de febrero del 2014, se avanzó en este sentido, se introdujo el marco institucional para la evaluación y el monitoreo de programas sociales en México. La adición de un apartado C al artículo 26 constitucional, cambia el estatus jurídico de éste órgano al establecer que el CONEVAL tendrá carácter de órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio; manteniendo sus atribuciones en materia de medición de la pobreza y la evaluación de programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social. También incluye un nuevo modelo de integración del Consejo conformado por un presidente y seis consejeros:

“C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un Presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima de diez años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular. Serán nombrados, bajo el procedimiento que determine la ley, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero la persona nombrada por la Cámara de Diputados. Cada cuatro años serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.”

La enorme trascendencia de la reforma anterior, que significó que el CONEVAL sea un organismo autónomo y sus funciones sirvan como un verdadero organismo ciudadano de evaluación y retroalimentación del Ejecutivo, fortalece también la exigencia de  transparencia y rendición de cuentas por parte de la administración pública. Es importante que atendiendo el mandato constitucional de emitir la legislación secundaria, impulsemos un marco jurídico que permita preservar los avances logrados por el actual CONEVAL y fortalecer su papel como articulador de un impulso nacional de la evaluación de la política social.

Por todo ello, no hay dudas, es el momento de reivindicar el papel de la evaluación, para que sea considerada una función primaria del proceso de planeación para el desarrollo, y se fortalezca, con la finalidad de que dicha práctica se realice en un marco de transparencia, objetividad, independencia, profesionalismo y rigor técnico. Es decir, una evaluación imparcial, cuyo único objetivo sea el de brindar un diagnostico técnico y profesional, así como emitir recomendaciones con evidencia sustentada.

Y por otra parte, debemos evitar las “evaluaciones o modo”, es decir, aquellas que únicamente funcionan como una estrategia publicitaria de los “logros” del gobierno y del servidor público, mismas que carecen de todo aprendizaje positivo y solamente sirven para ocultar abusos y legitimar programas y acciones que no cumplen con sus objetivos. 

En ese contexto,  diversos especialistas han señalado problemas que recurrentes en nuestro sistema de evaluación, de entre los cuales podemos destacar:

A. Las graves carencias que presentan las entidades federativas y los municipios en materia de evaluación, muchos de los cuales no cuentan con instituciones encargadas de dar seguimiento a las metas y objetivos de los programas, o incluso si existen, carecen de perfiles profesionales adecuados.

B. La falta de coordinación intergubernamental que permita articular un sistema nacional de evaluación.

C. Evaluaciones que gozan de poca o nula credibilidad; o evaluaciones poco objetivas realizadas por los mismos ejecutores de los programas, que buscan legitimar acciones de gobierno o servir como propaganda de los logros de una administración o servidor público.

D. La idea generalizada de que evaluación funciona para poner en evidencia a gobiernos y servidores públicos cuando hay malos resultados, relegando el hecho de que la evaluación es un instrumento de planificación y de mejora de la gestión pública.

E. La opacidad y falta de seguimiento que prevalece en los sistemas de evaluación. Ya que es difícil verificar si las instituciones de gobierno toman a consideración las recomendaciones que les generan, o en su caso, conocer cuáles son los argumentos para rechazar dichas recomendaciones.

Entre otras.

En ese sentido, para hacer funcionar el proceso de evaluación diversos especialistas han señalado que se deben cumplir las siguientes condiciones:

1) Que el proceso de evaluación esté implementado en forma institucional y que sea vigilado por lo menos por una instancia del Estado distinta de quien administra o ejecuta el programa.

• Para ello, se advierte la necesidad de contar con instituciones objetivas y autónomas encargadas del proceso de evaluación; no basta un órgano dependiente del mismo a quien se está. Ser autónomo y distinto a las instituciones a las que evalúa fortalece su ejercicio imparcial y su capacidad de cuestionar y calificar resultados del ejercicio de gobierno en la aplicación de  políticas públicas.

• La principal virtud de los organismos autónomos es que funcionan como un contrapeso para las actividades de los otros poderes. En los sistemas democráticos está probada su eficiencia para atender problemáticas sociales que requieren de instituciones imparciales y especializadas, tal es el caso de los organismos de Derechos Humanos y los órganos garantes del derecho al acceso de la información pública.

• Los legisladores del PAN impulsamos la autonomía del CONEVAL porque una transformación democrática de nuestras instituciones no está completa si no hay instituciones autónomas, imparciales e independientes. 

2) Que exista claridad en la integración del organismo evaluador, y que sus integrantes cumplan con un perfil y experiencia adecuada.

3) Que las evaluaciones y conclusiones sobre el desempeño de las acciones de gobierno sean transparentes, para que queden al alcance de los ciudadanos.

4) Que las evaluaciones sean un mecanismo para retroalimentar las políticas del gobierno. Que se utilice como instrumento de mejora de las políticas públicas.

Contar con instituciones como CONEVAL en un país marcado históricamente por el uso discrecional de programas sociales con fines electorales y el uso discrecional de los de recursos públicos, es vital para el sostenimiento de nuestra democracia.

Los Legisladores del Grupo Parlamentario del PAN, hemos buscado la autonomía de CONEVAL en repetidas ocasiones. Por eso impulsamos que este proceso de consolidación del CONEVAL diera un paso adelante con la reforma constitucional, para avanzar en pro de instituciones públicas abiertas, transparentes y que rinden cuentas a la sociedad.

Pero también comprendemos que la tarea no ha sido concluida. Según lo dispone el artículo Vigésimo Transitorio de la reforma constitucional se señala que: “El Congreso de la Unión deberá expedir la ley que regirá al órgano autónomo denominado Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto”.

Es por ello que muestro Partido, asumiendo el compromiso con la ciudadanía, presenta la siguiente propuesta que expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, misma que plantea lo siguiente:

La plena autonomía Constitucional del CONEVAL y de su órgano directivo.

Por todo lo anterior, los Legisladores del PAN asumimos el compromiso de fortalecer muestras instituciones democráticas y presentar la siguiente iniciativa que expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, misma que reglamentará el apartado C del Artículo 26 de la Constitución Política Mexicana, con la finalidad de otorgar plena autonomía constitucional al CONEVAL, con lo que se precisa su separación del sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y se le otorga plena independencia frente a él.

Si bien, estamos conscientes que la reforma constitucional ha generado posiciones encontradas entre quienes ven el riesgo de que la nueva integración del órgano directivo del CONEVAL autónomo tenderá a partidizarse, ya que ahora serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados, ello no debe conducirnos a que se pierda su perfil académico e imparcial. Se ha advertido la necesidad de garantizar la independencia del Presidente y los Consejeros del CONEVAL, así lo entendemos en Acción Nacional y en la presente propuesta apostamos porque sean las instituciones de investigación y académicas quienes avalen los perfiles de los candidatos a integrar  el CONEVAL.

Entendemos que la voluntad política para llevar a cabo un amplio programa de combate a la pobreza, debe ir invariablemente acompañada del trabajo científico de comprensión de las causas que la originan, su medición exacta y la definición de mecanismos para evaluar los programas de desarrollo social destinados a combatirla.

Por ello, en la presente iniciativa, creemos que no es pertinente relajar las características de los perfiles de las mexicanas y mexicanos que integrarán el nuevo Consejo. Quienes aspiren a integrar el órgano directivo del CONEVAL deberán demostrar amplia experiencia en evaluación, diseño u operación de programas de desarrollo social, en temas de pobreza y otros relacionados con el desarrollo social; y particularmente que se mantenga el actual requisito de colaborar en instituciones de educación superior y de investigación como filtro rigurosos pero al fin y al cabo necesarios para garantizar la capacidad técnica y el profesionalismo que el cargo exige. Lo ideal en suma es, entonces, que se preserven lo más posible las reglas vigentes para la elección de los consejeros que han mostrado ser eficaces.

La propuesta establece las siguientes facultades para el CONEVAL: La identificación y medición oficial de la pobreza nacional; normar y coordinar la evaluación de la política nacional de desarrollo social; establecer las bases de coordinación con las autoridades federales, locales y municipales para el cumplimiento de sus funciones; emitir recomendaciones para la mejora de la gestión pública de los programas y acciones de desarrollo social, etc. Adicionalmente, establece como principios generales del Consejo: La objetividad, transparencia, independencia, rigor técnico y máxima publicidad de la información.

Consolidemos la evaluación como una práctica de la gestión pública que nos permita contar con gobiernos más eficientes y transparentes, que respondan a las expectativas y a las necesidades sociales. Hagamos que la autonomía de CONEVAL se concrete en un nuevo ordenamiento que recoja las mejores prácticas internacionales y consolide un órgano de evaluación profesional e imparcial. Las contribuciones del CONEVAL a la política de desarrollo social han sido trascendentales, pero estamos seguros de que serán mayores si le damos las herramientas necesarias para ello.

Es por ello, que se reglamenta el método de elección del Presidente y los Consejeros del Consejo al que se refiere el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que prevé un procedimiento similar al del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de garantizar la absoluta imparcialidad del órgano directivo del CONEVAL, y que sea un comité técnico integrado por representantes de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, quien seleccione a los mejores candidatos para definir las ternas que serán votadas por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, como ya lo dispone el texto constitucional.

Evaluación como instrumento de Mejora

Sin duda, uno de los grandes retos de nuestros sistemas de evaluación es lograr que los diagnósticos que realizan los evaluadores funcionen como una herramienta para identificar áreas de oportunidad y encauzarlas en medidas de ajuste y corrección de las políticas; y que abandonemos la práctica parcial de utilizar a la evaluación, casi por completo, para reprobar funcionarios públicos o programas de gobierno por su mal desempeño. En esta propuesta de Ley, ponemos énfasis en la parte fundamental del proceso de evaluación, es decir, aquel que refiere a dar seguimiento, atender y corregir los puntos débiles de las políticas y con ello mejorar la calidad de los bienes y servicios que ofrece el Estado.

Coordinación con las entidades federativas y municipios

Con el propósito de ampliar y fortalecer, en los diversos ámbitos de gobierno, los ejercicios de evaluación institucionales, con metodologías comunes y basadas en las mejores prácticas, se incorpora un capítulo donde se establecen disposiciones orientadas a establecer una red de coordinación y colaboración del CONEVAL con los estados, los municipios, las instituciones académicas y de investigación, así como con las organizaciones sociales en materia de evaluación de los programas y acciones de la política social. Lo anterior, con plena observancia de lo dispuestos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las facultades de evaluación de los ámbitos de gobierno en materia de evaluación de los resultados del ejercicio de los recursos económicos.

Particularmente, se propone que las dependencias y entidades federales, estatales o municipales proporcionen toda la información y las facilidades necesarias para la realización de las evaluaciones y para la integración de un inventario a cargo del CONEVAL de los programas y acciones de desarrollo social de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, el CONEVAL deberá promover el intercambio de información y experiencias con los gobiernos federal, estatal y municipal a fin de generar buenas prácticas en la evaluación que se lleve a cabo.

Rendición de Cuentas

Para garantizar que el CONEVAL cumpla a cabalidad las funciones que le son encomendadas, se establece una serie de normas relativas a la rendición de cuentas con la finalidad de que informe periódicamente de su actuación y gastos. El Consejo deberá presentar anualmente al Congreso de la Unión: un informe sobre el estado que guardan los procesos y resultados de las evaluaciones de los programas y acciones en materia de desarrollo social;  y un informe por escrito de las actividades y del ejercicio del gasto del año inmediato anterior.

Las condiciones tan apremiantes que existen en nuestro país nos obligan a trabajar para superar el rezago y marginación de millones de mexicanos. Las evaluaciones deben aportar insumos que privilegien los diagnósticos y la valoración de los resultados, de esta forma, podemos mejorar la calidad de los bienes y servicios que el Estado ofrece a la población.

Por todo lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de decreto:

UNICO. Se expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del Apartado C del Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es de observancia general en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.

Artículo 2.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social se regirá por los principios de independencia, objetividad, transparencia y rigor técnico.

Tiene por objeto:

I.- La medición oficial de la pobreza.

II. Normar y coordinar la evaluación de los programas, acciones, fondos, proyectos, políticas y estrategias de desarrollo social, en base a sus metas y objetivos a cargo de las dependencias y entidades públicas de los ámbitos federal, estatal y municipal, así como de evaluar los Fondos de Aportaciones Federales destinados a garantizar el ejercicio de los derechos establecidos en la Ley General de Desarrollo Social;

III.-  Establecer los mecanismos de coordinación con las autoridades federales, locales y municipales para el cumplimiento de sus funciones, y

IV.- Emitir recomendaciones para la mejora de la gestión pública de los programas y acciones de desarrollo social.

Artículo 3. La interpretación de esta Ley corresponde al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Para la interpretación y cumplimiento de esta Ley se observarán de manera supletoria, las disposiciones normativas contenidas en la Ley General de Desarrollo Social, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás ordenamientos en la materia.

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Aspectos susceptibles de mejora: a los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa y/o informes, que pueden ser atendidos para la mejora del programa o acción de desarrollo social.

II. Acción de desarrollo social: Aquellas acciones, no contempladas en los programas sociales, en donde cualquiera de los tres órdenes de gobierno otorguen transferencias monetarias, bienes o servicios a personas físicas y/o morales que estén alineados con alguno de los derechos sociales o con la dimensión de bienestar económico, utilizada para la medición de la pobreza.

III. Consejo: Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

IV. Estatuto, al Estatuto Orgánico del Consejo;

V. Evaluación: Análisis sistemático y objetivo de los programas y acciones federales, estatales y municipales que tiene como finalidad determinar la pertinencia y el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.

VI. Evaluación externa: a la que se realiza a través de personas físicas y/o morales especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que establezca esta Ley y en las disposiciones aplicables.

VII. Estrategia: a la concurrencia de dos o más Programas o Acciones Sociales con indicadores u objetivos comunes, encaminados a la atención de una población, problemática o región con características similares. 

VIII. Junta: A la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

IX. Ley: Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

X. Mecanismo de Seguimiento: al proceso para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y las evaluaciones de los programas.

XI. Programa de Desarrollo Social: A los programas presupuestarios que tengan asignados recursos públicos, opere cualquier orden de gobierno y que cuenten con las siguientes características:

a. Estén alineados con alguno de los derechos sociales o con la dimensión de bienestar económico, utilizada para la medición de la pobreza;

b. Estén señalados en los presupuestos de egresos respectivos;

c. Otorguen transferencias monetarias, bienes o servicios a personas físicas y/o morales, y

d. Tengan reglas de operación o instrumentos que normen su operación.

XII. Recomendaciones: Sugerencias emitidas por el evaluador derivadas de los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación, que tienen como finalidad el contribuir a la mejora de los programas.

XIII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social.

Artículo 5. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Artículo 6. El patrimonio del Consejo  se integra con:

I. Los recursos que le asigne la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación;

II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean destinados o adquiera para el cumplimiento de sus fines;

III. Las adquisiciones, los subsidios, donaciones y aportaciones, tanto en bienes como en valores, que provengan del sector público, social y privado;

IV. Los fondos nacionales o internacionales, públicos o privados, obtenidos para el financiamiento de las actividades del Consejo;

V. Los ingresos que perciba por los servicios que preste en términos de esta Ley a instituciones y personas físicas de los sectores social y privado que, en el marco de instrumentos o acuerdos de colaboración, soliciten sus servicios; y

VI. Los demás bienes, recursos y derechos que adquiera por cualquier título, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

CAPITULO II
DE LAS ATRIBUCIONES, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL

SECCION PRIMERA
DE LA INTEGRACION Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE EVALUACION DE LA POLITICA NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Artículo 7. El Consejo se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas, las de esta Ley, las del Estatuto y demás disposiciones aplicables.

Artículo 8. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, acciones, fondos, proyectos, políticas y estrategias de desarrollo social, por sí mismo o a través de evaluaciones externas;

II. Establecer los criterios para la determinación de las zonas de atención prioritaria;

III. Establecer y administrar el Sistema de Indicadores de los programas, acciones, fondos, proyectos, políticas y estrategias de desarrollo social;

IV. Emitir los criterios para la elaboración y revisión de los indicadores de resultados, servicios y gestión de los programas, acciones, fondos, proyectos, políticas y estrategias de desarrollo social;

V. Establecer criterios y lineamientos para las metodologías de evaluación sobre los programas y acciones de la política de desarrollo social;

VI. Coordinar las evaluaciones en materia de desarrollo social que realicen las dependencias y entidades públicas;

VII. Definir los criterios, normas y lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades públicas cuando realicen evaluaciones de los programas, acciones, fondos, proyectos, políticas y estrategias de desarrollo social que tengan a su cargo;

VIII. Determinar, bajo parámetros de transparencia, objetividad y rigor técnico, los programas, acciones, fondos, proyectos, políticas y estrategias de desarrollo social que serán evaluados por sí, y aquellos que serán evaluados por evaluadores externos;

IX. Emitir la convocatoria para que los evaluadores externos interesados, participen en la evaluación de los programas y acciones de la política de desarrollo social;

X. Definir los requisitos mínimos que deberán cumplir los organismos evaluadores de los programas independientes que participen en las evaluaciones de los programas, acciones, fondos, proyectos, políticas y estrategias de desarrollo social;

XI. Elaborar un informe anual de los resultados de las evaluaciones, el cual deberá entregarse a los Ejecutivos Federal y Estatales, al Congreso de la Unión y las legislaturas de las Entidades Federativas;

XII. Emitir las recomendaciones que considere pertinentes a las a las autoridades que corresponda con el fin de mejorar los resultados de la política, los programas, acciones o estrategias de desarrollo social. Asimismo podrá emitir recomendaciones al Congreso de la Unión respecto los asuntos legislativos en materia de Desarrollo Social.;

XIII. Recomendar a las dependencias y entidades públicas, para que los responsables de la operación puedan corregirlos, modificarlos o suspenderlos total o parcialmente, buscando así obtener mejores resultados, con base en los resultados de las evaluaciones realizadas;

XIV. Establecer mecanismos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que deriven de las evaluaciones realizadas;

XV. Recibir y, en su caso, considerar las propuestas temáticas y metodológicas de evaluación que sugieran los sectores público, social y privado relacionados con el desarrollo social;

XVI. Impulsar y fortalecer la cultura de la evaluación en todos los ámbitos relacionados con la política de desarrollo social;

XVII. Promover la evaluación de programas, acciones, fondos, proyectos, políticas y estrategias de desarrollo social a nivel federal, estatal y municipal;

XVIII. Actuar, en su caso, como órgano de consulta y asesoría en materia de evaluación de programas sociales y medición de pobreza, de las dependencias y entidades públicas, de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de los sectores social y privado;

XIX. Emitir los criterios para establecer las formas de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales para el cumplimiento de esta Ley;

XX. Celebrar los actos jurídicos necesarios con las autoridades de desarrollo social de estados y municipios y, en su caso, con organizaciones de los sectores social y privado, para promover y realizar  la evaluación de programas y acciones;

XXI. Promover estrategias para el intercambio de información y experiencias con las autoridades federales, estatales y municipales que permitan retroalimentar los procesos de evaluación y medición que coordina el Consejo, a fin de generar buenas prácticas en la evaluación que llevan a cabo;

XXII. Emitir los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza considerando la información que genere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, independientemente de cualquier otra información que estime conveniente;

XXIII. Medir la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal. La medición nacional y estatal será al menos cada dos años y  con información desagregada a nivel municipal al menos cada cinco años;

XXIV. El Consejo podrá reportar indicadores complementarios sobre el estado del desarrollo social y deberá difundirlos en su página de internet;

XXV. Promover la capacitación y actualización en técnicas y metodologías de evaluación y de medición de la pobreza entre las dependencias y entidades públicas, así como entre los sectores social y privado;

XXVI. Realizar estudios e investigaciones en materia de evaluación y pobreza; y

XXVII. Reconocer y difundir las buenas prácticas en materia de monitoreo y evaluación de los programas, acciones, fondos, proyectos, políticas y estrategias de desarrollo social.

Artículo 9. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un Presidente y seis Consejeros.

Artículo 10. Para ser integrante del Consejo se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional;

II. Estar en ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

III. Tener treinta y cinco años cumplidos al momento de su postulación;

IV. Poseer título profesional;

V. Ser profesionales con experiencia mínima de diez años en alguna de las materias relacionadas con Consejo: conocimientos técnicos en evaluación de programas de desarrollo social, evaluación de políticas de desarrollo social, análisis de la pobreza, medición de la pobreza;

VI. Colaborar en una Institución de Educación Superior o de Investigación inscritas en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;

VII. No pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular, y

VIII. No haber sido sentenciado, mediante resolución firme, por delito doloso o inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado por alguna causa que implique responsabilidad de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos u otras disposiciones aplicables.

Artículo 11. Los Consejeros y Presidente serán nombrados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, conforme al procedimiento establecido en esta Ley.

Artículo 12. La Cámara de Diputados emitirá la convocatoria pública para la elección del Presidente y los Consejeros.

La convocatoria contendrá las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación.

Los aspirantes a los cargos de consejero y presidente deberán ser postulados por una Institución de Educación Superior y de Investigación inscritas en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en la que colaboren.

Artículo 13. El comité técnico de evaluación estará conformado por personas de reconocido prestigio:

I. Tres por el Consejo Nacional del Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior;

II. Tres por la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; y

III. Tres por la Comisión Nacional de Desarrollo Social.

Artículo 14. El comité técnico recibirá la lista completa de los aspirantes que acudan a la convocatoria pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de tres personas por cada vacante, procurando la paridad de género; y remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados.

El órgano de dirección política remitirá al Pleno de la Cámara la propuesta con las ternas correspondientes para que en su caso, apruebe la elección del Presidente y los Consejeros por mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes.

Vencido el plazo determinado en la convocatoria sin que el órgano de dirección política de la Cámara haya realizado la remisión previstas en párrafo anterior, o habiéndolo hecho, no se alcance la votación requerida en el Pleno, se deberá convocar a éste a una sesión en la que se realizará la elección mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación.

El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero la persona nombrada por la Cámara de Diputados.

En el caso de que el Presidente de la República objetara la designación del Presidente o de los Consejeros, esta deberá estar fundada y motivada.

De ser procedente, el comité técnico de evaluación hará una nueva propuesta, en los mismos términos del presente artículo, que será sometida al Pleno de la Cámara para su aprobación con una votación de las dos terceras partes de los miembros presentes.

Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Diputados, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes realizará el nombramiento correspondiente.

Artículo 15. Los cargos de consejeros serán de tiempo parcial y recibirán los recursos necesarios para trasladarse a las sesiones, y una contraprestación por las actividades que realicen en el Consejo.

Artículo 16. Los Consejeros desempeñarán su encargo de forma escalonada por períodos de cuatro años y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los consejeros no podrán durar en su encargo más de ocho años.

El Presidente del Consejo durará en el cargo cinco años, podrá ser reelecto una sola ocasión.

En caso de falta absoluta de un Consejero, quien lo sustituya será nombrado en los mismos términos de la presente Ley, y el nombramiento respectivo será sólo para concluir el periodo que corresponda.

SECCION SEGUNDA
DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL

Artículo 17. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social contará con la siguiente estructura orgánica:
I. La Junta de Gobierno;

II. La Presidencia;

III. La Contraloría Interna; y

IV. Las unidades administrativas que se establezcan en su Estatuto.

Artículo 18. La Junta de Gobierno es el órgano superior del Consejo. Estará compuesto por seis integrantes, denominados Consejeros y un Presidente.

Artículo 19. Las resoluciones de la Junta serán tomadas de manera colegiada por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

El Estatuto establecerá las reglas para el funcionamiento de la Junta.

Artículo 20. Son atribuciones de la Junta de Gobierno:

I. Aprobar el Estatuto, los manuales de organización y de procedimientos, así como los lineamientos, criterios, metodologías y las demás normas necesarias para el funcionamiento y operación del Consejo;

II. Aprobar los programas de trabajo de corto, mediano y largo plazo y el presupuesto del Consejo así como sus modificaciones;

III. Aprobar los estados financieros respecto del ejercicio fiscal del Consejo y autorizar su publicación, así como el dictamen del Contralor Interno;

IV. Aprobar la Estructura Organizacional del Consejo así como las modificaciones que procedan a la misma con base en la disponibilidad presupuestal;

V. Establecer los criterios para procesar, interpretar y difundir de manera oportuna y transparente la información que se obtenga de los procesos de evaluación;

VI. Aprobar el proyecto de presupuesto del Consejo que someta a su consideración el Presidente;

VII. Aprobar los proyectos de medición y evaluación que correspondan a procesos o resultados de los programas y acciones de desarrollo social, en el ámbito de su competencia;

VIII. Aprobar los informes sobre medición de la pobreza;

IX. Aprobar las bases para establecer los vínculos necesarios para formalizar la participación, colaboración y coordinación en materia de evaluación en materia de desarrollo social con las autoridades federales, estatales y municipales, con instituciones académicas y de investigación, organizaciones nacionales y extranjeras, así como con organismos internacionales;

X. Aprobar el informe anual de actividades que su Presidente presentará  a los Poderes de la Unión;

XI. Aprobar la designación y remoción, a propuesta del Presidente, de los titulares de las unidades administrativas previstas en el Estatuto, así como de la Contraloría Interna;

XII. Conocer y aprobar, en su caso, los estados financieros respecto del ejercicio fiscal del Consejo; autorizar su publicación, así como el dictamen del Contralor Interno;

XIII. Aprobar, a propuesta del Presidente, los programas anual y de mediano plazo del Consejo, así como los objetivos, proyectos, metas y acciones de las unidades administrativas y conocer los informes de desempeño de éstas;

XIV. Establecer los criterios para la definición de zonas de atención prioritaria con base en las estimaciones de pobreza;

XV. Establecer criterios y lineamientos para las metodologías de evaluación sobre la política y los programas de desarrollo social;

XVI. Remitir los resultados de las evaluaciones al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión;

XVII. Solicitar, en su caso, a quienes intervengan en la ejecución de los programas sujetos a evaluación, la información necesaria para este fin;

XVIII. Formular y aprobar el informe de resultados de las evaluaciones, con base en los resultados de las evaluaciones y otros estudios que al efecto se realicen;

XIX. Dar a conocer los resultados de las evaluaciones y otros estudios referentes al desarrollo social;

XX. Utilizar las evaluaciones para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la política de desarrollo social y contribuir a mejorar su operación y resultados;

XXI. Aprobar las recomendaciones que determine el Consejo;

XXII. Recibir y, en su caso, considerar las propuestas temáticas y metodológicas de evaluación que sugieran los sectores público, social y privado relacionados con el desarrollo social;

XXIII. Establecer los mecanismos para la recepción de opiniones y retroalimentación de las organizaciones de la sociedad civil sobre los programas y acciones de desarrollo social;

XXIV. Promover acuerdos de coordinación y colaboración para el intercambio de las bases de datos de las evaluaciones para un adecuado análisis de planeación, investigación, capacitación y enseñanza;

XXV. Vigilar la estricta observancia de los criterios y lineamientos para la definición, identificación y medición de la pobreza, tomando en cuenta los indicadores a los que se refiere el artículo 23 de la Ley y realizar los estudios correspondientes con la periodicidad y desagregación geográfica establecidos en el artículo 25 de la misma;

XXVI. Aprobar a propuesta del Presidente el programa anual para el desarrollo de evaluaciones, estudios y diagnósticos de los programas de desarrollo social que vaya a realizar el Consejo por sí mismo o a través de evaluadores externos;

XXVII. Promover acciones para impulsar y fortalecer la cultura de la evaluación de todos los ámbitos relacionados con la política de desarrollo social; y

XXVIII. Las demás que le atribuya la presente Ley y el Estatuto.

Artículo 21. El Presidente de la Junta tendrá las atribuciones siguientes:
I. Planear, programar, organizar, coordinar y supervisar las actividades que el Consejo realice para el debido cumplimiento de las atribuciones que le competen;

II. Representar legalmente al Consejo;

III. Someter a aprobación de la Junta, el Estatuto, los manuales de organización y de procedimientos, así como las demás normas de aplicación general necesarias para el funcionamiento y operación del Consejo;

IV. Presentar, para aprobación de la Junta,  el proyecto de presupuesto del Consejo, que deberá ajustarse a los criterios y objetivos de los programas y políticas previamente aprobados;

V. Elaborar, el programa anual para el desarrollo de evaluaciones, estudios y diagnósticos de los programas de desarrollo social que vaya a desarrollar el Consejo por sí mismo o a través de evaluadores externos;

VI. Celebrar los actos jurídicos que al efecto resulten necesarios para la colaboración y coordinación con las Autoridades Federales y Estatales u otras personas físicas o morales previo acuerdo de la Junta;

VII. Someter a la Junta, para su aprobación, los programas anual y de mediano plazo del Consejo, así como los objetivos, programas, metas y acciones de las unidades administrativas del Consejo y los informes de desempeño de éstas;

VIII. Coordinar, la integración del informe anual respecto de la medición de la pobreza y el estado que guardan los componentes, procesos y resultados de las acciones y programas de desarrollo social;

IX. Presentar el informe anual de actividades del Consejo a los Poderes de la unión;

X. Comparecer ante las Cámaras del Congreso sobre los asuntos competencia del Consejo;

XI. Recibir del Contralor Interno los informes de las revisiones y auditorías que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del Consejo, así como hacerlos del conocimiento a la Junta;

XII. Elaborar un informe sobre la política y programas de desarrollo social, con base en los resultados de las evaluaciones y otros estudios adicionales que efectúe el Consejo;

XIII. Diseñar e implementar los mecanismos de coordinación con las dependencias públicas en los tres órdenes de gobierno que tengan a su cargo programas, acciones o recursos para el desarrollo social, sujetos a evaluación;

XIV. Revisar las evaluaciones que realice por sí mismo el Consejo, así como las evaluaciones que contrate con organismos evaluadores independientes y someter los resultados a consideración de la Junta para su aprobación;

XV. Invitar, a las reuniones del Consejo, , a los representantes del Consejo Nacional de Población, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, e instituciones y organizaciones públicas y privadas;

XVI. Proponer a la Junta los proyectos de indicadores de evaluación de programas de desarrollo social;

XVII. Proponer los proyectos de lineamientos y criterios para la realización de las evaluaciones de los programas de desarrollo social y de la medición de la pobreza;

XVIII. Realizar estudios e investigaciones en materia de evaluación de programas sociales, así como en identificación y medición de la pobreza;

XIX. Proponer los mecanismos para garantizar la transparencia, objetividad y rigor técnico en el cumplimiento de la atribución que establece la fracción anterior, utilizando la información que genere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con independencia de otros datos que se estime convenientes;

XX. Dar a conocer y difundir los resultados sobre la medición de la pobreza;

XXI. Promover cursos, talleres y seminarios de manera continua, para el desarrollo y conocimiento de técnicas, metodologías de evaluación y de medición de la pobreza;

XXII. Elaborar los estudios y diagnósticos relacionados con la conveniencia, viabilidad y eficiencia de implementar todo programa de desarrollo social nuevo;

XXIII. Ejecutar en sus términos las disposiciones contenidas en la convocatoria que emita la Junta en materia de participación de evaluadores externos;

XXIV. Solicitar a los responsables de los programas de desarrollo social toda la información necesaria para su evaluación;

XXV. Establecer, con autorización de la Junta, los sistemas de administración de personal e incentivos;

XXVI. Ejercer el Presupuesto que le sea asignado;

XXVII. Coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y demás entidades, órganos o institutos relacionados, para el mejor desarrollo e implementación de las actividades de medición e identificación de la pobreza;

XXVIII. Emitir la convocatoria, en su caso, para los evaluadores externos que participen en las evaluaciones que realice el Consejo conforme a los lineamientos que apruebe la Junta;

XXIX. Promover acuerdos y convenios con las autoridades de desarrollo social de entidades federativas y municipios y, en su caso, con organizaciones de los sectores social y privado, para promover la evaluación de programas y acciones. Informará periódicamente sobre el ejercicio de esta atribución a la Junta, y

XXX. Las demás que se establecen en los ordenamientos aplicables en la materia, así como las que determine la Junta.

Artículo 22. El Consejo contará con las unidades administrativas que se prevean en el Estatuto, cuya estructura organizacional, facultades y funciones se establecerán en el mismo.

Artículo 23. Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza considerando la información que genere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, independientemente de otros datos que se estime conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores:

 I. Ingreso corriente per cápita;

II. Rezago educativo promedio en el hogar;

III. Acceso a los servicios de salud; 

IV. Acceso a la seguridad social; 

V. Calidad y espacios de la vivienda;

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;

VII. Acceso a la alimentación;

 VIII. Grado de cohesión social; y

IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.

El Consejo podrá actualizar los lineamientos para la definición, identificación y medición de la pobreza, siempre y cuando se garantice que los indicadores de mediciones anteriores puedan seguir siendo estimados, manteniendo una serie histórica de al menos diez años con el objeto de no interrumpir la continuidad estadística.

Artículo 24. Las personas o grupos sociales en situación de pobreza serán aquellos que identifiquen con sujeción a los lineamientos y criterios que para la definición, identificación y medición de la pobreza establezca el Consejo Nacional de Evaluación. Para tales efectos, el Consejo Nacional de Evaluación deberá mantener actualizados los indicadores referidos en el artículo 23 de esta Ley, con base en la información que genere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, independientemente de otros datos que estime convenientes.

Artículo 25. La información derivada de la medición de la pobreza que emita el Consejo, será referencia obligatoria en el diseño de la política pública en materia de desarrollo social en los tres órdenes de gobierno.

Los estudios del Consejo deberán hacerse con una periodicidad mínima de cada dos años para cada entidad federativa y con información desagregada a nivel municipal cada cinco años, para lo cual deberán hacerse las previsiones presupuestarias correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía pueda llevar a cabo los censos, conteos y encuestas  correspondientes.

Para tal efecto, en los censos, conteos y encuestas que lleve a cabo el instituto se tomará en cuenta las opiniones del Consejo.

CAPITULO III
DE LA EVALUACION, SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

SECCION PRIMERA
DE LA EVALUACION

Artículo 26.  El Consejo estará a cargo de la evaluación de la política de desarrollo social, de normar y coordinar la evaluación de los programas, acciones, fondos, proyectos, políticas y estrategias de desarrollo social, en base a las metas y objetivos establecidos en ellos, así como de evaluar los Fondos de Aportaciones Federales destinados a garantizar el ejercicio de los derechos establecidos en la Ley General de Desarrollo Social.

El Consejo podrá realizar la evaluación por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa.

Artículo 27. La evaluación de la Política de Desarrollo Social tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, acciones, fondos, proyectos, políticas y estrategias de desarrollo social, para que los responsables de su operación puedan corregirlos, modificarlos adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente, buscando así obtener mejores resultados .

Artículo 28. Los indicadores de resultados que se establezcan deberán reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, metas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social y de los programas regionales, estatales y municipales en la materia.

Artículo 29. El Consejo establecerá los requisitos mínimos que deberán cumplir los organismos evaluadores de los programas independientes que participen en las evaluaciones de los programas, acciones, fondos, proyectos, políticas y estrategias de desarrollo social.

Artículo 30. La evaluación de los programas, acciones, fondos, proyectos, políticas y estrategias de desarrollo social podrá ser anual o multianual conforme se establezca en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo.

Deberá emitir los criterios para que las autoridades federales, estatales y municipales difundan, en sus respectivos sitios de internet, el resultado de las evaluaciones de sus programas, acciones, fondos, proyectos, políticas y estrategias de desarrollo social.

Artículo 31. El Consejo establecerá los requisitos mínimos que deberán cumplir los organismos evaluadores de los programas independientes que participen en las evaluaciones de los programas, acciones, fondos, proyectos, políticas y estrategias de desarrollo social.

Artículo 32. Los resultados de las evaluaciones que realice el consejo por si o a través de terceros,  serán difundidos bajo el principio de máxima publicidad y serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y deberán ser entregados al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión.

Artículo 33. Los evaluadores externos que podrán participar serán instituciones de educación superior, de investigación científica u organizaciones no lucrativas. Cuando las evaluaciones se lleven a cabo por un organismo distinto del Consejo, éste emitirá la convocatoria correspondiente y designará al adjudicado.

Artículo 34. La Junta deberá elaborar un documento marco para cada convocatoria que especifique los tipos de evaluación, así como los términos de referencia requeridos para cada una de ellas. El Consejo se encargará de la publicación en su la página electrónica.

SECCION SEGUNDA
DE LAS RECOMENDACIONES

Artículo 35. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones y los resultados de la medición de la pobreza, el Consejo emitirá las recomendaciones que considere pertinentes a las autoridades que corresponda con el fin de mejorar los resultados de la política, los programas, acciones, fondos, proyectos o estrategias de desarrollo social. Asimismo podrá emitir recomendaciones al Congreso de la Unión respecto los asuntos legislativos en materia de Desarrollo Social.

Artículo 36. Las recomendaciones deberán orientarse para que los responsables de la operación de los programas, acciones, fondos, proyectos, políticas y estrategias de desarrollo social puedan corregirlos, modificarlos o suspenderlos total o parcialmente, buscando así mejorar el desempeño de éstos.

Artículo 37. Las dependencias y entidades responsables de los programas evaluados, podrán ampliar la información, y argumentar sobre la procedencia de las recomendaciones, sugerencias y aspectos susceptibles de mejora.

Artículo 38. Respecto a las recomendaciones, las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal y las autoridades estatales o municipales, establecerán e informarán al Consejo, sobre las medidas y tiempos que tomarán para atender las observaciones.

El Consejo establecerá un mecanismo de seguimiento que permita verificar el cumplimiento de las medidas a que hace referencia el párrafo anterior.

Toda esta información se publicará en la página electrónica del Consejo y será integrado a los informes que se entreguen al Congreso de la Unión.

CAPITULO IV
DE LOS MECANISMOS DE COLABORACION Y COORDINACION

Artículo 39. El Consejo celebrará los actos jurídicos necesarios con el gobierno federal, estatal y  municipal, así como con instituciones académicas y de investigación, organizaciones nacionales o extranjeras, gubernamentales, no gubernamentales e internacionales, relacionadas con la evaluación en materia de desarrollo social, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la presente Ley,

Artículo 40. El Consejo integrará y actualizará un inventario de los programas y acciones de desarrollo social de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal.

Artículo 41. Las dependencias y entidades federales, estatales o municipales, ejecutoras de los programas a evaluar, proporcionarán toda la información y las facilidades necesarias para la realización de las evaluaciones y para la integración del inventario a que hace referencia al artículo anterior.

Artículo 42. En los actos jurídicos que al efecto se suscriban se establecerán los mecanismos y acciones que permitan una eficaz colaboración y coordinación entre el Consejo, las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y las organizaciones relevantes en materia de evaluación de la política de desarrollo social, en los términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 43. El Consejo se vinculará con las instancias técnicas para la evaluación de la política social que para ese efecto cuenten las entidades federativas y los municipios, a fin de promover la evaluación de los programas y acciones de la política social en base a los criterios y lineamientos establecidos en la Ley.

Artículo 44. El Consejo promoverá acciones para el eficaz intercambio de información y experiencias con los gobiernos federal, estatal y municipal que permitan retroalimentarse en materia de política de desarrollo social, a fin de generar buenas prácticas en la evaluación que se lleve a cabo.

CAPITULO V
DE LAS RESPONSABILIDADES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 45. Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley las siguientes:

I. Incumplir los lineamientos a los que se refiere la presente Ley:

II. Negarse a proporcionar información no considerada como reservada por las leyes respectivas, ocultarla, alterarla, destruirla o realizar cualquier acto u omisión tendientes a impedir los procesos de evaluación;

III. La inobservancia de la reserva en materia de información, cuando por causas de seguridad hubiese sido declarada de divulgación restringida por el Consejo;

IV. La participación deliberada en cualquier acto u omisión que entorpezca el desarrollo de los procesos de evaluación, y

V. Impedir el acceso a la información a que se tenga derecho conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La responsabilidad a que se refiere este artículo será sancionada en los términos de las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos aplicables.

CAPITULO VI
DE LA VIGILANCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

Artículo 46. La Contraloría Interna tendrá a su cargo recibir quejas, realizar investigaciones, llevar a cabo auditorías internas, y aplicar los procedimientos y sanciones inherentes a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Consejo, conforme a la legislación aplicable.

Artículo 47. Son facultades del Contralor Interno:

I. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Consejo, y en su caso denunciar ante las autoridades competentes cualquier conducta ilícita detectada de dicha investigación.

II. Vigilar y supervisar que los servidores públicos del Consejo cumplan con las normas y disposiciones en materia administrativa, de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios y adquisiciones;

III. Solicitar la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria respectiva a los terceros que hayan  contratado bienes o servicios con el Consejo, a efecto de realizar las compulsas y acciones que correspondan, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

IV. Realizar auditorías de desempeño, con las que se evaluará el resultado del plan de trabajo y el logro de los objetivos y metas aprobados por la Junta;

V. Llevar a cabo auditorías económico financieras, analizando las transacciones, operaciones y registros financieros, para determinar si la información que se produce al respecto es confiable y oportuna;

VI. Fincar con aprobación de la Junta, las responsabilidades e imponer las sanciones en términos de las disposiciones administrativas y legales inherentes a la materia;

VII. Recibir y atender las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos del Consejo, derivadas de inconformidades en materia de adquisiciones, así como realizar los procedimientos correspondientes, turnándolos en su caso, a la Auditoría Superior de la Federación para los efectos a que haya lugar, debiendo informar a la Junta lo conducente;

VIII. Cumplir con las normas jurídicas en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental;

IX. Hacer del conocimiento del Director Ejecutivo sus programas anuales de trabajo, así como los resultados de su gestión, y

X. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le otorguen.

Artículo 48. La Junta observará en la designación del Contralor Interno que éste cumpla con los criterios de probidad, experiencia, capacidad e imparcialidad, de acuerdo con las disposiciones previstas en el Estatuto.

Artículo 49. Toda información relacionada con la medición de la pobreza y la evaluación de los programas y acciones de desarrollo social quedará sujeta a las disposiciones federales en materia de información pública, transparencia y protección de datos personales.

Artículo 50. El Consejo garantizará el acceso a la información que tenga en posesión, con arreglo a las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Artículo 51. El Consejo deberá presentar anualmente al Congreso de la Unión:

I. El informe sobre el estado que guardan los procesos y resultados de las evaluaciones de los programas y acciones en materia de desarrollo social. Este informe deberá hacerse del conocimiento público, sujetándose a las disposiciones que al efecto expida el propio Consejo.

II. Un informe por escrito de las actividades y del ejercicio del gasto del año inmediato anterior, incluyendo las observaciones relevantes que, en su caso, haya formulado el Contralor Interno.

CAPITULO VII
DE LA PARTICIPACION SOCIAL

Artículo 52. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan como objetivo impulsar el desarrollo social de los mexicanos podrán aportar elementos en las acciones relacionadas con la evaluación de las políticas, programas y acciones en la materia.

Artículo 53. La Junta establecerá los mecanismos para considerar las propuestas temáticas y metodológicas de evaluación, así como las opiniones y retroalimentación de las organizaciones de la sociedad civil sobre los programas y acciones de la política de Desarrollo Social. 

CAPITULO VIII
DEL REGIMEN LABORAL

Artículo 54.  El personal que preste sus servicios al Consejo se regirá por las disposiciones del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento.

TERCERO. Los recursos humanos, materiales y presupuestales con que actualmente cuenta el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social como órgano descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social, pasarán a formar parte del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social como organismo autónomo creado por el Decreto por el que se adiciona, entre otras disposiciones, un apartado C al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preservándose los derechos adquiridos de los trabajadores del Consejo.

CUARTO. Los actuales investigadores académicos y Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social permanecerán en sus cargos hasta que se haga la designación correspondiente del Presidente y Consejeros, conforme a lo dispuesto por esta ley.

QUINTO. La Junta deberá expedir el Estatuto del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social dentro de los  ciento ochenta días a la entrada en vigor de esta ley, y deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.

SEXTO. La Cámara de Diputados deberá expedir convocatoria y designar al Presidente y Consejeros del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dentro de los sesenta días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, y conforme al Vigésimo artículo transitorio de la reforma constitucional en materia político electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 10 de febrero de 2014

SEPTIMO.- Las normas, indicadores, lineamientos, criterios, diagnósticos, programas, informes y análisis que el Consejo haya realizado como organismo público descentralizado de la administración pública federal, seguirán vigentes en tanto no se opongan a la dispuesto en la presente Ley, o bien, hasta que se emitan o se sustituyan por otros.

OCTAVO.- Los lineamientos, criterios y metodologías que haya emitido el Consejo en su carácter de organismo público descentralizado de la administración pública federal, para la definición, identificación y medición de la pobreza seguirán vigentes en tanto el órgano autónomo emita unos nuevos o se adicionen.

NOVENO.- Los procesos de evaluación que hayan iniciado previamente a la entrada en vigor de esta Ley se concluirán en los términos que apruebe el Consejo General.

DECIMO.- Los contratos y convenios que haya suscrito el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como organismo descentralizado surtirán sus efectos hasta el término de su vigencia.

DECIMO PRIMERO.- El Consejo operará con los recursos que le fueron asignados al organismo público descentralizado, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el Presupuesto de Egresos de Federación para el ejercicio fiscal 2014.

DECIMO SEGUNDO.- En el supuesto de que existan asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución en el Órgano Interno de Control del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, deberán ser concluidos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás ordenamientos legales aplicables.

DECIMO TERCERO.- Los poderes, mandatos, designaciones y en general las representaciones otorgadas y las facultades concedidas por el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, subsistirán en sus términos en tanto no sean modificados o revocados expresamente.

México D.F a 4 de junio del año dos mil catorce.

Suscriben

Dip. María Beatriz Zavala Peniche; Sen. Luisa María Calderón Hinojosa; Sen. Juan Carlos Romero Hicks”.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
MARCOS AGUILAR VEGA

- El C. Presidente Diputado Marcos Aguilar Vega: Gracias, Diputada Beatriz Zavala. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

Esta Presidencia saluda a los siguientes visitantes: de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del gobierno del Estado de México, del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Confederación Nacional de Campesinos del Estado de México, de la Fundación Nacional para la Conservación de la Mariposa Monarca y al equipo Proyecto Ruta Monarca, invitados todos ellos a esta sesión de la Comisión Permanente por la Senadora María Elena Barrera Tapia. Sean ustedes bienvenidos.

(Aplausos)





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez para presentar, a nombre propio y del Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en materia Político Electoral.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA POLITICO ELECTORAL

(Presentada por el C. Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre propio y del C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.

Como bien se ha señalado, vengo a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia político electoral, a fin de que se armonice la reforma constitucional y las leyes reglamentarias que hemos emitido recientemente, con las disposiciones que rigen el gobierno interior del Distrito Federal.

Esta es una iniciativa que suscribimos los Senadores Miguel Barbosa, Manuel Camacho Solís, Armando Ríos Piter, Angélica de la Peña y un servidor, y que ha procurado recoger las opiniones directas tanto del gobierno del Distrito Federal como del actual Instituto Electoral del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa y la Dirección Estatal del PRD en la entidad, cuyo presidente Raúl Flores se encuentra presente en esta sesión.

Tengo que señalar que se presentarán otras iniciativas sobre este tema, una que iniciará el Jefe de Gobierno a través de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, retomando propuestas puntuales del Instituto Electoral del Distrito Federal, que es un órgano autónomo a la fecha, así como las que presentarán Diputados federales tanto del Partido Acción Nacional como del Partido Revolucionario Insitucional, y esperemos que esto nos permita cumplir puntualmente con la responsabilidad que tenemos para adecuar el marco que rigen los procesos políticos electorales en la entidad, como lo disponen los artículos transitorios de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos, antes del 30 de abril.

Pero también espero que con esto cerremos un ciclo que ha creado un profundo anacronismo en la legislación que regula la vida interna y los asuntos políticos del Distrito Federal, y que a la fecha conculca no solamente limitando las facultades de las autoridades locales, sino conculca en lo fundamental los derechos de los capitalinos.

Debo asumir que tanto esta iniciativa como las que se presentarán, adolecen de un profundo anacronismo y que es absolutamente ajena a los tiempos recientes de la evolución política del Distrito Federal, y esperamos que sea la última ley reglamentaria en donde el Congreso de la Unión legisla, entrometiéndose en los asuntos que deben ser propios de los capitalinos, de las capitalinas, como una entidad autónoma.

Que terminemos con este ciclo de democracia a cuentagotas, como hoy lo denomina Porfirio Muñoz Ledo en unas declaraciones, en donde se ha venido escatimando el desarrollo de la autonomía plena del gobierno del Distrito Federal. En este debate apenas iniciado en 1824, hace 124 años en donde la tentación centralista se ha impuesto sobre la posibilidad de una visión de integración plena al federalismo mexicano, de los habitantes de la capital de la República.

No es un asunto nuevo, se ha discutido, decía yo, desde 1824, con avances, con retrocesos, particularmente el Constituyente de 1917 determinó que el Congreso de la Unión sería la instancia competente para crear las leyes referentes a la capital de la República y los entonces existentes territorios federales, y que llegó a su punto culminante de centralización en el año de 1928 cuando se reformó el artículo 73 constitucional para que la capital perdiera su espacio político y se convirtiera en un órgano dependiente del Ejecutivo Federal, cuando se asumió la figura de Departamento del Distrito Federal.

Desde entonces; hemos tenido en la capital de la República avances y retrocesos muy severos; por ejemplo, en 1977 se logró establecer por primera vez en la historia de la capital de la República y del país, instrumentos de democracia directa como el referéndum y la iniciativa popular para los habitantes del Distrito Federal.

Esas atribuciones fueron borradas de un plomazo sin ninguna discusión parlamentaria en 1987, cuando se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, a la cual solamente se le dotó de facultades para emitir bandos, ordenanzas y reglamentos de policía, que eran las propias del ayuntamiento de la ciudad de México en la época de los virreinatos, en la época colonial.

Fue hasta el año de 1990, que se estableció un mecanismo de asignación de Diputados de representación proporcional, cuando aquellos partidos y cualquier partido político alcanzara el 1.5 por ciento de la votación emitida.

Y fue hasta 1993, cuando se establecieron por primera vez, con una reforma al artículo 122 constitucional, las reglas relacionadas en materia de la conformación de los órganos de gobierno local, donde se empezó a construir una incipiente autonomía que no solamente limitó las facultades del Presidente de la República, el renombramiento del regente del Departamento del Distrito Federal, sino que desembocó en la reforma política de 1996. Y en aquel entonces, se dijo era la reforma definitiva, los mecanismos de elección directa del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, lo cual, evidentemente no fue definitivo, porque todavía en el año 2000 se estableció por primera vez la elección de los Jefes delegacionales, y a partir de esa fecha se han venido construyendo un conjunto de instrumentos institucionales y de desarrollo de políticas públicas que exigen hoy cambios profundos; en donde, lamentablemente, el principal obstáculo es el propio Congreso de la Unión.

Yo recordaría que la primera década de este siglo, a partir del año 2000, se han presentado ante el Senado de la República, dos iniciativas en materia de reforma constitucional, consensuadas por todos los partidos políticos de la capital, por el gobierno de nuestra ciudad, por la Asamblea Legislativa, incluso una que fue aprobada en la Cámara de Diputados y no encontró respuesta en la LX Legislatura en el Senado de la República y que ya es preciso resolver.

Por eso vamos a presentar en este mismo acto, señor Presidente, una excitativa para que la iniciativa, que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó el pasado 20 de noviembre del año 2013, junto con otras proposiciones, sea dictaminada a la brevedad posible para que el Distrito Federal se convierta en una entidad autónoma, como capital de la República, sede de los Poderes Federales, pero con autonomía plena en las definiciones de su gobierno local.

Y justamente por la existencia y prevalencia de ese anacronismo legal, y toda vez de que han sido publicadas las leyes reglamentarias en materia electoral, que en el Artículo 3º Transitorio de la Ley General de Partidos Políticos ordena a las distintas legislaturas locales adecuar el marco jurídico electoral a más tardar el 30 de junio de 2014, y toda vez que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene impedimento para realizar esta adecuación, es que presentamos esta iniciativa que busca armonizar en el Estatuto de Gobierno los contenidos de la reforma político-electoral, en donde estamos buscando establecer los derechos y obligaciones que se derivan de estas leyes.

En particular, enumero algunos, el garantizar la paridad entre los géneros en las candidaturas a legisladoras locales; modificar el régimen de fiscalización para los casos en que el Instituto Nacional Electoral delegue las facultades a las entidades federativas; el establecer claridad en la competencia de los institutos electorales locales para organizar los procesos de selección interna de los partidos políticos locales; incorporar las nuevas causales de nulidad; modificar los principios rectores en materia electoral para incorporar el de máxima publicidad; modificar los mecanismos de designación de los consejeros y magistrados electorales que ahora serán designados por el Instituto Nacional Electoral y por el Senado de la República, respectivamente; así como incorporar la figura de oficialía electoral para que la autoridad pueda dar fe de los hechos en materia electoral; esclarecer los mecanismos de financiamiento público, el acceso a radio y televisión de los partidos y los candidatos independientes.

La obligación de rendir cuentas y transparencia a los partidos políticos, a partir de una fiscalización especializada no solamente en el manejo de los recursos, sino también la creación de una fiscalía especializada para atención de delitos electorales.

De la misma manera, y para concluir, quiero destacar que también en esta iniciativa atendemos las disposiciones del régimen transitorio establecidas en las legislaciones reglamentarias, donde se regula la asignación de Diputados de representación proporcional, los derechos de los candidatos independientes, la obligación de los partidos a garantizar la paridad de género, la procuración de justicia en materia electoral, la reelección en el ámbito legislativo y delegacional y la nueva conformación del Instituto Electoral del Distrito Federal y del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Espero que con esto, no solamente en tiempo y forma, y en un periodo extraordinario una vez que lo haya desahogado el Senado de la República y posteriormente la Cámara de los Diputados, se dictamine antes de la fecha establecida del 30 de junio para que no tengamos ninguna limitación en el ejercicio y desarrollo pleno, no sólo las atribuciones de las autoridades locales, sino de las garantías que deben darse los ciudadanos para tener elecciones imparciales, transparentes, democráticas, en donde se respete el voto.

Y en conjunto con ello, como lo he anunciado, señor Presidente, quisiera en este mismo acto, presentar a nombre del Senador Miguel Barbosa Huerta y un servidor, y con base en los artículos 8, fracción III y los demás aplicables del Reglamento, excite a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos, Primera, para que en los términos legales establecidos en nuestro reglamento, dictamine de inmediato la iniciativa presentada el 20 de noviembre de 2013, que otorga autonomía plena a los habitantes de la ciudad de México, y esperamos que las y los capitalinos por fin dejen de ser ciudadanos de segunda y gocen plenamente de todos los derechos, prerrogativas y obligaciones de los que gozan todas las demás ciudadanas y ciudadanos mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Quienes suscriben, senadores LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA y ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, a la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71 fracción II y 122 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 párrafo 1, fracción I, 164, 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, y, 24 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA POLÍTICO ELECTORAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.La gradual autonomía política de la Ciudad de México

La Ciudad de México, desde sus orígenes, ha sido el enclave humano más importante de nuestro país. Desde la época prehispánica, en que la civilización azteca dominaba la cuenca de una zona de lagos de baja profundidad, la “ciudad-isla” ejerció una gran influencia miliar y política en Mesoamerica. A la caída de los aztecas, el virreinato se constituyó desde la propia Ciudad de México, en la que las autoridades españolas como el Virrey y la Real Audiencia, así como las locales, la autoridad municipal, organizaron la vida pública. En el siglo XIX, tanto las constituciones federalistas como las centralistas asentaron los poderes en la Ciudad de México, incluso, en el marco de la Constitución de 1857 en la que se propuso que la capital se trasladara a la Ciudad de Querétaro, oponiéndose a ello liberales de la talla de Francisco Zarco e Ignacio Ramírez.

En el siglo XX, la Carta Magna emanada del proceso constituyente de 1916-1917 determinó que el Congreso de la Unión era la instancia competente para crear leyes en lo referente a la capital y los territorios federales. Con la Ley de Organizaciones del Distrito y Territorios Federales se estableció la figura del Gobernador que, de facto, redujo el poder de los ayuntamientos de elección popular directa.1 Este proceso gradual de centralización del poder y, en consecuencia, con la pérdida de los ciudadanos de la capital de la facultad de elegir a sus autoridades, llegó a su punto culminante en 1928, en el que se reformó el artículo 73, fracción VI de la Constitución, para que la capital perdiera su espacio político y se convirtiera en un ente administrativo dependiente del Presidente de la República.

Sobra decir que este modelo entró en crisis ante su ineficacia para dar tránsito a las expectativas democráticas de una sociedad cada vez más plural. Para dar respuesta a los cambios sociales, el poder revisor de la Constitución generó una serie de reformas constitucionales que han buscado, de manera gradual, la participación de la ciudadanía que habita la Ciudad de México en la conducción de su destino. Entre ellas, se advierten las siguientes:

a) La reforma política de 1977 que estableció mecanismos de democracia directa de referéndum y de iniciativa popular para los habitantes del Distrito Federal en búsqueda del consenso y la expresión popular en los actos de gobierno (que desaparecerían en la reforma de 1987 sin ningún debate parlamentario);

b) La reforma electoral de 1987 que creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, facultada para emitir bandos, ordenanzas y reglamentos de policita y buen gobierno así como para nombrar a los magistrados locales. Su función era todavía bastante incipiente, pero permitió volver a la práctica del ejercicio de la función parlamentaria local.

c) La reforma electoral de 1990 que estableció un mecanismo de asignación de diputados de representación proporcional cuando el partido político postulara candidatos en todos los distritos electorales uninominales y alcanzara por lo menos el 1.5% de la votación emitida.

d) La reforma electoral de 1993 que estableció, por vez primera, un artículo constitucional (el 122) para regular las materias relacionadas con el Distrito Federal. Los órganos de gobierno local ganaron autonomía, y se acotó la facultad del Presidente de la República para designar al Regente capitalino.

e) La reforma política de 1996, denominada definitiva sin serlo, que estableció la elección directa del Jefe de Gobierno del Distrito Federal (que en 1997 llevaría al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano a ocupar dicho cargo con el 48.1% de la votación), la erección de una Asamblea Legislativa del Distrito Federal, integrada por diputados locales, con una mayor competencia constitucional, entre ellas, la de nombrar a quien sustituya al Jefe de Gobierno en caso de falta absoluta y de expedir la ley electoral.

Como puede apreciarse, el modelo de gobierno de la Ciudad de México ha ido cambiando de manera paulatina, para acercarse de manera gradual a un diseño de un Estado con todas las condiciones del caso. Sin embargo, quedan todavía algunos elementos de corte centralista que han impedido a los habitantes de la Ciudad de México a ejercer de manera igualitaria sus derechos respecto de la forma y términos como lo hacen en otras entidades.

Uno de esos elementos es, precisamente, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se encuentra limitada en el ejercicio de competencias de corte constitucional, sujetándose a lo dispuesto en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, norma emitida por el Congreso de la Unión, a cuya determinación se sujeta cualquier reforma.

Frente a ello, es una creciente demanda de la ciudadanía del Distrito Federal que hacemos propia los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que el H. Congreso de la Unión inicie el proceso de reforma constitucional para dotar a esta entidad federativa de plenitud de derechos políticos, en igualdad de condiciones que el resto de las entidades federativas.

Nuestro Grupo Parlamentario reitera su disposición a trabajar en la concertación de acuerdos al seno del Congreso de la Unión que permitan arribar a dos objetivos fundamentales: primero, mantener la condición de la Ciudad de México como Capital de la República y sede de los poderes de la Unión, bajo una regulación constitucional más adecuada a su condición de Ciudad Capital y, segundo, transformar la naturaleza jurídica de la Ciudad de México para que se le reconozca como una entidad federativa integrante del Pacto Federal con todas las facultades constitucionales propias de esa calidad jurídica y dotarla de autonomía constitucional, lo que le permitiría que los capitalinos se den su propia Constitución Política y que cuenten con poderes locales facultados para ejercer el gobierno de la Ciudad, en todo lo concerniente a su régimen interior, sin la intervención de los poderes Federales. Objetivos que hemos reiterado por diversos instrumentos a lo largo de la presente legislatura.

2. La reforma constitucional de 2014 y su impacto en la normativa electoral del Distrito Federal.

El 10 de febrero de 2014 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en diversas materias para perfeccionar el sistema electoral del país. Derivado de esas reformas constitucionales, se obligó a los congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, a más tardar el 30 de junio de este año, realicen las adecuaciones necesarias para armonizar la normatividad local con el nuevo entramado constitucional.

Con la aprobación de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las leyes reglamentarias de la Reforma Constitucional, el 23 de mayo de 2014, las disposiciones constitucionales que rigen el nuevo sistema nacional electoral adquirieron pleno vigor, lo que actualiza la necesidad de la adecuación de los marcos normativos que se ven afectados por esa reforma fundamental, sobre todo aquellos que rigen en las entidades federativas. Cada una de las cuales, pero en particular aquéllas que celebrarán comicios en 2015, deben adecuar su marco jurídico a la brevedad para dar certeza a tales procesos.

En este tenor, asumiendo esta responsabilidad del Congreso de la Unión, el presente instrumento tiene por objeto proponer las normas de recepción que consideramos necesarias en términos de la reforma constitucional y su reglamentación general.

En específico, la reforma constitucional y la expedición de las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Delitos Electorales y de Partidos Políticos, en su conjunto, ordenan las siguientes modificaciones a los marcos normativos locales:

a) Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladoras locales;

b) Modificar el modelo de fiscalización para hacerla oportuna, para los casos en que el Instituto Nacional Electoral delegue la facultad a las entidades federativas.

c) Establecer la competencia de los institutos electorales locales para organizar los procesos de selección interna de los partidos políticos locales;

d) Incorporar nuevas causales de nulidad de elecciones en los términos constitucionales;

e) Modificar los principios rectores de la materia electoral para incorporar el de máxima publicidad;

f) Modificar los mecanismos de designación de los consejeros y magistrados electorales locales, ahora designados por el Instituto Nacional Electoral y el Senado de la República, respectivamente.

g) Incorporar una oficialía electoral, para dar fe de hechos en materia electoral;

h) Establecer el acceso a financiamiento público, así como a radio y televisión, de los candidatos independientes;

i) Establecer la asignación directa de un diputado a aquel partido que alcance el 3% de la votación válida emitida;

j) Prohibición de la transferencia de votos,

k) Establecer una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales y,

l) Reelegir a los diputados locales y presidentes municipales.

Como hemos dicho, en el caso específico de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, carece de potestades para la adecuación de las bases fundamentales sobre las que se erige su sistema electoral, a efecto de homologarlas a la reforma constitucional, pues su capacidad legislativa está supeditada a las decisiones que tome el Congreso de la Unión mediante la modificación del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 5/99 estableció que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aun en el ejercicio de las competencias establecidas directamente por la Constitución, debía legislar en los términos señalados en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, lo que permitiría sostener que este último ordenamiento establece bases sobre las cuales la Asamblea Legislativa del Distrito Federal debe organizar su trabajo.2

Ello, no obstante que, por un lado, por jerarquía normativa, el Estatuto de Gobierno no puede separarse de los contenidos que ordenan las disposiciones constitucionales y, por otro lado, el Distrito Federal no carece de la posibilidad de ejercer las atribuciones que le otorgan los preceptos constitucionales, aún y cuando el Estatuto de Gobierno no haya sido modificado en consecuencia.

Todo lo anterior hace oportuno que el Senado de la República, cámara de origen en las reformas constitucional y legal en materia político electoral, inicie el proceso de reforma del marco estatutario del Distrito Federal para que la Asamblea Legislativa pueda, a su vez, cumplir con las disposiciones constitucionales conducentes y adecuar el marco jurídico electoral de esta entidad federativa.

Queda pendiente, de nueva cuenta, la reforma política del Distrito Federal. Adeudo del Congreso de la Unión que no permite que sea la ciudadanía de esta entidad federativa la que defina la forma y términos en que deberá adecuarse la norma fundamental local, en un ejercicio de sus plenos derechos políticos ciudadanos y mediante la expresión formal de carácter constituyente de la voluntad popular del Distrito Federal.

3. El contenido de la iniciativa.

La presente iniciativa desarrolla los elementos antes descritos, desde una perspectiva general y con un ánimo federalista, con el objetivo de que, en atención a lo mandatado en los artículos transitorios de la reforma constitucional, sean las propias entidades federativas quienes desglosen los parámetros constitucionales.

En ese sentido, la presente iniciativa establece: a) La regulación de la asignación de diputados de representación proporcional; b) Los derechos de los candidatos independientes; c) La obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad de género; d) La procuración de justicia en materia electoral; e) La reelección en el ámbito legislativo y delegacional; y f) La nueva conformación del Instituto Electoral del Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Distrito Federal.

a) Asignación de diputados de representación proporcional.

El primer tema que se somete a consideración de esta soberanía es la asignación de diputados de representación proporcional. La iniciativa contempla los dos elementos incorporados en la reciente reforma: a) Los techos de sobre y sub representación previstos en el artículo 116 constitucional en relación con el numeral 122 de la Carta Magna; y, la asignación directa de un diputado al partido político que alcance al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de diputados. En ese orden de ideas, se plantea la modificación del artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, derogando dos incisos, el b) y el c) que contemplaban una cláusula de gobernabilidad que ha sido derogada desde hace tiempo del entramado constitucional.

b) Los derechos de los candidatos independientes.

La candidatura independiente había alcanzado un nivel constitucional desde la reforma de 9 de agosto de 2012. Pese a ello, los diseños legales no se habían actualizado para regularla en el ámbito federal e, inclusive en varias entidades federativa. Lo que, en ocasiones, hacía inviable su adopción. Zacatecas y Quintana Roo lograron instrumentar durante el 2013 procesos electorales con candidaturas independientes, logrando Rafael de Luna convertirse en alcalde de General Estrada, Zacatecas, por la vía de la candidatura independiente.

Hoy, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales regula de forma pormenorizada la figura de la candidatura independiente. También lo hace ya el Código Electoral del Distrito Federal, por una reforma reciente. Sin embargo, el Estatuto es omiso en regular tan trascendental figura democrática. Por lo que, la presente iniciativa recoge una propuesta de reforma al artículo 20 para incorporar el derecho a ser votado como candidato independiente, y en el 122 se establecen las formas de participación que pueden tener los ciudadanos, tanto como candidatos de partidos políticos como independientes.

c) La obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad de género.

Uno de los elementos de mayor relevancia de la reforma constitucional es la obligación de todos los partidos políticos de garantizar la paridad de género en sus candidaturas. Con ello, se reivindica históricamente la posición de las mujeres. Además, se permite avanzar en la construcción de uno de los objetivos del milenio que es, precisamente el empoderamiento de las mujeres. Por ello se plantea reformar el Estatuto para incorporar dicha obligación de forma genérica para ser desarrollada en el plano secundario por la propia Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

d) La procuración de justicia en materia electoral.

La reforma en materia de delitos electorales establece que las entidades federativas deberán crear una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales. Por tratarse de una cuestión orgánica, se adiciona el artículo 10 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y se suprime la referencia del numeral 136 del Estatuto. 

e) La reelección en el ámbito legislativo y delegacional.

En atención al mandato constitucional que permite la reelección legislativa hasta por cuatro periodos y la municipal por uno adicional, se propone la incorporación en el marco estatutario de dichas condiciones de ejercicio del derecho a ser votado de diputados a la Asamblea Legislativa y los jefes delegacionales.

Lo anterior, habida cuenta de que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han considerado que el derecho a ser votado es un derecho de base constitucional pero de amplia configuración legal, se considera que necesario que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal regule la reelección de los jefes delegaciones en idénticas circunstancias que lo hace para los presidentes municipales, en virtud de tratarse de instancias de gobierno con funciones similares. De lo contrario, la población del Distrito Federal quedaría impedida de reelegir a un buen jefe delegacional, lo que sería discriminatorio de los habitantes de las demás entidades federativas que podrían reelegir a sus presidentes municipales.

El Derecho a ser votado es un derecho de base constitucional y de configuración legal, tal como ha sostenido el más Alto Tribunal de la República y la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas ejecutorias. En términos de la tesis DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN de la citada Sala Superior, este derecho a ser votado no implica para el candidato postulado, únicamente la contención en una campaña electoral y su posterior proclamación de acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino el derecho a ocupar el cargo que la propia ciudadanía le encomendó. En ese tenor, es claro que el cargo debe ser ejercido en los términos señalados por la propia ley. De ello se desprende que el Derecho a ser votado depende para su ejercicio, de las condiciones y calidades que fije el legislador, que cuenta con un poder amplio de configuración normativa, en términos de los propios precedentes jurisdiccionales, siempre que las medidas que plasme a nivel legal no sean desproporcionadas ni restrictivas de derechos fundamentales.

En tal virtud, se considera que el objetivo de la reforma constitucional al permitir la reelección en los ámbitos legislativo y de los ayuntamientos, es un principio que debe irradiar al resto del ordenamiento jurídico, para operar ante situaciones análogas no previstas de forma expresa en la Constitución, pero que sí podrían incorporarse a nivel Estatutario o legal, como es el caso de los jefes delegaciones. En el caso, la norma constitucional permite la reelección de los integrantes de los ayuntamientos, instancias de gobierno que, al igual que los jefes delegaciones en el Distrito Federal, representan el primer espacio de contacto ciudadano con la autoridad. Aunado a lo anterior, se trata de instituciones jurídicas de las entidades federativas, los ayuntamientos en los Estados y las delegaciones en el Distrito Federal, que cumplen con competencias constitucionales similares, por lo que, al existir las misma situación jurídica, se considera que deben tener la misma consecuencia por el desempeño correcto de su cargo, esto es, la posibilidad de una reelección.

f) La nueva conformación del Instituto Electoral del Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Finalmente, una de las características más importantes de la reforma electoral fue la creación del Instituto Nacional Electoral que, entre otras competencias, a partir de ese año tendrá la facultad de designar a los consejeros electorales en las entidades federativas. Aunado a dicha modificación fundamental, la reforma también contempló que la instancia encargada de designar a los magistrados electorales de las entidades federativas es este Senado de la República. En ese tenor, el Estatuto de Gobierno tiene que ser reformado para actualizarlo respecto a las reformas constitucionales en cuanto a las condiciones de designación de magistrados y consejeros, así como requisitos e incompatibilidades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia político electoral, conforme al siguiente proyecto de

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los artículos 20, fracción I, con los párrafos segundo y tercero, y una fracción III, recorriéndose la subsecuente; 37, con los párrafos tercero, recorriéndose los subsecuentes; 121, con un párrafo quinto, recorriéndose el actual; 122, con una fracción XII, recorriéndose la actual; 124, con los párrafos tercero y cuarto, recorriéndose el subsecuente; 129, con una fracción III, recorriéndose las subsecuentes, y 134, con los párrafos tercero, cuarto y quinto. Se reforman los artículos 10, en su párrafo cuarto; 20, en su fracción I, párrafo primero; 23, en su fracción I; 37, en sus actuales párrafos primero, quinto, sexto, séptimo y octavo; 105, en su párrafo tercero; 120, en sus párrafos primero, segundo y quinto; 121, en sus párrafos primero, segundo y cuarto; 122, en sus fracciones I, III, VIII y XI; 123; 124, en sus actuales párrafos segundo y tercero; 125; 126; 127; 132; 133, y 134, en su párrafo primero. Y se deroga el párrafo segundo del artículo 135, todos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 10.- …

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que estará a cargo del Procurador, se ubica en el ámbito orgánico del Gobierno del Distrito Federal para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público y a su titular le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente Estatuto y las demás disposiciones legales aplicables. Contará con una fiscalía especializada en atención de delitos electorales.

Artículo 20.- Los ciudadanos del Distrito Federal tiene derecho a:

I. Votar y ser votados, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de este Estatuto y de las leyes de la materia, para los cargos de representación popular, así como votar en las consultas populares y demás mecanismos de participación ciudadana.

El derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

Los ciudadanos del Distrito Federal que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de este Estatuto y de las leyes de la materia.

II. …

III. Iniciar leyes ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los términos y con los requisitos que señalen este Estatuto y las leyes, y

IV. Los demás que establezcan este Estatuto y las leyes.

Artículo 23.- Son obligaciones de los ciudadanos del Distrito Federal:

I. Votar en las elecciones, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de este Estatuto y de las leyes, para los cargos de representación popular, así como en los mecanismos de participación ciudadana;

II. a VI. …

Artículo 37.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará por 40 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 26 diputados electos según el principio de representación proporcional. La demarcación de los distritos se establecerá como lo determine la Ley, atendiendo a lo que establezca el Instituto Nacional Electoral.

Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a cargos de elección popular, en los términos de este Estatuto, las leyes de la materia y sus propios Estatutos.

Para garantizar la representación y pluralidad de las fuerzas políticas que contiendan en las elecciones del Distrito Federal la elección de los diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas en una sola circunscripción plurinominal, se sujetará a las siguientes bases y a lo que en particular disponga la Ley:

a) y b)

c) La aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura determinará el número de diputados que corresponda a cada partido por este principio, observando las reglas establecidos en el párrafo siguiente.

d) El partido político que por sí solo alcance por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida, tendrá derecho a participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, conforme a lo siguiente:

Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista.

En todo caso, para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional se observarán las siguientes reglas:

a)

b) En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, que represente un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación emitida.Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento.

c) Al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento de la votación válida emitida, se le asignará una curul por el principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido.

d) Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las diputaciones de representación proporcional conforme a la fórmula establecida en la Ley.

e) En la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. En todo caso, la fórmula establecerá las reglas para la deducción del número de diputados de representación proporcional que sean necesarios para asignar diputados a los partidos políticos que se encuentren en ese supuesto, de mayor o menor subre presentación. Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado un diputado por la vía de representación proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral.

Los diputados a la Asamblea Legislativa podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato o se trate de candidatos independientes, que podrán ser reelectos a través de la misma figura o como candidatos por un partido político.

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, si los diputados suplentes entran en ejercicio en cualquier tiempo se considerará que han agotado el periodo correspondiente.

Artículo 105.- …

Los jefes delegaciones podrán ser electos en forma consecutiva por un período adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Artículo 120.- La renovación de las autoridades legislativa y ejecutiva de carácter local, así como de los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. La jornada electoral se llevará a cabo el primer domingo de junio del año que corresponda.

Son principios rectores de la función electoral en el Distrito Federal los de imparcialidad, legalidad, máxima publicidad, objetividad, certeza e independencia. La emisión del sufragio será universal, libre, secreta y directa.

De igual modo, la propaganda que difunda cada uno de estos órganos bajo cualquier modalidad de comunicación social, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público o elementos que se relacionen con partido político o candidato alguno.

Artículo 121.- En las elecciones locales del Distrito Federal podrán participar tanto los partidos políticos con registro nacional y los partidos políticos con registro local del Distrito Federal, como los ciudadanos que constituyan candidaturas para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos de los artículos 35 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para efectos del presente ordenamiento se considera:

I. Partido Político Nacional, aquel que cuente con registro ante el Instituto Nacional Electoral, y

II. …

Los partidos políticos con registro nacional y los partidos políticos con registro local en el Distrito Federal tienen derecho a solicitar el registro de candidatos a cargos locales de elección popular.

Los ciudadanos podrán solicitar su registro como candidatos independientes para los mismos cargos. La ley establecerá el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, y garantizará su derecho al financiamiento público, considerando, además, su derecho de acceso a la radio y la televisión en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes correspondientes.

Artículo 122.- Con relación a los partidos políticos, la Ley señalará:

I. Su derecho a recibir, de forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales así como por actividades específicas, las reglas a que se sujetará este financiamiento, y la preeminencia de éste sobre el de origen privado;

III. En los casos en que el Instituto Nacional Electoral delegue la facultad, las bases para la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Distrito Federal en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos, en los términos establecidos en el último párrafo del Apartado B de la Base V del artículo 41 de la Constitución;

IV. a VII. ...

VIII. La obligación de que en la propaganda política o electoral que difundan, se abstengan de expresiones que calumnien a las personas;

IX. y X. …

XI. El procedimiento para la liquidación de los partidos locales que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes;

XII. La obligación de promover y las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en la integración de las solicitudes de registro de candidaturas a diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que presenten los partidos en forma individual o en coaliciones, y

XIII. …

Artículo 123.- La organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público local denominado Instituto Electoral del Distrito Federal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. En dicha organización participan los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley.

Conforme a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 122 Apartado C Base Primera fracción V inciso f), en relación al artículo 116 fracción IV inciso d), el Instituto Electoral del Distrito Federal podrá convenir con el Instituto Nacional Electoral que este último se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales en el Distrito Federal en los términos que establezca la Ley.

Artículo 124.-…

El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un Consejero Presidente, seis consejeros electorales, designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, todos ellos tendrán derecho de voz y voto. También serán integrantes del Consejo General, con voz pero sin voto, los representantes de los partidos políticos y el Secretario Ejecutivo. La Ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

El personal ejecutivo y técnico del Instituto Electoral del Distrito Federal formarán parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, el cual comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina de sus servidores públicos. El Instituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de este Servicio.

El Instituto Electoral del Distrito Federal contará con servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.

En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos estará a cargo de una Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral. La Ley desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo General. En el cumplimiento de sus atribuciones la Comisión podrá dirigirse al órgano técnico contemplado en el último párrafo del Apartado B de la Base V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de superar las limitaciones impuestas por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

Artículo 125.- Los Consejeros Electorales del Consejo General durarán en su encargo siete años y no podrán ser reelectos, en los términos que señale la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley.

En caso de que ocurra una vacante de consejero electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará la designación correspondiente en términos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo.

Artículo 126.-La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero Presidente del Consejo General y los consejeros electorales del Instituto Electoral del Distrito Federal, los que estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en la ley de la materia.

Artículo 127.- El Instituto Electoral del Distrito Federal tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la educación cívica, los derechos y prerrogativas de los partidos políticos, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados, Jefe de Gobierno y titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales, la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales, así como aquéllas que le sean delegadas por el Instituto Nacional Electoral. En su caso, las atribuciones anteriores se ejercerán en los términos que fije el Instituto Nacional Electoral. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

Artículo 129.- Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de este Estatuto y según lo disponga la ley, acerca de:

I. y II. …

III. Las impugnaciones en los mecanismos de participación ciudadana;

IV. a VII. …

Artículo 132.- Los Magistrados Electorales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República. Su renovación se hará de manera escalonada. La Ley determinará las reglas y el procedimiento correspondientes para la designación.

Artículo 133.-Los requisitos para ser magistrado electoral serán los que fije la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los magistrados durarán en su encargo siete años improrrogables. El Presidente será elegido entre los propios magistrados por un periodo de tres años. Las renuncias, ausencias y licencias de los magistrados electorales serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por el Pleno.

Artículo 134.- La Ley procesal electoral establecerá un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. Asimismo, fijará los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales.

Entre las causales de nulidad de elecciones deberán considerarse las violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

Artículo 135. …

Se deroga.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.-El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- La reforma al artículo 37 de este  Estatuto de Gobierno en materia de reelección de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no será aplicable a los legisladores que hayan protestado el cargo en la legislatura que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo Tercero.- La reforma al artículo 105de este Estatuto de Gobierno en materia de reelección de los jefes delegaciones, no será aplicable a quienes hayan protestado el cargo a la jefatura delegacional que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo Cuarto.- La jornada electoral de la elección local que se verificará en 2018 se llevará a cabo el primer domingo de julio.

Artículo Quinto.- Por única ocasión, el proceso electoral local ordinario correspondiente a la elección que tendrá lugar el primer domingo de junio del año 2015 iniciará en la primera semana del mes de octubre del año 2014.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 4 de junio de 2014.

Suscriben

Sen. Luis Miguel Barbosa Huerta; Sen. Alejandro Encinas Rodríguez”.

1 FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, Derecho Constitucional Mexicano y Comparado, Porrúa, México, 2ª edición, 2001.

2 GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, Comentario al artículo 122, Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, IIJ-SENADO-Miguel Angel Porrúa, México, 2012.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Senador Alejandro Encinas. La excitativa se turna a la Cámara de Senadores y la iniciativa túrnese a las Comisiones Unidas del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.





 

Tiene ahora la palabra la Senadora María Elena Barrera Tapia, para presentar a nombre propio y de diversos legisladores de los grupos parlamentarios, un proyecto de Decreto por el que se establecen las características de diversas monedas conmemorativas alusivas a la mariposa monarca y la preservación de su ruta migratoria en América del Norte.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERISTICAS DE DIVERSAS MONEDAS CONMEMORATIVAS, ALUSIVAS A LA MARIPOSA MONARCA Y LA PRESERVACION DE SU RUTA MIGRATORIA EN AMERICA DEL NORTE, DE CONFORMIDAD CON EL INCISO C) DEL ARTICULO 2º DE LA LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora María Elena Barrera Tapia, a nombre propio y de diversos CC. Legisladores de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD, del PVEM, de Movimiento Ciudadano y de Nueva Alianza)

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su venia, señor Presidente. Compañeros legisladores de la Comisión Permanente:

Quiero reconocer la participación de quienes se han sumado a esta iniciativa, ya que su trabajo diario se ve reflejado en ello, por supuesto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de la República; al gobierno del Estado de México; al Banco de México; a la Secretaría de Hacienda y, en especial, a la Confederación Nacional Campesina del Estado de México. A la Fundación Nacional para la Conservación del Hábitat Boscoso de la Mariposa Monarca y al equipo Proyecto Ruta Monarca, así como a todos mis compañeros legisladores que han suscrito la presente, tanto de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Movimiento Ciudadano y del Partido Nueva Alianza.

En este proyecto, como ya se comentó, se establecen las características de diversas monedas conmemorativas alusivas a la mariposa monarca y la preservación de su ruta migratoria en América del Norte, de conformidad con el inciso c) del artículo 2º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Y, ¿por qué presentar y preservar la ruta migratoria de la mariposa monarca?

Quiero comentarles que durante los años 90, 19 hectáreas de Michoacán y del Estado de México se cubrían al llegar las mariposas monarcas; y en el año de 2014, en este año, solamente se cubrió menos de una.

En su ruta de casi 5 mil kilómetros desde Canadá hasta Michoacán y el Estado de México, se polinizan castas extensiones del subcontinente, generando un servicio ambiental de valor incalculable para los 3 países de Norteamérica.

El Santuario de la Mariposa Monarca es importante, pero lo es más la ruta migratoria, misma que presenta un gran número de obstáculos, retos y peligros que crecen año con año. El objetivo es, entonces, mitigar el daño causado a la ruta migratoria de la mariposa monarca en los 3 países, pero particularmente en México a través de acciones concretas, de un diagnóstico científico, de un programa de educación, también del impulso de actividades económicas, sustentables en las comunidades por donde pasan las mariposas y el lanzamiento de una plataforma internacional de monitoreo y apoyo.

En 2008, la mariposa monarca fue declarada por la UNESCO “Patrimonio Natural de la Humanidad”.

Es necesario que México lidere este tema a nivel internacional y genere proyectos de alto impacto positivo para los estados de la República por donde pasa la mariposa cada año, polinizando el campo mexicano, y me refiero a los estados de muchos de los que estamos aquí: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y el Estado de México.

El principal aliado que la mariposa monarca puede tener en México es el desarrollo rural sustentable.

Si logramos elevar la calidad de vida, los ingresos y la educación ambiental de las familias de los estados que la mariposa monarca atraviesa, entonces sabrán cómo proteger su ruta, así como además de preservar un patrimonio, un orgullo que es para todos los mexicanos a nivel internacional.

Asimismo, requerimos incorporar científicos y expertos para lograr que las mariposas lleguen a los santuarios en México, que vuelvan a contarse por millones, beneficiando al medio ambiente y la economía de toda la región.

También se requiere el empoderamiento local sustentable y la activación económica local enfocada a cubrir las demandas productivas de turistas y residentes, generando trabajo y vivienda digna para las comunidades, todo bajo estándares de calidad internacional y con una metodología científica orientada a generar resultados de alto impacto positivo.

Es, pues, una respuesta integral a un reto común: Salvar a un aliado milenario de América del Norte: la mariposa monarca.

Por su apoyo, muchísimas gracias.

(Aplausos)



- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Senadora Barrera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.





 

Se concede ahora el uso de la tribuna a la Diputado Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XII DEL ARTICULO 4 Y EL CAPITULO SEGUNDO BIS Y LOS ARTICULOS 11 BIS Y 11 TER DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

(Presentada por la C. Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT)

- La C. Diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente. Con la venia y espero el silencio de la Asamblea.

Las situaciones de violencia en las escuelas eran, hasta hace mucho o poco tiempo, invisibles, invisibles no solamente para las autoridades escolares, incluidas entre estos los profesores, para los padres de familia, sino también para la sociedad en general.

Sin embargo, el tema ha adquirido, aparentemente, ahora fama y relevancia pública dada las circunstancias tan graves de violencia escolar o bullying que tenemos en las escuelas, y como consecuencia una gran atención de los medios de comunicación.

Esto ha valido que, inclusive, una iniciativa que se ha enunciado que se presentará, que es la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar, para atender el tema de violencia en las escuelas, sea considerada como un acto de populismo legislativo y de glamour parlamentario.

Nosotros no estamos aquí para determinar si esta es en realidad un acto de populismo legislativo y de glamour o de parlamentario.

La aproximación que viene a presentar el Partido del Trabajo para tratar el tema de bullying, tiene características diferentes.

Nuestro acercamiento es constructivo, y tiene que ver con el hecho de que creemos que existe ya en el entramado, no solamente legislativo, sino también en el entramado presupuestal, los suficientes elementos no solamente para la Secretaría de Educación, sino para que todas las otras secretarías e inclusive el Poder Legislativo puedan atender el problema.

¿A qué nos referimos?

Existe ya una ley que expedimos en este Poder Legislativo en el año 2012, que es la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que trata estructuralmente el tema de la violencia en nuestro país.

Para los que saben de la atención y prevención de la violencia y el delito, saben que el tema se tiene que tratar desde dos perspectivas. Primero, la psicosocial; y segundo, la social.

Una ley general antibullying abundaría solamente en el tema del tratamiento de este asunto, como un tema social.

Nosotros decimos que ya la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, debe de atender, desde el ámbito psicosocial, claro, ya tarde, el tema del bullying.

¿Por qué? Porque la determinación de que la definición de violencia escolar no exista en esta ley general, es una omisión legislativa grave.

Es decir, el primer problema es el reconocimiento de la omisión, de que en la estructura general de atención contra la violencia en nuestro país, la violencia educativa nunca estuvo, siquiera, considerada.

Segundo. El reconocimiento, y en esto para ir más allá de lo que ha dicho el Secretario de Educación. El problema de la violencia escolar no es un problema del ámbito de lo privado, no es un problema de las familias, no es un problema de los padres de familia que se refleje en un ámbito público, como son las escuelas.

Lo que falta, finalmente, en esta Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, es la definición de violencia escolar.

Pero más allá, falta una estrategia general, que solamente fue dibujada en esta Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, es decir, se marcan, sí, las bases para la prevención social del delito, pero nunca, nunca se hizo una definición de la prevención de la violencia en las escuelas.

¿Por qué nosotros creemos que esta iniciativa es no solamente la solución inmediata, sino que además la necesaria para el ataque al bullying en nuestro país?

Primero. Por el elemento de existencia ya de una norma que creemos que no debe de repetirse.

La violencia es un problema estructural. El tratar de dividir la violencia escolar del ataque a la violencia estructural en el país, es un gran error. El tratar de decir que el ataque a la violencia en las escuelas es diferente al ataque a la violencia en las calles, en los hogares, sería un gran error estratégico de la nación.

Segundo. Porque ya existen recursos, no solamente legislativos, sino también presupuestales sobre este tema.

Veinte estados de la República cuentan ya con un Observatorio para la Prevención de la Violencia que genera números que nos pueden servir para poder determinar no solamente cuál es la verdadera incidencia y el verdadero problema que tenemos con el bullying en las escuelas, sino que puedan generarse políticas públicas al respecto.

Yo, compañeros legisladores, y sobre todo a la gente que nos escucha en el Canal del Congreso, que es finalmente para quienes estamos presentando esta iniciativa, digo que no vale subirse al oropel legislativo; vale encontrar soluciones sí inmediatas, sí eficientes y sobre todo utilizar la capacidad ya instalada.

Desde el 2010 se les ha dado recursos a los estados para el ataque a la prevención de la violencia.

Yo les contaría que solamente en Aguascalientes, este Observatorio para la Prevención de la Violencia se confundía con un Observatorio para poder ver las estrellas. Esa es la importancia que se le daba a la prevención de la violencia.

Estos Observatorios no necesitan telescopios, necesitan atención de sus funcionarios públicos, de sus gobernadores y de sus legisladores.

La propuesta que nosotros traemos a este pleno, es muy sencilla.

Primero. Determinar en el artículo 4 la definición de violencia escolar, que determinará, como consecuencia, las políticas públicas necesarias para que pueda ser atacada, no solamente desde la Secretaría de Educación. Este no es un problema aislado de la Secretaría de Educación, la violencia es un problema estructural que tiene que ver con todas y cada una de las secretarías, y con cada uno de los niveles de gobierno.

Por eso, la segunda propuesta que tenemos en esta iniciativa es una adición al artículo 11 Bis de esta Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que cause una verdadera coordinación, no solamente entre las secretarías, sino entre los distintos niveles de gobierno para aplicar los recursos ya millonarios que existen en la aplicación para erradicar la violencia en nuestro país.

Y por último, un Programa Nacional para la Prevención de la Violencia Escolar. Este plan nacional deberá atacar el problema de la violencia, no solamente escolar, sino la violencia estructural en nuestro país, que vivimos en los hogares, que vivimos en las calles y que vivimos en el día a día, para poderlo hermanar en una estrategia contra la violencia en las escuelas.

Nosotros creemos que tenemos que utilizar los elementos ya existentes: Veinte observatorios estatales contra la violencia; cinco leyes estatales para prevenir la violencia en las escuelas; una Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; y sobre todo el crear la estrategia general para el ataque a la violencia estructural en nuestro país.

Compañeras y compañeros legisladores, a quienes nos escuchan desde su casa en el Canal del Congreso, la violencia es un problema estructural que no podemos dejar de pasar.

La violencia es un problema que tiene que ser atacado desde todos los frentes. No podemos decir que está solamente en el ámbito de lo privado, como lo dijo el Secretario de Educación.

Sí, está en los hogares; sí, tiene que ver con la Secretaría de Educación; pero es un tema que se construye como una política de Estado, que tiene que ser horizontal, y de la que tenemos que ocuparnos como legisladores.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“La suscrita, LILIA AGUILAR GIL, diputada de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 4 Y EL CAPITULO SEGUNDO BIS Y LOS ARTÍCULO 11 BIS, 11 BIS Y 11 TER DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

La violencia social tiene diversas manifestaciones y escenarios, uno de ellos es en las escuelas, en la cual en los últimos años se ha estudiado un fenómeno denominado Bullying: situación en la que un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos.

La implementación de un programa de prevención de la violencia escolar, permitirá la ejecución de estrategias para prevenir y disminuir este fenómeno.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las últimas décadas han visto surgir una gran preocupación por el nivel de violencia perpetrado en las escuelas. Esta preocupación es compartida a nivel internacional. En muchos países, ha llevado al establecimiento de políticas preventivas orientadas a diagnosticar los niveles de violencia escolar e introducir programas de prevención de violencia escolar.

La violencia que se vive en la escuela es también conocida como bullying, denominación anglosajona que se utiliza para referirse al fenómeno del “matonismo”, pues matonismo o abusonismo es la situación de maltrato entre iguales que se caracteriza por el acoso y la intimidación del abusador/a sobre la víctima, en el ámbito escolar. Por lo tanto, un estudiante es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto de forma repetida y durante un tiempo a acciones negativas que lleva a cabo otro estudiante o varios de ellos. Lo que está en juego en el bullying es el deseo humano por dominar al otro, al semejante: gozar con su desgracia aunque ésta sea auto-infligida. (Lodeiro, 2009, Rivero, 2006).

La violencia en el ámbito escolar se presenta en formas variadas, al parecer ha dejado de ser una serie de incidentes espectaculares, es una realidad multiforme, diversa, cambiante, silenciosa, presente en las interacciones que se dan entre los estudiantes. Los resultados muestran que el comportamiento del maltrato presenta una característica particular: es cíclica entre los alumnos, en donde la víctima goza de periodos de aparente tranquilidad, y que las y los agresores dirigen sus acciones de intimidación a otra u otro alumno.

Pese a ello, la violencia en este ámbito ha sido oculta debido a que devela, en términos generales, una mala imagen de la institución escolar, sin embargo, los índices de ésta a nivel nacional son muy elevados.

Estudios realizados por Valadez y González señalan que la mayor parte de las manifestaciones de violencia son jaloneos, pellizcos, golpes, coscorrones, aventar objetos, rayar o pintar el cuerpo, poner el pie para que se tropiece, no dejar sentar en la banca, cachetadas, aventarles el balón a las mujeres y darles nalgadas. (Valadez y González, 2007)

Es muy usual también los insultos, las burlas, las críticas, el poner apodos, mandar recados escritos o por celular obscenos y/o de connotación sexual como palabras altisonantes, también se presentan las injurias, las calumnias, discriminar, marginar, criticar, chantajear.

Valadez y González (2007) señalan que en la escuela también se vive violencia a la propiedad y se manifiesta a través del robo de dinero y de celulares, quitar lo que compran para comer, plumas, lápices, cuadernos, rayar o maltratar los trabajos y hasta la extorsión.

En lo que concierne a las políticas públicas orientadas a abordar el fenómenos de la violencia escolar, diversos investigadores (Altheide, 2009; Body-Gendrot, 2001; Giroux, 2003; Retamal, 2010) han identificado distintas lógicas o marcos de posibilidad para la acción. Una de ellas pone el foco en la sanción y establece un orden punitivo para hacer frente”a la violencia escolar. Un ejemplo de ello son las políticas de tolerancia cero iniciadas en algunos Estados de Estados Unidos durante la década de 1990, y en las medidas de prevención situacional tales como cámaras de vigilancia y detectores de metal (Portillos, González, y Peguero, 2012). Para Hirschfield y Celinska (2011), el auge de estas medidas es señal de un cambio paradigmático, donde el marco de la “disciplina estudiantil ha sido reemplazado por el del control del crimen.

Bajo esta lógica, violencia y criminalidad se acercan conceptualmente, toda vez que ésta tiende hacia la criminalización de la violencia escolar (Portillos et al., 2012), que suele ser ejecutada como una criminalización de las minorías raciales y de la pobreza (Retamal, 2010; Watts y Erevelles, 2004). Una de las mayores implicancias de esta lógica es la segregación y exclusión social de esas mismas minorías, al formarse escuelas que parecen verdaderos "gethos" de repitentes y expulsados (Araos y Correa, 2004, p. 19).

Los programas de prevención de violencia escolar que, a nivel internacional han sido reconocidos como más exitosos (Craig, Pepler y Cummings, 2009; Olweus, 2004; Orpinas y Horne, 2006) comparten estas lógicas y difieren de la lógica penal y de tolerancia cero, puesto que, en vez de responder a la violencia con medidas que radicalizan la exclusión, buscan resolver el conflicto con acciones que visibilizan y permiten incluir la diferencia (Araos y Correa, 2004), desarrollando competencias de autoregulación individuales (Wilson, Gottfredson y Najaka, 2001) y de protección y agenciamiento de la comunidad escolar (Astor y Benbenishty, 2006; Hawkings, Catalano, Arthur, Egan, Brwon, Abbott y Murray, 2008). Así, mientras que la lógica penal y de tolerancia cero produce cero conocimiento(Astor y Benbenishty, 2006), la lógica formativa-preventiva busca empoderar a las escuelas y a las comunidades que las rodean con información y mecanismos para que puedan participar en resolución de temáticas de violencia escolar.

Según Debarbieux (2001), las políticas educativas corresponden a formas de construir socialmente, no sólo la concepción la violencia escolar, sino también la manera en que ésta se debe abordar, enfrentar, afrontaretc. Así, en el acto de dar verbo a la acción, el discurso social deja entrever la lógica que subyace a ésta.

El derecho a la educación sólo puede garantizarse en un entorno seguro y democrático, donde los alumnos aprendan a poner límites, negociar y resolver conflictos de manera pacífica, evitando la discriminación y los escenarios de violencia. Este clima de seguridad no consiste sólo en garantizar la seguridad de los alumnos al interior de los centros escolares sino también en el entorno social que lo circunda, mediante una estrategia eficaz de atención, prevención y erradicación de la violencia entre pares.

México no ha sido ajeno a los estudios sobre Bullying, en un estudio denominado “Estudio exploratorio sobre maltrato e intimidación entre escolares 2008 y 2009”,realizado conjuntamente por el Gobierno del Distrito Federal y la Universidad Intercontinental a 2 mil 930 niños, niñas y jóvenes de 16 Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), de 14 primarias y de 15 secundarias, además de 541 adultos miembros de la comunidad escolar, se encontró que de manera global el 92 porciento de estudiantes de nivel primaria y secundaria reportó acoso escolar, y 77por ciento ha sido víctima. De quienes son agresores o testigos de actos de violencia dentro de las escuelas, se tiene que en nivel primaria cerca del 80 por ciento de niños expresaron estar viviendo, observando y/o ejerciendo violencia hacia y por parte de sus compañeros de escuela; en secundaria es de 63 por ciento, mientras que en preescolar la cifra llega a 36 por ciento. (SEDF, 2008).

En otro estudio realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en el año 2005, sobre disciplina, violencia, y consumo desustancias nocivas a la salud en primarias y secundarias de la República Mexicana, se aplicaron cuestionarios a alumnos y docentes de primaria y secundaria, cuyo propósito principal fue recabar información que permitiera explicar los diferenciales del logro escolar; un objetivo adicional consistió en explorar temáticas específicas para la mejor comprensión del funcionamiento de las instituciones escolares, una de estas temáticas fue el acoso entre pares, que nos permite acercarnos al fenómeno del Bullying en México.

Dichos cuestionarios exploraron la participación de los alumnos en actos de violencia. Para el caso que aquí interesa observar que es el fenómeno del Bullying, alrededor de uno de cada diez estudiantes de nivel primaria dijo haber robado o amenazado a sus compañeros.

La Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia es un logro sumamente importante para la prevención de la violencia en nuestro país. Dicha Ley sienta las bases para garantizar que las políticas públicas que se diseñen e implementen en materia de prevención sean transversales y que se desarrollan en los tres órdenes de gobierno.

Esta Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.

Establece que la prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan.

No obstante esta Ley debe fortalecerse en el establecimiento de la definición de violencia escolar y la coordinación de instituciones para prevenir y reducir los factores de riesgo,  este lamentable hecho.

Con la existencia de una institución que se coordine para articular esfuerzos a diferentes niveles de gobierno y con diversos actores brindara liderazgo, cohesión y facilitara el monitoreo, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de las políticas públicas en materia de prevención a la violencia escolar.

Asimismo el Centro nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, aborda la prevención desde un enfoque integral que aborda los diferentes ámbitos de prevención: situacional, social, comunitario y psicosocial.

Por lo que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, dentro de sus facultades  es promover entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno la participación ciudadana y comunitaria en las tareas de prevención social de la violencia y la delincuencia.

Por lo que es de suma importancia que en esta Ley General se contemple la violencia escolar y atribuciones que tendrá el Centro Nacional de Prevención del Delito y participación Ciudadana, para su coordinación con otros entes públicos para prevenir este fenómeno que está creciendo en México.

Decreto por el que adicionan la fracción XII del artículo 4 y el Capítulo Segundo Bis y los artículos 11 Bis y 11 Terde la Ley General Para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Artículo Único. Se adicionan la fracción XII del Articulo 4 y el Capítulo Segundo Bis y los artículos 11 Bis y11 Ter de la Ley General Para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para quedar como sigue:

Articulo 4.-

I al XI…

XII.- El acoso escolar: Es toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición.

Capitulo Segundo Bis
Violencia Escolar

Artículo 11 Bis.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, se coordinará con la Secretaría de Educación Pública y con los organismos responsables de la educación en las entidades federativas y del Distrito Federal, con la finalidad de promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamiento.

Así como, realizar campañas orientadas a prevenir la violencia escolar y evitar los factores y causas que originan este fenómeno.

Artículo 11 Ter.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y la Secretaría de Educación Pública elaborarán un programa de prevención de la violencia escolar, que permita implementar estrategias para prevenir y disminuir la violencia escolar.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dip. Lilia Aguilar Gil (Rúbrica)”.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputada Lilia Aguilar. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.





 

Informo a la Asamblea que en la agenda de hoy tenemos una iniciativa que reforma diversas disposiciones en materia de violencia escolar y expide la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar.

Esta iniciativa viene suscrita por Senadores de los diversos grupos parlamentarios. La Mesa Directiva acordó que para su presentación, los oradores tendrán el uso de la palabra, hasta por tres minutos, en este orden: Senadora Mariana Gómez del Campo, Senadora Angélica de la Peña Gómez y Senador Omar Fayad Meneses.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA ESCOLAR Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por los CC. Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Angélica de la Peña Gómez y Omar Fayad Meneses, a nombre propio y de los CC. Senadores María Lucero Saldaña Pérez, Raúl Morón Orozco, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Lisbeth Hernández Lecona, Jorge Luis Lavalle Maury, Rabindranath Salazar Solorio, Marco Antonio Blásquez Salinas y Mario Delgado Carrillo)

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Estudios de la UNAM y el Politécnico Nacional revelan que entre el 60 y 70 por ciento de los alumnos de nivel básico han sufrido algún tipo de violencia.

Quiere decir que de los 25 millones de estudiantes que tenemos en educación básica, 18.7 millones han sido víctimas o testigos de acoso escolar.

Esta realidad confirma el diagnóstico dado a conocer hace unos días por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que sitúa a México como el primer lugar en la incidencia del bullying a nivel internacional.

Lamentamos profundamente que haya tenido que ocurrir la muerte de Héctor Alejandro, de 12 años, en Tamaulipas, para que toda la sociedad volteara la mirada hacia este problema y reaccionara con indignación.

Desde el año 2012 hemos presentado una serie de propuestas legislativas en el Senado, no para criminalizar a los niños, sino para prevenir, atender y erradicar este tipo de violencia.

Esta iniciativa que está siendo firmada por Senadores de todos los partidos políticos, del PAN, del PRI, del PRD y del PT, lo que busca, primero, es llenar el vacío legal que hoy fomenta tanto al bullying como a la impunidad. Un vacío que se refleja en que sólo cinco estados del país cuentan con legislación en la materia.

Segundo. Requerimos de una ley que tome en cuenta el rol de la Federación y el de los estados, en materia educativa y sus competencias, para que tengamos claro cuáles serán las tareas y responsabilidades.

Tercero. El énfasis de la ley está en la prevención. Hay que prevenir que ocurran hechos de violencia en lugar de reaccionar y lamentar una vez que ya se produjeron los daños.

Estamos proponiendo un nuevo modelo educativo donde los alumnos tengan derechos, pero también obligaciones.

Quiero anunciarles que vamos por una modificación en los planes de estudios. Queremos que haya una materia específica de corte humanista, donde nuestros niños y adolescentes se les impartan valores, cultura del respeto a los derechos humanos, la no discriminación, el cuidado del entorno y su salud.

Si hoy México es primer lugar internacional en bullying, en diabetes y en obesidad infantil, tenemos que actuar para revertir estas situaciones y comenzar a ser modelo a nivel mundial en cuestiones positivas.

Queremos involucrar con esta iniciativa a maestros, padres de familia, a los estudiantes y, por supuesto, a hacer lo necesario para darle el impulso y poder también contar con una escuela para padres, que ellos puedan desde ahí conocer mucho más cerca qué es lo que ocurre con sus hijos y con su educación en las escuelas de nuestro México.

Yo espero que pronto podamos estar legislando al respecto en este Senado de la República y que no sigamos permitiendo que un solo niño más muera a causa del acoso escolar en nuestro país.

Vamos a evitar estas muertes, hagamos nuestro trabajo desde el Senado de la República, desde la Cámara de Diputados, para legislar pronto al respecto.

Es cuanto.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracia, Senadora Mariana Gómez del Campo.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

Bueno, primero quiero decir que es importante que estemos tratando este tema en el Congreso de la Unión, en la Permanente, pero no es un tema nuevo, no es un tema que es privativo solamente de nuestro país, y por supuesto hay referencias muy importantes en otros países del mundo que están dando como resultado acciones muy concretas para prevenir, para atender y definir acciones de mediación, incluso entre las propias niñas, niños y adolescentes, y dirimir cuando se está frente a un asunto que tiene que ver con una comisión de delito.

A mí me preocupa mucho el sentido, la visión que se da al tema, incluso en algunas voces respecto de criminalizar el problema.

Hay que diferenciar, insisto, cuando tiene que intervenir la justicia para adolescentes infractores, y eso es muy claramente inscrito en la Constitución cuando está una afrenta a un ordenamiento penal.

Me preocupa sobremanera, que desde ahora todos los casos de lo que se conoce como bullying, que es la intimidación entre pares, entre niñas, niños y adolescentes, se pueda estar dando la impresión de que ese es un tema de la justicia para adolescentes infractores.

No es así, salvo cuando se está frente a una afrenta, a un ordenamiento de naturaleza penal, a nivel local o a nivel federal. Me parece que eso es muy importante dirimirlo.

Dos. El tema tiene que ver con una violencia estructural, niñas, niños y adolescentes sufren violencia, son víctimas de violencia en sus familias, en la comunidad, etcétera, y como víctimas vienen a las escuelas a ser victimarios, siempre socavando a la niña, al niño que es diferente a los demás: el más tímido, el más solitario, el que es gordito, flaquito, morenita, tiene lentes, etcétera, etcétera.

Entonces, yo creo que el que tengamos la oportunidad de manera puntual en el Senado de la República donde se va a dictaminar, entre otras, la iniciativa que hoy se está presentando ante esta tribuna, y por supuesto que nos obliga a atender las otras iniciativas que están ahí en comisiones, entre ellas quiero destacar la del Senador Miguel Romo y, por supuesto, la iniciativa que tiene que ver con la protección integral que garantice los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, porque, y con esto termino, este asunto tiene que verse de manera integral y, claro, sin eludir que cuando se trate de un acto de autoridad, en donde tienen que ver acciones por omisión o comisión por parte de la autoridad, en este caso son maestras y maestros, claro, ahí tienen que intervenir también otras instancias como las comisiones de derechos humanos.

Entonces, el tema hay que verlo integral, autoridades que no pueden eludir su responsabilidad, padres, madres, sociedad y, por supuesto, instancias desde la propia educación que tienen que triangular siempre teniendo en el centro a la niña, al niño, al adolescente, para que la escuela no se convierta en un lugar en donde se sufra violencia y donde también provoca mucha deserción y casos dramáticos, incluso  niñas y niños que han intentado suicidarse o logran quitarse la vida.

Es cuanto.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Se concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

Imagínense la importancia que ha revestido este tema de la violencia y el acoso, que nos ha ocupado ya cuando menos un par de sesiones de la Comisión Permanente. Porque no es un tema menor, estamos hablando de un tema muy importante y coincido con quienes me han antecedido en el uso de la palabra, no es un tema simple y llanamente de criminalización de conductas infantiles o criminalización de conductas de autoridades que tienen que ver en la materia.

Este es un tema educativo y cultural, es un tema de fomento de valores, es un tema de atención preventiva, es un tema de articulación de acciones y de políticas públicas. Pero no nos confundamos con lo que se trató aquí la pasada semana en la Permanente, aquí se habló y aprobamos, todo el Senado y la Cámara de Diputados representadas en la Comisión Permanente, un punto de Acuerdo para darle seguimiento al caso de Tamaulipas, para ahí sí, en ese caso específico, penalizar las conductas de quien tenga responsabilidad, si es que así la autoridad lo determina, por una parte; y por otra, revisar la conducta de los menores y revisar si ésta se tiene que sujetar a lo previsto en la Constitución y en las leyes que tienen que ver con el tratamiento de los menores cuando éstos cometen infracciones o cometen conductas que están tipificadas en la ley como delitos, y que a ellos se les debe de aplicar al caso concreto lo que la ley y las autoridades competentes establezcan.

Esto no es lo mismo, esto que estamos proponiendo un grupo de Senadores de los partidos políticos de quienes firmaron, particularmente, hoy estamos aquí impulsándola el PAN, el PRD y el PRI, juntos estamos mandando un mensaje muy claro: queremos que se le dé un tratamiento específico al tema, que no se nos diga que ya está todo en las leyes y que no hay nada qué hacer. Hay que revisarla, y por eso proponemos un proyecto de ley general para el tema de la prevención y atención de la violencia y el acoso escolar, mejor conocido popularmente como el bullying.

Eso es lo que estamos proponiendo en esta tribuna, y con esta participación me permito señalarle a las comisiones respectivas, en el Senado particularmente, que ya hay iniciativas, tan solo de mi grupo parlamentario, el PRI, el Senador Miguel Romo presentó una iniciativa al respecto, que está ahí esperando ser dictaminada; que en mi grupo parlamentario, el PRI, también las Senadoras Ivonne Alvarez, Margarita Flores, Mely Romero y Angélica Araujo presentaron una iniciativa al respecto que está allí.

¿Qué queremos ahora con esta iniciativa que estamos promoviendo integrantes de todas las fracciones parlamentarias?

Mandar un mensaje muy claro, urge dictaminar todas, y ahora esta iniciativa, para que logremos los consensos necesarios en un tema tan delicado en el que tenemos más coincidencias que diferencias.

Por eso, amigas y amigos, junto con los compañeros Senadores que presentamos la iniciativa impulsaremos la idea de que se haga una ley general al respecto, de que se dictaminen todas las iniciativas y de que finalmente tenemos, en la parte preventiva y en la parte legislativa, la respuesta que los mexicanos están esperando.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, MARIA LUCERO SALDAÑA PEREZ, RAUL MORON OROZCO, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, LISBETH HERNANDEZ LECONA, OMAR FAYAD MENESES, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS Y MARIO DELGADO CARRILLO, Senadoras y Senadores de la República integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II, así como por los artículos 8° numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR Y SE REFORMAN DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y EL CODIGO PENAL FEDERAL, conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Como legisladoras y legisladores, hemos sido y seguiremos siendo insistentes en la necesidad de contar con un marco legal que prevenga, atienda y erradique el problema de la violencia escolar.

En sesión del 11 de diciembre de 2012, presentamos iniciativas con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar y se reforman las fracciones IX y X del artículo 75 de la Ley General de Educación y el inciso D) del artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se adiciona el artículo 149 Quater del Código Penal Federal; en esa misma fecha, también se presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General de Convivencia, Prevención y Atención del Acoso Escolar.

Ambas iniciativas, coincidentes en el objetivo, se turnaron para su dictaminación a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

Las iniciativas, con independencia de tener denominaciones diferentes, son plenamente coincidentes en el propósito de alcanzar acciones legislativas plenas, amplias e integrales para contar a nivel nacional con un marco jurídico general que prevenga, atienda y erradique el problema creciente de violencia en el entorno escolar, dentro del cual se encuentra el acoso escolar conocido como “bullying”.

Diversos estudios ponen a México en una situación crítica en violencia escolar. En secundaria la situación es alarmante. La exclusión y discriminación que se dirige al niño o niña que es diferente se intensifica. Va desde las palabras hirientes hasta la violencia física. En ese escenario, lo ordinario, la paz, se vuelve extraordinario, mientras que lo excepcional, conquista mayores espacios.

Los menores hablan, pero los adultos no entendemos. Ellos piensan que los hemos abandonado, la realidad es que no los conocemos.

 La realidad es muy simple: los adultos no sabemos qué hacer. No sabemos qué tenemos enfrente y cómo podemos actuar ante los casos de violencia escolar.

Durante el 2013, los senadores trabajamos para alcanzar acuerdos en un texto común, trabajando con constancia para arribar en consenso a la dictaminación. Sin embargo, esta no fue posible. Los textos que aquí se presentan son fruto de esos trabajos y de nuevo los refrendamos.

Mientras la realidad avanza, la norma desafortunadamente se queda atrás; ejemplo de ello son los casos reportados en los medios de información y las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por ello, el 11 de febrero de 2014, algunos Senadores solicitamos excitativa para que se dictaminen las diversas iniciativas en el Senado de la República sobre el tema.

Lo hicimos porque nuestra responsabilidad de proteger a las niñas, niños y adolescentes es categórica y porque es necesario avanzar en un marco legal que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno, haga partícipes a las madres y padres de familia y a la comunidad educativa en general en su resolución y provea instrumentos, información y mecanismos interinstitucionales para planear programas de prevención, dotar de procedimientos especializados para saber qué hacer y a dónde acudir cuando se presenta el problema y, en su caso, canalizar a los responsables las autoridades competentes.

Madres, padres de familia o tutores, nos han externado su preocupación sobre el problema. La violencia no distingue territorios ni ingresos. Ante sus gritos, el llanto, la desesperación, en las instancias oficiales se les ha respondido con silencio, que es la mayoría de las veces involuntario por desconocimiento.

La violación de los derechos fundamentales de los menores, además de la constante victimización a la que se somete a la niñez y la juventud mexicana, a las madres, padres de familia o tutores y a la sociedad en general, es dolorosa. No podemos acostumbrarnos a un ambiente de violencia.

Las niñas y niños sufren por la violencia, como generadores o como receptores de la misma. Los padres y madres de familia no saben qué hacer. Las autoridades no están capacitadas para enfrentar la problemática. Mientras tanto, niñas y niños se mueren lamentablemente.

El estado mexicano debe asumir sus responsabilidades. Si los derechos humanos son en serio, es tiempo de que legislemos con visión para proteger a las niñas, niños y adolescentes, para que convivan en paz, en armonía, en libertad.

No podemos permitir que el espacio escolar, el más seguro que debe existir, esté afectado por la violencia.

La garantía de los derechos humanos, por ser primaria, debe dirigirse en primer lugar a la defensa de nuestra niñez y juventud.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos 7°, 14,  69 y 75 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7°.- ...

I. a V. …

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento, fomento y promoción de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VII. a XVI. …

Artículo 14.- …

I. …

I BIS.- …

II. …

II. BIS.- …

II. TER.- Elaborar, diseñar e implementarun Programa de Escuela para Padres, que implique la participación permanente de madres, padres de familia o tutores, con el objeto de proporcionar capacitación sistemática y específica que les permita optimizar su capacidad formativa y educativa  en los hogares.

III. a VIII. …

VIII. BIS.- Incluir en el Plan de Estudios, una materia que promueva y difunda los efectos negativos de enfermedades como la diabetes y la obesidad, así como los medios para prevenirlas.

IX. a XIII. …

Artículo 69.- ...

...

Este consejo:

a) y b)

b)

c) Conocerá de las acciones educativas y de prevención que realicen las autoridades para que los  educandos conozcan, prevengan, detecten y reporten los incidentes de violencia en el entorno escolar, así como la posible comisión de hechos delictivos que les afecten de forma directa o indirecta;

d) y e) ...

f) Propiciará la colaboración de maestros y padres de familia, trabajadores administrativos, personal directivo y estudiantes, y en general los integrantes de la comunidad educativa para salvaguardar la integridad y educación plena de las y los educandos y promover una convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

g) al o) ...

Consejos y Comités análogos deberán operar en las escuelas particulares de educación básica y media superior.

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. a IX. …

X.- Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de las y los alumnos o llevar a cabo, tolerar o permitir, sin tomar las medidas necesarias para evitarlo, actos de violencia en el entorno escolar dentro de las instalaciones educativas o dentro del horario escolar o como parte de las actividades extracurriculares; incluyendo el que se inhiba la denuncia ante las autoridades correspondientes;

XI.- Ocultar a las madres, padres de familia o tutores las conductas de las y los alumnos que notoriamente deban ser de su conocimiento o no comunicar mediante los canales correspondientes que sus hijos o tutelados ejercen actos de violencia en el entorno escolar dentro de las instalaciones educativas o dentro del horario escolar o durante el desarrollo de las actividades extracurriculares;

XVII.- Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas y adolescentes embarazadas o que se les condicione su inscripción y/o permanencia en el sistema; y

XVIII.- Ejercer algún acto de discriminación que atente, vulnere o restrinja el derecho a la educación de las mujeres, niñas y niños o atente contra el acceso a la educación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.1

ARTICULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. de la Constitución. Las leyes promoverán las medidas necesarias para que:

A a C. ...

D. Se impulse la enseñanza y respeto de los derechos humanos, en especial la no discriminación, la convivencia libre de violencia en el entorno escolar y  la cultura de la paz.

E a G ...

ARTICULO TERCERO. Se adiciona un Capítulo Segundo Violencia Escolar por Medios Electrónicos, conel artículo 149-Quater, modificando la denominación del Capítulo Único Discriminación, a Capítulo Primero Discriminación del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo Primero

Discriminación

Artículo 149 Ter. ...

Capítulo Segundo

Violencia Escolar por Medios Electrónicos

Artículo 149-QUATER. Al que difunda con o sin autorización, imágenes, videos, texto y cualquier otro elemento través de medios electrónicos, ya sea de comunicación o de información, cuya finalidad sea menoscabar la dignidad, buena imagen, decoro, honor, privacidad, intimidad o cualquier otro derecho humano de la víctima de violencia en el entorno escolar, se le condenará a la reparación y restauración del daño que haya sufrido la persona afectada.

ARTICULO CUARTO.- Se expide la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar, para quedar como sigue:

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I

De los principios de la ley

Artículo 1°. Esta Ley regula la convivencia libre de violencia en el entorno escolar que deben promover, en el ámbito de sus respectivas competencias, la Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, a fin de prevenir, evitar y erradicar la violencia, en concordancia con los fines de paz, tolerancia y respeto de la educación previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de la Educación y demás disposiciones legales aplicables.

Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y de observancia general en toda la República y tienen por objeto:

I. Establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de una cultura de paz, igualdad de género y de derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, orienten el diseño e instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas para reconocer, atender, erradicar y prevenir los distintos tipos de violencia en el entorno escolar, que se presenta en los niveles básico, medio superior y superior, tanto público como privado que se imparten en la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios;

II. Diseñar mecanismos, instrumentos y procedimientos que garanticen el derecho de las personas que integran la comunidad educativa a una vida libre de violencia en el entorno escolar, promoviendo una convivencia pacífica y la seguridad escolar en los centros educativos;

III. Impulsar la coordinación interinstitucional para atender, erradicar y prevenir la violencia en el entorno escolar;

IV. Establecer mecanismos de participación en el diseño e instrumentación de las políticas públicas en materia de prevención, atención y seguimiento de la violencia en el entorno escolar, con la participación de instituciones de la Federación, las entidades federativas y los municipios, en conjunto con instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de padres de familia, niños, niñas y adolescentes y la comunidad educativa en general;

V. Fomentar entre los integrantes de la comunidad educativa la facultad para establecer, ejecutar y en su caso, dar seguimiento y evaluar las acciones, proyectos y programas en materia de seguridad en las escuelas;

VI. Promover la creación y, en su caso, la modificación de los planes y programas de estudio que contribuyan a la prevención de la violencia en el entorno escolar desde un ámbito integral, multifactorial y multidisciplinario en coordinación con las autoridades de la Federación, las entidades federativas y los municipios;

VII. Promover y propiciar la corresponsabilidad social y la cohesión comunitaria para garantizar una convivencia libre de violencia en el entorno escolar, con especial énfasis en la fraternidad, solidaridad y sentido de pertenencia; y

VII. Crear y fortalecer la interacción segura de la comunidad educativa al interior y exterior de las escuelas.

En todo lo previsto por la presente Ley, siempre con atención al interés superior de los niños, niñas y jóvenes, se observarán las disposiciones normativas compatibles con su objeto contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley para la Protección de los Derechosde Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Educación, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como todo lo dispuesto en los Tratados Internacionales y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en la materia ratificados por el Estado Mexicano.

La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponde a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia Ley establece.

La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en el ámbito de su competencia, podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley.

Artículo 2°. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Adolescentes: Las personas que tienen más de 12 años y menos de 18, de conformidad con la Ley para la Protección de los Derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes;

II. Autoridad educativa federal o Secretaría: a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal;

III. Autoridad educativa local: al ejecutivo de cada una de las entidades federativas, así como a las entidades u organismos descentralizados que, en su caso, establezcan para el ejercicio de la función social educativa;

IV. Autoridad educativa municipal: al ayuntamiento de cada municipio;

V. Buzón escolar: contenedor físico y electrónico donde  se depositarán y recibirán los reportes, informes, quejas y denuncias sobre incidentes de violencia en el entorno escolar;

VI. Comunidad educativa: la conformada por las y los estudiantes, así como por el personal docente, directivos escolares, personal administrativo de las escuelas tanto públicas como privadas, madres, padres de familia y, en su caso, tutores;

VII. Consejo de clase: sesiones convocadas por alumnos que integran un salón de clases y el docente titular del grupo y una madre y/o padre de familia;

VIII. Comité para la Convivencia Escolar: es un órgano colegiado que se integrará por autoridades escolares, personal docente, madres, padres de familia o tutores , así como las y los alumnos del Centro Educativo;

IX. Debida diligencia: la obligación de las personas que tienen la calidad de servidores públicos en la Federación, las entidades federativas y los municipios, para escuchar, considerar y dar respuesta eficiente, eficaz, oportuna y responsable que garantice la aplicación y respeto de los derechos de las niñas, los niños, las y los jóvenes;

X. Discriminación entre la comunidad educativa: toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas que integran la comunidad educativa;

XI. Entidades federativas: los 31 Estados que integran la Federación y el Distrito Federal;

XII. Entorno escolar: ambiente en que interactúan sistémicamente y se rodean recursivamente los elementos, participantes y circunstancias de la comunidad educativa;

XIII. Escuela o Centro Educativo: el inmueble o plantel en que presta sus servicios una institución educativa, pública o privada

XIV. Espectador: aquella persona que presencia, con motivo de su participación o interacción en la comunidad educativa, incidentes de violencia en el entorno escolar;

XV. Estudiante: es la persona sin importar edad curse sus estudios en alguna institución educativas de nivel básico, medio superior y superior, tanto público como privado de la Federación, entidades federativas y municipios que cuente con reconocimiento de validez oficial de estudios por parte de las autoridades correspondientes;

XVI. Interés superior de la infancia: conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que le permita al menor vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible;

XVII. Joven: es toda persona mayor de 12 y menor de 29 años, de conformidad con la ley del Instituto Mexicano de la Juventud;

XVIII. Ley: la Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar;

XIX. Niñas y Niños: Las personas de hasta 12 años incompletos, de conformidad con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

XX. Observatorio: el Observatorio Ciudadano para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar;

XXI. Organizaciones de la Sociedad Civil: agrupaciones u organizaciones mexicanas que, estando legalmente constituidas, realicen alguna o algunas de las actividades de apoyo, promoción y defensa de los derechos humanos, en materia de promoción de la cultura de la paz, prevención o atención de la violencia en el entorno escolar que no persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso, sin menoscabo de las obligaciones señaladas en otras disposiciones legales;

XXII. Persona generadora de violencia en el entorno escolar: estudiante o estudiantes, personal docente, directivos escolares, personal administrativo de las escuelas, madres, padres de familia o tutores que, individual o conjuntamente, infligen algún tipo de violencia en el entorno escolar en cualquiera de sus tipos o modalidades contra otro integrante o integrantes de la comunidad educativa;

XXIII. Persona receptora de violencia en el entorno escolar: cualquier integrante de la comunidad educativa que sufra algún tipo de violencia en el entorno escolar en cualquiera de sus tipos o modalidades por parte de otro integrante o integrantes de la comunidad educativa;

XXIV. Personal Escolar: todo individuo que mantenga una relación laboral con el Centro Educativo, que incluye enunciativamente a quienes realizan funciones directivas, docentes, de supervisión, administrativas, de enfermería, portería, consejería, trabajo social piscología, de mantenimiento, limpieza, seguridad, entre otras;

XXV. Programa: el Programa Nacional para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar;

XXVI. Promoción de la cultura de la paz: conjunto de valores, actitudes y comportamientos, los cuales permitan un modo de vida y acción que, inspirándose en ella, reflejan el respeto de la vida, de la persona humana, de su dignidad y sus derechos, el rechazo de la violencia, comprendidas todas las formas de terrorismo, y la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad, tolerancia y entendimiento tanto entre los pueblos como entre los grupos y las personas;

XXVII. Red: la Red Nacional para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar;

XXVIII. Reglamento para la Convivencia Escolar: documento aprobado por el  Comité para la Convivencia Escolar que contiene, entre otros elementos, las medidas para evitar la violencia en el entorno escolar, el conjunto de derechos, obligaciones, responsabilidades, prohibiciones, infracciones y sanciones que rigen las actividades de la comunidad educativa para la convivencia libre de violencia en el entorno escolar;

XXIX. Recriminación: respuesta que pone en peligro, amenaza o daña a quien siendo integrante de la comunidad educativa reporte o informe sobre incidentes de violencia en el entorno escolar;

XXX. Secretaría: Secretaría de Educación Pública;

XXXI. Víctima directa de Violencia en el Entorno Escolar: menores de edad que generan algún tipo de violencia en el entorno escolar, menores de edad que reciben algún tipo de violencia en el entorno escolar y mayores de edad integrantes de la comunidad educativa que reciben algún tipo de violencia en el entorno escolar;

XXXII. Víctima indirecta de Violencia en el Entorno Escolar: familiares y, en su caso, tutores de la persona receptora en la comunidad educativa, personas que tengan o hayan tenido relación o convivencia con aquella y que sufran, hayan sufrido o se encuentren en situación de riesgo por motivo de la violencia en el entorno escolar; también se considerará aquellas personas que presencien la violencia en el entorno escolar que se ejerce contra integrantes de la comunidad educativa, en calidad de espectadores, y

XXXIII. Violencia: es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y muerte.

Artículo 3°. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por violencia en el entorno escolar todas aquellas conductas generadas individual o colectivamente, que ocurren durante un periodo, generando una forma de interacción en la que este proceso se reproduce o prolonga, tanto dentro como fuera de los planteles educativos o del horario escolar, entre integrantes de la comunidad educativa o con motivo de las relaciones que de ella se derivan, que violan la integridad física, psicológica, moral o social de otra persona o grupo, asociados a los distintos tipos de violencia señalados en el artículo 4 de la presente Ley que se manifiestan como maltrato, intimidación, acoso, hostigamiento, abuso, discriminación, dominación, sumisión, amenaza, agresión, burla, humillación, o cualquier otra, y que tienen como intención poner en riesgo, pretender causar o causar un daño a la integridad de la persona receptora o víctima directa de violencia, uno o varios de sus derechos fundamentales, además de producirle, en el caso de los estudiantes, bajo rendimiento escolar, deserción, depresión, inseguridad, baja autoestima, temperamento agresivo y alteraciones en la emoción y la conducta, entre otras.

Además de la prevención, atención y seguimiento de los incidentes de violencia en el entorno escolar entre estudiantes, los sujetos a que se refiere la presente Ley deberán tomar las previsiones necesarias respecto a los incidentes de violencia entre integrantes de la comunidad educativa, enunciativamente los que ocurren mediante el aprovechamiento de una situación de superioridad o de indefensión entre docentes y estudiantes, padres de familia y estudiantes y entre maestros/autoridades escolares y padres de familia, así como de los roles de reproducción de la violencia en el entorno escolar, tanto en forma directa como indirecta, que situacionalmente pueden asumir los integrantes de la comunidad educativa.

Artículo 4°. Para efectos de esta Ley, son tipos de violencia en el entorno escolar los siguientes:

I. A través de las Tecnologías de la Información y Comunicación: toda violencia psicoemocional implementada a partir del uso de plataformas virtuales y herramientas tecnológicas, tales como chats, blogs, redes sociales, foros de discusión, correo electrónico, mensajes de texto enviados por aparatos celulares, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, páginas web, teléfono y otros medios tecnológicos, incluyendo la suplantación de identidad por esa vía de comunicación, que se genera de manera anónima y cuya intención es la difusión masiva del contenido a la mayoría de integrantes de la comunidad educativa;

II. Económica: acciones u omisiones que afectan la supervivencia económica de la víctima o que tienden a desvalorar o humillar psicoemocionalmente por la situación económica de la persona;

III. De género: acto de violencia basado en la pertenencia a un sexo o género, según sea el caso, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad;

IV. Familiar: es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a los miembros de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho de carácter familiar,

V. Feminicida: es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad, pudiendo culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres;

VI. Física directa: toda acción u omisión intencional que causa un daño corporal, enunciativamente, golpes, fracturas, quemaduras, heridas, entre otras;

VII. Física indirecta: toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en las pertenencias, como la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos u otras pertenencias;

VIII. Por exclusión social: acciones u omisiones que tienen como intención ignorar, aislar o excluir a algún integrante de la comunidad educativa.

IX. Por orientación sexual: acciones u omisiones basadas en prejuicios, estereotipos, categorizaciones y generalizaciones asociadas a la orientación sexual de las personas y a sus preferencias, intereses, demandas y estilos de vida y/o acciones u omisiones discriminatorias contra personas por ser lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero, intersexuales, o heterosexuales;

X. Psicoemocional: toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, indiferencia, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y auto valorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica. También comprende actos u omisiones cuyas formas de expresión pueden ser silencios, prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, insultos, actitudes de descuido, devaluatorias o de abandono que provoquen daño en cualquiera de sus esferas cognoscitiva, conductual, afectiva y social;

XI. Sexual: toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, inducción, violación o el uso denigrante de la imagen, y

XII. Verbal: acciones violentas no corporales que se manifiestan a través del uso del lenguaje, como los insultos, poner sobrenombres descalificativos, humillar, amenazar, generar rumores, desvalorizar en público, entre otras.

Los anteriores tipos de violencia son enunciativos y no excluyen otros que las leyes establezcan y que por razón de su objeto también le resulten aplicables.

Artículo 5°. Los principios rectores de esta Ley son:

I. Salvaguardar el interés superior de la infancia y la protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes;

II. La protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes;

III. El respeto, promoción y protección de los derechos humanos;

IV. El desarrollo integral de la persona

V. La prevención de la violencia en el entorno escolar;

VI. La no discriminación y el respeto a la pluralidad y diversidad;

VII. La cultura de paz;

VIII. La igualdad de género;

IX. La resolución pacífica de conflictos;

X. El fortalecimiento de la cohesión comunitaria;

XI. La igualdad;

XII. La interdependencia;

XIII. La integridad;

XIV. La coordinación interinstitucional;

XV. La resiliencia;

XVI. La participación ciudadana de la comunidad educativa, con especial énfasis en la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Es obligación de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios garantizar la planeación, ejecución y seguimiento de una política pública encaminada al cumplimiento de los objetivos y la consecución de los principios de esta Ley para promover una convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

En el cumplimiento de la presente Ley se deberán tutelar y respetar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes reconocidos en la Constitución, y en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en particular el derecho a una educación libre de violencia.

Los principios de esta Ley, que forman una familia para la consecución de su objeto, conviven en franca armonía y las autoridades administrativas, en su ejecución, deben regir su actuación en cumplimiento de todos, aun en los casos de posibles conflictos que entre ellos pudieran presentarse.

Capítulo II

De los derechos

Artículo 6°. La persona receptora de cualquier tipo de violencia en el entorno escolar tiene derecho a:

I. Ser escuchada y tratada con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos tanto por la comunidad educativa, como por las autoridades competentes;

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades de la Federación, de las entidades federativas y los municipios y de las encargadas de la salvaguarda y protección de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, cuando se encuentre en riesgo su integridad física, psicológica o social;

III. Recibir información, veraz, oportuna  y suficiente que le permita decidir sobre las opciones de atención;

IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita;

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico;

VI. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia;

VII. A ser canalizada a las instancias correspondientes para su atención oportuna según sean las circunstancias y las necesidades de cada caso;

VIII. En caso de riesgo grave a que se dicten medidas cautelares tendientes a salvaguardar su integridad física a fin de asegurar su derecho a la vida, integridad y dignidad, y

IX. A la reparación del daño moral y, en su caso, a recibir una indemnización civil o patrimonial para restablecer su integridad patrimonial o el pago de daños y perjuicios.

Artículo 7°. La persona que por sus actos se define como generadora de violencia en el entorno escolar tiene derecho a:

I. Ser escuchada y tratada con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos;

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se encuentre en riesgo su integridad, al ser receptores de violencia en otros entornos;

III. Recibir información, veraz y suficiente que le permita decidir sobre las opciones de atención;

IV. Contar con asesoría psicológica y representación jurídica gratuita y expedita;

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico por las instancias correspondientes, según sean las circunstancias y las necesidades de cada caso, y

VI. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia.

Mismos derechos, en lo que corresponda, tendrán las víctimas directas e indirectas de violencia, y en general todos los integrantes de la comunidad educativa.

Se protegerán también los derechos de las personas espectadoras de incidentes de violencia en el entorno escolar.

Artículo 8°. Las y los estudiantes y en general quienes integran la comunidad educativa, con independencia de sus atributos de edad, tienen derecho a desarrollarse, estudiar y convivir en un entorno de respeto mutuo, a su integridad física, psicológica y moral, a ser tratados con el respeto a la dignidad inherente al ser humano y a que se promueva el ejercicio pleno de sus demás derechos humanos.

Las y los estudiantes tendrán derecho a la participación y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta en la construcción de una cultura de la paz, la resolución pacífica de los conflictos, la tolerancia, el respeto mutuo y los demás principios de esta Ley.

Toda persona, grupo social, organización de la sociedad civil, asociación y sociedad, ya sea en forma individual o en grupo, podrá participar en la promoción de convivencia libre de violencia en el entorno escolar, de conformidad con las previsiones de esta Ley y las de participación ciudadana y demás ordenamientos que de ella emanen.

TITULO SEGUNDO

PROGRAMA NACIONAL PARA LA PROMOCION DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR

Capítulo I

De los fines del Programa

Artículo 9°. El Programa constituye la base de la política pública para el diseño y ejecución de acciones que promuevan en todo el país una convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

El Programa será aprobado por la Red. Las Entidades Federativas, a través de sus Observatorios, podrán generar programas locales que lo complementen conforme a las necesidades, particularidades y circunstancias educativas locales, siempre que se ciñan a los principios del Programa.

En ambos casos, el Programa y los programas locales, serán producto de un proceso de participación de todos los sectores involucrados en el tema, tanto públicos, privados y sociales, especialmente de instituciones académicas, organismos internacionales que trabajan en la materia y organizaciones de la sociedad civil, docentes, madres, padres de familia o tutores, estudiantes y comunidad educativa en general.

Artículo 10. Las disposiciones del Programa tendrán como objetivo promover una convivencia democrática y libre de violencia en los ámbitos familiar, educativo, comunitario y social, así como la promoción de la cultura de la paz, el respeto de los derechos humanos y la cohesión comunitaria, tomando en cuenta la igualdad de género y la diversidad. Fijará las líneas de acción que permitan a las autoridades cumplir con los principios rectores señalados en la presente Ley, así como el desarrollo y consolidación de lo establecido en materia de prevención, atención y seguimiento de la violencia en el entorno escolar.

En consecuencia, los programas y acciones que emprendan las autoridades y los Centros Educativos, tenderán principalmente a edificar y fortalecer las actitudes, y formar hábitos y valores de las y los alumnos a efecto de prevenir la violencia y fomentar el respeto a los derechos humanos en los integrantes de la comunidad educativa.

Capítulo II

De la prevención

Artículo 11. La prevención es el conjunto de acciones positivas que se deberán llevar a cabo a fin de que los integrantes de la comunidad educativa eviten los distintos incidentes de violencia en el entorno escolar, atendiendo a la detección oportuna de los distintos factores de riesgo tanto familiares, comunitarios, culturales y sociales, la acción inmediata en la resolución pacífica de los conflictos y el privilegio de la promoción de los valores de fraternidad, respeto y pertenencia a la comunidad.

Las medidas de prevención son aquellas que, desde los distintos ámbitos de acción de los integrantes de la comunidad educativa y de las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales para evitar la violencia en el entorno escolar, están destinadas a la población de las comunidades educativas, fomentando la convivencia armónica y, el desarrollo humano de las y los estudiantes, y en general de todos los integrantes de la comunidad educativa.

A través de la prevención se brindarán las habilidades psicosociales necesarias que contribuyan a desarrollar una armoniosa convivencia pacífica entre las y los integrantes de la comunidad educativa, además de detectar y revertir los factores de riesgo y los que influyen en la generación de la violencia en el entorno escolar y realizando acciones que desarrollen una cultura de la paz y fortalezcan la cohesión comunitaria.

El Programa tomará en cuenta que la violencia en el entorno escolar se trata de un problema multifactorial, por lo que responderá en todo momento a un enfoque de prevención, atención y seguimiento integral y restaurativo.

Como parte de las estrategias de prevención, será obligatorio para las escuelas públicas y privadas, colocar en espacios visibles, anuncios, carteles o mamparas permanentes, que contengan los derechos y obligaciones de los estudiantes, del personal docente, administrativo y en general, de toda la comunidad educativa que contribuyan a promover una convivencia libre de violencia en el entorno escolar. Para alcanzar lo anterior, el Comité para la Convivencia Escolar solicitará el apoyo de las autoridades educativas.

Artículo 12. Las autoridades educativas podrán firmar convenios de colaboración con instituciones educativas o con organizaciones de la sociedad civil para que los centros escolares cuenten con protocolos y manuales de buenas prácticas en materia de prevención y atención de la violencia en el entorno escolar.

De igual forma, las autoridades educativas promoverán entre la comunidad educativa la suscripción de un contrato social aprobado y refrendado cada inicio de ciclo escolar por sus integrantes, incluidos los estudiantes, en el que se plasme el compromiso de promover las acciones necesarias para alcanzar una convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

Capítulo III

De la Red Interinstitucional sobre Convivencia en el Entorno Escolar

Artículo 13. La Red es un órgano nacional especializado de consulta, análisis, asesoría y evaluación de los planes, programas y acciones que en materia de prevención, atención y seguimiento de la violencia en el entorno escolar realicen las autoridades para promover espacios educativos libres de violencia.

La Red se constituye con la finalidad de evitar duplicidad de esfuerzos y recursos por parte de las autoridades que la conforman y fortalecer significativamente los impactos positivos de las acciones que individualmente pudieran realizar, conforme a los principios que señala esta Ley.

La Red estará integrada por lo menos por las y los titulares de las Secretarías federales de Salud, Educación Pública, Desarrollo Social, Gobernación, Procuración de Justicia y Desarrollo de la Infancia; la participación de las autoridades en la Red será sin perjuicio de las atribuciones que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Asimismo, la Red deberá contar con la representación del poder legislativo, representantes de la sociedad civil, de organizaciones de defensa de los derechos humanos, de instituciones académicas. Se podrá invitar a sus sesiones a representantes de las entidades federativas y de los municipios.

Artículo 14. Corresponde a la Red, las siguientes atribuciones:

I. Establecer coordinación y comunicación con las autoridades correspondientes para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley que fomenten una convivencia libre de violencia en el entorno escolar;

II. Aprobar y expedir el Programa, considerando un diseño transversal, así como la protección de los derechos a la vida, a una vida libre de violencia, a la educación, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personal;

III. Analizar y evaluar las políticas públicas y acciones institucionales de prevención, atención y seguimiento de la violencia en el entorno escolar para evitar su reproducción y la deserción escolar por dicha causa, así como promover la convivencia pacífica entre estudiantes, desarrollando un clima de buen trato y paz;

IV. Realizar investigaciones, recabar y sistematizar datos estadísticos en materia de salud pública sobre los impactos que tiene la violencia en el entorno escolar, respecto a la salud psicológica de las niñas, los niños y los adolescentes, para la elaboración de políticas públicas para su prevención;

V. Definir programas, instrumentos e indicadores de capacitación, sensibilización y especialización de las y los servidores públicos relacionados con la violencia en el entorno escolar, con el fin de proporcionar una atención adecuada a todos los involucrados, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes;

VI. Implementar campañas que disminuyan el consumo de alcohol, tabaco y en general de sustancias psicoactivas en el entorno escolar;

VII. Generar acciones y mecanismos extraescolares que favorezcan el desarrollo de las habilidades psicosociales de las niñas, los niños, los adolescentes y las y los jóvenes, y otros miembros de la comunidad en todas las etapas del proceso educativo;

VIII. Fungir como órgano de consulta en temas de violencia en el entorno escolar;

IX. Realizar, por sí o través de terceros, investigaciones multifactoriales, multidisciplinarias e intersectoriales, en colaboración con instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, que permitan conocer el estado que guarda la violencia en el entorno escolar;

X. Coadyuvar en el diseño y difusión de campañas informativas en los medios de comunicación oficial o social cuyos mensajes forman parte del entorno escolar, sobre los tipos y modalidades de violencia y las instituciones que atienden a las personas generadoras y receptoras de violencia en el entorno escolar, los modelos de atención y, en general, la consecución de los principios a que se refiere esta Ley, en especial la promoción de los valores de paz, respeto y tolerancia;

XI.  Promover la celebración de convenios de colaboración con las autoridades federales, locales, universidades, institutos de investigación, así como con organizaciones de la sociedad civil interesados en el estudio y prevención de la violencia en el entorno escolar;

XII. Establecer y definir estrategias, lineamientos, protocolos, medidas pedagógicas, criterios de coordinación y transversalidad de los programas de atención, prevención y seguimiento de la violencia en el entorno escolar, fomentando la sana convivencia, la resolución pacífica de los conflictos, la educación en derechos humanos y la cultura de la paz en los centros educativos, tomando en cuenta que se trata de un problema multifactorial y que su atención responde a un enfoque integral y restaurativo;

XIII. Promover y fortalecer la coordinación, colaboración e intercambio de información entre las instituciones públicas y privadas que se ocupen de esa materia;

XIV. Crear mecanismos de detección, atención, acompañamiento y/o canalización a las víctimas de violencia en el entorno escolar, que permita formular una estrategia facilitadora de referencia y contrarreferencia de personas receptoras y generadoras de cualquier tipo de violencia en el entorno escolar;

XV. Coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción de los derechos humanos de las niñas, los niños, los adolescentes, las y los jóvenes, la cultura de la paz, cohesión comunitaria, tolerancia, no discriminación y convivencia armónica en la comunidad educativa, dirigidos a impulsar y fomentar la difusión de la prevención, atención y seguimiento de la violencia en el entorno escolar al personal docente, directivos escolares, personal administrativo, madres, padres de familia o tutores de instituciones públicas o privadas, y a las personas que voluntariamente deseen recibirla;

XVI. Rendir un informe anual que dé cuenta del estado que guarda el clima de convivencia de la comunidad educativa, con énfasis en los estudiantes, las medidas adoptadas y los indicadores sobre el avance en la aplicación de métodos para la prevención, atención, seguimiento y erradicación de cualquier forma de discriminación y de violencia en el entorno escolar, que serán de dominio público y que se difundirán en los portales de transparencia de la Federación, entidades federativas, municipios y las instancias integrantes de la Red;

XVII. Analizar y aprobar los lineamientos administrativos y técnicos en esta materia, así como los protocolos de atención más adecuados para esta problemática, entre ellos atención psicológica y medica que incluya el Modelo Único de Atención Integral;

XVIII. Determinar los mecanismos para la generación de información por parte de los Observatorios y las comunidades educativas, así como concentrar una base de datos de indecencia de la violencia en el entorno escolar;

XIX. Facilitar la generación y administración de sistemas y bases de datos para la medición y diagnóstico de la incidencia de la violencia en el entorno escolar, considerando información desagregada por edad, sexo, nivel escolar y demás variables que ella determine;

XX. Establecer grupos de trabajo, organizados en función de las materias concretas cuyo estudio y análisis ella encomiende;

XXI. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que vulneren algún derecho humano de niñas, niños, adolescentes y los jóvenes por causa de violencia en el entorno escolar, así como promover su defensa en las instancias correspondientes, y

XXII.Las demás que señalen otras disposiciones legales.

Artículo 15.Además de las atribuciones que le corresponden por su participación en la Red, a la Secretaría de Educación Pública Federal le compete:

I. Establecer mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de incidentes y de protección para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes involucrados en la violencia en el entorno escolar, procurando ofrecer mecanismos remotos de orientación a través de un buzón escolar, de atención telefónica y por medios electrónicos que faciliten y hagan accesible la comunicación;

II. Crear, administrar y dar seguimiento de un buzón electrónico en su página web oficial en donde también podrán recibirse cualquier comunicación, que en su caso serán canalizadas a las autoridades que señala esta Ley o a las correspondientes de forma inmediata a fin de satisfacerlas;

III. Fomentar la inclusión en los planes de estudio de las carreras magisteriales de una asignatura que comprenda, la difusión del respeto de los derechos humanos, la sana convivencia y el manejo de conflictos, así como la prevención de la violencia en el entorno escolar, con especial énfasis en la violencia entre estudiantes y el acoso escolar;

IV. Elaborar informes anuales que contendrán como mínimo los datos estadísticos de la atención y seguimiento al avance de las acciones y programas implementados y a los reportes, quejas y denuncias presentadas, que deberán ser remitidos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión durante el mes de octubre de cada año; además debe ser publicado en su sitio web oficial, y

V. Deberá incluir en su Plan de Estudios una materia de corte humanista que promueva el respeto a los derechos humanos, promoción de valores, fomento a la tolerancia, la cultura de la no violencia, del cuidado del entorno y de la salud.

VI. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables.

Artículo 16. Además de las atribuciones que corresponden a la Secretaría de Salud federal por su participación en la Red y a las secretarías de salud de las entidades federativas o equivalentes, deberán diseñar, implementar y evaluar periódicamente, en el ámbito de sus competencias, un programa integral de apoyo a las víctimas de violencia en el entorno escolar, receptores indirectos, así como a los agresores de violencia, para proporcionar asistencia médica y psicológica especializada, dando seguimiento a la recuperación postraumática.

Artículo 17. Corresponde a las Procuradurías Generales de Justicia Estatales y en su caso a la Procuraduría General de la República:

I. Formular y administrar bases de datos que contengan información pública sobre el seguimiento de los incidentes de personas que integren la comunidad educativa sean víctimas de algún delito relacionado con la violencia en el entorno escolar que atente contra su integridad personal, desde la etapa de averiguación previa y hasta la ejecución de la sentencia, incluyendo el procedimiento respectivo para la reparación del daño, observando la mayor protección de la identidad y datos personales conforme a la legislación aplicable;

II. Crear unidades especializadas para la atención de las personas víctimas de violencia en el entorno escolar;

III. Realizar estudios estadísticos e investigaciones referentes al acceso a la justicia de las y los estudiantes víctimas de violencia en el entorno escolar;

IV. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de violencia escolar, con el fin de proporcionar una atención adecuada a todos los involucrados, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esto implica que su personal cuente con herramientas psicológicas que les permitan proporcionar un mejor servicio, en especial al personal encargado de recibir, atender y dar trámite a las denuncias penales presentadas por motivo de violencia que se presente dentro de la comunidad escolar;

V. Participar con las instancias correspondientes en mecanismos de detección, denuncia y canalización de los casos de violencia en la comunidad escolar, así la discriminación que permita articular una estrategia facilitadora de referencia y contra referencia de personas víctimas y agresoras de las misma;

VI. Crear unidades especializadas para la atención de las personas víctimas de violencia escolar; y

VII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables a esta Ley.

Capítulo IV

Del Observatorio sobre Convivencia en el Entorno Escolar

Artículo 18. Corresponde a cada entidad federativa, a través de su autoridad educativa local, instalar el Observatorio, como un órgano plural especializado y multidisciplinario en temas de convivencia entre escolares, al que le corresponde realizar diagnósticos en materia de violencia en el entorno escolar, elaborar estadísticas, indicadores e informes que formulen propuestas y recomendaciones de actuación, que contribuyan a mejorar la eficacia de las acciones encaminadas a prevenir, atender y erradicar el fenómeno objeto de la presente Ley.

Los municipios podrán instalar su propio Observatorio sobre Convivencia en el Entorno Escolar.

Artículo 19. Corresponde al Observatorio las funciones siguientes:

I. Sin perjuicio de lo establecido para la Red, actuar como órgano de asesoría, análisis y difusión periódica de información especializada en temas de convivencia y violencia en el entorno escolar;

II. Recopilar, analizar y difundir la información generada, administrada o en posesión de los Comités para la Convivencia Escolar o de autoridades locales, sobre medidas y actuaciones realizadas por las diferencias instancias, públicas, privadas y sociales para prevenir, detectar y evitar situaciones de violencia en el entorno escolar, además de fortalecer la cohesión comunitaria;

III. Realizar estudios estadísticos e investigaciones, por zonas o regiones o cualquier criterio relevante que determine, que permitan identificar si existe vínculo causal entre los diversos tipos de violencia en el entorno escolar, con el fin de elaborar propuestas que permitan combatir la raíz de esa problemática, con especial énfasis en la violencia familiar y el papel de otros agentes de información o de comunicación vinculados directa o indirectamente a la comunidad educativa;

IV. Emitir recomendaciones con efecto vinculante a las autoridades estatales para llevar a cabo acciones y medidas que se deberán tomar para la atención oportuna de la persona generadora de violencia en el entorno escolar que posibilite la convivencia armónica con las demás que integran la comunidad educativa;

V. Difundir las buenas y mejores prácticas educativas que favorecen una convivencia libre de violencia en el entorno escolar y fomenten la cultura de la paz y el fortalecimiento de la cohesión comunitaria, para su réplica en las comunidades educativas;

VI. Actuar como espacio de encuentro interdisciplinario respecto del aprendizaje de la convivencia libre violencia en el entorno escolar;

VII. Sin perjuicio de lo establecido para la Red, realizar informes, estudios, diagnósticos e investigaciones multifactoriales y multidisciplinarias sobre el fenómeno de violencia en el entorno escolar, como cultura de paz, clima escolar, victimización, percepción de inseguridad en las escuelas, participación e involucramiento de las autoridades educativas, así como el rol que juega la familia en incidentes de violencia en el entorno escolar, entre otros, a partir de la información que registren los Comités para la Convivencia Escolar y cualquier otra información determinada o determinable;

VIII. Desarrollar un centro de documentación especializado, que fungirá como un espacio de referencia para la investigación y publicación de estudios sobre la problemática de violencia en el entorno escolar;

IX. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan elaborar políticas públicas que prevengan la violencia cometida en contra de las niñas y las jóvenes en el ámbito escolar por condición de género;

X. Dar seguimiento a las acciones que se deriven para el cumplimiento de la presente Ley, incluyendo el seguimiento a la aplicación del Modelo Único de Atención Integral en el ámbito local;

XI. Emitir opiniones sobre las acciones para alcanzar la igualdad de género y su impacto en el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito escolar;

XII. Formular observaciones y definir medidas para enfrentar y atender la violencia en las escuelas de manera integral, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad de género, realizando propuestas específicas de intervención a la Red

XIII. Aprobar las normas de operación y funcionamiento del Comité Técnico del Observatorio, a propuesta del Presidente;

XIV. Realizar consulta con la comunidad educativa y, en su caso, con organismos internacionales;

XV. Elaborar un informe anual sobre el grado de cumplimiento del los programas estatales, recomendaciones y tendencias presentes y futuras del fenómeno de la violencia en el entorno escolar, y

XVI. Las demás que establezcan las leyes estatales.

Para el desarrollo de sus funciones, los representantes de los entes públicos e integrantes del Observatorio estarán obligados a proporcionar la información especializada y necesaria que el mismo requiera.

Capítulo V

De los Comités para la Convivencia Escolar

Artículo 20. A fin de formalizar las acciones de prevención, atención y seguimiento de la violencia en el entorno escolar y promover la convivencia de paz al interior de cada una de las comunidades educativas, las instituciones educativas públicas y privadas tendrán un Comité para la Convivencia Escolar, que será su órgano colegiado rector en las materias a que se refiere la presente Ley.

Los citados Comités estarán adscritos a los Consejos de Participación Social en la Educación previstos en la Ley General de Educación y recibirán su colaboración, apoyo e información y de cualquier otro órgano, consejo, comité o cuerpo consultivo competente en el tema.

Artículo 21. El Comité para la Convivencia Escolar se integrará por 11 Consejeros que serán:

I. Tratándose de escuela primaria: El Director(a) de la escuela, dos maestros, cuatro madres y/o padres de familia y cuatro alumnos de entre 7 y 11 años de edad, entre quienes no debe existir relación de parentesco.

II. Tratándose de escuela primaria que además cuente con secundaria: El Director(a) de la escuela, dos maestros, cuatro madres y/o padres de familia, dos alumnos que deberán tener entre 7 y 10 años de edad y otros dos alumnas o alumnos de entre 11 y 15 años de edad, entre quienes no debe existir relación de parentesco, y

III. Tratándose de escuela secundaria: El Director(a) de la escuela, dos maestros, cuatro madres y/o padres de familia, y cuatro alumnos entre 12 y 16 o más años de edad, entre quienes no debe existir relación de parentesco.

En todos los casos citados en las anteriores fracciones, de entre los integrantes del Comité para la Convivencia Escolar elegirán un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Vocal.

Artículo 22. El Comité para la Convivencia Escolar tendrá entre sus atribuciones:

I. Aprobar su Reglamento para la Convivencia Escolar;

II. Aprobar un programa interno de prevención de la violencia en el entorno escolar con los principios que se establecen en el Programa, además de la resolución pacífica de los conflictos, la educación en derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz, que, en su caso, se complemente con las acciones derivadas de las consultas a las instancias que correspondan;

III. Aprobar mecanismos de participación protagónica de la comunidad educativa en todas las acciones para la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar;

IV. Elaborar un programa de concientización sobre el desarrollo en un entorno de convivencia pacífica y organizar actividades con el fin de lograr la convivencia armónica de la  comunidad educativa, y de concientizarla e informarla sobre los alcances y las consecuencias de la violencia en el entorno escolar;

V. Programar y evaluar la capacitación que deben recibir el personal docente, directivos escolares y personal administrativo, así como las madres, padres de familia o tutores y los integrantes de la comunidad educativa para la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, tomando en cuenta los requerimientos de capacitación del ciclo escolar y su actualización permanente;

VI. Recibir, atender y en su caso canalizar oportunamente los reportes sobre incidentes de violencia en el entorno escolar que se depositen en el buzón escolar físico y electrónico y por cualquier otra vía, comunicación o instrumento de la que tenga conocimiento, así como generar mecanismos para la protección de los datos personales vinculados;

VII. Establecer protocolos de acuerdo al Manual para prevenir, atender y dar seguimiento a los incidentes de violencia en el entorno escolar que ocurran en la escuela considerada como unidad escolar y, en consecuencia, prever todas las acciones que pudieran ocurrir dentro o fuera del horario escolar o de los centros educativos, en actividades extracurriculares, o cualquier otra vinculada directa o indirectamente a la función educativa;

VIII. Coadyuvar con el Centro Educativo para hacer cumplir el Reglamento para la Convivencia Escolar;

IX. Revisar y proponer a las autoridades educativas, a la Red y a los Observatorios las modificaciones y adiciones a los lineamientos publicados para la elaboración del Reglamento para la Convivencia Escolar;

X. Fomentar una cultura de participación activa dentro de la comunidad educativa, en especial los estudiantes, para que no permanezcan como espectadores y asuman una visión propositiva y una cultura de reporte de incidentes de violencia;

XI. Analizar y proponer, en la medida de lo posible, la resolución pacífica de los conflictos que se presenten en el entorno escolar;

XII. Resolver sobre las solicitudes de integrantes de la comunidad educativa de aplicación del Modelo Único de Atención Integral;

XIII. Diseñar una Cartilla de Evaluación de la Convivencia Escolar que permita la planeación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas para la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar. Dicha cartilla sólo tendrá efectos de evaluación y de ninguna manera podrá vincularse al desempeño académico de los estudiantes o al de los docentes, y

XIV. Las demás que prevea el Reglamento para la Convivencia Escolar.

El Comité para la Convivencia Escolar podrá determinar las medidas cautelares necesarias para proteger a las personas receptoras y personas generadoras de violencia en el entorno escolar. Asimismo, las resoluciones del Comité para la Convivencia Escolar serán vinculantes y contra ellas procederán los recursos que prevea el Reglamento para la Convivencia Escolar.

Artículo 23. Los integrantes de la Comunidad educativa deberán elegir a los integrantes del  Comité para la Convivencia Escolar mediante votaciones al inicio del ciclo y podrán ser ratificados para un período siguiente; su cargo será honorifico, y deberán sesionar al menos trimestralmente o cuando sea necesario de manera extraordinaria o por la gravedad de los incidentes de violencia en el entorno escolar.

Artículo 24. Una vez constituido, el Comité para la Convivencia Escolar electo regirá su actuación conforme a lo dispuesto por el Reglamento para la Convivencia Escolar.

La Secretaría de Educación Pública Federal, previa opinión de la Red, publicará en el Diario Oficial de la Federación y las entidades federativas en los periódicos oficiales las reglas específicas para la elección de los integrantes de los Consejos para la Convivencia Escolar, así como los lineamientos para la elaboración, discusión y aprobación de su Reglamento para la Convivencia Escolar y los contenidos mínimos que debe tener, y especificar cuando menos:

I. Los derechos, obligaciones, responsabilidades, prohibiciones, infracciones y sanciones a los que se regirán los integrantes de la comunidad educativa;

II. Las reglas para elaborar y actualizar al inicio del ciclo escolar su Programa Interno de Convivencia Escolar;

III. La obligación de capacitar permanentemente a los docentes y al personal administrativo, madres, padres de familia o tutores sobre prevención de la violencia y la violencia en el entorno escolar;

IV. El diseño e implementación de medidas y protocolos de prevención, atención y seguimiento de la violencia en el entorno escolar, así como de seguridad escolar y mecanismos de actuación ante esos incidentes;

V. El desarrollo de habilidades pedagógicas e indicaciones para la debida actuación, así como los mecanismos de mediación y solución de conflictos;

VI. Los mecanismos legales, administrativos y en general cualquier vía que los integrantes de la comunidad educativa tengan para ejercitar sus derechos, siempre en pleno respeto a los derechos de los integrantes, y

VII. Los lineamientos de operación interna del  Comité para la Convivencia Escolar, que contenga las reglas para las convocatorias, el quórum, el desahogo de los asuntos, las facultades del presidente, de los vicepresidentes, de los vocales y del secretario, las votaciones, los acuerdos y resoluciones y demás asuntos para la toma de decisiones del Consejo, privilegiando la pluralidad, ejecutividad, exhaustividad y su inmediatez;

VIII. Los demás que sean necesarios para el desarrollo de su objeto.

Los Reglamentos para la Convivencia Escolar reproducirán las acciones que se considerarán como infracciones disciplinarias de los estudiantes y las faltas administrativas del personal docente y directivo, así como las sanciones o medidas disciplinarias que serán aplicables, de conformidad con la publicación a que se refiere el segundo párrafo de esta Ley. Además, señalará el procedimiento para la aplicación de sanciones y medidas disciplinarias, siempre en pleno respeto de los derechos humanos de los involucrados.

El  Comité para la Convivencia Escolar deberá aprobar y en su caso actualizar cada inicio de ciclo escolar su Reglamento para la Convivencia Escolar, siguiendo los principios del Programa, los lineamientos para su elaboración, discusión y aprobación que publique la autoridad educativa federal y sus necesidades específicas, siempre que no la contravengan.

Artículo 25.La comunidad educativa promoverá la participación de los estudiantes mediante reuniones periódicas por grupo escolar, en las que se analizarán, deliberarán y discutirán los asuntos relacionados con la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar en clase y fuera de ésta. Los Comités atenderán las inquietudes de los estudiantes y éstas serán puestas a consideración de los integrantes de la comunidad educativa, a través del Comité para la Convivencia Escolar y del Consejo Escolar a que se refiere la Ley General de Educación.

En esos temas participarán y serán tomados en cuenta todos los alumnos que lo deseen o manifiesten, y un docente responsable de cada grupo actuará imparcialmente como moderador.

Artículo 26. El  Comité para la Convivencia Escolar deberá instalar en el centro escolar un buzón en un lugar visible, seguro y accesible para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y la comunidad educativa, puedan libremente hacer de su conocimiento posibles incidentes de violencia en el entorno escolar, a efecto de que se tomen las acciones pertinentes para la solución pacífica del conflicto, se determine la aplicación del Modelo Único de Atención Integral o en su caso, se ponga en conocimiento de la autoridad correspondiente.

Artículo 27. Los integrantes del Comité para la Convivencia Escolar deberán guardar total secrecía sobre los datos personales que conozcan.

En todos los casos, las autoridades del Centro Escolar, así como el Comité para la Convivencia Escolar deberán garantizar la protección de la identidad de los menores involucrados en incidentes de violencia en el entorno escolar. En caso de incumplimiento de esta disposición, además de ser separado del Comité para la Convivencia Escolar se procederá conforme a la normatividad aplicable según sea el caso.

Artículo 28. Con independencia de las atribuciones del  Comité para la Convivencia Escolar y de lo que prevea su Reglamento, en los servicios educativos que impartan la Federación, las entidades federativas y los municipios, sus organismos descentralizados y sus órganos desconcentrados, de conformidad con sus atribuciones, será obligatorio que el personal docente, directivos escolares y personal administrativo cursen permanentemente los programas de capacitación especializados para promover una convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

Las instituciones educativas particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, deberán contemplar cursos permanentes especializados de capacitación para su personal docente y administrativo para la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar. Asimismo, deberán realizar acciones de capacitación y difusión permanente de la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar entre las madres, padres de familia o tutores y estudiantes y en general entre los integrantes de la comunidad educativa.

Artículo 29.La capacitación a que se refiere el artículo anterior será evaluada por el  Comité para la Convivencia Escolar, tomando en cuenta los objetivos, metas e indicadores que contemplen los programas de capacitación, así como las necesidades de actualización de cada ciclo escolar.

Capítulo VI

De Modelo Único de Atención Integral

Artículo 30. Las medidas de atención en materia de violencia en el entorno escolar son aquellos servicios psicológicos, sociales, médicos y jurídicos que permitan a todos los involucrados en una situación de violencia en el entorno escolar desarrollar las habilidades psicosociales para reparar las experiencias de violencia vividas, fomentando el empoderamiento de las personas receptoras de violencia en el entorno escolar, la modificación de actitudes y comportamientos en quien violenta y el cambio en los patrones de convivencia de los integrantes de las comunidades educativas de los centros escolares involucrados, considerando que quien genera violencia es también una víctima de la misma.

Artículo 31. La intervención especializada para los receptores de violencia en el entorno escolar se regirá por los siguientes principios:

I. Atención integral: se realizará considerando el conjunto de necesidades derivadas de la situación de violencia en el entorno escolar, tales como orientación psicológica y jurídica, atención médica, entre otras;

II. Efectividad: se adoptarán las medidas necesarias para que los receptores de violencia en el entorno escolar, sobre todo aquellos que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad, accedan a los servicios integrales que les garantice el goce efectivo de sus derechos;

III. Auxilio oportuno: brindar apoyo inmediato y eficaz a las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o que hayan sido receptores de violencia en el entorno escolar, así como brindar protección a sus derechos fundamentales; este auxilio será extendido a las personas que sean generadoras de violencia en el entorno escolar con el fin de detectar, combatir en tiempo y de manera adecuada, las causas que dan origen a que ejerza violencia; y

IV. Respeto a los Derechos Humanos: abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de hacer uso indebido de la fuerza, de infligir, tolerar o permitir actos que atenten contra cualquier derecho humano de los receptores de violencia en entorno escolar.

Artículo 32. Con el fin de proporcionar una efectiva atención a la violencia en el entorno escolar, se aplicará un Modelo Único de Atención Integral que garantice las intervenciones que en cada ámbito de violencia correspondan, con base en una unidad conceptual y un conjunto de lineamientos de coordinación que impidan la fragmentación de la acción de las autoridades y la revictimización que sufren las personas receptoras de violencia en el entorno escolar al acudir a servicios de atención sin coordinación.

El Modelo Único de Atención Integral será propuesto por la autoridad educativa federal y será aprobado por la Red. La autoridad educativa federal publicará el Modelo Único de Atención Integral en el Diario Oficial de la Federación y las entidades federativas en los periódicos oficiales.

Sin perjuicio de las facultades de los Observatorios, la responsabilidad en la coordinación y la aplicación efectiva del Modelo Único de Atención Integral será de la autoridad educativa de las entidades federativas, y para ello tomarán las providencias administrativas, de coordinación y gestión correspondientes en conjunto con la autoridad federal educativa, la Red y las demás autoridades.

Las propuestas de las entidades federativas para la actualización del Modelo Único de Atención Integral, serán coordinadas por los Observatorios, quienes a partir de la información de los Comités para la Convivencia Escolar y la demás información disponible de otras fuentes oficiales y de las organizaciones de la sociedad civil, lo someterán a aprobación de la Red.

La Red comunicará a los Observatorios las resoluciones que tomen al respecto.

Artículo 33. El Modelo Único de Atención Integral establecerá que los servicios de atención social, psicológica, jurídica y médica de las distintas autoridades en el ámbito local se coordinen para operar mediante una cédula de registro único, de tal manera que, con independencia de la institución o autoridad federal o local a la que acudan por primera vez los receptores de violencia en el entorno escolar, se garantice el seguimiento del caso hasta su conclusión.

Cada entidad federativa, contemplará en su respectiva legislación, las características y el mecanismo para instrumentar la cédula de registro único y el seguimiento posterior de los casos atendidos, cuya coordinación será responsabilidad de las autoridades educativas de las entidades federativas, observando las disposiciones contenidas en la normatividad aplicable para la protección de datos personales y lo que establezca la Red.

Los Observatorios darán seguimiento a la cédula de registro único y a los casos atendidos.

Artículo 34.El Modelo Único de Atención Integral tendrá las siguientes etapas:

I. Identificación de la problemática, que consiste en determinar las características del problema, sus antecedentes, el tipo de violencia en el entorno escolar, los efectos y detección de posibles riesgos para la víctima directa o indirecta de la violencia en el entorno escolar, así como para el receptor indirecto de violencia en el entorno escolar, en su esfera social, económica, educativa y cultural;

II. Determinación de prioridades, la cual identifica las necesidades inmediatas y mediatas, así como las medidas de protección que en su caso requiera el receptor de violencia en el entorno escolar;

III. Orientación y canalización, que obliga a la autoridad a la que acuda la persona por primera vez, a proporcionar de manera precisa, con lenguaje sencillo y accesible, la orientación social y jurídica necesaria y suficiente con respecto al caso de violencia en el entorno escolar que presente, realizando la canalización ante la instancia correspondiente o proporcionando el servicio pertinente, si fuera de su competencia;

IV. Acompañamiento, cuando la condición física o psicológica de la persona lo requiera, debiendo realizarse el traslado con personal especializado a la institución que corresponda;

V. Seguimiento, como el conjunto de acciones para vigilar el cumplimiento de los procedimientos de canalización contenidos en esta Ley para atender los casos de violencia en el entorno escolar, e

VI. Intervención educativa, que consiste en las acciones que se realicen en el centro escolar, tendientes a medir el impacto de la situación de violencia en el entorno escolar vivido y restituir el clima escolar apropiado, a través de actividades que fomenten la construcción de una cultura de paz.

En cualquier caso, el Modelo Único de Atención Integral deberá guiarse bajo el supuesto de que la violencia entre integrantes de la comunidad educativa debe atenderse por y para cada uno de los elementos, participantes y circunstancias del entorno escolar.

Artículo 35. Los Comités para la Convivencia Escolar podrán recibir solicitudes para la aplicación del Modelo Único de Atención Integral y resolverán lo conducente, comunicándolo a la brevedad al directivo responsable del centro escolar o la autoridad local correspondiente.

Lo anterior sin perjuicio del derecho de las personas receptoras de violencia y en general de los integrantes de la comunidad educativa de acudir a las autoridades locales y federales para solicitar la aplicación del Modelo Único de Atención Integral, o de ejercer cualquier recurso al que tenga o acudir ante la instancia judicial o de derechos humanos que determinen. Los Comités para la Convivencia Escolar tendrán facultad para dar seguimiento a la aplicación efectiva del Modelo Único de Atención Integral, dentro del ámbito de responsabilidades de la comunidad educativa.

Artículo 36. Para la aplicación del Modelo Único de Atención Integral en cada centro educativo habrá una Unidad de Atención Integral y Restaurativa que será la encargada de atender las resoluciones del Comité para la Convivencia Escolar y atender las consecuencias directas e indirectas de la violencia en el entorno escolar, bajo un enfoque integral y restaurativo.

En esa Unidad deberá participar cuando menos un trabajador social, un médico escolar y un psicólogo educativo, quienes deberán contar con capacitación y conocimientos especializados y permanentes sobre el contenido de la presente Ley y, en especial, del Modelo Único de Atención Integral. Asimismo, mantendrá informado al Comité para la Convivencia Escolar de sus actividades.

Cuando la Unidad considere que es necesaria la etapa de canalización a otras instancias públicas, privadas o sociales especializadas, lo comunicará al Comité para la Convivencia Escolar, para que éste determine lo conducente.

En cada entidad federativa habrá los Centros de Atención Integral y Restaurativa que sean necesarias para actuar subsidiariamente en los casos en que por condiciones de infraestructura, administrativas o presupuestales, los centros educativos no cuenten con las unidades a que se refiere el presente artículo. Esos Centros se integrarán con el personal que para tal efecto designe la autoridad educativa, de salud y de desarrollo integral de la familia local.

Las entidades federativas comunicarán a los Observatorios de las acciones, resultados y oportunidades de mejora de esos Centros de Atención Integral y Restaurativa para cumplir con los objetivos y principios de la presente Ley.

Capítulo VII

De las previsiones generales para las autoridades

Artículo 37.La Federación, las entidades federativas y los municipios, a través de sus dependencias responsables, así como los que conozcan o atienden a los receptores de violencia en el entorno escolar, además de las obligaciones establecidas en esta y otras leyes, deberán:

I. Actuar en todo momento con la debida diligencia del caso y como padres y madres responsables de familia;

II. En su caso, comunicar a la autoridad competente los hechos y actos que conozcan con motivo de la presente Ley, y

III. Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y principios de esta Ley, en el ámbito de su competencia.

Artículo 38. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, deberán implementar medidas para prevenir, atender y erradicar la Violencia en el entorno escolar dentro y fuera de los Centros Educativos, así como adoptar todas las medidas pertinentes que aseguren a las personas integrantes de la comunidad educativa la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad.

Asimismo, las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, desarrollarán e impulsarán campañas de difusión que transmitan la importancia de una convivencia democrática y libre de violencia en los ámbitos familiar, educativo, comunitario social y familiar, haciendo uso también de las tecnologías de la información y comunicación para promover una cultura de la paz en el entorno escolar e identificar la violencia en el entorno escolar y su prevención.

Todas las autoridades deberán prestar auxilio que corresponda para promover los fines de esta Ley.

Artículo 39. El ayuntamiento de cada municipio promoverá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y de las entidades federativas, la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, en el ámbito de sus atribuciones en materia educativa.

Artículo 40. El ejecutivo federal y locales deberán prever en los Proyectos de Presupuesto de Egresos correspondientes, los recursos a fin de que el Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados y del Distrito Federal autoricen las partidas presupuestales para realizar las acciones a que se refiere esta Ley.

Las autoridades correspondientes autorizarán los recursos presupuestales para la aplicación de acciones de prevención, atención y seguimiento de la violencia en el entorno escolar, en especial aquellas que sean necesarias para el funcionamiento de la Red, los Observatorios y los Comités para la Convivencia Escolar. En todo ejercicio de presupuestación se deberá privilegiar el máximo a disposición.

TÍTULO TERCERO

DE LAS RESPONSABILIDADES

Capítulo Único

De los integrantes de la comunidad educativa y autoridades

Artículo 41. En todas las acciones que se deriven con motivo de la aplicación de la Ley, se protegerá la identidad y datos personales de los estudiantes, personas generadoras y receptoras de violencia en el entorno escolar, conforme a la legislación aplicable.

Artículo 42. Además de lo previsto en el artículo 65 de la Ley General de Educación, son derechos de las madres, padres de familia o tutores, exigir a las autoridades que promuevan y logren una convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

Artículo 43. En corresponsabilidad, es obligación de las madres, padres de familia o tutores, promover activamente una convivencia libre de violencia en el entorno escolar, además de cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 11 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 44. Los integrantes de la comunidad educativa y las autoridades educativas serán responsables de participar activamente y tomar las medidas a que se refiere la presente Ley, para llevar a cabo las acciones de prevención, atención y seguimiento de actos de violencia en el entorno escolar.

Las madres, padres de familia o tutores, así como el personal docente, personal administrativo y directivos escolares, de las escuelas tanto públicas como privadas, tendrán la responsabilidad de informar de cualquier incidente de violencia en el entorno escolar o cualquier tipo de violencia que afecte a un integrante de la comunidad educativa. Su omisión deliberada,será sancionada de conformidad con lo previsto en el Reglamento para la Convivencia Escolar.

Lo anterior, sin perjuicio de que el  Comité para la Convivencia Escolar, con independencia de las medidas cautelares que resuelva, determine que los alumnos, padres de familia, docentes, personal administrativo o cualquier otro que integra la comunidad educativa, en adición a la aplicación del Modelo único de Atención Integral, sean canalizados a las instituciones respectivas para atención psicológica, realizar campañas a favor de la cultura de la paz, asistir a actividades de convivencia social y de respeto por el otro y realización de trabajos comunitarios, entre otros que prevea el Reglamento para la Convivencia Escolar.

Artículo 45. Es responsabilidad de las madres, padres de familia o tutores, participar activamente y tomar las medidas que correspondan para proteger a los menores y adolescentes de generar y recibir violencia en el entorno escolar.

En el caso de incidentes de violencia en el entorno escolar generados por menores de edad, si es que hubiere responsabilidad, ésta siempre será de la madre, padre de familia o tutor, conforme a lo dispuesto en la normatividad civil, en especial los artículos 1918, 1919, 1920, 1921 y 1922 del Código Civil Federal y códigos civiles de las entidades federativas.

Las madres, padres de familia o tutores deberán participar activamente para promover un ambiente libre de violencia en el entorno escolar, siguiendo las directrices previstas en la Ley General de Educación y su participación en el sistema educativo, así como lo dispuesto en la presente Ley y el Reglamento para la Convivencia Escolar.

Con base en la resolución del  Comité para la Convivencia Escolar, en adición a la aplicación del Modelo Único de Atención Integral, se canalizará para su atención psicológica a los integrantes del entorno familiar de los receptores o generadores de violencia en el entorno escolar, para que reciban terapia integral para el tratamiento y eliminación de conductas violentas en su entorno familiar y escolar, así como integrarse a talleres para la sensibilización y concientización de los daños ocasionados por la violencia ejercida en contra de cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa, así como de los métodos alternativos para el tratamiento y solución de conflictos de manera pacífica y cumplir las obligaciones que se contengan en el Reglamento Escolar.

Artículo 46. El Reglamento para la Convivencia Escolar preverá las consecuencias administrativas y las sanciones por la inactividad de la madre, padre de familia o tutor que se refiere el párrafo anterior.

Lo anterior sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o patrimoniales y de reparación del daño por actos propios o de los niños, niñas, adolescentes o jóvenes.

Artículo 47. El personal docente, personal administrativo y directivos escolares, de las escuelas tanto públicas como privadas estarán obligados a participar activamente y a llevar a cabo las medidas que se establezcan para promover una convivencia libre de violencia en el entorno escolar, conforme a lo dispuesto en la presente Ley.

El personal docente, directivos escolares y el personal administrativo de las escuelas que tengan conocimiento de incidentes de violencia en cualquiera de sus manifestaciones definidas en esta Ley o de violencia en el entorno escolar, lo harán del conocimiento inmediato del Comité para la Convivencia Escolar o de la autoridad competente, sin perjuicio de lo previsto en la presente Ley.

Esta responsabilidad del personal docente, personal administrativo y, en especial de los directores escolares, será sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones previstas en esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

Artículo 48. Las Autoridades Educativas, en el ámbito de sus competencias, tendrán responsabilidad para actuar con la debida diligencia y en especial supervisar, inspeccionar y vigilar el cumplimiento de esta Ley en el ámbito de sus responsabilidades, y en especial, recibir la capacitación para atender adecuadamente y canalizar los incidentes de violencia en el entorno escolar.

La capacitación será extensiva a todos los servidores públicos de la federación, entidades federativas y municipios, conforme a las previsiones que realicen tanto la autoridad educativa federal como las autoridades educativas locales.

Lo anterior, sin perjuicio de otras responsabilidades a que haya lugar por su acción u omisión.

Artículo 49. En general, todo ciudadano, autoridad o cualquier persona interesada tendrá obligación de respetar irrestrictamente los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, realizar sus atribuciones para prevenir y atender la violencia en el entorno escolar, así como promover activamente una cultura de la paz, quejarse o denunciar la responsabilidad por omisiones o acciones que pongan en riesgo los derechos de los niños, niñas y jóvenes en el entorno escolar, solicitar que se revoquen o retiren las licencias, permisos, autorizaciones o reconocimientos otorgados, y a planear, ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa, conforme a las previsiones administrativas que correspondan.

Artículo 50. Ninguna autoridad escolar ni docente podrá agredir física, verbal, psicológica, o sexualmente o en algún tipo de violencia a los estudiantes bajo el pretexto de educación o del derecho de corrección otorgado verbalmente por las madres, padres de familia o tutores.

TÍTULO CUARTO

DE LAS SANCIONES

Capítulo Unico

De las sanciones

Artículo 51. Las sanciones que se señalan en este Capítulo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda.

Artículo 52. Son infracciones a la presente Ley:

I. Incurrir, infligir, permitir o tolerar actos de violencia en el entorno escolar;

II. Incitar a la realización de actos de violencia en el entorno escolar;

III. No tomar las previsiones necesarias, dentro de los planteles educativos y en el horario escolar o en las actividades desarrolladas en la unidad escolar, para prevenir o atender incidentes de violencia en el entorno escolar;

IV. No informar o comunicar al  Comité para la Convivencia Escolar, a las madres, padres de familia o tutores, o a la autoridad competente de los incidentes de violencia en el entorno escolar;

V. Negar sin causa justificada la atención especializada a un incidente de violencia en el entorno escolar o no asistir o auxiliar a la persona receptora de violencia en el entorno escolar o generador de violencia en el entorno escolar;

VI. No contar sin causa justificada con el Reglamento para la Convivencia Escolar a que se refiere la presente Ley o no cumplir o no hacer cumplir con las normas de prevención de la violencia en el entorno escolar en él previstas; y

VII. No asistir, sin causa justificada, a los cursos de capacitación para prevenir, atender y dar seguimiento a los incidentes de violencia en el entorno escolar y promover la cultura de la paz.

La madre, padre de familia o tutor que incumpla deliberadamente cualquiera de las disposiciones de la presente Ley se hará acreedor a amonestación pública y/o multa, dependiendo de la gravedad o reiteración del caso.

Artículo 53. En las infracciones enumeradas en el artículo anterior se aplicarán las siguientes sanciones:

I. Con amonestación pública;

II. Multa hasta por el equivalente a cinco mil días de salario mínimo general vigente;

III. Con la medida a que se refiere el artículo 79 de la Ley General de Educación;

IV. Suspensión definitiva del puesto académico;

V. Inhabilitación del cargo hasta por 5 años.

Estas sanciones serán aplicadas con independencia de las previstas en otras normas de carácter administrativo, laboral o penal. El Comité para la Convivencia Escolar o la autoridad educativa que corresponda dará vista a la autoridad competente a fin de que proceda a la suspensión temporal o definitiva del puesto académico o la inhabilitación del encargo, conforme a la normatividad aplicable.

Las sanciones serán aplicadas por las autoridades administrativas correspondientes federales, de las entidades federativas o municipales.

Artículo 54.Para el caso de las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, las sanciones para las madres, padres de familia o tutores involucrados en actos de violencia en contra de alumnos, autoridades escolares, docentes y/o personal administrativo que conforman la comunidad escolar, serán las siguientes:

I. Canalizar para su atención psicológica, tanto al agresor como a los integrantes de su entorno familiar, para que reciban terapia integral para el tratamiento y eliminación de conductas violentas en su entorno familiar y escolar;

II. Integrar a los padres de familia a talleres para la sensibilización y concientización de los daños que ocasiona la violencia ejercida en contra de cualquiera de los miembros de la comunidad escolar, así como de los métodos alternativos para el tratamiento y solución de conflictos de manera pacífica;

III. En caso de la realización de actos de violencia que sean constitutivos de un delito, se deberá poner el hecho en conocimiento de las autoridades correspondientes;

IV. Reparación del daño; y

V. Las contenidas en el Reglamento Escolar.

Artículo 55. Para el caso de las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, las sanciones para los alumnos involucrados en el ejercicio de la violencia en contra de alumnos,las madres, padres de familia o tutores, autoridades escolares, docentes y/o personal administrativo que conforman la comunidad escolar, serán las siguientes:

I. Canalizar a las instituciones que cuenten con el servicio para su atención psicológica, tanto al agresor como a los integrantes de su entorno familiar, para que reciban terapia integral para el tratamiento y eliminación de conductas violentas en su entorno familiar y escolar;

II. Encomendarles la elaboración de una campaña relativa a evitar actos de violencia en contra de la comunidad escolar;

III. La obligatoriedad de asistir a actividades encaminadas a erradicar la violencia en su entorno familiar, social y escolar;

IV. Realización de trabajos a favor de la comunidad escolar previamente establecidos en el Reglamento Escolar, que obviamente no será inhumanos, degradantes o que pongan en riesgo su integridad física o moral; y,

V. La reparación del daño causado.

Artículo 56. Las sanciones previstas en el presente Capítulo podrán ser recurridas en los términos de la Ley General de Educación y la Ley General de Salud, según corresponda.

Artículo 57. Tratándose de incidentes de violencia en el entorno escolar que pongan en riesgo grave los derechos de las niñas, niños y adolescentes, cualquier persona, los integrantes del Comité para la Convivencia Escolar o las autoridades deberán tomar las previsiones necesarias para salvaguardar sus derechos fundamentales, sin perjuicio de comunicar inmediatamente a las madres, padres de familia o tutores, el incidente y solicitar de forma inmediata la actuación de las instancias que correspondan.

Las autoridades que intervengan estarán obligadas a salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en especial los de intimidad, privacidad, presunción de inocencia, normal desarrollo, buena imagen, entre otros y reserva de sus derechos personales.

La violación de esta disposición, será sancionada de conformidad con las disposiciones administrativas y penales aplicables.

Artículo 58. Para el caso de las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, las sanciones para las autoridades escolares/docentes y administrativas, serán aplicadas en los términos de la Ley General de Educación, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Código Penal Federal y las respectivas de los Estados y serán aplicadas por la Autoridad Educativa, Sanitaria, Administrativa o Penal, según corresponda.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al contenido de esta Ley.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal emitirá el Reglamento correspondiente, en las disposiciones relativas al presente Decreto, dentro de los 180 días posteriores al inicio de su vigencia.

CUARTO.-Las entidades federativas contarán con un plazo de 120 días para armonizar sus legislaciones educativas en materia de prevención de la violencia en el entorno escolar, a partir de las disposiciones generales establecidas en el presente Decreto.

QUINTO.-Las autoridades competentes de las entidades federativas deberán realizar campañas de difusión para la instrumentación y aplicación de la Ley en los ámbitos estatal y municipal, que incluya la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

SEXTO.-La Secretaría de Educación Pública en un plazo de 90 días contados a partir de la publicación del presente ordenamiento deberá llevar a cabo las acciones de coordinación necesarias para la elaboración del Programa y para instalar la Red. Dentro de los 30 días posteriores a esa instalación, deberá elaborarse y proponerse para aprobación de la Red el Modelo Único de Atención Integral. La Secretaría de Educación Pública dispondrá lo necesario para que a partir del inicio del siguiente ciclo escolar, estén en funcionamiento los Comités para la Convivencia Escolar, las Unidades de Atención Integral y Restaurativa en las instituciones públicas y privadas, y en su caso, informar a la Red de aquellos centros educativos en los que no hay condiciones para su instalación, a fin de dar cumplimiento al presente Decreto.

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los cuatro días del mes de junio de 2014.

Suscriben

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. María Lucero Saldaña Pérez.- Sen. Raúl Morón Orozco.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Omar Fayad Meneses.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Mario Delgado Carrillo".

1 Artículo 2 y 3 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a México (2012) y Observaciones Finales No. 4 del Comité de los Derechos del Niño (2003)

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Senador Fayad. El proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar y se reforman diversas disposiciones en la materia, se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.





 

Tenemos ahora la discusión de diversos dictámenes emitidos por comisiones.

Previamente les informo que la Primera Comisión entregó a la Mesa Directiva una versión modificada del dictamen relativo al estado de Yucatán.

Asimismo, la Primera Comisión entregó un nuevo dictamen para inscribir en la agenda de hoy sobre violencia en contra de mujeres.

Les informo que la Senadora Presidenta de la Segunda Comisión solicitó diferir para otra sesión el dictamen relativo al uso de los cigarros electrónicos.

También les informo que la Tercera Comisión solicitó diferir de su discusión los 5 dictámenes sobre el estado de Guerrero y sus autopistas.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes inscritos para su votación, sobre los que no hay reservas.

- El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Señor Presidente, doy cuenta con los dictámenes de la agenda de hoy para su discusión.

Tenemos 12 dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

Que solicita al titular del gobierno del estado de Morelos un informe de la estrategia de seguridad implementada en la entidad.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con Punto de Acuerdo, que solicita respetuosamente al titular del gobierno del Estado de Morelos, envíe a esta Soberanía un informe detallado sobre la estrategia de seguridad implementada en el Estado de Morelos y los resultados obtenidos hasta el momento”, suscrita por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 21 de mayo de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminarían conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 21 de mayo del 2014, la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió la Proposición con Punto de Acuerdo, que solicita respetuosamente al titular del gobierno del Estado de Morelos, envíe a esta soberanía un informe detallado sobre la estrategia de seguridad implementada en el Estado de Morelos y los resultados obtenidos hasta el momento.

b) En la misma fecha, mediante el oficio CP2R2A-263, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión-Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente,

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

La proposición en estudio sustenta que en los últimos años el Estado de Morelos ha presentado una degradación total en materia de  seguridad pública. Indica que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  cuatro de cada cinco morelenses no se sentían seguros. Acompaña el estudio realizado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el que se expresa que el 30% de la población en el estado ha sido víctima o ha presenciado un delito.

En la proposición, la senadora señala que de acuerdo a los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en 2013 se cometieron casi  3 mil delitos más que en 2012 y el año pasado se consumaron 60 robos cada día en la entidad, la mitad de ellos fue con violencia y cada seis horas fue asesinada una persona.

En el mismo sentido, la proponente expresa que en los primeros 3 meses del presente año se consumaron un total de 355 robos de vehículos con violencia y 687 sin violencia; en cuanto al secuestro, según la misma fuente, se presentaron un total de 39 secuestros.

En la propuesta se indica que las demandas más sentidas de la sociedad morelense es la seguridad pública, así lo han manifestado diversos sectores en calles de la capital del estado para exigir justicia y la atención del Gobernador de la entidad por los altos niveles de violencia. El pasado 07 de marzo del año en curso en Morelos médicos, enfermeras y sociedad civil llevaron a cabo una marcha que concluyó en el Zócalo de Cuernavaca, la cual tuvo como objetivo manifestar su inconformidad por la inseguridad que vive personal de salud.

La senadora proponente considera que este escenario de violencia recurrente, es un reflejo de la realidad que vive la entidad y pone en evidencia que las acciones llevadas a cabo no han sido suficientes y eficientes. El pasado mes de septiembre de 2013 el Consejo Nacional e Internacional de Organizaciones No Gubernamentales del Estado de Morelos, presentó una queja ante organismos nacionales e internacionales, debido a la inseguridad en la que se encuentra esta Entidad Federativa, manifestando en los considerandos una total desconfianza en las autoridades del estado y denuncia que es una práctica común en la entidad, las extorsiones, los asesinatos, los secuestros, los asaltos, los robos, las violaciones y otra serie de delitos, los cuales ya son masivos y muchos de ellos no son denunciados por temor a represalias.

Con los niveles de violencia que padece la entidad se han ahuyentado importantes inversiones para el estado y se ha generado una disminución considerable en el número de visitantes y turistas que semana a semana viajaban al interior del estado. Es urgente definir una nueva estrategia de seguridad en beneficio de la sociedad morelense, para  recuperar la confianza y el bienestar de la población.

Por todo lo anterior, la senadora promovente indica que es obligación de esta Soberanía prestar atención a la evolución de este fenómeno y coadyuvar, mediante las facultades establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a mejorar esta situación.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Titular del Gobierno del Estado de Morelos, envíe a esta soberanía un informe detallado sobre la estrategia de seguridad implementada en el Estado de Morelos y los resultados obtenidos hasta el momento.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION

La Comisión dictamina dora tiene claro que los mexicanos quieren un país seguro y pacífico; asimismo, exigen que se reduzca la violencia y se recupere la convivencia armónica. Por ello, es prioridad salvaguardar la vida, la libertad y los bienes de los mexicanos.

En los últimos años la violencia que se ha presentado en el país se encuentra claramente ubicada en ciertas regiones. Esto permite focalizar el combate a los delitos de alto impacto y diseñar estrategias de seguridad pública diversificada, acorde con la realidad de cada región.

Cabe señalar, que estamos en presencia de un problema de inseguridad en el Estado de Morelos que aqueja a todos sus habitantes; datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública se han referido a los acontecimientos de enero-abril del presente año, en el Estado de Morelos y las cifras de incidencia delictiva no son favorables en los delitos de homicidio, secuestro, extorsión y robo de vehículos.

La estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de Morelos consiste en fortalecer el esquema de seguridad, como es la creación del Mando Único Policiaco, el fortalecimiento de la Defensoría Pública, la construcción de tres cuarteles de policía, la compra de 200 patrullas, un helicóptero artillado, la construcción de un C5, así como la creación de la nueva Fiscalía General del estado, de la Unidad especializada contra el Secuestro y la desarticulación de bandas delictivas.

Se considera relevante, indicar que como respuesta del Gobierno Estatal ante la situación antes descrita, el Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu ha manifestado que evaluará y corregirá la estrategia de seguridad y de combate contra el crimen de su gobierno, con la finalidad de reconocer lo que se está haciendo bien, evaluar lo que falta por hacer y corregir la estrategia en la materia, por lo que convocó a los ayuntamientos, a los Poderes Legislativo y Judicial, universidades, tecnológicos, intelectuales e investigadores, cámaras empresariales, organizaciones sindicales, organizaciones del campo, al Consejo Interreligioso de Morelos, estudiantes, agrupaciones de mujeres, comunidades artísticas y de promoción cultural y representantes de la sociedad civil, a establecer una agenda que les permita alcanzar acuerdos para lograr la reconciliación social, con voluntad y compromiso para devolverle a Morelos la justicia y la paz.

Por lo tanto, los integrantes de esta comisión consideran que es de suma importancia conocer los resultados sobre la estrategia de seguridad pública que el gobierno del Estado de Morelos está implementando para garantizar la paz y seguridad en esa entidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, es procedente la aprobación de la propuesta con punto de acuerdo siguiente:

IV RESOLUTIVO

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con estricto respeto al Pacto Federal, solicita al Titular del Gobierno del Estado de Morelos, envíe a esta Soberanía un informe detallado de la estrategia de seguridad implementada en la entidad y los avances obtenidos hasta el momento.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los días tres días del mes de junio de 2014.

PRIMERA COMISION”





 

Que solicita a los gobiernos municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, revisen y apliquen los ordenamientos relativos a publicidad en espacios exteriores y garanticen que el contenido no denigre la imagen ni la dignidad de las mujeres.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente se suma a la solicitud realizada por el Instituto Jalisciense de las Mujeres para que se retire la campaña publicitaria de la estación de radio "La Mejor" en dicha entidad”, presentada por la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 21 de mayo de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminarían conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 21 de mayo del 2014, la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió una proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente se sume a la solicitud realizada por el Instituto Jalisciense de las Mujeres para que se retire la campaña publicitaria de la estación de radio "La Mejor" en dicha entidad.

b. En la misma fecha, por medio del oficio CP2R2A-311, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha proposición a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La Senadora promovente manifiesta que la campaña publicitaria de la estación de radio “La Mejor” en Jalisco, es de carácter sexista y lleva implícito un mensaje que denigra o violenta la condición de las mujeres.

En la propuesta se hace mención que las reacciones no se hicieron esperar y las redes sociales fueron herramienta para que personas de todo el país se sumaran a la indignación por dicha campaña de la radiodifusora; destaca la propuesta que el Instituto Jalisciense de las Mujeres emitió un comunicado en el que exigía una disculpa pública y el retiro de la campaña.

La propuesta señala que el repudio que se hizo en las redes sociales y el llamado desde el ámbito gubernamental derivó en que la estación de radio ofreciera una disculpa pública y se comprometiera con el retiro de los mensajes.

La Senadora promovente hace mención que es sólo un ejemplo de tantas campañas y mensajes en la publicidad con una connotación sexista y que llevan implícito un mensaje que denigra o violenta la condición de las mujeres; indica que algunas de esas campañas han sido señaladas por los  organismos gubernamentales, sociedad civil y el sector académico y han puesto en evidencia que persiste una comunicación desequilibrada y discriminatoria hacia las mujeres.

De igual forma, en la propuesta se plasma que en diferentes Instrumentos Internacionales de los que México es parte se establece que se deben de tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas.

En la proposición con punto de acuerdo, hace énfasis a lo estipulado en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que señala en su capítulo sexto denominado “De la eliminación de estereotipos establecidos en función  del sexo”, en su artículo 41 que “será objetivo de la Política Nacional la eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres”.

De igual manera, se expresa que en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios están investidos de personalidad jurídica y están facultados para aprobar los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, funciones y servicios públicos de su competencia. De manera que algunos Ayuntamientos han expedido reglamentos en materia de publicidad en el exterior y anuncios, con el fin de reglamentar las actividades y especificaciones en esta materia, y en algunos de ellos se ha detallado de manera expresa la prohibición de mensajes publicitarios que inciten a la discriminación y violencia por diversas causas, como es la de género.

La proponente expresa su interés de coadyuvar a la eliminación de campañas que denigren la imagen de la mujer y fomentan estereotipos sexistas, pronunciándose en contra de lo que sucedió en Jalisco, pero también adoptando medidas preventivas en el ámbito municipal.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se suma a la solicitud realizada por el Instituto Jalisciense de Mujeres para que se retire la campaña publicitaria de la estación de radio “La Mejor” en dicha entidad, cuyos mensajes denigran la imagen y dignidad de las mujeres.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos y Delegaciones de nuestro país a que realicen la revisión, y en su caso aplicación, de los ordenamientos referentes a publicidad en espacios exteriores, para garantizar que el contenido de la misma no denigre la imagen y la dignidad de las mujeres.

III. CONSIDERACIONES

La Comisión dictaminadora considera que la finalidad de los medios de comunicación debe ser divertir, educar, informar y entretener, mas nunca reproducir estereotipos que generan desigualdad, discriminación y violencia hacia las personas, en este caso a las mujeres.

Los acontecimientos que motivaron a la proposición con punto de acuerdo son los relacionados a la campaña que emprendió hace unos días la estación radiofónica “La Mejor” 95.5 FM, de Guadalajara, en la que pintó bardas con frases como: “Si me vas a dejar, que sea embarazada”, “Aunque la fresa se vista de seda, pueda se encuera”, “¿Qué somos? Mujeres, y ¿qué queremos? No sabemos, somos mujeres”, son algunas de las frases que la estación firmó con un supuesto colectivo llamado Acción Patética, sátira del colectivo Acción Poética, que pintan bardas con frases filosóficas, dichas frases fueron consideradas como misóginos y sexistas, lo que ocasionó fuertes críticas por parte del Gobierno de Jalisco a través del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), así como de usuarios de redes sociales.

Es importante hacer mención que, a través de un comunicado, el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) exigió a la estación de radio ofrecer una disculpa pública y el retiro inmediato de la campaña publicitaria, ya que rechaza tajantemente el uso de frases sexistas y misóginas en la publicidad.

Es cierto que las frases contravienen la Constitución Mexicana en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres; las Leyes nacionales y los tratados internacionales en relación a la eliminación de cualquier forma de discriminación hacia las mujeres, ya que contribuyen a reforzar una visión estereotipada y machista de las mujeres.

Es importante mencionar, que derivado de la postura del Gobierno de Jalisco la estación de radio “La Mejor” emitió un comunicado con fecha 12 de mayo de 2014, en la que ofrece disculpas a la sociedad en general por su reciente campaña en bardas de la ciudad de Guadalajara denominada “Acción Patética” en la que señalan que no pretendía ofender a nadie. En dicho documento indican que la campaña consistía en recopilar frases de uso popular en redes sociales, replicarla en bardas como una crítica a lo patético de las mismas; finalmente, lamentaron la confusión que se generó y por tal motivo anunciaron, que se ha retirado en su totalidad la campaña.

Por lo anteriormente mencionado, la Primera Comisión considera que el primer resolutivo propuesto por la Senadora Lucero Saldaña Pérez del Grupo Parlamentario del PRI, queda sin materia toda vez que la estación de radio informó en el comunicado el retiro total de la campaña y ofreció disculpas públicas.

A su vez, los integrantes de la Primera Comisión comparten el interés de la promovente para coadyuvar a la eliminación de campañas que denigren la imagen de la mujer y el fomento de estereotipos sexistas; es por ello que se pronuncian en contra de lo ocurrido en Jalisco y a favor de adoptar medidas preventivas en todos los niveles de gobierno, municipios y delegaciones.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primara Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:

 IV. RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a los gobiernos municipales y de las demarcaciones territoriales, en el caso de Distrito Federal, para que revisen y, en su caso, apliquen los ordenamientos relativos a publicidad en espacios exteriores y garanticen que el contenido de la misma no denigre la imagen y la dignidad de las mujeres.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los tres días del mes de junio de 2014.

PRIMERA COMISION”





 

Que solicita a las autoridades penitenciarias de la Federación y de las entidades federativas a revisar la normatividad para proteger y respetar los derechos humanos de los internos.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H.ASAMBLEA

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Segundo Periodo de Ejercicio  Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la “Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta  a la Secretaría de Gobernación y autoridades competentes en las entidades federativas a garantizar los Derechos Humanos de las personas reclusas, así como las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios del país.” La propuesta antes citada fue presentada por los Diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminarían conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión celebrada por la Comisión Permanente el martes21 de mayo del 2014, los Diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron la “Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta  a la Secretaría de Gobernación y autoridades competentes en las entidades federativas a garantizar los Derechos Humanos de las personas reclusas, así como las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios del país”.

b. En esa misma fecha, por medio del Oficio No. CP2R2A.-289, la Presidencia de la Comisión Permanente turnó a esta Comisión de Trabajo la Proposición en comento para su despacho correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION.

De conformidad con las consideraciones de los proponentes, hasta enero de 2013 había en nuestro país cerca de 242 mil 754 personas recluidas en alguno de los 420 Centros Penitenciarios que tiene nuestro país, administrados de acuerdo al cuadro siguiente:

ADMINISTRACIÓN

No. DE CENTROS PENITENCIARIOS

CAPACIDAD

Gobierno Federal

15

25,952

Distrito Federal

11

22,594

Gobiernos Estatales

303

142,758

Gobiernos Municipales

91

4,044

 

 

 

Fuente: Secretaría de Gobernación, Cuaderno Mensual de Información Estadística del Sistema

 Penitenciario Nacional, Enero 2013, P. 1

De acuerdo con los proponentes, en los centros penitenciarios existe una problemática que ha puesto en crisis su operación, entre ellos la violencia y la violación sistemática de los derechos humanos de quienes se encuentran recluidos.

El Centro de Análisis de Políticas Públicas, expone que los centros penitenciarios de nuestro país tienen sobrepoblación, altas tasas de reincidencia, violencia, operación de grupos criminales al interior de los centros, entre otras, lo que es una evidencia de que el sistema penitenciario no está cumpliendo sus objetivos sociales y legales.

Uno de los indicadores para conocer la calidad de vida que priva en los centros penitenciarios, son los incidentes violentos. Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública llevaba una base de datos que, desde diciembre de 2012, debe actualizar y monitorear la Secretaría de Gobernación, a través del Sistema Penitenciario Federal.

Los proponentes consideran que el primer año de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, ha sido el peor para los internos en las cárceles mexicanas, pues entre 2012 y 2013 los motines, las agresiones, los homicidios y las huelgas de hambre tuvieron un incremento del 134 por ciento, de acuerdo a un informe presentado por el portal informativo Animal Político en el cual, a través de dos solicitudes de información realizadas al Órganos Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con folios 3670000001513 y 3670000003914 se da cuenta de que entre 2006 y 2013 tuvieron lugar 7 mil 458 incidencias, mismas que se enumeran a continuación:

AÑO

NÚMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS

2006

320

2007

629

2008

501

2009

650

2010

510

2011

1,267

2012

1,042

2013

2,439

TOTAL

7,458

 

No. DE INCIDENCIAS

INCIDENTE

3,203

Riñas

2,067

Decesos

753

Agresiones a terceros

415

Suicidios

240

Homicidios

191

Autoagresión

171

Fugas

136

Huelgas de hambre

119

Intentos de suicidio

73

Motines

63

Intentos de fuga

12

Intentos de Homicidio

10

Violaciones

5

Intentos de violación

De acuerdo a la percepción de seguridad en los centros penitenciarios, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dio a conocer que sólo el 29.1% de los internos del Distrito Federal, y el 26.4% de los internos del Estado de México dijeron sentirse nada seguros en sus celdas.

Los diputados consideran que el sistema penitenciario lleva más de cuatro décadas en crisis y que la llegada de los grupos criminales violentos a las cárceles ha empeorado su situación, pues los internos que pertenecen a la delincuencia organizada aumentaron un 50%; estos delincuentes fueron trasladados a diferentes cárceles estatales y municipales, por lo que quienes cometieron delitos menores y que recibieron una sentencia menor a cinco años, conviven diariamente con personas con niveles de peligrosidad alta, lo que puede tener graves consecuencias.

Por lo tanto, concluyen los legisladores, es urgente que las autoridades encargadas del Sistema Penitenciario mexicano implementen medidas necesarias para garantizar las condiciones que permitan que las personas recluidas gocen de sus derechos humanos – con estricta independencia de su situación jurídica- y, por el otro, que los centros penitenciarios sean espacios seguros y libres de todo tipo de violencia.

III. CONSIDERACIONES

 a) El 18 de junio de 2008, se publicaron las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue denominada Reforma en materia penal. Esta reforma puso en el centro del debate nacional el sistema de administración de justicia, desde la prevención del delito, hasta las regulaciones que tienen que ver con la vida de los internos en las cárceles mexicanas. En este ámbito se puso de manifiesto la necesidad de realizar acciones de mejora, que contribuyan a acabar con uno de los problemas más apremiantes en cuanto a la administración de justicia: la administración de los centros penitenciarios.

Con la Reforma Constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos, la necesidad de vigilar la manera en la que se administran los centros penitenciarios se puso de manifiesto y es hoy uno de los mayores focos rojos en este sentido, pues los Centros de Reclusión habían sido un sector del cual se desconocía su administración y la vida interna de los mismos, hasta ahora.

De conformidad con el artículo 18 Constitucional y el artículo 6, fracción VIII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se encarga de supervisar el respeto a los derechos humanos dentro de Centros Penitenciarios en el país.

Por esta razón da a conocer, año con año, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP). Para los efectos del presente dictamen, se tomará el realizado en el año 2012 por ser el más reciente publicado, para estimar cuáles son las recomendaciones de este órgano en materia de Derechos Humanos en los Centros Penitenciarios del país.

En el DSNP, la CNDH realiza su análisis en cinco rubros, que corresponden a:

I. Condiciones de gobernabilidad .Analiza la normatividad que rige al centro, personal de seguridad y custodia, sanciones disciplinarias, autogobierno/cogobierno, actividades ilícitas, extorsión y sobornos, así como capacitación del personal penitenciario.

El promedio que las centros penitenciaros en nuestro país alcanzaron en este rubro es de 5.8, el más bajo de los 5 rubros que analiza la CNDH.

II. Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno. Se refiere a la capacidad de los Centros Penitenciarios para alojar y población existente, distribución y separación de internos, servicios para la atención y mantenimiento de la salud, supervisión por parte del responsable del centro, prevención y atención de incidentes violentos, y de tortura y/o maltrato.

En este caso, el promedio obtenido por los Centros Penitenciarios es de 6.09.

III. Aspectos que garantizan una estancia digna. Existencia de instalaciones suficientes, capacidad de las mismas, condiciones materiales y de higiene de las instalaciones, así como de la alimentación. EL promedio obtenido de acuerdo a los indicadores de la CNDH es de 6.45.

 IV. Reinserción Social del Interno. Toma en cuenta (integración del expediente jurídico-técnico, clasificación criminológica, separación entre procesados y sentenciados, Consejo Técnico Interdisciplinario, actividades laborales y de capacitación, educativas, deportivas, beneficios de libertad y vinculación con la sociedad. El promedio es de 6.63.

V. Grupos de Internos con requerimientos específicos .Mujeres, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, internos con VIH/SIDA, personas con preferencias sexuales distintas e internos con adicciones. La CNDH estimó que en este rubro el promedio obtenido fue de 6.73.

a) La recomendación General No. 18 de la CNDH, emitida en septiembre de 2010. En ella se hace mención de las Recomendaciones que, en esta materia, ha emitido ese órgano:

I. El 19 de junio de 2001 se emitió la Recomendación General No. 1, referida a las prácticas de revisiones indignas de las personas que visitan los centros de reclusión estatales y federales;

II. El 14 de febrero de 2002 se emitió la Recomendación General No. 3, sobre mujeres internas en centros de reclusión;

III. El 19 de octubre de 2004 se emitió la Recomendación General No. 9  sobre la situación de os derechos humanos de los internos que padecen trastornos mentales y se encuentran en centros de reclusión;

IV. El 25 de enero de 2006 se emitió la Recomendación General No. 11, sobre el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada a los internos.

Todas estas recomendaciones surgen de las quejas presentadas por los internos en los centros penitenciarios del país, por sus familiares o por los representantes de los mismos.

La CNDH, en esa ocasión, consideró que la mayor parte de los centros penitenciarios del país no están en las condiciones adecuadas para cumplir con lo dispuesto en el artículo 18 constitucional, en el sentido de sustentar su organización sobre la base del trabajo de los internos, la capacitación para el mismo y la educación como medios para lograr la readaptación social del delincuente.

Por tal motivo, dirigió diferentes recomendaciones a las siguientes autoridades:

● Al Secretario de Seguridad Pública Federal para que garantizara una estancia digna y segura a los internos, sobre la base de los Derechos Humanos. También insta a esta autoridad para garantizar los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica de los internos.

● Al Secretario de Salud Federal para que garantizara el derecho a la protección de la salud de los hombres y mujeres recluidos, asimismo instó a las autoridades estatales y del DF para que se llevaran a cabo campañas para la promoción y prevención de la salud.

● Al Secretario de Educación Pública Federal para garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones al resto de la población.

● A los Gobernadores de los Estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para garantizar estancias dignas y seguras, proporcionar servicios adecuados en materia de trabajo, capacitación para el mismo y educación; capacitar al personal de los centros penitenciarios, garantizar un trato digno y respetuoso a las mujeres recluidas, así como atención a la salud de acuerdo a sus necesidades; implementar de manera constitucional, mecanismos alternativos de solución de controversias; garantía al debido proceso legal; equilibrar la distribución de los internos.

b) Las funciones y la articulación de las actividades del sistema penitenciario mexicano están plasmadas en el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley que establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. Dentro del mismo marco jurídico de los derechos humanos y por la importancia de promover su observancia, en consideración a los más altos estándares de protección, es necesario señalar tanto los instrumentos jurídicos vinculantes, como las reglas y principios desarrollados en materia de privación de la libertad, que son los siguientes: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio); Conjunto de Principios Para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; Principios Básicos Para el Tratamiento de los Reclusos y Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

c) Otro de los señalamientos frecuentes en los análisis acerca del sistema penitenciario mexicano está relacionado con la distribución de los delincuentes, pues la reinserción social tiene como base la convivencia de criminales de distinto tipo, es decir, de quienes están sujetos a un proceso, sin que se determine su inocencia o culpabilidad, hasta quienes son acusados de la comisión de delitos graves como homicidio, crimen organizado, secuestros, etc.

De acuerdo a lo anterior, lo que prevalece en el sistema penitenciario mexicano constituye una violación al precepto constitucional sobre la separación de internos por grados de peligrosidad y según su situación jurídica.

Asimismo, se hace patente que el derecho a la protección de la integridad física, de la violencia y la aplicación del uso legítimo de la fuerza es ineficaz, toda vez que han sido expuestas las altas tasas de violencia en los centros penitenciarios del país. Los internos están expuestos a riñas frecuentes y muy violentas, autogobierno, corrupción y abusos1.

d) El artículo 43 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación establece las atribuciones de la Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar el modelo del Sistema Penitenciario Federal para los órganos administrativos desconcentrados en la materia;

II. Elaborar la propuesta de política penitenciaria en materia de reinserción social de alcance nacional, así como los programas y acciones que deriven de ésta, aplicable en los centros federales de reclusión y establecimientos de rehabilitación e internamiento juvenil;

III. Proponer políticas para que se promueva la coordinación con el sector público de los tres órdenes de gobierno, y la colaboración del sector privado y social, mediante convenio y acuerdo de concertación en el desarrollo de proyectos de readaptación y reinserción social basados en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte;

  […]

No obstante, en dicho Reglamento no se contempla el respeto a los derechos humanos dentro de las funciones de la Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario.

e) De conformidad con los considerandos anteriores, es cierto que los mecanismos bajo los cuales operan los centros penitenciarios en nuestro país tiene graves problemas relacionados con el abuso de poder, la violencia y la comisión de delitos dentro de sus instalaciones, así como corrupción e ineficacia en el cumplimiento de reinserción social.

Por tanto, esta Comisión estima necesario que los programas, proyectos, planes y acciones que se implementen en los centros penitenciarios consideren el respeto pleno a los derechos humanos de los internos y sus familiares, pues a pesar de los esfuerzos que se han llevado a cabo en esta materia, la situación de las instalaciones y su operación es desigual a lo largo del país y una de las características en común en estas instituciones es la violación sistemática y reiterada de los Derechos Humanos.

IV. RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, de manera respetuosa ,solicita a las autoridades penitenciarias de la Federación y de las entidades federativas a que, en virtud de las disposiciones del artículo 18 constitucional y los avances que ha tenido nuestra legislación para la implementación del sistema penal acusatorio, se revise la normatividad y las políticas públicas para proteger y respetar los derechos humanos de los internos y se fomenten los propósitos de reinserción del sentenciado a la sociedad.

Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a tres de junio de 2014.

PRIMERA COMISION”.

1 LECUONA, Zepeda Guillermo, Situación y desafíos del Sistema Penitenciario Mexicano, México Evalúa. Centro de Análisis de Políticas Públicas A.C, México, 2013.




 

Que solicita a los congresos locales de los estados a que legislen en materia de cultura cívica.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H.ASAMBLEA

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión fue turnada la “Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a los Congresos locales a que legislen en la elaboración de una Ley de Cultura Cívica en su entidad” el pasado 21 de mayo.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. En el capítulo titulado "Antecedentes", se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. En el apartado denominado "Contenido de la Proposición" se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo de los proponentes.

III. En el capítulo que lleva por rubro "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

a) En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 21 de mayo del presente, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a los Congresos locales a que legislen en la elaboración de una Ley de Cultura Cívica para su entidad.

b) La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha propuesta se turnaran a esta Primera Comisión mediante el oficio No. CP2R2A-288.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente señala que la Cultura Cívica puede contribuir a la consolidación de un sistema que efectivamente garantice las libertades sustantivas de los individuos. Refiere que desde 2004 en la Ciudad de México se cuenta con un ordenamiento de estas características que es regulada por 52 juzgados cívicos adscritos a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, los cuales están ubicados  en las 71 Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, mismos que tienen por objeto proteger la tranquilidad, la seguridad y la dignidad de las personas, así como el entorno urbano. 

Del mismo modo, la diputada Nolasco indica que de acuerdo a este ordenamiento vigente en la capital del país, el juez cívico tiene como labor principal la conciliación entre las partes para la resolución de los conflictos, no solamente las sanciones o amonestaciones, como ocurre en otra especie de juzgados.

Por otro lado, en las consideraciones de esta proposición, se indica que la sociedad de nuestro país se ha mostrado intolerante con respecto a las diferencias a la vez que señala que el mexicano es un pueblo que continua siendo discriminador hacia la mujer, las minorías, las razas, etcétera.[sic]

Ante esto, la legisladora sostiene que la cultura cívica es una herramienta de apoyo en la que se conjugan el  sistema de valores, actitudes, conocimientos y habilidades que nos conducen a participar de manera activa, responsable e informada en la construcción de ciudadanía.

De este modo, en su proposición la diputada asegura que la cultura cívica debe nacer del entender que los delitos de alto impacto son repercusión del pasar por alto aquellos de baja huella, y que la tolerancia de infracciones administrativas que se busca señalar en la Ley de Cultura Cívica de cada entidad,  tomando como referencia la ley en esta materia con la que cuenta el Distrito Federal,  son la antesala para la comisión de delitos mayores.

En consecuencia y derivado de lo anterior, se indica en las consideraciones de este punto, que la seguridad ciudadana es un tema que en la actualidad parece estar en una línea delgada, y que la promoción de una ley de estas características es necesaria para el fortalecimiento de la legalidad.

II. Proposición de la Legisladora Proponente.

Proposición de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez

ÚNICO. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos Locales de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que legislen en la elaboración de una Ley de Cultura Cívica en su entidad.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION.

Primera.-Esta comisión dictaminadora coincide con la proposición en análisis, respecto a que el instrumento legislativo al que se pretende respetuosamente instar a que las Legislaturas locales elaboren constituye un  marco jurídico administrativo de prevención, que regula y sanciona aquellas conductas que si bien no constituyen delitos, sí vulneran la armonía de convivencia ciudadana al afectar no solo a las personas sino también a los bienes y espacios públicos que pertenecen a todos, los ciudadanos y es por esa misma razón por la que se hace deseable su regulación.

Segunda.- Es importante señalar que adicionalmente al Distrito Federal, las entidades de Colima y Morelos cuentan con una Ley vigente en materia de cultura cívica, y que en estados como Quintana Roo, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Estado de México, se cuenta con instrumentos municipales que rigen la cultura cívica de las localidades. De suerte que si bien la mayoría de las entidades, no cuentan con un ordenamiento de esta índole, existen otros referentes en el país, no sólo el del Distrito Federal como lo señala la legisladora proponente.

Tercera.- Por otra parte, esta Comisión estima que el carácter de las tres leyes en materia de cultura cívica que se encuentran vigentes dentro del territorio nacional, coinciden particularmente en un punto que es fundamental y que justifica la expedición de una Ley de estas características: la convivencia, el cuidado, y el respeto del entorno que rodea a los habitantes de determinada comunidad. A continuación se insertan dichas coincidencias:

Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal

Artículo 2.- Son valores fundamentales para la cultura cívica en el Distrito Federal, que favorecen la convivencia armónica de sus habitantes, los siguientes:

I. La corresponsabilidad entre los habitantes y las autoridades en la conservación del medio ambiente, el entorno urbano, las vías, espacios y servicios públicos y la seguridad ciudadana;

Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos

Artículo 2.- Son valores cívicos en el Estado, los que favorecen la convivencia respetuosa y armónica de sus habitantes, tales como los siguientes:

I. La corresponsabilidad entre los habitantes y las autoridades en la conservación del medio ambiente, el entorno urbano, las vías, espacios y servicios públicos y la seguridad ciudadana;

 

Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima

Artículo 2º.- Para los efectos de esta Ley, la cultura cívica implica un sentido de pertenencia de las personas a una comunidad de ciudadanos que, en el ejercicio de sus deberes y derechos, crean una esfera de asuntos públicos que todos reconocen como legítima.

Acorde con lo anterior, debe señalarse que en concordancia con estos artículos vigentes, la expedición de una Ley de Cultura o Convivencia Cívica, obedece a la intención del legislador de resolver las problemáticas o incidencias que no son delitos, pero que impiden una convivencia armónica entre los ciudadanos y de estos con su entorno así como para mejorar la relación de estos con su medio ambiente, de suerte que consideramos que el ánimo de legislar en esta materia, debe provenir desde el interior de las entidades y no desde una instancia federal como lo es la Comisión Permanente, en virtud de que las posibles problemáticas que enfrenten las entidades en esta materia, no son generales y uniformes para todo el territorio nacional sino que son particulares de cada demarcación. 

Cuarta.- Con base en los numerales anteriores y respetando los principios de federalismo y de soberanía de los Estados, consagrados en nuestra Constitución en los artículos 40 y 41, esta Primera Comisión se propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a los Congresos Locales de los estados a que, en caso de no haber legislado en términos  de la cultura cívica, legislen en la materia con el fin de proteger la seguridad, integridad y tranquilidad de los ciudadanos.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los tres días del mes de junio de 2014.

PRIMERA COMISION”.





 

Que solicita que se analicen las conclusiones preliminares de la visita a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad, la Procuraduría General de la República y las Fuerzas Armadas de México implemente con prontitud las recomendaciones emitidas por el Relator Especial, en el Informe Preliminar sobre la Tortura en México, lo anterior con fin de prevenir y erradicar la tortura en el país, suscrito por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 numeral 1demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGIA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION.Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 21 de mayo de 2014, se presentó ante, el Pleno de la Comisión Permanente tanto la proposición enunciada en el proemio de este dictamen.

B. La proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio No. CP2R2A-319.

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4, de la Comisión Permanente, el 21 de mayo de 2014.

II. CONTENIDO

A. La proposición pretende:

Primero.- La LXII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad, la Procuraduría General de la República y las Fuerzas Armadas de México implemente con prontitud las recomendaciones emitidas por el Relator Especial, en el informe preliminar sobre tortura en México, lo anterior con fin de prevenir y erradicar la tortura en el país.

Segundo.- La LXII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad, la Procuraduría General de la República y las Fuerzas Armadas de México implementen de manera urgente, acciones coordinadas con los gobiernos estatales y municipales a efecto de prevenir y erradicar la tortura en el país.

B.  Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

La definición legal de la tortura acordada a nivel internacional se plasma en el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual a la reta reza:

“A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a éstas.”

La tortura es raramente denunciada ante las autoridades derivado del enorme daño físico y sicológico que causa esta a las víctimas, además de que se tiene la percepción de que lo más probable es que los autores no sean castigados. Estos hechos convierte a los afectados en dobles víctimas: una por parte de los torturadores, y por otra, de quienes supuestamente deberían proteger el Estado de derecho […]

En 2012 Amnistía Internacional emitió un informe denominado “Culpables conocidos, víctimas ignoradas: Tortura y maltrato en México”, en el cual señala que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió en ese mismo año 1mil 669 denuncias de torturas y malos tratos, sumando un total de 4 mil 841 desde el 2007.  Sin embargo, el informe señala que si bien la información ofrecida por la CNDH  “es la más exhaustiva que se dispone”, esta cifra se encuentra muy lejos de representar la verdadera cifra de denuncias de tortura de todo el país. Esto se debe, según indica dicho informe, a que la CNDH únicamente interviene cuando hay funcionarios federales implicados en los abusos, por lo que los datos de dicho organismo “no incluyen necesariamente las denuncias de torturas y malos tratos cometidas por funcionarios estatales o municipales (salvo si hay también funcionarios federales presuntamente implicados)”.

En este mismo sentido, la organización denominada Human Right Watch señala que algunas de las tácticas de tortura que son utilizadas por los miembros de las fuerzas de seguridad, y que documenta en su informe de noviembre de 2011 “Ni Seguridad, ni derechos”, en general incluyen golpizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, asfixia por ahogamiento, tortura sexual y amenaza de muerte. 

Sobre el particular, la CNDH expresó que durante el primer año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se recibieron mil 506 quejas por tortura y tratos crueles, cifra que si bien es cierto representa 30% menos respecto al 2012, año en el que se registraron 2 mil 113 casos, también lo es que la cifra sigue siendo terriblemente elevada.

Aunado a lo anterior, recientemente estuvo en México el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, de la ONU, el cual concluyó que la tortura es generalizada en México y que no hay corporaciones que se dediquen al arresto y detención de personas contra las que no haya recibido denuncias.

El Relator Especial de la ONU señala que  fue a partir del año 2006, cuando Felipe Calderón emprendió la “Lucha contra el narcotráfico”, cuando comenzaron a crecer las demandas por violaciones a los derechos humanos, sin embargo, existen además de este trasfondo, otros aspectos que contribuyeron al crecimiento de la tortura en México.

En primera instancia, los policías están poco y mal capacitados, y esto incluye su instrucción acerca de cómo evitar posibles abusos. Además, están muy mal pagados, lo que contribuye a que el ánimo dentro de las propias corporaciones policiacas empeore, mientras decrecen los controles a la corrupción y la impunidad. A este factor psicológico hay que añadir la ira de los policías al arriesgar su vida todos los días, o por el hecho de que han perdidos amigos, colegas o familiares como producto de la “guerra contra las drogas”.

El Relator, en su informe preliminar, señala que la tortura es practicada por las diferentes fuerzas de seguridad en los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), así como por las Fuerzas Armadas, por ello, es nuestra obligación, como legisladores y representantes populares, compartir las preocupaciones del Relator Especial y demás organismos de la sociedad civil, pero sobre todo, es nuestra obligación ocuparnos en tender puentes, en coadyuvar en la solución de la problemática y por ayudar a mitigar las deficiencias y los vicios existentes, particularmente frente a las graves carencias identificadas en la implementación de medidas para prevenir la aplicación de la tortura, entre los que se destacan:

1. Tomar medidas para que cesen las violaciones cometidas entre el momento de la detención y la puesta a disposición de las autoridades correspondientes, incluyendo la falta de registros adecuados y la detención en sitios no identificados.

2. Implementar de manera inmediata y obligatoria la correcta aplicación del Protocolo de Estambul para la detección de señas de tortura, el cual no es aplicado de conformidad a los estándares internacionales y en muchas ocasiones es practicado meses después de los hechos.

3. Verificar la adscripción de los peritos oficiales a las procuradurías de justicia, toda vez que al depender de éstas resta independencia e imparcialidad en su aplicación.

4. El hecho de que ninguna prueba obtenida bajo tortura sea admitida como válida en los procesos judiciales.

5. En toda investigación de hechos de tortura o malos tratos, la carga de la prueba debe recaer sobre el Estado y no sobre las víctimas.

6. Dar pasos firmes en la investigación y sanción de todos los responsables para poner fin a la impunidad prevalente y garantizar reparaciones adecuadas a todas las víctimas.

En este sentido, debemos hacer un enérgico llamado al Gobierno Federal a efecto de que implementar con prontitud las recomendaciones emitidas por el Relator Especial, en el informe preliminar sobre tortura en México, lo anterior con fin de prevenir y erradicar la tortura en el país.

III. CONSIDERACIONES

A. Del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, el Relator Especial de Naciones Unidas visitó nuestro país. Durante su estancia, el Relator inspeccionó un Centro Federal de Readaptación Social, el Centro Nacional de Arraigo, un Centro de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal, dos centros de privación de libertad de menores infractores, el Instituto Nacional de Psiquiatría, cuatro Centros de Readaptación Social Estatales, tanto varoniles como femeniles, una Estación Migratoria, y una Agencia Estatal Receptora de una Procuraduría General de Justicia. De allí publicó las Conclusiones Preliminares. Visita a México del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, a las que se refiere el proponente del punto de acuerdo en análisis como “Informe Preliminar sobre Tortura en México”.

B. A principios del mes de junio del presente, el Estado Mexicano deberá de recibir por parte del Relator las Conclusiones preliminares sobre la visita, mismas que tendrán el carácter de confidenciales. El Estado Mexicano deberá de trabajar en las recomendaciones y deberá de dar respuesta a las Conclusiones. Una vez presentada la respuesta, ambos documentos serán públicos.

C. Esta Primera Comisión comparte la preocupación del Relator Juan E. Méndez, así como las del senador Robles Montoya acerca de la situación generalizada de tortura en México, al no haber corporaciones que se dediquen al arresto que no hayan recibido denuncias en ningún orden de gobierno. Nos preocupa especialmente el falso dilema entre el respeto de los derechos humanos y la garantía de la seguridad pues las investigaciones no son efectivas aunque se haga uso de la tortura, malos tratos o fabricación de pruebas, y persiste la impunidad en nuestro país.

D. Con respecto a la primera pretensión del punto de acuerdo sobre exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Procuraduría General de la República y a las Fuerzas Armadas para implementar con prontitud las recomendaciones emitidas por el Relator especial en materia de tortura, esta Comisión estima que en las Conclusiones preliminares se establecen recomendaciones sobre:

● Evitar la tendencia de incorporar militares retirados o con licencia a las corporaciones de seguridad civiles, pues compromete los principios de la utilización de la fuerza pública.

● Debe armonizarse la tipificación del delito de tortura en la legislación federal como en la local, de acuerdo con los estándares establecidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

● El Protocolo de Estambul debe realizarse generalizadamente, oportunamente y en conjunto con otros medios probatorios. Los servicios forenses deberán ser adscritos a las Procuradurías, pero independientes de éstas.

● El Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura de la CNDH debe cumplir sus funciones de monitoreo de los centros de privación de la libertad con inclusión de la sociedad civil.

● En general las alegaciones y testimonios recibidos se refieren al uso de la tortura y los malos tratos en las etapas inmediatamente posteriores a la privación de la libertad y antes de la puesta a disposición de la justicia. Asimismo, el uso de la tortura y los malos tratos aparecen excesivamente relacionados a la obtención forzada de confesiones y a la averiguación de información.

● Eliminar la práctica reiterada de primero detener y luego investigar. La mayoría de estas detenciones, privan de la libertad sin intervención judicial, lo que expone a las personas a mayor vulnerabilidad ante posibles actos de tortura y malos tratos. Se debe resolver el conflicto de interés del Ministerio Público sobre estar a cargo de los cuerpos policiales y de la investigación.

● Elevar la calidad de la defensoría pública y demandar su independencia. Buscar su presencia desde el momento de la detención para prevenir casos de tortura.

● Realizar una evaluación médica inmediata, exhaustiva e imparcial al momento del ingreso de los detenidos a los centros de privación de libertad, acompañadas con fotografías.

● Solucionar las condiciones de hacinamiento, precariedades alimenticias y sanitarias y en los centros de privación de la libertad. Así como el cambio en la dinámica de restricción de actividades recreativas, educativas y laborales que comprometen su posibilidad de rehabilitación.

● Fortalecer los mecanismos de reparación y rehabilitación integral de las víctimas de tortura y malos tratos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en particular de su Comité de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

●Que la reparación incluye la identificación y sanción de los responsables de las víctimas.

E. Estas recomendaciones competen efectivamente a los sujetos que se pretende exhortar en el punto de acuerdo: la Comisión Nacional de Seguridad, la Procuraduría General de la República y las Fuerzas Armadas de México. Lo anterior, pues según el artículo 21 constitucional, corresponde al Ministerio Público y a las policías la investigación de los delitos y la procuración de justicia. En este sentido, la Procuraduría General de la República se encarga del despacho de los asuntos que le confieren al Ministerio Público, según el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

F. A pesar de que la Ley de la Policía Federal indica en diversas fracciones del artículo 8 que la policía está bajo el control del Ministerio Público, esta Primera Comisión advierte que la misma ley vigente, en su artículo 2, menciona que esta organización es un órgano desconcentrado de la  Secretaría de Seguridad Pública, y aunque las atribuciones de dicha Secretaría fueron trasladadas a la Comisión Nacional de Seguridad por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, se estima adecuado exhortar también a la Policía Federal en el resolutivo primero de este punto de acuerdo, toda vez que es que goza de cierta autonomía al ser un órgano desconcentrado y es la encargada de realizar investigaciones y detenciones, actividades que según el Relator, son las que tienen más alegaciones y testimonios de casos de tortura.

G. De acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación le corresponde a la Comisión Nacional de Seguridad, dentro de otras cosas:

● Proponer las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública y sobre la política criminal de la Nación y de sus habitantes, así como coordinar y supervisar su ejecución e informar sobre sus resultados.

● Dictar las medidas tendientes a preservar las libertades, el orden social y la paz públicos, así como salvaguardar la integridad y derechos de las personas.

● Coordinar, con la participación de la Procuraduría General de la República, la elaboración de estudios sobre actos delictivos no denunciados y asegurar se incorpore esta variable en el diseño de las políticas de su competencia en materia de prevención del delito, en coordinación con la unidad administrativa competente de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.

● Coordinar las acciones necesarias para la debida administración y funcionamiento del sistema penitenciario en relación con la prisión preventiva y la ejecución de penas por delitos del orden federal, así como del tratamiento de menores infractores, en términos de las disposiciones legales aplicables.

● Coordinar y supervisar las actividades de colaboración y auxilio con las autoridades policiales, ministeriales y judiciales de los tres órdenes de gobierno.

Así, el Reglamento atribuye a la Comisión Nacional de Seguridad las facultades necesarias para la implementación de las Recomendaciones del Relator, por lo que también se considera un sujeto competente a exhortar en el presente punto de acuerdo.

H. Al ser una de las preocupaciones de las Conclusiones preliminares a partir del despliegue militar en las zonas de alta inseguridad en el país, esta Primera Comisión estima acertado exhortar a las Fuerzas Armadas de acuerdo a la propuesta del punto de acuerdo planteada por el solicitante.

I. De acuerdo con el análisis de las Conclusiones preliminares de la Relatoría Especial contra la Tortura, se observa que existen recomendaciones a otros sujetos adicionales a los planteados en el punto de acuerdo, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en particular de su Comité de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que, para dar un mejor seguimiento a las recomendaciones realizadas al Estado Mexicano, se incorporan también estos sujetos al exhorto del punto de acuerdo que se refiere a la implementación con prontitud de las recomendaciones del Relator Especial contra la Tortura.

J. Respecto del segundo resolutivo de este punto de acuerdo, en la propuesta se refiere a que los datos disponibles sobre la tortura no son exactos, pues solamente se contabilizan aquellos en los que participaron agentes federales y no estatales ni municipales. Las Conclusiones Preliminares se refieren a la falta de armonía en la tipificación de la tortura y la manera de hacerle frente a este delito a lo largo de la República; también señalan que las entidades federativas no acatan la prohibición de la figura del arraigo, que debería aplicarse sólo en el orden federal y restringido a ciertos delitos. Se observa también en la visita, las diferencias en los centros de privación de la libertad en los diversos Estados, por lo que esta Comisión dictaminadora coincide con el espíritu de la propuesta planteada sobre la coordinación de los tres órdenes de gobierno para prevenir y erradicar la tortura.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

                                                                                                      
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a que, en el ámbito Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los órdenes federal y de las entidades federativas, se analicen las Conclusiones Preliminares de la visita a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a fin de prevenir, investigar y sancionar la tortura y los malos tratos, y en su caso, proveer a la reparación del daño que corresponda.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los tres días del mes de junio de 2014.

PRIMERA COMISION”





 

Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno del estado de Yucatán para que, a través de las instancias correspondientes, atienda las denuncias que se presenten sobre agresiones a representantes de organizaciones de la sociedad civil

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita información de los acuerdos alcanzados con los representantes y los familiares y las acciones que emprenderán para la resolución de los homicidios de Jary Jaakkola y Alberta Cariño; así como garantizar la adecuada protección a familiares y testigos.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H.ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades del estado de Oaxaca y del Gobierno Federal a realizar acciones tendientes a garantizar la resolución de los homicidios de Alberta Cariño y Jyri Jaakkola, así como la adecuada protección de familiares y testigos, presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ,el 21 de mayo de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminarían conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 21 de mayo del 2014, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades del estado de Oaxaca y del Gobierno Federal a realizar acciones tendientes a garantizar la resolución de los homicidios de Alberta Cariño y Jyri Jaakkola, así como la adecuada protección de familiares y testigos

b. En la misma fecha, mediante el oficio CP2R2A-331, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha proposición a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En la propuesta se señala que los activistas Alberta Cariño Trujillo, conocida como “Bety Cariño”, fue defensora de derechos humanos y directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), una organización comunitaria en el Estado de Oaxaca y Jyri Antero Jaakkola, de nacionalidad finlandesa, fue defensor y activista de derechos humanos, quien en el año 2010, se encontraba en Oaxaca como observador por los derechos humanos en San Juan Copal a, con la finalidad de contribuir a detener las agresiones en la comunidad.

La propuesta relata que el 27 de abril de 2010, ambos viajaban a bordo de una camioneta, al frente de una caravana de paz, acompañada por organizaciones de la sociedad civil, maestras, maestros y periodistas. Su objetivo: llevar “apoyo activo a la organización del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, y su lucha por unir al pueblo triqui, así como contribuir a detener cualquier tipo de agresión contra la comunidad”; la promoverte indica que, una vez ingresada la caravana a la comunidad de La Sabana, zona triqui, dominada por la organización Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), los vehículos fueron emboscados y más de 20 paramilitares dispararon con armas largas y cuernos de chivo por largo tiempo. Bety Cariño y Jyri Jaakkola que viajaban a bordo del vehículo que portaba una manta con la leyenda “Prensa y Caravana de Observación” fueron asesinados.

Hace referencia a que los asesinatos generaron indignación nacional e internacional, cuatro Relatorías de la Organización de las Naciones Unidas se pronunciaron de manera conjunta por primera vez en la historia de México, condenando el ataque y exigiendo una investigación efectiva para sancionar penalmente a las personas responsables materiales e intelectuales. De igual manera la comunidad diplomática europea se pronunció y se sigue pronunciando en el mismo sentido.

En la proposición se indica que aunque la investigación por estos hechos la inició la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJE), el mismo 27 de abril de 2010, a los pocos días de ese mismo año se declinó competencia a favor de la Procuraduría General de la República (PGR) en relación a todos los delitos cometidos y no sólo en cuanto a aquellos que fueran competencia federal.

Ante la falta de resultados concretos, en el año 2012, la Procuraduría de Oaxaca solicitó remisión de expediente y continúo integrando en su competencia por lo que corresponde a los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, lesiones y privación ilegal de la libertad.

La senadora promoverte manifiesta que en este caso se cuenta con los nombres, rostros e incluso de algunos domicilios laborales de las personas señaladas como probables responsables y en el mes de septiembre del 2012, la Procuraduría Oaxaqueña giró orden de aprehensión contra 14 personas, quienes son señaladas como probables responsables de la comisión de diversos ilícitos en contra de Alberta Cariño, Jyri Jaakkola y 20 personas más que integraban la caravana humanitaria.

Se destaca en la propuesta que desde esa fecha hasta hoy solo una de esas órdenes se ha cumplimentado, en contra de Rufino Juárez, mismo que ya encuentra recluido por otros asesinatos en el Penal de Santa María Ixcotel, Oaxaca. Este sujeto es líder del grupo paramilitar UBISORT.

En la propuesta se describe que de acuerdo con las y los abogados que acompañan el caso, hasta el momento quedan 12 personas señaladas como responsables y afirma que será necesario que sean detenidas; indica que es importante señalar, que existe un grupo de personas con calidad de testigos, en su mayoría mujeres, que actualmente viven en la zona y se encuentran en riesgo. Señalan que desafortunadamente para este tipo de delitos no opera el mecanismo de protección a testigos, por ser exclusivo para delitos cometidos por la delincuencia organizada. Aunque las personas señaladas como probables responsables pertenecen a un grupo paramilitar, hasta la fecha no ha sido posible que la PGR o la PGJE acrediten la existencia de la delincuencia organizada.

Argumenta que, conforme a lo señalado por las y los representantes de los familiares, se requiere un acuerdo político al más alto nivel posible que permita destinar recursos humanos y materiales para la protección de estas personas que son testigos del caso. Es evidente que, al estar la mayoría de las personas señaladas como responsables libres, se pone en mayor riesgo a las y los testigos, quienes tendrían que declarar en cada juicio contra cada una de las personas inculpadas. Manifiesta que lo más recomendable es que se detengan a todas las personas señaladas como probables responsables para que se realice un solo juicio y no 13 juicios, es decir, un juicio por cada persona inculpada.

La Senadora promoverte señala que entre los últimos acercamientos con las autoridades, en septiembre del año 2013, se realizó una reunión con el Gobierno Federal, en el que también estuvieron presentes la Embajada de Finlandia, así como la familia de Jyri Jaakkola, y acordaron la instalación de una mesa para la coordinación de las acciones necesarias para la resolución del caso y solicitaron al Gobierno Federal, considerando que son parte de sus facultades competenciales, las siguientes medidas:

•        Se emita la alerta migratoria y se solicite a INTERPOL la emisión de la ficha roja de las personas probables responsables, considerando que las órdenes de aprehensión están vigentes y que algunos se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica.

● Incorporar en el Programa de Recompensas a las personas probables responsables, considerando que es un mecanismo con el que cuenta la Procuraduría General de la República.

● Establecer un grupo de trabajo coordinado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR).

●       Establecer reuniones periódicas, mínimo cada 20 días, para dar seguimiento a los avances.

Se destaca que han transcurrido ocho meses y no se ha realizado ninguna actividad que lleve a la detención de las personas responsables, además no se ha convocado a una reunión de seguimiento a las familias y representantes legales.

Se indica que familiares, amistades y organizaciones de la sociedad civil realizaron una huelga de hambre frente a la Procuraduría General de la República en la Cuidad de México, para exigir que se cumplimenten las 12 órdenes de aprehensión pendientes.

Es por ello que la promoverte manifiesta que el acceso a la justicia para las víctimas es un derecho humano, y la sanción efectiva para las personas responsables de estos asesinatos es una garantía para evita que hechos semejantes se repitan, pero sobre todo para impedir que la impunidad siga siendo la constante en casos de agresiones a la personas defensoras de los derechos humanos.

Esta Comisión dictaminadora considera indispensable plasmar en el cuerpo de este dictamen el resolutivo de la proposición con punto de acuerdo en comento que a su letra dice:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; así como a los titulares de la Secretaria de Gobernación y de la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a los acuerdos alcanzados con las y los representantes y los familiares, en el mes de septiembre de 2013, se haga la instalación formal de una mesa de trabajo que coordine las acciones necesarias para la resolución de los homicidios de Jyri Jaakkola y Alberta Cariño; así como para garantizar la adecuada protección a familiares y testigos.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión comparte la preocupación de la Senadora proponente ya que los derechos humanos son un eje principal que rige el marco jurídico y obliga al Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y por el otro prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

La Comisión dictaminadora considera relevante hacer mención que familiares de las víctimas, amistades y organizaciones de la sociedad civil desde el 29 de abril  de 2014 realizaron una huelga de hambre a las afueras de la PGR en la Ciudad de México para exigir justicia y que sean detenidos los responsables de la muerte de los activistas.

Una de las causas que motivaron la proposición de la Senadora Angélica de la Peña Gómez es que el Gobierno Federal no ha convocado a una reunión de seguimiento a las familias y representantes legales como lo acordaron en la reunión en el mes de septiembre del año pasado.

Ante la huelga de hambre que realizada por  familiares de las víctimas, amistades y organizaciones de la sociedad civil, el 2 de mayo del presente funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación tuvieron un acercamiento con los manifestantes.

Esta Comisión hace referencia a la información que en los últimos días diversos medios de comunicación expresan que el miércoles 13 de mayo del presente se realizó la firma de la minuta con el compromiso de cumplimentar las órdenes de aprehensión que ya existen contra 12 personas supuestamente involucradas en el delito, realizar acciones operativas de protección a los testigos del asesinato y detención de los responsables y sostener reuniones mensuales con las SEGOB para darle seguimiento a las acciones; se indica que el compromiso se encuentra representado por Juan David Garay Maldonado, titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación; Joaquín Carrillo Ruíz, procurador de Justicia de Oaxaca; Anu Vouri-Kiikeri, ministra consejera de la embajada de Finlandia; Omar Esparza, viudo de Alberta Cariño; Karla Micheel Salas, representante legal de la víctima, y Vidal Díaz Leal, comisario de la Agencia Especializada de Investigación de la PGR.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes esta Comisión consideran oportuno solicitar a las dependencias involucradas en la firma de dicho acuerdo, un informe de las acciones que emprenderán para  la resolución de los homicidios de Jary Jaakkola y Alberta Cariño; así como para garantizar la adecuada protección a familiares y testigos.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primara Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea los siguientes:

IV. RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita, de manera respetuosa, al Gobierno del Estado de Oaxaca y a  la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de sus facultades y sin vulnerar el principio de confidencialidad, informen a esta Soberanía de los acuerdos alcanzados con las y los representantes y los familiares, el pasado 13 de mayo  de 2014, y las acciones que emprenderán para la resolución de los homicidios de Jary Jaakkola y Alberta Cariño; así como para garantizar la adecuada protección a familiares y testigos.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los tres días del mes de junio de 2014.

PRIMERA COMISION”.





 

Que solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar un análisis de los 20 programas que el gobierno federal implementará en el periodo 2014-2018, a fin de conocer si son congruentes con el marco jurídico vigente en materia de derechos humanos.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H.ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Segundo Periodo de Ejercicio  Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Exhorte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a realizar y comunicar a la H. Cámara de Diputados y al Senado de la República un análisis a los programas nacionales presentados por diversas Secretarías de Estado del Gobierno de la República para el ejercicio 2014-2018, respecto a avances, retrocesos, omisiones, lagunas, situaciones positivas o negativas de transversalidad, concepto, estructura y demás observaciones, en materia de Derechos Humanos como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La importancia de un análisis de esta naturaleza será vital, de importancia histórica y una guía para el desarrollo de los Derechos Humanos en México.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminarían conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

ANTECEDENTES GENERALES

a) En sesión celebrada el 7 de mayo de 2014, la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Exhorte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a realizar y comunicar a la H. Cámara de Diputados y al Senado de la República un análisis a los programas nacionales presentados por diversas Secretarías de Estado del Gobierno de la República para el ejercicio 2014-2018, respecto a avances, retrocesos, omisiones, lagunas, situaciones positivas o negativas de transversalidad, concepto, estructura y demás observaciones, en materia de Derechos Humanos como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La importancia de un análisis de esta naturaleza será vital, de importancia histórica y una guía para el desarrollo de los Derechos Humanos en México.

b) La Mesa Directiva, en esa misma fecha, turnó dicha Proposición a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia por medio del oficio No. CP2R2A.-55  para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La Senadora Ana Gabriela Guevara expone que el 30 de abril del presente año, el Diario Oficial de la Federación publicó diversos programas nacionales de algunas Secretarías de Estado en los cuales se describe, analiza, diagnostica y proyecta acciones del Gobierno Federal durante este sexenio.

Lo anterior, considera la Senadora, abre cause a encaminar las políticas emprendidas por el Ejecutivo en concordancia con los objetivos, metas y alineación de metas nacionales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual define acciones inmediatas, mediatas y de largo plazo, así como distribuye competencias y atribuciones a las instituciones que dependen del ejecutivo, lo que refrenda el compromiso del ejecutivo federal en materia de gobernabilidad que asumió el Titular del Ejecutivo.

La Senadora considera que la reforma al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2011 trajo consigo obligaciones genéricas y específicas al Estado en materia de Derechos Humanos, por ello la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido un encargo mayúsculo como lo es estudiar y analizar los proyectos de gobierno respecto a la promoción, respeto, protección, garantía, prevención, investigación sobre derechos humanos, así como sancionar y reparar los daños en caso de violación de estos derechos.

Por ello, su propuesta consiste en convocar a una cooperación cada vez más estrecha con los trabajos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sus recursos intelectuales, su capacidad analítica, diagnóstica y reflexiva en los ámbitos de su materia, facultades que son imprescindibles para que el gobierno en turno,  experimente una conciencia de sí mismo y de su desarrollo respecto al horizonte de los derechos humanos.

CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION

PRIMERA. La Reforma Constitucional en materia de derechos humanos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. En ella, se establecieron las bases para que nuestras leyes e instituciones protegieran a la persona sobre cualquier otra instancia y se respetaran sus derechos fundamentales, es decir, lo que hoy se consideran derechos humanos.

El cambio más significativo en este ramo tuvo lugar con la denominación del Capítulo I de la Constitución Política de nuestro país, pues se cambió de “Garantías Individuales” a “De los Derechos humanos y sus garantías.”

En el artículo 1º nuestra Constitución se establece que en nuestro territorio las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, que las normas relativas a derechos humanos deberán interpretarse conforme a lo establecido en la Constitución y los Tratados Internacionales y el tercer párrafo establece que:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

SEGUNDA.  La  Comisión Nacional de Derechos Humanos encuentra su fundamento en el artículo 102 apartado B, en el que se señala que:

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

[…]

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

TERCERA. La Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece en el artículo 6 las atribuciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre las que destacan:

[…]

VIII. Proponer a las diversas autoridades del país, que en exclusivo ámbito de su competencia promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como prácticas administrativas, que a juicio de la Comisión Nacional redunden en una mejor protección de los derechos humanos.

Este artículo establece el campo de atribución que tiene la CNDH, entre las cuales se encuentra la coordinación con las diferentes Secretarías para cumplir con los objetivos que debe alcanzar nuestro país en materia de derechos humanos.

En dicha Ley también se estipula la integración, las atribuciones y competencias de este órgano autónomo, entre las cuales se encuentra la presentación de un informe por parte del Presidente de la Comisión, de conformidad con los artículos que a continuación se señalan:

Artículo 15. El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

[…]

V. Presentar anualmente a los Poderes de la Unión, un informe de actividades, en los términos del artículo 52 de esta Ley,

Artículo 52.- El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente ante los Poderes de la Unión, un informe sobre las actividades que haya realizado en el período comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior. Al efecto, comparecerá en el mes de enero ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; posteriormente, presentará el informe ante el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho informe será difundido en la forma más amplia posible para conocimiento de la sociedad.

Artículo 53.- Los informes anuales del Presidente de la Comisión Nacional deberán comprender una descripción del número y características de las quejas y denuncias que se hayan presentado, los efectos de la labor de conciliación; las investigaciones realizadas, las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad que se hubiesen formulado; los resultados obtenidos, así como las estadísticas, los programas desarrollados y demás datos que se consideren convenientes.

 Asimismo, el informe podrá contener proposiciones dirigidas a las autoridades y servidores públicos competentes, tanto federales, como locales y municipales, para promover la expedición o modificación de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como para perfeccionar las prácticas administrativas correspondientes, con el objeto de tutelar de manera más efectiva los derechos humanos de los gobernados y lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servidores públicos

Artículo 54.- Ninguna autoridad o servidor público dará instrucciones a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con motivo de los informes a que se refiere el artículo 52 de esta ley.

CUARTA. El día 30 de abril el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación los decretos por los que se aprueban los siguientes programas para el ejercicio 2014-2018:

1. Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

2. Programa Nacional de Población

3. Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación

4. Programa Nacional de Derechos Humanos

5. Programa Especial de Migración

6. Programa Nacional de Protección Civil

7. Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

8. Programa Nacional de Seguridad Pública

9. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

10. Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

11. Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

12. Programa Nacional de Desarrollo Social

13. Programa Nacional de Juventud

14. Programa Nacional México Sin Hambre

15. Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

16. Programa Nacional de Asistencia Social

17. Programa Regional de Desarrollo del Centro

18.  Programa Regional para el Desarrollo del Norte

19. Programa Regional de Desarrollo Sur-Sureste

20. Programa Especial de los Pueblos Indígenas

QUINTA. La Proposición con Punto de Acuerdo de la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), tiene como propósito que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dé un análisis detallado y minucioso sobre cómo las dependencias que emiten los programas publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del presente cumplan con lo dispuesto en el artículo 1º constitucional, en el que se enuncia que todas las autoridades tienen la obligación de apegarse a lo establecido por la Constitución y por los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos

Al respecto, esta Comisión encuentra esta propuesta como una valiosa aportación al fortalecimiento de nuestras instituciones en el ámbito nacional e internacional, pues busca que tanto las dependencias como la CNDH se involucren en hacer cumplir lo mandatado por la Constitución, asimismo, se erige como un mecanismo para garantizar que los Programas publicados por el Gobierno Federal cuenten con la observación del órgano garante del respeto a los Derechos Humanos y que sean congruentes con los objetivos y metas planteadas en este ámbito por el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

De acuerdo con los artículos 52 y 53 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Presidente de dicho organismo está obligado a presentar un informe detallado del ejercicio de sus funciones ejercicio que comprende desde el 1º  de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior, mismo que deberá comprender, dentro de otras cosas, las recomendaciones, resultados, estadísticas, programas, investigaciones y demás datos que se consideren convenientes. Así mismo, el informe podrá contener proposiciones dirigidas a las autoridades para promover la modificación de disposiciones reglamentarias, así como para perfeccionar las prácticas administrativas correspondientes, para una tutela de manera más efectiva los derechos humanos.

Asimismo, el artículo 54 del mismo ordenamiento establece que nadie puede instruir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el informe que debe rendir su Presidente ante los Poderes de la Unión, pues ello podría poner en riesgo su capacidad de autonomía y capacidad de gestión, por lo cual sus objetivos, facultades y atribuciones sólo deben ser aquellas que la Ley determine, mismas que ya consideran la coordinación entre las dependencias y la CNDH en relación con los programas para impulsar el cumplimiento de la normatividad en materia de derechos humanos.

Por ello, toda vez que es del mayor interés de la Comisión Permanente armonizar los Programas, Proyectos, Acciones e Instituciones para que ejecuten sus objetivos de conformidad con lo dispuesto en materia de derechos humanos en la reforma constitucional de 2011, consideramos que la propuesta podría sugerir a la CNDH investigar, durante este año de ejercicio, la instrumentación, implementación y los alcances de dichos programas para incluir un reporte de sus hallazgos en el Informe que el Presidente de la CNDH  rendirá ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión conforme al artículo 52 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por lo anteriormente expuesto la Primera Comisión emite los siguientes:

III. RESOLUTIVOS

 PRIMERO.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos  para que, dentro del ámbito de su competencia, realice un análisis de los veinte Programas que el Gobierno Federal implementará en el periodo de 2014 -2018 anunciados el 30 de abril de 2014, a fin de conocer si estos son congruentes con el marco jurídico vigente en materia de derechos humanos y, de ser necesario, realice las observaciones o emita las recomendaciones que estime pertinentes.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que considere incluir el resultado del análisis de los  veinte programas que el Ejecutivo Federal ha propuesto para el periodo 2014 – 2018 en el informe que rendirá el Presidente de dicha Comisión ante los Poderes de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez que es de sumo interés para el Congreso de la Unión proteger y salvaguardar el respeto a los ordenamientos en materia de derechos humanos.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los tres días del mes de junio de 2014.

PRIMERA COMISION”.





 

Por el que se solicita al Instituto Nacional de la Mujer analizar el caso para emitir, en su caso, la declaratoria de alerta por violencia de género.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que desecha la proposición que exhorta a fortalecer, normar y ampliar el uso de la bicicleta para mejorar la movilidad en la ciudad de México.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION


H-ASAMBLEA

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se turnó el pasado 20 de mayo de 2014,  la “Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer, normar y ampliar el uso de la bicicleta para mejorar la movilidad en la Ciudad de México”.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminarían conforme al siguiente procedimiento:

I. En el capítulo titulado "Antecedentes", se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. En el apartado denominado "Contenido de la Proposición" se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo de los proponentes.

III. En el capítulo que lleva por rubro "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

a) En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 21 de mayo del presente, diversos senadores a la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo, por la que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer, normar y ampliar el uso de la bicicleta para mejorar la movilidad en la Ciudad de México.

b) La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dichas propuestas se turnaran a esta Primera Comisión mediante el oficio No. CP2R2A-278.

III. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Los proponentes señalan que uno de los retos más importantes del Distrito Federal, es la movilidad y el transporte, toda vez que de acuerdo con datos de la Secretaria de Transportes y Vialidad del DF (SETRAVI) el número de viajes metropolitanos (aquellos que cruzan el límite entre el DF y el Edo. México) asciende a 4.2 millones por día, y que la longitud de la red vial en el Distrito Federal rebasa los 10 mil kilómetros, de suerte que aseguran que estos datos que dan cuenta del reto en el tema de la movilidad para esta ciudad.

Acorde con lo anterior, en la proposición se refiere que el 16 de Febrero de 2010 el Gobierno del Distrito Federal puso en marcha la primera fase del programa EcoBici, misma en la que se dio servicio a las colonias Cuauhtémoc, Juárez, Roma Norte, Hipódromo Condesa y Condesa, a través de 85 ciclos estaciones con 1,114 bicicletas.

Consiguientemente, se indica que ha habido las siguientes ampliaciones:

● El 29 de octubre de 2011, se ampliaron los alcances del programa con una segunda fase que comprende el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se sumaron 5 ciclo estaciones más y 12 se reubicaron, sumando un total de 90.

● Una tercera ampliación del servicio se cumplió 2011, que abarcó las zonas de Polanco y otras. A la fecha se cuenta con 4,000 bicicletas dentro del sistema.

Por su parte los proponentes aseguran que los requisitos que establece el programa para la afiliación, que consisten en ser mayor de 16 años y contar con una tarjeta de crédito o débito para realizar el pago de la inscripción anual, limita el acceso al sistema. No obstante reconocen como un esfuerzo para resarcir esta situación, que también puedan asociarse los cargos del servicio a la cuenta domiciliaria de servicio telefónico del usuario (Telmex) con la finalidad de facilitar la población el acceso al programa, sin embargo a través de esta forma de pago,  el costo anual  ($400.00) se incrementa en un 150% al tener que cubrir $660 pesos extras por utilizar este medio de pago.

En la proposición se alude a que a la fecha dicho sistema abarca las Delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, exclusivamente  y cubre 14 colonias, lo que representa una cobertura del 16% del total de colonias de dichas delegaciones y una cobertura del 13% del total de delegaciones en el Distrito Federal. Del mismo modo, los proponentes consideran relevante que hasta 2013 estaban registrados 95,780 usuarios lo que dicen que solo representa el 1.1% del total de habitantes de la Ciudad de México, y el 0.7% si se toma en cuenta la población flotante que trabaja en el Distrito Federal que es de alrededor de 5,000,000 de personas (población flotante).

Los senadores aducen que el uso de bicicleta como medio de transporte representa únicamente el 1% del total de los medios de trasporte utilizados en la Ciudad de México y que al ser un programa tan restringido en su cobertura, se vuelve discriminatorio para 14 delegaciones, lo cual obliga a los habitantes a utilizar medios de transporte contaminantes, al no tener opciones de movilidad a través de bicicletas. 

Del mismo modo, aseguran que el programa se convierte en un programa elitista al circunscribirse a dos delegaciones y colonias con poder económico medio-alto y con requisitos de inscripción que no están al alcance de las mayorías, lo que deja a un lado a más de 7 millones de habitantes y 14 delegaciones del Distrito Federal.

Ante ese escenario, y con base en el estudio “Políticas públicas destinadas a reducir el uso del automóvil”, realizado por Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés) y con el respaldo de la Embajada Británica en México, en la propuesta se estima conveniente implementar lo siguiente:

● Cambiar o impulsar modos de transporte más eficientes como el transporte no motorizado (caminar o uso de la bicicleta) y el transporte público (autobuses, sistema de metro bus, metro, entre otros), a fin de implementar medidas enfocadas en la planificación del crecimiento urbano y su infraestructura.

● Reducir la necesidad de viajar, disminuir la duración de los viajes y hacer que sea más seguro y más fácil para las personas poder acceder a puestos de trabajo, a instalaciones de ocio y servicios e ir de compras mediante el uso de transporte público, caminando o usando la bicicleta.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION.

 Primera.- Esta Dictaminadora comparte la preocupación de los proponentes por mejorar las condiciones de movilidad en la capital del país, toda vez que en ella residen los principales centros educativos, financieros y es sede de los Poderes de la Unión, por lo cual es menester no escatimar esfuerzos en la obtención de resultados.

Segundo.-  Para esta Comisión, es importante considerar en este proyecto de dictamen que la implementación del Programa Eco bici, obedece a los resultados obtenidos por una serie de encuestas y estudios que desde 2007 se han aplicado en el Distrito Federal. Entre ellas, pueden señalarse la “Consulta Verde”, y las diversas de “origen-destino”, que fueron elaboradas por el Gobierno del Distrito Federal, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y el Gobierno del Estado de México.

Estos estudios han arrojado algunos resultados que, de acuerdo a las motivaciones del Programa Eco bici, han sido determinantes para la implementación de este programa. Entre otros datos, pueden mostrarse los siguientes, que señalan los motivos por los cuales el perímetro Eco bici, se encuentra en las colonias y delegaciones que señala la proposición:

“Según la Encuesta Origen-Destino 2007 la estaciones del metro con mayor afluencia son el metro Insurgentes con 62,656 personas que suben y 62,461 que bajan. Le siguen el metro Chapultepec con 59,935 personas que suben y 60,828 que bajan y el metro Chilpancingo con 43,133 personas que suben y 42,038 que bajan.

Asimismo, las colonias que se encuentran dentro del perímetro Eco bici, concentran más de un millón y medio de viajes, ya sean de destino final o de tránsito, toda vez que de entre estos viajes, la proporción que resulta de acuerdo al propósito de estos es la siguiente: el 26% se realizan rumbo a un destino de trabajo, el 9% a estudiar, el 45% para regresar a casa y el resto a otros propósitos.

Tercera.- Con base en lo anterior, el Programa Eco bici considera los siguientes puntos para su implementación:

i) Que para poner en marcha el aludido sistema en seis Colonias de la Delegación Cuauhtémoc, y posteriormente expandirlo al primer cuadro del Centro Histórico; parte de la decisión para su implementación en dichas Colonias fue basada en la Encuesta Origen-destino, la cual reporta las necesidades de los ciudadanos para llegar a los destinos más frecuentes en la Ciudad.

 ii) Que la referida Encuesta y diversas solicitudes ciudadanas reflejaron una necesidad laboral especial en las colonias elegidas. 

iii) Que las fases de expansión del sistema se basarán en las necesidades de los habitantes de la Ciudad, así como el aprovechamiento del respeto y cultura ciclistas desarrollados en la zona. 

De este modo, consideramos en esta Comisión que la causa de la implementación de este programa, no obedece a una razón “elitista” como lo aseguran los proponentes, sino a la utilidad y la eficiencia del servicio y la inversión realizada por el gobierno.

Cuarta.- Ahora bien, adicionalmente a lo anterior, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, considera lo Siguiente:

● Adecuar las vialidades primarias para permitir el acceso y tránsito cómodo y seguro de sus usuarios a través de la redistribución del espacio y su re funcionalización para potenciar la vida pública y la inversión en la Ciudad.

● Actualizar y desarrollar la normatividad para implementar una política de “Calles Completas” en las vialidades primarias que articulan la Ciudad.

Sobre este punto, la Dictaminadora considera relevante atender al concepto de “Calles Completas” que ha adoptado el Gobierno del Distrito Federal, toda vez que consiste entre otras acciones en lo siguiente:

Establecer una red de carriles exclusivos, compartidos o prioritarios para el transporte público, así como para la bicicleta, contemplando las condiciones de seguridad, el mobiliario urbano y la tecnología que facilite su uso.

Instalar señalización integral y adecuaciones para la seguridad vial y accesibilidad universal en las obras de mantenimiento de todas las vialidades.

Quinta.- Por otro lado, es importante indicar que el Gobierno del Distrito Federal ha implementado una estrategia que incentiva el uso de la bicicleta llamado “Muévete en Bici”, el cual de acuerdo a su descripción

“…está implementando acciones para fomentar el uso cotidiano, masivo y seguro de la bicicleta en la ciudad. Para alentar el uso de este medio de transporte alternativo, fomentar la intermodal dad y generar con ello una ciudad más equitativa, competitiva y sustentable es necesario instrumentar medidas que contribuyan a superar las barreras que desalientan su uso.

Por lo anterior, la Secretaría del Medio Ambiente ha desarrollado la Estrategia de Movilidad en Bicicleta de la Ciudad de México (EMB), la cual se encuentra enmarcada dentro del Programa de Corredores de Movilidad No Motorizada y el Plan Verde, bajo el eje de Movilidad. La meta planteada en la EMB es elevar el porcentaje de viajes diarios en bicicleta del 1 al 5% para 2012.

La EMB se enfoca tanto en la implementación de infraestructura, equipamiento y mobiliario ciclista, así como en el fomento de una cultura de uso de la bicicleta. Estos se enmarcan en cuatro ejes estratégicos para el desarrollo de la EMB:

1) Crear una red ciclista de infraestructura vial;

2) Integrar la bicicleta al transporte intermodal;

3) Hacer accesible la bicicleta a la población; y

4) Establecer una cultura del uso de la bicicleta.”

Sexta.-Por su parte, debe señalarse que en el mes de febrero pasado, la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal anunció que para finales de este año, el sistema de bicicletas públicas Eco bici se ampliará a prácticamente todo el territorio de la delegación Benito Juárez, con 171 ciclo estaciones, 2 mil 575 bicicletas y 60 mil nuevos usuarios.

Del mismo modo, se dijo que el nuevo polígono de Eco bici sumará 13.73 kilómetros cuadrados en el espacio delimitado por el Viaducto al norte, la avenida Cuauhtémoc al oriente, el Circuito Interior al Sur y Avenida Revolución al poniente.

Séptima.- Con base en los considerandos anteriores es que la Dictaminadora no estima procedente aprobar la proposición en cuestión, toda vez que existen planes para la ampliación del servicio, además de que su implementación obedece a una circunstancia de concentración de viajes, no de nivel socioeconómico de la zona y porque existen programas permanentes que difunden e incentivan el uso de la bicicleta como medio de transporte.

IV. RESOLUTIVO.

 PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, dictamina en sentido negativo, la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhortaba respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer, normar y ampliar el uso de la bicicleta para mejorar la movilidad en la Ciudad de México.

SEGUNDO.- Archívese como un asunto totalmente concluido.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 3 días del mes de junio de 2014.

PRIMERA COMISION”.





 

Que desecha la proposición que exhorta a crear una comisión para la conmemoración del centenario luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION


H.ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada:

a) La “Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que se cree una Comisión para la Conmemoración del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar”, suscrita por el Diputado Salvador Arellano Guzmán del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; a la que en lo sucesivo se denomina proposición Zapata-Arellano.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGIA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 21 de mayo de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición de Zapata-Arellano; enunciada en el proemio del presente.

B. La proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo.

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4, de la Comisión Permanente, del 21 de mayo de 2014.

II. CONTENIDO

A. La proposición de Zapata-Arellano; pretende:

1. Que la Comisión Permanente del Congreso exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que se cree una Comisión para la Conmemoración del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar.

B.  Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

“En 1879 nace Emiliano Zapata, personaje emblemático en la historia de México; quien dedicó su vida a la lucha contra la injusticia, y la defensa de los derechos de los campesinos y el pueblo mexicano.

Ya con una mentalidad determinada en la lucha contra la tiranía y los derechos de los campesinos, en 1906 Zapata se une a la lucha de la defensa de las tierras de los campesinos del Estado de Morelos, donde es electo Presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco, aprovechando el cargo para llevar a cabo el estudio de documentos que acreditaban los derechos de los campesinos.

En 1911, Zapata decidió apoyar a Madero, y una vez que Porfirio Díaz huyó del país, Zapata y su Ejército de cinco mil hombres tomaron la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Posteriormente Madero ya en la presidencia rechazó aplicar una reforma agraria integral, a lo cual el Caudillo del Sur respondió negándose a deponer las armas mientras no se hiciera efectivo el reparto de tierras.

Perdida la confianza en Madero, Zapata se declaró en su contra, formulando su propio programa de reforma agraria, conocido como Plan de Ayala, programa revolucionario que abogaba por la devolución de las tierras a la población indígena.

Para el año de 1914, Pancho Villa y Emiliano Zapata aceptaron reunirse para llevar a cabo una asamblea. En dicha asamblea, los villistas y zapatistas eligieron al General Eulalio Gutiérrez como presidente provisional, decisión que los carrancistas rechazaron. Perseguido por Pablo González, Zapata se hizo fuerte en Morelos, mientras que Villa era derrotado en el norte.

En este sentido, el gobierno de Zapata creó comisiones agrarias, estableció la primera entidad de crédito agrario en México e intentó convertir la industria del azúcar de Morelos en una cooperativa.

Posteriormente Carranza convocó a una nueva asamblea, pero en esta ocasión no invitó a Zapata, aprobando en dicha convención la nueva Constitución. Sin embargo, la guerra proseguía; en abril de 1919, el coronel Jesús Guajardo fue enviado por el gobierno constitucional a infiltrarse en las filas de Zapata, logrando asesinarle a traición en la Hacienda China meca, en Morelos.

Es por esto, que en base a la historia de su lucha y a la ideología que enarboló Zapata hasta su muerte, es que se tiene que llevar a cabo un reconocimiento a su lucha en favor de los campesinos del país.

III. CONSIDERACIONES

Primera.- Esta Comisión comparte la relevancia que el proponente señala de uno de los grandes personajes históricos de nuestro país, que contribuyó a la construcción de la justicia social revolucionaria que finalmente se incluiría en nuestra Carta Magna. Sin duda, la intención de conmemorar el centenario luctuoso de Emiliano Zapata, es una propuesta verdaderamente noble y patriótica.

Segunda.-No obstante lo anterior, esta Dictaminadora considera que las consideraciones de los Diputados no ofrece los  argumentos suficientes para exhortar al Ejecutivo Federal a llevar a cabo la conmemoración mencionada, mediante una comisión organizadora toda vez que consideramos que si bien la exposición biográfica de dicho personaje histórico es relevante, no existe en la proposición un planteamiento que determine los plazos, las instituciones que deberían estar involucradas y el modo en que estas deberían de organizar dicha conmemoración.

Tercera.- Derivado de lo anterior, consideramos que esta propuesta debería ser presentada mediante un Proyecto de Decreto que se discuta y en su caso apruebe en las Cámaras del Congreso de la Unión, en el que se especifiquen las atribuciones de la comisión planteada, su integración, el programa o planeación, y los términos para la expedición del reglamento de la Comisión propuesta.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dictamina en sentido negativo la Proposición con Punto de Acuerdo, por la que se exhortaba al titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que se creara una Comisión para la Conmemoración del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar.

SEGUNDO. Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los tres días del mes de junio de 2014.

PRIMERA COMISION”.





 

Que desecha la proposición que exhorta realizar las investigaciones pertinentes para la aclaración de las denuncias presentadas y el deslinde de responsabilidades correspondiente en contra del ex gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada el pasado 21 de mayo de 2014, la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato y a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones pertinentes para la aclaración de las denuncias presentadas contra el ex Gobernador del Estado de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, y deslinde responsabilidades correspondientes.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

Esta Comisión, encargada de analizar y dictaminar la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminarían conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 21 de mayo del 2014, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato y a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones pertinentes para la aclaración de las denuncias presentadas contra el ex Gobernador del Estado de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, y deslinde responsabilidades correspondientes.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

En la propuesta, se señalan los presuntos actos de ilícitos ocurridos en el DIF-Estatal de Guanajuato, por la supuesta denuncia interpuesta por un grupo de inconformes ante la Fiscalía Especializada de Servidores Públicos en Guanajuato, en la cual, solicitan que se investigue la presunta corrupción que existió cuando la esposa del ex gobernador Juan Manuel Olivia fue Presidenta de dicho organismo.

Relata cómo eventos de importancia, que la denuncia se centra en la esposa del ex gobernador, quien fungía como presidenta del patronato y está enfocada a los delitos de tráfico de influencias y abuso de poder. Por otra parte, el Lic. Roberto Saucedo Pimentel, quien representa legalmente a un grupo de ciudadanos que denunciaron los supuestos delitos, y que con la denuncia la investigación se centrará en Martha Martínez Castro, esposa del ex gobernador, es porque era la presidenta del patronato del DIF-ESTATAL.

Argumenta, una supuesta gestión por parte de la implicada, en  la tramitación y resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las funciones inherentes a su empleo, ya que se supone en el punto de acuerdo, que indebidamente solicitó y promovió la resolución y realización de un acto en materia de empleo de otro servidor público, y que el resultado de este,  produjo beneficios económicos  para sí y para su consanguínea.

Mencionan los autores,  que las autoridades del Estado han puesto infinidad de obstáculos para eludir la supuesta  responsabilidad en las investigaciones de las denuncias presentadas sobre el desempeño de la anterior administración en Guanajuato, manifestando que estas denuncias llevan más de tres años y mas de 20 procedimientos entre los que figuran los amparos, las  impugnaciones y diversos recursos. Por otra parte, argumentan que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional de Guanajuato que interpusieron una denuncia ante la Delegación de la Procuraduría General de la República en León, por el supuesto delito de peculado.

Con base en lo anterior, se propuso el siguiente punto de acuerdo:

“Único. Se exhorta, a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato y a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones pertinentes para la aclaración de las denuncias presentadas contra el ex Gobernador del Estado de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, y deslinde responsabilidades correspondientes”

III. CONSIDERACIONES

Primera.- Esta Comisión se pronuncia a favor de la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, así como a favor a que en el caso de que los funcionarios públicos no lo hagan de ese modo, las instancias correspondientes averigüen y sancionen a quien o quienes resulten responsables.

Segunda.- Para la Dictaminadora es importante señalar que el primer resolutivo de la  proposición en análisis, busca exhortar a la Procuraduría de Justicia de Guanajuato o en su caso, a la Procuraduría General de la República (PGR) a que realicen las investigaciones pertinentes para la aclaración de las denuncias presentadas y deslinde de responsabilidades, lo cual es improcedente en virtud de que las denuncias que mencionan los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, han recibido el debido trámite en el marco de las competencias de cada una de las mencionadas Procuradurías.

De lo anterior deriva que la denuncia interpuesta en la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, se encuentre concluida y sin la posibilidad de que este órgano de justicia aclare o deslinde responsabilidades, en virtud de que la sentencia emitida comprende estos elementos.

Por su parte, la averiguación que los proponentes aseguran que existe en el ámbito federal de la cual no aportan el número, se encuentra en curso. En efecto, esta Dictaminadora investigó al respecto y dicha averiguación se encuentra en curso en la Primera Agencia del Ministerio Público Federal con sede en León, Guanajuato con el número AP/PGR/GPO/LEON-1/4446/2013.

De este modo, debe considerarse que de acuerdo al artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, esta posee las atribuciones necesarias para desarrollar esta averiguación tal y como lo afirman los proponentes en sus consideraciones.

Esta facultad, se encuentra establecida en dicho artículo, del modo siguiente:

Artículo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:

A) En la averiguación previa:

a) Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito, así como ordenar a la policía que investigue la veracidad de los datos aportados mediante informaciones anónimas, en términos de las disposiciones aplicables;

b) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales, en coordinación con sus auxiliares y otras autoridades de los tres órdenes de gobierno, de conformidad con las disposiciones aplicables, los protocolos de actuación que se establezcan, y los convenios de colaboración e instrumentos que al efecto se celebren;

c) Ejercer la conducción y mando de las policías en la función de la investigación de los delitos, e instruirles respecto de las acciones que deban llevarse a cabo en la averiguación del delito y de sus autores y partícipes, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

d) Ejercer sus facultades de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común, siempre que prevenga en el conocimiento del asunto, le solicite al Ministerio Público local la remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis que para tal efecto se contemplen en ley;

IV. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y personas que puedan suministrar elementos para el debido ejercicio de sus atribuciones.

Es obligatorio proporcionar los informes que solicite el Ministerio Público de la Federación en ejercicio de sus funciones. El incumplimiento a los requerimientos que formule el Ministerio Público de la Federación será causa de responsabilidad en términos de la legislación aplicable;

En razón de lo anterior es que esta Comisión estima que remitir el exhorto propuesto a la PGR, es improcedente pues esta procuraduría se encuentra ejerciendo su facultad.

Tercera.- Con lo que respecta al segundo resolutivo de la propuesta, en el cual se solicita la colaboración del Gobernador del Estado de Guanajuato en  el esclarecimiento de estas denuncias, la Dictaminadora se pronuncia por el respeto al federalismo y a la soberanía de los Estados, contenidos en los artículos 40 y 41 de nuestra Constitución por lo cual se estima que no es de aprobar tampoco el segundo resolutivo en tanto que existe una averiguación previa en curso que corresponde resolver a una instancia federal que cuenta con la personalidad jurídica y atribuciones jurídicas necesarias para los efectos.

Por todo lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones legales y reglamentarias citadas en el proemio del presente dictamen, se somete a consideración de esta H. Asamblea el siguiente: 

IV. RESOLUTIVO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dictamina en sentido negativo la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhortaba a la  Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato y, en su caso, a la  República General de la República, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones realizaran las investigaciones pertinentes para la aclaración de las denuncias presentadas y el deslinde de responsabilidades correspondiente en contra de Juan Manuel Oliva Ramírez; así como al Gobernador del Estado de Guanajuato a que colaborara en el esclarecimiento de estas denuncias. 

Segundo.- Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

PRIMERA COMISION”.





 

Tenemos también 8 dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

Que solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal impulsar las acciones necesarias para concluir el procedimiento de consulta que le permita enviar al Senado de la Republica el Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva de la Organización Internacional del Trabajo.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que solicita al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social seguir impulsando las acciones para garantizar la apertura del Hospital General Regional en Reynosa, Tamaulipas.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Por el que la Comisión Permanente expresa su más profunda preocupación ante la compleja situación de conflictos que atraviesa la República Arabe de Siria.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que solicita la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a promover campañas de difusión sobre los síntomas, diagnóstico y tratamiento de la esclerosis múltiple.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal implementar programas y políticas públicas que fortalezcan la protección integral de la niñez y garanticen la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Por el que la Comisión Permanente acuerda entregar un reconocimiento al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia por sus 60 años de destacado trabajo a favor de la niñez y la adolescencia en nuestro país.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que solicita a la Secretaría de Salud información sobre el Programa Comunidades Saludables.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que solicita a la Secretaría de Salud y a las secretarías de salud de las entidades federativas intensificar las acciones tendientes a la prevención, atención, control y erradicación del virus del dengue.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Asimismo, tenemos la discusión de 13 dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

Que solicita informar sobre las posibles acciones dirigidas a transferir el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, desde la Secretaría de la Función Pública a la Secretaría de Desarrollo Social.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H.ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que instruya al titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y al responsable de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que detengan las acciones dirigidas a transferir el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales desde la secretaría de la función pública a la secretaría de desarrollo social, suscrito por el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La proposición con punto de acuerdo se sustenta, en su resolutivo, en exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que instruya al titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y al responsable de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que detengan las acciones dirigidas a transferir el sistema integral de información de padrones de programas gubernamentales desde la secretaría de la función pública a la secretaría de desarrollo social.

El promoverte plantea, haciendo un claro énfasis en el sentido de la transparencia y la rendición de cuentas, que el decreto de creación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) señala la “necesidad de realizar un cruce de padrones o listado de beneficiarios de los programas del gobierno federal, con la finalidad de evaluar las duplicidades de atención a los beneficiarios de los mismos.”

Por otro lado, en cuanto a la institución que debe tener a su cargo dichas funciones el decreto en comento distingue que “corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, organizar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental(SIIPP-G); inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de Egresos de la Federación; promover políticas de gobierno electrónico, así como formular y conducir la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere.”

Continúa el promoverte diciendo que si el SIIPP-G residiera en una institución que gestiona programas sociales daría lugar a un conflicto de intereses, debido a que la misma institución ejecutaría y evaluaría sus funciones, situación que es común en los procesos de auditoría interna, pero que de cara al ciudadano y sin contar con un proceso apoyado por un tercero, puede dar lugar a la opacidad de la información, toda vez que se reconocería la misma institución como juez y parte en la gestión de programas sociales, dificultando la transparencia de los procesos institucionales.

Quien propone el Punto de Acuerdo cree preciso reconocer que el SIIPP-G, a pesar de las dificultades técnicas que ha implicado consolidar bases de datos armónicas entre las distintas instituciones, y al difícil entorno institucional que enfrenta la Secretaría de la Función Pública, ha dado resultados, constituyendo bases de datos y análisis de los padrones, mismos que se reflejan en los hallazgos y resultados de política pública, mismos que son públicos y que se pueden consultar en la página electrónica http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/uegdg/siipp-g.html

Aduce, además, que el marco institucional en torno al sistema de consecuencias que tendrá la transparencia y rendición de cuentas se está modificando por esta soberanía para constituir un organismo autónomo anticorrupción. En ese sentido, el pasado 13 de diciembre el Senado de la República aprobó el decreto que reforma y adiciona los artículos 21, 73, 76, 89, 102, 105,110, 111 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, de aceptarse por la Cámara de Diputados, dará lugar a la creación del organismo autónomo anticorrupción, con facultades para prevenir, investigar y sancionar por la vía administrativa las irregularidades que cometan servidores públicos y ciudadanos; por lo que la información del SIIPP-G será un instrumento de primera necesidad para el ejercicio de las funciones de la Comisión, por lo que se debe garantizar que esté libre de conflictos de interés.

En paralelo, recuerda que existen iniciativas del Poder Legislativo que proponen dar autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para reforzarlo, a fin de que no sólo genere información objetiva sobre la situación de la política social, sino que tenga margen para influir efectivamente en la normatividad y coordinación de las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas.

En este sentido, considera que tanto la Comisión Nacional Anticorrupción como el CONEVAL (ya autónomo) serían instituciones usuarias y podrían constituirse como administradores del SIIPP-G con independencia de la gestión que se realiza por parte de las instituciones y que proporciona los datos que alimentan el propio sistema.

III. CONSIDERACIONES.

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorar el mismo, deliberar e integrar el presente dictamen.

Los integrantes de ésta Comisión consideramos que el marco normativo existente es lo suficientemente claro respecto al punto planteado por el promoverte.

Al respecto, el Decreto Presidencial de 2006 que creó el SIIPP-G es claro al señalar que “corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de Egresos de la Federación; promover políticas de gobierno electrónico, así como formular y conducir la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquella genere”.

En el mismo texto se justifica la creación del SIIPP-G dado que “la multiplicidad de listados o padrones de Beneficiarios de los Programas de la Administración Pública Federal y la dispersión de la información correspondiente, dificultan la posibilidad de detectar errores, duplicidad o abusos en la canalización de recursos”. Por lo tanto, el SIIPP-G se crea “a fin de propiciar el desarrollo de políticas públicas más eficaces, en el otorgamiento de los apoyos que proporciona el Gobierno Federal, así como para transparentar y rendir cuentas claras a la ciudadanía”.

En el artículo 4 se establece claramente que “la administración y operación del SIIPP-G quedará a cargo de la Secretaría [de la Función Pública]”, que para cumplir con su función podrá requerir información a otras dependencias y entidades, y trabajar conjuntamente con ellas para establecer acciones con el fin de lograr una mayor eficiencia y efectividad en la operación y administración de los Programas. El mismo artículo establece claramente las atribuciones de la SFP en torno al SIIPP-G.

Respecto al órgano constitucional autónomo en materia de anticorrupción, el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, establece:

Segundo.- Las modificaciones previstas en el presente decreto para los artículos 26, 31, 37, 44 y 50 de esta Ley exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia de anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica.

Atendiendo lo establecido, y considerando que aún no se encuentra en funciones el órgano constitucional autónomo en materia de anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública (SFP) continúa activa y mantiene sus atribuciones.

En el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal queda claro el rol que debe cumplir la SFP. Entre los asuntos que corresponde tratar a esta dependencia se encuentran los siguientes:

Por otra parte, el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece los asuntos cuyo despacho corresponde a la SEDESOL, entre las cuales no se encuentra la administración del SIIPP-G. Las atribuciones de esta dependencia de la Administración Pública Federal giran en torno a “formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza” (fracción II), así como coordinar acciones en ese sentido con otras dependencias federales o con gobiernos estatales y municipales.

En virtud de lo referido con antelación, los integrantes de ésta comisión estimamos que el presente Punto de Acuerdo resulta improcedente conforme a lo establecido en los distintos ordenamientos legales. La SFP tiene atribuciones respecto al control de diversas operaciones de las dependencias de la Administración Pública Federal, y sus funciones se dirigen a evitar y, en su caso detectar, acciones indebidas en el manejo de recursos por parte de agencias del Gobierno Federal.

En cuanto a la SEDESOL, sus funciones están claramente limitadas a las acciones de su dependencia, con miras a reducir la pobreza y atender sus causas y consecuencias, por lo que no tiene atribuciones respecto a los programas de otras dependencias gubernamentales.

De lo anterior se desprende que es atribución de la SEDESOL integrar el Padrón con el propósito de asegurar la equidad  y eficacia de los Programas de Desarrollo Social del Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y Municipales, según el artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social, y el Artículo 16 de su Reglamento que establece “La Secretaría deberá integrar un Padrón de Beneficiarios de los programas de desarrollo social, que tenga en forma estructurada, actualizada y sistematizada, la información de dichos beneficiarios. Para su integración, la Secretaría considerará los elementos técnicos y de información que le proporcionen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que operen o ejecuten programas de desarrollo social”.

Así como el inciso III del Artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que a la letra dice “No se requerirá el consentimiento de los individuos para proporcionar los datos personales en los siguientes casos…inciso III.- Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencia y entidades, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos”.

La conformación del Padrón Único de Beneficiarios será utilizado con el propósito de:

a) Facilitar la identificación de beneficiarios, su ubicación geográfica y los beneficios otorgados;

b) Integrar para su análisis la información de los padrones de beneficiarios de los programas a cargo de la APF; y,

c) Posibilitar la inclusión de padrones de estados y municipios mediante convenios de adhesión.

Con el propósito de propiciar una reingeniería organizacional en la Administración Pública Federal, la simplificación de procesos, que permitan el desarrollo de políticas públicas más eficaces en el otorgamiento de los apoyos que proporciona el Gobierno Federal, así como de los programas gubernamentales, para establecer un Registro, con la participación, en su caso, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, que contenga información de manera integral de los beneficios, beneficiarios, indicadores, montos, metas, objetivos que permita una política pública alineada a los tres niveles de gobierno orientada a ayudar a salir de su condición de vulnerabilidad a los mexicanos más desprotegidos.

El actual Gobierno visualiza la integración del Padrón Único de Beneficiarios como instrumento para lograr una estrategia que:

1.- Facilite la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la política distributiva del país y garantice en forma progresiva mayor equidad, transparencia, eficiencia y efectividad.

2.- Que coadyuve a establecer una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno y demás instituciones vinculadas con los programas a fin de contribuir a la eficiencia y eficacia de su operación, integrando un sistema de información común de los padrones que mediante la CURP, el RFC y otros identificadores permitan relacionar a cada beneficiario y se evite la duplicidad de apoyos.

3.- Permita la adecuada evaluación de los programas generando reportes estadísticos, mapas de cobertura y temáticos, así como informes que permitan a las dependencias y entidades identificar beneficiarios y analizar de manera integral la información de los padrones.

4.- Proporcione elementos a las dependencias y entidades que coadyuven a la distribución de los recursos de forma más equitativa.

Por tal motivo el Padrón Único de Beneficiarios no busca:

● Organizar ni coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental;

● Tampoco inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos;

● La de promover políticas de gobierno electrónico;

● Formular y conducir la política general de la administración pública federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso a la información por parte de los particulares.

● Estas son atribuciones de otras  unidades de gobierno;

La integración del PUB no se contrapone con el marco institucional en torno al sistema de consecuencias que tendrá la transparencia y rendición de cuentas que está modificando para construir un organismo autónomo anticorrupción, que actualmente el Padrón Único de Beneficiarios de la SEDESOL provee de información al CONEVAL y es evaluado por la Contraloría Superior de la Nación.

Cabe destacar que no existen acciones que se promuevan para transferir la información del SIIP-G a la SEDESOL pues la estructura de datos del primero no cumple con las necesidades del PUB, por lo que el punto de acuerdo pierde todo sentido.

Finalmente, el promoverte no presenta los argumentos pertinentes para sustentar el resolutivo propuesto, ni detalla cuáles son las acciones que se estarían llevando a cabo dirigidas a transferir el SIIPP-G desde la Secretaría de la Función Pública a la Secretaría de Desarrollo Social, no obstante esta Comisión considera conveniente en caso de existir lo mencionado por el promoverte solicitar a las dependencias la información requerida.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda, Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular dela Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a que informen a esta Soberanía, sobre las posibles acciones, en caso de que existan, dirigidas a transferir el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, desde la Secretaría de la Función Pública a la Secretaría de Desarrollo Social.

TERCERA COMISION”.





 

Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre el estatus que guardan los expedientes técnicos de los diversos proyectos de desarrollo regional incluidos en el Anexo 19.5 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H.ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que instruya al titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y al responsable de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que detengan las acciones dirigidas a transferir el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales desde la secretaría de la función pública a la secretaría de desarrollo social, suscrito por el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La proposición con punto de acuerdo se sustenta, en su resolutivo, en exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que instruya al titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y al responsable de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que detengan las acciones dirigidas a transferir el sistema integral de información de padrones de programas gubernamentales desde la secretaría de la función pública a la secretaría de desarrollo social.

El promoverte plantea, haciendo un claro énfasis en el sentido de la transparencia y la rendición de cuentas, que el decreto de creación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) señala la “necesidad de realizar un cruce de padrones o listado de beneficiarios de los programas del gobierno federal, con la finalidad de evaluar las duplicidades de atención a los beneficiarios de los mismos.”

Por otro lado, en cuanto a la institución que debe tener a su cargo dichas funciones el decreto en comento distingue que “corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, organizar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental(SIIPP-G); inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de Egresos de la Federación; promover políticas de gobierno electrónico, así como formular y conducir la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere.”

Continúa el promoverte diciendo que si el SIIPP-G residiera en una institución que gestiona programas sociales daría lugar a un conflicto de intereses, debido a que la misma institución ejecutaría y evaluaría sus funciones, situación que es común en los procesos de auditoría interna, pero que de cara al ciudadano y sin contar con un proceso apoyado por un tercero, puede dar lugar a la opacidad de la información, toda vez que se reconocería la misma institución como juez y parte en la gestión de programas sociales, dificultando la transparencia de los procesos institucionales.

Quien propone el Punto de Acuerdo cree preciso reconocer que el SIIPP-G, a pesar de las dificultades técnicas que ha implicado consolidar bases de datos armónicas entre las distintas instituciones, y al difícil entorno institucional que enfrenta la Secretaría de la Función Pública, ha dado resultados, constituyendo bases de datos y análisis de los padrones, mismos que se reflejan en los hallazgos y resultados de política pública, mismos que son públicos y que se pueden consultar en la página electrónica http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/uegdg/siipp-g.html

Aduce, además, que el marco institucional en torno al sistema de consecuencias que tendrá la transparencia y rendición de cuentas se está modificando por esta soberanía para constituir un organismo autónomo anticorrupción. En ese sentido, el pasado 13 de diciembre el Senado de la República aprobó el decreto que reforma y adiciona los artículos 21, 73, 76, 89, 102, 105,110, 111 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, de aceptarse por la Cámara de Diputados, dará lugar a la creación del organismo autónomo anticorrupción, con facultades para prevenir, investigar y sancionar por la vía administrativa las irregularidades que cometan servidores públicos y ciudadanos; por lo que la información del SIIPP-G será un instrumento de primera necesidad para el ejercicio de las funciones de la Comisión, por lo que se debe garantizar que esté libre de conflictos de interés.

En paralelo, recuerda que existen iniciativas del Poder Legislativo que proponen dar autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para reforzarlo, a fin de que no sólo genere información objetiva sobre la situación de la política social, sino que tenga margen para influir efectivamente en la normatividad y coordinación de las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas.

En este sentido, considera que tanto la Comisión Nacional Anticorrupción como el CONEVAL (ya autónomo) serían instituciones usuarias y podrían constituirse como administradores del SIIPP-G con independencia de la gestión que se realiza por parte de las instituciones y que proporciona los datos que alimentan el propio sistema.

III. CONSIDERACIONES.

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorar el mismo, deliberar e integrar el presente dictamen.

Los integrantes de ésta Comisión consideramos que el marco normativo existente es lo suficientemente claro respecto al punto planteado por el promoverte.

Al respecto, el Decreto Presidencial de 2006 que creó el SIIPP-G es claro al señalar que “corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de Egresos de la Federación; promover políticas de gobierno electrónico, así como formular y conducir la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquella genere”.

En el mismo texto se justifica la creación del SIIPP-G dado que “la multiplicidad de listados o padrones de Beneficiarios de los Programas de la Administración Pública Federal y la dispersión de la información correspondiente, dificultan la posibilidad de detectar errores, duplicidad o abusos en la canalización de recursos”. Por lo tanto, el SIIPP-G se crea “a fin de propiciar el desarrollo de políticas públicas más eficaces, en el otorgamiento de los apoyos que proporciona el Gobierno Federal, así como para transparentar y rendir cuentas claras a la ciudadanía”.

En el artículo 4 se establece claramente que “la administración y operación del SIIPP-G quedará a cargo de la Secretaría [de la Función Pública]”, que para cumplir con su función podrá requerir información a otras dependencias y entidades, y trabajar conjuntamente con ellas para establecer acciones con el fin de lograr una mayor eficiencia y efectividad en la operación y administración de los Programas. El mismo artículo establece claramente las atribuciones de la SFP en torno al SIIPP-G.

Respecto al órgano constitucional autónomo en materia de anticorrupción, el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, establece:

Segundo.- Las modificaciones previstas en el presente decreto para los artículos 26, 31, 37, 44 y 50 de esta Ley exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia de anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica.

Atendiendo lo establecido, y considerando que aún no se encuentra en funciones el órgano constitucional autónomo en materia de anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública (SFP) continúa activa y mantiene sus atribuciones.

En el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal queda claro el rol que debe cumplir la SFP. Entre los asuntos que corresponde tratar a esta dependencia se encuentran los siguientes:

Por otra parte, el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece los asuntos cuyo despacho corresponde a la SEDESOL, entre las cuales no se encuentra la administración del SIIPP-G. Las atribuciones de esta dependencia de la Administración Pública Federal giran en torno a “formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza” (fracción II), así como coordinar acciones en ese sentido con otras dependencias federales o con gobiernos estatales y municipales.

En virtud de lo referido con antelación, los integrantes de ésta comisión estimamos que el presente Punto de Acuerdo resulta improcedente conforme a lo establecido en los distintos ordenamientos legales. La SFP tiene atribuciones respecto al control de diversas operaciones de las dependencias de la Administración Pública Federal, y sus funciones se dirigen a evitar y, en su caso detectar, acciones indebidas en el manejo de recursos por parte de agencias del Gobierno Federal. En cuanto a la SEDESOL, sus funciones están claramente limitadas a las acciones de su dependencia, con miras a reducir la pobreza y atender sus causas y consecuencias, por lo que no tiene atribuciones respecto a los programas de otras dependencias gubernamentales.

De lo anterior se desprende que es atribución de la SEDESOL integrar el Padrón con el propósito de asegurar la equidad  y eficacia de los Programas de Desarrollo Social del Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y Municipales, según el artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social, y el Artículo 16 de su Reglamento que establece “La Secretaría deberá integrar un Padrón de Beneficiarios de los programas de desarrollo social, que tenga en forma estructurada, actualizada y sistematizada, la información de dichos beneficiarios. Para su integración, la Secretaría considerará los elementos técnicos y de información que le proporcionen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que operen o ejecuten programas de desarrollo social”.

Así como el inciso III del Artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que a la letra dice “No se requerirá el consentimiento de los individuos para proporcionar los datos personales en los siguientes casos…inciso III.- Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencia y entidades, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos”.

La conformación del Padrón Único de Beneficiarios será utilizado con el propósito de:

a) Facilitar la identificación de beneficiarios, su ubicación geográfica y los beneficios otorgados;

b) Integrar para su análisis la información de los padrones de beneficiarios de los programas a cargo de la APF; y,

c) Posibilitar la inclusión de padrones de estados y municipios mediante convenios de adhesión.

Con el propósito de propiciar una reingeniería organizacional en la Administración Pública Federal, la simplificación de procesos, que permitan el desarrollo de políticas públicas más eficaces en el otorgamiento de los apoyos que proporciona el Gobierno Federal, así como de los programas gubernamentales, para establecer un Registro, con la participación, en su caso, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, que contenga información de manera integral de los beneficios, beneficiarios, indicadores, montos, metas, objetivos que permita una política pública alineada a los tres niveles de gobierno orientada a ayudar a salir de su condición de vulnerabilidad a los mexicanos más desprotegidos.

El actual Gobierno visualiza la integración del Padrón Único de Beneficiarios como instrumento para lograr una estrategia que:

1.- Facilite la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la política distributiva del país y garantice en forma progresiva mayor equidad, transparencia, eficiencia y efectividad.

2.- Que coadyuve a establecer una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno y demás instituciones vinculadas con los programas a fin de contribuir a la eficiencia y eficacia de su operación, integrando un sistema de información común de los padrones que mediante la CURP, el RFC y otros identificadores permitan relacionar a cada beneficiario y se evite la duplicidad de apoyos.

3.- Permita la adecuada evaluación de los programas generando reportes estadísticos, mapas de cobertura y temáticos, así como informes que permitan a las dependencias y entidades identificar beneficiarios y analizar de manera integral la información de los padrones.

4.- Proporcione elementos a las dependencias y entidades que coadyuven a la distribución de los recursos de forma más equitativa.

Por tal motivo el Padrón Único de Beneficiarios no busca:

● Organizar ni coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental;

● Tampoco inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos;

● La de promover políticas de gobierno electrónico;

● Formular y conducir la política general de la administración pública federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso a la información por parte de los particulares.

● Estas son atribuciones de otras  unidades de gobierno;

La integración del PUB no se contrapone con el marco institucional en torno al sistema de consecuencias que tendrá la transparencia y rendición de cuentas que está modificando para construir un organismo autónomo anticorrupción, que actualmente el Padrón Único de Beneficiarios de la SEDESOL provee de información al CONEVAL y es evaluado por la Contraloría Superior de la Nación.

Cabe destacar que no existen acciones que se promuevan para transferir la información del SIIP-G a la SEDESOL pues la estructura de datos del primero no cumple con las necesidades del PUB, por lo que el punto de acuerdo pierde todo sentido.

Finalmente, el promoverte no presenta los argumentos pertinentes para sustentar el resolutivo propuesto, ni detalla cuáles son las acciones que se estarían llevando a cabo dirigidas a transferir el SIIPP-G desde la Secretaría de la Función Pública a la Secretaría de Desarrollo Social, no obstante esta Comisión considera conveniente en caso de existir lo mencionado por el promoverte solicitar a las dependencias la información requerida.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda, Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular dela Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a que informen a esta Soberanía, sobre las posibles acciones, en caso de que existan, dirigidas a transferir el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, desde la Secretaría de la Función Pública a la Secretaría de Desarrollo Social.

TERCERA COMISION”.





 

Que solicita a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social información sobre la aplicación de montos que corresponden a las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario, para el ejercicio fiscal 2014.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H.ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Comité Técnico y Consejo de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a eliminar el párrafo onceavo del numeral 3.5.4.1.  ‹‹Monto de los apoyos monetarios directos›› de las reglas de operación del programa de desarrollo humano oportunidades, así como al comité técnico del programa de apoyo alimentario a eliminar el párrafo octavo del numeral 3.5.1. ‹‹apoyos monetarios directos››  de las reglas de operación del programa de apoyo alimentario, ambos para el ejercicio fiscal 2014, a efecto de anular la restricción del número de beneficiarios menores de 9 años por familia que podrán ser sujetos de las prerrogativas que los programas prevén”, suscrita por la Diputada Raquel Jiménez Cerrillo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La proposición que nos ocupa considera que:

“1. La  Comisión Permanente del Congreso exhorte al Comité Técnico del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a eliminar el párrafo onceavo del numeral 3.5.4.1. “Monto de los apoyos monetarios directos” de las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, para el Ejercicio Fiscal 2014, a efecto de anular la restricción del número de beneficiarios menores de 9 años por familia que podrán ser sujetos de las prerrogativas que el programa prevé.

2. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Comité Técnico del Programa de Apoyo Alimentario a eliminar el párrafo octavo del numeral 3.5.1. “Apoyos monetarios directos” de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario, para el Ejercicio Fiscal 2014, a efecto de anular la restricción del número de beneficiarios menores de 9 años por familia que podrán ser sujetos de las prerrogativas que el programa prevé”.

B.  Construye su pretensión sobre los siguientes argumentos:

“PRIMERA: La desigual distribución del ingreso y en el acceso a oportunidades ha sido un elemento persistente en la historia de nuestro país. Las cifras publicadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) revelan que en 2012, 53.3 millones de mexicanos estaban en algún grado de pobreza.
Cuando las carencias son extremas, además de la falta de ingresos, las personas y los hogares concentran los mayores índices de desnutrición, enfermedades, analfabetismo y abandono escolar.

Se genera así un círculo vicioso en que los integrantes de las familias más pobres no desarrollan sus capacidades, situación que lleva a que las nuevas generaciones hereden la pobreza y la imposibilidad de generar los ingresos que les permitirían superar su condición.

Asimismo, la pobreza afecta mayoritariamente a las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes impidiendo el desarrollo económico y social de este grupo de población.

SEGUNDA: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4, el deber que tiene el Estado de implementar las medidas necesarias para garantizar el derecho de todos los niños a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, rigiéndose siempre por el principio del interés superior de la niñez; disposición jurídica que se transcribe para pronta referencia.

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.1

TERCERA: la Ley General de Desarrollo Social establece que el estado deberá Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social; así mismo dispone que entre las obligaciones del Gobierno se encuentran establecer las instituciones responsables del desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo Social.

Es decir, la Política Nacional de Desarrollo Social tiene, entre otros objetivos, el de propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades.

CUARTA: en el reporte de “Pobreza y Derechos Sociales de Niños, Niñas y Adolescentes en México, 2010-2012” que da cuenta de las particularidades de la pobreza infantil y las tendencias observadas en ese periodo, elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) , se expone que en nuestro país hay más de 21.2 millones de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en pobreza, y 4.7 millones que experimentan las mayores privaciones y la vulneración de sus derechos por vivir en condiciones de pobreza extrema.

De igual forma se destaca que en 2012, 78.5 por ciento de la población indígena de entre 0 y 17 años vivió en situación de pobreza y 33.4 por ciento en pobreza extrema.

Por otra parte, en el informe en comento se señala que la pobreza en la infancia tiene características específicas que le dan a su atención y reducción un sentido de urgencias, pues la probabilidad de que se vuelva permanente es más alta que en el caso de los adultos, al igual que la posibilidad de que se reproduzca en la siguiente generación, además de que las consecuencias negativas que ocasiona son irreversibles en la mayoría de los casos, lo que compromete el desarrollo presente y futuro de las niñas, niños y adolescente que viven en situación de pobreza.

QUINTA: La finalidad de la política social debe ser el impulsar el desarrollo humano y el bienestar de la población mexicana, a través del fomento a la igualdad de oportunidades, y la superación de las condiciones de pobreza y marginación en las que vive gran parte de nuestra población, contribuyendo así al cumplimiento de sus derechos humanos, con especial énfasis en los derechos a la protección de la salud, a la educación y a la alimentación.

El combate a la pobreza debe tener por objetivo igualar las oportunidades de las familias que presentan esta condición con las del resto de la sociedad. Para ello, se  deben concentrar esfuerzos en aumentar sus capacidades básicas, apoyando su acceso a los bienes y servicios sociales que les permitan adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para una vida plena y autosuficiente, y de esta manera, romper el ciclo de la transmisión inter generacional de la pobreza.

En ese tenor, debe garantizarse que cada mexicano, sin importar la región donde nació, el barrio o comunidad donde creció o el ingreso de sus padres, pueda tener las mismas oportunidades para desarrollar sus aspiraciones a plenitud y mejorar así sus condiciones de vida, sin menoscabo de las oportunidades de desarrollo de las futuras generaciones.

En ese marco, el Programa Oportunidades se concibe como un instrumento de desarrollo humano. Mismo que en las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, para el ejercicio fiscal 2014, tiene como objetivo general el contribuir a la ruptura del ciclo inter generacional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de las capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación de las familias beneficiarias del Programa.

Asimismo, entre sus objetivos específicos destacan los siguientes:

Ampliar las capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación, de las familias beneficiarias del Programa a través de:

● Proporcionar apoyos a las familias beneficiarias para mejorar la alimentación de todos sus integrantes.

● Otorgar apoyos educativos crecientes en primaria, secundarios y educación media superior a los niños, niñas y jóvenes de las familias beneficiarias, con el fin de fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, y su terminación.

● Promover que la población atendida acceda a la oferta institucional de programas sociales federales que incrementen sus capacidades productivas o mejoren el bienestar económico de las familias y sus integrantes, a través de acciones de coordinación y vinculación institucional.

● Establecer la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre como estrategia de inclusión y bienestar social, fomentando la participación de los sectores público, social y privado de organizaciones e instituciones tanto nacionales como internacionales a fin de dar cumplimiento a los objetivos de la misma, y

● Potenciar los efectos del Programa mediante la entrega de otros apoyos monetarios que establezca el Gobierno Federal para la población beneficiaria del Programa.2

SEXTA: No obstante las consideraciones de hecho y de derecho que anteceden, en el ordenamiento denominado Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, al igual que en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario para el ejercicio fiscal 2014, se contraviene lo dispuesto por la Carta Magna, la Ley General del Desarrollo Social, así como los propios objetivos del programa; lo anterior es así, ya que en el párrafo once del numeral 3.5.4.1. “Monto de los apoyos monetarios directos”, se dispone: “La (sic) familia  (beneficiaria) podrá recibir hasta 3 apoyos por concepto del Apoyo Infantil, monto que también estará sujeto al monto máximo mensual de becas.”; por su parte en el párrafo octavo del numera 3.5.1. “Apoyos monetarios directos” de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario, se dispone: “La familia (beneficiaria) podrá recibir hasta 3 apoyos por concepto del Apoyo Infantil”

De lo antes transcrito, claramente se advierte la inobservancia al principio del interés superior de la niñez, pues se está restringiendo el número de niños sujetos a las prerrogativas que los programas (sic) prevén; lo cual resulta irresponsable, discriminatorio y violatorio de las garantías constitucionales; pues tal y como se expuso con anterioridad las consecuencias negativas que ocasiona la pobreza en la infancia, son irreversibles en la mayoría de los casos, lo que compromete el desarrollo presente y futuro de las niñas, niños y adolescente que viven en situación de pobreza.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer un dictamen a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. Las Reglas de Operación (RO), son las disposiciones a las que se sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos3.

D. La emisión de las RO corresponde a  las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, a las entidades no coordinadas en el caso de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguientes y las modificaciones de aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría.

E. Si bien el Comité Técnico es el Órgano Colegiado de apoyo de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades4, dentro de sus atribuciones no está  el aprobar las RO, sino solamente el Proyecto de Reglas y Lineamientos Operativos del Programa, así como las modificaciones que el presente la o el Titular de la Coordinación Nacional5.

F. Más aún, de la lectura simple y llana de los párrafos onceavo del numeral 3.5.4.1. “Monto de los apoyos monetarios directos”  y octavo del numeral 3.5.1. “Apoyos monetarios directos”, ambos de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario, para el Ejercicio Fiscal 2014, no se establece una restricción en el número de niños sujetos a las prerrogativas que los programas prevén.

G. Considerando que una reforma como la propuesta requiere de una autorización presupuestaria previa y una propuesta de la propia entidad, esta comisión considera que lo conducente es solicitar —por un lado—, a la Secretaría de Desarrollo Social, la interpretación que ha de darse a los ordenamientos citados por la proponente; y pedir —por otro lado—, a la Secretaría de Hacienda, el impacto que representaría su supresión, todo ello como una medida responsable por parte de este órgano para tomar una determinación de fondo.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos  45, numerales 1 y 3 y 97, numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con pleno respeto a lo que dispone el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita atentamente a la  titular de la Secretaría de Desarrollo Social, se sirva informar a esta Soberanía sobre la aplicación de los montos que corresponden al párrafo onceavo del numeral 3.5.4.1. “Monto de los apoyos monetarios directos” y los correspondientes al párrafo octavo del numeral 3.5.1. “Apoyos monetarios directos”, ambos de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario, para el Ejercicio Fiscal 2014.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita atentamente al titular de la Secretaría de Hacienda, se sirva informar del impacto presupuestal que representaría derogar el párrafo onceavo del numeral 3.5.4.1. “Monto de los apoyos monetarios directos”  y el párrafo octavo del numeral 3.5.1. “Apoyos monetarios directos”, ambos de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario, así como la afectación de esta medida al Programa de referencia en el Ejercicio Fiscal 2014.

TERCERA COMISION”.

1 Resaltado de la autora.

2 Lo subrayado es de la proponente.

3 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Artículo 2, fracción XLV.

4 Reglamento Interno del Comité Técnico de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2014. Artículo 2.

5 Op. Cit. Artículo 6, fracción II.





 

Que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Dirección de Seguridad de Petróleos Mexicanos a robustecer la atención de la problemática del robo de combustible gasolina/diesel.

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al  Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Seguridad Pública y la Dirección de Seguridad de Petróleos Mexicanos para atender la problemática de las tomas clandestinas y robo de diesel/gasolina, así como implementar una estrategia nacional de prevención de este tipo de ilícitos, suscrita por los Diputados Jesús Oviedo Herrera, Genaro Carreño Muro, Juan Carlos Muñoz Márquez, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y Beatriz Yamamoto Cázares del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Destaca el proponente que “la Procuraduría General de la República detectó 174 tomas clandestinas de combustible, tan solo en el estado de  Guanajuato durante 2013, lo cual  equivale a una toma clandestina detectada cada tercer día. Con esta cifra, Guanajuato se ubica como la sexta entidad del país con más puntos de la llamada ordeña ilegal. Antes que Guanajuato, las entidades que más tomas clandestinas reportaron fueron: Tamaulipas (367), Veracruz (303), Jalisco (299), Sinaloa (234) y Puebla (228). Según datos de la PGR en el 2013 se detectaron  dos mil 277 tomas clandestinas en el país.

Que de acuerdo a un informe de la refinería Antonio M. Amor (RIAMA), los municipios con más puntos de ordeña fueron: A paseo el Alto con 48; Salamanca 26; A paseo el Grande 17; Villagrán 16; Celaya 15; e Irapuato 14. A la par, el estado ocupa el primer lugar en detenciones por robo de combustible; la PGR detuvo a 55 personas por dicho delito en 2013.

Que han sido más de cinco  las explosiones  que se han registrado por el robo de combustible. El 1 de enero se registró una primera explosión en un poliducto en El Serrano, municipio de Irapuato; el 9 hubo una más a 500 metros del primer estallido. El 11 de ese mismo mes dos camionetas en las que intentaban transportar el combustible robado se incendiaron en la comunidad Tres Mezquites, en Silao.

Que una gran parte del combustible robado, es usado para abastecer una más de las redes del crimen organizado, gasolineras “pirata” así como el transporte en general (pasajeros y carga de todo tipo), en unidades sin ninguna verificación y que son auténticos ataúdes rodantes.

Que el tráfico de combustible pone en riesgo la seguridad de los consumidores, de los automotores y a la población, ya que es un combustible que se administra fuera de las bombas, se administra en tambos de plástico que no cumplen las normas de seguridad. El problema de la toma clandestina de combustibles debe ser considerado como un tema de seguridad nacional.

Finalmente señala el proponente, que el daño fiscal es de consideración tomando en cuenta el aumento mundial a los combustibles, y lo que representa en concepto de recaudación fiscal  para el Estado mexicano, por lo que además del daño patrimonial para PEMEX debe considerarse, el riesgo para la seguridad de poblados y municipios”.

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de Antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA.- Esta Comisión, coincide plenamente con el proponente, respecto de la importancia que reviste el abatimiento del delito de robo de hidrocarburos, así como la instrumentación de medidas eficaces que permitan garantizar una estrategia nacional de prevención en lo atinente.

TERCERA.-  En efecto, durante las audiencias públicas llevadas a cabo en el marco de la Reforma Energética, el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Enrique Ochoa Reza, informó a legisladores de la Comisión de Energía en San Lázaro, que en los últimos cinco años, el robo de gasolina reportado por Pemex, es de cerca de 4 mil 700 millones dólares, por lo que resulta inconcuso que derivado de la comisión del delito de robo de gasolina y diesel, la Paraestatal refleja una merma importante en la economía de Petróleos Mexicanos.

CUARTA.- En este contexto, es de destacar que de conformidad con lo expresado por el Código Penal Federal, concretamente en su Artículo 368 Quáter, fracción IV, el delito de robo de hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados de ductos, equipos o instalaciones de Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o empresas filiales se sanciona con pena de prisión de ocho a doce años y de mil a doce mil días multa, con agravante de hasta en una mitad cuando el responsable sea o haya sido trabajador o servidor público de la industria petrolera.

QUINTA.- No pasa desapercibido a los integrantes de esta Tercera Comisión, que entre las medidas instrumentadas por la Paraestatal, se observa la operación de un número gratuito de emergencias y denuncias de tomas clandestinas, como una de las acciones que conjuntamente a las de investigación y persecución de los delitos se suman al esfuerzo por abatir el robo de hidrocarburos.

SEXTA.- Sin perjuicio de lo anterior, esta Comisión, coincide con el proponente en que el delito de robo de hidrocarburos, de incidencia creciente, impacta además de manera evidente, en la seguridad de la población, y que derivado del incremento en su presentación, no refleja inhibidor alguno respecto de la punibilidad del mismo y los agentes que en su comisión participan, de ahí la importancia de establecer medidas preventivas que se traduzcan en una estrategia nacional que garantice el abatimiento de este delito de impacto económico relevante para la Paraestatal y en ese sentido para los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Hacienda, Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la   Procuraduría General de la República   y a la Dirección  de Seguridad de Petróleos Mexicanos,  se robustezca la atención de la problemática del robo de combustible gasolina/diesel, que se registra por medio de tomas  clandestinas en los gasoductos del territorio nacional  e incrementar las medidas preventivas a fin de erradicar este delito.

TERCERA COMISION”.





 

Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a tomar las medidas preventivas para evitar algún desbordamiento del Río Cuautitlán.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H.ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto por la que se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua para que, en coordinación con las autoridades estatales y municipales del Estado de México, se tomen las medidas preventivas para evitar algún desbordamiento del Río Cuautitlán, suscrita por el Diputado Francisco Javier Fernández Clamont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Destaca el proponente que “en el Estado de México convergen ríos y lagos que si bien forman parte del ecosistema y paisaje natural de la entidad, también constituyen una causal para los desastres naturales, tras los cuales se ven afectadas miles de personas, siendo el caso particular el del Río Cuautitlán, el cual llegó a desbordarse en 2011, por lo que las viviendas se inundan, provocando pérdidas materiales cuantificadas en millones de pesos y la latente preocupación de que se llegue a cobrar la vida de alguna persona.”

Que la cuenca del Río Cuautitlán forma parte de la región hidrológica más importante del país ya que dentro de ella se concentra la mayor parte de la economía de México, es la cuarta más importante en volumen de escurrimientos y además presta servicios de abastecimiento de agua para consumo humano, desagüe y riego agrícola.

Que dicho río no solo configura una importancia hidrológica, sino que también, por atravesar diversos municipios de la entidad, implica una importancia económica al ser un elemento indispensable de regadío agrícola de los alrededores.

Que algunos años atrás este río ya ha llegado a desbordarse llegando a inundar miles de casas, tal como sucedió en septiembre de 2011 cuando se anegaron durante más de cinco días los fraccionamientos Fresnos, el Olivo 1 y 2, Villa de Loto, San José Puente Grande así como los barrios Victoria, Santa María Tlatelco y Tlatilco, en Teoloyucan, ya que el agua ascendió a un metro y medio de altura, resultando en daños a mil seiscientas viviendas y 109 negocios. Afortunadamente, personal del Gobierno del Estado de México, Comisión del Agua del Estado de México, Ingenieros Civiles Asociados, trabajadores de CONAGUA y soldados del Ejército Mexicano, así como autoridades estatales y municipales, auxiliaron con maquinaria pesada y otorgaron ayuda a las personas afectadas.

Que este no ha sido el único acontecimiento de rebosamiento de este cauce, ya que el año pasado, en el mismo mes, el agua estuvo a menos de 30 centímetros de desbordarse, esto en razón de las intensas lluvias que se registraron en el centro del país. Esta alerta puso en riesgo a poco más de 500 familias que viven en los alrededores del río. La magnitud de esta situación hizo que el personal de CONAGUA, Protección Civil Federal y estatal, así como de la Comisión del Agua del Estado de México, aplicaran un protocolo de seguridad de prevención de inundaciones con el manejo de compuertas de ríos y presas de la región para evitar un desastre en este punto del Valle de México”.

Que por todo lo expuesto, se deben tomar las medidas necesarias para que el cauce del Río Cuautitlán no suba a niveles riesgosos o peor aún, que el caudal llegue a desbordarse.

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de Antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA. Con base en la importancia de atemperar los efectos adversos del eventual desbordamiento del Río Cuautitlán, los integrantes de esta Tercera Comisión, coincidimos con el proponente, por cuanto hace a exhortar al Titular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld Federman, a fin de que se lleven a cabo las acciones conducentes para que se prevean dichos efectos.
.
TERCERA.-  En efecto, derivado de las precipitaciones pluviales connaturales a la época del año, no resultaría novedoso el fenómeno del desbordamiento del Río Cuautitlán, al efecto en experiencias anteriores, la coordinación del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de México, han instrumentado acciones contingentes como la conclusión de los trabajos de reparación en el bordo afectado del Río Cuautitlán, que han permitido desahogar dicho evento.

CUARTA.- Asimismo se destaca que de conformidad con lo expresado por el Sistema Meteorológico Nacional, en el que se hace patente que existe alerta hidrometeoro lógica, que prevé lluvias intensas en el Estado de México, entre otras Entidades Federativas afectadas, por la interacción de humedad del Golfo de México y Mar Caribe con un canal de baja presión en el País, lo que redundaría indefectiblemente  en inundaciones y daños a casas, comercios, escuelas y calles circunvecinas, afectando con ello, de manera importante, el ingreso de las familias allí asentadas.

QUINTA.- Finalmente, no se omite destacar que es inconcuso que en cualquier momento pudiera haber inundaciones en las comunidades que se localizan en las márgenes de esta afluente, por lo que corresponde a las autoridades Federales y estatales iniciar con los trabajos y evitar desgracias humanas, pérdidas y afectaciones económicas. Lo anterior, partiendo de la experiencia acaecida en 2011, que llevó a la Comisión Nacional del Agua a desarrolla el esfuerzo coordinado entre la Comisión de Aguas del Estado de México, principalmente, y las labores de desagüe que realizó la Comisión Nacional del Agua con las obras de canales de alivio.  

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Comisión Nacional del Agua para que, en coordinación con las autoridades estatales y municipales del Estado de México, se tomen las medidas preventivas para evitar algún desbordamiento del Río Cuautitlán.

TERCERA COMISION”.





 

Que exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a observar con mayor rigor las disposiciones contenidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en materia de etiquetado de bebidas.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Economía y de Salud a hacer cumplir la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y las normas oficiales mexicanas, en materia de etiquetado a la industria de jugos, néctares, concentrados de fruta, jaleas, mermeladas, fruta deshidratada y conservas, entre otros productos, para que el consumidor final tenga la información necesaria para determinar su consumo, suscrita por la Diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“En la elaboración de jugos, néctares y concentrados de frutas, la calidad de la materia prima es un elemento primordial, sin embargo es importante poner atención en la extracción del jugo de fruta, clarificación, remoción de la pulpa, enlatado o envasado y esterilización, es de suma importancia poder conocer la calidad del jugo y los néctares.

Que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) reconoce la falta de compromiso de la industria de jugos y néctares de cumplir la normatividad que se establece para regular el etiquetado, en 3 estudios realizados en el 2002, 2006 y 2012.

Que PROFECO, ha realizado diversos estudios para evaluar la calidad de jugos y néctares, estableciendo los parámetros de evaluación, como fue el contenido, Información al Consumidor, Veracidad de la Etiqueta, características del sabor y la apariencia, composición química, calidad sanitaria, de todas ellas.”

B. Enseguida, la proponente plantea una serie de consideraciones, en las que manifiesta que “…debido a la falta de Normas Oficiales Mexicanas en la materia, los fabricantes de jugos de fruta se valían de esto para añadir a sus productos  azúcares ajenos a los contenidos naturalmente en la fruta de que se trate”.

Continúa la proponente señalando que “…al no existir especificaciones técnicas precisas sobre lo qué podía o no ser considerado como un jugo de fruta, cualquier bebida, sin importar su contenido, podía hacerse pasar como jugo de fruta, además de que también se anunciaban como 100% natural, a pesar de tener añadidos como edulcorantes, acidulantes y conservadores”.

C. Concluye la proponente al señalar que:

“En los años 2002 y 2006, el laboratorio PROFECO publicó, en la Revista del Consumidor, estudios de calidad de bebidas que se hacían llamar “jugos de fruta” pero que, tras ser sometidos a análisis, su contenido dejaba mucho que desear. En el número 309, correspondiente a la edición de noviembre de 2002, el laboratorio reportó que:

Más de la mitad de las 31 marcas analizadas en 2002 no podían ser consideradas jugo de fruta porque, si de algo adolecían, era, precisamente, de tener fruta. En 2006 se repitió el estudio, sin embargo, el panorama no cambió mucho (más bien, empeoró).

En el número 354, del mes de agosto de dicho año, el Laboratorio encontró que:

En el mismo número donde se publicó el estudio de calidad de jugos realizado en 2006, se enfatiza y reitera la necesidad de una NOM que corrija el desorden y evite los abusos que estaban originándose en este “territorio de nadie”. “A la luz de los resultados del presente estudio (peores que los de hace cuatro años), PROFECO insiste una vez más en su demanda: es indispensable una Norma Oficial Mexicana”.

La publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-173-SCFI-2009 en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2009, logró controlar todo tipo de disputa en este tipo de bebidas. De acuerdo con ella, para que un producto pueda ser considerado como un “jugo de fruta”, no debe contener azúcares o acidulantes añadidos. De igual forma, en su etiquetado deberá especificarse si se trata de un “jugo de fruta”, “jugo de fruta concentrado” o, incluso, si contiene una mezcla de dos o más frutas, diferenciándose así de otras bebidas similares, como el néctar. Éste, a pesar de ser un producto consumido a grandes volúmenes, hasta el momento sigue sin ser regulado por una norma, posibilitando numerosos abusos por parte de las empresas”

D. Con lo anterior, formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo:

“ÚNICO. El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Economía, a través del Centro de Nacional de Metrología, a la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaria de Salud, por medio de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, haga cumplir la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y las Normas Oficiales Mexicanas, en materia de etiquetado a la industria de jugos, néctares, concentrados de fruta, jaleas, mermeladas, fruta deshidratada y conservas, entre otros productos, para que el consumidor final tenga la información necesaria para determinar su consumo.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera  Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivos planteados por la proponente, considerando procedente solicitar el cumplimiento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y de las Normas Oficiales Mexicanas.

D. El mercado de las bebidas en México ha crecido en los últimos años y nuestro país se ha convertido en el mayor consumidor de refrescos en el mundo, rebasando a los Estados Unidos con un consumo mayor a los 163 litros por persona al año y nuestra población infantil ya rebasa en sobrepeso y obesidad a la estadunidense, de acuerdo con el estudio “Rudd Center forPolicy and Obesity” elaborado por la  Universidad de Yale.

El Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud, advirtió que la ingesta creciente de refrescos aumentó los casos de diabetes y obesidad temprana entre niños y jóvenes por ser bebidas elaboradas con sacarosa, glucosa y fructosa, que afectan el páncreas y que fácilmente llegan al flujo sanguíneo para integrarse a los tejidos y convertirse en grasa.

En abril de 2014 la Procuraduría Federal del Consumidor publicó en la revista del consumidor, el “Estudio de calidad de los diversos néctares frutales”, con el propósito de diferenciar los “jugos de fruta” y los “jugos con néctar de fruta”. El estudio afirma que la palabra néctar implica abundancia de azúcares, por lo que cuando se habla de “néctar” de fruta se hace referencia a una bebida que además de fruta, tiene azúcar añadida. Asimismo, el Reglamento de Control de Productos y Servicios, permite el uso de sacarosa, glucosa, fructuosa o jarabe de almidón en cantidad no mayor al 20 por ciento.

En la misma publicación, PROFECO destaca que en la legislación mexicana no hay una norma que establezca cuáles son las características que debe de cumplir un producto que se denomine néctar, situación que permite recoger diversidad de ingredientes y cantidades entre las distintas marcas que los fabrican.

E. Por lo que hace al marco jurídico que regula a la industria de jugos y néctares la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, otorga a la Secretaría de Salud la realización del control e inspección en la preparación, posesión, uso, suministro y circulación de bebidas, además de actuar como autoridad sanitaria de salubridad general y vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud.

Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XI. …

XII.- Realizar el control higiénico e inspección sobre preparación, posesión, uso, suministro, importación, exportación y circulación de comestibles y bebidas;

XIII. a XX. …

XXI.- Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables y ejercer la acción extraordinaria en materia de Salubridad General;

XXII. a XXIV. …

Por su parte, la Ley General de Salud faculta al órgano desconcentrado denominado Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para expedir normas oficiales mexicanas relativas a productos materia de la competencia de ésta, así como de ejercer el control y vigilancia sanitarios de la publicidad de las actividades, productos y servicios a los que se refiere dicha Ley.

Artículo 17 bis.- La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios:

I. y II. …

III. Elaborar y expedir las normas oficiales mexicanas relativas a los productos, actividades, servicios y establecimientos materia de su competencia, salvo en las materias a que se refieren las fracciones I y XXVI del artículo 3o. de esta Ley;

IV. Evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en las materias de su competencia se requieran, así como aquellos actos de autoridad que para la regulación, el control y el fomento sanitario se establecen o deriven de esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y los demás ordenamientos aplicables;

V. y VI. …

VII. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de la publicidad de las actividades, productos y servicios a los que se refiere esta Ley y sus reglamentos;

VIII. a XIII. …

Al respecto, el Reglamento de la COFEPRIS faculta a este órgano para ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitario en materia de bebidas no alcohólicas

ARTÍCULO 3. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión Federal tiene a su cargo las siguientes atribuciones:

I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios, que en términos de las disposiciones aplicables corresponden a la Secretaría en materia de:

a. a c. …

d. bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas;

e. a s. …

II. a XIII. …

Gracias al trabajo conjunto del sector público y privado el 28 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM-173-SCFI-2009, mediante la cual se logró hasta ese año establecer las características y especificaciones mínimas que los productos, procesados y pre envasados, objeto de la misma, deben cumplir para denominarse jugos de fruta, así como la información comercial que deben cumplir. En ella destaca la definición de: jugo de frutas, siendo éste el producto líquido obtenido al exprimir las frutas en buen estado; pulpa de frutas, la masa carnosa y a menudo jugosa de la fruta;

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-173-SCFI-2009 JUGOS DE FRUTAS PREENVASADOS-DENOMINACIONES, ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS, INFORMACION COMERCIAL Y METODOS DE PRUEBA

3.6 Jugo de fruta

Es el producto líquido sin fermentar, pero fermentable obtenido al exprimir frutas en buen estado, debidamente maduras y frescas o frutas que se han mantenido en buen estado por procedimientos adecuados, inclusive por tratamientos de superficie aplicados después de la cosecha, clarificado o no, y sometido al tratamiento adecuado que asegura su conservación en el envase. No debe contener corteza y semillas, ni materia extraña objetable.

El jugo debe prepararse mediante procedimientos que mantengan las características físicas, químicas, organolépticas y nutricionales esenciales de la fruta de que procede. Podrán añadirse pulpa y células (en el caso de las frutas cítricas, la pulpa y las células son las envolturas del jugo obtenido del endocarpio) obtenidas por procedimientos físicos adecuados del mismo tipo de fruta.

Este producto puede elaborarse a partir de jugo de fruta congelado, y/o de jugo de fruta concentrado reconstituido, siempre que cumpla con las especificaciones citadas en la presente norma.

3.7 Jugo de fruta concentrado

Es el jugo de fruta al cual se ha eliminado físicamente el agua en una cantidad suficiente para elevar el nivel de grados Brix al menos en un 50% más que el valor Brix establecido para el producto líquido obtenido al exprimir frutas sanas y maduras, que ha sido sometido al tratamiento físico o a las condiciones de almacenamiento adecuadas que aseguren su conservación en el envase. No debe contener corteza y semillas, ni materia extraña objetable.

3.8 Jugo de frutas múltiple (mixto)

Es la mezcla de dos o más productos líquidos obtenidos al exprimir frutas sanas y maduras de la variedad correspondiente, clarificado o no, no fermentado y sometido al tratamiento adecuado que asegura su conservación en el envase. No debe contener corteza y semillas, ni materia extraña objetable.

Este producto puede elaborarse a partir de la mezcla de dos o más jugos y/o purés congelados, y/o de jugos y/o purés concentrados reconstituidos de diferentes tipos de frutas.

El jugo debe prepararse mediante procedimientos que mantengan las características físicas, químicas, organolépticas y nutricionales esenciales de la fruta de que procede. Podrán añadirse pulpa y células (en el caso de las frutas cítricas, la pulpa y las células son las envolturas del jugo obtenido del endocarpio) obtenidas por procedimientos físicos adecuados del mismo tipo de fruta.

3.11 Pulpa de fruta

Es la masa carnosa y a menudo jugosa de la fruta (sólidos insolubles). En el caso de las frutas cítricas la pulpa está formada por un considerable número de gajos llenos de jugo.

De forma complementaria el 05 de abril de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, con el objeto de establecer la información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados de fabricación nacional o extranjera, así como determinar las características de dicha información.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SCFI/SSA1-2010, ESPECIFICACIONES GENERALES DE ETIQUETADO PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PREENVASADOS-INFORMACION COMERCIAL Y SANITARIA

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados de fabricación nacional o extranjera, así como determinar las características de dicha información.

4.1.1 La información contenida en las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas preen vasados debe ser veraz y describirse y presentarse de forma tal que no induzca a error al consumidor con respecto a la naturaleza y características del producto.

4.1.2 Los productos preen vasados deben presentarse con una etiqueta en la que se describa o se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que se refieran al producto.

Las etiquetas que contengan los productos preen vasados pueden incorporar la descripción gráfica o descriptiva de la sugerencia de uso, empleo o preparación, a condición de que aparezca una leyenda alusiva al respecto.

La Ley Federal Sobre Metrología y Normalización tiene por objeto, en materia de metrología, establecer los requisitos para la fabricación, importación, reparación, venta, verificación y uso de los patrones de medida, así como de establecer la obligatoriedad de la medición en transacciones comerciales y de indicar el contenido neto en los productos envasados.

Asimismo, se establece la obligatoriedad de los fabricantes a plasmar en el empaque del producto la cantidad de materia o mercancía que contengan y en caso de que los datos sean inexactos, la Secretaría de Economía o las dependencias competentes podrán ordenar que se modifiquen, concediendo el término estrictamente necesario para ello, sin perjuicio de imponer la sanción que proceda, mismas que pueden ser multa, clausura, arresto, suspensión de la autorización o cancelación de la marca registrada.

ARTÍCULO 2o.- Esta Ley tiene por objeto:

I. En materia de Metrología:

a) y b) …

c) Establecer los requisitos para la fabricación, importación, reparación, venta, verificación y uso de los instrumentos para medir y los patrones de medida;

d) Establecer la obligatoriedad de la medición en transacciones comerciales y de indicar el contenido neto en los productos envasados;

e) …

f) Crear el Centro Nacional de Metrología, como organismo de alto nivel técnico en la materia;

g) …

II. …

ARTÍCULO 21.- Los productos empacados o envasados por fabricantes, importadores o comerciantes deberán ostentar en su empaque, envase, envoltura o etiqueta, a continuación de la frase contenido neto, la indicación de la cantidad de materia o mercancía que contengan. Tal cantidad deberá expresarse de conformidad con el Sistema General de Unidades de Medida, con caracteres legibles y en lugares en que se aprecie fácilmente.

ARTÍCULO 109.- Cuando sean inexactos los datos o información contenidos en las etiquetas, envases o empaques de los productos, cualesquiera que éstos sean, así como la publicidad que de ellos se haga, la Secretaría o las dependencias competentes de forma coordinada podrán ordenar se modifique, concediendo el término estrictamente necesario para ello, sin perjuicio de imponer la sanción que proceda.

Al respecto, el Centro Nacional de Metrología (CENAM) es el laboratorio nacional de referencia en materia de mediciones. Es responsable de establecer y mantener los patrones nacionales, ofrecer servicios metrológicos como calibración de instrumentos y patrones, certificación y desarrollo de materiales de referencia, cursos especializados en metrología, asesorías y venta de publicaciones.

EL CENAM tiene como misión apoyar a los diversos sectores de la sociedad en la satisfacción de sus necesidades metrológicas, estableciendo patrones nacionales de medición, desarrollando materiales de referencia y diseminando sus exactitudes por medio de servicios tecnológicos.

En el ámbito internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), emitieron el documento denominado “Codex Alimentarius”, mismo que contiene la “Norma General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos Preen vasados”. En ella se establece que dicha norma se aplicará a al etiquetado de todos los alimentos pre envasados que se ofrecen como tales al consumidor, el nombre del producto que deberá indicar la verdadera naturaleza del alimento y deberá ser específico y no genérico, la lista de ingredientes, entre otros.

F. En cuanto al único punto resolutivo que formula la proponente, ésta solicita exhortar al Centro Nacional de Metrología, a la PROFECO y a la COFEPRIS, hagan cumplir la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y las NOM’s en materia de etiquetado de la industria de jugos, néctares y otros productos.

Por lo que hace al CENAM, éste carece de facultades de vigilancia y no lleva a cabo actividades regulatorias, toda vez que en el artículo 30 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización establece las funciones del Centro, y en ellas no se considera la de hacer cumplir con la citada Ley.

ARTÍCULO 30.- El Centro Nacional de Metrología tendrá las siguientes funciones:

I. Fungir como laboratorio primario del Sistema Nacional de Calibración;

II. Conservar el patrón nacional correspondiente a cada magnitud, salvo que su conservación sea más conveniente en otra institución;

III. Proporcionar servicios de calibración a los patrones de medición de los laboratorios, centros de investigación o a la industria, cuando así se solicite, así como expedir los certificados correspondientes;

IV. Promover y realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico en los diferentes campos de la metrología, así como coadyuvar a la formación de recursos humanos para el mismo objetivo;

V. Asesorar a los sectores industriales, técnicos y científicos en relación con los problemas de medición y certificar materiales patrón de referencia;

VI. Participar en el intercambio de desarrollo metrológico con organismos nacionales e internacionales y en la inter comparación de los patrones de medida;

VII. Realizar peritajes de tercería y dictaminar sobre la capacidad técnica de calibración o de medición de los laboratorios, a solicitud de parte o de la Secretaría dentro de los comités de evaluación para la acreditación;

VIII. Organizar y participar, en su caso, en congresos, seminarios, conferencias, cursos o en cualquier otro tipo de eventos relacionados con la metrología;

IX. Celebrar convenios con instituciones de investigación que tengan capacidad para desarrollar patrones primarios o instrumentos de alta precisión, así como instituciones educativas que puedan ofrecer especializaciones en materia de metrología;

X. Celebrar convenios de colaboración e investigación metrológica con instituciones, organismos y empresas tanto nacionales como extranjeras; y

XI. Las demás que se requieran para su funcionamiento.

Por su parte la Ley Federal de Protección al Consumidor, otorga a la PROFECO las siguientes atribuciones: vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, y en su caso determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento; aplicar las sanciones y demás medidas establecidas en esta ley, en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás ordenamientos aplicables.

De igual forma, la PROFECO cuenta con diversos instrumentos para hacer valer las funciones que la Ley le concede, tales como medidas de apremio, precautorias y sanciones económicas, y en caso de existir violaciones a las disposiciones de la misma, a la Ley de Metrología y a las NOM´s, cualquier persona podrá denunciarlas ante la Procuraduría.

ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I.  a XIII. …

XIV. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, y en su caso determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento;

XIV bis. a XVIII. …

XIX. Aplicar las sanciones y demás medidas establecidas en esta ley, en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás ordenamientos aplicables;

XX. a XXIII. …

ARTÍCULO 96.- La Procuraduría, con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, cuando no corresponda a otra dependencia, practicará la vigilancia y verificación necesarias en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se presten servicios, incluyendo aquéllos en tránsito.

Para la verificación y vigilancia a que se refiere el párrafo anterior, la Procuraduría actuará de oficio conforme a lo dispuesto en esta ley y en los términos del procedimiento previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y tratándose de la verificación del cumplimiento de normas oficiales mexicanas, de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

ARTÍCULO 97.- Cualquier persona podrá denunciar ante la Procuraduría las violaciones a las disposiciones de esta ley, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables. En la denuncia se deberá indicar lo siguiente:

I. a III. …

Finalmente, a la COFEPRIS se le concede la atribución de regular, controlar y vigilar las disposiciones aplicables que correspondan a la Secretaría  de Salud en materia de bebidas alcohólicas y no alcohólicas

ARTÍCULO 3. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión Federal tiene a su cargo las siguientes atribuciones:

I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios, que en términos de las disposiciones aplicables corresponden a la Secretaría en materia de:

a. a c.

d. bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas;

e. a s. …

II. a XIII. …

Una vez efectuado el análisis y estudio de la proposición que se dictamina, esta Comisión concluye que sólo los órganos desconcentrados denominados Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios cuentan con atribuciones jurídicas para regular, controlar o vigilar el cumplimiento a las disposiciones relativas a la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización o a las Normas Oficiales Mexicanas referentes  bebidas, como pueden ser jugos, néctares, concentrados de fruta, jaleas, entre otros.  

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, observen con mayor rigor las disposiciones relativas al control, vigilancia o en su caso verificación, contenidas en la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y en las Normas Oficiales Mexicanas, en materia de etiquetado de bebidas para que el consumidor final esté debidamente informado sobre el contenido nutrimental.

TERCERA COMISION”.





 

Que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a informar sobre las acciones previstas para las localidades que presentan el mayor riesgo de afectaciones por lluvias.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H.ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, se elabore un programa de planeación, prevención y atención inmediata en las localidades, municipios y estados que históricamente presentan el mayor riesgo de afectaciones por lluvias torrenciales, tormentas y huracanes, el cual incluya el traslado de maquinaria a zonas con alta probabilidad de afectación, así como la revisión de zonas de desbordamiento de agua y desgajamiento de suelo, suscrita por el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La proposición con punto de acuerdo, en su primer resolutivo, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través del Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) elabore un programa de planeación y prevención en las localidades, municipios y estados que históricamente presentan mayor riesgo de afectaciones por lluvias, así como realizar una campaña de difusión a nivel nacional sobre las medidas de seguridad ante un ciclón tropical.

A su vez, en su segundo resolutivo, exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, así como a los titulares de las delegaciones estatales, realicen traslados de maquinaria y equipo en zonas que históricamente han sufrido los embates de los ciclones; hagan la revisión oportuna de los perímetros de presas, ríos y cualquier caudal de agua que tienda a desbordarse, así como la inspección inmediata de zonas de alto índice de desgajamiento de suelo que implique daño a la población civil.

Finalmente, en su tercer resolutivo, exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que a través del Fondo de Desastres Naturales se apreste y sin dilación alguna, la aplicación eficaz de la partida regionalizada de montos de acuerdo con el tipo y diferencial de riesgos que presentan históricamente los estados afectados de tormentas para brindar el apoyo en caso de ser necesario.

El promoverte expone que los fenómenos hidrometeoro lógicos por la acción violenta de los agentes atmosféricos se clasifican en: huracanes, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas, sequías y las ondas cálidas y gélidas.

Dichos fenómenos naturales conllevan, paradójicamente efectos adversos y benéficos a la vez. En zonas costeras llegan a ser extremadamente destructivos, y en otras favorecen la recarga de presas y mantos freáticos, acelerando la actividad agrícola y ganadera, y mitigando los incendios de pastizales y forestales.

Explica que dichos fenómenos son la fase inicial de una perturbación tropical, depresión tropical, tormenta tropical y huracán, y se les pueden observar como remolinos gigantescos que pueden llegar a cubrir kilómetros cuadrados y tienen lugar, primordialmente, sobre los espacios oceánicos tropicales. Y continúa diciendo que cuando las condiciones oceánicas y atmosféricas propician que se genere un ciclón tropical, la evolución y desarrollo de éste puede llegar a convertirlo en huracán.

En México, expone el promovente, el costo de los daños económicos ocasionados por fenómenos hidrometeoro lógicos han alcanzado un costo aproximado de 187 mil 500 millones de pesos ante las afectaciones registradas sólo entre 2009 y 2012. Los daños económicos causados por los huracanes Emily, Stan y Wilma, se calculan en 4 mil 600 millones de dólares. La inundación en Tabasco en el año 2007 representa el desastre más costoso en la historia del país, sólo detrás del sismo de 1985. En la última década, el promedio anual de daños económicos por huracanes se estima en 21 mil 368 millones de pesos.

El 25% de la población del país está expuesta a riesgos por inundaciones, y más de 456 mil personas habitan en áreas de elevada vulnerabilidad, como zonas aisladas; lo que implica que aumenta el riesgo en caso de desastres. Históricamente los estados de Chiapas, Veracruz, Guerrero y Oaxaca son las entidades que registran el mayor impacto de fenómenos hidrometeoro lógicos, seguidos de Hidalgo y Puebla.

Continúa diciendo que el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en su Comunicado de Prensa No. 354-14 de fecha 19 de mayo del presente año, hace referencia a la necesidad de prevención temprana de lluvias fuertes en el sureste y la península de Yucatán ya que existe la posibilidad de que evolucionen a tormenta tropical. A su vez solicita a la población de los lugares referidos estar al tanto de cualquier evolución en el descenso de temperatura.

Finalmente, resalta que ante dicho boletín informativo, en el que prácticamente se da por iniciada la temporada de lluvias torrenciales y tormentas en el año, es necesario activar, independientemente de los protocolos de seguridad civil, los mecanismos gubernamentales de rápida y eficiente atención a la protección de la ciudadanía, la prevención de desastres en la infraestructura carretera, el desbordamiento de caudales y presas de agua, así como los lamentables desgajamientos y aludes en zonas de asentamientos urbanos.

III. CONSIDERACIONES.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora compartimos la preocupación del proponente, por lo que realizamos el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo antes mencionada, a fin de valorar el mismo, deliberar e integrar el presente dictamen.

El artículo 7 de la Ley General de Protección Civil establece claramente que corresponde al Ejecutivo Federal en materia de protección civil

I. Asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional y dictar los lineamientos generales para coordinar las labores de protección civil en beneficio de la población, sus bienes y entorno, induciendo y conduciendo la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad en el marco de la Gestión Integral de Riesgos;

II. Promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgos en el desarrollo local y regional, estableciendo estrategias y políticas basadas en el análisis de los riesgos, con el fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la realización de acciones de intervención para reducir los riesgos existentes;

Respecto al Sistema Nacional de Protección Civil, la misma Ley especifica:

Artículo 14. El Sistema Nacional [de Protección Civil] es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, de las entidades federativas, de los municipios y las delegaciones, a fin de efectuar acciones coordinadas, en materia de protección civil”.

Artículo 15. El objetivo general del Sistema Nacional es el de proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.

Artículo 16. El Sistema Nacional se encuentra integrado por todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las delegaciones; por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, los cuerpos de bomberos, así como por los representantes de los sectores privado y, social, los medios de comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico.

Los integrantes del Sistema Nacional deberán compartir con la autoridad competente que solicite y justifique su utilidad, la información de carácter técnico, ya sea impresa, electrónica o en tiempo real relativa a los sistemas y/o redes de alerta, detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos.

Del mismo ordenamiento legal se desprende que

Artículo 18. Es responsabilidad de los gobiernos de los estados y del gobierno del Distrito Federal, conforme a su disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgos para la cobertura de daños causados por un desastre natural en los bienes e infraestructura de sus entidades federativas.

Para el cumplimiento de esta obligación, las entidades federativas podrán solicitar que los instrumentos de administración y transferencia de riesgos que contraten sean complementados con los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos Federales conforme a lo establecido en los lineamientos que para tal efecto se emitan.

Para acceder a los apoyos referidos en el párrafo anterior, los gobiernos estatales deberán acreditar que en el proceso de contratación del instrumento seleccionado se cumplieron con los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

Aunque no ha sido particularmente mencionado por el promovente, debemos recordar que la Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 4, dice claramente que: “La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de "la Comisión".

La misma Ley, en su artículo 7, estipula que se declara de utilidad pública:

III. La instalación de los dispositivos necesarios para la medición de la cantidad y calidad de las aguas nacionales y en general para la medición del ciclo hidrológico;

IX. La prevención y atención de los efectos de fenómenos meteorológicos extraordinarios que pongan en peligro a personas, áreas productivas o instalaciones;

El artículo 9 menciona las atribuciones de la CONAGUA en su Nivel Nacional1, entre las que podemos destacar las siguientes en concordancia con el tema en cuestión:

XL. Participar en el sistema nacional de protección civil y apoyar en la aplicación de los planes y programas de carácter federal para prevenir y atender situaciones de emergencia, causadas por fenómenos hidrometeoro lógicos extremos;

XLII. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal la expedición de Decretos para el establecimiento, modificación o extinción de Zonas de Veda y de Zonas Reglamentadas para la Extracción y Distribución de Aguas Nacionales y para su explotación, uso o aprovechamiento, así como Declaratorias de Reserva de Aguas Nacionales y de zonas de desastre;

XLIII. Realizar las declaratorias de clasificación de zonas de alto riesgo por inundación y elaborar los atlas de riesgos conducentes;

XLIV. Coordinar el servicio meteorológico nacional y ejercer las funciones en dicha materia;

Al mismo tiempo, según lo establece el Reglamento de la Ley General de Aguas Nacionales, en su artículo 11 fracción II, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) podrá:

II. Realizar, entre otras, las funciones de inspección y vigilancia necesarias para la protección y seguridad hidráulica, para lo cual cuidará la conservación e integridad de la infraestructura hidráulica federal a su cargo y la debida prestación de los servicios hidráulicos federales respectivos, asimismo participará en el Sistema Nacional de Protección Civil.

El capítulo V del mismo Reglamento, “Control de Avenidas y Protección Contra Inundaciones”, contempla diversas acciones de la CONAGUA que pueden coadyuvar en lo que respecta al tema del Punto de Acuerdo en comento:

Artículo 127.- "La Comisión" fomentará el establecimiento de programas integrales de control de avenidas y prevención de daños por inundaciones, promoviendo la coordinación de acciones estructurales, institucionales y operativas que al efecto se requieran. Dentro de la programación hidráulica se fomentará el desarrollo de proyectos de infraestructura para usos múltiples, en los cuales se considere el control de avenidas y la protección contra inundaciones.

Conforme a lo anterior, "La Comisión" podrá prestar la asesoría y apoyo técnico que se le requieran para el diseño y construcción de las obras que controlen corrientes de propiedad nacional, así como las relativas a la delimitación de zonas federales. El comportamiento y operación de las obras que no diseñe o construya directamente "La Comisión" será responsabilidad de quien las realice.

Artículo 130.- "La Comisión", conforme a los lineamientos que acuerde su Consejo Técnico, promoverá el establecimiento y aplicación de fondos de contingencia, integrados con aportaciones de la Federación, de los gobiernos de las entidades federativas y de las personas interesadas, para lograr la disminución de daños y prever la solución de problemas.

Artículo 131.- Para efectos de los artículos 83 y 98 de la "Ley", "La Comisión", en el ámbito de su competencia, otorgará el permiso para la construcción de obras públicas de protección contra inundaciones o promoverá su construcción y operación, según sea el caso, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, o en concertación con las personas físicas o morales interesadas.

No quedan comprendidas en lo dispuesto en este artículo, las obras públicas de drenaje pluvial en los centros de población, las cuales están a cargo y bajo la responsabilidad de las autoridades locales.

Artículo 132.- "La Comisión" promoverá y, en su caso, realizará los estudios necesarios que permitan clasificar las zonas inundables asociadas a eventos con diferente probabilidad de ocurrencia, en atención a los riesgos que presentan a corto y largo plazos. Asimismo promoverá, dentro de la programación hidráulica, el establecimiento de las zonas restringidas y de normas para el uso de dichas zonas, que establezcan las características de las construcciones con objeto de evitar pérdidas de vidas y daños.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), en su artículo 36, establece los asuntos que corresponde tratar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entre los que se encuentran los siguientes:

XXI.- Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las estaciones y centrales de autotransporte federal;

XXII.- Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares;

La LOAPF establece en su artículo 27 los temas cuyo despacho corresponde a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), entre los que se encuentra lo siguiente:

XXXII. Conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal, con los gobiernos municipales, y con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre y concertar con instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes al mismo objetivo;

La Ley General de Protección Civil, respecto a la SEGOB, lo siguiente:

Artículo 19. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la Secretaría por conducto de la Coordinación Nacional [de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación] […].

Artículo 64. Ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un agente natural perturbador que ponga en riesgo la vida humana y cuando la rapidez de la actuación del Sistema Nacional sea esencial, la Secretaría podrá emitir una declaratoria de emergencia, a fin de poder brindar de manera inmediata los apoyos necesarios y urgentes para la población susceptible de ser afectada.

La normatividad administrativa determinará los casos en que podrá emitirse una declaratoria de emergencia por inminencia o alta probabilidad, así como los apoyos que podrá brindarse con cargo al instrumento financiero de gestión de riesgos establecido para la atención de emergencia.

La autorización de la declaratoria de emergencia no deberá tardar más de 5 días y el suministro de los insumos autorizados deberá iniciar al día siguiente de la autorización correspondiente.

Además, el Secretario de Gobernación presidirá el Comité Nacional de Emergencias, como lo establece el artículo 22 de la LGPC, que al respecto también define lo siguiente:

Artículo 32. El Comité Nacional es el mecanismo de coordinación de las acciones en situaciones de emergencia y desastre ocasionadas por la presencia de agentes perturbadores que pongan en riesgo a la población, bienes y entorno, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 21 de esta Ley y de conformidad con el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional y en los términos que se establezcan en el Reglamento.

Debe contemplarse el rol que debe cumplir la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). El artículo 32 Bis de la LOAPF menciona entre los asuntos que corresponden a esta Secretaría los siguientes:

XIII. Fomentar y realizar programas de restauración ecológica, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y demás dependencias y entidades de la administración pública federal;

XIV. Evaluar la calidad del ambiente y establecer y promover el sistema de información ambiental, que incluirá los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelos y de cuerpos de agua de jurisdicción federal, y los inventarios de recursos naturales y de población de fauna silvestre, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, las instituciones de investigación y educación superior, y las dependencias y entidades que correspondan;

XXI. Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y ge hidrológicos, así como el sistema meteorológico nacional, y participar en los convenios internacionales sobre la materia;

XXIII. Organizar, dirigir y reglamentar los trabajos de hidrología en cuencas, cauces y álveos de aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneos, conforme a la ley de la materia;

XXVI. Regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción federal, en la protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial;

XXVIII. Controlar los ríos y demás corrientes y ejecutar las obras de defensa contra inundaciones;

XLI. Elaborar y aplicar en coordinación con las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; y de Relaciones Exteriores, las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático […]

Más allá de lo establecido en el cuerpo normativo vigente, se debe tener en cuenta que el Gobierno Federal realizó la primera Convención Nacional de Protección Civil, del 12 al 16 de mayo de 2014, con la participación de responsables federales y locales, la sociedad civil, el sector privado de ayuda humanitaria, así como expertos nacionales e internacionales, con la finalidad de fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil y que todos los responsables gubernamentales actúen de manera oportuna, coordinada y profesional.

Es importante destacar que el pasado 30 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, que contempla los siguientes objetivos:

● Fomentar la acción preventiva en la Gestión Integral de Riesgos para disminuir los efectos de fenómenos naturales perturbadores.

● Fortalecer la cultura de la protección civil mediante la vinculación nacional e internacional.

● Mejorar la coordinación de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en emergencias y desastres.

● Generar un marco jurídico consistente que permita brindar certeza jurídica a las acciones en materia de protección civil.

● Fomentar la adopción y el uso de innovación tecnológica aplicable a la protección civil.

● Fomentar la eficiencia en la asignación y distribución de recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos.

Igualmente, en esta comisión estamos conscientes que, no obstante el gobierno ha realizado extensas acciones enfocadas a la atención y recuperación ante los desastres, a través de la actuación del Sistema Nacional de Protección Civil, se requiere fortalecer las acciones de prevención para reducir los riesgos y mitigar las consecuencias adversas que ocasionan.

En virtud de lo referido con antelación, los integrantes de esta comisión estimamos que el presente Punto de Acuerdo resulta procedente conforme a lo establecido en los distintos ordenamientos legales. Sin embargo, creemos conveniente proponer algunas modificaciones a los resolutivos originalmente propuestos para emitir el presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Protección Civil, a que informe a esta Soberanía sobre las acciones de planeación y prevención previstas para las localidades, municipios y estados que de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos presentan el mayor riesgo de afectaciones por lluvias; y a realizar una campaña de difusión a nivel nacional sobre las medidas de seguridad ante los fenómenos hidrometeoro lógicos.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a los titulares de las delegaciones estatales, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen traslados de maquinaria y equipo a las zonas, definidas en el Atlas Nacional de Riesgos, que estén expuestas a los embates de los ciclones; hagan la revisión oportuna de los perímetros de presas, ríos y cualquier caudal de agua que tienda a desbordarse, así como la inspección inmediata de zonas de alto índice de desgajamiento de suelo que implique daño a la población civil.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que a través del Fondo de Desastres Naturales, aplique la partida presupuestal regionalizada de montos; de acuerdo con el tipo y diferencial de riesgos que presenten los estados afectados por las tormentas para que, en caso necesario, se proporcione el apoyo correspondiente.

TERCERA COMISION”.

1 La Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 9, establece que la CONAGUA se organizará en dos modalidades: a) el Nivel Nacional, y b) el Nivel Regional Hidrológico-Administrativo, a través de sus Organismos de Cuenca.




 

Que se solicita al titular de la Secretaría de Economía información sobre las actividades para hacer del conocimiento público lo relativo al “Fideicomiso de Fomento Minero”.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Economía, transparente y haga del conocimiento público y de fácil acceso a través del sitio de internet oficial, lo relativo al “Fideicomiso de Fomento Minero” (FIFOMI), desde su creación a la fecha; toda vez que de conformidad con la revisión de la Cuenta Pública 2012, la comprobación de la aplicación de los recursos otorgados para proyectos mineros se encuentra pendiente; asimismo, se desconoce cómo y quiénes han sido beneficiados por dicho fideicomiso, la cual está suscrita por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

El Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) es un fideicomiso público del Gobierno Federal, en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público funge como fideicomitente y Nacional Financiera, SNC, Institución de Banca de Desarrollo, como fiduciaria; cuyo objeto es fomentar y promover el desarrollo de la minería nacional por medio del otorgamiento de créditos y asistencia técnica especializada para crear, fortalecer y consolidar proyectos y operaciones mineras.

El 2 de febrero de 1990, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modificó la denominación del Fideicomiso Minerales no Metálicos Mexicanos, por el de Fideicomiso de Fomento Minero, para atender todo tipo de minerales con excepción del petróleo y de los hidrocarburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos y de los minerales radiactivos, ampliándose las facultades de la institución con la encomienda de fomentar el desarrollo de la minería nacional y su cadena productiva, mediante apoyos de financiamiento a personas físicas y morales; mejorar, ampliar y desarrollar técnicas de exploración, explotación, beneficio, industrialización y comercialización; proporcionar asesoría técnica y administrativa; promover el estudio de procesos que incremente el aprovechamiento de minerales y la realización de cursos de capacitación para mineros, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios; recibir y otorgar créditos para financiar las actividades relativas a su objeto, así como impulsar la operación de los proyectos productivos viables del sector minero y su cadena productiva, facilitando el acceso al financiamiento, asistencia técnica y capacitación.

B. Enseguida, los proponentes plantean que:

De acuerdo con las Reglas de Operación vigentes, el FIFOMI apoya a las personas físicas y morales con actividad empresarial de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, así como sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas y domiciliadas en la República Mexicana, clasificadas preferentemente como micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), cuya actividad esté comprendida dentro del sector minero, mediante créditos de primer piso que son los que otorga directamente el FIFOMI y créditos con Intermediarios Financieros Bancarios (IFB) y con Intermediarios Financieros Especializados (IFE’S) que pueden ser bancos, entidades de Banca de Desarrollo y Fondos de Fomento, quienes servirán de enlace para destinar los recursos hacia las MIPYMES con base al techo financiero del FIFOMI.

Las acciones del FIFOMI se enmarcan en dos programas presupuestarios:

● Programa presupuestario F002 “Apoyo a la pequeña y mediana minería y su cadena productiva, mediante el otorgamiento de financiamiento”.

● Programa presupuestario F005 “Asistencia y capacitación técnica a la pequeña y mediana minería”.

C. Concluyen  los proponentes al decir que:

De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2012, la comprobación de la aplicación de los recursos otorgados para proyectos mineros está pendiente, debido a que la Auditoría Superior de la Federación en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 441, determinó que la falta de mecanismos de vigilancia impidieron conocer el destino de un par de financiamientos por 74.7 millones de pesos y en su caso de cartera vencida por un saldo de 1.3 millones de pesos.

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación cuestionó la autorización de 23 créditos, con un saldo por 573.2 millones de pesos, por actividades que no se relacionan con el apoyo al sector minero.

Por otra parte, en la auditoría al desempeño número 325, la Auditoría Superior de la Federación se abstuvo de emitir opinión, toda vez que el Fideicomiso de Fomento Minero no proporcionó la información que le fue requerida para verificar el cumplimiento del objetivo de “Contribuir a la generación de empleos mediante el impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes”, así como el de “Reactivar y Fortalecer Distritos Mineros”, lo cual se sustenta en el requerimiento de información número DGADPP/DADPPA/SADPPC/JD3C/001/2013 del 14 de agosto de 2013 y la respuesta al requerimiento por parte del Fideicomiso de Fomento Minero mediante oficio número DOAT/SLP/010/13 del 28 de agosto de 2013.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que en los indicadores relativos a los programas presupuestarios “F-002-Apoyo a la pequeña y mediana minería y su cadena productiva, mediante el otorgamiento de Financiamiento” y “F-005- Asistencia y capacitación técnica a la pequeña y mediana minería”, no registran información y carecen del presupuesto autorizado y ejercido desde su creación a la fecha.

D. Con lo anterior los proponentes formulan el siguiente:

Punto de Acuerdo:

“ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo  Villareal, transparente y haga del conocimiento público y de fácil acceso a través del sitio de internet oficial, lo relativo al “Fideicomiso de Fomento Minero” (FIFOMI); asimismo, de lo siguiente:

● El origen, administración y destino de los recursos desde su creación a la fecha del FIFOMI.

● El criterio para la asignación de recursos a los beneficiarios del FIFOMI.

● Padrón único de las personas beneficiadas por el FIFOMI.

● Manuales de Procedimiento Actualizados.

● El impacto que ha tenido el FIFOMI, en la reactivación, y fortalecimiento de los distritos mineros por medio de las acciones realizadas de financiar, capacitar y, de brindar asistencia y asesoría técnica a las empresas del sector minero”.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer dictamen a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

El FIFOMI, con base en la información disponible en su página web www.fifomi.gob.mx, “es un fideicomiso público del Gobierno Federal en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público funge como fideicomitente y Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como fiduciaria; cuyo objeto es fomentar y promover el desarrollo de la minería nacional a través del otorgamiento de créditos y asistencia técnica especializada para crear, fortalecer y consolidar proyectos y operaciones mineras.

Forma parte de la Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Economía, por lo que le son aplicables la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley Minera y la Ley de Instituciones de Crédito, entre otras”.

Por lo anterior, está obligado a transparentar su información financiera.

El artículo 134 Constitucional establece que:

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.

El artículo 79 Constitucional establece que: La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitivita, imparcialidad y confiabilidad.

Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley.

Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de fiscalización superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la entidad de fiscalización superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la Ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. La entidad de fiscalización superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes;

II. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, el cual se someterá a la consideración del pleno de dicha Cámara y tendrá carácter público. Dentro de dicho informe se incluirán las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las entidades fiscalizadas a que se refiere la fracción anterior y a la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, así como también un apartado específico con las observaciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación que incluya las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe del resultado se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la entidad de fiscalización superior de la Federación para la elaboración del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.

El titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sea entregado a la Cámara de Diputados el informe del resultado, las recomendaciones y acciones promovidas que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de observaciones y a las promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas.

En el caso de las recomendaciones al desempeño las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la entidad de fiscalización superior de la Federación las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia.

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas.

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda el informe del resultado a la Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición;

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos, y

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el finamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.

Las sanciones y demás resoluciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos afectados adscritos a las mismas, ante la propia entidad de fiscalización o ante los tribunales a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-H de esta Constitución conforme a lo previsto en la Ley.

La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.

Para ser titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación se requiere cumplir, además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, los que señale la ley. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la entidad de fiscalización superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la entidad de fiscalización superior de la Federación, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que establezca la Ley.

El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción IV del presente artículo.

Por otra parte La ley Federal de Transparencia y acceso a la información establece:

Artículo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61, entre otra, la información siguiente:

I. Su estructura orgánica;

II. Las facultades de cada unidad administrativa;

III. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes;

IV. La remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes;

V. El domicilio de la unidad de enlace, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información;

VI. Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos;

VII. Los servicios que ofrecen;

VIII. Los trámites, requisitos y formatos. En caso de que se encuentren inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios o en el Registro que para la materia fiscal establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberán publicarse tal y como se registraron;

IX. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto;

X. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que realicen, según corresponda, la Secretaría de la Función Pública, las contralorías internas o la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

XI. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio. Así como los padrones de beneficiarios de los programas sociales que establezca el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación;

XII. Las concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos;

XIII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato:

a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico;

b) El monto;

c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato, y

d) Los plazos de cumplimiento de los contratos;

XIV. El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado;

XV. Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados;

XVI. En su caso, los mecanismos de participación ciudadana, y

XVII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

La información a que se refiere este Artículo deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Las dependencias y entidades deberán atender las recomendaciones que al respecto expida el Instituto.

Artículo 9. La información a que se refiere el Artículo 7 deberá estar a disposición del público, a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, éstos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.

El cuerpo técnico de la Comisión dictaminadora considera que de acuerdo a los artículos antes mencionados la proposición de acuerdo es viable, ya que al revisar  la página  web de la Secretaría de Economía http://www.economia.gob.mx/ y del Fideicomiso del Fomento Minero ((FIFOMI) http://www.fifomi.gob.mx/web/ y no encontró publicados todos los datos solicitados.

Que en el portal de (FIFOMI) con la liga http://www.fifomi.gob.mx/web/imagenes/fifomi/documentos/financiamiento/rodt.pdf se encuentran las reglas de operación y los criterios de selección.

Que en el mismo portal antes mencionado con liga http://www.fifomi.gob.mx/web/index.php?option=com_content&view=article&id=118&itemid=101 se encuentran los manuales de procedimiento.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45 numerales 1 y 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,  la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Titular de la Secretaría de Economía, informe a esta Soberanía, las actividades que tenga previsto realizar o haya realizado para hacer del conocimiento público y de fácil acceso a través del sitio de internet oficial, lo relativo al “Fideicomiso de Fomento Minero” (FIFOMI); particularmente de los siguientes datos:

● El origen, administración y destino de los recursos desde su creación a la fecha del FIFOMI.

● Padrón único de las personas beneficiadas por el FIFOMI.

● El impacto que ha tenido el FIFOMI, en la reactivación, y fortalecimiento de los distritos mineros por medio de las acciones realizadas de financiar, capacitar y, de brindar asistencia y asesoría técnica a las empresas del sector minero.

TERCERA COMISION”.





 

Que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a incluir en la página de Internet los indicadores que permiten evaluar el objetivo del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H.ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social a hacer del conocimiento público, a través del sitio de internet oficial, lo relativo al "Programa del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías", suscrita por los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) es un fideicomiso público del Gobierno Federal, sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social, que surge como una respuesta a la necesidad de promover la actividad artesanal del país y contribuir así a la generación de un mayor ingreso familiar de las y los artesanos; mediante su desarrollo humano, social y económico. Fue constituido el 28 de mayo de 1974 por mandato del Ejecutivo Federal con el objeto social de fomentar la actividad artesanal en el país

El Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), tiene como objetivo contribuir a mejorar las fuentes de ingreso de los artesanos que habitan en zonas de atención prioritaria o que su ingreso está por debajo de la línea de bienestar, logrando a su vez con estas acciones cumplir con el objetivo institucional de promover la actividad artesanal a través de sus cuatro vertientes o estrategias de apoyo:

● Capacitación integral y asistencia técnica

● Apoyos a la producción

● Salud ocupacional

● Adquisición de artesanía

● Apoyos a la comercialización

● Concursos de arte popular”

B. Enseguida, los proponentes plantean una serie de consideraciones, en las que manifiestan que en el Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012 – 2013, el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), detectó que el Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías a pesar de tener identificado el problema, aun no tiene claridad sobre la identificación del tipo de artesano que atiende, toda vez que incluye al que se encuentra por debajo de la línea de bienestar, al artesano urbano, al artesano rural y al artesano indígena, por lo que es importante generar nuevas estrategias de transversalidad para que el desarrollo del programa logre promover acciones que ayuden al fortalecimiento de la actividad artesanal.

También señala que el presupuesto ejercido en últimos tres años ha quedado por debajo de lo programado, siendo que la cobertura del programa únicamente representa el 3.8% de la población potencial.

C. Concluyen los proponentes al señalar que:

“… en el informe el CONEVAL destacó las siguientes inconsistencias del programa:

- En 2012 el Programa atendió 21,533 artesanos. De los cuales el 73.65% son mujeres y el 26.35 son hombres.

El Programa tiene presencia en 30 estados de la República, 519 municipios y 1,591 localidades. El 85% de los beneficiarios se concentra en los estados de Hidalgo, Chihuahua, México, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Guerrero, siendo éste último, la Entidad Federativa, que concentra la mayor cantidad de Población Atendida, con 20.61%.

La Población Atendida en 2012 es 1,33% superior a la Población Objetivo; sin embargo, sólo representa el 3.8% de la Población Potencial.

- El programa no cuenta con resultados de Evaluaciones de Impacto rigurosas que permiten tener evidencia de los efectos que el programa causa en los beneficiarios”.

D. Con lo anterior, formulan el siguiente:

“Punto de Acuerdo:

“ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, C. María del Rosario Robles Berlanga, haga del conocimiento público y de fácil acceso a través del sitio de internet oficial, lo relativo al “Programa del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)”; asimismo, a que realice las acciones siguientes:

- Incluya los indicadores que permitan cumplir y evaluar su objetivo de fomentar las artesanías y combatir la pobreza.

- De a conocer los resultados periódicos del programa.

- Defina la población atendida por el programa de acuerdo a las características de cada sector (artesano, urbano, rural o indígenas), por sexo y edad.

- Concentre, conserve y difunda la información que se genere sobre la población artesanal, a fin de dar cumplimiento a lo recomendado por el CONEVAL”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera  Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer dictamen a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación planteadas por los proponentes, con las siguientes observaciones:

Del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART).

El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) es un fideicomiso público del Gobierno Federal, sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que surge como una respuesta a la necesidad de promover la actividad artesanal del país y contribuir así a la generación de un mayor ingreso familiar de las y los artesanos, mediante el desarrollo humano, social y económico. Fue constituido el 28 de mayo de 1974 por mandato del Ejecutivo Federal con el objeto social de fomentar la actividad artesanal en el país.1

El FONART busca ser la institución que coordine de forma dinámica y efectiva las distintas políticas y recursos entre los organismos públicos municipales, estatales y federales, sectores social y privado, con el propósito fundamental de fomentar la actividad artesanal y proteger su desarrollo.

Como lo mencionan los proponentes, el FONART contribuye al cumplimiento del Objetivo 4.8 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que se establece como prioridad el desarrollar los sectores estratégicos del país. Asimismo,  las acciones de este programa se basan en la Estrategia 4.8.5 del Plan Nacional de Desarrollo que busca fomentar la economía social.

En cuanto a las prioridades sectoriales, el programa  derivado del Objetivo 6 del Programa Sectorial de Desarrollo Social, el cual tiene como propósito mejorar las fuentes de ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos, así como a la Estrategia 6.2, que busca desarrollar la actividad artesanal como un medio para generar ingresos, impulsando la calidad, competitividad y comercialización de sus productos.

El objetivo general del FONART es contribuir a mejorar las fuentes de ingreso de las y los artesanos mexicanos cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar, mediante el desarrollo de proyectos sostenibles, que fomenten la actividad artesanal; su objetivo específico es mejorar las capacidades productivas y comerciales de las y los artesanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar, promoviendo condiciones adecuadas para la actividad artesanal.

La SEDESOL logró identificar que una parte importante de los artesanos no cuenta con las condiciones para generar ingresos sostenibles, motivo por el cual, el FONART ha establecido como población potencial susceptible de ser atendida a las y los artesanos con ingreso inferior a la línea de bienestar, que en 2012, representaron alrededor de 607 mil personas. En ese mismo año, 81.8% de la población potencial presentaba la carencia por acceso a la seguridad social y 37.5% la carencia por acceso a la alimentación. Es importante destacar que en 2012, 23.3% de la población potencial habitaba en localidades rurales menores a 2,500 habitantes.

La identificación de las personas cuyo ingreso está por debajo de la línea de bienestar se realizará conforme a los “Lineamientos para la identificación de personas u hogares en situación de pobreza” que se aplican a los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social.

En los “lineamientos para la identificación de personas u hogares en situación de pobreza” se destaca que el método de identificación utiliza como insumos la información socioeconómica y demográfica de las personas, los hogares y las características de su vivienda, con la que se calculan los valores de las variables necesarias para determinar el cumplimiento de los criterios asociados al espacio de bienestar económico y de carencias sociales, teniendo como unidad de observación y análisis a las personas en relación a su hogar.2

Mediante esta metodología se estima el ingreso corriente total per cápita de los hogares, de forma que sea posible distinguir a aquéllos cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar.

En el citado instrumento, se define a la línea de bienestar como la “cantidad mínima de recursos monetarios con la cual se compara el ingreso corriente total per cápita estimado para identificar a la población que no cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades (alimentarias y no alimentarias)”.

Las Reglas de Operación 2013 del FONART, presentaron cambios significativos con respecto a las de 2012, lo que facilitó el desarrollo del programa en su operación.

Para las reglas de operación 2013, se dividió la vertiente de adquisición de artesanías del año 2012 en dos: la específica de adquisición de artesanías y la que era su extensión operativa, apoyos a la comercialización, que ahora se presenta como una vertiente independiente. Esto auxilió a la planeación y ejecución de esta parte del programa. Asimismo se precisaron otras actividades no consideradas en las reglas del año 2012, además que los indicadores de fin y de propósito se modificaron.

Para el 27 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONART, para el ejercicio fiscal 2014”, en el cual se destaca, entre otros aspectos, lo siguiente:

● Criterios de selección y requisitos de elegibilidad que deberán cumplir los beneficiarios.

● Tipos y montos de los apoyos.

● Derechos y obligaciones de los beneficiarios.

● Facultades del Comité de Validación y Aprobación de Proyectos Artesanales.

● Avances financieros del FONART.

● Evaluación en cuanto a recursos, acciones ejecutadas y metas alcanzadas.

● Indicadores del programa. La información correspondiente a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), reportada a la Dirección General de Seguimiento para la integración de los informes correspondientes, mismos que se encuentran disponibles para su consulta en la siguiente liga:http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform. nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L508865

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), emitió el Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013, el más reciente hasta ahora, en el cual destaca lo siguiente:

● A pesar de tener identificado el problema, aun no se tiene claridad sobre la identificación del tipo de artesano que atiende el programa. Se confunden las causas del problema con las características de las personas en situación de pobreza patrimonial. Además el objetivo del Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías causa confusión.

● En el informe de la Evaluación Específica de Desempeño se retoma una observación que se menciona en el Diagnóstico del Programa (2009), se recomienda se incluyan indicadores por sexo.

● Población Atendida. ¿Se encuentra definida?: Si. Cuantificación: 21,535.

● ¿Se cuenta con información desagregada de la población atendida por entidad, municipio y/o localidad?: Si. Entidades Atendidas: 30. Municipios Atendidos: 519. Localidades Atendidas: 1591. Hombres Atendidos: 5,675. Mujeres Atendidas: 15,860.

● La Población Atendida en 2012 es 1,33% superior a la población objetivo; sin embargo, sólo representa el 3.8% de la población potencial. A este ritmo se requieren 26 años para atender a la población potencial. Respecto a años anteriores, se observa que la Población Atendida fue superior a 2011 y 2010, pero inferior a los años 2009 y 2008, años en los que atendieron 29,472 y 21,624 artesanos respectivamente.

● El informe concluye que el objetivo del Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías causa confusión, por un lado debe promover la actividad artesanal del país proporcionando a los artesanos un acompañamiento técnico, apoyos económicos, vías de comercialización y fomento a la creatividad de los artesanos. La formulación de los indicadores planteados por el Programa del FONART podría mejorar, el programa maneja una serie de actividades y estrategias que pueden abrir posibilidades para generar indicadores con una perspectiva más amplia que permita cumplir con sus objetivos. El desempeño del programa es bueno respecto al resultado presentado en sus metas, aunque sus indicadores no muestran la complejidad de cómo está estructurado.

● Finalmente el CONEVAL recomienda generar indicadores por sexo y edad. Definir claramente la población atendida de acuerdo a las características de cada sector (artesanos urbanos, rurales o indígenas.

La SEDESOL emitió su opinión respecto al informe antes mencionado, en el cual señala lo siguiente:

● Que el FONART tomará en cuenta los hallazgos y recomendaciones que se reportan, para incorporarlas a la presente administración, con el propósito de dar cumplimiento al objetivo y al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

● Que el FONART considera que durante el 2012 se llevaron a cabo dos evaluaciones, una efectuada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la otra por el CONEVAL.

● Asegura que el programa atiende a artesanos que se encuentran por debajo de la línea de bienestar, delimitando la población potencial y la población objetivo.

● En cuanto a la confusión del objetivo del programa, el FONART responde que el objetivo del fideicomiso es el fomento artesanal, mientras que el del programa se enfoca a los artesanos que se encuentran por debajo de la línea de bienestar, ambas fomentando la actividad artesanal y promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida de los artesanos.

● Por lo que hace a las recomendaciones formuladas por el CONEVAL, la dependencia informó que tener indicadores desagregados por sexo no aporta información adicional respecto a la consecución del programa, aunque actualmente el padrón de beneficiarios contiene desagregado el sexo y la edad de los artesanos beneficiarios.

En el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013–20183, se establece como indicador 6.1 para el cumplimiento del objetivo 6 “Mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos”, el “Ingreso promedio de las personas por debajo de la línea de bienestar que tiene como trabajo principal un negocio propio”. Además se proporciona la siguiente liga para hacer el cálculo del indicador: http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Pobreza%202012/Programas_y_BD_2010_y_2012.aspx.

Asimismo se establece como indicador 6.3 para alcanzar el mismo objetivo sectorial, el “Porcentaje de micro negocios que tuvieron como financiamiento inicial un programa de gobierno y tienen una antigüedad igual o mayor a dos años” y para el cálculo del indicador se proporciona la siguiente liga: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/microdatos/encuestas.aspx?c=33526&s=est

I. Con la investigación realizada, esta Tercera Comisión se encuentra en la posibilidad de afirmar que algunas de las inquietudes de los proponentes se tienen por atendidas, puntualizando las siguientes:

● Por lo que hace a los indicadores que permitan cumplir y evaluar su objetivo de fomentar las artesanías y combatir la pobreza, en las Reglas de Operación del Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías para el ejercicio fiscal 2014, se incluye una liga en la que se puede consultar a detalle la gráfica de diversos indicadores del FONART, así como el en programa sectorial, la base del cálculo para los indicadores respectivos.

● Lo relativo a la población atendida por el programa, por sexo y edad, la dependencia ya se ha manifestado al respecto, como se señala en el apartado “G” del presente dictamen. Además de que actualmente el padrón de beneficiarios ya contiene desagregado el sexo y la edad de los artesanos beneficiarios. En el mismo sentido, en el Informe de la Evaluación Especifica de Desempeño 2012-2013 del CONEVAL, se detalla el número de mujeres y hombres atendidos, como se señala en el apartado “F” del presente dictamen.

● Lo referente a la hacer “del conocimiento público, a través del sitio de internet oficial, lo relativo al Programa del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías", solicitado por los proponentes, se advierte que la información relativa al FONART ya es pública y se puede ingresar a ella a través de la página de internet de la Sec