Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 27 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 26

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 21 de Abril de 2014

SUMARIO                                              


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COMUNICACIONES

- De la C. Senadora Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el informe de las actividades que realizó conjuntamente con la C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, durante el Foro Crans Montana del Women in Parliaments, Global Forum, que se llevó a cabo en Bruselas, Bélgica, los días 21 y 22 de marzo de 2014; del C. Senador Adolfo Romero Lainas, con la que remite el informe de sus actividades durante la XXI Reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Consumidor del Parlamento Latinoamericano, celebrada en Panamá, los días 25 y 26 de marzo del año en curso; de la C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el Programa de Trabajo de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V.; de la C. Senadora Claudia Pavlovich Arellano, con la que remite su informe de labores, a abril de 2014; del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, con la que remite el Programa Anual de Trabajo 2014 “Rumbo a una Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste” de la Comisión Especial Sur-Sureste.


SECRETARIA DE GOBERNACION

- Oficio con el que remite solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México para que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio Multinacional “UNITAS LV PERU 2014”, que se llevará a cabo del 11 al 27 de septiembre de 2014, en la República del Perú; oficios con los que remite nombramientos de personal diplomático, a favor de los ciudadanos: Luis Javier Campuzano Piña, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Noruega; Agustín Gasca Pliego, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Suecia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Republicas de Letonia y Lituania; Luis Arturo Puente Ortega, como Cónsul General de México en Shanghai, República Popular China; Oficio con el que remite el informe de resultados de la Visita Oficial del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Ecuador, así como de su participación en la Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial en la República de Chile, del 9 al 11 de marzo del año en curso;Oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 17 y 18 de abril de 2014, para atender cuestiones de carácter familiar en los Estados Unidos de América.


CAMARA DE DIPUTADOS

- Remite oficio suscrito por los CC. Diputados Silvano Aureoles Conejo y Miguel Alonso Raya, Coordinador y Vicecoordinador, respectivamente, del grupo parlamentario del PRD y por la C. Diputada Purificación Carpinteyro Calderón, Secretaria de las Comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión, con el que remiten carpetas con sus observaciones y propuestas en torno al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y por el que se reforman diversas disposiciones en la materia; Oficios con los que remite: minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte; minuta proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa alusiva al Centenario de la Toma de Zacatecas.

























PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION III DEL APARTADO A DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ELEVAR DE 14 A 15 AÑOS LA EDAD PARA TRABAJAR A LOS MENORES DE EDAD

(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera. Intervienen al respecto los CC. Senadores Enrique Burgos García, para presentar el dictamen por las comisiones, María Alejandra Barrales Magdaleno, Martha Palafox Gutiérrez y Angélica de la Peña Gómez. Se inserta intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya. Se remite a los congresos estatales para los efectos del artículo 135 constitucional.


PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE LA LEY GENERAL DE POBLACION, DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE TURISMO Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA ADICIONAR EL TERMINO “PREFERENCIAS SEXUALES” Y SOBRE NO DISCRIMINACION

(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la segunda lectura al dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda. Intervienen al respecto los CC. Senadores Margarita Flores Sánchez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Luz María Beristain Navarrete, Angélica de la Peña Gómez y Fidel Demédicis Hidalgo. Se suspendió la votación del dictamen, a petición de los Coordinadores de los grupos parlamentarios.










 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: (12:30 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registrado de asistencia, se han acreditado 66 ciudadanas y ciudadanos Senadores. En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Se abre la sesión del lunes 21 de abril correspondiente al segundo periodo ordinario de ejercicio del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos correspondientes al día de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE LA SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta y tres minutos del día jueves diez de abril de dos mil catorce, encontrándose presentes setenta y cinco ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes ocho de abril de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva, el Informe de su asistencia a la XXXI Reunión Ordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, efectuada en San José, Costa Rica, el 18 de marzo del año en curso. Asimismo, remite el "Compendio de las reuniones del FOPREL, celebradas en 2013".- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, oficio por el que informa de la instalación de la Comisión Permanente de la Reforma del Campo, el miércoles 9 de abril de 2014.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su Programa Anual de Trabajo 2014.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, la modificación en la integración de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ante la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea.- Quedó de enterado. Se remitió a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso C. al artículo 11 y un Capítulo Quinto Bis, denominado “Del Derecho a la Navegación Segura en Internet” a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V, recorriéndose dicha fracción vigente, para pasar a ser la fracción VI del artículo 61 de la Ley General de Salud; así como la fracción III Bis del artículo 64 del mismo ordenamiento, en materia de diagnóstico oportuno de displasia en cadera.- Con dispensa de segunda lectura, intervinieron los senadores: Fernando Mayans Canabal, para presentar el dictamen, a nombre de las comisiones; Hilda Esthela Flores Escalera del PRI, quien presentó propuesta de modificación. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que los Senadores Francisco Salvador López Brito y Benjamín Robles Montoya entregaron el texto de su participación, las cuales se integraron al Diario de los Debates. La propuesta de la Senadora Flores Escalera fue aceptada. El proyecto de decreto adicionado fue aprobado en lo general y en lo particular por 84 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para elevar de 14 a 15 años la edad para trabajar a los menores de edad.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación, de Bibliotecas y Asuntos Editoriales y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XI, XII y XIII al artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para modificar la integración del Consejo Nacional.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Fondos de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para reformar el registro único de garantías mobiliarias.- Con dispensa de segunda lectura, intervinieron los Senadores: Héctor Larios Córdova, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones; y Armando Ríos Piter del PRD a favor. El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular por 81 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman los artículos Tercero y Cuarto de los Artículos Transitorios del Artículo Primero, del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sobre cooperativas de ahorro.- Con dispensa de segunda lectura, intervinieron los Senadores: Gerardo Sánchez García, por la Comisión de Hacienda y Crédito, para presentar el dictamen; José Ascención Orihuela Bárcenas, por la Comisión de Fomento Económico, para presentar el dictamen; Alejandro Tello Cristerna del PRI a favor; Carlos Mendoza Davis del PAN a favor; Benjamín Robles Montoya del PRD a favor; Dolores Padierna Luna del PRD a favor; y Armando Ríos Piter del PRD a favor. Fue aprobado en lo general y en lo particular por 90 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Población, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; de la Ley General de Turismo y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para adicionar el término "preferencias sexuales" y sobre no discriminación.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IV Bis y IV Ter al artículo 4o., las fracciones II Bis, II Ter y VII al artículo 78; y se reforma la fracción V del artículo 78, todos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, sobre acuacultura rural.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de lactarios.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bebidas alcohólicas.- Quedó de primera lectura.

 

Los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra para referirse al Aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata.- Intervinieron los Senadores: María Elena Barrera Tapia del PVEM; Rabindranath Salazar Solorio del PRD; Martha Palafox Gutiérrez del PT; Francisco Salvador López Brito del PAN; Manuel Humberto Cota Jiménez del PRI.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales.- Intervinieron los Senadores: Enrique Burgos García, para presentar el dictamen, a nombre de las comisiones; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD a favor; Benjamín Robles Montoya del PRD a favor; Zoé Robledo Aburto del PRD a favor. Fue aprobado en lo general y en lo particular por 99 votos en pro. Se remitió a los Congresos Estatales.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se adiciona un octavo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de la identidad y gratuidad de la primera copia certificada del registro de nacimiento.- Intervinieron los senadores: Enrique Burgos García, para presentar el dictamen, a nombre de las comisiones; Ivonne Liliana Alvarez García del PRI a favor; Francisco Salvador López Brito del PAN a favor; Angélica de la Peña Gómez del PRD a favor; David Monreal Avila del PT a favor; Benjamín Robles Montoya del PRD a favor; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN para razonar su voto; Manuel Bartlett Díaz del PT para razonar su voto; Jesús Casillas Romero del PRI, a favor. Fue aprobado en lo general y en lo particular por 94 votos en pro. Se remitió a los Congresos Estatales.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de seguridad sanguínea.- Intervinieron los Senadores: Fernando Mayans Canabal, por las comisiones, para presentar el dictamen; Francisco Salvador López Brito del PAN a favor; María Elena Barrera Tapia del PVEM a favor; Martha Palafox Gutiérrez del PT, para razonar su voto, y presentó una propuesta de modificación, la cual fue aceptada. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el Senador Benjamín Robles Montoya entregó el texto de su intervención, la cual se integró al Diario de los Debates. El proyecto de decreto adicionado fue aprobado en lo general y en lo particular por 91 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva declaró un receso a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos, para recibir en Sesión Solemne la visita del Presidente de la República Francesa.

 

(RECESO)

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

Se realizó Sesión Solemne con motivo de la Visita de Estado que realizó a nuestro país el Presidente de la República Francesa, Francois Hollande.

 

(SESION SOLEMNE)

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la Sesión Ordinaria a las dieciocho horas con diez minutos.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción xxi del artículo 73 constitucional y se adiciona un tercer párrafo al artículo 25 del Código Penal Federal, sobre incremento de penas por secuestro.- Intervinieron los senadores: Omar Fayad Meneses, por las comisiones, para presentar el dictamen; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD, quien presentó su voto particular; Angélica de la Peña Gómez del PRD en contra; Luisa Maria Calderón Hinojosa del PAN a favor; Manuel Bartlett Díaz del PT en contra; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM a favor; Luis Sánchez Jiménez del PRD en contra; Armando Ríos Piter del PRD en contra; Zoé Robledo Aburto del PRD en contra; Omar Fayad Meneses del PRI a favor; Miguel Barbosa Huerta del PRD en contra. El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Senadora Angélica de la Peña Gómez reservó los artículos 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 17 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro y el artículo 25 del Código Penal Federal. En la votación del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados, se declaró falta de quórum.

(Iniciativa)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 31 bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de emergencias obstétricas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce la labor que realiza Diconsa en el abasto de alimentos en el país y exhorta a su titular y a la Sedesol a fortalecer la red de tiendas en zonas rurales y populares, así como diversificar la oferta a las familias de menores ingresos.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Yucatán a atender el robo de instrumentos de trabajo a pescadores de los puertos de San Felipe y Río Lagartos, en Yucatán.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

 

De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, Víctor Manuel Camacho Solís, Lorena Cuéllar Cisneros, Mario Delgado Carrillo, Fidel Demédicis Hidalgo, Adán Augusto López Hernández, Fernando Enrique Mayans Canabal, Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter, Angel Benjamín Robles Montoya, Adolfo Romero Lainas, Luis Sánchez Jiménez, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Iris VianeyMendoza Mendoza, Isidro Pedraza Chávez, Zoé Robledo Aburto, Rabindranath Salazar Solorio, Ivonne Liliana Alvarez García y Angélica del Rosario Araujo Lara, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar la solicitud correspondiente ante la UNESCO en la que se proponga al Polyforum Cultural Siqueiros como patrimonio de la humanidad.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Delegado de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente a hacer una inspección detallada de los condiciones de funcionamiento de la empresa Clorobencenos S.A. de C.V., ubicada en el estado de Tlaxcala.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar campañas informativas sobre la enfermedad del Parkinson y la importancia de un diagnóstico temprano.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas del país a emitir programas de promoción permanente sobre la importancia de una adecuada alimentación, y la activación física para prevenir el riesgo de diabetes tipo 2 y sus complicaciones, de conformidad con los lineamientos descritos en la Norma Oficial Mexicana 015-SSA2- 2010.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas en el nivel de educación básica y media superior, a respetar los derechos laborales de los docentes y con función directiva o de supervisión.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a generar mecanismos de mejora en la práctica de los usuarios del servicio bancario, a fin de evitar el sobreendeudamiento derivado del uso y oferta desmesurado de créditos bancarios.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo para colocar una placa conmemorativa en la crujía que ocupó el escritor José Revueltas en la prisión de Lecumberri, hoy Archivo General de la Nación, con motivo del centenario de su nacimiento.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a ampliar el periodo de descuento del peaje de la Autopista del Sol, hasta el 12 de enero de 2015.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

(Excitativas)

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió solicitud de excitativa con relación al punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de México a implementar medidas urgentes ante la creciente inseguridad que sufre la entidad, presentado el 30 de enero de 2013.- La Mesa Directiva emitió excitativa a la Comisión de Seguridad Pública.

(Efemérides)

El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride para referirse a la conmemoración del aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Rabindranath Salazar Solorio, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride para referirse al aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión por falta de quórum a las veintiún horas con diez minutos y citó a sesión ordinaria el próximo lunes veintiuno de abril, a las doce horas.

 

Fin de la sesión”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Compañeras y compañeros Senadores:

Informo a ustedes que la Mesa Directiva, en su reunión de esta mañana, autorizó a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos, Norte; de Asuntos Fronterizos, Sur; y de Estudios Legislativos, Segunda; así como a las Comisiones de Turismo; y de Comercio y Fomento Industrial, ampliaciones de plazo para la presentación de dictámenes a diversos asuntos que les han sido turnados. El listado de ellos se publicará en la Gaceta Parlamentaria.

Pasamos a los asuntos de la agenda de este día.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el informe de las actividades que realizó conjuntamente con la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, durante el Foro Crans Montana del Women In Parliaments, Global Forum, que se llevó a cabo en Bruselas, Bélgica, los días 21 y 22 de marzo de 2014.

Del Senador Adolfo Romero Lainas, con la que remite el informe de sus actividades durante la XXI Reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Consumidor del Parlamento Latinoamericano, celebrada en Panamá, los días 25 y 26 de marzo del año en curso.

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el Programa de Trabajo de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V.

De la Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, con la que remite su informe de labores, a abril de 2014.

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, con la que remite el Programa Anual de Trabajo 2014 “Rumbo a una Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste”, de la Comisión Especial Sur-Sureste.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de los asuntos que ha dado a conocer la Secretaría.

Pasamos al siguiente asunto.





 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece que las sesiones ordinarias correspondientes a la cuarta semana del mes de abril del año 2014, se llevarán a cabo del día 21 al 30 del presente mes.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México, a fin de que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio Multinacional “UNITAS LV PERU 2014”, que se llevará a cabo del 11 al 27 de septiembre de 2014, en la República del Perú.

“SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/617/14
México, D.F., 10 de abril de 2014

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el original del escrito signado por el Titular del Ejecutivo Federal por el que somete a la consideración de ese Organo Legislativo, la autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México para que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio Multinacional "UNITAS LV PERU 2014", que se llevará a cabo del 11 al 27 de septiembre de 2014, en la República del Perú.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION.
PRESENTE.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva del Senado de la República autorizar al Ejecutivo Federal para que permita la salida de tropas nacionales fuera de los límites de nuestro país.

Al respecto, hago del conocimiento del Senado de la República, que la Secretaría de Marina recibió invitación de la Marina de Guerra del Perú para que personal de la Armada de México participe en el Ejercicio Multinacional "UNITAS LV PERU 2014", el cual se desarrollará del 11 al 27 de septiembre del 2014.

El ejercicio "UNITAS LV PERU 2014" es organizado cada año por la Armada de los Estados Unidos de América en conjunto con las armadas de países latinoamericanos, y tiene como objetivo que las unidades participantes ejerciten y fortalezcan la interoperabilidad con fuerzas de tarea multinacionales en diversos escenarios, como lo son: i) amenazas convencionales asimétricas; ii) asistencia humanitaria ante desastres; iii) manejo de crisis; iv) manejo de reglas de enfrentamiento, y v) operaciones contra la piratería y crimen organizado.

Para "UNITAS LV PERU 2014", se tiene considerada la participación de las armadas de los países de Belice, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos de América, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana, El Salvador y México.

La participación de elementos de la Armada de México en el ejercicio referido, es una oportunidad para que incremente sus capacidades para interoperar con fuerzas navales internacionales y fortalezca el adiestramiento en la aplicación de procedimientos tácticos unificados.

De contar con la autorización de ese órgano legislativo, la Armada de México participaría con una fuerza compuesta por la Patrulla Oceánica ARM "SONORA" (PO 152), un helicóptero, 13 elementos de Infantería de Marina embarcados y 4 capitanes para integrarse en el Estado Mayor conjunto del ejercicio e intercambio con otras unidades participantes.

En atención a ello y con fundamento en el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la elevada consideración de esa Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la solicitud de autorización para que el titular del Ejecutivo Federal permita la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites de nuestro país para participar en el ejercicio "UNITAS LV PERU 2014", que se llevará cabo del 11 al 27 de septiembre de 2014 en la República del Perú.

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a diez de abril de dos mil catorce.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Enrique Pena Nieto”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina para su análisis y dictamen correspondiente.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que el pasado lunes 14 de abril, recibimos de la Secretaría de Gobernación y turnamos directamente a comisiones, la siguiente documentación que leerá la Secretaría.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Informo al Pleno de la documentación recibida sobre nombramientos de personal diplomático:

A favor del ciudadano Luis Javier Campuzano Piña, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Noruega, que se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

“SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/657/14
México, D.F., 11 de abril de 2014

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del "Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores", en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República tiene a bien nombrar al C. Luis Javier Campuzano PiÑa, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Noruega.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“ACUERDO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

En uso de las facultades que me concede la fracción III del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien nombrar al C. Luis Javier Campuzano Pina, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el:

Reino de Noruega

Comuníquese y cúmplase.

México, Distrito Federal, a 6 de enero de 2014.

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Enrique Peña Nieto

EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES

José Antonio Meade Kuribreña”.

Del ciudadano Agustín Gasca Pliego, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Suecia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las República de Letonia y Lituania, que se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

“SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/658/14
México, D.F., 11 de abril de 2014

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del "Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores", en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República tiene a bien nombrar al C. Agustín Gasea Pliego, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Suecia, y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Letonia y Lituania.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“ACUERDO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

En uso de las facultades que me concede la fracción III del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien nombrar al C. Agustín Gasea Pliego, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el:

Reino de Suecia

Comuníquese y cúmplase.

México, Distrito Federal, a 6 de enero de 2014.

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS

Enrique Peña Nieto

EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES

José Antonio Meade Kuribreña”.

Del ciudadano Luis Arturo Puente Ortega, como Cónsul General de México en Shanghai, República Popular China, el cual se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

“SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/660/14
México, D.F., 11 de abril de 2014

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del "Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores", en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República tiene a bien nombrar al C. Luis Arturo Puente Ortega, Cónsul General de México en Shanghai, República Popular China.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“ACUERDO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

En uso de las facultades que me concede la fracción lil del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien nombrar al C. Luis Arturo Puente Ortega, Cónsul General de México en:

Reino de Suecia

Shanghai, República Popular China

México, Distrito Federal, a 8 de noviembre de 2013.

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Enrique Peña Nieto

EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES

José Antonio Meade Kuribreña”.

Se recibió el informe de resultados de la Visita Oficial del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Ecuador, así como de su participación en la Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial en la República de Chile, del 9 al 11 de marzo del año en curso, mismo que se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Así también, la Secretaría de Gobernación remitió un oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 17 y 18 de abril de 2014, para atender cuestiones de carácter familiar en los Estados Unidos de América.

“SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/688/14
México, D.F., 15 de abril de 2014

SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 1.0786/2014, signado por el Lie. Humberto Castillejos Cervantes, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, mediante el cual, el C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, informa que se ausentará dé territorio nacional los días 17 y 18 de abril de 2014, para atender cuestiónemele carácter familiar en los Estados Unidos de América.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

México Distrito Federal,
a 11 de abril de 2014.

 

C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.
PRESENTE.

En términos de lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito comunicar respetuosamente al honorable Senado de la República, por su amable conducto, que habré de ausentarme del territorio nacional los días 17 y 18 de abril del año en curso, a fin de atender cuestiones de carácter familiar en los Estados Unidos de América.

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ENRIQUE PENA NIETO”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Presidencia ha quedado debidamente enterada, y por tanto la Asamblea.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió del Instituto Nacional Electoral, un oficio por el que informa que el pasado 4 de abril se llevó a cabo la toma de protesta del Consejero Presidente y de los diez Consejeros Electorales designados, con lo que quedó formalmente instalado el Consejo General de dicho Instituto.

“INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

SECRETARIA EJECUTIVA

INE/SCG/0007/2014
México, Distrito Federal, a 7 de abril de 2014.

Sen. Raúl Cervantes Andrade
Presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Senadores
Presente

Por este conducto, en cumplimiento a lo instruido en la sesión de instalación del Instituto Nacional Electoral por su Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello, me permito hacer de su conocimiento que el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral.

El Decreto incluye diversas disposiciones que modifican la denominación, estructura y funciones del Instituto Federal Electoral para transformarse en Instituto Nacional Electoral.

Asimismo, en sus transitorios Quinto y Séptimo establece que:

"QUINTO.- El Instituto Nacional Electoral deberá integrarse dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto y comenzará a ejercer sus atribuciones a partir de que entren en vigor las normas previstas en el Transitorio Segundo anterior. En caso de que a la fecha de integración del Instituto Nacional Electoral no hubieren entrado en vigor las normas previstas en el Transitorio Segundo anterior, dicho Instituto ejercerá las atribuciones que las leyes vigentes otorgan al Instituto Federal Electoral."

"SEPTIMO.- Los recursos humanos, presupuéstales, financieros y materiales del Instituto Federal Electoral, pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral una vez que quede integrado en términos del Transitorio Quinto anterior; sin menoscabo de los derechos laborales."

El pasado 3 de abril de 2014, el pleno de la H. Cámara de Diputados, aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propuso al Pleno la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 del mismo mes y año, en los siguientes términos:

Nombre, Cargo, Periodo

Dr. Lorenzo Córdova VianelloConsejero Presidente Nueve años

Mtra. Adriana Margarita Favela Herrera Consejera Electoral Nueve años

Dr. José Roberto Ruiz Saldaña Consejero Electoral Nueve años

Dr. Ciro Murayama Rendón Consejero Electora Nueve años

Mtro. Marco Antonio Baños Martínez Consejero ElectoralSeis años

Lic. Enrique Andrade González Consejero Electoral Seis años

Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles Consejera Electoral Seis años

Dr. Benito Nacif Hernández Consejero Electoral Seis años

Mtra. Beatriz Eugenia Galindo Centeno Consejera Electoral Tres años

Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez Consejero Electoral Tres años

Lic. Javier Santiago CastilloConsejero Electoral Tres años

En razón de lo anterior, con fecha 4 de abril del año en curso, se llevó a cabo la toma de protesta del Consejero Presidente y de las y los diez Consejeros Electorales designados, y en consecuencia quedó formalmente instalado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Lo anterior, se informa para los efectos procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

El Secretario del Consejo General

Lic. Edmundo Jacobo Molina”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio suscrito por los Diputados Silvano Aureoles Conejo y Miguel Alonso Raya, Coordinador y Vicecoordinador, respectivamente, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y por la Diputada Purificación Carpinteyro Calderón, Secretaria de las Comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión, con el que remiten carpetas con sus observaciones y propuestas en torno al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y por el que se reforman diversas disposiciones en la materia.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase la documentación referida a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Asimismo, la Colegisladora remitió un proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa, alusiva al Centenario de la Toma de Zacatecas.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.



En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, a nombre propio y de las Senadoras Marcela Guerra Castillo y Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE Y LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

(Presentada por la C. Senadora Graciela Ortiz González, a nombre propio y de las CC. Senadoras Marcela Guerra Castillo y Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Me da mucho gusto el día de hoy venir a esta tribuna a presentar, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá y Marcela Guerra, una iniciativa en la que estamos buscando reformar diversos artículos de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Buscando con esto fortalecer y ampliar la defensa de los contribuyentes.

Hemos trabajado en este Senado de la República buscando fortalecer el esquema tributario nacional. Y consideramos que es menester, también, revisar, fortalecer y modificar, buscando apoyar a quienes tienen la necesidad de establecer algún litigio, como es el caso de los contribuyentes; de tal forma que esta iniciativa propone algunos aspectos que me parece que son importantes.

En primer término, busca definir claramente qué es lo que entendemos por autoridades fiscales del Servicio de Administración Tributaria. Y buscamos que, tanto los organismos federales fiscales autónomos, así como las autoridades fiscales de los estados y, en su caso, las de los municipios, estén claramente definidas cuando están adheridas al sistema nacional de coordinación y cuando, por supuesto, por esta adherencia recauden ingresos federales.

Busca también establecer que todos los servidores públicos de las autoridades fiscales a niveles federal, estatal y municipal, tengan la obligación de mantener en secreto fiscal y de tratar con respeto y consideración a los contribuyentes, así como de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

Nos parece que esta parte es sustantiva para efectos de lograr una mayor incorporación a la base tributaria nacional a partir de esa facilidad que se les dé para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

La iniciativa busca también señalar que el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, los organismos fiscales autónomos y las autoridades fiscales a nivel estatal y municipal, otorguen al Instituto Nacional de Estadística y Geografía la información estadística relevante de los contribuyentes, desde luego sin mencionar los nombres, todo esto con el fin de que el INEGI contenga en sus reportes mayor información de cumplimientos y nos dé un parámetro mejor en este sentido.

Buscamos extender las facultades de la PRODECON, para que se puedan proponer modificaciones a la normativa interna, para emitir recomendaciones a fin de remediar los problemas de carácter sistémico y opiniones sobre la interpretación de las disposiciones fiscales o aduaneras al SAT, a los organismos fiscales autónomos y a las autoridades fiscales estatales y municipales que recauden contribuciones federales.

Con estas enmiendas buscamos, en síntesis, mejorar las condiciones y relaciones del tributo entre los contribuyentes y las autoridades de los tres niveles de gobierno que detentan atribuciones en materia fiscal y esto, desde luego, va a permitir lo que nos parece que es importante, que es perfeccionar y hacer más eficientes los procedimientos de recaudación que salvaguarden siempre los derechos fundamentales de los contribuyentes.

Consideramos que esta iniciativa es importante para en esta ecuación de contribuyentes y sistema tributario, buscar fortalecer ambas partes como lo hicimos ya en el sistema tributario, hacerlo ahora con los derechos de los contribuyentes que deben de buscar ser fortalecidos a través de esta iniciativa.

Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ortiz González. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga el último párrafo del artículo 234 y se adiciona el artículo 234 Bis al Código Penal Federal.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 234 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 234 BIS AL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, con el permiso de la Presidencia. Muy buenos días compañeras y compañeros Senadores. Honorable Asamblea.

El que suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Legislatura, en ejercicio a las facultades que me da nuestra normatividad, presento ante ustedes una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga el último párrafo del artículo 234 del Código Penal Federal y se adiciona el artículo 234 Bis al mismo, ante la siguiente exposición de motivos:

En nuestro país, el delito de falsificación de billetes y monedas va lamentablemente en aumento, el último reporte del Banco de México demostró que es un problema constante que atañe a la sociedad.

En estos últimos cuatro años se ha visto intensificado, prueba de ello es que en el año 2012 se tiene un registro de 125 piezas falsificadas por cada millón en la denominación de billetes de 1,000 pesos, esto significa que en ese año circularon alrededor de 338 mil unidades falsas, lo que fue equivalente a 83 millones de pesos. La última estadística del Banco de México indica que por cada 9 mil 615 billetes reales circulando en el mercado mexicano, existe uno falso.

En México hay 196 personas detenidas bajo formal prisión por hacer circular billetes falsos, esta cifra pudiera no considerarse alta si se ve desde el punto de vista estadístico, sin embargo, si se considera desde la óptica humana y de justicia, la misma es muy elevada, ya que cualquiera de nosotros y de hecho les aseguro que a muchos de nosotros nos ha pasado, pudiéramos ser susceptibles de estar involucrados en uno de esos casos irregulares o hechos delictivos.

Existen asuntos que han sido del dominio público, tales como el de Esperanza Reyes Aguillón y el de David Herrera Martínez. El proceso de Esperanza estuvo plagado de inconsistencias desde el principio, bastó con considerar para el juez de conocimiento, que tuvo una actitud sospechosa para condenarla y los billetes falsos que supuestamente portaba, fueron quemados cuatro días después de su arresto, por lo que nunca se utilizaron como evidencia durante su juicio.

Después de detenerla se le asignó un defensor de oficio que no hizo lo correcto en el proceso y esto ocasionó que le dictaran una sentencia de cinco años de prisión. En principio ella estaba presa en San Luis Potosí y luego se dieron una serie de traslados en total violación a sus derechos, terminando recluida en las Islas Marías.

A petición del Poder Ejecutivo y luego de estar dos años encarcelada, su caso fue revisado y salió en libertad. La Subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, declaró al respecto que este caso nos obliga a ser sumamente cuidadosos en la procuración de justicia, en la impartición de la misma y nos obliga, además, a juzgar desde una perspectiva de derechos humanos estos casos.

Además reconoció que así como el caso de Esperanza Reyes, hay más de cien casos en las mismas condiciones de personas que, por su ignorancia, por su pobreza, pero sobre todo, porque pagaron con un billete falso sin saberlo, sin su conocimiento y están en la cárcel.

En el caso de David Herrera, de acuerdo al expediente, era la una de la tarde cuando se acercó a un puesto de sombreros y pidió uno de estos de 70 pesos, pagó con un billete de 500 pesos, la dueña revisó el billete y después de examinarlo le pareció que era falso, por lo que llamó a la policía. David Herrera fue detenido y acusado del delito de uso de moneda falsa. De nada sirvió que explicara que este billete se lo proporcionó un cliente que le compró mariscos por la mañana. En las pruebas periciales se demostró que el billete era falso.

Casos como este suceden con mucha frecuencia. Como les comentaba, no es la excepción de que algunos de nosotros se haya visto en esta situación.

El artículo 234 del Código Penal establece los delitos de falsificación de moneda y su uso, así como las penalidades que se aplican en el caso de los mismos; sin embargo, en lo que respecta al delito de uso de la moneda, es incorrecto que se equipare la penalidad al delito de falsificación. Asimismo, quiero puntualizar que la pena de prisión de 5 a 12 años establecida para el delito de uso de moneda falsa es excesiva, pues si el bien jurídicamente tutelado lo es la economía nacional, se debe considerar las circunstancias particulares de cada caso.

El uso de moneda falsa, es completamente distinto al de falsificación de la misma, sin embargo como ya mencioné, la penalidad actual es igual para ambos delitos.

Paso al texto que estoy proponiendo.

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga el último párrafo del artículo 234 del Código Penal Federal y se adiciona el artículo 234 Bis al mismo.

Artículo Unico.- Se deroga el último párrafo del artículo 234 del Código Penal Federal y se adiciona el artículo 234 Bis al mismo, para quedar como sigue:

Artículo 234.- Al que cometa el delito de falsificación de moneda se le impondrá de 5 a 12 años de prisión y hasta 500 días de multa.

Se entiende por moneda, para los efectos de este capítulo, los billetes y las piezas metálicas nacionales o extranjeras que tengan curso legal en el país emisor.

Comete el delito de falsificación de moneda el que produzca, almacene, distribuya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes y que por ello resulten idóneos para engañar al público por ser confundibles con monedas emitidas legalmente.

Artículo 324 Bis.- Al que hiciere uso de moneda falsa se le impondrán las siguientes multas y penalidades:

a. Correspondiente de 50 a 100 días de multa, cuando el uso de la moneda falsificada signifique el uso de un solo billete en la transacción.

b. Prisión de 6 meses a 1 año al que utilice uno o más billetes falsos, siempre que no exceda de 3 mil pesos.

c. Prisión de 1 a 3 años y hasta 300 días de multa, cuando rebase la cantidad señalada en el inciso anterior y hasta 10 mil pesos.

d. Si el uso de la moneda supera lo previsto en el inciso c, se aplicará la pena prevista en el artículo 234.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Procuraduría General de la República y el Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, procederán a notificar a todos los indiciados o sentenciados que puedan resultar beneficiados con esta reforma a fin de que soliciten su libertad conforme a derecho corresponda.

Le solicito se transcriba en forma íntegra este proyecto de iniciativa en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Honorable Asamblea, el que suscribe, Senador FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8º numeral I, 164 numeral I y 169 numerales I y IV del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga el último párrafo del artículo 234 del Código Penal Federaly se adiciona el artículo 234 Bis al mismo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En nuestro país, el delito de falsificación de billetes y monedas va en aumento, el último reporte del Banco de México demostró que es un problema constante que atañe a la sociedad en los últimos cuatro años, prueba de ello es que en el 2012 se tiene un registro de 125 piezas falsificadas por cada millón en la denominación de 1,000 pesos, esto significa que circularon alrededor de 338 mil unidades falsas; lo que fue equivalente a 83 millones de pesos. La última estadística del Banco de México indica que por cada 9 mil 615 billetes reales circulando en el mercado mexicano, existe uno falso.

En México hay 196 personas en la cárcel por hacer circular billetes falsos, esta cifra pudiera no considerarse alta, si se ve desde el punto de vista estadístico, sin embargo si se considera desde la óptica humana y de justicia, la misma es muy elevada ya que cualquiera de nosotros podría ser susceptible de estar involucrado en uno de estos casos.

Existen asuntos que han sido del dominio público, tales como el de Esperanza Reyes Aguillón y DavidHerrera Martinez. El proceso de Esperanza estuvo plagado de inconsistencias desde el principio. Bastó con considerar para el juez de conocimiento, que tuvo una “actitud sospechosa” para condenarla, y los billetes falsos que supuestamente portaba fueron quemados cuatro días después de su arresto, por lo que nunca se usaron como evidencia durante su juicio.

Después de detenerla se le asignó un defensor de oficio que no hizo lo correcto en el proceso y esto ocasionó que le dictaran una sentencia de 5 años. En principio ella estaba presa en San Luis Potosí y luego se dieron una serie de traslados en total violación a sus derechos y acabó en las Islas Marías.

A petición del Presidente Enrique Peña Nieto y luego de estar dos años encarcelada, su caso fue revisado y salió en libertad. La Subsecretaria de Gobernación Lía Limón declaro al respecto que:

“Este caso nos obliga a hacer sumamente cuidadosos en la procuración de justicia, en la impartición de justicia, que nos obliga además a juzgar desde una perspectiva de derechos humanos”, además “reconoció que así como el caso de Esperanza Reyes, hay más de 100 casos en las mismas condiciones de personas que en su ignorancia y pobreza, sobre todo, pagaron con un billete falso, sin saberlo y están en la cárcel”.

En el caso de David Herrera, de acuerdo al expediente, era la una de la tarde, cuando se acercó a un puesto de sombreros y pidió uno de paja de 70 pesos, pagó con un billete de 500 pesos, la dueña revisó el billete y después de examinarlo se percató que éste era falso, por lo que llamó a la policía. David Herrera fue detenido y acusado del delito de uso de moneda falsa. De nada sirvió que explicara que ese billete se lo dio un cliente que le compró mariscos por la mañana, en las pruebas periciales se demostró que el billete era falso.

El 30 de noviembre de 2011, el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el estado de Jalisco lo sentenció a 5 años de prisión, pena que purga en el centro penitenciario de "Puente Grande", un penal de máxima seguridad. El 4 octubre de 2012, el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal, con sede en Jalisco, confirmó la sentencia. El Tribunal Federal estimó que era irrelevante que el sentenciado declaró que no sabía que se trataba de un billete falso.

El artículo 234 del Código Penal Federal, establece los delitos de falsificación de moneda y su uso, así como las penalidades que se aplican en el caso de los mismos; sin embargo en lo que respecta al delito de uso de la moneda, es incorrecto que se equipare la penalidad al delito de falsificación. Asimismo, quiero puntualizar que la pena de prisión de cinco a doce años establecida para el delito de uso de moneda falsa es excesiva, pues si el bien jurídicamente tutelado lo es la economía nacional, se debe considerar las circunstancias particulares de cada caso.

El uso de moneda falsa, es completamente distinto al de falsificación de la misma, sin embargo como ya mencione la penalidad actual es igual para ambos delitos, por lo que en el caso del delito de uso de moneda, la penalidad se considera excesiva y desproporcionada, porque cualquiera puede ser víctima de la obtención de un billete falso sin saberlo, aunque es importante aclarar que el artículo 234 en su último párrafo establece que el delito se configura bajo un elemento normativo que se menciona como “a sabiendas” que se usa un billete falso.

En la realidad, los Tribunales encargados de los asuntos en cuestión han determinado en la mayoría de los casos que los imputados sabían que pagaban con un billete falso, ello porque los juzgadores tienen la facultad de decidir libremente con las pruebas aportadas que así fue, sin embargo en todos los casos de este tipo, es complicado comprobar el dolo y el elemento normativo “a sabiendas”.

Actualmente, se puede precisar que un buen número de personas hace uso de un billete falso, la gran mayoría “sin saber” qué se está haciendo uso de una moneda que no tiene validez y que no se tiene la intención de dañar ni la economía nacional, ni a una persona en particular, simplemente se es víctima del circulante de dinero que día con día, todos y cada uno de nosotros manejamos y que para efectos prácticos no se tiene una preparación adecuada para conocer si un billetees falso overdadero.

Tampoco se puede pretender, que todos traigamos un detector de billetes falsos y que a cada que realicemos alguna operación verifiquemos su autenticidad, los únicos lugares donde se llevan a cabo estas verificaciones es en los centros comerciales, restaurantes y demás comercios que por el servicio que prestan se ven en la necesidad de adquirir conocimientos y ciertos aparatos especializados que les ayudan a identificar en la mayoría de los casos si un billete es falso y no aceptarlo.

Por todo lo antes expuesto, se propone eliminar el último párrafo del artículo 234 del Código Penal Federal, y adicionar el artículo 234 Bis para separar el delito de uso de moneda falsificada, del delito de falsificación de moneda, para quedar como sigue:

Texto vigente

Propuesta de reforma

Artículo 234.- Al que cometa el delito de falsificación de moneda, se le impondrá de cinco a doce años de prisión y hasta quinientos días de multa.

Se entiende por moneda para los efectos de este capítulo, los billetes y las piezas metálicas, nacionales o extranjeros, que tengan curso legal en el país emisor.

Comete el delito de falsificación de moneda el que produzca, almacene, distribuya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes, y que por ello resulten idóneos para engañar al público, por ser confundibles con monedas emitidas legalmente. A quien cometa este delito en grado de tentativa, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y hasta trescientos días multa.

La pena señalada en el primer párrafo de este artículo. También se impondrá al que a sabiendas hiciera uso de moneda falsificada.

Artículo 234.- Al que cometa el delito de falsificación de moneda, se le impondrá de cinco a doce años de prisión y hasta quinientos días de multa.

Se entiende por moneda para los efectos de este capítulo, los billetes y las piezas metálicas, nacionales o extranjeros, que tengan curso legal en el país emisor.

Comete el delito de falsificación de moneda el que produzca, almacene, distribuya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes, y que por ello resulten idóneos para engañar al público, por ser confundibles con monedas emitidas legalmente. A quien cometa este delito en grado de tentativa, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y hasta trescientos días multa.

Artículo 234 Bis.-Al que, a sabiendas,hiciere uso de moneda falsa se le impondrán las siguientes multas y penalidades:

a) Correspondiente de 50 a100 días multa, cuando el uso de la moneda falsificada signifique el uso de un solo billete en la transacción.

b) Prisión de 6 meses a un año al que utilice uno o más billetes falsos, siempre que no exceda de tres mil pesos.

c) Prisión de 1 a 3 años y hasta trescientos días multa, cuando rebase la cantidad señalada en el inciso anterior y hasta diez mil pesos.

d) Si el uso de moneda falsa supera lo previsto en el inciso c, se aplicará la pena prevista en el artículo 234.

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga el último párrafo del artículo 234 del Código Penal Federaly se adiciona el artículo 234 Bis al mismo.

ARTICULO UNICO.- Se deroga el último párrafo del artículo 234 del Código Penal Federaly se adiciona el artículo 234 Bis al mismo, para quedar como sigue:

Artículo 234.- Al que cometa el delito de falsificación de moneda, se le impondrá de cinco a doce años de prisión y hasta quinientos días de multa.

Se entiende por moneda para los efectos de este capítulo, los billetes y las piezas metálicas, nacionales o extranjeros, que tengan curso legal en el país emisor.

Comete el delito de falsificación de moneda el que produzca, almacene, distribuya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes, y que por ello resulten idóneos para engañar al público, por ser confundibles con monedas emitidas legalmente. A quien cometa este delito en grado de tentativa, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y hasta trescientos días multa.

Artículo 234 Bis.- Al que hiciere uso de moneda falsa se le impondrán las siguientes multas y penalidades:

a)Correspondiente de 50 a 100 días multa, cuando el uso de la moneda falsificada signifique el uso de un solo billete en la transacción.

b) Prisión de 6 meses a un año al que utilice uno o más billetes falsos, siempre que no exceda de tres mil pesos.

c) Prisión de 1 a 3 años y hasta trescientos días multa, cuando rebase la cantidad señalada en el inciso anterior y hasta diez mil pesos.

d) Si el uso de moneda falsa supera lo previsto en el inciso c, se aplicará la pena prevista en el artículo 234.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Procuraduría General de la República y el Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, procederán a notificar a todos los indiciados o sentenciados que puedan resultar beneficiados con esta reforma a fin que soliciten su libertad conforme a derecho corresponda.

Senado de la República a 21 de Abril de 2014”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador López Brito, así se hará. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 46 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por la C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Es necesario que sigamos avanzando en el mejoramiento de nuestras leyes, dando claridad a los conceptos y normando de manera más precisa los procedimientos para aplicarlas, lo que sin duda dará mayor certeza jurídica tanto a autoridades como a la población en general, sobre el cumplimiento y acciones legales que ésta emprenda.

Esta propuesta en el caso específico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Existe, por una parte, un reclamo generalizado respecto del hecho de que, si bien es cierto que las recomendaciones que emite el organismo no tienen la vinculación jurídica para anular o dejar sin efectos los actos de las autoridades que son motivo de queja o denuncia ante ella, también lo es, que habiéndose determinado la responsabilidad de alguna autoridad o servidor público a través de esas recomendaciones, la ley no ordena de manera contundente, que dicha comisión deba proceder de inmediato a denunciar o ejercer las acciones de responsabilidad administrativa que correspondan, para que de manera específica se sancione a esas autoridades o servidores públicos que violan los derechos humanos fundamentales.

Y por otra parte, también existe un reclamo generalizado relativo al hecho de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene la autonomía suficientemente para aplicar de manera rápida y eficiente las reglas de procedimiento para hacer valer sus recomendaciones, procedimientos; que por cierto, deben también ser motivo de revisión y mejora.

Las carencias que tiene el marco normativo del organismo en materia de derechos humanos, propician graves inconvenientes en el cumplimiento de las recomendaciones y un injusto resultado para quien ha padecido algún abuso, violentando sus derechos fundamentales.

Por todo ello, reitero que es importante e indispensable que las normas correspondientes a los procedimientos de cumplimiento de esas recomendaciones, estén mejor estructuradas en los plazos, en los términos, en los conceptos y en las consecuencias que deben traer aparejadas las omisiones o incumplimiento de las autoridades o servidores públicos, de dichas reglas de procedimiento.

Entrando en materia, debo empezar por referir el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que contiene las disposiciones jurídicas relativas al procedimiento mediante el cual los servidores públicos pueden aceptar o no aceptar, cumplir o no, las recomendaciones que emite la comisión nacional respectiva.

En principio, es importante que se especifique la obligación de la autoridad o servidor público destinatario de la recomendación, de informar a la comisión nacional si acepta ésta o no la acepta, procediendo a normarse enseguida los efectos o consecuencias de uno u otro supuesto.

En el caso de la aceptación de una recomendación, debe especificarse que el plazo respectivo para que se demuestre el cumplimiento de la misma se contará a partir de la fecha de la aceptación, además de que se debe precisar que la ampliación del plazo para su cumplimiento debe ser determinado por la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, siempre a petición de parte de la autoridad o servidor público a quien se dirigió la recomendación, para efectos de que se valoren sin excepción, en todos los asuntos, las razones o motivos en que se base la petición de ampliación.

En lo relativo a los supuestos de que una recomendación no sea aceptada o no sea cumplida por parte de la autoridad o servidor público, incluido el supuesto del silencio de éstos, ya sea que no contesten si la aceptan o no la aceptan, debe especificarse por separado para cada uno de ellos, los efectos y, sobre todo, las consecuencias que dichas acciones y omisiones que tendrán sobre estas acciones.

Tratándose del primer supuesto y ante la negativa de la aceptación de la recomendación respectiva, debe normarse a la vez, la obligación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de fundar y motivar su determinación sobre si la negativa está suficientemente o no suficientemente fundada y motivada, debiéndose además establecer los términos en que se debe dictar dicha determinación y notificársele a la autoridad o servidor público correspondiente, para que se produzcan los efectos legales correspondientes.

En el caso específico de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emita una determinación de insuficiencia de motivación y/o fundamentación de una negativa y dada la importancia que siempre deben tener la preservación y restitución de derechos humanos fundamentales establecidos en nuestra Constitución Federal, es indispensable que se dé oportunidad y en corto tiempo a la autoridad o servidor público destinatario de la recomendación, para que pueda subsanar la insuficiencia de su negativa, fijando las correspondientes normas de procedimiento para que esto se produzca, pues obviamente esto puede traducirse en beneficio de economía procesal a favor de quienes han sufrido alguna arbitrariedad de parte de ellos.

De la misma manera es conveniente que el Congreso, así como los superiores jerárquicos de la autoridad o servidor público, señalado como responsable en cualquier recomendación, conozcan esa situación en tiempo y forma para poder intervenir y así generarse más opciones inmediatas para poder corregir las conductas indebidas, ilegales o injustas de cualquier servidor público sin que el procedimiento se retrase y sin vulnerar la autonomía técnica de la comisión en el conocimiento, tramitación y resolución de los asuntos que tienen a su cargo.

Finalmente, con la intención de que las recomendaciones tengan una mayor efectividad, pues no pueden por sí mismas revocar, modificar, anular o dejar sin efecto los actos que han agraviado a los quejosos, y que ante el supuesto de que se haya determinado que la autoridad o servidor público ha incurrido en una violación de derechos humanos fundamentales, debe eliminarse la facultad potestativa que contiene la ley vigente respectiva y que consiste en que la comisión puede denunciarlo o no ante el Ministerio Público, puede ejercer o no ejercer en contra de aquél las acciones ante la autoridad administrativa respectiva.

Esta norma potestativa debe ser reformada urgentemente y debemos legislar las normas que precisen como una obligación por parte de la comisión nacional el que deba proceder en los supuestos de referencia a efectuar de manera inmediata dichas denuncias o acciones administrativas para que siempre y en todo caso, se establezcan las responsabilidades correspondientes por los actos arbitrarios cometidos por el servidor público que corresponda y se le sancione sin ninguna excepción.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“La suscrita, LORENA CUELLAR CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 171, fracción I y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 46 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es necesario que sigamos avanzando en el mejoramiento de nuestras leyes, dando claridad a los conceptos y normando de manera más precisa los procedimientos para aplicarlas, lo que sin duda dará mayor certeza jurídica tanto a autoridades como a la poblaciónen general, sobre el cumplimiento de las facultades de aquéllas y sobre las acciones legales que ésta emprenda.

En el caso específico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos:

• Existe por una parte, un reclamo generalizado respecto del hecho de que, si bien es cierto que sus Recomendaciones no tienen la fuerza jurídica para anular o dejar sin efectos los actos de las autoridades que son motivo de queja o denuncia ante ella, también lo es, que habiéndose determinado la responsabilidad de alguna autoridad o servidor público a través de esas Recomendaciones, la ley no ordena de manera contundente, que dicha Comisión deba proceder de inmediato a denunciar o ejercer las acciones de responsabilidad administrativa que correspondan, para que se sancione a esas autoridades o servidores públicos que violan derechos humanos fundamentales.

• Y por la otra, también existe un reclamo generalizado relativo al hecho de que la Comisión Nacional que nos ocupa, no tiene una autonomía lo suficientemente fortalecida para aplicar de manera rápida y eficiente, las reglas de procedimiento para hacer valer sus Recomendaciones; reglas que por cierto, deben también ser motivo de revisión y mejora y, de las cuales también me estoy ocupando por medio de esta Iniciativa.

Estas carencias que tiene la actual Ley que nos ocupa, propician graves inconvenientes en el cumplimiento de las Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un injusto resultado para quien ha padecido algún abuso o arbitrariedad, violentando sus derechos fundamentales.

Por todo ello, reitero que es muyimportante e indispensable que las normas correspondientes a los procedimientos de cumplimiento de esas Recomendaciones, estén mejor estructuradas, en los plazos, en los términos, en los conceptos, en las consecuencias que deben traer aparejadas las omisiones o incumplimiento de las autoridades o servidores públicos, de dichas reglas deprocedimiento.

Entrando en materia, debo empezar por referir el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que contiene las disposiciones jurídicas relativas al procedimiento mediante el cual los servidores públicos pueden aceptar o no aceptar, cumplir o no, las Recomendaciones que emite la Comisión Nacional respectiva.

En principio, es importante que se especifique la obligación de la autoridad o servidor público destinatario de la Recomendación, de informar a la Comisión Nacional si acepta ésta o no la acepta, procediendo a normarse enseguida los efectos o consecuencias de uno y otro supuesto.

En el caso de la aceptación de una Recomendación, debe especificarse que el plazo respectivo para que se demuestre el cumplimiento de la misma se contará a partir de la fecha de la propia aceptación, además de que se debe precisar que la ampliación del plazo para su cumplimientodebe ser determinado por la Comisión Nacional que nos ocupa, siempre a petición de parte de la autoridad o servidor público a quien se dirigió la Recomendación, para efectos de que se valoren sin excepción, en todos los asuntos, las razones o motivos en que se base la petición de ampliación.

En lo relativo a los supuestos de que una Recomendación no sea aceptada o no sea cumplidapor parte de la autoridad o servidor público, incluido el supuesto del silencio de éstos (que no contesten si la aceptan o no la aceptan), deben especificarse por separado para cada uno de ellos, los efectos y consecuencias que dichas acciones u omisiones tendrían.

Tratándose del primer supuesto y ante la negativa de la aceptación de la Recomendación respectiva, debe normarse a la vez, la obligación por parte de la Comisión Nacional de fundar y motivar su Determinación sobre si la negativa está suficientemente o no suficientemente fundada y motivada, debiéndose además establecer los términos en que se debe dictar dicha determinación y notificársele a la autoridad o servidor público correspondiente, para que se produzcan los efectos legales correspondientes.

En el caso específico de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emita una determinación de insuficiencia de motivación y/ofundamentación de una negativa y, dada la importancia que siempre deben tener la preservación y restitución dederechos humanos fundamentales establecidos en nuestra Constitución Federal, es indispensable que se dé oportunidady en corto tiempo ala autoridad o servidor público destinatario de la Recomendación, para que pueda subsanar la insuficiencia de su negativa, fijando los correspondientes normas de procedimiento para que esto se produzca,pues obviamente esto puede traducirse en beneficios de economía procesal a favor de quienes han sufrido alguna arbitrariedad de parte de ellos.

De la misma manera, es conveniente e importante que el Senado así como los superiores jerárquicos de las autoridad o servidor público señalado como responsable en cualquier Recomendación, conozcan esa situación en tiempo y forma para poder intervenir y así generarse más opciones inmediatas de poder corregir las conductas indebidas, ilegales o injustas, sin que el procedimiento se retrase y sin vulnerar la autonomía técnica de la Comisión en el conocimiento,tramitación y resolución, delosasuntos que tiene a su cargo.

Finalmente, con la intención de que las Recomendaciones tengan una mayor efectividad,pues no pueden por sí mismas revocar, modificar, anular o dejar sin efecto los actos que han agraviado a los quejosos y, ante el supuestode que se haya determinado que la autoridad o servidor público ha incurrido en una violación de derechos humanos fundamentales, debe eliminarse la facultad potestativa que contiene la ley vigente respectiva y que consiste en que la Comisión puede denunciarlo o no denunciarlo ante el ministerio público, puede ejercer o no ejercer en contra de aquél las acciones ante la autoridad administrativa respectiva.

Esta norma potestativa debe ser reformada urgentemente y debemos legislar las normas que precisen como una obligación por parte de la Comisión Nacional, el que deba proceder en lossupuestos de referencia, a efectuar de manera inmediata dichas denuncias o acciones administrativas, para que siempre y en todo caso, se establezcan las responsabilidades correspondientes por los actos arbitrarios cometidos por el servidor público que corresponda y se le sancione.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se reforma el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para quedar como sigue:

Artículo 46. La Recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público al cual se haya dirigido y, en consecuencia, no podrá por sí misma revocar, anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia.

En todo caso, una vez recibida la Recomendación, la autoridad o servidor público de que se trate deberá informar a la Comisión Nacional, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta o no acepta dicha Recomendación.

Cuando se acepte la Recomendación, ésta quedará firme y dentro de los quince días hábiles siguientes a dicha aceptación, se deberán entregar a la Comisión Nacional las pruebas correspondientes de que se ha cumplido con aquella. Dicho plazo podrá ser ampliado por la Comisión Nacional a petición de la autoridad o servidor público respectivo, cuando la naturaleza de la Recomendación así lo amerite.

Cuando las Recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, se procederá conforme a lo siguiente:

a) La autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa.

b) La Comisión Nacional determinará de manera fundada y motivada, dentro de los 10 días hábiles siguientes al en quereciba la negativa, si la fundamentación y motivación correspondientes a ésta, son suficientes o no suficientes, debiéndose notificar dicha determinación dentro de los cinco días hábiles siguientes a ésta, a la autoridad o servidor público respectivo.

En el supuesto de que se determine que son suficientes se dará por concluido el expediente respectivo, dictando en su caso, Acuerdo de no Responsabilidad.

En el supuesto de que se determine que no son suficientes, junto con la notificación correspondiente, se hará saber también dicha circunstancia por escrito para los efectos procedentes, a los superiores jerárquicos de la autoridad o servidor público respectivo, a la Comisión que corresponda del Senado y, se estará además a lo previsto en el inciso siguiente.

c) Las autoridad o servidor público, a quien se les hubiese notificado la insuficiencia de la fundamentación y/o motivación de su negativa, podrá subsanarla, a juicio de la Comisión Nacional, dentro de los quince días hábiles siguientes a dicha notificación, a cuyo efecto enviarán a la misma Comisión los documentos respectivos y ésta notificará su determinación a aquélla o aquél, dentro de los tres días siguientes a la recepción de esos documentos. El no envío de los documentos respectivos por parte de la autoridad o servidor público, tendrá por efecto que la Determinación quede firme.

Si la Comisión Nacional determina que se ha subsanado la insuficiencia se dará por concluido el expediente respectivo, dictando en su caso, Acuerdo de no Responsabilidad.

Si la Comisión Nacional determina que no se ha subsanado la insuficiencia de la motivación y/o fundamentación de la negativa, la recomendación quedará firme para los efectos de su cumplimiento.

d) Si no se cumple con la Recomendación en los plazos establecidos enel párrafo tercero de este artículo, si la Recomendación que determinó la responsabilidad de la autoridad o servidor público ha quedado firme, si vencidos los términos o plazos establecidos en cualquierade las etapas del procedimiento normado en este artículo la autoridad o servidor público respectivo no cumple con las disposiciones previstas en el mismo, independientemente de las sanciones y responsabilidades previstas en el título IV capítulo II de esta ley, la Comisión Nacional deberá dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que se produzca cualesquiera de los supuestos, denunciar y/o ejercer la acción de responsabilidad administrativa que corresponda.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO.- Esta reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 21 de abril de 2014.

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, para presentar, a nombre de los integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre propio y del C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz y de los CC. Diputados Alfa Eliana González Magallanes y Maximiliano Cortázar Lara, integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión)

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a nombre del Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, de la Diputada Alfa Eliana González Magallanes y del Diputado Maximiliano Cortázar, así como de un servidor, todos integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que busca dotar al Canal del Congreso de la Unión de autonomía técnica de gestión, convirtiéndolo en un órgano desconcentrado, para que éste pueda contar con autonomía, recursos y capacidad técnica en el cumplimiento pleno de sus atribuciones, y con ello lograr una mejor comunicación del Poder Legislativo con el conjunto de las mexicanas y los mexicanos.

Como todos sabemos, desde su origen la relación de la sociedad, del Congreso de la Unión y en general del poder público con los medios de comunicación, ha estado marcada por la colisión de intereses que conjuga la política y los negocios por encima de la construcción de una cultura de respeto a la libertad de expresión y al reconocimiento de la diversidad cultural del país.

Este no es un hecho fortuito. Cabe recordar cómo la primera transmisión de la radio en México se hizo en el año de 1900, justamente para felicitar al dictador Porfirio Díaz por su cumpleaños número 70.

De igual manera la primera transmisión de televisión en el país, fue con la inauguración del primer canal privado de televisión, el Canal 4, entonces, propiedad de la Familia O’farril, el 1o. de septiembre de 1950, con la transmisión del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Miguel Alemán Valdés.

A partir de esa fecha, las sesiones del Congreso de la Unión solo existían el 1o. de septiembre, cuando el Ejecutivo Federal acudía a rendir su informe, y de esta manera, el 1o. de septiembre se convirtió en el día del presidente, cuando debería haber sido el día en que el Ejecutivo Federal rindiera cuentas al Congreso de la Unión.

Hay hechos memorables a lo largo de la historia de estos informes que han marcado la historia y la memoria colectiva.

Tengo muy presente, por ejemplo, el informe de Gustavo Díaz Ordaz, asumiendo la responsabilidad de la represión de Tlatelolco, recibiendo los aplausos de pie de todos los legisladores de entonces.

Recuerdo también el informe de Luis Echeverría, refiriéndose a los jóvenes estudiantes disidentes de su gobierno como hijos de familias desintegradas, inadaptados sociales y hasta homosexuales.

Y tengo muy presente también el memorable llanto de José López Portillo, llorando en la tribuna, defendiendo como un perro el peso.

Con la reforma política de los años 70’s, que reconoció derecho a las fuerzas de izquierda, y otras corrientes políticas a su participación electoral, se abrió una nueva etapa en la Cámara de Diputados y en el Congreso en general; a partir de la LI Legislatura, la oposición demandó la transmisión en vivo y en cadena nacional de la comparecencia de los servidores públicos, lo que significó un importante avance, pero que a la postre, en el marco de un sistema presidencialista, estas comparecencias se convirtieron ya no solo en el día del presidente, sino el día del funcionario público, y estas comparecencias pasaron más adelante a convertirse en la pasarela previa al dedazo presidencial, como sucedió con los aspirantes a la presidencia del PRI en 1988.

La ruptura de la corriente democrática del PRI, y la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la Presidencia, modificó el escenario político del país; y hay que recordar cómo la interpelación del entonces Senador Porfirio Muñoz Ledo al Presidente Miguel de la Madrid, derrumbó el mito del día del presidente, y abrió un ciclo de confrontaciones que duró hasta 1997, año en que el PRI pierde la mayoría simple en la Cámara de Diputados, y se abre una nueva forma de gestión legislativa en esa Cámara.

Durante esos años se cerraron las transmisiones de las comparecencias de funcionarios, y durante los informes presidenciales, la preocupación se concentró en ocultar las interpelaciones y muestras de inconformidad en el recinto, fuera del cuadro de las Cámaras.

Sin embargo, la nueva composición de la Cámara replanteó las relaciones con el Poder Ejecutivo, y propuso la creación del Canal del Congreso, el cual inició operaciones el 18 de marzo de 1998 a partir de un acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Congreso de la Unión, y más adelante, en el año 2000, el Canal del Congreso inició operaciones regulares a través de los sistemas de cable, y a partir del 2011 por sistemas de televisión restringida vía satélite, lo que sin lugar a dudas abrió a muchos mexicanos el conocer el trabajo de los legisladores, aunque lamentablemente para lograrlo deberían de pagar la contratación de este servicio.

Finalmente, el 10 de marzo de 2010, la Comisión Federal de Telecomunicaciones entregó oficialmente al Congreso de la Unión el permiso para operar una estación de televisión digital en el Canal 45, y con cobertura en el Distrito Federal y la Zona Metropolitana del Valle de México.

Actualmente, el Canal del Congreso tiene una audiencia potencial de 13 millones de personas, y transmite a través de más de 800 estaciones, inclusive llega a 25 ciudades de la frontera sur de los Estados Unidos, a través de la señal internacional de Canal 22.

Con la nueva señal se estima que la cobertura y la audiencia potencial podrá alcanzar por lo menos a 26 millones de ciudadanos.

Por ello, ante la inminente salida al aire por señal digital abierta se avanza en la conversión tecnológica del Canal, para lo cual se estableció ya un proyecto de inversión: la conversión de su infraestructura general registran un avance del 45 por ciento y en su control maestro del 90 por ciento, y este proceso debería concluir por mandato constitucional a más tardar en diciembre de 2015.

Su evolución programática, la del Canal, ha dado cabida a una gran variedad de contenidos que promueven valores cívicos y éticos alentando la formación ciudadana; nuestro Canal es el principal medio de comunicación del Congreso de la Unión con la sociedad y ha penetrado incrementando su relación con la sociedad, al tiempo que se ha constituido en un referente inmediato de los medios de información, y de diversos sectores de la sociedad.

El Canal del Congreso es el único medio de comunicación masiva con el que cuenta el Poder Legislativo, y el vehículo de comunicación e integración entre los legisladores y los ciudadanos.

Por ello es necesario fortalecer el Canal del Congreso de la Unión y crear la estación de radio, así como dotarlo de los recursos, equipo e infraestructura suficientes y establecer una figura jurídica administrativa que permita eliminar las trabas burocráticas de que es objeto; así como dotarlo de autonomía técnica y de gestión, como un órgano desconcentrado del Congreso de la Unión, en virtud de que cada una de las Cámaras que lo conforman, cuentan hoy con una normatividad administrativa distinta.

Esta figura le permitiría la delegación de funciones con el propósito de lograr la autonomía técnica y de gestión, bajo la supervisión y coordinación de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso.

Pero más allá de los aspectos administrativos, se proponen también medidas innovadoras a fin de dar un paso sustantivo en la relación del Canal con la sociedad, por lo que proponemos crear la figura de defensor de la audiencia; figura que es plenamente compatible con las recientes reformas constitucionales en materia de derecho a la información, y al acceso a la información pública, cuya labor se orienta a recibir e investigar las quejas de ciudadanos sobre información difundida, la queja sobre la veracidad e imparcialidad y calidad de los contenidos, entre otros asuntos.

Así, a diferencia de lo que hoy discutimos en materia de telecomunicaciones, esta iniciativa es también plenamente congruente con la reciente reforma constitucional en esta materia, ya que establece que los medios públicos que presenten el servicio de radiodifusión, deberán de contar con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de las diversas ideologías y las diversas culturas, etnias y expresiones de la mayor diversidad que caracterizan a este país.

Yo espero, no es el primer intento que se ha hecho por dotar de autonomía al Canal, pero esperemos dársela en esta legislatura, y lograr que para finales de este año por lo menos la señal abierta tenga una cobertura que rebase con mucho los 30 millones de mexicanos, y para ello esperamos contar con el voto de todos los legisladores.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Encinas Rodríguez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Marco Antonio Blázquez Salinas: (Desde su escaño) Para pedirle al proponente si me permite suscribir su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Alejando Encinas, ¿acepta la incorporación de las compañeras y compañeros Senadores. Con gusto solicito a la Secretaría tome nota de ello.

Se recibieron las siguientes iniciativas que suscriben Senadores y Diputados del grupo parlamentario del PT.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS

(Presentada por los CC. Senadores y Diputados del grupo parlamentario del PT, con aval de grupo)

“Los que suscriben, SENADORES Y DIPUTADOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO DEL TRABAJO en el Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 y 164 del Reglamento del Senado de la República; así como de los artículos 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, elevan a la consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En esta iniciativa, los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo en las Cámaras de Diputados y Senadores aportamos nuestras ideas para la discusión de la Ley General que el Congreso de la Unión deberá expedir para cumplir con el segundo artículo transitorio de la Reforma Político Electoral, promulgada el 2 de febrero de 2014.

Partimos de la idea de que la mayor parte de las regulaciones del COFIPE vigente siguen siendo apropiadas. Por esta razón, en nuestra propuesta tomamos la parte corresponde a los partidos políticos y conservamos su estructura para convertirla en la Ley General de Partidos. Realizamos los ajustes pertinentes a los cambios en los nombres y funciones de las instituciones, así como los relativos a la creación de una Ley General. Esta iniciativa es complementaria de las que el Partido del Trabajo presentará sobre Instituciones y Procedimientos Electorales y Delitos Electorales.

Los cambios de fondo que propone el Partido del Trabajo en esta iniciativa tienen que ver con frenar el intento de los partidos políticos mayoritarios de abrir la puerta para que las aportaciones de particulares corrompan más el sistema político mexicano. También se busca establecer reglas que hagan factible un sistema de fiscalización en tiempo real de las campañas electorales, sin imponer cargas imposibles de satisfacer a los partidos políticos. Por último, se propone una nueva regulación de las coaliciones y candidaturas comunes que permitan mejorar la pluralidad del sistema político y ofrecer a los partidos diferentes opciones para cooperar en las campañas electorales.

El PT hará especial énfasis en incluir estos temas en la discusión de la Ley General de Partidos durante las discusiones en las Cámaras de Senadores y Diputados.

Aportaciones privadas a campañas

La reforma constitucional eliminó el límite que se imponía a las aportaciones de militantes y simpatizantes a los partidos políticos y campañas (10% del tope de campaña para la última elección presidencial). Este cambio abre la puerta para que los partidos busquen que el dinero de particulares entre libremente a la política.

Existen poderosas razones en contra de esta idea:

La entrada de dinero a la política abre la puerta a la compra de influencias, empleos y favores políticos; especialmente para las organizaciones civiles, los poderes fácticos y los individuos que hagan el trabajo de recaudar dinero para los candidatos y los partidos. La mercantilización de la política rompe el punto central de la democracia electoral, haciendo que los partidos y los funcionarios públicos dejen de representen a sus votantes para representar el interés de sus donantes.

Los partidos políticos ya reciben grandes cantidades de dinero como financiamiento público. Aumentar el dispendio en las campañas políticas y las burocracias partidistas sólo alimentará la mala opinión que los ciudadanos tienen de la clase política.

México es un país con terribles problemas de desigualdad y pobreza. Las clases con capacidad de realizar donaciones a campañas son una pequeña minoría respecto a las que no pueden hacerlo. Abrir la puerta a grandes cantidades de dinero dará a incentivos a los políticos de concentrarse en atraer contribuyentes. Esto reduciría la influencia de los más pobres y aumentaría la de los ricos y los poderes fácticos.

Los partidos con las estructuras más jerárquicas y con un mayor número de funcionarios electos tienen mejores maquinarias para recaudar dinero de sus militantes y simpatizantes. Estas diferencias distorsionarán la competencia electoral y darán ventajas indebidas a los partidos grandes sobre los partidos pequeños. Esto sólo acentuaría la disparidad que existe actualmente en la asignación de prerrogativas para los partidos.

Por estas razones, es inaceptable la propuesta del PAN de permitir que los partidos reciban aportaciones de sus simpatizantes hasta por 100% de lo que reciben de financiamiento público. En el mismo sentido, también es censurable que el PRD quiera aumentar este límite a 30% del límite de campaña de la última elección presidencial –si se suman las aportaciones de simpatizantes y de otras fuentes de financiamiento no público–.

En la iniciativa del Partido del Trabajo proponemos mantener los límites actuales, que estipulan que los partidos pueden recibir como aportaciones de simpatizantes hasta 10% del tope de la campaña presidencial anterior, más otro 10% por cuotas de militantes y otras fuentes de financiamiento.

Adicionalmente, se considera que se puede mejorar el régimen actual, introduciendo elementos de transparencia a las aportaciones de los simpatizantes, diferenciando las aportaciones pequeñas de las grandes, y restringiendo el derecho de hacer aportaciones sólo a los ciudadanos.

Las aportaciones de los ciudadanos deben hacerse directamente a los partidos. Nunca, a los candidatos, a sus equipos de campaña o a esquemas de financiación paralela de las campañas. Esto se justifica porque los responsables de la contabilidad y buen uso de los recursos para las campañas son, principalmente, los partidos políticos

Se incluye a los órganos con autonomía constitucional entre los entes públicos que tienen prohibido hacer aportaciones a campañas. La mención especial se basa en el reconocimiento de la situación de estos organismos frente a los tres poderes convencionales del Estado.

Para aportaciones menores a 250 días al año de salario mínimo vigente en el D.F. se debe identificar al donante con nombre y clave de elector. Para montos mayores se debe, además, reportar la clave del Registro Federal de Contribuyentes del aportante. Esto se justifica para permitir que las autoridades fiscales puedan detectar posible lavado de dinero o uso de recursos de procedencia ilícita.

El Instituto Nacional Electoral debe hacer públicas las listas de las aportaciones que reciban los partidos políticos, incluyendo el nombre del aportante y el monto de cada aportación. Esta medida de transparencia es acorde con el principio de máxima publicidad y permitirá que la información sea usada para detectar posibles conflictos de interés entre los funcionarios electos y las personas que colaboraron en su campaña.

Prohibir que las sociedades civiles y las organizaciones de los partidos hagan aportaciones. Esta idea parte de que las personas físicas, es decir, los ciudadanos individualmente, son las únicas que deben tener el derecho político de hacer aportaciones. No se puede aceptar la lógica aplicada en países como Estados Unidos de que las corporaciones cuentan como gente y que, por lo tanto, deberían tener también derechos políticos como el de aportar dinero a las campañas.

Eliminar la deducibilidad de las aportaciones a los partidos. Este es un beneficio fiscal que debería incentivar la declaración voluntaria de las donaciones; sin embargo, resulta un medio inadecuado para fiscalizar a los partidos. La fiscalización directa y en tiempo real de los ingresos y gastos de los partidos y los candidatos por parte del INE resultará un medio más efectivo para dicho fin.

Redacción actual

Propuesta

Artículo 77

1. El régimen de financiamiento de los partidos políticos tendrá las siguientes modalidades:

a) Financiamiento público, que prevalecerá sobre los otros tipos de financiamiento;

b) Financiamiento por la militancia;

c) Financiamiento de simpatizantes;

d) Autofinanciamiento; y

e) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

2. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los estados, y los Ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;

c) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;

d) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

e) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión;

f) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero; y

g) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.

3. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, con excepción de las obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública.

4. Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos, serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del veinticinco por ciento.

5. Los partidos políticos en los términos de la fracción IV del inciso c) del párrafo 1 del artículo 27 de este Código, deberán tener un órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y de campaña, así como de la presentación de los informes a que se refiere el artículo 83 de este mismo ordenamiento. Dicho órgano se constituirá en los términos y con las modalidades y características que cada partido libremente determine.

6. La revisión de los informes que los partidos políticos y las agrupaciones políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios y de campaña, según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

Artículo 50

1. El régimen de financiamiento de los partidos políticos tendrá las siguientes modalidades:

a) Financiamiento público, que prevalecerá sobre los otros tipos de financiamiento;

b) Financiamiento por la militancia;

c) Financiamiento de simpatizantes;

d) Autofinanciamiento; y

e) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

2. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los órganos con autonomía constitucional de la Federación y de los estados, y los Ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;

c) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;

d) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

e) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión;

f) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero; y

g) Las personas morales de cualquier tipo.

3. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, con excepción de las obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública.

4. Las aportaciones que se realicen a los partidos políticos, no serán deducibles de impuestos.

5. Los partidos políticos en los términos de la el artículo 7 esta Ley, deberán tener un órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y de campaña, así como de la presentación de los informes a que se refiere el artículo 56 de este mismo ordenamiento. Dicho órgano se constituirá en los términos y con las modalidades y características que cada partido libremente determine.

6. La revisión de los informes que los partidos políticos y las agrupaciones políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios y de campaña, según corresponda, así como la práctica de auditorías, monitoreos y verificaciones sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

Fiscalización de campañas electorales

Hasta ahora, la fiscalización de las campañas electorales ha sido un proceso ineficiente que no ha servido para asegurar que las elecciones se compiten de una manera justa entre los partidos políticos, coaliciones y candidatos.

Cada elección surgen escándalos por actos de corrupción abierta o actos que violan el espíritu de la ley para dar ventajas indebidas a algún bando. Lamentablemente estos no tienen ningún efecto en la determinación de la validez de las elecciones y únicamente derivan en multas que se aplican a los partidos mucho tiempo después de las elecciones.

Ejemplos de esta situación sobran: el Pemex-gate, los Amigos de Fox, el caso de uso de programas sociales con fines electorales en Veracruz, la movilización de recursos de los estados a favor de los candidatos del partido en el poder, el caso MONEX, las tarjetas Soriana, y los modelos de contabilidad creativa usados por el equipo de Enrique Peña Nieto para que él pudiera asistir a una multitud de eventos masivos cuya organización debía hacerlo rebasar los topes de gastos de campaña.

La reforma constitucional establece un nuevo esquema en que la fiscalización deberá hacerse en tiempo real durante las campañas electorales. Esta tarea será, sin duda, un gran reto para el INE; sin embargo, dotará a los mexicanos de mayor certeza sobre la manera en que los partidos obtienen y gastan sus recursos. Esto también permitirá que las irregularidades sean tomadas en cuenta en la dictaminación de las elecciones por las autoridades jurisdiccionales de una manera objetiva, en lugar de que esos hechos queden sin ninguna consecuencia importante para los que hacen trampa.

En ese sentido, el Partido del Trabajo propone que para la instrumentación de dicho proceso de contabilidad, el INE deberá crear un sistema electrónico que estandarice la contabilidad de los partidos y les permita ingresar sus ingresos y sus gastos para la realización de informes preliminares de contabilidad durante la campaña.Dichos informes permitirán que las autoridades electorales revisen los datos presentados por los partidos para que puedan decidir sobre la realización de auditorías y verificaciones, dar a los partidos oportunidades de subsanar sus omisiones, y dar cuenta de las posibles infracciones que se cometan.

La presentación de informes preliminares deberá facilitar la creación y revisión de informes finales de campaña, los cual reducirá su tiempo de procesamiento de cuatro meses a un mes.

Se estipula una excepción a esta regla, ya que en México existen muchas comunidades donde la presentación de informes preliminares por internet sería imposible debido a las condiciones socioeconómicas, geográficas, o de acceso a las vías de comunicación y medios de pago de cada lugar. En este caso, se propone que el INE, a partir de la información con la que cuenta actualmente sobre las condiciones de cada lugar en México, pueda determinar cuáles son las comunidades donde los partidos, coaliciones y candidatos podrán presentar solamente informes finales.

Respecto a la contabilidad de eventos con candidatos a distintos puestos de elección popular, se reglamenta que el prorrateo de los gastos de organización deberá recaer principalmente en los candidatos que compiten por unidades electorales más grandes. Esto para evitar esquemas en los que los candidatos locales financien eventos para los candidatos presidenciales o a gobernadores, permitiendo el rebase de gastos de campaña con el fin de generar más exposición mediática y beneficios electorales para el candidato del puesto mayor.

Por último. El Partido del Trabajo se pronuncia en contra de establecer padrones cerrados de proveedores de bienes y servicios para las campañas. Esta propuesta del PRD sólo conducirá a la creación de monopolios, aumento de precios, y actos de corrupción durante las campañas.

Por todas estas razones, el Partido del Trabajo propone las siguientes modificaciones

Texto Actual (COFIPE)

Texto Propuesto

Artículo 83

1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

a) Informes trimestrales de avance del ejercicio:

I. Serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del trimestre que corresponda;

II. En el informe será reportado el resultado de los ingresos y gastos ordinarios que los partidos hayan obtenido y realizado durante el periodo que corresponda.

III. Si de la revisión que realice la Unidad se encuentran anomalías errores u omisiones, se notificará al partido a fin de que las subsane o realice las aclaraciones conducentes. En todo caso los informes trimestrales tienen carácter exclusivamente informativo para la autoridad, y

IV. Durante el año del proceso electoral federal se suspenderá la obligación establecida en este inciso.

b) Informes anuales:

I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte;

II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe;

III. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación patrimonial en el que se manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como un informe detallado de los bienes inmuebles propiedad del partido que corresponda;

IV. Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y firmados por el auditor externo que cada partido designe para tal efecto; y

V. Las agrupaciones políticas nacionales presentarán un informe anual de ingresos y egresos, dentro del mismo plazo señalado en la fracción I de este inciso y siguiendo los lineamientos establecidos en el reglamento aplicable.

c) Informes de precampaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargos de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados.

II. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los 30 días siguientes al de la conclusión de la precampaña; y

III. Los gastos de organización de los procesos internos y precampañas para la selección de candidatos a cargos de elección popular que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe anual que corresponda;

d) Informes de campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

II. Los partidos políticos presentarán un informe preliminar, con datos al 30 de mayo del año de la elección, a más tardar dentro de los primeros quince días de junio del mismo año;

III. Los informes finales serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al de la jornada electoral; y

IV. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en el artículo 229 de este Código, así como el monto y destino de dichas erogaciones. (DR)IJ

Artículo 84

1. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos se sujetará a las siguientes reglas:

a) la Unidad contará con sesenta días para revisar los informes anuales y de precampaña, y con ciento veinte días para revisar los informes de campaña. Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;

b) Si durante la revisión de los informes la Unidad advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, notificará al partido político que haya incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes;

c) la Unidad está obligada a informar al partido político si las aclaraciones o rectificaciones hechas por éste subsanan los errores u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane. La Unidad informará igualmente del resultado antes del vencimiento del plazo a que se refiere el inciso siguiente para la elaboración del dictamen consolidado;

d) Al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de este párrafo o, en su caso, al concedido para la rectificación de errores u omisiones, la Unidad dispondrá de un plazo de veinte días para elaborar un dictamen consolidado, que deberá presentar al Consejo General dentro de los tres días siguientes a su conclusión;

e) el dictamen deberá contener por lo menos:

I. El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos;

II. En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontrados en los mismos; y

III. El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos, después de haberles notificado con ese fin.

f) en el Consejo General se presentará el dictamen y proyecto de resolución que haya formulado la Unidad, y se procederá a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes;

g) Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el dictamen y resolución que en su caso emita el Consejo General, en la forma y términos previstos en la ley de la materia; y

h) el Consejo General del Instituto deberá:

I. Remitir al Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto el recurso, junto con éste, el dictamen de la Unidad y el informe respectivo;

II. Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del recurso, o presentado éste, habiendo sido resuelto por el Tribunal Electoral, al Diario Oficial de la Federación el dictamen y, en su caso, la resolución recaída al recurso, para su publicación; y

III. Publicar en la página de Internet del Instituto el dictamen y, en su caso, las resoluciones emitidas por el Tribunal.

Artículo 56

1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

a) Informes trimestrales de avance del ejercicio:

I. Serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del trimestre que corresponda;

II. En el informe será reportado el resultado de los ingresos y gastos ordinarios que los partidos hayan obtenido y realizado durante el periodo que corresponda.

III. Si de la revisión que realice la Unidad se encuentran anomalías errores u omisiones, se notificará al partido a fin de que las subsane o realice las aclaraciones conducentes. En todo caso los informes trimestrales tienen carácter exclusivamente informativo para la autoridad, y

IV. Durante el año del proceso electoral federal se suspenderá la obligación establecida en este inciso.

b) Informes anuales:

I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte;

II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe;

III. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación patrimonial en el que se manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como un informe detallado de los bienes inmuebles propiedad del partido que corresponda;

IV. Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y firmados por el auditor externo que cada partido designe para tal efecto; y

V. Las agrupaciones políticas nacionales presentarán un informe anual de ingresos y egresos, dentro del mismo plazo señalado en la fracción I de este inciso y siguiendo los lineamientos establecidos en el reglamento aplicable.

c) Informes de precampaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargos de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados.

II. Los partidos deberán presentar informes preliminares de su contabilidad durante el desarrollo de las precampañas a través del sistema electrónico que instrumente el INE; para efecto de que éste lleve a cabo la fiscalización, dé cuenta oportunamente de posibles infracciones, realice auditorías y verificaciones, y prevenga a los partidos para que subsanen sus omisiones antes de que termine la precampaña.

El INE deberá determinar las zonas geográficas y comunidades donde las condiciones socioeconómicas, vías de comunicación y falta de tecnologías informáticas, impidan instrumentar esta disposición. En estos casos se atenderá a la fracción siguiente.

III. Los partidos deberán presentar un informe final de sus gastos de precampañas a más tardar dentro de los 10 días siguientes al de la conclusión de las precampañas; y

IV. Los gastos de organización de los procesos internos y precampañas para la selección de candidatos a cargos de elección popular que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe anual que corresponda;

d) Informes de campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

II. Los partidos deberán presentar informes preliminares de su contabilidad durante el desarrollo de las campañas a través del sistema electrónico que instrumente el INE; para efecto de que éste lleve a cabo la fiscalización,dé cuenta oportunamente de posibles infracciones, realice auditorías y verificaciones, y prevenga a los partidos para que subsanen sus omisiones antes de que termine la campaña.

El INE deberá determinar las zonas geográficas y comunidades donde las condiciones socioeconómicas, vías de comunicación y falta de tecnologías de la información, impidan instrumentar esta disposición. En estos casos se atenderá a la fracción siguiente.

III. Los partidos deberán presentar un informe final de sus gastos de campañas a más tardar dentro de los 10 días siguientes al de la conclusión de las campañas; y

IV. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en el artículo 167 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el monto y destino de dichas erogaciones.

V. Para la contabilidad de erogaciones relativas a eventos donde participen varios candidatos del mismo partido, éstas deberán ser prorrateadas de la siguiente manera: Cada candidato deberá aportar una parte proporcional al número de electores de la unidad electoral por la que compite.

Artículo 57

1. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos se sujetará a las siguientes reglas:

a) la Unidad contará con treinta días para revisar los informes anuales y trimestrales, y con veinte días para revisar los informes de precampañas y campañas. Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes; este proceso no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales.

b) Si durante la revisión de los informes la Unidad advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, notificará al partido político que haya incurrido en ellos, para que en un plazo de dos días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes;

c) la Unidad está obligada a informar al partido político si las aclaraciones o rectificaciones hechas por éste subsanan los errores u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de dos días para que los subsane. La Unidad informará igualmente del resultado antes del vencimiento del plazo a que se refiere el inciso siguiente para la elaboración del dictamen consolidado;

d) Al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de este párrafo o, en su caso, al concedido para la rectificación de errores u omisiones, la Unidad dispondrá de un plazo de quince días para elaborar un dictamen consolidado, que deberá presentar al Consejo General al día siguiente a su conclusión;

e) el dictamen deberá contener por lo menos:

I. El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos;

II. En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontrados en los mismos; y

III. El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos, después de haberles notificado con ese fin.

IV. La determinación de si se rebasaron los topes de gastos de campaña en alguna elección

f) en el Consejo General se presentará el dictamen y proyecto de resolución que haya formulado la Unidad, y se procederá a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes;

g) Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el dictamen y resolución que en su caso emita el Consejo General, en la forma y términos previstos en la ley de la materia; y

h) el Consejo General del Instituto deberá:

I. Remitir al Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto el recurso, junto con éste, el dictamen de la Unidad y el informe respectivo;

II. Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del recurso, o presentado éste, habiendo sido resuelto por el Tribunal Electoral, al Diario Oficial de la Federación el dictamen y, en su caso, la resolución recaída al recurso, para su publicación; y

III. Publicar en la página de Internet del Instituto el dictamen y, en su caso, las resoluciones emitidas por el Tribunal.

Coaliciones y candidaturas comunes

El dictamen inicial en el Senado de la reforma político electoral utilizaba una retórica beligerante en contra de los partidos pequeños, con objeto de aumentar el límite para mantener su registro. Señalaba que los partidos pequeños aumentan el costo de la democracia, que no tienen suficiente representación popular, que producen fragmentación e ineficiencia del sistema político, y que el disenso y la no cooperación con la mayoría son posturas malas.

Los argumentos de los partidos mayoritarios están diseñados para aumentar la concentración del poder y reducir la pluralidad en las cámaras, dejando sin representación a grupos y regiones que apoyan a los partidos pequeños. Buscan erradicar la presencia de voces críticas contra los arreglos que se hacen entre los tres partidos grandes. Y, en general, se basan en ideas falsas e hipócritas: por un lado, el sistema político está lejos de ser ineficiente; y por el otro, el gran costo de nuestra democracia proviene principalmente del dispendio que se hace en las campañas electorales de los partidos grandes (en las que ellos quieren aumentar la cantidad de recursos), no del mantenimiento de los partidos chicos que han demostrado que poseen bases electorales para perdurar a lo largo del tiempo.

Esta clase de ataques contra los partidos pequeños vienen de tiempo atrás. La reforma electoral de 2007 debilitó el sistema de coaliciones al obligar a todos los partidos de una coalición a aparecer por separado en las boletas electorales, a fin de que se contabilizara cuánto apoyo tenía realmente cada uno. La reforma propuesta por el PAN en la discusión de las leyes secundarias de la reforma político electoral quiere llevar esto aún más lejos, al establecer que sólo se contarán a favor del candidato los votos donde se marque más de un partido político que participe en una coalición, por lo que los partidos no recibirán una parte proporcional de los votos, como se hace ahora.

Eso es inaceptable. Las coaliciones electorales tienen por objeto coordinar los esfuerzos de varios partidos para buscar que sus candidatos triunfen en las elecciones. Las razones que llevan a los partidos a coaligarse pueden ser muchas: En algunos casos, varios partidos pueden coaligarse porque tienen bases regionales diferentes y se complementan uno al otro. En otros casos, una alianza política puede estar pensada para facilitar la alternancia en el poder. Y el caso más emblemático, dos partidos pueden coaligarse porque buscan aumentar su influencia para promover una agenda común de legislación o de políticas públicas.

Afortunadamente, el dictamen final de la reforma constitucional de febrero incluyó una sección para fortalecer el sistema de coaliciones, uno de los principales elementos que permite a los partidos pequeños hacerse más competitivos en las competencias electorales.

En la reforma se crearon tres clases de coaliciones: totales, parciales y flexibles. En esta iniciativa, el Partido del Trabajo propone definir esas tres figuras para permitir una mayor diversidad de arreglos con los que los partidos puedan decidir optar por competir juntos.

Para las candidaturas totales se propone que los partidos compitan como uno solo (tanto en gastos y prerrogativas, como en sus listas de candidatos) en una elección federal o local. En este arreglo se propone retomar figuras existentes en las leyes electorales anteriores a 2007, como la posibilidad de que los partidos transfieran votos entre si y que utilicen un solo emblema para aparecer en la boleta electoral.

Para las candidaturas parciales y flexibles se propone un esquema mixto, en el que los partidos puedan compartir algunas candidaturas, donde actuarían como en una candidatura total. En el resto de las candidaturas cada partido postularía sus propias listas.

Por último, se propone establecer la figura de candidaturas comunes, las cuales funcionarían exactamente como el sistema actual. Cada partido aparecería por separado proponiendo al mismo candidato y sus votos contarían para cada uno de ellos por separado. Cuando el votante vote por más de un partido con que comparta un candidato común, los votos se apuntarán en una lista aparte y se dividirán entre los partidos marcados durante los cómputos distritales.

Para esto se propone modificar todo el capítulo relativo a coaliciones.

Con base en las anteriores consideraciones, los grupos parlamentarios del PT proponemos el siguiente proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS

Artículo Unico. Se expide la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Titulo Primero

Ley General de Partidos Políticos

Disposiciones Generales

Artículo 1.

1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en el territorio nacional y para los ciudadanos mexicanos que ejerzan su derecho a asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país.

2. Esta Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a

a) El derecho de los ciudadanos mexicanos de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.

b) La organización y función de las asociaciones políticas nacionales y estatales.

c) La constitución, registro, derechos y prerrogativas de las asociaciones políticas nacionales.

Artículo 2

1. La aplicación de las normas de esta Ley corresponde al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Cámara de Diputados, en sus respectivos ámbitos de competencia

2. La interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución.

Titulo segundo

De los partidos políticos

Capítulo primero

Disposiciones generales

Artículo 3

1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político para participar en las elecciones federales deberán obtener su registro ante el Instituto Nacional Electoral.

2. Quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa a ellos.

3. La denominación de "partido político nacional" se reserva, para todos los efectos de esta Ley, a las organizaciones políticas que obtengan y conserven su registro como tal

4. Los partidos políticos nacionales tienen personalidad jurídica, gozan de los derechos y las prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones que establecen la Constitución y esta Ley.

5. Los partidos políticos se regirán internamente por sus documentos básicos, tendrán la libertad de organizarse y determinarse de conformidad con las normas establecidas en la presente Ley y las que, conforme al mismo, establezcan sus estatutos.

Artículo 3

1. Los partidos políticos, para el logro de los fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en la presente Ley.

2. El Instituto Nacional Electoral vigilará que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la ley.

Titulo tercero

De la constitución, registro, derechos y obligaciones

Capítulo primero

Del procedimiento de registro legal

Artículo 4

1. Para que una organización de ciudadanos pueda ser registrada como partido político nacional, deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa de acción y los estatutos que normen sus actividades; y

b) Contar con tres mil afiliados en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos afiliados, en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar con fotografía correspondiente a dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

Artículo 5

1. La declaración de principios invariablemente contendrá, por lo menos:

a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen;

b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule;

c) La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que esta Ley prohíbe financiar a los partidos políticos

d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática; y

e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.

Artículo 6

1. El programa de acción determinará las medidas para:

a) Realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en su declaración de principios;

b) Proponer políticas a fin de resolver los problemas nacionales;

c) Formar ideológica y políticamente a sus afiliados infundiendo en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política; y

d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales.

Artículo 7

1. Los estatutos establecerán:

a) la denominación del propio partido, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales;

b) Los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán el de participar personalmente o por medio de delegados en asambleas y convenciones, y el de poder ser integrante de los órganos directivos;

c) Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos. Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los siguientes:

I. Una asamblea nacional o equivalente, que será la máxima autoridad del partido;

II. Un comité nacional o equivalente, que sea el representante nacional del partido., con facultades de supervisión y en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas;

III. Comités o equivalentes en las entidades federativas;

IV. Organos nacionales y estatales responsables de la administración de su patrimonio y recursos financieros, la contabilidad y la presentación de los informes de ingresos y egresos, de precampaña y campaña a que se refiere esta Ley;

d) Las normas para la postulación democrática de sus candidatos.

e) la obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción;

f) la obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen; y

g) Las sanciones aplicables a los afiliados que infrinjan sus disposiciones internas y los correspondientes medios y procedimientos de defensa, así como los órganos partidarios permanentes encargados de la sustanciación y resolución de las controversias. Las instancias de resolución de conflictos internos nunca serán más de dos, a efecto de que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita.

Artículo 8

1. Para constituir un partido político nacional, la organización interesada notificará ese propósito al Instituto Nacional Electoral en el mes de enero del año siguiente al de la elección presidencial. A partir de la notificación, la organización interesada deberá informar mensualmente al propio Instituto del origen y destino de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus actividades tendentes a la obtención del registro legal y realizará los siguientes actos previos tendentes a demostrar que se cumple con los requisitos señalados en el artículo 4 de esta Ley:

a) Celebrar por lo menos en veinte entidades federativas o en doscientos distritos electorales, una asamblea en presencia de un funcionario del Instituto, quien certificará:

I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a tres mil o trescientos, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del artículo 4; que asistieron libremente y conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación;

II. Que con las personas mencionadas en la fracción anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, su residencia y la clave de la credencial para votar, y

III. Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido político, salvo el caso de agrupaciones políticas nacionales.

b) Celebrar una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el Instituto, quien certificará:

I. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas estatales o distritales;

II. Que acreditaron por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso a) de este artículo;

III. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea nacional, por medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente;

IV. Que fueron aprobados su declaración de principios, programa de acción y estatutos; y

V. Que se formaron listas de afiliados con los demás militantes con que cuenta la organización en el país, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo de afiliados exigido por esta Ley. Estas listas contendrán los datos requeridos en la fracción II del inciso anterior.

2. El costo de las certificaciones requeridas será con cargo al presupuesto del Instituto. Los funcionarios autorizados para expedirlas están obligados a realizar las actuaciones correspondientes.

3. En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el plazo previsto en el párrafo 1 del artículo 9 de esta Ley, dejará de tener efecto la notificación formulada.

Artículo 9

1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido político nacional, la organización interesada, en el mes de enero del año anterior al de la elección, presentará ante el Instituto la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes documentos:

a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus miembros en los términos del artículo anterior;

b) Las listas nominales de afiliados por entidades o por distritos electorales, a que se refieren las fracciones II del inciso a) y V del inciso b) del artículo anterior, esta información deberá presentarse en archivos en medio digital; y

c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas o en los distritos electorales y la de su asamblea nacional constitutiva.

Artículo 10

1. El Consejo General del Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro como partido político nacional, integrará una Comisión de tres consejeros electorales para examinar los documentos a que se refiere el artículo anterior a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en esta Ley. La Comisión formulará el proyecto de dictamen de registro.

2. El Consejo General, por conducto de la comisión a que se refiere el párrafo anterior, verificará la autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, ya sea en su totalidad o a través del establecimiento de un método aleatorio, conforme al cual se verifique que cuando menos el 0.026 por ciento corresponda al padrón electoral actualizado a la fecha de la solicitud de que se trate, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de antigüedad como máximo dentro del partido político de nueva creación.

Artículo 11

1. El Consejo, con base en el proyecto de dictamen de la comisión y dentro del plazo de ciento veinte días contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro, resolverá lo conducente.

2. Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro. En caso de negativa fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados. La resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y podrá ser recurrida ante el Tribunal Electoral.

3. El registro de los partidos políticos surtirá efectos constitutivos a partir del 1o. de agosto del año anterior al de la elección.

Artículo 12

1. Al partido político que no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece esta Ley

2. La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece esta Ley, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

3. El hecho de que un partido político no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones, no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones nacionales según el principio de mayoría relativa.

Capítulo segundo

De las agrupaciones políticas nacionales

Artículo 13

1. Las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada.

2. Las agrupaciones políticas nacionales no podrán utilizar bajo ninguna circunstancia las denominaciones de "partido" o "partido político".

Artículo 14

1. Las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político o coalición. Las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán registradas por un partido político y serán votadas con la denominación, emblema, color o colores de éste.

2. El acuerdo de participación a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse para su registro ante el presidente del Consejo General del Instituto en los plazos previstos en el párrafo 1 del artículo 69, de esta Ley, según corresponda.

3. En la propaganda y campaña electoral, se podrá mencionar a la agrupación participante.

4. Las agrupaciones políticas nacionales estarán sujetas a las obligaciones y procedimientos de fiscalización de sus recursos conforme a lo establecido en esta Ley y en el reglamento correspondiente.

Artículo 15

1. Para obtener el registro como agrupación política nacional, quien lo solicite deberá acreditar ante el Instituto los siguientes requisitos:

a) Contar con un mínimo de 5,000 asociados en el país y con un órgano directivo de carácter nacional; además, tener delegaciones en cuando menos 7 entidades federativas.

b) Contar con documentos básicos, así como una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido.

2. Los interesados presentarán durante el mes de enero del año anterior al de la elección, junto con su solicitud de registro, la documentación con la que acrediten los requisitos anteriores y los que, en su caso, señale el Consejo General del Instituto.

3. El Consejo General, dentro del plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que conozca de las solicitudes de registro, resolverá lo conducente.

4. Cuando proceda el registro, el Consejo expedirá el certificado respectivo. En caso de negativa, expresará las causas que la motivan y lo comunicará a la asociación interesada.

5. El registro de las agrupaciones políticas cuando hubiese procedido, surtirá efectos a partir del 1o. de agosto del año anterior al de la elección.

6. Las agrupaciones políticas con registro, gozarán del régimen fiscal previsto para los partidos políticos en esta Ley.

7. Las agrupaciones políticas con registro, deberán presentar al Instituto un informe anual del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad.

8. El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a más tardar dentro de los 90 días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte.

9. La agrupación política nacional perderá su registro por las siguientes causas:

a) Cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus miembros;

b) Haberse dado las causas de disolución conforme a sus documentos básicos;

c) Omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos;

d) No acreditar actividad alguna durante un año calendario, en los términos que establezca el reglamento;

e) Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en esta Ley;

f) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro; y

g) Las demás que establezca esta Ley.

Capítulo tercero

De los derechos de los partidos políticos

Artículo 16

1. Son derechos de los partidos políticos nacionales:

a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en esta Ley, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral

b) Gozar de las garantías que esta Ley les otorga para realizar libremente sus actividades

c) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo los términos de esta Ley;41 de la Constitución;

d) Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones federales, en los términos de esta Ley.

e) Formar coaliciones, tanto para las elecciones federales como locales, las que en todo caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el Estatuto de cada uno de los partidos coaligados. Asimismo, formar frentes con fines no electorales o fusionarse con otros partidos en los términos de esta Ley;

f) Participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo de la Base I del artículo 41 de la Constitución;

g) Nombrar representantes ante los órganos del Instituto Nacional Electoral, en los términos de la Constitución y esta Ley;

h) Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes inmuebles que sean indispensables para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines;

i) Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre y cuando se mantenga en todo momento su independencia absoluta, política y económica, así como el respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado Mexicano y de sus órganos de gobierno;

j) Suscribir acuerdos de participación con agrupaciones políticas nacionales; y

k) Los demás que les otorgue esta Ley.

Artículo 17

1. No podrán actuar como representantes de los partidos políticos nacionales ante los órganos del Instituto, quienes se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Ser juez, magistrado o ministro del Poder Judicial Federal;

b) Ser juez o magistrado del Poder Judicial de una entidad federativa;

c) Ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral;

d) Ser miembro en servicio activo de cualquier fuerza armada o policiaca; y

e) Ser agente del ministerio público federal o local.

Capítulo cuarto

De las obligaciones de los partidos políticos

Artículo 18

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;

c) Mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, requeridos para su constitución y registro;

d) Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos nacionales ya existentes;

e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidatos;

f) Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios;

g) Contar con domicilio social para sus órganos directivos;

h) Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico;

i) Sostener, por lo menos, un centro de formación política;

j) Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se trate;

k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados por esta Ley así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos;

l) Comunicar al Instituto cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido. Las modificaciones no surtirán efectos hasta que el Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. La resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente.

m) Comunicar al Instituto, dentro de los diez días siguientes a que ocurran, los cambios de los integrantes de sus órganos directivos, o de su domicilio social;

n) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;

o) Aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas en esta Ley, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 16 de esta Ley;

p) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas. Las quejas por violaciones a este precepto serán presentadas ante la secretaría ejecutiva del Instituto, la que instruirá un procedimiento expedito de investigación. En todo caso, al resolver sobre la denuncia se observará lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución;

q) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;

r) Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos;

s) Garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular;

t) Cumplir con las obligaciones que esta Ley les establece en materia de transparencia y acceso a su información; y

u) Las demás que establezca esta Ley.

2. Las modificaciones a que se refiere el inciso l) del párrafo anterior en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral.

c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos; la postulación de sus candidatos y, en general, la conducción de sus actividades de forma democrática; así como la transparencia en el uso de los recursos;

Artículo 19

1. Las sanciones administrativas se aplicarán por el Consejo General del Instituto con independencia de las responsabilidades civil o penal que, en su caso, pudieran exigirse a los partidos políticos, sus dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.

Artículo 20

1.Un partido político, aportando elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto se investiguen las actividades de otros partidos políticos cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o sistemática.

Capítulo Quinto

De las obligaciones de los partidos políticos en materia de transparencia

Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos de conformidad con las reglas previstas en esta Ley y las que, en lo conducente, resulten aplicables conforme al reglamento del Instituto Nacional Electoral en la materia.

2. Las personas accederán a la información de los partidos a través del Instituto NacionalElectoral, mediante la presentación de solicitudes específicas.

3. El reglamento establecerá los formatos, procedimientos y plazos para desahogar las solicitudes que se presenten sobre la información de los partidos políticos.

4. Cuando la información solicitada tenga el carácter de pública y no obre en poder del Instituto, debiendo estarlo, éste notificará al partido requerido para que la proporcione en forma directa al solicitante, dentro del plazo que señale el reglamento. El partido de que se trate informará al Instituto del cumplimiento de esta obligación.

5. Cuando la información solicitada se encuentre disponible en la página electrónica del Instituto, o en la del partido de que se trate, se le notificará al solicitante para que la obtenga en forma directa, salvo que el interesado la requiera en forma impresa o en medio digital.

6. Los partidos políticos están obligados a publicar en su página electrónica, por lo menos, la información especificada en el presente capítulo.

Artículo 22

1. La información que los partidos políticos proporcionen al Instituto o que éste genere respecto a los mismos, que sea considerada pública conforme a esta Ley, estará a disposición de toda persona a través de la página electrónica del Instituto.

2. Se considera información pública de los partidos políticos:

a) Sus documentos básicos;

b) Las facultades de sus órganos de dirección;

c) Los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general, aprobados por sus órganos de dirección, que regulen su vida interna, las obligaciones y derechos de sus afiliados, la elección de sus dirigentes y la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular;

d) El directorio de sus órganos nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal, y en su caso, regionales, delegacionales y distritales;

e) El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere el inciso anterior, y de los demás funcionarios partidistas;

f) Las plataformas electorales y programas de gobierno que registren ante el Instituto;

g) Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren, o de participación electoral que realicen con agrupaciones políticas nacionales;

h) Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular;

i) Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, durante los últimos cinco años y hasta el mes más reciente, así como los descuentos correspondientes a sanciones;

j) Los informes, anuales o parciales, de ingresos y gastos, tanto ordinarios como de precampaña y campaña; el estado de situación patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; la relación de donantes y los montos aportados por cada uno. Todo lo anterior, una vez concluidos los procedimientos de fiscalización establecidos por esta Ley. Los partidos podrán hacer pública la información a que se refiere este inciso antes de que concluyan los procedimientos referidos, sin que ello tenga efectos en los mismos.

k) Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan causado estado;

l) Los nombres de sus representantes ante los órganos del Instituto;

m) El listado de las fundaciones, centros o institutos de investigación o capacitación, o cualquier otro, que reciban apoyo económico permanente del partido político;

n) El dictamen y resolución que el Consejo General del Instituto haya aprobado respecto de los informes a que se refiere el inciso j) de este párrafo; y

o) La demás que señale esta Ley, o las leyes aplicables.

Artículo 23

1.Los partidos políticos deberán mantener actualizada la información pública establecida en este capítulo, y la demás que esta Ley considere de la misma naturaleza, proporcionándola al Instituto con la periodicidad y en los formatos y medios electrónicos que aquél determine en acuerdos de carácter general.

Artículo 24

1. No será pública la información relativa a los procesos deliberativos de los órganos internos de los partidos; la correspondiente a sus estrategias políticas y de campañas electorales; la contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus afiliados, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.

2. Será considerada confidencial la información que contenga los datos personales de los afiliados, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, salvo los contenidos en los directorios establecidos en este capítulo y en las listas de precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, que solamente contendrán el nombre completo y otros datos personales que autorice el interesado;

3. Se considerará reservada la información relativa a los juicios en curso, de cualquier naturaleza, en que los partidos políticos sean parte, hasta que se encuentren en estado de cosa juzgada.

Artículo 25

1.El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Capítulo será sancionado en los términos que dispone la Ley de Delitos Electorales.

Capítulo Sexto

De los asuntos internos de los partidos políticos

Artículo 26

1. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo final de la Base I del artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la propia Constitución, en esta Ley, así como en el Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

2. Las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que establecen la Constitución, esta Ley y las demás leyes aplicables.

3. Son asuntos internos de los partidos políticos:

a) la elaboración y modificación de sus documentos básicos;

b) la determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a ellos;

c) la elección de los integrantes de sus órganos de dirección;

d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. y

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, y en general, para la toma de decisiones por sus órganos de dirección y de los organismos que agrupen a sus afiliados;

4. Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos serán resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, debiendo resolver en tiempo para garantizar los derechos de los militantes. Sólo una vez que se agoten los medios partidistas de defensa los militantes tendrán derecho de acudir ante el Tribunal Electoral.

Artículo 27

1. Para la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los documentos básicos de los partidos políticos, a que se refiere el inciso l) del párrafo 1, del artículo 18 de esta Ley, el Consejo General atenderá el derecho de los partidos para dictar las normas y procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines.

2. Los Estatutos de un partido político podrán ser impugnados exclusivamente por sus afiliados, dentro de los catorce días naturales siguientes a la fecha en que sean presentados ante el Consejo General para la declaratoria respectiva. Dicho órgano, al emitir la resolución que corresponda, resolverá simultáneamente las impugnaciones que haya recibido. Emitida la declaratoria que corresponda y transcurrido el plazo legal para impugnaciones sin que se haya interpuesto alguna, los Estatutos quedarán firmes.

3. En su caso, una vez que el Tribunal Electoral resuelva las impugnaciones que se interpongan en contra de la declaratoria del Consejo General, los estatutos únicamente podrán impugnarse por la legalidad de los actos de su aplicación.

4. Los partidos políticos deberán comunicar al Instituto los reglamentos que emitan, en un plazo no mayor de diez días posteriores a su aprobación. El propio Instituto verificará el apego de dichos reglamentos a las normas legales y estatutarias y los registrará en el libro respectivo.

5. En el caso del registro de integrantes de los órganos directivos, el Instituto deberá verificar, en un plazo de diez días contados a partir de la notificación, que el partido acompañe a la misma los documentos que comprueben el cumplimiento de los procedimientos previstos en los respectivos estatutos.

6. En caso de que el Instituto determine que no se cumplió con el procedimiento interno, deberá emitir resolución, debidamente fundada y motivada, estableciendo un plazo para que el partido reponga la elección o designación de sus dirigentes.

7. Si de la verificación de los procedimientos internos de los partidos el Instituto advierte errores u omisiones, éstas deberán notificarse por escrito al representante acreditado ante el mismo, otorgándole un plazo de cinco días para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Título cuarto

Del acceso a la radio y televisión, el financiamiento

y otras prerrogativas de los partidos políticos

Artículo 28

1. Son prerrogativas de los partidos políticos nacionales:

a) Tener acceso a la radio y televisión en los términos de la Constitución y esta Ley;

b) Participar, en los términos de esta Ley, del financiamiento público correspondiente para sus actividades

c) Gozar del régimen fiscal que se establece en esta Ley y en las leyes de la materia; y

d) Usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Capítulo primero

Del acceso a la radio y televisión

Artículo 29

1. Los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.

2. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa a los primeros, en la forma y términos establecidos por el presente capítulo.

3. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales. La violación a esta norma será sancionada en los términos dispuestos en la Ley de Delitos Electorales.

4. Ninguna persona física, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de propaganda contratada en el extranjero.

5. El Instituto Nacional Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas que la Constitución y esta Ley otorgan a los partidos políticos en esta materia

6. El Instituto garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión; establecerá las pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir, tanto durante los periodos que comprendan los procesos electorales, como fuera de ellos; atenderá las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y determinará, en su caso, las sanciones.

7. El Consejo General se reunirá a más tardar el 20 de septiembre del año anterior al de la elección con las organizaciones que agrupen a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, para presentar las sugerencias de lineamientos generales aplicables a los noticieros respecto de la información o difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos. En su caso, los acuerdos a que se llegue serán formalizados por las partes y se harán del conocimiento público.

Artículo 30

1. El Instituto Nacional Electoral y las autoridades electorales de las entidades federativas, para la difusión de sus respectivos mensajes de comunicación social, accederán a la radio y televisión a través del tiempo de que el primero dispone en dichos medios.

Artículo 31

1. El Instituto ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión a través de los siguientes órganos:

a) El Consejo General;

b) La Junta General Ejecutiva;

c) La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos;

d) El Comité de Radio y Televisión;

e) La Comisión de Quejas y Denuncias; y

f) Los vocales ejecutivos y juntas ejecutivas en los órganos desconcentrados, locales y distritales, que tendrán funciones auxiliares en esta materia.

Artículo 32

1. El Consejo General, a propuesta motivada y fundada de la Comisión de Quejas y Denuncias, podrá ordenar la suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral en radio o televisión que resulte violatoria de esta Ley; lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones que deban aplicarse a los infractores.

Artículo 33

1. La Junta General Ejecutiva someterá a la aprobación del Consejo General el reglamento de radio y televisión. Serán supletorias de la presente Ley, en lo que no se opongan, las leyes federales de la materia

Artículo 34

1. Las autoridades administrativas electorales de las entidades federativas deberán solicitar al Instituto el tiempo de radio y televisión que requieran para el cumplimiento de sus fines. El Instituto resolverá lo conducente.

2. Tratándose del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante los periodos de precampaña y campaña federal le será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior. Fuera de esos periodos el Tribunal tramitará el acceso a radio y televisión conforme a su propia normatividad.

Artículo 35

1. Dentro de los procesos electorales federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral tendrá a su disposición cuarenta y ocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.

2. Las transmisiones de mensajes en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas de cada día. En los casos en que una estación o canal transmita menos horas de las comprendidas en el horario antes indicado, se utilizarán tres minutos por cada hora de transmisión.

3. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 de este artículo será distribuido en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. En los horarios comprendidos entre las seis y las doce horas y entre las dieciocho y las veinticuatro horas se utilizarán tres minutos por cada hora; en el horario comprendido después de las doce y hasta antes de las dieciocho horas se utilizarán dos minutos por cada hora.

Artículo 36

1. Durante las precampañas y campañas electorales federales, el tiempo en radio y televisión, convertido a número de mensajes, asignable a los partidos políticos, se distribuirá entre ellos conforme al siguiente criterio: treinta por ciento del total en forma igualitaria y el setenta por ciento restante en proporción al porcentaje de votos obtenido por cada partido político en la elección para diputados federales inmediata anterior. Tratándose de coaliciones, lo anterior se aplicará observando las disposiciones que resulten aplicables del capítulo segundo, título cuarto, del presente Libro.

2. Tratándose de precampañas y campañas en elecciones locales, la base para la distribución del setenta por ciento del tiempo asignado a los partidos políticos será el porcentaje de votación obtenido por cada uno de ellos en la elección para diputados locales inmediata anterior, en la entidad federativa de que se trate.

3. Los partidos políticos de nuevo registro, tanto nacionales como locales, según sea el caso, participarán solamente en la distribución del treinta por ciento del tiempo a que se refiere el párrafo 1 de este artículo.

4. Para la determinación del número de mensajes a distribuir entre los partidos políticos, las unidades de medida son: treinta segundos, uno y dos minutos, sin fracciones; el reglamento determinará lo conducente.

5. El tiempo que corresponda a cada partido será utilizado exclusivamente para la difusión de mensajes cuya duración será la establecida en el presente capítulo. Las pautas serán elaboradas considerando los mensajes totales y su distribución entre los partidos políticos.

Artículo 37

1. A partir del día en que, conforme a esta Ley y a la resolución que expida el Consejo General, den inicio las precampañas federales y hasta la conclusión de las mismas, el Instituto pondrá a disposición de los partidos políticos nacionales, en conjunto, dieciocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión

2. Para los efectos del párrafo anterior la precampaña de un partido concluye, a más tardar, un día antes de que realice su elección interna o tenga lugar la asamblea nacional electoral, o equivalente, o la sesión del órgano de dirección que resuelva al respecto, conforme a los estatutos de cada partido.

3. Los mensajes de precampaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo a la pauta que apruebe el Comité de Radio y Televisión del Instituto.

4. Cada partido decidirá libremente la asignación, por tipo de precampaña, de los mensajes que le correspondan, incluyendo su uso para precampañas locales en las entidades federativas con proceso electoral concurrente con el federal. Los partidos deberán informar oportunamente al Instituto sus decisiones al respecto, a fin de que este disponga lo conducente.

5. El tiempo restante, descontado el referido en el párrafo 1 de este artículo quedará a disposición del Instituto para sus fines propios o los de otras autoridades electorales. En todo caso, los concesionarios de radio y televisión se abstendrán de comercializar el tiempo no asignado por el Instituto; lo anterior será aplicable, en lo conducente a los permisionarios.

Artículo 38

1. Del tiempo total disponible a que se refiere el párrafo 1 del artículo 35 de esta Ley, durante las campañas electorales federales, el Instituto destinará a los partidos políticos, en conjunto, cuarenta y un minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.

2. Los siete minutos restantes serán utilizados para los fines propios del Instituto y de otras autoridades electorales.

Artículo 39

1. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 del artículo anterior será distribuido entre los partidos políticos, según sea el caso, conforme a lo establecido en los párrafos 1 y 2 del artículo 36 de esta Ley.

2. Los mensajes de campaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo a la pauta que apruebe el Comité de Radio y Televisión del Instituto.

3. En las entidades federativas con elección local cuya jornada comicial sea coincidente con la federal, el Instituto realizará los ajustes necesarios a lo establecido en el párrafo anterior, considerando el tiempo disponible una vez descontado el que se asignará para las campañas locales en esas entidades.

Artículo 40

1. Cada partido decidirá libremente la asignación por tipo de campaña federal de los mensajes de propaganda electoral a que tenga derecho, salvo lo siguiente: en el proceso electoral en que se renueven el Poder Ejecutivo de la Unión y las dos Cámaras de Congreso, cada partido deberá destinar, al menos, un treinta por ciento de los mensajes a la campaña de uno de los poderes, considerando las de senadores y diputados como una misma.

Artículo 41

1. Cada partido político determinará, para cada entidad federativa, la distribución de los mensajes a que tenga derecho entre las campañas federales de diputados y senadores.

Artículo 42

1. En las entidades federativas con procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, del tiempo total establecido en el párrafo 1 del artículo 38 de esta Ley, el Instituto Nacional Electoral, por conducto de las autoridades electorales administrativas correspondientes, destinará para las campañas locales de los partidos políticos quince minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión de cobertura en la entidad federativa de que se trate.

2. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 anterior será utilizado para la difusión de mensajes de acuerdo a la pauta que apruebe, a propuesta de la autoridad electoral local competente, el Comité de Radio y Televisión del Instituto.

3. Para la distribución entre los partidos políticos del tiempo establecido en el párrafo 1 de este artículo, convertido a número de mensajes, las autoridades electorales locales aplicarán, en lo conducente, las reglas establecidas en el artículo 36 de esta Ley.

4. Para los efectos de este capítulo se entiende por cobertura de los canales de televisión y estaciones de radio toda área geográfica en donde la señal de dichos medios sea escuchada o vista.

5. El Comité de Radio y Televisión, con la coadyuvancia de las autoridades federales en la materia elaborará el catálogo y mapa de coberturas de todas las estaciones de radio y canales de televisión, así como su alcance efectivo. Deberá también incorporar la información relativa a la población total comprendida por la cobertura correspondiente en cada entidad.

6. Con base en dicho catálogo, el Consejo General hará del conocimiento público las estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura de las elecciones locales a que hace referencia el artículo 44 de esta Ley.

Artículo 43.

1. Cada partido decidirá la asignación, entre las campañas que comprenda cada proceso electoral local, de los mensajes de propaganda en radio y televisión a que tenga derecho.

Artículo 44

1. Para fines electorales en las entidades federativas cuya jornada comicial tenga lugar en mes o año distinto al que corresponde a los procesos electorales federales, el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate. Los cuarenta y ocho minutos de que dispondrá el Instituto se utilizarán desde el inicio de la precampaña local hasta el término de la jornada electoral respectiva.

Artículo 45

1. Para su asignación entre los partidos políticos, durante el periodo de precampañas locales, del tiempo a que se refiere el artículo anterior, el Instituto pondrá a disposición de la autoridad electoral administrativa, en la entidad de que se trate, doce minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.

2. Las autoridades antes señaladas asignarán entre los partidos políticos el tiempo a que se refiere el párrafo anterior aplicando, en lo conducente, las reglas establecidas en el artículo 36 de esta Ley, conforme a los procedimientos que determine la legislación local aplicable.

3. Los mensajes de precampaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo a la pauta que apruebe, a propuesta de la autoridad electoral local competente, el Comité de Radio y Televisión del Instituto.

Artículo 46

1. Con motivo de las campañas electorales locales en las entidades federativas a que se refiere el artículo 44 anterior, el Instituto asignará como prerrogativa para los partidos políticos, a través de las correspondientes autoridades electorales competentes, dieciocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión de cobertura en la entidad de que se trate; en caso de insuficiencia, la autoridad electoral podrá cubrir la misma del tiempo disponible que corresponda al Estado. El tiempo restante quedará a disposición del Instituto para sus propios fines o los de otras autoridades electorales. En todo caso, los concesionarios de radio y televisión se abstendrán de comercializar el tiempo no asignado por el Instituto; lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los permisionarios.

2. Son aplicables en las entidades federativas y procesos electorales locales a que se refiere el párrafo anterior, las normas establecidas en los párrafos 2 y 3 del artículo 42, en el artículo 43, y las demás contenidas en esta Ley que resulten aplicables.

Artículo 47

1. Los partidos con registro local vigente, previo a la elección de que se trate, participarán en la distribución de los tiempos asignados para las campañas locales de la entidad federativa correspondiente, de acuerdo al porcentaje de votos que hayan obtenido en la elección local inmediata anterior para diputados locales, o en su caso en la más reciente en que hayan participado.

2. Los partidos políticos nacionales que, en la entidad de que se trate, no hubiesen obtenido, en la elección para diputados locales inmediata anterior, el porcentaje mínimo de votos para tener derecho a prerrogativas, o los partidos con registro local obtenido para la elección de que se trate, tendrán derecho a la prerrogativa de radio y televisión para campañas locales solamente en la parte que deba distribuirse en forma igualitaria.

Artículo 48.

1. En las entidades federativas a que se refiere el artículo 44 de esta Ley el Instituto asignará, para el cumplimiento de los fines propios de las autoridades electorales locales tiempo en radio y televisión conforme a la disponibilidad con que se cuente

2. El tiempo en radio y televisión que el Instituto asigne a las autoridades electorales locales se determinará por el Consejo General conforme a la solicitud que aquéllas presenten ante el Instituto.

3. El tiempo no asignado a que se refiere el artículo 44 de esta Ley quedará a disposición del Instituto Nacional Electoral en cada una de las entidades federativa que correspondan, hasta la conclusión de las respectivas campañas electorales locales. En todo caso, los concesionarios de radio y televisión se abstendrán de comercializar el tiempo no asignado por el Instituto; lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los permisionarios.

Artículo 49

1. En ningún caso el Instituto podrá autorizar a los partidos políticos tiempo o mensajes en radio y televisión en contravención de las reglas establecidas en este capítulo.

2. Los gastos de producción de los mensajes para radio y televisión de los partidos políticos serán sufragados con sus propios recursos.

Capítulo segundo

Del financiamiento de los partidos políticos

Artículo 50

1. El régimen de financiamiento de los partidos políticos tendrá las siguientes modalidades:

a) Financiamiento público, que prevalecerá sobre los otros tipos de financiamiento;

b) Financiamiento por la militancia;

c) Financiamiento de simpatizantes;

d) Autofinanciamiento; y

e) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

2. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los órganos con autonomía constitucional de la Federación y de los estados, y los Ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;

c) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;

d) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

e) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión;

f) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero; y

g) Las personas morales de cualquier tipo.

3. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, con excepción de las obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública.

4. Las aportaciones que se realicen a los partidos políticos, no serán deducibles de impuestos.

5. Los partidos políticos en los términos de la fracción IV del inciso c) del párrafo 1 del artículo 7 de esta Ley, deberán tener un órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y de campaña, así como de la presentación de los informes a que se refiere el artículo 56 de este mismo ordenamiento. Dicho órgano se constituirá en los términos y con las modalidades y características que cada partido libremente determine.

6. La revisión de los informes que los partidos políticos y las agrupaciones políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios y de campaña, según corresponda, así como la práctica de auditorías, monitoreos y verificaciones sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

Artículo 51

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal;

II. El resultado de la operación señalada en la fracción anterior constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá de la siguiente manera:

- el treinta por ciento de la cantidad total que resulte se entregará en forma igualitaria a los partidos políticos con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión.

- el setenta por ciento restante se distribuirá según el porcentaje de la votación nacional emitida que hubiese obtenido cada partido político con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión en la elección de diputados por mayoría relativa inmediata anterior;

III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente; y

IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas a que se refiere el inciso c) de este artículo.

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el dos por cierto del financiamiento público ordinario.

b) Para gastos de campaña:

I. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año;

II. En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de Diputados, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al treinta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; y

III. El monto para gastos de campaña se otorgará a los partidos políticos en forma adicional al resto de las prerrogativas.

c) por actividades específicas como entidades de interés público:

I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado;

II. El Consejo General, a través del órgano técnico de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, vigilará que éstos destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso exclusivamente a las actividades señaladas en la fracción inmediata anterior; y

III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.

2. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las siguientes bases:

a) se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo; y

b) Participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria;

3. Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior serán entregadas por la parte proporcional que corresponda a la anualidad a partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año.

4. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades:

a) el financiamiento general de los partidos políticos y para sus campañas que provenga de la militancia estará conformado por las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, y por las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas conforme a las siguientes reglas:

I. El órgano interno responsable del financiamiento de cada partido deberá expedir recibo de las cuotas o aportaciones recibidas, de los cuales deberá conservar una copia para acreditar el monto ingresado; y

II. Cada partido político determinará libremente los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados.

b) Las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas tendrán el límite que fije el órgano interno responsable del manejo del financiamiento de cada partido. La suma de las aportaciones realizadas por todos los candidatos de un mismo partido queda comprendida dentro del límite establecido en el párrafo 5 de este artículo.

c) el financiamiento de simpatizantes estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas identificables con residencia en el país, que no estén comprendidas en el párrafo 2 del artículo 50 Las aportaciones se deberán sujetar a las siguientes reglas:

I. Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados y simpatizantes por una cantidad superior al diez por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña presidencial inmediata anterior;

II. De las aportaciones en dinero deberán expedirse recibos foliados por los partidos políticos en los que se harán constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en caso de aportaciones que sumen en su totalidad más de 250 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal dentro de un ejercicio fiscal, también el registro federal de contribuyentes del aportante. Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado conforme a las leyes aplicables en el caso de colectas, sólo deberá reportarse en el informe correspondiente el monto total obtenido;

III. Las aportaciones en dinero que realice cada persona física facultada para ello, tendrán un límite anual equivalente al punto cinco por ciento del monto total del tope de gasto fijado para la campaña presidencial;

IV. Las aportaciones en dinero podrán realizarse en parcialidades y en cualquier tiempo, pero el monto total aportado durante un año por una persona física no podrá rebasar, según corresponda los límites establecidos en la fracción anterior, y

V. Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente para el cumplimiento del objeto del partido político que haya sido beneficiado con la aportación;

VI. El Instituto Nacional Electoral deberá publicar la lista de las aportaciones de simpatizantes en dinero, en especie y en bienes muebles e inmuebles que recibe cada partido, señalando el nombre de la persona física y su aportación.

d) el autofinanciamiento estará constituido por los ingresos que los partidos obtengan de sus actividades promocionales, tales como conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y de propaganda utilitaria así como cualquier otra similar que realicen para allegarse fondos, las que estarán sujetas a las leyes correspondientes a su naturaleza. Para efectos de esta Ley, el órgano interno responsable del financiamiento de cada partido político reportará los ingresos obtenidos por estas actividades en los informes respectivos; y

e) Los partidos políticos podrán establecer en instituciones bancarias domiciliadas en México cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión de sus recursos líquidos a fin de obtener rendimientos financieros, sujetos a las siguientes reglas:

I. Deberán informar a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de la apertura de la cuenta, fondo o fideicomiso respectivo, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato respectivo, acompañando copia fiel del mismo, expedida por la institución de banca privada con la que haya sido establecido.

II. Las cuentas, fondos y fideicomisos que se constituyan serán manejados a través de las operaciones bancarias y financieras que el órgano responsable del financiamiento de cada partido político considere conveniente, pero sólo podrán hacerlo en instrumentos de deuda emitidos por el gobierno mexicano en moneda nacional y a un plazo no mayor de un año.

III. En todo caso, las cuentas, fondos o fideicomisos no estarán protegidos por los secretos bancario o fiduciario, por lo que el Instituto podrá requerir en todo tiempo información detallada sobre su manejo y operaciones; y

IV. Los rendimientos financieros obtenidos a través de esta modalidad deberán destinarse para el cumplimiento de los objetivos del partido político.

5. En todo caso, la suma que cada partido puede obtener anualmente de los recursos provenientes de las fuentes señaladas en los incisos a), b) y d) de la fracción 4 de este artículo, y los obtenidos mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública, no podrá ser mayor al diez por ciento anual del monto establecido como tope de gasto de campaña para la elección presidencial inmediata anterior.

Capítulo tercero

De la fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales

Artículo 52

1. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos es el órgano técnico del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación

2. En el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad contará con autonomía de gestión y su nivel jerárquico será equivalente al de dirección ejecutiva del Instituto.

3. En el desempeño de sus facultades y atribuciones la Unidad no estará limitada por los secretos bancario, fiscal o fiduciario establecidos por otras leyes. Las autoridades competentes están obligadas a atender y resolver, en un plazo máximo de treinta días hábiles, los requerimientos de información que en esas materias les presente la Unidad.

4. Cuando en el desempeño de sus atribuciones y ejercicio de sus facultades los órganos electorales de las entidades federativas responsables de fiscalizar y vigilar los recursos de los partidos políticos, requieran superar la limitación establecida por los secretos bancario, fiscal o fiduciario, solicitarán la intervención de la Unidad a fin de que ésta actúe ante las autoridades en la materia, para todos los efectos legales.

Artículo 53

1. El director general de la Unidad de Fiscalización será designado por el Consejo General, deberá reunir los mismos requisitos que esta Ley establece para los directores ejecutivos del Instituto, además de comprobar experiencia en tareas de dirección de fiscalización, con al menos cinco años de antigüedad

Artículo 54

1. La Unidad tendrá las siguientes facultades:

a) Presentar al Consejo General para su aprobación el proyecto de Reglamento de la materia, y los demás acuerdos, para regular el registro contable de los ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales, las características de la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos y establecer los requisitos que deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que le presenten, de conformidad a lo establecido en esta Ley;

b) Emitir las normas generales de contabilidad y registro de operaciones aplicables a los partidos políticos;

c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en esta Ley;

d) Recibir los informes trimestrales y anuales, así como de gastos de precampaña y campaña, de los partidos políticos y sus candidatos, así los demás informes de ingresos y gastos establecidos por esta Ley

e) Revisar los informes señalados en el inciso anterior;

f) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos;

g) Ordenar la práctica de auditorías, directamente o a través de terceros, a las finanzas de los partidos políticos;

h) Ordenar visitas de verificación a los partidos políticos con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes;

i) Presentar al Consejo General los informes de resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos. Los informes especificarán las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en el manejo de sus recursos; el incumplimiento de su obligación de informar sobre la aplicación de los mismos y, en su caso, propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable;

j) Proporcionar a los partidos políticos la orientación, asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en este Capítulo;

k) Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político, a partir del momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en esta Ley.

l) Revisar los informes de ingresos y gastos que le presenten las agrupaciones políticas nacionales y las organizaciones de observadores electorales, de conformidad a lo que establezca el Reglamento que al efecto apruebe el Consejo General;

m) Ser responsable de los procedimientos de liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de esta Ley

n) Presentar al Consejo General para su aprobación el proyecto de Reglamento para el desahogo de los procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en materia de fiscalización y vigilancia de los recursos de los partidos políticos; dichas quejas deberán ser presentadas ante la Unidad;

o) Instruir los procedimientos administrativos a que haya lugar respecto de las quejas a que se refiere el inciso anterior y proponer a la consideración del Consejo General la imposición de las sanciones que procedan. Los quejosos podrán desistirse, en cuyo caso el procedimiento será sobreseído;

p) Celebrar convenios de coordinación con las autoridades competentes en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos en las entidades federativas, con la aprobación del Consejo General;

q) Prestar y recibir los apoyos establecidos en los convenios a que se refiere el inciso anterior;

r) Ser conducto para que las autoridades locales a que se refiere el inciso q) superen las limitaciones de los secretos bancario, fiduciario o fiscal, en los términos que señale el Reglamento;

s) Requerir de las personas, físicas en relación con las operaciones que realicen con partidos políticos, la información necesaria para el cumplimiento de sus tareas, respetando en todo momento las garantías del requerido. Quienes se nieguen a proporcionar la información que les sea requerida, o no la proporcionen, sin causa justificada, dentro de los plazos que se señalen, se harán acreedores a las sanciones establecidas en esta Ley; y

t) Las demás que le confiera esta Ley o el Consejo General.

2. En el ejercicio de sus facultades, la Unidad deberá garantizar el derecho de audiencia de los partidos políticos y en general de toda persona requerida con motivo de los procesos de fiscalización a que se refiere el presente capítulo. Los partidos tendrán derecho a la confronta de los documentos comprobatorios de sus ingresos y gastos, o de sus estados contables, contra los obtenidos o elaborados por la Unidad sobre las mismas operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre unos y otros.

Artículo 55

1. La Unidad contará con la estructura administrativa que determine su Reglamento interior, y con los recursos presupuestarios que apruebe el Consejo General;

Artículo 56

1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

a) Informes trimestrales de avance del ejercicio:

I. Serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del trimestre que corresponda;

II. En el informe será reportado el resultado de los ingresos y gastos ordinarios que los partidos hayan obtenido y realizado durante el periodo que corresponda.

III. Si de la revisión que realice la Unidad se encuentran anomalías errores u omisiones, se notificará al partido a fin de que las subsane o realice las aclaraciones conducentes. En todo caso los informes trimestrales tienen carácter exclusivamente informativo para la autoridad, y

IV. Durante el año del proceso electoral federal se suspenderá la obligación establecida en este inciso.

b) Informes anuales:

I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte;

II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe;

III. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación patrimonial en el que se manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como un informe detallado de los bienes inmuebles propiedad del partido que corresponda;

IV. Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y firmados por el auditor externo que cada partido designe para tal efecto; y

V. Las agrupaciones políticas nacionales presentarán un informe anual de ingresos y egresos, dentro del mismo plazo señalado en la fracción I de este inciso y siguiendo los lineamientos establecidos en el reglamento aplicable.

c) Informes de precampaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargos de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados.

II. Los partidos deberán presentar informes preliminares de su contabilidad durante el desarrollo de las precampañas a través del sistema electrónico que instrumente el INE; para efecto de que éste lleve a cabo la fiscalización, dé cuenta oportunamente de posibles infracciones, realice auditorías y verificaciones, y prevenga a los partidos para que subsanen sus omisiones antes de que termine la precampaña.

El INE deberá determinar las zonas geográficas y comunidades donde las condiciones socioeconómicas, vías de comunicación y falta de tecnologías informáticas, impidan instrumentar esta disposición. En estos casos se atenderá a la fracción siguiente.

III. Los partidos deberán presentar un informe final de sus gastos de precampañas a más tardar dentro de los 10 días siguientes al de la conclusión de las precampañas; y

III. Los gastos de organización de los procesos internos y precampañas para la selección de candidatos a cargos de elección popular que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe anual que corresponda;

d) Informes de campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

II. Los partidos deberán presentar informes preliminares de su contabilidad durante el desarrollo de las campañas a través del sistema electrónico que instrumente el INE; para efecto de que éste lleve a cabo la fiscalización,dé cuenta oportunamente de posibles infracciones, realice auditorías y verificaciones, y prevenga a los partidos para que subsanen sus omisiones antes de que termine la campaña.

El INE deberá determinar las zonas geográficas y comunidades donde las condiciones socioeconómicas, vías de comunicación y falta de tecnologías de la información, impidan instrumentar esta disposición. En estos casos se atenderá a la fracción siguiente.

III. Los partidos deberán presentar un informe final de sus gastos de campañas a más tardar dentro de los 10 días siguientes al de la conclusión de las campañas;

IV. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en el artículo 167 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el monto y destino de dichas erogaciones.

V. Para la contabilidad de erogaciones relativas a eventos donde participen varios candidatos del mismo partido, éstas deberán ser prorrateadas de la siguiente manera: Cada candidato deberá aportar una parte proporcional al número de electores de la unidad electoral por la que compite.

Artículo 57

1. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos se sujetará a las siguientes reglas:

a) la Unidad contará con treinta días para revisar los informes anuales y trimestrales, y con veinte días para revisar los informes de precampañas y campañas. Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes; este proceso no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales.

b) Si durante la revisión de los informes la Unidad advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, notificará al partido político que haya incurrido en ellos, para que en un plazo de dos días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes;

c) la Unidad está obligada a informar al partido político si las aclaraciones o rectificaciones hechas por éste subsanan los errores u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de dos días para que los subsane. La Unidad informará igualmente del resultado antes del vencimiento del plazo a que se refiere el inciso siguiente para la elaboración del dictamen consolidado;

d) Al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de este párrafo o, en su caso, al concedido para la rectificación de errores u omisiones, la Unidad dispondrá de un plazo de quince días para elaborar un dictamen consolidado, que deberá presentar al Consejo General al día siguiente a su conclusión;

e) el dictamen deberá contener por lo menos:

I. El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos;

II. En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontrados en los mismos; y

III. El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos, después de haberles notificado con ese fin.

IV. La determinación de si se rebasaron los topes de gastos de campaña en alguna elección

f) en el Consejo General se presentará el dictamen y proyecto de resolución que haya formulado la Unidad, y se procederá a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes;

g) Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el dictamen y resolución que en su caso emita el Consejo General, en la forma y términos previstos en la ley de la materia; y

h) el Consejo General del Instituto deberá:

I. Remitir al Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto el recurso, junto con éste, el dictamen de la Unidad y el informe respectivo;

II. Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del recurso, o presentado éste, habiendo sido resuelto por el Tribunal Electoral, al Diario Oficial de la Federación el dictamen y, en su caso, la resolución recaída al recurso, para su publicación; y

III. Publicar en la página de Internet del Instituto el dictamen y, en su caso, las resoluciones emitidas por el Tribunal.

Artículo 58

1. En casos de excepción, y previo acuerdo del Consejo General, la Unidad podrá abrir procesos extraordinarios de fiscalización de los informes ordinarios, con plazos diferentes a los establecidos en el artículo anterior. En todo caso, los procesos extraordinarios deberán quedar concluidos en un plazo máximo de seis meses, salvo que el Consejo General autorice, por causa justificada, la ampliación del plazo. Los acuerdos del Consejo a que se refiere este artículo podrán ser impugnados ante el Tribunal Electoral.

Artículo 59

1. El personal de la Unidad está obligado a guardar reserva sobre el curso de las revisiones y auditorías en las que tenga participación o sobre las que disponga de información. La Contraloría General del Instituto conocerá de las violaciones a esta norma y en su caso impondrá las sanciones que correspondan conforme a esta Ley.

2. El consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo recibirán del director general de la Unidad informes periódicos respecto del avance en las revisiones y auditorías que la misma realice.

Capítulo cuarto

Del régimen fiscal

Artículo 60

1. Los partidos políticos nacionales no son sujetos de los impuestos y derechos siguientes:

a) Los relacionados con las rifas y sorteos que celebren previa autorización legal, y con las ferias, festivales y otros eventos que tengan por objeto allegarse recursos para el cumplimiento de sus fines;

b) Sobre la renta, en cuanto a sus utilidades gravables provenientes de la enajenación de los inmuebles que hubiesen adquirido para el ejercicio de sus funciones específicas, así como los ingresos provenientes de donaciones en numerario o en especie;

c) Los relativos a la venta de los impresos que editen para la difusión de sus principios, programas, estatutos y en general para su propaganda, así como por el uso de equipos y medios audiovisuales en la misma; y

d) Respecto a los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Artículo 61

1. Los supuestos a que se refiere el artículo anterior no se aplicarán en los siguientes casos:

a) En el de contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados o el Distrito Federal, sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, adicionales que se establezcan sobre la propiedad, división, consolidación, traslación y mejora, así como los que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; y

b) De los impuestos y derechos que establezcan los estados, los municipios o el Distrito Federal por la prestación de los servicios públicos.

Artículo 62

1. El régimen fiscal a que se refiere el artículo 60 de esta Ley no releva a los partidos políticos del cumplimiento de otras obligaciones fiscales.

2. Los partidos políticos deberán retener y enterar a las autoridades fiscales, conforme a las leyes aplicables, el impuesto sobre la renta que corresponda por los sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución equivalente que realicen a sus dirigentes, empleados, trabajadores o profesionistas independientes que les presten servicios. La Unidad de Fiscalización y Vigilancia de los Recursos de los Partidos Políticos dará aviso a las autoridades fiscales competentes de la omisión en el pago de impuestos y otras contribuciones en que incurran los partidos políticos.

Artículo 63

1. Las sanciones administrativas se aplicarán por el Consejo General del Instituto con independencia de las responsabilidades civil o penal que, en su caso, pudieran exigirse a los partidos políticos, sus dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.

Artículo 64

1. Un partido político, aportando elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto se investiguen las actividades de otros partidos políticos cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o sistemática.

f) El sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de coaliciones, conforme a lo siguiente:

1. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales;

2. Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas;

3. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles. Por coalición total se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular a la totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral. Por coalición parcial se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma. Por coalición flexible se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral;

4. Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas electorales y las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos;

5. En el primer proceso electoral en el que participe un partido político, no podrá coaligarse.

Titulo Quinto

De los frentes, coaliciones, candidaturas comunes y fusiones

Capítulo Primero

Consideraciones Generales

Artículo 65

1. Los partidos políticos nacionales y estatales podrán formar coaliciones para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa, de gobernadores de los estados, de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de diputados locales por el principio de mayoría relativa, de ayuntamientos y delegados de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

2. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere candidatos de la coalición o candidatura común de la que ellos formen parte.

3. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido registrado como candidato por alguna coalición o como candidato común de otros partidos.

4. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a quien ya haya sido registrado como candidato por algún partido político o como candidato común de dos o más partidos.

5. Ninguna candidatura común podrá registrarse por un candidato que ya haya sido postulado como candidato propio de un partido político o de una coalición.

6. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político. No se aplicará esta prohibición en los casos en que exista coalición o candidatura común en los términos de la presente Ley.

7. Los partidos políticos que se coaliguen, para participar en las elecciones, deberán celebrar y registrar un convenio de coalición o de candidatura común en los términos de esta Ley.

8. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos; podrán participar en la coalición una o más agrupaciones políticas nacionales.

9. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de senadores y diputados, terminará automáticamente la coalición o candidatura común por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso los candidatos a senadores o diputados de la coalición o candidatura común que resultaren electos quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición.

10. Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político podrá participar en más de una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que las integran, por tipo de elección.

11. Participará en el proceso electoral con el emblema que adopte la coalición o los emblemas de los partidos coaligados, así como bajo la declaración de principios, programa de acción y estatutos que haya aprobado la coalición.

12. Los partidos políticos conservarán por separado su representación ante los órganos electorales.

Artículo 66

1. Dos o más partidos podrán coaligarse para postular un mismo candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y para las elecciones de senadores y diputados electos por el principio de mayoría relativa. La coalición total comprenderá, obligatoriamente, las 32 entidades federativas y los 300 distritos electorales.

2. Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de senadores o diputados, deberán coaligarse para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los candidatos a los cargos de Presidente, senadores y diputados, en los términos del párrafo 1 y 6 del presente artículo, y dentro de los plazos señalados para tal efecto en la presente Ley, la coalición y el registro del candidato para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos quedarán automáticamente sin efectos.

4. Dos o más partidos podrán coaligarse solamente para postular un mismo candidato en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cumpliendo los requisitos señalados en el párrafo 6 del presente artículo.

5. Dos o más partidos políticos podrán postular candidatos de coalición parcial para las elecciones de senadores o diputados, exclusivamente por el principio de mayoría relativa, sujetándose a lo siguiente:

a) Para la elección de senador la coalición podrá registrar hasta un máximo de 20 fórmulas de candidatos. El registro deberá contener la lista con las dos fórmulas por entidad federativa; y

b) Para la elección de diputado, de igual manera, podrá registrar hasta un máximo de 200 fórmulas de candidatos.

6. En todo caso, para el registro de la coalición los partidos políticos que pretendan coaligarse deberán:

a) Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección nacional que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados y que dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el programa de gobierno de la coalición o de uno de los partidos coaligados;

b) Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, la postulación y el registro de determinado candidato para la elección presidencial;

c) Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa; y

d) En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de que se trate deberá registrar, por sí mismo, las listas de candidatos a diputados y senadores por el principio de representación proporcional;

Artículo 67

1. En el caso de coalición, independientemente de la elección para la que se realice, cada partido conservará su propia representación en los consejos del Instituto y ante las mesas directivas de casilla.

Artículo 68

1. En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición o candidatos comunes deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje.

2. El Consejo General emitirá el reglamento relativo al acceso a radio televisión por parte de las , las candidaturas comunes y de los partidos que formen parte de las mismas.

3. Es aplicable a las coaliciones electorales y a las candidaturas comunes, cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo establecido en el segundo párrafo del Apartado a de la Base III del artículo 41 de la Constitución General de la República.

Artículo 69

1. La solicitud de registro del convenio de coalición o de candidatura común, según sea el caso, deberá presentarse al presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, acompañado de la documentación pertinente, a más tardar treinta días antes de que se inicie el periodo de precampaña de la elección de que se trate. Durante las ausencias del presidente del Consejo General el convenio se podrá presentar ante el secretario ejecutivo del Instituto.

2. El presidente del Consejo General integrará el expediente e informará al Consejo General.

3. El Consejo General resolverá a más tardar dentro de los diez días siguientes a la presentación del convenio.

4. Una vez registrado un convenio de coalición o de candidatura común, el Instituto dispondrá su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Capítulo Segundo

De las Coaliciones

Artículo 70

1. Por coalición total se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular a la totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral.

2. Una coalición total para una elección federal deberá comprender todas las candidaturas para Diputados Federales, Senadores y, cuando se renueve el ejecutivo federal, también para Presidente de la República.

3. Una coalición total para una elección local deberá comprender todas las candidaturas de diputados locales, miembros de ayuntamientos y, cuando se celebre, las de Gobernador del Estado.

4. La coalición podrá acreditar tantos representantes como correspondiera a un solo partido político ante las mesas de casilla, y generales en el distrito.

5. Las prerrogativas en materia de radio y televisión serán asignadas a la coalición como si fuera un solo partido.

6. Los partidos que formen parte de la coalición no podrán gastar en conjunto más del tope de campaña establecido para cada elección.

7. Para registrar una coalición total se deberá acreditar que la ésta fue aprobada por los órganos de dirección nacional o estatal que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados y que dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el programa de gobierno de la coalición o de uno de los partidos coaligados;

8. Se debe comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados aprobaron la postulación y el registro de todos los candidatos para la elección respectiva.

9. Si una vez registrada la coalición, la misma no registrara la totalidad los candidatos dentro de los plazos señalados para tal efecto en las leyes correspondientes, el registro de la coalición quedará automáticamente sin efectos.

10. Los partidos políticos nacionales que se hubieren coaligado podrán conservar su registro al término de la elección federal, si la votación de la coalición en cualquiera de las tres elecciones es equivalente al 3% de la votación válida emitida.

11. Los partidos políticos locales que se hubieren coaligado podrán conservar su registro al término de la elección local, si la votación de la coalición en cualquiera de las elecciones de ejecutivo o legislativo locales es equivalente al 3% de la votación válida emitida.

12. La coalición deberá registrar una sola lista para candidaturas de representación proporcional para la elección senadores y diputados federales y locales.

13. A la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados federales, o en su caso locales, por el principio de representación proporcional que le corresponda, como si se tratara de un solo partido político.

15. El convenio por el que se forma una coalición total deberá contener lo siguiente:

a) Los partidos políticos que la forman y quién los representará ante los órganos electorales;

b) la elección que la motiva;

c) El nombre, apellidos, lugar de nacimiento y domicilio de cada uno de los candidatos, así como en qué elección competirán.

d) Los lugares que corresponderán a cada partido dentro de las listas para puestos de representación proporcional.

e) la plataforma electoral y, en su caso, el programa de gobierno que sostendrán sus candidatos, así como los documentos en que conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes;

f) El emblema que adopte la coalición o un emblema que incluya el de los partidos coaligados, con el que la coalición aparecerá en todas las boletas electorales.

g) el señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos

h) el acuerdo para el uso de las prerrogativas de radio y televisión, así como el repartimiento de los tiempos oficiales entre los partidos que formen parte de la coalición

i) El monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes.

j) El acuerdo del porcentaje de la votación obtenida por la coalición, que corresponderá a cada uno de los partidos coaligados para los efectos legales a que haya lugar.

Artículo 71

1. Por coalición parcial se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma.

2. Por coalición flexible se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral;

3. Una coalición parcial para una elección federal puede comprender al menos:

a) cincuenta por ciento de las candidaturas de mayoría relativa para Diputados Federales, o

b) cincuenta por ciento delas candidaturas de mayoría relativa para Senadores, o

c) cincuenta por ciento de las candidaturas de mayoría relativa para cada cámara.

4. Una coalición parcial para una elección local podrá comprender al menos: cincuenta por ciento de las candidaturas de diputados locales de mayoría relativa, o cincuenta por ciento de los candidatos a miembros de ayuntamientos, o ambos.

2. Una coalición flexible para una elección federal puede comprender al menos:

a) veinticinco por ciento de las candidaturas de mayoría relativa para Diputados Federales, o

b) veinticinco por ciento de las candidaturas de mayoría relativa para Senadores, o

c) veinticinco por ciento de las candidaturas de mayoría relativa para cada cámara.

3. Una coalición parcial para una elección local podrá comprender al menos: veinticinco por ciento de las candidaturas de diputados locales de mayoría relativa, o veinticinco por ciento de los candidatos a miembros de ayuntamientos, o ambos.

4. En los casos en los que se presenten candidatos de coaliciones parciales y flexibles, las coaliciones podrán acreditar tantos representantes como corresponderían a un solo partido político ante las mesas de casilla, y generales en el distrito. En los casos donde los partidos políticos participen por separado, cada uno podrá acreditar sus propios representantes ante las mesas de casilla, y generales en el distrito.

5. Cada partido político de una coalición parcial o flexible conservará sus propias prerrogativas en materia de radio y televisión.

6. Los partidos que formen parte de una coalición parcial o flexible no podrán gastar en conjunto más del tope de campaña establecido para cada elección en la que participe coaligado.

7. Para registrar una coalición parcial o flexible se deberá acreditar que ésta fue aprobada por los órganos de dirección nacional o estatal que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados, y que dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el programa de gobierno de la coalición o de uno de los partidos coaligados;

8. Se debe comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados aprobaron la postulación y el registro de todos los candidatos para la elección respectiva.

9. Si una vez registrada la coalición parcial o flexible, la misma no registrare los candidatos dentro de los plazos señalados para tal efecto en las leyes correspondientes, el registro de la coalición parcial quedará automáticamente sin efectos.

12. Cada partido político presentará por separado su propia lista de candidatos de representación proporcional para la elección senadores y diputados federales y locales.

13. El convenio por el que se forma una coalición parcial o flexible deberá contener lo siguiente:

a) Los partidos políticos que la forman;

b) la elección que la motiva;

c) El nombre, apellidos, lugar de nacimiento y domicilio de cada uno de los candidatos, así como en qué elección competirán.

e) la plataforma electoral y, en su caso, el programa de gobierno que sostendrán sus candidatos, así como los documentos en que conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes;

f) El emblema que adopte la coalición o un emblema que incluya el de los partidos coaligados, con el que la coalición aparecerá en la boleta electoral de aquellas elecciones donde los partidos vayan coaligados.

g) el señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos.

h) el acuerdo de lo que cada partido coaligado aportará de sus prerrogativas de radio y televisión a las candidaturas de la coalición.

i) El monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes.

j) El acuerdo del porcentaje de la votación obtenida por la coalición parcial o flexible, que corresponderá a cada uno de los partidos coaligados. Dicho porcentaje será sumado a la votación que reciba cada partido político en las elecciones en que haya participado en forma individual. Lo anterior para los efectos de la asignación de senadores y diputados federales y locales por el principio de representación proporcional y demás efectos legales a que haya lugar.

Artículo 72

Los convenios de coalición deberán presentarse por escrito ante la autoridad electoral correspondiente veinte días antes del inicio del plazo de registro de las candidaturas de la elección que la motive.

La autoridad electoral del ámbito que corresponda deberá resolver a más tardar diez días antes de del inicio del plazo de registro de las candidaturas de la elección correspondiente.

Artículo 73

Los acuerdos de procedencia o improcedencia de los convenios de coalición podrán ser impugnables ante la autoridad jurisdiccional, quien deberá emitir una resolución última y definitiva en un plazo de 10 días hábiles.

Capítulo Tercero

Candidaturas Comunes

Artículo 74

1. Dos o más partidos políticos, sin establecer coalición, pueden postular a un candidato común para las elecciones de Presidente de la República, Senadores y Diputados federales y locales de mayoría relativa, Gobernadores y miembros de los ayuntamientos.

2. Los partidos que tengan un candidato común podrán acreditar sus propios representantes ante las mesas de casilla, y generales en el distrito.

3. Cada partido político que comparta una candidatura común conservará sus propias prerrogativas en materia de radio y televisión.

4. Los partidos que compartan una candidatura común no podrán gastar en conjunto más del tope de campaña establecido para cada elección en la que participen.

5. Para registrar una candidatura en común se deberá acreditar que la ésta fue aprobada por los órganos de dirección nacional o estatal que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos y que dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el programa de gobierno de la candidatura;

6. Se debe comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos aprobaron la postulación y el registro del candidato común.

7. Cada partido político presentará por separado sus propios candidatos para el resto de las elecciones en las que no tengan candidatos comunes.

8. Cada uno de los partidos políticos que postulen una candidatura común aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato común y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en esta ley.

9.Para registrar una candidatura común debe manifestarse consentimiento por escrito por parte del ciudadano o ciudadanos postulados, así como de los partidos políticos que intervienen, acompañado de la plataforma electoral que sustentarán y del acuerdo de quien ostentará la representación de la candidatura para los efectos legales a que haya lugar.

Título sexto

De la pérdida de registro

Artículo 75

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:

a) No participar en un proceso electoral federal ordinario;

b) No obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del párrafo 1 del artículo 12 de esta Ley;

c) No obtener por lo menos el dos por ciento la votación emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, si participa coaligado, en términos del convenio celebrado al efecto;

d) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro;

e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto Nacional Electoral las obligaciones que le señala esta Ley;

f) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que establezcan sus estatutos; y

g) Haberse fusionado con otro partido político, en los términos del artículo anterior.

Artículo 76

1. Para la pérdida del registro a que se refieren los incisos a) al c) del artículo anterior, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral emitirá la declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los consejos del Instituto, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral, debiéndola publicar en el Diario Oficial de la Federación.

2. En los casos a que se refieren los incisos c) al g), del párrafo 9 del artículo 15, y e) al g) del párrafo 1 del artículo anterior, la resolución del Consejo General del Instituto sobre la pérdida del registro de una agrupación política o de un partido político, según sea el caso, se publicará en el Diario Oficial de la Federación. No podrá resolverse sobre la pérdida de registro en los supuestos previstos en los incisos e) y f) del párrafo 9 del artículo 15 y d) y e), del párrafo 1 del artículo 75, sin que previamente se oiga en defensa a la agrupación política o al partido político interesado

3. La pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de mayoría relativa.

Artículo 77

1. De conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base II del Artículo 41 de la Constitución General de la República, el Instituto Nacional Electoral dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la Federación los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro legal; para tal efecto se estará a lo siguiente, y a lo que determine en reglas de carácter general el Consejo General del Instituto Nacional Electoral:

a) Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto se desprende que un partido político nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido en el inciso b) del párrafo primero del artículo 75 de esta Ley, la Unidad de Fiscalización designará de inmediato a un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate. Lo mismo será aplicable en el caso de que el Consejo General del Instituto declare la pérdida de registro legal por cualquier otra causa de las establecidas en esta Ley;

b) La designación del interventor será notificada de inmediato, por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto, al partido de que se trate, en ausencia del mismo la notificación se hará en el domicilio social del partido afectado, o en caso extremo por estrados;

c) A partir de su designación el interventor tendrá las más amplias facultades para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político que no haya alcanzado el porcentaje mínimo de votación a que se refiere el inciso anterior, por lo que todos los gastos que realice el partido deberán ser autorizados expresamente por el interventor. No podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político.

d) Una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro legal a que se refiere el párrafo 1 del artículo 76 de esta Ley, o que el Consejo General, en uso de sus facultades, haya declarado y publicado en el Diario Oficial de la Federación su resolución sobre la cancelación del registro legal de un partido político nacional por cualquiera de las causas establecidas en esta Ley, el interventor designado deberá

I. Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, mismo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación para los efectos legales procedentes;

II. Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político en liquidación;

III. Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere la fracción anterior;

IV. Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación; realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan; si quedasen recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia;

V. Formulará un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el informe será sometido a la aprobación del Consejo General del Instituto. Una vez aprobado el informe con el balance de liquidación del partido de que se trate, el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes señalado;

VI. Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán adjudicados íntegramente a la Federación; y

VII. En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las garantías que la Constitución y las leyes establecen para estos casos. Los acuerdos del Consejo General serán impugnables ante el Tribunal Electoral.

g) Un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, que deberá contener:

1. Las facultades y procedimientos para que la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos se realice de forma expedita y oportuna durante la campaña electoral;

2. Los lineamientos homogéneos de contabilidad, la cual deberá ser pública y de acceso por medios electrónicos;

3. Los mecanismos por los cuales los partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas independientes deberán notificar al órgano de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la información sobre los contratos que celebren durante las campañas o los procesos electorales, incluyendo la de carácter financiero y la relativa al gasto y condiciones de ejecución de los instrumentos celebrados. Tales notificaciones deberán realizarse previamente a la entrega de los bienes o la prestación de los servicios de que se trate;

4. Las facultades del Instituto Nacional Electoral para comprobar el contenido de los avisos previos de contratación a los que se refiere el numeral anterior;

5. Los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de contrataciones emitidos por la autoridad electoral;

6. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos a sus actividades y campañas electorales, por conducto del Instituto Nacional Electoral, en los términos que el mismo Instituto establezca mediante disposiciones de carácter general;

7. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos a la contratación de publicidad exterior, por conducto del Instituto Nacional Electoral, y

8. Las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de sus obligaciones

Titulo Séptimo

De las sanciones

Capitulo único

Artículo 78

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta norma:

a) Los partidos políticos;

b) Las agrupaciones políticas nacionales;

Artículo 79

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

a) Realizar acciones fuera de los cauces legales y permitir la que la conducta de sus militantes sea contraria a los principios del Estado democrático, sin respetar la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

b) Recurrir deliberadamente a la violencia o cualquier acto que tenga por objeto o resultado, alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno o parlamentarios;

c) No contar con el mínimo de afiliados establecido en esta norma;

d) Utilizar denominación, emblema y color o colores distintos a los que tengan registrados,

e) Violentar de forma grave y reiterada las normas de afiliación establecidas en sus estatutos

f) Conculcar los mínimos previstos en esta norma, para la realización de procedimientos internos de selección de candidatos y dirigentes.

g) No renovar de forma periódica sus órganos directivos conforme a sus estatutos, o impedir el funcionamiento efectivo y regular de los mismos;

k) Impedir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados por la Ley Electoral así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos;

l) Abstenerse de informar al Instituto, los cambios de los integrantes de sus órganos directivos, o de su domicilio social;

m) Actuar de manera subordinada a partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;

n) Aplicar el financiamiento para fines distintos a los que señala presente norma y la legislación electoral aplicable;

ñ) Recibir aportaciones o donativos, en dinero o en especie de los sujetos previstos en el párrafo segundo del artículo 50 de esta Ley;

ñ) Promover en su propaganda política o electoral, de expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas;

o) Utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;

p) Realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos;

q) Incumplir las reglas de equidad de género en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular;

r) Incumplir con las obligaciones que esta Ley establece en materia de transparencia y acceso a su información, protección de datos personales, clasificación y conservación de documentos, así como organización de archivos; y

s) Las demás que establezcan esta norma y la Ley Electoral.

2. Las denuncias relacionadas con infracciones contenidas en el párrafo anterior, se sustanciarán de acuerdo con el procedimiento previsto por la legislación aplicable.

3. No serán responsables los partidos políticos, por actos u omisiones de terceros, cuando realicen acciones o actos tendentes a deslindar su responsabilidad en forma eficaz, idónea, razonable y oportuna. En todos los casos deberán realizar las acciones jurídicas a su alcance.

Artículo 80

1. Constituyen infracciones de las agrupaciones políticas nacionales la presente norma:

a) El incumplimiento de las obligaciones que les señala el artículo 15 de esta ley, y

b) El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta norma.

2. Las denuncias relacionadas con infracciones contenidas en el párrafo anterior, se sustanciarán de acuerdo con el procedimiento previsto por la legislación aplicable.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del Senado de la República, 10 de abril de 2014

Suscriben

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.- Sen. David Monreal Avila.- Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.- Sen. Manuel Bartlett Díaz.- Sen. Martha Palafox Gutiérrez.- Sen. Layda Sansores San Román.- Dip. Alberto Anaya Gutiérrez.- Dip. Lilia Aguilar Gil.- Dip. José Alberto Benavides Castañeda.- Dip. Ricardo Cantú Garza.- Dip. Jaime Bonilla Valdez.- Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.- Dip. Loretta Ortiz Ahlf.- Dip. José Arturo López Cándido.- Dip. Héctor Hugo Roblero Gordillo.- Dip. María del Carmen Martínez Santillán.- Dip. Rosa Elia Romero Guzmán.- Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal.-Dip. Araceli Torres Flores.- Dip. Adolfo Orive Bellinger”.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga el Código Federal de Procedimientos Electorales y se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Delitos Electorales.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DELITOS ELECTORALES

(Presentada por los CC. Senadores y Diputados del grupo parlamentario del PT, con aval de grupo)

“Los que suscriben, SENADORES Y DIPUTADOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN EL CONGRESO DE LA UNION, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 y 164 del Reglamento del Senado de la República; así como de los artículos 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, elevan a la consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En esta iniciativa, los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo en las Cámaras de Diputados y Senadores aportamos nuestras ideas para la discusión de la Ley General que el Congreso de la Unión deberá expedir para cumplir con el segundo artículo transitorio de la Reforma Político Electoral, promulgada el 2 de febrero de 2014.

Partimos de la idea de que la mayor parte de las regulaciones del COFIPE vigente siguen siendo apropiadas para normar los procesos electorales, el sistema electoral y la estructura orgánica de la autoridad electoral. Por estas razones, en nuestra propuesta conservamos la mayor parte del texto y la estructura del antiguo COFIPE. Sin embargo, es evidente que se deben hacer los ajustes derivados de los cambios en el tipo de la ley donde ahora se asentarán las reglas electorales de todo el país, así como aquellos derivados del nuevo nombre y funciones del Instituto Nacional Electoral. También es necesario eliminar de la Ley las secciones que se refieren a los partidos políticos y los delitos electorales, que se convertirán en leyes independientes y sobre las cuales el Partido del Trabajo presentará iniciativas.

Además de lo ya mencionado, Los cambios de fondo que el PT propone para una Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales están relacionados con los nuevos conceptos que introdujo la reforma constitucional respecto al sistema electoral y a la manera en la que se conformarán las legislaturas estatales. Nos interesa resaltar estos puntos, porque son cruciales para el buen funcionamiento de nuestro sistema político y porque consideramos que las iniciativas que han presentado PRI-PVEM, PAN y PRD son omisas o hacen argumentaciones deficientes para abordar estos temas. Los grupos parlamentarios del PT en las Cámaras de Diputados y Senadores buscaremos con determinación que dichos temas sean incorporados en la discusión de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

1. Votación Válida Emitida

La reforma constitucional del 2 de febrero de 2014 modifica los límites para que los partidos políticos puedan mantener su registro, al pasar del 2 al 3%. También cambia los conceptos en los que deben basar los cálculos para la asignación de curules en la Cámara de Diputados por el principio de Representación Proporcional, al establecer un nuevo concepto llamado Votación Válida Emitida. Por esta razón, es necesario reflejar dichos cambios en la nueva ley electoral.

Artículo 41, Base I, Párrafo 3:

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.

Artículo 54, Base II:

Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional

Aunque a primera vista parece sencillo definir la Votación Válida Emitida, el Congreso de la Unión debe ser cuidadoso para evitar que sus definiciones queden incompletas o contengan errores, ya que esto podría llevar a que la constitucionalidad de la ley sea impugnada.

Por ejemplo, éste fue el caso de la Constitución y la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, donde el legislador local no dio una definición completa y el PT tuvo que recurrir al TEPJF para que ayudara a establecer qué fórmula era la apropiada para calcular el límite para que los partidos pudieran conservar su registro.

En su argumentación sobre ese caso, El TEPJF definió que

(…L)os vocablos “válida” y “emitida” utilizados en la frase normativa antes mencionada, son aquéllos que hacen referencia a la votación que se emitió y que tiene efectos útiles y eficaces, es decir, la que debe computarse a favor de los partidos políticos o coaliciones contendientes en la elección de que se trate.

Así, se tiene que la votación estatal válida emitida, para efectos de determinar el porcentaje mínimo de asignación de curules por el principio de representación proporcional, es aquélla que resulta de restar al total de los votos emitidos, la que no tiene efectos útiles, esto es, la relativa a candidatos no registrados, así como los votos nulos. 1

La lógica del tribunal en el caso de los estados, fue contar dentro de la Votación Válida Emitida sólo los votos UTILES y EFICACES, emitidos a favor de partidos y coaliciones. La utilidad y eficacia de un voto se considera respecto al procedimiento de asignación de curules de representación proporcional; en el cual sólo tienen derecho de participar los partidos políticos y las coaliciones.

Nosotros consideramos que lo más apropiado es utilizar la misma argumentación para definir la Votación Válida Emitida en el caso de la federación. Sólo es necesaria una precisión, porque la definición del tribunal se creó en un contexto donde aún no existían las candidaturas independientes.

Los votos por candidatos independientes son similares a los votos nulos y los votos por candidatos no registrados, en el sentido de que tampoco son útiles y eficaces para en la asignación de curules de representación proporcional. Esto es así porque los candidatos independientes no tienen derecho a participar en dicho proceso. Por lo tanto los votos a favor de ellos no deberían contarse como parte de la Votación Válida Emitida

Las propuestas de otros partidos incluyen a los candidatos independientes en el cálculo de la Votación Válida Emitida. Esa definición afecta directamente a los partidos pequeños porque aumenta la base con la que se calcula el límite del 3%. No se puede aceptar lo que ellos proponen porque entonces el límite no se referiría solamente a los votos a favor de quienes tienen derecho a participar en la asignación de diputados de representación proporcional.

Por lo anteriormente expuesto, el Partido del Trabajo propone los siguientes cambios a las definiciones y uso de conceptos en las fórmulas electorales:

Redacción actual – COFIPE

Redacción Propuesta – LGE

Artículo 12

1. Para los efectos de la aplicación de la fracción II del artículo 54 de la Constitución, se entiende por votación total emitida la suma de todos los votos depositados en las urnas.

2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el dos por ciento y los votos nulos.

3. Ningún partido político podrá contar con más de trescientos diputados por ambos principios. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento.

Artículo 12

1. Para los efectos de la aplicación de la fracción II del artículo 54 de la Constitución, se entiende por votación valida emitida a la que resulte de restar al total de los votos depositados en las urnas, los votos a favor de candidatos no registrados, los votos a favor de los candidatos independientes y los votos nulos.

2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación valida emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de la misma.

3. Ningún partido político podrá contar con más de trescientos diputados por ambos principios. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento.

2. Conceptos para la asignación de diputados en las legislaturas locales

La en la reforma constitucional a los artículos 116 y 122 se establecieron límites de sobrerrepresentación y subrepresentación en la asignación de diputados de las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Párrafo 3 de la fracción II del artículo 116 de la CPEUM:

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

A partir de un análisis del nuevo texto constitucional, se hace evidente que hay dos asuntos que no se pueden dejar fuera de la Ley General. En primer lugar, es necesario que la Ley General defina claramente a qué se refiere la Constitución con conceptos como Votación Emitida, Porcentaje de Votación y Porcentaje de Representación, de modo que las entidades federativas puedan utilizarlos en sus leyes electorales para el establecimiento de sus respectivas fórmulas electorales.

Se propone usar la misma lógica que se sigue en la definición de los conceptos utilizados en la fórmula de asignación de diputados federales. Primero se hace una distinción entre Votación Válida Emitida y Votación Emitida (Estatal):

• La primera servirá para calcular el porcentaje mínimo que establecen las legislaciones locales para que los partidos tengan derecho a participar en el reparto de diputaciones, una vez que se descuentan los votos que no son útiles para dicho proceso.

• La segunda es la base para el cálculo que transforme los votos en curules, una vez que se descuentan los votos por partidos que no tengan derecho a participar en ello.

Esta distinción está de acuerdo con la decisión del TEPJF respecto a la interpretación de las constituciones y leyes locales que no definen la separación entre los dos conceptos que son necesarios para la fórmula electoral.2

Segundo, para los porcentajes de votación y representación se proponen definiciones basadas en el cálculo aritmético de un porcentaje. La base para calcular el Porcentaje de Votación será la Votación Emitida, definida con anterioridad. La base para calcular el Porcentaje de Representación será el resultado de la fórmula local de asignación de curules.

De este modo, se proponen las siguientes definiciones en la Ley General para efectos de la interpretación y regulación en las entidades federativas del párrafo 3 de la fracción II del artículo 116 de la constitución:

a) Votación Válida Emitida: Se entenderá como lo que resulte de restar al total de votos depositados en las urnas para la elección de la legislatura local, los votos a favor de candidatos no registrados, los votos a favor de candidatos independientes y los votos nulos.

b) Votación Emitida: Se entenderá como el resultado de restar a la Votación Válida Emitida, aquellos votos a favor de los partidos que no alcancen el mínimo establecido en la legislación local para tener derecho a que le sean asignadas curules por el principio de representación proporcional en la legislatura local.

c) Porcentaje de Votación: Será el resultado de multiplicar por cien la división de los votos a favor de un partido político entre la Votación Emitida.

d) Porcentaje de representación: Se entenderá como el resultado de multiplicar por cien la división del total de curules en la legislatura local que corresponderían un partido político, entre el total de curules que la conformen. En dicho cálculo, se aplicará la fórmula de asignación de curules establecida en la legislación local.

Reglas de sobrerrepresentación y subrepresentación

Por otro lado, el reducido tamaño de las legislaturas locales podría llevar a escenarios donde sea imposible cumplir la regla de subrepresentación. Imaginemos una elección hipotética a partir del caso de la legislatura de Chihuahua, donde hay 22 diputaciones de mayoría relativa y 11 de representación proporcional.

 

Distritos ganados

Porcentaje de votación

Curules correspondientes

Porcentaje de representación

Sobre o subrepresentación

Partido M

22

38%

22(MR)

66.66%

(+)28.66%

Partido N

0

35%

5(RP)

15.15%

(-)19.85%

Partido O

0

25%

5(RP)

15.15%

(-)9.85%

Partido P

0

2%

1(RP)

3.03%

(+)1.03%

En esta elección hipotética, el partido M habría ganado los 22 distritos uninominales, obteniendo las 22 curules de mayoría relativa correspondientes. Su sobrerrepresentación sería de 28.66%, pero no se le aplicaría el límite constitucional de 8% porque sus victorias habrían sido en distritos uninominales. Los partidos N y O, con 35 y 25% de la votación respectivamente, tendrían una subrepresentación de 19.85 y 9.85%. En ambos casos se violaría la regla de subrepresentación; sin embargo, sería imposible evitar que la repartición resultara anticonstitucional, ya que sólo existen 11 diputaciones de representación proporcional para repartir.

Se podrían ofrecer sistemas alternativos para resolver este problema. El primero sería establecer un método puro de representación proporcional para asignar los 11 asientos que no son de mayoría relativa, respetando el derecho de representación de los partidos pequeños. El segundo sería el de minimizar la subrepresentación de los segundos lugares. Sin embargo, es fácil demostrar que ninguna de las dos propuestas satisfaría los requisitos de subrepresentación de la Constitución.

Caso 1: Asignación de las 11 curules por representación proporcional perfecta (resto mayor)

 

Distritos ganados

Porcentaje de votación

Curules correspondientes

Porcentaje de representación

Sobre o subrepresentación

Partido M

22

38%

22(MR)

66.66%

(+)28.66%

Partido N

0

35%

6(RP)

18.18%

(-)16.82%

Partido O

0

25%

4(RP)

12.12%

(-)12.88%

Partido P

0

2%

1(RP)

3.03%

(+)1.03%

Caso 2: Asignación de las 11 curules minimizando la subrepresentación de los partidos más grandes

 

Distritos ganados

Porcentaje de votación

Curules correspondientes

Porcentaje de representación

Sobre o subrepresentación

Partido M

22

38%

22(MR)

66.66%

(+)28.66%

Partido N

0

35%

9(RP)

27.27%

(-)7.73%

Partido O

0

25%

2(RP)

6.06%

(-)18.94%

Partido P

0

2%

0(RP)

0%

(-)2%

Ninguno de esos métodos sería constitucional, porque se puede apreciar que ninguno puede eliminar el problema matemático causado por la regla de subrepresentación en la elección hipotética que se está considerando. El primer caso falla en reducir la subrepresentación de los partidos N y O a menos de 8%. El segundo caso falla para lograr que el partido O no quede subrepresentado, además de que crea terribles distorsiones que reducen la pluralidad de la legislatura al impedir la representación de los partidos más pequeños.

Considerando lo anterior, la solución propuesta por el Partido del Trabajo para evitar que se viole la Constitución en casos como el descrito, consiste en tomar una idea de las legislaturas de países con legislaturas mixtas, como Alemania, Nueva Zelanda, y los países nórdicos. Aunque esos países tienen sistemas políticos y electorales muy distintos del nuestro, se asemejan a nuestro caso en que sus ciudadanos también votan por diputados de representación proporcional y mayoría relativa.

Para evitar los problemas de sobre y subrepresentación, esos países utilizan las “curules de ajuste” (“Balancingseats”), que son asientos adicionales que se añaden al tamaño normal de la legislatura para permitir que los porcentajes de representación se acerquen a los porcentajes de votación.

En el caso de las legislaturas locales en México, esta propuesta consistiría en calcular, a partir de la fórmula electoral de cada estado, cuántos diputados necesitaría un partido para que dejar de rebasar el límite de subrepresentación de 8%; y posteriormente asignárselos a partir de sus listas plurinominales, aumentando el tamaño de la legislatura con curules de ajuste.

 

Distritos ganados

Porcentaje de votación

Curules correspondientes

Porcentaje de representación*

Sobre o subrepresentación*

Partido M

22

38%

22(MR)

66.66%

(+)28.66%

Partido N

0

35%

9(RP)

27.27%

(-)7.73%

Partido O

0

25%

6(RP)

18.18%

(-)6.82%

Partido P

0

2%

1(RP)

3.03%

(+)1.03%

*Los porcentajes de sobrerrepresentación y subrepresentación se calculan a partir de las 33 curules originales de la legislatura.

En el ejemplo hipotético planteado anteriormente, se asignarían tres diputados nuevos al partido N y dos al partido O, añadiendo cinco curules de ajuste nuevas a la legislatura local. Con dicha medida se evitaría cualquier caso en que la distribución de votos crease una distribución de curules anticonstitucional. Al mismo tiempo, se respetaría el derecho de los partidos minoritarios de recibir su asignación inicial de curules, lo que ayudaría a mantener la pluralidad de las legislaturas locales.

Por esto se propone que para aplicar los principios de sobre y subrepresentación, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

1. Se debe aplicar la fórmula electoral local para establecer una distribución inicial de legisladores. Dicha fórmula debe respetar el mínimo establecido en la legislación local para que un partido tenga derecho a la asignación de curules.

2. Se debe calcular el porcentaje de representación de cada partido con base en esa distribución inicial.

3. En su caso, se debe aplicar primero el límite de 8% a la sobrerrepresentación y se debe recalcular el porcentaje de representación de cada partido.

4. En caso de que uno o más partidos se encuentren en el supuesto de subrepresentación, se deben calcular cuántos diputados serían necesarios respecto al tamaño original de la legislatura para que estos partidos dejen de estar en ese supuesto.

5. Por último, se les deberá asignar dicho número, aumentando el número de curules de representación proporcional que componen a la legislatura local.

En esta iniciativa proponemos integrar un nuevo artículo con las definiciones y las reglas antes mencionadas.

Disposiciones adicionales

Se modifican los artículos relativos al cómputo de votos de partidos, coaliciones y candidatos para adecuar esta propuesta a la iniciativa de Ley General de Partidos, la cual se presentará en conjunto con esta iniciativa.

A partir de estas consideraciones, ponemos a consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente proyecto de

DECRETO

Artículo Primero.- Se deroga el Código Federal de Procedimientos Electorales.

Artículo Segundo.- Se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los términos siguientes:

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Título primero

Disposiciones preliminares

Artículo 1

1. Las disposiciones de esta Ley General son de orden público y de observancia general en el territorio nacional y para los ciudadanos mexicanos que ejerzan su derecho al sufragio en el territorio extranjero.

2. Esta Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a:

a) Los derechos y obligaciones electorales de los ciudadanos.

b) La función estatal de organizar las elecciones de los cargos públicos de elección popular federales y locales.

Artículo 2

1. Para el desempeño de sus funciones las autoridades electorales establecidas por la Constitución y esta Ley, contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales.

2. La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al Instituto Nacional Electoral, a los partidos políticos y sus candidatos. El Instituto emitirá las reglas a las que se sujetarán las campañas de promoción del voto que realicen otras organizaciones.

3. El Instituto dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y de las demás dispuestas en este Ley.

Articulo 3

1. La aplicación de las normas de esta Ley corresponde al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Cámara de Diputados, en sus respectivos ámbitos de competencia.

2. La interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución.

Titulo segundo

De la participación de los ciudadanos en las elecciones

Capítulo primero

De los derechos y obligaciones

Artículo 4

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

3. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

Artículo 5

1. Es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y afiliarse a ellos individual y libremente.

2. Ningún ciudadano podrá estar afiliado a más de un partido político.

3. Es obligación de los ciudadanos mexicanos integrar las mesas directivas de casilla en los términos de esta Ley.

4. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores de los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como de los que se lleven a cabo el día de la jornada electoral, en la forma y términos en que determine el Consejo General del Instituto para cada proceso electoral, de acuerdo con las bases siguientes:

a) Podrán participar sólo cuando hayan obtenido oportunamente su acreditación ante la autoridad electoral;

b) Los ciudadanos que pretendan actuar como observadores deberán señalar en el escrito de solicitud los datos de identificación personal anexando fotocopia de su credencial para votar con fotografía, y la manifestación expresa de que se conducirán conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad y sin vínculos a partido u organización política alguna;

c) La solicitud de registro para participar como observadores electorales, podrá presentarse en forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan, ante el presidente del Consejo Local o distrital correspondiente a su domicilio, a partir del inicio del proceso electoral y hasta el 31 de mayo del año de la elección. Los presidentes de los consejos locales y distritales, según el caso, darán cuenta de las solicitudes a los propios consejos, para su aprobación, en la siguiente sesión que celebren. La resolución que se emita deberá ser notificada a los solicitantes. El Consejo General garantizará este derecho y resolverá cualquier planteamiento que pudiera presentarse por parte de los ciudadanos o las organizaciones interesadas;

d) Sólo se otorgará la acreditación a quien cumpla, además de los que señale la autoridad electoral, los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o de partido político alguno en los últimos tres años anteriores a la elección;

III. No ser, ni haber sido candidato a puesto de elección popular en los últimos tres años anteriores a la elección; y

IV. Asistir a los cursos de capacitación, preparación o información que impartan el Instituto Nacional Electoral o las propias organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales bajo los lineamientos y contenidos que dicten las autoridades competentes del Instituto, las que podrán supervisar dichos cursos. La falta de supervisión no imputable a la organización respectiva no será causa para que se niegue la acreditación

e) Los observadores se abstendrán de:

I. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones, e interferir en el desarrollo de las mismas;

II. Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido o candidato alguno;

III. Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o candidatos; y

IV. Declarar el triunfo de partido político o candidato alguno.

f) La observación podrá realizarse en cualquier ámbito territorial de la República Mexicana;

g) Los ciudadanos acreditados como observadores electorales podrán solicitar, ante la junta local que corresponda, la información electoral que requieran para el mejor desarrollo de sus actividades. Dicha información será proporcionada siempre que no sea reservada o confidencial en los términos fijados por la ley y que existan las posibilidades materiales y técnicas para su entrega;

h) En los contenidos de la capacitación que las Juntas Distritales ejecutivas impartan a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, debe preverse la explicación relativa a la presencia de los observadores electorales, así como los derechos y obligaciones inherentes a su actuación;

i) Los observadores electorales podrán presentarse el día de la jornada electoral con sus acreditaciones y gafetes en una o varias casillas, así como en el local del Consejo Distrital correspondiente, pudiendo observar los siguientes actos:

I. Instalación de la casilla;

II. Desarrollo de la votación;

III. Escrutinio y cómputo de la votación en la casilla;

IV. Fijación de resultados de la votación en el exterior de la casilla;

V. Clausura de la casilla;

VI. Lectura en voz alta de los resultados en el Consejo Distrital; y

VII. Recepción de escritos de incidencias y protesta.

j) Los observadores podrán presentar, ante la autoridad electoral, informe de sus actividades en los términos y tiempos que para tal efecto determine el Consejo General. En ningún caso, los informes, juicios, opiniones o conclusiones de los observadores tendrán efectos jurídicos sobre el proceso electoral y sus resultados.

5. Las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales, a más tardar treinta días después de la jornada electoral, deberán declarar el origen, monto y aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades relacionadas directamente con la observación electoral que realicen, mediante informe que presenten al Consejo General del Instituto.

Artículo 6

1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos deberán satisfacer, además de los que fija el artículo 34 de la Constitución, los siguientes requisitos:

a) Estar inscritos en el Registro Federal de Electores en los términos dispuestos por esta Ley; y

b) Contar con la credencial para votar correspondiente.

2. En cada distrito electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio del ciudadano, salvo en los casos de excepción expresamente señalados por esta Ley.

Capítulo segundo

De los requisitos de elegibilidad

Artículo 7

1. Son requisitos para ser diputado federal o senador, además de los que señalan respectivamente los artículos 55 y 58 de la Constitución, los siguientes:

a) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar;

b) No ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, salvo que se separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;

c) No ser secretario ejecutivo o director ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;

d) No ser consejero presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto, salvo que se separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;

e) No pertenecer al personal profesional del Instituto Nacional Electoral; y

f) No ser presidente municipal o titular de algún órgano político-administrativo en el caso del Distrito Federal, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo tres meses antes de la fecha de la elección.

Artículo 8

1. A ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro de los estados, los municipios o del Distrito Federal. En este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro respectivo.

2. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de sesenta candidatos a diputados federales por mayoría relativa y por representación proporcional distribuidos en sus cinco listas regionales.

3. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de seis candidatos a senador por mayoría relativa y por representación proporcional.

Título tercero De la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los integrantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Título tercero

Capítulo primero

De los sistemas electorales

Artículo 9

1. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos electo cada seis años por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos mexicanos.

Artículo 10

1. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.

Artículo 11

1. La Cámara de Diputados se integra por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada tres años.

2. La Cámara de Senadores se integrará por 128 senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Los 32 senadores restantes serán elegidos por el principio de representación proporcional, votados en una sola circunscripción plurinominal nacional. La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

3. Para cada entidad federativa, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos a senadores. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Asimismo deberán registrar una lista nacional de 32 fórmulas de candidatos para ser votada por el principio de representación proporcional.

4. En las listas a que se refieren los párrafos anteriores, los partidos políticos señalarán el orden en que deban aparecer las fórmulas de candidatos.

Capítulo segundo

De la representación proporcional para la integración de las cámaras de Diputados

y Senadores y de las fórmulas de asignación

Artículo 12

1. Para los efectos de la aplicación de la fracción II del artículo 54 de la Constitución, se entiende por votación valida emitida a la que resulte de restar al total de los votos depositados en las urnas, los votos a favor de candidatos no registrados, los votos a favor de los candidatos independientes y los votos nulos.

2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación valida emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de la misma.

3. Ningún partido político podrá contar con más de trescientos diputados por ambos principios. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento.

Artículo 13

1. Para la asignación de diputados de representación proporcional conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 54 de la Constitución, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por los siguientes elementos:

a) Cociente natural; y

b) Resto mayor.

2. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre los doscientos diputados de representación proporcional.

3. Resto mayor de votos: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente natural. El resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir.

Artículo 14

1. Una vez desarrollada la fórmula prevista en el artículo anterior, se observará el procedimiento siguiente:

a) Se determinarán los diputados que se le asignarían a cada partido político, conforme al número de veces que contenga su votación el cociente natural; y

b) Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones por repartir, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos en la asignación de curules.

2. Se determinará si es el caso de aplicar a algún partido político el o los límites establecidos en las fracciones IV y V del artículo 54 de la Constitución, para lo cual al partido político cuyo número de diputados por ambos principios exceda de trescientos, o su porcentaje de curules del total de la Cámara exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida, le serán deducidos el número de diputados de representación proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones excedentes a los demás partidos políticos que no se ubiquen en estos supuestos.

3. Una vez deducido el número de diputados de representación proporcional excedentes, al partido político que se haya ubicado en alguno de los supuestos del párrafo 2 anterior se le asignarán las curules que les correspondan en cada circunscripción, en los siguientes términos:

a) Se obtendrá el cociente de distribución, el cual resulta de dividir el total de votos del partido político que se halle en este supuesto, entre las diputaciones a asignarse al propio partido;

b) Los votos obtenidos por el partido político en cada una de las circunscripciones se dividirán entre el cociente de distribución, asignando conforme a números enteros las curules para cada una de ellas; y

c) Si aún quedaren diputados por asignar se utilizará el método del resto mayor, previsto en el artículo anterior.

Artículo 15

1. Para la asignación de diputados de representación proporcional en el caso de que se diere el supuesto previsto por la fracción VI del artículo 54 de la Constitución, se procederá como sigue:

a) Una vez realizada la distribución a que se refiere el artículo anterior, se procederá a asignar el resto de los curules a los demás partidos políticos con derecho a ello, en los términos siguientes:

I. Se obtendrá la votación nacional efectiva. Para ello se deducirán de la votación nacional emitida los votos del o los partidos políticos a los que se les hubiese aplicado alguno de los límites establecidos en las fracciones IV o V del artículo 54 de la Constitución;

II. La votación nacional efectiva se dividirá entre el número de curules por asignar, a fin de obtener un nuevo cociente natural;

III. La votación nacional efectiva obtenida por cada partido se dividirá entre el nuevo cociente natural. El resultado en números enteros será el total de diputados que asignar a cada partido; y

IV. Si aún quedaren curules por distribuir se asignarán de conformidad con los restos mayores de los partidos.

2. Para asignar los diputados que les correspondan a cada partido político, por circunscripción plurinominal, se procederá como sigue:

a) Se obtendrá la votación efectiva por circunscripción, que será la que resulte de deducir la votación del o los partidos políticos que se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones IV y V del artículo 54 constitucional, en cada una de las circunscripciones;

b) La votación efectiva por circunscripción se dividirá entre el número de curules pendientes de asignar en cada circunscripción plurinominal, para obtener el cociente de distribución en cada una de ellas;

c) La votación efectiva de cada partido político en cada una de las circunscripciones plurinominales se dividirá entre el cociente de distribución siendo el resultado en números enteros el total de diputados por asignar en cada circunscripción plurinominal; y

d) Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por distribuir a los partidos políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político tuviere en las circunscripciones, hasta agotar las que le correspondan, en orden decreciente, a fin de que cada circunscripción plurinominal cuente con cuarenta diputaciones.

Artículo 16

1. Determinada la asignación de diputados por partido político a que se refieren los incisos a) y b) del párrafo 1 del artículo 14 de esta Ley y para el caso de que ningún partido político se ubicara en los supuestos previstos en las fracciones IV y V del artículo 54 de la Constitución, se procederá como sigue:

a) se dividirá la parte correspondiente de la votación nacional emitida para cada circunscripción, entre cuarenta, para obtener el cociente de distribución;

b) la votación obtenida por partido político en cada una de las circunscripciones plurinominales se dividirá entre el cociente de distribución, el resultado en números enteros será el total de diputados que en cada circunscripción plurinominal se le asignarán; y

c) Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por distribuir a los partidos políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político tuviere, hasta agotar los que le correspondan, en orden decreciente, a fin de que cada circunscripción plurinominal cuente con cuarenta diputaciones.

Artículo 17

1. En todos los casos, para la asignación de los diputados por el principio de representación proporcional se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas regionales respectivas.

Artículo 18

1. Para la asignación de senadores por el principio de representación proporcional a que se refiere el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución, se utilizará la fórmula de proporcionalidad pura y se atenderán las siguientes reglas:

a) se entiende por Votación Válida Emitida para los efectos de la elección de senadores por el principio de representación proporcional a la que resulte de restar al total de los votos depositados en las urnas para la lista de circunscripción plurinominal nacional, los votos a favor de candidatos independientes, los votos favor de candidatos no registrados y los votos nulos; y

b) la asignación de senadores por el principio de representación proporcional se hará considerando como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la Votación Válida Emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el dos por ciento de la misma.

2. La fórmula de proporcionalidad pura consta de los siguientes elementos:

a) Cociente natural; y

b) Resto mayor.

3. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida, entre el número por repartir de senadores electos por el principio de representación proporcional.

4. Resto mayor: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político después de haber participado en la distribución de senadores mediante el cociente natural. El resto mayor deberá utilizarse cuando aún hubiese senadores por distribuir.

5. Para la aplicación de la fórmula, se observará el procedimiento siguiente:

a) por el cociente natural se distribuirán a cada partido político tantos senadores como número de veces contenga su votación dicho cociente; y

b) Después de aplicarse el cociente natural, si aún quedasen senadores por repartir, éstos se asignarán por el método de resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos.

6. En todo caso, en la asignación de senadores por el principio de representación proporcional se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista nacional.

Capítulo tercero

Disposiciones complementarias

Artículo 19

1. Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de julio del año que corresponda, para elegir:

a) Diputados federales, cada tres años;

b) Senadores, cada seis años; y

c) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cada seis años.

2. El día en que deban celebrarse las elecciones federales ordinarias será considerado como no laborable en todo el territorio nacional.

Artículo 20

1. Cuando se declare nula una elección o los integrantes de la fórmula triunfadora resultaren inelegibles, la convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la conclusión de la última etapa del proceso electoral.

2. En el caso de vacantes de miembros del Congreso de la Unión electos por el principio de mayoría relativa, la Cámara de que se trate convocará a elecciones extraordinarias.

3. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.

4. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación proporcional deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista nacional respectiva, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido.

Artículo 21

1. Las convocatorias para la celebración de elecciones extraordinarias no podrán restringir los derechos que esta Ley reconoce a los ciudadanos mexicanos y a los partidos políticos nacionales, ni alterar los procedimientos y formalidades que establece.

2. El Consejo General del Instituto Nacional podrá ajustar los plazos establecidos en esta Ley conforme a la fecha señalada en la convocatoria respectiva.

3. En ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o extraordinarias el partido político que hubiere perdido su registro con anterioridad a la fecha en que éstas deban realizarse. No obstante, podrá participar en una elección extraordinaria el partido que hubiese perdido su registro, siempre y cuando hubiera participado con candidato en la elección ordinaria que fue anulada.

Titulo cuarto

Asignación de Diputados en las Legislaturas Locales

Capítulo único

De la sobrerrepresentación y subrepresentación en las legislaturas locales

Artículo 22

1. Para efectos de la interpretación y regulación del párrafo 3 de la fracción II del artículo 116 de la Constitución por las entidades federativas y las autoridades electorales, se usarán las siguientes definiciones:

a) Votación Válida Emitida: Se entenderá como lo que resulte de restar al total de votos depositados en las urnas para la elección de la legislatura local, los votos a favor de candidatos no registrados, los votos a favor de candidatos independientes y los votos nulos.

b) Votación Emitida o Votación Estatal Emitida: Se entenderá como el resultado de restar a la Votación Válida Emitida, aquellos votos a favor de los partidos que no alcancen el mínimo establecido en la legislación local para tener derecho a que le sean asignadas curules por el principio de representación proporcional en la legislatura local.

c) Porcentaje de Votación: Será el resultado de dividir los votos a favor de un partido político entre la Votación Emitida.

d) Porcentaje de representación: Se entenderá como el porcentaje total de curules en la legislatura local que corresponderían a cada partido político según la fórmula electoral local antes de aplicar, en su caso, los límites de sobrerrepresentación y subrepresentación.

2. Para aplicar los principios de sobre y subrepresentación, la asignación de diputados en las legislaturas locales deberá seguir los siguientes principios:

1. Se debe aplicar la fórmula electoral local para establecer una distribución inicial de legisladores. Dicha fórmula debe respetar el mínimo establecido en la legislación local para que un partido tenga derecho a la asignación de curules.

2. Se debe calcular el porcentaje de representación de cada partido con base en esa distribución inicial.

3. En su caso, se debe aplicar primero el límite de 8% a la sobrerrepresentación y se debe recalcular el porcentaje de representación de cada partido.

4. En caso de que uno o más partidos se encuentren en el supuesto de subrepresentación, se deben calcular cuántos diputados serían necesarios respecto al tamaño original de la legislatura para que estos partidos dejen de estar en ese supuesto.

5. Por último, se les deberá asignar dicho número, aumentando el número de curules de representación proporcional que componen a la legislatura local.

Título Quinto

Del Instituto Nacional Electoral

Capítulo primero

Disposiciones preliminares

Artículo 23

1. El Instituto Nacional Electoral, depositario de la autoridad electoral, es responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones.

Artículo 24

1. Son fines del Instituto:

a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática;

b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;

c) Integrar el Registro Federal de Electores;

d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;

e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión;

f) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;

g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, y

h) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia.

2. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

3. Para el desempeño de sus actividades, el Instituto contará con un cuerpo de funcionarios integrados en un servicio profesional electoral y en una rama administrativa, que se regirán por el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo General, en el cual se establecerán los respectivos mecanismos de ingreso, formación, promoción y desarrollo.

Artículo 25

1. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

2. El patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de esta Ley.

3. Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos no forman parte del patrimonio del Instituto, por lo que éste no podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos que del mismo resulten conforme a la presente Ley.

4. El Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las de esta Ley.

Artículo 26

1. El Instituto Nacional Electoral tiene su domicilio en el Distrito Federal y ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional conforme a la siguiente estructura:

a) 32 delegaciones, una en cada entidad federativa;

b) 300 subdelegaciones, una en cada distrito electoral uninominal; y

c) 32 organismos públicos electorales para la realización de las elecciones locales en cada entidad federativa.

2. Podrá contar también con oficinas municipales en los lugares en que el Consejo General determine su instalación.

Título sexto

De los órganos centrales

Artículo 27

1. Los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral son:

a) El Consejo General;

b) La Presidencia del Consejo General;

c) La Junta General Ejecutiva;

d) La Secretaría Ejecutiva; y

e) La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

Capítulo primero

Del Consejo General y de su Presidencia

Artículo 28

1. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

Artículo 29

1. El Consejo General se integra por un consejero presidente, ocho consejeros electorales, consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y el secretario ejecutivo.

2. El consejero presidente del Consejo General será elegido por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad.

3. El consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral debe reunir los mismos requisitos que se establecen en el artículo 31 para ser consejero electoral. Durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto por una sola vez.

4. Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos en la Cámara de Diputados por los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un consejero por cada grupo parlamentario, no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Los consejeros del Poder Legislativo concurrirán a las sesiones del Consejo General con voz, pero sin voto. Por cada propietario podrán designarse hasta dos suplentes. Durante los recesos de la Cámara de Diputados, la designación la hará la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

5. Los consejeros electorales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad.

6. Los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos.

7. El consejero presidente y los consejeros electorales rendirán la protesta de ley en sesión que celebre el Consejo General dentro de las veinticuatro horas siguientes a la elección; el primero lo hará por sí mismo y después tomará la protesta a los consejeros electos.

8. El secretario ejecutivo será nombrado y removido por las dos terceras partes del Consejo General a propuesta del consejero presidente.

9. Cada partido político designará a un representante propietario y un suplente con voz, pero sin voto.

10. Los partidos podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes, dando con oportunidad el aviso correspondiente al consejero presidente.

Artículo 30

1. En caso de vacante de los consejeros del Poder Legislativo, el consejero presidente se dirigirá a la Cámara de Diputados, o en su caso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a fin de que se haga la designación correspondiente.

2. De darse la falta absoluta del consejero presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, la Cámara de Diputados procederá en el más breve plazo a elegir al sustituto, quien concluirá el periodo de la vacante.

Artículo 31

1. Los consejeros electorales deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar;

c) Tener más de treinta años de edad, el día de la designación;

d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia que les permitan el desempeño de sus funciones;

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;

f) Haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo el caso de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses;

g) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

i) No ser secretario de Estado, ni procurador general de la República o del Distrito Federal, subsecretario u oficial mayor en la administración pública federal, jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni gobernador ni secretario de Gobierno, a menos que se separe de su encargo con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento; y

j) No ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral durante el último proceso electoral federal ordinario.

2. El secretario ejecutivo del Consejo General deberá reunir los mismos requisitos que se exigen para ser consejero electoral, con excepción del dispuesto en el inciso j) del párrafo 1 anterior.

3. La retribución que reciban el consejero presidente y los consejeros electorales será similar a la que perciban los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 32

1. El consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Consejo General, durante el periodo de su encargo, no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñe en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados.

2. El consejero presidente, los consejeros electorales, el secretario ejecutivo y los demás servidores públicos del Instituto desempeñarán su función con autonomía y probidad. No podrán utilizar la información reservada o confidencial de que dispongan en razón de su cargo, salvo para el estricto ejercicio de sus funciones, ni divulgarla por cualquier medio.

3. El consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo estarán sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución. La Contraloría General del Instituto será el órgano facultado para conocer de las infracciones administrativas de aquellos e imponer, en su caso, las sanciones.

Artículo 33

1. El Consejo General se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses. Su presidente podrá convocar a sesión extraordinaria cuando lo estime necesario o a petición que le sea formulada por la mayoría de los consejeros electorales o de los representantes de los partidos políticos, conjunta o indistintamente.

2. Para la preparación del proceso electoral el Consejo General se reunirá dentro de la primera semana de octubre del año anterior a aquel en que se celebren las elecciones federales ordinarias. A partir de esa fecha y hasta la conclusión del proceso, el Consejo sesionará por lo menos una vez al mes.

Artículo 34

1. Para que el Consejo General pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el consejero presidente, quien será suplido en sus ausencias momentáneas por el consejero que él mismo designe. En el supuesto de que el consejero presidente no asista o se ausente en forma definitiva de la sesión, el Consejo designará a uno de los consejeros electorales presentes para que presida.

2. El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral asistirá a las sesiones con voz, pero sin voto. La Secretaría del Consejo estará a cargo del secretario ejecutivo del Instituto. En caso de ausencia del secretario a la sesión, sus funciones serán realizadas por alguno de los integrantes de la Junta General Ejecutiva que al efecto designe el Consejo para esa sesión.

3. En caso de que no se reúna la mayoría a la que se refiere el párrafo 1, la sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes, con los consejeros y representantes que asistan.

4. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, salvo las que conforme a esta Ley requieran de una mayoría calificada.

5. En el caso de ausencia definitiva del consejero presidente del Consejo, los consejeros electorales nombrarán, de entre ellos mismos, a quien deba sustituirlo provisionalmente, comunicando de inmediato lo anterior a la Cámara de Diputados a fin de que se designe al que deba concluir el periodo del ausente, quien podrá ser reelecto para un periodo de seis años.

Artículo 35

1. El Consejo General integrará las comisiones que temporales que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán presididas por un consejero electoral.

2. Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: Capacitación Electoral y Educación Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral, Registro Federal de Electores, y de Quejas y Denuncias funcionarán permanentemente y se integrarán exclusivamente por consejeros electorales designados por el Consejo General. Los consejeros electorales podrán participar hasta en dos de las comisiones antes mencionadas, por un periodo de tres años; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes.

3. Para cada proceso electoral, se fusionarán las comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral, a fin de integrar la Comisión de Capacitación y Organización Electoral; el Consejo General designará, en octubre del año previo al de la elección, a sus integrantes y al consejero electoral que la presidirá.

4. Todas las comisiones se integrarán con un máximo de tres consejeros electorales; podrán participar en ellas, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, así como representantes de los partidos políticos, salvo la del Servicio Profesional Electoral.

5. Las comisiones permanentes contarán con un secretario técnico que será designado por su presidente de entre el personal de apoyo adscrito a su oficina. El titular de la Dirección Ejecutiva correspondiente asistirá a las sesiones de la comisión sólo con derecho de voz.

6. En todos los asuntos que les encomienden, las comisiones deberán presentar un informe, dictamen o proyecto de resolución, según el caso, dentro del plazo que determine esta Ley o haya sido fijado por el Consejo General.

7. El secretario del Consejo General colaborará con las comisiones para el cumplimiento de las tareas que se les hayan encomendado.

8. El Consejo General, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del Instituto, podrá crear comités técnicos especiales para actividades o programas específicos, en que requiera del auxilio o asesoría técnico-científica de especialistas en las materias en que así lo estime conveniente.

Artículo 36

1. El Consejo General ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie, y de aquellos que así lo determine, así como los nombres de los miembros de los consejos locales y de los consejos distritales designados en los términos de esta Ley.

2. El secretario ejecutivo establecerá los acuerdos para asegurar la oportuna publicación a que se refiere el párrafo anterior. El servicio que proporcione el Diario Oficial de la Federación al Instituto será gratuito.

Capítulo segundo

De las atribuciones del Consejo General

Artículo 37

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

a) Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto;

b) Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, y conocer, por conducto de su presidente, del secretario ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de los mismos, así como de los informes específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles;

c) Designar al secretario ejecutivo por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, conforme a la propuesta que presente su presidente;

ch) Designar en caso de ausencia del secretario, de entre los integrantes de la Junta General Ejecutiva, a la persona que fungirá como secretario del Consejo en la sesión;

d) Designar a los directores ejecutivos del Instituto y al director general de la Unidad de Fiscalización, a propuesta que presente el consejero presidente;

e) Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como presidentes de los consejos locales y distritales, y que en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de las juntas correspondientes;

f) Designar por mayoría absoluta, a más tardar el día 30 de octubre del año anterior al de la elección, de entre las propuestas que al efecto hagan el consejero presidente y los consejeros electorales del propio Consejo General, a los consejeros electorales de los consejos locales a que se refiere el párrafo 3 del artículo 57 de esta Ley;

g) Resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición que celebren los partidos políticos nacionales, así como sobre los acuerdos de participación que efectúen las agrupaciones políticas con los partidos políticos;

h) Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a esta Ley y cumplan con las obligaciones a que están sujetos;

i) Vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se actúe con apego a esta Ley, así como a lo dispuesto en los reglamentos que al efecto expida el Consejo General;

j) Dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 300 distritos electorales uninominales y para determinar el ámbito territorial de las cinco circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas y, en su caso, aprobar los mismos;

k) Resolver, en los términos de esta Ley, el otorgamiento del registro a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, así como sobre la pérdida del mismo en los casos previstos en los incisos d) al g) del párrafo 1 del artículo 184 y c) al g) del párrafo 9 del artículo 19, respectivamente, de esta Ley, emitir la declaratoria correspondiente y solicitar su publicación en el Diario Oficial de la Federación;

l) Vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como autoridad única en la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los partido políticos nacionales, de conformidad con lo establecido en esta Ley y demás leyes aplicables;

ll) Aprobar el calendario integral del procesos electoral federal, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, así como el modelo de la credencial para votar con fotografía, el de las boletas electorales, de las actas de la jornada electoral y los formatos de la demás documentación electoral;

m) Conocer y aprobar los informes que rinda la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos; así como determinar los topes máximos de gastos de precampaña y campaña que puedan erogarse en las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados;

n) Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral deben presentar los partidos políticos en los términos de esta Ley;

ñ) Expedir el Reglamento de Sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto;

o) Registrar las candidaturas a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las de senadores por el principio de representación proporcional; así como las listas regionales de candidatos a diputados de representación proporcional que presenten los partidos políticos nacionales, comunicando lo anterior a los consejos locales de las Cabeceras de Circunscripción correspondiente;

p) Registrar supletoriamente las fórmulas de candidatos a senadores y diputados por el principio de mayoría relativa;

q) Efectuar el cómputo total de la elección de senadores por el principio de representación proporcional, así como el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el principio de representación proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de senadores y diputados por este principio, determinar la asignación de senadores y diputados para cada partido político y otorgar las constancias respectivas, en los términos de esta Ley, a más tardar el 23 de agosto del año de la elección;

r) Informar a las Cámaras de Senadores y Diputados sobre el otorgamiento de las constancias de asignación de senadores y diputados electos por el principio de representación proporcional, respectivamente, así como de los medios de impugnación interpuestos;

s) Conocer los informes, trimestrales y anual, que la Junta General Ejecutiva rinda por conducto del secretario ejecutivo del Instituto, así como los que, en su caso, deba rendir la Contraloría General;

t) Requerir a la Junta General Ejecutiva investigue, por los medios a su alcance, hechos que afecten de modo relevante los derechos de los partidos políticos o el proceso electoral federal;

u) Resolver los recursos de revisión que le competan en los términos de la Ley de la materia;

v) Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto que le proponga el presidente del Consejo y remitirlo una vez aprobado, al titular del Ejecutivo Federal para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación;

w) Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los términos previstos en esta Ley;

x) Fijar las políticas y los programas generales del Instituto a propuesta de la Junta General Ejecutiva;

y) Nombrar de entre los consejeros electorales propietarios del Consejo General, a quien deba sustituir provisionalmente al consejero presidente en caso de ausencia definitiva e informarlo a la Cámara de Diputados para los efectos conducentes; y

z) Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en esta Ley.

2. El Consejo General, en ocasión de la celebración de los procesos electorales federales, podrá invitar y acordar las bases y criterios en que habrá de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades de su desarrollo en cualquiera de sus etapas.

3. Conforme a lo que establezcan las constituciones y leyes electorales respectivas, a solicitud de las autoridades electorales competentes de las entidades federativas, para los efectos de lo dispuesto en el párrafo final de la Base V del artículo 41 de la Constitución, previa aprobación del Consejo General, la Junta General Ejecutiva formulará los estudios en los que se establezcan las condiciones, costos y plazos para que el Instituto Nacional Electoral asuma la organización de procesos electorales locales, formulando el proyecto de convenio correspondiente que, en su caso, deberá ser aprobado por el Consejo General con al menos seis meses de anticipación al inicio del proceso electoral local de que se trate.

Capítulo tercero

De las atribuciones de la Presidencia y del Secretario del Consejo General

Artículo 38

1. Corresponden al presidente del Consejo General las atribuciones siguientes:

a) Garantizar la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del Instituto Nacional Electoral;

b) Establecer los vínculos entre el Instituto y las autoridades federales, estatales y municipales, para lograr su apoyo y colaboración, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto;

c) Convocar y conducir las sesiones del Consejo;

d) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el propio Consejo;

e) Proponer al Consejo General el nombramiento del secretario ejecutivo, de los directores ejecutivos, del titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y demás titulares de unidades técnicas del Instituto;

f) Designar de entre los integrantes de la Junta General Ejecutiva a quien sustanciará en términos de la ley de la materia, el medio de impugnación que se interponga en contra de los actos o resoluciones del secretario ejecutivo;

g) Recibir del contralor general los informes de las revisiones y auditorías que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del Instituto, así como hacerlos del conocimiento del Consejo General;

h) Proponer anualmente al Consejo General el anteproyecto de presupuesto del Instituto para su aprobación;

i) Remitir al titular del Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto del Instituto aprobado por el Consejo General, en los términos de la ley de la materia;

j) Recibir de los partidos políticos nacionales las solicitudes de registro de candidatos a la Presidencia de la República y las de candidatos a senadores y diputados por el principio de representación proporcional y someterlas al Consejo General para su registro;

k) Presidir la Junta General Ejecutiva e informar al Consejo General de los trabajos de la misma;

l) Previa aprobación del Consejo, ordenar la realización de encuestas nacionales basadas en actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral. Los resultados de dichos estudios deberán ser difundidos por el consejero presidente, previa aprobación del Consejo General, después de las veintidós horas del día de la jornada electoral;

m) Dar a conocer la estadística electoral, por sección, municipio, distrito, entidad federativa y circunscripción plurinominal, una vez concluido el proceso electoral;

n) Convenir con las autoridades competentes la información y documentos que habrá de aportar la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para los procesos electorales locales;

o) Someter al Consejo General las propuestas para la creación de nuevas direcciones o unidades técnicas para el mejor funcionamiento del Instituto;

p) Ordenar, en su caso, la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos y resoluciones que pronuncie el Consejo General; y

q) Las demás que le confiera esta Ley.

Artículo 39

1. Corresponde al secretario del Consejo General:

a) Auxiliar al propio Consejo y a su presidente en el ejercicio de sus atribuciones;

b) Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo, declarar la existencia del quórum, dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar el acta correspondiente y someterla a la aprobación de los consejeros y representantes asistentes;

c) Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del Consejo;

d) Dar cuenta con los proyectos de dictamen de las comisiones;

e) Recibir y sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los actos o resoluciones de los órganos locales del Instituto y preparar el proyecto correspondiente;

f) Recibir y dar el trámite previsto en la ley de la materia, a los medios de impugnación que se interpongan en contra de los actos o resoluciones del Consejo, informándole sobre los mismos en la sesión inmediata;

g) Informar al Consejo de las resoluciones que le competan dictadas por el Tribunal Electoral;

h) Llevar el archivo del Consejo;

i) Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los consejeros y de los representantes de los partidos políticos;

j) Firmar, junto con el presidente del Consejo, todos los acuerdos y resoluciones que emita el propio Consejo;

k) Proveer lo necesario para que se publiquen los acuerdos y resoluciones que pronuncie el Consejo General;

l) Integrar los expedientes con las actas de cómputo de entidad federativa de la elección de senadores por el principio de representación proporcional y presentarlos oportunamente al Consejo General;

m) Integrar los expedientes con las actas del cómputo de las circunscripciones plurinominales de la elección de diputados por el principio de representación proporcional y presentarlos oportunamente al Consejo General;

n) Dar cuenta al Consejo General con los informes que sobre las elecciones reciba de los consejos locales y distritales;

o) Recibir, para efectos de información y estadísticas electorales, copias de los expedientes de todas las elecciones;

p) Cumplir las instrucciones del presidente del Consejo General y auxiliarlo en sus tareas; y

q) Lo demás que le sea conferido por esta Ley, el Consejo General y su presidente.

Capítulo cuarto

De la Junta General Ejecutiva

Artículo 40

1. La Junta General Ejecutiva del Instituto será presidida por el presidente del Consejo y se integrará con el secretario ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de Administración.

2. El titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y el contralor general podrán participar, a convocatoria del consejero presidente, en las sesiones de la Junta General Ejecutiva.

Artículo 41

1. La Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones las siguientes:

a) Proponer al Consejo General las políticas y los programas generales del Instituto;

b) Fijar los procedimientos administrativos, conforme a las políticas y programas generales del Instituto;

c) Supervisar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores;

d) Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos nacionales y a las agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos;

e) Evaluar el desempeño del Servicio Profesional Electoral;

f) Supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación electoral y educación cívica del Instituto;

g) Proponer al Consejo General el establecimiento de oficinas municipales de acuerdo con los estudios que formule y la disponibilidad presupuestal;

h) Desarrollar las acciones necesarias para asegurar que las comisiones de vigilancia nacional, locales y distritales se integren, sesionen y funcionen en los términos previstos por esta Ley.

i) Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de pérdida de registro del partido político que se encuentre en cualquiera de los supuestos de los incisos d) al g) del artículo 184 de esta Ley, a más tardar el último día del mes siguiente a aquel en que concluya el proceso electoral;

j) Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de pérdida de registro de la agrupación política que se encuentre en cualquiera de los supuestos del artículo 19 de esta Ley;

k) Resolver los medios de impugnación que le competan, en contra de los actos o resoluciones del secretario ejecutivo y de las juntas locales del Instituto, en los términos establecidos en la ley de la materia;

l) Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia electoral y, en su caso, proponer las sanciones, en los términos que establece esta Ley;

m) Recibir informes del contralor general respecto de los expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre imposición de sanciones a los servidores públicos del Instituto;

n) Formular los estudios y, en su caso, los proyectos de convenio a que se refiere el párrafo 3 del artículo 37 de esta Ley; y

o) Las demás que le encomienden esta Ley, el Consejo General o su presidente.

Capítulo quinto

Del secretario ejecutivo del Instituto

Artículo 42

1. El secretario ejecutivo coordina la Junta General, conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.

Artículo 43

1. El secretario ejecutivo del Instituto durará en el cargo seis años y podrá ser reelecto una sola vez.

Artículo 44

1. Son atribuciones del secretario ejecutivo:

a) Representar legalmente al Instituto;

b) Actuar como secretario del Consejo General del Instituto con voz pero sin voto;

c) Cumplir los acuerdos del Consejo General;

d) Someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo General los asuntos de su competencia;

e) Orientar y coordinar las acciones de las direcciones ejecutivas y de las juntas locales y distritales ejecutivas del Instituto, informando permanentemente al presidente del Consejo;

f) Participar en los convenios que se celebren con las autoridades competentes respecto a la información y documentos que habrá de aportar la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para los procesos electorales locales;

g) Suscribir, en unión del consejero presidente, los convenios que el Instituto celebre con las autoridades electorales competentes de las entidades federativas para asumir la organización de procesos electorales locales;

h) Coadyuvar con el contralor general en los procedimientos que éste acuerde para la vigilancia de los recursos y bienes del Instituto y, en su caso, en los procedimientos para la determinación de responsabilidades e imposición de sanciones a los servidores públicos del Instituto;

i) Aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, vocalías y demás órganos del Instituto conforme a las necesidades del servicio y los recursos presupuestales autorizados;

j) Nombrar a los integrantes de las juntas locales y distritales ejecutivas, de entre los miembros del Servicio Profesional Electoral del Instituto, de conformidad con las disposiciones aplicables;

k) Proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

l) Establecer un mecanismo para la difusión inmediata en el Consejo General, de los resultados preliminares de las elecciones de diputados, senadores y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; para este efecto se dispondrá de un sistema de informática para recabar los resultados preliminares. En este caso se podrán transmitir los resultados en forma previa al procedimiento establecido en los incisos a) y b) del párrafo 1 del artículo 229 de esta Ley. Al sistema que se establezca tendrán acceso en forma permanente los consejeros y representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General;

ll) Actuar como secretario de la Junta General Ejecutiva y preparar el orden del día de sus sesiones;

m) Recibir los informes de los vocales ejecutivos de las juntas locales y distritales ejecutivas y dar cuenta al presidente del Consejo General sobre los mismos;

n) Sustanciar los recursos que deban ser resueltos por la Junta General Ejecutiva o, en su caso, tramitar los que se interpongan contra los actos o resoluciones de ésta, en los términos de la ley de la materia;

ñ) Apoyar la realización de los estudios o procedimientos pertinentes, a fin de conocer las tendencias electorales el día de la jornada electoral, cuando así lo ordene el consejero presidente;

o) Elaborar anualmente, de acuerdo con las leyes aplicables, el anteproyecto de presupuesto del Instituto para someterlo a la consideración del presidente del Consejo General;

p) Ejercer las partidas presupuestales aprobadas;

q) Otorgar poderes a nombre del Instituto para actos de dominio, de administración y para ser representado ante cualquier autoridad administrativa o judicial, o ante particulares. Para realizar actos de dominio sobre inmuebles destinados al Instituto o para otorgar poderes para dichos efectos, el secretario ejecutivo requerirá de la autorización previa del Consejo General;

r) Preparar, para la aprobación del Consejo General, el proyecto de calendario integral de los procesos electorales ordinarios, así como de elecciones extraordinarias, que se sujetará a la convocatoria respectiva;

s) Expedir las certificaciones que se requieran; y

t) Las demás que le encomienden el Consejo General, su presidente, la Junta General Ejecutiva y esta Ley.

Capítulo sexto

De las direcciones ejecutivas

Artículo 45

1. Al frente de cada una de las direcciones de la Junta General, habrá un director ejecutivo, quien será nombrado por el Consejo General.

2. El Consejo General hará los nombramientos a que se refiere el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 37 de esta Ley.

Artículo 46

1. Los directores ejecutivos deberán satisfacer los mismos requisitos que los establecidos en el párrafo 1 del artículo 31 de esta Ley para los consejeros electorales del Consejo General, salvo el establecido en el inciso j) del citado párrafo.

2. El secretario ejecutivo presentará a la consideración del presidente del Consejo General las propuestas para la creación de nuevas direcciones o unidades técnicas para el mejor funcionamiento del Instituto, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

Artículo 47

1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las siguientes atribuciones:

a) Formar el Catálogo General de Electores;

b) Aplicar, en los términos del artículo 96 de esta Ley, la técnica censal total en el territorio del país para formar el Catálogo General de Electores;

c) Aplicar la técnica censal en forma parcial en el ámbito territorial que determine la Junta General Ejecutiva;

d) Formar el Padrón Electoral;

e) Expedir la credencial para votar.

f) Revisar y actualizar anualmente el Padrón Electoral conforme al procedimiento establecido en el Capítulo Quinto del Título Decimo Primero esta Ley;

g) Establecer con las autoridades federales, estatales y municipales la coordinación necesaria, a fin de obtener la información sobre fallecimientos de los ciudadanos, o sobre pérdida, suspensión u obtención de la ciudadanía;

h) Proporcionar a los órganos competentes del Instituto y a los partidos políticos nacionales, las listas nominales de electores en los términos de esta Ley;

i) Formular, con base en los estudios que realice, el proyecto de división del territorio nacional en 300 distritos electorales uninominales, así como el de las cinco circunscripciones plurinominales;

j) Mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por entidad, distrito electoral federal, municipio y sección electoral;

k) Asegurar que las comisiones de vigilancia nacional, estatales y distritales se integren, sesionen y funcionen en los términos previstos por esta Ley;

l) Llevar los libros de registro y asistencia de los representantes de los partidos políticos a las comisiones de vigilancia;

m) Solicitar a las comisiones de vigilancia los estudios y el desahogo de las consultas sobre los asuntos que estime conveniente dentro de la esfera de su competencia;

n) Acordar con el secretario ejecutivo del Instituto los asuntos de su competencia;

o) Asistir a las sesiones de la Comisión del Registro Federal de Electores sólo con derecho de voz; y

p) Las demás que le confiera esta Ley.

2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral se integrará la Comisión Nacional de Vigilancia, que presidirá el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, con la participación de los partidos políticos nacionales.

Artículo 48

1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene las siguientes atribuciones:

a) Conocer de las notificaciones que formulen las organizaciones que pretendan constituirse como partidos políticos nacionales o como agrupaciones políticas y realizar las actividades pertinentes;

b) Recibir las solicitudes de registro de las organizaciones de ciudadanos que hayan cumplido los requisitos establecidos en esta Ley para constituirse como partido político o como agrupación política, e integrar el expediente respectivo para que el secretario ejecutivo lo someta a la consideración del Consejo General;

c) Inscribir en el libro respectivo el registro de partidos y agrupaciones políticas, así como los convenios de fusión, frentes, coaliciones y acuerdos de participación;

d) Ministrar a los partidos políticos nacionales y a las agrupaciones políticas el financiamiento público al que tienen derecho conforme a lo señalado en esta Ley;

e) Llevar a cabo los trámites necesarios para que los partidos políticos puedan disponer de las franquicias postales y telegráficas que les corresponden;

f) Apoyar las gestiones de los partidos políticos y las agrupaciones políticas para hacer efectivas las prerrogativas que tienen conferidas en materia fiscal;

g) Realizar lo necesario para que los partidos políticos ejerzan sus prerrogativas de acceso a los tiempos en radio y televisión, en los términos establecidos por la Base III del artículo 41 de la Constitución General de la República y lo dispuesto en esta Ley;

h) Elaborar y presentar al Comité de Radio y Televisión las pautas para la asignación del tiempo que corresponde a los partidos políticos en dichos medios, conforme a lo establecido en esta Ley y en el Reglamento aplicable que apruebe el Consejo General;

i) Llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos y de sus representantes acreditados ante los órganos del Instituto a nivel nacional, local y distrital, así como el de los dirigentes de las agrupaciones políticas;

j) Llevar los libros de registro de los candidatos a los puestos de elección popular;

k) Acordar con el secretario ejecutivo del Instituto, los asuntos de su competencia;

l) Asistir a las sesiones de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos sólo con derecho de voz y actuar como secretario técnico en el Comité de Radio y Televisión; y

m) Las demás que le confiera esta Ley.

Artículo 49

1. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral tiene las siguientes atribuciones:

a) Apoyar la integración, instalación y funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales;

b) Elaborar los formatos de la documentación electoral, para someterlos por conducto del secretario ejecutivo a la aprobación del Consejo General;

c) Proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral autorizada;

d) Recabar de los consejos locales y de los consejos distritales, copias de las actas de sus sesiones y demás documentos relacionados con el proceso electoral;

e) Recabar la documentación necesaria e integrar los expedientes a fin de que el Consejo General efectúe los cómputos que conforme a esta Ley debe realizar;

f) Llevar la estadística de las elecciones federales;

g) Asistir a las sesiones, sólo con derecho de voz, de la Comisión de Organización Electoral y, durante el proceso electoral, a la de Capacitación y Organización Electoral;

h) Acordar con el secretario ejecutivo los asuntos de su competencia; e

i) Las demás que le confiera esta Ley.

Artículo 50

1. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral tiene las siguientes atribuciones:

a) Formular el anteproyecto de Estatuto que regirá a los integrantes del Servicio Profesional Electoral;

b) Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del Servicio Profesional Electoral;

c) Integrar y actualizar el catálogo de cargos y puestos del Servicio y someterlo para su aprobación a la Junta General Ejecutiva;

d) Llevar a cabo los programas de reclutamiento, selección, formación y desarrollo del personal profesional;

e) Acordar con el secretario ejecutivo los asuntos de su competencia;

f) Asistir a las sesiones de la Comisión del Servicio Profesional Electoral sólo con derecho de voz; y

g) Las demás que le confiera esta Ley.

Artículo 51

1. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene las siguientes atribuciones:

a) Elaborar y proponer los programas de educación cívica y capacitación electoral que desarrollen las juntas locales y distritales ejecutivas;

b) Coordinar y vigilar el cumplimiento de los programas a que se refiere el inciso anterior;

c) Preparar el material didáctico y los instructivos electorales;

d) Orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales;

e) Llevar a cabo las acciones necesarias para exhortar a los ciudadanos que no hubiesen cumplido con las obligaciones establecidas en la presente Ley, en particular las relativas a inscribirse en el Registro Federal de Electores y las de voto, a que lo hagan;

f) Asistir a las sesiones de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica sólo con derecho de voz;

g) Acordar con el secretario ejecutivo los asuntos de su competencia; y

h) Las demás que le confiera esta Ley.

Artículo 52

1. La Dirección Ejecutiva de Administración tiene las siguientes atribuciones:

a) Aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros y materiales del Instituto;

b) Organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y financieros, así como la prestación de los servicios generales en el Instituto;

c) Formular el anteproyecto anual del presupuesto del Instituto;

d) Establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio y control presupuestales;

e) Elaborar el proyecto de manual de organización y el catálogo de cargos y puestos de la rama administrativa del Instituto y someterlo para su aprobación a la Junta General Ejecutiva;

f) Proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento de la rama administrativa del personal al servicio del Instituto y someter a consideración de la Junta General Ejecutiva los programas de capacitación permanente o especial y los procedimientos para la promoción y estímulo del personal administrativo;

g) Presentar a la Junta General Ejecutiva, previo acuerdo con el director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, los procedimientos de selección, capacitación y promoción que permitan al personal de la rama administrativa aspirar a su incorporación al Servicio Profesional Electoral;

h) Atender las necesidades administrativas de los órganos del Instituto;

i) Presentar al Consejo General, por conducto del secretario ejecutivo, un informe anual respecto del ejercicio presupuestal del Instituto;

j) Acordar con el secretario ejecutivo los asuntos de su competencia; y

k) Las demás que le confiera esta Ley.

Título séptimo

De los órganos en las delegaciones

Artículo 53

1. En cada una de las entidades federativas el Instituto contará con una delegación integrada por:

a) La Junta Local Ejecutiva;

b) El vocal ejecutivo; y

c) El Consejo Local.

2. Los órganos mencionados en el párrafo anterior tendrán su sede en el Distrito Federal y en cada una de las capitales de los Estados.

Capítulo primero

De las juntas locales ejecutivas

Artículo 54

1. Las juntas locales ejecutivas son órganos permanentes que se integran por: el vocal ejecutivo y los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y el vocal secretario.

2. El vocal ejecutivo presidirá la Junta y será el responsable de la coordinación con las autoridades electorales de la entidad federativa que corresponda para el acceso a radio y televisión de los partidos políticos en las campañas locales, así como de los institutos electorales, o equivalentes, en los términos establecidos en esta Ley.

3. El vocal secretario auxiliará al vocal ejecutivo en las tareas administrativas y sustanciará los recursos de revisión que deban ser resueltos por la Junta.

4. Las juntas locales ejecutivas estarán integradas invariablemente por funcionarios del Servicio Profesional Electoral.

Artículo 55

1. Las juntas locales ejecutivas sesionarán por lo menos una vez al mes, y tendrán, dentro del ámbito de su competencia territorial, las siguientes atribuciones:

a) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas y las acciones de sus vocalías y de los órganos distritales;

b) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores, Organización Electoral, Servicio Profesional Electoral y Capacitación Electoral y Educación Cívica;

c) Desarrollar en su ámbito territorial la coordinación con las autoridades electorales locales para garantizar el acceso a radio y televisión de los partidos políticos durante las precampañas y campañas locales y para el uso de esos medios por parte de los institutos electorales o equivalentes de la entidades federativas;

d) Informar mensualmente al secretario ejecutivo sobre el desarrollo de sus actividades;

e) Recibir, sustanciar y resolver los medios de impugnación que se presenten durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales contra los actos o resoluciones de los órganos distritales, en los términos establecidos en la ley de la materia; y

f) Las demás que les confiera esta Ley.

Capítulo segundo

De los vocales ejecutivos de las juntas locales

Artículo 56

1. Son atribuciones de los vocales ejecutivos, dentro del ámbito de su competencia, las siguientes:

a) Presidir la Junta Local Ejecutiva y, durante el proceso electoral, el Consejo Local;

b) Coordinar los trabajos de los vocales de la Junta y distribuir entre ellas los asuntos de su competencia;

c) Someter a la aprobación del Consejo Local los asuntos de su competencia;

d) Cumplir los programas relativos al Registro Federal de Electores;

e) Ordenar al vocal secretario que expida las certificaciones que le soliciten los partidos políticos;

f) Proveer a las Juntas Distritales ejecutivas y a los consejos distritales los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

g) Llevar la estadística de las elecciones federales;

h)Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica; e

i) Las demás que les señale esta Ley.

2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral en cada entidad federativa se integrará una Comisión Local de Vigilancia.

Capítulo tercero

De los consejos locales

Artículo 57

1. Los consejos locales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán con un consejero presidente designado por el Consejo General en los términos del artículo 118, párrafo 1, inciso e), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como vocal ejecutivo; seis consejeros electorales, y representantes de los partidos políticos nacionales. Los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.

2. El vocal secretario de la Junta, será secretario del Consejo Local y tendrá voz pero no voto.

3. Los consejeros electorales serán designados conforme a lo dispuesto en el inciso f) del párrafo 1 del artículo 37 de esta Ley. Por cada consejero electoral propietario habrá un suplente. De producirse una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el consejero propietario en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la protesta de ley. Las designaciones podrán ser impugnadas ante la Sala correspondiente del Tribunal Electoral, cuando no se reúna alguno de los requisitos señalados en el artículo siguiente.

4. Los representantes de los partidos políticos nacionales tendrán voz, pero no voto; se determinarán conforme a la regla señalada en el párrafo 9 del artículo 29 de esta Ley.

Artículo 58

1. Los consejeros electorales de los consejos locales, deberán satisfacer los siguientes requisitos:

a) Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía;

b) Tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente;

c) Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones;

d) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación;

e) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación; y

f) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

2. Los consejeros electorales serán designados para dos procesos electorales ordinarios pudiendo ser reelectos para un proceso más.

3. Para el desempeño de sus funciones tendrán derecho a disfrutar de las facilidades necesarias en sus trabajos o empleos habituales.

4. Los consejeros electorales recibirán la dieta de asistencia que para cada proceso electoral se determine. Estarán sujetos en lo conducente al régimen de responsabilidades administrativas y podrán ser sancionados por el Consejo General por la violación en que incurran a los principios rectores de la función electoral que establece la Constitución.

Artículo 59

1. Los consejos locales iniciarán sus sesiones a más tardar el día 31 de octubre del año anterior al de la elección ordinaria.

2. A partir de su instalación y hasta la conclusión del proceso, los consejos sesionarán por lo menos una vez al mes.

3. Para que los consejos locales sesionen válidamente, es necesaria la presencia de la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el presidente, quien será suplido en sus ausencias momentáneas por el consejero electoral que él mismo designe.

4. En caso de ausencia del secretario a la sesión, sus funciones serán realizadas por un miembro del Servicio Profesional Electoral designado por el propio Consejo para esa sesión.

5. En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párrafo 3 de este artículo, la sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes con los consejeros y representantes que asistan, entre los que deberá estar el presidente o el secretario.

6. Tomarán sus resoluciones por mayoría de votos.

Artículo 60

1. Los consejos locales dentro del ámbito de su competencia, tienen las siguientes atribuciones:

a) Vigilar la observancia de esta Ley y los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales;

b) Vigilar que los consejos distritales se instalen en la entidad en los términos de esta Ley;

c) Designar en diciembre del año anterior al de la elección, por mayoría absoluta, a los consejeros electorales que integren los consejos distritales a que se refiere el párrafo 3 del artículo 68 de esta Ley, con base en las propuestas que al efecto hagan el consejero presidente y los propios consejeros electorales locales;

d) Resolver los medios de impugnación que les competan en los términos de la ley de la materia;

e) Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la agrupación a la que pertenezcan, que hayan presentado su solicitud ante el presidente del propio Consejo para participar como observadores durante el proceso electoral, conforme ala solicitud de registro para participar como observadores electorales, podrá presentarse en forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan, ante el presidente del Consejo Local o distrital correspondiente a su domicilio, a partir del inicio del proceso electoral y hasta el 31 de mayo del año de la elección. Los presidentes de los consejos locales y distritales, según el caso, darán cuenta de las solicitudes a los propios consejos, para su aprobación, en la siguiente sesión que celebren. La resolución que se emita deberá ser notificada a los solicitantes. El Consejo General garantizará este derecho y resolverá cualquier planteamiento que pudiera presentarse por parte de los ciudadanos o las organizaciones interesadas;

f) Publicar la integración de los consejos distritales por lo menos en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad;

g) Registrar supletoriamente los nombramientos de los representantes generales o representantes ante las mesas directivas de casilla en el caso previsto en el párrafo 3 del artículo 186 de esta Ley;

h) Registrar las fórmulas de candidatos a senadores, por el principio de mayoría relativa;

i) Efectuar el cómputo total y la declaración de validez de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales, dar a conocer los resultados correspondientes y turnar el original y las copias certificadas del expediente en los términos señalados en el Capítulo Cuarto del Título Cuarto del Libro Quinto de esta Ley;

j) Efectuar el cómputo de entidad federativa de la elección de senadores por el principio de representación proporcional, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales, dar a conocer los resultados correspondientes y turnar el original y las copias certificadas del expediente en los términos señalados en el Capítulo Tercero del Título Decimo Octavo de esta Ley;

k) Designar, en caso de ausencia del secretario, de entre los miembros del Servicio Profesional Electoral, a la persona que fungirá como secretario en la sesión;

l) Supervisar las actividades que realicen las juntas locales ejecutivas durante el proceso electoral;

m) Nombrar las comisiones de consejeros que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de sus atribuciones, con el número de miembros que para cada caso acuerde; y

n) Las demás que les confiera esta Ley.

Artículo 61

1. Los consejos locales con residencia en las capitales designadas cabecera de circunscripción plurinominal, además de las atribuciones señaladas en el artículo anterior, tendrán las siguientes:

a) Recabar de los consejos distritales comprendidos en su respectiva circunscripción, las actas del cómputo de la votación de la elección de diputados por el principio de representación proporcional;

b) Realizar los cómputos de circunscripción plurinominal de esta elección; y

c) Turnar el original y las copias del expediente del cómputo de circunscripción plurinominal de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, en los términos señalados en el Capítulo Tercero del Título Decimo Octavo de esta Ley.

Capítulo cuarto

De las atribuciones de los presidentes de los consejos locales

Artículo 62

1. Los presidentes de los consejos locales tienen las siguientes atribuciones:

a) Convocar y conducir las sesiones del Consejo;

b) Recibir por sí mismo o por conducto del secretario las solicitudes de registro de candidaturas a senador por el principio de mayoría relativa, que presenten los partidos políticos nacionales;

c) Recibir las solicitudes de acreditación que presenten los ciudadanos mexicanos o las agrupaciones a las que pertenezcan, para participar como observadores durante el proceso electoral;

d) Dar cuenta al secretario ejecutivo del Instituto de los cómputos de la elección de senadores por ambos principios y declaraciones de validez referentes a la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, así como de los medios de impugnación interpuestos, dentro de los cinco días siguientes a la sesión respectiva;

e) Vigilar la entrega a los consejos distritales, de la documentación aprobada, útiles y elementos necesarios para el desempeño de sus tareas;

f) Expedir la Constancia de Mayoría y Validez de la elección a las fórmulas de candidatos a senadores que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la Constancia de Asignación a la fórmula de primera minoría conforme al cómputo y declaración de validez del Consejo Local, e informar al Consejo General;

g) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el respectivo Consejo Local;

h) Recibir y turnar los medios de impugnación que se interpongan en contra de los actos o resoluciones del Consejo, en los términos de la ley aplicable; e

i) Las demás que les sean conferidas por esta Ley.

2. Los presidentes serán auxiliados en sus funciones por los secretarios de los consejos. Los secretarios tendrán a su cargo la sustanciación de los medios de impugnación que deba resolver el Consejo.

3. El presidente del Consejo Local convocará a sesiones cuando lo estime necesario o lo soliciten la mayoría de los representantes de los partidos políticos nacionales. Las convocatorias se harán por escrito.

Título octavo

De los órganos del instituto en los distritos electorales uninominales

Artículo 63

1. En cada uno de los 300 distritos electorales el Instituto contará con los siguientes órganos:

a) La Junta Distrital Ejecutiva;

b) El vocal ejecutivo; y

c) El Consejo Distrital.

2. Los órganos distritales tendrán su sede en la cabecera de cada uno de los distritos electorales.

Capítulo primero

De las Juntas Distritales ejecutivas

Artículo 64

1. Las Juntas Distritales ejecutivas son los órganos permanentes que se integran por: el vocal ejecutivo, los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y un vocal secretario.

2. El vocal ejecutivo presidirá la Junta.

3. El vocal secretario auxiliará al vocal ejecutivo en las tareas administrativas de la Junta.

4. Las Juntas Distritales ejecutivas estarán integradas invariablemente por funcionarios del Servicio Profesional Electoral.

Artículo 65

1. Las Juntas Distritales ejecutivas sesionarán por lo menos una vez al mes y tendrán, en su ámbito territorial, las siguientes atribuciones:

a) Evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores, Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica;

b) Proponer al Consejo Distrital correspondiente el número y ubicación de las casillas que habrán de instalarse en cada una de las secciones comprendidas en su distrito de conformidad con el artículo 180 de esta Ley;

c) Capacitar a los ciudadanos que habrán de integrar las mesas directivas de casilla, en los términos del Título Quinto de este Libro;

d) Presentar al Consejo Distrital para su aprobación, las propuestas de quienes fungirán como asistentes electorales el día de la jornada electoral; y

e) Las demás que les confiera esta Ley.

Capítulo segundo

De los vocales ejecutivos de las Juntas Distritales

Artículo 66

1. Son atribuciones de los vocales ejecutivos de las Juntas Distritales, en sus respectivos ámbitos de competencia, las siguientes:

a) Presidir la Junta Distrital Ejecutiva y durante el proceso electoral el Consejo Distrital;

b) Coordinar las vocalías a su cargo y distribuir entre ellas los asuntos de su competencia;

c) Someter a la aprobación del Consejo Distrital los asuntos de su competencia;

d) Cumplir los programas relativos al Registro Federal de Electores;

e) Expedir las certificaciones que le soliciten los partidos políticos;

f) Proveer a las vocalías y, en su caso, a las oficinas municipales los elementos necesarios para el cumplimiento de sus tareas;

g) Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica;

h) Proveer lo necesario para que se publiquen las listas de integración de las mesas directivas de casilla y su ubicación, en los términos de esta Ley;

i) Informar al vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva correspondiente sobre el desarrollo de sus actividades; y

j) Las demás que le señale esta Ley.

2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral en cada distrito electoral, se integrará una Comisión Distrital de Vigilancia.

Artículo 67

1. El Instituto Nacional Electoral podrá contar con oficinas municipales. En los acuerdos de creación de las oficinas, la Junta General Ejecutiva determinará su estructura, funciones y ámbito territorial de competencia.

Capítulo tercero

De los consejos distritales

Artículo 68

1. Los consejos distritales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán con un consejero presidente designado por el Consejo General en los términos del artículo 37, párrafo 1, inciso e), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como vocal ejecutivo distrital; seis consejeros electorales, y representantes de los partidos políticos nacionales. Los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.

2. El vocal secretario de la Junta, será secretario del Consejo Distrital y tendrá voz pero no voto.

3. Los seis consejeros electorales serán designados por el Consejo Local correspondiente conforme a lo dispuesto en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 60 de esta Ley. Por cada consejero electoral habrá un suplente. De producirse una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el consejero propietario en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la protesta de ley. Las designaciones podrán ser impugnadas en los términos previstos en la ley de la materia, cuando no se reúna alguno de los requisitos señalados en el artículo siguiente.

4. Los representantes de los partidos políticos nacionales tendrán voz, pero no voto; se determinarán conforme a la regla señalada en el párrafo 9 del artículo 29 de esta Ley.

Artículo 69

1. Los consejeros electorales de los consejos distritales deberán satisfacer los mismos requisitos establecidos por el artículo 58 de esta Ley para los consejeros locales.

2. Los consejeros electorales serán designados para dos procesos electorales ordinarios pudiendo ser reelectos para uno más.

3. Para el desempeño de sus funciones tendrán derecho a disfrutar de las facilidades necesarias en sus trabajos o empleos habituales.

4. Los consejeros electorales recibirán la dieta de asistencia que para cada proceso electoral se determine. Estarán sujetos en lo conducente al régimen de responsabilidades administrativas y podrán ser sancionados por el Consejo General por la violación en que incurran a los principios rectores de la función electoral que establece la Constitución.

Artículo 70

1. Los consejos distritales iniciarán sus sesiones a más tardar el día 31 de diciembre del año anterior al de la elección ordinaria.

2. A partir de su instalación y hasta la conclusión del proceso, los consejos sesionarán por lo menos una vez al mes.

3. Para que los consejos distritales sesionen válidamente, es necesaria la presencia de la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el presidente, quien será suplido en sus ausencias momentáneas, por el consejero electoral que él mismo designe.

4. En caso de ausencia del secretario a la sesión, sus funciones serán cubiertas por un integrante del Servicio Profesional Electoral, designado por el propio Consejo para esa sesión.

5. En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párrafo 3 de este artículo, la sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes con los consejeros y representantes que asistan, entre los que deberá estar el presidente o el secretario.

6. Tomarán sus resoluciones por mayoría de votos.

Artículo 71

1. Los consejos distritales tienen, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:

a) Vigilar la observancia de esta Ley y de los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales;

b) Designar, en caso de ausencia del secretario, de entre los integrantes del Servicio Profesional Electoral, a la persona que fungirá como tal en la sesión;

c) Determinar el número y la ubicación de las casillas conforme al procedimiento señalado en los artículos 180 y 181 de esta Ley;

d) Insacular a los funcionarios de casilla conforme al procedimiento previsto en el artículo 178 y vigilar que las mesas directivas de casilla se instalen en los términos de esta Ley;

e) Registrar las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa;

f) Registrar los nombramientos de los representantes que los partidos políticos acrediten para la jornada electoral;

g) Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la organización a la que pertenezcan, que hayan presentado su solicitud ante el presidente del propio Consejo para participar como observadores durante el proceso electoral, conforme al La solicitud de registro para participar como observadores electorales, podrá presentarse en forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan, ante el presidente del Consejo Local o distrital correspondiente a su domicilio, a partir del inicio del proceso electoral y hasta el 31 de mayo del año de la elección. Los presidentes de los consejos locales y distritales, según el caso, darán cuenta de las solicitudes a los propios consejos, para su aprobación, en la siguiente sesión que celebren. La resolución que se emita deberá ser notificada a los solicitantes. El Consejo General garantizará este derecho y resolverá cualquier planteamiento que pudiera presentarse por parte de los ciudadanos o las organizaciones interesadas;

h) Expedir, en su caso la identificación de los representantes de los partidos en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a partir de su registro, y en todo caso, diez días antes de la jornada electoral;

i) Efectuar los cómputos distritales y la declaración de validez de las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa y el cómputo distrital de la elección de diputados de representación proporcional;

j) Realizar los cómputos distritales de la elección de senadores por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional;

k) Realizar el cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

l) Supervisar las actividades de las Juntas Distritales ejecutivas durante el proceso electoral; y

m) Las demás que les confiera esta Ley.

Capítulo cuarto

De las atribuciones de los presidentes de los consejos distritales

Artículo 72

1. Corresponde a los presidentes de los consejos distritales:

a) Convocar y conducir las sesiones del Consejo;

b) Recibir las solicitudes de registro de candidaturas de diputados por el principio de mayoría relativa;

c) Dentro de los seis días siguientes a la sesión de cómputo, dar cuenta al secretario ejecutivo del Instituto, de los cómputos correspondientes, del desarrollo de las elecciones y de los medios de impugnación interpuestos;

d) Entregar a los presidentes de las mesas directivas de casilla la documentación y útiles necesarios, así como apoyarlos, para el debido cumplimiento de sus funciones;

e) Expedir la Constancia de Mayoría y Validez de la elección a la fórmula de candidatos a diputados que haya obtenido la mayoría de votos conforme al cómputo y declaración de validez del Consejo Distrital;

f) Dar a conocer mediante avisos colocados en el exterior de sus oficinas, los resultados de los cómputos distritales;

g) Turnar el original y las copias certificadas del expediente de los cómputos distritales relativo a las elecciones de diputados, senadores y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

h) Custodiar la documentación de las elecciones de diputados por mayoría relativa y representación proporcional, de senadores por mayoría relativa y representación proporcional y de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hasta que concluya el proceso electoral correspondiente;

i) Recibir y turnar los medios de impugnación que se interpongan en contra de los propios actos o resoluciones del Consejo en los términos previstos en la ley de la materia;

j) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el propio Consejo Distrital y demás autoridades electorales competentes;

k) Recibir las solicitudes de acreditación que presenten los ciudadanos mexicanos, o las agrupaciones a las que pertenezcan, para participar como observadores durante el proceso electoral; y

l) Las demás que les confiera esta Ley.

2. Los presidentes serán auxiliados en sus funciones por los secretarios de los consejos.

3. El presidente del Consejo Distrital convocará a sesiones cuando lo estime necesario o lo soliciten la mayoría de los representantes de los partidos políticos nacionales. Las convocatorias se harán por escrito.

Título noveno

De las mesas directivas de casilla

Artículo 73

1. Las mesas directivas de casilla por mandato constitucional, son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los 300 distritos electorales.

2. Las mesas directivas de casilla como autoridad electoral tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.

3. En cada sección electoral se instalará una casilla para recibir la votación el día de la jornada electoral, con excepción de lo dispuesto en los párrafos 3, 4 y 5 del artículo 177 de esta Ley.

Artículo 74

1. Las mesas directivas de casilla se integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores, y tres suplentes generales.

2. Las Juntas Distritales ejecutivas llevarán a cabo permanentemente cursos de educación cívica y capacitación electoral, dirigidos a los ciudadanos residentes en sus distritos.

3. Las Juntas Distritales ejecutivas integrarán las mesas directivas de casilla conforme al procedimiento señalado en el artículo 178 de esta Ley.

Artículo 75

1. Para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla;

b) inscrito en el Registro Federal de Electores;

c) Contar con credencial para votar;

d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos;

e) Tener un modo honesto de vivir;

f) Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente;

g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía; y

h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección.

Capítulo primero

De sus atribuciones

Artículo 76

1.Son atribuciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla:

a) Instalar y clausurar la casilla en los términos de esta Ley;

b) Recibir la votación;

c) Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación;

d) Permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura; y

e) Las demás que les confieran esta Ley y disposiciones relativas.

Artículo 77

1. Son atribuciones de los presidentes de las mesas directivas de casilla:

a) Como autoridad electoral, presidir los trabajos de la mesa directiva y velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, a lo largo del desarrollo de la jornada electoral;

b) Recibir de los consejos distritales la documentación, útiles y elementos necesarios para el funcionamiento de la casilla, y conservarlos bajo su responsabilidad hasta la instalación de la misma;

c) Identificar a los electores en el caso previsto en el párrafo 3 del artículo 202 de esta Ley;

d) Mantener el orden en la casilla y en sus inmediaciones, con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario;

e) Suspender, temporal o definitivamente, la votación en caso de alteración del orden o cuando existan circunstancias o condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la seguridad personal de los electores, de los representantes de los partidos o de los miembros de la mesa directiva;

f) Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del orden, impida la libre emisión del sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o ejerza violencia sobre los electores, los representantes de los partidos o de los miembros de la mesa directiva;

g) Practicar, con auxilio del secretario y de los escrutadores y ante los representantes de los partidos políticos presentes, el escrutinio y cómputo;

h) Concluidas las labores de la casilla, turnar oportunamente al Consejo Distrital la documentación y los expedientes respectivos en los términos del artículo 223 de esta Ley;

i) Fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de cada una de las elecciones.

Artículo 78

1. Son atribuciones de los secretarios de las mesas directivas de casilla:

a) Levantar durante la jornada electoral las actas que ordena esta Ley y distribuirlas en los términos que el mismo establece;

b) Contar, inmediatamente antes del inicio de la votación y ante los representantes de partidos políticos que se encuentren presentes, las boletas electorales recibidas y anotar el número de folios de las mismas en el acta de instalación;

c) Comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal correspondiente;

d) Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de los partidos políticos;

e) Inutilizar las boletas sobrantes de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 214 de esta Ley; y

f) Las demás que les confieran esta Ley.

Artículo 79

1. Son atribuciones de los escrutadores de las mesas directivas de casilla:

a) Contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, y el número de electores que votaron conforme a las marca asentada en la lista nominal de electores, cerciorándose de que ambas cifras sean coincidentes y, en caso de no serlo, consignar el hecho;

b) Contar el número de votos emitidos en favor de cada candidato, fórmula, o lista regional;

c) Auxiliar al presidente o al secretario en las actividades que les encomienden; y

d) Las demás que les confiera esta Ley.

Título decimo

Disposiciones comunes

Artículo 80

1. Los integrantes del Consejo General, de los consejos locales y distritales y los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla, deberán rendir la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en esta Ley, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado.

Artículo 81

1. Los partidos políticos nacionales deberán acreditar a sus representantes ante los consejos locales y distritales a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la sesión de instalación del Consejo de que se trate.

2. Vencido este plazo, los partidos que no hayan acreditado a sus representantes no formarán parte del Consejo respectivo durante el proceso electoral.

3. Los partidos políticos podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes en los consejos del Instituto.

Artículo 82

1. Cuando el representante propietario de un partido, y en su caso el suplente, no asistan sin causa justificada por tres veces consecutivas a las sesiones del Consejo del Instituto ante el cual se encuentren acreditados, el partido político dejará de formar parte del mismo durante el proceso electoral de que se trate. A la primera falta se requerirá al representante para que concurra a la sesión y se dará aviso al partido político a fin de que compela a asistir a su representante.

2. Los consejos distritales informarán por escrito a los consejos locales de cada ausencia, para que a su vez informen al Consejo General del Instituto con el propósito de que entere a los representantes de los partidos políticos.

3. La resolución del Consejo correspondiente se notificará al partido político respectivo.

Artículo 83

1. Los órganos del Instituto expedirán, a solicitud de los representantes de los partidos políticos nacionales, copias certificadas de las actas de las sesiones que celebren.

2. El secretario del órgano correspondiente recabará el recibo de las copias certificadas que expida conforme a este artículo.

Artículo 84

1. Las sesiones de los consejos del Instituto serán públicas.

2. Los concurrentes deberán guardar el debido orden en el recinto donde se celebren las sesiones.

3. Para garantizar el orden, los presidentes podrán tomar las siguientes medidas:

a) Exhortación a guardar el orden;

b) Conminar a abandonar el local; y

c) Solicitar el auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden y expulsar a quienes lo hayan alterado.

Artículo 85

1. En las mesas de sesiones de los consejos sólo ocuparán lugar y tomarán parte en las deliberaciones los consejeros y los representantes de los partidos políticos.

Artículo 86

1. Las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a proporcionar a los órganos del Instituto Nacional Electoral, a petición de los presidentes respectivos, los informes, las certificaciones y el auxilio de la fuerza pública necesarios para el cumplimiento de sus funciones y resoluciones.

Artículo 87

1. Los funcionarios electorales y los representantes de los partidos políticos nacionales debidamente acreditados ante los órganos del Instituto, gozarán de las franquicias postales y telegráficas y de los descuentos en las tarifas de los transportes otorgados a las dependencias oficiales, según lo acuerde el secretario ejecutivo del Instituto.

Artículo 88

1. Los consejos locales y distritales, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su instalación, remitirán copia del acta respectiva al secretario ejecutivo del Instituto para dar cuenta al Consejo General.

2. Los consejos distritales remitirán, además, una copia del acta al presidente del Consejo Local de la entidad federativa correspondiente.

3. En idéntica forma procederán respecto de las subsecuentes sesiones.

4. A solicitud de los representantes de los partidos políticos ante los consejos General, locales y distritales, se expedirán copias certificadas de las actas de sus respectivas sesiones a más tardar a los cinco días de haberse aprobado aquéllas. Los secretarios de los consejos serán responsables por la inobservancia.

Artículo 89

1. Durante los procesos electorales federales, todos los días y horas son hábiles.

2. Los consejos locales y distritales determinarán sus horarios de labores teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo anterior. De los horarios que fijen informarán al secretario ejecutivo del Instituto para dar cuenta al Consejo General del Instituto y en su caso, al presidente del Consejo Local respectivo, y a los partidos políticos nacionales que hayan acreditado representantes ante el mismo.

Título décimo primero

De los procedimientos del Registro Federal de Electores

Capito primero

Disposiciones preliminares

Artículo 90

1. El Instituto Nacional Electoral prestará por conducto de la Dirección Ejecutiva competente y de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal de Electores.

2. El Registro Federal de Electores es de carácter permanente y de interés público. Tiene por objeto cumplir con lo previsto en el artículo 41 constitucional sobre el Padrón Electoral.

3. Los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y esta Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en que el Instituto Nacional Electoral fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por esta Ley en materia electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente.

4. Los miembros de los Consejos General, Locales y Distritales, así como de las comisiones de vigilancia, tendrán acceso a la información que conforma el padrón electoral, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán darle o destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del padrón electoral y las listas nominales.

Artículo 91

1. El Registro Federal de Electores está compuesto por las secciones siguientes:

a) Del Catálogo General de Electores; y

b) Del Padrón Electoral.

Artículo 92

1. En el Catálogo General de Electores se consigna la información básica de los varones y mujeres mexicanos, mayores de 18 años, recabada a través de la técnica censal total.

2. En el Padrón Electoral constarán los nombres de los ciudadanos consignados en el Catálogo General de Electores y de quienes han presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 1 del artículo 98 de esta Ley.

Artículo 93

1. Las dos secciones del Registro Federal de Electores se formarán, según el caso, mediante las acciones siguientes:

a) La aplicación de la técnica censal total o parcial;

b) La inscripción directa y personal de los ciudadanos; y

c) La incorporación de los datos que aporten las autoridades competentes relativos a fallecimientos o habilitaciones, inhabilitaciones y rehabilitaciones de derechos políticos de los ciudadanos.

Artículo 94

1. Los ciudadanos están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Electores y a informar a éste de su cambio de domicilio dentro de los treinta días siguientes a que éste ocurra.

2. Asimismo, los ciudadanos participarán en la formación y actualización del Catálogo General de Electores y del Padrón Electoral en los términos de las normas reglamentarias correspondientes.

Artículo 95

1. El Instituto Nacional Electoral debe incluir a los ciudadanos en las secciones del Registro Federal de Electores y expedirles la credencial para votar.

2. La credencial para votar es el documento indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto.

Capítulo segundo

Del Catálogo General de Electores

Artículo 96

1. Según lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución, establecida una nueva demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales basada en el último censo general de población, el Consejo General del Instituto, con la finalidad de contar con un catálogo general de electores del que se derive un padrón integral, auténtico y confiable, podrá ordenar, si fuere necesario, que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores aplique las técnicas disponibles, incluyendo la censal en todo el país, de acuerdo a los criterios de la Comisión Nacional de Vigilancia y de la propia Dirección Ejecutiva.

2. La técnica censal es el procedimiento que se realiza mediante entrevistas casa por casa, a fin de obtener la información básica de los mexicanos mayores de 18 años, consistente en:

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;

b) Lugar y fecha de nacimiento;

c) Edad y sexo;

d) Domicilio actual y tiempo de residencia;

e) Ocupación; y

f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización.

3. La información básica contendrá además de la entidad federativa, el municipio, la localidad, el distrito electoral uninominal y la sección electoral correspondiente al domicilio, así como la fecha en que se realizó la visita y el nombre y la firma del entrevistador. En todos los casos se procurará establecer el mayor número de elementos para ubicar dicho domicilio geográficamente.

4. Concluida la aplicación de la técnica censal total, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores verificará que en el catálogo general no existan duplicaciones, a fin de asegurar que cada elector aparezca registrado una sola vez.

5. Formado el catálogo general de electores a partir de la información básica recabada, se procederá en los términos del siguiente Capítulo.

Capítulo tercero

De la formación del padrón electoral

Artículo 97

1. Con base en el catálogo general de electores, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá a la formación del padrón electoral y, en su caso, a la expedición de las credenciales para votar.

Artículo 98

1. Para la incorporación al padrón electoral se requerirá solicitud individual en que consten firma, huellas dactilares y fotografía del ciudadano, en los términos del artículo 103 de la presente Ley.

2. Con base en la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores expedirá la correspondiente credencial para votar.

Artículo 99

1. Los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las oficinas o módulos que determine el Instituto Nacional Electoral, a fin de solicitar y obtener su credencial para votar con fotografía.

2. Para solicitar la credencial para votar con fotografía, el ciudadano deberá identificarse, preferentemente, con documento de identidad expedido por autoridad, o a través de los medios y procedimientos que determine la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores conservará copia digitalizada de los documentos presentados.

3. En todos los casos, al solicitar un trámite registral, el interesado deberá asentar su firma y huellas dactilares en el formato respectivo.

4. Al recibir su credencial para votar el ciudadano deberá identificarse, preferentemente, con documento de identidad expedido por autoridad, o a satisfacción del funcionario electoral que realice la entrega, de conformidad con los procedimientos acordados por la Comisión Nacional de Vigilancia. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores conservará copia digitalizada de la constancia de entrega de la credencial.

5. En el caso de los ciudadanos que, dentro del plazo correspondiente, no acudan a recibir su credencial para votar, el Instituto, por los medios más expeditos de que disponga, les formulará hasta tres avisos para que procedan a recogerla. De persistir el incumplimiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 118 de esta Ley.

6. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de acuerdo con el procedimiento que a tal efecto acuerde el Consejo General, tomará las medidas para el control, salvaguarda y, en su caso, destrucción, de los formatos de credencial que no hubieren sido utilizados.

7. Las oficinas del Registro Federal de Electores verificarán que los nombres de los ciudadanos que no hayan acudido a obtener su credencial para votar con fotografía, no aparezcan en las listas nominales de electores.

Artículo 100

1. Una vez llevado a cabo el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, se procederá a formar las listas nominales de electores del Padrón Electoral con los nombres de aquéllos a los que se les haya entregado su credencial para votar.

2. Los listados se formularán por distritos y por secciones electorales.

3. Los listados anteriores se pondrán a disposición de los partidos políticos para su revisión y, en su caso, para que formulen las observaciones que estimen pertinentes.

4. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores proveerá lo necesario para que las listas nominales se pongan en conocimiento de la ciudadanía en cada distrito.

Capítulo cuarto

De la actualización del catálogo general de electores y del padrón electoral

Artículo 101

1. A fin de actualizar el catálogo general de electores y el padrón electoral, el Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores realizará anualmente, a partir del día 1o. de octubre y hasta el 15 de enero siguiente, una campaña intensa para convocar y orientar a la ciudadanía a cumplir con las obligaciones a que se refieren los dos párrafos siguientes:

2. Durante el periodo de actualización deberán acudir ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en los lugares que ésta determine, para ser incorporados al catálogo general de electores, todos aquellos ciudadanos:

a) Que no hubiesen sido incorporados durante la aplicación de la técnica censal total; y

b) Que hubiesen alcanzado la ciudadanía con posterioridad a la aplicación de la técnica censal total.

3. Durante el periodo de actualización también deberán acudir a las oficinas los ciudadanos incorporados en el catálogo general de electores y el padrón electoral que:

a) No hubieren notificado su cambio de domicilio;

b) Incorporados en el catálogo general de electores no estén registrados en el padrón electoral;

c) Hubieren extraviado su credencial para votar; y

d) Suspendidos en sus derechos políticos hubieren sido rehabilitados.

4. Los ciudadanos al acudir voluntariamente a darse de alta o dar aviso de cambio de domicilio, o bien al ser requeridos por el personal del Instituto durante la aplicación de la técnica censal, tendrán la obligación de señalar el domicilio en que hubieren sido registrados con anterioridad, y en su caso, firmar y poner las huellas dactilares en los documentos para la actualización respectiva.

5. Los partidos políticos nacionales y los medios de comunicación podrán coadyuvar con el Instituto en las tareas de orientación ciudadana.

Artículo 102

1. Los ciudadanos podrán solicitar su incorporación en el catálogo general de electores, o en su caso, su inscripción en el padrón electoral, en periodos distintos a los de actualización a que se refiere el artículo anterior, desde el día siguiente al de la elección, hasta el día 15 de enero del año de la elección federal ordinaria.

2. Los mexicanos que en el año de la elección cumplan los 18 años entre el 16 de enero y el día de los comicios, deberán solicitar su inscripción a más tardar el día 15 del citado mes de enero.

Artículo 103

1. La solicitud de incorporación al catálogo general de electores podrá servir para la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral; se hará en formas individuales en las que se asentarán los siguientes datos:

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;

b) Lugar y fecha de nacimiento;

c) Edad y sexo;

d) Domicilio actual y tiempo de residencia;

e) Ocupación;

f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización; y

g) Firma y, en su caso, huellas dactilares y fotografía del solicitante.

2. El personal encargado de la inscripción asentará en la forma a que se refiere el párrafo anterior los siguientes datos:

a) Entidad federativa, municipio y localidad donde se realice la inscripción;

b) Distrito electoral federal y sección electoral correspondiente al domicilio; y

c) Fecha de la solicitud de inscripción.

3. Al ciudadano que solicite su inscripción se le entregará un comprobante de su solicitud, con el número de ésta, el cual devolverá al momento de recibir o recoger su credencial para votar.

Artículo 104

1. Los ciudadanos mexicanos residentes en el territorio nacional, que se encuentren incapacitados físicamente para acudir a inscribirse ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio, deberán solicitar su inscripción por escrito, acompañando la documentación que acredite su incapacidad. En su caso, la Dirección Ejecutiva dictará las medidas pertinentes para la entrega de la credencial para votar del elector físicamente impedido.

Artículo 105

1. Dentro de los treinta días siguientes a su cambio de domicilio, los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, deberán dar el aviso correspondiente ante la oficina del Instituto más cercana a su nuevo domicilio.

2. En los casos en que un ciudadano solicite su alta por cambio de domicilio, deberá exhibir y entregar la credencial para votar correspondiente a su domicilio anterior, o aportar los datos de la misma en caso de haberla extraviado, para que se proceda a cancelar tal inscripción, a darlo de alta en el listado correspondiente a su domicilio actual y expedirle su nueva credencial para votar. Las credenciales sustituidas por el procedimiento anterior serán destruidas de inmediato.

Artículo 106

1. Podrán solicitar la expedición de credencial para votar con fotografía o la rectificación ante la oficina del Instituto Nacional Electoral responsable de la inscripción, aquellos ciudadanos que:

a) Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes no hubieren obtenido oportunamente su credencial para votar con fotografía;

b) Habiendo obtenido oportunamente su credencial para votar con fotografía, no aparezcan incluidos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio; o

c) Consideren haber sido indebidamente excluidos de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio.

2. En los casos a que se refiere el párrafo anterior, la solicitud de expedición o de rectificación se presentará en cualquier tiempo durante los dos años previos al del proceso electoral.

3. En el año de la elección los ciudadanos que se encuentren en el supuesto del inciso a) del párrafo 1 de este artículo, podrán promover la instancia administrativa correspondiente para obtener su credencial para votar con fotografía hasta el día último de febrero. En los casos previstos en los incisos b) y c) del párrafo señalado, los ciudadanos podrán presentar solicitud de rectificación a más tardar el día 14 de abril.

4. En las oficinas del Registro Federal de Electores, existirán a disposición de los ciudadanos los formatos necesarios para la presentación de la solicitud respectiva.

5. La oficina ante la que se haya solicitado la expedición de credencial o la rectificación resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la misma dentro de un plazo de veinte días naturales.

6. La resolución que declare improcedente la instancia administrativa para obtener la credencial o de rectificación o la falta de respuesta en tiempo, serán impugnables ante el Tribunal Electoral. Para tal efecto, los ciudadanos interesados tendrán a su disposición en las oficinas del Registro Federal de Electores los formatos necesarios para la interposición del medio de impugnación respectivo.

7. La resolución recaída a la instancia administrativa para obtener la credencial o de rectificación, será notificada personalmente al ciudadano si éste comparece ante la oficina responsable de la inscripción o, en su caso, por telegrama o correo certificado.

Artículo 107

1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores podrá utilizar la técnica censal parcial en distritos o secciones, o partes de éstos, en aquellos casos en que así lo decida la Junta General Ejecutiva, a fin de mantener actualizados el catálogo general de electores y el padrón electoral.

2. La técnica censal parcial tendrá por objeto recabar la información básica de los ciudadanos no incluidos en el catálogo general de electores o, en su caso, verificar los datos contenidos en el mismo, mediante visitas casa por casa.

Artículo 108

1. Las comisiones de vigilancia podrán solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores o a las juntas locales y distritales ejecutivas, según corresponda, sometan a consideración de la Junta General Ejecutiva el acuerdo para que se aplique en una sección o distrito electoral la técnica censal parcial.

Artículo 109

1. Las credenciales para votar con fotografía que se expidan conforme a lo establecido en el presente Capítulo estarán a disposición de los interesados en las oficinas o módulos que determine el Instituto hasta el 31 de marzo del año de la elección.

Capítulo quinto

De las listas nominales de electores y de su revisión

Artículo 110

1. Las listas nominales de electores son las relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre de las personas incluidas en el padrón electoral, agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar.

2. La sección electoral es la fracción territorial de los distritos electorales uninominales para la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral y en las listas nominales de electores.

3. Cada sección tendrá como mínimo 50 electores y como máximo 1,500.

4. El fraccionamiento en secciones electorales estará sujeto a la revisión de la división del territorio nacional en distritos electorales, en los términos del artículo 53 de la Constitución.

Artículo 111

1. En cada Junta Distrital, de manera permanente, el Instituto pondrá a disposición de los ciudadanos los medios para consulta electrónica de su inscripción en el padrón electoral y en las correspondientes listas nominales, conforme a los procedimientos que determine la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

2. Los partidos políticos tendrán acceso en forma permanente a la base de datos del padrón electoral y las listas nominales, exclusivamente para su revisión, y no podrán usar dicha información para fines distintos.

Artículo 112

1. Las observaciones pertinentes que los ciudadanos formulen a las listas nominales de electores serán comunicadas por las Juntas Distritales a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para los efectos conducentes.

Artículo 113

1. Los partidos políticos, conforme a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 111 de esta Ley, podrán formular a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores sus observaciones sobre los ciudadanos inscritos o excluidos indebidamente de las listas nominales, dentro del plazo de veinte días naturales a partir del 25 de marzo de cada uno de los dos años anteriores al de la celebración de las elecciones.

2. La Dirección Ejecutiva examinará las observaciones de los partidos políticos haciendo, en su caso, las modificaciones que conforme a derecho hubiere lugar.

3. De lo anterior informará a la Comisión Nacional de Vigilancia y al Consejo General del Instituto a más tardar el 15 de mayo.

4. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el informe a que se refiere el párrafo anterior. En el medio de impugnación que se interponga se deberá acreditar que se hicieron valer en tiempo y forma las observaciones a que se refiere el párrafo 1 de este artículo, señalándose hechos y casos concretos e individualizados, mismos que deben estar comprendidos en las observaciones originalmente formuladas. De no cumplirse con dichos requisitos, independientemente de los demás que señale la ley de la materia, será desechado por notoriamente improcedente. El medio de impugnación se interpondrá ante el Consejo General dentro de los tres días siguientes a aquel en que se dé a conocer el informe a los partidos políticos.

Artículo 114

1. El 15 de marzo del año en que se celebre el proceso electoral ordinario, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará en medios magnéticos, a cada uno de los partidos políticos las listas nominales de electores divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por secciones correspondientes a cada uno de los distritos electorales. El primer apartado contendrá los nombres de los ciudadanos que hayan obtenido su credencial para votar con fotografía al 15 de febrero y el segundo apartado contendrá los nombres de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral que no hayan obtenido su credencial para votar con fotografía a esa fecha.

2. Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos y casos concretos e individualizados, hasta el 14 de abril inclusive.

3. De las observaciones formuladas por los partidos políticos se harán las modificaciones a que hubiere lugar y se informará al Consejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia a más tardar el 15 de mayo.

4. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el informe a que se refiere el párrafo anterior. La impugnación se sujetará a lo establecido en el párrafo 4 del artículo 113 y en la ley de la materia.

5. Si no se impugna el informe o, en su caso, una vez que el Tribunal haya resuelto las impugnaciones, el Consejo General del Instituto sesionará para declarar que el padrón electoral y los listados nominales de electores son válidos y definitivos.

Artículo 115

1. Los partidos políticos contarán en el Instituto con terminales de computación que les permitan tener acceso a la información contenida en el padrón electoral y en las listas nominales de electores. Igualmente y conforme a las posibilidades técnicas, los partidos políticos tendrán garantía de acceso permanente al contenido de la base de datos, base de imágenes, documentos fuente y movimientos del padrón, exclusivamente para su revisión y verificación.

2. De igual manera, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores instalará centros estatales de consulta del padrón electoral para su utilización por los representantes de los partidos políticos ante las comisiones locales de vigilancia, y establecerá además, mecanismos de consulta en las oficinas distritales del propio Registro, a los cuales tendrá acceso cualquier ciudadano para verificar si está registrado en el padrón electoral e incluido debidamente en la lista nominal de electores que corresponda.

Artículo 116

1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, una vez concluidos los procedimientos a que se refieren los artículos anteriores, elaborará e imprimirá las listas nominales de electores definitivas con fotografía que contendrán los nombres de los ciudadanos que obtuvieron su credencial para votar con fotografía hasta el 31 de marzo inclusive, ordenadas alfabéticamente por distrito y por sección electoral para su entrega, por lo menos treinta días antes de la jornada electoral, a los consejos locales para su distribución a los consejos distritales y a través de éstos a las mesas directivas de casilla en los términos señalados en esta Ley.

2. A los partidos políticos les será entregado un tanto de la lista nominal de electores con fotografía a más tardar un mes antes de la jornada electoral.

Artículo 117

1. A fin de mantener permanentemente actualizados el catálogo general de electores y el padrón electoral, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores recabará de los órganos de las administraciones públicas federal y estatal la información necesaria para registrar todo cambio que lo afecte.

2. Los servidores públicos del Registro Civil deberán informar al Instituto de los fallecimientos de ciudadanos, dentro de los diez días siguientes a la fecha de expedición del acta respectiva.

3. Los jueces que dicten resoluciones que decreten la suspensión o pérdida de derechos políticos o la declaración de ausencia o presunción de muerte de un ciudadano así como la rehabilitación de los derechos políticos de los ciudadanos de que se trate, deberán notificarlas al Instituto dentro de los diez días siguientes a la fecha de expedición de la respectiva resolución.

4. La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá dar aviso al Instituto, dentro de los diez días siguientes a la fecha en, que:

a) Expida o cancele cartas de naturalización;

b) Expida certificados de nacionalidad; y

c) Reciba renuncias a la nacionalidad.

5. Las autoridades señaladas en los párrafos anteriores deberán remitir la información respectiva en los días señalados, conforme a los procedimientos y en los formularios que al efecto les sean proporcionados por el Instituto.

6. El presidente del Consejo General podrá celebrar convenios de cooperación tendentes a que la información a que se refiere este artículo se proporcione puntualmente.

Artículo 118

1. Las solicitudes de trámite realizadas por los ciudadanos que no cumplan con la obligación de acudir a la oficina o módulo del Instituto correspondiente a su domicilio a obtener su credencial para votar con fotografía, a más tardar el último día de marzo del segundo año posterior a aquel en que se hayan presentado, serán canceladas.

2. En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores elaborará relaciones con los nombres de los ciudadanos cuyas solicitudes hubiesen sido canceladas, ordenándolas por sección electoral y alfabéticamente, a fin de que sean entregadas a los representantes de los partidos políticos acreditados ante las comisiones distritales, locales y Nacional de Vigilancia, en lo que corresponde, a más tardar el día 30 de abril de cada año, para su conocimiento y observaciones.

3. Dichas relaciones serán exhibidas entre el 1o. y el 31 de mayo, en las oficinas del Instituto, a fin de que surtan efectos de notificación por estrados a los ciudadanos interesados y éstos tengan la posibilidad de solicitar nuevamente su inscripción en el padrón electoral durante el plazo para la campaña intensa a que se refiere el párrafo 1 del artículo 101 de esta Ley o, en su caso, de interponer el medio de impugnación previsto en el párrafo 6 del artículo 106 de este ordenamiento.

4. Los formatos de las credenciales de los ciudadanos cuya solicitud haya sido cancelada en los términos de los párrafos precedentes, serán destruidos ante las respectivas comisiones de vigilancia en los términos que determine el reglamento.

5. En todo caso, el ciudadano cuya solicitud de trámite registral en el padrón electoral hubiese sido cancelada por omisión en la obtención de su credencial para votar con fotografía en los términos de los párrafos anteriores, podrá solicitar nuevamente su inscripción en los términos y plazos previstos en los artículos 98, 101 y 102 de esta Ley.

6. Los formatos de las credenciales de los ciudadanos que solicitaron su inscripción al padrón electoral o efectuaron alguna solicitud de actualización durante los dos años anteriores al de la elección, y no hubiesen sido recogidos por sus titulares dentro del plazo legalmente establecido para ello, serán resguardados según lo dispuesto por el párrafo 6 del artículo 99 de esta Ley.

7. Asimismo, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores dará de baja del padrón electoral a los ciudadanos que hubiesen avisado su cambio de domicilio mediante solicitud en que conste su firma, huellas dactilares, y en su caso, fotografía. En este supuesto, la baja operará exclusivamente por lo que se refiere al registro del domicilio anterior.

8. En aquellos casos en que los ciudadanos hayan sido suspendidos en el ejercicio de sus derechos políticos por resolución judicial, serán excluidos del padrón electoral y de la lista nominal de electores durante el periodo que dure la suspensión. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores reincorporará al padrón electoral a los ciudadanos que sean rehabilitados en sus derechos políticos una vez que sea notificado por las autoridades competentes, o bien cuando el ciudadano acredite con la documentación correspondiente que ha cesado la causa de la suspensión o ha sido rehabilitado en sus derechos políticos.

9. Serán dados de baja del padrón electoral los ciudadanos que hayan fallecido, siempre y cuando quede acreditado con la documentación de las autoridades competentes o, en su defecto, mediante los procedimientos que determine la Comisión Nacional de Vigilancia.

10. La documentación relativa a los movimientos realizados en el padrón electoral quedará bajo la custodia y responsabilidad de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y sus vocalías, por un periodo de diez años. Una vez transcurrido este periodo, la Comisión Nacional de Vigilancia determinará el procedimiento de destrucción de dichos documentos.

11. La documentación referida en el párrafo anterior será conservada en medio digital por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y sus Vocalías.

Capítulo sexto

De la credencial para votar

Artículo 119

1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector:

a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio;

b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano;

c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;

d) Domicilio;

e) Sexo;

f) Edad y año de registro;

g) Firma, huella digital y fotografía del elector;

h) Clave de registro; y

i) Clave Unica del Registro de Población.

2. Además tendrá:

a) Espacios necesarios para marcar año y elección de que se trate;

b) Firma impresa del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral;

c) Año de emisión; y

d) Año en el que expira su vigencia.

3. A más tardar el último día de febrero del año en que se celebren las elecciones, los ciudadanos cuya credencial para votar con fotografía hubiera sido extraviada, robada o sufrido deterioro grave, deberán solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio.

4. La credencial para votar tendrá una vigencia de 10 años, contados a partir del año de su emisión, a cuyo término el ciudadano deberá solicitar una nueva credencial.

Capítulo séptimo

De las comisiones de vigilancia

Artículo 120

1. Las comisiones de vigilancia se integrarán por:

a) El director ejecutivo del Registro Federal de Electores o, en su caso, los vocales correspondientes de las juntas locales o distritales ejecutivas, quienes fungirán como presidentes de las respectivas comisiones, en caso de ausencia temporal, estos últimos podrán ser sustituidos por los vocales ejecutivos de dichas juntas. El presidente de la Comisión Nacional de Vigilancia será sustituido, en sus ausencias temporales, por el secretario de la misma.

b) Un representante propietario y un suplente por cada uno de los partidos políticos nacionales; y

c) Un secretario designado por el respectivo presidente, entre los miembros del servicio profesional electoral con funciones en el área registral.

2. La Comisión Nacional de Vigilancia contará además, con la participación de un representante del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

3. Los partidos políticos deberán acreditar oportunamente a sus representantes ante las respectivas comisiones de vigilancia, los que podrán ser sustituidos en todo tiempo.

Artículo 121

1. Las comisiones de vigilancia tienen las siguientes atribuciones:

a) Vigilar que la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral y en las listas nominales de electores, así como su actualización, se lleven a cabo en los términos establecidos en esta Ley;

b) Vigilar que las credenciales para votar se entreguen oportunamente a los ciudadanos;

c) Recibir de los partidos políticos las observaciones que formulen a las listas nominales de electores;

d) Coadyuvar en la campaña anual de actualización del padrón electoral; y

e) Las demás que les confiera la presente Ley.

2. La Comisión Nacional de Vigilancia conocerá de los trabajos que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores realice en materia de demarcación territorial.

3. La Comisión Nacional de Vigilancia sesionará por lo menos una vez al mes; las locales y distritales, por lo menos una vez cada tres meses, salvo durante el proceso electoral, en que lo harán por lo menos una vez al mes.

4. De cada sesión se levantará el acta que deberá ser firmada por los asistentes a la misma. Las inconformidades que en su caso hubiese se consignarán en la propia acta, de la que se entregará copia a los asistentes.

5. El Consejo General, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, aprobará el reglamento de sesiones y funcionamiento de las comisiones de vigilancia a que se refiere este artículo.

Título décimo segundo

De las bases para la organización del Servicio Profesional Electoral

Capítulo primero

Disposición preliminar

Artículo 122

1. Con fundamento en el artículo 41 de la Constitución y para asegurar el desempeño profesional de las actividades del Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Dirección Ejecutiva competente se organizará y desarrollará el servicio profesional electoral.

2. La objetividad y la imparcialidad que en los términos de la Constitución orientan la función estatal de organizar las elecciones serán los principios para la formación de los miembros del servicio.

3. La organización del servicio será regulada por las normas establecidas por esta Ley y por las del Estatuto que apruebe el Consejo General.

4. La Junta General Ejecutiva elaborará el proyecto de Estatuto, que será sometido al Consejo General por el secretario ejecutivo, para su aprobación.

5. El Estatuto desarrollará, concretará y reglamentará las bases normativas contenidas en este Título.

Capítulo segundo

Del Servicio Profesional Electoral

Artículo 123

1. El Servicio Profesional Electoral se integrará por el cuerpo de la función directiva y el de técnicos.

2. El cuerpo de la función directiva proveerá el personal para cubrir los cargos con atribuciones de dirección, de mando y de supervisión.

3. El cuerpo de técnicos proveerá el personal para cubrir los puestos y realizar las actividades especializadas.

4. Cada cuerpo se estructurará por niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de la estructura orgánica del Instituto. Los niveles o rangos permitirán la promoción de los miembros titulares de cada cuerpo. En estos últimos, se desarrollará la carrera de los miembros permanentes del servicio, de manera que puedan colaborar en el Instituto en su conjunto y no exclusivamente en un cargo o puesto.

5. El ingreso a cada cuerpo procederá cuando el aspirante acredite los requisitos personales, académicos y de experiencia profesional que para cada cargo o puesto señale el Estatuto. Serán vías de ingreso el concurso público, el examen de incorporación temporal y los cursos y prácticas, según lo señalen las normas estatutarias. La vía de cursos y prácticas queda reservada para la incorporación del personal del Instituto que se desempeñe en cargos administrativos.

6. La permanencia de los servidores públicos en el Instituto estará sujeta a la acreditación de los exámenes de los programas de formación y desarrollo profesional electoral, así como al resultado de la evaluación anual que se realicen en términos de lo que establezca el Estatuto.

7. El cuerpo de la función directiva proveerá de sus rangos o niveles a los funcionarios que cubrirán los cargos establecidos por esta Ley para las direcciones y Juntas Ejecutivas en los siguientes términos:

a) En la Junta General Ejecutiva, los cargos inmediatamente inferiores al de director ejecutivo así como las plazas de otras áreas que determine el Estatuto;

b) En las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, los cargos de las Vocalías Ejecutivas y Vocalías, así como las demás plazas que establezca el Estatuto, y

c) Los demás cargos que se determinen en el Estatuto.

8. Los miembros del Servicio Profesional Electoral estarán sujetos al régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución.

Capítulo tercero

Del Estatuto del Servicio Profesional Electoral

Artículo 124

1. El Estatuto deberá establecer las normas para:

a) Definir los niveles o rangos de cada cuerpo y los cargos o puestos a los que dan acceso;

b) Formar el catálogo general de cargos y puestos del Instituto;

c) El reclutamiento y selección de los interesados en ingresar a una plaza del Servicio, que será primordialmente por la vía del concurso público;

d) Otorgar la titularidad en un nivel o rango, según sea el caso;

e) La formación y capacitación profesional y los métodos para la evaluación del rendimiento;

f) Los sistemas de ascenso, movimientos a los cargos o puestos y para la aplicación de sanciones administrativas o remociones. Los ascensos se otorgarán sobre las bases de mérito y rendimiento;

g) Contratación de prestadores de servicios profesionales para programas específicos y la realización de actividades eventuales; y

h) Las demás necesarias para la organización y buen funcionamiento del Instituto.

2. Asimismo el Estatuto deberá contener las siguientes normas:

a) Duración de la jornada de trabajo;

b) Días de descanso;

c) Períodos vacacionales, así como el monto y modalidad de la prima vacacional;

d) Permisos y licencias;

e) Régimen contractual de los servidores electorales;

f) Ayuda para gastos de defunción;

g) Medidas disciplinarias; y

h) Causales de destitución.

3. El secretario ejecutivo del Instituto podrá celebrar convenios con instituciones académicas y de educación superior para impartir cursos de formación, capacitación y actualización para aspirantes y miembros titulares del Servicio Profesional Electoral, y en general del personal del Instituto.

Capítulo cuarto

Disposiciones complementarias

Artículo 125

1. En el Estatuto se establecerán, además de las normas para la organización del Servicio Profesional Electoral las relativas a los empleados administrativos y de trabajadores auxiliares.

2. El Estatuto fijará las normas para su composición, ascensos, movimientos, procedimientos para la determinación de sanciones, medios ordinarios de defensa y demás condiciones de trabajo.

Artículo 126

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto Nacional Electoral, todo su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, y las leyes y la lealtad a la Institución, por encima de cualquier interés particular.

2. El Instituto Nacional Electoral podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

3. Los miembros del Servicio Profesional Electoral, con motivo de la carga laboral que representa el año electoral, al ser todos los días y horas hábiles, tendrán derecho a recibir una compensación derivada de las labores extraordinarias que realicen, de acuerdo con el presupuesto autorizado.

Artículo 127

1. Todo el personal del Instituto será considerado de confianza y quedará sujeto al régimen establecido en la fracción XIV del apartado "B" del artículo 123 de la Constitución.

2. El personal del Instituto Nacional Electoral será incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

3. Las diferencias o conflictos entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores serán resueltas por el Tribunal Electoral conforme al procedimiento previsto en la ley de la materia.

Titulo décimo tercero

Del proceso electoral

Capítulo primero

Disposiciones preliminares

Artículo 128

1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.

2. Previo a que se inicie el proceso electoral el Consejo General del Instituto determinará el ámbito territorial de cada una de las cinco circunscripciones plurinominales, así como, en su caso, la demarcación territorial a que se refiere el artículo 53 de la Constitución.

Artículo 129

1. El proceso electoral ordinario se inicia en octubre del año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, la conclusión será una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno.

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las etapas siguientes:

a) Preparación de la elección;

b) Jornada electoral;

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones; y

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo.

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el Consejo General del Instituto celebre durante la primera semana de octubre del año previo al en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral.

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de julioy concluye con la clausura de casilla.

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los Consejos Distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los Consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el Tribunal Electoral.

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de presidente electo.

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el secretario ejecutivo o el vocal ejecutivo de la Junta Local o Distrital del Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión por los medios que estime pertinentes.

Capítulo segundo

De los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular y las precampañas electorales

Artículo 130

1. Los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los precandidatos a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en esta Ley, en los Estatutos y en los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político.

2. Al menos treinta días antes del inicio formal de los procesos a que se refiere el párrafo inmediato anterior, cada partido determinará, conforme a sus Estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate. La determinación deberá ser comunicada al Consejo General del Instituto dentro de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación, señalando la fecha de inicio del proceso interno; el método o métodos que serán utilizados; la fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente; los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno; los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia; la fecha de celebración de la asamblea electoral nacional, estatal, distrital o, en su caso, de realización de la jornada comicial interna, conforme a lo siguiente:

a) Durante los procesos electorales federales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión, las precampañas darán inicio en la tercera semana de diciembre del año previo al de la elección. No podrán durar más de sesenta días.

b) Durante los procesos electorales federales en que se renueve solamente la Cámara de Diputados, las precampañas darán inicio en la cuarta semana de enero del año de la elección. No podrán durar más de cuarenta días, y

c) Tratándose de precampañas, darán inicio al día siguiente de que se apruebe el registro interno de los precandidatos. Las precampañas de todos los partidos deberán celebrarse dentro de los mismos plazos. Cuando un partido tenga prevista la celebración de una jornada de consulta directa, ésta se realizará el mismo día para todas las candidaturas.

3. Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato.

4. Los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme a esta Ley les corresponda para la difusión de sus procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, de conformidad con las reglas y pautas que determine el Instituto Nacional Electoral. Los precandidatos debidamente registrados podrán acceder a radio y televisión exclusivamente a través del tiempo que corresponda en dichos medios al partido político por el que pretenden ser postulados.

5. Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, en todo tiempo, la contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión. La violación a esta norma se sancionará con la negativa de registro como precandidato, o en su caso con la cancelación de dicho registro. De comprobarse la violación a esta norma en fecha posterior a la de postulación del candidato por el partido de que se trate, el Instituto Nacional Electoral negará el registro legal del infractor.

Artículo 131

1. Se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido.

2. Se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los militantes, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.

3. Se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas.

4. Precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a cargo de elección popular, conforme a esta Ley y a los Estatutos de un partido político, en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular.

5. Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición.

Artículo 132

1. Los partidos políticos, conforme a sus Estatutos, deberán establecer el órgano interno responsable de la organización de los procesos de selección de sus candidatos y, en su caso, de las precampañas.

2. Los precandidatos podrán impugnar, ante el órgano interno competente, los reglamentos y convocatorias; la integración de los órganos responsables de conducir los procesos internos, los acuerdos y resoluciones que adopten, y en general los actos que realicen los órganos directivos, o sus integrantes, cuando de los mismos se desprenda la violación de las normas que rijan los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular. Cada partido emitirá un reglamento interno en el que se normarán los procedimientos y plazos para la resolución de tales controversias.

3. Los medios de impugnación internos que se interpongan con motivo de los resultados de los procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular deberán quedar resueltos en definitiva a más tardar catorce días después de la fecha de realización de la consulta mediante voto directo, o de la asamblea en que se haya adoptado la decisión sobre candidaturas.

4. Los medios de impugnación que presenten los precandidatos debidamente registrados en contra de los resultados de elecciones internas, o de la asamblea en que se hayan adoptado decisiones sobre candidaturas, se presentarán ante el órgano interno competente a más tardar dentro de los cuatro días siguientes a la emisión del resultado o a la conclusión de la asamblea.

5. Solamente los precandidatos debidamente registrados por el partido de que se trate podrán impugnar el resultado del proceso de selección de candidatos en que hayan participado.

6. Es competencia directa de cada partido político, a través del órgano establecido por sus Estatutos, o por el reglamento o convocatoria correspondiente, negar o cancelar el registro a los precandidatos que incurran en conductas contrarias a esta Ley o a las normas que rijan el proceso interno, así como confirmar o modificar sus resultados, o declarar la nulidad de todo el proceso interno de selección, aplicando en todo caso los principios legales y las normas establecidas en sus Estatutos o en los reglamentos y convocatorias respectivas. Las decisiones que adopten los órganos competentes de cada partido podrán ser recurridas por los aspirantes o precandidatos ante el Tribunal Electoral, una vez agotados los procedimientos internos de justicia partidaria.

Artículo 133

1. A más tardar en el mes de noviembre del año previo al de la elección, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinará los topes de gasto de precampaña por precandidato y tipo de elección para la que pretenda ser postulado. El tope será equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate

2. El Consejo General, a propuesta de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, determinará los requisitos que cada precandidato debe cubrir al presentar su informe de ingresos y gastos de precampaña. En todo caso, el informe respectivo deberá ser entregado al órgano interno del partido competente a más tardar dentro de los siete días siguientes al de la jornada comicial interna o celebración de la asamblea respectiva.

3. Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Los precandidatos que sin haber obtenido la postulación a la candidatura no entreguen el informe antes señalado serán sancionados.

4. Los precandidatos que rebasen el tope de gastos de precampaña establecido por el Consejo General serán sancionados con la cancelación de su registro o, en su caso, con la pérdida de la candidatura que hayan obtenido. En el último supuesto, los partidos conservan el derecho de realizar las sustituciones que procedan.

Artículo 134

1. Quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto de precampaña.

Artículo 135

1. Cada partido político hará entrega a la Unidad de Fiscalización de los informes de ingresos y gastos de cada uno de los precandidatos que hayan participado en sus precampañas, según el tipo de elección de que se trate. Informará también los nombres y datos de localización de los precandidatos que hayan incumplido la obligación de presentar el respectivo informe, para los efectos legales procedentes.

2. Dentro del informe anual que corresponda, cada partido político reportará los gastos efectuados con motivo de la realización de sus procesos de selección interna y precampañas, así como los ingresos utilizados para financiar dichos gastos.

3. Los informes señalados en el párrafo 1 anterior serán presentados ante la Unidad de Fiscalización a más tardar dentro de los treinta días posteriores a la conclusión de los procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular.

4. La Unidad de Fiscalización revisará los informes y emitirá un dictamen consolidado por cada partido político en el que en su caso, se especificarán las irregularidades encontradas y se propondrán las sanciones que correspondan a los precandidatos o al partido.

5. Para los efectos del párrafo anterior, el Consejo General, a propuesta de la Unidad de Fiscalización, determinará reglas simplificadas y procedimientos expeditos para la presentación y revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña de los precandidatos.

Artículo 136

1. A las precampañas y a los precandidatos que en ellas participen les serán aplicables, en lo conducente, las normas previstas en esta Ley respecto de los actos de campaña y propaganda electoral.

2. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá los demás reglamentos y acuerdos que sean necesarios para la debida regulación de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular y las precampañas, de conformidad con lo establecido en esta Ley.

Capítulo tercero

Del procedimiento de registro de candidatos

Artículo 137

1. Corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.

2. Las candidaturas a diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de senadores por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación.

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

4. En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes candidatos por un mismo partido político, el secretario del Consejo General, una vez detectada esta situación, requerirá al partido político a efecto de que informe al Consejo General, en un término de 48 horas, qué candidato o fórmula prevalece. En caso de no hacerlo se entenderá que el partido político opta por el último de los registros presentados, quedando sin efecto los demás.

Artículo 138

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Nacional Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad

2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido.

Artículo 139

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada.

Artículo 140

1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo siguiente:

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido.

3. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral le requerirá en primera instancia para que en el plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo le hará una amonestación pública.

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidatos, será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral le requerirá, de nueva cuenta, para que en un plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de reincidencia se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondiente

Artículo 141

1. Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el partido político postulante deberá presentar y obtener el registro de la plataforma electoral que sus candidatos sostendrán a lo largo de las campañas políticas.

2. La plataforma electoral deberá presentarse para su registro ante el Consejo General, dentro de los quince primeros días de febrero del año de la elección. Del registro se expedirá constancia.

Artículo 142

1. Los plazos y órganos competentes para el registro de las candidaturas en el año de la elección son los siguientes:

a) En el año de la elección en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión, todos los candidatos serán registrados entre el 15 al 22 de marzo, por los siguientes órganos:

I. Los candidatos a diputados de mayoría relativa, por los Consejos Distritales;

II. Los candidatos a diputados electos por el principio de representación proporcional, por el Consejo General;

III. Los candidatos a senadores electos por el principio de mayoría relativa, por los Consejos Locales correspondientes;

IV. Los candidatos a senadores electos por el principio de representación proporcional, por el Consejo General; y

V. Los candidatos a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por el Consejo General.

b. En el año de la elección en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, los candidatos por ambos principios serán registrados entre el 22 al 29 de abril, por los órganos señalados en las fracciones I y II del inciso anterior.

2. El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en este artículo a fin de garantizar los plazos de registro y que la duración de las campañas electorales se ciña a lo siguiente:

a. Para la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los documentos básicos de los partidos políticos, a que se refiere el inciso l) del párrafo 1, del artículo 38 de este Código, el Consejo General atenderá el derecho de los partidos para dictar las normas y procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines.

b. Los Estatutos de un partido político podrán ser impugnados exclusivamente por sus afiliados, dentro de los catorce días naturales siguientes a la fecha en que sean presentados ante el Consejo General para la declaratoria respectiva. Dicho órgano, al emitir la resolución que corresponda, resolverá simultáneamente las impugnaciones que haya recibido. Emitida la declaratoria que corresponda y transcurrido el plazo legal para impugnaciones sin que se haya interpuesto alguna, los Estatutos quedarán firmes.

c. En su caso, una vez que el Tribunal Electoral resuelva las impugnaciones que se interpongan en contra de la declaratoria del Consejo General, los estatutos únicamente podrán impugnarse por la legalidad de los actos de su aplicación.

d. Los partidos políticos deberán comunicar al Instituto los reglamentos que emitan, en un plazo no mayor de diez días posteriores a su aprobación. El propio Instituto verificará el apego de dichos reglamentos a las normas legales y estatutarias y los registrará en el libro respectivo.

e. En el caso del registro de integrantes de los órganos directivos, el Instituto deberá verificar, en un plazo de diez días contados a partir de la notificación, que el partido acompañe a la misma los documentos que comprueben el cumplimiento de los procedimientos previstos en los respectivos estatutos.

f. En caso de que el Instituto determine que no se cumplió con el procedimiento interno, deberá emitir resolución, debidamente fundada y motivada, estableciendo un plazo para que el partido reponga la elección o designación de sus dirigentes.

g. Si de la verificación de los procedimientos internos de los partidos el Instituto advierte errores u omisiones, éstas deberán notificarse por escrito al representante acreditado ante el mismo, otorgándole un plazo de cinco días para que manifieste lo que a su derecho convenga.

3. El Instituto Nacional Electoral dará amplia difusión a la apertura del registro de las candidaturas y a los plazos a que se refiere el presente Capítulo.

Artículo 143

1. La solicitud de registro de candidaturas deberá señalar el partido político o coalición que las postulen y los siguientes datos de los candidatos:

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;

b) Lugar y fecha de nacimiento;

c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;

d) Ocupación;

e) Clave de la credencial para votar; y

f) Cargo para el que se les postule.

2. La solicitud deberá acompañarse de la declaración de aceptación de la candidatura, copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar.

3. De igual manera el partido político postulante deberá manifestar por escrito que los candidatos cuyo registro solicita fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del propio partido político.

4. La solicitud de cada partido político para el registro de las listas completas de candidaturas a diputados por el principio de representación proporcional para las cinco circunscripciones plurinominales, deberá acompañarse, además de los documentos referidos en los párrafos anteriores, de la constancia de registro de por lo menos 200 candidaturas para diputados por el principio de mayoría relativa, las que se podrán acreditar con las registradas por el propio partido y las que correspondan a la coalición parcial a la que, en su caso, pertenezca.

5. La solicitud de cada partido político para el registro de la lista nacional de candidaturas a senadores por el principio de representación proporcional para la circunscripción plurinominal nacional, deberá acompañarse, además de los documentos referidos en los párrafos anteriores, de la constancia de registro de por lo menos 21 listas con las dos fórmulas por entidad federativa de las candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa, las que se podrán acreditar con las registradas por el propio partido y las que correspondan a la coalición parcial a la que, en su caso, pertenezca.

6. Para el registro de candidatos de coalición, según corresponda, deberá acreditarse que se cumplió con lo dispuesto en los artículos 178 al 182 de esta Ley, de acuerdo con la elección de que se trate.

Artículo 144

1. Recibida una solicitud de registro de candidaturas por el presidente o secretario del Consejo que corresponda, se verificará dentro de los tres días siguientes que se cumplió con todos los requisitos señalados en el artículo anterior.

2. Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al partido político correspondiente, para que dentro de las 48 horas siguientes subsane el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura, siempre y cuando esto pueda realizarse dentro de los plazos que señala el artículo 223 de esta Ley.

3. Para el caso de que los partidos políticos excedan el número de candidaturas simultáneas, el secretario del Consejo General, una vez detectadas las mismas, requerirá al partido político a efecto de que informe a la autoridad electoral, en un término de 48 horas, las candidaturas o las fórmulas que deban excluirse de sus listas; en caso contrario, el Instituto procederá a suprimir de las respectivas listas las fórmulas necesarias hasta ajustar el límite de candidaturas permitidas por la ley, iniciando con los registros simultáneos ubicados en los últimos lugares de cada una de las listas, una después de otra, en su orden, hasta ajustar el número antes referido.

4. Cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los plazos a que se refiere el artículo 223 será desechada de plano y en su caso, no se registrará la candidatura o candidaturas que no satisfagan los requisitos.

5. Dentro de los tres días siguientes en que venzan los plazos a que se refiere el artículo 223, los Consejos General, Locales y Distritales celebrarán una sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que procedan.

6. Los Consejos Locales y Distritales comunicarán de inmediato al Consejo General el acuerdo relativo al registro de candidaturas que hayan realizado durante la sesión a que se refiere el párrafo anterior.

7. De igual manera, el Consejo General comunicará de inmediato a los Consejos Locales y Distritales, las determinaciones que haya tomado sobre el registro de las listas de candidatos por el principio de representación proporcional.

8. Al concluir la sesión a la que se refiere el párrafo 5 de este artículo, el secretario ejecutivo del Instituto o los vocales ejecutivos, locales o distritales, según corresponda, tomarán las medidas necesarias para hacer pública la conclusión del registro de candidaturas, dando a conocer los nombres del candidato o fórmulas registradas y de aquellos que no cumplieron con los requisitos.

Artículo 145

1. El Consejo General solicitará oportunamente la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la relación de nombres de los candidatos y los partidos o coaliciones que los postulan.

2. En la misma forma se publicarán y difundirán las cancelaciones de registros o sustituciones de candidatos.

Artículo 146

1. Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos y coaliciones lo solicitarán por escrito al Consejo General, observando las siguientes disposiciones:

a) Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirlos libremente;

b) Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En este último caso, no podrán sustituirlos cuando la renuncia se presente dentro de los treinta días anteriores al de la elección. Para la corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales se estará a lo dispuesto en el artículo 144 de esta Ley; y

c) En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por éste al Consejo General, se hará del conocimiento del partido político que lo registró para que proceda, en su caso, a su sustitución.

Titulo décimo cuarto

De la participación de los ciudadanos en las elecciones

Capítulo primero

De los derechos y obligaciones

Artículo 147

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

3. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

Artículo 148

1. Es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y afiliarse a ellos individual y libremente.

2. Ningún ciudadano podrá estar afiliado a más de un partido político.

3. Es obligación de los ciudadanos mexicanos integrar las mesas directivas de casilla en los términos de esta Ley.

4. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores de los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como de los que se lleven a cabo el día de la jornada electoral, en la forma y términos en que determine el Consejo General del Instituto para cada proceso electoral, de acuerdo con las bases siguientes:

a) Podrán participar sólo cuando hayan obtenido oportunamente su acreditación ante la autoridad electoral;

b) Los ciudadanos que pretendan actuar como observadores deberán señalar en el escrito de solicitud los datos de identificación personal anexando fotocopia de su credencial para votar con fotografía, y la manifestación expresa de que se conducirán conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad y sin vínculos a partido u organización política alguna;

c) La solicitud de registro para participar como observadores electorales, podrá presentarse en forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan, ante el presidente del Consejo Local o distrital correspondiente a su domicilio, a partir del inicio del proceso electoral y hasta el 31 de mayo del año de la elección. Los presidentes de los consejos locales y distritales, según el caso, darán cuenta de las solicitudes a los propios consejos, para su aprobación, en la siguiente sesión que celebren. La resolución que se emita deberá ser notificada a los solicitantes. El Consejo General garantizará este derecho y resolverá cualquier planteamiento que pudiera presentarse por parte de los ciudadanos o las organizaciones interesadas;

d) Sólo se otorgará la acreditación a quien cumpla, además de los que señale la autoridad electoral, los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o de partido político alguno en los últimos tres años anteriores a la elección;

III. No ser, ni haber sido candidato a puesto de elección popular en los últimos tres años anteriores a la elección; y

IV. Asistir a los cursos de capacitación, preparación o información que impartan el Instituto Nacional Electoral o las propias organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales bajo los lineamientos y contenidos que dicten las autoridades competentes del Instituto, las que podrán supervisar dichos cursos. La falta de supervisión no imputable a la organización respectiva no será causa para que se niegue la acreditación

e) Los observadores se abstendrán de:

I. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones, e interferir en el desarrollo de las mismas;

II. Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido o candidato alguno;

III. Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o candidatos; y

IV. Declarar el triunfo de partido político o candidato alguno.

f) La observación podrá realizarse en cualquier ámbito territorial de la República Mexicana;

g) Los ciudadanos acreditados como observadores electorales podrán solicitar, ante la junta local que corresponda, la información electoral que requieran para el mejor desarrollo de sus actividades. Dicha información será proporcionada siempre que no sea reservada o confidencial en los términos fijados por la ley y que existan las posibilidades materiales y técnicas para su entrega;

h) En los contenidos de la capacitación que las Juntas Distritales ejecutivas impartan a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, debe preverse la explicación relativa a la presencia de los observadores electorales, así como los derechos y obligaciones inherentes a su actuación;

i) Los observadores electorales podrán presentarse el día de la jornada electoral con sus acreditaciones y gafetes en una o varias casillas, así como en el local del Consejo Distrital correspondiente, pudiendo observar los siguientes actos:

I. Instalación de la casilla;

II. Desarrollo de la votación;

III. Escrutinio y cómputo de la votación en la casilla;

IV. Fijación de resultados de la votación en el exterior de la casilla;

V. Clausura de la casilla;

VI. Lectura en voz alta de los resultados en el Consejo Distrital; y

VII. Recepción de escritos de incidencias y protesta.

j) Los observadores podrán presentar, ante la autoridad electoral, informe de sus actividades en los términos y tiempos que para tal efecto determine el Consejo General. En ningún caso, los informes, juicios, opiniones o conclusiones de los observadores tendrán efectos jurídicos sobre el proceso electoral y sus resultados.

5. Las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales, a más tardar treinta días después de la jornada electoral, deberán declarar el origen, monto y aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades relacionadas directamente con la observación electoral que realicen, mediante informe que presenten al Consejo General del Instituto.

Artículo 149

1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos deberán satisfacer, además de los que fija el artículo 34 de la Constitución, los siguientes requisitos:

a) Estar inscritos en el Registro Federal de Electores en los términos dispuestos por esta Ley; y

b) Contar con la credencial para votar correspondiente.

2. En cada distrito electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio del ciudadano, salvo en los casos de excepción expresamente señalados por esta Ley.

Capítulo segundo

De los requisitos de elegibilidad

Artículo 150

1. Son requisitos para ser diputado federal o senador, además de los que señalan respectivamente los artículos 55 y 58 de la Constitución, los siguientes:

a) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar;

b) No ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, salvo que se separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;

c) No ser secretario ejecutivo o director ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;

d) No ser consejero presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto, salvo que se separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;

e) No pertenecer al personal profesional del Instituto Nacional Electoral; y

f) No ser presidente municipal o titular de algún órgano político-administrativo en el caso del Distrito Federal, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo tres meses antes de la fecha de la elección.

Artículo 151

1. A ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro de los estados, los municipios o del Distrito Federal. En este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro respectivo.

2. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de sesenta candidatos a diputados federales por mayoría relativa y por representación proporcional distribuidos en sus cinco listas regionales.

3. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de seis candidatos a senador por mayoría relativa y por representación proporcional.

Titulo décimo quinto

De la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los integrantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados

Capítulo primero

De los sistemas electorales

Artículo 152

1. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos electo cada seis años por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos mexicanos.

Artículo 153

1. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.

Artículo 154

1. La Cámara de Diputados se integra por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada tres años.

2. La Cámara de Senadores se integrará por 128 senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Los 32 senadores restantes serán elegidos por el principio de representación proporcional, votados en una sola circunscripción plurinominal nacional. La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

3. Para cada entidad federativa, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos a senadores. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Asimismo deberán registrar una lista nacional de 32 fórmulas de candidatos para ser votada por el principio de representación proporcional.

4. En las listas a que se refieren los párrafos anteriores, los partidos políticos señalarán el orden en que deban aparecer las fórmulas de candidatos.

Capítulo segundo

De la representación proporcional para la integración de las cámaras de Diputados y Senadores y de las fórmulas de asignación

Artículo 155

1. Para los efectos de la aplicación de la fracción II del artículo 54 de la Constitución, se entiende por votación valida emitida a la que resulte de restar al total de los votos depositados en las urnas, los votos a favor de candidatos no registrados, los votos a favor de los candidatos independientes y los votos nulos.

2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación valida emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de la misma.

3. Ningún partido político podrá contar con más de trescientos diputados por ambos principios. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento.

Artículo 156

1. Para la asignación de diputados de representación proporcional conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 54 de la Constitución, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por los siguientes elementos:

a) Cociente natural; y

b) Resto mayor.

2. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre los doscientos diputados de representación proporcional.

3. Resto mayor de votos: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente natural. El resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir.

Artículo 157

1. Una vez desarrollada la fórmula prevista en el artículo anterior, se observará el procedimiento siguiente:

a) Se determinarán los diputados que se le asignarían a cada partido político, conforme al número de veces que contenga su votación el cociente natural; y

b) Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones por repartir, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos en la asignación de curules.

2. Se determinará si es el caso de aplicar a algún partido político el o los límites establecidos en las fracciones IV y V del artículo 54 de la Constitución, para lo cual al partido político cuyo número de diputados por ambos principios exceda de trescientos, o su porcentaje de curules del total de la Cámara exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida, le serán deducidos el número de diputados de representación proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones excedentes a los demás partidos políticos que no se ubiquen en estos supuestos.

3. Una vez deducido el número de diputados de representación proporcional excedentes, al partido político que se haya ubicado en alguno de los supuestos del párrafo 2 anterior se le asignarán las curules que les correspondan en cada circunscripción, en los siguientes términos:

a) Se obtendrá el cociente de distribución, el cual resulta de dividir el total de votos del partido político que se halle en este supuesto, entre las diputaciones a asignarse al propio partido;

b) Los votos obtenidos por el partido político en cada una de las circunscripciones se dividirán entre el cociente de distribución, asignando conforme a números enteros las curules para cada una de ellas; y

c) Si aún quedaren diputados por asignar se utilizará el método del resto mayor, previsto en el artículo anterior.

Artículo 158

1. Para la asignación de diputados de representación proporcional en el caso de que se diere el supuesto previsto por la fracción VI del artículo 54 de la Constitución, se procederá como sigue:

a) Una vez realizada la distribución a que se refiere el artículo anterior, se procederá a asignar el resto de los curules a los demás partidos políticos con derecho a ello, en los términos siguientes:

I. Se obtendrá la votación nacional efectiva. Para ello se deducirán de la votación nacional emitida los votos del o los partidos políticos a los que se les hubiese aplicado alguno de los límites establecidos en las fracciones IV o V del artículo 54 de la Constitución;

II. La votación nacional efectiva se dividirá entre el número de curules por asignar, a fin de obtener un nuevo cociente natural;

III. La votación nacional efectiva obtenida por cada partido se dividirá entre el nuevo cociente natural. El resultado en números enteros será el total de diputados que asignar a cada partido; y

IV. Si aún quedaren curules por distribuir se asignarán de conformidad con los restos mayores de los partidos.

2. Para asignar los diputados que les correspondan a cada partido político, por circunscripción plurinominal, se procederá como sigue:

a) Se obtendrá la votación efectiva por circunscripción, que será la que resulte de deducir la votación del o los partidos políticos que se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones IV y V del artículo 54 constitucional, en cada una de las circunscripciones;

b) La votación efectiva por circunscripción se dividirá entre el número de curules pendientes de asignar en cada circunscripción plurinominal, para obtener el cociente de distribución en cada una de ellas;

c) La votación efectiva de cada partido político en cada una de las circunscripciones plurinominales se dividirá entre el cociente de distribución siendo el resultado en números enteros el total de diputados por asignar en cada circunscripción plurinominal; y

d) Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por distribuir a los partidos políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político tuviere en las circunscripciones, hasta agotar las que le correspondan, en orden decreciente, a fin de que cada circunscripción plurinominal cuente con cuarenta diputaciones.

Artículo 159

1. Determinada la asignación de diputados por partido político y para el caso de que ningún partido político se ubicara en los supuestos previstos en las fracciones IV y V del artículo 54 de la Constitución, se procederá como sigue:

a) se dividirá la parte correspondiente de la votación nacional emitida para cada circunscripción, entre cuarenta, para obtener el cociente de distribución;

b) la votación obtenida por partido político en cada una de las circunscripciones plurinominales se dividirá entre el cociente de distribución, el resultado en números enteros será el total de diputados que en cada circunscripción plurinominal se le asignarán; y

c) Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por distribuir a los partidos políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político tuviere, hasta agotar los que le correspondan, en orden decreciente, a fin de que cada circunscripción plurinominal cuente con cuarenta diputaciones.

Artículo 160

1. En todos los casos, para la asignación de los diputados por el principio de representación proporcional se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas regionales respectivas.

Artículo 161

1. Para la asignación de senadores por el principio de representación proporcional a que se refiere el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución, se utilizará la fórmula de proporcionalidad pura y se atenderán las siguientes reglas:

a) se entiende por Votación Válida Emitida para los efectos de la elección de senadores por el principio de representación proporcional a la que resulte de restar al total de los votos depositados en las urnas para la lista de circunscripción plurinominal nacional, los votos a favor de candidatos independientes, los votos favor de candidatos no registrados y los votos nulos; y

b) la asignación de senadores por el principio de representación proporcional se hará considerando como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la Votación Válida Emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el dos por ciento de la misma.

2. La fórmula de proporcionalidad pura consta de los siguientes elementos:

a) Cociente natural; y

b) Resto mayor.

3. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida, entre el número por repartir de senadores electos por el principio de representación proporcional.

4. Resto mayor: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político después de haber participado en la distribución de senadores mediante el cociente natural. El resto mayor deberá utilizarse cuando aún hubiese senadores por distribuir.

5. Para la aplicación de la fórmula, se observará el procedimiento siguiente:

a) por el cociente natural se distribuirán a cada partido político tantos senadores como número de veces contenga su votación dicho cociente; y

b) Después de aplicarse el cociente natural, si aún quedasen senadores por repartir, éstos se asignarán por el método de resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos.

6. En todo caso, en la asignación de senadores por el principio de representación proporcional se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista nacional.

Capítulo tercero

Disposiciones complementarias

Artículo 162

1. Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de julio del año que corresponda, para elegir:

a) Diputados federales, cada tres años;

b) Senadores, cada seis años; y

c) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cada seis años.

2. El día en que deban celebrarse las elecciones federales ordinarias será considerado como no laborable en todo el territorio nacional.

Artículo 163

1. Cuando se declare nula una elección o los integrantes de la fórmula triunfadora resultaren inelegibles, la convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la conclusión de la última etapa del proceso electoral.

2. En el caso de vacantes de miembros del Congreso de la Unión electos por el principio de mayoría relativa, la Cámara de que se trate convocará a elecciones extraordinarias.

3. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.

4. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación proporcional deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista nacional respectiva, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido.

Artículo 164

1. Las convocatorias para la celebración de elecciones extraordinarias no podrán restringir los derechos que esta Ley reconoce a los ciudadanos mexicanos y a los partidos políticos nacionales, ni alterar los procedimientos y formalidades que establece.

2. El Consejo General del Instituto Nacional podrá ajustar los plazos establecidos en esta Ley conforme a la fecha señalada en la convocatoria respectiva.

3. En ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o extraordinarias el partido político que hubiere perdido su registro con anterioridad a la fecha en que éstas deban realizarse. No obstante, podrá participar en una elección extraordinaria el partido que hubiese perdido su registro, siempre y cuando hubiera participado con candidato en la elección ordinaria que fue anulada.

Titulo décimo sexto

Asignación de Diputados en las Legislaturas Locales

Capítulo primero,

De la sobrerrepresentación y subrepresentación en las legislaturas locales

Artículo 165

1. Para efectos de la interpretación y regulación del párrafo 3 de la fracción II del artículo 116 de la Constitución por las entidades federativas y las autoridades electorales, se usarán las siguientes definiciones:

a) Votación Válida Emitida: Se entenderá como lo que resulte de restar al total de votos depositados en las urnas para la elección de la legislatura local, los votos a favor de candidatos no registrados, los votos a favor de candidatos independientes y los votos nulos.

b) Votación Emitida: Se entenderá como el resultado de restar a la Votación Válida Emitida, aquellos votos a favor de los partidos que no alcancen el mínimo establecido en la legislación local para tener derecho a que le sean asignadas curules por el principio de representación proporcional en la legislatura local.

c) Porcentaje de Votación: Será el resultado de dividir los votos a favor de un partido político entre la Votación Emitida.

d) Porcentaje de representación: Se entenderá como el porcentaje total de curules en la legislatura local que corresponderían a cada partido político según la fórmula electoral local antes de aplicar, en su caso, los límites de sobrerrepresentación y subrrepresentación.

3. Para aplicar los principios de sobre y subrepresentación, la asignación de diputados en las legislaturas locales deberá seguir los siguientes principios:

I. Se debe asegurar al menos 1 diputado a cada partido que alcance el porcentaje mínimo establecido en la legislación local para tener derecho a que le sean asignadas curules por el principio de representación proporcional en la legislatura local.

II. Se debe aplicar la fórmula definida por la legislación local para asignar los diputados de representación proporcional. Ello a fin de poder calcular el porcentaje de representación y, en su caso, aplicar el límite de 8% a la sobrerrepresentación.

III. En caso de que hubiese partidos sobrerrepresentados, se debe volver a aplicar la fórmula definida por la legislación local para asignar los diputados de representación proporcional descontando a los partidos que cayeron en el supuesto de sobrerrepresentación. Ello a fin de calcular la subrepresentación de cada partido.

IV. En caso de que uno o más partidos se encuentren en el supuesto de subrepresentación, se deben calcular cuántos diputados serían necesarios para dichos partidos dejen de estar en ese supuesto. Posteriormente se les asignará dicho número aumentando el número de curules de representación proporcional que componen a la legislatura local.

Capítulo segundo

De las campañas electorales

Artículo 166

1. La campaña electoral, para los efectos de esta Ley, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.

2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.

5. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.

Artículo 167

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los siguientes conceptos:

a) Gastos de propaganda:

I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares.

b) Gastos operativos de la campaña:

I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares.

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:

I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada.

d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión:

I. Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo.

3. No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que realicen los partidos para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.

4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, aplicará las siguientes reglas:

a) Para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a más tardar el día último de noviembre del año anterior al de la elección, procederá en los siguientes términos:

I. El tope máximo de gastos de campaña será equivalente al veinte por ciento del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la elección presidencial.

b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de enero del año de la elección, procederá en los siguientes términos:

I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaña establecido para la elección presidencial entre trescientos. Para el año en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad a que se refiere esta fracción será actualizada con el índice de crecimiento del salario mínimo diario en el Distrito Federal; y

II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, el tope máximo para gastos de campaña será la cantidad que resulte de multiplicar la suma del tope de gasto de campaña para la elección de diputados por el número de distritos que comprenda la entidad de que se trate. En ningún caso el número de distritos que se considerará será mayor de veinte.

Artículo 168

1. Las reuniones públicas realizadas por los partidos políticos y los candidatos registrados se regirán por lo dispuesto en el artículo 9o. de la Constitución y no tendrán más límite que el respeto a los derechos de terceros, en particular los de otros partidos y candidatos, así como las disposiciones que para el ejercicio de la garantía de reunión y la preservación del orden público dicte la autoridad administrativa competente.

2. En aquellos casos en los que las autoridades concedan gratuitamente a los partidos políticos o candidatos el uso de locales cerrados de propiedad pública, se estará a lo siguiente:

a) Las autoridades federales, estatales y municipales deberán dar un trato equitativo en el uso de los locales públicos a todos los partidos políticos que participan en la elección; y

b) Los partidos políticos deberán solicitar el uso de los locales con suficiente antelación, señalando la naturaleza del acto a realizar, el número de ciudadanos que se estima habrán de concurrir, las horas necesarias para la preparación y realización del evento, los requerimientos en materia de iluminación y sonido, y el nombre del ciudadano autorizado por el partido político o el candidato en cuestión que se responsabilice del buen uso del local y sus instalaciones.

3. El presidente del Consejo General podrá solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran, así como a los candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, desde el momento en que de acuerdo con los mecanismos internos de su partido, se ostenten con tal carácter. Las medidas que adopte la autoridad competente serán informadas al consejero presidente.

Artículo 169

1. Los partidos políticos o candidatos que decidan dentro de la campaña electoral realizar marchas o reuniones que impliquen una interrupción temporal de la vialidad, deberán hacer conocer a la autoridad competente su itinerario, a fin de que ésta provea lo necesario para modificar la circulación vehicular y garantizar el libre desarrollo de la marcha o reunión.

Artículo 170

1. La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido político o coalición que ha registrado al candidato.

2. La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrán más límite, en los términos del artículo 7o. de la Constitución, que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos.

Artículo 171

1. La propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y campañas electorales difundan los partidos políticos se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución.

2. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas. El Consejo General del Instituto está facultado para ordenar, una vez satisfechos los procedimientos establecidos en esta Ley, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda.

3. Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica que establece el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de la ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables.

4. El derecho a que se refiere el párrafo anterior se ejercerá en la forma y términos que determine la ley de la materia.

Artículo 172

1. La propaganda que los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos realicen en la vía pública a través de grabaciones y, en general, por cualquier otro medio, se sujetará a lo previsto por el artículo anterior, así como a las disposiciones legales y administrativas expedidas en materia de protección del medio ambiente y de prevención de la contaminación por ruido.

Artículo 173

1. En las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo, salvo cuando se trate de los locales y exclusivamente por el tiempo de duración del acto de campaña de que se trate.

Artículo 174

1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos observarán las reglas siguientes:

a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma;

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del propietario;

c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determinen las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto, previo acuerdo con las autoridades correspondientes;

d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico; y

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos.

2. Los partidos, coaliciones y candidatos deberán utilizar en su propaganda impresa y demás elementos promocionales materiales que no dañen el medio ambiente, preferentemente reciclables y de fácil degradación natural. Sólo podrá usarse material plástico reciclable en la propaganda electoral impresa.

3. Los bastidores y mamparas de uso común serán repartidos por sorteo en forma equitativa de conformidad a lo que corresponda a los partidos políticos registrados, conforme al procedimiento acordado en la sesión del Consejo respectivo, que celebre en enero del año de la elección.

4. Los Consejos Locales y Distritales, dentro del ámbito de su competencia harán cumplir estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere lugar con el fin de asegurar a partidos y candidatos el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.

5. Las quejas motivadas por la propaganda impresa de los partidos políticos y candidatos serán presentadas al vocal secretario de la Junta Distrital que corresponda al ámbito territorial en que se presente el hecho que motiva la queja. El mencionado vocal ordenará la verificación de los hechos, integrará el expediente y someterá a la aprobación del Consejo Distrital el proyecto de resolución. Contra la resolución del Consejo Distrital procede el recurso de revisión que resolverá el Consejo Local que corresponda.

Artículo 175

1. Las campañas electorales para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores y Diputados, en el año que corresponda, tendrán una duración de noventa días;

2. Las campañas electorales para Diputados, en el año en que solamente se renueve la Cámara respectiva, tendrán una duración de sesenta días.

3. Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral.

4. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales.

5. Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al secretario ejecutivo del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio. En todo caso, la difusión de los resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo siguiente.

6. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, quedando sujetos quienes lo hicieren, a las penas aplicables a aquellos que incurran en alguno de los tipos previstos y sancionados en el artículo 403 del Código Penal Federal.

7. Las personas físicas que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones, adoptarán los criterios generales de carácter científico, que para tal efecto emita el Consejo General, previa consulta con los profesionales del ramo o las organizaciones en que se agrupen.

Artículo 176

1. Cualquier infracción a las disposiciones contenidas en el presente capítulo será sancionada en los términos de esta Ley.

Capítulo tercero

De los procedimientos para la integración y ubicación de las mesas directivas de casilla

Artículo 177

1. En los términos del artículo 110 de la presente Ley, las secciones en que se dividen los distritos uninominales tendrán como máximo 1,500 electores.

2. En toda sección electoral por cada 750 electores o fracción se instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos residentes en la misma; de ser dos o más se colocarán en forma contigua y se dividirá la lista nominal de electores en orden alfabético.

3. Cuando el crecimiento demográfico de las secciones lo exija, se estará a lo siguiente:

a) En caso de que el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores correspondiente a una sección sea superior a 1,500 electores, se instalarán en un mismo sitio o local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número de ciudadanos inscritos en la lista entre 750; y

b) No existiendo un local que permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se ubicarán éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y distribución de los electores en la sección.

4. Cuando las condiciones geográficas de infraestructura o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un fácil acceso a los electores. Para lo cual, si técnicamente fuese posible, se deberá elaborar el listado nominal conteniendo únicamente los nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se instalen dichas casillas.

5. Igualmente, podrán instalarse en las secciones que acuerde la Junta Distrital correspondiente las casillas especiales a que se refiere el artículo 182 de esta Ley.

6. En cada casilla se garantizará la instalación de mamparas donde los votantes puedan decidir el sentido de su sufragio. El diseño y ubicación de estas mamparas en las casillas se hará de manera que garanticen plenamente el secreto del voto.

Artículo 178

1. El procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla será el siguiente:

a) El Consejo General, en enero del año de la elección, sorteará un mes del calendario que, junto con el que siga en su orden, serán tomados como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla;

b) Conforme al resultado obtenido en el sorteo a que se refiere el inciso anterior, del 1o. al 20 de marzo del año en que deban celebrarse las elecciones, las Juntas Distritales Ejecutivas procederán a insacular, de las listas nominales de electores integradas con los ciudadanos que obtuvieron su credencial para votar con fotografía al 15 de enero del mismo año, a un 10% de ciudadanos de cada sección electoral, sin que en ningún caso el número de ciudadanos insaculados sea menor a cincuenta; para ello, las Juntas podrán apoyarse en los centros de cómputo del Instituto. En este último supuesto, podrán estar presentes en el procedimiento de insaculación, los miembros del Consejo Local y los de la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores de la entidad de que se trate, según la programación que previamente se determine;

c) A los ciudadanos que resulten seleccionados, se les convocará para que asistan a un curso de capacitación que se impartirá del 21 de marzo al 30 de abril del año de la elección;

d) Las juntas harán una evaluación imparcial y objetiva para seleccionar, en igualdad de oportunidades, con base en los datos que los ciudadanos aporten durante los cursos de capacitación, a los que resulten aptos en términos de esta Ley, prefiriendo a los de mayor escolaridad e informará a los integrantes de los Consejos Distritales sobre todo este procedimiento, por escrito y en sesión plenaria;

e) El Consejo General, en marzo del año de la elección sorteará las 29 letras que comprende el alfabeto, a fin de obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla;

f) De acuerdo a los resultados obtenidos en el sorteo a que se refiere el inciso anterior, las Juntas Distritales harán entre el 16 de abril y el 12 de mayo siguiente una relación de aquellos ciudadanos que, habiendo asistido a la capacitación correspondiente, no tengan impedimento alguno para desempeñar el cargo, en los términos de esta Ley. De esta relación, los Consejos Distritales insacularán a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, a más tardar el 14 de mayo;

g) A más tardar el 15 de mayo las Juntas Distritales integrarán las mesas directivas de casilla con los ciudadanos seleccionados, conforme al procedimiento descrito en el inciso anterior, y determinarán según su escolaridad las funciones que cada uno desempeñará en la casilla. Realizada la integración de las mesas directivas, las Juntas Distritales, a más tardar el 16 de mayo del año en que se celebre la elección, ordenarán la publicación de las listas de sus miembros para todas las secciones electorales en cada distrito, lo que comunicarán a los Consejos Distritales respectivos; y

h) Los Consejos Distritales notificarán personalmente a los integrantes de las mesas directivas de casilla su respectivo nombramiento y les tomarán la protesta exigida por el artículo 80 de esta Ley.

2. Los representantes de los partidos políticos en los Consejos Distritales, podrán vigilar el desarrollo del procedimiento previsto en este artículo.

3. En caso de sustituciones, las Juntas Distritales deberán informar de las mismas a los representantes de los partidos políticos en forma detallada y oportuna.

Artículo 179

1. Las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes:

a) Fácil y libre acceso para los electores;

b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto;

c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales, ni por candidatos registrados en la elección de que se trate;

d) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos políticos; y

e) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.

2. Para la ubicación de las casillas se preferirán, en caso de reunir los requisitos señalados por los incisos a) y b) del párrafo anterior, los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas.

Artículo 180

1. El procedimiento para determinar la ubicación de las casillas será el siguiente:

a) Entre el 15 de febrero y el 15 de marzo del año de la elección las Juntas Distritales Ejecutivas recorrerán las secciones de los correspondientes distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan con los requisitos fijados por el artículo anterior;

b) Entre el 10 y el 20 de marzo, las Juntas Distritales Ejecutivas presentarán a los Consejos Distritales correspondientes una lista proponiendo los lugares en que habrán de ubicarse las casillas;

c) Recibidas las listas, los Consejos examinarán que los lugares propuestos cumplan con los requisitos fijados por el artículo anterior y, en su caso, harán los cambios necesarios;

d) Los Consejos Distritales, en sesión que celebren a más tardar durante la segunda semana de mayo, aprobarán la lista en la que se contenga la ubicación de las casillas;

e) El presidente del Consejo Distrital ordenará la publicación de la lista de ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de mayo del año de la elección; y

f) En su caso, el presidente del Consejo Distrital ordenará una segunda publicación de la lista, con los ajustes correspondientes, entre el día 15 y el 25 de junio del año de la elección.

Artículo 181

1. Las publicaciones de las listas de integrantes de las mesas directivas y ubicación de las casillas se fijarán en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito y en los medios electrónicos de que disponga el Instituto.

2. El secretario del Consejo Distrital entregará una copia impresa y otra en medio magnético de la lista a cada uno de los representantes de los partidos políticos, haciendo constar la entrega.

Artículo 182

1. Los Consejos Distritales, a propuesta de las Juntas Distritales Ejecutivas, determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio.

2. Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas especiales, se aplicarán las reglas establecidas en el presente Capítulo.

3. En cada distrito electoral se podrán instalar hasta cinco casillas especiales. El número y ubicación serán determinados por el Consejo Distrital en atención a la cantidad de municipios comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad poblacional, y a sus características geográficas y demográficas.

Capítulo Cuarto

Del registro de representantes

Artículo 183

1. Los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos, fórmulas y listas, y hasta trece días antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar dos representantes propietarios y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla, y representantes generales propietarios.

2. Los partidos políticos podrán acreditar en cada uno de los distritos electorales uninominales un representante general por cada diez casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada cinco casillas rurales.

3. Los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla y generales, podrán firmar sus nombramientos hasta antes de acreditarse en la casilla; así mismo, deberán portar en lugar visible durante todo el día de la jornada electoral, un distintivo de hasta 2.5 por 2.5 centímetros, con el emblema del partido político al que pertenezcan o al que representen y con la leyenda visible de "representante".

4. Los representantes de los partidos políticos recibirán una copia legible de las actas a que se refiere el artículo 185, párrafo 1, inciso b), de esta Ley. En caso de no haber representante en las mesas directivas de casilla, las copias serán entregadas al representante general que así lo solicite

Artículo 184

La actuación de los representantes generales de los partidos estará sujeta a las normas siguientes:

a) Ejercerán su cargo exclusivamente ante las mesas directivas de casilla instaladas en el distrito electoral para el que fueron acreditados;

b) Deberán actuar individualmente, y en ningún caso podrá hacerse presente al mismo tiempo en las casillas más de un representante general, de un mismo partido político;

c) No sustituirán en sus funciones a los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla, sin embargo, podrán coadyuvar en sus funciones y en el ejercicio de los derechos de éstos ante las propias mesas directivas de casilla;

d) En ningún caso ejercerán o asumirán las funciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla;

e) No obstaculizarán el desarrollo normal de la votación en las casillas en las que se presenten;

f) En todo tiempo podrán presentar escritos de incidentes que se susciten durante el desarrollo de la jornada electoral, pero sólo podrán presentar escritos de protesta al término del escrutinio y cómputo cuando el representante de su partido político ante la mesa directiva de casilla no estuviere presente; y

g) Podrán comprobar la presencia de los representantes de su partido político en las mesas directivas de casilla y recibir de ellos los informes relativos a su desempeño.

Artículo 185

1. Los representantes de los partidos políticos debidamente acreditados ante las mesas directivas de casilla tendrán los siguientes derechos:

a) Participar en la instalación de la casilla y contribuir al buen desarrollo de sus actividades hasta su clausura. Tendrán el derecho de observar y vigilar el desarrollo de la elección;

b) Recibir copia legible de las actas de instalación, cierre de votación y final de escrutinio elaboradas en la casilla;

c) Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación;

d) Presentar al término del escrutinio y del cómputo escritos de protesta;

e) Acompañar al presidente de la mesa directiva de casilla, al Consejo Distrital correspondiente, para hacer entrega de la documentación y el expediente electoral; y

f) Los demás que establezca esta Ley.

2. Los representantes vigilarán el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y deberán firmar todas las actas que se levanten, pudiéndolo hacer bajo protesta con mención de la causa que la motiva.

Artículo 186

1. El registro de los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla y de los representantes generales se hará ante el Consejo Distrital correspondiente, y se sujetará a las reglas siguientes:

a) A partir del día siguiente al de la publicación de las listas de casilla y hasta trece días antes del día de la elección, los partidos políticos deberán registrar en su propia documentación y ante el Consejo Distrital correspondiente, a sus representantes generales y de casilla. La documentación de que se trata deberá reunir los requisitos que establezca el Consejo General;

b) Los Consejos Distritales devolverán a los partidos políticos el original de los nombramientos respectivos, debidamente sellado y firmado por el presidente y el secretario del mismo, conservando un ejemplar; y

c) Los partidos políticos podrán sustituir a sus representantes hasta con diez días de anterioridad a la fecha de la elección, devolviendo con el nuevo nombramiento, el original del anterior.

Artículo 187

1. La devolución a que refiere el inciso b) del artículo anterior se sujetará a las reglas siguientes:

a) Se hará mediante escrito firmado por el dirigente o representante del partido político que haga el nombramiento;

b) El oficio deberá acompañarse con una relación, en orden numérico de casillas, de los nombres de los representantes, propietarios y suplentes, señalando la clave de la credencial para votar de cada uno de ellos;

c) Las solicitudes de registro que carezcan de alguno o algunos de los datos del representante ante las mesas directivas de casilla se regresarán al partido político solicitante; para que dentro de los tres días siguientes subsane las omisiones; y

d) Vencido el término a que se refiere el inciso anterior sin corregirse las omisiones, no se registrará el nombramiento.

Artículo 188

1. Los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla deberán contener los siguientes datos:

a) Denominación del partido político;

b) Nombre del representante;

c) Indicación de su carácter de propietario o suplente;

d) Número del distrito electoral, sección y casilla en que actuarán;

e) Clave de la credencial para votar;

f) Lugar y fecha de expedición; y

g) Firma del representante o del dirigente del partido político que haga el nombramiento.

2. Para garantizar a los representantes ante la mesa directiva de casilla el ejercicio de los derechos que les otorga esta Ley, se imprimirá al reverso del nombramiento el texto de los artículos que correspondan.

3. En caso de que el presidente del Consejo Distrital no resuelva dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud o niegue el registro, el partido político interesado podrá solicitar al presidente del Consejo Local correspondiente registre a los representantes de manera supletoria.

4. Para garantizar a los representantes de partido político su debida acreditación ante la mesa directiva de casilla, el presidente del Consejo Distrital entregará al presidente de cada mesa, una relación de los representantes que tengan derecho de actuar en la casilla de que se trate.

Artículo 189

1. Los nombramientos de los representantes generales deberán contener los mismos datos que los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla, con excepción del número de casilla.

2. De estos nombramientos se formará una lista que deberá entregarse a los presidentes de las mesas directivas de casilla.

3. Para garantizar a los representantes generales el ejercicio de los derechos que les otorga esta Ley, se imprimirá al reverso del nombramiento el texto de los artículos que correspondan.

Capítulo quinto

De la documentación y el material electoral

Artículo 190

1. Para la emisión del voto el Consejo General del Instituto, tomando en cuenta las medidas de certeza que estime pertinentes, aprobará el modelo de boleta electoral que se utilizará para la elección.

2. Las boletas para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, contendrán:

a) Entidad, distrito, número de la circunscripción plurinominal, municipio o delegación;

b) Cargo para el que se postula al candidato o candidatos;

c) Emblema a color de cada uno de los partidos políticos nacionales que participan con candidatos propios, o en coalición, en la elección de que se trate;

d) Las boletas estarán adheridas a un talón con folio, del cual serán desprendibles. La información que contendrá este talón será la relativa a la entidad federativa, distrito electoral y elección que corresponda. El número de folio será progresivo;

e) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo del candidato o candidatos;

f) En el caso de diputados por mayoría relativa y representación proporcional, un solo espacio por cada partido político para comprender la fórmula de candidatos y la lista regional;

g) En el caso de la elección de senadores por mayoría relativa y representación proporcional, un solo espacio para comprender la lista de las dos fórmulas de propietarios y suplentes postuladas por cada partido político y la lista nacional;

h) En el caso de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, un solo espacio para cada partido y candidato;

i) Las firmas impresas del presidente del Consejo General y del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral; y

j) Espacio para candidatos o fórmulas no registradas.

3. Las boletas para la elección de diputados llevarán impresas las listas regionales de los candidatos, propietarios y suplentes, que postulen los partidos políticos.

4. Las boletas para la elección de senadores llevarán impresas la lista nacional de los candidatos propietarios y suplentes, que postulen los partidos políticos.

5. Los emblemas a color de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden que les corresponde de acuerdo a la fecha de su registro. En el caso de que el registro a dos o más partidos políticos haya sido otorgado en la misma fecha, los emblemas de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden descendente que les corresponda de acuerdo al porcentaje de votación obtenido en la última elección de diputados federales.

6. En caso de existir coaliciones, los emblemas de los partidos coaligados y los nombres de los candidatos aparecerán con el mismo tamaño y en un espacio de las mismas dimensiones que aquellos que se destinen en la boleta a los partidos que participan por sí mismos. En ningún caso podrán aparecer emblemas conjuntos de los partidos coaligados en un mismo recuadro, ni utilizar emblemas distintos para la coalición.

Artículo 191

1. No habrá modificación a las boletas en caso de cancelación del registro, o sustitución de uno o más candidatos, si éstas ya estuvieran impresas. En todo caso, los votos contarán para los partidos políticos y los candidatos que estuviesen legalmente registrados ante los Consejos General, Locales o Distritales correspondientes.

Artículo 192

1. Las boletas deberán obrar en poder del Consejo Distrital quince días antes de la elección.

2. Para su control se tomarán las medidas siguientes:

a) El personal autorizado del Instituto Nacional Electoral entregará las boletas en el día, hora y lugar preestablecidos al presidente del Consejo Distrital, quien estará acompañado de los demás integrantes del propio Consejo;

b) El secretario del Consejo Distrital levantará acta pormenorizada de la entrega y recepción de las boletas, asentando en ella los datos relativos al número de boletas, las características del embalaje que las contiene, y los nombres y cargos de los funcionarios presentes;

c) A continuación, los miembros presentes del Consejo Distrital acompañarán al presidente para depositar la documentación recibida, en el lugar previamente asignado dentro de su local, debiendo asegurar su integridad mediante fajillas selladas y firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se asentarán en el acta respectiva;

d) El mismo día o a más tardar el siguiente, el presidente del Consejo, el secretario y los consejeros electorales procederán a contar las boletas para precisar la cantidad recibida, consignando el número de los folios, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar, incluyendo las de las casillas especiales según el número que acuerde el Consejo General para ellas. El secretario registrará los datos de esta distribución; y

e) Estas operaciones se realizarán con la presencia de los representantes de los partidos políticos que decidan asistir.

3. Los representantes de los partidos bajo su más estricta responsabilidad, si lo desearen, podrán firmar las boletas, levantándose un acta en la que consten el número de boletas que se les dio a firmar, el número de las firmadas y, en su caso, el número de boletas faltantes después de haber realizado el procedimiento de firma. En este último caso se dará noticia de inmediato a la autoridad competente.

4. La falta de firma de los representantes en las boletas no impedirá su oportuna distribución.

Artículo 193

1. Los presidentes de los Consejos Distritales entregarán a cada presidente de mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la elección y contra el recibo detallado correspondiente:

a) La lista nominal de electores con fotografía de cada sección, según corresponda, en los términos de los artículos 110 y 116 de esta Ley;

b) La relación de los representantes de los partidos registrados para la casilla en el Consejo Distrital Electoral;

c) La relación de los representantes generales acreditados por cada partido político en el distrito en que se ubique la casilla en cuestión;

d) Las boletas para cada elección, en número igual al de los electores que figuren en la lista nominal de electores con fotografía para cada casilla de la sección;

e) Las urnas para recibir la votación, una por cada elección de que se trate;

f) El líquido indeleble;

g) La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y demás elementos necesarios;

h) Los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de los funcionarios de la casilla; e

i) Los canceles o elementos modulares que garanticen que el elector pueda emitir su voto en secreto.

2. A los presidentes de mesas directivas de las casillas especiales les será entregada la documentación y materiales a que se refiere el párrafo anterior, con excepción de la lista nominal de electores con fotografía, en lugar de la cual recibirán los medios informáticos necesarios para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en la lista nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su credencial para votar. El número de boletas que reciban no será superior a 1,500.

3. El líquido indeleble seleccionado deberá garantizar plenamente su eficacia. Los envases que lo contengan deberán contar con elementos que identifiquen el producto.

4. La entrega y recepción del material a que se refieren los párrafos 1 y 2 anteriores se hará con la participación de los integrantes de los Consejos Distritales que decidan asistir.

Artículo 194

1. Las urnas en que los electores depositen las boletas, una vez emitido el sufragio, deberán construirse de un material transparente, plegable o armable.

2. Las urnas llevarán en el exterior y en lugar visible, impresa o adherida en el mismo color de la boleta que corresponda, la denominación de la elección de que se trate.

Artículo 195

1. El presidente y el secretario de cada casilla cuidarán las condiciones materiales del local en que ésta haya de instalarse para facilitar la votación, garantizar la libertad y el secreto del voto, y asegurar el orden en la elección. En el local de la casilla y en su exterior no deberá haber propaganda partidaria; de haberla, la mandarán retirar.

Artículo 196

1. Los Consejos Distritales darán publicidad a la lista de los lugares en que habrán de instalarse las casillas y un instructivo para los votantes.

Título décimo séptimo

De la jornada electoral

Capítulo primero

De la instalación y apertura de casillas

Artículo 197

1. Durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada electoral, que contendrá los datos comunes a todas las elecciones y las actas relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones.

2. El primer domingo de julio del año de la elección ordinaria, a las 8:00 horas, los ciudadanos presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de las casillas nombrados como propietarios procederán a la instalación de la casilla en presencia de los representantes de partidos políticos que concurran.

3. A solicitud de un partido político, las boletas electorales podrán ser rubricadas o selladas por uno de los representantes partidistas ante la casilla designado por sorteo, quien podrá hacerlo por partes para no obstaculizar el desarrollo de la votación. En el supuesto de que el representante del partido que resultó facultado en el sorteo se negare a firmar o sellar las boletas, el representante que en un principio lo haya solicitado tendrá ese derecho. La falta de rúbrica o sello en las boletas no será motivo para anular los sufragios recibidos. Acto continuo, se iniciará el levantamiento del acta de la jornada electoral, llenándose y firmándose el apartado correspondiente a la instalación de la casilla.

4. El acta de la jornada electoral constará de los siguientes apartados:

a) El de instalación; y

b) El de cierre de votación.

5. En el apartado correspondiente a la instalación, se hará constar:

a) El lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalación;

b) El nombre completo y firma autógrafa de las personas que actúan como funcionarios de casilla;

c) El número de boletas recibidas para cada elección en la casilla que corresponda, consignando en el acta los números de folios;

d) Que las urnas se armaron o abrieron en presencia de los funcionarios y representantes presentes para comprobar que estaban vacías y que se colocaron en una mesa o lugar adecuado a la vista de los electores y representantes de los partidos políticos;

e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere; y

f) En su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la casilla.

6. En ningún caso se podrán instalar casillas antes de las 8:00 horas.

7. Los miembros de la mesa directiva de la casilla no podrán retirarse sino hasta que ésta sea clausurada.

Artículo 198

1. De no instalarse la casilla, a las 8:15 horas conforme al artículo anterior, se estará a lo siguiente:

a) Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo, en primer término y en su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla;

b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste asumirá las funciones de presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en el inciso anterior;

c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las funciones de presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el inciso a);

d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de presidente, los otros las de secretario y primer escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar;

e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación;

f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal del Instituto Nacional Electoral designado, a las 10:00 horas, los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar; y

g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa directiva de casilla, iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura.

2. En el supuesto previsto en el inciso f) del párrafo anterior, se requerirá:

a) La presencia de un juez o notario público, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los hechos; y

b) En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la mesa directiva.

3. Los nombramientos que se hagan conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos.

Artículo 199

1. Los funcionarios y representantes que actuaron en la casilla, deberán, sin excepción, firmar las actas.

Artículo 200

1. Se considera que existe causa justificada para la instalación de una casilla en lugar distinto al señalado, cuando:

a) No exista el local indicado en las publicaciones respectivas;

b) El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación;

Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta se pretende realizar en lugar prohibido por la ley;

d) Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores o bien, no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal. En este caso, será necesario que los funcionarios y representantes presentes tomen la determinación de común acuerdo; y

e) El Consejo Distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito y se lo notifique al presidente de la casilla.

2. Para los casos señalados en el párrafo anterior la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.

Capítulo segundo

De la votación

Artículo 201

1. Una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el apartado correspondiente a la instalación, el presidente de la mesa anunciará el inicio de la votación.

2. Iniciada la votación no podrá suspenderse sino por causa de fuerza mayor. En este caso, corresponde al presidente dar aviso de inmediato al Consejo Distrital a través del medio de comunicación a su alcance para dar cuenta de la causa de suspensión, la hora en que ocurrió y la indicación de los votantes que al momento habían ejercido su derecho de voto, lo que será consignado en el acta.

3. El aviso de referencia deberá ser constatado por dos testigos, que lo serán preferentemente, los integrantes de la mesa directiva o los representantes de los partidos políticos.

4. Recibida la comunicación que antecede, el Consejo Distrital decidirá si se reanuda la votación, para lo cual tomará las medidas que estime necesarias.

Artículo 202

1. Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de casilla, debiendo mostrar su credencial para votar con fotografía o en su caso, la resolución del Tribunal Electoral que les otorga el derecho de votar sin aparecer en la lista nominal o sin contar con credencial para votar o en ambos casos.

2. Los presidentes de casilla permitirán emitir su voto a aquellos ciudadanos cuya credencial para votar contenga errores de seccionamiento, siempre que aparezcan en la lista nominal de electores con fotografía correspondiente a su domicilio.

3. En el caso referido en el párrafo anterior, los presidentes de casilla, además de identificar a los electores en los términos de esta Ley, se cerciorarán de su residencia en la sección correspondiente por el medio que estimen más efectivo.

4. El presidente de la casilla recogerá las Credenciales para Votar que tengan muestras de alteración o no pertenezcan al ciudadano, poniendo a disposición de las autoridades a quienes las presenten.

5. El secretario de la mesa directiva anotará el incidente en el acta respectiva, con mención expresa del nombre del ciudadano o ciudadanos presuntamente responsables.

Artículo 203

1. Una vez comprobado que el elector aparece en las listas nominales y que haya exhibido su credencial para votar con fotografía, el presidente le entregará las boletas de las elecciones para que libremente y en secreto marque en la boleta únicamente el cuadro correspondiente al partido político por el que sufraga, o anote el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto.

2. Aquellos electores que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente para marcar sus boletas de voto, podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que les acompañe.

3. Acto seguido, el elector doblará sus boletas y se dirigirá a depositarlas en la urna correspondiente.

4. El secretario de la casilla, auxiliado en todo tiempo por uno de los escrutadores, deberá anotar, con el sello que le haya sido entregado para tal efecto, la palabra "votó" en la lista nominal correspondiente y procederá a:

a) Marcar la credencial para votar con fotografía del elector que ha ejercido su derecho de voto;

b) Impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar derecho del elector; y

c) Devolver al elector su credencial para votar.

5. Los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas, podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados, para lo cual se seguirá el procedimiento señalado en éste y el anterior artículo, anotando el nombre completo y la clave de la credencial para votar de los representantes al final de la lista nominal de electores.

Artículo 204

1. Corresponde al presidente de la mesa directiva, en el lugar en que se haya instalado la casilla, el ejercicio de la autoridad para preservar el orden, asegurar el libre acceso de los electores, garantizar en todo tiempo el secreto del voto y mantener la estricta observancia de esta Ley.

2. Los miembros de la mesa directiva deberán permanecer en la casilla a lo largo de la votación, pero en ningún caso podrán interferir con la libertad y secreto del voto de los electores.

3. Tendrán derecho de acceso a las casillas:

a) Los electores que hayan sido admitidos por el presidente en los términos que fija el artículo 203 de esta Ley;

b) Los representantes de los partidos políticos debidamente acreditados en los términos que fijan los artículos 188 y 189 de esta Ley;

c) Los notarios públicos y los jueces que deban dar fe de cualquier acto relacionado con la integración de la mesa directiva, la instalación de la casilla y, en general, con el desarrollo de la votación siempre y cuando se hayan identificado ante el presidente de la mesa directiva y precisada la índole de la diligencia a realizar, misma que en ningún caso podrá oponerse al secreto de la votación; y

d) Los funcionarios del Instituto Nacional Electoral que fueren enviados por el Consejo o la Junta Distrital respectiva, o llamados por el presidente de la mesa directiva.

4. Los representantes generales permanecerán en las casillas el tiempo necesario para cumplir con las funciones que les fija el artículo 184 de esta Ley; no podrán interferir el libre desarrollo de la votación ni pretender asumir las funciones propias de los integrantes de la mesa directiva. El presidente de la mesa directiva podrá conminarlos a cumplir con sus funciones y, en su caso, podrá ordenar su retiro cuando el representante deje de cumplir su función, coaccione a los electores, o en cualquier forma afecte el desarrollo normal de la votación

5. En ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas que se encuentren privadas de sus facultades mentales, intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, embozadas o armadas.

6. Tampoco tendrán acceso a las casillas, salvo que sea para ejercer su derecho de voto, miembros de corporaciones o fuerzas de seguridad pública, dirigentes de partidos políticos, candidatos o representantes populares.

Artículo 205

1. El presidente de la mesa directiva podrá solicitar, en todo tiempo, el auxilio de las fuerzas de seguridad pública a fin de preservar el orden en la casilla y la normalidad de la votación, ordenando el retiro de cualquier persona que indebidamente interfiera o altere el orden.

2. En estos casos, el secretario de la casilla hará constar las causas del quebranto del orden y las medidas acordadas por el presidente, en un acta especial que deberá firmarse por los funcionarios de la casilla y los representantes de los partidos acreditados ante la misma. Si algún funcionario o representante se negase a firmar, el secretario hará constar la negativa.

Artículo 206

1. Los representantes de los partidos políticos podrán presentar al secretario de la mesa directiva escritos sobre cualquier incidente que en su concepto constituya una infracción a lo dispuesto por esta Ley.

2. El secretario recibirá tales escritos y los incorporará al expediente electoral de la casilla sin que pueda mediar discusión sobre su admisión.

Artículo 207

1. Ninguna autoridad podrá detener a los integrantes de las mesas directivas de casilla o a los representantes de los partidos durante la jornada electoral, salvo en el caso de flagrante delito.

Artículo 208

1. En las casillas especiales para recibir la votación de los electores que transitoriamente se encuentren fuera de su sección se aplicarán, en lo procedente, las reglas establecidas en los artículos anteriores y las siguientes:

a) El elector además de exhibir su credencial para votar, a requerimiento del presidente de la mesa directiva, deberá mostrar el pulgar derecho para constatar que no ha votado en otra casilla; y

b) El secretario de la mesa directiva procederá a asentar en el acta de electores en tránsito los datos de la credencial para votar del elector.

2. Una vez asentados los datos, a que se refiere el inciso anterior, se observará lo siguiente:

a) Si el elector se encuentra fuera de su sección, pero dentro de su distrito, podrá votar por diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por senador por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la mesa directiva le entregará la boleta única para la elección de diputados, asentando la leyenda "representación proporcional", o la abreviatura "R.P." y las boletas para la elección de senadores y de presidente;

b) Si el elector se encuentra fuera de su distrito, pero dentro de su entidad federativa, podrá votar por diputados por el principio de representación proporcional, por senador por los principios de mayoría relativa y representación proporcional y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la mesa directiva le entregará la boleta única para la elección de diputados, asentando la leyenda "representación proporcional", o la abreviatura "R.P." y las boletas para la elección de senadores y de presidente;

c) Si el elector se encuentra fuera de su entidad, pero dentro de su circunscripción, podrá votar por diputados por el principio de representación proporcional, por senador por el principio de representación proporcional y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la mesa directiva le entregará las boletas únicas para las elecciones de diputados y senadores, asentando la leyenda "representación proporcional" o la abreviatura "R.P.", así como la boleta para la elección de presidente; y

d) Si el elector se encuentra fuera de su distrito, de su entidad y de su circunscripción, pero dentro del territorio nacional, únicamente podrá votar por senador por el principio de representación proporcional y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la casilla le entregará la boleta única para la elección de senadores asentando la leyenda "representación proporcional" o la abreviatura "R.P.", así como la boleta de la elección de presidente.

3. Cumplidos los requisitos para acreditar la calidad de elector y anotados los datos en el acta correspondiente, el presidente de la casilla le entregará las boletas a que tuviere derecho.

4. El secretario asentará a continuación del nombre del ciudadano la elección o elecciones por las que votó.

Artículo 209

1. La votación se cerrará a las 18:00 horas.

2. Podrá cerrarse antes de la hora fijada en el párrafo anterior, sólo cuando el presidente y el secretario certifiquen que hubieren votado todos los electores incluidos en la lista nominal correspondiente.

3. Sólo permanecerá abierta después de las 18:00 horas, aquella casilla en la que aún se encuentren electores formados para votar. En este caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen formados a las 18:00 horas hayan votado.

Artículo 210

1. El presidente declarará cerrada la votación al cumplirse con los extremos previstos en el artículo anterior.

2. Acto seguido, el secretario llenará el apartado correspondiente al cierre de votación del acta de la jornada electoral, el cual deberá ser firmado por los funcionarios y representantes.

3. En todo caso, el apartado correspondiente al cierre de votación contendrá:

a) Hora de cierre de la votación; y

b) Causa por la que se cerró antes o después de las 18:00 horas.

Capítulo tercero

Del escrutinio y cómputo en la casilla

Artículo 211

1. Una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, los integrantes de la mesa directiva procederán al escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la casilla.

Artículo 212

1. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan:

a) el número de electores que votó en la casilla;

b) el número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o candidatos;

c) el número de votos nulos; y

d) el número de boletas sobrantes de cada elección.

2. Son votos nulos:

a) Aquel expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o coalición; y

b) Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir candidatura común entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados;

3. Cuando el elector marque en la boleta dos o más cuadros y exista candidatura común entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados, el voto contará para el candidato de la coalición y se registrará por separado en el espacio correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla.

4. Se entiende por boletas sobrantes aquellas que habiendo sido entregadas a la mesa directiva de casilla no fueron utilizadas por los electores.

Artículo 213

1. El escrutinio y cómputo se llevará a cabo en el orden siguiente:

a) De Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

b) De senadores; y

c) De diputados.

Artículo 214

1. El escrutinio y cómputo de cada elección se realizará conforme a las reglas siguientes:

a) el secretario de la mesa directiva de casilla contará las boletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta, las guardará en un sobre especial el cual quedará cerrado y anotará en el exterior del mismo el número de boletas que se contienen en él;

b) el primer escrutador contará en dos ocasiones, el número de ciudadanos que aparezca que votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección, sumando, en su caso, el número de electores que votaron por resolución del Tribunal Electoral sin aparecer en la lista nominal;

c) el presidente de la mesa directiva abrirá la urna, sacará las boletas y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía;

d) el segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna;

e) Los dos escrutadores bajo la supervisión del presidente, clasificarán las boletas para determinar:

I. El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o candidatos; y

II. El número de votos que sean nulos; y

f) el secretario anotará en hojas dispuestas al efecto los resultados de cada una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, los que, una vez verificados por los demás integrantes de la mesa, transcribirá en las respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada elección.

2. Tratándose de candidaturas comunes, si apareciera cruzado más de uno de los  emblemas de los partidos que postulan al candidato en común, se asignará el voto al candidato, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente.

Artículo 215

1. Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes:

a) se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político o coalición, atendiendo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo inmediato anterior;

b) se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada; y

c) Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado.

Artículo 216

1. Si se encontrasen boletas de una elección en la urna correspondiente a otra, se separarán y se computarán en la elección respectiva.

Artículo 217

1. Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección. Cada acta contendrá, por lo menos:

a) el número de votos emitidos a favor de cada partido político, coalición, candidatura común o candidato;

b) el número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas;

c) el número de votos nulos;

d) el número de representantes de partidos que votaron en la casilla sin estar en el listado nominal de electores,

e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere; y

f) la relación de escritos de protesta presentados por los representantes de los partidos políticos al término del escrutinio y cómputo.

2. En todo caso se asentarán los datos anteriores en las formas aprobadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

3. En ningún caso se sumarán a los votos nulos las boletas sobrantes que fueron inutilizadas.

4. Los funcionarios de las mesas directivas de casilla, con el auxilio de los representantes de los partidos políticos, verificarán la exactitud de los datos que consignen en el acta de escrutinio y cómputo.

Artículo 218

1. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones se levantarán las actas correspondientes de cada elección, las que deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y los representantes de los partidos políticos que actuaron en la casilla.

2. Los representantes de los partidos políticos ante las casillas tendrán derecho a firmar el acta bajo protesta, señalando los motivos de la misma. Si se negaran a firmar, el hecho deberá consignarse en el acta.

Artículo 219

1. Al término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, se formará un expediente de casilla con la documentación siguiente:

a) Un ejemplar del acta de la jornada electoral;

b) Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo; y

c) Los escritos de protesta que se hubieren recibido.

2. Se remitirán también, en sobres por separado, las boletas sobrantes inutilizadas y las que contengan los votos válidos y los votos nulos para cada elección.

3. La lista nominal de electores se remitirá en sobre por separado.

4. Para garantizar la inviolabilidad de la documentación anterior, con el expediente de cada una de las elecciones y los sobres, se formará un paquete en cuya envoltura firmarán los integrantes de la mesa directiva de casilla y los representantes que desearan hacerlo. 

5. La denominación expediente de casilla corresponderá al que se hubiese formado con las actas y los escritos de protesta referidos en el párrafo 1 de este artículo.

Artículo 220

1. De las actas de las casillas asentadas en la forma o formas que al efecto apruebe el Consejo General del Instituto, se entregará una copia legible a los representantes de los partidos políticos, recabándose el acuse de recibo correspondiente. La primera copia de cada acta de escrutinio y cómputo será destinada al programa de resultados electorales preliminares.

2. Por fuera del paquete a que se refiere el párrafo 4 del artículo anterior, se adherirá un sobre que contenga un ejemplar del acta en que se contengan los resultados del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, para su entrega al presidente del Consejo Distrital correspondiente.

Artículo 221

1. Cumplidas las acciones a que se refiere el artículo anterior, los presidentes de las mesas directivas de casilla, fijarán avisos en lugar visible del exterior de las mismas con los resultados de cada una de las elecciones, los que serán firmados por el presidente y los representantes que así deseen hacerlo.

Capítulo cuarto
De la clausura de la casilla y de la remisión del expediente

Artículo 222

1. Concluidas por los funcionarios de la mesa directiva de casilla las operaciones establecidas en los artículos anteriores, el secretario levantará constancia de la hora de clausura de la casilla y el nombre de los funcionarios y representantes que harán la entrega del paquete que contenga los expedientes. La constancia será firmada por los funcionarios de la casilla y los representantes de los partidos que desearen hacerlo.

Artículo 223

1. Una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al Consejo Distrital que corresponda los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes, contados a partir de la hora de clausura:

a) Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito;

b) Hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito; y

c) Hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales.

2. Los Consejos Distritales, previamente al día de la elección, podrán determinar la ampliación de los plazos anteriores para aquellas casillas que lo justifiquen.

3. Los Consejos Distritales adoptarán previamente al día de la elección, las medidas necesarias para que los paquetes con los expedientes de las elecciones sean entregados dentro de los plazos establecidos y para que puedan ser recibidos en forma simultánea.

4. Los Consejos Distritales podrán acordar que se establezca un mecanismo para la recolección de la documentación de las casillas cuando fuere necesario en los términos de esta Ley. Lo anterior se realizará bajo la vigilancia de los partidos políticos que así desearen hacerlo.

5. Se considerará que existe causa justificada para que los paquetes con los expedientes de casilla sean entregados al Consejo Distrital fuera de los plazos establecidos, cuando medie caso fortuito o fuerza mayor.

6. El Consejo Distrital hará constar en el acta circunstanciada de recepción de los paquetes a que se refiere el artículo 228 de esta Ley, las causas que se invoquen para el retraso en la entrega de los paquetes.

Capítulo quinto
Disposiciones complementarias

Artículo 224

1. Para asegurar el orden y garantizar el desarrollo de la jornada electoral, los cuerpos de seguridad pública de la Federación, de los estados y de los municipios o, en su caso, las fuerzas armadas, deben prestar el auxilio que les requieran los órganos del Instituto Nacional Electoral y los presidentes de las mesas directivas de casilla, en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las disposiciones de esta Ley.

2. El día de la elección y el precedente las autoridades competentes, de acuerdo a la normatividad que exista en cada entidad federativa, podrán establecer medidas para limitar el horario de servicio de los establecimientos en los que se sirvan bebidas embriagantes.

3. El día de la elección exclusivamente pueden portar armas los miembros uniformados de las fuerzas públicas encargadas del orden.

Artículo 225

1. Las autoridades federales, estatales y municipales, a requerimiento que les formulen los órganos electorales competentes, proporcionarán lo siguiente:

a) La información que obre en su poder, relacionada con la jornada electoral;

b) Las certificaciones de los hechos que les consten o de los documentos que existan en los archivos a su cargo, relacionados con el proceso electoral;

c) El apoyo necesario para practicar las diligencias que les sean demandadas para fines electorales; y

d) La información de los hechos que puedan influir o alterar el resultado de las elecciones.

2. Los juzgados de distrito, los de los estados y municipales, permanecerán abiertos durante el día de la elección. Igual obligación tienen las agencias del ministerio público y las oficinas que hagan sus veces.

Artículo 226

1. Los notarios públicos en ejercicio mantendrán abiertas sus oficinas el día de la elección y deberán atender las solicitudes que les hagan los funcionarios de casilla, los ciudadanos y los representantes de partidos políticos, para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección.

2. Para estos efectos, los colegios de notarios de las entidades federativas publicarán, cinco días antes del día de la elección, los nombres de sus miembros y los domicilios de sus oficinas.

Artículo 227

1. Los Consejos Distritales, con la vigilancia de los representantes de los partidos políticos, designarán en mayo del año de la elección, a un número suficiente de asistentes electorales, de entre los ciudadanos que hubieren atendido la convocatoria pública expedida al efecto y cumplan los requisitos a que se refiere el párrafo 3 de este artículo

2. Los asistentes electorales auxiliarán a las Juntas y Consejos Distritales en los trabajos de:

a) Recepción y distribución de la documentación y materiales electorales en los días previos a la elección;

b) Verificación de la instalación y clausura de las mesas directivas de casilla;

c) Información sobre los incidentes ocurridos durante la jornada electoral;

d) Apoyar a los funcionarios de casilla en el traslado de los paquetes electorales; y

e) Los que expresamente les confiera el Consejo Distrital, particularmente lo señalado en los párrafos 3 y 4 del artículo 223 de esta Ley.

3. Son requisitos para ser asistente electoral los siguientes:

a) Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y contar con credencial para votar con fotografía;

b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter imprudencial;

c) Haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación media básica;

d) Contar con los conocimientos, experiencia y habilidades necesarios para realizar las funciones del cargo;

e) Ser residente en el distrito electoral uninominal en el que deba prestar sus servicios; 

f) No tener más de 60 años de edad al día de la jornada electoral;

g) No militar en ningún partido político; y

h) Presentar solicitud conforme a la convocatoria que se expida, acompañando los documentos que en ella se establezcan.

Título décimo octavo
De los actos posteriores a la elección y los resultados electorales
Capítulo primero
Disposición preliminar

Artículo 228

1. La recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes en que se contengan los expedientes de casilla por parte de los Consejos Distritales, se hará conforme al procedimiento siguiente:

a) Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas facultadas para ello;

b) El presidente o funcionario autorizado del Consejo Distrital extenderá el recibo señalando la hora en que fueron entregados;

c) El presidente del Consejo Distrital dispondrá su depósito, en orden numérico de las casillas, colocando por separado los de las especiales, en un lugar dentro del local del Consejo que reúna las condiciones de seguridad, desde el momento de su recepción hasta el día en que se practique el cómputo distrital; y

d) El presidente del Consejo Distrital, bajo su responsabilidad, los salvaguardará y al efecto dispondrá que sean selladas las puertas de acceso del lugar en que fueron depositados, en presencia de los representantes de los partidos.

2. De la recepción de los paquetes que contengan los expedientes de casilla, se levantará acta circunstanciada en la que se haga constar, en su caso, los que hubieren sido recibidos sin reunir los requisitos que señala esta Ley.

Capítulo segundo
De la información preliminar de los resultados

Artículo 229

1. Los Consejos Distritales harán las sumas de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas conforme éstas se vayan recibiendo y hasta el vencimiento del plazo legal para la entrega de los paquetes que contengan los expedientes electorales, conforme a las siguientes reglas:

a) El Consejo Distrital autorizará al personal necesario para la recepción continua y simultánea de los paquetes electorales. Los partidos políticos podrán acreditar a sus representantes suplentes para que estén presentes durante dicha recepción;

b) Los funcionarios electorales designados recibirán las actas de escrutinio y cómputo y de inmediato darán lectura en voz alta del resultado de las votaciones que aparezcan en ellas, procediendo a realizar la suma correspondiente para informar inmediatamente a la Secretaría Ejecutiva del Instituto;

c) El secretario, o el funcionario autorizado para ello, anotará esos resultados en el lugar que les corresponda en la forma destinada para ello, conforme al orden numérico de las casillas; y

d) Los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo, contarán con los formatos adecuados para anotar en ellos los resultados de la votación en las casillas.

Artículo 230

1. Para el mejor conocimiento de los ciudadanos, concluido el plazo a que se refiere el artículo 223 de esta Ley, el presidente deberá fijar en el exterior del local del Consejo Distrital, los resultados preliminares de las elecciones en el Distrito

Capítulo tercero
De los cómputos distritales y de la declaración de validez de la
elección de diputados de mayoría relativa

Artículo 231

1. El cómputo distrital de una elección es la suma que realiza el Consejo Distrital, de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en un distrito electoral.

Artículo 232

1. Los Consejos Distritales celebrarán sesión a partir de las 8:00 horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, para hacer el cómputo de cada una de las elecciones, en el orden siguiente:

a) El de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

b) El de la votación para diputados; y

c) El de la votación para senadores.

2. Cada uno de los cómputos a los que se refiere el párrafo anterior se realizará sucesiva e ininterrumpidamente hasta su conclusión.

3. Los Consejos Distritales, en sesión previa a la jornada electoral, podrán acordar que los miembros del Servicio Profesional Electoral puedan sustituirse o alternarse entre sí en las sesiones o que puedan ser sustituidos por otros miembros del Servicio Profesional Electoral de los que apoyen a la Junta Distrital respectiva y asimismo, que los consejeros electorales y representantes de partidos políticos acrediten en sus ausencias a sus suplentes para que participen en ellas, de manera que se pueda sesionar permanentemente.

4. Los Consejos Distritales deberán contar con los elementos humanos, materiales, técnicos y financieros, necesarios para la realización de los cómputos en forma permanente.

Artículo 233

1. El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento siguiente:

a) se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras de alteración y siguiendo el orden numérico de las casillas; se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obre en poder del presidente del Consejo Distrital. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las formas establecidas para ello;

b) Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del presidente del Consejo, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el secretario del Consejo, abrirá el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 215 de esta Ley. Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el Consejo, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos;

c) en su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos que presenten una candidatura común y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la candidatura común; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación en orden decreciente.

d) el Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando:

I. Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena del quien lo haya solicitado;

II. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación; y

III. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido.

e) a continuación se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en los incisos anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada respectiva;

f) la suma de los resultados, después de realizar las operaciones indicadas en los incisos anteriores, constituirá el cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría que se asentará en el acta correspondiente;

g) Acto seguido, se abrirán los paquetes en que se contengan los expedientes de las casillas especiales, para extraer el de la elección de diputados y se procederá en los términos de los incisos a) al e) de este párrafo;

h) Durante la apertura de paquetes electorales conforme a lo señalado en los incisos anteriores, el presidente o el secretario del Consejo Distrital extraerá: los escritos de protesta, si los hubiere; la lista nominal correspondiente; la relación de ciudadanos que votaron y no aparecen en la lista nominal, así como las hojas de incidentes y la demás documentación que determine el Consejo General en acuerdo previo a la jornada electoral. De la documentación así obtenida, se dará cuenta al Consejo Distrital, debiendo ordenarse conforme a la numeración de las casillas. Las carpetas con dicha documentación quedarán bajo resguardo del presidente del Consejo para atender los requerimientos que llegare a presentar el Tribunal Electoral u otros órganos del Instituto;

i) el cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los dos incisos anteriores, y se asentará en el acta correspondiente a la elección de representación proporcional;

j) el Consejo Distrital verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la elección y asimismo, que los candidatos de la fórmula que haya obtenido la mayoría de votos cumplan con los requisitos de elegibilidad y

k) se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo, los incidentes que ocurrieren durante la misma y la declaración de validez de la elección y de elegibilidad de los candidatos de la fórmula que hubiese obtenido la mayoría de los votos.

2. Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el Consejo Distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación ante el Consejo de la sumatoria de resultados por partido consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito.

3. Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo Distrital deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.

4. Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de una elección determinada, el Consejo Distrital dispondrá lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y concluya antes del domingo siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, el presidente del Consejo Distrital dará aviso inmediato al secretario ejecutivo del Instituto; ordenará la creación de grupos de trabajo integrados por los consejeros electorales, los representantes de los partidos y los vocales, que los presidirán. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos políticos tendrán derecho a nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente.

5. Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una elección distinta, se contabilizarán para la elección de que se trate.

6. El vocal ejecutivo que presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada partido y candidato.

7. El presidente del Consejo realizará en sesión plenaria la suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de que se trate.

8. Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los Consejos Distritales siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Electoral.

9. En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los Consejos Distritales.

Artículo 234

1. Concluido el cómputo y emitida la declaración de validez para la elección de diputados, el presidente del Consejo Distrital expedirá la constancia de mayoría y validez a quien hubiese obtenido el triunfo, salvo el caso de que los integrantes de la fórmula, fueren inelegibles.

Artículo 235

1. El cómputo distrital de la votación para senador se sujetará al procedimiento siguiente:

a) Se harán las operaciones señaladas en los incisos a) al e) y h) del párrafo 1 del artículo 233 de este Ley;

b) Acto seguido, se procederá a extraer los expedientes de las casillas especiales relativos a la elección de senador y se realizarán las operaciones referidas en el inciso anterior; 

c) El cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los dos incisos anteriores y se asentará en el acta correspondiente a esta elección;

d) Es aplicable al cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa lo establecido en los párrafos 2 al 9 del artículo 233 de esta Ley;

e) El cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de representación proporcional, será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los incisos a) y b) anteriores, y se asentará en el acta correspondiente a la elección de representación proporcional; y

f) En el acta circunstanciada de la sesión se harán constar los resultados del cómputo y los incidentes que ocurrieren durante la misma.

Artículo 236

1. El cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se sujetará al procedimiento siguiente:

a) Se harán las operaciones señaladas en los incisos a) al e) y h) del párrafo 1 del artículo 233 de esta Ley

b) Acto seguido, se procederá a extraer los expedientes de las casillas especiales relativos a la elección de presidente y se realizarán las operaciones referidas en el inciso anterior;

c) Se sumarán los resultados obtenidos según los dos incisos anteriores;

d) El cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, será el resultado de sumar a los resultados obtenidos según el inciso anterior, los consignados en el acta distrital de cómputo de los votos emitidos en el extranjero, a que se refieren los artículos 272 y 273 de esta Ley. El resultado así obtenido se asentará en el acta correspondiente a esta elección;

e) Es aplicable al cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos lo establecido en los párrafos 2 al 9 del artículo 233 de esta Ley; y

f) Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo y los incidentes que ocurrieren durante la misma.

Artículo 237

1. Los presidentes de los Consejos Distritales fijarán en el exterior de sus locales, al término de la sesión de cómputo distrital, los resultados de cada una de las elecciones. 

Artículo 238

1. El presidente del Consejo Distrital deberá:

a) Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa con las actas de las casillas, el original del acta de cómputo distrital, el acta circunstanciada de la sesión de cómputo y el informe del propio presidente sobre el desarrollo del proceso electoral;

b) Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación proporcional con una copia certificada de las actas de las casillas, el original del acta del cómputo distrital de representación proporcional, copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del informe del propio presidente sobre el desarrollo del proceso electoral;

c) Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa con las correspondientes actas de las casillas, el original del acta de cómputo distrital, copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del informe del propio presidente sobre el desarrollo del proceso electoral;

d) Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de representación proporcional con una copia certificada de las actas de las casillas, el original del acta del cómputo distrital, copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del informe del propio presidente sobre el desarrollo del proceso electoral; y

e) Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con las correspondientes actas de las casillas, el original del acta de cómputo distrital, copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del informe del propio presidente sobre el desarrollo del proceso electoral.

Artículo 239

1. El presidente del Consejo Distrital, una vez integrados los expedientes procederá a:

a) Remitir a la Sala competente del Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto el medio de impugnación correspondiente, junto con éste, los escritos de protesta y el informe respectivo, así como copia certificada del expediente del cómputo distrital y, en su caso, la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa;

b) Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del medio de impugnación respectivo al Tribunal Electoral, el expediente del cómputo distrital que contenga las actas originales y cualquier otra documentación de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. De la documentación contenida en el expediente de cómputo distrital enviará copia certificada al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Cuando se interponga el medio de impugnación correspondiente se enviará copia del mismo;

c) Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del medio de impugnación, a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la fórmula de candidatos a diputado de mayoría relativa que la hubiese obtenido; así como un informe de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto. De la documentación contenida en el expediente de cómputo distrital, enviará copia certificada al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Cuando se interponga el medio de impugnación se enviará copia del mismo a sendas instancias;

d) Remitir al Consejo Local de la entidad el expediente de cómputo distrital que contiene las actas originales y documentación de la elección de senador por ambos principios. De las actas y documentación contenida en dicho expediente enviará copia certificada al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral; y

e) Remitir al correspondiente Consejo Local con residencia en la cabecera de circunscripción el expediente del cómputo distrital que contiene las actas originales y copias certificadas, y demás documentos de la elección de diputados por el principio de representación proporcional. De las actas y documentación contenidas en dicho expediente enviará copia certificada al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.

Artículo 240

1. Los presidentes de los Consejos Distritales conservarán en su poder una copia certificada de todas las actas y documentación de cada uno de los expedientes de los cómputos distritales.

2. Asimismo, los presidentes tomarán las medidas necesarias para el depósito en el lugar señalado para tal efecto, de los sobres que contengan la documentación a que se refiere el artículo 219 de esta Ley hasta la conclusión del proceso electoral. Una vez concluido el proceso electoral, se procederá a su destrucción.

Capítulo tercero
De los cómputos de entidad federativa de la elección de senadores por ambos principios y de la declaración de validez de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa

Artículo 241

1. Los consejos locales celebrarán sesión el domingo siguiente al día de la jornada electoral, para efectuar el cómputo de entidad federativa correspondiente a la elección de senadores por el principio de mayoría relativa y la declaratoria de validez de la propia elección.

2. Asimismo, efectuarán el cómputo de entidad federativa correspondiente a la elección de senadores por el principio de representación proporcional, asentando los resultados en el acta correspondiente.

Artículo 242

1. El cómputo de entidad federativa es el procedimiento por el cual cada uno de los consejos locales determina, mediante la suma de los resultados anotados en las actas de cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, la votación obtenida en esta elección en la entidad federativa. Este cómputo se sujetará a las reglas siguientes:

a) Se tomará nota de los resultados que consten en cada una de las actas de cómputo distrital;

b) La suma de esos resultados constituirá el cómputo de entidad federativa de la elección de senador;

c) El Consejo Local verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la elección y asimismo, que los candidatos de las fórmulas para senador que hubiesen obtenido el triunfo por el principio de mayoría relativa y de la fórmula registrada en primer lugar por el partido que por sí mismo hubiese logrado obtener el segundo lugar en la votación, cumplan con los requisitos de elegibilidad y

d) Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo, los incidentes que ocurrieren durante la misma y la declaración de validez de la elección y de elegibilidad de los candidatos de las fórmulas para senador que hubiesen obtenido el triunfo y de la fórmula registrada en primer lugar por el partido que por sí mismo hubiese obtenido el segundo lugar en la votación.

2. El cómputo de entidad federativa para la elección de senadores por el principio de representación proporcional se determinará mediante la suma de los resultados anotados en las actas de cómputo distrital de esta elección, sujetándose, en lo conducente, a las reglas establecidas en los incisos a), b) y d) del párrafo anterior.

Artículo 243

1. El presidente del Consejo Local deberá:

a) Expedir, al concluir la sesión de cómputo de entidad federativa y de declaración de validez de la elección de senadores de mayoría relativa, las constancias de mayoría y validez a las fórmulas para senador que hubiesen obtenido el triunfo, y la constancia de asignación a la fórmula registrada en primer lugar por el partido que por sí mismo hubiese logrado obtener el segundo lugar en la votación de la entidad. En el supuesto de que los integrantes de alguna de las fórmulas que hubiesen obtenido el triunfo fueren inelegibles, no se expedirá la constancia de que se trate, sin perjuicio de otorgarla a la otra fórmula registrada en la lista del partido que hubiera obtenido la mayoría de la votación. Si fueren inelegibles los integrantes de la fórmula registrada en primer lugar por el partido que por sí mismo hubiese obtenido el segundo lugar en la votación, la constancia se expedirá a la fórmula registrada en segundo término en la lista respectiva;

b) Fijar en el exterior del local del Consejo los resultados del cómputo de entidad federativa de esta elección por ambos principios;

c) Remitir a la Oficialía Mayor de la Cámara de Senadores, copia certificada de las constancias expedidas a las fórmulas para senador que hubiesen obtenido el triunfo de mayoría relativa; la de asignación expedida a la fórmula registrada en primer lugar por el partido que por sí mismo hubiese logrado obtener el segundo lugar en la votación de la entidad; así como un informe de los medios de impugnación interpuestos;

d) Remitir al Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto el medio de impugnación correspondiente, junto con éste, los escritos de protesta y el informe respectivo, así como copia certificada de las actas cuyos resultados fueren impugnados y de las actas del cómputo de entidad, en los términos previstos en la ley de la materia; y

e) Remitir, una vez transcurrido el plazo para la interposición del medio de impugnación correspondiente, al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, copia certificada del acta de cómputo de entidad por ambos principios, copia de los medios de impugnación interpuestos, del acta circunstanciada de la sesión y el informe del propio presidente sobre el desarrollo del proceso electoral.

Capítulo cuarto
De los cómputos de representación proporcional en cada circunscripción

Artículo 244

1. El cómputo de circunscripción plurinominal es la suma que realiza cada uno de los consejos locales con residencia en las capitales designadas cabecera de circunscripción, de los resultados anotados en las actas de cómputo distrital respectivas, a fin de determinar la votación obtenida en la elección de diputados por el principio de representación proporcional en la propia circunscripción.

Artículo 245

1. El Consejo Local que resida en la capital cabecera de cada circunscripción plurinominal, el domingo siguiente a la jornada electoral y una vez realizados los cómputos a que se refiere el artículo 241 de esta Ley, procederá a realizar el cómputo de la votación para las listas regionales de diputados electos según el principio de representación proporcional.

Artículo 246

1. El cómputo de circunscripción plurinominal se sujetará al procedimiento siguiente:

a) Se tomará nota de los resultados que consten en las actas de cómputo distrital de la circunscripción;

b) La suma de esos resultados constituirá el cómputo de la votación total emitida en la circunscripción plurinominal; y

c) Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo y los incidentes que ocurrieran.

Artículo 247

1. El presidente del Consejo Local que resida en la capital cabecera de la circunscripción plurinominal deberá:

a) Publicar en el exterior de las oficinas los resultados obtenidos en los cómputos de la circunscripción;

b) Integrar el expediente del cómputo de circunscripción con los expedientes de los cómputos distritales que contienen las actas originales y certificadas, el original del acta de cómputo de circunscripción, la circunstanciada de la sesión de dicho cómputo y el informe del propio presidente sobre el desarrollo del proceso electoral; y

c) Remitir al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, una copia certificada del acta de cómputo de circunscripción y del acta circunstanciada de la sesión del mismo, para que los presente al Consejo General del Instituto junto con las copias certificadas respectivas de los cómputos distritales.

Artículo 248

1. El domingo siguiente al de la jornada electoral, el secretario ejecutivo del Consejo General, con base en la copia certificada de las actas de cómputo distrital de la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, informará al Consejo, en sesión pública, el resultado de la sumatoria de los resultados consignados en dichas actas, por partido y candidato. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades constitucionales y legales del Tribunal Electoral.

Capítulo quinto
De las constancias de asignación proporcional

Artículo 249

1. En los términos de los artículos 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo General del Instituto procederá a la asignación de diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional

2. El Consejo General hará la asignación a que se refiere el párrafo anterior, una vez resueltas por el Tribunal Electoral las impugnaciones que se hayan interpuesto en los términos previstos en la ley de la materia y a más tardar el 23 de agosto del año de la elección.

Artículo 250

1. El presidente del Consejo General expedirá a cada partido político las constancias de asignación proporcional, de lo que informará a la Oficialía Mayor de las Cámaras de Diputados y de Senadores, respectivamente.

Título décimo noveno
Del voto de los mexicanos residentes en el extranjero

Artículo 251

1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto exclusivamente para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 252

1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos que residan en el extranjero, además de los que fija el Artículo 34 de la Constitución y deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por escrito, con firma autógrafa o, en su caso, huella digital, en el formato aprobado por el Consejo General, su inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero;

b) Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir verdad, el domicilio en el extranjero al que se le hará llegar, en su caso, la boleta electoral; y

c) Los demás establecidos en el presente capítulo.

Artículo 253

1. Los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos señalados enviarán la solicitud a que se refiere el inciso a) del párrafo 1 del artículo anterior entre el 1o. de octubre del año previo, y hasta el 15 de enero del año de la elección presidencial.

2. La solicitud será enviada a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por correo certificado, acompañada de los siguientes documentos:

a) Fotocopia legible del anverso y reverso de su credencial para votar con fotografía; el elector deberá firmar la fotocopia o, en su caso, colocar su huella digital; y

b) Documento en el que conste el domicilio que manifiesta tener en el extranjero.

3. Para efectos de verificación del cumplimiento del plazo de envío señalado en el párrafo 1 de este artículo, se tomará como elemento de prueba la fecha de expedición de la solicitud de inscripción que el servicio postal de que se trate estampe en el sobre de envío.

4. A ninguna solicitud enviada por el ciudadano después del 15 de enero del año de la elección, o que sea recibida por el Instituto después del 15 de febrero del mismo año, se le dará trámite. En estos casos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores enviará al interesado, por correo certificado, aviso de no inscripción por extemporaneidad.

5. El ciudadano interesado podrá consultar al Instituto, por vía telefónica o electrónica, su inscripción.

Artículo 254

1. La solicitud de inscripción en el listado nominal de electores tendrá efectos legales de notificación al Instituto de la decisión del ciudadano de votar en el extranjero en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Para tal efecto el respectivo formato contendrá la siguiente leyenda:

"Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que por residir en el extranjero:

a) Expreso mi decisión de votar en el país en que resido y no en territorio mexicano;

b) Solicito votar por correo en la próxima elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

c) Autorizo al Instituto Nacional Electoral, verificado el cumplimiento de los requisitos legales, para ser inscrito en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, y darme de baja, temporalmente, de la lista correspondiente a la sección electoral que aparece en mi credencial para votar;

d) Solicito que me sea enviada a mi domicilio en el extranjero la boleta electoral; y

e) Autorizo al Instituto Nacional Electoral para que, concluido el proceso electoral, me reinscriba en la lista nominal de electores correspondiente a la sección electoral que aparece en mi credencial para votar".

Artículo 255

1. Las listas nominales de electores residentes en el extranjero son las relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre de las personas incluidas en el padrón electoral que cuentan con su credencial para votar, que residen en el extranjero y que solicitan su inscripción en dichas listas.

2. Las listas nominales de electores residentes en el extranjero serán de carácter temporal y se utilizarán, exclusivamente, para los fines establecidos en este Libro.

3. Las listas nominales de electores residentes en el extranjero no tendrán impresa la fotografía de los ciudadanos en ellas incluidos.

4. El Consejo General podrá ordenar medidas de verificación adicionales a las previstas en el presente Libro a fin de garantizar la veracidad de las listas nominales de electores residentes en el extranjero.

5. Serán aplicables, en lo conducente, las normas contenidas en el Título Primero del Libro Cuarto de esta Ley.

Artículo 256

1. A partir del 1 de octubre del año previo al de la elección presidencial y hasta el 15 de enero del año de la elección, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de los interesados el formato de solicitud de inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, en los sitios, en territorio nacional y en el extranjero, que acuerde la Junta General Ejecutiva, y a través de la página electrónica del Instituto.

2. Las sedes diplomáticas de México en el extranjero contarán con los formatos a que se refiere el párrafo anterior para que estén a disposición de los ciudadanos mexicanos. El Instituto celebrará con la Secretaría de Relaciones Exteriores los acuerdos correspondientes.

Artículo 257

1. Las solicitudes de inscripción en la lista nominal de electores en el extranjero serán atendidas en el orden cronológico de su recepción, debiéndose llevar un registro de la fecha de las mismas.

2. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá a la inscripción del solicitante en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, dándolo de baja, temporalmente, de la lista nominal de electores correspondiente a la sección del domicilio asentado en su credencial para votar.

3. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores conservará los documentos enviados y el sobre que los contiene hasta la conclusión del proceso electoral.

 4. Concluido el proceso electoral, cesará la vigencia de las listas nominales de electores residentes en el extranjero. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá a reinscribir a los ciudadanos en ellas registrados, en la lista nominal de electores de la sección electoral que les corresponda por su domicilio en México.

5. Para fines de estadística y archivo, el Instituto conservará copia, en medios digitales, por un periodo de siete años, de las listas nominales de electores residentes en el extranjero.

Artículo 258

1. Concluido el plazo para la recepción de solicitudes de inscripción, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá a elaborar las listas nominales de electores residentes en el extranjero.

2. Las listas se elaborarán en dos modalidades:

a) Conforme al criterio de domicilio en el extranjero de los ciudadanos, ordenados alfabéticamente. Estas listas serán utilizadas exclusivamente para efectos del envío de las boletas electorales a los ciudadanos inscritos; y

b) Conforme al criterio de domicilio en México de los ciudadanos, por entidad federativa y distrito electoral, ordenados alfabéticamente. Estas listas serán utilizadas por el Instituto para efectos del escrutinio y cómputo de la votación.

3. En todo caso, el personal del Instituto y los partidos políticos están obligados a salvaguardar la confidencialidad de los datos personales contenidos en las listas nominales de electores residentes en el extranjero. La Junta General Ejecutiva dictará los acuerdos e instrumentará las medidas necesarias para tal efecto.

4. La Junta General Ejecutiva presentará al Consejo General un informe del número de electores en el extranjero, agrupados por país, estado o equivalente, y municipio o equivalente.

Artículo 259

1. Los partidos políticos, a través de sus representantes en la Comisión Nacional de Vigilancia, tendrán derecho a verificar las listas nominales de electores residentes en el extranjero, a que se refiere el inciso b) del párrafo 2 del artículo anterior, a través de los medios electrónicos con que cuente la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

2. Las listas nominales de electores residentes en el extranjero no serán exhibidas fuera del territorio nacional.

Artículo 260

1. A más tardar el 15 de marzo del año de la elección presidencial, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de los partidos políticos las listas nominales de electores residentes en el extranjero.

2. Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos y casos concretos e individualizados, hasta el 31 de marzo, inclusive.

3. De las observaciones realizadas por los partidos políticos se harán las modificaciones a que hubiere lugar y se informará al Consejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia a más tardar el 15 de mayo.

4. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el informe a que se refiere el párrafo anterior. La impugnación se sujetará a lo establecido en el párrafo 4 del Artículo 113 de esta Ley y en la ley de la materia.

5. Si no se impugna el informe o, en su caso, una vez que el Tribunal haya resuelto las impugnaciones, el Consejo General del Instituto sesionará para declarar que los listados nominales de electores residentes en el extranjero son válidos.

Artículo 261

1. La Junta General Ejecutiva deberá ordenar la impresión de las boletas electorales, de los sobres para su envío al Instituto, del instructivo para el elector y de los sobres en que el material electoral antes descrito será enviado, por correo certificado o mensajería, al ciudadano residente en el extranjero.

2. Para los efectos del párrafo anterior a más tardar el 31 de enero del año de la elección, el Consejo General del Instituto aprobará el formato de boleta electoral para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que será utilizada por los ciudadanos residentes en el extranjero, el instructivo para su uso, así como los formatos de las actas para escrutinio y cómputo y los demás documentos y materiales.

3. Serán aplicables, en lo conducente, respecto a la boleta electoral, las disposiciones del Artículo 190 de esta Ley. La boleta electoral que será utilizada en el extranjero contendrá la leyenda "Mexicano residente en el extranjero".

4. El número de boletas electorales que serán impresas para el voto en el extranjero será igual al número de electores inscritos en las listas nominales correspondientes. El Consejo General determinará un número adicional de boletas electorales. Las boletas adicionales no utilizadas serán destruidas, antes del día de la jornada electoral, en presencia de representantes de los partidos políticos.

Artículo 262

1. La documentación y el material electoral a que se refiere el Artículo anterior estará a disposición de la Junta General Ejecutiva a más tardar el 15 de abril del año de la elección.

2. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de la Junta General Ejecutiva los sobres con el nombre y domicilio en el extranjero de cada uno de los ciudadanos inscritos en las listas nominales correspondientes, ordenados conforme a la modalidad establecida en el inciso a) del párrafo 2 del artículo 258 de esta Ley.

3. La Junta General Ejecutiva realizará los actos necesarios para enviar, a cada ciudadano, por correo certificado con acuse de recibo, la boleta electoral, la documentación y demás material necesarios para el ejercicio del voto.

4. El envío de la documentación y material electoral antes señalados concluirá, a más tardar, el 20 de mayo del año de la elección.

Artículo 263

1. Recibida la boleta electoral el ciudadano deberá ejercer su derecho al voto, de manera libre, secreta y directa, marcando el recuadro que corresponda a su preferencia, en los términos del Artículo 203 de esta Ley.

2. El instructivo a que se refiere el párrafo 1 del Artículo 259 anterior, deberá incluir, al menos.

Artículo 264

1. Una vez que el ciudadano haya votado, deberá doblar e introducir la boleta electoral en el sobre que le haya sido remitido, cerrándolo de forma que asegure el secreto del voto.

2. En el más breve plazo, el ciudadano deberá enviar el sobre que contiene la boleta electoral, por correo certificado, al Instituto Nacional Electoral.
3. Para los efectos del párrafo anterior, los sobres para envío a México de la boleta electoral, tendrán impresa la clave de elector del ciudadano remitente, así como el domicilio del Instituto que determine la Junta General Ejecutiva.

Artículo 265

1. La Junta General Ejecutiva dispondrá lo necesario para:

a) Recibir y registrar, señalando día, los sobres que contienen la boleta electoral, clasificándolos conforme a las listas nominales de electores que serán utilizadas para efectos del escrutinio y cómputo;

b) Colocar la leyenda "votó" al lado del nombre del elector en la lista nominal correspondiente; lo anterior podrá hacerse utilizando medios electrónicos; y

c) Resguardar los sobres recibidos y salvaguardar el secreto del voto.

Artículo 266

1. Serán considerados votos emitidos en el extranjero los que se reciban por el Instituto hasta veinticuatro horas antes del inicio de la jornada electoral.

2. Respecto de los sobres recibidos después del plazo antes señalado, se elaborará una relación de sus remitentes y acto seguido, sin abrir el sobre que contiene la boleta electoral, se procederá, en presencia de los representantes de los partidos políticos, a su destrucción.

3. El día de la jornada electoral el secretario ejecutivo rendirá al Consejo General del Instituto un informe previo sobre el número de votos emitidos por ciudadanos residentes en el extranjero, clasificado por país de residencia de los electores, así como de los sobres recibidos fuera de plazo a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 267

1. Con base en las listas nominales de electores residentes en el extranjero, conforme al criterio de su domicilio en territorio nacional, el Consejo General:

a) Determinará el número de mesas de escrutinio y cómputo que correspondan a cada distrito electoral uninominal. El número máximo de votos por mesa será de 1,500; y

b) Aprobará el método y los plazos para seleccionar y capacitar a los ciudadanos que actuarán como integrantes de las mesas de escrutinio y cómputo, aplicando en lo conducente lo establecido en el artículo 178 de esta Ley.

2. Las mesas de escrutinio y cómputo de la votación de los electores residentes en el extranjero se integrarán con un presidente, un secretario y dos escrutadores; habrá dos suplentes por mesa.

3. Las mesas antes señaladas tendrán como sede el local único, en el Distrito Federal, que determine la Junta General Ejecutiva. 

4. Los partidos políticos designarán dos representantes por cada mesa y un representante general por cada veinte mesas, así como un representante general para el cómputo distrital de la votación emitida en el extranjero.

5. En caso de ausencia de los funcionarios titulares y suplentes de las mesas, la Junta General Ejecutiva determinará el procedimiento para la designación del personal del Instituto que los supla.

6. La Junta General Ejecutiva adoptará las medidas necesarias para asegurar la integración y funcionamiento de las mesas de escrutinio y cómputo.

Artículo 268

1. Las mesas de escrutinio y cómputo se instalarán a las 17 horas del día de la jornada electoral. A las 18 horas, iniciará el escrutinio y cómputo de la votación emitida en el extranjero.

2. El Consejo General podrá determinar el uso de medios electrónicos para el cómputo de los resultados y la elaboración de actas e informes relativos al voto de los electores residentes en el extranjero. En todo caso, los documentos así elaborados deberán contar con firma.

Artículo 269

1. Para el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo siguiente:

a) El presidente de la mesa verificará que cuenta con el listado nominal de electores residentes en el extranjero que le corresponde, y sumará los que en dicho listado tienen marcada la palabra "votó";

b) Acto seguido, los escrutadores procederán a contar los sobres que contienen las boletas electorales y verificarán que el resultado sea igual a la suma de electores marcados con la palabra "votó" que señala el inciso anterior;

c) Verificado lo anterior, el presidente de la mesa procederá a abrir el sobre y extraerá la boleta electoral, para, sin mayor trámite, depositarla en la urna; si abierto un sobre se constata que no contiene la boleta electoral, o contiene más de una boleta electoral, se considerará que el voto, o votos, son nulos y el hecho se consignará en el acta;

d) Los sobres que contengan las boletas serán depositados en un recipiente por separado para su posterior destrucción;

e) Una vez terminado lo anterior, dará inicio el escrutinio y cómputo, aplicándose, en lo conducente, las reglas establecidas en los incisos c) al f) del párrafo 1 del Artículo 214 y 218 de esta Ley; y

f) Para determinar la validez o nulidad del voto, será aplicable lo establecido en el Artículo 215 de esta Ley y en el inciso c) de este párrafo

Artículo 270

1. Las actas de escrutinio y cómputo de cada mesa serán agrupadas conforme al distrito electoral que corresponda.

2. El personal del Instituto designado previamente por la Junta General Ejecutiva, procederá, en presencia de los representantes generales de los partidos políticos, a realizar la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las respectivas mesas para obtener el resultado de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por distrito electoral uninominal, que será asentado en el acta de cómputo correspondiente a cada distrito electoral.

3. Las actas de cómputo distrital serán firmadas por el funcionario responsable y por el representante general de cada partido político designado para el efecto.

4. Los actos señalados en los párrafos anteriores de este artículo serán realizados en presencia de los representantes generales de los partidos políticos para el cómputo distrital de la votación emitida en el extranjero.

Artículo 271

1. Concluido en su totalidad el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero, y después de que el presidente del Consejo General haya dado a conocer los resultados de los estudios a que se refiere el inciso l) del párrafo 1 del artículo 38 de esta Ley, el secretario ejecutivo informará al Consejo General los resultados, por partido, de la votación emitida en el extranjero para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

2. El secretario ejecutivo hará entrega a los integrantes del Consejo General del informe que contenga los resultados, por distrito electoral uninominal, de la votación recibida del extranjero y ordenará su inclusión, por distrito electoral y mesa de escrutinio y cómputo, en el sistema de resultados electorales preliminares.

Artículo 272

1. La Junta General Ejecutiva, por los medios que resulten idóneos, antes del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, entregará, a cada uno de los Consejos Distritales, copia del acta de cómputo distrital a que se refiere el artículo 270 de esta Ley.

2. Los partidos políticos recibirán copia legible de todas las actas.

3. Las boletas electorales, los originales de las actas de escrutinio y cómputo de las mesas y del cómputo por distrito electoral uninominal, así como el informe circunstanciado que elabore la Junta General Ejecutiva, respecto de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, serán integrados en un paquete electoral que será remitido, antes del domingo siguiente al de la jornada electoral, a la Sala Superior del Tribunal Electoral, para los efectos legales conducentes.

Artículo 273

1. Realizados los actos a que se refiere el artículo 236 de esta Ley, en cada uno de los Consejos Distritales el presidente del mismo informará a sus integrantes del resultado consignado en la copia del acta distrital de cómputo de los votos emitidos en el extranjero para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que sean sumados a los obtenidos del cómputo de los resultados de las casillas instaladas en el respectivo distrito.

2. El resultado de la suma señalada en el párrafo anterior se asentará en el acta a que se refiere el inciso d) del párrafo 1 del artículo 236 de esta Ley.

3. La copia certificada del acta distrital de cómputo de los votos emitidos en el extranjero para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el distrito electoral respectivo, será integrada al expediente a que se refiere el inciso e) del párrafo 1 del artículo 239 de esta Ley.

Artículo 274

1. Los partidos políticos nacionales y sus candidatos a cargos de elección popular no podrán realizar campaña electoral en el extranjero; en consecuencia, quedan prohibidas en el extranjero, en cualquier tiempo, las actividades, actos y propaganda electoral.

2. Durante el proceso electoral, en ningún caso y por ninguna circunstancia los partidos políticos utilizarán recursos provenientes de financiamiento público o privado, en cualquiera de sus modalidades, para financiar actividades ordinarias o de campaña en el extranjero.

Artículo 275

1. Para el cumplimiento de las atribuciones y tareas que este título otorga al Instituto Nacional Electoral, la Junta General Ejecutiva propondrá al Consejo General, en el año anterior al de la elección presidencial, la creación de las unidades administrativas que se requieran, indicando los recursos necesarios para cubrir sus tareas durante el proceso electoral.

Artículo 276

1. El costo de los servicios postales derivado de los envíos que por correo realice el Instituto a los ciudadanos residentes en el extranjero, será previsto en el presupuesto del propio Instituto.

Artículo 277

1. El Consejo General proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de las normas contenidas en el presente Libro.

2. Son aplicables, en todo lo que no contravenga las normas del presente Libro, las demás disposiciones conducentes de esta Ley, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y las demás leyes aplicables. 

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de abril de 2014.

Suscriben

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.- Sen. David Monreal Avila.- Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.- Sen. Manuel Bartlett Díaz.- Sen. Martha Palafox Gutiérrez.- Sen. Layda Sansores San Román.- Dip. Alberto Anaya Gutiérrez.- Dip. Lilia Aguilar Gil.- Dip. José Alberto Benavides Castañeda.- Dip. Ricardo Cantú Garza.- Dip. Jaime Bonilla Valdez.- Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.- Dip. Loretta Ortiz Ahlf.- Dip. José Arturo López Cándido.- Dip. Héctor Hugo Roblero Gordillo.- Dip. María del Carmen Martínez Santillán.- Dip. Rosa Elia Romero Guzmán.- Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal.- Dip. Araceli Torres Flores.- Dip. Adolfo Orive Bellinger”.

Ambas iniciativas se turnan a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de homologación y expedición de certificados para las personas con discapacidad.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE HOMOLOGACION Y EXPEDICION DE CERTIFICADOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por la C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muy buenas tardes, con su permiso, señor Presidente. Estimadas compañeras y compañeros:

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un instrumento con una dimensión explícita que reafirma que las personas con discapacidad deben gozar de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Derechos que han sido consagrados también en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al situar al mismo nivel jerárquico a la citada Convención que establece que el Estado deberá proteger y asegurar su pleno ejercicio en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

En virtud de ello, debemos promover las reformas suficientes para que cuenten con las condiciones necesarias que garanticen su inclusión.

En México la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en el artículo décimo que el sector salud expedirá a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional; sin embargo, al día de hoy falta precisar y dar mayor alcance a los procesos específicos para la expedición de certificados de discapacidad y homologación de los criterios en los grados o tipos de discapacidad.

En la actualidad en nuestro país se han diseñado diversos programas a los cuales pueden tener acceso las personas con discapacidad, sin embargo, uno de los requisitos fundamentales para obtener este tipo de beneficios es presentar algún documento que acredite la discapacidad.

Para tal efecto surge entonces la necesidad de que las personas con discapacidad cuenten con un certificado que avale esta condición, que además servirá para evitar que personas que no viven con esta condición pretendan acceder a los beneficios a favor de las personas con discapacidad, con lo que se dará un mayor control por parte del Estado y un registro más preciso sobre el número de personas y tipo de discapacidad.

En ese tenor, el 14 de septiembre de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana para la Atención Integral a las Personas con Discapacidad, la cual señala que a toda persona con discapacidad que lo solicite se le deberá expedir un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional.

Sin embargo, aunado a lo anterior, es necesario que en la Ley General de Salud se establezca expresamente que es una obligación del sector expedir certificados de reconocimiento y calificación de discapacidad, con lo cual no solo se fortalecerá una política pública existente, sino se le dotará de una continuidad en el tiempo y afinará la transversalidad de las acciones contenidas en el marco jurídico nacional a favor de los 5.7 millones de personas con discapacidad que hay en México.

Esto es, en términos generales, lo que contiene la iniciativa que estoy proponiendo a todos ustedes.

Así es que por su atención, estimados compañeros, muchísimas gracias a todos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora de la República de la LXII Legislatura al H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE HOMOLOGACION Y EXPEDICION DE CERTIFICADOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.- La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (entró en vigor el 3 de mayo de 2008), es un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social reafirma que las personas con tipos de discapacidad deben gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Aclara y precisa también, cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos.

En su artículo 1 establece que las personas con discapacidad  incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Asimismo, en su artículo 4º inciso a, se establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la citada Convención;

Por su parte, en el inciso b del mismo artículo se destaca la importancia de tomar las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad.

2.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su primer Informe sobre la Discapacidad, estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad; es decir, alrededor del 15 por ciento de la población mundial. (OMS, 2011).

Situarnos en el Modelos Social de la discapacidad consiste en comprender la discapacidad desde la participación social, desde los recursos y estrategias que la persona requiere para optimizar su nivel de funcionamiento en las actividades que desea y puede llevar a cabo.

El artículo 1°de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

3.- En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 5 que uno de los principios que deberán observarse es el contenido en la fracción VI, el cual refiere que es fundamental promover la participación e inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad.1

Asimismo, establece en la fracción II del artículo 6 que es necesario instruir a las dependencias y entidades del Gobierno Federal a que instrumenten acciones en favor de la inclusión social, cultural, laboral, deportiva y económica de las personas con discapacidad en el marco de las políticas públicas.

En ese tenor la citada Ley en materia de discapacidad en su Título Segundo, “Derechos de las Personas con Discapacidad”, Capítulo I relativo a la Salud y Asistencia Social, establece en el artículo 10 que “el Sector Salud expedirá a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional”.

Sin embargo, al día de hoy no hay procesos específicos para la expedición de Certificados de Discapacidad ni homologación de los criterios en los grados o tipos de discapacidad.

4.- El Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que en México hay 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad, lo que representa 5.1 por ciento de la población total2.

Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2010 nos aporta datos importantes al respecto de la inclusión social, tales como que una de cada tres personas encuestadas considera que no se respetan los derechos de las personas con discapacidad.

Estos y otros datos que confirman la persistencia de creencias y prácticas que obstaculizan el acceso al desarrollo y menoscaban el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

En la actualidad en nuestro país se han diseñado diversos programas a los cuáles pueden tener acceso las personas con discapacidad, sin embargo, uno de los requisitos fundamentales para obtener ese tipo de beneficios es presentar algún documento que acredite la discapacidad.

Para tal efecto, surge la necesidad de que las personas con discapacidad cuenten con un certificado que avale esta condición, que además servirá para evitar que personas que no viven con esta condición pretendan acceder a los beneficios en favor de las personas con discapacidad, con lo que se dará un mayor control por parte del estado y un registro más preciso sobre el número de personas y tipo de discapacidad.

El certificado de discapacidad es entonces un documento público que tiene validez a nivel nacional, permite a las personas con discapacidad acceder a beneficios médicos, laborales, asistenciales que existen en nuestra legislación. Este instrumento no tiene relación con el porcentaje de discapacidad para acceder a un beneficio de pensión, por lo que únicamente tiene como finalidad certificar que una persona tiene una discapacidad independientemente del grado de la misma.

Resulta necesario e importante que todas las personas con discapacidad cuenten con un documento que facilite el acceso no solo a los beneficios ya mencionados, sino que además sea un instrumento de identificación que facilite y promueva su inclusión en diversos ámbitos de la sociedad en un marco de igualdad y no discriminación

5. El 14 de septiembre de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación  la Norma Oficial Mexicana para la Atención Integral a las Personas con Discapacidad, la cual tiene como finalidad establecer los criterios que regulan la forma en que se proporcionan los servicios de atención médica integral a las personas con discapacidad, en su calidad de pacientes.

Asimismo, refiere la observancia obligatoria de los lineamientos establecidos en la Norma citada, entre ellos y para efectos de la presente iniciativa resulta importante destacar la obligatoriedad de expedir un certificado de reconocimiento y calificación de la discapacidad, establecido en el punto 5.1.3 que dice lo siguiente: A toda persona con discapacidad que lo solicite, se le deberá expedir un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional, en el que se anoten como mínimo los siguientes datos: nombre, sexo, edad, nacionalidad, domicilio, tipo y grado de discapacidad, en su caso, en el formato correspondiente, a través de una institución del sector salud y por un médico con título y cédula profesional.

En ese tenor, la presente Norma marca la pauta para incentivar a las instancias correspondientes a fin de que armonicen sus procedimientos y recursos con el objetivo de implementar un proceso de expedición de certificados de reconocimiento y calificación de la discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el proemio y en virtud de la necesidad de establecer sustento jurídico constitucional a las leyes en materia de personas con discapacidad, se propone la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona una fracción VI y se reforma la fracción V recorriendo el contenido actual, del artículo 389 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 389. Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados:

I a III…

IV. De exportación a que se refieren los artículos 287 y 288 de esta ley;

V. De reconocimiento y calificación de la discapacidad, y

VI. Los demás que se determinen en esta ley y sus reglamentos.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 21 de abril de 2014.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Flores Escalera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño de la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, ¿para que asunto?

- La C. Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: (Desde su escaño) Para sumarme a la iniciativa de la Senadora Hilda Flores Escalera, si me lo permite.

- El C. Presidente Aipuro Torres: Senadora Flores Escalera, ¿acepta la inclusión a su proyecto de iniciativa? Solicito a la Secretaría tome nota, igualmente los Senadores Claudia Pavlovich, Rocío Pineda Gochi y Joel Ayala.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.


1 Diario Oficial de la Federación (DOF) 30 Noviembre 2012

2 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, Cuestionario ampliado. Estados Unidos Mexicanos/Población con discapacidad/Población con limitación en la actividad y su distribución porcentual según causa para cada tamaño de localidad y tipo de limitación.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

(Presentada por el C. Senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a nombre propio y de los CC. Senadores Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle Maury, Víctor Hermosillo y Celada, Raúl Gracia Guzmán, Francisco Domínguez Servién, Fernando Yunes Márquez, Luis Fernando Salazar Fernández, Luisa María Calderón Hinojosa y Salvador Vega Casillas, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El de la voz, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y los Senadores Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Domínguez Servién, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Yunes Márquez, Luis Fernando Salazar, Luisa María Calderón Hinojosa y Raúl Gracia Guzmán, presentamos esta iniciativa a la que en obvio de tiempo no daré lectura y le solicito su inserción íntegra en el Diario de los Debates.

Todos hemos sido testigos de cómo la delincuencia ha perneado en la mayoría de las instituciones y en general en todo el tejido social. Los delitos de alto impacto, secuestro, robo y extorsión, considerados los que más afectan al diario vivir, han crecido de manera exponencial frente al nulo actuar de las autoridades locales y a las acciones reactivas del gobierno federal.

Por ello, desde aquí, desde el Poder Legislativo, debemos ocuparnos en dinamizar las leyes para hacer frente a la delincuencia.

Actualmente en la figura del delito de extorsión se radica como elemento esencial la amenaza o coerción que se ejerce sobre una persona para que contra su voluntad entregue algún bien, que generalmente se trata de dinero.

El Código Penal Federal lo sanciona con hasta ocho años de prisión y 160 días de multa.

Sin embargo, en las últimas décadas este ilícito se ha diversificado y ha escalado a niveles superiores de organizaciones criminales, al involucrar tecnología, capital financiero y una estructura que le permite operar en mercados y territorios específicos, logrando grandes beneficios económicos.

La evaluación y comportamiento de este delito permite identificar varios supuestos bajo los cuales opera como es el engaño y la amenaza telefónica o, por medios electrónicos, hasta el cobro recurrente a cambio de protección ilegal o como mejor se le conoce o coloquialmente, el cobro de derecho de piso.

Estos hechos sin duda afectan la tranquilidad de la sociedad, por lo cual se hace necesario darle la importancia que este ilícito requiere.

Endurecer las penas aplicables de acuerdo a sus agravantes, a los nuevos y diversos medios comisivos, así como la inclusión en el catálogo de delitos que comete la delincuencia organizada.

Dentro de las modalidades de extorsión, el cobro de derecho de piso es un secreto a voces, cada vez más frecuente en más estados de la República, entre ellos, desafortunadamente, hay una manera alarmante en mi estado, en Tamaulipas.

La extorsión implica la exigencia de un pago recurrente a negocios y propiedades a cambio de contar con una supuesta protección.

La gran diferencia con las otras modalidades de extorsión es que en esta, el derecho de piso, los extorsionadores sí se presentan ante sus víctimas por lo que exige un riesgo aún mayor.

De acuerdo a la presidenta de la asociación civil Causa en Común, el cobro de derecho de piso es auténticamente un secuestro de por vida al negocio a la familia, a lo que se suma el temor de denunciarlo por los riesgos y represalias.

Compañeras y compañeros Senadores, en el cobro del derecho de piso estamos frente a un impuesto al crimen, así es, un impuesto que hoy en día los grupos delictivos están pidiendo y extorsionando a los sectores productivos.

Hoy en día es urgente actuar, en el periodo de diciembre de 2006 a julio de 2011 se había presentado en las procuradurías de justicia de las 32 entidades del país, 24 mil 73 denuncias por el delito de extorsión, de las cuales 204 se presentaron por el delito de amenazas cumplidas y daño en propiedad ajena, luego de que grupos del crimen organizado ejecutaron la quema de negocios por no pagar la cuota por cobro de piso.

De acuerdo a la cifra de la Encuesta Nacional de Victimización de las Empresas, en el año 2011 a nivel nacional, la extorsión ocupó el tercer lugar como delito más frecuente a comercios y servicios, como también a la micro y pequeña empresa, y tuvo una cifra negra del 88.1 por ciento.

Como dato adicional que nos gustaría que se tome en cuenta en la dictaminación favorable de esta propuesta, quiero mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a un amparo directo en el Distrito Federal, resolvió que es constitucional incrementar en la mitad de la pena básica a quien utilice la vía telefónica para cometer el delito de extorsión prevista en la legislación local.

Asimismo, nos lleva a considerar que la extorsión en sí no se da en un estado, por llamarlo de alguna manera, puro, sino generalmente está asociado con otras conductas delictivas como es el despojo, los fraudes, secuestros, homicidios y daño en propiedad, que se llevan a cabo por diversos medios comisivos.

Se trata de un delito que no está siendo atendido con la urgencia y los enfoques diferenciados que se requieren, y que ha rebasado ya todos los límites permisibles.

A nivel nacional, independientemente del partido en el poder en turno, su incremento ha sido exponencial al pasar en 1997 de 876 denuncias en todo el país, a 8 mil 42 en el 2013, lo que significa un incremento del 918 por ciento.

Por lo anterior, proponemos modificar el artículo 390 del Código Penal Federal para incrementar las penas por el delito de extorsión de 4 a 15 años de prisión y de 100 a 800 días de multa.

Incluir como agravante, que sea cometido por miembros o ex miembros de corporaciones de seguridad pública o privada, así como incrementar las penas hasta una mitad cuando se presenten los siguientes supuestos:

Primero, cuando intervengan personas armadas o con instrumentos que puedan causar algún daño físico a la víctima.

Segundo, se utilicen como medios comisivos del delito la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica.

Tercero, se logre que la víctima o un tercero entregue alguna cantidad de dinero o bienes de forma contínua o de manera reiterada por cobro de cuotas de cualquier índole, siendo éste lo mejor conocido como el cobro de derecho de piso.

Y finalmente, proponemos la modificación al artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para incorporar la extorsión con las modificaciones propuestas en el catálogo de delitos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador García Cabeza de Vaca. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Armando Ríos Píter, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Preguntarle al Senador si me permite suscribir su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador, ¿acepta la inclusión?

- El C. Senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca: Con gusto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Solicito tome nota la Secretaría de la Senadora Mariana Gómez del Campo, Francisco Salvador López Brito y César Pedroza Gaitán.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 24 Ter a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 24 TER A LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Como todos ustedes saben, el municipio es el cimiento en el que descansa la organización política, jurídica y social de nuestro país. Sin embargo, a pesar de esta característica intrínseca y fundamental, el municipio ha sufrido un proceso histórico para tratar de solventar debilidades frente a los otros niveles de gobierno, flaquezas que por cierto, han ido frenando en gran medida su óptimo desarrollo y, sin lugar a dudas, su condición de autonomía y libertad.

La realidad, compañeras y compañeros, es que el municipio mexicano transita por debilidades institucionales, por una parte, creo yo, deriva de una condición estructural de precariedad, resultado, sin duda, de un sistema político caracterizado por su centralismo, lo que provoca un desprecio hacia estas organizaciones básicas de la administración pública de nuestra nación.

Es en virtud de todo esto, es que el grupo parlamentario del PRD en esta Honorable Cámara de Senadores, tiene la responsabilidad política, y así la asume, la responsabilidad política y social de luchar en pro de esta causa proponiendo, efectivamente, las medidas y las acciones necesarias que logren abonar con la labor de dotar a nuestros municipios de las facultades que garanticen su óptimo desarrollo y se logre con ello trascender a esa descentralización administrativa para fortalecer la autonomía municipal.

En este sentido, compañeras y compañeros, la iniciativa que vengo a presentarles tiene como finalidad fortalecer la autonomía del municipio en relación con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Al respecto, me permito decirles que para mí resulta trascendente mencionar que el enfoque de desarrollo rural sustentable ha venido permitiendo, en el discurso oficial, nuevas perspectivas para el campo y el medio rural.

Pero la verdad, es que no obstante ello, la ejecución de las políticas públicas en la materia aún, lo quiero subrayar, aún se encuentran a prueba, por lo que es importante elaborar un seguimiento minucioso sobre el curso de acción en la implementación de estos modelos, a fin de determinar su verdadera viabilidad en un sector abandonado y desdeñado por las autoridades, ya que es precisamente esta población que empieza a tener en sus filas, me refiero al municipio, sujetos sociales cada vez más informados y dispuestos a actuar, por lo que debemos considerar que estas acciones se realizan en contextos políticos e institucionales, que lo mismo pueden restringir o potenciar determinados beneficios.

Pero, para mí es en el ámbito municipal, compañeras y compañeros, y ahí está la tarea que para mí resulta que ha sido inconclusa y por eso hay que operar en ella, que uno de los propósitos de la iniciativa que vengo a presentarles es dotar a los municipios de mayores facultades con el objetivo de que su participación en estos procesos que se plantean en el Plan Nacional de Desarrollo, sean determinantes para el desarrollo del sector.

En virtud de todo ello, es que nuestro grupo parlamentario advirtió hace tiempo la necesidad de darle fortaleza al organismo fundamental de la administración pública en el ámbito que estamos comentando, el ámbito del desarrollo rural sustentable enmarcado, repito, en esta ley, ya que creemos que es a partir de ampliar las atribuciones de los municipios que los resultados en el sector se lograrán, sin duda, de la manera más eficaz y más contundente, pues sin duda, es a través del establecimiento de consejos como instancia de índole federalista y de participación mediante las cuales, compañeras y compañeros, el municipio puede tomar un lugar preponderante en el sector rural en términos, repito, de involucrarse en la definición de prioridades, en la definición de la planeación y la distribución de los recursos federales en la materia, logrando así, lo que creo que todos debemos buscar, que es su fortalecimiento y su papel determinante en el desarrollo de este sector.

Esta es, señor Presidente, la síntesis, de nuestra iniciativa que hoy vengo a someter a consideración del Pleno, pero he de regarle a usted que la presentación completa, la iniciativa quede insertada en el Diario de los Debates para mayor información de mis compañeras y compañeros Senadores.

Les agradezco a todos su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito, BENJAMIN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El municipio es el cimiento en el que descansa la organización política, jurídica y social de México, es también la base que la da sentido a la República mexicana. A pesar de esta característica intrínseca y fundamental, el municipio ha sufrido un proceso histórico para tratar de solventar debilidades frente a los otros niveles de gobierno, flaquezas que han ido frenando en gran medida su óptimo desarrollo y su condición de autonomía y libertad. A lo largo de su historia se han realizado esfuerzos que han culminado en su fortalecimiento mismo que se ha traducido en la ampliación de sus facultades, aunque todavía no se ha concluido esta labor.

La realidad del municipio mexicano transita por debilidades institucionales derivadas de una condición estructural de precariedad resultado de un sistema político caracterizado por su centralismo lo que provoca un desprecio hacia estas organizaciones básicas de la administración pública.

En virtud de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en está H. Cámara tiene la responsabilidad política y social de luchar en pro de esta causa proponiendo las medidas y acciones necesarias que logren abonar con la labor de dotar a nuestros municipios de las facultades que garanticen su óptimo desarrollo y se logre trascender a esa descentralización administrativa para fortalecer la autonomía municipal.

En este contexto debemos señalar el sustento jurídico del municipio mexicano que tiene como soporte el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente establece que las entidades federativas que conforman el país tendrán que adoptar la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su propia organización política y administrativa, el Municipio Libre para normar su régimen interior.

Ahora bien, la presente iniciativa tiene como finalidad fortalecer la autonomía del municipio en relación con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Esta Ley es reglamentaria de la Fracción XX del Artículo 27 Constitucional en donde observamos que es responsabilidad del Estado:

“Promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.”

Por su parte la Ley reglamentaria en su artículo 1 estipula:

“Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece la Constitución.”

Para pronta referencia el artículo 26 Constitucional a que hace referencia el primer artículo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su parte conducente establece:

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.”

De manera tal que el marco normativo que utilizamos para elaborar el presente proyecto nos conduce al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como un instrumento de política pública que nos ayuda a entender la importancia que actualmente se le está dando a la descentralización.

En el texto de referencia podemos ubicar que el Gobierno Federal confirma que debido a una alta centralización de atribuciones, recursos y decisiones, además de la carencia de esquemas efectivos de coordinación entre los niveles de gobierno y procesos de descentralización inconclusos han ahondado las divergencias entre regiones, entidades federativas y municipios.

Con el ánimo de hacerle frente a la centralización imperante en el país, el Plan actual emplea el concepto de federalismo articulado mediante el cual se busca que los órdenes de gobierno asuman sus respectivas responsabilidades corresponsablemente para que ningún organismo de la administración pública en sus diferentes niveles quede marginado del proyecto de país encaminado a alcanzar los “grandes objetivos” nacionales; de tal modo el ejecutivo federal se compromete, a través del Plan, a construir la bases de los mecanismos de diálogo y concertación intergubernamental para conseguir las metas nacionales.

Como Grupo Parlamentario en el Senado de la República, el PRD suscribe estas intenciones, pero con las reservas debidas, ya que baste recordar que los gobiernos federales emanados del PRI dejaron en condición derezago, hoy persistente, a muchos municipios en el país.

Por tal motivo debemos de irnos con cuidado con la letra de este documento y asumir nuestro papel de un partido de izquierda como un críticoférreo del poder ejecutivo pero a la vez, como un impulsor desde nuestra trinchera legislativa para que los postulados de este programa nacional aterricen en nuestras leyes.

Uno de los principales objetivos que se proponen en el contenido del Plan Nacional de Desarrollo versa sobre el papel que la Banca de Desarrollo debe adoptar para contribuir de manera eficaz y eficiente con la actividad productiva del país, con la creación de valor y crecimiento del campo a través de una redefinición de su mandato legal a fin de permitirle reunir los elementos imprescindibles para que la gestión de los recursos estén orientados a las empresas productivas que no consiguen financiamiento de la banca privada y con esto obtener un mayor margen de operación y adoptar nuevas y mejores tecnologías.

Lo anterior viene a colación ya que la iniciativa que proponemos no podría llevarse a cabo sin la asignación de recursos federales destinados a impulsar el desarrollo rural, que ha sido desdeñado por gran parte de la iniciativa privada y que no encontró en los pasados esquemas de la Banca de Desarrollo la ayuda necesaria para aminorar el rezago en el sector.

Es pertinente ahondar en el tema del desarrollo sustentable ya que es parte sustancial de la Ley que se pretende reformar. El Plan Nacional indica que en la última década los efectos del cambio climática y la degradación del medio ambiente se intensificó de manera significativa, por ejemplo, entre los años 2000 y 20120 las sequías, inundaciones y ciclones ocasionaron aproximadamente cinco mil muertes, trece millones de damnificados y pérdidas económicas por alrededor de 250 mil millones de pesos.

De modo que el sector que nos ocupa ha manejado el tema de la sustentabilidad como algo prioritario aún con las condiciones adversas derivadas del desdén de las autoridades y los particulares, se han hecho esfuerzos para abonar a este aspecto del desarrollo.

El origen del desarrollo sustentable proviene de la crítica, evaluación y propuestas sobre los impactos de la producción y el consumo humano en el medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad. Tal paradigma se centra en una cuestión básica que involucra la relación entre el hombre y la naturaleza, pero también con un componente económico ha hace permisible la perduración y autorregulación del desarrollo rural sin afectación al ambiente.

Resulta trascendente mencionar que el enfoque del desarrollo rural sustentable ha venido prometiendo en el discurso oficial nuevas perspectivas para el campo y el medio rural, no obstante la ejecución de las políticas públicas en la materia se encuentran aún a prueba por lo que es importante elaborar un seguimiento minucioso sobre el curso de acción en la implementación de estos modelos a fin de determinar su verdadera viabilidad en un sector abandonado y desdeñado por las autoridades, ya que es precisamente esta población que empieza a tener en sus filas sujetos sociales cada vez más informados y dispuestos a la actuación cívica por lo que debemos considerar que estas acciones se realizan en contextos políticos e institucionales que lo mismo pueden restringir o potenciar beneficios.

De modo tal, que el gobierno federal pretende implementar medidas dirigidas a reducir la dependencia que se tiene de los combustibles fósiles con la promoción del uso de fuentes de energía alternativas con la finalidad de fomentar la innovación y el mercado de nuevas tecnologías para el mejor aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Pero en el ámbito municipal esta tarea resulta aún inconclusa, de ahí que uno de los propósitos de esta iniciativa es dotar al municipio de mayores facultades con el objetivo de que su participación en estos procesos que se plantean en el Plan Nacional de Desarrollo sean determinantes en el desarrollo del sector.

En un estudio realizado en el año 2008 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) afirma que los instrumentos para apoyar el desarrollo rural en México se han orientado a los aspectos de desarrollo social, salud y crecimiento agropecuario, así como la conformación de capacidades con una mayor focalización hacia la población de menores recursos. También señala que los Programas Especiales Concurrentes para el Desarrollo Rural Sustentable han servido como marcos articuladores de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable al reducir duplicidades en las políticas públicas para el sector rural y consolidar el gasto rural.

Sin embargo, el análisis de la FAO concluye reconociendo la articulación de políticas relevantes en el sector pero con la existencia de una batalla importante de la población que conforma el ámbito rural que ve limitadas sus capacidades de producción y la pobreza que enfrentan sigue siendo de altos grados.

En virtud de lo expuesto con antelación nuestro Grupo Parlamentario advirtió la necesidad de darle fortaleza al organismo fundamental de la administración pública en el ámbito del desarrollo rural sustentable enmarcado en la Ley respectiva, ya que creemos que es a partir de ampliar las atribuciones de los municipios que los resultados en el sector se lograran de manera más contundente en el entendido de que el propósito del Gobierno Federal es el de consolidar el federalismo.

El artículo 24 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en lo conducente establece:

Con apego a los principios de federalización, se integrarán Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable, homologados al Consejo Mexicano, en los municipios, en los Distritos de Desarrollo Rural y en las entidades federativas. Los convenios que celebre la Secretaría con los gobiernos de las entidades federativas preverán la creación de estos Consejos, los cuales serán además, instancias para la participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y distribución de los recursos que la Federación, las entidades federativas y los municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas, y para el desarrollo rural sustentable conforme al presente ordenamiento.”

Con base en este artículo formulamos nuestra iniciativa en razón de que, es a través del establecimiento de Consejos como instancias de índole federalista y de participación mediante las cuales el municipio puede tomar un lugar preponderante en el sector rural en términos de involucrarse en la definición de las prioridades, la planeación y distribución de los recursos federales en la materia, logrando así su fortalecimiento y su papel determinante para el desarrollo del sector.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

Artículo Unico. Se adiciona el artículo 24 ter a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 24 Ter. Para fortalecer la participación que les otorga el artículo 24 de esta ley, los Consejos Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable podrán además funcionar como instancias de asesoría y gestión en materia rural de los municipios, a travésde la formulación de estudios y análisis técnicos que les permitan evaluar y proponer alternativas para su desarrollo.

I. En los términos de los acuerdos que para tal efecto se establezcan, los gobiernos de la federación y de las entidades federativas pactarán mecanismos para que los municipios dispongan de los recursos financieros y materiales que resguarden la efectiva participación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable en la promoción del desarrollo rural que les permitan, entre otras medias:

a. Asesorar a los ayuntamientos en la elaboración, ejecución y evaluación de programas de desarrollo rural en lo económico y social, bajo criterios de aprovechamiento de los recursos naturales municipales que atiendan su conservación y restauración.

b. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la elaboración y ejecución de programas municipales de desarrollo rural sustentable.

TRANSITORIO

Artículo Unico. Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, así se hará, Senador Robles Montoya. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 275 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

(Presentada por el C. Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Desde sus remotos orígenes la minería ha jugado un papel preponderante en el desarrollo económico de los pueblos.

Históricamente este sector presenta un dilema: por un lado, la maximización de recursos en el corto plazo; y por el otro, el aseguramiento de un desarrollo para la industria con niveles de inversión adecuados.

En el marco de las políticas de fortalecimiento de los ingresos nacionales, sin duda, la revisión de los esquemas impositivos constituye un tema nodal frente a las exigencias que el entorno económico internacional nos impone a los países en vías de desarrollo.

De manera particular, es importante abordar el análisis de las contribuciones de un sector, que por sus características propias puede convertirse en una alternativa real para la maximización de ingresos y el fomento al empleo, y me refiero al sector minero.

La justificación para establecer un impuesto especial a la minería, el cual realizamos en la pasada aprobación de la reforma hacendaria, se basó en que este sector extrae un recurso natural escaso y no renovable, y que dicho recurso genera una apreciable renta económica de acuerdo a su demanda en el mercado.

En la teoría es posible gravar la renta económica de la empresa. Sin embargo, en la práctica los legisladores enfrentamos un costo de oportunidad entre maximizar los ingresos derivados de estos impuestos, y el no introducir carga fiscal en demasía con el fin de no desincentivar la producción y la generación de empleo.

La importancia estratégica de la actividad minera en nuestra economía de país hace indispensable implementar nuevos mecanismos para apoyar este sector, a fin de generar investigación multidisciplinaria de clase mundial, transferir y desarrollar nuevas tecnologías, y formar capital humano capacitado respondiendo a los desafíos de una minería que asegure bienestar y desarrollo para este país.

Es fundamental generar conocimiento y tecnología a fin de que las labores de esta industria puedan realizarse bajo altos estándares de seguridad, rendimiento, competitividad y protección del medio ambiente.

En este contexto, la presente iniciativa tiene como objeto la creación de un fondo, un fondo específico para apoyo a la investigación científica local y al desarrollo tecnológico nacional del sector minero en nuestro país.

En concreto, busca que una cuarta parte de los recursos, que una vez ya distribuidos a las entidades federativas y municipios respectivos que le corresponden a la Federación por concepto de aplicación de los nuevos derechos al sector minero, sean canalizados a un fondo sectorial CONACyT-Secretaría de Economía, esto para la innovación y el desarrollo científico y tecnológico en el sector minero.

Hay que recordar que estamos introduciendo un derecho a la utilidad final a las mineras en donde tienen que pagar un 7.5 por ciento de sus utilidades; en el caso de oro y plata, un 8 por ciento.

De ese pago que hacen, el 80 por ciento se va a los estados y a los municipios; 50 para los municipios y 30 para los estados, y un 20 por ciento queda en la Federación. Pues de ese 20 por ciento, es de lo que estamos proponiendo que una cuarta parte sea para un fondo para CONACyT y la Secretaría de Economía.

Este fondo tendrá como objetivo, la formación de capital humano nacional, especializado en la industria minera; el impulso de la investigación científica y generación de conocimientos multidisciplinarios en materia de minería; promover el desarrollo tecnológico nacional, respondiendo a las necesidades del sector minero a través de la innovación, y realizar un esfuerzo permanente de búsqueda de nuevas alianzas y socios con los principales centros de investigación y empresas mundialmente reconocidas.

La experiencia internacional del esquema que hoy estoy proponiendo, es sumamente alentadora. Por citar un ejemplo, el Centro Avanzado de Tecnología para la Minería, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que fue creado en marzo de 2009, desde entonces ese centro ha logrado consolidar e integrar múltiples materias de investigación, con magníficos resultados. Apostar por el desarrollo de recursos humanos nacionales, nuevas tecnologías nacionales y automatización de procesos en el sector minero mexicano, es una inversión que, sin duda, se traducirá en mejores condiciones de competencia y eficacia.

Como legislador, oriundo de un estado preponderantemente minero, como lo es Zacatecas, tengo clara la importancia y necesidad de invertir más recursos para impulsar acciones concretas que fortalezcan y armonicen la vinculación entre la industria, la academia, el gobierno y su entorno, a fin de generar estrategias específicas que permitan, a quienes se dedican a esta importante actividad, aprovechar los beneficios del uso y aplicación de la ciencia y tecnología, para el mejor desarrollo de la industria minera en México.

El monto del fondo que propongo, según estimaciones y proyecciones realizadas por la Secretaría de Economía, superarían los 5 mil millones de pesos para el año 2015, monto que formaría parte del esfuerzo que este gobierno federal está haciendo por invertir en ciencia y tecnología, y acortar la brecha del tan anhelado 1 por ciento del Producto Interno Bruto.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, cuyo texto solicito, señor Presidente, se incluya íntegramente en el Diario de los Debates, para sus efectos conducentes.

Ante el resurgimiento de la actividad minera en nuestro país, la capacidad, el ingenio, la voluntad y la perseverancia de los mexicanos, debe seguir siendo la guía de ruta a seguir.

“Para los mexicanos, lo que es de México”.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 275 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

En el marco de las políticas de fortalecimiento de los ingresos nacionales, sin duda la revisión de los esquemas impositivos constituye un tema nodal al frente a las coyunturas que el entorno económico internacional impone a los países en vías de desarrollo.

De manera particular, es importante abordar el análisis de las contribuciones de un sector que por sus características puede convertirse en una alternativa real para la maximización de ingresos y el fomento al empleo, a saber el minero.

La minería desde sus orígenes ha jugado un papel preponderante en el desarrollo económico. Históricamente, este sector presenta un dilema: la maximización de recursos en el corto plazo contra el aseguramiento de un sano desarrollo de la industria con niveles de inversión adecuado.

En el ámbito internacional, la evolución del sector ha experimentado una serie de dinámicas que han originado cambios en los diferentes regímenes fiscales de los países en los cuales la extracción de minerales se sitúa en una posición importante en el sistema recaudatorio.

Los regimenes fiscales para la extracción de minerales han cambiado significativamente a través del tiempo. En sus inicios, el pago de derechos o las regalías a la producción fueron la principal forma de gravar la minería, sin embargo, a partir de los años cincuenta los regimenes fiscales híbridos (combinaciones de regalías con impuestos ordinarios) fueron más comunes. En el plano internacional, durante la década de los setentas y ochentas, la carga fiscal tendió a aumentar. De hecho, varios países empezaron a experimentar una participación más activa ya sea a través de acciones o contratos de producción compartida. Por último, desde la década de los noventa, los regimenes contemporáneos se han enfocado a cuestiones de competencia e incentivos fiscales para aumentar la inversión en el sector.

La justificación para establecer un impuesto especial a la minería se basa en el supuesto de que este sector extrae un recurso natural escaso y no renovable y que dicho recurso genera una apreciable renta económica de acuerdo a su demanda en el mercado.

Los impuestos tienen un impacto en la eficiencia de la asignación de los recursos, en la división del riesgo entre los inversionistas y el gobierno y en los trámites administrativos que la empresa va a necesitar llevar a cabo. Teóricamente es posible gravar la renta económica de la empresa; sin embargo, en la práctica los legisladores enfrentamos un costo de oportunidad entre maximizar los ingresos derivados de estos impuestos y no introducir mucha carga fiscal con el fin de no desincentivar la producción.

La inversión privada en el sector minero-metalúrgico comprende al menos ocho modalidades: a) en exploración; b) en nuevos proyectos; c) en incremento de la capacidad y eficiencia de operaciones; d) en capacitación y productividad; e) en adquisición y reposición de equipos; f) en medio ambiente; y g) en seguridad. Una de las inversiones más relevantes es la destinada a la exploración minera.

La Ley Minera establece en la fracción II de su artículo 27 que “Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a pagar los derechos sobre minería que establece la legislación”.

Por su parte, la Ley Federal de Derechos establece un derecho especial al sector minero, aplicando la tasa del 7.5% de las utilidades que obtengan las compañías mineras en México de acuerdo con el artículo 268 de la mencionada Ley. Asimismo se estableció que las empresas mineras pagarán anualmente un derecho extraordinario aplicando la tasa del 0.5% a los ingresos derivados de la enajenación de oro, plata y platino.

La propia Ley establece en su artículo 275 que los ingresos recaudados serán distribuidos de la siguiente manera: 20% para la Federación, y el 80% al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, del cual el 62.5% se destinarán a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal y el 37.5% restante a las entidades federativas correspondientes.

En la minería, como en cualquier otro sector industrial, el desarrollo científico y tecnológico juega un papel importante gracias a las innovaciones tecnológicas es que la industria minera ha podido y puede enfrentar de manera más eficaz y sustentable los desafíos que el sector presenta, tal es el caso de labores relacionadas con la exploración, explotación y procesamiento de los minerales. Adicionalmente existen otros retos de tipo social y ecológico en los que la ciencia y la tecnología son grandes aliados.

La importancia estratégica de la actividad minera en la economía mexicana, hace indispensable implementar nuevos mecanismos para el apoyo de este sector a fin de generar investigación multidisciplinaria de clase mundial, transferir nuevas tecnologías y formar capital humano avanzado respondiendo a los desafíos de una minería que asegure el bienestar y el desarrollo para México y el mundo. Es fundamental generar conocimiento y tecnología a fin de que las labores en esta industria puedan realizarse bajo altos estándares de seguridad, rendimiento, competitividad y protección al medio ambiente.

En este contexto, la presente iniciativa, tiene como objetivo la creación de un fondo específico para el apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en el sector minero. En concreto, busca que una cuarta parte de los recursos destinados a la Federación por concepto de la aplicación de los nuevos derechos a la minería, sean canalizados a un fondo sectorial CONACyT-Secretaría de Economía para la Innovación y el Desarrollo Científico y Tecnológico en el sector minero.

Al ser un fondo sectorial, estará sujeto a las normas y mecanismos de transparencia y eficacia previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, y tendrá como objeto:

a. Fomentar el desarrollo de conocimiento multidisciplinario aplicado a la minería;

b. Promover el desarrollo tecnológico respondiendo a las necesidades del sector minero a través de la innovación y

c. Realizar un esfuerzo permanente de búsqueda de nuevas alianzas y socios con los principales centros de investigación y empresas de clase mundial, estableciendo redes poderosas que nos permitan situarnos a la vanguardia del sector.

Con estos recursos se impulsaría la creación de centros de investigación en temas relacionados con la minería y se buscará incentivar la generación de conocimiento y tecnologías aplicadas en los centros públicos de investigación nacionales y en las instituciones de educación superior.

La experiencia internacional del esquema de que estoy proponiendo es alentador, por citar un ejemplo, el Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC por su sigla en inglés) perteneciente a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, fue creado en marzo de 2009, luego de ser seleccionado por el Programa de Investigación Asociativa de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile (CONICyT) en el marco del Programa de Financiamiento Basal para centros científicos y tecnológicos de excelencia.

Desde su creación, El AMTC ha logrado consolidar e integrar las actividades de 5 grupos de investigación con vasta experiencia en la formación de investigadores y profesionales de primer nivel, así como en el desarrollo de actividades científicas de excelencia. Estos son:

• Exploración y modelamiento de yacimientos;

• Diseño y planificación minera;

• Procesamiento de minerales y metalurgia extractiva;

• Automatización en minería y

• Agua y sustentabilidad ambiental

Asimismo, el AMTC ha logrado establecer importantes acuerdos de cooperación e iniciativas conjuntas de investigación con centros científicos y tecnológicos de clase mundial.

Entre sus socios cuenta con la participación de importantes empresas dedicadas a la exploración desarrollo y explotación de recursos mineros, cuyos representantes son miembros de su Directorio, y un grupo humano compuesto por 167 investigadores.

En la actualidad, el Centro posee un edificio institucional de cuatro plantas, que rebasan los 1,232 m2, los cuales albergan las oficinas centrales, 10 laboratorios de investigación y áreas de trabajo colaborativo.

Apostar por el desarrollo de recursos humanos, nuevas tecnologías y automatización de procesos en el sector minero es una inversión que sin duda se traduce en mejores condiciones de competencia y eficacia. Como legislador oriundo de un Estado preponderantemente minero, tengo clara la importancia y necesidad de invertir más recursos para impulsar acciones concretas que fortalezcan y armonicen la vinculación entre la industria, la academia y el gobierno a fin de generar estrategias específicas que permitan a los jóvenes y a los empresarios que se dedican a esta importante actividad, aprovechar los beneficios del uso y aplicación de la ciencia y la tecnología para el mejor desarrollo de la industria minera nacional.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforman los párrafos quinto y sexto del artículo 275 de la Ley Federal de Derechos y se adicionan dos párrafos al mismo numeral, recorriéndose el actual párrafo sexto al adicionado párrafo octavo, para quedar de la forma siguiente:

Artículo 275.

El 25% de los ingresos que correspondan al Gobierno Federal derivado de la aplicación de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley, se destinarán al Fondo Sectorial CONACyT-Secretaría de Economía para la Innovación y el Desarrollo Científico y Tecnológico en el sector Minero, cuyo objeto será:

a) La formación de capital humano especializado en la industria minera;

b) El impulso de la investigación científica y generación de conocimiento en materia de minería y

c) La innovación y desarrollo tecnológico aplicado a la minería.

Las materias de investigación serán definidas por la Secretaría de Economía.

Los ingresos restantes se destinarán a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda.

Con periodicidad trimestral, las entidades federativas deberán publicar, entre otros medios, a través de su página oficial de Internet, y entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a los montos que reciban, el ejercicio y destino del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, desagregándola en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

TRANSITORIOS:

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor primero de enero de 2015.

SEGUNDO. El fondo a que se refiere el artículo 275 se creará dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto y operará de conformidad con las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología.

México, D.F., a 21 de abril de 2014

Sen. Alejandro Tello Cristerna”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Tello Cristerna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda. Con gusto se insertará de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Se recibió de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 230 del Código Penal Federal, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 230 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por los CC. Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Elia Hernández Núñez, Sonia Mendoza Díaz, María del Pilar Ortega Martínez, Roberto Gil Zuarth y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

Los que suscriben, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, ADRIANA DAVILA FERNANDEZ, ROSA ADRIANA DIAZ LIZAMA, ELIA HERNANDEZ NUÑEZ, SONIA MENDOZA DIAZ, MA. DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ, ROBERTO GIL ZUARTH Y FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senadores de la  LXII Legislatura del Congreso de la  Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo estipulado en los artículos 8° numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 230 DEL CODIGO PENAL FEDERAL, A FIN DE IMPONER UNA SANCION A QUIENES NIEGUEN O IMPIDAN EL ACCESO A LA ATENCION MEDICA A MUJERES EN TRABAJO DE PARTO O EN CASOS DE URGENCIAS DERIVADAS DE ACCIDENTES, LESIONES GRAVES O DESCOMPENSACIONES QUE PONGAN EN RIESGO LA VIDA DEL PACIENTE, LA MADRE O DEL PRODUCTO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La ley es una norma jurídica que emana del poder público, se caracteriza por ser general, heterónoma, coercible, abstracta y coactiva; es pues, una regla de carácter obligatorio cuya observancia se asegura mediante sanciones.

Para Pellegrino Rossi, (quien además es considerado como uno de los precursores de la Escuela Clásica), la pena es la remuneración del mal hecho con peso y medida por un juez legítimo. El derecho de castigar tiene su fundamento en el orden moral, obligatorio para todos los hombres y debe ser realizado en la sociedad en la que viven, construyendo de esa forma un orden social.

Para Emanuel Kant, la pena es un imperativo categórico, una exigencia de la razón y de la justicia y consecuencia jurídica del delito realizado; su imposición no aspira a obtener fines de utilidad, sino puramente de justicia; su fundamentación se halla en el principio absoluto de la retribución jurídica.

Para el jurista y maestro Juan Alejandro Carmignani, profesor de la cátedra de Derecho Penal en La Universidad de Pisa, el derecho de castigar no tiene su fundamento en la justicia moral, sino en la necesidad política de la conservación social; la ley moral sólo funciona como límite y criterio a favor de la mesura.

Para el jurista Eugenio Cuello Calón, la Ciencia del Derecho Penal es el conjunto sistemático de principios relativos al delito, a la pena y a las medidas de seguridad. Es una sistematización cuyo objeto lo constituyen las normas que definen a los actos seriamente trastornadores del orden social y las medidas adecuadas para su prevención y su contención.

La palabra delito deriva del latín delinquere, cuyo significado es abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley; según diversos autores está íntimamente ligado a la manera de ser de cada pueblo y a las necesidades de cada época, los hechos que unas veces han tenido ese carácter, lo han perdido en función de situaciones diversas y, viceversa, acciones no delictuosas, han sido erigidas en delitos; la idea especial del delito no está en transgredir las leyes protectoras de los intereses patrimoniales.

Según la conducta del agente los delitos pueden ser de acción y de omisión, los primeros se cometen mediante una actividad positiva, en ellos se viola una ley prohibitiva, en los de omisión el objeto prohibido es una abstención del agente, consiste en la no ejecución de algo ordenado por la ley. Para el jurista Eusebio Gómez, en los delitos de omisión, las condiciones en que deriva su resultado reconocen como causa determinante la falta de observancia por parte del sujeto de un precepto obligatorio. En resumen, los delitos de omisión violan una ley dispositiva, mientras que los de acción infringen una prohibitiva.

Los delitos de omisión suelen dividirse en delitos de simple omisión y de comisión por omisión, también llamados delitos de omisión impropia. Los delitos de simple omisión, o de omisión propiamente dichos, consisten en la falta de una actividad jurídicamente ordenada, con independencia del resultado material que produzcan, es decir, se sancionan por la omisión misma. Los delitos de comisión por omisión, son aquellos en los que el agente decide no actuar y por esa inacción se produce el resultado material. Como ejemplo del delito de comisión por omisión, se suele citar el de la madre que con el deliberado propósito de dar muerte a su hijo recién nacido, no lo amamanta, produciéndose un resultado letal. La madre no ejecuta acto alguno, sin embargo, deja de realizar lo debido. En los delitos de simple omisión, hay una violación jurídica y un resultado puramente formal, es decir, únicamente hay violación a una ley dispositiva.

Asimismo, los delitos se clasifican en formales y materiales. Para los formales, se sanciona la acción (u omisión) en sí misma, como ejemplo tenemos el falso testimonio, la portación de arma prohibida y la posesión ilícita de enervantes. Mientras que para los materiales, se requiere la producción de un resultado objetivo o material como el homicidio, el robo, entre otros.

Por lo que respecta al daño que causan, se entiende al que reciente la víctima, clasificándose éstos en delitos de lesión y de peligro. Los de lesión, causan daño directo y efectivo en intereses jurídicamente protegidos por la norma violada, como el homicidio o el fraude, entre otros. Los segundos no causan un daño directo, pero ponen en peligro a tales intereses, tal es el caso del abandono de las personas o la omisión del auxilio. El peligro es la situación en que se colocan los bienes jurídicos, de la cual deriva la posible causa de un daño.

Entre otras tantas clasificaciones, podemos encontrar delitos comunes, federales, militares y políticos; siendo los delitos comunes los que se constituyen en una regla general; los oficiales, los cometidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones ajustándose a lo establecido por la ley de la materia, entre otros.

Ahora bien, los elementos de la omisión en los que existe una voluntad que se traduce en un no actuar, es decir, en una inactividad para realizar una acción ordenada por el Derecho. Para el jurista y político de origen austriaco, Franz Von Liszt, la omisión de manifestación de voluntad consiste en no ejecutar, voluntariamente, el movimiento corporal que debiera haberse efectuado. Los elementos de voluntad e inactividad aparecen tanto en la omisión simple como en la comisión por omisión, más en ésta emergen otros dos factores un resultado material típico y una relación de causalidad entre dicho resultado y la abstención. En la comisión por omisión la manifestación de voluntad se traduce al igual que en la omisión simple, en un no obrar teniendo la obligación de hacerlo, pero violándose, no sólo la norma preceptiva sino también, una prohibitiva, por cuanto manda abstenerse de producir el resultado típico y material.

Si bien es cierto que la causalidad en los delitos de omisión consisten en un no hacer, lo que puede traducirse en que a quien nada hace no se le puede exigir responsabilidad alguna, en otras palabras de la nada, nada puede resultar. También es cierto que únicamente en estos delitos existe un nexo causa efecto, porque producen un cambio exterior. A mayor abundamiento, para el penalista argentino Sebastián Soler, la mera abstención causal se transforma en omisión causal y punible cuando el acto que hubiera evitado el resultado era jurídicamente exigible, según el penalista, ese deber de obrar subsiste en tres casos diferentes: cuando emana de un precepto jurídico específico; si existe una obligación específica contraída a ese fin y cuando un acto precedente impone esa obligación.

Para el jurista Ignacio Villalobos, en su obra Derecho Penal Mexicano, estima que el no hacer es precisamente la causa del resultado en el sentido valorativo del Derecho. Si de acuerdo con la organización social, el hijo puede esperar las atenciones y los cuidados de sus padres, el abandono de un menor (omisión o falta de esos cuidados debidos) es la causa de los peligros y daños consiguientes, pues la voluntad del agente manifestada por un acto negativo, no prestando los auxilios y las atenciones debidas, es lo que altera el orden jurídico preestablecido y, al suprimir las soluciones arregladas para un estado de indefensión propia, hacen renacer todos los peligros inherentes a tal situación. Si se suprime en la mente de esa omisión de cuidados y se suponen prestados éstos conforme a las normas de la organización social, el resultado desaparecerá también.

Para Edmundo Mezger la clave del problema es la acción esperada. ¿Hubiera sido impedido el resultado que el Derecho desaprueba, por la acción esperada? Cuando esta pregunta se responde afirmativamente, la omisión es causal en orden al resultado. En otras palabras, para Mezger la omisión es causa del resultado inminente, imaginamos ejecutado el acto omitido; si subsiste el resultado, la abstención no será su causa; sólo adquirirá tal carácter si en nuestra imaginación, supuesta la realización del acto, desaparece el resultado.

En el caso de delito de comisión por omisión podemos señalar que en reiteradas ocasiones y de manera dolosa algunas instituciones encargadas de otorgar los servicios de salud en el caso de urgencias médicas y de atención a mujeres en trabajo de parto omiten realizar su función, lo cual se traduce en una negativa en la prestación de un servicio.

Dentro de los delitos de comisión por omisión, podemos señalar los siguientes casos que hemos conocido a través de algunos medios de comunicación:

• El ocurrido a las afueras del Hospital General de Guaymas, Sonora, en octubre pasado, cuando un jornalero agrícola de nombre José Sánchez Carrasco de 38 años de edad, falleció en el exterior de dicha Institución esperando atención médica que nunca llegó por carecer de servicio médico o dinero para pagarlo.

• En ese mismo mes, en la clínica del municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, la señora Alma Ruth Mendoza Martínez, dio a luz en las inmediaciones de la clínica de dicho municipio, lo cual trajo como consecuencia la separación del cargo del médico responsable y del director de la clínica.

• Otro lamentable caso, sucedió en el centro de salud San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, cuando Irma López Aurelio de 28 años de edad, acudió a recibir atención médica en el centro de salud, en donde le negaron el servicio por causas desconocidas, teniendo que cursar la  trabajo de parto en el jardín de dicho centro. Cabe señalar que la Presidenta Municipal de la localidad denunció que esta no es la primera vez que ocurrían estos hechos. Dado que en menos de dos meses otra mujer indígena tuvo que tener a su hijo frente al hospital, debido a que en dicho centro de salud se negaron a abrirle la puerta.

• Otro hecho que llena de indignación, es el que ocurrió en el Estado de Puebla, en donde una recién nacida de apenas un mes de vida murió en brazos de su madre Liliana Gutiérrez Casas, el pasado 20 de octubre por falta de atención médica en el Hospital General de Tehuacán. En tan lamentable hecho, la madre vio morir a su pequeña hija tras una espera de más de 20 minutos para ser atendida. La madre declaró sobre la desesperación que tuvo al no ser atendida inmediatamente, a pesar de las suplicas para que vieran a su hija. Al llegar al área de recepción, sólo se encontraba el vigilante del hospital, quien respondió que “se sentara y esperara su turno”. Al ver que su bebé empeoraba, tomó la decisión de tocar la puerta de un consultorio para que la atendieran, sin tener éxito. Después de varios minutos, un médico se dirigió a donde se encontraba para sólo confirmar la muerte de la menor.

• En la comunidad de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, una mujer de nombre Cinthia, tuvo a su bebé en el baño del centro de salud de la comunidad, resulta por demás indignante que según medios de comunicación el chofer de la ambulancia y el doctor de la clínica local se encontraban dormidos en el momento de los hechos.

• Hace un par de meses, llenaron de indignación los hechos ocurridos en contra de la hoy accisa Alexandra del Río Guerra y Alejandro Barrera Fernández, cuando fueron abordados por un individuo armado que realizó una serie de disparos de arma de fuego que alcanzó a la señora Barrera Fernández, acudiendo a un hospital de la colonia Escandón en la Ciudad de México, en donde falleció al no recibir los servicios de urgencia médica necesarios.

• A principios del año, un nuevo caso se registró en Oaxaca, esta vez en el municipio de Matías Romero, donde una pareja denunció que por falta de atención médica en un hospital del IMSS su bebé falleció en el vientre de su esposa.

• Rodolfo Feliciano Domínguez, un indígena mixe de San Juan Cotzocón, municipio ubicado en la zona norte del Istmo de Tehuantepec, explicó que la mañana del pasado 13 de enero, él y su pareja Silvia Francisco de 24 años, acudieron al área de urgencias donde fueron atendidos por una enfermera que les pidió esperar para ser atendidos.

Posteriormente, otras enfermeras les indicaron que aún no era posible brindarles atención, hasta que luego de cinco horas, les dieron una orden para que Silvia acudiera a hacerse un ultrasonido a una clínica particular, cerca de la clínica del IMSS. Sin embargo, el médico les dijo que su bebé  tenía 10 minutos de haber fallecido. Feliciano Domínguez agregó que regresaron al IMSS con los resultados y fue cuando su esposa fue hospitalizada para ser intervenida.

El hombre culpó a las enfermeras y médicos de la institución por la muerte de su primera hija. Los doctores alegaron que la niña había fallecido asfixiada debido a la falta de líquido amniótico y porque se le enredó el cordón umbilical en el cuello. Todo esto hace ver la negligencia con la que se actuó en dicho caso ya que no es permisible que en ese corto lapso de tiempo la bebe se quedara sin líquido y además se le enredara el cordón sin haber sido detectado con anterioridad.

A este respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió el comunicado de prensa número CGCP/050/14, a través del cual, informó que ese Organismo Nacional inició una queja de oficio para investigar presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en contra de una mujer, cuyo bebé murió en su vientre, por falta de atención en el Hospital número 37 del Programa IMSS-Oportunidades en el municipio de Matías Romero, Oaxaca. En dicho comunicado, la Comisión Nacional reitera la importancia de la atención médica hacia los pacientes, al ser la vida un derecho humano fundamental. Reiterando la relevancia en la atención médica oportuna hacia los pacientes, al ser la vida un derecho fundamental. Soslayando que el derecho a la protección a la salud debe ser ejercido y exigido por todos, pero en mayor medida vigilados ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos grupos.

Es evidente que en nuestro país, la falta de infraestructura, el sobrecupo en hospitales y falta de pericia o de sensibilidad aunado a la escases de  personal o incluso, la falta de personal capacitado para atender emergencias médicas, no es justificación para que el Estado y el personal médico deje a un lado su responsabilidad para garantizar la salud de personas, más aún a las que están en trabajo de parto o en condición de emergencia producto de accidentes, lesiones graves o descompensaciones que ponen en riesgo la vida del paciente. Por lo que refiere a la legislación a nivel internacional, así como lo establecido en nuestra Constitución y demás ordenamientos legales, podemos encontrar:

Primero.- Que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se enuncian principios básicos de las personas, como su universalidad, interdependencia e indivisibilidad, igualdad, no discriminación, obliga a nuestro país a garantizar derechos como el acceso a la salud, tal y como lo establece el artículo 25, que a la letra dice:

Artículo 25.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Segundo.- En la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, se establecen principios básicos para lograr la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de los pueblos y cuya finalidad es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. El derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria. Asimismo, dicho Organismo Internacional señala que los Estados deberán crear las condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludable posible, dichas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de los servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos.

Tercero.- De acuerdo con el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados Parte, reconocen el derecho de toda persona para el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, como a continuación se transcribe:

Artículo 12

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

Cuarto.- Asimismo, dicho derecho humano está reconocido en el artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en los siguientes términos:

Artículo 12

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

Quinto.- Según la Convención sobre Derechos del Niño, los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de la salud. Adicionalmente, los Estados adoptarán las medidas apropiadas, según el artículo 24:

Artículo 24

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

Sexto.- El artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, llamado también “Protocolo de San Salvador”, establece el derecho a la salud, como se menciona a continuación:

Artículo 10
Derecho a la Salud

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:

a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;

c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;

d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de  otra índole;

e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de  salud, y

f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.

Séptimo.- Según la Organización Mundial de la Salud, este derecho universal, abarca cuatro elementos que son:

1.- Disponibilidad. Se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de salud.

2.- Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

• no discriminación;

• accesibilidad física;

• accesibilidad económica (asequibilidad);

• acceso a la información.

3.- Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida.

4.- Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad.

Octavo.- Por lo que respecta a nuestra legislación en materia de salud, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4 lo siguiente:

Artículo 4°.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Noveno.- La Ley General de Salud reglamentaria del artículo 4° Constitucional, establece en su primer artículo el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, estableciendo las bases, modalidades para el acceso a la salud y la concurrencia de la Federación y de las Entidades Federativas, en materia de salubridad general, señalando como autoridades las mencionadas en el artículo 4°, que a continuación se transcribe:

Artículo 4o.- Son autoridades sanitarias:

I. El Presidente de la República; 

II. El Consejo de Salubridad General;

III. La Secretaría de Salud, y 

IV. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Gobierno del Distrito Federal. 

Décimo.- Establece su artículo quinto que el Sistema Nacional de Salud estará constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. Dentro de los objetivos del dicho Sistema Nacional, se encuentran los siguientes:

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

II. Contribuir al desarrollo demográfico armónico del país;

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;

IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez;

IV Bis. Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades indígenas que propicien el desarrollo de sus potencialidades político sociales y culturales; con su participación y tomando en cuenta sus valores y organización social;

V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida;

VI. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud;

VI Bis. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas;

VII.- Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección;

VIII.- Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la salud, y

IX.- Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud.

Décimo Primero.- El artículo 9º de la Ley General de Salud, menciona que los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su participación programática en el Sistema Nacional de Salud. 

Para efectos prácticos el artículo 23 y 24 de la Ley General de Salud, define los servicios de salud, clasificando éstos en tres grupos, a saber:

Artículo 23.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.

Artículo 24.- Los servicios de salud se clasifican en tres tipos:

I. De atención médica;

II. De salud pública, y

III. De asistencia social.

Décimo Segundo.- El artículo 27 de la Ley General de la materia, establece los servicios básicos de la salud los siguientes:

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente;

II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes;

III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. 

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta;

IV. La atención materno-infantil;

V. La planificación familiar;

VI. La salud mental;

VII. La prevención y el control de las enfermedades bucodentales;

VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud;

IX. La promoción del mejoramiento de la nutrición;

X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas, y

XI. La atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica. 

Es fundamental lograr que cada una de las instancias responsables de brindar servicios de salud, así como sus integrantes, cumplan con sus funciones, debido a que el país cuenta con un marco normativo amplio y actualizado con sus obligaciones y compromisos contraídos mediante la suscripción de instrumentos internacionales, pero estamos presenciando una preocupante disociación entre la legislación, las responsabilidades de los servidores públicos y las necesidades de la población. En todo ello, preocupa que los casos de falta de atención médica en situaciones en las que la vida de los pacientes está en peligro vayan incrementándose y que los responsables gocen de impunidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se pone a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de:

DECRETO

UNICO. Se reforma y adiciona el artículo 230 del Código Penal Federal, agregándose un párrafo y recorriéndose el numeral I, II y III para quedar como sigue:

TITULO DECIMOSEGUNDO
Responsabilidad Profesional
CAPITULO I
Disposiciones Generales

ARTICULO 228 al 229 …

Artículo 230.- Se impondrá prisión de seis meses a cinco años y multa de cinco a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate a juicio del juzgador, a los directores, encargados, administradores, así como al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica de cualquier centro de salud, cuando incurran en alguno de los casos siguientes:

I.- Impedir el acceso, negar la atención o prestación de los servicios de salud de mujeres en trabajo de parto en fase activa y/o ruptura de membranas, así como a las personas en condición de emergencia médica, derivado de accidentes, lesiones graves o descompensaciones que pongan en riesgo la vida del paciente, la madre o del producto.

II.- Impedir la salida de un paciente, cuando éste o sus familiares lo soliciten, aduciendo adeudos de cualquier índole;

III.- Retener sin necesidad a un recién nacido, por los motivos a que se refiere la parte final de la fracción anterior;

IV.- Retardar o negar por cualquier motivo la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente.

La misma sanción se impondrá a los encargados o administradores de agencias funerarias que retarden o nieguen indebidamente la entrega de un cadáver, e igualmente a los encargados, empleados o dependientes de una farmacia, que al surtir una receta sustituyan la medicina, específicamente recetada por otra que cause daño o sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el cual se prescribió. Los delitos previstos en el presente artículo se perseguirán por querella, con excepción de lo establecido en el párrafo I, que se perseguirá de oficio.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 21 de abril de 2014.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.- Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Sonia Mendoza Díaz.- Sen. Elia Hernández Núñez.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Francisco Salvador López Brito”.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 17 constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Compañeras y compañeros Senadores:

La iniciativa que hoy presento, es de enorme trascendencia e interés de los ciudadanos, porque aborda como materia a uno de los derechos humanos que ha sido reconocido universalmente: el derecho de todo inculpado a la defensa pública.

Hoy en día, para la mayoría de los mexicanos este derecho de defensa en cualquier tipo de proceso legal, es casi nulo, ya que presenta muchos obstáculos para su disfrute y ejercicio.

Uno de ellos y que resulta ser el principal, es el de índole económico, en virtud de que la contratación de un defensor particular que oriente y patrocine los intereses de quienes enfrentan un proceso penal, civil o de cualquier otra materia, es sumamente costoso.

Como se sabe, los orígenes de la defensoría en México se remontan al año de 1847, cuando el entonces Diputado local de San Luis Potosí, Ponciano Arriaga, propuso al Congreso de su estado la creación de una Procuraduría de los Pobres.

Esta procuraduría fue instalada en San Luis Potosí en mayo de 1847, aunque solo funcionó por unos meses debido a la intervención estadounidense en nuestro país. Este antecedente permitió que la Constitución de 1857 y 1917, establecieran los antecedentes constitucionales de la defensoría de oficio.

El derecho de defensa es un derecho fundamental reconocido no solo en nuestra Ley Fundamental, en sus artículos 17 y 20, sino también en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana de los Derechos Humanos, que señalan que en tanto un imputado en proceso penal no disponga de un abogado, tendrá derecho a que se le asigne a uno, a fin de que cuente con una asistencia jurídica gratuita, si carece de medios suficientes para pagar estos servicios.

Estos instrumentos internacionales también imponen a los Estados parte el deber de garantizar los derechos reconocidos en los mismos, adecuando sus legislaciones internas y adoptando políticas para facilitar sus ejercicios y disfrute.

No obstante, el Pacto Internacional y la Convención Americana referidos, suscriben las garantías judiciales al proceso penal, entre ellas la defensa pública.

Coincidimos y apoyamos la posición que permea en la comunidad jurídica internacional que sostiene, que éstas deben interpretarse en forma amplia; ya que si dichas garantías operan en el proceso penal, no se comprende por qué habría que negarles ese carácter en otro tipo de procedimientos judiciales, donde también está en juego los derechos igualmente fundamentales.

En consecuencia, se propone establecer en el texto constitucional, como un organismo autónomo, al Instituto Federal de Defensoría Pública, responsable de brindar los servicios de orientación, asesoría y patrocinio a los ciudadanos en todo proceso judicial.

Las razones son incuestionables, el propósito es dotar al instituto de una verdadera autonomía, no solo técnica y operativa, sino también de gestión y presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Asimismo, sujetar la prestación de los servicios que deriven de dicho instituto a principios que son objeto de reconocer en el texto constitucional y a la legislación secundaria, para asegurar una defensa óptima, eficiente e imparcial.

Dichos principios son: los de gratuidad, obligatoriedad, indivisibilidad, probidad y profesionalismo.

Se propone establecer, que en la designación del titular del nuevo Instituto Federal de Defensoría, participe el Senado de la República, a disponerse que la aprobación de su nombramiento deberá realizarse por las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara Alta, para asegurar se cumplan los perfiles y requisitos que exija la propia ley.

De manera precisa y relevante, se establece que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos que brinden el servicio de defensoría pública.

Estos organismos tendrán competencia para brindar los servicios de orientación, asesoría y patrocinio legal en todo tipo de asuntos jurisdiccionales, conforme a las condiciones y requisitos que disponga la ley y las constituciones de los estados, establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos que brinden el servicio de defensoría pública.

También es objeto de este proyecto de Decreto, la expedición de un nuevo ordenamiento jurídico, que contiene las disposiciones que regulen la organización y funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, dotado de plena autonomía.

Se prevén las disposiciones legales que crea un consejo de consulta y colaboración de la defensoría pública federal y determinan su integración y sus facultades, y sujetan a los servidores públicos del instituto al Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Compañeras y compañeros Senadores.

En el momento de creación del Instituto Federal de Defensoría Pública, el legislador no quiso apartarlo de la férula del Poder Judicial de la Federación y darle cierta autonomía, bajo el argumento que implicaba una fuente de financiamiento no contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y de que su vinculación con dicho Poder Judicial sería para efectos meramente administrativos y presupuestales, y que ello no significaría subordinación alguna.

Pero todos sabemos que es más costoso mantener prisiones con un gran número de personas inocentes que brindar una buena defensa pública a cargo de un órgano plenamente autónomo. Sólo basta revisar el informe general sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, aprobado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el 30 de diciembre de 2013, que señala entre las principales causas de los altos índices de personas en prisión preventiva, la falta de capacidad operativa, independencia y recursos de las defensorías públicas, así como las de eficiencia en el acceso a los servicios de dichas defensorías públicas.

No existe mejor manera de empoderar a los ciudadanos que garantizando la efectiva defensa legal de sus derechos, sobre todo de aquellos que se ubiquen en un grave estado de indefensión por situación económica y social.

Esta es una genuina aspiración democrática del Estado mexicano, la cual no pueden ni debe desdeñar este Senado de la República.

Pido a la Presidencia de la Mesa Directiva integre en el Diario de los Debates esta iniciativa de reforma constitucional, de forma simultánea con la que contiene proyecto de Decreto por la que se expide al Ley Federal del Servicio Público de Defensoría Pública, que se encuentra también publicada en la Gaceta del Senado, por ser complementaria de esta iniciativa.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal, Senador de la República a la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRD; con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del pleno de esta Asamblea, una Iniciativa con Proyecto de Decreto, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La iniciativa que hoy presento, es de la enorme trascendencia e interés de los ciudadanos, porque aborda como materia a uno de los derechos humanos que ha sido reconocido universalmente: el derecho de todo inculpado a la defensa pública.

El ejercicio pleno de este derecho dentro de un proceso judicial, es presupuesto básico para la protección de otros derechos reconocidos de igual manera.

Señala un principio jurídico que: todo gobernado para resentir un acto de privación tiene que ser oído y vencido en juicio; es decir, se le debe permitir contradecir lo que se le impute o reclame para defender sus intereses.

Conforme a los “Principios básicos sobre la función de los abogados” aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en la Habana Cuba en 1990; existe un derecho consolidado para el gobernado de “recurrir a la asistencia de un abogado para que lo proteja y demuestre sus derechos, defendiéndolo en todas las fases del procedimiento penal”.

Hoy en día para la mayoría de los mexicanos, este derecho de defensa en cualquier tipo de proceso legal, es casi nulo, ya que presenta muchos obstáculos para su disfrute y ejercicio.

Uno de ellos y que resulta ser el principal, es de índole económica en virtud de que la contratación de un defensor particular que oriente y patrocine los intereses de quien enfrenta un proceso penal, civil o de cualquier otra materia, es sumamente costoso.

Por ello, la institución de la Defensoría Pública es en buena medida parte fundamental para garantizar a los ciudadanos de manera pronta y expedita el acceso a la justicia.

Como se sabe, los orígenes de la Defensoría en México se remontan a 1847, cuando el entonces diputado local de San Luis Potosí, Ponciano Arriaga, propuso al Congreso de su Estado la creación de una Procuraduría de los Pobres. Esta Procuraduría fue instalada en San Luis Potosí en Mayo de 1847, aunque solo funcionó por unos meses debido a la intervención estadounidense en nuestro país, este antecedente permitió que la Constitución de 1857 y 1917 establecieran los antecedentes constitucionales de la Defensoría de Oficio.

Con motivo de la reforma constitucional relativa a nuestro sistema de justicia, aprobada por el Constituyente Permanente y publicada en fecha 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, se estableció respectivamente en los artículos 17, párrafo séptimo y 20, apartado B, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que: “La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.”

Y que: “toda persona imputada tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera.”

El derecho de defensa es un derecho fundamental reconocido no solo en nuestra Ley Fundamental sino también en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que señalan que en tanto un imputado en proceso penal no disponga de un abogado, tendrá derecho a que se le asigne a uno a fin de que cuente con una asistencia jurídica gratuita si carece de medios suficientes para pagar esos servicios.

La Declaración Universal sobre Derechos Humanos consagra tal derecho al prever en su art. 11.1 que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se le aseguren las garantías necesarias para su defensa.

A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica para los acusados penalmente y como garantía mínima, la de disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección, o a que se le nombre un defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo. (art. 14 b).

En el ámbito del Sistema Interamericano de protección de derechos humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8.2. d) reconoce que toda persona tiene el derecho “irrenunciable” de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrarse defensor dentro del plazo por la ley.

Estos Convenios Internacionales de Protección de Derechos Humanos, también imponen a los Estados Parte el deber de garantizar los derechos reconocidos en los mismos, adecuando sus legislaciones internas y adoptando políticas para facilitar su ejercicio y disfrute.

No obstante, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, circunscriben las garantías judiciales al proceso penal, entre ellas la defensa pública; coincidimos y apoyamos la posición que permea en la comunidad jurídica internacional, misma que sostiene que los artículos referidos 8 y 14 de los instrumentos jurídicos citados, deben interpretarse en forma amplia, ya que si dichas garantías operan en el proceso penal no se comprende porque habría que negarles ese carácter en otro tipo de procedimientos judiciales donde también están en juego derechos igualmente fundamentales.

Existe la necesidad de revisar y actualizar los instrumentos reales y operantes de los que se vale el Estado mexicano para garantizar la asistencia legal y defensa pública no sólo en el ámbito federal sino también en el local.

A pesar de la reforma legislativa de 2008, por la que se estableció entre otros aspectos, la obligación de la federación, los estados y los municipios para garantizar la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población; se tiene que avanzar con mayor profundidad en una reforma constitucional y legal que permita la transformación de la Institución que hoy en día tiene encomendada la función de prestar los servicios de defensoría pública.

Con la iniciativa que pongo a su consideración, se propone:

Establecer en el texto constitucional como un organismo autónomo al Instituto Federal de Defensoría Pública, responsable de brindar los servicios de orientación, asesoría y patrocinio a los ciudadanos en todo proceso judicial.

Las razones son obvias:

Garantizar que la institución que realiza esa función lo haga sin ningún tipo de influencia o injerencia. El propósito es dotar al Instituto de una verdadera autonomía no sólo técnica y operativa, sino también de gestión y presupuestaria con personalidad jurídica y patrimonio propios,

Asimismo, sujetar la prestación de los servicios que brinde dicho Instituto, a principios que son objeto de reconocer en el texto constitucional y en la legislación secundaria para asegurar una defensa óptima, eficiente e imparcial.

Dichos principios son: los de gratuidad, obligatoriedad, indivisibilidad, probidad y profesionalismo.

En el texto constitucional, se propone establecer que en la designación del titular del nuevo Instituto Federal de Defensoría, participe el Senado de la República al disponerse que la aprobación de su nombramiento, deberá realizarse por las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara Alta, para asegurar se cumplan los perfiles y requisitos que exija la propia ley.

De manera precisa y relevante, se establece que:

• El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos que brinden el servicio de defensoría pública.

• Estos organismos tendrán competencia para brindar los servicios de orientación, asesoría y patrocinio legal en todo tipo de asuntos jurisdiccionales, conforme a las condiciones y requisitos que disponga la ley; y

• Las Constituciones de los Estados, establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos que brinden el servicio de defensoría pública.

En consecuencia, en otro proyecto de decreto, proponemos la expedición de un nuevo ordenamiento jurídico, que contiene las disposiciones que regulen la organización y funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, como órgano constitucional autónomo.

En él, se prevén las disposiciones legales que: Precisan la operación del servicio profesional de carrera; crean un Consejo de Consulta y Colaboración de la Defensoría Pública Federal, y determinan su integración y facultades; y sujetan a los servidores públicos del Instituto al Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, con el objeto de sustentar mi propuesta se enuncian algunas de las características que tendría dicho Instituto con esa naturaleza jurídica, y que fortalecerían la prestación de sus servicios en aras del derecho humano a la defensa pública, tales como:

La Esencialidad: por ser necesario para el estado democrático de derecho contemporáneo en la protección de los derechos y garantías fundamentales.

La Paridad de Rango: porque mantendría con los otros órganos del estado relaciones de coordinación y colaboración.

La apoliticidad: porque la función que realiza es la de un órgano técnico y no político; y

La inmunidad; porque su titular y servidores públicos que lo integrarían, pueden ser removidos por señalamiento de responsabilidades, conforme a la Ley Fundamental.

Compañeras y compañeros Senadores

En el momento de creación del Instituto Federal de Defensoría Pública, el legislador no quiso apartarlo de la férula del Poder Judicial de la Federación y darle cierta autonomía, bajo el argumento de que implicaba una fuente financiamiento no contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de que su vinculación con dicho Poder Judicial, sería para efectos meramente administrativos y presupuestales y, que ello no significaría subordinación alguna.

Pero todos sabemos, que es más costoso mantener prisiones con un gran número de personas inocentes que brindar una buena defensa pública a cargo de un órgano plenamente autónomo.

Para dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar a plenitud el derecho de defensa pública de los ciudadanos, no podemos ya esgrimir argumentos que hoy se encuentran rebasados por la realidad.

Solo basta revisar el Informe General sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30 de diciembre de 2013, que señala entre las principales causas de los altos índices de personas en prisión preventiva, la falta de capacidad operativa, independencia y recursos delas defensorías públicas; así como las deficiencias en el acceso a los servicios de defensa pública.

No existe mejor manera de empoderar a los ciudadanos, que garantizándoles la efectiva defensa legal de sus garantías y derechos, sobre todo, de aquéllos que se ubican en un grave estado de indefensión por su situación económica y social.

Esta es una genuina aspiración democrática del estado mexicano, la cual no puede ni debe desdeñar este Senado de la República.

Por lo antes expuesto, me permito poner a la alta consideración de esta Cámara Alta, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo Unico.- Se reforma el artículo 17de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos que brinden el servicio de defensoría pública.

Estos organismos tendrán competencia para brindar los servicios de orientación, asesoría y patrocinio legal en todo tipo de asuntos jurisdiccionales, conforme a las condiciones y requisitos que disponga la ley.

El organismo que establezca el Congreso de la Unión, se denominará Instituto Federal de Defensoría Pública; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Las Constituciones de los Estados garantizarán la autonomía de los organismos que brinden el servicio de defensoría pública.

La prestación del servicio de defensoría pública, se regirá por los principios que rigen la función pública, así como por los de gratuidad, obligatoriedad, indivisibilidad, probidad y profesionalismo, y los demás que prevea la ley.

El Instituto cumplirá sus funciones conforme a las siguientes bases:

a) El Instituto Federal de Defensoría Pública, será autoridad competente en la materia, autónomo en su organización y funcionamiento y profesional en su desempeño.

b) La ley garantizará su autonomía y determinará su organización y funcionamiento de sus órganos, así como el establecimiento del servicio profesional de carrera.

c) El Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, será electo por el Senado de la República con el voto de las dos terceras partes de sus miembros. Durará en su cargo 4 años, pudiendo ser reelecto por una sola vez. No podrá ocupar otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos que resulten de la docencia, de actividades científicas, culturales, de investigación o beneficencia, siempre que no sea remunerado, ni se afecte su desempeño y autonomía de su función. Sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

d) La elección del titular del Instituto Federal de Defensoría Pública y de los titulares de los organismos equivalentes de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.

e) El Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública presentará anualmente al Congreso de la Unión, un informe de actividades.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.”

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 21 de abril de 2014.

Suscribe”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DEL SERVICIO DE DEFENSORIA PUBLICA

(Presentada por el C. Senador Fernando Enrique Mayans, del grupo parlamentario del PRD)

“Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal, Senador de la República a la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRD; con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del pleno de esta Asamblea, una iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La iniciativa que hoy presento, es de la enorme trascendencia e interés de los ciudadanos, porque aborda como materia a uno de los derechos humanos que ha sido reconocido universalmente: el derecho de todo inculpado a la defensa pública.

El ejercicio pleno de este derecho dentro de un proceso judicial, es presupuesto básico para la protección de otros derechos reconocidos de igual manera.

Señala un principio jurídico que: todo gobernado para resentir un acto de privación tiene que ser oído y vencido en juicio; es decir, se le debe permitir contradecir lo que se le impute o reclame para defender sus intereses.

Conforme a los “Principios básicos sobre la función de los abogados” aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en la Habana Cuba en 1990; existe un derecho consolidado para el gobernado de “recurrir a la asistencia de un abogado para que lo proteja y demuestre sus derechos, defendiéndolo en todas las fases del procedimiento penal”.

Hoy en día para la mayoría de los mexicanos, este derecho de defensa en cualquier tipo de proceso legal, es casi nulo, ya que presenta muchos obstáculos para su disfrute y ejercicio.

Uno de ellos y que resulta ser el principal, es de índole económica en virtud de que la contratación de un defensor particular que oriente y patrocine los intereses de quien enfrenta un proceso penal, civil o de cualquier otra materia, es sumamente costoso.

Por ello, la institución de la Defensoría Pública es en buena medida parte fundamental para garantizar a los ciudadanos de manera pronta y expedita el acceso a la justicia.

Como se sabe, los orígenes de la Defensoría en México se remontan a 1847, cuando el entonces diputado local de San Luis Potosí, Ponciano Arriaga, propuso al Congreso de su Estado la creación de una Procuraduría de los Pobres. Esta Procuraduría fue instalada en San Luis Potosí en Mayo de 1847, aunque solo funcionó por unos meses debido a la intervención estadounidense en nuestro país, este antecedente permitió que la Constitución de 1857 y 1917 establecieran los antecedentes constitucionales de la Defensoría de Oficio.

Con motivo de la reforma constitucional relativa a nuestro sistema de justicia, aprobada por el Constituyente Permanente y publicada en fecha 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, se estableció respectivamente en los artículos 17, párrafo séptimo y 20, apartado B, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que: “La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.”

Y que: “toda persona imputada tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera.”

El derecho de defensa es un derecho fundamental reconocido no solo en nuestra Ley Fundamental sino también en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que señalan que en tanto un imputado en proceso penal no disponga de un abogado, tendrá derecho a que se le asigne a uno a fin de que cuente con una asistencia jurídica gratuita si carece de medios suficientes para pagar esos servicios.

La Declaración Universal sobre Derechos Humanos consagra tal derecho al prever en su art. 11.1 que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se le aseguren las garantías necesarias para su defensa.

A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica para los acusados penalmente y como garantía mínima, la de disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección, o a que se le nombre un defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo. (art. 14 b).

En el ámbito del Sistema Interamericano de protección de derechos humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8.2. d) reconoce que toda persona tiene el derecho “irrenunciable” de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrarse defensor dentro del plazo por la ley.

Estos Convenios Internacionales de Protección de Derechos Humanos, también imponen a los Estados Parte el deber de garantizar los derechos reconocidos en los mismos, adecuando sus legislaciones internas y adoptando políticas para facilitar su ejercicio y disfrute.

No obstante, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, circunscriben las garantías judiciales al proceso penal, entre ellas la defensa pública; coincidimos y apoyamos la posición que permea en la comunidad jurídica internacional, misma que sostiene que los artículos referidos 8 y 14 e los instrumentos jurídicos citados, deben interpretarse en forma amplia, ya que si dichas garantías operan en el proceso penal no se comprende porque habría que negarles ese carácter en otro tipo de procedimientos judiciales donde también están en juego derechos igualmente fundamentales.

Existe la necesidad de revisar y actualizar los instrumentos reales y operantes de los que se vale el Estado mexicano para garantizar la asistencia legal y defensa pública no sólo en el ámbito federal sino también en el local.

A pesar de la reforma legislativa de 2008, por la que se estableció entre otros aspectos, la obligación de la federación, los estados y los municipios para garantizar la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población; se tiene que avanzar con mayor profundidad en una reforma constitucional y legal que permita la transformación de la Institución que hoy en día tiene encomendada la función de prestar los servicios de defensoría pública.

Con la iniciativa que pongo a su consideración, se propone:

Establecer el marco legal del Instituto Federal de Defensoría Pública como un organismo autónomo, responsable de brindar los servicios de orientación, asesoría y patrocinio a los ciudadanos en todo proceso judicial.

Las razones son obvias:

Garantizar que la institución que realiza esa función lo haga sin ningún tipo de influencia o injerencia. El propósito es dotar al Instituto de una verdadera autonomía no sólo técnica y operativa, sino también de gestión y presupuestaria con personalidad jurídica y patrimonio propios,

Asimismo, sujetar la prestación de los servicios que brinde dicho Instituto, a principios que son objeto de reconocer en el texto constitucional y en la legislación secundaria para asegurar una defensa óptima, eficiente e imparcial.

Dichos principios son: los de gratuidad, obligatoriedad, indivisibilidad, probidad y profesionalismo.

Se propone establecer que en la designación del titular del nuevo Instituto Federal de Defensoría, participe el Senado de la República al disponerse que la aprobación de su nombramiento, deberá realizarse por las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara Alta, para asegurar se cumplan los perfiles y requisitos que exija la propia ley.

Se prevén las disposiciones legales que: Precisan la operación del servicio profesional de carrera; crean un Consejo de Consulta y Colaboración de la Defensoría Pública Federal, y determinan su integración y facultades; y sujetan a los servidores públicos del Instituto al Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estas y otras disposiciones que la Ley vigente en la materia no contiene, son materia del proyecto que presento.

Compañeras y compañeros Senadores

En el momento de creación del Instituto Federal de Defensoría Pública, el legislador no quiso apartarlo de la férula del Poder Judicial de la Federación y darle cierta autonomía, bajo el argumento de que implicaba una fuente financiamiento no contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de que su vinculación con dicho Poder Judicial, sería para efectos meramente administrativos y presupuestales y, que ello no significaría subordinación alguna.

Pero todos sabemos, que es más costoso mantener prisiones con un gran número de personas inocentes que brindar una buena defensa pública a cargo de un órgano plenamente autónomo, ya que no se puede ser juez y parte.

Para dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar a plenitud el derecho de defensa pública de los ciudadanos, no podemos ya esgrimir argumentos que hoy se encuentran rebasados por la realidad.

Solo basta revisar el Informe General sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30 de diciembre de 2013, que señala entre las principales causas de los altos índices de personas en prisión preventiva, la falta de capacidad operativa, independencia y recursos de las defensorías públicas; así como las deficiencias en el acceso a los servicios de defensa pública.

No existe mejor manera de empoderar a los ciudadanos, que garantizándoles la efectiva defensa legal de sus garantías y derechos, sobre todo, de aquéllos que se ubican en un grave estado de indefensión por su situación económica y social.

Esta es una genuina aspiración democrática del estado mexicano, la cual no puede ni debe desdeñar este Senado de la República.

Por lo antes expuesto, me permito poner a la alta consideración de esta Cámara Alta, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DEL SERVICIODE DEFENSORIA PUBLICA

Artículo Unico.- Se expide la Ley Federal del Servicio de Defensoría Pública, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DEL SERVICIO DE DEFENSORIA PUBLICA

CAPITULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal, civil, familiar, laboral, administrativa, mercantil, de amparo y de justicia para adolescentes en cualquier etapa del procedimiento legal aplicable, así como el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en los términos que la misma establece.

Sus disposiciones son de orden público, interés social y de aplicación en todo el territorio nacional.

Artículo 2.- Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Instituto: El Instituto Federal de Defensoría Pública

II. Ley. La Ley Federal del Servicio de Defensoría Pública,

III. Defensor público. El servidor público que preste el servicio de defensoría pública en los términos de esta ley;

IV. Director General. El Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública;

V. Consejo: El Consejo Consultivo y de Colaboración del Servicio de Defensoría Pública.

VI. Reglamento. El Reglamento del Instituto Federal de Defensoría Pública;

VII. Usuario. La persona destinataria del servicio público que presta el Instituto;

VIII. Personas de escasos recursos económicos o grupo vulnerable. La persona afectada por algún grado de vulnerabilidad como pobreza, edad, estado de salud, discapacidad, origen étnico o cualquier otra circunstancia excluyente que lo coloque en grave situación de desventaja para la defensa o el debido ejercicio de sus derechos;

IX. Constitución Política. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3.- El Defensor Público deberá mantener informados a los usuarios del mismo sobre el desarrollo e impacto de los procedimientos, buscando la comunicación comprensión de las condiciones y la confianza del usuario.

Artículo 4.- En materia penal, el Instituto prestará los servicios de defensoría legal en los términos de los artículos 18 y 20 de la Constitución Política.

En materia civil, familiar y mercantil podrán solicitar los servicios regulados en esta ley aquellas personas que acrediten condiciones de vulnerabilidad, escasez de recursos o desprotección legal y social.

Artículo 5.- La defensa pública deberá otorgarse acorde a los derechos humanos previstos en la Constitución Política y a los derechos consagrados en los tratados internacionales que hayan sido ratificados por nuestro país.

CAPITULO II
De los servicios de defensoría pública

Artículo 6.- El servicio de defensoría pública ante el Ministerio Público de la Federación comprende, bajo el principio de legalidad:

I. Atender inmediatamente las solicitudes formuladas por el indiciado o el agente del Ministerio Público necesarias para la defensa;

II. Solicitar al agente del Ministerio Público correspondiente la libertad caucional, si procediera o el no ejercicio de la acción penal en favor de su defendido, cuando no existan elementos suficientes para su consignación;

III. Entrevistar al defendido para conocer de viva voz la versión personal de los hechos que motivan la averiguación previa en su contra, así como los argumentos y pruebas que le sirvan para tratar de justificar o explicar su participación en los mismos hechos, con el propósito de que pueda hacerlos valer ante la autoridad del conocimiento;

IV. Asistir jurídicamente al defendido en el momento en que rinda su declaración ministerial, así como en cualquier otra diligencia que establezca la ley;

V. Informar al defendido o a sus familiares del trámite legal que deberá desarrollarse en todo el proceso para establecer con ellos una comunicación estrecha sobre el particular;

VI. Analizar las constancias que obren en el expediente a fin de contar con mayores elementos para la defensa;

VII. Procurar la continuidad y uniformidad de criterios en la defensa, y

VIII. Las demás promociones necesarias para realizar una defensa conforme a Derecho y que propicie una impartición de justicia expedita y pronta.

Artículo 7.- El servicio de defensoría pública, ante los Juzgados y Tribunales Federales, comprende bajo el principio de legalidad:

I. Atender inmediatamente las solicitudes que le sean formuladas por el inculpado, o por el juez de la causa;

II. Solicitar al juez de la causa la libertad caucional, si procediera;

III. Hacer valer los medios que desvirtúen los elementos del tipo penal o la probable responsabilidad del defendido, en cualquier etapa del proceso, ofreciendo las pruebas y promoviendo los incidentes, recursos, alegatos y demás diligencias que fueren necesarias para una eficaz defensa;

IV. Asistir jurídicamente al defendido y estar presente en el momento en que rinda su declaración preparatoria y hacerle saber sus derechos;

V. Informar al defendido o a sus familiares del trámite legal que deberá desarrollarse en la fase de apelación para establecer con ellos una comunicación estrecha sobre el particular;

VI. Analizar las constancias que obren en autos a fin de contar con mayores elementos para la formulación de los agravios respectivos en el momento procesal oportuno, durante la tramitación de la segunda instancia;

VII. Practicar las visitas que sean necesarias a los centros de reclusión con el objeto de comunicar a su defendido el estado procesal en que se encuentra su asunto, informar los requisitos para su libertad provisional bajo caución, así como aquellos para obtener los beneficios preliberacionales que en su caso correspondan;

VIII. Vigilar el adecuado cumplimiento de las sentencias, procurando para sus representados los beneficios que, en su caso, establezcan las disposiciones legales aplicables, y

IX. Las demás promociones que sean necesarias para una adecuada defensa conforme a Derecho.

Artículo 8.- Las quejas que formulen los defensores públicos, los detenidos o internos de establecimientos de detención o reclusión por falta de atención médica; por tortura; por tratos crueles, inhumanos o degradantes, por golpes y cualquier otra violación a sus derechos humanos que provengan de cualquier servidor público, se denunciarán ante el Ministerio Público, a la autoridad que tenga a su cargo los reclusorios y centros de readaptación social y a los organismos protectores de derechos humanos, según corresponda. Esto con el fin de que las autoridades adopten las medidas que pongan fin a tales violaciones, se prevenga su repetición y, en su caso, se sancione a quienes las hubiesen cometido, de conformidad con la legislación aplicable.

CAPITULO III
Del Instituto, naturaleza, objeto,
estructura y funcionamiento

Artículo 9.- La prestación de los servicios de defensoría pública en el estado, estará a cargo de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal de Defensoría Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con autonomía presupuestal, técnica y de gestión necesarias para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 10.- El Instituto tendrá por objeto brindar el servicio de orientación, asesoría, patrocinio y defensa pública en los términos de la Constitución Política, la presente Ley y la normatividad aplicable.

Artículo 11.- La función del Instituto, se regirá además de los rigen el servicio público, por los principios de:

I. Confidencialidad: El Instituto brindará la seguridad de que la información entre defensor público y usuario es confidencial;

II. Continuidad: El Instituto procurará la continuidad de la defensa, evitando sustituciones innecesarias;

III. Gratuidad: El Instituto prestará su servicio de manera gratuita;

IV. Igualdad y equilibrio procesal: El Instituto, al contar con los instrumentos necesarios para intervenir en los procesos judiciales en condiciones de igualdad, favorecerá el equilibrio procesal frente a los demás sujetos procesales;

V. Independencia técnica: El Instituto garantizará que no existan intereses contrarios o ajenos a la debida defensa pública;

VI. Legalidad: El Instituto se sujetará a la normatividad aplicable en el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de sus objetivos;

VII. Obligatoriedad: El Instituto otorgará de manera indefectible el servicio de defensa adecuada y patrocinio, una vez aceptado y protestado el cargo correspondiente;

VIII. Responsabilidad profesional: El Instituto se sujetará a estándares que garanticen la responsabilidad profesional, que se manifestará en la calidad y eficiencia en la prestación del servicio, y

IX. Solución de conflictos: El Instituto promoverá la asesoría e intervención de especialistas en mecanismos alternativos, en forma adicional al proceso legal, para la solución de los conflictos, participando, en la medida de lo posible, en la mediación y la conciliación.

Artículo 12.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Brindar el servicio de defensa pública, en las materias y bajo los supuestos plasmados en esta Ley y las demás que resulten aplicables;

II. Apoyar la prestación de sus servicios en la técnica idónea para la defensa de las garantías y derechos del usuario;

III. Promover y llevar a cabo programas, proyectos y actividades de investigación e innovación que se relacionen con los servicios de defensa pública;

IV. Evaluar permanentemente la calidad y pertinencia de sus programas y en su caso, hacer las adecuaciones correspondientes;

V. Fomentar convenios con instituciones públicas y privadas, locales, nacionales o internacionales, incluyendo las dedicadas a la protección de los derechos humanos para el cumplimiento de su objeto;

VI. Desarrollar servicios de sistematización y diseminación de información especializada que contribuyan al fortalecimiento de las actividades en materia de defensa pública;

VII. Impulsar iniciativas y desarrollar proyectos para la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en el servicio de defensa pública;

VIII. Coadyuvar en el desarrollo de estándares y en la transformación y perfeccionamiento de las prácticas de la defensa pública;

IX. Promover y organizar modalidades de difusión y vinculación entre la sociedad y el Instituto, de acuerdo con los objetivos de sus programas;

X. Administrar su patrimonio y sus recursos económicos de conformidad con los ordenamientos legales aplicables;

XI. Establecer mecanismos y órganos destinados a diversificar y fortalecer sus fuentes de financiamiento;

XII. Realizar toda clase de actos jurídicos que requiera para el logro de sus fines,

XIII. Promover la capacitación, formación, actualización y especialización de los defensores públicos y demás personal técnico y administrativo con estricto apego a los principios que rigen el servicio profesional de carrera, y

XIV. Las demás que le confieran la presente Ley, los reglamentos que se prevén en la misma y los demás ordenamientos legales aplicables a la materia.

Artículo 13.- El Instituto contará con los órganos de gobierno, administración y de consulta siguientes:

I. El Director General;

II. Junta Directiva;

III. El Consejo Consultivo y de Colaboración del Servicio de Defensoría Pública.

Los órganos anteriores se auxiliarán para el ejercicio de sus funciones de la estructura orgánica que determine el Reglamento del Instituto.

Artículo 14.- El Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, será nombrado por las dos terceras partes de los miembros del Senado de la República, durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser reelecto hasta por un período más de cuatro años.

Artículo 15.- El Director General del Instituto deberá reunir para su designación, los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, no haber adquirido otra nacionalidad y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener cuando menos treinta años de edad, el día de su designación;

III. Acreditar experiencia de cinco años en el ejercicio de la abogacía, relacionada especialmente, con las materias afines a sus funciones; y poseer, al día de la designación, título y cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello con antigüedad mínima de tres años computada al día de su designación;

IV. Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año. Si se tratare de delitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lesione seriamente la buena fama de la persona en el concepto público, inhabilitará a ésta para ocupar el cargo cualquiera que haya sido la penalidad impuesta.

Artículo 16.- El Director General del Instituto, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios de defensoría pública que preste el Instituto,

II. Nombrar a los integrantes de la Junta Directiva, propuestos por el Consejo;

II. Garantizar que los servicios se brinden oportuna y eficazmente en los asuntos que prevé en los asuntos Dar seguimiento a los asuntos penales, civiles y familiares que se estén asistiendo a efecto de conocer, entre otras cosas, si los procesados con derecho a libertad caucional están gozando de ese beneficio, si cumplen con la obligación de presentarse en los plazos fijados, así como si los procesos se encuentran suspendidos o ha transcurrido el término de prescripción de la acción penal;

III. Conocer de las quejas que se presenten contra los defensores públicos y asesores jurídicos y, en su caso, investigar la probable responsabilidad de los servidores públicos del Instituto;

IV. Vigilar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones impuestas a los defensores públicos y asesores jurídicos; determinando, si han incurrido en alguna causal de responsabilidad por parte de éstos o de los servidores públicos del Instituto;

V. Promover y fortalecer las relaciones del Instituto con las instituciones públicas, sociales y privadas que por la naturaleza de sus funciones puedan colaborar al cumplimiento de sus atribuciones;

VI. Elaborar un informe anual de labores sobre las actividades integrales desarrolladas por todos y cada uno de los defensores públicos que pertenezcan al Instituto, el cual deberá ser publicado y remitido al Congreso dela Unión;

VII.-Promover la celebración de convenios con Instituciones de educación superior, para establecer el cumplimiento, en las dependencias de la Defensoría de Oficio, del servicio social de pasantes de derecho, trabajo social y demás profesiones que corresponda, en los términos que habrán de contemplarse en el Reglamento Interno.

VIII. Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuesto que se remitirá al Congreso dela Unión; y

IX. Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto de esta Ley.

Artículo 17.- La Junta Directiva estará integrada por el Director General del Instituto, quien la presidirá y por seis profesionales del Derecho de reconocido prestigio, propuestos por el Consejo.

Los miembros de la Junta Directiva realizarán sus funciones de manera personal e indelegable.

Durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos por una sola ocasión.

Artículo 18.- La Junta Directiva sesionará con un mínimo de cuatro miembros y tomará sus decisiones por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate el Director General tendrá voto de calidad.

Las sesiones ordinarias se verificarán cuando menos cada seis meses, sin perjuicio de que puedan convocarse por el Director General o mediante solicitud que a éste formulen por lo menos tres miembros de la Junta Directiva, cuando se estime que hay razones de importancia para ello.

Artículo 19.- La Junta Directiva tendrá las facultades siguientes:

I. Fijar la política y las acciones relacionadas con la defensoría pública, considerando las opiniones que al respecto se le formulen;

II. Promover que las instituciones, organismos y asociaciones públicas y privadas contribuyan a la elevación del nivel profesional de los defensores públicos y asesores jurídicos, e igualmente se proporcione a la Junta asesoramiento técnico en las áreas o asuntos específicos en que ésta lo requiera;

III. Propiciar que las diversas instancias públicas y privadas apoyen las modalidades del sistema de libertad provisional de los defendidos que carezcan de recursos económicos suficientes para el pago de la caución que se les fije;

IV. Promover la realización de estudios tendientes a perfeccionar el servicio de defensoría pública;

V. Impulsar la celebración de convenios con los distintos sectores sociales y organismos públicos y privados;

VI. Aprobar los lineamientos para la selección, ingreso y promoción de los defensores públicos y asesores jurídicos;

VII. Aprobar las bases generales de organización y funcionamiento del Instituto;

VIII. Aprobar la propuesta de anteproyecto de presupuesto que se someta a la consideración del Consejo de la Judicatura Federal;

IX. Aprobar el Plan Anual de Capacitación y Estímulos del Instituto;

X. Examinar y aprobar los informes periódicos que someta a su consideración el Director General, y

XI. Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 20.- El Consejo Consultivo y de Colaboración del Servicio de Defensoría Pública, tiene la función permanente de promover el constante desarrollo y el aumento en la calidad del servicio ofrecido por el Instituto.

Artículo 21.- El Consejo estará integrado por:

I. El Director General del Instituto;

II. Un representante del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación;

III. Un representante de la Procuraduría General de la República;

IV. Un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos;

V. Un representante de la facultad, dirección o departamento de derecho de una institución de educación superior de carácter público;

VI. Un representante de la facultad, dirección o departamento de derecho de una institución de educación superior de carácter privado;

VII. Un representante de una organización, barra o colegio de abogados; y

VIII. Aquellos ciudadanos distinguidos por su trayectoria académica en la ciencia jurídica o de asistencia social que el Consejo determine.

El Director General fungirá como Secretario Ejecutivo del Consejo.

Por cada miembro del Consejo se designará un suplente.

El cargo de miembro del Consejo tendrá carácter honorario.

Artículo 22.- Son facultades del Consejo, las siguientes:

I. Opinar sobre los asuntos relacionados con la defensoría y proponer la forma de mejorar los servicios de defensa y orientación jurídica, considerando también las propuestas que puedan hacer los defensores de oficio.

II. Participar en la elaboración del Programa Anual de Capacitación;

III. Recibir el informe anual de actividades que presente el Director General;

IV. Promover la realización de foros, talleres, cursos y seminarios relacionados con los servicios de defensa y orientación jurídica;

V. Proponer la celebración de acuerdos, convenios y acciones de concertación con los sectores público, social y privado, que contribuyan al mejoramiento de la Defensoría Pública; y

VI. Las demás que le otorguen esta Ley y otros ordenamientos.

El Consejo tomará decisiones por la mayoría de sus integrantes presentes. El funcionamiento del Consejo y su integración en el caso de las fracciones III a VII del artículo anterior, estarán regulados por el Reglamento de esta Ley.

CAPITULO IV
Del Patrimonio del Instituto

Artículo 23.- El patrimonio del Instituto se integrará por:

I. La partida presupuestal considerada en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

II. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorgue el gobierno federal, y en general, las personas físicas y morales para el cumplimiento de su objeto;

III. Los legados, herencias y las donaciones otorgadas a su favor;

IV. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y los que adquiera por cualquier título legal, y

V. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos, derechos, y en general todo ingreso que adquiera por cualquier título legal.

Artículo 24.- Los bienes que formen parte del patrimonio del Instituto se sujetarán a las disposiciones aplicables a los bienes propiedad de la Federación y sus distintas instancias y organismos. El Instituto destinará la totalidad de sus activos exclusivamente al cumplimiento de su objeto.

Artículo 25.- El ejercicio de los recursos del Instituto se ajustará a los criterios de racionalidad, disciplina presupuestal y transparencia.

El Instituto queda sometido al marco jurídico y a las reglas de contabilidad, presupuesto,  gasto público, transparencia y rendición de cuentas aplicables a la Administración Pública Federal.

CAPITULO V
De los Defensores Públicos

Artículo 26.- Para ser Defensor Público se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Ser Licenciado en Derecho con título legalmente registrado y cédula profesional, y acreditar por lo menos tres años de ejercicio profesional o práctica de dos años en el servicio de la defensoría pública;

III. No haber sido condenado por delito intencional alguno;

IV. No estar inhabilitado por resolución firme para el desempeño de funciones públicas;

V. Asistir a los cursos y aprobar los exámenes de ingreso que establezca el reglamento de esta Ley, y

VI. Los demás que, en su caso, establezca el reglamento.

Artículo 27.- Son obligaciones de los defensores públicos:

I. Prestar personalmente el servicio de orientación, asesoría y representación a las personas que lo soliciten en los términos que establece la Constitución, esta Ley y las demás disposiciones aplicables;

II. Representar los intereses y ejercer las acciones correspondientes ante las autoridades competentes para la defensa y respeto de las garantías y derechos de los defendidos o asistidos, a cuyo efecto harán valer acciones, opondrán excepciones o defensas, interpondrán incidentes o recursos y realizarán cualquier otro trámite o gestión que proceda conforme a derecho que resulte en una eficaz defensa;

III. Evitar en todo momento la indefensión de sus representados;

IV. Vigilar el respeto a las garantías individuales y derechos humanos de sus representados y formular, en su caso, las demandas de amparo respectivas, frente a actos de autoridad que se entrañen su violación.

V. Llevar un registro y formar un expediente de control de todos los procedimientos o asuntos en que intervengan, desde que se les turnen hasta que termine su intervención;

VI. Atender con cortesía a los usuarios y prestar sus servicios con diligencia, responsabilidad e iniciativa; y

VII. Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones y de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 28.- Son prohibiciones de los defensores públicos:

I. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en alguno de los tres órdenes de gobierno, salvo el desempeño de actividades docentes y de otra índole que no impliquen un ingreso;

II. El ejercicio particular de la profesión de abogado, salvo que se trate de causa propia, la de cónyuge o su concubina, concubinario, así como parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, y colaterales hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, y

III. Actuar como mandatarios judiciales, tutores, curadores o albaceas, depositarios judiciales, síndicos, administradores, interventores en quiebra o concurso, ni corredores, notarios, comisionistas, árbitros, ni ser mandatarios judiciales ni endosatarios en procuración, o ejercer cualquier otra actividad cuando ésta sea incompatible con sus funciones.

CAPITULO VI
De la suspensión del Servicio de Defensoría Pública

Artículo 29.- El Instituto suspenderá la asesoría, defensa o el patrocinio, cuando:

I. Desaparezcan las causas socioeconómicas que dieron origen a la prestación del servicio;

II. El usuario manifieste de manera expresa o por escrito que no tiene interés en que se le siga prestando el servicio;

III. Exista evidencia de que el usuario recibe los servicios de un abogado particular;

IV. El usuario realice, sin causa justificada, promociones y/o diligencias a título personal sin conocimiento de su Defensor Público;

V. El usuario incurra en falsedad en los datos o en la información socioeconómica proporcionada;

VI. El usuario por sí mismo o por interpósita persona, cometa actos de violencia física o verbal, amenazas o injurias en contra de su Defensor Público o de servidores públicos del Instituto;

VII. La finalidad del solicitante sea obtener un lucro o actuar de mala fe;

VIII. El usuario proporcione documentación falsa o alterada a su Defensor Público, para que aquélla sea exhibida ante alguna autoridad;

IX. Cuando los usuarios no atiendan las indicaciones relativas al proceso o no acudan sin causa justificada por un lapso de tres meses posteriores al inicio de la prestación del servicio, y

X. Las demás que se establezcan en el Reglamento Interior del Instituto.

CAPITULO VII
Del Plan Anual de Capacitación y Estímulo

Artículo 30.- Para el mejor desempeño del personal del Instituto, se elaborará un Plan Anual de Capacitación y Estímulo, de acuerdo con los criterios siguientes:

I. Se recogerán las orientaciones que proporcionen los defensores públicos del Instituto;

II. Se concederá amplia participación a los defensores públicos en la formulación, aplicación y evaluación de los resultados del plan; y

III. Se preverán estímulos económicos para el personal cuyo desempeño lo amerite.

CAPITULO VIII
Del Servicio Profesional de Carrera

Artículo 31.- El Instituto establecerá un servicio profesional de carrera, atendiendo a la capacidad, idoneidad, rectitud, probidad y constancia de los servidores públicos que formen o aspiren a formar parte de ella, y tendrá como propósito garantizar la estabilidad y seguridad en el empleo, así como fomentar la vocación de servicio y promover la formación, capacitación y profesionalización permanente del personal.

El servicio profesional de carrera se regirá por los principios de excelencia, objetividad, gratuidad, profesionalismo e independencia; será especializado en las materias que importa el servicio y garantizará la igualdad de oportunidades en el desempeño de sus funciones, así como en la remuneración, capacitación y garantías de seguridad social para los directores de área, defensores públicos y demás personal técnico y operativo del Instituto, en los términos de la Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 32.- El ingreso y promoción del personal técnico, operativo y defensores públicos, hasta director de área, será por concurso mediante examen de oposición, cuyos procedimientos, así como los de formación, capacitación, actualización, especialización, estímulos y reconocimientos se establecerán en el reglamento correspondiente.

La formación, capacitación, actualización, especialización, ascenso, adscripción, rotación, reingreso, permanencia, estímulos, reconocimientos y retiro del personal, se realizará en el contexto del servicio profesional de carrera, bajo los principios señalados en la ley y garantizará la igualdad de oportunidades laborales, así como la remuneración adecuada y garantías de seguridad social, en los términos que establezca el reglamento respectivo.

Artículo 33.- El Servicio Profesional de Carrera, se regirá por las siguientes bases generales:

I. Funcionará en base a categorías de servidores públicos, a fin de que éstos sean considerados para el acceso respectivo por medio de concurso de ingreso o promoción, tomando en cuenta su especialización, responsabilidad asignada, años mínimos de ejercicio profesional, antigüedad en el servicio y otros criterios que permitan establecerlas

II. Establecerá mecanismos que previamente a la sustentación del concurso de ingreso o de promoción, permitan seleccionar a los aspirantes más aptos;

III. Regulará las características del concurso de ingreso o de promoción con exámenes prácticos, escritos u orales;

IV. Expedirá las reglas sobre contenidos de convocatorias, características del concurso de ingreso o promoción y determinación de calificaciones, y

V. Establecerá los criterios de evaluación y, en particular, de los estudios desarrollados por el sustentante, su desempeño y grado académico.

Artículo 34.- La terminación del servicio profesional de carrera del Instituto será:

I. Ordinaria, que comprende:

a) La renuncia;

b) La incapacidad permanente para el desempeño de sus funciones;

c) La jubilación, y

d) La muerte del servidor público.

II. Extraordinaria, que comprende:

a) La separación del servicio por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia en la institución, y

b) La remoción o suspensión definitiva del cargo, emitida por la instancia competente, conforme a las normas jurídicas que rigen la materia.

Artículo 35.- Para el desarrollo y operación del servicio profesional de carrera, se crea el Consejo Técnico del Servicio Profesional de Carrera como un órgano del Instituto cuya integración, atribuciones y operatividad se establecerán en el reglamento correspondiente.

CAPITULO IX
De la Responsabilidad de los Defensores Públicos

Artículo 36.- Son causas de responsabilidad de los servidores públicos del Instituto:

I. Descuidar y abandonar injustificadamente el desempeño de las funciones o labores que deban realizar en virtud de su encargo;

II. No poner en conocimiento del Director, cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia o autonomía de sus funciones;

III. No preservar la dignidad, imparcialidad, ética y profesionalismo propios del ejercicio de sus atribuciones;

IV. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su competencia;

V. Negarse injustificadamente a patrocinar la defensa de los indiciados que, no teniendo defensor particular ni los recursos económicos suficientes para cubrir los honorarios de alguno, sean designados por éstos, el Ministerio Público de la Federación o por el órgano jurisdiccional correspondiente;

VI. Dejar de interponer en tiempo y forma los recursos legales que procedan, desatender su trámite, desistirse de ellos o abandonarlos en perjuicio de su defendido o asistido;

VII. Aceptar dádivas o cualquier remuneración por los servicios que prestan a sus defendidos o asistidos, o solicitar a éstos o a las personas que por ellos se interesan, dinero o cualquier otra retribución para cumplir con las funciones que gratuitamente deban ejercer, y

VIII. Dejar de cumplir con cualquiera de las demás obligaciones que, en virtud de la existencia del Instituto, se les ha conferido.

Artículo 37.- También serán causas de responsabilidad para cualquier servidor de los sistemas de procuración y administración de justicia, realizar conductas que atenten contra la autonomía e independencia de los defensores públicos o cualquier otra acción que genere o implique subordinación indebida de estos servidores públicos respecto de alguna persona o autoridad.

Artículo 38.- Los servidores públicos del Instituto estarán sujetos al régimen de responsabilidades, previsto en el Título Cuarto de la Constitución Política.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- El Senado de la República expedirá conforme al presente Decreto, las bases que establezcan el procedimiento para nombrar al Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública, dentro de un plazo de 60 días contados a partir de la vigencia del presente Decreto.

Artículo Tercero.- Se abroga la Ley Federal de Defensoría Pública publicada el 28 de mayo de 1998 en el Diario Oficial de la Federación, y se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Artículo Cuarto.- Todos los recursos humanos, materiales y financieros adscritos al Instituto Federal de Defensoría Pública órgano del Poder Judicial de la Federación, pasarán al patrimonio del Instituto, previo balance general y dictamen que guarden sus estados financieros.

Artículo Quinto.- Los derechos laborales del personal que preste sus servicios en el Instituto, serán respetados en todos sus términos. Los asuntos que estén a cargo del mismo, pasarán al Instituto Federal de Defensoría Pública, como organismo autónomo.

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 21 de abril de 2014.

Suscribe”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Mayans Canabal. Desde luego que se integrará de manera íntegra al Diario de los Debates este proyecto que usted ha presentado. Túrnese la primer iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera. La segunda, túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se recibió de las Senadoras María Alejandra Barrales Magdaleno, Angélica de la Peña Gómez, Martha Elena García Gómez y Diva Hadamira Gastélum Bajo, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, a fin de establecer la edad de 18 años como mínima para contraer matrimonio, tanto para hombres como para mujeres, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, A FIN DE ESTABLECER LA EDAD DE 18 AÑOS COMO MINIMA PARA CONTRAER MATRIMONIO, TANTO PARA HOMBRES COMO PARA MUJERES

(Presentada por las CC. Senadoras María Alejandra Barrales Magdaleno, Angélica de la Peña Gómez, Martha Elena García Gómez y Diva Hadamira Gastélum Bajo)



Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes que tenemos de primera lectura.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy lectura a los dictámenes de primera lectura.

De las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para exentar del pago de regalías para explotación de obras por parte del autor, cuando su reproducción sea accesible a personas con discapacidad y sea sin fines de lucro.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION VIII AL ARTICULO 148 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, PARA EXENTAR DEL PAGO DE REGALIAS PARA EXPLOTACION DE OBRA POR PARTE DE SU AUTOR, CUANDO SU REPRODUCCION SEA ACCESIBLE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SEA SIN FINES DE LUCRO

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE CULTURA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores le fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2013 para efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

Estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en la fracción E del artículo 72  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor con base en los siguientes

ANTECEDENTES

1. El 27 de enero de 2010, el entonces Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor.

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó la iniciativa a las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos del Senado de la República de la LXI Legislatura para su estudio y dictamen.

3. Al inicio de la Legislatura XLII, la propuesta del entonces Senador Tamborrel fue integrada al Acuerdo de la Mesa Directiva conforme al artículo 219 del Reglamento de la Cámara de Senadores, a fin de dar conclusión a los asuntos que no fueron objeto de dictamen en la legislatura LXI.

4. El 30 de noviembre de 2012, el Senador José Rosas Aispuro Torres comunicó a la Presidencia de la Comisión de Cultura la vigencia de dicha iniciativa.

5. El dictamen de la iniciativa referida fue aprobado con modificaciones por el Pleno de la Cámara de Senadores el 26 de febrero de 2013 y turnado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

6. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turno a la Comisión de Cultura y Cinematografía el expediente No. 1383 que contiene la minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que fue dictaminada por las Comisiones de Cultura y Estudios Legislativos del Senado de la República, el 28 de febrero de 2013.

7. Mediante oficio No. CCC/LXII/450 de fecha 4 de marzo de 2013, la Comisión de Cultura y Cinematografía envió copia de la iniciativa turnada a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

8. Con fecha 12 de abril de 2013, la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, secretaria de la comisión dictaminadora, remitió una propuesta de modificación del Decreto contenido en la minuta en estudio.

9. El 30 de abril de 2013 fue aprobado el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2013 para efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, con 460 votos a favor y ninguno en contra.

10. El 3 de septiembre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República turno el expediente de referencia a la Comisión de Cultura y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen.

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio de la iniciativa a fin de realizar el análisis y viabilidad de la misma.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO DE DECRETO

El proyecto de decreto que se analiza propone modificar el texto adicionado por el Senado de la República a la fracción VIII del artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, con la finalidad de establecer un mecanismo que exente del pago de regalías a quienes realicen la reproducción, de obras literarias y artísticas sin fines de lucro, en formatos especiales para personas con discapacidad. El propósito es hacer accesible el arte y la cultura a estas personas a través de distintos soportes de sonido o imagen, cuando se usen recursos aumentativos o alternativos de comunicación, táctiles, cuando se recurra a formatos del Sistema Braille, o auditivos, por medio de programas de cómputo, lectores de pantalla o audiolibros.

La propuesta hecha por la Cámara de Diputados, modifica el planeamiento original del Senado de la República y consiste también en adicionar la fracción VIII del artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor con una nueva redacción, bajo las siguientes consideraciones:

“…esta comisión dictaminadora concuerda con el proyecto de decreto de reforma contenido en la Minuta sujeta a dictamen por las razones siguientes:

La inclusión de las personas con discapacidad en los diversos ámbitos de la vida social supone una exigencia del pleno respeto a los derechos humanos y que esto conlleva asumir que se han de disponer los medios para que todos los individuos, independientemente de los obstáculos y condiciones limitativas que les afecten, vean cubiertas sus necesidades en condiciones de igualdad.

Lograr el acceso a un bienestar generalizado, sustentable y equitativo, que fomente el desarrollo humano integral e incluyente de los individuos que se encuentran en condiciones de mayor desventaja y más vulnerables socialmente, constituye un compromiso social que debe materializarse en el diseño e implementación de programas y acciones corresponsables de los sectores público, social y privado.

Una prioridad en el campo del desarrollo humano integral, es brindar los mecanismos necesarios para que las personas con discapacidad, puedan ejercer plenamente sus derechos reconocidos ampliamente en la legislación nacional e internacional.

En derecho internacional, como ya lo ha señalado el proponente de la Iniciativa, el 3 de mayo de 2008, entró en vigor para México la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual se basa en ocho principios generales 1. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 2. La no discriminación; 3. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; 5. La igualdad de oportunidades; 6. La accesibilidad; 7. La igualdad entre el hombre y la mujer; 8. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

Mediante estos principios de la Convención, es observable la búsqueda de igualdad de derechos para los discapacitados. También articula postulados relacionados con la identidad, diversidad y participación, conceptos muy discutidos e investigados por su pertinencia dentro de los estudios culturales, puesto que están relacionados al individuo como ser humano y colectivo, creador y consumidor de cultura. De esta manera, se busca la participación y accesibilidad de oportunidades y espacios en sus ámbitos de acción inmediatos.

Respecto a la legislación nacional, entre los derechos que el Estado garantiza, se encuentra el de la cultura, el cual está regulado por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que es reglamentaria del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establecen las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Para ello, en el artículo 26 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala que “el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, diseñará y ejecutará políticas y programas…

Es de resaltar, que si bien el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes cuenta con las atribuciones para integrar en las actividades culturales a las personas con discapacidad, fomentando la elaboración de materiales para el ejercicio de su derecho, se considera que no es suficiente debido a que las instituciones educativas apenas empiezan a ser inclusivas y no cuentan con libros, cursos y evaluaciones pensados para este tipo de población, pero también la oferta de libros de entretenimiento no es tan amplia, ya que existen muy pocas editoriales que editan en braille, por lo que el recurso de más alcance para éstos, es la consulta en bibliotecas como la Sala Braille de la Vasconcelos, la sala para ciegos de la Ciudadela y la sección de tiflología en la Ciudad Universitaria, entre otras.

Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora coincide con la preocupación del Senado de la República en la minuta que se analiza, referente a que el universo de personas con discapacidad constituye un sector de la población que requiere no sólo de servicios educativos, sino de accesibilidad a las expresiones del arte y la cultura que les permita desarrollar, en lo posible y de manera armónica, sus cualidades cognitivas, a efecto de aspirar a una mejor calidad de vida y que la iniciativa adquiere una dimensión relevante en virtud de que sin fines de lucro, se podría contar con un mecanismo de accesibilidad, como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Tercero. Que la participación en actividades culturales propicia un espacio enriquecedor para el ser humano. Esto lo demuestran diversos escritos que resaltan la capacidad participativa que representan las innumerables manifestaciones de la cultura en el individuo. Considerando que las personas con discapacidad componen la minoría más numerosa, y partiendo de que la población con impedimentos va en aumento, el desarrollo de las alternativas de inclusión para esta población no sólo contribuyen a una mejor calidad de vida social, sino que constituyen un mercado que aporta al desarrollo económico de los países.

Existen estudios que prueban la importancia de una cultura accesible para los componentes de una sociedad. A modo de ejemplo se presenta “El efecto social de la cultura” , una investigación realizada por Matarasso, quien demuestra que la participación en actividades culturales fomenta en las personas el desarrollo de un fuerte sentido de compromiso social. Asimismo, el impacto de la cultura beneficia a la sociedad potenciando el desarrollo personal, la cohesión social, la autodeterminación, la imagen e identidad. Todos son factores importantes para una sociedad que anhela y está consciente de la igualdad de oportunidades entre todos sus habitantes.1

El acceso a la cultura se contempla en diversos documentos internacionales que promueven la igualdad de derechos entre todos los seres humanos. Muchos países adoptan sus postulados y buscan compartir políticas que no descuidan las necesidades particulares de cada uno de ellos. Una de estas es la Declaración Universal de los Derechos Humanos… De manera similar, la Declaración en la Diversidad Cultural de la UNESCO de 2001…

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por México el 23 de marzo de 1981…

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por México el 24 de marzo de1981…

La Carta de la Organización de los Estados Americanos establece en el artículo 47 que los Estados miembros darán importancia primordial, dentro de sus planes de desarrollo, al estímulo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura orientadas hacia el mejoramiento integral de la persona humana y como fundamento de la democracia, la justicia social y el progreso.

De igual forma, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”…

Cuarto. Que de acuerdo a cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por INEGI, en la siguiente tabla se presenta el número de habitantes de la República Mexicana que requieren de servicio optométrico…

En términos mundiales los errores de refracción no corregidos (miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia) constituyen la causa más importante de la discapacidad visual. En los países de ingresos medios y bajos las Cataratas siguen siendo la principal causa de Ceguera.

De acuerdo a lo anterior, el INEGI reporta que la segunda discapacidad en el país es la Visual, la primera es la motriz. En el 2010 había 112.3 millones de habitantes en la República Mexicana de los cuales 4.5 millones son discapacitados (4 por ciento) y 1.3 millones son de tipo visual (1.16 por ciento).

Para el año de 2011, la cifra de personas con discapacidad visual subió a millón y medio, donde el 3 por ciento de ellos cuenta con educación superior y únicamente el 6 por ciento consigue algún tipo de empleo, lo que impide concretar su inclusión socio – laboral y lograr su autosuficiencia, autonomía e independencia económica.

Quinto. Que el número de personas con discapacidad van en aumento, por lo que se requiere que se articulen políticas que fomenten la inclusión de todos, mediante actividades que promuevan la cultura, conducentes a leyes y normas que garanticen su implementación y cumplimiento.

Que la propuesta normativa contenida en la minuta, beneficia a las personas con discapacidad visual, debido a que para éstas es difícil tener acceso a material impreso o auditivo de obras literarias, ya que existen muy pocas editoras que producen este tipo de materiales. Con base en esto, se considera que es procedente esta propuesta, en razón de que al establecer una excepción para divulgar obras artísticas y literarias sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, genera una disminución al costo de producción de libros en braille y otros formatos, creando mayor apertura.

Que esta Comisión dictaminadora estima procedente la propuesta contenida en la minuta sobre la adición de una fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en razón de que el Capítulo II del Título VI, establece las limitaciones de los derechos patrimoniales y lo que se busca con dicha reforma es establecer una excepción para divulgar una obra literaria y artística, sin la autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra.

Que la propuesta que hace la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, se estima procedente, ya que va de acuerdo con los razonamientos que esta Comisión expone en el presente dictamen.

De igual forma, se considera que esta propuesta es concordante con lo aprobado en el Senado, en el sentido de que la colegisladora establece entre los casos de excepción a que se refiere el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor a las personas con discapacidad, así como el que la actividad sea sin fines de lucro. La modificación al dictamen del Senado que plantea la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, mantiene esos contenidos, además los enriquece, al tratarse de un sector de la población con discapacidad visual, que es precisamente al que debe ir dirigida la excepción que se busca integrar a este numeral.

Bajo los argumentos señalados, el texto aprobado por la colegisladora fue el siguiente:

Adición aprobada por el
Senado de la República

Modificación propuesta por la
Cámara de Diputados

 

Ley Federal del Derecho de Autor

Artículo 148.-Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos:

I.- a la V.- …

VI. Reproducción para constancia en un procedimiento judicial o administrativo;

VII. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde lugares públicos, y

VIII.- Publicación de obra artística y literaria sin fines de lucro para personas con discapacidad.

Artículo 148. Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos:

I. a la V.

VI. Reproducción para constancia en un procedimiento judicial o administrativo;

VII. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde lugares públicos; y

VIII. Reproducción, adaptación y, en su caso, transformación de obras literarias o artísticas de manera total o parcial, sin fines de lucro, con el objeto de hacerlas accesibles en lenguajes, sistemas y otros modos, medios y formatos especiales a una persona con discapacidad auditiva, visual o ambas, siempre y cuando se realice a partir de una copia legalmente obtenida.

 

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- En uso de sus atribuciones constitucionales de Cámara revisora, el Pleno de la Cámara de Diputados devolvió con fundamento en la fracción E del artículo 72 constitucional, el proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII del artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor. La modificación al enunciado jurídico propuesto por el Senado, amplía las hipótesis jurídicas contempladas originalmente en el texto y un mayor número de consecuencias jurídicas para las obras primigenias.

SEGUNDO.- La Ley Federal del Derecho de Autor es una norma reglamentaria del artículo 28 constitucional que tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación, la protección de los derechos de los autores y de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como los derechos de los editores, productores y organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas o videogramas. Asimismo, establece los principios y bases de los derechos morales y patrimoniales de los autores, y establece como uno de los objetos clave de la legislación en la materia la protección a las obras editadas a través de cualquier medio de reproducción.

TERCERA.- Asimismo, la ley regula que, salvo los casos contemplados como limitación específica a los derechos patrimoniales, los titulares de los derechos de autor y de los derechos conexos, podrán exigir remuneración compensatoria por la realización de cualquier copia de las obras literarias o artísticas que se realicen sin su consentimiento, circunstancia que podrán hacer efectiva de manera directa o, bien, a través de sus representantes, causahabientes, apoderados o de las sociedades de gestión colectiva que los represente. De hecho, constituye una infracción a la ley la reproducción y comercialización de las obras literarias y artísticas protegidas sin la autorización del titular de los derechos de autor. Dicha falta es sancionada de cinco mil hasta diez mil días multa, además de que la propia ley considera otras sanciones por reincidencia, además de la aplicación de medidas precautorias.

CUARTA.- No obstante lo anterior, la Ley también cuenta con mecanismos que establecen límites al derecho de autor reconocido por el Estado, principio que también se fundamenta en el artículo 28 constitucional, conforme a los cuales, bajo determinadas circunstancias y condiciones, es posible hacer uso sin fines de lucro de las obras artísticas y literarias, sin necesidad de tramitar la autorización o el pago de alguna regalía. Esta situación se da bajo diferentes hipótesis: para efectos de utilidad pública bajo un uso que se justifica en el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales; para efectos de limitar el derecho patrimonial, asociado a usos del derecho a la información y prácticas académicas, entre otras, y cuando se trata de reproducciones en aparatos similares a los domésticos, sin fines de lucro y en el contexto de microindustrias o de causantes menores, entre los más relevantes.

QUINTA.- El enunciado jurídico aprobado en el Senado de la República, pretende poner al alcance de las personas con discapacidad, obras literarias y artísticas que usualmente no se publican en ediciones o formatos accesibles para ellos, sin más consecuencia jurídica que no alterar la explotación normal de la obra, sin fines de lucro, pero bajo uno de los supuestos fundamentales del derecho de autor, que es el respeto de los derechos morales de los autores. Para tal efecto, la propuesta se fundamenta en el artículo 16 de la propia Ley Federal del Derecho de Autor, cuyo texto señala:

Artículo 16.- La obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los actos que se describen a continuación:

I. Divulgación: El acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público, por primera vez, con lo cual deja de ser inédita;

II. Publicación: La reproducción de la obra en forma tangible y su puesta a disposición del público mediante ejemplares, o su almacenamiento permanente o provisional por medios electrónicos, que permitan al público leerla o conocerla visual, táctil o auditivamente;

III. Comunicación pública: Acto mediante el cual la obra se pone al alcance general, por cualquier medio o procedimiento que la difunda y que no consista en la distribución de ejemplares;

IV. Ejecución o representación pública: Presentación de una obra, por cualquier medio, a oyentes o espectadores sin restringirla a un grupo privado o círculo familiar. No se considera pública la ejecución o representación que se hace de la obra dentro del círculo de una escuela o una institución de asistencia pública o privada, siempre y cuando no se realice con fines de lucro;

V. Distribución al público: Puesta a disposición del público del original o copia de la obra mediante venta, arrendamiento y, en general, cualquier otra forma, y

VI. Reproducción: La realización de uno o varios ejemplares de una obra, de un fonograma o de un videograma, en cualquier forma tangible, incluyendo cualquier almacenamiento permanente o temporal por medios electrónicos, aunque se trate de la realización bidimensional de una obra tridimensional o viceversa.

SEXTA.- La elección del concepto publicación en vez del concepto reproducción se debe a que el primero implica la puesta a disposición del público y, el segundo, únicamente considera supuestos de fijación de la obra en algún tipo de soporte material en uno o varios ejemplares. Asimismo, una lectura sistemática del artículo 148, lleva a la conclusión de que todos los enunciados se refieren a la reproducción de un único ejemplar o por una única ocasión, de ahí que se haya optado por la idea de publicar que supone, por una parte, varios ejemplares y, por la otra, su puesta a disposición del público, concepto este último que cada día cobra mayor relevancia en el ámbito internacional del derecho de autor conforme lo  disponen los documentos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI.

SEPTIMA.- Estas comisiones son de la opinión de que la utilización de los conceptos adaptación y transformación aplica específicamente a potestades de los titulares de los derechos patrimoniales respecto de la divulgación de sus obras, según lo establece el artículo 27 de la ley en su fracción VI., cuya consecuencia jurídica es que la divulgación de una obra adaptada o transformada requiere de la autorización expresa del titular de derechos. El texto es el siguiente:

Artículo 27.- Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir:

I. a la V…

VI. La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones, y

VII.…

OCTAVA.- En opinión de las dictaminadoras, la propuesta normativa en análisis incorpora más enunciados jurídicos de los que, eventualmente, podrían considerarse suficientes para derivar la consecuencia jurídica esperada y, por otra parte, limita los alcances del enunciado originalmente aprobado en el Senado. Respecto de la primera observación, es de señalarse que cualquier persona física o moral que interprete la norma como una posibilidad de transformar la obra, podrá alterar su contenido y significado original, dañando los derechos morales del autor, toda vez que no existe una definición en la ley que limite la interpretación señalada.

NOVENA.- Respecto de la segunda afirmación, es de considerarse que la propuesta normativa aprobada por el Senado hace referencia a las personas con discapacidad y no únicamente a las personas que tiene discapacidad auditiva, visual o ambas, como lo propone el texto que proviene de la colegisladora. En este sentido, la Ley General de las Personas con Discapacidad define a quienes se encuentran en esta circunstancia como la persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social (fracción XI. del artículo 2°). Las comisiones dictaminadoras que concurren al presente análisis, son de la opinión de que el carácter general del postulado original debe prevalecer sobre el particular, porque existen personas con discapacidad de naturaleza sensorial o motriz (no sólo visual o auditiva) que presentan necesidades de conocimiento y accesibilidad a obras literarias o artísticas (formatos digitales para personas sin movilidad, por ejemplo).

Con base en las consideraciones expuestas, para efectos del inciso E del artículo 72 constitucional, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, someten a consideración del Pleno y, en su caso, a aprobación el siguiente proyecto de decreto:

“PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCION VIII AL ARTICULO 148 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

ARTICULO UNICO.- se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Artículo 148.- Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos:

I.- a la V.- …

VI. Reproducción para constancia en un procedimiento judicial o administrativo;

VII. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde lugares públicos, y

VIII.- Publicación de obra artística y literaria sin fines de lucro para personas con discapacidad.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores, a 21de abril de 2014.

COMISION DE CULTURA
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para adicionar el principio precautorio.




 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION VII AL ARTICULO 15 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, PARA ADICIONAR EL PRINCIPIO PRECAUTORIO

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, EN MATERIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA

(Dictamen de primera lectura)







 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION I Y SE ADICIONA LA FRACCION VIII, RECORRIENDOSE LA ACTUAL A LA FRACCION IX DEL ARTICULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD MENTAL

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
 Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y VIII y se adiciona la fracción V al Artículo 73 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 14 de febrero de 2013, la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y los Senadores Miguel Romo Medina, Braulio Manuel Fernández Aguirre, María Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez e Hilda Esthela Flores Escalera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y VIII y se adiciona la fracción V al artículo 73 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa suscrita el 14 de febrero de 2013, por diversos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, pretende dar permanencia al desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter nacional; además de fomentar la detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente de la infancia y de la juventud.

III. CONSIDERACIONES

A.  Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México, aunado a ello, expresan la importancia de avanzar en temas tan importantes como lo es la salud de la población mexicana.

B. En concordancia con los proponentes, la salud de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud,” es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, y la salud mental “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.”

Aunado a ello, señalan que no hay una edad determinada en la cual se inicie cualquier tipo de enfermedad mental, la que puede manifestarse en cualquier periodo evolutivo de la persona.

D. En consonancia con los Senadores proponentes, coincidimos en que mantener una salud óptima durante el mayor tiempo posible y llegar a una vejez con menos padecimientos y mayores beneficios, es una de las prioridades para una mejor calidad de vida en los seres humanos.

Cabe resaltar, de acuerdo con la propuesta, que entre las diez principales enfermedades considerando mortalidad prematura y días vividos sin salud, se encuentran tres tipos de enfermedades mentales, como lo son la depresión mayor, esquizofrenia y trastorno obsesivo compulsivo, las que son catalogadas como graves por los profesionales de la salud. Lo que genera que las personas que padecen estas enfermedades no puedan interactuar normalmente con el medio que los rodea.

En este sentido, la depresión es una de las causas de discapacidad en el mundo. La OMS estima que la depresión ocupará el segundo lugar en 2020 como discapacidad mundial, después de las enfermedades cardiovasculares. Es una enfermedad común, seria y compleja que afecta aproximadamente a 121 millones de personas en el mundo.

En México una de cada 10 personas padece depresión pero solo uno de cada cuatro personas que la padecen, reciben tratamiento. Asimismo, un 28.6% de la población presenta alguna vez en la vida, uno o más de los 23 trastornos mentales contenidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE); 13.9% los ha presentado en el último año y 5.8% en el último mes.

E. En el Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Salud se indica que en el periodo de septiembre de 2011 a agosto de 2012 se dieron avances en las estructuras de primer nivel del Programa Nacional de Salud Mental: Modelo Miguel Hidalgo, 9 en diferentes entidades de la República, en tal sentido se cuenta con 47 Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES), Centro Integral de Salud Mental (CISAMES) de las cuales 40 están en operación mientras que las siete restantes están construidas pero no se ha logrado su correcta operación.

Actualmente se impulsa la emisión del Anteproyecto de NOM-025-SSA2-201210 para la Prestación de Servicios de Salud en Unidades de Atención Integral Hospitalaria Médico-Psiquiátrica. Asimismo, la Secretaría de Salud impulsa reuniones nacionales de líderes en atención hospitalaria de salud mental, con la finalidad de sensibilizar a los trabajadores de la salud mental y convertirlos en facilitadores y promotores del respeto de los derechos humanos de los usuarios de los hospitales psiquiátricos.

Con la participación de 23 hospitales psiquiátricos11 ubicados en 18 entidades federativas, en 2012, se realizó la primera fase de la aplicación de la Encuesta Nacional de Salud Mental, obteniéndose un total de mil 289 cuestionarios donde se destacan datos relevantes respecto de tres grupos vulnerables de población dentro de dichos hospitales, correspondiendo 46.4% a mujeres y 54.6% a hombres.

Es de destacar que en el Centro Integral de Salud Mental que depende de este Consejo Nacional de Salud Mental está la Clínica de Autismo, única de este tipo en el Gobierno Federal y que durante el periodo de septiembre de 2011 a agosto de 2012 otorgó un total de 17 mil 743 consultas y organizó una caminata en el Bosque de Tlalpan en la que participaron 300 niños y padres celebrando el Día Mundial del Autismo con el objetivo de sensibilizar al país sobre dicho padecimiento.

Asimismo, en 2012 se canalizaron recursos presupuestales a los gobiernos de las entidades federativas por un monto de 9 millones 148 mil pesos, para apoyar los programas de Invierno Sin Frío y Rehabilitación Psicosocial en los Hospitales Psiquiátricos y Villas de Transición Hospitalaria en todo el país.

E. No obstante lo anterior, la salud mental de la infancia y la adolescencia es una preocupación primordial en el desarrollo de programas de prevención e intervención en todo el mundo, con la presencia de conductas tales como:
• El suicidio como la tercera causa de muerte entre los adolescentes.

• Los trastornos depresivos que tienen inicio en la adolescencia.

• El 20% de niñas, niños y adolescentes que padecen trastornos mentales o son víctimas de violencia física o sexual.

• Los trastornos conductuales de la infancia se perpetúan a lo largo de la vida de las personas, manifestándose en la edad adulta en el consumo de drogas, la delincuencia y conducta antisocial.

F. Derivado de lo anterior y con la finalidad de continuar trabajando en pro de la salud mental de todas y todos los mexicanos, es que se derivó el siguiente análisis de la propuesta en comento:

• En primer lugar, se considera que la adición de la fracción V al artículo 73 de la Ley General de Salud, sería viable siempre que se sustituya la referencia de infancia y juventud, por el término correcto que es niñas, niños y adolescentes. Además de ello, se propone que dicha fracción, se ubique en la fracción VIII, con la finalidad de no afectar el orden de las fracciones vigentes.

• Así mismo, estas Comisiones dictaminadoras sugieren que se respete la redacción vigente de la fracción I del Artículo 73, y se incluya únicamente lo respectivo a que las actividades educativas, socioculturales y recreativas, sean de carácter nacional y permanente.

• Finalmente, se sugiere que conforme a la ley vigente, la propuesta de recorrer la fracción VIII, a la IX, se recorra, respetando la redacción vigente y publicada en el Diario Oficial de la Federación del pasado 15 de enero de 2013, ya que tanto en la fracción I, como en la VIII vigentes, la reforma está tomando en cuenta la redacción anterior a dicho decreto, y regresar a dicha redacción, restringiría las acciones en materia de salud mental, que se han logrado promover en el Congreso de la Unión.

Iniciativa Propuesta

Modificaciones de la Comisión

Artículo 73. …

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter nacional y permanente que contribuyan a la salud mental, preferentemente de la infancia y de la juventud;

II. a IV. …

 

 

 

 

V. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente de la infancia y de la juventud;

IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan al fomento de la salud mental de la población.

Transitorio

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 73.- …

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter nacional y permanente que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.

II. a VI. …

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud;

VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes; y

IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

G. Es por lo antes expresado, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos,  con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION I Y SE ADICIONA LA FRACCION VIII, RECORRIENDOSE LA ACTUAL A LA FRACCION IX, TODAS DEL ARTICULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo 73.- …

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter nacional y permanente que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.

II. a VI. …

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud;

VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes; y

IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 47 y 200 Bis de la Ley General de Salud, en materia del aviso del funcionamiento.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 47 Y 200 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DEL AVISO DE FUNCIONAMIENTO

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforma la Ley General de Salud, en materia de avisos de funcionamiento.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DELAMINUTA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de enero de 2012, el Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 47 y 200 Bis de la Ley General de Salud en materia del aviso de funcionamiento.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la Iniciativa en comento a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados.

2. Con fecha 13 de marzo de 2012, la presente Iniciativa, se votó y aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados, con modificaciones, con 315 votos a favor, 1 en contra y dos abstenciones.

3. Con fecha 15 de marzo de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, remitió la Minuta en comento, al Senado de la República. En la misma fecha, se turnó a la Comisión de Salud del Senado de la República.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

El espíritu de la presente Minuta, tiene la finalidad de vigilar y regular todos aquellos establecimientos que impliquen un riesgo para la salud de la población mexicana, de esta manera se facilitan los mecanismos para identificar los posibles riesgos sanitarios en los establecimientos.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en los Artículos 4° párrafo cuarto y 73 fracción XVI  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se enfatiza en que la vigilancia de todos los establecimientos, es necesaria para proteger la salud de los mexicanos, a través del control de los servicios que se brindan a la población.

B. De acuerdo con la Colegisladora, la figura del “aviso de funcionamiento”, aparece en 1997 con la publicación de una serie de reformas a la Ley General de Salud, en específico en el artículo 200 Bis, que destaca la necesidad de un aviso de funcionamiento para los establecimientos que, por su actividad, pueden generar riesgos para la salud de las y los mexicanos pero que pueden no estar explícitos, como en el caso de los que requieren autorización sanitaria. De esa manera se inició esta especie de herramienta que permitiera identificar posibles riesgos sanitarios en los establecimientos, y actuar antes de que representaran un peligro grave para la sociedad.

Aunado a ello el Ejecutivo Federal publicó el Acuerdo por el que se dan a conocer los establecimientos que deberán presentar el trámite de Aviso de Funcionamiento, en el marco del Acuerdo que establece el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, señala que es responsabilidad del Estado la protección de la sociedad frente a potenciales riesgos a la salud ocasionados por el uso y consumo de, entre otros, alimentos, bebidas, medicamentos, suplementos alimenticios, productos cosméticos, así como de otros productos y sustancias; asimismo, señala que para cumplir con esa responsabilidad, la Ley General de Salud confiere a la Secretaría de Salud, entre otras atribuciones, el ejercicio del control sanitario sobre el proceso, uso, importación, exportación, aplicación, disposición final y publicidad de los productos antes mencionados, así como sobre los establecimientos relativos.

C. Es por ello, que se considera viable el espíritu de la iniciativa, ya que debido a la existencia de esta figura, el artículo 200 Bis establece que el aviso de funcionamiento se deberá entregar a más tardar diez días después de iniciada la operación, lo cual resulta incongruente con la idea de prevenir los riesgos sanitarios. Durante ese lapso de diez días de operaciones, más el tiempo que toma revisar el aviso de funcionamiento, se pueden cometer serias faltas que pueden poner en riesgo la salud de las personas. Al final, la acción del gobierno es una protección ineficaz, pues cura el daño y no lo previene.

Asimismo, si realmente se quiere prevenir, el aviso de funcionamiento debe entregarse previo al inicio de operaciones, a efecto de poder resolver si existen o no riesgos para la salud, y que una vez que entre en operaciones el establecimiento se haya eliminado toda sospecha de peligro.

La reforma contenida en los artículos 47 y 200 Bis, respecto a la ampliación de término, tiene la finalidad de dar mayor certeza de protección a los ciudadanos, pasando del esquema de diez días posteriores, a por lo menos treinta días anteriores a aquél en que se pretendan iniciar operaciones y contener los requisitos establecidos en el artículo 200 Bis de la Ley General de Salud.

D. Conforme a lo anterior, en concordancia con la Colegisladora, señalamos la importancia de ratificar el sentido de la presente reforma a la Ley General de Salud.

Con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman viable el instrumento legislativo en comento, en los términos que lo presenta la Colegisladora, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 47 y 200 Bis de la Ley General de Salud, en materia del aviso de funcionamiento.

Artículo 47. ...

El aviso a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse por lo menos treinta días anteriores a aquel en que se pretendan iniciar operaciones y contener los requisitos establecidos en el artículo 200 Bis de esta ley.

...

Artículo 200 Bis. ...

...

El aviso a que se refiere este artículo deberá presentarse por escrito a la Secretaría de Salud o a los gobiernos de las entidades federativas, por lo menos treinta días anteriores a aquel en que se pretendan iniciar operaciones y contendrá los siguientes datos:

I. a VI. ...

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para que la población indígena tenga acceso a la información pública gubernamental en su lengua.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL Y DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE UNIDAS DE ASUNTOS INDIGENAS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las que suscriben, Comisiones Unidas de Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL Y DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90 numeral 1, fracción III, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 137, 177, 178, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 188, 190, 191 y demás relativos del Reglamento del Senado, las Comisiones Unidas en razón de ser competentes para conocer del asunto de que se trata y unas vez avocadas al análisis, discusión y valoración de la Iniciativa de cuenta, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores el siguiente:

DICTAMEN

METODOLOGIA.

I. El capítulo de “ANTECEDENTES” refiere el inicio del proceso legislativo de la Iniciativa con proyecto de Decreto en estudio y el consecuente acuerdo de turno dictado por el Presidente de la Mesa Directiva para la elaboración del presente.

II. En el capítulo correspondiente al "OBJETO Y DESCRIPCION DE LA PROPUESTA”, se extracta el alcance de la Iniciativa con proyecto de Decreto en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas que dictaminan dan cuenta de los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

I.En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el 26 de septiembre de 2013, el Senador Eviel Pérez Magaña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que le confiere en artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado, presentó INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL Y DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.

II. Recibido el proyecto de cuenta en el Senado de la República, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

OBJETO Y DESCRIPCION DE LA INICIATIVA

Cita el legislador proponente que el derecho a la información es un derecho universal que se ha de ejercer sin distinción de origen étnico, género, edad, condición social u otras y que actualmente se ha consolidado como uno de los pilares estructurales y fundamentales en la construcción y fortalecimiento del estado de derecho del propio Estado Mexicano.

Bajo esa tesitura, la Iniciativa de mérito orienta su propósito en fortalecer la eficacia de dos derechos fundamentales que la Constitución Federal consagra, el derecho a usar y preservar las lenguas indígenas y el derecho de acceso a la información.

Por lo anterior, a través de la propuesta que motiva la elaboración del presente, se busca garantizar el debido derecho de acceso a la información pública, haciendo énfasis en la población indígena bajo el tenor de las limitantes que encuentra para ejercerlo de forma plena, una de ellas y de trascendencia, el lenguaje.

Al efecto, se prevén adiciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para con ello establecer una articulación jurídica entre estos dos ordenamientos. Con lo anterior, el Estado tendrá la obligación de que la población indígena pueda ejercer su derecho de acceso a la información con pleno derecho al uso de la lengua de la que fuere hablante, tratándose de una lengua indígena nacional.

CONSIDERACIONES

a) En lo general

El derecho a la información es un derecho internacionalmente reconocido; encuentra sus primeros lineamientos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en 30 postulados. los derechos humanos y las libertades fundamentales del individuo y que constituyen la base para la construcción de una sociedad democrática. Es el artículo 19 de este instrumento el que enmarca el derecho de toda persona a investigar, recibir información y opiniones y el de difundirlas, sin limitación y por cualquier medio de expresión. Se aprecia que bajo este mecanismo el derecho a la información es un derecho fundamental en la vida del ser humano.

El derecho de acceso a la información, como un derecho humano, ha tenido avances progresivos en el derecho internacional, cuenta de ésto es el Caso Clause Reyes en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se constituyó como el primer tribunal internacional en reconocer que el acceso a la información es un derecho humano que forma parte de otro, el derecho a la libertad de expresión, por lo que el Estado debe garantizarlo.

La norma suprema contiene disposiciones y bases de los principios rectores de la vida jurídica del país tendientes a propiciar el ambiente adecuado para llevar a cabo una convivencia social armónica, en donde además, se consolide y se lleve a la práctica el estado de derecho.

Entre estas disposiciones y en consonancia a las comprendidas en la Declaración, es que a partir de 1977 se introduce en el artículo 6 de la Constitución Federal, la garantía individual de acceso a la información como una disposición normativa elemental y esencial para combatir la corrupción y dar transparencia a la gestión pública, dando como resultado un Estado democrático moderno y de vanguardia, que se sostiene sobre tres grandes pilares, el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas.

Es con la reforma anterior que el Estado mexicano inicia los sucesivos avances en la materia, incluyendo disposiciones precisas y especificas en ley suprema y en la legislación ordinaria, sin embargo, es en esta última que se materializa un ordenamiento específico, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, misma que tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal.

Estas Comisiones destacan, que del estudio sistemático de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se advierte que carece de normas que permitan a la población indígena acceder de forma plena a la información pública gubernamental, ello por no garantizar su derecho de usar la lengua de la que son hablantes, misma que conforme a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas es válida para cualquier trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública.

Con base al párrafo que antecede, se advierte que el legislador estableció al elaborar la Ley General de Derechos Lingüísticos, la obligación del Estado de garantizar el derecho de usar las lenguas indígenas en cualquier asunto, ello para reconocer, proteger y promover su preservación, desarrollo y uso, estableciendo además que es válida para cualquier asunto por ser lengua nacional. No pasa desapercibido que el Senador proponente tiene la clara intención de constituir una interacción entre los dos ordenamientos de cita y en consecuencia, dar perfeccionamiento a los postulados constitucionales relativos.

Por tanto, las Comisiones que dictaminan encuentran que las adiciones y reformas que se plantean se justifican en la exigencia de ordenar normas ordinarias con los principios fundamentales de la Constitución Federal, máxime cuando se está ante el establecimiento de obligaciones para salvaguardar y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

En razón de lo expuesto, la Iniciativa en estudio resulta un avance en dos materias, el  acceso a la información y el uso y preservación de las lenguas indígenas.

b) En lo específico

La Iniciativa prevé la inclusión del uso de las lenguas indígenas para acceder a la información pública gubernamental, por no existir disposiciones relativas en el cuerpo jurídico en el que se inserta.

En efecto, el legislador propone como primeras adiciones las vertidas en la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a los artículos20, fracción primera; 24, primer párrafo; 25; 40, tercer párrafo; 44, primer y segundo párrafo; 49 y 55, fracción tercera.

Con el objeto de permitir un estudio preciso de las adiciones planteadas, en las siguientes líneas se da cuenta de las disposiciones en reforma, acompañadas del estudio y análisis relativo de las que dictaminamos.

Artículo 20. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, deberán:

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de datos, en español o en su caso, en lengua indígena, así como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con los lineamientos que al respecto establezca el Instituto o las instancias equivalentes previstas en el Artículo 61;

II. a la VI. …

Artículo 24. Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo los interesados o sus representantes podrán solicitar a una unidad de enlace o su equivalente, en español o en su caso, en lengua indígena y previa acreditación, que les proporcione los datos personales que obren en un sistema de datos personales. Aquélla deberá entregarle, en un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, en formato comprensible para el solicitante, la información correspondiente, o bien, le comunicará por escrito que ese sistema de datos personales no contiene los referidos al solicitante.

Artículo 25. Las personas interesadas o sus representantes podrán solicitar, previa acreditación, ante la unidad de enlace o su equivalente, que modifiquen sus datos que obren en cualquier sistema de datos personales. Con tal propósito, el interesado deberá entregar una solicitud de modificaciones a la unidad de enlace o su equivalente, en español o en su caso, en lengua indígena, que señale el sistema de datos personales, indique las modificaciones por realizarse y aporte la documentación que motive su petición. Aquélla deberá entregar al solicitante, en un plazo de 30 días hábiles desde la presentación de la solicitud, una comunicación en español o en su caso, en lengua indígena, que haga constar las modificaciones o bien, le informe de manera fundada y motivada, las razones por las cuales no procedieron las modificaciones.

Las adiciones propuestas motivan dar inclusión al uso de las lenguas indígenas en lo relativo a los datos personales. Al efecto, los preceptos normativos indican tres supuestos: el primero, para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de datos personales; el segundo, la solicitud a una unidad de enlace para que proporcione los datos personales que obren en un sistema de datos personales; y el tercero, correspondiente a la modificación de datos.

Ante tales hipótesis el proponente establece que las solicitudes correspondientes que se ingresen en lengua indígena, sean respondidas empleando la misma lengua, lo que se consideran acertado y viable en el texto del ordenamiento jurídico de estudio.

Artículo 40. …

I a la IV. ...

Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir o hablen una lengua indígena. Cuando la información solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad o dependencia competente.

Artículo 44. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de veinte días hábiles, contados desde la presentación de aquélla. Cuando la solicitud se haya presentado en lengua indígena la notificación se realizará en la lengua indígena en que se presentó. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando éstas se le notifiquen al solicitante.

La información deberá entregarse dentro de los diez días hábiles siguientes al que la unidad de enlace le haya notificado la disponibilidad de aquélla, tratándose de información cuya solicitud se haya presentado en lengua indígena, la respuesta deberá de entregarse de la misma forma cuando esta así lo permita y dentro de los veinte días en que la unidad de enlace le haya realizado la notificación, siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el pago de los derechos correspondientes.

Las reformas contenidas en los artículos 40 y 44 son, como cita el proponente, el objeto fundamental de la Iniciativa que se dictamina, pues a través de esta parte normativa se establecen los ejes y las directrices para garantizar el acceso a información pública en lengua indígena.

De la lectura al artículo 40 se desprende el derecho de cualquier persona, por sí o a través de su representante, de presentar ante la unidad de enlace una solicitud de acceso a la información en formato libre estableciendo de manera enunciativa y de ninguna manera limitativa, la posibilidad de que sea presentada en lengua indígena señala que las unidades de enlace auxiliarán a los particulares cuando no sepan leer ni escribir. Justo ante este supuesto jurídico es que el legislador realiza el planteamiento de ampliar el margen de acción de las unidades de enlace, para que al mismo tiempo apoyen a los hablantes de alguna lengua indígena, sin acotar su actuar únicamente a circunstancias de analfabetismo.

Ante tal circunstancia, se prevé la modificación al artículo 44 para que la respuesta que habrá de recaer al requerimiento de información sea en la misma lengua en que fue solicitada, cuando así sea posible. Asi