Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 26 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 24

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 10 de Abril de 2014

SUMARIO                                              


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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES Y DE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO, Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS TERCERO Y CUARTO DE LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DEL ARTICULO PRIMERO, DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, DE LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR, DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 13 DE AGOSTO DE 2009, APROBADO EN ESTA FECHA POR LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, SOBRE COOPERATIVAS DE AHORRO

(Dictamen de primera lectura)

- Se da cuenta con el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Primera.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE LA LEY GENERAL DE POBLACION, DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES; DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; DE LA LEY GENERAL DE TURISMO Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA ADICIONAR EL TERMINO “PREFERENCIAS SEXUALES” Y SOBRE NO DISCRIMINACION

(Dictamen de primera lectura)

- Se da cuenta con el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN OCTAVO PARRAFO, RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, AL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO DE LA IDENTIDAD Y GRATUIDAD DE LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DEL REGISTRO DE NACIMIENTO

(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda. Intervienen al respecto los CC. Senadores Enrique Burgos García para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, Ivonne Liliana Alvarez García, Francisco Salvador López Brito, Angélica de la Peña Gómez, David Monreal Avila, Angel Benjamín Robles Montoya, Mariana Gómez del Campo Gurza, Manuel Bartlett Díaz, Aarón Irízar López y Jesús Casillas Romero. Se remite a los Congresos Estatales para los efectos del artículo 135 constitucional.



PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, PARA REFORMAR EL REGISTRO UNICO DE GARANTIAS MOBILIARIAS

(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos. Intervienen al respecto los CC. Senadores Héctor Larios Córdova para presentar el dictamen a nombre de las comisiones y Armando Ríos Piter. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES Y DE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO, Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS TERCERO Y CUARTO DE LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DEL ARTICULO PRIMERO, DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, DE LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR, DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 13 DE AGOSTO DE 2009, APROBADO EN ESTA FECHA POR LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, SOBRE COOPERATIVAS DE AHORRO

(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Primera. Intervienen al respecto los CC. Senadores Gerardo Sánchez García para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, José Ascensión Orihuela Bárcenas, a nombre de la Comisión de Fomento Económico, Alejandro Tello Cristena, Carlos Mendoza Davis, Angel Benjamín Robles Montoya, Dolores Padierna Luna y Armando Ríos Piter. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOBRE INCREMENTO DE PENAS POR SECUESTRO

(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la segunda lectura al dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera. Intervienen al respecto los CC. Senadores Omar Fayad Meneses, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, para presentar su voto particular, Angélica de la Peña Gómez, Luisa María Calderón Hinojosa, Manuel Bartlett Díaz, Carlos Alberto Puente Salas, Luis Sánchez Jiménez, Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, José María Martínez Martínez y Miguel Romo Medina.







- De los CC. Senadores Luz María Beristain Navarrete, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, Víctor Manuel Camacho Solís, Lorena Cuéllar Cisneros, Mario Delgado Carrillo, Fidel Demédicis Hidalgo, Adán Augusto López Hernández, Fernando Enrique Mayans Canabal, Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter, Angel Benjamín Robles Montoya, Adolfo Romero Lainas, Luis Sánchez Jiménez, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Isidro Pedraza Chávez, Zoé Robledo Aburto, Rabindranath Salazar Solorio, Ivonne Liliana Alvarez García y Angélica del Rosario Araujo Lara, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar la solicitud correspondiente ante la UNESCO en la que se proponga al Polyforum Cultural Siqueiros como patrimonio de la humanidad.











 

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

APERTURA

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: (11:53 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se cuenta con la presencia de 75 Senadoras y Senadores. En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se abre la sesión del jueves 10 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
OCHO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y un minutos del día martes ocho de abril de dos mil catorce, encontrándose presentes ochenta y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves tres de abril de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Miguel Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, oficio por el que solicita se haga un respetuoso llamado a los legisladores para que se conduzcan con respeto y atención hacia los invitados a los foros convocados por las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, en materia de telecomunicaciones.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Manuel Bartlett Díaz, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, oficio por el que expresa su rechazo e inconformidad al “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores por el que se establecen los criterios para la recepción, dictamen y programación de los trabajos para el análisis de las iniciativas y proyectos de decreto sobre las materias de telecomunicaciones, competencia económica, política-electoral, política del Distrito Federal y energética”.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, similar de la Secretaría de Economía, con el "Informe Periódico al Senado de las Reuniones Técnicas y la Reunión Ministerial del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) en Singapur (febrero de 2014)".- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial; y a todas las de Relaciones Exteriores.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Senadores de desechar el proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Quedó de enterado. Se dió por totalmente concluido dicho asunto.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al Pleno la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con la modificación en la integración de los Diputados ante la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea.- Quedó de enterado.

 

Los grupos parlamentarios emitieron pronunciamiento, en ocasión del Día Mundial de la Salud.- Intervinieron los Senadores: Martha Palafox Gutiérrez del PT; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Adolfo Romero Lainas del PRD; Rosa Adriana Díaz Lizama del PAN; Hilda Esthela Flores Escalera del PRI.

(Acuerdo Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, para la conclusión de los proyectos enviados por la Cámara de Diputados.- Fue aprobado por 86 votos en pro.

(Comisión de Administración)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, Proyectos de presupuestos de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para los meses de abril y mayo de 2014.- Fueron aprobados en votación económica.

 

Se recibieron de la Comisión de Administración, Informes de los presupuestos ejercidos por la Cámara de Senadores en los meses de enero y febrero de 2014.- Quedaron de enterado.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se adiciona un octavo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de la identidad y gratuidad de la primera copia certificada del registro de nacimiento.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de seguridad sanguínea.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, sobre seguro popular.- Intervino la Senadora María Elena Barrera Tapia, por las comisiones, para presentar el dictamen. En la discusión en lo general hicieron uso de la palabra los Senadores: Armando Neyra Chávez del PRI, a favor; Martha Elena García Gómez del PAN, a favor; Fernando Mayans Canabal del PRD, a favor; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM, a favor; Martha Palafox Gutiérrez del PT, a favor; David Monreal Avila del PT, para razonar voto; Angel Benjamín Robles Montoya del PRD, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor. Fue aprobado por 103 votos en pro y 2 abstenciones. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades de transmisión sexual.- Intervinieron los Senadores: María Cristina Díaz Salazar, por las comisiones, para presentar el dictamen. Fernando Mayans Canabal del PRD, a favor; Zoé Robledo Aburto del PRD, a favor. Fue aprobado por 102 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 6, 7, 27, 111, 112, 113, 115, 212 y 301, todos de la Ley General de Salud, sobrecontrol del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.- Intervinieron los senadores: Fernando Mayans Canabal, por las comisiones, para presentar el dictamen y una propuesta de modificación, la cual fue aceptada por la Asamblea para ser incorporada al dictamen. En la discusión en lo general, hizo uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que los Senadores Benjamín Robles Montoya y David Monreal Avila entregaron los textos de sus intervenciones y se insertaron en el Diario de los Debates. Fue aprobado por 95 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se solicita al Presidente Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, y al titular de la Secretaría de Turismo de dicho estado a informar si se han efectuado cierres en los accesos públicos para las playas de Puerto Morelos.- Intervino la Senadora Luz María Beristáin Navarrete del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cinco dictámenes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con puntos de acuerdo:

1) Por el que se solicita a la Secretaría de Economía un informe detallado sobre el monitoreo estadístico y los resultados sobre el impacto que ha ocasionado para la economía nacional, la desgravación arancelaria de las importaciones del maíz blanco, procedente de los países con los que México no tiene acuerdos comerciales.

2) Que exhorta a la Secretaría de Economía a que, en coordinación con la industria automotriz, impulse la implementación de criterios, programas y proyectos de responsabilidad social empresarial en la fabricación de vehículos nuevos, con tecnologías que sean amigables con el medio ambiente.

3) Por el que se solicita a la Secretaría de Economía remita los objetivos, acciones y metas que tiene planeado implementar, para mejorar la calificación de México en el proyecto Doing Business, en el apartado de “facilidad para hacer negocios”.

4) Queexhorta al Director General del Fideicomiso Público ProMéxico a analizar la conveniencia de suscribir un convenio de colaboración con la Conferencia Nacional de Gobernadores con el fin de compartir visiones y soluciones de inversión, de desarrollo económico, de promoción, y de cooperación regional como estrategia de atracción de inversión extranjera directa.

5) Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de 5 proposiciones que se le turnaran.

Intervinieron los senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, para referirse al dictamen sobre el maíz blanco; David Monreal Avila del PT, para hablar sobre el dictamen del proyecto Doing Business. Los cinco dictámenes fueron aprobados por votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cinco dictámenes de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe pormenorizado sobre el abasto del medicamento antiviral Oceltamivir (Tamiflu) y, en caso de desabasto, informe sobre la estrategia que se debe implementar para garantizar su distribución; y le exhorta a considerar diversas medidas en torno a la influenza AH1N1.

2) Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a establecer una estrategia inmediata y efectiva, de prevención, tratamiento y control del virus del dengue a nivel nacional.

3) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a evaluar, analizar y contrastar el desempeño práctico del Sistema de Protección Social en Salud como política pública e informe sobre los resultados obtenidos.

4) Que exhorta a la Secretaría de Salud y a las Secretarías de Salud de las entidades federativas a intensificar esfuerzos a fin de atender las urgencias de salud que se presenten; asimismo, se informe sobre la adquisición del Acelerador Lineal, Tomógrafo Computarizado y construcción del área donde se ubicarían dichos equipos en el Hospital de la Mujer.

5) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a reconocer al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. como centro regional de alta especialidad.

Los cinco dictámenes sin discusión fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición que exhortaba a enviar al Senado diversas propuestas para magistrados del Tribunal Unitario Agrario.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Fomento Económico, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición que exhorta al Gobierno Federal a tomar medidas para fomentar el desarrollo económico de las micro y pequeñas empresas, a través de sus exportaciones.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Proposición)

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a nombre propio y de la Senadora Marcela Guerra Castillo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a aprobar cuanto antes el lenguaje legislativo que permita dar cumplimiento al fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso Avena.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron las Senadoras Marcela Guerra Castillo del PRI y Luz María Beristáin Navarrete del PRD, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

La Senadora Marcela Guerra Castillo, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y Angélica de la Peña Gómez, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de paridad de género en candidaturas a puestos de elección popular.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Apartado “C” al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a la visita del Presidente de la República Francesa, el próximo jueves 10 de abril de 2014.- Fue aprobado en votación económica.

(Iniciativa)

Los Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, remitieron iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de derechos políticos de los mexicanos en el exterior.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción xxi del artículo 73 constitucional.- Quedó de primera lectura.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como al titular de la demarcación territorial de Miguel Hidalgo en el Distrito Federal, a enviar un análisis detallado sobre el impacto que tendrá en la zona, la obra de rehabilitación de la avenida Presidente Masaryk, en Polanco.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incentivar una política de manejo compartido de cuotas, para que sean los propios pescadores quienes cuiden los recursos marinos, inviertan esquemas de monitoreo y vigilancia y puedan generar un mayor valor agregado a sus productos.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar de todos los acuerdos y proyectos que se han firmado con las agencias de seguridad de Estados Unidos, en el marco de la Iniciativa Mérida.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo queexhorta a los tres órdenes de gobierno para el combate a la venta y consumo de alcohol en niños y jóvenes.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una estricta vigilancia en mercados y centrales de abasto de que la carne vacuna destinada al consumo humano esté libre del clembuterol.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Layda Sansores San Román y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo que exhortaal titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre los avances del Acuerdo de Asociación Transpacífico.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad a realizar los estudios correspondientes para incorporar las áreas naturales protegidas del litoral costero campechano al Corredor Biológico Mesoamericano.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de México a implementar una estrategia de combate a la inseguridad que permita revertir el incremento en la incidencia de delitos de alto impacto.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos, para informar sobre el proceso de la “Ronda Cero”, en el sector de la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar al 2 abril "Día Nacional de la integración de las Personas con Autismo”.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en el marco de la reforma educativa y la desaparición del programa carrera magisterial, se respeten los derechos adquiridos de los docentes.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal y al gobernador del estado de Colima a impedir la instalación de una mina de oro en la comunidad indígena nahua de Zacualpan, municipio de Comala.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública a investigar el destino de los recursos presupuestales asignados para prevención y mitigación de riesgos ejercidos en el año 2012 y, de encontrar anomalías, se sancione a quienes resulten responsables por el desvío de fondos presupuestales.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a garantizar la seguridad de los usuarios del tramo en funcionamiento de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Raúl Morón Orozco, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Educación Pública a que, dentro del proceso de consulta para la revisión del modelo educativo, incorpore otros elementos que permitan ampliar la discusión y diagnóstico nacional rumbo a la construcción de una verdadera reforma educativa estructural integral en México.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional del Agua a informar las razones por las que se le entregó a SempraEnergy la concesión de un terreno para construir un parque eólico en Baja California.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre la atención proporcionada a la entonces connacional Lucía Vega Jiménez, quien falleció el 28 de diciembre de 2013, en la ciudad de Vancouver, Canadá, así como a su familia.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas del paísa implementar medidas preventivas y de concientización en materia de cultura vial, en la que la visión toral sea la de advertir como sujetos vulnerables y prioritarios a los peatones, ciclistas y motociclistas en la prevención de accidentes de tránsito.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo en relación a la minuta por la que se expide la Ley de la Pensión Universal.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar acciones que fomenten y salvaguarden los principios establecidos en los convenios internacionales en protección a los infantes víctimas de conflictos armados y zonas violentas.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a disponer lo necesario a efecto de que en el estado de Baja California la facturación se realice de manera mensual cobrando la energía efectivamente consumida bajo un esquema de la mayor transparencia y respeto a los derechos de los usuarios.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván,del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta alcongreso del estado de Coahuila de Zaragoza a presentar un informe sobre la adquisición de la obra "Carranza en los muros del Congreso".- Se turnó a la Comisión de Federalismo.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo un estudio del subsuelo de la zona donde se ubica el fraccionamiento Villas Rinconada del Mar, en Acapulco, Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta ala Secretaría de Gobernación para que, en conjunto con la Procuraduría General de la República, se implemente una campaña preventiva contra el secuestro, robo, sustracción y extravío de infantes.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores Jesús Casillas Romero y Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo queexhorta a los gobiernos de las entidades federativas del país a legislar y emitir sus programas en materia de cambio climático.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Luisa María Calderón Hinojosa, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar diversas gestiones en pro de la defensa de los derechos humanos de los venezolanos.-Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

De los Senadores Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas Rodríguez y Laura Angélica Rojas Hernández, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que, a través del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información y en coordinación con los congresos locales de Nuevo León, Guanajuato, Chiapas y Guerrero, se realicen 4 foros regionales en materia de transparencia y parlamento abierto.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a verificar que el trato al interior de los hospitales públicos y privados de todo el país hacia mujeres embarazadas sea con respeto a la dignidad humana.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como al titular de la Procuraduría General de la República, a rendir un informe sobre las acciones que llevaron a cabo para determinar el paradero de Nazario Moreno González, dado por muerto en diciembre de 2010.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se convoca al Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana a comparecer ante comisiones del Senado e informar de los trabajos, estrategias y acciones en materia de prevención social del delito y programas de la misma Subsecretaria.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Del Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los Secretarios de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público a atender la crisis financiera que enfrenta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la asignación de recursos públicos federales extraordinarios.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a convocar a representantes de las instituciones involucradas con la operación del programa nacional Alerta Amber México.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De las Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de las Mujeres a medir la brecha de desigualdad de género en los programas implementados por la Administración Pública Federal.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso de Estados Unidos a emitir ordenamientos con el fin de que los estados que componen su federación acaten el fallo de la Corte Internacional de Justicia, en referencia al caso Avena.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta un extrañamiento a las conductas contrarias a la libertad de prensa y al derecho a la información, llevadas a cabo por el gobernador del Estado de México.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Arely Gómez González, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a fortalecer e implementar nuevos programas y políticas públicas encaminadas a prevenir y erradicar todo tipo de violencia y maltrato en contra de las personas adultas mayores.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a considerar en su plan de trabajo el desarrollo de indicadores específicos sobre la temática de explotación infantil a través de los medios electrónicos.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a informar sobre los pormenores de las acciones implementadas para efectuar el cierre de 35 puntos de venta de la unidad administrativa desconcentrada denominada SUPERISSSTE.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social.

 

De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Alvarez García y Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a instrumentar un programa nacional de difusión y vinculación de la sociedad con las afores y de fomento a la cultura financiera, que promueva su uso y las mejores prácticas entre los administradores de fondos, en beneficio de mejores pensiones para los trabajadores.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar los resultados y alcances del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de Emergencias Obstétricas.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a presentar un plan de trabajo preciso y público sobre las acciones para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y las recomendaciones dirigidas al Estado mexicano en el marco del Examen Periódico Universal.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De las Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a fortalecer las estrategias e instrumentos jurídicos con el objetivo de prevenir, erradicar y sancionar las manifestaciones de discriminación racial en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a exentar a recolectores de objetos provenientes de los residuos sólidos municipales, de impuestos sobre su ingreso.-Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar un estudio y revisión detallada de los conceptos y/o rubros que integran el Presupuesto de Gastos Fiscales.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De las Senadoras Blanca Alcalá Ruíz, Marcela Guerra Castillo y Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a revisar diferentes prácticas de comercialización a cargo de proveedores de servicios de telefonía móvil a efecto de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables a este servicio.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el cual el Senado de la República se congratula por la firma del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria y a la Auditoría Superior de la Federación a presentar informes detallados sobre elusión y créditos fiscales.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De las Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a realizar un estudio de viabilidad para la instrumentación de un programa nacional de apoyo económico a las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar en todo el territorio nacional, las investigaciones pertinentes en torno a las prácticas de acaparamiento del limón.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar un sistema de investigación que permita precisar la cifra de los pacientes con la condición de espectro autista, para un diagnóstico y terapia precoz por un resultado exitoso en la calidad de vida.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Senado de la República y a la Secretaría Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a realizar las gestiones necesarias para intervenir en el proceso de certificación de operatividad de la Línea 12 del Metro.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Procuraduría General de la República inicie una investigación contra el ciudadano Genaro García Luna, por la probable comisión de delitos contra la administración de justicia durante su gestión como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a que, en un lapso no mayor a 90 días, publique los lineamientos a los que hace referencia el artículo 41 de la Ley General de Educación, respecto a la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Auditoría Superior de la Federación se realicen las auditorías correspondientes a los fondos federales entregados al gobernador del estado de Chiapas, por su posible desvío en la promoción de su imagen personal en los medios de comunicación estatales, federales y de las 32 entidades federativas del país.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República, al del Distrito Federal y a los gobiernos de los estados del país a que, en los operativos de prevención de accidentes realizados con motivo de la época vacacional de semana santa, se ponga especial atención a las acciones y medidas encaminadas a evitar la conducción de vehículos automotores bajo los influjos del alcohol o drogas en todas las carreteras del país.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Educación Pública a actualizar el "Atlas Turístico Mexicano" con la información que cuenta "el Sistema de Información Cultural".- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

Del Senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República someter a la consideración del Pleno la celebración de una sesión solemne en conmemoración del centenario de la heroica defensa del Puerto de Veracruz.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal a informar sobre los avances en la ejecución y operación de la reforma constitucional del sistema de justicia penal, así como las políticas y estrategias desarrolladas para los efectos constitucionales.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De las Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer las acciones de vigilancia y supervisión en los establecimientos mercantiles para proteger los derechos de los turistas nacionales y extranjeros durante la temporada vacacional de Semana Santa.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De las Senadoras Dolores Padierna Luna y Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un informe sobre diversos aspectos del despido por embarazo y la discriminación laboral en todos los centros de trabajo en el país.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo en relación a la conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Zoé Robledo Aburto y Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su solidaridad con los legisladores de los Estados Unidos de América que han solicitado a su gobierno el cese de las deportaciones.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a brindar de manera inmediata el apoyo necesario en materia de seguridad, en coordinación con las autoridades responsables del orden estatal y municipal, a las comunidades indígenas del estado de Jalisco, conforme a los principios establecidos en el eje rector "Un México en Paz" del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del Día Mundial de la Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senadora Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a designar a la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero, como la sede del Día Mundial del Turismo, a celebrarse el 27 de septiembre del presente año.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, dentro de sus atribuciones para organizar el sistema penitenciario en la República Mexicana, elabore un reglamento donde se establezcan los lineamientos generales para determinar las condiciones que aseguren el desarrollo integral de los niños y niñas que viven con madres reclusas en los centros penitenciarios.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

De los Senadores Angel Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se une a la voz de los millones de personas que exigen que de manera inmediata cesen las innecesarias y masivas deportaciones de inmigrantes residentes en los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De la Senador Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 2015.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica inicie una investigación sobre la operación del tramo carretero de Amacuzac-Iguala, por motivo del abuso en la determinación del peaje de la caseta de cobro número 3 de la autopista de cuota Puente de Ixtla-lguala.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar programas integrales de sustitución de cultivos ilícitos.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fomentar el ahorro, así como el uso eficiente y racional de agua.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Miguel Barbosa Huerta y Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a formalizar el Acuerdo Marco que establece las bases para la creación de un mecanismo de garantía, para los trabajadores que participen en el esquema de pensión vitalicia.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a mejorar la calidad y disponibilidad de información presupuestal para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a remitir un informe sobre violación de derechos humanos y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a informar sobre los avances en la elaboración del Reglamento de la Ley General de Víctimas y del Registro Nacional de Víctimas.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete y Jorge Luis Lavalle Maury, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe en torno al proyecto del tren transpeninsular entre el estado de Quintana Roo y el estado de Yucatán.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del estado de Quintana Roo y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las acciones y los trabajos necesarios con las autoridades correspondientes para abrir accesos públicos hacia la playa en la localidad de Puerto Aventuras, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

(Efemérides)

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en ocasión del Día Mundial de la Salud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride en ocasión del Día Mundial de la Salud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride en ocasión del Día Mundial de la Salud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride en ocasión del Día Mundial de la Actividad Física y del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas y citó a sesión ordinaria el próximo jueves diez de abril, a las once horas, y a Sesión Solemne ese mismo día, a las dieciséis horas con treinta minutos, para recibir la visita del Presidente de Francia.

 

Fin de la sesión”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva, con la que remite el informe de su asistencia a la XXXI Reunión Ordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, efectuada en San José, Costa Rica, el 18 de marzo del año en curso. Asimismo, remite el “Compendio de las reuniones del FOPREL, celebradas en 2013”.

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, por la que informa de la instalación de la Comisión Permanente de la Reforma del Campo, el miércoles 9 de abril de 2014.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su Programa Anual de Trabajo 2014.

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

PRESIDENCIA

Oficio Numero PRES-CFCE-2014-048
Asunto: Programa Anual de Trabajo 2014.

México, D. F. a 9 de abril de 2014

Senador Raúl Cervantes Andrade
Presidente de la Mesa Directiva
Senado de la República
Presente

De conformidad con lo establecido en el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) deberá presentar anualmente un programa de trabajo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.

En cumplimiento a este mandato, le envío un disco compacto y un ejemplar impreso del Programa Anual de Trabajo de la COFECE para el ejercicio 2014.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Alejandra Palacios Prieto
Comisionada Presidente

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Remítase copia de la documentación a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, por el que informa la modificación en la integración de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, ante la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-8-3288

C. SECRETARIOS DE LA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTES

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que comunica modificaciones en la integración de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea:

Diputadós

Grupo Parlamentario

Movimiento

Cargo

Arturo Escobar y Vega

PVEM

Baja

Integrante

Tomás Torres Mercado

PVEM

Alta

Integrante

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: "De enterado. Comuníquese".

México D. F. a 8 de abril de 2014

Dip. Fernando Bribiesca Sahagún”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de esta documentación a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Asimismo, la Colegisladora remitió un proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso c) al artículo 11 y un Capítulo Quinto Bis, denominado “Del Derecho a la Navegación Segura en Internet” a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes que tenemos para primera lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy cuenta de los dictámenes.

De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, en materia de diagnóstico oportuno de displasia en cadera.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION V, RECORRIENDOSE DICHA FRACCION VIGENTE, PARA PASAR A SER LA FRACCION VI DEL ARTICULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD; ASI COMO LA FRACCION III BIS DEL ARTICULO 64 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EN MATERIA DE DIAGNOSTICO OPORTUNO DE DISPLASIA EN CADERA

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, en materia de Displasia de Cadera.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 20 de Marzo de 2013, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativaque contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, en materia de Displasia de Cadera.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Legislador proponente pretende establecer en las disposiciones que regulan la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, del diagnóstico oportuno de la displasia en el desarrollo de la cadera, a través del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así como la toma de un ultrasonido de cadera, o bien, una radiografía anteroposterior de pelvis, entre el primer y cuarto mes de vida, con lo cual se puede identificar dicho padecimiento.

Además dispone que en la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán las acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de cadera, durante el crecimiento y desarrollo de los menores de cinco años.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. Sabemos que en la salud pública, la atenciónmaterno-infantil es de suma importancia, toda vez que la prevención y atención médica temprana durante la infancia es parte medular para mejorar la calidad de vida en un futuro de todas las personas, así como es beneficio directo para el desarrollo del sistema en salud de nuestro país.

No es ajeno a ello la detección oportuna y tratamiento temprano de lo que la ciencia médica, ha denominado como “Displasia en el desarrollo de la Cadera”.

Esta enfermedad conocida anteriormente como luxación congénita de la cadera, comprende anormalidades anatómicas que afectan la articulación coxofemoral de los infantes, incluyendo el borde anormal del acetábulo (displasia) y mala posición de la cabeza femoral, causando desde subluxación hasta una luxación, y que afecta el desarrollo de la cadera durante los períodos embriológicos, fetal o infantil.

C. Se ha encontrado que los factores de riesgo de esta enfermedad, son la historia o antecedente familiar que incrementa el riesgo de padecerla en un 10 a 25%; es de tres a ocho veces más frecuente en las mujeres que en los hombres; además,cuando existe presentación pélvica al nacimiento y en los casos en los que existe una fuerte asociación con otras anormalidades músculo-esqueléticas como el pie equino varo aducto congénito), tortícolis congénita, metatarso aducto y calcáneo valgo, así como cuando se presenta el hábito de envolver al recién nacido de manera apretada con las extremidades inferiores en extensión y aducción (juntas).

D. En nuestro país se estima que hasta el 2% de la población puede llegar a tener este padecimiento diagnosticándose como luxación congénita de cadera. La cadera luxada, que es su forma más grave, tiene una prevalencia promedio de 1.5 por cada 1000 recién nacidos y es mayor su incidencia en niñas. Por cada niño existen de 5 a 7 niñas con cadera luxada.

Aproximadamente cuatro de cada 1000 nacimientos en México, presenta alteraciones en la cadera, lo que se traduce en 480,000 mexicanos con este padecimiento, considerando el último censo nacional del INEGI.

E. Cabe señalar que en el período de 2013 a 2023, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población, CONAPO, se espera que nazcan 24 millones 194 mil 350 niñas y niños de los cuales, conforme al histórico estadístico; al menos 96,777 presentarán este grave padecimiento, con pocas posibilidades de diagnosticarse y atenderse a tiempo, y sobre todo en zonas rurales y de alta marginación en donde las condiciones precarias de los padres impiden el acceso fácil a un ultrasonido o radiografía para reconocer este padecimiento y evitar sus secuelas, la artrosis y la destrucción de la articulación.

F. Hoy en día, se ha reconocido que las personas con secuelas de la Displasia en el Desarrollo de la Cadera, constituyen un grupo vulnerable, toda vez que padecen diferentes formas de discriminación en varios ámbitos de la vida cotidiana.

G. El ultrasonido representa un estudio médico, que actualmente es relevante para la detección oportuna del problema de displasia de cadera en las primeras semanas de vida.

Sin embargo, sabemos que en nuestro sistema hospitalario no puede al 100 por ciento realizar este tipo de estudios por ello es que para la detección de la displasia se recomiende la radiografía, considerando que tiene ciertas características que la convierten en una alternativa adecuada.

H. Cabe referir, que países como Chile toman este estudio como parte de su Guía de Medicina Preventiva y practican el tamizaje radiológico a los tres meses de edad.

I. Con esta reforma la detección oportuna y atención temprana de la displasia de cadera, será un paso más en el tema de prevención en la salud materno-infantil. Considerado como parte fundamental, dentro del marco legal como estrategia de mayor atención y cuidado de la salud y en beneficio del desarrollo de la niñez con la finalidad de constituirse en política pública de los servicios de salud de atención materno-infantil.

Es por ello que estas comisiones dictaminadoras coinciden en la iniciativa con el objetivo de darle prioridad a la salud de la niñez.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V, recorriéndose dicha fracción vigente, para pasar a ser la fracción VI del artículo 61 de la Ley General de Salud; así como la fracción III Bis del artículo 64 del mismo ordenamiento, para quedar como sigue:

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno–infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera;

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual;

III. La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro;

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados;

V. El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el desarrollo de la cadera, a través del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así como la toma de ultrasonido de cadera o radiografía anteroposterior de pelvis, entre el primer y cuarto mes de vida, y

VI. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar.

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I. Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los usuarios;

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento para la lactancia materna, promoviendo que la leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil;

II Bis. Acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales;

III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años;

III Bis. Acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de cadera, durante el crecimiento y desarrollo de los menores de 5 años, y

IV. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del Apartado A del artículo 123 constitucional, para elevar de 14 a 15 años la edad para trabajar a los menores de edad.




 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION III DEL APARTADO A DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ELEVAR DE 14 A 15 AÑOS LA EDAD PARA TRABAJAR A LOS MENORES DE EDAD

(Dictamen de primera lectura)







 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XI, XII Y XIII AL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, PARA MODIFICAR LA INTEGRACION DEL CONSEJO NACIONAL

(Dictamen de primera lectura)







 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, PARA REFORMAR EL REGISTRO UNICO DE GARANTIAS MOBILIARIAS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO
Y FOMENTO INDUSTRIAL, DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta con proyecto de decreto, por el que se REFORMAN, ADICIONAN y DEROGAN diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, 226 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. El 11 de octubre de 2012, el Diputado José Arturo Salinas Garza integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se REFORMA, ADICIONA Y DEROGA diversas disposiciones del Código de Comercio; y de las Leyes General de Sociedades Mercantiles, de Sociedades de Inversión, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal de Derechos, y Orgánica de la Administración Pública Federal.

2. El 16 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida Iniciativa a las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El 06 de marzo de 2013, en sesión de trabajo de las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, se aprobó el Dictamen que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El dictamen referido fue aprobado de acuerdo a la siguiente votación:

En la Comisión de Economía fue aprobado con 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de 30 miembros que conforman la Comisión.

En la Comisión de Hacienda y Crédito Público fue aprobado con 36 votos a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones de 41 miembros que conforman la Comisión.

4. El 20 de marzo de 2013 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado el referido dictamen con 446 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida.

5. El 21 de abril de 2013,la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

III.- Contenido de la Minuta

La Minuta en análisis tiene por objeto, la modificación de 6 ordenamientos jurídicos vigentes:

A. Código de Comercio

En materia de Modernización:

-Propone el establecimiento de un “Programa Informático” que operará la Secretaría de Economía para centralizar la información en el Registro Público de Comercio, en el cual los usuarios podrán realizar consultas en línea sin necesidad de presentarse en las oficinas locales del Registro.

La propuesta de implementación de un programa informático que centraliza la información proporcionada por las oficinas estatales, servirá para reducir costos para los usuarios, toda vez que, las consultas podrán realizarse en línea en este registro federal sin necesidad de presentarse personalmente en las oficinas locales del registro.

-Propone el establecimiento de un “Sistema Electrónico” gratuito, que será administrado por la Secretaría de Economía, para que las sociedades mercantiles publiquen sus convocatorias, circulares, reglamentos etc., por este medio magnético, eliminándose el formato por medios impresos, lo que traerá una reducción de costos a las empresas.

De acuerdo con una estimación realizada por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), la utilización de estos medios electrónicos por parte de las empresas, tendrían un ahorro del orden de los $5 mil millones de pesos.

En materia de Seguridad Jurídica:

-Propone una clasificación para las garantías mobiliarias: Prenda y la Hipoteca industrial para asentar reglas sencillas para su gestión, prelación de acreedores y en los procesos de ejecución.

-Propone la inscripción de las figuras jurídicas del arrendamiento financiero, del factoraje financiero, de las cláusulas rescisoria y de reserva de dominio en compraventas mercantiles, del fideicomiso de garantía, y de las resoluciones judiciales o administrativas, en un “Registro Unico de Garantías” para evitar algún tipo de gravamen oculto.

-Propone la inclusión de los “productos y materias primas agrícolas” para efectos de la figura jurídica del “Embargo de bienes”. En el caso de bienes muebles se regirá a través del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio.

B. Ley General de Sociedades Mercantiles

En materia de Seguridad Jurídica:

-Incorpora la figura del “Corredor público” como fedatario público, para efectos de dar fe pública.

-Establece el término de “Confidencialidad” como una obligación para los administradores que manejen la información de la sociedad, cuando esta no sea de carácter pública, excepto en los casos en que la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas.

En materia de Administración:

-Delimita los alcances de la función de “vigilancia” ejercida por la figura jurídica del Comisario, precisando que esta abarcará en la “gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad”.

-Propone la reducción de los porcentajes del capital social del 33% a 25% que representen los accionistas en los casos siguientes:

a) Para ejercer una acción civil en contra de los administradores.

b) Para aplazar por tres días y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados.

c) Para oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales.

De esta manera, se atiende al principio de flexibilización para que los grupos minoritarios de las sociedades tengan mayor participación en la toma de decisiones de la empresa.

C. Ley de Sociedades de Inversión

En materia de Simplificación Administrativa:

-Elimina la disposición que preveía la excepción de que: “Las sociedades de inversión y las sociedades operadoras de sociedades de inversión”, no estaban obligadas a la publicación de los estados financieros en el Diario Oficial de la Federación.

D. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

En materia de Seguridad Jurídica:

-Establece la posibilidad de que el acreedor tramite por cuenta del deudor, la importación definitiva de los bienes, en el caso de que la totalidad o parte de estos bienes, sean objeto de la garantía para proceder a la venta de los mismos.

-Establece que el fideicomiso cuyo objeto recaiga en bienes muebles surtirá efectos contra tercero desde la fecha de su inscripción en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio.

E. Ley Federal de Derechos

En materia de Simplificación Administrativa:

-Se elimina el cobro de derechos derivada de la presentación extemporánea de los siguientes avisos:

a) De uso del permiso para la constitución de sociedades o asociaciones y de cambio de denominación o razón social: $1,581.24 pesos.

b) De liquidación, fusión o escisión de sociedades: $1,581.24 pesos.

c) De modificación de la cláusula de exclusión por la de admisión de extranjeros $1,581.24 pesos.

d) De aviso de adquisición de bienes inmuebles por sociedades mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros en zona restringida, destinados a fines no residenciales $6,133.34 pesos.

F. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

En materia de Eficiencia:

-Faculta a la Secretaría de Economía para determinar y operar el “Sistema electrónico” en el que deberán realizarse las publicaciones que establezcan las leyes mercantiles.

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, consideran que las reformas aprobadas por la colegisladora son avances sustanciales en materia mercantil, pues sin duda, esta miscelánea en materia de comercio, representa una oportunidad para mejorar las funciones legales, administrativas, e institucionales y la modernización de normas jurídicas que regulan a la empresa, enfocadas a la micro, pequeñas y medianas empresas para hacer de su operación de manera más eficiente, eficaz y a un bajo costo.

Segunda.- Que el artículo 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el Congreso tiene facultad para “Legislar en toda la República sobre comercio”.

Por lo que estas dictaminadoras consideran que desde el punto de vista jurídico, la Minuta referida se encuentra en el ámbito competencial de las atribuciones constitucionales conferidas al Congreso de la Unión.

Tercera.- Las que dictaminan, estiman que la eficacia de una reforma depende en gran medida de la operatividad para ponerla en funcionamiento, que en la mayoría de los casos, representa cargas económicas para el Estado la creación de nuevas instancias o normas.

En el caso que nos ocupa, al eliminar el requisito para que las empresas publiquen sus convocatorias, circulares, reglamentos etc., por medios impresos, traerá una reducción de costos a las empresas.

Por lo que esta reforma no presenta un impacto presupuestal para las arcas de la Nación, por el contrario, pretende generar ahorros para las empresas por el orden de los $5 mil millones de pesos, que servirán para generar más empleos y para fortalecer sus actividades comerciales.

Cuarta.- Estas dictaminadoras coinciden con la colegisladora en darle un nuevo concepto al Registro Público de Comercio para hacerlo un registro federal digital con una sola base de datos que pueda tener fácil acceso a cualquiera que lo consulte.

Actualmente existen 269 oficinas de las cuales, 60 no operan en un registro único, por lo que es necesaria su modernización.

Quinta.- Al eliminar costos y cargas económicas fortalece el sistema de garantías mobiliarias que hacen que haya una mayor productividad y competitividad para las MyPyMES.

Con la aprobación de esta reforma daremos un paso adelante en el fomento responsable a la industria del financiamiento de las figuras crediticias en nuestro país.

Sexta.- Estas dictaminadoras, están convencidas, que para dar un nuevo rumbo a la regulación de las actividades mercantiles, es necesario mejorar las condiciones de productividad y competitividad de los sectores productivos en México, por lo que esta reforma abona a la modernización y la simplificación administrativa en aras de mejorar las actividades productivas del país.

Las que dictaminan estamos plenamente convencidas que la reforma a estos seis ordenamientos están vinculados a actividades mercantiles por lo que, es prioritario modernizar y otorgarle mayor competitividad para la inversión y la generación de empleos.

Séptima.- En el ámbito internacional, las que dictaminan estiman que esta reforma se apega a las mejores prácticas internacionales, principalmente, a los intereses de la micro, pequeña y mediana empresa que realizan actos de comercio.

Octava.- Los integrantes de estas dictaminadoras, reconocen el esfuerzo iniciado hace más de cuatro años y de la que hoy se genera un producto de calidad.

Asimismo, resaltamos la voluntad de los Grupos Parlamentarios en ambas Cámaras Legislativas, de las asociaciones y la Secretaría de Economía para generar mejores condiciones y modernización de las empresas, sobre todo de las PYMES que hoy representan cerca del 80% del empleo que genera el país.

V. Modificaciones a la Minuta

El pasado 25 de abril de 2013, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial recibió del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal observaciones a la Minuta referida.

No obstante, el pasado 10 de marzo del año en curso, las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, enviaron a esta Comisión dictaminadora observaciones al proyecto de dictamen.

Por lo que estas dictaminadoras estiman pertinente atender y analizar las observaciones realizadas por las autoridades citadas con la finalidad de otorgar mayor certidumbre jurídicaa esta reforma que es de la mayor relevancia.

A. Código de Comercio

1) Registro Público de Comercio.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó observaciones, en razón a la aprobación de Reforma Financiera, toda vez que repercuten algunos temas en la Miscelánea Mercantil.

Texto Vigente

Texto Minuta

Cámara de Diputados

Observaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Texto del Dictamen

Artículo 20.- El Registro Público de Comercio operará con un programa informático y con una base de datos central interconectada con las bases de datos de sus oficinas ubicadas en las entidades federativas. Las bases de datos contarán con al menos un respaldo electrónico.

Mediante el programa informático se realizará la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la información registral.

Las bases de datos del Registro Público de Comercio en las entidades federativas se integrarán con el conjunto de la información incorporada por medio del programa informático de cada inscripción o anotación de los actos mercantiles inscribibles, y la base de datos central con la información que los responsables del Registro incorporen en las bases de datos ubicadas en las entidades federativas.

El programa informático será establecido por la Secretaría. Dicho programa y las bases de datos del Registro Público de Comercio, serán propiedad del Gobierno Federal.

En caso de existir discrepancia o presunción de alteración de la información del Registro Público de Comercio contenida en la base de datos de alguna entidad federativa, o sobre cualquier otro respaldo que hubiere, prevalecerá la información registrada en la base de datos central, salvo prueba en contrario.

La Secretaría establecerá los formatos, que serán de libre reproducción, así como los datos, requisitos y demás información necesaria para llevar a cabo las inscripciones, anotaciones y avisos a que se refiere el presente Capítulo. Lo anterior deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 20.- El Registro Público de Comercio operará con un programa informático mediante el cual se realizará la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la información registral.

Se elimina

Se elimina

El programa informático será establecido por la Secretaría. Dicho programa y las bases de datos del Registro Público de Comercio, serán propiedad del Gobierno Federal.

Se elimina

La Secretaría establecerá los formatos, que serán de libre reproducción, así como los datos, requisitos y demás información necesaria para llevar a cabo los asientos a que se refiere el presente capítulo, previo pago de los derechos establecidos por las entidades federativas. Lo anterior deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 20.- El Registro Público de Comercio operará con un programa informático mediante el cual se realizará la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la información registral.

Se elimina

Se elimina

El programa informático será establecido por la Secretaría. Dicho programa y las bases de datos del Registro Público de Comercio, serán propiedad del Gobierno Federal.

Se elimina

La Secretaría establecerá los formatos, que serán de libre reproducción, así como los datos, requisitos y demás información necesaria para llevar a cabo los asientos a que se refiere el presente capítulo, previo pago de los derechos establecidos por las entidades federativas. Lo anterior deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 20.- El Registro Público de Comercio operará con un programa informático mediante el cual se realizará la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la información registral.

Se elimina

Se elimina

El programa informático será establecido por la Secretaría. Dicho programa y las bases de datos del Registro Público de Comercio, serán propiedad del Gobierno Federal.

Se elimina

La Secretaría establecerá los formatos, que serán de libre reproducción, así como los datos, requisitos y demás información necesaria para llevar a cabo los asientos a que se refiere el presente capítulo, previo pago de los derechos establecidos por las entidades federativas. Lo anterior deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

2) Embargo de Bienes.

Se RECHAZAN las modificaciones al artículo 1395 (Adición a una fracción I) <<Embargo productos y materias primas agrícolas>>

Texto Vigente

Texto Minuta

Cámara de Diputados

Observaciones del

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

Observaciones de la Secretaría de Economía

Texto del Dictamen

TITULO TERCERO

De los Juicios Ejecutivos

Artículo 1395.- En el embargo de bienes se seguirá este orden:

I. Las mercancías;

II. Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del acreedor;

III. Los demás muebles del deudor;

IV. Los inmuebles;

V. Las demás acciones y derechos que tenga el demandado.

Cualquiera dificultad suscitada en el orden que deba seguirse, no impedirá el embargo. El ejecutor la allanará, prefiriendo lo que prudentemente crea más realizable, a reserva de lo que determine el juez.

Tratándose de embargo de inmuebles, a petición de la parte actora, el juez requerirá que la demandada exhiba el o los contratos celebrados con anterioridad que impliquen la transmisión del uso o de la posesión de los mismos a terceros. Sólo se aceptarán contratos que cumplan con todos los requisitos legales y administrativos aplicables.

Una vez trabado el embargo, el ejecutado no puede alterar en forma alguna el bien embargado, ni celebrar contratos que impliquen el uso del mismo, sin previa autorización del juez, quien al decidir deberá recabar la opinión del ejecutante. Registrado que sea el embargo, toda transmisión de derechos respecto de los bienes sobre los que se haya trabado no altera de manera alguna la situación jurídica de los mismos en relación con el derecho que, en su caso, corresponda al embargante de obtener el pago de su crédito con el producto del remate de esos bienes, derecho que se surtirá en contra de tercero con la misma amplitud y en los mismos términos que se surtiría en contra del embargado, si no hubiese operado la transmisión.

Cometerá el delito de desobediencia el ejecutado que transmita el uso del bien embargado sin previa autorización judicial.

Artículo 1395.- En el embargo de bienes se seguirá este orden:

I. Los productos y materias primas agrícolas;

II. Las mercancías;

III. Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del acreedor;

IV. Los demás muebles del deudor;

V. Los inmuebles;

VI. Las demás acciones y derechos que tenga el demandado.

...

Tratándose de embargo de bienes muebles, el mismo deberá realizarse en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio.

...

En cuanto a la propuesta de reforma, relativa al embargo de los “productos” a que refiere la fracción I, se considera que éstos, por su naturaleza, ya se encuentran incluidos en el concepto de “mercancías”.

Por lo que hace a las “materias primas”, tanto el Código Federal de Procedimientos Civiles, así como los Códigos locales, de aplicación supletoria, excluyen el embargo a los instrumentos propios para el cultivo agrícola, como se desprende del artículo 434 del Código Federal y en el artículo 544, fracción IV del Código local; pues de permitirse se podría detener la producción de la empresa, en perjuicio tanto del acreedor como del deudor.

Artículo 1395.- En el embargo de bienes se seguirá este orden:

I. Las mercancías;

II. Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del acreedor;

III. Los demás muebles del deudor;

IV. Los inmuebles;

V. Las demás acciones y derechos que tenga el demandado.

….

Artículo 1395.- En el embargo de bienes se seguirá este orden:

I. Las mercancías, así como los bienes a que se refieren los artículos 322 y 324 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;

II. Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del acreedor;

III. Los demás muebles del deudor;

IV. Los inmuebles;

V. Las demás acciones y derechos que tenga el demandado.

Tratándose de embargo de bienes muebles, el mismo deberá realizarse en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio.

Es adecuada la observación del TSJDF, toda vez que podría haber un conflicto de Leyes en cuanto que existen CódigoszLocales que excluyen del “embargo” a los instrumentos propios para el cultivo agrícola.

Por lo que, atendiendo a las observaciones de las autoridades citadas, se modifica la redacción quedando la siguiente manera:

Artículo 1395.- En el embargo de bienes se seguirá este orden:

I. a la V. …

Tratándose de embargo de bienes muebles, el mismo deberá realizarse en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio.

B. Ley General de Sociedades Mercantiles

Se RECHAZAN las modificaciones al artículo 212 (Adición a un párrafo segundo)<< Publicación anual del balance de las “Sociedades Cooperativas”>>

Texto Vigente

Texto Minuta

Cámara de Diputados

Observaciones del

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

Texto Dictamen

CAPITULO VII

De la sociedad cooperativa

Artículo 212.- Las sociedades cooperativas se regirán por su legislación especial.

Artículo 212.- ...

Las sociedades que emitan obligaciones deberán publicar anualmente su balance, certificado por Contador Público. La publicación se hará en el sistema electrónico establecido por la Secretaría.

En cuanto al contenido del segundo párrafo, se estima fuera de lugar, ya que el artículo habla de sociedades cooperativas en particular y remite a la legislación especial que las rige; mientras que la propuesta de reforma habla de sociedades en general, que emitan obligaciones. Por lo que es incongruente.

No se acepta la Adición, por lo que se mantiene en términos del texto vigente.

Es oportuna la observación del TSJDF, toda vez que la propuesta plantea regular cuestiones que específicamente tendrían que estar previstas en la “Ley General de Sociedades Cooperativas” como acertadamente lo establece el artículo 212 al remitir a la legislación especial.

C. Ley de Fondos de Inversión

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó observaciones, en razón a la aprobación de Reforma Financiera, toda vez que repercuten algunos temas en la Miscelánea Mercantil.

Texto Abrogado

Ley de Sociedades de Inversión

Texto

Minuta

Cámara de Diputados

Texto Vigente

Ley de Fondos de Inversión

Observaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Texto del Dictamen

ARTICULO 79. Las sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, deberán publicar en medios impresos o electrónicos de amplia circulación o divulgación, los estados financieros trimestrales y anuales, formulados de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de esta Ley. Tales publicaciones serán bajo la estricta responsabilidad de los administradores y comisarios de las sociedades que hayan aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos contenidos en dichos estados financieros. Ellos deberán cuidar que éstos revelen efectivamente la verdadera situación financiera de las sociedades y quedarán sujetos

a las sanciones correspondientes en el caso de que las publicaciones no se ajusten a esta situación. Se exceptúa a las sociedades de inversión y a las sociedades operadoras de sociedades de inversión, de lo establecido en el artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por lo que corresponde a la publicación de los estados financieros en el Diario Oficial de la Federación.

Las sociedades de inversión de capitales sólo estarán obligadas a publicar el estado financiero anual ajustándose a lo previsto en el párrafo anterior y a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión. Tratándose de sociedades de inversión de capitales cuyas acciones coticen en bolsas de valores, deberán publicar los estados financieros trimestrales y anuales, conforme a lo señalado en este artículo, así como ajustarse a las disposiciones aplicables a las sociedades emisoras de valores de conformidad con la Ley del Mercado de Valores.

La Comisión podrá ordenar correcciones a los estados financieros que, a su juicio, fueren fundamentales, así como acordar que se publiquen con las modificaciones pertinentes.

Artículo 79. Las sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, deberán publicar en medios impresos o electrónicos de amplia circulación o divulgación, los estados financieros trimestrales y anuales, formulados de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de esta Ley. Tales publicaciones serán bajo la estricta responsabilidad de los administradores y comisarios de las sociedades que hayan aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos contenidos en dichos estados financieros. Ellos deberán cuidar que estos revelen efectivamente la verdadera situación financiera de las sociedades y quedarán sujetos a las sanciones correspondientes en el caso de que las publicaciones no se ajusten a esta situación. Se exceptúa a las sociedades de inversión y a las sociedades operadoras de sociedades de inversión, de lo establecido en el artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

...

...

Artículo 79.- Las sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de

acciones de fondos de inversión y sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, deberán

publicar en medios impresos o electrónicos de amplia circulación o divulgación, los estados financieros

formulados de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de esta Ley. Tales publicaciones serán bajo la

estricta responsabilidad de los administradores, comisarios y auditores de las sociedades que hayan

aprobado o dictaminado, según corresponda, la autenticidad de los datos contenidos en dichos estados

financieros. Dichas personas deberán cuidar que los estados financieros revelen la verdadera situación

financiera de las sociedades y quedarán sujetos a las sanciones correspondientes en el caso de que las

publicaciones no se ajusten a esta situación. Se exceptúa a las sociedades operadoras de fondos de

inversión, a las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y a las sociedades

valuadoras de acciones de fondos de inversión, de lo establecido en el artículo 177 de la Ley General de

Sociedades Mercantiles por lo que corresponde a la publicación de los estados financieros en el Diario

Oficial de la Federación.

Artículo 79.- Las sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, deberán publicar en medios impresos o electrónicos de amplia circulación o divulgación, los estados financieros formulados de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de esta Ley. Tales publicaciones serán bajo la estricta responsabilidad de los administradores, comisarios y auditores de las sociedades que hayan

aprobado o dictaminado, según corresponda, la autenticidad de los datos contenidos en dichos estados financieros. Dichas personas deberán cuidar que los estados financieros revelen la verdadera situación financiera de las sociedades y quedarán sujetos a las sanciones correspondientes en el caso de que las publicaciones no se ajusten a esta situación. Se exceptúa a las sociedades operadoras de fondos de inversión, a las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y a las sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, de lo establecido en el artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantilespor lo que corresponde a la publicación de los estados financieros en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 79.- Las sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, deberán publicar en medios impresos o electrónicos de amplia circulación o divulgación, los estados financieros formulados de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de esta Ley. Tales publicaciones serán bajo la estricta responsabilidad de los administradores, comisarios y auditores de las sociedades que hayan

aprobado o dictaminado, según corresponda, la autenticidad de los datos contenidos en dichos estados financieros. Dichas personas deberán cuidar que los estados financieros revelen la verdadera situación financiera de las sociedades y quedarán sujetos a las sanciones correspondientes en el caso de que las publicaciones no se ajusten a esta situación. Se exceptúa a las sociedades operadoras de fondos de inversión, a las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y a las sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, de lo establecido en el artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

D. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

1) Mala fe en la adquisición de los bienes muebles del deudor.

Se MODIFICA el artículo 373 (Reforma) <<Mala fe en la adquisición de los bienes muebles del deudor>>

Texto Vigente

Texto Minuta

Cámara de Diputados

Observaciones del

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

Texto Dictamen

CAPITULO IV

De los créditos

Sección Séptima

De la prenda sin transmisión de posesión

Artículo 373.- Se entenderá por adquirente de mala fe, para efectos de lo dispuesto en el artículo 356, a toda persona que, sabedora de la existencia de la garantía, adquiera los bienes muebles objeto de la misma sin consentimiento del acreedor.

Artículo 373.-Se entenderá por adquirente de mala fe, para efectos de lo dispuesto en el artículo 356 y 398, a toda persona que adquiera, sin consentimiento del acreedor, bienes muebles del deudor, sabedora por cualquier medio, incluyendo el Registro Unico de Garantías Mobiliarias, de

I. La existencia de la garantía sobre dichos bienes; y

II. Que la enajenación de dichos bienes se encuentra fuera del curso normal de la actividad preponderante del deudor.

Las enajenaciones realizadas sin contar con el consentimiento a que se refiere este artículo no harán que cesen los efectos de la garantía y el acreedor conservará el derecho de persecución sobre los bienes respectivos con relación a los adquirentes; sin perjuicio de que el acreedor exija al deudor el pago de los daños y perjuicios que dicha enajenación le cause.

Se sugiere mejorar la redacción del primer párrafo en la forma siguiente:

“Se entenderá por adquirente de mala fe, para efectos de lo dispuesto en los artículos 356 y 398, a toda persona que adquiera, sin consentimiento del acreedor, bienes muebles del deudor, sabedora por cualquier medio, incluyendo El Registro Unico de Garantías Mobiliarias, de lo siguiente:”

La Secretaría de Economía, estima que debe prevalecer el texto aprobado por la Cámara de Diputados, agregándole los dos puntos al final de la última palabra “de”, para subsanar el error de la Minuta.

Artículo 373.-Se entenderá por adquirente de mala fe, para efectos de lo dispuesto en el artículo 356 y 398, a toda persona que adquiera, sin consentimiento del acreedor, bienes muebles del deudor, sabedora por cualquier medio, incluyendo el Registro Unico de Garantías Mobiliarias, de:

I. La existencia de la garantía sobre dichos bienes; y

II. Que la enajenación de dichos bienes se encuentra fuera del curso normal de la actividad preponderante del deudor.

Las enajenaciones realizadas sin contar con el consentimiento a que se refiere este artículo no harán que cesen los efectos de la garantía y el acreedor conservará el derecho de persecución sobre los bienes respectivos con relación a los adquirentes; sin perjuicio de que el acreedor exija al deudor el pago de los daños y perjuicios que dicha enajenación le cause.

2) Requisitos Fideicomisarios.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó observaciones, en razón a la aprobación de Reforma Financiera, toda vez que repercuten algunos temas en la Miscelánea Mercantil.

Texto Vigente

Texto Minuta

Cámara de Diputados

Observaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Texto del Dictamen

Sección Primera

Del fideicomiso

Artículo 382.- Pueden ser fideicomisarios las personas que tengan la capacidad necesaria para recibir el provecho que el fideicomiso implica.

El fideicomisario podrá ser designado por el fideicomitente en el acto constitutivo del fideicomiso o en un acto posterior.

El fideicomiso será válido aunque se constituya sin señalar fideicomisario, siempre que su fin sea lícito y determinado, y conste la aceptación del encargo por parte del fiduciario.

Cuarto párrafo.- Se deroga

Las instituciones mencionadas en el artículo 385 de esta Ley podrán reunir la calidad de fiduciarias y fideicomisarias únicamente tratándose de fideicomisos que tengan por fin servir como instrumentos de pago a su favor. En este supuesto, las partes deberán convenir los términos y condiciones para dirimir posibles conflictos de intereses, para lo cual podrán nombrar a un ejecutor o instructor, que podrá ser una institución fiduciaria o cualquier tercero, a fin de que determine el cumplimiento o incumplimiento del contrato para el solo efecto de iniciar el procedimiento de ejecución y para que cumpla los fines del fideicomiso en lo que respecta a la aplicación de los bienes afectos al fideicomiso como fuente de pago de obligaciones derivadas de créditos otorgados por la propia institución.

Artículo 382.-…

….

….

….

La institución fiduciaria podrá ser fideicomisaria en los fideicomisos que tengan por fin servir como instrumentos de pago de obligaciones derivadas de créditos otorgados por la propia institución. En este supuesto, las partes podrán convenir los términos y condiciones para dirimir posibles conflictos de intereses, para lo cual podrán nombrar a un ejecutor o instructor, que podrá ser una institución fiduciaria o cualquier tercero, a fin de que determine el cumplimiento o incumplimiento del contrato para el sólo efecto de iniciar el procedimiento de ejecución y para que cumpla los fines del fideicomiso en lo que respecta a la aplicación de los bienes afectos al fideicomiso como fuente de pago de obligaciones derivadas de créditos otorgados por la propia institución.

En todo caso, el ejecutor o instructor ejercitará sus funciones en nombre y representación del fiduciario, pero sin sujetarse a sus instrucciones, obrando en todo momento de conformidad con lo pactado en el contrato y la legislación aplicable y actuando con independencia e imparcialidad respecto de los intereses del fideicomitente y fideicomisario.

Para efectos del párrafo anterior, se presume independencia e imparcialidad en el cumplimiento del contrato, cuando los títulos representativos del capital social, así como las compras e ingresos del último ejercicio fiscal o del que esté en curso del ejecutor o instructor, no estén vinculados con alguna de las partes del fideicomiso en más de un diez por ciento.

Artículo 382.- …

….

….

….

La institución fiduciaria podrá ser fideicomisaria en los fideicomisos que tengan por fin servir como instrumentos de pago de obligaciones incumplidas, en el caso de créditos otorgados por la propia institución para la realización de actividades empresariales. En este supuesto, las partes podrán convenir los términos y condiciones para derimir posibles conflictos de intereses, para lo cual podrán nombrar a un ejecutor o instructor, que podrá ser una institución fiduciaria o cualquier tercero, a fin de que determine el cumplimiento o incumplimiento del contrato para el sólo efecto de iniciar el procedimiento de ejecución y para que cumpla los fines del fideicomiso en lo que respecta a la aplicación de los bienes afectos al fideicomiso como fuente de pago de obligaciones derivadas de créditos otorgados por la propia institución.

En todo caso, el ejecutor o instructor ejercitará sus funciones en nombre y representación del fiduciario, pero sin sujetarse a sus instrucciones, obrando en todo momento de conformidad con lo pactado en el contrato y la legislación aplicable y actuando con independencia e imparcialidad respecto de los intereses del fideicomitente y fideicomisario.

Para efectos del párrafo anterior, se presume independencia e imparcialidad en el cumplimiento del contrato, cuando los títulos representativos del capital social, así como las compras e ingresos del último ejercicio fiscal o del que esté en curso del ejecutor o instructor, no estén vinculados con alguna de las partes del fideicomiso en más de un diez por ciento.

Artículo 382.- …

….

….

….

… (Texto Vigente)

En todo caso, el ejecutor o instructor ejercitará sus funciones en nombre y representación del fiduciario, pero sin sujetarse a sus instrucciones, obrando en todo momento de conformidad con lo pactado en el contrato y la legislación aplicable y actuando con independencia e imparcialidad respecto de los intereses del fideicomitente y fideicomisario.

Para efectos del párrafo anterior, se presume independencia e imparcialidad en el cumplimiento del contrato, cuando los títulos representativos del capital social, así como las compras e ingresos del último ejercicio fiscal o del que esté en curso del ejecutor o instructor, no estén vinculados con alguna de las partes del fideicomiso en más de un diez por ciento.

VI. Resolutivo

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, aprueban con observaciones la Minuta referida y someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Artículo Primero. Se reforman los artículos 20; 21, fracción XX; 22; 27; 29; 32 bis 1; 32 bis 2; 32 bis 4, párrafos segundo y séptimo; 32 bis 6; 390; 600, fracción I; 1061 bis, 1395 párrafo tercero;1414 bis, párrafo segundo; se adicionan los artículos 32 bis 4, con los párrafos tercero, octavo y noveno, recorriéndose los actuales párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo a ser cuarto, quinto, sexto, séptimo, decimo y onceavo párrafos; 50 bis; 1061 bis; 1414 bis con un último párrafo; y se derogan los artículos 16, fracción I; 17;32 bis 4, fracción IV, todos del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 16.- …

I.-(Se deroga).

II. a IV.- ...

Artículo 17.- (Se deroga).

Artículo 20.- El Registro Público de Comercio operará con un programa informático mediante el cual se realizará la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la información registral.

El programa informático será establecido por la Secretaría. Dicho programa y las bases de datos del Registro Público de Comercio, serán propiedad del Gobierno Federal.

La Secretaría establecerá los formatos, que serán de libre reproducción, así como los datos, requisitos y demás información necesaria para llevar a cabo los asientos a que se refiere el presente capítulo, previo pago de los derechos establecidos por las entidades federativas. Lo anterior deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 21.- Existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad, en el que se anotarán:

I.- a XIX.- …

XX.- Las garantías mobiliarias que hubiere otorgado, así como cualesquiera otros actos jurídicos por los que constituya un privilegio especial o derecho de retención sobre bienes muebles a favor de terceros, en los términos de lo dispuesto por los artículos 32 bis 1 a 32 bis 9 del presente Capítulo, información que deberá residir en la base de datos nacional a que se refiere la Sección Unica del presente Capítulo, de conformidad con las reglas de matriculación establecidas en el Reglamento del Registro Público de Comercio.

Artículo 22.- Cuando, conforme a la ley, algún acto o contrato deba inscribirse en el Registro Público de la Propiedad o en registros especiales para surtir efectos contra terceros, su inscripción en dichos registros será bastante.

Las dependencias y organismos responsables de los registros especiales deberán coordinarse con la Secretaría de Economía para que las garantías mobiliarias y gravámenes sobre bienes muebles que hayan sido inscritos en dichos registros especiales puedan también ser consultados a través del Registro Unico de Garantías Mobiliarias, en los términos que establezca el Reglamento del Registro Público de Comercio.

Artículo 27.- Los actos que deban inscribirse de acuerdo con las normas que los regulan, y que no se registren sólo producirán efectos jurídicos entre los que lo celebren.

Artículo 29.-Los actos que deban inscribirse conforme a las normas que los regulan producirán efectos jurídicos contra terceros desde la fecha y hora de su inscripción, sin que puedan afectar su prelación otros actos que también deban inscribirse, ya sean anteriores o posteriores no registrados.

Artículo 32 bis 1.- Las garantías mobiliarias que se constituyan con apego a éste u otros ordenamientos jurídicos del orden mercantil, su modificación, transmisión o cancelación, así como cualquier acto jurídico que se realice con o respecto de ellas y, en general, cualquier gravamen o afectación sobre bienes muebles que sirva como garantía de manera directa o indirecta, deberán inscribirse en los términos de esta Sección para que surtan efectos jurídicos contra terceros, salvo que de acuerdo a las leyes que los regulan, los mismos deban inscribirse en algún registro especial.

A. En las garantías mobiliarias quedan comprendidos, sin perjuicio de aquéllos que por su naturaleza mantengan ese carácter, los siguientes:

I.- La prenda sin transmisión de posesión;

II.- La prenda ordinaria mercantil cuando el acreedor prendario no mantenga la posesión sobre los bienes;

III.- La prenda en los créditos refaccionarios o de habilitación o avío;

IV.- La hipoteca industrial por lo que hace a los bienes muebles sobre los que recae;

B. Los siguientes actos deberán inscribirse en esta Sección:

I.- Los actos jurídicos mercantiles por medio de los cuales se constituya, modifique, transmita o cancele un privilegio especial o derecho de retención sobre bienes muebles en favor de terceros en los que el acreedor no mantenga la posesión sobre los bienes muebles;

II.- El arrendamiento financiero, por lo que hace a los bienes muebles sobre los que recae;

III.- El factoraje financiero;

IV.- Las cláusulas rescisoria y de reserva de dominio en compraventas mercantiles, cuando el comprador no mantenga la posesión de los bienes muebles;

V.- El fideicomiso de garantía en cuyo patrimonio existan bienes muebles;

VI.- Las resoluciones judiciales o administrativas que recaigan sobre bienes muebles, incluyendo los embargos sobre bienes muebles; y

VII.- Cualesquiera otros actos, gravámenes o afectaciones sobre bienes muebles de naturaleza análoga a los expresados en las fracciones anteriores, que sirvan directa o indirectamente como garantías, en los que el acreedor no mantenga la posesión sobre los mismos.

Se presumen mercantiles, y por tanto sujetas a inscripción en los términos de esta Sección, todas las garantías mobiliarias y demás actos contenidos en el apartado B anterior que sean otorgadas en favor de un comerciante o que sirvan para garantizar una obligación de naturaleza mercantil.

Artículo 32 bis 2.-Se constituye el Registro Unico de Garantías Mobiliarias, en adelante el Registro, como una sección del Registro Público de Comercio, en donde se inscribirán las garantías a que se refiere el artículo anterior. Esta sección se sujetará a las bases especiales de operación a que se refieren los artículos siguientes.

Artículo 32 Bis 4.- ...

Salvo prueba en contrario, se presume que los otorgantes de garantías mobiliarias autorizan la inscripción de las mismas en el Registro, así como su modificación, rectificación, transmisión, renovación, cancelación o algún aviso preventivo o anotación en relación con ellas o con sus bienes muebles.

Será responsabilidad de quien inscribe realizar los asientos en el folio electrónico del Registro, correspondiente al otorgante de la garantía mobiliaria, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Registro Público de Comercio.

I.- a III.- ...

IV.- (Se deroga).

...

...

Será responsabilidad de quien realice una inscripción o anotación, llevar a cabo la rectificación de los errores que las mismas contengan.

Asimismo, será responsabilidad de quien realiza una inscripción, realizar la cancelación o modificación de los mismos, si se hubiere extinguido la garantía mobiliaria o si la garantía hubiere sido modificada.

Si quien aparece como acreedor de una inscripción no realiza la cancelación o modificación referida en el párrafo anterior, el deudor podrá solicitar a un juez la cancelación o modificación correspondiente, para lo cual el juez deberá emitir resolución en un plazo de 10 días hábiles a partir del cierre de instrucción ordenando la cancelación, modificación o la no procedencia de la petición, según corresponda, pudiendo el acreedor oponer la única excepción de falta de pago.

...

...

Artículo 32 bis 6.- Las garantías mobiliarias inscritas de conformidad con la presente Sección, surtirán efectos contra terceros y tendrán prelación sobre cualesquiera otras posteriores o anteriores no inscritas.

Artículo 50 bis.- Las publicaciones que deban realizarse conforme a las leyes mercantiles se realizarán a través del sistema electrónico que para tal propósito establezca la Secretaría de Economía, y surtirán efectos a partir del día siguiente de su publicación.

Lo anterior, sin perjuicio de las publicaciones que deban realizarse de conformidad con otras disposiciones o leyes especiales.

Artículo 390.- La cesión producirá sus efectos legales con respecto al deudor, desde que le sea notificada ante dos testigos y contra terceros a partir de su inscripción en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio.

Artículo 600.- ...

I.-A publicar en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, y circular sus reglamentos, fijándolos en los parajes públicos, en la parte más visible de sus oficinas y en cada uno de los vehículos destinados a la conducción, poniendo los artículos relativos al reverso de los conocimientos de carga;

II.- a IV.- ...

Artículo 1061 bis.-En todos los juicios mercantiles se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios digitales, ópticos o en cualquier otra tecnología. Su valor probatorio se regirá conforme a lo previsto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 1395.- En el embargo de bienes se seguirá este orden:

I. a la V. …

Tratándose de embargo de bienes muebles, el mismo deberá realizarse en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio.

Artículo 1414 bis.- ...

I.- y II.- ...

Al celebrar el contrato las partes deberán designar perito o establecer las bases para designar a una persona autorizada distinta del acreedor, para que realice el avalúo de los bienes, en caso de que éste no pueda llevarse a cabo, en términos de lo establecido en las fracciones de este artículo.

A falta de acuerdo respecto a la designación del perito o de la persona autorizada, éste será designado por el juez competente a solicitud de cualquiera de las partes.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 5o.; 6o., párrafo primero; 7o., párrafo primero; 9o., párrafo segundo; 90; 91, párrafo primero; 99; 113, párrafo primero; 119; 125, fracción VII; 132; 136, fracción III; 157; 163 párrafo primero; 166, fracción IX; 177; 186; 194, párrafos segundo y tercero; 198, párrafo primero; 199; 201, párrafo primero; 205, párrafo primero; 223; 228 Bis, fracción V; 243 último párrafo; 247, fracción II; 251 último párrafo; se adicionan los artículos 4o., con un último párrafo; 8o. con un párrafo segundo; 91, con una fracción VII; 170, con un párrafo segundo; 198, con las fracciones I a V del párrafo primero y un último párrafo, todos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue:

Artículo 4o.- ...

Las sociedades mercantiles podrán realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo lo expresamente prohibido por las leyes y los estatutos sociales.

Artículo 5o.- Las sociedades se constituirán ante fedatario público y en la misma forma se harán constar con sus modificaciones. El fedatario público no autorizará la escritura o póliza cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por esta ley,

Artículo 6o.- La escritura o póliza constitutiva de una sociedad deberá contener:

I.- a XIII.- …

...

Artículo 7o.- Si el contrato social no se hubiere otorgado en escritura o póliza ante fedatario público, pero contuviere los requisitos que señalan las fracciones I a VII del artículo 6., cualquiera persona que figure como socio podrá demandar en la vía sumaria el otorgamiento de la escritura o póliza correspondiente.

...

...

Artículo 8o.- ...

Asimismo, las reglas permisivas contenidas en esta ley no constituirán excepciones a la libertad contractual que prevalece en esta materia.

Artículo 9o.- ...

La reducción del capital social, efectuada mediante reembolso a los socios o liberación concedida a éstos de exhibiciones no realizadas, se publicará en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía.

...

...

ºArtículo 90.- La sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante fedatario público, de las personas que otorguen la escritura o póliza correspondiente, o por suscripción pública, en cuyo caso se estará a lo establecido en el artículo 11 de la Ley del Mercado de Valores.

Artículo 91.- La escritura constitutiva o póliza de la sociedad anónima deberá contener, además de los datos requeridos por el artículo 6o., los siguientes:

I.- a VI.- ...

VII.- En su caso, las estipulaciones que:

Impongan restricciones, de cualquier naturaleza, a la transmisión de propiedad o derechos, respecto de las acciones de una misma serie o clase representativas del capital social, distintas a lo que se prevé en el artículo 130 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Establezcan causales de exclusión de socios o para ejercer derechos de separación, de retiro, o bien, para amortizar acciones, así como el precio o las bases para su determinación.

Permitan emitir acciones que:

No confieran derecho de voto o que el voto se restrinja a algunos asuntos.

Otorguen derechos sociales no económicos distintos al derecho de voto o exclusivamente el derecho de voto.

Confieran el derecho de veto o requieran del voto favorable de uno o más accionistas, respecto de las resoluciones de la asamblea general de accionistas.

Las acciones a que se refiere este inciso, computarán para la determinación del quórum requerido para la instalación y votación en las asambleas de accionistas, exclusivamente en los asuntos respecto de los cuales confieran el derecho de voto a sus titulares.

Implementen mecanismos a seguir en caso de que los accionistas no lleguen a acuerdos respecto de asuntos específicos.

Amplíen, limiten o nieguen el derecho de suscripción preferente a que se refiere el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Permitan limitar la responsabilidad en los daños y perjuicios ocasionados por sus consejeros y Funcionarios, derivados de los actos que ejecuten o por las decisiones que adopten, siempre que no se trate de actos dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos conforme a ésta u otras leyes.

Articulo 99.- Suscrito el capital social y hechas las exhibiciones legales, los fundadores, dentro de un plazo de quince días, publicarán la convocatoria para la reunión de la Asamblea General Constitutiva, en la forma prevista en el programa, en el sistema electrónico establecido por la Secretaria de Economía.

Artículo 113.- Salvo lo previsto por el artículo 91, cada acción sólo tendrá derecho a un voto; pero en el contrato social podrá pactarse que una parte de las acciones tenga derecho de voto solamente en las Asambleas Extraordinarias que se reúnan para tratar los asuntos comprendidos en las fracciones I, II, IV, V, VI y VII del artículo 182.

...

...

...

...

Artículo 119.- Cuando se decrete una exhibición cuyo plazo o monto no conste en las acciones, deberá hacerse una publicación, por lo menos 30 días antes de la fecha señalada para el pago, en el sistema electrónico establecido por la Secretaria de Economía. Transcurrido dicho plazo sin que se haya verificado la exhibición, la sociedad procederá en los términos del artículo anterior.

Artículo 125.- ...

I.- a VI.- …

VII.- Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción, y en su caso, a las limitaciones al derecho de voto y en específico las estipulaciones previstas en la fracción VII del artículo 91 de esta Ley.

VIII.- …

Artículo 132.- Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción al número de sus acciones, para suscribir las que emitan en caso de aumento del capital social. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la publicación en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, del acuerdo de la Asamblea sobre el aumento del capital social.

Artículo 136.-...

I.- a II.- …

III.- La adquisición de acciones para amortizarlas se hará en bolsa; pero si el contrato social o el acuerdo de la Asamblea General fijaren un precio determinado, las acciones amortizadas se designarán por sorteo ante Notario o Corredor titulado. El resultado del sorteo deberá publicarse por una sola vez en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía;

IV.- a V.- ...

Artículo 157.- Los Administradores tendrán la responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. Dichos administradores deberán guardar confidencialidad respecto de la información y los asuntos que tengan conocimiento con motivo de su cargo en la sociedad, cuando dicha información o asuntos no sean de carácter público, excepto en los casos en que la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas. Dicha obligación de confidencialidad estará vigente durante el tiempo de su encargo y hasta un año posterior a la terminación del mismo.

Artículo 163.- Los accionistas que representen el veinticinco por ciento del capital social, por lo menos, podrán ejercitar directamente la acción de responsabilidad civil contra los Administradores, siempre que se satisfagan los requisitos siguientes:

...

...

...

Artículo 166.- …

I.- a VIII.- …

IX.- En general, vigilar la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad.

Artículo 170.- ...

Al efecto, los comisarios deberán notificar por escrito al Consejo de Administración o al administrador único, según sea el caso, dentro de un plazo que no deberá exceder de 15 días naturales contados a partir de que tomen conocimiento de la operación correspondiente, los términos y condiciones de la operación de que se trate, así como cualquier información relacionada con la naturaleza y el beneficio que obtendrían las partes involucradas en la misma.

Artículo 177.- Quince días después de la fecha en que la asamblea general de accionistas haya aprobado el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172, los accionistas podrán solicitar que se publiquen en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía los estados financieros, junto con sus notas y el dictamen de los comisarios.

Artículo 186.- La convocatoria para las asambleas generales deberá hacerse por medio de la publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaria de Economíacon la anticipación que fijen los estatutos, o en su defecto, quince días antes de la fecha señalada para la reunión. Durante todo este tiempo estará a disposición de los accionistas, en las oficinas de la sociedad, el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172.

Articulo 194.- ...

Cuando por cualquiera circunstancia no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo, se protocolizará ante fedatario público.

Las actas de las Asambleas Extraordinarias serán protocolizadas ante fedatario público e inscritas en el Registro Público de Comercio.

Artículo 198.- Sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales, los accionistas de las sociedades anónimas podrán convenir entre ellos:

Derechos y obligaciones que establezcan opciones de compra o venta de las acciones representativas del capital social de la sociedad, tales como:

Que uno o varios accionistas solamente puedan enajenar la totalidad o parte de su tenencia accionaria, cuando el adquirente se obligue también a adquirir una proporción o la totalidad de las acciones de otro u otros accionistas, en iguales condiciones;

Que uno o varios accionistas puedan exigir a otro socio la enajenación de la totalidad o parte de su tenencia accionaria, cuando aquéllos acepten una oferta de adquisición, en iguales condiciones;

Que uno o varios accionistas tengan derecho a enajenar o adquirir de otro accionista, quien deberá estar obligado a enajenar o adquirir, según corresponda, la totalidad o parte de la tenencia accionaria objeto de la operación, a un precio determinado o determinable;

Que uno o varios accionistas queden obligados a suscribir y pagar cierto número de acciones representativas del capital social de la sociedad, a un precio determinado o determinable, y

Otros derechos y obligaciones de naturaleza análoga;

Enajenaciones y demás actos jurídicos relativos al dominio, disposición o ejercicio del derecho de preferencia a que se refiere el artículo 132 de esta ley, con independencia de que tales actos jurídicos se lleven a cabo con otros accionistas o con personas distintas de estos;

Acuerdos para el ejercicio del derecho de voto en asambleas de accionistas;

Acuerdos para la enajenación de sus acciones en oferta pública; y

Otros de naturaleza análoga.

Los convenios a que se refiere este artículo no serán oponibles a la sociedad, excepto tratándose de resolución judicial.

Artículo 199.- A solicitud de los accionistas que reúnan el veinticinco por ciento de las acciones representadas en una Asamblea, se aplazará, para dentro de tres días y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados. Este derecho no podrá ejercitarse sino una sola vez para el mismo asunto.

Artículo 201.- Los accionistas que representen el veinticinco por ciento del capital social podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos:

I.- a III.- ...

...

Artículo 205.- Para el ejercicio de las acciones judiciales a que se refieren los artículos 185 y 201, los accionistas depositarán los títulos de sus acciones ante fedatario público o en una Institución de Crédito, quienes expedirán el certificado correspondiente para acompañarse a la demanda y los demás que sean necesarios para hacer efectivos los derechos sociales.

...

Artículo 223.- Los acuerdos sobre fusión se inscribirán en el Registro Público de Comercio y se publicarán en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, de la misma manera, cada sociedad deberá publicar su último balance, y aquélla o aquéllas que dejen de existir, deberán publicar, además, el sistema establecido para la extinción de su pasivo.

Artículo 228 Bis.- …

...

I.- a IV.- ...

V.- La resolución de escisión deberá protocolizarse ante fedatario público e inscribirse en el Registro Público de Comercio. Asimismo, deberá publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, un extracto de dicha resolución que contenga, por lo menos, la síntesis de la información a que se refieren los incisos a) y d) de la fracción IV de este artículo, indicando claramente que el texto completo se encuentra a disposición de socios y acreedores en el domicilio social de la sociedad durante un plazo de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de que se hubieren efectuado la inscripción y la publicación;

VI.- a X.- ...

Artículo 243.- ...

El acuerdo sobre distribución parcial deberá publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, y los acreedores tendrán el derecho de oposición en la forma y términos del artículo 9o.

Artículo 247.- ...

I.- …

II.-Dicho balance se publicará en el sistema electrónico establecido por la Secretaria de Economía.

III.- ...

Artículo 251.- ...

...

Las sociedades extranjeras deberán publicar anualmente, en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, un balance general de la negociación visado por un contador público titulado.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 79, de la Ley de Fondos de Inversión, para quedar como sigue:

Artículo 79.- Las sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, deberán publicar en medios impresos o electrónicos de amplia circulación o divulgación, los estados financieros formulados de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de esta Ley. Tales publicaciones serán bajo la estricta responsabilidad de los administradores, comisarios y auditores de las sociedades que hayan aprobado o dictaminado, según corresponda, la autenticidad de los datos contenidos en dichos estados financieros. Dichas personas deberán cuidar que los estados financieros revelen la verdadera situación financiera de las sociedades y quedarán sujetos a las sanciones correspondientes en el caso de que las publicaciones no se ajusten a esta situación. Se exceptúa a las sociedades operadoras de fondos de inversión, a las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y a las sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, de lo establecido en el artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Artículo Cuarto. Se reforman los artículos 32, último párrafo; 212, párrafo tercero; 326, fracción IV, y actual segundo párrafo, pasando a ser tercer párrafo; 344; 347, párrafo primero; 349; 351, párrafo primero; 354; 358, párrafo tercero; 360; 363; 365, párrafo primero; 367, párrafo primero; 369; 371, párrafo primero; 373; 374, fracciones I, II y párrafo tercero; 376; 382, párrafo quinto; 389; 397; 398, fracción III; 399, párrafos primero y último; 401, párrafo primero; 403, párrafo primero; 404; 408, párrafo segundo; 426; se adicionan los artículos 326, con un párrafo segundo, pasando el actual segundo a ser tercer párrafo; 355, con un último párrafo; 363, con un último párrafo; 365, con los párrafos segundo y tercero; 367 Bis; 373, fracciones I y II del párrafo primero y un párrafo segundo; 374, con un último párrafo y los incisos a) y b); 382, párrafos sexto y séptimo; 396, con los párrafos segundo, tercero y cuarto; 397, con un segundo párrafo, recorriéndose los actuales párrafos segundo y tercero en el orden subsecuente; 398, con un último párrafo; 404, con los párrafos segundo, tercero y cuarto; y se derogan los artículos 353, párrafo segundo; 357; 365, párrafo segundo; 371, fracciones I a III; 377; 389, fracciones I a III; todos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 32.- ...

...

Tratándose de acciones, bonos de fundador, obligaciones, certificados de depósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona determinada; el endoso en blanco o al portador no producirá efecto alguno. Lo previsto en este párrafo no será aplicable a los cheques expedidos por cantidades inferiores a las establecidas por el Banco de México, a través de disposiciones de carácter general que publique en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 212.- ...

...

Las sociedades que emitan obligaciones deberán publicar anualmente su balance, certificado por Contador Público. La publicación se hará en el sistema electrónico establecido por la Secretaría.

Artículo 326.- ...

I.- a III.- ...

IV.- Serán inscritos en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio.

Si en la garantía se incluyen bienes inmuebles, deberá inscribirse, adicionalmente, en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, según la ubicación de los bienes inmuebles afectos en garantía.

Los contratos de habilitación o refacción surtirán efectos contra tercero desde la fecha y hora de su inscripción conforme a los párrafos anteriores.

Artículo 344.- El acreedor prendario no podrá hacerse dueño de los bienes o títulos dados en prenda, sin el expreso consentimiento del deudor.

Artículo 347.- Los contratos mediante los cuales se documente la constitución de garantías a través de la prenda sin transmisión de posesión, serán mercantiles para todas las partes que intervengan en ellos. Se exceptúan aquellos contratos que se celebren entre dos o más personas físicas o morales que no tengan el carácter de comerciantes en los términos del Código de Comercio, así como aquellos actos que, de conformidad con el mismo, no se reputen como actos de comercio para ninguna de sus partes.

...

Artículo 349.-Salvo pacto en contrario, cuando el deudor esté facultado para hacer pagos parciales, la garantía se reducirá desde luego y de manera proporcional con respecto de los pagos realizados, si ésta recae sobre varios objetos o éstos son cómodamente divisibles en razón de su naturaleza jurídica, sin reducir su valor, y siempre que los derechos del acreedor queden debidamente garantizados.

Artículo 351.- En caso de concurso del deudor, los bienes objeto de prenda sin transmisión de posesión que existan en la masa, podrán ser ejecutados por el acreedor prendario, mediante la acción que corresponda conforme a la ley de la materia, ante el juez de concurso mercantil, el cual deberá decretar, sin más trámite, la ejecución solicitada.

...

Artículo 353.- Pueden ser dados en prenda sin transmisión de posesión toda clase de derechos y bienes muebles, salvo aquellos que conforme a la Ley sean estrictamente personales de su titular.

Artículo 354.- Los bienes pignorados deberán identificarse de forma individual, por categorías de bienes o genéricamente.

Artículo 355.- Podrán darse en prenda sin transmisión de posesión los bienes muebles siguientes:

I.- a V.- ...

Tratándose de bienes referidos en las fracciones III a V, los mismos quedarán comprendidos de manera automática como bienes pignorados, salvo pacto en contrario.

Artículo 357.- (Se deroga).

Artículo 358.- ...

...

La excepción a que se refiere este artículo, sólo procederá tratándose de bienes muebles que puedan distinguirse del resto de los bienes muebles que el deudor haya dado en prenda al primer acreedor.

Artículo 360.- En caso de que en el contrato respectivo se establezca que los bienes pignorados deban estar asegurados por una cantidad que alcance a cubrir su valor de reposición, el deudor tendrá la facultad de determinar la compañía aseguradora que se encargará de ello. En el mencionado seguro deberá designarse como beneficiario al acreedor prendario. Salvo pacto en contrarío, el saldo insoluto del crédito garantizado, se reducirá en una cantidad igual a la del pago que el acreedor reciba de la institución de seguros. En este último caso, de existir algún remanente, el acreedor deberá entregarlo al deudor, a más tardar el tercer día hábil siguiente a la fecha en que lo reciba.

Artículo 363.- Las partes deberán designar perito o acordar las bases para su designación, cuya responsabilidad será dictaminar, una vez que haya oído a ambas partes, la actualización de los supuestos previstos en los artículos 361 y 362.

Las partes podrán designar como perito para los efectos de lo dispuesto en este artículo, a un almacén general de depósito, así como encomendar a éste la guarda y conservación de los bienes pignorados.

A falta del acuerdo referido en el primer párrafo de este artículo, el perito será designado por juez competente a solicitud de cualquiera de las partes.

Artículo 365.- El contrato constitutivo de la prenda sin transmisión de posesión, deberá constar por escrito y cuando el monto del crédito que garantiza sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a doscientos cincuenta mil Unidades de Inversión, las partes deberán ratificar sus firmas ante fedatario.

El contrato de prenda sin transmisión de posesión será válido desde su constitución y la nulidad de alguna de sus cláusulas por contravenciones a lo dispuesto en esta ley no producirá la nulidad de la prenda.

En caso de declararse nula alguna cláusula del contrato de prenda sin transmisión de posesión, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por esta ley.

Artículo 367.- Los acreedores garantizados con prenda sin transmisión de posesión, percibirán el principal y los intereses de sus créditos del producto de los bienes objeto de esas garantías, con exclusión absoluta de los demás acreedores del deudor que no sean preferentes.

...

...

...

Artículo 367 Bis.- En caso de que la totalidad o parte de los bienes objeto de la garantía sean bienes de importación temporal,tratándosede ejecución de la prenda, el juez podrá autorizar que el acreedor tramite por cuenta del deudor, cuando proceda de conformidad con las disposiciones aduaneras, la importación definitiva de los bienes para proceder a la venta de los mismos o para efectos de que queden a disposición del acreedor, en cuyo caso deberá pagarse preferentemente al erario público con el importe de la venta de los bienes, o a cargo del acreedor en caso de que los mismos queden a su disposición, los impuestos y derechos que procedan por la importación definitiva de los mismos. En caso de venta el monto remanente quedará a disposición del acreedor en los términos de este artículo.

Artículo 369.- La garantía sobre un bien mueble constituida, en términos de esta Sección Séptima, tiene prelación sobre la garantía hipotecaria, refaccionaría o fiduciaria, si aquélla se inscribe antes de que el mencionado bien mueble se adhiera, en su caso, al bien inmueble objeto de dichas garantías, a menos que exista consentimiento del acreedor de la garantía mobiliaria para que la segunda garantía tenga prelación sobre la mobiliaria.

Artículo 371.- La prenda sin transmisión de posesión, registrada en el Registro Unico de Garantías Mobiliarias, tendrá prelación sobre actos y gravámenes registrables y no registrados y sobre actos o gravámenes registrados con posterioridad.

(Se deroga)

(Se deroga)

(Se deroga)

Artículo 373.- Se entenderá por adquirente de mala fe, para efectos de lo dispuesto en el artículo 356 y 398, a toda persona que adquiera, sin consentimiento del acreedor, bienes muebles del deudor, sabedora por cualquier medio, incluyendo el Registro Unico de Garantías Mobiliarias, de:

I. La existencia de la garantía sobre dichos bienes; y

II. Que la enajenación de dichos bienes se encuentra fuera del curso normal de la actividad preponderante del deudor.

Las enajenaciones realizadas sin contar con el consentimiento a que se refiere este artículo no harán que cesen los efectos de la garantía y el acreedor conservará el derecho de persecución sobre los bienes respectivos con relación a los adquirentes; sin perjuicio de que el acreedor exija al deudor el pago de los daños y perjuicios que dicha enajenación le cause.

Artículo 374.- ...

I. Las personas físicas y morales que tengan el control directo o indirecto demás del cinco por ciento de los títulos representativos del capital del deudor, o que estén sujetas a un control corporativo común con el deudor;

II. Los miembros propietarios y suplentes del consejo de administración del deudor o de las personas morales a que se refiere la fracción anterior;

III. y IV.- ...

...

Las enajenaciones realizadas sin contar con la autorización a que se refiere este artículo serán nulas, por lo que no cesarán los efectos de la garantía y el acreedor conservará el derecho de persecución sobre los bienes respectivos con relación a los adquirentes; sin perjuicio de que el acreedor exija al deudor el pago de los daños y perjuicios que dicha enajenación le cause.

...

Para efectos de la fracción I anterior se entiende por control corporativo la capacidad de una persona o grupo de personas, de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes:

a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, de una persona moral.

b) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.

Artículo 376.- Los actos en los que se haga constar la constitución, modificación, extinción, cesión y las resoluciones judiciales sobre cancelaciones de la prenda sin transmisión de posesión a que se refiere esta Sección Séptima, deberán ser inscritos en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio o, en los casos que proceda, en el registro especial que corresponda según su naturaleza.

Artículo 377.- (Se deroga).

Artículo 382.- ...

...

...

...

En todo caso, el ejecutor o instructor ejercitará sus funciones en nombre y representación del fiduciario, pero sin sujetarse a sus instrucciones, obrando en todo momento de conformidad con lo pactado en el contrato y la legislación aplicable y actuando con independencia e imparcialidad respecto de los intereses del fideicomitente y fideicomisario.

Para efectos del párrafo anterior, se presume independencia e imparcialidad en el cumplimiento del contrato, cuando los títulos representativos del capital social, así como las compras e ingresos del último ejercicio fiscal o del que esté en curso del ejecutor o instructor, no estén vinculados con alguna de las partes del fideicomiso en más de un diez por ciento.

Artículo 389.- El fideicomiso cuyo objeto recaiga en bienes muebles, surtirá efectos contra tercero desde la fecha de su inscripción en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio.

(Se deroga)

(Se deroga)

(Se deroga)

Artículo 396.- ...

Para tal efecto, las partes podrán nombrar un ejecutor o instructor, que podrá ser una institución fiduciaria o cualquier tercero, a fin de que determine el cumplimiento o incumplimiento del contrato para el sólo efecto de iniciar el procedimiento de ejecución y para que cumpla los fines del fideicomiso en lo que respecta a la realización y aplicación de la garantía, a partir de que se considere incumplida la obligación garantizada.

En todo caso, el ejecutor o instructor ejercitará sus funciones en nombre y representación del fiduciario, pero sin sujetarse a sus instrucciones, obrando en todo momento de conformidad con lo pactado en el contrato y la legislación aplicable y actuando con independencia e imparcialidad respecto de los intereses del fideicomitente y fideicomisario.

Para efectos del párrafo anterior, se presume independencia e imparcialidad en el cumplimiento del contrato o ejecución de la garantía, cuando los títulos representativos del capital social, así como las compras e ingresos del último ejercicio fiscal o del que esté en curso del ejecutor o instructor, no estén vinculados con alguna de las partes del crédito garantizado en más de un diez por ciento.

Artículo 397.- Cuando así se señale, un mismo fideicomiso podrá ser utilizado para garantizar simultánea o sucesivamente diferentes obligaciones que el fideicomitente contraiga, con un mismo o distintos acreedores, a cuyo efecto se estipularán las reglas y en su caso, las prelaciones aplicables.

En este caso, cada fideicomisario estará obligado a notificar a la institución fiduciaria cuando la obligación a su favor haya quedado extinguida, en cuyo caso quedarán sin efectos los derechos que respecto de él se derivan del fideicomiso. La notificación deberá entregarse mediante fedatario público a más tardar a los cinco días hábiles siguientes a la fecha en la que se reciba el pago.

En el caso de fideicomisos con fideicomisarios sucesivos y no simultáneos, a partir del momento en que el fiduciario reciba la mencionada notificación, el fideicomitente podrá designar un nuevo fideicomisario o manifestar a la institución fiduciaria que se ha realizado el fin para el cual fue constituido el fideicomiso.

El fideicomisario que no entregue oportunamente al fiduciario la notificación a que se refiere este artículo, resarcirá a los demás fideicomisarios, en su caso, y alfideicomitente los daños y perjuicios que con ello les ocasione.

Artículo 398.- …

I.- y II.- ...

III.- Instruir al fiduciario la enajenación de los bienes fideicomitidos, sin responsabilidad para éste, siempre y cuando dicha enajenación sea acorde con el contrato de fideicomiso y el curso normal de las actividades del fideicomitente. En estos casos cesarán los efectos de la garantía fiduciaria y los derechos de persecución con relación a los adquirentes de buena fe, quedando afectos al fideicomiso los bienes o derechos que el fiduciario reciba o tenga derecho a recibir en pago por la enajenación de los referidos bienes.

...

Las fracciones I y II referidas anteriormente, serán aplicables sólo a los fideicomisos de garantía en los cuales el deudor o un tercero conserve la posesión sobre los bienes muebles.

Artículo 399.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, las partes podrán convenir desde la constitución del fideicomiso:

I.- a VI.- ...

En caso de incumplimiento a los convenios celebrados con base en este artículo, el crédito garantizado por el fideicomiso se podrá declarar vencido anticipadamente por el acreedor garantizado.

Artículo 401.- Salvo pacto en contrario, los riesgos de pérdida, daño o deterioro del valor de los bienes fideicomitidos corren por cuenta de la parte que esté en posesión de los mismos, debiendo permitir a las otras partes inspeccionarlos a efecto de verificar, según corresponda, su peso, cantidad y estado de conservación general.

...

Artículo 403.- En el fideicomiso de garantía, las partes podrán convenir la forma en que la institución fiduciaria procederá a enajenar extrajudicialmente, a título oneroso, los bienes o derechos en fideicomiso, pudiendo en todo caso pactarse lo siguiente:

I.- a IV.- ...

...

...

a) y b) …

Artículo 404.- El fideicomiso de garantía debe constar por escrito. Tratándose de fideicomisos cuyo objeto recaiga sobre bienes inmuebles deberá constar en escritura pública e inscribirse en el registro público de la propiedad correspondiente.

Cuando el patrimonio del fideicomiso de garantía recaiga sobre bienes muebles y su monto sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a doscientas cincuenta mil unidades de inversión, las partes deberán ratificar sus firmas ante fedatario público.

El contrato de fideicomiso de garantía será válido desde su constitución y la nulidad de alguna de sus cláusulas por contravenciones a lo dispuesto en esta ley no producirá la nulidad del fideicomiso.

En caso de declararse nula alguna cláusula del contrato de fideicomiso de garantía, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por esta ley.

Artículo 408.- ...

Los contratos de arrendamiento financiero deberán otorgarse por escrito y deberán inscribirse en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio, en el folio electrónico del arrendador y del arrendatario, a fin de que surta efectos contra tercero, sin perjuicio de hacerlo en otros registros especiales que las leyes determinen.

...

...

Artículo 426.- La transmisión de derechos de crédito efectuada con motivo de una operación de factoraje financiero surtirá efectos frente a terceros, desde la fecha en que haya sido inscrita en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio, sin necesidad de que sea otorgada ante fedatario público.

Artículo Quinto. Se derogan los incisos a), b) y c) de la fracción XI del artículo 25 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 25.- …

I.- a X.- ...

XI.- …

(Se deroga)

(Se deroga)

(Se deroga)

XII.- a XIV.- ...

Artículo Sexto. Se adiciona al artículo 34, con una fracción XXXI, pasando la actual XXXI a ser la XXXII; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Articulo 34.- ...

I. a XXX. …

XXXI. Determinar y operar el sistema electrónico en el que deberán realizarse las publicaciones que establezcan las leyes mercantiles;

XXXII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Secretaría de Economía contará con el plazo de un año contado a partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, para establecer mediante publicación en este medio de difusión, el sistema electrónico señalado en los artículos 50 Bis 2, 320 y 600 del Código de Comercio y los artículos 9, 99, 119, 132, 136, 186, 212, 223, 228 Bis, 243, 247 y 251 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en la fracción XXXI del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

TERCERO. Las disposiciones previstas en los artículos 163, 199 y 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, entrarán en vigor, en lo relativo a los derechos de minorías, a partir del décimo día hábil posterior a la fecha de publicación del presente decreto. Por lo anterior, todas las sociedades que se constituyan a partir del día antes referido tendrán que respetar los nuevos derechos de minorías en sus estatutos.

Dado en la sala de comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 10 de abril de 2014.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman los Artículos Tercero y Cuarto Transitorios del artículo primero del Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sobre cooperativas de ahorro.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES Y DE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO, Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS TERCERO Y CUARTO DE LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DEL ARTICULO PRIMERO, DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, DE LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR, DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 13 DE AGOSTO DE 2009, APROBADO EN ESTA FECHA POR LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, SOBRE COOPERATIVAS DE AHORRO

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;
DE FOMENTO ECONOMICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

H. ASAMBLEA:

Con fecha 27 de marzo de 2014, fue turnada alas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Fomento Económico, y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXII Legislatura del Senado de la República, la Minutaproyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de apoyo a sus Ahorradores, y de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman los artículos tercero y cuarto de los artículos transitorios del Artículo Primero, del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Esta Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1.; 174, 175, párrafo 1.; 176, 177, párrafo 1.; 178, 182, 183, 184, 186, 187 y 190, párrafo 1., fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del proyecto de Decreto de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187, 188, 189 y 190, párrafo 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1 - El 27 de febrero de 2014, la Diputada Rosa Elia Romero Guzmán del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

2 - El 25 de marzo de 2014, diversos diputados de los Grupos Parlamentarios del PartidoRevolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México, presentaron la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionany derogan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

3 - En sesión ordinaria del 27 de marzo de 2014, la H. Cámara de Diputados aprobó el dictamen materia de esta Minuta, por 416 votos por unanimidad, turnado a la H. Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

4- En sesión ordinaria del 27 de marzo del presente año, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó la Minuta con proyecto de Decreto antes señalada, mediante oficio No. DGPL – 2P2A. – 2954. a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Fomento Económico, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.

En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas revisaron el contenido de la citada Minuta, a efecto de emitir sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA MINUTA

Tomando en consideración que las cajas de ahorro son una herramienta fundamental para promover la inclusión al sistema financiero mexicano de personas que se ubican principalmente en sectores o zonas marginadas, que comúnmente no tienen acceso a los servicios proporcionados por la banca comercial o por otros intermediarios financieros, la Minuta que se dictamina tiene por objeto atender el propósito de facilitar el proceso de regularización de las cajas de ahorro, procurar su salida ordenada, establecer requisitos que otorguen seguridad a los socios y fortalecer la actuación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todo lo anterior, en beneficio de los ahorradores.

III. DESCRIPCION DE LA MINUTA

La Minuta que se analiza propone hacer modificaciones a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores para:

Permitir que los trabajos de consolidación que se realizan a las sociedades que serán apoyadas por el FIPAGO (principalmente sociedades cooperativas que captan recursos de sus socios), se lleven a cabo por expertos en finanzas populares, y no sólo por consultores internacionales con recursos provenientes de organismos internacionales.

Ampliar el universo de sociedades sujetas a apoyo del FIPAGO en beneficio de los ahorradores.

Permitir que, además de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, participen otras personas en la cesión de activos y pasivos de las sociedades cooperativas u otras sociedades, objeto del apoyo del FIPAGO, con el fin de incrementar las opciones para apoyar a los ahorradores.

Eliminar la obligación de realizar un trabajo de consolidación a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo clasificadas en D.

Permitir que el FIPAGO renuncie a los derechos de cobro en casos específicos.

Asimismo, se propone fortalecer el control sobre las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de operaciones básicas y concluir ordenadamente el proceso de regularización de aquellas con activos superiores a 2.5 millones de UDIS contempladas en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo ante el vencimiento del plazo otorgado en el Decreto de 13 de agosto de 2013.

Al respecto, se propone que aquellas sociedades cooperativas con activos superiores a 2.5 millones de UDIS que captan recursos de sus socios para su posterior colocación entre éstos, que al 31 de marzo de 2014 hayan sido clasificadas en las categorías A, B o C, por el Comité de Supervisión Auxiliar y que no presentaron su solicitud de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o bien, aquellas que no hayan obtenido un dictamen favorable o no hayan obtenido autorización de la propia Comisión, tengan la posibilidad de acceder a los esquemas de apoyo que otorga el FIPAGO sin dejar de realizar operaciones de captación por un tiempo determinado, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, con la finalidad de que concluyan su esquema de resolución o salida ordenada con el apoyo del FIPAGO, con la menor afectación a sus ahorradores.

Por otro lado, considerando la trascendencia que tiene el sector de ahorro y crédito popular, así como para procurar su estabilidad, buen funcionamiento y sano desarrollo, acorde con la Colegisladora, la Minuta plantea modificar la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo conforme a lo siguiente:

Con el fin de que exista un mayor control sobre la creación de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir las sociedades cooperativas exclusivamente ante notario público. Asimismo, los notarios públicos ante los cuales se hayan constituido las sociedades estarán obligados a informar al Comité de Supervisión Auxiliar.

Reducir el plazo para que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de nueva creación se inscriban en el registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a cargo del Comité de Supervisión Auxiliar del Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores.

Que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de operación básico sean consideradas como tales, siempre y cuando estén inscritas en el registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Asimismo, se prevé que el Comité de Supervisión Auxiliar evalúe periódicamente a dichas sociedades e informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando alguna de ellas haya sido clasificada en D por representar un muy alto riesgo de pérdida de patrimonio de sus socios y, en consecuencia, facultar a esta última para ordenarles la disolución y liquidación.

Facultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que ordene la medida precautoria de inmovilizar los recursos de las personas físicas o personas morales que realicen operaciones reservadas a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, con el fin de salvaguardar los ahorros de los socios depositantes y dejar claro que habrá responsabilidad penal, no solo para las personas que determinen o inciten dolosamente a otro a la realización de las conductas ilícitas previstas en el Capítulo de Delitos de la Ley.

Para aquellas sociedades cooperativas con activos superiores a 2.5 millones de UDIS que captan recursos de sus socios, para su posterior colocación entre éstos, que no obtuvieron un dictamen favorable o la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se propone que tengan la posibilidad de acceder a los esquemas de apoyo que otorga el FIPAGO sin dejar de realizar operaciones de captación por un tiempo determinado, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, con la finalidad de que concluyan su esquema de resolución o salida ordenada con el apoyo del FIPAGO, con la menor afectación a sus ahorradores.

IV. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES, A LA MINUTA.

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1.; 174, 175, párrafo 1.; 176, 177, párrafo 1.; 178, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189 y 190, del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas resultan competentes para dictaminar la Minuta descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones coinciden con lo planteado por la Colegisladora y las consideraciones establecidas en el Dictamen remitido, y estiman conveniente la aprobación en sus términos de la Minuta, al considerar la relevancia de contar con un marco normativo que promueva un desempeño adecuado de las cajas de ahorro en el sector financiero, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

Las Comisiones consideran adecuado apoyar a los socios ahorradores de las denominadas cajas o cooperativas de ahorro y préstamo con activos mayores a 2.5 millones de Unidades de Inversión (UDIS) que no han logrado su autorización o que se encuentran imposibilitadas por su precaria situación financiera a devolver el ahorro de los socios.

Asimismo, están de acuerdo en modificar el marco legal para otorgar los apoyos a cargo del Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO), acorde con las condiciones actuales del sector y permitan su fortalecimiento y consolidación, y al mismo tiempo reduzcan los daños al sector y a sus ahorradores.

Las que dictaminan consideran adecuadaslas reformas a laLey que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores,al permitir que los trabajos de consolidación que se realizan a las sociedades que serán apoyadas por el FIPAGO (principalmente sociedades cooperativas que captan recursos de sus socios), se lleven a cabo por expertos en finanzas populares, y no sólo por consultores internacionales con recursos provenientes de organismos internacionalesy ampliar el universo de sociedades sujetas a apoyo del FIPAGO en beneficio de los ahorradores.

Asimismo, el permitir que, además de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, participen otras personas en la cesión de activos y pasivos de las sociedades cooperativas u otras sociedades objeto del apoyo del FIPAGO, con el fin de incrementar las opciones para apoyar a los ahorradores, tomando en cuenta que se elimina la obligación de realizar un trabajo de consolidación a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo clasificadas en D.

Consideran las Comisiones que dictaminan, que se amplían las posibilidades de acceder a los esquemas de apoyo que otorga Fortalecer el control sobre las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de operaciones básicas y concluir ordenadamente el proceso de regularización de aquellas con activos superiores a 2.5 millones de UDIS contempladas en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Se considera adecuado por estas Comisiones Unidasque aquellas sociedades cooperativas con activos superiores a 2.5 millones de UDIS que captan recursos de sus socios para su posterior colocación entre éstos que no hayan obtenido un dictamen favorable o no hayan obtenido autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tengan el FIPAGO sin dejar de realizar operaciones de captación por un tiempo determinado, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, con la finalidad de que concluyan su esquema de resolución o salida ordenada con el apoyo del FIPAGO, con la menor afectación a sus ahorradores.

En lo que respecta a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Las Comisiones que dictaminan coinciden con la Colegisladora, para que exista un mayor control sobre la creación de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir las sociedades cooperativas exclusivamente ante notario público. Asimismo, los notarios públicos ante los cuales se hayan constituido las sociedades estarán obligados a informar al comité de Supervisión Auxiliar dentro de los 20 días siguientes de dicha constitución.

Las que dictaminan consideran adecuado reducir el plazo para que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de nueva creación se inscriban en el registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a cargo del Comité de Supervisión Auxiliar del Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores. Asimismo las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de operaciones básicas sean consideradas como tales, siempre y cuando estén inscritas en el registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Asimismo, se establece el Comité de Supervisión Auxiliar para que evalúe periódicamente a dichas sociedades e informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando alguna de ellas haya sido clasificada en D, por representar un muy alto riesgo de pérdida de patrimonio de sus socios y, en consecuencia, facultar a esta última para ordenarles la disolución y liquidación.

Las que dictaminan consideran adecuado facultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que ordene la medida precautoria de inmovilizar los recursos de las personas físicas o personas morales que realicen operaciones reservadas a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, con el fin de salvaguardar los ahorros de los socios depositantes.

Estas Comisiones Dictaminadoras que suscriben, consideran adecuado fortalecer las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en beneficio del sector de ahorro y crédito popular en protección a los intereses de todo ahorrador y del sistema financiero mexicano.

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES Y DE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO, Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS TERCERO Y CUARTO DE LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DEL ARTICULO PRIMERO, DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, DE LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR, DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 13 DE AGOSTO DE 2009.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones IX y XI del artículo 2o.; la fracción XV del artículo 6o; el primer párrafo de la fracción I, del artículo 7o.; la fracción I, el primer párrafo de la fracción III, el quinto párrafo de la fracción V y la fracción VI del artículo 8o.; las fracciones I, II, párrafo primero, sus incisos a), b), c), e) y g) en su numeral iv, el segundo párrafo de la fracción IV, y último párrafo del artículo 8o. BIS, y se derogan los párrafos segundo, tercero, cuarto y sexto, de la fracción V, del artículo 8o. y la fracción III del artículo 8o. BIS, de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-…

I. a VIII.…

IX. Sociedad Objeto de esta Ley, en singular o plural: a las sociedades a que se refiere el artículo 7o. de esta Ley y que manifiesten su intención de apegarse a los términos de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, o que en virtud de no poder ajustarse a los requisitos establecidos en ésta, deban proceder a su disolución y liquidación o que se encuentren en procedimiento de quiebra, en concurso o entren en concurso mercantil;

X. …

XI. Trabajos de Consolidación: a los trabajos que se lleven a cabo en las Sociedades Objeto de esta Ley, con excepción de las señaladas en el artículo 7o, fracción I, por consultores con experiencia en finanzas populares, los cuales podrán ser contratados por el Gobierno Federal a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo o por la institución pública que al efecto determine la Secretaría. Estos trabajos comprenden una auditoría contable consistente en el análisis y evaluación de los estados financieros de la sociedad de que se trate para valuar sus activos y pasivos, así como de asistencia técnica para determinar lo conducente en términos de las fracciones II y IV del artículo 8o Bis o bien, la liquidación de las Sociedades.

Artículo 6o.- …

I. a XIV. …

XV. Determinar los casos en los que la Fiduciaria podrá renunciar a los derechos de cobro respecto de los cuales se haya subrogado en términos de lo señalado por el artículo 11, Base SEXTA de esta Ley o en los que tenga carácter de acreedor en virtud de los apoyos otorgados en términos del artículo 8o. Bis de esta Ley, siempre que se presenten elementos al Comité que hagan procedente tal renuncia en beneficio de ahorradores no apoyados por el Fideicomiso o se considere conveniente para lograr la finalidad de esta Ley o para darle viabilidad a los esquemas de apoyo implementados bajo la misma; o bien, cuando la Fiduciaria lo solicite en virtud de la notoria imposibilidad legal o material de hacer efectivos los mencionados derechos, que los procesos que deban seguirse para hacerlos efectivos resulten excesivamente onerosos. Cuando se determine renunciar a los derechos de cobro de conformidad con lo establecido en la presente fracción, los recursos aportados serán a fondo perdido;

XVI. a XVIII.…

Artículo 7o.-…

I. Sociedades de tipo “I”: a) Sociedades de Ahorro y Préstamo que se hayan constituido conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; b) Sociedades Cooperativas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo que se hayan organizado conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas, y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; c) Asociaciones y Sociedades Civiles que hayan realizado operaciones de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre estos, que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; d) Sociedades de Solidaridad Social a que hace referencia la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, que hayan realizado actividades de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre estos, que ya no realicen operaciones ni activas ni pasivas y, e) Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que hubiesen sido clasificadas en categoría D, por el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección previsto en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, o que no hubieren dado cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Primero o la fracción II del Artículo Tercero Transitorios de esta última que estén o no realizando operaciones activas y pasivas.

II. …

Artículo 8o.-…

I. Haberse constituido legalmente antes del 31 de diciembre de 2002, o haberse inscrito en el registro a que se refiere el artículo 7 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo antes del 1 de febrero de 2014, o haberse constituido a más tardar el 13 de agosto de 2009 y haber dejado de celebrar operaciones pasivas y activas antes del 31 de diciembre de 2012.

II. …

III. Firmar el convenio correspondiente con la Fiduciaria, en caso de que el Trabajo de Consolidación que se le haya aplicado determine la procedencia para el otorgamiento de algunos de los apoyos a que se refieren las fracciones II y IV del artículo 8o. BIS siguiente. En dicho convenio las Sociedades Objeto de esta Ley se obligarán a dar seguimiento y cumplimiento en forma exacta al esquema que el Trabajo de Consolidación haya determinado aplicable.

IV. …

V. …

Segundo párrafo. Se deroga.

Tercer párrafo. Se deroga.

Cuarto párrafo. Se deroga.

En el caso de los apoyos a que se refiere el esquema descrito en la fracción II del artículo 8oBIS, las Sociedades Objeto de esta Ley deberán presentar copia certificada del o los acuerdos de los órganos competentes en el o los que se hayan acordado su fusión con alguna Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación del I al IV, o bien, del esquema jurídico o financiero que implique la cesión de activos y pasivos hacia cualquier persona, cumpliendo con los requisitos que se establecen en esta Ley y en apego a las demás disposiciones legales, así como aceptar someterse a lo que la entidad fusionante o cesionaria determine, con relación a la integración de sus Organos de Gobierno.

Sexto párrafo. Se deroga.

VI. Tratándose de Sociedades Objeto de esta Ley que se encuentren en procedimiento de quiebra, en concurso o lleguen a ubicarse en concurso mercantil o civil, cumplirán con los requisitos a que se refieren las fracciones I, II y V del presente artículo, en el entendido de que los Trabajos de Auditoría Contable podrán ser llevados a cabo por el síndico tratándose del procedimiento de quiebra, o por los especialistas del proceso concursal, o por sus equivalentes en el concurso civil, según corresponda.

Artículo 8o. BIS.-…

I. Disolución y liquidación; en cuyo caso las Sociedades Objeto de esta Ley a las cuales se aplique este esquema deberán someterse a un Trabajo de Auditoría Contable y realizar los actos corporativos para esos efectos, en los plazos que dicte el Comité, como condición para que se efectúe el pago a sus Ahorradores, además de cumplir con los demás requisitos que al efecto se establecen en la presente Ley;

II. Fusión con una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación del I al IV, o bien algún otro esquema jurídico o financiero que implique la cesión de activos y pasivos hacia cualquier persona, cumpliendo con los requisitos que se establecen en esta Ley y en apego a las demás disposiciones legales. Este esquema deberá sujetarse a lo siguiente:

a) Sólo podrán participar en este esquema las Sociedades Objeto de esta Ley que no hayan sido apoyadas a través de alguno de los esquemas señalados en la presente fracción, así como en la fracción IV siguiente;

b) El Trabajo de Consolidación correspondiente, deberá clasificar contablemente la cartera crediticia de la Sociedad Objeto de esta Ley de que se trate, identificando la cartera vigente y la vencida, así como calificar la propia cartera crediticia y estimar el faltante de provisiones, de acuerdo con las Reglas que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aplicables a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación del I al IV en esta materia;

c) El faltante de provisiones que se determine de conformidad con la calificación que se haga de la cartera en el Trabajo de Consolidación, será cubierto con cargo al patrimonio del Fideicomiso y la totalidad de la cartera será administrada por la sociedad fusionante o cesionaria, para lo cual se llevarán a cabo los actos jurídicos necesarios;

d)

e) En el convenio con la Fiduciaria, se establecerá un esquema de incentivos con el fin de lograr la mayor recuperación posible de la cartera que hubiere sido provisionada con cargo al patrimonio del Fideicomiso;

f)

g)

i) a iii)…

iv)En caso de fusión o cesión de activos y pasivos con una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Nivel de Operación I a IV, en ejercicio de su derecho preferente y conforme al porcentaje de su participación social, los socios efectuarán las aportaciones correspondientes a fin de obtener el canje de las partes sociales, dentro del plazo que se convenga con la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Nivel de Operación I a IV, quedando a juicio de esta última hacer las aportaciones correspondientes, y

v)…

III. Se deroga.

IV. …

Las sociedades a las cuales se aplique cualquiera de los esquemas señalados en el presente artículo, tendrán la obligación de presentar informes a la Fiduciaria con la periodicidad que ésta lo establezca, tanto de los avances en el proceso de disolución y liquidación en el caso del esquema contenido en la fracción I, como del cumplimiento de las metas establecidas en los convenios a que se refiere la fracción III del artículo 8o. Sin perjuicio de lo anterior, las sociedades a que se refiere el presente párrafo deberán proporcionar cualquier otra información que en su momento les sea solicitada por la Fiduciaria o el Comité.

Asimismo, los esquemas a que se refieren las fracciones II y IV anteriores únicamente aplicarán cuando el apoyo que deba otorgar el Fideicomiso en términos de lo que en esas fracciones se establece resulte inferior al monto que para la misma sociedad debería aportar el Fideicomiso para el esquema del pago a Ahorradores, y deberán implementarse, de resultar procedentes, en los plazos previstos en los propios Trabajos de Consolidación, sin que en ningún caso dicha implementación exceda de un plazo de doce meses contado a partir de que los resultados de los trabajos se notifiquen a la sociedad. En caso de que el costo del apoyo antes referido resulte mayor o si los esquemas no se implementan en el plazo previsto en el Trabajo de Consolidación, procederá la disolución y liquidación prevista en la fracción I del presente artículo.

ARTICULO SEGUNDO. Se reforman el primer párrafo del artículo 8; el artículo 15; el segundo párrafo del artículo 42; el primer párrafo del artículo 114; y se adicionan un artículo 4 Bis; un quinto párrafo al artículo 8; una fracción X al artículo 9, pasando la actual X a ser XI; un tercer párrafo al artículo 11; un segundo y tercer párrafos al artículo 13; el artículo 15 Bis; las fracciones XII y XIII al artículo 52, pasando la actual XII a ser XIV; la fracción IV al artículo 83; un segundo párrafo al artículo 113; los párrafos segundo a quinto, pasando el actual segundo a ser el sexto del artículo 114, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para quedar como sigue:

Artículo 4 Bis. Los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad cooperativa en términos de lo que al efecto dispone la Ley General de Sociedades Cooperativas, y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en el acta constitutiva, exclusivamente ante fedatario público.

Artículo 8.- Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo deberán solicitar su inscripción en el registro a que se refiere el Artículo 7 anterior, dentro de los 5 días naturales siguientes a su inscripción en el Registro Público de Comercio del domicilio social correspondiente.

El Comité de Supervisión Auxiliar cancelará el registro de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV cuya autorización para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo sea revocada por la Comisión; de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de nivel básico que por haber sido evaluadas en categoría D se les ordene su disolución y liquidación o bien, de las que acuerden su disolución y liquidación.

Artículo 9.- …

I. a IX.…

X. En su caso, la causa por la que se cancele el registro.

XI. Otras anotaciones registrales.

Artículo 11.-…

La Comisión al notificar el otorgamiento de la autorización respectiva, podrá expedir asimismo un sello que deberán exhibir las Sociedades Cooperativas con Nivel de Operaciones I a IV, en términos de lo que al efecto disponga la propia Comisión en disposiciones de carácter general. En todo caso, la falsificación del sello de referencia, será castigada según lo dispuesto en los ordenamientos penales aplicables.

Artículo 13.-…

Sin perjuicio a lo anterior y para todos los efectos legales, solamente se considerará como Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico, a aquella sociedad cooperativa que se encuentre registrada en términos del artículo 7 de esta Ley, por lo que las sociedades que no obtengan su registro y aquéllas a las que les sea cancelado, no tendrán el carácter de Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico.

El fedatario público ante quienes los Socios, hayan acreditado su identidad y ratificado su voluntad de constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en el acta constitutiva, deberá dar aviso de ello al Comité de Supervisión Auxiliar a más tardar 20 días hábiles después de realizados dichos actos.

Artículo 15.- A las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico, les será aplicable lo siguiente:

I. Serán evaluadas por el Comité de Supervisión Auxiliar semestralmente de acuerdo al Nivel de Capitalización con el que cuenten y el apego que tengan a las disposiciones que en materia de información financiera y requerimientos de capitalización, emita la Comisión. Dichas evaluaciones se llevarán a cabo con información a junio y diciembre de cada año, debiendo publicarse durante los meses de septiembre y marzo inmediatos siguientes, según corresponda, por lo que en las citadas disposiciones deberá precisarse la forma y plazos de entrega de la información.

Como resultado de tal evaluación, las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de nivel de operaciones básico, serán clasificadas en alguna de las categorías siguientes:

a) Categoría A. Aquellas sociedades que presenten un Nivel de Capitalización igual o superior al 150 por ciento y cuya información financiera cumpla con las reglas para la elaboración y presentación de los estados financieros básicos establecidas por la Comisión, por lo que el riesgo de pérdida de patrimonio de sus socios es bajo.

b) Categoría B. Aquellas sociedades que presenten un Nivel de Capitalización igual o mayor al 100 por ciento y menor al 150 por ciento y cuya información financiera cumpla con las reglas para la elaboración y presentación de los estados financieros básicos determinadas por la Comisión, por lo que el riesgo de pérdida de patrimonio de sus socios es moderadamente bajo.

c) Categoría C. Aquellas sociedades que presenten un Nivel de Capitalización igual o mayor al 50 por ciento y menor al 100 por ciento o que teniendo un nivel de capitalización superior al 100 por ciento, no se apegan a las reglas para la elaboración y presentación de los estados financieros básicos determinadas por la Comisión, por lo que son sociedades con riesgo de caer en estado de insolvencia si no adoptan medidas correctivas inmediatas, a efecto de disminuir el riesgo de pérdida de patrimonio de sus socios.

d) Categoría D. Aquellas sociedades que presenten un Nivel de Capitalización inferior al 50 por ciento y:

i. que no presenten sus estados financieros básicos dentro de los plazos y términos que se fijen en las disposiciones que emita la Comisión o bien,

ii. si se trata de las sociedades que se encuentren clasificadas en categoría C conforme a la fracción III de este artículo, que no presenten dichos estados financieros en la forma que igualmente se determine en las disposiciones de la Comisión.

Estas sociedades, en protección del patrimonio de sus socios, deben abstenerse de celebrar operaciones de captación e iniciar su disolución y liquidación.

II. Deberán notificar a su asamblea general de socios, la última clasificación que les hubiere sido asignada, en la sesión inmediata siguiente a la fecha en que el Comité de Supervisión Auxiliar les comunique el resultado, salvo si fueron clasificadas en categoría C o D, en cuyo caso deberán hacerlo del conocimiento de dicha asamblea a más tardar 30 días contados a partir del día siguiente en que se haya hecho la notificación del resultado. A efecto de comprobar lo anterior, las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de nivel de operaciones básico, deberán enviar al Comité de Supervisión Auxiliar, copia de la convocatoria para la celebración de la Asamblea General de Socios y del acta debidamente protocolizada en la que se hubiere informado sobre el particular, dentro de los 60 días siguientes a su celebración.

III. Las sociedades que acumulen dos clasificaciones consecutivas en categoría C, serán clasificadas en la categoría D en protección de sus socios ahorradores. Asimismo, las sociedades que de manera recurrente incumplan con las obligaciones previstas en este artículo y las demás contenidas en esta Ley, podrán ser clasificadas en la categoría D en protección de sus socios ahorradores.

IV. Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un nivel de operaciones básico, que sean clasificadas en categoría D, en protección de los ahorros de sus socios, deberán abstenerse de realizar operaciones que impliquen captación de recursos, a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación por parte de la Comisión en términos del artículo 15 Bis de esta Ley.

Artículo 15 Bis.- El Comité de Supervisión Auxiliar deberá informar por escrito a la Comisión respecto de aquellas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico que hubieren sido clasificadas en la categoría D a los diez días hábiles siguientes a aquel en que haya notificado tal clasificación a la propia sociedad, a efecto de que aquella publique a través de su página de Internet un listado de las sociedades que tengan esa categoría. Asimismo, el Comité de Supervisión Auxiliar publicará dicho listado en su propia página de Internet.

La Comisión, una vez que tenga conocimiento de la clasificación en la categoría D de alguna Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico, podrá practicarle visitas de investigación en términos de lo previsto en esta Ley, a efecto de confirmar la información proporcionada por el Comité de Supervisión Auxiliar, caso en el cual, podrá ordenarle su disolución y liquidación, en términos de lo dispuesto por el artículo 83 de esta Ley.

Una vez ordenada la disolución y liquidación señalada en el párrafo anterior, la Comisión notificará al Comité de Supervisión Auxiliar a efecto de que éste cancele el registro de la sociedad correspondiente.

Artículo 42.-…

El Fondo de Protección tendrá como finalidad llevar a cabo la supervisión auxiliar de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación de I a IV; realizar operaciones preventivas tendientes a evitar problemas financieros que puedan presentar dichas sociedades, llevar a cabo las evaluaciones a que se refiere esta Ley a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico, así como, procurar el cumplimiento de obligaciones relativas a los depósitos de ahorro de sus Socios en los términos y condiciones que esta Ley establece.

Artículo 52.-…

I. a XI.…

XII. Realizar las evaluaciones a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico a que se refiere el artículo 15 de esta Ley.

XIII. Reportar a la Comisión las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico que sean clasificadas en D.

XIV. Las demás que esta Ley le otorgue, así como las que se prevean en las disposiciones de carácter general que de ella emanen para el cumplimiento de su objeto, y las previstas por el contrato constitutivo del Fondo de Protección.

Artículo 83.-…

I. a III.…

  • Si la Comisión confirma los supuestos para ser clasificada en la categoría D de conformidad con el artículo 15 Bis.

Artículo 113.-…

Lo anterior, sin perjuicio de que también serán responsables penalmente aquellas personas que determinen o inciten dolosamente a otro a la realización de las conductas ilícitas previstas en el presente capítulo o los que lleven a cabo sirviéndose de otro.

Artículo 114.- Serán sancionados con penas de prisión de 3 a 15 años y multa de hasta 100,000 días de salario quien lleve a cabo operaciones de las reservadas para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, sin contar con las autorizaciones previstas en la Ley o con el registro correspondiente a que se refiere el Artículo 13 de la presente Ley.

La Comisión, en la realización de investigaciones para determinar la posible comisión del delito a que refiere el párrafo anterior, en cualquier momento y previo a la emisión de opinión de delito a la Secretaría, podrá ordenar como medida cautelar a las entidades financieras sujetas a su supervisión, la inmovilización provisional e inmediata de los fondos o activos registrados o que pudiesen estar relacionados con la comisión del delito a que refiere el primer párrafo de éste artículo.

La propia Comisión, en cualquier momento y previo a la imposición de la sanción a que alude el artículo 108 Bis 1, fracción III de la Ley de Instituciones de Crédito, podrá ordenar la medida cautelar prevista en el párrafo que antecede tratándose de personas morales que realicen operaciones reservadas para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, sin contar con la autorización prevista en esta Ley o con el registro correspondiente a que se refiere el Artículo 13 de la presente Ley.

Se entenderá por inmovilización provisional e inmediata, la prohibición temporal de transferir, traspasar, convertir, enajenar, trasladar, gravar, mover o retirar fondos o activos, cuando estos actos estén relacionados con las conductas previstas en este artículo.

Una vez que la Secretaría formule la petición a que se refiere el artículo 109 de esta Ley deberá solicitar al Ministerio Público de la Federación competente que ordene una medida cautelar para efecto de inmovilizar los recursos correspondientes. En caso de que la medida cautelar dictada por la Comisión no se haya derivado de una investigación para emitir la opinión de delito a la Secretaría, o bien, en caso de no expedir tal opinión por no encontrarse elementos, la Comisión deberá otorgar el derecho de audiencia a la persona física o moral respecto de cuyas cuentas se haya decretado la medida, en un plazo de 10 días hábiles, a efecto de resolver lo conducente.

ARTICULO TERCERO. Se reforman el primer párrafo del artículo TERCERO y el tercer párrafo del artículo CUARTO de los artículos TRANSITORIOS DEL ARTICULO PRIMERO, del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009, para quedar como sigue:

TRANSITORIOS DEL ARTICULO PRIMERO

TERCERO.- Las Sociedades Cooperativas de cualquier tipo, distintas a las señaladas por el Artículo Segundo Transitorio anterior, cuyo monto total de activos rebase el equivalente en moneda nacional a 2'500,000 UDIS que a la fecha de entrada en vigor de este Decreto realicen operaciones que impliquen la captación de recursos de sus Socios para su colocación entre éstos y no hubiesen presentado una solicitud de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tendrán hasta el 31 de marzo de 2014 para constituirse como Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas y solicitar la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo. No obstante lo anterior, el Comité de Supervisión Auxiliar contará con un plazo de 180 días para emitir el dictamen respecto de aquellas solicitudes que para tal fin hubiere recibido a más tardar el 31 de marzo de 2014; dicho plazo correrá a partir de la fecha en que el Comité de Supervisión Auxiliar haya recibido la solicitud, sin que el cómputo de dicho plazo se suspenda por los requerimientos de información o documentación que realice el Comité de Supervisión Auxiliar a la Sociedad solicitante. El plazo anterior podrá ser ampliado por la Comisión por un período de 90 días adicionales, cuando el Comité de Supervisión Auxiliar así lo solicite y a juicio de la Comisión se justifiquen las razones para ello. La autorización de referencia podrá solicitarse, siempre y cuando las sociedades mencionadas se ajusten a lo siguiente:

I. a IV.

CUARTO.-…

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Instituciones de Banca Múltiple, Casas de Bolsa, así como las instituciones integrantes de la Administración Pública Federal, con excepción de las Instituciones de Banca de Desarrollo, o Estatal y fideicomisos públicos, constituidos por el Gobierno Federal o estatales para el fomento económico, que realicen actividades financieras, tendrán prohibido celebrar operaciones activas, pasivas o de servicios con las Sociedades Cooperativas que se ubiquen en los supuestos de incumplimiento a que se refiere este Artículo. Asimismo, dichas entidades deberán realizar los actos necesarios para rescindir las operaciones que tuvieren contratadas con las referidas Sociedades Cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y acorde a la naturaleza de tales operaciones.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto por lo dispuesto en los artículos siguientes.

SEGUNDO.- Las sociedades que a la entrada en vigor de este Decreto, ya se hubieren sometido a un trabajo de consolidación en términos de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, deberán concluir su implementación en los términos establecidos en el propio trabajo de consolidación.

TERCERO.- Las evaluaciones a que se refiere el artículo 15 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, deberán realizarse a partir del 1 de junio de 2015.

CUARTO.- Las sociedades a que se refiere el primer párrafo del Artículo Tercero de los TRANSITORIOS DEL ARTICULO PRIMERO, del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009, que al 31 de marzo de 2014 estuvieren clasificadas en las categorías A, B o C y que no hubieren presentado su solicitud de autorización ante la Comisiónpara continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo en términos de dicho precepto, en excepción a lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo Cuarto Transitorio del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009, podrán seguir realizando operaciones que impliquen captación de recursos en términos de la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de la Ley de Instituciones de Crédito, durante un plazo de doce meses contado a partir de que se notifiquen a la sociedad correspondiente los resultados de los trabajos de consolidación, en términos de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores,y siempre y cuando:

I. A más tardar el 30 de abril de 2014, manifiesten a la Comisión su intención de sujetarse a los trabajos de consolidación a que se refiere la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y le presenten copia de su escritura constitutiva; un listado de todas las sucursales u oficinas de atención al público que tengan, señalando su ubicación y estados financieros al 31 de diciembre de 2013. Asimismo, deberán presentar a la Comisión a más tardar el 30 de mayo de 2014 estados financieros al 31 de marzo de 2014; bases de datos con información relativa a la captación y operaciones de crédito individualizadas por socio al 31 de marzo de 2014, las cuales deberán estar contenidas en un dispositivo de almacenamiento electrónico y copia de la publicación en un diario de circulación local correspondiente al domicilio social de la sociedad de la convocatoria a la Asamblea General de Socios a celebrarse a más tardar 90 días contados a partir del día siguientede dicha publicación, en cuyo orden del día se establezca lo siguiente:

a) Informe relativo a la falta de presentación de la solicitud de autorización a que se refiere el Artículo Tercero Transitorio del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009, así como de sus consecuencias para la Sociedad.

b) Propuesta para facultar al Consejo de Administración para que realice las gestiones necesarias a fin de que la sociedad pueda ser beneficiaria de los esquemas a que se refiere el artículo 8o. BIS de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

c) Aceptación de los términos que resulten del trabajo de consolidación derivado de las gestiones del inciso anterior.

II. A más tardar el 31 de octubre de 2014, la sociedad solicite la inscripción en el Registro Público de Comercio del acta de la sesión de la Asamblea General mencionada en la fracción anterior, dentro de un plazo de 15 días naturales posteriores a su celebración, así como que presente ante la Comisión dicha acta debidamente protocolizada.

III .A más tardar el 31 de octubre de 2014, la sociedad haya recibido del Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, el escrito en que se le informe del cumplimiento de los requisitos para dar inicio al trabajo de consolidación correspondiente y presente copia de tal documento a la Comisión. Asimismo, la sociedad deberá presentar, en tiempo y forma, la información que con motivo de la realización de los trabajos de consolidación le sea requerida.

IV. La sociedad no celebre operaciones con nuevos socios, ni establezca nuevas sucursales u oficinas de atención al público.

En caso de incumplirse alguno de los requisitos establecidos en las fracciones anteriores, las mencionadas sociedades deberán abstenerse de realizar operaciones que impliquen captación de recursos, a partir de la actualización del incumplimiento.

La misma restricción será aplicable de no iniciarse los trabajos de consolidación a que se refiere la fracción XI del artículo 2o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, o de no implementarse éstos en tiempo y forma por causas imputables a la sociedad. Para verificar lo anterior la Comisión podrá requerir toda la información necesaria.

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Instituciones de Banca Múltiple, Casas de Bolsa, así como las instituciones integrantes de la Administración Pública Federal, con excepción de las Instituciones de Banca de Desarrollo, o Estatal y fideicomisos públicos, constituidos por el Gobierno Federal o estatales para el fomento económico, que realicen actividades financieras, tendrán prohibido celebrar operaciones activas, pasivas o de servicios con las Sociedades Cooperativas que se ubiquen en los supuestos de incumplimiento a que se refiere este artículo. Asimismo, dichas entidades deberán realizar los actos necesarios para rescindir las operaciones que tuvieren contratadas con las referidas Sociedades Cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y acorde a la naturaleza de tales operaciones.

QUINTO.- A las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a que se refiere el primer párrafo del artículo Tercero de los TRANSITORIOS DEL ARTICULO PRIMERO, del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009, que habiendo presentado su solicitud de autorización ante el Comité de Supervisión Auxiliar reciban de este un dictamen desfavorable, o les sea negada la autorización correspondiente por la Comisión, les resultará aplicable lo dispuesto en el artículo Cuarto anterior.

Al efecto, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción I del artículo Cuarto anterior, relativo a la convocatoria a la Asamblea General de Socios, las Sociedades referidas contarán con un plazo de 30 días contados a partir de la notificación del dictamen desfavorable o resolución desfavorable, según sea el caso. En sustitución del informe señalado en el inciso a) de dicho precepto, deberán presentar una copia del dictamen o resolución desfavorable.

Asimismo las Sociedades a las que se refiere el párrafo anterior, tendrán 60 días a partir de la fecha antes mencionada para celebrar la Asamblea a que se refiere el párrafo anterior.

Asimismo, contarán con noventa días contados a partir de la citada notificación para cumplir con lo establecido en las fracciones II y III del referido artículo Cuarto anterior.

SEXTO.- El plazo previsto en el tercer párrafo del Artículo Quinto anterior, comenzará a computar a partir de la publicación de este instrumento, respecto de aquellas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que sean notificadas del dictamen desfavorable o bien, de la resolución en sentido negativo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con anterioridad al 1 de abril de 2014.

Asimismo, si las sociedades señaladas presentaron ante el Comité de Supervisión Auxiliar una solicitud de revisión del dictamen desfavorable que les hubiere sido expedido en términos de lo preceptuado por el artículo 10, quinto párrafo de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, podrán presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el dictamen desfavorable, sin esperar a que concluya la revisión solicitada, a efecto de acogerse a lo contenido en el Artículo Cuarto Transitorio anterior de este Decreto.

SEPTIMO.- Una vez que venzan los plazos establecidos en el presente Decreto, las personas que realicen operaciones de captación en contravención a este instrumento legal podrán incurrir en alguna responsabilidad penal en el grado de autoría o participación que determinen las Leyes aplicables, por lo que cualquiera que tenga conocimiento de algún hecho presumiblemente constitutivo de delito lo podrá hacer del conocimiento de las autoridades competentes.

Para los efectos del párrafo anterior, también se considerarán responsables penalmente aquellas personas que determinen dolosamente a otro a la realización de las conductas ilícitas o los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro.

Dado en la sala de Comisiones del H. Senado de la República, a 10 de abril de 2014.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
COMISION DE FOMENTO ECONOMICO
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Población, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, de la Ley General de Turismo y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para adicionar el término “preferencias sexuales” y sobre no discriminación.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE LA LEY GENERAL DE POBLACION, DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES; DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; DE LA LEY GENERAL DE TURISMO Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA ADICIONAR EL TERMINO “PREFERENCIAS SEXUALES” Y SOBRE NO DISCRIMINACION

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES,
PARA LA IGUALDAD DE GENERO
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda de la LXII Legislatura del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de Población, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Ley General de Turismo y Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Estas Comisiones, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance que tenía la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de marzo de 2013, la Presidencia de la Cámara de Senadores recibió de la Colegisladora la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de Población, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Ley General de Turismo y Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Minuta a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, para su estudio y dictamen.

3. Los integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta materia del presente dictamen tiene como objetivo adicionar el término “preferencias sexuales” dentro de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en apartados en donde se establece el contenido relacionado al derecho a la “no discriminación”, como una estrategia más para combatir su incidencia.

De igual manera, propone establecer dentro del Artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán promover y coordinar acciones de información y orientación educativa sobre salud sexual y reproductiva, a fin de prevenir y atender embarazos tempranos, infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida y favorecer el acceso universal a métodos anticonceptivos y la toma de decisiones responsables.

También, propone reformar la fracción II del artículo 3o de la Ley General de Población, para señalar que en los programas de planeación familiar se deberán respetar los derechos humanos de las personas.

En cuanto a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se busca establecer que los principios rectores son además de los contenidos en la Carta Magna, los establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al igual que dentro de las reformas propuestas a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres,

Finalmente, busca armonizar la definición de “no discriminación” contenida en la Constitución Federal dentro de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, Ley General de Turismo y Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

CONSIDERACIONES

1.- El 10 de junio de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modifica y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, la cual sin duda alguna es la más trascendente en esta materia en el país hasta el día de hoy.

Con esta reforma, la Constitución General reconoce las prerrogativas de derechos humanos y convalida los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, estableciendo la obligación a toda autoridad de promover y respetar estos derechos fundamentales, garantizando su goce bajo principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Asimismo, introduce elementos respecto a la organización y funcionamiento de los organismos protectores de los derechos humanos tanto nacionales como los equivalentes en las entidades federativas e impone a todo servidor público que no acepta o cumple con una recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos, la obligación de fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, a solicitud de los organismos locales protectores de los derechos humanos, la obligación de comparecer ante las legislaturas o su diputación permanente a fin de que expliquen y fundamenten el motivo de su negativa.

Como se lee, la modificación aprobada a la Constitución Federal constituye un gran paso en materia de derechos humanos y elementos que la conforman, ello aunado a que la misma establece que los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte tendrán el nivel jerárquico de la carta magna, aspecto que complementa y fortalece la protección de los derechos humanos en el territorio nacional.

2.- La no discriminación es un derecho humano público subjetivo oponible tanto al Estado como a los particulares, formulado bajo la antónima del principio de discriminación y constituyéndose como una de las palabras de naturaleza política que está presente en los usos cotidianos del lenguaje.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Segunda Sala, ha establecido una tesis aislada de la novena época, visible en el tomo XXVI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro “GARANTIA DE NO DISCRIMINACION. SU PROTECCION CONSTITUCIONAL” señala que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos advierte que la no discriminación es una verdadera garantía individual, consistente en el derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias1.

Por su parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) señala que la discriminación es una conducta culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida, de exclusión contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales.

3.- En México, el promover el respeto del derecho a la no discriminación continúa siendo uno de los principales retos del Estado, en virtud de que aún reconociendo los esfuerzos en la materia como lo es la creación de una legislación y organismo rector, así como la adopción del principio antidiscriminatorio en la Carta Fundamental como un derecho humano base en el desarrollo de la nación, nos encontramos con resultados de diversos estudios que nos indican que debemos continuar multiplicando esfuerzos.

El Reporte sobre la Discriminación en México 20122, realizado conjuntamente por CONAPRED y el Centro de Investigación y Docencia Económicas(CIDE), es producto del resultado de la percepción ciudadana trasladada a una investigación que deja de manifiesto la gran cantidad de trabajo que falta por hacer, a partir del análisis de los resultados que contienen los ejes temáticos siguientes:

I.- Proceso Civil:

• Deben revisarse y reformarse las leyes relativas al Registro Civil para asegurar que no se limite el ejercicio de la libre elección del nombre. 

• Habría de impulsarse una campaña nacional del Registro Civil para incorporar a las personas que no se hallan inscritas.  

II.- Proceso Penal:

• Transitar hacia un modelo de respeto de derechos humanos de las personas en reclusión, con consideraciones específicas hacia los derechos a la salud, al trabajo y, en general, a las condiciones de vida dignas. 

• Limitar el uso de la prisión preventiva a los casos que estén apegados estrictamente al Estado de derecho, para evitar la violación al principio de inocencia, el hacinamiento carcelario y la violencia que de ello se deriva. 

III.- Salud y Alimentación:

• La asignación inadecuada de recursos para la salud en las áreas que más afectan a los grupos discriminados puede provocar la reproducción de la discriminación sin ser manifiesta de manera directa. 

• Habría de promoverse un sistema de salud con capacidades su­ficientes, y sobre todo con especialización adecuada, para aten­der a la creciente población adulta mayor. 

IV.- Trabajo:

• Impulsar la ampliación de programas de regularización gra­dual de las personas que trabajan. 

• Diseño, promoción y desarrollo de disposiciones legales, progra­mas y servicios que apoyen las actividades de trabajo extradoméstico de las mujeres y los hombres. 

Por su parte, la Segunda Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 20103 (ENADIS 2010) señala:

• En cuanto a niñas y niños, 25 por ciento dijeron que en su casa los han golpeado. 

• El 30 por ciento de las mujeres señalaron que piden permiso para votar. 

• El 30 por ciento de los jóvenes consideran que la apariencia o la inexperiencia son los motivos por los que no fueron aceptados en un trabajo.

• El 40 por ciento de las personas adultas mayores piensan que la principal problemática es la dificultad de encontrar trabajo. 

• Las personas con discapacidad señalan que sus principales problemas radican en el desempleo, la discriminación y el no ser autosuficientes. 

• Las minorías étnicas mencionan como su principal problemática la discriminación, seguido de la pobreza y el desempleo. 

• El 60 por ciento de las personas migrantes consideran que se respetan poco sus derechos en México. 

Como se lee, el respeto al derecho de la “no discriminación” continúa siendo uno de los principales pendientes del Estado Mexicano, más aún tratándose de situaciones particulares o condiciones de vida que por su naturaleza y el contexto en el que se presentan tienden a ser más susceptibles de discriminación.

Tal es el caso de las personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual, que en nuestro país viven diversas situaciones que los alejan, en muchas ocasiones, de la posibilidad de ejercer sus derechos humanos.

En este sentido, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 20104 señala:

• 4 de cada 10 mexicanos consideran que la preferencia sexual es uno de los factores que más divide a la sociedad.

• 4 de cada 10 mexicanas y mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales.

• Casi 3 de cada 10 personas en México consideran que se justifica mucho, algo y poco oponerse a que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio.

• 8 de cada 10 personas de más de 50 años opinan estar en desacuerdo y muy en desacuerdo con que a las parejas de hombres homosexuales se les debería permitir adoptar niñas y niños.

• 7 de cada 10 personas que se encuentran entre los 30 y 49 años de edad opinan lo mismo.

• 8 de cada 10 personas homosexuales de entre 50 y 54 años, 7 de cada 10 de entre 30 y 34 años y entre 40 y 44 años, y 4 de cada 10 entre 15 y 29 años y entre 35 y 39 años, declararon que la discriminación, seguida de la falta de aceptación, el rechazo y las burlas en diversos ámbitos de la vida son los principales problemas a los que se enfrentan diariamente.

4.- Los integrantes de las Comisiones Unidas reconocen el trabajo de la Colegisladora y manifiestan su acuerdo total en que se necesita dotar al marco jurídico de mejores y mayores elementos que fortalezcan y armonicen las estrategias tendientes a erradicar la “no discriminación” y con ello fomentar un ambiente de integración en igualdad de condiciones a partir de la persona y no de las particularidades que lo conforman.

En ese sentido, están totalmente de acuerdo con las reformas propuestas a ocho leyes para fortalecer el derecho de la no discriminación dentro del marco jurídico nacional y armonizar, particularmente, que las personas no pueden ser vulnerados de sus derechos y oportunidades a partir de su preferencia sexual.

Ello, en virtud de que México debe ser un estado garantista de derechos humanos y aunado a lo establecido en el Artículo 1°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

Artículo 1°.-…

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Así, por los elementos vertidos y la necesidad de dotar a las autoridades de más herramientas para trabajar a favor de la “no discriminación”, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas se manifiestan a favor de la Minuta que da origen al presente dictamen.

Es por lo anteriormente expuesto que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda:

RESUELVEN

UNICO.- Es de aprobarse la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de Población, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Ley General de Turismo y Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el inciso C) del artículo 3, el primer párrafo del artículo 16 y los numerales G y H del artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como siguen:

Artículo 3. ...

...

A) y B) ...

C) El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, preferencias sexuales, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.

D. a G...

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen reconocidos sus derechos y no deberá hacerse ningún tipo de discriminación en razón de raza, color, sexo, idioma o lengua, religión; opinión política; preferencias sexuales, origen étnico, nacional o social; posición económica; discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición no prevista en este artículo.

...

Artículo 28. ...

A a F. ...

G. Atender de manera especial las enfermedades endémicas y epidémicas, impulsando programas de prevención e información sobre ellas.

H. Promover y coordinar acciones de información y orientación educativa sobre salud sexual y reproductiva, a fin de prevenir y atender embarazos tempranos, infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida; y favorecer el acceso universal a métodos anticonceptivos y la toma de decisiones responsables.

I a J...

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción II del artículo 3o de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 3o...

I...

II. Realizar programas de planeación familiar a través de los servicios educativos y de salud pública de que disponga el sector público y vigilar que dichos programas y los que realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos humanos de las personas, con el objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población, así como lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del país;

III. a XIV. ...

ARTICULO TERCERO.- Se reforman los artículos 2, el primer párrafo del artículo 3, 14 y la fracción VIII del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como siguen:

Artículo 2.- Son principios rectores de la presente ley: la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión, preferencias sexuales o discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta ley tutela.

...

Artículo 14.- Los congresos de los estados, con base en sus respectivas constituciones, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con arreglo a su Estatuto de Gobierno, expedirán las disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y esta ley.

Artículo 34. ...

I a VII. ...

VIII. Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo o preferencia sexual, del mercado de trabajo;

IX. a XI. ...

ARTICULO CUARTO.- Se reforma el artículo 12 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 12. Constituyen violencia docente: aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, preferencias sexuales, edad, condición social, académica, limitaciones o características físicas, que les infligen maestras o maestros.

ARTICULO QUINTO.- Se reforman los artículos 1 y 3 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como siguen:

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la república, en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en los términos del artículo cuarto, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de lo previsto, en lo conducente, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 3. Son sujetos de los derechos que esta ley garantiza todas las mujeres mexicanas y extranjeras que se encuentren en el territorio nacional, y las mexicanas en el extranjero, sin importar origen étnico, edad, estado civil, idioma, condiciones de salud, opiniones, preferencias sexuales, cultura, condición social, discapacidad, religión o dogma; quienes podrán participar en los programas, servicios y acciones que se deriven del presente ordenamiento.

ARTICULO SEXTO.- Se reforma el último párrafo del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 21. ...

I. a V...

No podrá existir discriminación por razón de género, edad, discapacidad, preferencias sexuales, opiniones, condiciones de salud, religión, estado civil, origen étnico o condición social para la pertenencia al servicio.

ARTICULO SEPTIMO.- Se reforma el artículo 59 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 59. En la prestación y uso de los servicios turísticos queda prohibida la discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, en los términos del orden jurídico nacional.

ARTICULO OCTAVO.- Se reforma el artículo 8° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 8°. Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su origen étnico o nacional, edad, género, estado físico, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 10 de abril de 2014.

COMISIONES UNIDAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES;

PARA LA IGUALDAD DE GENERO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA”.

De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, sobre acuacultura rural.

1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo directo en revisión 881/2007. Angel Flores Merino. 4 de julio de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.

2 RAPHAEL, de la Madrid Ricardo (Coord.), Reporte sobre la Discriminación en México 2012, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), México Distrito Federal.

3 Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS 2010), Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), México Distrito Federal.

4Ibídem.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IV BIS Y IV TER AL ARTICULO 4o., LAS FRACCIONES II BIS, II TER Y VII AL ARTICULO 78; Y SE REFORMA LA FRACCION V DEL ARTICULO 78 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, SOBRE ACUACULTURA RURAL

(Dictamen de primera lectura)







 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION II DEL ARTICULO 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE LACTARIOS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de lactarios.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 26 de febrero de 2013, los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Salvador López Brito, Luisa María Calderón Hinojosa, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Marcela Guerra Castillo, María del Rocío Pineda Gochi, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; los Senadores Rabindranath Salazar Solorio, Luz María Beristain Navarrete, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y la Senadora Ana Gabriela Guevara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 64, fracción II, de la Ley General de Salud.

En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que se turnara a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa propone impulsar la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado de la siguiente manera:

Artículo 64.- …

I. …

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento para la lactancia materna, promoviendo que la leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida y complementario hasta avanzado el segundo año de vida, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, en coordinación con las autoridades laborales, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado.

II Bis. a IV. …

Transitorios

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- En un plazo que no excederá de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerán la normatividad para la instalación y funcionamiento de los lactarios.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. Estas Comisiones dictaminadoras, coincidimos con los legisladores proponentes, de que en la actualidad es indispensable continuar trabajando en el fortalecimiento de las políticas preventivas en la población desde edades tempranas, entre ellas es fundamental, incrementar y promover la alimentación de niños a través de la lactancia materna.

Datos muy importantes obtenidos de la Organización Mundial de la Salud, señalan que en 2011, menos del 41% de los niños menores de seis meses fueron alimentados sólo con leche materna, sin embargo, algunos de los beneficios de alimentar a los infantes a través de la lactancia, es el vínculo que se crea entre madre e hijo, pero además, se reduce la mortalidad infantil en una quinta parte. Lo anterior derivado de que la leche materna ayuda a satisfacer las necesidades alimenticias del bebé, lo cual es recomendable hacer mínimo en los primeros seis meses de vida, de manera primordial y hasta los dos años de vida, como alimento complementario.

Además es importante destacar que la leche materna contiene los azucares, las proteínas y las grasas en las cantidades necesarias para su óptimo crecimiento, que tiene sustancias que protegen a los infantes y los auxilian en el combate de infecciones; su contenido en sal es mínimo, por lo que no afecta sus riñones, por el contrario ayuda en el proceso digestivo.

C. En nuestro país, se han realizado reformas importantes, que impulsan el cuidado de la salud desde edades tempranas, es decir, la políticas de salud preventiva, se encargan de fomentar un diagnóstico temprano con la finalidad de evitar las consecuencias de diversas enfermedades, que se pueden desarrollar con el crecimiento de las personas, pero que también se pueden evitar o controlar dichos padecimientos si se tiene un conocimiento previo o antecedente de los mismos. En este sentido, se han logrado avances como la implementación del Tamiz Neonatal Ampliado, y la planeación de políticas que fomentan aspectos como la lactancia materna, donde las autoridades sanitarias impulsen campañas para promover el asunto de la materia.

No obstante todos los esfuerzos que se den a través del Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de Salud y el Congreso de la Unión, a través de la creación de normas que faciliten las acciones en beneficio de este sector de la población, es importante, que las acciones de salud en su momento, sean reforzadas a través de la correcta orientación de la madre y padre de los infantes, con la finalidad de que todas estas medidas preventivas, sean llevadas a cabo y no sólo queden plasmadas en la legislación correspondiente.

D. Es importante señalar, que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012, en 2011 se decidió incentivar la lactancia materna, como parte permanente de las políticas en el sector salud. Lo anterior, a partir de que la mediana de la duración de la lactancia materna se estimó en 10.2 meses.

Además de acuerdo con el apartado de Prácticas de alimentación infantil en menores de dos años, ENSANUT 2012, se aprecia que las prácticas de lactancia están muy por debajo de las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud. De un total de 4097, número muestra que se tomó de infantes, poco más de una tercera parte, son puestos al seno en la primera hora de vida y sólo el 14.4% son infantes de seis meses que exclusivamente reciben lactancia materna. Aunado a ello, la mitad de los niños, menores de 2 años, usan biberón, cuando se recomienda evitar su uso, sólo la tercera y la séptima parte de los niños, reciben lactancia materna al año y a los dos años, respectivamente.

Otro dato alarmante que las Comisiones Dictaminadoras consideran importante resaltar y que se considera uno de los problemas de salud en la población, es que el porcentaje de alimentación por lactancia materna, ha ido disminuyendo notablemente, mientras en 2006, en el periodo de los 0 a los 5 meses de edad de los infantes, donde la lactancia materna es exclusiva, el 17.3% en zonas urbanas era alimentado exclusivamente de esa manera, contra el 12.7% que fue el porcentaje que se registró en 2012, y en zonas rurales el porcentaje es de 36.9% contra 18.5%. Es decir, hubo una disminución del 4.6 y 18.4 puntos porcentuales, respectivamente, tal declive en seis años obliga al sector salud a poner atención en dicho aspecto, toda vez que en la actualidad debiera de incrementarse el porcentaje de niños alimentados con lactancia materna, a través del impulso de campañas que promueven sus beneficios.

F. Finalmente la tendencia, no sólo en nuestro país sino a nivel mundial, ha sido que el porcentaje de las mujeres que trabajan en la actualidad va en aumento, lo anterior ya sea por motivos económicos, o bien profesionales. Es por ello, que es importante que en aras de lo anterior, continuemos impulsando reformas que generen beneficios a la salud de los mexicanos desde edades tempranas. El objeto de la presente reforma es facilitar en muchas ocasiones las circunstancias de las madres de acuerdo a nuestros tiempos. Alimentar a sus hijos en la medida de lo posible hasta la edad mínima recomendada por la OMS, que son de 0 a 6 meses, con lo cual las madres trabajadores desde su lugar de trabajo, puedan extraer la leche materna y conservarla en un lugar fresco, para que posteriormente con ella puedan alimentar a sus hijos.

Es una de las medidas que de acuerdo con los avances en nuestro país, resulta necesaria, toda vez que día con día hay mayor cantidad de mujeres que salen de sus hogares a trabajar. No obstante lo anterior, consideramos viable realizar una modificación al Decreto, que consiste en eliminar lo correspondiente a las autoridades laborales, toda vez que corresponde mayormente a un problema de salud pública.

Es por lo anteriormente vertido, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, consideran la propuesta viable con modificaciones y con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma la fracción II, del Artículo 64 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 64.- …

I. …

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado;

II Bis. a IV. …

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. En un plazo que no excederá de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Salud establecerá la normatividad para la instalación y funcionamiento de los lactarios.

Asimismo las acciones que deban realizar las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto, en términos de la normatividad que la Secretaría de Salud emita para tal efecto, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bebidas alcohólicas.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bebidas alcohólicas.

Una vez recibida por las Comisiones Unidas, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 11 de octubre de 2011, los diputados Miguel Antonio Osuna Millán y María Dolores del Río Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Rodrigo Reina Liceaga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Alberto Ezeta Salcedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico; y María del Pilar Torre Canales, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de bebidas alcohólicas.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del la Cámara de Diputados dispuso que la Iniciativa de mérito fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

2.- Con fecha 8 de diciembre de 2011, la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen de la Comisión de Salud con Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bebidas alcohólicas.

3. Con fecha 13 de diciembre de 2011, se recibió de Cámara de Diputados la Minuta con Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bebidas alcohólicas.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la Minuta de mérito fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta que nos ocupa, modifica el nombre del Programa contra el Alcoholismo para quedar como Programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, así como la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol.

Establece como acciones del Programa, la promoción de los servicios de prevención, detección temprana, orientación, atención, derivación y tratamiento a personas y grupos con uso nocivo del alcohol, y el fomento de la protección de la salud considerando la educación, promoción de actitudes, factores de protección, habilidades y conductas que favorezcan estilos de vida activa en los individuos, la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad.

Define el uso nocivo del alcohol: como el consumo de bebidas alcohólicas en cualquier cantidad por menores de edad; el consumo en exceso de bebidas alcohólicas por mujeres embarazadas; el consumo en cualquier cantidad de alcohol en personas que van a manejar vehículos de transporte público de pasajeros, así como automotores, maquinaria o que se van a desempeñar en tareas que requieren habilidades y destrezas, especialmente las asociadas con el cuidado de la salud o la integridad de terceros; el consumo de alcohol en exceso, definido por la Secretaría de Salud en el programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo; el consumo en personas con alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, enfermedades hepáticas, cáncer y otras, siempre y cuando haya sido indicado por prescripción médica.

Instaura nuevas facultades de la Secretaría de Salud en el marco de la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol, las cuales son: establecer los límites de alcohol en sangre y en aire expirado para conducir vehículos automotores, los cuales deberán ser tomados en cuenta por las autoridades federales y por las de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia; promover la participación de la sociedad civil en la ejecución del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, con base en las disposiciones que para tales efectos establezca la Secretaría de Salud; proponer al Ejecutivo Federal las políticas públicas y fiscales para la prevención y disminución del uso nocivo del alcohol.

III. CONSIDERACIONES

A. Estas Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, invocan el párrafo cuarto del Artículo 4º Constitucional que menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y aluden a la fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad general de la República, concluyendo que estas Comisiones Unidas son competentes para conocer sobre el presente asunto.

B. Las Comisiones dictaminadoras en análisis de la presente Minuta coinciden en la reforma del artículo 3o. de la Ley General de Salud toda vez que, si bien es cierto dicho ordenamiento ya previene como materia de salubridad general en su actual fracción XIX el programa contra el alcoholismo, impera la necesidad de ampliar este programa a efecto de no solamente atacar esta enfermedad, sino de tratarla de forma integral modificando las políticas públicas con la finalidad de incorporar la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, en virtud de que el consumo excesivo de éste genera graves problemas para la salud e incluso la muerte.

C.Respecto a la reforma del artículo 184 Bis de la Ley General de Salud, estas Comisiones que dictaminan empatan con el criterio de la Colegisladora con la finalidad de otorgarle al Consejo Nacional contra las Adicciones, CONADIC, la facultad de promover y evaluar tanto el “Programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo” como el “Programa contra el tabaquismo” previsto en la Ley General para el Control del Tabaco, a efecto de coadyuvar con la Secretaría de Salud en las acciones de promoción y apoyo para el combate de los problemas de salud pública generados por adicciones.

D. Por lo que toca la reforma del artículo 185 de la Ley General de Salud, se coincide en modificar el capítulo II, que actualmente establece el “Programa Contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas” para ser “Programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo” tema toral de la Minuta que se dictamina.

De igual forma se coincide en dirigir especialmente a menores de edad y a grupos vulnerables la educación sobre los efectos del alcohol como método preventivo para su consumo; a su vez en establecer las acciones tendientes a la promoción de los servicios de prevención, detección temprana, orientación, atención, derivación y tratamiento a personas y grupos con uso nocivo del alcohol, así como el fomento de la protección de la salud considerando la educación, promoción de actitudes, factores de protección, habilidades y conductas que favorezcan estilos de vida activa y saludable en los individuos, la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad.

E. Por lo que toca a la adición del artículo 185 bis a la Ley General de Salud, las Comisiones dictaminadores la estiman viable, toda vez que para ejecutar el programa materia de la presente Minuta, es menester establecer lo que debe entenderse por uso nocivo del alcohol y coincide con el contenido de las VI fracciones que conforman el precepto legal.

F. Ahora bien, la adición del artículo 185 Bis 1, las Comisiones en análisis la consideran pertinente a efecto de establecer las finalidades de las acciones que pretende el “Programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo”.

G. Respecto a la adición del artículo 185 Bis 2, las Comisiones dictaminadoras son coincidentes con el criterio de la Colegisladora consistente en que para la ejecución del “Programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo”, la Secretaría de Salud promueva en los establecimientos públicos, privados y sociales del Sistema Nacional de Salud, las acciones propias de este programa.

H. Por lo que respecta a la reforma del artículo 186 del ordenamiento general sanitario, estas codictaminadoras la consideran pertinente, como bien se menciona en la minuta de referencia, para armonizar aspectos internacionales con la legislación mexicana, ya que dentro de las opciones de política e intervenciones que comprende la Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol de la OMS, establece fomentar actividades a la investigación sobre el alcohol y la salud, crear capacidad de investigación, y promover y apoyar las redes y proyectos de investigación a fin de generar y difundir datos que sirvan de base para la elaboración de políticas y programas.

I. Con relación a la adición del artículo 186 Bis de la Ley General de Salud, las Comisiones dictaminadoras la estiman viable toda vez que para ejecutar las acciones del multicitado programa, resulta necesario considerar aspectos como el uso de la evidencia científica acumulada a nivel internacional y nacional y la generación del conocimiento sobre las causas y las consecuencias del uso nocivo del alcohol, intervenciones efectivas y evaluación de programas o estrategias; la vulnerabilidad de los diferentes grupos de población, por género, edad y etnicidad, así como la vigilancia e intercambio de información y cumplimiento de normas y acuerdos entre los sectores y niveles de gobierno involucrados.

J. Atendiendo a la creación de un CAPITULO II BIS “Protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol” a través de un artículo 187 Bis en la Ley General de Salud, las Comisiones dictaminadoras son coincidentes con la propuesta de la Minuta, a efecto de otorgar facultades a la Secretaría de Salud para determinar los niveles permitidos de alcohol en la sangre y en aire expirado para conducir vehículos automotores.

De igual forma, se considera necesario la existencia de “tolerancia cero” en los niveles de alcoholemia para quienes conduzcan en transporte público y en las personas cuyas actividades pongan en riesgo a terceros, incluyendo a profesionales, técnicos y auxiliares de la salud.

Por otra parte, se es compatible con facultar a la Secretaría de Salud para proponer al Ejecutivo Federal las políticas públicas y fiscales para disminuir el uso nocivo de alcohol.

K. Respecto al artículo 187 Bis 1 de la Ley General de Salud contemplada en Capitulo II Bis, mencionado en la consideración que antecede, las Comisiones dictaminadoras estiman necesario la creación de centros especializados para la atención y rehabilitación de este tipo de pacientes, mismos que colaboren con instituciones nacionales e internacionales de los sectores social y privado, así como con personas físicas que se dediquen a la prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de alcoholismo, con la finalidad de asistir a quienes lo requieran y que puedan, conforme a sus necesidades, características y posibilidades económicas, acceder a los servicios que ofrezcan.

L. Finalmente, atendiendo a los artículos transitorios, estas Comisiones coinciden en los plazos señalados para que las autoridades relacionadas con el programa en comento cumplan con las obligaciones establecidas.

M. Derivado de lo anteriormente expuesto, las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos que dictaminan, estiman pertinente y necesario aprobar la Minuta en sus términos, a efecto de prevenir y reducir el uso nocivo del alcohol, brindar tratamiento para quienes padecen alcoholismo y prevenir enfermedades derivadas de esta enfermedad, así como proteger la salud de terceros y de la sociedad en este rubro.

N. Por lo antes expuesto, una vez analizado y discutido por los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, que suscriben el presente Dictamen, someten a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 3o, fracción XIX; 184 Bis, primer párrafo; 185, primer párrafo y fracción II; 186, primer párrafo y la denominación del Capítulo II del Título Décimo Primero; se adiciona un último párrafo al artículo 17 Bis; las fracciones cuarta y quinta al artículo 185; los artículos 185 Bis, 185 Bis 1, 185 Bis 2 y 186 Bis; un Capítulo II Bis al Título Décimo Primero, con los artículo 187 Bis y 187 Bis 1 a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o....

I. a XVIII. …

XIX. El programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, así como la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol;

XX. a XXVIII. ...

Artículo 17 Bis.…

I. a XIII. ...

Para el cumplimiento de las atribuciones que le corresponden conforme a las fracciones VI, VII, VIII y X, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, podrá auxiliarse de los informes, evaluaciones o dictámenes técnicos que para tal efecto emitan el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y demás áreas sustantivas de la Secretaría de Salud, en sus respectivos ámbitos de competencia, conforme lo determine el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, para lo cual el personal de dichas áreas podrán realizar actos de verificación, conforme a lo que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 184 Bis.- Se crea el Consejo Nacional Contra las Adicciones, que tendrá por objeto promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las Adicciones que regula la presente ley, así como proponer y evaluar los programas a que se refieren los Artículos 185 y 191 de esta Ley,así como el Programa contra el Tabaquismo previsto en la Ley General para Control del Tabaco. Dicho Consejo estará integrado por el Secretario de Salud, quien lo presidirá, por los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del Consejo y por representantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud. El Secretario de Salud podrá invitar, cuando lo estime conveniente, a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a asistir a las sesiones del Consejo.

CAPITULO II

Programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo

Artículo 185. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I....

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a menores de edad y grupos vulnerables, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva;

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo;

IV. La promoción de los servicios de prevención, detección temprana, orientación, atención, derivación y tratamiento a personas y grupos con uso nocivo del alcohol; y

V. El fomento de la protección de la salud considerando la educación, promoción de actitudes, factores de protección, habilidades y conductas que favorezcan estilos de vida activa y saludable en los individuos, la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad.

Artículo 185 Bis. Para efectos de esta Ley, se entenderá por uso nocivo del alcohol:

I. El consumo de bebidas alcohólicas en cualquier cantidad por menores de edad;

II. El consumo en exceso de bebidas alcohólicas por mujeres embarazadas;

III. El consumo en cualquier cantidad de alcohol en personas que van a manejar vehículos de transporte público de pasajeros, así como automotores, maquinaria o que se van a desempeñar en tareas que requieren habilidades y destrezas, especialmente las asociadas con el cuidado de la salud o la integridad de terceros;

IV. El consumo de alcohol en exceso, definido por la Secretaría de Salud en el programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo;

V. El consumo en personas con alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, enfermedades hepáticas, cáncer y otras, siempre y cuando haya sido indicado por prescripción médica, y

VI. Aquel que sea determinado por la Secretaría de Salud.

Artículo 185 Bis 1. Las acciones que se desarrollen en la ejecución del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo tendrán las siguientes finalidades:

I. Proteger la salud y el bienestar de la población frente al uso nocivo del alcohol y prevenir los riesgos a la salud que éste genera;

II. Promover medidas para evitar el consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad o por personas incapaces, en términos del Código Civil Federal;

III. Promover la detección temprana, la atención oportuna y el tratamiento efectivo en los casos de uso nocivo del alcohol y de su dependencia;

IV. Fomentar las acciones de promoción y de educación para conservar y proteger la salud, así como la difusión de la información sobre daños, riesgos y costos atribuibles al uso nocivo del alcohol, con base en evidencia científica;

V. Fomentar el establecimiento de medidas para prevenir el uso nocivo del alcohol en grupos vulnerables; y

VI. Establecer los lineamientos generales para el diseño y evaluación de programas y políticas públicas contra el uso nocivo del alcohol, basadas en evidencia y en experiencia aplicada.

Artículo 185 Bis 2. Para la ejecución del Programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, la Secretaría de Salud promoverá que en los establecimientos públicos, privados y sociales del Sistema Nacional de Salud, en los que se presten servicios de prevención y atención contra el uso nocivo del alcohol, se realicen las siguientes acciones:

I. La promoción de la salud y de estilos de vida activa y saludable; para prevenir y combatir el uso nocivo del alcohol;

II. La prevención, detección temprana, diagnóstico oportuno, derivación, tratamiento efectivo y rehabilitación del individuo, a causa del uso nocivo del alcohol y de los padecimientos originados por él, evitando toda forma de estigmatización y discriminación;

III. El fomento de la creación de redes de apoyo de la sociedad civil, para miembros de la familia y otros miembros de la comunidad que pudieran resultar afectados directa o indirectamente por dicho uso nocivo;

IV. La educación que promueva el conocimiento sobre los efectos del uso nocivo del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida a la población en general, especialmente a la familia, niñas, niños, y adolescentes, jóvenes, mujeres embarazadas, comunidades indígenas y otros grupos vulnerables;

V. El establecimiento de un sistema de monitoreo interno y un programa de seguimiento y evaluación de metas y logros internos del Programa para la prevención y reducción del uso nocivo del alcohol que incluya al menos el uso nocivo del alcohol, las conductas relacionadas al uso nocivo del alcohol y su impacto en la salud; y

VI. El fomento a la aplicación de intervenciones breves; de servicios de cesación y otras opciones terapéuticas que ayuden a dejar de beber alcohol en forma nociva, combinadas con consejería, grupos de ayuda mutua y apoyo terapéutico a familiares.

Artículo 186.-La Secretaría de Salud fomentará las actividades de investigación que permitan obtener la información que oriente las acciones contra el alcoholismo y el uso nocivo del alcohol, en los siguientes aspectos:

I. a IV. …

Artículo 186 Bis. Para poner en práctica las acciones del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

I. El uso de la evidencia científica acumulada a nivel internacional y nacional y la generación del conocimiento sobre las causas y las consecuencias del uso nocivo del alcohol, intervenciones efectivas y evaluación de programas o estrategias;

II. La vulnerabilidad de los diferentes grupos de población, por género, edad y etnicidad; y

III. La vigilancia e intercambio de información y cumplimiento de normas y acuerdos entre los sectores y niveles de gobierno involucrados.

CAPITULO II BIS

Protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol

Artículo 187 Bis. Son facultades de la Secretaría de Salud en el marco de la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol:

I. Establecer los límites de alcohol en sangre y en aire expirado para conducir vehículos automotores, los cuales deberán ser tomados en cuenta por las autoridades federales y por las de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia. Tratándose de vehículos que presten un servicio público, personas que hagan uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, así como los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud que participen en la atención médico-quirúrgica de un usuario, los límites de alcohol en sangre y aire expirado serán cero;

II. Promover la participación de la sociedad civil en la ejecución del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, con base en las disposiciones que para tales efectos establezca la Secretaría de Salud;

III. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas públicas y fiscales para la prevención y disminución del uso nocivo del alcohol; y

IV. Promover ante las autoridades competentes federales y de las entidades federativas, la implementación de medidas y acciones que favorezcan la disminución del uso nocivo del alcohol y de los efectos de éste en terceros, tales como:

a) Limitar los horarios para consumo del alcohol, y

b) Otras que sirvan o prevengan los fines a que se refiere este artículo.

Artículo 187 Bis 1. Para el tratamiento de enfermedades derivadas del alcoholismo, las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, fomentarán la creación de centros especializados en tratamiento, atención, y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión de la persona que padece alguna enfermedad derivada del alcoholismo.

Los centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación deberán:

I. Crear un padrón de instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de alcoholismo, que contenga las características de atención, condiciones y requisitos para acceder a los servicios que ofrecen; y

II. Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales de los sectores social y privado, y con personas físicas que se dediquen a la prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de alcoholismo, con el fin de que quienes requieran de asistencia, puedan, conforme a sus necesidades, características, posibilidades económicas, acceder a los servicios que todas estas instituciones o personas físicas ofrecen.

La ubicación de los centros, se basará en estudios epidemiológicos de las enfermedades derivadas del alcoholismo en cada región del país.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 187 Bis, la Secretaría de Salud contará con un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para emitir las disposiciones que resulten aplicables.

TERCERO. Los gobiernos Federal, de las entidades federativas y de los municipios, desarrollarán de manera coordinada, las políticas públicas previstas en el presente Decreto a partir de los recursos presupuestarios disponibles, para lograr de manera progresiva, el cumplimiento del mismo.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Muchas gracias, señora Secretaria. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, quedan de primera lectura.

Compañeras y compañeros, con el propósito de permitir que concluyan sus reuniones de grupo parlamentario, algunos de nuestros compañeros, y por acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, para referirse al aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM.





 

PRONUNCIAMIENTOS

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Una revolución implica un cambio rápido y profundo, y en el caso de la Revolución Mexicana, representó el cambio que delineó el perfil de un país que fue transformado por un pueblo hambriento, hambriento de justicia social, en el siglo XX.

El día de hoy recordamos a Emiliano Zapata como uno de los protagonistas del movimiento revolucionario más importante del México independiente.

Contribuyendo, en gran medida, a la construcción de las instituciones jurídicas, políticas y, sobre todo, sociales de nuestro país.

Sin duda alguna, los orígenes de Zapata en el estado de Morelos delinearon su sensibilidad por la realidad campesina, pues no solo padeció los efectos de la concentración de la tierra que caracterizó al latifundismo durante el porfiriato, sino que conoció la importancia de trabajar el campo, acuñando la concepción: “la tierra es de quien la trabaja”.

Su apego a la tierra, como herramienta fundamental de trabajo, circunstancialmente lo llevó a involucrarse al movimiento revolucionario de 1910.

Pues el movimiento que encabezó, de naturaleza eminentemente campesina y local, coincidió con el movimiento político promovido por Francisco I. Madero, contra el Presidente Porfirio Díaz.

Es entonces cuando surge la figura del llamado “Caudillo del Sur”. Quedando integrado como componente social y campesino fundamental de la Revolución Mexicana de 1910, al mando del Ejército Liberador del Sur.

La congruencia social e ideológica de este personaje quedó de manifiesto, cuando por encima de su bienestar personal, rechazó ofrecimientos de altas esferas del poder.

De esa forma Zapata nunca renunció a sus convicciones de luchar por los derechos campesinos sobre las tierras y las aguas.

De esta forma, aún es posible agradecer las aportaciones de Zapata, en el contenido del artículo 27 constitucional, que refleja en gran parte de sus ideales, a favor del campo mexicano.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Tiene el uso de la palabra el Senador Rabindranath Salazar Osorio, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Osorio: Muchísimas gracias, con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros:

La Revolución Mexicana fue, sin lugar a dudas, el acontecimiento bélico más importante de México del siglo XX. Como tal, representó el doloroso y complicado tránsito a la revisión profunda y modificación del estilo de vida de toda una sociedad, al tiempo que sentó las bases del sistema político mexicano de los siguientes 70 años.

En su devenir participaron innumerables actores y testigos, algunos perfectamente documentados por una amplia bibliografía y un vasto archivo videográfico, incluso, poco común para la época.

En la mayoría de los casos sus protagonistas han llenado páginas enteras de textos históricos, inaugurando una época de héroes y villanos, quienes quedaron al frente del país proyectando la imagen de figuras incuestionables del Movimiento Revolucionario Armado.

Hoy, a una centuria de estos hechos y con un México en cambio constante, en camino hacia la construcción de una democracia plural y diversificando en formas de pensar en ideologías, podemos analizar de manera objetiva, ya no como ídolos, sino como hombres de carne y hueso, a los grandes protagonistas que forjaron la lucha revolucionaria de 1910.

Esta visión, contrario a lo que pareciera, magnifica aún más sus acciones.

La historia viva de nuestro país tiene presente a cada uno de ellos, particularmente a quienes con su pensamiento y acciones buscaron mejorar las condiciones de vida de los más necesitados.

El día de hoy conmemoramos el 95 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar, quien ofreció su vida para proteger a la clase más vulnerable de la sociedad: los campesinos mexicanos. Por lo que resulta obligatorio realizar un reconocimiento a su entrega, sacrificio y a los logros obtenidos en beneficio de los campesinos de México.

El 10 de abril de 1919, y fruto de una emboscada, Emiliano Zapata, el Caudillo del Sur, fue asesinado en la Hacienda de Chinameca, Morelos. La pérdida del General del Ejército Liberador del Sur generó un profundo descontento tanto en el pueblo como en ciertos sectores políticos. Fiel a sus principios y bajo el lema: “Tierra, Justicia y Ley”, patrocinó los derechos del campesinado hasta su muerte.

De origen humilde, Emiliano Zapata trabajó como peón y aparcero, y recibió una pobre instrucción escolar. Sin embargo, su arrojo y coraje fueron mayores a sus limitaciones y le permitieron convertirse en el gran revolucionario agrarista que logró elevar la dignidad de los campesinos bajo el lema: “Tierra y Libertad”.

Emiliano Zapata fue uno de los grandes hombres de la Revolución Mexicana y sus aportaciones fueron importantes tanto para el país como para toda América Latina, su objetivo principal fue obtener una justa reforma agraria, resumida, usualmente, en pocas palabras: “Que se le quiten las tierras a los ricos terratenientes para repartirlas de forma igual entre los campesinos”.

Pero en el México de hoy esta ilusión del General Emiliano Zapata de alcanzar un mundo en donde los campesinos formen parte fundamental de la economía mexicana, pareciera perderse en el olvido. El campo, el sector rural, el que fuese estandarte del Caudillo del Sur, es uno de los más abandonados, sobre todo debido a la implementación del modelo económico neoliberal.

Al examinar los diagnósticos que se han elaborado acerca del sector a lo largo de los últimos años, la información y las estadísticas muestran un panorama desolador, los indicadores económicos y de calidad de vida revelan que el campo y sus habitantes no sólo no han mejorado, sino que han retrocedido, dejando a los campesinos en condiciones de pobreza, comparables a los de países con economías de menor tamaño que la nuestra.

En las últimas décadas el campo mexicano se ha encontrado en una situación de estancamiento, ya que no ha tenido el auge que se prometió desde hace muchísimos años y que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se ha recrudecido.

Y es que lejos de cumplir con las ofertas de desarrollo y bienestar que se prospectaron, se han desperdiciado los medios para producir alimentos y abastecer a la población. Lo anterior debido a dos factores interlocutores con el campo: la fuerza de trabajo, porque nuestros campesinos están emigrando a Estados Unidos y los recursos naturales que desgraciadamente se están entregando bajo pretexto de desarrollo tecnológico y apertura mundial.

Otra muestra del rezago del campo se observa en la desigualdad y la pobreza.

Cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, señalan que de los 5.4 millones de unidades de producción rural existentes en el país, 3 millones corresponden a productores en situación de pobreza, quienes en su gran mayoría viven en el centro y sur del país y en territorios con baja integración a los mercados.

Por otra parte, 450 mil unidades productivas se ubican en el otro extremo por su capacidad productiva y generación de ingresos, siendo una cifra alarmante que de los casi 60 millones de mexicanos pobres, 70 por ciento están en el medio rural.

De lo antes descrito surge una pregunta: ¿Es posible hacer algo por el campo mexicano?

A partir del análisis de la situación que este sector vive actualmente, así como de las alternativas que existen para provocar el desarrollo y el crecimiento de la economía rural, concretamente el caso de las organizaciones cooperativas, parece no sólo ser viable, sino necesario estimular a los campesinos a convertirse en los promotores de su propio desarrollo.

Si pensamos en el sector rural, no como un problema, sino como una gran área de oportunidad, como en su momento lo pensó el General Zapata, al querer convertir al campo mexicano en un eslabón estratégico de la economía mexicana, no es fácil darse cuenta que el campo puede ser una opción laboral, productiva y competitiva para muchos de sus habitantes.

Si se fortalecen las capacidades empresariales de los pequeños productores y se les ayuda a identificar oportunidades de desarrollo económico, lo cual debe ir acompañado de esfuerzos educativos tendientes a formar personas responsables de sí mismas, solidarias e involucradas con su comunidad.

Compañeras y compañeros Senadores:

Si bien la situación actual del campo mexicano parece estar distanciada de aquel que proyectó el General Emiliano Zapata Salazar, no es tarde aún para reconocer que en nuestras propias manos y en las manos de nuestros campesinos mexicanos está la solución ante complicado panorama, ya que sólo es cuestión de voluntad.

Es sólo así que podremos hacer realidad el sueño de esos millones de hombres y mujeres que al igual que el General Zapata dejaron todo y empeñaron su vida por mejorar las condiciones de vida de su país.

El mejor homenaje será actualizar los postulados revolucionarios para que sean el motor de México del siglo XXI, ese y no otro, es el mejor reconocimiento.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Salazar Solorio.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Hoy es un aniversario más, del vil asesinato de Emiliano Zapata.

Se han obstinado para que el paso de los años cada vez el Zapatismo tenga menos importancia, a pesar de que este héroe nacional encarna en México los más altos ideales de la resistencia frente al poder y frente a la injusticia.

Está en la memoria del pueblo mexicano; más allá de la retórica política, el llamado zapatismo trascendió la lucha agraria y está en los fundamentos de la Constitución mexicana. Es el ideario político de la oposición real y en las denuncias de los grupos sociales excluidos.

Sin embargo, parece que hoy la llamada izquierda histórica ha utilizado el zapatismo como una bandera que traiciona.

El Plan de Ayala promulgado por Zapata, llamó a las armas para restituir la propiedad de las tierras a sus dueños originales, los campesinos.

El argumento para ello era que tales tierras habían sido arrebatadas al pueblo por caciques, hacendados, en fin, grandes terratenientes, por ello debían ser devueltas a sus dueños originales.

Esa fue la esencia de la lucha contra la dictadura Porfirista que inspiró los contenidos de los artículos 3a, 27 y 123 de la Constitución de 1917. Sí, el de los ideales Zapatistas inspiraron el carácter social de nuestra Carta Magna. Ese fue el verdadero pacto que Zapata hizo con la población.

Pocos dudan de la educación de la propiedad de la nación sobre sectores estratégicos del reparto agrario y de los derechos de los trabajadores como motores del desarrollo y la identidad nacional.

El Zapatismo no acabó ahí, trascendió lo agrario, ha sido por años bandera, no sólo de campesinos, sino también de obreros, de estudiantes, de grupos de resistencia y democráticas, en fin, estandarte de la resistencia social nacionalista frente a los excesos del poder y el entreguismo a los insaciables capitales extranjeros, basta ejemplificar el movimiento rebelde de Chiapas, de la década de los años 90’s, que se autonombró Zapatista, frente al avance de las políticas que de hecho cualquier movilización hubiese apelado al héroe morelense.

Mientras el Plan de Ayala se convertía en un soporte de la Constitución de 1917, con la Constitución ya promulgada durante meses, penetraron el terreno Zapatista espías, agitadores y traidores; los diarios de la época señalan ya el inicio de enero de 1918 como un fugitivo; el 1° de enero de 1919, justo un año después, Zapata publicó un manifiesto culpando a Carranza de toda la situación nacional de gravedad histórica, y señala no dejarse sorprender por las interesadas mentiras de la prensa oficial, y que obrando en todo con la prudencia y la entereza que el bien de la República reclama, y sepamos conservar la cohesión y la unidad de criterios que nos unan y que nos permita afrontar cualquier situación que sobrevenga por difícil que sea.

Por eso hoy, en este aniversario creo que sale de sobra hacer tantos comentarios, exaltaciones, recordar fechas y demás. Lo más importante es qué hemos aprendido de este acontecimiento, qué es lo que hacemos para poder aprender de ello y traer cosas positivas para el campo mexicano.

Creo que con el tiempo la historia vuelve a repetirse, y hoy es el momento de que volvamos los ojos al campo, que lo llenemos de verdad, de realismo, de objetividad, de respeto, para que hagamos lo que ha estado siempre proclamado pero que nunca hemos logrado tener, un campo productivo que nos dé libertad, que nos dé soberanía mexicana.

Por eso creo que el campo, que es nuestra verdadera fuente de riqueza, Emiliano Zapata debe servir para mirarlo nuevamente y para realmente hacer los postulados que Emiliano Zapata quería.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Amigas y amigos Senadores, muy buenos días.

Cada año en esta fecha, aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, todos como que volteamos nuestra mirada al campo cuando por todo lo que representa, nuestra mirada debe ser permanentemente durante todo el año.

En el nombre del grupo parlamentario Acción Nacional y como integrante de las comisiones agropecuarias en este Senado de la República, acudo a esta tribuna para recordar la figura de Emilia Zapata, líder revolucionario cuyo propósito fundamental fue la defensa del derecho del pueblo a la tierra.

Caído en una celada en la Hacienda de Chinameca, estado de Morelos, el 10 de abril de 1919, Zapata ha sido símbolo de las luchas de los oprimidos en demanda de libertad y justicia social agraria.

El Caudillo del Sur fue el alma del movimiento de la sociedad agraria por la reivindicación de la tierra; al definir en el Plan de Ayala los reclamos de los campesinos dio principio, ideología, sentido y guía al movimiento agrario nacional para convertirlos en postulados aún vigentes.

El lema “Tierra y Libertad” heredado del movimiento encabezado por los hermanos Flores Magón, se convirtió, en el principio del movimiento Zapatista, un principio que no admitía claudicaciones, concesiones, dilaciones ni esperas; un principio por el que de ser necesario sin titubeos y con convicción, se entregaría la vida.

Dice la conseja popular que Zapata sigue cabalgando a lo largo y ancho del suelo mexicano, pues aún no se solucionan los graves problemas que aquejan a los campesinos, a los marginados, a los oprimidos, a quienes no viven en igualdad de circunstancias.

Este no es un mero simbolismo, así será mientras no se solucionen los graves problemas que aquejan a más de la mitad de la población mexicana.

El movimiento Zapatista conformó los principios que definen la propiedad agraria en la Constitución.

Dos años antes de morir Zapata, aprobó el artículo 27, en el cual se dispuso todo lo relativo al reparto de la tierra.

Hay otro personaje a quien también debemos rendir homenaje este día, el General Francisco J. Mújica, responsable en el Congreso Constituyente de 1917 de la redacción y defensa de esta reforma; fallecido en esta ciudad el 12 de abril de 1954. A él correspondió la inmensa tarea de plasmar en nuestra Carta Magna los ideales y anhelos del líder agrarista Emiliano Zapata.

Si bien se ha avanzado desde la promulgación del Plan de Ayala, en el campo mexicano aún no se han cumplido plenamente los postulados superiores de reconquistar libertades y reivindicar derechos conculcados, señalados en el primer punto del Plan de Ayala.

El campo mexicano aún acusa grandes contrastes y graves rezagos, junto a un sector productivo moderno se encuentra otro donde apenas se produce lo necesario para subsistir.

Graves problemas de inseguridad padecen quienes trabajan en el campo, debido a que no podemos cumplir la enorme demanda de alimentos requeridos por la población nacional, todavía aún tenemos que importar alimentos.

Nuestro país requiere una política de precios y sistemas de comercialización con mayor integración para que los esfuerzos de los campesinos se vean debidamente recompensados.

Por otra parte, no basta el desarrollo de programas coyunturales o temporales para atenuar las carencias en alimentación, salud y educación que se vive en el campo. Se requiere fortalecer la política social y productiva de los grupos marginados que ahí habitan.

El ideario de Zapata sigue vigente, la deuda con los campesinos y particularmente con los indígenas no está saldada; sólo una reforma agraria integral nos podrá llevar a la plena justicia social, no solamente de discursos, sino de programas, de compromisos y de acciones concretas.

Hoy, en aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, el exhorto es: reflexionar sobre los ideales por los que luchaba este caudillo, que sin duda han sido parte fundamental para la formación de la normatividad agraria.

Para alcanzar dichos ideales es necesario que el nuevo marco legislativo comprometa la acción del Estado y la unidad de todos los pendientes que se viven en el campo, con sus organizaciones, para alcanzar también la justicia y el bienestar para los hombres y mujeres del campo de nuestro país.

Hoy, a casi un siglo, 95 años para ser precisos, de la desaparición física de Emiliano Zapata, los anhelos e ideales zapatistas auténticos son actuales.

Por eso es importante desde este Senado de la República hacer el compromiso que las reformas que se pretenden estructurar en materia y a favor del campo y que nos van a llegar precisamente a este recinto, al Congreso de la Unión, sean para fortalecer el campo y apoyar decididamente a las familias que se arraigan y se aferran a nuestro agro para su justo desarrollo.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador López Brito.

A nombre del Senado, esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a alumnos de la licenciatura en derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, invitados por el Senador Manuel Cota Jiménez. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

El 8 de agosto de 1889 el estado de Morelos vio nacer a uno de los hijos de la Patria que más ha otorgado a las causas agrarias y campesinas de nuestra historia, Emiliano Zapata, siempre inspirado por el espíritu de justicia insurgente y revolucionaria. Zapata fue hijo de campesinos, desde sus primeros años fue testigo de la miseria estructural y de los constantes atropellos en contra de los derechos de quienes originalmente labraban la tierra y el progreso de México, hombre marcado por constantes tragedias.

Desarrolla su adolescencia en un contexto social, complejo, desigual, y sin mínimas esperanzas de progreso, forjándose así como un verdadero luchador social de inteligencia nata, de espíritu rebelde y de notable habilidad como estratega. Se une a movimientos políticos que defienden la tierra y la lacerada dignidad de los campesinos morelenses en la antesala de la Revolución.

Zapata en su lucha constante por la tierra de los campesinos logra conocer a fondo la historia, la cultura y la esencia del concepto ejidal, convicción que lo llevó a constituirse como prócer, el prócer más emblemático del agrarismo universal, rompiendo las prescripciones de la realidad en turno.

En 1909 ocupó la Presidencia de la Junta de Defensa de las Tierras de su tierra, de Anenecuilco, cargo que le permitió obtener acceso a documentos en los que acreditaban los derechos de los campesinos a la tierra, lo cual hizo que reafirmara su rechazo hacia las arbitrariedades e injusticias al sector agrícola. Posteriormente, el 10 de marzo de 1911, con el apoyo de 72 campesinos, se pronunció a favor del Plan de San Luis, propuesto por Francisco I. Madero, asumiendo la jefatura del movimiento Maderista en el estado de Morelos.

El agrarismo de Zapata en México encuentra su mayor expresión en el movimiento de la Revolución Mexicana, y a pesar de la consumación de ésta, Zapata no claudica en su lucha, aún en contra de los gobiernos o revolucionarios que habían fallado a los agricultores, que fueron a derramar su sangre para conquistar sus libertades y reivindicar sus derechos conculcados.

Como lo manifiesta el célebre Plan de Ayala del 25 de noviembre de 1911, que tuvo un carácter eminentemente agrario, exigía la repartición de latifundios, la destitución de tierras y se convocaba al pueblo mexicano: “Todos a la lucha con las armas en la mano para conquistar la prosperidad y el bienestar de la Patria”.

Aunado a lo anterior, fundó el Banco Agrícola y varias escuelas primarias para menores y adultos, acciones en la que queda de manifiesto su empatía con los más vulnerables, estaba convencido que valía la pena luchar por un mejor porvenir, por lo que decía: “El que quiera ser águila, que vuele, el que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen”.

Valor, sagacidad, fortaleza y determinación, pero fundamentalmente compromisos, son las virtudes que caracterizaban a Emiliano Zapata en su lucha constante en pro de la defensa de los derechos y la dignidad de los campesinos. Hombre valiente con un elevado concepto de la justicia social, en cuyos ojos se reflejaba el ánimo de la Revolución y la dignidad rural, logra asentar las bases para la formalización de lo que siempre quiso, y lo que siempre hemos querido que sea el agrarismo en México.

Así como en sus acciones, su grandeza perdura en su pensamiento. El se condujo, entre otros, por postulados muy puntuales que expresaré, y lo decía: “Es mejor morir de pie que vivir de rodillas”. “Mejor morir de pie que vivir toda una vida de rodillas”. “Y quiero morir siendo esclavo de los principios, no siendo esclavo de los hombres”.

México no podría concebirse en el sector agrario, ya que a través del tiempo éste se ha erigido como el estandarte y punto de partida para el desarrollo del Estado mexicano. Los movimientos sociales más importantes, como la Independencia y los propios de la Revolución, surgieron de las manos valientes y cansadas, de las que llevan a cuesta el arduo trabajo que surja de la tierra mexicana.

El pasado 5 de marzo, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, declaró y dejó claro su compromiso, por un lado el gobierno cumple, hoy instalando una Comisión Permanente de la Reforma para la Transformación del Campo Mexicano, ahí estamos en esa mesa cinco Senadores de distintas fuerzas políticas, hay en ella representantes de fuerzas políticas, pero también del sector rural, Diputados Federales y organizaciones y representantes del gobierno federal y estatales.

Hay compañeros, como mis compañeros Gerardo Sánchez, Fidel Demédicis, Isidro Pedraza, Salvador López y un servidor, que somos integrantes para esos diálogos en representación de ustedes. Nos encontramos ante el comienzo de una transformación del campo.

Ante el reto histórico de lograr constituir una reforma al campo que permita crear un sector primario más competitivo ante el desafío que nos exige generar autosuficiencia y soberanía alimentaria, un campo más competitivo basado en un mejor equilibrio social en el sector productivo.

Esta reforma que se avecina debe concretarse como un gran acuerdo, un nuevo pacto entre los sectores del campo, involucrando a los productores y a las instancias de gobierno que permitan recoger la experiencia transitada, reconocer la dignidad campesina, revisar los ordenamientos y generar políticas públicas encaminadas a lograr un campo más productivo y más competitivo.

Esa es hoy la deuda histórica que tenemos que refrendar con el pensamiento, el liderazgo y la memoria de Don Emiliano Zapata.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Cota Jiménez.

Esta Mesa Directiva, a nombre del Senado, da la más cordial bienvenida a alumnos de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara, invitados por los Senadores Jesús Casillas y Verónica Martínez. ¡Sean ustedes muy bienvenidos!

(Aplausos)

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 constitucional, en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 108 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la segunda lectura, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra al Senador Enrique Burgos García, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

- El C. Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias. Con su anuencia, señora Presidenta. Honorable Asamblea:

Conforme a lo previsto por el artículo 87 del Reglamento del Senado, me permito presentar a este Pleno, a nombre de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, el dictamen elaborado y aprobado conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, mediante el cual se propone reformar el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades de los servidores públicos de elección popular de los ayuntamientos.

Primero debo referir a ustedes que esta minuta con proyecto de Decreto tuvo su origen en la LX Legislatura de este Senado de la República, a partir de la iniciativa presentada por el entonces Senador Ulises Ramírez Núñez, miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, habiendo sido aprobada por el pleno senatorial el 24 de noviembre de 2009 y remitida a la Cámara de Diputados.

En la Colegisladora fue objeto de dictamen, discusión y votación el 11 de marzo último, haciéndoles referencia que se aprobó en los términos originalmente sancionados por el Senado, salvo en lo relativo a la adecuación de su contenido y texto, en virtud de la reforma al propio tercer párrafo del artículo 108 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero último, en materia de derecho a la información y transparencia, que estableció las bases y principios fundamentales para los órganos garantes federal y de las entidades federativas.

Mediante este proyecto de Decreto se propone incorporar al sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos, expresamente previsto por nuestra Ley Suprema, a los integrantes de elección popular de los ayuntamientos, a los presidentes municipales, a los síndicos y a los regidores a fin de colmar una de las ausencias en esta disposición.

Como es de su conocimiento, el Título Cuarto de la Constitución General de la República contiene el régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado.

En particular, el artículo 108 se refiere a los servidores públicos federales y del Distrito Federal, sujetos al régimen de responsabilidades, a las circunstancias en que pueden ser sujetos de responsabilidad el Ejecutivo Federal, los servidores públicos estatales y del Distrito Federal, que son sujetos de responsabilidad por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, y a la precisión que deben hacer las constituciones estatales sobre el régimen local de responsabilidades y quienes tienen carácter de servidores públicos para ese efecto.

En el dictamen que se somete a su consideración, se proponen dos reformas específicas:

Uno. Incluir a los integrantes de los ayuntamientos en el régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos de las Entidades Federativas.

Y dos. Ampliar el concepto de manejo indebido de fondos y recursos federales como causa de responsabilidad en el ámbito federal para la totalidad de los servidores públicos ahí anunciados, al fin de manejo y aplicaciones indebidos de fondos y recursos federales.

De acuerdo con la propuesta del dictamen, los miembros de los ayuntamientos serían responsables por violaciones en las que incurran en la Constitución y a las leyes federales, al tiempo que dichos servidores públicos, y los demás de carácter local enunciados en el párrafo tercero del artículo 108 constitucional, tendrían responsabilidad por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

Honorable Asamblea, con la reforma planteada, se hace explícita la responsabilidad de los servidores públicos de elección popular, por las conductas que pudieran incurrir en agravio de la Federación, ya sea por violaciones al orden jurídico supremo o a las leyes federales, o por irregularidades en el manejo y aplicación de fondos y recursos federales, ello implica una precisión pertinente en el régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El deber de actuar con estricto apego al orden jurídico y a su eventual vulneración, son los supuestos generadores del régimen de responsabilidades. Los miembros de los ayuntamientos están obligados a cumplir las normas de la Ley Suprema y a ejercer los recursos federales que se destinen a sus funciones con estricto apego a las normas que rigen su administración y aplicación.

Con ese espíritu y conforme al texto propuesto en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera, solicitamos respetuosamente su voto aprobatorio.

Cumplir la Constitución y ejercer los recursos públicos conforme a la ley, son deberes indeclinables de todo servidor público.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Burgos García.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a manifestar nuestro voto a favor de este proyecto de Decreto con el que se reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales.

Como lo ha señalado ya aquí el Senador Enrique Burgos, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el aspecto fundamental y nodal de la reforma, es señalar que los integrantes de los ayuntamientos, al igual, como está hasta la fecha, que los presidentes municipales asumirán la responsabilidad por la aplicación indebida de fondos y recursos federales.

Sin lugar a dudas, es una de las medidas y acciones que se siguen promoviendo para garantizar el ejercicio transparente y evitar el desvío de los recursos públicos.

Pero como lo manifesté en la propia Comisión de Puntos Constitucionales, y lo hago el día de hoy, no es suficiente establecer una nueva responsabilidad para los integrantes de los ayuntamientos, sino que deben de precisarse en las leyes orgánicas municipales de cada una de las entidades, y lo propio con las delegaciones o demarcaciones políticas en el Distrito Federal, las facultades de atribuciones de cada uno de los servidores de los ayuntamientos, toda vez de que en la legislación vigente le corresponde al presidente municipal no solamente la representación jurídica del ayuntamiento, sino el ejercicio pleno de las facultades en el manejo de los recursos públicos municipales, ya sean propios o derivados de las participaciones estatales o federales.

Por eso insistimos en incorporar para no dilatar esta reforma en la exposición de motivos este concepto, y yo quiero refrendar hoy, si aprobamos esta reforma de carácter constitucional, el exhorto a los gobiernos de los estados de la República a hacer las adecuaciones que sean necesarias para delimitar claramente el papel de responsabilidades, facultades que tendrán los síndicos, los regidores, y otros servidores públicos dentro del ayuntamiento.

Con esas consideraciones daremos nuestro voto a favor, y esperemos poder revisar con el Senador Burgos García una iniciativa o ponemos un punto de Acuerdo para que las entidades federativas hagan la adecuación que corresponde al marco legal en cada una de las entidades.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Se concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente nuestra Constitución establece un régimen de responsabilidades que busca tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa, pero también establecer a favor de los ciudadanos principios rectores de la función pública, que se traduzcan en un derecho subjetivo, en una garantía a favor de los gobernados y también a favor de los servidores públicos, para que se conduzcan estos con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público.

En el presente dictamen, efectivamente, como se ha escuchado, la modificación al artículo 108 radica en puntualizar y expresar que los servidores públicos, en el ámbito municipal, también se harán acreedores al fincamiento de responsabilidad a la que hace alusión nuestra Carta Magna.

Como lo señala el dictamen que discutimos, el legislador federal, por alguna razón, pero había dejado la oportunidad de redactar en el texto constitucional, que también los integrantes de los ayuntamientos fuesen responsables también por el manejo indebido de fondos federales y acreedores, por lo tanto, sujetos a violación a nuestra Carta Magna.

Y es que cada vez más los ayuntamientos de nuestro país, vía ese proceso que hemos venido impulsando desde hace años, el proceso de descentralización de la administración pública, manejan, pero también administran fondos federales y por lo tanto, no podría quedar ese vacío en nuestra Constitución, y que no les fuesen imputables, cuando actúen ilícitamente en la aplicación y en el manejo indebidos de los fondos federales.

Un principio general del derecho señala, como nos enseñaron en la escuela, que todo aquel que cause daño a otro, debe resarcirlo.

Así, por lo tanto, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia del actuar ilícito de un funcionario, diferenciando esa responsabilidad de las penales y civiles a que también está sujeto.

Ya basta de casos de exalcaldes, como muchos que se han conocido en todo el territorio nacional, donde ninguno se ha salvado de serias acusaciones por el enriquecimiento propio o de sus familiares durante sus administraciones.

Hay casos que sería interminable enumerar.

Lo que yo planteó es que todos esos casos de peculado, de enriquecimiento ilícito, de abuso de autoridad, de ejercicio indebido de funciones y asociación delictuosa, entre otros delitos, presuntamente cometidos durante muchos gobiernos municipales, deben asumir las consecuencias correspondientes.

En ese sentido, compañeras y compañeros, es que le solicité a la Presidenta de la Mesa Directiva en funciones, el uso de la palabra para expresar, no sólo que votaremos a favor del presente dictamen, sino pedir por supuesto el respaldo de todos para el trabajo que se ha realizado en estas comisiones unidas, porque pensamos que sólo así lograremos combatir el lamentable fenómeno que se presenta en algunos ayuntamientos, en los que los servidores públicos se creen, no solamente dueños del municipios, se creen gente omnipotente y abusan del poder en detrimento de la ciudadanía, y lo más grave también, de la hacienda pública.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Robles Montoya.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

De la misma forma como mis 2 compañeros Senadores, Alejandro Encinas y Benjamín Robles, mi posición igual es para sumarme a favor de la minuta con proyecto de Decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo hago convencido en que la puntualidad de la disposición, siempre va a ser más efectivo su cumplimiento.

Por eso lo hago convencido también de que es un reconocimiento del papel fundamental que juegan los gobiernos locales en nuestro país, y particularmente los municipios.

Es, sin duda, también un justo equilibrio reconocer esa enorme valía del trabajo municipal, pero al mismo tiempo demandar una mucho mayor responsabilidad de los gobiernos municipales, de sus integrantes, de los presidentes, pero también de los síndicos, de los regidores, en el cumplimiento de sus tareas y en el ejercicio de sus presupuestos.

Sin duda, nunca nos cansaremos de decirlo, los gobiernos municipales requieren de mayor apoyo, de mayores recursos, pero también de un amplio programa de desarrollo y consolidación institucional y de un cumplimiento más riguroso de la legislación y la normatividad que les son aplicables.

Coincido con el Senador Alejandro Encinas, que esta modificación al artículo 108 no va a estar completa hasta que todas y cada una de las entidades federativas hagan lo propio en sus leyes orgánicas municipales.

Pero también quiero manifestar que, hay que reconocer, y déjenme ponerles un caso muy particular, que las responsabilidades están, por supuesto, en el mal uso de recursos públicos.

La reforma que estamos discutiendo hoy, pareciera que es sólo de detalle, pero el ampliar expresamente las responsabilidades a los miembros de los ayuntamientos es, creo yo, un signo de avance político para los municipios, y un signo sobre todo de avance democrático para la sociedad.

Hay que hacer de la responsabilidad el manejo adecuado de los recursos, una causa común.

Hay que hacer mejor, y hay que hacer más transparente el manejo del Ramo 33; mejor y más transparente el manejo de las participaciones federales, y estoy seguro que eso abonará a más obras, más acciones, y por supuesto, menos desvíos o ineficiencias que abonan al final del camino al desarrollo y a la democracia.

Por eso quiero expresar mi voto a favor de este dictamen, y llamar a mis compañeros Senadores a sumarse a la misma.

Toda política es local, nunca hay que olvidarlo.

Toda responsabilidad pública también tiene que rendir cuentas, empezando por lo local.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Robledo Aburto.

En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 99 votos a favor.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales. Se remite a los congresos estatales para los efectos del artículo 135 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un octavo párrafo al artículo 4o. constitucional, en materia de derecho a la identidad y gratuidad de la primera copia certificada del registro de nacimiento.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN OCTAVO PARRAFO, RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, AL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO DE LA IDENTIDAD Y GRATUIDAD DE LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DEL REGISTRO DE NACIMIENTO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la segunda lectura, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra al Senador Enrique Burgos García, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

- El C. Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias. Con su anuencia, señora Presidenta. Honorable Asamblea:

En nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, presento a este Pleno el dictamen elaborado y aprobado conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, que preside el Senador Alejandro Encinas, en el que se propone adicionar un nuevo párrafo octavo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar tres derechos y una obligación pública estatal en la esfera de toda persona y en particular de los menores de edad.

En primer término, el derecho a la identidad de toda persona; en segundo lugar, el derecho de los menores a ser registrados inmediatamente a que ocurra su nacimiento; y en tercer lugar, el derecho al registro del nacimiento y a la expedición de la primera copia certificada de este hecho sin pago alguno.

En el ámbito público, el deber del Estado mexicano por hacer realidad el cumplimiento de sus derechos, como muchos recordarán, la minuta que con tales alcances nos remitió la Cámara de Diputados, tuvo su origen en este Senado de la República a partir de las iniciativas presentadas por el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 26 de febrero de 2013 y por las Senadoras Ivonne Liliana Alvarez, Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores, María del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo e Itzel Zarahí Ríos, así como por el Senador Ricardo Barroso, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En el dictamen que sometemos a ustedes, sostenemos la pertinencia y la relevancia de esta ampliación en la esfera de derechos humanos de las personas en nuestra Constitución, porque la conclusión de los tres derechos que se reconocerían implica una previsión para ser posible de garantía de otros derechos íntimamente relacionados, el derecho de la personalidad jurídica, el derecho a la afiliación y el derecho a la nacionalidad con el cúmulo de consecuencias positivas para reivindicar la protección del orden jurídico al tiempo de que se desprenden obligaciones legales para la vida en sociedad.

Con esta adicción, sin demérito de lo previsto por el artículo 1o. constitucional, en torno a la vigencia en nuestro país de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales que el Estado mexicano es parte, nuestro país incorporaría a la Ley Suprema una relación más directa, una liga con los derechos a la identidad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, a la afiliación, a la nacionalidad y a la inscripción inmediata en el registro civil después del nacimiento, contenidos ellos en diversos preceptos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas.

En materia de derechos humanos, los principios de universalidad y progresividad han funcionado como elementos que se combinan para dar un impulso permanente a su expansión, mejoramiento y vigencia efectiva.

Pero la adición constitucional propuesta a este Honorable Pleno, tiene implicaciones de carácter práctico, que entrañan beneficios para las personas.

La gratuidad del registro de la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento para todo mexicano, que hoy es una realidad en 26 entidades federativas, para el recién nacido y que se homologaría para toda la República, al tiempo de que se ampliaría a quienes independientemente de su edad, no tuvieran registrado su nacimiento.

Aquí están entrelazados los derechos y los medios efectivos para garantizar su irrestricto respeto.

Con esta modificación, por convicción nacional y responsabilidad internacional, el Estado mexicano podrá diseñar y sustentar políticas públicas para alcanzar una de las metas del Objetivos de Desarrollo del Milenio, de la Organización de las Naciones Unidas, que es lograr el nivel de cero subregistro de nacimientos, que es uno de los índices de desarrollo para la humanidad en esta década.

Estimadas Senadoras y Senadores, con esta reforma constitucional se incide positivamente a favor del pueblo, en una de las instituciones de liberalismo mexicano del siglo XIX, en una de las instituciones de raigambre juarista en la afirmación de lo que le corresponde al Estado, en su relación fundamental con los componentes del ser nacional: el registro público de los nacimientos y la acreditación fehaciente del acceso a los derechos esenciales de la persona en su vida, en comunidad, su nombre, su nacionalidad, su identidad.

Por estas razones expuestas, me permito solicitar a ustedes, respetuosamente, su voto aprobatorio al dictamen que propone ampliar la esfera de estos derechos humanos en nuestro país.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Burgos García. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento del Senado procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción II del Reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de diez minutos cada uno.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, con lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Ivonne Liliana Alvarez García, del grupo parlamentario del PRI, a favor del dictamen.

- La C. Senadora Ivonne Liliana Alvarez García: Con su permiso, señora Presidenta.

La pobreza, la falta de difusión, la burocracia, la falta de cultura de registro que se ha dado por generaciones, han sido solo algunos de muchos obstáculos por los cuales no se lleva a cabo el registro oportuno de los recién nacidos, limitando con esto a los menores a obtener un nombre, de conocer su filiación y de dejarlos sin identidad.

Lo anterior ha sido la causa de que actualmente en nuestro país existan personas invisibles, es decir, que nunca han sido registradas, de tal manera que se han visto en su vida muy vulnerables y además limitadas a acceder a los derechos elementales que les da la Constitución, a cada una de las personas.

Por parte de la UNICEF, destaca que además de la exclusión del ejercicio de los derechos elementales, la carencia del acta de nacimiento representa una situación de riesgo, cuando los niños son separados de sus familias, por situaciones de desastres naturales o conflictos, por robo o por cualquier otra situación.

De tal manera que su localización se dificulta por la falta de un documento oficial y de un documento que le dé identidad; y no solo eso, que además también se da hasta la comisión de la trata de personas, al facilitarse la comisión de este delito, porque no cuentan con un documento que los identifique y que les dé certeza la garantía de existir.

El dictamen que hoy nos ocupa ha sido objeto del proceso legislativo correspondiente, donde ya ha sido analizado en cada grupo parlamentario, en su momento y la mayoría de los grupos parlamentarios han dado su resultado a favor.

Todo comenzó el 26 de abril de 2013, donde presentamos ante este Pleno y a esta Soberanía la iniciativa de reformar el artículo 4o. constitucional, con el fin de garantizar a todos los recién nacidos mexicanos a obtener su registro, así como la copia certificada de su acta de nacimiento, y que ésta sea de manera gratuita.

La iniciativa que presentamos en su momento los Senadores Mely Romero, Lisbeth Hernández, Margarita Flores, Rocío Pineda, Angélica Araujo, Ricardo Barroso, Jesús Casillas y López Brito, se hizo presente la buena voluntad de cada grupo parlamentario, ya que el 30 de abril del presente año sacamos esta reforma por unanimidad del Senado de la República.

Ya en la Cámara de Diputados fue más enriquecida. Y con algunas modificaciones a esa propuesta, se dio un resultado muy positivo.

Y hoy, compañeros legisladores, tenemos la gran oportunidad, de cómo este Senado se ha distinguido de llegar al consenso, de llegar al acuerdo, de tener resultados, de poder alzar la voz a nombre de miles de mexicanos que están esperanzados a poder hacer valer sus derechos, a existir y a tener una identidad.

De tal manera que establecer en la Constitución, que el registro y el otorgamiento del acta de nacimiento certificada, por primera y única vez, obliga a los estados a garantizar y reconocer la identidad de todos los recién nacidos en nuestro país brindando así, un derecho constitucional.

No omitimos señalar que hay acciones en diversos estados de la República donde se han realizado campañas de registro y de expedición de actas de nacimientos, muchas veces, en su caso, gratuitas.

Sin embargo, aunque han sido acciones muy valuables, no han sido acciones suficientes, ya que aún se presenta un rezago importante en nuestro país, y hablamos de casi 7 millones de mexicanos que no cuentan con su acta de nacimiento.

Por eso el día de hoy con este dictamen, agradecemos la voluntad, disposición y apoyo a esta iniciativa, de los presidentes de las comisiones dictaminadoras, del Senador Enrique Burgos, del Senador Alejandro Encinas, por su sensibilidad ante este tema y por apoyarnos a poder el día de hoy, estar sacando esta reforma.

Así como también, yo les pediría el día de hoy, compañeros, su voto a favor, con esto estaremos otorgando el primer derecho al que tienen nuestros niños, que es el derecho de existir, a tener una identidad, a tener un nombre, a tener un apellido, a tener una nacionalidad, a poder que con esto pueda accesar a los servicios de salud, a los servicios de educación y a todos los derechos a los que se tiene, siendo mexicano y que además consagra nuestra Constitución.

Hoy, si tenemos el voto a favor de todos nuestros Senadores, como así confiamos que sea, haremos un llamado a todas las entidades federativas, para que una vez que lo aprobemos aquí en el Senado de la República, tengamos el resultado favorable de 17 congresos locales, para que de una vez podamos hacer, esto no un sueño de nuestros niños, sino una realidad.

Démosle el primer derecho a todos nuestros niños recién nacidos mexicanos. Ni uno más, sin acta de nacimiento.

Abatir el rezago, pero lograr que todo el niño que nazca tenga derecho a su primera acción, que es el derecho de existir y de tener su acta de nacimiento, y que ésta sea, de manera gratuita.

Solicitamos su voto a favor.

Y gracias por su atención.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Alvarez García.

El Senado de la República expresa su reconocimiento y felicitación al destacado periodista y comunicador Juan Arvizu Arrioja, quien a lo largo de su carrera profesional ha sido distinguido con el Premio Nacional de Periodismo, maestro de periodistas, cronista parlamentario, quien actualmente cubre la fuente informativa del Senado y hoy, además, cumple 30 años de labor ininterrumpida en el periódico El Universal. ¡Un abrazo fraterno de parte de todas las Senadoras y Senadores!

(Aplausos)

Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Nuevamente un buen día, compañeras y compañeros Senadores:

Esta reforma constitucional que para muchos es pequeña, creo que para la gran mayoría de las legisladoras y los legisladores, es muy grande porque va en ella inherente el reconocimiento a un derecho importante que tiene todo nacido vivo, que es el derecho a la identidad.

Agradezco a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, el haber dictaminado favorablemente esta minuta que tuvo como Cámara de origen precisamente el Senado y que hoy culmina el procedimiento legislativo al recibir la minuta de la Cámara de Diputados con algunas modificaciones.

Esta reforma para muchos, como les digo, creo para todos, importante reforma constitucional, es en materia de establecer un registro oficial de nacimientos vivos universal gratuito para toda la niñez mexicana y cumplir con su derecho de identidad, otorgando gratuitamente la primer acta de nacimiento.

El hecho vital de una niña o un niño nacido vivo debe ser registrado o inscrito ante las Oficialías del Registro Civil, así como en los consulados de México en el extranjero, para cumplir con el derecho de identidad del nacido vivo, obteniendo el registro o inscrito el acta de nacimiento, documento legal que certifica este hecho vital.

El registro o inscripción de nacimientos y el acta de nacimiento son importantes porque es el primer reconocimiento por parte del Estado de la existencia del hecho vital, y es un instrumento legal de identidad para ejercer el disfrute de todos sus derechos. Es esencial para planificar la política pública nacional sobre infancia.

A partir de 1986 el INEGI emplea una copia del acta de nacimiento para elaborar las estadísticas de natalidad y caracterizar el fenómeno de la fecundidad.

Estas estadísticas proporcionan información de la tasa y la tendencia de crecimiento natural de la población y sobre la conducta de sus componentes, mediante su agregación a lo largo del tiempo sobre el tamaño de la población, su estructura, distribución geográfica y también se utilizan para obtener estimaciones del tamaño de la población y realizar proyecciones sobre la misma.

Es un insumo esencial para el análisis demográfico y la planeación social y económica de nuestro país; y en última instancia, es un requisito previo para la planificación del desarrollo de México.

Desafortunadamente no todos los mexicanos nacidos vivos son registrados oportunamente. Una serie de factores lo dificultan; factores culturales derivados de una falta de orientación al público acerca de los beneficios del registro civil; barreras lingüísticas, hasta desconfianza, escepticismo o ignorancia; factores de accesibilidad geográfica en muchos estados del país; factores económicos derivados de los costos del acta de nacimiento o de los costos económicos de traslado o incluso, ausencias laborales para acudir ante las oficinas del Registro Civil.

La UNICEF estima que cada año más de 1.3 millones de nacimientos no son registrados en países de Latinoamérica y El Caribe, de un 18 por ciento a un 10 por ciento de los nacidos vivos.

El común denominador de las personas que aún viven en el subregistro es, lamentablemente, la pobreza.

En nuestro país alrededor de 52 millones de personas se encuentran en algún grado de pobreza conforme al reporte del CONEVAL 2012, y para ellos es a uno de los grupos importantes de México que va dedicada esta reforma.

El informe elaborado por el INEGI, la UNICEF-México, nos proporciona una medición del comportamiento del registro de los nacimientos en México para conocer los grados de cobertura oportuna y tardía a nivel nacional, estatal y municipal.

Para el Estado mexicano el registro de nacimiento es un derecho humano reconocido en diversos instrumentos internacionales ratificados en este Senado, entre los que se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Y más aún, en el año 2007, durante la Primer Conferencia Regional Latinoamericana sobre el Derecho a la Identidad y el Registro Universal de Nacimiento, celebrada en Asunción, Paraguay, y en la Segunda Conferencia Regional sobre el Derecho a la Identidad, celebrada en Panamá en 2011, México se ha comprometido a cumplir la meta común de alcanzar el registro universal gratuito y oportuno en nuestra región para el año 2015.

Es por esto que esta reforma da cumplimiento a compromisos internacionales, compromisos nacionales y el derecho que todo niño o niña mexicana tiene a tener una identidad.

Es por esto, amigas y amigos Senadores, que les pido su apoyo para otorgar a la niñez mexicana este importante derecho a través de esta reforma constitucional.

Agradezco a las Senadoras del Partido Revolucionario Institucional que se han sumado, y desde luego, haber presentado una iniciativa en su momento y que nos estamos sumando a esta también importante reforma, porque vamos a darle un muy importante apoyo a toda la niñez de México.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador López Brito.

Esta Mesa Directiva, a nombre del Senado, da la más cordial bienvenida a alumnos de la materia de derecho electoral de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por el Senador Miguel Barbosa Huerta. ¡Sean ustedes muy bienvenidos!

(Aplausos)

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señora Presidenta, con su venia. Señoras Senadoras y Senadores:

Me uno a quienes me han antecedido en la palabra, que expresan que estamos ante una reforma a nuestra Constitución no menor. Es una reforma trascendental, sobre todo porque está inscrita en ir resolviendo, en ir erradicando todos los preceptos que permiten, aunque no sea ese el sentido, pero permiten que haya discriminación contra las niñas y niños que nacen, sobre todo de las zonas más marginadas de nuestro país.

Esta decisión de las comisiones de reformar, junto con la Colegisladora, el artículo 4o. constitucional para agregar un párrafo octavo, está inscrita justamente para que desde que nace una niña o un niño no se refleje en un derecho fundamental como es el derecho a la identidad, el derecho a tener un nombre, el derecho a tener, a conocer su origen, y en la medida de lo posible, como dice el artículo 7 de la convención internacional de los derechos humanos de la niñez, la Convención Sobre los Derechos del Niño, conocer también a sus padres, y por supuesto a adquirir una nacionalidad.

Justamente en este artículo 7 también se expresa que los Estados Parte de la convención y de los tratados internacionales que tienen que ver con esta materia, velarán por la aplicación de estos derechos, es decir, el derecho a un nombre, el derecho a adquirir, a tener una nacionalidad, y por supuesto, el derecho a conocer a sus padres y ser cuidados por ellos; nos menciona la convención, que además la legislación tiene que tomar todas las consideraciones que se necesitan para evitar que no goce de estos derechos y también cuando de ninguna manera se permita la situación de apatridad.

La sola posibilidad de no tener un nombre, una nacionalidad y sus apellidos, es peor que estar en condición de apátrida, por lo tanto, esta reforma a la Constitución va a obligar que todas las entidades federativas, desde el registro civil y además de la ley, tienen que tomarse en consideración donde no hay condiciones de que sea registrado en el Registro Civil de manera pertinente a partir de que nace, se tomen las medidas oficiales que garanticen que las niñas y los niños a partir de que nacen efectivamente tengan derecho a ser registrados de manera gratuita.

Hoy todas las cifras que tenemos en nuestro país, las cifras que se encuentran también en poder de la UNICEF, que han sido referidas aquí, insisto, tienen que ver con las niñas y los niños de las comunidades más pobres, de las zonas más marginadas, de los grupos sociales en donde hay mayor alejamiento de las zonas pobladas, de las cabeceras municipales, y por supuesto, en nuestro país son alrededor de 150, 170 municipios totalmente identificados por la UNICEF en donde es gravísima esta situación, pero cuando se refleja el análisis, diagnóstico de estos casos, prácticamente todos se encuentran en las zonas indígenas. Esto quiere decir que el alcance de la reforma que hoy vamos a aprobar, definitivamente va a ir, como yo lo decía al principio, resolviendo, erradicando, eliminando todas las formas de discriminación contra las niñas y los niños.

Felicito a las comisiones, a las Senadoras y Senadores que originaron esta reforma, y sobre todo, que hayan aceptado las propuestas de modificación de la Cámara de Diputados, lo que nos permitirá que hoy con la aprobación de este dictamen se continúe el proceso de votación hacia los congresos locales, y pronto podramos tener publicada en el Diario Oficial de la Federación esta reforma al artículo 4o. de nuestra Constitución.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora de la Peña Gómez.

Se concede el uso de la palabra el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador David Monreal Avila: Gracias, señora Presidenta, con su permiso.

Sin duda el dictamen que está en discusión tendrá el aval de la mayoría, si no es que de la totalidad de los Senadores, porque nadie podrá negar que esta es una urgente necesidad para los niños de este país, en este reconocimiento y en este derecho.

Sin embargo, yo quisiera referirme un poco a lo delicado que ha sido la modificación constante a nuestra Constitución, porque este derecho es un derecho que está reconocido, y que es ciertamente hasta la fecha que está bajo el resguardo del Estado mexicano, y la única diferencia que hoy estamos planteando es la gratituidad en afán de revertir todo este rezago que existe con el reconocimiento y el registro de los niños a su nacimiento, que no es menor, porque según estadísticas, según investigaciones 4 de cada 10 niños se registran de manera extemporal.

En otros países, inclusive en el vecino, el acta de nacimiento y el reconocimiento formal se lo dan, inclusive, al dar a luz, es decir, en el mismo hospital hay la expedición y el reconocimiento de este derecho.

Aquí la gran pregunta y lo que habría que suceder, y a lo que yo exhortaría es que en verdad se garantice el cumplimiento de lo que aquí se va a acordar, cómo se le va a hacer en cada estado de la República para poderle otorgar esta gratituidad del acta e inclusive en la sierra o en aquellos lugares que no tienen ni acceso a veces a la salud, y que es donde prolifera esta falta que existe.

El derecho a la identidad regula la necesidad de personalización e individualización frente al Estado. Algunos aspectos que involucran aquel derecho son el nombre, la nacionalidad, el género, el lugar de nacimiento, entre otros. Es importante mencionar que en el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, indica, que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho, desde que nace, a un nombre, a adquirir una nacionalidad, y en la medida de lo posible, conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

En este orden de ideas nos encontramos con que el artículo 8 del mismo ordenamiento manifiesta que los Estados Parte se comprometen a respetar el derecho del niño, a preservar su identidad incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares.

Sin embargo, en México, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en su informe, la infancia cuenta que en México, en 2012, un total de 2 millones 100 mil 505 de niñas y niños carecían de acta de nacimiento.

Asimismo, en 137 municipios de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Campeche, Chihuahua, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Veracruz y Yucatán, el nivel de registro de nacimientos es bajo, pues sólo 4 de cada 10 niños son registrados de manera oportuna, es decir, antes de que cumpla un año.

Lo anterior es una radiografía de lo que sucede en nuestro país, lo que sin lugar a dudas provoca marginación social, educativa y de salud; en síntesis, el desamparo.

Esto es un problema no menor que debe ser atendido con prontitud. Por consiguiente, es prudente mencionar que las actas de nacimiento son un documento esencial y primordial que le otorga a la población una identidad ciudadana y jurídica con la cual podrán las personas ejercer plenamente sus derechos y obligaciones.

La inscripción del nacimiento de las personas es el Registro Civil, es un elemento esencial e imprescindible del derecho a la identidad, por lo que con voto a favor de este dictamen será posible atender en cierta manera la deficiencia que deriva de no registrar inmediatamente a los recién nacidos. Por tal razón, resulta loable el esfuerzo realizado por el Congreso de la Unión a fin de garantizar el derecho de identidad de los recién nacidos, logrando con esto el reconocimiento de la personalidad jurídica, el nombre, la nacionalidad, la vida, la integridad de la persona.

El Estado está obligado a construir todos los esquemas que permitan a sus habitantes contar con una identidad, así como proporcionar vías institucionales y normativas que operen y regulen el funcionamiento del servicio de registro civil.

A través de la reforma al artículo 4o. de la Constitución Federal, podemos estar ciertos de que se busca la igualdad entre los mexicanos. Con la aprobación del presente dictamen se reconocerá el derecho a la identidad en la máxima norma jurídica, y así los tres niveles de gobierno trabajarán conjuntamente para la expedición gratuita de la primer copia certificada del acta de nacimiento.

El presente dictamen es un acto de justicia social para los infantes, por tal razón, nosotros votaremos a favor de este dictamen, y esperemos que en verdad se cumpla con el objetivo de abatir el rezago y, como lo reza el dictamen, pronto podamos estar dando atención justa y reconocimiento a este derecho constitucional.

Es cuanto, señora Presidenta

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Monreal Avila.

Esta Mesa Directiva, a nombre del Senado, da la más cordial bienvenida a alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, que han sido invitados por la Senadora Mely Romero Celis. ¡Sean ustedes muy bienvenidos!

(Aplausos)

Tiene el uso de la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, dispone que los infantes tienen derecho desde que nacen a un nombre, a adquirir una nacionalidad, y en la medida de la posible, plantean a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos.

En ese mismo sentido, quiero recordar el artículo 3 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se plantea que son principios rectores de la protección de los menores, entre otros, el del interés superior de la infancia y el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales.

En este mismo contexto, el artículo 22 de dicha ley establece el derecho a la identidad, el cual se compone por la premisa de tener un nombre y los apellidos de los padres desde que se nazca, una vez más, a tener nacionalidad y a conocer su filiación y origen, salvo en el caso que las leyes lo prohíban.

En ese sentido, compañeras y compañeros, el presente dictamen dispone la adición de un párrafo octavo al artículo 4o. constitucional como aquí se ha expresado, para garantizar el derecho a la identidad y a la gratuidad del registro y acta de nacimiento.

Debo señalar, también como ya se ha sostenido en esta tribuna, que para el grupo parlamentario del PRD resulta trascendental consagrar el derecho humano al registro e identidad de toda persona.

En México, compañeras y compañeros, el Registro Nacional de Población y los Registros Civiles de los estados, sin duda que han realizado el mejor de los esfuerzos en este proceso de mejora, en la cobertura, en la oportunidad y calidad del registro de nacimiento, así como en la modernización de dicho registro.

Hoy podemos ver las estadísticas de nacimientos captadas por el INEGI a partir de las actas de nacimiento que emite el Registro Civil, y que permiten identificar aspectos como la frecuencia con que ocurren los nacimientos, la edad y el lugar de residencia de la madre o padre, entre otros aspectos.

Sin embargo, sabedores que la situación económica del país, sobre todo en regiones como la del sur-sureste de nuestra nación, no puede solventarse, como nos gustaría a todos, los gastos que implica el costo del derecho a registrar a los recién nacidos, es que quiero expresar que hemos decidido, sin cortapisa alguna, por supuesto, sumarnos con nuestro voto a favor, pues creemos que así se puede y se habrá de garantizar que ninguna persona se quede sin el derecho humano a la identidad.

Por ello, reitero, como aquí también ya lo expresó la Senadora Angélica de la Peña, ante la bondad que representa el presente dictamen, es que el PRD votará a favor de estos.

Muchísimas gracias por su atención.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Robles Montoya.

Tiene el uso de la palabra la Senadora María Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, para razonar su voto.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Gracias, señora Presidenta.

Primero celebro que podamos estar discutiendo esta reforma constitucional impulsada por el Senador Francisco López Brito; un tema en el que afortunadamente todas y todos coincidimos, también por la Senadora Ivonne Alvarez, ¡muchas felicidades por este impulso!

Y yo quisiera primero decirles que es importante que podamos reconocer en este Senado de la República la identidad como lo que es, la identidad como un derecho humano. No podemos seguir dejando en incertidumbre a miles y miles de niños a lo largo y ancho del país.

Si no tienen, si no cuentan con un acta de nacimiento, están vulnerando diferentes derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, incluso los derechos políticos. Frente al Estado te conviertes en una persona que no existe, y yo quiero destacar el caso del Distrito Federal.

En el Distrito Federal se hablan de diversas estadísticas, algunos dicen que son 70 mil personas las que no tienen acta de nacimiento, pero cuando uno revisa las diferentes estadísticas, que es imposible que sean estadísticas precisas, estamos hablando de entre 70 mil y 500 mil personas. Y yo quiero destacar que además la mayoría de estas personas pues son adultos mayores, personas en situación de calle, menores de edad y grupos de indígenas.

Recordar que el derecho más importante, después de nacer, es el derecho a tener identidad, y debe ser también una obligación del gobierno a poyar a quien más lo necesita. Y yo espero que a partir de esta reforma constitucional para lograr la gratuidad de la primera copia certificada del registro de nacimiento, impulsemos programas desde los diferentes gobiernos estatales y municipales, para que los registros civiles se acerquen a la gente y hagamos lo necesario para difundir esta gratuidad, como ocurre hoy en día en la ciudad de México, que se hacen diversas ferias a nivel nacional y se invita a la gente que vive en el Distrito Federal y que nacieron en otros estados de la República.

A nivel nacional, 2 de cada 10 niños no tienen registro oportuno de nacimiento, es por eso que es tan importante esta reforma constitucional, y por supuesto celebro que desde el Senado mexicano nos estemos preocupando y ocupando para que nuestros niños tengan esta identidad y se les respete el acceso a los 30 derechos humanos.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, para razonar su voto.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su permiso, señora Presidenta.

Ya participó en representación de la fracción el Senador David Monreal y comprometió el voto de la fracción a favor, sin embargo, quiero hacer algunos comentarios porque yo voté en contra en la Comisión de Puntos Constitucionales, el propósito de esta reforma es loable, creo que aquí se ha dicho mucho en torno de esta medida, pero el planteamiento que hicimos y que quiero reiterarlo, es que tenemos que cuidar las reformas a la Constitución.

Hemos tenido una feria de reformas constitucionales, algunas ya conocen nuestra posición, totalmente contrarios a los principios básicos de esa Carta Magna, y consideramos que es preciso recapitulizar, revisar la función del Senado en materia de la Constitución de la República, en la medida que se van haciendo una reforma tras otra, muchas de ellas que podrían estar en las leyes secundarias, y algunas la verdad hasta en los reglamentos con el ánimo de llevar al más alto nivel ideas generosas como ésta.

Sin embargo, la manipulación de la Constitución genera problemas serios, la Constitución de la República es el pacto que une a los mexicanos, es en donde deben estar los principios esenciales de la nación; y la crítica que se le hace, y lo hemos oído, bueno, si ya esta Constitución está reformada 216 veces y con eso se va ya devaluando el sentido constitucional, y perdemos todos, porque esa es la norma que rige al comportamiento de este Congreso, de los gobiernos de los estados, los Congresos, y debilitar, bandalizar la reforma constitucional es muy grave, es un documento que tiene historia, lo conocemos, historia no solamente en cuanto a su vigencia de 1917 a la fecha, sino desde Morelos y desde las primeras constituciones tenemos principios que se han venido construyendo en la lucha político-social, en esta evolución de nuestro país.

Platicando con el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, mi estimado amigo Burgos García, que aquí está, hemos considerado que es necesario hacer una reflexión sobre esto, y proponía el señor Presidente que se establezca una comisión que revise todo esto que se refiere a las reformas constitucionales y hasta dónde, hasta qué nivel, en qué momento debe de hacerse una reforma constitucional o simplemente legislativa o llevarlo a los estados, en lo que somos nosotros los representantes de los estados.

De manera que queda en manos del Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Burgos García, el que hagamos una reflexión profunda para que estemos todos de acuerdo en cómo debe tratarse a la Constitución de la República, que es del más alto rango y es que el que nos regula a todos y nos da sentido y objetivo al Estado mexicano, y a todos los estados.

Felicito a las Senadoras que hicieron este esfuerzo, y vamos a discutirlo, vamos a discutirlo a fondo. Yo acepto todas las preguntas, pero no me las hacen.

Muchas gracias a todos.

Muchas gracias, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tiene el uso de la palabra el Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI, para razonar su voto desde su escaño.

- El C. Senador Aaron Irízar López: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Naturalmente, que como Senador de la República, priísta, voy a votar por esta iniciativa a favor, pero quiero hacer una observación que es interesante.

En Sinaloa el gobierno de Mario López Valdez, desde que inició su mandato, ya se hace este trámite gratuito a favor de los niños sinaloenses, ojalá y que esta vocación la tuvieran muchos gobernadores para favorecer a su pueblo, como en este caso lo hace el gobernador Mario López Valdez, lo quise decir porque es una disposición sana, positiva y favorable para la familia hacia los niños sinaloenses.

Gracias, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Irízar López.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para razonar su voto.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señora Presidenta.

Cuando la Senadora Ivonne Alvarez nos platicaba de su inquietud de presentar esta iniciativa de reforma a la Constitución, no dudamos en sumarnos, al igual que lo hizo la Senadora Angélica Araujo, la Senadora Mely Romero, la Senadora Rocío Pineda, la Senadora Margarita Flores, el Senador Ricardo Barroso y, desde luego, el Senador Salvador López Brito.

Y obviamente, ¿por qué nos sumamos? ¿Y por qué estamos votando a favor este proyecto de dictamen? ¿Y por qué la Constitución? Efectivamente hemos aprobado una gran cantidad de reformas constitucionales importantes para el desarrollo del país, pero debemos de hacer un análisis y hacernos un cuestionamiento si realmente estamos a favor de los niños.

Y si los niños de este país son nuestra prioridad, entonces sí estamos en condiciones en que nuestro marco jurídico más importante, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenga este derecho, este derecho de identidad, que es un derecho a identificar a los ciudadanos mexicanos; y ¿cómo hacer válido los derechos que otorga la Constitución en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad social, si el primer derecho, que es el derecho a la identidad, no estaba garantizado en la Constitución?

Por eso no solamente me parece acertada la iniciativa que se presenta, sino los posicionamientos de cada uno de las Senadoras y de los Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, y que son coincidentes.

Hoy estamos a favor de este dictamen porque no queremos ver a más mexicanos, y no digamos niños, adultos que no tienen su acta de nacimiento, y por ello no pueden acceder a un empleo; a personas adultas que no pueden recibir los beneficios de la educación y de la seguridad social porque no tienen un acta de nacimiento, con esto estamos dando un paso importante.

Efectivamente entidades de la República han hecho esfuerzos importantes, en los municipios también, en las convocatorias que se hacen a los registros extemporáneos, a las campañas de registro, pero sin duda el ver este tema desde la perspectiva nacional, desde nuestra Constitución Política, es un avance, y además de esto es mostrar el compromiso que tenemos con los niños de este país.

Por eso nos sumamos no solamente a la iniciativa, sino que nuestro voto será a favor de este proyecto de dictamen.

Felicito a las comisiones dictaminadoras por este acierto, al Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, al Senador Burgos García, además un experto y conocedor del derecho que sin duda, si toma esta decisión, es porque seguramente está ajustada a derecho.

Muchas gracias, e insisto, nuestro voto es a favor.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Casillas Romero. No habiendo más oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 94 votos a favor.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un octavo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de la identidad y gratuidad de la primera copia certificada de registro de nacimiento. Se remite a los Congresos Estatales para los efectos del artículo 135 constitucional.

Damos la más cordial bienvenida a los alumnos de la Universidad del Valle de México, invitados por el Senador Teófilo Torres. ¡Sean muy bienvenidos a esta sede legislativa!

(Aplausos)

Asimismo, a las personas provenientes del estado de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad. ¡Muy bienvenidos!

(Aplausos)

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de seguridad sanguínea.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SEGURIDAD SANGUINEA

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISION DE SALUD Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Seguridad Sanguínea.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de Septiembre de 2013, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Seguridad Sanguínea.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Legislador proponente pretende establecer en las disposiciones que regulan los bancos de sangre así como la hemovigilancia en nuestro país.

Dicho instrumento legislativo propone incorporar la organización, operación, supervisión y evaluación de la prestación de servicios de seguridad sanguínea, conobjeto de garantizar el acceso equitativo, oportuno, eficiente y seguro de sangre y sus componentes, además delograr un efectivosistema de hemovigilancia.

Así mismo, prevé que los Servicios de Sangre se integran por los diversos establecimientos que realizan actividades relativas a la disposición de sangre y que se conformarán en la red de servicios de sangre compuesta por: a) Centro de colecta, b) Bancos de sangre c) Centro de procesamiento de sangre, d) Centros de calificación biológica, e) Centro de distribución de sangre y componentes, y f) Servicios de transfusión.

La conformación y supervisión de la red de servicios de sangre será responsabilidad del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, con la participación de los Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea, la verificación sanitaria permanece en la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios.

Lo anterior para darle certeza jurídica a los servicios de sangre.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. La Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, adoptó la Resolución WHA58.13, “Seguridad de la sangre: Propuesta para el establecimiento del Día Mundial del Donante de Sangre”, y estableció en mayo de 2005 el Día Mundial del Donante de Sangre, previo antecedente que se tenía de varios países como Estados Unidos de América que organizaban reuniones con dicho fin. Entre otras virtudes, se promueve la donación voluntaria de sangre para valorar la vida, sensibilizar y solidarizar a las personas para con sus semejantes y conservar lo más preciado de la vida que es la salud donando sangre.

C. Hay que señalar que la Primera Conferencia Panamericana de Seguridad Sanguínea, organizada en febrero de 2003, por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), consideró necesario ampliar el concepto de seguridad transfusional para abarcar la seguridad de los donantes de sangre, la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de los componentes sanguíneos, así como la seguridad del acto transfusional, considerando en la medición no sólo la ausencia de reacciones adversas en pacientes transfundidos sino también el beneficio clínico que las transfusiones proveen.

D. Asimismo la resolución CE136.R6 de la OPS solicita a la Directora que coopere con los Estados Miembros en la elaboración de sus políticas y estrategias nacionales de sangre, y en el fortalecimiento de los servicios de sangre para garantizar la seguridad de las transfusiones y resuelve instar a los países miembros (México forma parte de ella), para que entre otras intervenciones:

• Analicen el progreso y los retos en la búsqueda de la suficiencia, la calidad, la seguridad y el uso apropiado de la sangre y sus productos en sus países;

• Promuevan la participación de los sectores público y privado, ministerios de educación, trabajo y desarrollo social y de la sociedad civil en las actividades internacionales, nacionales y locales emprendidas para implementar el plan regional de acción para la seguridad de las transfusiones, asignando los recursos apropiados para alcanzar los objetivos contenidos en él;

• Fortalezcan los servicios de sangre y mejoren su eficiencia a la vez que promueven una cultura de donación voluntaria no remunerada.

E. Es importante señalar que, en septiembre de 2006, México firmó ante la Organización Mundial de la Salud su compromiso respecto al Primer Reto de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente: “Una atención más segura”, uno de cuyos componentes es la seguridad de la sangre. Este compromiso fue ratificado en septiembre de 2007 (Programa de Acción Específico 2007-2012 de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud).

Por otro lado, una parte fundamental en el tema es que la 63ª. Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 2010) reiteró la solicitud a la Directora General de que oriente a los Estados Miembros para que en el proceso de actualizar sus leyes, normas nacionales y medidas de regulación orientadas a garantizar un control eficaz de la calidad y seguridad de los productos sanguíneos y los dispositivos médicos conexos, en particular de los empleados para el diagnóstico in vitro, se atengan a las normas reconocidas internacionalmente; para que fomente la capacidad para dirigir y gestionar los sistemas de suministro de sangre a fin de reforzar los programas nacionales coordinados y sostenibles de sangre y sus componentes; que en caso necesario promueva la creación de redes regionales de colaboración y regulación y que se aliente la investigación de nuevas tecnologías para producir sucedáneos seguros y eficaces de la sangre.

F. Hay que subrayar que en México, el 21 de enero de 1988 se creó el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Salud, dicho órgano de gobierno coordina la política de Estado en materia de disposición de sangre, misma que debe articular a los tres órdenes de gobierno, a la iniciativa privada y a la sociedad civil en general, con la finalidad de lograr la seguridad y suficiencia en el Sistema Nacional de Salud.

Entre otras atribuciones, dicho Centro debe de: elaborar y proponer actualizaciones legislativas, políticas, programas, modelos operativos y estrategias para uniformar criterios, actividades y técnicas sobre la disposición de sangre, componentes, sanguíneos y células troncales con el fin de incrementar la autosuficiencia, seguridad y calidad de estos biológicos, así como, promover un trato digno y respetuoso al donante, el receptor y el personal de salud.

En el mismo sentido, tiene como objetivo, lograr la autosuficiencia, seguridad, calidad y uso terapéutico racional de las unidades de sangre, componentes sanguíneos y células troncales.

G. Hay que decir que de conformidad con el Programa de Acción Específico 2007-2012 TRANSFUSION SANGUINEA, se advirtió, que las transfusiones de sangre salvan vidas y contribuyen de manera sustantiva a mejorar la salud de quien en su momento lo necesita. Sin embargo, a pesar de los avances que se han tenido en la regulación y aplicación de dicha materia, se requiere de mayores esfuerzos para poder ofrecer el servicio a quien lo necesite, toda vez que el acceso a la sangre es un asunto de equidad, justicia, responsabilidad social y humanismo.

Algunas características de la política nacional de sangre consideran: Constituir los mecanismos que aseguren el acceso oportuno y de calidad de los productos sanguíneos a todos los ciudadanos, basados en los principios de equidad, solidaridad, universalidad, calidad y eficiencia.

H. Por otro lado la seguridad transfusional es un tema de Derechos Humanos, acceso universal e inclusión por lo que se considera a la suficiencia, la disponibilidad y el acceso a la sangre para las transfusiones no sólo un elemento de salud pública, sino una opción de tratamiento indispensable para algunos padecimientos y un recurso terapéutico para solventar emergencias sanitarias en la población. Por ello, la sangre debe ser considerada en su justa dimensión como un recurso terapéutico de vital importancia para la población mexicana.

Por lo anterior, se propone reformar la Ley General de Salud, a fin de garantizar el derecho a la protección de la salud de los mexicanos otorgando toda garantía en materia de seguridad transfusional.

Dicha propuesta tiene dos componentes:

A) Fortalecer la regulación, el control y la vigilancia sanitarios de la sangre (tejido hemático con todos sus componentes), y

B) Regular la Seguridad Sanguínea de manera específica e integral incluyendo la seguridad de los donantes de sangre, la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de los componentes sanguíneos, así como la seguridad del acto transfusional, considerando en la medición no sólo la ausencia de reacciones adversas en pacientes transfundidos sino también el beneficio clínico que las transfusiones proveen.

Es por ello, que estas comisiones dictaminadoras coinciden en la iniciativa, en el sentido de otorgar certeza jurídica a todo lo que engloba la seguridad sanguínea en nuestro país.

Sin embargo, estas comisiones proponen cambios al Decreto en dictamen, por considerar que una parte del articulado pretendido no es materia de ley, ya que por su contenido específico, técnico y dinámico, es objeto de disposiciones reglamentarias, por lo que deben conservarse a nivel de norma oficial mexicana.

En efecto, no se debe perder de vista la generalidad del ordenamiento su contenido, alcance y espíritu.

Adicionalmente, es de hacer notar por estas comisiones dictaminadoras, que acorde con los avances de la biotecnología contemporánea de alta complejidad, es necesario actualizar, en el mismo sentido de la iniciativa a dictamen, los demás artículos que hacen referencia a células troncales o progenitoras, por el concepto unívoco de células troncales, toda vez que es el término que se utiliza a nivel internacional de acuerdo con los estándares de la Unión Europea.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto que REFORMA y ADICIONA diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

ARTICULO UNICO. Se REFORMAN los artículos; 112,fracción III, 313, fracciones I y V, 314,fracciones I Bis, XIII, XXVI y XXVII, 315, fracciones II, III, IV, V y el segundo párrafo, 316 Bis 1, 317, 322, 323, 327, 329 Bis, 338, fracciones I y IV, 339, 341, 341 Bis, 342 Bis 1 y 342 Bis 2, y se ADICIONAN las fracciones XII Bis, XII Bis 1, XIV Bis., XXVIII al artículo 314, la fracción VI y el tercer párrafo al 315, el Capítulo III Bis., al Título Décimo Cuarto, los artículos 342 Bis. 3, 460 Bis y una fracción VII al 462.

Artículo 112.-

I. a II.

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 313.-

I. El control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos, en los términos establecidos por esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

II. a IV.

V. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas, campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para fines de trasplantes, así como de sangre y sus componentes para efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos.

Artículo 314.- …

I.…

I Bis. Células Troncales, aquellas capaces de autoreplicarse y diferenciarse hacia diversos linajes celulares especializados;

II. a XII.

XII Bis. Sangre, es el tejido hemático con todos sus componentes;

XII Bis 1. Plasma, el componente específico separado de las células de la sangre;

XIII. Tejido, agrupación de células especializadas que realizan una o más funciones;

XIV.

XIV Bis. Transfusión, procedimiento terapéutico consistente en la aplicación de sangre o de componentes sanguíneos a un ser humano;

XV. a XXV.

XXVI. Procuración, al proceso y las actividades dirigidas a promover la obtención oportuna de órganos, tejidos y células donados para su trasplante;

XXVII. Trazabilidad, a la capacidad de localizar e identificar los órganos, tejidos, sus componentes y células, en cualquier momento desde la donación y, en su caso, hasta el uso terapéutico, procesamiento o destino final, y

XXVIII. Hemoderivados, los productos obtenidos de algunos componentes sanguíneos, especialmente el plasma, mediante procesos fisicoquímicos o biológicos, para aplicación terapéutica, diagnóstica, preventiva o en investigación.

Artículo 315.- Los establecimientos de salud que requieren de licencia sanitaria son los dedicados a:

I. …

II. Los trasplantes de órganos, tejidos y células;

III. Los bancos de órganos, tejidos no hemáticos y células;

IV. Los servicios de sangre;

V. La disposición de células troncales, y

VI. Los establecimientos de medicina regenerativa.

La Secretaría de Salud otorgará la licencia a que se refiere el presente artículo a los establecimientos que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los actos relativos, conforme a lo que establezcan las disposiciones de esta Ley y demás aplicables.

Para el caso de los establecimientos de salud a que se refiere la fracción IV del presente artículo, la licencia sanitaria tendrá una vigencia de 5 años prorrogables por plazos iguales de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 316 Bis 1.-Para garantizar la disponibilidad oportuna de sangre o sus componentes, los establecimientos a los que se refieren las fracciones I y II del artículo 315 de esta Ley que no cuenten con bancos de sangre o centros de procesamiento, deberán tener convenio con algún establecimiento de banco de sangre, un centro de procesamiento o un centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos.

Artículo 317.- …

Los permisos para que los tejidos y sus componentes, así como las células puedan salir del territorio nacional, se concederán siempre y cuando estén satisfechas las necesidades terapéuticas de éstos en el país, salvo casos de urgencia. Para la entrada o salida de sangre y sus componentes, se estará en lo dispuesto en la fracción VI del artículo 375.

En el caso de plasma residual se concederán los permisos siempre que se trate de realizar su procesamiento para la obtención de hemoderivados y se garantice su retorno al territorio nacional con fines terapéuticos.

Artículo 322.-

En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células troncales se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

Artículo 323.-

I.

II. Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales en vida.

Artículo 327.-Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de éstos se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito.

No se considerarán actos de comercio la recuperación de los costos derivados de la obtención o extracción, análisis, conservación, preparación, distribución, transportación y suministro de órganos, tejidos y células, incluyendo la sangre y sus componentes.

Artículo 329 Bis.- El Centro Nacional de Trasplantes fomentará la cultura de la donación para fines de trasplantes, en coordinación con los centros estatales de trasplantes.

...

Artículo 338…

I. El registro de establecimientos autorizados a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta Ley;

II. a III. …

IV. Los datos de los trasplantes con excepción de los autotrasplantes y los relativos a células troncales;

V. a VI. ...

En los términos que precisen las disposiciones reglamentarias, los establecimientos de salud referidos en las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta Ley, a través del responsable sanitario en coordinación con los Comités Internos señalados en el artículo 316 del mismo ordenamiento, deberán proporcionar la información relativa a las fracciones II, III, IV y V de este artículo.

El registro de los trasplantes de células troncales estará a cargo del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.

Artículo 339.- …

La asignación y la distribución en el territorio nacional de órganos, tejidos y células, con excepción de las troncales, se realizará por los comités internos de trasplantes y por los comités internos de coordinación para la donación de órganos y tejidos, de conformidad con lo previsto en la presente Ley.

CAPITULO III BIS

Disposición de sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados y células troncales de seres humanos.

Artículo. 340.-…

Artículo 341.- La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células troncales, con fines terapéuticos estará a cargo de los establecimientos siguientes:

A). Los servicios de sangre que son:

I. Banco de sangre;

II. Centro de procesamiento de sangre;

III. Centro de colecta;

IV. Centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos;

V. Servicio de transfusión hospitalario; y

VI. Centro de calificación biológica.

B). Los que hacen disposición de células troncales que son:

I. Centro de colecta de células troncales, y

II. Banco de células troncales.

C) Los establecimientos de medicina regenerativa.

Los establecimientos que lleven a cabo la transfusión sanguínea, serán los responsables de la seguridad transfusional.

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al respecto.

La Secretaría de Salud, emitirá las disposiciones que regulen tanto la infraestructura con que deberán contar los bancos de sangre que lleven a cabo actos de disposición y distribución de células troncales, como la obtención, procesamiento y distribución de dichas células.

Artículo 342 Bis 1.-…

Para dotar de transparencia a los procesos y la valoración de donantes, la obtención de sangre y sus componentes, su análisis, procesamiento, conservación, transporte, control sanitario y uso terapéutico, se sujetarán a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud.

La distribución de sangre y sus componentes deberá ser equitativa y dar prioridad a las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

Se deberán realizarlas pruebas necesarias que determine la Secretaría de Salud de acuerdo con los estándares internacionales de calidad y seguridad sanguínea a efecto de disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades por transfusión.

Artículo 342 Bis 2.- …

Las disposiciones que emita la Secretaría de Salud para garantizar la trazabilidad en cuanto a origen y destino de los tejidos y el plasma residual, así como las relativas a la farmacovigilancia y control sanitarios de los mismos, tomarán en cuenta la experiencia en la materia, de agencias reguladoras nacionales e internacionales y a la evidencia científica y tecnológica.

Artículo 342 Bis 3.- El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea tendrá a su cargo el Registro Nacional de Sangre y de Células Troncales, el cual integrará y mantendrá actualizada la información relativa a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células troncales e incluirá lo siguiente:

I. El registro de establecimientos a que se refiere el artículo 341 de esta Ley, así como de sus respectivos responsables sanitarios, en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios;

II. El registro de los comités de medicina transfusional, así como de los comités o subcomités de trasplantes de células Troncales;

III. Información relativa a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células troncales que se lleven a cabo en el país;

IV. El Sistema Nacional de Biovigilancia;

V. El registro único de unidades de células troncales que se tengan en existencia, así como de los donantes potenciales de dichas células, con el fin de actuar como enlace nacional e internacional para su localización; y

VI. Los demás que prevean las disposiciones reglamentarias.

Artículo 460 Bis.-Al que introduzca o pretenda introducir en el territorio nacional sangre humana o cualquiera de sus componentes, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de uno a cinco años y multa por el equivalente de diez a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Si la introducción de sangre humana o cualquiera de sus componentes a que se refiere el párrafo anterior, produce algún contagio en la población, las penas previstas en este artículo se incrementarán en una mitad.

Artículo 462.- …

I a IV. …

V. Al receptor del órgano que consienta la realización del trasplante conociendo su origen ilícito;

VI. Al que trasplante un órgano o tejido cuando el recepto y/o donador sean extranjeros, sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto, y

VII. Aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes, se aplicará de uno a dos años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Para los efectos de lo establecido por el artículo 315 de esta Ley, a la entrada en vigor de este Decreto, las solicitudes de licencia sanitaria que se encuentren en trámite por parte de los establecimientos de salud a que se refieren la fracción IV de dicho artículo y que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los actos relativos, tendrán a partir de la fecha de su expedición una vigencia de 5 años.

TERCERO.-Las autorizaciones sanitarias de los establecimientos de salud mencionados en la fracción IV del artículo 315 de esta Ley, otorgadas por tiempo indeterminado deberán someterse a revisión para obtener la licencia sanitaria correspondiente en un plazo de hasta cinco años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO.- Los gobiernos Federal, de las entidades federativas y de los municipios, desarrollarán de manera coordinada y en el ámbito de su competencia, las políticas públicas previstas en el presente Decreto a partir de los recursos presupuestarios disponibles, para lograr de manera progresiva, el cumplimiento del mismo.

COMISION DE SALUD; Y DE ESTUDIOS

LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Berrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la segunda lectura, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Simplemente para ilustrar al Pleno de las pruebas que se utilizan en seguridad sanguínea, la OMS recomienda el tamizaje de toda la sangre donada para el VIH, el virus de la hepatitis, diferentes tipos de hepatitis, la sífilis y otros agentes infecciosos como sería la enfermedad de chagas, las pruebas de serología, lificación de ácidos nucleicos, el NAT detectan los virus del VIH, hepatitis B, hepatitis C y de los agentes infecciosos de trypanosoma cruzi, que es de la enfermedad de chagas y el Treponema pallidum, que es la sífilis, y vamos a hacer referencia más adelante en exposición .

La primera Conferencia Panamericana de Seguridad Sanguínea, organizada en febrero de 2003 por la Organización Panamericana de la Salud, consideró necesario ampliar el concepto de la seguridad sanguínea y transfusional y abarcar con la seguridad de los donantes de sangre la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de los componentes sanguíneos, considerando no sólo la ausencia de reacciones adversas en pacientes transfundidos, sino también el beneficio clínico que las transfusiones prevén.

La Organización Panamericana de la Salud, en su resolución CE-136, resolvió instar a los países miembros, entre ellos México, para que entre otros objetivos, fortalezcan los servicios de sangre, mejoren su eficiencia y promuevan una cultura de donación voluntaria no remunerada.

En septiembre de 2006, México firmó ante la Organización Mundial de la Salud su compromiso respecto al primer reto de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente por una atención más segura, cuyo componente principal es la seguridad de la sangre.

Por otro lado, en la Asamblea Mundial de la Salud, de mayo 2010, se reiteró la solicitud de que se oriente a los Estados miembros para que en el proceso de actualizar sus leyes, normas nacionales y medidas de regulación orientadas a garantizar un control eficaz de la calidad y la seguridad de los productos sanguíneos, se atengan a las normas reconocidas internacionalmente.

En nuestro país, el programa de acción específico 2007-2012, transfusión sanguínea, señala que las transfusiones de sangre salvan vidas y contribuyen de manera sustantiva a mejorar la salud de quienes en su momento la necesitan.

Sin embargo, a pesar de los avances que se han tenido en la regulación y aplicación de dicha materia, se requiere de mayores esfuerzos para poder ofrecer el servicio a quien lo necesite, toda vez que el acceso a la sangre es un tema de equidad, de justicia, responsabilidad social y humanismo.

Cabe señalar que algunas características de la política nacional de sangre consideran constituir los mecanismos que aseguren el acceso oportuno y de calidad a los productos sanguíneos a todos los ciudadanos, basados en los principios de equidad, solidaridad, universalidad, calidad y eficiencia.

El dictamen con modificaciones de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, que presentamos, pretende reforzar las medidas orientadas a la seguridad sanguínea transfuncional. Dicha propuesta tiene dos componentes:

En primer término, fortalecer la regulación, el control y la vigilancia de la sangre y sus componentes.

En segundo lugar, regular la seguridad sanguínea de manera específica e integral, para ello, el dictamen introduce las definiciones de células troncales, sangre, plasma, transfusión y hemoderivados y reforma las definiciones de tejido y trazabilidad.

También refuerza medidas como la licencia sanitaria para los establecimientos de salud dedicados a los servicios de sangre.

Los convenios como un mecanismo que garantice la disponibilidad oportuna de sangre y sus componentes en los establecimientos de salud, y el tratamiento del plasma residual.

Asimismo, especifica los establecimientos encargados de la disposición de la sangre y sus componentes y de células troncales, asignándole la responsabilidad de la seguridad transfuncional a quien la lleve a cabo.

Parte medular del presente dictamen es la disposición de que en la distribución de sangre y sus componentes deberá ser equitativa y dar prioridad a las instituciones públicas del sistema nacional de salud, y que se deberán realizar las pruebas necesarias que determine la Secretaría de Salud, de acuerdo con los estándares internacionales de calidad y seguridad sanguínea, a efecto de disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades por transfusión.

Bajo el mismo tenor, establece que las disposiciones para garantizar la trazabilidad de tejidos y plasma residual, las relativas a la farmacovigilancia y el control sanitario de los mismos, tomará en cuenta la experiencia de agencias reguladoras nacionales e internacionales, así como la evidencia científica y tecnológica, también otorga el registro nacional de sangre y de células troncales al Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, el cual integrará y mantendrá actualizada la información relativa a la disposición de sangre y de sus componentes y de células troncales.

Finalmente, se implementan las sanciones correspondientes a quienes introduzcan o pretendan introducir en el territorio nacional sangre humana o cualquiera de sus componentes sin permiso de la Secretaría de Salud, asimismo se establece un nuevo tipo penal para aquella o aquellas personas que con intención causen infección de receptores por agentes transmisibles para transfusión sanguínea y sus componentes.

Estas medidas constituyen un avance importante en materia de seguridad sanguínea, de conformidad con los compromisos internacionales de nuestro país en la materia y con el objetivo principal de alcanzar mejores niveles de vida y salud, para nuestro querido pueblo de México.

Por lo anterior expuesto, los integrantes de las comisiones dictaminadotas solicitamos su voto a favor de este dictamen.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen, se han inscrito los siguientes Senadores: Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, a favor, María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, a favor, Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, para razonar su voto.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco López Brito, del grupo parlamentario del PAN, a favor del dictamen.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Amigas y amigos Senadores:

El acto de donar sangre, donar tejidos es un acto humanista, es un acto solidario, con un hermano o hermana nuestra que haya caído en una situación de emergencia, y que de ello depende incluso la posibilidad de vivir o la posibilidad de morir.

Sin embargo, este acto solidario debe ser también cuidadoso, regulado y pasar bajo ciertas condiciones técnicas de laboratorio, fisiológicas, bioquímicas y de control sanitario y bacteorológico, microbiológico, para que el receptor no tenga secuelas que pueden ser desde leves, graves, incluso hasta por una mala transfusión la posibilidad de perder la vida.

De tal manera que este dictamen que fue aprobado en la Comisión de Salud, mediante el cual se reforman y adicionan diferentes disposiciones a la Ley General de Salud como los artículos 112, fracción III, 313, fracciones I y V, 314, fracción I Bis, XIII, XXVI, XXVII, artículo 315, fracciones II, III, IV, V, segundo párrafo de la 316 Bis, artículos 317, 322, 323, 327, 329 Bis, 338 fracciones I y IV, 339, 341, 349 Bis, 342 Bis y se adicionan fracciones XII Bis, XIV Bis, XXVIII al artículo 314, van precisamente orientados y destinados a tener estos controles de seguridad en los eventos transfuncionales.

La seguridad transfuncional es un tema de derechos humanos, un acceso universal e inclusión, por lo que se considera a la suficiencia, la disponibilidad y el acceso a la sangre para las transfusiones, no sólo es un elemento de salud pública, sino una opción de tratamiento indispensable para algunos padecimientos y un recurso terapéutico para solventar emergencias sanitarias en la población.

La necesidad de aprobar la reforma en materia de seguridad sanguínea que hoy se somete a votación, parte de un diagnóstico situacional elaborado en el programa de acción específico 2007-2012 de transfusión sanguínea de México, donde se destaca la necesidad de modificar el marco jurídico y administrativo federal y estatal conforme a los avances científicos y tecnológicos y a las buenas prácticas de fabricación y control, para garantizar la suficiencia de sangre, pero en términos de seguridad; y hemos derivado, como entre ellos, otros tejidos como las células troncales para la población.

Cabe mencionar que algunas características de la política nacional de sangre consideran constituidos mecanismos que aseguren el acceso oportuno y de calidad de los productos sanguíneos.

Todos los cuidados basados en los principios de equidad, solidaridad, universalidad, calidad y eficiencia.

Las modificaciones a la Ley General de Salud que hoy se están proponiendo, a nuestra consideración, vienen a fortalecer la regulación, el control y la vigilancia sanitaria en lo que es el uso de sangre, tejido hemático con todos sus elementos y otros tejidos como las células troncales.

También regular la seguridad sanguínea de manera específica integral, incluyendo la seguridad de los donantes de sangre, la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de sus componentes sanguíneos así como la seguridad del acto transfuncional.

Por todo ello, los integrantes de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, a través de este dictamen, les estamos pidiendo el voto a favor puesto que con ello derivarán en materia de seguridad en el control de estos elementos; la seguridad también para los pacientes que requieren de los actos transfusionales y donación de tejidos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador López Brito.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM.

- La C. Senadora María Elena Barerra Tapia: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

En días pasados comentábamos que uno de los objetivos de las instituciones del sector salud, es garantizar la accesibilidad, la equidad, la calidad y eficiencia, no solo de los servicios, sino también de los productos que ofrece.

En este dictamen que está a consideración, fundamentalmente plantea un nuevo modelo de organización para el manejo y la disposición de sangre y sus componentes, de acuerdo a estándares internacionales y a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Esta iniciativa integra y actualiza esos modelos, pero además con la finalidad de garantizar un acceso equitativo, oportuno, seguro y eficiente de la sangre y sus componentes. La parte fundamental de esta iniciativa es de aspirar a un logro efectivo de un sistema de hemovigilancia.

Además de lo que he mencionado, también tiene la ventaja de que será un sistema interconectado de servicios de sangre. Actualmente ya se tienen, sin embargo, ahora en todo el territorio nacional podrán contarse, hablarse y comunicarse de manera más efectiva, de acuerdo a las disposiciones, los centro de colecta, los bancos de sangre, los centros de transfusión, los centros de procesamiento, también de la sangre, así como los centros de calificación biológica y los centros de distribución de sangre y sus componentes.

Vale la pena también hacer mención, que la conformación y la supervisión de esta red de servicios, será responsabilidad del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, como hasta hoy se sigue realizando, con la participación de los Centros Estatales de Transfusión Sanguínea y también se conserva, la verificación sanitaria permanecerá en la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Con todo ello, se fortalece la certeza jurídica a los servicios de sangre y de sus componentes.

También vale la pena mencionar, que de acuerdo a los avances tecnológicos y de biotecnología contemporánea de alta complejidad, será necesario actualizar algunos otros artículos, principalmente los relacionados con células troncales, toda vez que el término que se utiliza a nivel internacional, de acuerdo con los estándares de la Unión Europea, tendrían que ser modificados.

El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea tendrá a su cargo el registro nacional, también de células troncales, que incluirá el registro de establecimientos de colectan y hacen disposición de células troncales; esto es algo muy importante, porque es la primera vez que aparecerá en la ley, así como de la medicina regenerativa, en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

El Sistema Nacional de Biovigilancia y el Registro Unico de Células Troncales, también entrarán en este sistema y, por supuesto, tendrá que tener la vigilancia y tener el control de la existencia de este tipo de establecimientos, así como de los donantes potenciales de dichas células, con el fin de actuar como enlace nacional e internacional para su localización.

Esto es de suma importancia para dar seguridad al uso de células troncales, con fines terapéuticos fundamentado únicamente en medicina basada en evidencia.

Es, pues, que esta iniciativa incluye la distribución de sangre y sus componentes, que deberá de ser equitativa, y efectivamente dar prioridad a las instituciones públicas de todo el sistema nacional de salud. Además que exige que deberán de realizarse todas las pruebas que determina la Secretaría de Salud, de acuerdo a los estándares internacionales de calidad y de seguridad sanguínea.

Asimismo, incluye a la población que tendrá que participar para la realización de campañas, que deberá de seguirse motivando, realizar campañas permanentes de conscientización sobre la importancia de donación de órganos, tejidos, células y sangre, en coordinación con las instituciones públicas del sistema nacional de salud y con los gobiernos de las entidades federativas.

Es un gran paso el que se está dando en materia de manejo de sangre y sus componentes, y hay que seguir trabajando.

Pero me parece que hoy, con esta iniciativa, ha quedado completa y además técnicamente factible.

Muchas gracias por la votación a favor de este dictamen.

Muchas gracias a todos.

Es cuanto, señora Presidenta

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, para razonar su voto.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señora Presidenta. Señoras y señores Senadores:

Vengo, como integrante del Partido del Trabajo, a razonar mi voto, que será a favor en relación a la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de seguridad sanguínea.

Considero útil y necesaria esta iniciativa que presentó el Senador Mayans Canabal, para dar certeza jurídica a la organización, operación, supervisión y evaluación de la prestación de servicios de seguridad sanguínea, y garantizar el acceso equitativo, oportuno y eficiente de sangre y sus componentes.

Solamente quiero hacer notar, que las sanciones previstas para los delitos en la Ley General de Salud, que se encuentran vigentes, son severas, de acuerdo con la infracción que se cometa.

El artículo 462 ya establece una pena de 6 a 16 años de prisión, y multa por el equivalente de 8 mil a 17 mil días de salario mínimo, vigente en la zona económica de que se trate, para diversos supuestos.

La fracción VII que se pretende añadir, para sancionar a aquella persona con intención, que cause infección de receptores por agentes transmisibles, por transfusión de sangre y sus componentes, disminuye considerablemente la pena de 1 a 2 años de prisión e impone la misma multa.

La intencionalidad debe ser sancionada con rigor, es decir, como grave, por las consecuencias que puede acarrear; y no disminuir la pena, por lo que considero que debe permanecer la establecida en el rubro del artículo.

Yo quiero llamar la atención, señoras y señores Senadores, insisto, en la actual ley vigente la penalidad es considerada con una sanción alta; y el presente dictamen la disminuye. Por lo que de aceptarse este criterio, daríamos pauta a la impunidad en el propio dictamen.

No existe alguna razón fundada que indique por qué se reduce la pena, la sanción no es un capricho, debe ser alta, por la razón de lo que implica infectar a una persona con sangre contaminada.

De igual forma, en el segundo párrafo del artículo 460 Bis, que se pretende adicionar, se menciona que si la introducción de sangre humana o cualquiera de sus componentes a que se refiere el párrafo anterior, sin el permiso de la Secretaría de Salud, produce algún contagio en la población, las penas previstas de 1 a 5 años y multa de 10 a 125 días de salarios se incrementarán en una mitad.

Esta sanción no va de acuerdo con la peligrosidad de que se cause algún contagio a la población, sobre todo tratándose de enfermedades graves como la hepatitis, en alguna de sus modalidades, o del SIDA, por lo que propongo que se modifique este párrafo y se incremente la sanción en los mismos términos que la prevista en el artículo 462 de esta Ley General de Salud.

Por lo anterior, propongo la siguiente redacción:

Artículo 460, como actualmente está.

Si la introducción de sangre humana o de cualquiera de sus componentes a que se refiere el párrafo anterior produce algún contagio en la población, se impondrán de 6 a 17 años de prisión y multa por equivalente de 8 mil a 17 mil días de salario mínimo vigente en la zona económica de que se trate.

Y en el artículo 462, párrafo VII.

Aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes transmitibles por transfusión de sangre y sus componentes.

Señoras y señores Senadores:

Es a la vida, es la sangre que, como dijo aquí el Senador que me antecedió en la palabra, todos podemos necesitar de ella en un momento de salud importante.

Por lo que lo pongo a su consideración, con todo respeto.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de la Senadora Martha Palafox, y consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta.

Artículo 460 Bis. …

Si la introducción de sangre humana o de cualquiera de sus componentes a que se refiere el párrafo anterior produce algún contagio en la población, se impondrán de 6 a 17 años de prisión y multa por el equivalente de 8 mil a 17 mil días de salario mínimo vigente en la zona económica de que se trate.

Artículo 462.- …

I a VI …

VII.- Aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes.

Es cuanto, señor Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta referida. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Sí se admite a discusión, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Está a discusión la propuesta. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consultar a la Asamblea, en votación económica, si se admite la propuesta de la Senadora Palafox Gutiérrez

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la propuesta de la Senadora Palafox Gutiérrez. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite la propuesta, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos a favor.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria.

Sonido en el escaño de la Senadora Flores Escalera, ¿con qué objeto?

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: (Desde su escaño) Estimada señora Presidenta, solamente para que me haga el favor de incluirme en la votación que recién está concluyendo.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Solicito a la Secretaría tomar nota de las Senadoras y Senadores que no emitieron su voto y que están levantando la mano.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de seguridad sanguínea. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, en materia de diagnóstico oportuno de displasia en cadera. A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos.




 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION V, RECORRIENDOSE DICHA FRACCION VIGENTE, PARA PASAR A SER LA FRACCION VI DEL ARTICULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD; ASI COMO LA FRACCION III BIS DEL ARTICULO 64 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EN MATERIA DE DIAGNOSTICO OPORTUNO DE DISPLASIA EN CADERA

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, en materia de Displasia de Cadera.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 20 de Marzo de 2013, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativaque contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, en materia de Displasia de Cadera.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Legislador proponente pretende establecer en las disposiciones que regulan la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, del diagnóstico oportuno de la displasia en el desarrollo de la cadera, a través del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así como la toma de un ultrasonido de cadera, o bien, una radiografía anteroposterior de pelvis, entre el primer y cuarto mes de vida, con lo cual se puede identificar dicho padecimiento.

Además dispone que en la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán las acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de cadera, durante el crecimiento y desarrollo de los menores de cinco años.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. Sabemos que en la salud pública, la atenciónmaterno-infantil es de suma importancia, toda vez que la prevención y atención médica temprana durante la infancia es parte medular para mejorar la calidad de vida en un futuro de todas las personas, así como es beneficio directo para el desarrollo del sistema en salud de nuestro país.

No es ajeno a ello la detección oportuna y tratamiento temprano de lo que la ciencia médica, ha denominado como “Displasia en el desarrollo de la Cadera”.

Esta enfermedad conocida anteriormente como luxación congénita de la cadera, comprende anormalidades anatómicas que afectan la articulación coxofemoral de los infantes, incluyendo el borde anormal del acetábulo (displasia) y mala posición de la cabeza femoral, causando desde subluxación hasta una luxación, y que afecta el desarrollo de la cadera durante los períodos embriológicos, fetal o infantil.

C. Se ha encontrado que los factores de riesgo de esta enfermedad, son la historia o antecedente familiar que incrementa el riesgo de padecerla en un 10 a 25%; es de tres a ocho veces más frecuente en las mujeres que en los hombres; además,cuando existe presentación pélvica al nacimiento y en los casos en los que existe una fuerte asociación con otras anormalidades músculo-esqueléticas como el pie equino varo aducto congénito), tortícolis congénita, metatarso aducto y calcáneo valgo, así como cuando se presenta el hábito de envolver al recién nacido de manera apretada con las extremidades inferiores en extensión y aducción (juntas).

D. En nuestro país se estima que hasta el 2% de la población puede llegar a tener este padecimiento diagnosticándose como luxación congénita de cadera. La cadera luxada, que es su forma más grave, tiene una prevalencia promedio de 1.5 por cada 1000 recién nacidos y es mayor su incidencia en niñas. Por cada niño existen de 5 a 7 niñas con cadera luxada.

Aproximadamente cuatro de cada 1000 nacimientos en México, presenta alteraciones en la cadera, lo que se traduce en 480,000 mexicanos con este padecimiento, considerando el último censo nacional del INEGI.

E. Cabe señalar que en el período de 2013 a 2023, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población, CONAPO, se espera que nazcan 24 millones 194 mil 350 niñas y niños de los cuales, conforme al histórico estadístico; al menos 96,777 presentarán este grave padecimiento, con pocas posibilidades de diagnosticarse y atenderse a tiempo, y sobre todo en zonas rurales y de alta marginación en donde las condiciones precarias de los padres impiden el acceso fácil a un ultrasonido o radiografía para reconocer este padecimiento y evitar sus secuelas, la artrosis y la destrucción de la articulación.

F. Hoy en día, se ha reconocido que las personas con secuelas de la Displasia en el Desarrollo de la Cadera, constituyen un grupo vulnerable, toda vez que padecen diferentes formas de discriminación en varios ámbitos de la vida cotidiana.

G. El ultrasonido representa un estudio médico, que actualmente es relevante para la detección oportuna del problema de displasia de cadera en las primeras semanas de vida.

Sin embargo, sabemos que en nuestro sistema hospitalario no puede al 100 por ciento realizar este tipo de estudios por ello es que para la detección de la displasia se recomiende la radiografía, considerando que tiene ciertas características que la convierten en una alternativa adecuada.

H. Cabe referir, que países como Chile toman este estudio como parte de su Guía de Medicina Preventiva y practican el tamizaje radiológico a los tres meses de edad.

I. Con esta reforma la detección oportuna y atención temprana de la displasia de cadera, será un paso más en el tema de prevención en la salud materno-infantil. Considerado como parte fundamental, dentro del marco legal como estrategia de mayor atención y cuidado de la salud y en beneficio del desarrollo de la niñez con la finalidad de constituirse en política pública de los servicios de salud de atención materno-infantil.

Es por ello que estas comisiones dictaminadoras coinciden en la iniciativa con el objetivo de darle prioridad a la salud de la niñez.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V, recorriéndose dicha fracción vigente, para pasar a ser la fracción VI del artículo 61 de la Ley General de Salud; así como la fracción III Bis del artículo 64 del mismo ordenamiento, para quedar como sigue:

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno–infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera;

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual;

III. La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro;

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados;

V.- El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el desarrollo de la cadera, a través del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así como la toma de ultrasonido de cadera o radiografía anteroposterior de pelvis, entre el primer y cuarto mes de vida, y

VI. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar.

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I. Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los usuarios;

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento para la lactancia materna, promoviendo que la leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil;

II Bis.- Acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales;

III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años;

III Bis.- Acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de cadera, durante el crecimiento y desarrollo de los menores de 5 años, y

IV. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se le dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se le dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se le dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se le dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Nuevamente, con su venia, señora Presidenta.

El día de hoy nos trae aquí este dictamen que hemos consensado en las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, y los colegios de traumatología y ortopedia de todo el país, el Consejo Mexicano de Traumatología y Ortopedia, el cual nos ha tocado aquí coordinarlo en el Senado de la República, yo les agradezco desde esta tribuna del Senado, a todos ellos por el interés sobre el tema y la preocupación de nuestros niños y niñas de México.

Pero, también para ilustrar a la Asamblea qué es la displasia de la cadera.

Es una dislocación de la articulación de la cadera que está presente al nacer.

¿Esto qué es?

La cadera está conformada por una bola y un receptáculo articular, la bola llamada, cabeza del fémur, del hueso largo de la pierna, conforma la parte superior de este hueso del muslo y el receptáculo, el acetábulo, se forma en el hueso de la pelvis; en algunos recién nacidos este receptáculo está demasiado superficial y la bola, la cabeza del fémur, del hueso largo, puede salirse, ya sea parcial o completamente, una o ambas caderas pueden estar comprometidas, y ese es el tema, y espero que me haya explicado para que se entienda.

En el dictamen con proyecto de Decreto que reforma los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, que las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos ponemos a su consideración, tiene como propósito establecer en las disposiciones que regulan la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna el diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el desarrollo de la cadera, a través del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad y a los 2, 4, 6, 9, y 12 meses de edad, así como la toma de ultrasonido de cadera o radiografía anteroposterior de la pelvis entre el primero y el cuarto mes de vida.

Además de disponer que en la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil las autoridades sanitarias competentes establecerán acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de la cadera durante el crecimiento y desarrollo de los menores de 5 años.

La displasia en el desarrollo de la cadera, antes conocida como la luxación congénita de la cadera, es una enfermedad, como decíamos, que comprende anormalidades anatómicas que afectan el desarrollo de la cadera durante los periodos embriológicos fetal e infantil.

Entre los factores de riesgo de esta enfermedad se encuentran, la historia o antecedentes familiares que incrementan el riesgo de padecerla en un 10 a 25 por ciento; ser mujer, ya que es de 3 a 8 veces más frecuente en mujeres que en los hombres; que exista presentación pélvica al nacimiento o durante el embarazo, el parto, una fuerte asociación con otras anormalidades musculoesqueléticas, y el hábito de envolver al recién nacido de manera apretada con las extremidades inferiores juntas.

En México se estima que hasta el 2 por ciento de la población puede llegar a padecer luxación congénita de cadera, existen un promedio de 1.5 por cada mil recién nacidos que tienen luxación de cadera, que es la más grave de las displasias de cadera.

Se estima que 4 de cada 1,000 nacimientos en México presentan alteraciones de cadera, lo que se traduce en 480 mil mexicanos con este padecimiento, considerando el último Censo Nacional del INEGI.

A ello se suma que de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, se espera que nazcan 24 millones 194 mil 350 niñas y niños durante el periodo 2013 a 2023 de los cuales, al menos 96 mil 777 presentarán este grave padecimiento.

Las pocas posibilidades de detección y atención oportuna se reducen aún más si consideramos las condiciones precarias de la mayoría de la población, sobre todo aquellas que se encuentran en zonas rurales y de alta marginación donde los padres no pueden acceder fácilmente a un ultrasonido o una radiografía para detectar el padecimiento y evitar sus secuelas: la artrosis y la destrucción de la articulación; haciendo de las personas con este padecimiento un grupo vulnerable por las diversas formas de discriminación que llegan a padecer.

El dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos que proponemos y ponemos a su consideración, pretende dar un paso más en el tema de prevención en la salud materno-infantil, reformando la Ley General de Salud para integrar el examen clínico periódico y la toma de ultrasonido y radiografía para la detección oportuna del padecimiento, de manera que se constituyan en una política pública de los servicios de salud accesible a todos y a toda la población.

Asimismo, se contempla que en la organización y operación de los servicios de salud las autoridades sanitarias establecerán acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de cadera durante el crecimiento y desarrollo de los menores de 5 años.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, solicitamos su voto a favor de este dictamen, y principalmente a favor de la salud de la infancia.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Está a discusión en lo general, informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito a favor los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Francisco Salvador López Brito.

Esta Mesa Directiva recibe la intervención del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, misma que se incorpora al Diario de los Debates.

Se le concede el uso de la palabra al Senador López Brito, quien declina su participación, tiene el uso de la palabra la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muy buenas tardes, señora Presidenta. Estimadas Senadoras y Senadores:

Nuestra postura está a favor por supuesto de este dictamen, simple y sencillamente el propósito de mi participación es para proponer algunas consideraciones.

Como plantea la misma iniciativa, en materia de salud pública la atención materno-infantil es de suma importancia, toda vez que la prevención y atención médica temprana durante la infancia es parte medular para mejorar la calidad de vida en un futuro de todas las personas, así como es beneficio directo para el desarrollo del sistema en salud en nuestro país.

En este cuadro general es importante hoy dar un paso adelante en la detección oportuna y tratamiento temprano de lo que la ciencia médica ha denominado como displasia en el desarrollo de la cadera; enfermedad anteriormente conocida como luxación congénita de la cadera.

Los números son reveladores y demuestran la importancia de que hoy pongamos nuestra atención en esta problemática. Según datos del último Censo Nacional del INEGI, aproximadamente 4 de cada mil nacimientos en México presentan alteraciones en la cadena, a su vez, se estima que hasta el 2 por ciento de la población puede llegar a tener este padecimiento.

La cadera luxada, que es su forma más grave, tiene una prevalencia promedio de 1.5 por cada mil recién nacidos y es mayor su incidencia en niñas; existen entre 5 y 7 niñas con cadera luxada por cada niño con este padecimiento.

Aproximadamente 4 de cada mil nacimientos en México presentan alteraciones en la cadera, lo que se traduce entonces en un estimado de 480 mil mexicanos con este padecimiento, de acuerdo al último Censo Nacional del INEGI.

Los controles periódicos por parte del pediatra son centrales para la detección de la displasia de cadera, ya que en los primeros meses las exploraciones pueden resultar negativas. El diagnóstico precoz es fundamental para un tratamiento correcto antes de que el niño empiece a andar por sus medios, y el tratamiento depende del momento del diagnóstico y de su gravedad; pero cuanto antes se inicie, mayor es la posibilidad de una buena respuesta y una curación completa, las posibilidades de éxito son mayores si el padecimiento se detecta antes de los 6 meses de vida.

Es importante mencionar que las personas con secuelas de la displasia de cadera padecen incluso diferentes formas de discriminación en varios ámbitos de la vida cotidiana, constituyendo un grupo vulnerable.

La iniciativa objeto del dictamen tiene como fin establecer, como ya lo conocemos, en las disposiciones que regulan la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, el diagnóstico de la displasia en el desarrollo de la cadera a través del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad, y a los 2, 4, 6, 9 y 12 meses de edad, así como la toma de un ultrasonido de cadera, o bien una radiografía anteroposterior de pelvis entre el primer y cuarto mes de vida a fin de identificar dicho padecimiento.

Además dispone que en la organización y operación de los servicios de salud, destinado a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán las acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de la cadera durante el crecimiento y desarrollo de los menores de 5 años.

En el grupo parlamentario del PRI tenemos plena conciencia que es nuestro deber legislar para que el derecho a la protección de la salud, un derecho social y universal reconocido por nuestra Constitución, sea una realidad para las mexicanas y mexicanos, y debemos cumplir con esta obligación de manera responsable.

Pero también tenemos claro que aquello que legislemos en beneficio de los mexicanos debe poder materializarse y cumplir su objetivo cabalmente. Por ello, respecto de este dictamen, se estima necesario introducir, y esta es mi propuesta, señora Presidenta, una modificación que nos permita cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que obliga a las comisiones del Congreso de la Unión a realizar una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas que les son turnadas.

Por tal motivo, resulta indispensable introducir esta modificación y valorar este impacto para dar viabilidad al contenido del dictamen que indica que la Secretaría de Salud implementará una serie de exámenes y estudios médicos desde la etapa de gestación y durante los primeros 5 años de vida del menor.

Por lo expuesto, se propone la inclusión de un Artículo Segundo Transitorio que indique que la Secretaría de Salud implementará las acciones antes señaladas conforme al presupuesto que apruebe para tales fines la Cámara de Diputados, respetando la autonomía presupuestaria de las entidades federativas al señalar que estas acciones serán realizadas a partir de los recursos que aprueben sus respectivos Poderes Legislativos.

Y al respecto, entonces, señora Presidenta, propondría la siguiente redacción:

Artículo Segundo Transitorio.- Las acciones que deban realizar los gobiernos federal y de las entidades federativas para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en sus respectivos presupuestos de egresos.

En lo general estamos a favor, por supuesto de este dictamen, solamente estaríamos solicitando la inclusión de ese Artículo Segundo Transitorio.

Espero el apoyo y respaldo a esta propuesta de las compañeras y compañeros Senadores.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Flores Escalera.

En virtud de que no hay más oradores registrados, solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de la Senadora e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de la Senadora.



Es cuanto, señora Presidenta.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Está a discusión la propuesta. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta de la Senadora Flores Escalera.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta de la Senadora Flores Escalera. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 84 votos a favor.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, en materia de diagnóstico oportuno de displasia en cadera. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Compañeras y compañeros Senadores, abriremos un receso en la sesión ordinaria para reanudar a las 16:30 horas y dar inicio a nuestra sesión solemne en la que recibiremos la visita del Presidente de la República Francesa.

Al concluir dicha sesión solemne, volveremos al desahogo de los asuntos de la sesión ordinaria.

Se declara un receso y se les ruega su puntual asistencia a las 16:30 horas.

(Receso)

(Continúa la sesión ordinaria)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Continuamos con la sesión ordinaria.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Fondos de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para reformar el Registro Unico de Garantías Mobiliarias





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, PARA REFORMAR EL REGISTRO UNICO DE GARANTIAS MOBILIARIAS

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO
Y FOMENTO INDUSTRIAL, DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta con proyecto de decreto, por el que se REFORMAN, ADICIONAN y DEROGAN diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, 226 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. El 11 de octubre de 2012, el Diputado José Arturo Salinas Garza integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se REFORMA, ADICIONA Y DEROGA diversas disposiciones del Código de Comercio; y de las Leyes General de Sociedades Mercantiles, de Sociedades de Inversión, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal de Derechos, y Orgánica de la Administración Pública Federal.

2. El 16 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida Iniciativa a las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El 06 de marzo de 2013, en sesión de trabajo de las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, se aprobó el Dictamen que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El dictamen referido fue aprobado de acuerdo a la siguiente votación:

En la Comisión de Economía fue aprobado con 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de 30 miembros que conforman la Comisión.

En la Comisión de Hacienda y Crédito Público fue aprobado con 36 votos a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones de 41 miembros que conforman la Comisión.

4. El 20 de marzo de 2013 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado el referido dictamen con 446 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida.

5. El 21 de abril de 2013,la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

III.- Contenido de la Minuta

La Minuta en análisis tiene por objeto, la modificación de 6 ordenamientos jurídicos vigentes:

A. Código de Comercio

En materia de Modernización:

-Propone el establecimiento de un “Programa Informático” que operará la Secretaría de Economía para centralizar la información en el Registro Público de Comercio, en el cual los usuarios podrán realizar consultas en línea sin necesidad de presentarse en las oficinas locales del Registro.

La propuesta de implementación de un programa informático que centraliza la información proporcionada por las oficinas estatales, servirá para reducir costos para los usuarios, toda vez que, las consultas podrán realizarse en línea en este registro federal sin necesidad de presentarse personalmente en las oficinas locales del registro.

-Propone el establecimiento de un “Sistema Electrónico” gratuito, que será administrado por la Secretaría de Economía, para que las sociedades mercantiles publiquen sus convocatorias, circulares, reglamentos etc., por este medio magnético, eliminándose el formato por medios impresos, lo que traerá una reducción de costos a las empresas.

De acuerdo con una estimación realizada por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), la utilización de estos medios electrónicos por parte de las empresas, tendrían un ahorro del orden de los $5 mil millones de pesos.

En materia de Seguridad Jurídica:

-Propone una clasificación para las garantías mobiliarias: Prenda y la Hipoteca industrial para asentar reglas sencillas para su gestión, prelación de acreedores y en los procesos de ejecución.

-Propone la inscripción de las figuras jurídicas del arrendamiento financiero, del factoraje financiero, de las cláusulas rescisoria y de reserva de dominio en compraventas mercantiles, del fideicomiso de garantía, y de las resoluciones judiciales o administrativas, en un “Registro Unico de Garantías” para evitar algún tipo de gravamen oculto.

-Propone la inclusión de los “productos y materias primas agrícolas” para efectos de la figura jurídica del “Embargo de bienes”. En el caso de bienes muebles se regirá a través del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio.

B. Ley General de Sociedades Mercantiles

En materia de Seguridad Jurídica:

-Incorpora la figura del “Corredor público” como fedatario público, para efectos de dar fe pública.

-Establece el término de “Confidencialidad” como una obligación para los administradores que manejen la información de la sociedad, cuando esta no sea de carácter pública, excepto en los casos en que la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas.

En materia de Administración:

-Delimita los alcances de la función de “vigilancia” ejercida por la figura jurídica del Comisario, precisando que esta abarcará en la “gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad”.

-Propone la reducción de los porcentajes del capital social del 33% a 25% que representen los accionistas en los casos siguientes:

a) Para ejercer una acción civil en contra de los administradores.

b) Para aplazar por tres días y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados.

c) Para oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales.

De esta manera, se atiende al principio de flexibilización para que los grupos minoritarios de las sociedades tengan mayor participación en la toma de decisiones de la empresa.

C. Ley de Sociedades de Inversión

En materia de Simplificación Administrativa:

-Elimina la disposición que preveía la excepción de que: “Las sociedades de inversión y las sociedades operadoras de sociedades de inversión”, no estaban obligadas a la publicación de los estados financieros en el Diario Oficial de la Federación.

D. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

En materia de Seguridad Jurídica:

-Establece la posibilidad de que el acreedor tramite por cuenta del deudor, la importación definitiva de los bienes, en el caso de que la totalidad o parte de estos bienes, sean objeto de la garantía para proceder a la venta de los mismos.

-Establece que el fideicomiso cuyo objeto recaiga en bienes muebles surtirá efectos contra tercero desde la fecha de su inscripción en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio.

E. Ley Federal de Derechos

En materia de Simplificación Administrativa:

-Se elimina el cobro de derechos derivada de la presentación extemporánea de los siguientes avisos:

a) De uso del permiso para la constitución de sociedades o asociaciones y de cambio de denominación o razón social: $1,581.24 pesos.

b) De liquidación, fusión o escisión de sociedades: $1,581.24 pesos.

c) De modificación de la cláusula de exclusión por la de admisión de extranjeros $1,581.24 pesos.

d) De aviso de adquisición de bienes inmuebles por sociedades mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros en zona restringida, destinados a fines no residenciales $6,133.34 pesos.

F. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

En materia de Eficiencia:

-Faculta a la Secretaría de Economía para determinar y operar el “Sistema electrónico” en el que deberán realizarse las publicaciones que establezcan las leyes mercantiles.

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, consideran que las reformas aprobadas por la colegisladora son avances sustanciales en materia mercantil, pues sin duda, esta miscelánea en materia de comercio, representa una oportunidad para mejorar las funciones legales, administrativas, e institucionales y la modernización de normas jurídicas que regulan a la empresa, enfocadas a la micro, pequeñas y medianas empresas para hacer de su operación de manera más eficiente, eficaz y a un bajo costo.

Segunda.- Que el artículo 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el Congreso tiene facultad para “Legislar en toda la República sobre comercio”.

Por lo que estas dictaminadoras consideran que desde el punto de vista jurídico, la Minuta referida se encuentra en el ámbito competencial de las atribuciones constitucionales conferidas al Congreso de la Unión.

Tercera.- Las que dictaminan, estiman que la eficacia de una reforma depende en gran medida de la operatividad para ponerla en funcionamiento, que en la mayoría de los casos, representa cargas económicas para el Estado la creación de nuevas instancias o normas.

En el caso que nos ocupa, al eliminar el requisito para que las empresas publiquen sus convocatorias, circulares, reglamentos etc., por medios impresos, traerá una reducción de costos a las empresas.

Por lo que esta reforma no presenta un impacto presupuestal para las arcas de la Nación, por el contrario, pretende generar ahorros para las empresas por el orden de los $5 mil millones de pesos, que servirán para generar más empleos y para fortalecer sus actividades comerciales.

Cuarta.- Estas dictaminadoras coinciden con la colegisladora en darle un nuevo concepto al Registro Público de Comercio para hacerlo un registro federal digital con una sola base de datos que pueda tener fácil acceso a cualquiera que lo consulte.

Actualmente existen 269 oficinas de las cuales, 60 no operan en un registro único, por lo que es necesaria su modernización.

Quinta.- Al eliminar costos y cargas económicas fortalece el sistema de garantías mobiliarias que hacen que haya una mayor productividad y competitividad para las MyPyMES.

Con la aprobación de esta reforma daremos un paso adelante en el fomento responsable a la industria del financiamiento de las figuras crediticias en nuestro país.

Sexta.- Estas dictaminadoras, están convencidas, que para dar un nuevo rumbo a la regulación de las actividades mercantiles, es necesario mejorar las condiciones de productividad y competitividad de los sectores productivos en México, por lo que esta reforma abona a la modernización y la simplificación administrativa en aras de mejorar las actividades productivas del país.

Las que dictaminan estamos plenamente convencidas que la reforma a estos seis ordenamientos están vinculados a actividades mercantiles por lo que, es prioritario modernizar y otorgarle mayor competitividad para la inversión y la generación de empleos.

Séptima.- En el ámbito internacional, las que dictaminan estiman que esta reforma se apega a las mejores prácticas internacionales, principalmente, a los intereses de la micro, pequeña y mediana empresa que realizan actos de comercio.

Octava.- Los integrantes de estas dictaminadoras, reconocen el esfuerzo iniciado hace más de cuatro años y de la que hoy se genera un producto de calidad.

Asimismo, resaltamos la voluntad de los Grupos Parlamentarios en ambas Cámaras Legislativas, de las asociaciones y la Secretaría de Economía para generar mejores condiciones y modernización de las empresas, sobre todo de las PYMES que hoy representan cerca del 80% del empleo que genera el país.

V. Modificaciones a la Minuta

El pasado 25 de abril de 2013, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial recibió del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal observaciones a la Minuta referida.

No obstante, el pasado 10 de marzo del año en curso, las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, enviaron a esta Comisión dictaminadora observaciones al proyecto de dictamen.

Por lo que estas dictaminadoras estiman pertinente atender y analizar las observaciones realizadas por las autoridades citadas con la finalidad de otorgar mayor certidumbre jurídicaa esta reforma que es de la mayor relevancia.

A. Código de Comercio

1) Registro Público de Comercio.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó observaciones, en razón a la aprobación de Reforma Financiera, toda vez que repercuten algunos temas en la Miscelánea Mercantil.

Texto Vigente

Texto Minuta

Cámara de Diputados

Observaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Texto del Dictamen

Artículo 20.- El Registro Público de Comercio operará con un programa informático y con una base de datos central interconectada con las bases de datos de sus oficinas ubicadas en las entidades federativas. Las bases de datos contarán con al menos un respaldo electrónico.

Mediante el programa informático se realizará la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la información registral.

Las bases de datos del Registro Público de Comercio en las entidades federativas se integrarán con el conjunto de la información incorporada por medio del programa informático de cada inscripción o anotación de los actos mercantiles inscribibles, y la base de datos central con la información que los responsables del Registro incorporen en las bases de datos ubicadas en las entidades federativas.

El programa informático será establecido por la Secretaría. Dicho programa y las bases de datos del Registro Público de Comercio, serán propiedad del Gobierno Federal.

En caso de existir discrepancia o presunción de alteración de la información del Registro Público de Comercio contenida en la base de datos de alguna entidad federativa, o sobre cualquier otro respaldo que hubiere, prevalecerá la información registrada en la base de datos central, salvo prueba en contrario.

La Secretaría establecerá los formatos, que serán de libre reproducción, así como los datos, requisitos y demás información necesaria para llevar a cabo las inscripciones, anotaciones y avisos a que se refiere el presente Capítulo. Lo anterior deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 20.- El Registro Público de Comercio operará con un programa informático mediante el cual se realizará la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la información registral.

Se elimina

Se elimina

El programa informático será establecido por la Secretaría. Dicho programa y las bases de datos del Registro Público de Comercio, serán propiedad del Gobierno Federal.

Se elimina

La Secretaría establecerá los formatos, que serán de libre reproducción, así como los datos, requisitos y demás información necesaria para llevar a cabo los asientos a que se refiere el presente capítulo, previo pago de los derechos establecidos por las entidades federativas. Lo anterior deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 20.- El Registro Público de Comercio operará con un programa informático mediante el cual se realizará la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la información registral.

Se elimina

Se elimina

El programa informático será establecido por la Secretaría. Dicho programa y las bases de datos del Registro Público de Comercio, serán propiedad del Gobierno Federal.

Se elimina

La Secretaría establecerá los formatos, que serán de libre reproducción, así como los datos, requisitos y demás información necesaria para llevar a cabo los asientos a que se refiere el presente capítulo, previo pago de los derechos establecidos por las entidades federativas. Lo anterior deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 20.- El Registro Público de Comercio operará con un programa informático mediante el cual se realizará la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la información registral.

Se elimina

Se elimina

El programa informático será establecido por la Secretaría. Dicho programa y las bases de datos del Registro Público de Comercio, serán propiedad del Gobierno Federal.

Se elimina

La Secretaría establecerá los formatos, que serán de libre reproducción, así como los datos, requisitos y demás información necesaria para llevar a cabo los asientos a que se refiere el presente capítulo, previo pago de los derechos establecidos por las entidades federativas. Lo anterior deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

2) Embargo de Bienes.

Se RECHAZAN las modificaciones al artículo 1395 (Adición a una fracción I) <>

Texto Vigente

Texto Minuta

Cámara de Diputados

Observaciones del

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

Observaciones de la Secretaría de Economía

Texto del Dictamen

TITULO TERCERO

De los Juicios Ejecutivos

Artículo 1395.- En el embargo de bienes se seguirá este orden:

I. Las mercancías;

II. Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del acreedor;

III. Los demás muebles del deudor;

IV. Los inmuebles;

V. Las demás acciones y derechos que tenga el demandado.

Cualquiera dificultad suscitada en el orden que deba seguirse, no impedirá el embargo. El ejecutor la allanará, prefiriendo lo que prudentemente crea más realizable, a reserva de lo que determine el juez.

Tratándose de embargo de inmuebles, a petición de la parte actora, el juez requerirá que la demandada exhiba el o los contratos celebrados con anterioridad que impliquen la transmisión del uso o de la posesión de los mismos a terceros. Sólo se aceptarán contratos que cumplan con todos los requisitos legales y administrativos aplicables.

Una vez trabado el embargo, el ejecutado no puede alterar en forma alguna el bien embargado, ni celebrar contratos que impliquen el uso del mismo, sin previa autorización del juez, quien al decidir deberá recabar la opinión del ejecutante. Registrado que sea el embargo, toda transmisión de derechos respecto de los bienes sobre los que se haya trabado no altera de manera alguna la situación jurídica de los mismos en relación con el derecho que, en su caso, corresponda al embargante de obtener el pago de su crédito con el producto del remate de esos bienes, derecho que se surtirá en contra de tercero con la misma amplitud y en los mismos términos que se surtiría en contra del embargado, si no hubiese operado la transmisión.

Cometerá el delito de desobediencia el ejecutado que transmita el uso del bien embargado sin previa autorización judicial.

Artículo 1395.- En el embargo de bienes se seguirá este orden:

I. Los productos y materias primas agrícolas;

II. Las mercancías;

III. Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del acreedor;

IV. Los demás muebles del deudor;

V. Los inmuebles;

VI. Las demás acciones y derechos que tenga el demandado.

...

Tratándose de embargo de bienes muebles, el mismo deberá realizarse en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio.

...

En cuanto a la propuesta de reforma, relativa al embargo de los “productos” a que refiere la fracción I, se considera que éstos, por su naturaleza, ya se encuentran incluidos en el concepto de “mercancías”.

Por lo que hace a las “materias primas”, tanto el Código Federal de Procedimientos Civiles, así como los Códigos locales, de aplicación supletoria, excluyen el embargo a los instrumentos propios para el cultivo agrícola, como se desprende del artículo 434 del Código Federal y en el artículo 544, fracción IV del Código local; pues de permitirse se podría detener la producción de la empresa, en perjuicio tanto del acreedor como del deudor.

Artículo 1395.- En el embargo de bienes se seguirá este orden:

I. Las mercancías;

II. Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del acreedor;

III. Los demás muebles del deudor;

IV. Los inmuebles;

V. Las demás acciones y derechos que tenga el demandado.

….

Artículo 1395.- En el embargo de bienes se seguirá este orden:

I. Las mercancías, así como los bienes a que se refieren los artículos 322 y 324 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;

II. Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del acreedor;

III. Los demás muebles del deudor;

IV. Los inmuebles;

V. Las demás acciones y derechos que tenga el demandado.

Tratándose de embargo de bienes muebles, el mismo deberá realizarse en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio.

Es adecuada la observación del TSJDF, toda vez que podría haber un conflicto de Leyes en cuanto que existen CódigoszLocales que excluyen del “embargo” a los instrumentos propios para el cultivo agrícola.

Por lo que, atendiendo a las observaciones de las autoridades citadas, se modifica la redacción quedando la siguiente manera:

Artículo 1395.- En el embargo de bienes se seguirá este orden:

I. a la V. …

Tratándose de embargo de bienes muebles, el mismo deberá realizarse en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio.

B. Ley General de Sociedades Mercantiles

Se RECHAZAN las modificaciones al artículo 212 (Adición a un párrafo segundo)<< Publicación anual del balance de las “Sociedades Cooperativas”>>

Texto Vigente

Texto Minuta

Cámara de Diputados

Observaciones del

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

Texto Dictamen

CAPITULO VII

De la sociedad cooperativa

Artículo 212.- Las sociedades cooperativas se regirán por su legislación especial.

Artículo 212.- ...

Las sociedades que emitan obligaciones deberán publicar anualmente su balance, certificado por Contador Público. La publicación se hará en el sistema electrónico establecido por la Secretaría.

En cuanto al contenido del segundo párrafo, se estima fuera de lugar, ya que el artículo habla de sociedades cooperativas en particular y remite a la legislación especial que las rige; mientras que la propuesta de reforma habla de sociedades en general, que emitan obligaciones. Por lo que es incongruente.

No se acepta la Adición, por lo que se mantiene en términos del texto vigente.

Es oportuna la observación del TSJDF, toda vez que la propuesta plantea regular cuestiones que específicamente tendrían que estar previstas en la “Ley General de Sociedades Cooperativas” como acertadamente lo establece el artículo 212 al remitir a la legislación especial.

C. Ley de Fondos de Inversión

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó observaciones, en razón a la aprobación de Reforma Financiera, toda vez que repercuten algunos temas en la Miscelánea Mercantil.

Texto Abrogado

Ley de Sociedades de Inversión

Texto

Minuta

Cámara de Diputados

Texto Vigente

Ley de Fondos de Inversión

Observaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Texto del Dictamen

ARTICULO 79. Las sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, deberán publicar en medios impresos o electrónicos de amplia circulación o divulgación, los estados financieros trimestrales y anuales, formulados de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de esta Ley. Tales publicaciones serán bajo la estricta responsabilidad de los administradores y comisarios de las sociedades que hayan aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos contenidos en dichos estados financieros. Ellos deberán cuidar que éstos revelen efectivamente la verdadera situación financiera de las sociedades y quedarán sujetos

a las sanciones correspondientes en el caso de que las publicaciones no se ajusten a esta situación. Se exceptúa a las sociedades de inversión y a las sociedades operadoras de sociedades de inversión, de lo establecido en el artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por lo que corresponde a la publicación de los estados financieros en el Diario Oficial de la Federación.

Las sociedades de inversión de capitales sólo estarán obligadas a publicar el estado financiero anual ajustándose a lo previsto en el párrafo anterior y a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión. Tratándose de sociedades de inversión de capitales cuyas acciones coticen en bolsas de valores, deberán publicar los estados financieros trimestrales y anuales, conforme a lo señalado en este artículo, así como ajustarse a las disposiciones aplicables a las sociedades emisoras de valores de conformidad con la Ley del Mercado de Valores.

La Comisión podrá ordenar correcciones a los estados financieros que, a su juicio, fueren fundamentales, así como acordar que se publiquen con las modificaciones pertinentes.

Artículo 79. Las sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, deberán publicar en medios impresos o electrónicos de amplia circulación o divulgación, los estados financieros trimestrales y anuales, formulados de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de esta Ley. Tales publicaciones serán bajo la estricta responsabilidad de los administradores y comisarios de las sociedades que hayan aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos contenidos en dichos estados financieros. Ellos deberán cuidar que estos revelen efectivamente la verdadera situación financiera de las sociedades y quedarán sujetos a las sanciones correspondientes en el caso de que las publicaciones no se ajusten a esta situación. Se exceptúa a las sociedades de inversión y a las sociedades operadoras de sociedades de inversión, de lo establecido en el artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

...

...

Artículo 79.- Las sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de

acciones de fondos de inversión y sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, deberán

publicar en medios impresos o electrónicos de amplia circulación o divulgación, los estados financieros

formulados de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de esta Ley. Tales publicaciones serán bajo la

estricta responsabilidad de los administradores, comisarios y auditores de las sociedades que hayan

aprobado o dictaminado, según corresponda, la autenticidad de los datos contenidos en dichos estados

financieros. Dichas personas deberán cuidar que los estados financieros revelen la verdadera situación

financiera de las sociedades y quedarán sujetos a las sanciones correspondientes en el caso de que las

publicaciones no se ajusten a esta situación. Se exceptúa a las sociedades operadoras de fondos de

inversión, a las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y a las sociedades

valuadoras de acciones de fondos de inversión, de lo establecido en el artículo 177 de la Ley General de

Sociedades Mercantiles por lo que corresponde a la publicación de los estados financieros en el Diario

Oficial de la Federación.

Artículo 79.- Las sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, deberán publicar en medios impresos o electrónicos de amplia circulación o divulgación, los estados financieros formulados de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de esta Ley. Tales publicaciones serán bajo la estricta responsabilidad de los administradores, comisarios y auditores de las sociedades que hayan

aprobado o dictaminado, según corresponda, la autenticidad de los datos contenidos en dichos estados financieros. Dichas personas deberán cuidar que los estados financieros revelen la verdadera situación financiera de las sociedades y quedarán sujetos a las sanciones correspondientes en el caso de que las publicaciones no se ajusten a esta situación. Se exceptúa a las sociedades operadoras de fondos de inversión, a las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y a las sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, de lo establecido en el artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantilespor lo que corresponde a la publicación de los estados financieros en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 79.- Las sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, deberán publicar en medios impresos o electrónicos de amplia circulación o divulgación, los estados financieros formulados de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de esta Ley. Tales publicaciones serán bajo la estricta responsabilidad de los administradores, comisarios y auditores de las sociedades que hayan

aprobado o dictaminado, según corresponda, la autenticidad de los datos contenidos en dichos estados financieros. Dichas personas deberán cuidar que los estados financieros revelen la verdadera situación financiera de las sociedades y quedarán sujetos a las sanciones correspondientes en el caso de que las publicaciones no se ajusten a esta situación. Se exceptúa a las sociedades operadoras de fondos de inversión, a las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y a las sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, de lo establecido en el artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

D. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

1) Mala fe en la adquisición de los bienes muebles del deudor.

Se MODIFICA el artículo 373 (Reforma) <>

Texto Vigente

Texto Minuta

Cámara de Diputados

Observaciones del

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

Texto Dictamen

CAPITULO IV

De los créditos

Sección Séptima

De la prenda sin transmisión de posesión

Artículo 373.- Se entenderá por adquirente de mala fe, para efectos de lo dispuesto en el artículo 356, a toda persona que, sabedora de la existencia de la garantía, adquiera los bienes muebles objeto de la misma sin consentimiento del acreedor.

Artículo 373.-Se entenderá por adquirente de mala fe, para efectos de lo dispuesto en el artículo 356 y 398, a toda persona que adquiera, sin consentimiento del acreedor, bienes muebles del deudor, sabedora por cualquier medio, incluyendo el Registro Unico de Garantías Mobiliarias, de

I. La existencia de la garantía sobre dichos bienes; y

II. Que la enajenación de dichos bienes se encuentra fuera del curso normal de la actividad preponderante del deudor.

Las enajenaciones realizadas sin contar con el consentimiento a que se refiere este artículo no harán que cesen los efectos de la garantía y el acreedor conservará el derecho de persecución sobre los bienes respectivos con relación a los adquirentes; sin perjuicio de que el acreedor exija al deudor el pago de los daños y perjuicios que dicha enajenación le cause.

Se sugiere mejorar la redacción del primer párrafo en la forma siguiente:

“Se entenderá por adquirente de mala fe, para efectos de lo dispuesto en los artículos 356 y 398, a toda persona que adquiera, sin consentimiento del acreedor, bienes muebles del deudor, sabedora por cualquier medio, incluyendo El Registro Unico de Garantías Mobiliarias, de lo siguiente:”

La Secretaría de Economía, estima que debe prevalecer el texto aprobado por la Cámara de Diputados, agregándole los dos puntos al final de la última palabra “de”, para subsanar el error de la Minuta.

Artículo 373.-Se entenderá por adquirente de mala fe, para efectos de lo dispuesto en el artículo 356 y 398, a toda persona que adquiera, sin consentimiento del acreedor, bienes muebles del deudor, sabedora por cualquier medio, incluyendo el Registro Unico de Garantías Mobiliarias, de:

I. La existencia de la garantía sobre dichos bienes; y

II. Que la enajenación de dichos bienes se encuentra fuera del curso normal de la actividad preponderante del deudor.

Las enajenaciones realizadas sin contar con el consentimiento a que se refiere este artículo no harán que cesen los efectos de la garantía y el acreedor conservará el derecho de persecución sobre los bienes respectivos con relación a los adquirentes; sin perjuicio de que el acreedor exija al deudor el pago de los daños y perjuicios que dicha enajenación le cause.

2) Requisitos Fideicomisarios.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó observaciones, en razón a la aprobación de Reforma Financiera, toda vez que repercuten algunos temas en la Miscelánea Mercantil.

Texto Vigente

Texto Minuta

Cámara de Diputados

Observaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Texto del Dictamen

Sección Primera

Del fideicomiso

Artículo 382.- Pueden ser fideicomisarios las personas que tengan la capacidad necesaria para recibir el provecho que el fideicomiso implica.

El fideicomisario podrá ser designado por el fideicomitente en el acto constitutivo del fideicomiso o en un acto posterior.

El fideicomiso será válido aunque se constituya sin señalar fideicomisario, siempre que su fin sea lícito y determinado, y conste la aceptación del encargo por parte del fiduciario.

Cuarto párrafo.- Se deroga

Las instituciones mencionadas en el artículo 385 de esta Ley podrán reunir la calidad de fiduciarias y fideicomisarias únicamente tratándose de fideicomisos que tengan por fin servir como instrumentos de pago a su favor. En este supuesto, las partes deberán convenir los términos y condiciones para dirimir posibles conflictos de intereses, para lo cual podrán nombrar a un ejecutor o instructor, que podrá ser una institución fiduciaria o cualquier tercero, a fin de que determine el cumplimiento o incumplimiento del contrato para el solo efecto de iniciar el procedimiento de ejecución y para que cumpla los fines del fideicomiso en lo que respecta a la aplicación de los bienes afectos al fideicomiso como fuente de pago de obligaciones derivadas de créditos otorgados por la propia institución.

Artículo 382.-…

….

….

….

La institución fiduciaria podrá ser fideicomisaria en los fideicomisos que tengan por fin servir como instrumentos de pago de obligaciones derivadas de créditos otorgados por la propia institución. En este supuesto, las partes podrán convenir los términos y condiciones para dirimir posibles conflictos de intereses, para lo cual podrán nombrar a un ejecutor o instructor, que podrá ser una institución fiduciaria o cualquier tercero, a fin de que determine el cumplimiento o incumplimiento del contrato para el sólo efecto de iniciar el procedimiento de ejecución y para que cumpla los fines del fideicomiso en lo que respecta a la aplicación de los bienes afectos al fideicomiso como fuente de pago de obligaciones derivadas de créditos otorgados por la propia institución.

En todo caso, el ejecutor o instructor ejercitará sus funciones en nombre y representación del fiduciario, pero sin sujetarse a sus instrucciones, obrando en todo momento de conformidad con lo pactado en el contrato y la legislación aplicable y actuando con independencia e imparcialidad respecto de los intereses del fideicomitente y fideicomisario.

Para efectos del párrafo anterior, se presume independencia e imparcialidad en el cumplimiento del contrato, cuando los títulos representativos del capital social, así como las compras e ingresos del último ejercicio fiscal o del que esté en curso del ejecutor o instructor, no estén vinculados con alguna de las partes del fideicomiso en más de un diez por ciento.

Artículo 382.- …

….

….

….

La institución fiduciaria podrá ser fideicomisaria en los fideicomisos que tengan por fin servir como instrumentos de pago de obligaciones incumplidas, en el caso de créditos otorgados por la propia institución para la realización de actividades empresariales. En este supuesto, las partes podrán convenir los términos y condiciones para derimir posibles conflictos de intereses, para lo cual podrán nombrar a un ejecutor o instructor, que podrá ser una institución fiduciaria o cualquier tercero, a fin de que determine el cumplimiento o incumplimiento del contrato para el sólo efecto de iniciar el procedimiento de ejecución y para que cumpla los fines del fideicomiso en lo que respecta a la aplicación de los bienes afectos al fideicomiso como fuente de pago de obligaciones derivadas de créditos otorgados por la propia institución.

En todo caso, el ejecutor o instructor ejercitará sus funciones en nombre y representación del fiduciario, pero sin sujetarse a sus instrucciones, obrando en todo momento de conformidad con lo pactado en el contrato y la legislación aplicable y actuando con independencia e imparcialidad respecto de los intereses del fideicomitente y fideicomisario.

Para efectos del párrafo anterior, se presume independencia e imparcialidad en el cumplimiento del contrato, cuando los títulos representativos del capital social, así como las compras e ingresos del último ejercicio fiscal o del que esté en curso del ejecutor o instructor, no estén vinculados con alguna de las partes del fideicomiso en más de un diez por ciento.

Artículo 382.- …

….

….

….

… (Texto Vigente)

En todo caso, el ejecutor o instructor ejercitará sus funciones en nombre y representación del fiduciario, pero sin sujetarse a sus instrucciones, obrando en todo momento de conformidad con lo pactado en el contrato y la legislación aplicable y actuando con independencia e imparcialidad respecto de los intereses del fideicomitente y fideicomisario.

Para efectos del párrafo anterior, se presume independencia e imparcialidad en el cumplimiento del contrato, cuando los títulos representativos del capital social, así como las compras e ingresos del último ejercicio fiscal o del que esté en curso del ejecutor o instructor, no estén vinculados con alguna de las partes del fideicomiso en más de un diez por ciento.

VI. Resolutivo

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, aprueban con observaciones la Minuta referida y someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Artículo Primero. Se reforman los artículos 20; 21, fracción XX; 22; 27; 29; 32 bis 1; 32 bis 2; 32 bis 4, párrafos segundo y séptimo; 32 bis 6; 390; 600, fracción I; 1061 bis, 1395 párrafo tercero;1414 bis, párrafo segundo; se adicionan los artículos 32 bis 4, con los párrafos tercero, octavo y noveno, recorriéndose los actuales párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo a ser cuarto, quinto, sexto, séptimo, decimo y onceavo párrafos; 50 bis; 1061 bis; 1414 bis con un último párrafo; y se derogan los artículos 16, fracción I; 17;32 bis 4, fracción IV, todos del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 16.- …

I.-(Se deroga).

II. a IV.- ...

Artículo 17.- (Se deroga).

Artículo 20.- El Registro Público de Comercio operará con un programa informático mediante el cual se realizará la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la información registral.

El programa informático será establecido por la Secretaría. Dicho programa y las bases de datos del Registro Público de Comercio, serán propiedad del Gobierno Federal.

La Secretaría establecerá los formatos, que serán de libre reproducción, así como los datos, requisitos y demás información necesaria para llevar a cabo los asientos a que se refiere el presente capítulo, previo pago de los derechos establecidos por las entidades federativas. Lo anterior deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 21.- Existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad, en el que se anotarán:

I.- a XIX.- …

XX.- Las garantías mobiliarias que hubiere otorgado, así como cualesquiera otros actos jurídicos por los que constituya un privilegio especial o derecho de retención sobre bienes muebles a favor de terceros, en los términos de lo dispuesto por los artículos 32 bis 1 a 32 bis 9 del presente Capítulo, información que deberá residir en la base de datos nacional a que se refiere la Sección Unica del presente Capítulo, de conformidad con las reglas de matriculación establecidas en el Reglamento del Registro Público de Comercio.

Artículo 22.- Cuando, conforme a la ley, algún acto o contrato deba inscribirse en el Registro Público de la Propiedad o en registros especiales para surtir efectos contra terceros, su inscripción en dichos registros será bastante.

Las dependencias y organismos responsables de los registros especiales deberán coordinarse con la Secretaría de Economía para que las garantías mobiliarias y gravámenes sobre bienes muebles que hayan sido inscritos en dichos registros especiales puedan también ser consultados a través del Registro Unico de Garantías Mobiliarias, en los términos que establezca el Reglamento del Registro Público de Comercio.

Artículo 27.- Los actos que deban inscribirse de acuerdo con las normas que los regulan, y que no se registren sólo producirán efectos jurídicos entre los que lo celebren.

Artículo 29.-Los actos que deban inscribirse conforme a las normas que los regulan producirán efectos jurídicos contra terceros desde la fecha y hora de su inscripción, sin que puedan afectar su prelación otros actos que también deban inscribirse, ya sean anteriores o posteriores no registrados.

Artículo 32 bis 1.- Las garantías mobiliarias que se constituyan con apego a éste u otros ordenamientos jurídicos del orden mercantil, su modificación, transmisión o cancelación, así como cualquier acto jurídico que se realice con o respecto de ellas y, en general, cualquier gravamen o afectación sobre bienes muebles que sirva como garantía de manera directa o indirecta, deberán inscribirse en los términos de esta Sección para que surtan efectos jurídicos contra terceros, salvo que de acuerdo a las leyes que los regulan, los mismos deban inscribirse en algún registro especial.

A. En las garantías mobiliarias quedan comprendidos, sin perjuicio de aquéllos que por su naturaleza mantengan ese carácter, los siguientes:

I.- La prenda sin transmisión de posesión;

II.- La prenda ordinaria mercantil cuando el acreedor prendario no mantenga la posesión sobre los bienes;

III.- La prenda en los créditos refaccionarios o de habilitación o avío;

IV.- La hipoteca industrial por lo que hace a los bienes muebles sobre los que recae;

B. Los siguientes actos deberán inscribirse en esta Sección:

I.- Los actos jurídicos mercantiles por medio de los cuales se constituya, modifique, transmita o cancele un privilegio especial o derecho de retención sobre bienes muebles en favor de terceros en los que el acreedor no mantenga la posesión sobre los bienes muebles;

II.- El arrendamiento financiero, por lo que hace a los bienes muebles sobre los que recae;

III.- El factoraje financiero;

IV.- Las cláusulas rescisoria y de reserva de dominio en compraventas mercantiles, cuando el comprador no mantenga la posesión de los bienes muebles;

V.- El fideicomiso de garantía en cuyo patrimonio existan bienes muebles;

VI.- Las resoluciones judiciales o administrativas que recaigan sobre bienes muebles, incluyendo los embargos sobre bienes muebles; y

VII.- Cualesquiera otros actos, gravámenes o afectaciones sobre bienes muebles de naturaleza análoga a los expresados en las fracciones anteriores, que sirvan directa o indirectamente como garantías, en los que el acreedor no mantenga la posesión sobre los mismos.

Se presumen mercantiles, y por tanto sujetas a inscripción en los términos de esta Sección, todas las garantías mobiliarias y demás actos contenidos en el apartado B anterior que sean otorgadas en favor de un comerciante o que sirvan para garantizar una obligación de naturaleza mercantil.

Artículo 32 bis 2.-Se constituye el Registro Unico de Garantías Mobiliarias, en adelante el Registro, como una sección del Registro Público de Comercio, en donde se inscribirán las garantías a que se refiere el artículo anterior. Esta sección se sujetará a las bases especiales de operación a que se refieren los artículos siguientes.

Artículo 32 Bis 4.- ...

Salvo prueba en contrario, se presume que los otorgantes de garantías mobiliarias autorizan la inscripción de las mismas en el Registro, así como su modificación, rectificación, transmisión, renovación, cancelación o algún aviso preventivo o anotación en relación con ellas o con sus bienes muebles.

Será responsabilidad de quien inscribe realizar los asientos en el folio electrónico del Registro, correspondiente al otorgante de la garantía mobiliaria, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Registro Público de Comercio.

I.- a III.- ...

IV.- (Se deroga).

...

...

Será responsabilidad de quien realice una inscripción o anotación, llevar a cabo la rectificación de los errores que las mismas contengan.

Asimismo, será responsabilidad de quien realiza una inscripción, realizar la cancelación o modificación de los mismos, si se hubiere extinguido la garantía mobiliaria o si la garantía hubiere sido modificada.

Si quien aparece como acreedor de una inscripción no realiza la cancelación o modificación referida en el párrafo anterior, el deudor podrá solicitar a un juez la cancelación o modificación correspondiente, para lo cual el juez deberá emitir resolución en un plazo de 10 días hábiles a partir del cierre de instrucción ordenando la cancelación, modificación o la no procedencia de la petición, según corresponda, pudiendo el acreedor oponer la única excepción de falta de pago.

...

...

Artículo 32 bis 6.- Las garantías mobiliarias inscritas de conformidad con la presente Sección, surtirán efectos contra terceros y tendrán prelación sobre cualesquiera otras posteriores o anteriores no inscritas.

Artículo 50 bis.- Las publicaciones que deban realizarse conforme a las leyes mercantiles se realizarán a través del sistema electrónico que para tal propósito establezca la Secretaría de Economía, y surtirán efectos a partir del día siguiente de su publicación.

Lo anterior, sin perjuicio de las publicaciones que deban realizarse de conformidad con otras disposiciones o leyes especiales.

Artículo 390.- La cesión producirá sus efectos legales con respecto al deudor, desde que le sea notificada ante dos testigos y contra terceros a partir de su inscripción en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio.

Artículo 600.- ...

I.-A publicar en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, y circular sus reglamentos, fijándolos en los parajes públicos, en la parte más visible de sus oficinas y en cada uno de los vehículos destinados a la conducción, poniendo los artículos relativos al reverso de los conocimientos de carga;

II.- a IV.- ...

Artículo 1061 bis.-En todos los juicios mercantiles se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios digitales, ópticos o en cualquier otra tecnología. Su valor probatorio se regirá conforme a lo previsto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 1395.- En el embargo de bienes se seguirá este orden:

I. a la V. …

Tratándose de embargo de bienes muebles, el mismo deberá realizarse en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio.

Artículo 1414 bis.- ...

I.- y II.- ...

Al celebrar el contrato las partes deberán designar perito o establecer las bases para designar a una persona autorizada distinta del acreedor, para que realice el avalúo de los bienes, en caso de que éste no pueda llevarse a cabo, en términos de lo establecido en las fracciones de este artículo.

A falta de acuerdo respecto a la designación del perito o de la persona autorizada, éste será designado por el juez competente a solicitud de cualquiera de las partes.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 5o.; 6o., párrafo primero; 7o., párrafo primero; 9o., párrafo segundo; 90; 91, párrafo primero; 99; 113, párrafo primero; 119; 125, fracción VII; 132; 136, fracción III; 157; 163 párrafo primero; 166, fracción IX; 177; 186; 194, párrafos segundo y tercero; 198, párrafo primero; 199; 201, párrafo primero; 205, párrafo primero; 223; 228 Bis, fracción V; 243 último párrafo; 247, fracción II; 251 último párrafo; se adicionan los artículos 4o., con un último párrafo; 8o. con un párrafo segundo; 91, con una fracción VII; 170, con un párrafo segundo; 198, con las fracciones I a V del párrafo primero y un último párrafo, todos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue:

Artículo 4o.- ...

Las sociedades mercantiles podrán realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo lo expresamente prohibido por las leyes y los estatutos sociales.

Artículo 5o.- Las sociedades se constituirán ante fedatario público y en la misma forma se harán constar con sus modificaciones. El fedatario público no autorizará la escritura o póliza cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por esta ley,

Artículo 6o.- La escritura o póliza constitutiva de una sociedad deberá contener:

I.- a XIII.- …

...

Artículo 7o.- Si el contrato social no se hubiere otorgado en escritura o póliza ante fedatario público, pero contuviere los requisitos que señalan las fracciones I a VII del artículo 6., cualquiera persona que figure como socio podrá demandar en la vía sumaria el otorgamiento de la escritura o póliza correspondiente.

...

...

Artículo 8o.- ...

Asimismo, las reglas permisivas contenidas en esta ley no constituirán excepciones a la libertad contractual que prevalece en esta materia.

Artículo 9o.- ...

La reducción del capital social, efectuada mediante reembolso a los socios o liberación concedida a éstos de exhibiciones no realizadas, se publicará en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía.

...

...

Artículo 90.- La sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante fedatario público, de las personas que otorguen la escritura o póliza correspondiente, o por suscripción pública, en cuyo caso se estará a lo establecido en el artículo 11 de la Ley del Mercado de Valores.

Artículo 91.- La escritura constitutiva o póliza de la sociedad anónima deberá contener, además de los datos requeridos por el artículo 6o., los siguientes:

I.- a VI.- ...

VII.- En su caso, las estipulaciones que:

Impongan restricciones, de cualquier naturaleza, a la transmisión de propiedad o derechos, respecto de las acciones de una misma serie o clase representativas del capital social, distintas a lo que se prevé en el artículo 130 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Establezcan causales de exclusión de socios o para ejercer derechos de separación, de retiro, o bien, para amortizar acciones, así como el precio o las bases para su determinación.

Permitan emitir acciones que:

No confieran derecho de voto o que el voto se restrinja a algunos asuntos.

Otorguen derechos sociales no económicos distintos al derecho de voto o exclusivamente el derecho de voto.

Confieran el derecho de veto o requieran del voto favorable de uno o más accionistas, respecto de las resoluciones de la asamblea general de accionistas.

Las acciones a que se refiere este inciso, computarán para la determinación del quórum requerido para la instalación y votación en las asambleas de accionistas, exclusivamente en los asuntos respecto de los cuales confieran el derecho de voto a sus titulares.

Implementen mecanismos a seguir en caso de que los accionistas no lleguen a acuerdos respecto de asuntos específicos.

Amplíen, limiten o nieguen el derecho de suscripción preferente a que se refiere el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Permitan limitar la responsabilidad en los daños y perjuicios ocasionados por sus consejeros y Funcionarios, derivados de los actos que ejecuten o por las decisiones que adopten, siempre que no se trate de actos dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos conforme a ésta u otras leyes.

Articulo 99.- Suscrito el capital social y hechas las exhibiciones legales, los fundadores, dentro de un plazo de quince días, publicarán la convocatoria para la reunión de la Asamblea General Constitutiva, en la forma prevista en el programa, en el sistema electrónico establecido por la Secretaria de Economía.

Artículo 113.- Salvo lo previsto por el artículo 91, cada acción sólo tendrá derecho a un voto; pero en el contrato social podrá pactarse que una parte de las acciones tenga derecho de voto solamente en las Asambleas Extraordinarias que se reúnan para tratar los asuntos comprendidos en las fracciones I, II, IV, V, VI y VII del artículo 182.

...

...

...

...

Artículo 119.- Cuando se decrete una exhibición cuyo plazo o monto no conste en las acciones, deberá hacerse una publicación, por lo menos 30 días antes de la fecha señalada para el pago, en el sistema electrónico establecido por la Secretaria de Economía. Transcurrido dicho plazo sin que se haya verificado la exhibición, la sociedad procederá en los términos del artículo anterior.

Artículo 125.- ...

I.- a VI.- …

VII.- Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción, y en su caso, a las limitaciones al derecho de voto y en específico las estipulaciones previstas en la fracción VII del artículo 91 de esta Ley.

VIII.- …

Artículo 132.- Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción al número de sus acciones, para suscribir las que emitan en caso de aumento del capital social. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la publicación en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, del acuerdo de la Asamblea sobre el aumento del capital social.

Artículo 136.-...

I.- a II.- …

III.- La adquisición de acciones para amortizarlas se hará en bolsa; pero si el contrato social o el acuerdo de la Asamblea General fijaren un precio determinado, las acciones amortizadas se designarán por sorteo ante Notario o Corredor titulado. El resultado del sorteo deberá publicarse por una sola vez en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía;

IV.- a V.- ...

Artículo 157.- Los Administradores tendrán la responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. Dichos administradores deberán guardar confidencialidad respecto de la información y los asuntos que tengan conocimiento con motivo de su cargo en la sociedad, cuando dicha información o asuntos no sean de carácter público, excepto en los casos en que la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas. Dicha obligación de confidencialidad estará vigente durante el tiempo de su encargo y hasta un año posterior a la terminación del mismo.

Artículo 163.- Los accionistas que representen el veinticinco por ciento del capital social, por lo menos, podrán ejercitar directamente la acción de responsabilidad civil contra los Administradores, siempre que se satisfagan los requisitos siguientes:

...

...

...

Artículo 166.- …

I.- a VIII.- …

IX.- En general, vigilar la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad.

Artículo 170.- ...

Al efecto, los comisarios deberán notificar por escrito al Consejo de Administración o al administrador único, según sea el caso, dentro de un plazo que no deberá exceder de 15 días naturales contados a partir de que tomen conocimiento de la operación correspondiente, los términos y condiciones de la operación de que se trate, así como cualquier información relacionada con la naturaleza y el beneficio que obtendrían las partes involucradas en la misma.

Artículo 177.- Quince días después de la fecha en que la asamblea general de accionistas haya aprobado el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172, los accionistas podrán solicitar que se publiquen en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía los estados financieros, junto con sus notas y el dictamen de los comisarios.

Artículo 186.- La convocatoria para las asambleas generales deberá hacerse por medio de la publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaria de Economíacon la anticipación que fijen los estatutos, o en su defecto, quince días antes de la fecha señalada para la reunión. Durante todo este tiempo estará a disposición de los accionistas, en las oficinas de la sociedad, el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172.

Articulo 194.- ...

Cuando por cualquiera circunstancia no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo, se protocolizará ante fedatario público.

Las actas de las Asambleas Extraordinarias serán protocolizadas ante fedatario público e inscritas en el Registro Público de Comercio.

Artículo 198.- Sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales, los accionistas de las sociedades anónimas podrán convenir entre ellos:

Derechos y obligaciones que establezcan opciones de compra o venta de las acciones representativas del capital social de la sociedad, tales como:

Que uno o varios accionistas solamente puedan enajenar la totalidad o parte de su tenencia accionaria, cuando el adquirente se obligue también a adquirir una proporción o la totalidad de las acciones de otro u otros accionistas, en iguales condiciones;

Que uno o varios accionistas puedan exigir a otro socio la enajenación de la totalidad o parte de su tenencia accionaria, cuando aquéllos acepten una oferta de adquisición, en iguales condiciones;

Que uno o varios accionistas tengan derecho a enajenar o adquirir de otro accionista, quien deberá estar obligado a enajenar o adquirir, según corresponda, la totalidad o parte de la tenencia accionaria objeto de la operación, a un precio determinado o determinable;

Que uno o varios accionistas queden obligados a suscribir y pagar cierto número de acciones representativas del capital social de la sociedad, a un precio determinado o determinable, y

Otros derechos y obligaciones de naturaleza análoga;

Enajenaciones y demás actos jurídicos relativos al dominio, disposición o ejercicio del derecho de preferencia a que se refiere el artículo 132 de esta ley, con independencia de que tales actos jurídicos se lleven a cabo con otros accionistas o con personas distintas de estos;

Acuerdos para el ejercicio del derecho de voto en asambleas de accionistas;

Acuerdos para la enajenación de sus acciones en oferta pública; y

Otros de naturaleza análoga.

Los convenios a que se refiere este artículo no serán oponibles a la sociedad, excepto tratándose de resolución judicial.

Artículo 199.- A solicitud de los accionistas que reúnan el veinticinco por ciento de las acciones representadas en una Asamblea, se aplazará, para dentro de tres días y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados. Este derecho no podrá ejercitarse sino una sola vez para el mismo asunto.

Artículo 201.- Los accionistas que representen el veinticinco por ciento del capital social podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos:

I.- a III.- ...

...

Artículo 205.- Para el ejercicio de las acciones judiciales a que se refieren los artículos 185 y 201, los accionistas depositarán los títulos de sus acciones ante fedatario público o en una Institución de Crédito, quienes expedirán el certificado correspondiente para acompañarse a la demanda y los demás que sean necesarios para hacer efectivos los derechos sociales.

...

Artículo 223.- Los acuerdos sobre fusión se inscribirán en el Registro Público de Comercio y se publicarán en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, de la misma manera, cada sociedad deberá publicar su último balance, y aquélla o aquéllas que dejen de existir, deberán publicar, además, el sistema establecido para la extinción de su pasivo.

Artículo 228 Bis.- …

...

I.- a IV.- ...

V.- La resolución de escisión deberá protocolizarse ante fedatario público e inscribirse en el Registro Público de Comercio. Asimismo, deberá publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, un extracto de dicha resolución que contenga, por lo menos, la síntesis de la información a que se refieren los incisos a) y d) de la fracción IV de este artículo, indicando claramente que el texto completo se encuentra a disposición de socios y acreedores en el domicilio social de la sociedad durante un plazo de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de que se hubieren efectuado la inscripción y la publicación;

VI.- a X.- ...

Artículo 243.- ...

El acuerdo sobre distribución parcial deberá publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, y los acreedores tendrán el derecho de oposición en la forma y términos del artículo 9o.

Artículo 247.- ...

I.- …

II.-Dicho balance se publicará en el sistema electrónico establecido por la Secretaria de Economía.

III.- ...

Artículo 251.- ...

...

Las sociedades extranjeras deberán publicar anualmente, en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, un balance general de la negociación visado por un contador público titulado.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 79, de la Ley de Fondos de Inversión, para quedar como sigue:

Artículo 79.- Las sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, deberán publicar en medios impresos o electrónicos de amplia circulación o divulgación, los estados financieros formulados de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de esta Ley. Tales publicaciones serán bajo la estricta responsabilidad de los administradores, comisarios y auditores de las sociedades que hayan aprobado o dictaminado, según corresponda, la autenticidad de los datos contenidos en dichos estados financieros. Dichas personas deberán cuidar que los estados financieros revelen la verdadera situación financiera de las sociedades y quedarán sujetos a las sanciones correspondientes en el caso de que las publicaciones no se ajusten a esta situación. Se exceptúa a las sociedades operadoras de fondos de inversión, a las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y a las sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, de lo establecido en el artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Artículo Cuarto. Se reforman los artículos 32, último párrafo; 212, párrafo tercero; 326, fracción IV, y actual segundo párrafo, pasando a ser tercer párrafo; 344; 347, párrafo primero; 349; 351, párrafo primero; 354; 358, párrafo tercero; 360; 363; 365, párrafo primero; 367, párrafo primero; 369; 371, párrafo primero; 373; 374, fracciones I, II y párrafo tercero; 376; 382, párrafo quinto; 389; 397; 398, fracción III; 399, párrafos primero y último; 401, párrafo primero; 403, párrafo primero; 404; 408, párrafo segundo; 426; se adicionan los artículos 326, con un párrafo segundo, pasando el actual segundo a ser tercer párrafo; 355, con un último párrafo; 363, con un último párrafo; 365, con los párrafos segundo y tercero; 367 Bis; 373, fracciones I y II del párrafo primero y un párrafo segundo; 374, con un último párrafo y los incisos a) y b); 382, párrafos sexto y séptimo; 396, con los párrafos segundo, tercero y cuarto; 397, con un segundo párrafo, recorriéndose los actuales párrafos segundo y tercero en el orden subsecuente; 398, con un último párrafo; 404, con los párrafos segundo, tercero y cuarto; y se derogan los artículos 353, párrafo segundo; 357; 365, párrafo segundo; 371, fracciones I a III; 377; 389, fracciones I a III; todos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 32.- ...

...

Tratándose de acciones, bonos de fundador, obligaciones, certificados de depósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona determinada; el endoso en blanco o al portador no producirá efecto alguno. Lo previsto en este párrafo no será aplicable a los cheques expedidos por cantidades inferiores a las establecidas por el Banco de México, a través de disposiciones de carácter general que publique en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 212.- ...

...

Las sociedades que emitan obligaciones deberán publicar anualmente su balance, certificado por Contador Público. La publicación se hará en el sistema electrónico establecido por la Secretaría.

Artículo 326.- ...

I.- a III.- ...

IV.- Serán inscritos en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio.

Si en la garantía se incluyen bienes inmuebles, deberá inscribirse, adicionalmente, en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, según la ubicación de los bienes inmuebles afectos en garantía.

Los contratos de habilitación o refacción surtirán efectos contra tercero desde la fecha y hora de su inscripción conforme a los párrafos anteriores.

Artículo 344.- El acreedor prendario no podrá hacerse dueño de los bienes o títulos dados en prenda, sin el expreso consentimiento del deudor.

Artículo 347.- Los contratos mediante los cuales se documente la constitución de garantías a través de la prenda sin transmisión de posesión, serán mercantiles para todas las partes que intervengan en ellos. Se exceptúan aquellos contratos que se celebren entre dos o más personas físicas o morales que no tengan el carácter de comerciantes en los términos del Código de Comercio, así como aquellos actos que, de conformidad con el mismo, no se reputen como actos de comercio para ninguna de sus partes.

...

Artículo 349.-Salvo pacto en contrario, cuando el deudor esté facultado para hacer pagos parciales, la garantía se reducirá desde luego y de manera proporcional con respecto de los pagos realizados, si ésta recae sobre varios objetos o éstos son cómodamente divisibles en razón de su naturaleza jurídica, sin reducir su valor, y siempre que los derechos del acreedor queden debidamente garantizados.

Artículo 351.- En caso de concurso del deudor, los bienes objeto de prenda sin transmisión de posesión que existan en la masa, podrán ser ejecutados por el acreedor prendario, mediante la acción que corresponda conforme a la ley de la materia, ante el juez de concurso mercantil, el cual deberá decretar, sin más trámite, la ejecución solicitada.

...

Artículo 353.- Pueden ser dados en prenda sin transmisión de posesión toda clase de derechos y bienes muebles, salvo aquellos que conforme a la Ley sean estrictamente personales de su titular.

Artículo 354.- Los bienes pignorados deberán identificarse de forma individual, por categorías de bienes o genéricamente.

Artículo 355.- Podrán darse en prenda sin transmisión de posesión los bienes muebles siguientes:

I.- a V.- ...

Tratándose de bienes referidos en las fracciones III a V, los mismos quedarán comprendidos de manera automática como bienes pignorados, salvo pacto en contrario.

Artículo 357.- (Se deroga).

Artículo 358.- ...

...

La excepción a que se refiere este artículo, sólo procederá tratándose de bienes muebles que puedan distinguirse del resto de los bienes muebles que el deudor haya dado en prenda al primer acreedor.

Artículo 360.- En caso de que en el contrato respectivo se establezca que los bienes pignorados deban estar asegurados por una cantidad que alcance a cubrir su valor de reposición, el deudor tendrá la facultad de determinar la compañía aseguradora que se encargará de ello. En el mencionado seguro deberá designarse como beneficiario al acreedor prendario. Salvo pacto en contrarío, el saldo insoluto del crédito garantizado, se reducirá en una cantidad igual a la del pago que el acreedor reciba de la institución de seguros. En este último caso, de existir algún remanente, el acreedor deberá entregarlo al deudor, a más tardar el tercer día hábil siguiente a la fecha en que lo reciba.

Artículo 363.- Las partes deberán designar perito o acordar las bases para su designación, cuya responsabilidad será dictaminar, una vez que haya oído a ambas partes, la actualización de los supuestos previstos en los artículos 361 y 362.

Las partes podrán designar como perito para los efectos de lo dispuesto en este artículo, a un almacén general de depósito, así como encomendar a éste la guarda y conservación de los bienes pignorados.

A falta del acuerdo referido en el primer párrafo de este artículo, el perito será designado por juez competente a solicitud de cualquiera de las partes.

Artículo 365.- El contrato constitutivo de la prenda sin transmisión de posesión, deberá constar por escrito y cuando el monto del crédito que garantiza sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a doscientos cincuenta mil Unidades de Inversión, las partes deberán ratificar sus firmas ante fedatario.

El contrato de prenda sin transmisión de posesión será válido desde su constitución y la nulidad de alguna de sus cláusulas por contravenciones a lo dispuesto en esta ley no producirá la nulidad de la prenda.

En caso de declararse nula alguna cláusula del contrato de prenda sin transmisión de posesión, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por esta ley.

Artículo 367.- Los acreedores garantizados con prenda sin transmisión de posesión, percibirán el principal y los intereses de sus créditos del producto de los bienes objeto de esas garantías, con exclusión absoluta de los demás acreedores del deudor que no sean preferentes.

...

...

...

Artículo 367 Bis.- En caso de que la totalidad o parte de los bienes objeto de la garantía sean bienes de importación temporal,tratándosede ejecución de la prenda, el juez podrá autorizar que el acreedor tramite por cuenta del deudor, cuando proceda de conformidad con las disposiciones aduaneras, la importación definitiva de los bienes para proceder a la venta de los mismos o para efectos de que queden a disposición del acreedor, en cuyo caso deberá pagarse preferentemente al erario público con el importe de la venta de los bienes, o a cargo del acreedor en caso de que los mismos queden a su disposición, los impuestos y derechos que procedan por la importación definitiva de los mismos. En caso de venta el monto remanente quedará a disposición del acreedor en los términos de este artículo.

Artículo 369.- La garantía sobre un bien mueble constituida, en términos de esta Sección Séptima, tiene prelación sobre la garantía hipotecaria, refaccionaría o fiduciaria, si aquélla se inscribe antes de que el mencionado bien mueble se adhiera, en su caso, al bien inmueble objeto de dichas garantías, a menos que exista consentimiento del acreedor de la garantía mobiliaria para que la segunda garantía tenga prelación sobre la mobiliaria.

Artículo 371.- La prenda sin transmisión de posesión, registrada en el Registro Unico de Garantías Mobiliarias, tendrá prelación sobre actos y gravámenes registrables y no registrados y sobre actos o gravámenes registrados con posterioridad.

(Se deroga)

(Se deroga)

(Se deroga)

Artículo 373.- Se entenderá por adquirente de mala fe, para efectos de lo dispuesto en el artículo 356 y 398, a toda persona que adquiera, sin consentimiento del acreedor, bienes muebles del deudor, sabedora por cualquier medio, incluyendo el Registro Unico de Garantías Mobiliarias, de:

I. La existencia de la garantía sobre dichos bienes; y

II. Que la enajenación de dichos bienes se encuentra fuera del curso normal de la actividad preponderante del deudor.

Las enajenaciones realizadas sin contar con el consentimiento a que se refiere este artículo no harán que cesen los efectos de la garantía y el acreedor conservará el derecho de persecución sobre los bienes respectivos con relación a los adquirentes; sin perjuicio de que el acreedor exija al deudor el pago de los daños y perjuicios que dicha enajenación le cause.

Artículo 374.- ...

I. Las personas físicas y morales que tengan el control directo o indirecto demás del cinco por ciento de los títulos representativos del capital del deudor, o que estén sujetas a un control corporativo común con el deudor;

II. Los miembros propietarios y suplentes del consejo de administración del deudor o de las personas morales a que se refiere la fracción anterior;

III. y IV.- ...

...

Las enajenaciones realizadas sin contar con la autorización a que se refiere este artículo serán nulas, por lo que no cesarán los efectos de la garantía y el acreedor conservará el derecho de persecución sobre los bienes respectivos con relación a los adquirentes; sin perjuicio de que el acreedor exija al deudor el pago de los daños y perjuicios que dicha enajenación le cause.

...

Para efectos de la fracción I anterior se entiende por control corporativo la capacidad de una persona o grupo de personas, de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes:

a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, de una persona moral.

b) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.

Artículo 376.- Los actos en los que se haga constar la constitución, modificación, extinción, cesión y las resoluciones judiciales sobre cancelaciones de la prenda sin transmisión de posesión a que se refiere esta Sección Séptima, deberán ser inscritos en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio o, en los casos que proceda, en el registro especial que corresponda según su naturaleza.

Artículo 377.- (Se deroga).

Artículo 382.- ...

...

...

...

En todo caso, el ejecutor o instructor ejercitará sus funciones en nombre y representación del fiduciario, pero sin sujetarse a sus instrucciones, obrando en todo momento de conformidad con lo pactado en el contrato y la legislación aplicable y actuando con independencia e imparcialidad respecto de los intereses del fideicomitente y fideicomisario.

Para efectos del párrafo anterior, se presume independencia e imparcialidad en el cumplimiento del contrato, cuando los títulos representativos del capital social, así como las compras e ingresos del último ejercicio fiscal o del que esté en curso del ejecutor o instructor, no estén vinculados con alguna de las partes del fideicomiso en más de un diez por ciento.

Artículo 389.- El fideicomiso cuyo objeto recaiga en bienes muebles, surtirá efectos contra tercero desde la fecha de su inscripción en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio.

(Se deroga)

(Se deroga)

(Se deroga)

Artículo 396.- ...

Para tal efecto, las partes podrán nombrar un ejecutor o instructor, que podrá ser una institución fiduciaria o cualquier tercero, a fin de que determine el cumplimiento o incumplimiento del contrato para el sólo efecto de iniciar el procedimiento de ejecución y para que cumpla los fines del fideicomiso en lo que respecta a la realización y aplicación de la garantía, a partir de que se considere incumplida la obligación garantizada.

En todo caso, el ejecutor o instructor ejercitará sus funciones en nombre y representación del fiduciario, pero sin sujetarse a sus instrucciones, obrando en todo momento de conformidad con lo pactado en el contrato y la legislación aplicable y actuando con independencia e imparcialidad respecto de los intereses del fideicomitente y fideicomisario.

Para efectos del párrafo anterior, se presume independencia e imparcialidad en el cumplimiento del contrato o ejecución de la garantía, cuando los títulos representativos del capital social, así como las compras e ingresos del último ejercicio fiscal o del que esté en curso del ejecutor o instructor, no estén vinculados con alguna de las partes del crédito garantizado en más de un diez por ciento.

Artículo 397.- Cuando así se señale, un mismo fideicomiso podrá ser utilizado para garantizar simultánea o sucesivamente diferentes obligaciones que el fideicomitente contraiga, con un mismo o distintos acreedores, a cuyo efecto se estipularán las reglas y en su caso, las prelaciones aplicables.

En este caso, cada fideicomisario estará obligado a notificar a la institución fiduciaria cuando la obligación a su favor haya quedado extinguida, en cuyo caso quedarán sin efectos los derechos que respecto de él se derivan del fideicomiso. La notificación deberá entregarse mediante fedatario público a más tardar a los cinco días hábiles siguientes a la fecha en la que se reciba el pago.

En el caso de fideicomisos con fideicomisarios sucesivos y no simultáneos, a partir del momento en que el fiduciario reciba la mencionada notificación, el fideicomitente podrá designar un nuevo fideicomisario o manifestar a la institución fiduciaria que se ha realizado el fin para el cual fue constituido el fideicomiso.

El fideicomisario que no entregue oportunamente al fiduciario la notificación a que se refiere este artículo, resarcirá a los demás fideicomisarios, en su caso, y alfideicomitente los daños y perjuicios que con ello les ocasione.

Artículo 398.- …

I.- y II.- ...

III.- Instruir al fiduciario la enajenación de los bienes fideicomitidos, sin responsabilidad para éste, siempre y cuando dicha enajenación sea acorde con el contrato de fideicomiso y el curso normal de las actividades del fideicomitente. En estos casos cesarán los efectos de la garantía fiduciaria y los derechos de persecución con relación a los adquirentes de buena fe, quedando afectos al fideicomiso los bienes o derechos que el fiduciario reciba o tenga derecho a recibir en pago por la enajenación de los referidos bienes.

...

Las fracciones I y II referidas anteriormente, serán aplicables sólo a los fideicomisos de garantía en los cuales el deudor o un tercero conserve la posesión sobre los bienes muebles.

Artículo 399.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, las partes podrán convenir desde la constitución del fideicomiso:

I.- a VI.- ...

En caso de incumplimiento a los convenios celebrados con base en este artículo, el crédito garantizado por el fideicomiso se podrá declarar vencido anticipadamente por el acreedor garantizado.

Artículo 401.- Salvo pacto en contrario, los riesgos de pérdida, daño o deterioro del valor de los bienes fideicomitidos corren por cuenta de la parte que esté en posesión de los mismos, debiendo permitir a las otras partes inspeccionarlos a efecto de verificar, según corresponda, su peso, cantidad y estado de conservación general.

...

Artículo 403.- En el fideicomiso de garantía, las partes podrán convenir la forma en que la institución fiduciaria procederá a enajenar extrajudicialmente, a título oneroso, los bienes o derechos en fideicomiso, pudiendo en todo caso pactarse lo siguiente:

I.- a IV.- ...

...

...

a) y b) …

Artículo 404.- El fideicomiso de garantía debe constar por escrito. Tratándose de fideicomisos cuyo objeto recaiga sobre bienes inmuebles deberá constar en escritura pública e inscribirse en el registro público de la propiedad correspondiente.

Cuando el patrimonio del fideicomiso de garantía recaiga sobre bienes muebles y su monto sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a doscientas cincuenta mil unidades de inversión, las partes deberán ratificar sus firmas ante fedatario público.

El contrato de fideicomiso de garantía será válido desde su constitución y la nulidad de alguna de sus cláusulas por contravenciones a lo dispuesto en esta ley no producirá la nulidad del fideicomiso.

En caso de declararse nula alguna cláusula del contrato de fideicomiso de garantía, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por esta ley.

Artículo 408.- ...

Los contratos de arrendamiento financiero deberán otorgarse por escrito y deberán inscribirse en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio, en el folio electrónico del arrendador y del arrendatario, a fin de que surta efectos contra tercero, sin perjuicio de hacerlo en otros registros especiales que las leyes determinen.

...

...

Artículo 426.- La transmisión de derechos de crédito efectuada con motivo de una operación de factoraje financiero surtirá efectos frente a terceros, desde la fecha en que haya sido inscrita en la Sección Unica del Registro Unico de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio, sin necesidad de que sea otorgada ante fedatario público.

Artículo Quinto. Se derogan los incisos a), b) y c) de la fracción XI del artículo 25 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 25.- …

I.- a X.- ...

XI.- …

(Se deroga)

(Se deroga)

(Se deroga)

XII.- a XIV.- ...

Artículo Sexto. Se adiciona al artículo 34, con una fracción XXXI, pasando la actual XXXI a ser la XXXII; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Articulo 34.- ...

I. a XXX. …

XXXI. Determinar y operar el sistema electrónico en el que deberán realizarse las publicaciones que establezcan las leyes mercantiles;

XXXII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Secretaría de Economía contará con el plazo de un año contado a partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, para establecer mediante publicación en este medio de difusión, el sistema electrónico señalado en los artículos 50 Bis 2, 320 y 600 del Código de Comercio y los artículos 9, 99, 119, 132, 136, 186, 212, 223, 228 Bis, 243, 247 y 251 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en la fracción XXXI del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

TERCERO. Las disposiciones previstas en los artículos 163, 199 y 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, entrarán en vigor, en lo relativo a los derechos de minorías, a partir del décimo día hábil posterior a la fecha de publicación del presente decreto. Por lo anterior, todas las sociedades que se constituyan a partir del día antes referido tendrán que respetar los nuevos derechos de minorías en sus estatutos.

Dado en la sala de comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 10 de abril de 2014.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se le dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se le dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión en lo general. informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los Senadores Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, a favor, y Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, a favor.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Con el permiso de la Presidencia.

Está ahorita a discusión un dictamen de algo que se ha denominado una miscelánea mercantil. Es una reforma a seis leyes, al Código de Comercio, a la Ley de Sociedades de Inversión, a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito; en total son seis ordenamientos jurídicos que se reforman.

¿Cuál es el propósito?

Bueno, esta es una iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados, exactamente hace dos años, en marzo de 2012; la recibimos aquí en marzo de 2013, y la comisión presentó por primera vez el dictamen a discusión en diciembre del año pasado.

Hubo un artículo del Código de Comercio del orden de prelación de los bienes que se dan en garantía de un crédito en donde se iban a ejecutar, y hubo la inquietud de un conjunto de Senadores en torno a que pudieran ser embargados cuando han sido adquiridos por crédito los insumos y los implementos agrícolas.

Se ha corregido, se ha cambiado este artículo del Código de Comercio; y el propósito fundamental de esta iniciativa, que decía que fue presentada por el Diputado Arturo Salinas, es impulsar las actividades comerciales a través de dar más certeza al crédito.

¿Qué es el centro de esta reforma?

Establecer el Registro Unico de Garantías, de tal forma que aquel que dé en garantía, por ejemplo, algún bien mueble, un inventario, tenga la certeza el acreedor que no existirá un fraude, que ese bien está señalado en el Registro Unico de Garantías, que es un registro que se establece electronicamente, que esté señalado para que no pueda, sin cometer delito, disponer de ese bien mueble si está dado como prenda, ya sea en garantía de prenda, garantía de fideicomiso o cualquier tipo de garantía.

También se fortalecen los derechos de los socios minoritarios, se baja del 33 al 25 por ciento el número de socios que se requieren para iniciar, por ejemplo, una acción civil en contra de los administradores, para solicitar, esa es una decisión muy importante, cuando una asamblea va a considerar un tema de trascendencia un 25 por ciento de los socios pueden pedir que se postergue la decisión por tres días para conocer mejor los fundamentos de esa propuesta.

Al final del día lo que busca es establecer mecanismos eficaces que permitan impulsar y fomentar las actividades comerciales, que es uno de los temas centrales que componen el crecimiento económico del país.

En consecuencia, a nombre de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial que ha conocido de este dictamen desde hace 11 meses, solicitamos el voto a favor de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Larios Córdova.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor, de este dictamen.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Como ya lo ha comentado el Senador Héctor Larios, en diciembre pasado este dictamen fue sometido a esta Asamblea, y por la preocupación del grupo parlamentario del PRD y de varios legisladores y legisladoras de otros grupos parlamentarios, especialmente con la preocupación que nos habría la idea del embargo de bienes en productos y materias agrícolas, lo regresamos a las comisiones para que pudiera ser revisado, y el día de hoy, y debo subrayar y reconocer que por la apertura y por el interés de llegar a un consenso de todos los grupos parlamentarios, ya tenemos un dictamen que se mejora de manera sustantiva al quitar esta idea del embargo de bienes, pero que abre una nueva ruta y genera condiciones de mejora regulatoria en distintos aspectos que se presentan en esta miscelánea mercantil.

¿Y, por qué es importante esta miscelánea que estamos impulsando y por la cual el grupo parlamentario del PRD votará a favor?

Porque en México hemos ido cayendo de manera estrepitosa en términos de competitividad para nuestras empresas, el documento que expide anualmente la ONU, que se llama “Doing Busines”, que es cómo se hace negocios en los países, de entre 189 países en todo el mundo nos coloca en el lugar 53, muy debajo de lugares o de países tal vez más pequeños como pudiera ser Panamá, Costa Rica y que nos dejan en una situación enormemente compleja cuando hablamos de la posibilidad de que a través de la competitividad logremos incrementar la generación de empleos en el país.

El dictamen en comento contiene, como decía, aspectos positivos que permitirán la modernización del orden normativo, lo que redundará en darle agilidad y eficiencia a las actividades de la Secretaría de Economía al permitirle aprovechar los recursos tecnológicos especialmente en la sistematización de la información del Registro Público de Comercio, el registro único que busque darle mayor claridad a los acreedores, y certidumbre jurídica a quienes realizan transacciones en este país.

El establecimiento de un sistema electrónico gratuito para que las sociedades mercantiles hagan las publicaciones que les mandata la ley permitirá una reducción de costos a las empresas, a la vez que permitirá a través de la instalación del sistema informático a la Secretaría de Economía, la centralización de toda la información de las oficinas estatales en el Registro Público de Comercio a efecto de que las consultas puedan realizarse en línea, evitando al ciudadano interesado presentarse personalmente en las oficinas locales de registro.

Este dictamen que estamos discutiendo el día de hoy, también contiene avances en materia de seguridad jurídica, dentro de los que destaca la delimitación del concepto de vigilancia del comisario para enmarcarlas solamente a la gestión-conducción y ejecución de los negocios de la sociedad.

Asimismo, se obliga las sociedades de inversión y las sociedades operadoras de sociedades de inversión a publicar sus estados financieros en el Diario Oficial de la Federación.

Finalmente, compañeras y compañeros, se establecen medidas de simplificación administrativa que junto con las demás disposiciones de esta ley permitirán a las empresas un ahorro de hasta 5 mil millones de pesos, esto según datos que nos ha dado la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Como puede verse, el dictamen contiene medidas nobles, medidas positivas que desde hace varios meses hemos destacado en el debate en comisiones y que se veían empañadas por otras, especialmente esta que comentábamos, la minuta proponía medidas que no compartimos en el grupo parlamentario del PRD y que fueron rechazadas en comisiones por un grupo amplio de legisladoras y legisladores, destacando particularmente el establecimiento de la figura de embargo de bienes de productos y materias agrícolas como garantía a favor de los acreedores en los procesos de ejecución. Debo de subrayarlo, que este es el tema que fue quitado, que fue borrado en la Comisión de Comercio y Fomento Industrial y lo que ha permitido tener un consenso alrededor de esta minuta.

En este sentido, se rechazaron las modificaciones del artículo 1395 en lo relativo al embargo de productos y materias primas. Nos congratulamos, después de este amplio ejercicio de varios meses, de que una reforma tan noble, tan importante, tan trascendente para elevar la competitividad y para elevar la capacidad de las empresas, de hacer negocio en nuestro país, no haya sido eclipsada por una medida inconveniente y contraria al derecho social que siempre hemos defendido, por lo que manifestamos nuestro acuerdo con las modificaciones de las comisiones en este particular y señalamos que los bienes y productos agrícolas deben mantener una naturaleza de inalienable.

Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, en el grupo parlamentario del PRD votaremos a favor de la minuta de la miscelánea que está en discusión.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ríos Piter.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Fondos de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para reformar el registro único de garantías mobiliarias. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Primera que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley que crea el Fideicomiso que administrara el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman los Artículos Tercero y Cuarto Transitorios del artículo primero del Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sobre Cooperativas de Ahorro.





 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES Y DE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO, Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS TERCERO Y CUARTO DE LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DEL ARTICULO PRIMERO, DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, DE LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR, DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 13 DE AGOSTO DE 2009, APROBADO EN ESTA FECHA POR LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, SOBRE COOPERATIVAS DE AHORRO

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO,
DE FOMENTO ECONOMICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

H. ASAMBLEA:

Con fecha 27 de marzo de 2014, fue turnada alas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Fomento Económico, y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXII Legislatura del Senado de la República, la Minutaproyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de apoyo a sus Ahorradores, y de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman los artículos tercero y cuarto de los artículos transitorios del Artículo Primero, del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Esta Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1.; 174, 175, párrafo 1.; 176, 177, párrafo 1.; 178, 182, 183, 184, 186, 187 y 190, párrafo 1., fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del proyecto de Decreto de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187, 188, 189 y 190, párrafo 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1 - El 27 de febrero de 2014, la Diputada Rosa Elia Romero Guzmán del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

2 - El 25 de marzo de 2014, diversos diputados de los Grupos Parlamentarios del PartidoRevolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México, presentaron la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionany derogan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

3 - En sesión ordinaria del 27 de marzo de 2014, la H. Cámara de Diputados aprobó el dictamen materia de esta Minuta, por 416 votos por unanimidad, turnado a la H. Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

4- En sesión ordinaria del 27 de marzo del presente año, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó la Minuta con proyecto de Decreto antes señalada, mediante oficio No. DGPL – 2P2A. – 2954. a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Fomento Económico, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.

En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas revisaron el contenido de la citada Minuta, a efecto de emitir sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA MINUTA

Tomando en consideración que las cajas de ahorro son una herramienta fundamental para promover la inclusión al sistema financiero mexicano de personas que  se ubican principalmente en sectores o zonas marginadas, que comúnmente no tienen acceso a los servicios proporcionados por la banca comercial o por otros intermediarios financieros, la Minuta que se dictamina tiene por objeto atender el propósito de facilitar el proceso de regularización de las cajas de ahorro, procurar su salida ordenada, establecer requisitos que otorguen seguridad a los socios y fortalecer la actuación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todo lo anterior, en beneficio de los ahorradores.

III. DESCRIPCION DE LA MINUTA

La Minuta que se analiza propone hacer modificaciones a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores para:

Permitir que los trabajos de consolidación que se realizan a las sociedades que serán apoyadas por el FIPAGO (principalmente sociedades cooperativas que captan recursos de sus socios), se lleven a cabo por expertos en finanzas populares, y no sólo por consultores internacionales con recursos provenientes de organismos internacionales.

Ampliar el universo de sociedades sujetas a apoyo del FIPAGO en beneficio de los ahorradores.

Permitir que, además de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, participen otras personas en la cesión de activos y pasivos de las sociedades cooperativas u otras sociedades, objeto del apoyo del FIPAGO, con el fin de incrementar las opciones para apoyar a los ahorradores.

Eliminar la obligación de realizar un trabajo de consolidación a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo clasificadas en D.

Permitir que el FIPAGO renuncie a los derechos de cobro en casos específicos.

Asimismo, se propone fortalecer el control sobre las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de operaciones básicas y concluir ordenadamente el proceso de regularización de aquellas con activos superiores a 2.5 millones de UDIS contempladas en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo ante el vencimiento del plazo otorgado en el Decreto de 13 de agosto de 2013.

Al respecto, se propone que aquellas sociedades cooperativas con activos superiores a 2.5 millones de UDIS que captan recursos de sus socios para su posterior colocación entre éstos, que al 31 de marzo de 2014 hayan sido clasificadas en las categorías A, B o C, por el Comité de Supervisión Auxiliar y que no presentaron su solicitud de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o bien, aquellas que no hayan obtenido un dictamen favorable o no hayan obtenido autorización de la propia Comisión, tengan la posibilidad de acceder a los esquemas de apoyo que otorga el FIPAGO sin dejar de realizar operaciones de captación por un tiempo determinado, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, con la finalidad de que concluyan su esquema de resolución o salida ordenada con el apoyo del FIPAGO, con la menor afectación a sus ahorradores.

Por otro lado, considerando la trascendencia que tiene el sector de ahorro y crédito popular, así como para procurar su estabilidad, buen funcionamiento y sano desarrollo, acorde con la Colegisladora, la Minuta plantea modificar la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo conforme a lo siguiente:

Con el fin de que exista un mayor control sobre la creación de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir las sociedades cooperativas exclusivamente ante notario público. Asimismo, los notarios públicos ante los cuales se hayan constituido las sociedades estarán obligados a informar al Comité de Supervisión Auxiliar.

Reducir el plazo para que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de nueva creación se inscriban en el registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a cargo del Comité de Supervisión Auxiliar del Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores.

Que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de operación básico sean consideradas como tales, siempre y cuando estén inscritas en el registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Asimismo, se prevé que el Comité de Supervisión Auxiliar evalúe periódicamente a dichas sociedades e informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando alguna de ellas haya sido clasificada en D por representar un muy alto riesgo de pérdida de patrimonio de sus socios y, en consecuencia, facultar a esta última para ordenarles la disolución y liquidación.

Facultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que ordene la medida precautoria de inmovilizar los recursos de las personas físicas o personas morales que realicen operaciones reservadas a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, con el fin de salvaguardar los ahorros de los socios depositantes y dejar claro que habrá responsabilidad penal, no solo para las personas que determinen o inciten dolosamente a otro a la realización de las conductas ilícitas previstas en el Capítulo de Delitos de la Ley.

Para aquellas sociedades cooperativas con activos superiores a 2.5 millones de UDIS que captan recursos de sus socios, para su posterior colocación entre éstos, que no obtuvieron un dictamen favorable o la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se propone que tengan la posibilidad de acceder a los esquemas de apoyo que otorga el FIPAGO sin dejar de realizar operaciones de captación por un tiempo determinado, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, con la finalidad de que concluyan su esquema de resolución o salida ordenada con el apoyo del FIPAGO, con la menor afectación a sus ahorradores.

IV. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES, A LA MINUTA.

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1.; 174, 175, párrafo 1.; 176, 177, párrafo 1.; 178, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189 y 190, del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas resultan competentes para dictaminar la Minuta descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

SEGUNDA. Estas Comisiones coinciden con lo planteado por la Colegisladora y las consideraciones establecidas en el Dictamen remitido, y estiman conveniente la aprobación en sus términos de la Minuta, al considerar la relevancia de contar con un marco normativo que promueva un desempeño adecuado de las cajas de ahorro en el sector financiero, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

Las Comisiones consideran adecuado apoyar a los socios ahorradores de las denominadas cajas o cooperativas de ahorro y préstamo con activos mayores a 2.5 millones de Unidades de Inversión (UDIS) que no han logrado su autorización o que se encuentran imposibilitadas por su precaria situación financiera a devolver el ahorro de los socios.

Asimismo, están de acuerdo en modificar el marco legal para otorgar los apoyos a cargo del Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO), acorde con las condiciones actuales del sector y permitan su fortalecimiento y consolidación, y al mismo tiempo reduzcan los daños al sector y a sus ahorradores.

Las que dictaminan consideran adecuadaslas reformas a laLey que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores,al permitir que los trabajos de consolidación que se realizan a las sociedades que serán apoyadas por el FIPAGO (principalmente sociedades cooperativas que captan recursos de sus socios), se lleven a cabo por expertos en finanzas populares, y no sólo por consultores internacionales con recursos provenientes de organismos internacionalesy ampliar el universo de sociedades sujetas a apoyo del FIPAGO en beneficio de los ahorradores.

Asimismo, el permitir que, además de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, participen otras personas en la cesión de activos y pasivos de las sociedades cooperativas u otras sociedades objeto del apoyo del FIPAGO, con el fin de incrementar las opciones para apoyar a los ahorradores, tomando en cuenta que se elimina la obligación de realizar un trabajo de consolidación a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo clasificadas en D.

Consideran las Comisiones que dictaminan, que se amplían las posibilidades de acceder a los esquemas de apoyo que otorga Fortalecer el control sobre las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de operaciones básicas y concluir ordenadamente el proceso de regularización de aquellas con activos superiores a 2.5 millones de UDIS contempladas en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Se considera adecuado por estas Comisiones Unidasque aquellas sociedades cooperativas con activos superiores a 2.5 millones de UDIS que captan recursos de sus socios para su posterior colocación entre éstos que no hayan obtenido un dictamen favorable o no hayan obtenido autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tengan el FIPAGO sin dejar de realizar operaciones de captación por un tiempo determinado, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, con la finalidad de que concluyan su esquema de resolución o salida ordenada con el apoyo del FIPAGO, con la menor afectación a sus ahorradores.

En lo que respecta a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Las Comisiones que dictaminan coinciden con la Colegisladora, para que exista un mayor control sobre la creación de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir las sociedades cooperativas exclusivamente ante notario público. Asimismo, los notarios públicos ante los cuales se hayan constituido las sociedades estarán obligados a informar al comité de Supervisión Auxiliar dentro de los 20 días siguientes de dicha constitución.

Las que dictaminan consideran adecuado reducir el plazo para que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de nueva creación se inscriban en el registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a cargo del Comité de Supervisión Auxiliar del Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores. Asimismo las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de operaciones básicas sean consideradas como tales, siempre y cuando estén inscritas en el registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Asimismo, se establece el Comité de Supervisión Auxiliar para que evalúe periódicamente a dichas sociedades e informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando alguna de ellas haya sido clasificada en D, por representar un muy alto riesgo de pérdida de patrimonio de sus socios y, en consecuencia, facultar a esta última para ordenarles la disolución y liquidación.

Las que dictaminan consideran adecuado facultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que ordene la medida precautoria de inmovilizar los recursos de las personas físicas o personas morales que realicen operaciones reservadas a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, con el fin de salvaguardar los ahorros de los socios depositantes.

Estas Comisiones Dictaminadoras que suscriben, consideran adecuado fortalecer las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en beneficio del sector de ahorro y crédito popular en protección a los intereses de todo ahorrador y del sistema financiero mexicano.

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES Y DE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO, Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS TERCERO Y CUARTO DE LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DEL ARTICULO PRIMERO, DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, DE LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR, DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 13 DE AGOSTO DE 2009.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones IX y XI del artículo 2o.; la fracción XV del artículo 6o; el primer párrafo de la fracción I, del artículo 7o.; la fracción I, el primer párrafo de la fracción III, el quinto párrafo de la fracción V y la fracción VI del artículo 8o.; las fracciones I, II, párrafo primero, sus incisos a), b), c), e) y g) en su numeral iv, el segundo párrafo de la fracción IV, y último párrafo del artículo 8o. BIS, y se derogan los párrafos segundo, tercero, cuarto y sexto, de la fracción V, del artículo 8o. y la fracción III del artículo 8o. BIS, de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-…

I. a VIII.…

IX. Sociedad Objeto de esta Ley, en singular o plural: a las sociedades a que se refiere el artículo 7o. de esta Ley y que manifiesten su intención de apegarse a los términos de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, o que en virtud de no poder ajustarse a los requisitos establecidos en ésta, deban proceder a su disolución y liquidación o que se encuentren en procedimiento de quiebra, en concurso o entren en concurso mercantil;

X. …

XI. Trabajos de Consolidación: a los trabajos que se lleven a cabo en las Sociedades Objeto de esta Ley, con excepción de las señaladas en el artículo 7o, fracción I, por consultores con experiencia en finanzas populares, los cuales podrán ser contratados por el Gobierno Federal a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo o por la institución pública que al efecto determine la Secretaría. Estos trabajos comprenden una auditoría contable consistente en el análisis y evaluación de los estados financieros de la sociedad de que se trate para valuar sus activos y pasivos, así como de asistencia técnica para determinar lo conducente en términos de las fracciones II y IV del artículo 8o Bis o bien, la liquidación de las Sociedades.

Artículo 6o.- …

I. a XIV. …

XV. Determinar los casos en los que la Fiduciaria podrá renunciar a los derechos de cobro respecto de los cuales se haya subrogado en términos de lo señalado por el artículo 11, Base SEXTA de esta Ley o en los que tenga carácter de acreedor en virtud de los apoyos otorgados en términos del artículo 8o. Bis de esta Ley, siempre que se presenten elementos al Comité que hagan procedente tal renuncia en beneficio de ahorradores no apoyados por el Fideicomiso o se considere conveniente para lograr la finalidad de esta Ley o para darle viabilidad a los esquemas de apoyo implementados bajo la misma; o bien, cuando la Fiduciaria lo solicite en virtud de la notoria imposibilidad legal o material de hacer efectivos los mencionados derechos, que los procesos que deban seguirse para hacerlos efectivos resulten excesivamente onerosos. Cuando se determine renunciar a los derechos de cobro de conformidad con lo establecido en la presente fracción, los recursos aportados serán a fondo perdido;

XVI. a XVIII.…

Artículo 7o.-…

I. Sociedades de tipo “I”: a) Sociedades de Ahorro y Préstamo que se hayan constituido conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; b) Sociedades Cooperativas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo que se hayan organizado conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas, y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; c) Asociaciones y Sociedades Civiles que hayan realizado operaciones de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre estos, que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; d) Sociedades de Solidaridad Social a que hace referencia la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, que hayan realizado actividades de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre estos, que ya no realicen operaciones ni activas ni pasivas y, e) Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que hubiesen sido clasificadas en categoría D, por el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección previsto en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, o que no hubieren dado cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Primero o la fracción II del Artículo Tercero Transitorios de esta última que estén o no realizando operaciones activas y pasivas.

II. …

Artículo 8o.-…

I. Haberse constituido legalmente antes del 31 de diciembre de 2002, o haberse inscrito en el registro a que se refiere el artículo 7 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo antes del 1 de febrero de 2014, o haberse constituido a más tardar el 13 de agosto de 2009 y haber dejado de celebrar operaciones pasivas y activas antes del 31 de diciembre de 2012.

II. …

III. Firmar el convenio correspondiente con la Fiduciaria, en caso de que el Trabajo de Consolidación que se le haya aplicado determine la procedencia para el otorgamiento de algunos de los apoyos a que se refieren las fracciones II y IV del artículo 8o. BIS siguiente. En dicho convenio las Sociedades Objeto de esta Ley se obligarán a dar seguimiento y cumplimiento en forma exacta al esquema que el Trabajo de Consolidación haya determinado aplicable.

IV. …

V. …

Segundo párrafo. Se deroga.

Tercer párrafo. Se deroga.

Cuarto párrafo. Se deroga.

En el caso de los apoyos a que se refiere el esquema descrito en la fracción II del artículo 8oBIS, las Sociedades Objeto de esta Ley deberán presentar copia certificada del o los acuerdos de los órganos competentes en el o los que se hayan acordado su fusión con alguna Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación del I al IV, o bien, del esquema jurídico o financiero que implique la cesión de activos y pasivos hacia cualquier persona, cumpliendo con los requisitos que se establecen en esta Ley y en apego a las demás disposiciones legales, así como aceptar someterse a lo que la entidad fusionante o cesionaria determine, con relación a la integración de sus Organos de Gobierno.

Sexto párrafo. Se deroga.

VI. Tratándose de Sociedades Objeto de esta Ley que se encuentren en procedimiento de quiebra, en concurso o lleguen a ubicarse en concurso mercantil o civil, cumplirán con los requisitos a que se refieren las fracciones I, II y V del presente artículo, en el entendido de que los Trabajos de Auditoría Contable podrán ser llevados a cabo por el síndico tratándose del procedimiento de quiebra, o por los especialistas del proceso concursal, o por sus equivalentes en el concurso civil, según corresponda.

Artículo 8o. BIS.-…

I. Disolución y liquidación; en cuyo caso las Sociedades Objeto de esta Ley a las cuales se aplique este esquema deberán someterse a un Trabajo de Auditoría Contable y realizar los actos corporativos para esos efectos, en los plazos que dicte el Comité, como condición para que se efectúe el pago a sus Ahorradores, además de cumplir con los demás requisitos que al efecto se establecen en la presente Ley;

II. Fusión con una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación del I al IV, o bien algún otro esquema jurídico o financiero que implique la cesión de activos y pasivos hacia cualquier persona, cumpliendo con los requisitos que se establecen en esta Ley y en apego a las demás disposiciones legales. Este esquema deberá sujetarse a lo siguiente:

a) Sólo podrán participar en este esquema las Sociedades Objeto de esta Ley que no hayan sido apoyadas a través de alguno de los esquemas señalados en la presente fracción, así como en la fracción IV siguiente;

b) El Trabajo de Consolidación correspondiente, deberá clasificar contablemente la cartera crediticia de la Sociedad Objeto de esta Ley de que se trate, identificando la cartera vigente y la vencida, así como calificar la propia cartera crediticia y estimar el faltante de provisiones, de acuerdo con las Reglas que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aplicables a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación del I al IV en esta materia;

c) El faltante de provisiones que se determine de conformidad con la calificación que se haga de la cartera en el Trabajo de Consolidación, será cubierto con cargo al patrimonio del Fideicomiso y la totalidad de la cartera será administrada por la sociedad fusionante o cesionaria, para lo cual se llevarán a cabo los actos jurídicos necesarios;

d)

e) En el convenio con la Fiduciaria, se establecerá un esquema de incentivos con el fin de lograr la mayor recuperación posible de la cartera que hubiere sido provisionada con cargo al patrimonio del Fideicomiso;

f)

g)

i) a iii)…

iv)En caso de fusión o cesión de activos y pasivos con una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Nivel de Operación I a IV, en ejercicio de su derecho preferente y conforme al porcentaje de su participación social, los socios efectuarán las aportaciones correspondientes a fin de obtener el canje de las partes sociales, dentro del plazo que se convenga con la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Nivel de Operación I a IV, quedando a juicio de esta última hacer las aportaciones correspondientes, y

v)…

III. Se deroga.

IV. …

Las sociedades a las cuales se aplique cualquiera de los esquemas señalados en el presente artículo, tendrán la obligación de presentar informes a la Fiduciaria con la periodicidad que ésta lo establezca, tanto de los avances en el proceso de disolución y liquidación en el caso del esquema contenido en la fracción I, como del cumplimiento de las metas establecidas en los convenios a que se refiere la fracción III del artículo 8o. Sin perjuicio de lo anterior, las sociedades a que se refiere el presente párrafo deberán proporcionar cualquier otra información que en su momento les sea solicitada por la Fiduciaria o el Comité.

Asimismo, los esquemas a que se refieren las fracciones II y IV anteriores únicamente aplicarán cuando el apoyo que deba otorgar el Fideicomiso en términos de lo que en esas fracciones se establece resulte inferior al monto que para la misma sociedad debería aportar el Fideicomiso para el esquema del pago a Ahorradores, y deberán implementarse, de resultar procedentes, en los plazos previstos en los propios Trabajos de Consolidación, sin que en ningún caso dicha implementación exceda de un plazo de doce meses contado a partir de que los resultados de los trabajos se notifiquen a la sociedad. En caso de que el costo del apoyo antes referido resulte mayor o si los esquemas no se implementan en el plazo previsto en el Trabajo de Consolidación, procederá la disolución y liquidación prevista en la fracción I del presente artículo.

ARTICULO SEGUNDO. Se reforman el primer párrafo del artículo 8; el artículo 15; el segundo párrafo del artículo 42; el primer párrafo del artículo 114; y se adicionan un artículo 4 Bis; un quinto párrafo al artículo 8; una fracción X al artículo 9, pasando la actual X a ser XI; un tercer párrafo al artículo 11; un segundo y tercer párrafos al artículo 13; el artículo 15 Bis; las fracciones XII y XIII al artículo 52, pasando la actual XII a ser XIV; la fracción IV al artículo 83; un segundo párrafo al artículo 113; los párrafos segundo a quinto, pasando el actual segundo a ser el sexto del artículo 114, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para quedar como sigue:

Artículo 4 Bis. Los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad cooperativa en términos de lo que al efecto dispone la Ley General de Sociedades Cooperativas, y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en el acta constitutiva, exclusivamente ante fedatario público.

Artículo 8.- Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo deberán solicitar su inscripción en el registro a que se refiere el Artículo 7 anterior, dentro de los 5 días naturales siguientes a su inscripción en el Registro Público de Comercio del domicilio social correspondiente.

El Comité de Supervisión Auxiliar cancelará el registro de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV cuya autorización para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo sea revocada por la Comisión; de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de nivel básico que por haber sido evaluadas en categoría D se les ordene su disolución y liquidación o bien, de las que acuerden su disolución y liquidación.

Artículo 9.- …

I. a IX.…

X. En su caso, la causa por la que se cancele el registro.

XI. Otras anotaciones registrales.

Artículo 11.-…

La Comisión al notificar el otorgamiento de la autorización respectiva, podrá expedir asimismo un sello que deberán exhibir las Sociedades Cooperativas con Nivel de Operaciones I a IV, en términos de lo que al efecto disponga la propia Comisión en disposiciones de carácter general. En todo caso, la falsificación del sello de referencia, será castigada según lo dispuesto en los ordenamientos penales aplicables.

Artículo 13.-…

Sin perjuicio a lo anterior y para todos los efectos legales, solamente se considerará como Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico, a aquella sociedad cooperativa que se encuentre registrada en términos del artículo 7 de esta Ley, por lo que las sociedades que no obtengan su registro y aquéllas a las que les sea cancelado, no tendrán el carácter de Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico.

El fedatario público ante quienes los Socios, hayan acreditado su identidad y ratificado su voluntad de constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en el acta constitutiva, deberá dar aviso de ello al Comité de Supervisión Auxiliar a más tardar 20 días hábiles después de realizados dichos actos.

Artículo 15.- A las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico, les será aplicable lo siguiente:

I. Serán evaluadas por el Comité de Supervisión Auxiliar semestralmente de acuerdo al Nivel de Capitalización con el que cuenten y el apego que tengan a las disposiciones que en materia de información financiera y requerimientos de capitalización, emita la Comisión. Dichas evaluaciones se llevarán a cabo con información a junio y diciembre de cada año, debiendo publicarse durante los meses de septiembre y marzo inmediatos siguientes, según corresponda, por lo que en las citadas disposiciones deberá precisarse la forma y plazos de entrega de la información.

Como resultado de tal evaluación, las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de nivel de operaciones básico, serán clasificadas en alguna de las categorías siguientes:

a) Categoría A. Aquellas sociedades que presenten un Nivel de Capitalización igual o superior al 150 por ciento y cuya información financiera cumpla con las reglas para la elaboración y presentación de los estados financieros básicos establecidas por la Comisión, por lo que el riesgo de pérdida de patrimonio de sus socios es bajo.

b) Categoría B. Aquellas sociedades que presenten un Nivel de Capitalización igual o mayor al 100 por ciento y menor al 150 por ciento y cuya información financiera cumpla con las reglas para la elaboración y presentación de los estados financieros básicos determinadas por la Comisión, por lo que el riesgo de pérdida de patrimonio de sus socios es moderadamente bajo.

c) Categoría C. Aquellas sociedades que presenten un Nivel de Capitalización igual o mayor al 50 por ciento y menor al 100 por ciento o que teniendo un nivel de capitalización superior al 100 por ciento, no se apegan a las reglas para la elaboración y presentación de los estados financieros básicos determinadas por la Comisión, por lo que son sociedades con riesgo de caer en estado de insolvencia si no adoptan medidas correctivas inmediatas, a efecto de disminuir el riesgo de pérdida de patrimonio de sus socios.

d) Categoría D. Aquellas sociedades que presenten un Nivel de Capitalización inferior al 50 por ciento y:

i. que no presenten sus estados financieros básicos dentro de los plazos y términos que se fijen en las disposiciones que emita la Comisión o bien,

ii. si se trata de las sociedades que se encuentren clasificadas en categoría C conforme a la fracción III de este artículo, que no presenten dichos estados financieros en la forma que igualmente se determine en las disposiciones de la Comisión.

Estas sociedades, en protección del patrimonio de sus socios, deben abstenerse de celebrar operaciones de captación e iniciar su disolución y liquidación.

II. Deberán notificar a su asamblea general de socios, la última clasificación que les hubiere sido asignada, en la sesión inmediata siguiente a la fecha en que el Comité de Supervisión Auxiliar les comunique el resultado, salvo si fueron clasificadas en categoría C o D, en cuyo caso deberán hacerlo del conocimiento de dicha asamblea a más tardar 30 días contados a partir del día siguiente en que se haya hecho la notificación del resultado. A efecto de comprobar lo anterior, las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de nivel de operaciones básico, deberán enviar al Comité de Supervisión Auxiliar, copia de la convocatoria para la celebración de la Asamblea General de Socios y del acta debidamente protocolizada en la que se hubiere informado sobre el particular, dentro de los 60 días siguientes a su celebración.

III. Las sociedades que acumulen dos clasificaciones consecutivas en categoría C, serán clasificadas en la categoría D en protección de sus socios ahorradores. Asimismo, las sociedades que de manera recurrente incumplan con las obligaciones previstas en este artículo y las demás contenidas en esta Ley, podrán ser clasificadas en la categoría D en protección de sus socios ahorradores.

IV. Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un nivel de operaciones básico, que sean clasificadas en categoría D, en protección de los ahorros de sus socios, deberán abstenerse de realizar operaciones que impliquen captación de recursos, a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación por parte de la Comisión en términos del artículo 15 Bis de esta Ley.

Artículo 15 Bis.- El Comité de Supervisión Auxiliar deberá informar por escrito a la Comisión respecto de aquellas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico que hubieren sido clasificadas en la categoría D a los diez días hábiles siguientes a aquel en que haya notificado tal clasificación a la propia sociedad, a efecto de que aquella publique a través de su página de Internet un listado de las sociedades que tengan esa categoría. Asimismo, el Comité de Supervisión Auxiliar publicará dicho listado en su propia página de Internet.

La Comisión, una vez que tenga conocimiento de la clasificación en la categoría D de alguna Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico, podrá practicarle visitas de investigación en términos de lo previsto en esta Ley, a efecto de confirmar la información proporcionada por el Comité de Supervisión Auxiliar, caso en el cual, podrá ordenarle su disolución y liquidación, en términos de lo dispuesto por el artículo 83 de esta Ley.

Una vez ordenada la disolución y liquidación señalada en el párrafo anterior, la Comisión notificará al Comité de Supervisión Auxiliar a efecto de que éste cancele el registro de la sociedad correspondiente.

Artículo 42.-…

El Fondo de Protección tendrá como finalidad llevar a cabo la supervisión auxiliar de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación de I a IV; realizar operaciones preventivas tendientes a evitar problemas financieros que puedan presentar dichas sociedades, llevar a cabo las evaluaciones a que se refiere esta Ley a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico, así como, procurar el cumplimiento de obligaciones relativas a los depósitos de ahorro de sus Socios en los términos y condiciones que esta Ley establece.

Artículo 52.-…

I. a XI.…

XII. Realizar las evaluaciones a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico a que se refiere el artículo 15 de esta Ley.

XIII. Reportar a la Comisión las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico que sean clasificadas en D.

XIV. Las demás que esta Ley le otorgue, así como las que se prevean en las disposiciones de carácter general que de ella emanen para el cumplimiento de su objeto, y las previstas por el contrato constitutivo del Fondo de Protección.

Artículo 83.-…

I. a III.…

  • Si la Comisión confirma los supuestos para ser clasificada en la categoría D de conformidad con el artículo 15 Bis.

Artículo 113.-…

Lo anterior, sin perjuicio de que también serán responsables penalmente aquellas personas que determinen o inciten dolosamente a otro a la realización de las conductas ilícitas previstas en el presente capítulo o los que lleven a cabo sirviéndose de otro.

Artículo 114.- Serán sancionados con penas de prisión de 3 a 15 años y multa de hasta 100,000 días de salario quien lleve a cabo operaciones de las reservadas para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, sin contar con las autorizaciones previstas en la Ley o con el registro correspondiente a que se refiere el Artículo 13 de la presente Ley.

La Comisión, en la realización de investigaciones para determinar la posible comisión del delito a que refiere el párrafo anterior, en cualquier momento y previo a la emisión de opinión de delito a la Secretaría, podrá ordenar como medida cautelar a las entidades financieras sujetas a su supervisión, la inmovilización provisional e inmediata de los fondos o activos registrados o que pudiesen estar relacionados con la comisión del delito a que refiere el primer párrafo de éste artículo.

La propia Comisión, en cualquier momento y previo a la imposición de la sanción a que alude el artículo 108 Bis 1, fracción III de la Ley de Instituciones de Crédito, podrá ordenar la medida cautelar prevista en el párrafo que antecede tratándose de personas morales que realicen operaciones reservadas para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, sin contar con la autorización prevista en esta Ley o con el registro correspondiente a que se refiere el Artículo 13 de la presente Ley.

Se entenderá por inmovilización provisional e inmediata, la prohibición temporal de transferir, traspasar, convertir, enajenar, trasladar, gravar, mover o retirar fondos o activos, cuando estos actos estén relacionados con las conductas previstas en este artículo.

Una vez que la Secretaría formule la petición a que se refiere el artículo 109 de esta Ley deberá solicitar al Ministerio Público de la Federación competente que ordene una medida cautelar para efecto de inmovilizar los recursos correspondientes. En caso de que la medida cautelar dictada por la Comisión no se haya derivado de una investigación para emitir la opinión de delito a la Secretaría, o bien, en caso de no expedir tal opinión por no encontrarse elementos, la Comisión deberá otorgar el derecho de audiencia a la persona física o moral respecto de cuyas cuentas se haya decretado la medida, en un plazo de 10 días hábiles, a efecto de resolver lo conducente.

ARTICULO TERCERO. Se reforman el primer párrafo del artículo TERCERO y el tercer párrafo del artículo CUARTO de los artículos TRANSITORIOS DEL ARTICULO PRIMERO, del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009, para quedar como sigue:

TRANSITORIOS DEL ARTICULO PRIMERO

TERCERO.- Las Sociedades Cooperativas de cualquier tipo, distintas a las señaladas por el Artículo Segundo Transitorio anterior, cuyo monto total de activos rebase el equivalente en moneda nacional a 2'500,000 UDIS que a la fecha de entrada en vigor de este Decreto realicen operaciones que impliquen la captación de recursos de sus Socios para su colocación entre éstos y no hubiesen presentado una solicitud de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tendrán hasta el 31 de marzo de 2014 para constituirse como Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas y solicitar la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo. No obstante lo anterior, el Comité de Supervisión Auxiliar contará con un plazo de 180 días para emitir el dictamen respecto de aquellas solicitudes que para tal fin hubiere recibido a más tardar el 31 de marzo de 2014; dicho plazo correrá a partir de la fecha en que el Comité de Supervisión Auxiliar haya recibido la solicitud, sin que el cómputo de dicho plazo se suspenda por los requerimientos de información o documentación que realice el Comité de Supervisión Auxiliar a la Sociedad solicitante. El plazo anterior podrá ser ampliado por la Comisión por un período de 90 días adicionales, cuando el Comité de Supervisión Auxiliar así lo solicite y a juicio de la Comisión se justifiquen las razones para ello. La autorización de referencia podrá solicitarse, siempre y cuando las sociedades mencionadas se ajusten a lo siguiente:

I. a IV.

CUARTO.-…

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Instituciones de Banca Múltiple, Casas de Bolsa, así como las instituciones integrantes de la Administración Pública Federal, con excepción de las Instituciones de Banca de Desarrollo, o Estatal y fideicomisos públicos, constituidos por el Gobierno Federal o estatales para el fomento económico, que realicen actividades financieras, tendrán prohibido celebrar operaciones activas, pasivas o de servicios con las Sociedades Cooperativas que se ubiquen en los supuestos de incumplimiento a que se refiere este Artículo. Asimismo, dichas entidades deberán realizar los actos necesarios para rescindir las operaciones que tuvieren contratadas con las referidas Sociedades Cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y acorde a la naturaleza de tales operaciones.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto por lo dispuesto en los artículos siguientes.

SEGUNDO.- Las sociedades que a la entrada en vigor de este Decreto, ya se hubieren sometido a un trabajo de consolidación en términos de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, deberán concluir su implementación en los términos establecidos en el propio trabajo de consolidación.

TERCERO.- Las evaluaciones a que se refiere el artículo 15 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, deberán realizarse a partir del 1 de junio de 2015.

CUARTO.- Las sociedades a que se refiere el primer párrafo del Artículo Tercero de los TRANSITORIOS DEL ARTICULO PRIMERO, del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009, que al 31 de marzo de 2014 estuvieren clasificadas en las categorías A, B o C y que no hubieren presentado su solicitud de autorización ante la Comisiónpara continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo en términos de dicho precepto, en excepción a lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo Cuarto Transitorio del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009, podrán seguir realizando operaciones que impliquen captación de recursos en términos de la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de la Ley de Instituciones de Crédito, durante un plazo de doce meses contado a partir de que se notifiquen a la sociedad correspondiente los resultados de los trabajos de consolidación, en términos de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores,y siempre y cuando:

I. A más tardar el 30 de abril de 2014, manifiesten a la Comisión su intención de sujetarse a los trabajos de consolidación a que se refiere la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y le presenten copia de su escritura constitutiva; un listado de todas las sucursales u oficinas de atención al público que tengan, señalando su ubicación y estados financieros al 31 de diciembre de 2013. Asimismo, deberán presentar a la Comisión a más tardar el 30 de mayo de 2014 estados financieros al 31 de marzo de 2014; bases de datos con información relativa a la captación y operaciones de crédito individualizadas por socio al 31 de marzo de 2014, las cuales deberán estar contenidas en un dispositivo de almacenamiento electrónico y copia de la publicación en un diario de circulación local correspondiente al domicilio social de la sociedad de la convocatoria a la Asamblea General de Socios a celebrarse a más tardar 90 días contados a partir del día siguientede dicha publicación, en cuyo orden del día se establezca lo siguiente:

a) Informe relativo a la falta de presentación de la solicitud de autorización a que se refiere el Artículo Tercero Transitorio del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009, así como de sus consecuencias para la Sociedad.

b) Propuesta para facultar al Consejo de Administración para que realice las gestiones necesarias a fin de que la sociedad pueda ser beneficiaria de los esquemas a que se refiere el artículo 8o. BIS de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

c) Aceptación de los términos que resulten del trabajo de consolidación derivado de las gestiones del inciso anterior.

II. A más tardar el 31 de octubre de 2014, la sociedad solicite la inscripción en el Registro Público de Comercio del acta de la sesión de la Asamblea General mencionada en la fracción anterior, dentro de un plazo de 15 días naturales posteriores a su celebración, así como que presente ante la Comisión dicha acta debidamente protocolizada.

III .A más tardar el 31 de octubre de 2014, la sociedad haya recibido del Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, el escrito en que se le informe del cumplimiento de los requisitos para dar inicio al trabajo de consolidación correspondiente y presente copia de tal documento a la Comisión. Asimismo, la sociedad deberá presentar, en tiempo y forma, la información que con motivo de la realización de los trabajos de consolidación le sea requerida.

IV. La sociedad no celebre operaciones con nuevos socios, ni establezca nuevas sucursales u oficinas de atención al público.

En caso de incumplirse alguno de los requisitos establecidos en las fracciones anteriores, las mencionadas sociedades deberán abstenerse de realizar operaciones que impliquen captación de recursos, a partir de la actualización del incumplimiento.

La misma restricción será aplicable de no iniciarse los trabajos de consolidación a que se refiere la fracción XI del artículo 2o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, o de no implementarse éstos en tiempo y forma por causas imputables a la sociedad. Para verificar lo anterior la Comisión podrá requerir toda la información necesaria.

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Instituciones de Banca Múltiple, Casas de Bolsa, así como las instituciones integrantes de la Administración Pública Federal, con excepción de las Instituciones de Banca de Desarrollo, o Estatal y fideicomisos públicos, constituidos por el Gobierno Federal o estatales para el fomento económico, que realicen actividades financieras, tendrán prohibido celebrar operaciones activas, pasivas o de servicios con las Sociedades Cooperativas que se ubiquen en los supuestos de incumplimiento a que se refiere este artículo. Asimismo, dichas entidades deberán realizar los actos necesarios para rescindir las operaciones que tuvieren contratadas con las referidas Sociedades Cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y acorde a la naturaleza de tales operaciones.

QUINTO.- A las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a que se refiere el primer párrafo del artículo Tercero de los TRANSITORIOS DEL ARTICULO PRIMERO, del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009, que habiendo presentado su solicitud de autorización ante el Comité de Supervisión Auxiliar reciban de este un dictamen desfavorable, o les sea negada la autorización correspondiente por la Comisión, les resultará aplicable lo dispuesto en el artículo Cuarto anterior.

Al efecto, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción I del artículo Cuarto anterior, relativo a la convocatoria a la Asamblea General de Socios, las Sociedades referidas contarán con un plazo de 30 días contados a partir de la notificación del dictamen desfavorable o resolución desfavorable, según sea el caso. En sustitución del informe señalado en el inciso a) de dicho precepto, deberán presentar una copia del dictamen o resolución desfavorable.

Asimismo las Sociedades a las que se refiere el párrafo anterior, tendrán 60 días a partir de la fecha antes mencionada para celebrar la Asamblea a que se refiere el párrafo anterior.

Asimismo, contarán con noventa días contados a partir de la citada notificación para cumplir con lo establecido en las fracciones II y III del referido artículo Cuarto anterior.

SEXTO.- El plazo previsto en el tercer párrafo del Artículo Quinto anterior, comenzará a computar a partir de la publicación de este instrumento, respecto de aquellas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que sean notificadas del dictamen desfavorable o bien, de la resolución en sentido negativo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con anterioridad al 1 de abril de 2014.

Asimismo, si las sociedades señaladas presentaron ante el Comité de Supervisión Auxiliar una solicitud de revisión del dictamen desfavorable que les hubiere sido expedido en términos de lo preceptuado por el artículo 10, quinto párrafo de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, podrán presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el dictamen desfavorable, sin esperar a que concluya la revisión solicitada, a efecto de acogerse a lo contenido en el Artículo Cuarto Transitorio anterior de este Decreto.

SEPTIMO.- Una vez que venzan los plazos establecidos en el presente Decreto, las personas que realicen operaciones de captación en contravención a este instrumento legal podrán incurrir en alguna responsabilidad penal en el grado de autoría o participación que determinen las Leyes aplicables, por lo que cualquiera que tenga conocimiento de algún hecho presumiblemente constitutivo de delito lo podrá hacer del conocimiento de las autoridades competentes.

Para los efectos del párrafo anterior, también se considerarán responsables penalmente aquellas personas que determinen dolosamente a otro a la realización de las conductas ilícitas o los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro.

Dado en la sala de Comisiones del H. Senado de la República, a 10 de abril de 2014.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
COMISION DE FOMENTO ECONOMICO
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se le dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se le dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Gerardo Sánchez García, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 196 de nuestro Reglamento.

- El C. Senador Gerardo Sánchez García: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

El sector de ahorro y crédito popular en México ha mostrado un importante dinamismo en los últimos años, derivado de la alta demanda de créditos en comunidades y zonas marginadas del país. Las Sociedades Financieras Populares, las Sociedades Financieras Comunitarias y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo son entidades que han fomentado el ahorro popular en sectores con escasa oferta de servicios de banca comercial.

De aquí la importancia de incrementar el acceso a servicios financieros de calidad y resolver los problemas existentes con el propósito de mejorar el nivel de vida de la población y coadyuvar al crecimiento económico de las regiones.

El pasado 4 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, entre otros, los Artículos Primero y Tercero Transitorios de la Ley para Regular las Actividades de la Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, con el propósito de fortalecer el sector de ahorro y préstamo del país y al mismo tiempo promover una mayor certeza jurídica para los usuarios.

En cumplimiento de las adecuaciones en el marco jurídico, el presente dictamen propone:

Primero. Apoyar aquellas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, con activos mayores a 2.5 millones de UDIS que por alguna razón no han logrado su autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que tengan la posibilidad de acceder a los esquemas de apoyo que otorga el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a los Ahorradores, a fin de que coadyuven su esquema de resolución o tengan una salida ordenada con menor afectación a sus ahorradores.

Segundo. Actualiza el marco legal para otorgar apoyos a cargo del FIPAGO, a fin de fortalecer y consolidar el sector reduciendo daños a sus ahorradores.

Tercero. Permite que los trabajos de consolidación que se realizan a las sociedades que serán apoyadas por el FIPAGO, se puedan llevar acabo por expertos en finanzas populares y no solo por consultores internacionales, con lo que se ampliará el universo de sociedades cooperativas en beneficio de los ahorradores.

Cuarto. Propicia un mayor control sobre la creación de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, para lo cual será necesario que sus fundadores acrediten su identidad y ratifiquen su voluntad de constituir las sociedades ante notario público.

Quinto. Se establece el Comité de Supervisión Auxiliar para avalar periódicamente a las sociedades y notificar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores si existen riesgos para los ahorradores y se faculta a esta para ordenar disolución y liquidar, en caso de ser necesario.

Sexto. Se faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que ordene medidas precautorias para inmovilizar recursos cuando sea necesario salvaguardar los ahorros de los socios depositarios.

Así la importancia de este dictamen radica en lograr que las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que se encuentran funcionando de manera estable, puedan continuar realizando operaciones, mientras que aquellas que no lo hagan puedan tener una salida ordenada a fin de evitar que los ahorradores sean defraudados, protegiendo en todo momento sus ahorros.

En adición, se pretende controlar la operatividad de estas entidades evitando los posibles fraudes que pudieran suscitarse con medidas que impidan el abuso a las familias más necesitadas del país.

El proceso de regulación de las cajas de ahorro procurará, en su caso, la salida ordenada, estableciendo los requisitos que otorguen seguridad a sus socios y fortaleciendo la actuación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en beneficio de los ahorradores.

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, mejor conocidas en México como Cajas Populares, tienen ya más de 60 años que de esta manera silenciosa, pero consistente, han apoyado el desarrollo de muchas familias y comunidades del país.

La fortaleza de estas organizaciones como parte del sistema financiero mexicano, consiste en que sus costos de transacción han sido muy bajos y no tienen problemas de implementación en sus políticas institucionales, ya que se basan en la confianza, en el conocimiento directo de las personas y en la práctica de la ayuda mutua.

Para las comunidades rurales los pequeños productores, los microempresarios y la población en general, que requieren los servicios adicionales al crédito, tales como servicios de ahorro, liquidación de remesas, pago de servicios, cambio de cheques, entre otros, representa una opción real y viable.

Debemos recordar que en comunidades con menos de 2,500 habitantes, los servicios financieros no están disponibles, lo que genera un aislamiento geográfico quedando los ciudadanos en manos de agiotistas o de relaciones comerciales abusivas.

Las cooperativas podrán coadyuvar como palanca de desarrollo de las comunidades rurales, considerando que mitigan los riesgos y facilitan la aceleración de la producción y la formación de capital productivo en las familias de escasos recursos.

También esta reforma tendrá un impacto positivo para los sectores que demandan mayor certidumbre en las Sociedades de Ahorro y Préstamo, lo que se traducirá en mayor crecimiento económico en las zonas más vulnerables del país.

De esta manera, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de este Senado de la República considera que con esta reforma se suma al propósito de facilitar el proceso de regulación de las cajas de ahorro, procura su salida ordenada cuando así lo requieran, establece los requisitos que otorguen seguridad a sus socios y fortalece la actuación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Todo lo anterior en beneficio de los ahorradores, por lo que es muy importante, compañeras y compañeros, aprobar esta minuta de naturaleza trascendente que tiene un profundo vínculo de beneficio para la gran población, en general mexicana de escasos recursos con necesidad de fomentar el crédito y, por supuesto, de buscar alternativas que les permitan recuperar sus actividades productivas; que les permitan accesar al crédito y que les permitan una mayor certidumbre en la situación económica familiar de los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Sánchez García.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Ascención Orihuela Bárcenas, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Fomento Económico en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- El C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Los integrantes de la Comisión de Fomento Económico estamos convencidos de que es necesario fortalecer el marco jurídico que regula las cajas de ahorro y préstamo.

Hoy es una urgente necesidad acabar con las prácticas abusivas que desgraciadamente se continúan cometiendo en contra del patrimonio de muchas familias, principalmente de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

El principal objetivo es garantizar que todas las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo en el país, se encuentren plenamente registradas ante la autoridad competente, pero sobre todo, que ofrezcan certeza jurídica a los socios de que su dinero estará seguro y rindiendo los beneficios comprometidos.

Un aspecto sustancial consiste en fortalecer la actuación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que las denominadas cooperativas de ahorro puedan ser apoyadas para su correcta incorporación al sector financiero y se sujeten a normatividades claras y transparentes para su correcto funcionamiento.

A través del Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, el FIPAGO, se apoyará a todas aquellas cajas de ahorro que con activos superiores a 12.8 millones de pesos y que no hayan obtenido un dictamen favorable de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para seguir funcionando, a fin de que continúen con sus operaciones y tengan la posibilidad de concluir su esquema de resolución o salida, sin afectar el patrimonio de sus ahorradores.

Sin duda, esta medida contribuirá a que miles de familias de bajos recursos y en situación de marginalidad estén protegidas de potenciales fraudes.

Los cambios a la legislación prevén los siguientes beneficios:

Primero.- Aumentarán los controles y las evaluaciones por parte de las autoridades competentes y se combatirá a las cajas que operan en la ilegalidad.

Los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad ante un notario público, quien a su vez tendrá la obligación de informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre esta constitución.

Dependiendo de la situación financiera y legal, principalmente cuando se detecten focos rojos en su operación, la comisión podrá decretar su disolución, fusión y cierre de actividades, la enajenación de sus bienes y cuentas para evitar que se pierdan los ahorros de los ciudadanos.

En la Comisión de Fomento Económico sabemos que las cooperativas de ahorro desarrollan una función social importante, impulsando el ahorro de un sector excluido de la banca comercial y contribuyen a que la población de bajos recursos acceda a préstamos.

Segundo.- Se asegura que las sociedades cooperativas estén asesoradas por expertos en finanzas populares, y no solamente por consultores. De esta manera aseguramos que las cajas de ahorro respondan efectivamente a las necesidades sociales y de crédito de las regiones, poblaciones y comunidades de origen.

Compañeras y compañeros Senadores:

Este dictamen ha sido aprobado por unanimidad en las comisiones, por eso los invitamos a votar a favor del presente dictamen.

Sin duda, una noble causa que contribuirá a la seguridad financiera de miles de familias y a coadyuvar a detonar proyectos productivos.

Gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Orihuela Bárcenas.

Iniciamos la discusión en lo general, y para ello se han inscrito los siguientes Senadores: Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI, a favor, Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN, a favor, Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, a favor, y Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, a favor.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Tello Cristerna.

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El sector de ahorro y crédito popular, nombrado también banca social, se ha orientado a atender durante más de 60 años la demanda de servicios de ahorro y crédito a los sectores y comunidades marginadas por la banca tradicional.

La misión de este sector ha sido, desde su origen, facilitar el acceso de la población de ingreso medio y bajo a intermediarios que cubran sus necesidades financieras y sociales.

El 4 de junio de 2001 se publicó la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con la que se inició el proceso de regularización de aquellas sociedades o asociaciones que captaran recursos exclusivamente de sus socios o asociados.

En dicha ley se estableció un periodo transitorio para que dichas sociedades o asociaciones ajustaran sus operaciones a efecto de poder obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El 13 de agosto de 2009 se publica la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, estableciendo fecha límite este año 2014, para que aquellas con activos superiores a 2.5 millones de UDIS, que son aproximadamente 12 millones de pesos, solicitaran su autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para el grupo parlamentario del PRI, la propuesta que se presenta en el dictamen por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Primera, reviste una importancia central para el desarrollo económico y social de los grupos poblacionales de menores ingresos en nuestro país y, por ende, para la economía mexicana en general.

El análisis que se realizó por parte de los Senadores de nuestra fracción, integrantes de las comisiones unidas, fue enriquecedor, y sin lugar a dudas atendió a la importancia que conlleva un tema tan relevante en la vida cotidiana de millones de mexicanos.

Lo que hoy se pone a consideración de este Pleno permitirá consolidar un marco normativo que incentive el desempeño adecuado de las cajas de ahorro en nuestro país en beneficio de la población de menores recursos.

Si bien, como lo mencionamos con anterioridad, se ha legislado ampliamente en la materia, observamos que lo que hoy se plantea constituye un avance decisivo e indispensable para alcanzar dos objetivos centrales:

Primero.- Que las cajas de ahorro que posean las condiciones adecuadas para trabajar de manera eficiente y en apego a la ley, puedan mantenerse en funciones. Y que los usuarios de los servicios que dichas sociedades ofrecen, tengan mayor seguridad en torno al manejo de sus ahorros y a la posibilidad de recuperarlos en caso de alguna contingencia.

En este sentido se establecen elementos concretos con el objeto de mejorar y ampliar la operación del Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Prestamo y de Apoyo a sus ahorradores, FIPAGO; entre estas destacan:

La incorporación de expertos en finanzas populares para el apoyo de las cajas beneficiarias del fideicomiso.

La ampliación de las sociedades de ahorro que puedan favorecerse del FIPAGO.

La inclusión de nuevas personas mediante la sesión de activos y pasivos para que participen en las sociedades que son objetivo de apoyo por parte del fideicomiso.

La reducción de algunas obligaciones y compromisos de las sociedades cooperativas de ahorro en su relación con el FIPAGO.

Permitir que el FIPAGO apoye a diversas sociedades con activos superiores a 2.5 millones de UDIS, que por diversas razones no habían podido recibir sus beneficios.

Completando lo anterior, se establecen medidas de tipo administrativo que permiten generar un mayor control sobre la creación de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo al incorporar nuevos requisitos de acreditación que habrán de ser respaldados por notarios públicos, los cuales informarán a las autoridades al respecto, además reducirán el plazo para que las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de nueva creación, se inscriban en el registro que corresponde para estos efectos.

Un elemento central de la presente propuesta se observa en las facultades que se otorgan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para inmovilizar los recursos de quienes realicen operaciones reservadas a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, conjuntamente con la clarificación de la responsabilidad penal ya establecida para dicho delito.

En el PRI buscamos legislar medidas firmes que atienden a las demandas y peticiones de los mexicanos que han sido defraudados por organizaciones no regularizadas que abusan de la confianza de los ahorradores.

Reitero que quienes participan en las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, regularmente son personas de bajos recursos que buscan constituir un patrimonio para sus familias y que son vulnerables ante las pérdidas patrimoniales.

Con la propuesta de hoy, se está fortaleciendo la protección a los usuarios de las cajas de ahorro y generando las condiciones para que dichas sociedades realicen sus funciones con mayor control y un mejor desempeño.

Sin duda, el trabajo que se ha dado en torno a la presente propuesta merece nuestro respaldo por sus planteamientos claros en materia de políticas públicas, por sus elementos concretos en torno a la protección de los derechos de los ahorradores, pero sobre todo por sus implicaciones económicas y sociales en la calidad de vida de los mexicanos que menos tienen.

Por lo anteriormente expuesto, en la fracción de mi partido, el Revolucionario Institucional, votaremos a favor del presente dictamen y de los que menos tienen en este país.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Tello Cristerna.

Esta Presidencia saluda la presencia de regidores de diferentes municipios del estado de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra al Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Carlos Mendoza Davis: Gracias, señor Presidente; y bienvenidos los invitados. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros:

Ver a quien ve esfumarse su patrimonio es verdaderamente uno de los grandes dramas de nuestra sociedad, la crisis financiera global recibió en muy buena medida en el hecho de que se permitió que la ambición personal estuviera por encima, muy por encima del interés público. Eso no puede suceder, no aquí, no en México, no mientras nosotros, Senadoras y Senadores, amigos y amigas, seamos parte de este órgano colegiado.

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo constituyen un instrumento de formación, de patrimonio y una opción financiera para más de 6 millones de mexicanos; se trata, por tanto, de un tema de alta sensibilidad social, y lo que es importante para la sociedad debe ser necesariamente prioritario para esta Soberanía.

La regulación de estas sociedades comenzó precisamente durante las administraciones federales de mi partido.

El PAN se ha ocupado de favorecer siempre las iniciativas personales, de preservar responsablemente el patrimonio de las familias mexicanas y de asegurar que el fruto de nuestro trabajo beneficie siempre a nuestros hijos.

Una correcta regulación de las Sociedades de Ahorro y Préstamo implica garantizar la tranquilidad y el impulso creador de millones de mexicanos.

Se tienen contabilizadas 663 entidades en operación que poseen activos por el orden de los 96 mil millones de pesos.

A partir del año 2009 se han fortalecido, su índice de morosidad ha disminuido del 9.6 a 6.1 por ciento en 2013, además que se elevó su nivel de capitalización de manera significativa. Todo esto se logró gracias al impulso decidido y responsable de mi partido, el Partido Acción Nacional.

No hay que olvidar que previo al 2001 las operaciones sustantivas de las entidades del sector, cajas de ahorro y Sociedades de Ahorro y Préstamo no eran reguladas, prevalecía el desorden, proliferaban los fraudes y los abusos contra los ahorradores.

No fue si no hasta el año de 2001 que se emitió la Ley de Ahorro y Crédito Popular con el objetivo regulatorio de proteger los depósitos de los ahorradores y promover el desarrollo del sector.

Se atribuyeron facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de autorización, supervisión, regulación y sanción, también se estableció un esquema de supervisión auxiliar a cargo de las propias entidades de las federaciones a través de sus respectivos comités de supervisión y se creó un sistema de seguro de depósito a través de un fondo de protección.

Ahora, con el apoyo de mi partido, pero hay que decirlo también con la concurrencia de las demás fuerzas políticas representadas en esta Soberanía, de aprobarse este dictamen, tendremos sin duda un mucho mejor marco regulatorio.

A la fecha sólo 133 cooperativas poseen la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar, estando sujetas, como todos sabemos, a beneficios sustanciales, como recibir, en caso necesario, recursos del Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo de Apoyo a sus Ahorradores y aquí ha sido multicitado el famoso FIPAGO.

No obstante, amigas y amigos, debemos dar un paso adelante y ampliar las facultades del marco jurídico que regula las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Se trata de proteger el patrimonio de 6 millones de familias.

Más de 20 millones de mexicanos, muchos de los cuales viven en zonas marginadas que comúnmente no tienen acceso a los servicios de la banca comercial o a los intermediarios financieros.

Se trata de respaldar con mejores leyes regulatorias la confianza que estos ciudadanos depositaron en esta sociedad.

No vamos a permitir que exista abuso ni irresponsabilidad en las instituciones que tienen bajo su custodia el patrimonio de los mexicanos.

Hay que facilitar la salida del mercado de las sociedades que no cumplen con los requisitos legales para operar, ampliando los plazos para suspender sus operaciones.

La iniciativa contempla también la cobertura del FIPAGO a las sociedades cooperativas que cumplieron en registrarse y a las que les fue imposible inscribirse por haber dejado de operar.

En este sentido, 108 entidades con una captación de 7 mil millones de pesos son sujetas ya de los apoyos del FIPAGO para pagar los ahorros de socios.

Brindemos protección a quienes la necesitan.

De la misma manera, el dictamen contempla tipificar como delito especial el incitar al incumpliendo de la Ley para Regular las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Se faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para denunciar a los administradores de las sociedades que no se acerquen al FIPAGO por el delito de la administración fraudulenta; quien no cumpla debe ser sancionado, nada ni nadie fuera de la ley.

Compañeras y compañeros, hagamos conciencia que las personas que recurran a este tipo de sociedades confían en ellas sus ahorros de toda una vida de trabajo, para ampliar su patrimonio y concretar sus ilusiones de heredar a sus hijos mejores condiciones de vida.

Esos ahorradores, pequeños en su mayoría, son sin duda quienes más requieren de la protección del Estado a su patrimonio.

Los antecedentes de las sociedades cooperativas en México nos obligan y hacen urgente fortalecerlas a fin de dar mayor certeza jurídica a quienes recurren a ella.

Además de que las condiciones económicas actuales del país hacen necesario ampliar y reforzar el sector financiero con instituciones con alta credibilidad y compromiso; también hace necesario promover el ahorro interno.

Vamos a ampliar el bono de confianza social hacia esas cooperativas, queremos más sociedades de ahorro sin duda, sí, pero también las queremos mejores.

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo deben de ser el vehículo del desarrollo del país y de las familias mexicanas, ese es su origen y ese debe de ser y será su destino.

El hecho de que ahora algunas sociedades no se apeguen a las reglas jurídicas establecidas no significa que su operación no sea factible y que sus beneficios puedan llegar a miles de familias mexicanas, hay que acercar a esas cajas irregulares, aquellas que representan un riesgo reputacional para el sector así como un reto para la protección de los ahorradores a la operación formal, regulada que las sociedades y ahorradores reciban sus beneficios.

Les pido, compañeras y compañeros, su apoyo para consolidar el sector financiero popular mexicano, que los beneficios que otorgan estas sociedades se transfieran a más mexicanos y mexicanas.

Que cada familia ahorradora sepa que aquí, en el Senado de la República, velaremos por su tranquilidad, por sus ahorros y por su porvenir.

Por ello, anuncio a ustedes que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, como lo hicimos al pleno de las comisiones unidas, habremos de votar a favor del dictamen que se presenta a discusión de esta Honorable Soberanía.

Amigas y amigos, Senadoras y Senadores, por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Mendoza Davis.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente el dictamen que se pone a nuestra consideración es sin duda de la mayor relevancia.

Y quiero subrayar que es de esa relevancia porque con ello estamos buscando salvaguardar el patrimonio de miles y miles de familias de todo el país que vieron cómo gente abusiva defraudó su fe, su confianza y se llevó sus ahorros.

Lo es, por lo tanto, porque entraña, compañeras y compañeros, un acto de elemental justicia para miles de mexicanos que, reitero, perdieron sus ahorros a manos de defraudadores; hay que recordar hoy que para el año 2000 precisamente, producto de las actividades fraudulentas de cajas de ahorro irregulares, decenas de miles de mexicanos se habían visto ya despojados de su patrimonio.

El fraude y la quiebra de cientos de este tipo de instituciones causó graves estragos a las economías de las familias y a regiones enteras en muchas entidades de la República, pero principalmente en estados como Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Hidalgo, Morelos y Guanajuato.

Y hay que recordar, compañeras y compañeros, que estos fraudes, mucho me temo, pero hay que decirlo, aún siguen ocurriendo.

Actualmente el tema es tan grave que todavía es imposible conocer el número exacto de ahorradores engañados y, sobre todo, el monto de lo defraudado.

Debido, entre otras cosas, a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, órgano regulador responsable, no cuenta hoy en día con un censo confiable sobre este delicado asunto, además, también hay que decirlo, de que son muy pocas las entidades federativas que cuentan con este tipo de estudios estadísticos.

Sin embargo, compañeras y compañeros, a partir de estimaciones de este sector, así como de muchas de estas agrupaciones de defraudados, como las que hemos venido apoyando en el estado de Oaxaca, se calcula que lo robado a estas familias, asciende aproximadamente a 25 mil millones de pesos.

Tan solo, por ejemplo, en el caso del estado de Oaxaca, donde la situación es particularmente grave, el fraude de cajas de ahorro es superior, hoy en día, a los 4 mil millones de pesos y afecta a más de 40 mil familias.

Por eso vengo a decirles, compañeras y compañeros, que este asunto, el de los ahorradores defraudados por Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, es, sin duda, uno de los problemas más acuciosos del país.

Problema, efectivamente, como aquí se ha escuchado, que a varios legisladores nos ha preocupado, pero también nos ha ocupado desde el inicio de esta legislatura.

En este sentido, quiero reiterar a nombre del grupo parlamentario del PRD, que nos hemos abocado buena parte de nuestros esfuerzos, precisamente como legisladores, para avanzar en la consolidación y en el perfeccionamiento del marco jurídico existente, desde una doble perspectiva.

Por un lado, con una acción de justicia reivindicativa, que mira a resolver lo que ya sucedió, los fraudes.

Pero por el otro, con una acción de impulso a la promoción de esta fuente de ahorro, que por sus vínculos populares demanda, sin duda, vigorizarse en un marco de mayor protección.

Es así, compañeras y compañeros, que al tiempo de buscar que los plazos actuales para regularizar las Sociedades Cooperativa de Ahorro y Préstamo se pudiesen analizar, buscando los mecanismos de salida ordenada para las cajas que no alcanzaran a cumplir con los requerimientos para su regularización; peleamos, también, lo quiero subrayar, por reformar la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, precisamente con el objetivo de que puedan acogerse al contenido de este ordenamiento, aquellas sociedades que se hayan constituido legalmente hasta el 13 de agosto del año 2009.

Es decir, que con este dictamen, compañeras y compañeros, sí se está avanzando en este sentido.

Con lo que se refiere a la reforma al artículo 8 de la ley del FIPAGO, contenido en el proyecto de Decreto que se someterá a nuestra votación en un rato más, también quiero decir que estamos garantizando que se cubra el daño a los defraudados por cajas de ahorro constituidas, por lo menos, insisto, hasta el año 2009, que es el año, precisamente en el que surge la ley regulatoria de las actuales sociedades cooperativas.

Es decir, que con la ampliación de este plazo, del año 2000 al 2009, logramos que se les restituya lo justo, prácticamente a la totalidad de los ahorradores defraudados a nivel nacional.

Esto significa, y así lo quiero señalar, que no es un asunto menor; se trata, compañeras y compañeros, que con estas modificaciones a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, se patentiza el objetivo ulterior de garantizar la seguridad de los ahorros de amas de casa, de campesinos, de muchas familias migrantes que mandan sus recursos de donde fueron a encontrar una ocupación y una forma de vida, a sus comunidades; pero también de pensionados, es decir, de todos aquellos ciudadanos que se encuentran marginados del sector financiero.

Porque desafortunadamente, también hay que decirlo, el sistema bancario nacional no es lo sólido que quisiéramos, es decir, no hay bancos en todos los municipios del país.

Y por lo tanto, muchas familias se han visto obligadas a incursionar en otros esquemas de financiamiento como este. Esto, por lo tanto, compañeras y compañeros, es un paso importante, pero no es, también quiero decirlo, señor Presidente, ni mucho, lo que debemos aspirar.

Nosotros, efectivamente venimos a decir que apoyamos el presente dictamen, porque da solución a la más apremiante necesidad, a la de los ahorradores defraudados. Y así votaremos, apoyándolos.

Pero aprovechamos, compañeras y compañeros, señor Presidente, para decir, también, que tenemos una convicción firme de seguir trabajando decididamente por el sector social de la economía, procurándole un andamiaje jurídico propio a sus necesidades y a su naturaleza, sin homologarlo al sector privado de la economía.

No me queda más, señor Presidente, compañeras y compañeros, más que pedir su voto a favor, reconociendo la sensibilidad y la apertura de diálogo que hemos encontrado en todos los grupos parlamentarios, lo mismo que en la Secretaría de Hacienda, que en la Secretaría de Gobernación.

Compañeros ahorradores defraudados de Oaxaca, hemos cumplido la misión que nos encargaron.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Para agregar algunos elementos de carácter macroeconómico a este tema tan importante.

Lo más urgente para el sistema financiero, es que el sistema financiero contribuya a la economía.

México tiene muy bajo porcentaje de aportación de crédito a la producción. Los activos de la banca comercial privada han aumentado, pero el crédito no.

A 2012 los activos eran de 6.5 billones de pesos; y el crédito productivo fue apenas del 8.3 por ciento

A pesar de la reforma financiera, los bancos siguen prestando poco y caro. Marginan a la pequeña y mediana empresa. La concentración crediticia continúa. Continúan desviándose los recursos al mercado de valores.

La banca en México no obtiene sus ganancias del volumen de créditos que otorga, sino de créditos concentrados, con montos muy elevados y con un margen de intermediación desproporcionado.

La concentración del sector financiero, sin duda, es la causa de ello.

Por eso se requiere la participación de más competidores en este sector financiero. Más bancos, más almacenadoras, más casas de cambio, más cajas de ahorro, como es la iniciativa que se aprueba el día de hoy.

Esta iniciativa en comento, el Ejecutivo Federal presentó la propuesta de crear el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Se modifica, también, la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Estas modificaciones son positivas, pero insuficientes.

El PRD va a apoyar estos cambios, pero no sin dejar de anotar algunas preocupaciones.

En las discusiones de la reforma financiera, en el PRD propusimos legislar sobre aspectos que esta iniciativa es omisa, que tenga una mayor transparencia, que se mejoren los controles del sistema, facilitar el acceso al crédito, abaratar las tasas de interés, facilitar el crédito popular y medio, eliminar comisiones onerosas y potenciar otras figuras como las cooperativas de ahorro y préstamo.

El dictamen que hoy nos ocupa hace referencia al sector más desprotegido por la banca privada.

Los bancos no prestan dinero al sector social de la economía, por eso debemos crear otras figuras e impulsar las que están, como son las cajas de ahorro y préstamo.

Estas cajas muchas no se han registrado a tiempo y realmente esta minuta fue con esa intención, además de lo ya comentado por el Senador Benjamín Robles Montoya.

La minuta tiene el objetivo de facilitar el proceso de regularización de las cajas de ahorro, procurar su salida ordenada, otorgar seguridad a sus socios, fortalecer la actuación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, objetivos que respalda el PRD, porque amplía el universo de las sociedades sujetas al apoyo del fideicomiso FIPAGO, permite que en la administración de estas sociedades la hagan personas que conozcan de las finanzas populares y no sólo consultores internacionales con recursos provenientes de organismos internacionales, como estaba actualmente en la ley.

Refuerza los mecanismos de creación de cooperativas, incrementa el sistema de evaluación periódica y faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a decretar medidas precautorias.

Por estas razones nuestro partido apoya esta minuta y, sin embargo, dejamos anotadas algunas omisiones que seguiremos insistiendo en la legislación financiera.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Vengo a razonar mi voto y a compartirles a ustedes algunas de las motivaciones de un voto a favor que es el que sin duda alguna habré de realizar sobre esta minuta, pero sobre todo la reflexión del enorme pendiente que quedará una vez aprobada la presente minuta.

Yo creo que si hacemos un recorrido por cada una de las 32 entidades federativas, difícilmente no encontraremos algún ejemplo de una caja de ahorro que ha defraudado a la gente.

Y lo digo porque en el caso de Guerrero, pero es un problema que hemos compartido con Oaxaca, con Puebla, hubo cajas de ahorro como la Caja COFIA, o como una caja denominada Productos Amor, que en la región de la montaña de Guerrero, que es la región más pobre del país, esa región que en la colindancia mixteca con Oaxaca y con Puebla, tiene los últimos índices de desarrollo humano y social, esta caja Productos Amor hizo una defraudación por un monto de alrededor de mil millones de pesos.

Tal vez se dice rápido y fácil, pero estamos hablando de alrededor de 6 mil 500 familias de las más pobres del país que fueron defraudadas precisamente por esta caja, gente que involucró los pocos recursos que tenían, los pocos ahorros en estas cajas que llegaron, tomaron el dinero y se fueron. Entonces, por eso es importante esta legislación.

Por eso es importante que en la parte de regulación tengamos distintas acciones preventivas, distintas posibilidades de monitoreo que en la legislación que estamos a punto de aprobar se fortalecen por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Pero a mí me preocuparía mucho, compañeras y compañeros, que nos pasara como ha ocurrido en otras ocasiones cuando se han tomado decisiones alrededor de las cajas de ahorro.

¿Cómo ocurre regularmente que el Congreso se involucre en este tema?

Pues es cuando se le da el tiempo, fechas perentorias a las cajas de ahorro, se van acelerando los tiempos, se piensa que se puede dar una prórroga, las cajas empiezan a involucrarse con los legisladores y ese ha sido el cuento recurrente de los últimos 12 años, cajas de ahorro que no están bien reguladas, cajas de ahorro que encuentran una legislación más bien de emergencia, más bien de coyuntura, que una legislación puntual para atender el principal problema que tenemos en el país entorno a los instrumentos de financiamiento que es cómo garantizar que en la región más pobre de Michoacán, que en el lugar más recóndito que pueda tener Jalisco, o que pueda tener Hidalgo, haya sistemas de penetración financiera, que haya penetración y bancarización.

En la medida en la que no lo logremos, siempre vamos a tener estos instrumentos precarios, cajas de ahorro que en la dificultad de la regulación que se tiene, siempre van a tener abierta la oportunidad de seguir defraudando a los más pobres, a los que no tienen información y a los cuales estos actores les han venido viendo la cara de manera recurrente.

De tal forma que quiero aprovechar esta tribuna para subrayar el enorme pendiente que tiene este Senado de la República en torno a la discusión que acaba de pasar en el periodo ordinaria anterior, que es la reforma financiera que fue votada precisamente por este Congreso de la Unión.

Y en aquella discusión el grupo parlamentario del PRD dejó en claro la necesidad y dejó asentado el compromiso por parte del gobierno federal y de manera particular por parte de la bancada el PRI, de que hagamos un amplio debate en torno a la Banca de Desarrollo Social, a la banca social, a la banca que nos permita garantizar que los instrumentos de penetración en las zonas más marginadas, encuentren verdaderamente un financiamiento.

De tal manera, compañeras y compañeros, que yo considero que este es un avance, que esta legislación es positiva. Pero que en la medida en la que no encontremos un buen instrumento de penetración en las zonas marginadas a través de una banca social sólida, con presupuestos importantes y con capacidad de mezclar recursos con la banca privada, con la Banca de Desarrollo Social, este problema que enfrentamos hoy de muchos miles de familias defraudadas en el país, no va a tener una solución de fondo.

De tal manera que votaré a favor de la presente iniciativa, pero espero que el compromiso que hemos subrayado en las Comisiones Unidas de Fomento Económico; y de Hacienda y Crédito Público, pueda ser ratificado en lo inmediato con un amplio debate para alcanzar la banca social que necesita nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presiente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ríos Piter.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente conforme al registro del sistema electrónico se emitieron 90 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y de la Ley para Regular las Actividades de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman los artículos Tercero y Cuarto de los Artículos Transitorios del Artículo Primero, del Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sobre cooperativas de ahorro. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, sobre incremento de penas por secuestro.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOBRE INCREMENTO DE PENAS POR SECUESTRO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la segunda lectura señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, iniciamos la discusión.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Gracias, señor Presidente.Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a nombre de la Comisión de Seguridad Pública a presentarles el dictamen de un tema que ha despertado mucha polémica, pero que no por ello debe evitarse ante la importancia que reviste en la consecución de mantener el orden público como una prioridad legal y ética del Estado mexicano.

Hoy, las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera, haciendo eco del clamor popular, estamos presentando ante ustedes un dictamen que busca el incremento de las penas a las que se harán acreedores todos aquellos delincuentes que incurran en cualquiera de los supuestos de la privación ilegal de la libertad tipificada en sus distintas modalidades por ser uno de los delitos que más lastiman a la sociedad mexicana en lo individual y en su conjunto.

Y nos atrevemos a afirmar de manera tajante, que es un tema controversial; sin embargo, este tema y este dictamen ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Seguridad Pública, pero les explicaré en qué consiste lo controversial.

Primero, porque confronta la valoración de los derechos humanos, y la reinserción social en la que el sistema penitenciario debe procurar hacia los delincuentes con las exigencias de la sociedad de castigar a estos delincuentes.

Y segundo, porque si bien está señalado con estadísticas que el incremento de las penas no inhibe el delito, el que delincuentes considerados como de alta peligrosidad no anden en las calles devuelve un poco de la tranquilidad que tanta falta le hace a la sociedad.

Estos argumentos se han expuesto infinidad de veces, algunos con cierta razón, otros más alejados de la realidad basados en cuestiones emotivas, y sobre los que si bien no vamos a ahondar en esta ocasión por falta de coincidencia total, sí puedo resumir como referencia algunos de ellos.

El principal, creemos en la comisión, que con penas tan agraviadas no se están respetando los derechos humanos de los procesados, privándolos del derecho fundamental de la libertad y el sano desarrollo cuando son sentenciados con penas elevadas en los casos de secuestro.

Que la prisión no debe ser vista como una venganza contra el delincuente, y que su objetivo debe ser la rehabilitación total, buscando su reinserción social como seres de provecho, que la imposición de penas tan elevadas es una forma disfrazada de cadena perpetua que condena al delincuente a no volver a su familia, negándole la oportunidad de recuperar su vida y reintegrarse a la sociedad productiva.

Se podrán utilizar argumentos lógicos, pragmáticos, legales y filosóficos, como los que ya he señalado, para defender los derechos humanos del secuestrador, pero tenemos que hacer un real examen de conciencia, y de manera objetiva en nuestro papel de legisladores y representantes de la defensa del bien para la sociedad, determinar si esta defensa de los delincuentes es válida ante la comisión de un delito infamante y con daños directos y colaterales graves que no culminan con el delito en sí, sino que siguen afectando a las víctimas a sus familias y conocidos de manera directa e indirecta en su integridad física, en su patrimonio, en su salud mental, con efectos que siguen causando daño de manera progresiva, a veces por el resto de la vida de las víctimas.

Si hablamos de los derechos humanos de los delincuentes, debemos de considerar que están primero los derechos humanos de las víctimas, a quienes se les ha privado de ellos por causas ajenas a su voluntad, irrumpiendo violentamente en su existencia y acabando de tajo con su plan de vida por sujetos que sabiendo que lo que hacían, constituye un delito, que rompían normas, que están actuando en contra del sistema penal que nos rige atacando a un inocente con premeditación, alevosía y ventaja, y que aún sabiendo las consecuencias negativas de sus actos, a sabiendas de que acaban con la tranquilidad de familias completas, que saben que van a ser sancionados, y que están poniendo en riesgo sus derechos, deciden cometer un delito de tan baja calaña.

Son ellos quienes decidieron poner en riesgo sus derechos y afectaron a personas que por ningún momento se imaginaron que iban a vivir el infiero al que fueron sometidos. En ninguna parte de nuestro sistema penal se contempla la imposición de penas como una venganza por parte del Estado, por lo que una afirmación de tal envergadura sería tendenciosa e infundada.

La imposición de penas es un castigo contemplado por la violación de normas penales, y si bien durante su cumplimiento se debe buscar la reinserción social del delincuente, éste debe ser proporcional al daño causado, y nadie, absolutamente nadie, mucho menos quienes han sido víctimas del delito o tienen personas cercanas que lo han sufrido, podrían negar que el daño que causan con el secuestro deja secuelas graves para toda la vida.

En otro punto, si buscamos un castigo proporcional al daño causado, tenemos que ver a las víctimas que son sometidas por días, meses y a veces por años a un cautiverio no merecido, en el que no se sabe cuál será su destino, encerrados la mayoría de las veces en condiciones infrahumanas, maniatados, golpeados, agredidos física y psicológicamente, muchas veces mutilados, y no en pocos casos privados de la vida.

Con familias que han perdido su tranquilidad para desenvolverse durante su vida cotidiana, que han perdido su trabajo, el patrimonio construido a lo largo de su vida con trabajo honrado para pagar rescates que muchas veces se cobran aún a sabiendas de que ya han matado a la víctima. A todos los defensores de los derechos de los secuestradores los conmino a que en un examen de conciencia digan cuál es la pena que se debe imponer ante ese delito para considerar que han cubierto el daño, a que deben de ser reinsertados a la sociedad, a la brevedad posible.

Que la imposición de penas tan prolongadas es un castigo que conlleva a que no vuelvan a ver a sus familias y que nunca recuperen la libertad y terminen muriendo en prisión, es una afirmación cierta. Si vemos el tiempo al que son sentenciados y al que lo serán, si es aprobada la reforma que hoy discutimos, es algo que no vamos a negar; pero acaso ellos no lo hicieron con sus víctimas.

Cuántos secuestrados no vuelven a ver a sus familias o aún regresando con ellos los han perdido por la afectación física y mental con la que los regresan sometiéndolos a una pena de por vida, peor a la de prisión, por el sólo hecho de haber sido escogidos por un delincuente.

Acaso no es más grave el encierro físico al que someten durante su cautiverio, y todavía más grave el encierro psicológico al que lo sentencian de por vida ante las secuelas que dejan las víctimas del delito de secuestro y los tratos infamantes a los que son sometidos, mientras que el delincuente disfruta de los bienes arrebatados por la fuerza a su víctima. Y si son sentenciados acaso no gozan de privilegios que les negaron a sus víctimas como alimentos sanos, actividades recreativas y educativas en prisión, con visitas de sus familiares y amigos, y un trato de respeto a sus derechos humanos que ellos negaron a las personas secuestradas.

Como ya se mencionó, también hablan de que se rompe con la presunción de inocencia al pretender elevar radicalmente las penas para los secuestradores, pero qué necesidad hay de defender lo indefendible con falacias. La presunción de inocencia se respeta, no hay pena alguna en contra de ningún presunto delincuente, la pena se aplica contra quienes han sido sentenciados y condenados después de cumplir con todas las formalidades del procedimiento, contra un delincuente al que le han comprobado su participación, se le va aplicar la pena a un delincuente, no a un presunto inocente.

Podría presentar una larga lista de estadísticas que se presentan a lo largo y ancho de todo el país, en cada una de las entidades federativas, pero considero que es ocioso, todos lo conocemos, han sido presentados por instancias gubernamentales facultadas para ello como el INEGI, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las instancias locales han sido presentadas por organizaciones de la sociedad civil, por los medios de comunicación, están al alcance de todos por cualquier medio que se imagine, y en todas hay una conclusión aterradora, el delito al secuestro se ha incrementado más allá de lo deseable, y de una manera aterradora cada vez es más violento, cada vez son más las personas secuestradas que son mutiladas o privadas de su libertad.

Con el incremento de penas no estamos hablando de venganza, de no respetar los derechos de los delincuentes, estamos mandando un mensaje claro a los criminales de que sus delitos no deben quedar impunes, y que no podrán evadir la acción de la justicia por escollos legales que también manejan cuando los encuentran.

Estamos mandando el mensaje a la sociedad de que nos preocupa la inseguridad en que viven y de que haremos lo que esté a nuestro alcance para regresarles la tranquilidad y preservar el orden público, estamos sobre todo protegiendo el bien que debe de prevalecer en la confrontación de derechos, que es el bien de los ciudadanos honestos, de los ciudadanos honrados. Estamos tratando de defender por encima de todo los derechos que deben tener las víctimas de este delito.

Esperando su comprensión al dictamen, sabiendo lo controvertido que es, quiero pedirles emitan su voto a favor haciendo un examen de conciencia más allá de banderas partidistas y pongan por encima de cualquier cosa el bien de los ciudadanos y el bien de los gobernados, los cuales nos eligieron para representarlos en este Senado.

Lo dije de inicio, y cierro con lo mismo, es un tema verdaderamente controvertido, pero creo que entre la defensa de los derechos de los delincuentes y la defensa de los derechos de los ciudadanos y de las víctimas, nos debemos de quedar con lo segundo.

Por su apoyo, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fayad Meneses.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, para presentar su voto particular, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del Reglamento.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Como bien lo ha dicho el Senador Omar Fayad, el dictamen de esta iniciativa, promovida por el Partido Verde Ecologista de México durante su campaña electoral, no solamente es profundamente polémico, sino es muy difícil de argumentar y de sostener.

Qué mejor ejemplo que la dificultad del propio Senador Omar Fayad para argumentar a favor de este dictamen, porque el planteamiento central que ha utilizado no tiene que ver con el centro de esta discusión. No es contraponer el derecho de las víctimas al castigo al delincuente, por supuesto que hay que establecer acciones de castigo punitivas penales, para castigar a todo aquel que comete un delito, y en particular, un delito con el profundo impacto social que tiene el secuestro; hay que castigar severamente a los secuestradores, pero hay que evitar caer en la simulación y en la demagogia.

Y por eso vengo a esta tribuna contra lo políticamente correcto a hablar en contra de este dictamen, porque efectivamente el secuestro y la extorsión son los delitos que más se han incrementado en los últimos años, y no solamente incrementado la incidencia delictiva, sino que el secuestro se ha extendido prácticamente a todos los estados y regiones del país, con un componente adicional, hoy las víctimas fundamentales afectadas por este delito son familias de bajos ingresos económicos, y hoy el secuestro se ha extendido a sectores socioeconómicos del sector popular, y vemos secuestros por mil, por dos mil pesos y que efectivamente agravian profundamente a nuestra sociedad.

Pero con esta reforma o esta propuesta no se va a resolver el problema del secuestro, en primer lugar porque existe una profunda impunidad en su combate, los datos que arroja el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública, señala que del 100 por ciento de los secuestros que se realizan en el país, solamente se denuncia el 3 por ciento, y el 97 por ciento de los mismos nunca se dan a conocer.

Por eso el principal objetivo de una Ley de Combate al Secuestro no está en castigar solo al 3 por ciento, sino enfrentar la cifra negra que representa la absoluta mayoría de los secuestros, que hoy no son denunciados.

Y ese es el debate central del dictamen, porque lo que se propone es el incremento de las penas por secuestro hasta por 140 años de cárcel como si sólo ese incremento fuera a garantizar el inhibir o disminuir el delito.

Hay que recordar, por ejemplo, en primer lugar lo que señala una investigación de la Universidad Complutense de Madrid, en donde concluye que el efecto disuasor de las sanciones formales, o sea la cárcel, solo es posible cuando existe una alta tasa de arrestos y condenas, lo que no sucede en este país, y estos tienen que ser de rápida ejecución después de la comisión del delito, puesto que la experiencia muestra que si estas dos condiciones, certeza en la detención y el castigo e inmediatez, no se dan si no se conjugan el efecto disuasor de las penas formales será escaso.

Yo me remitiría a la declaración que hace unos días hizo el Coordinador de la Comisión Nacional Antisecuestro, el licenciado Renato Sales Gasque, en el Foro de Seguridad Pública e Impartición de Justicia y Derechos Humanos, que se llevó acabo en el Puerto de Acapulco, el pasado 3 de abril, donde pide a todos los responsables de la procuración de justicia, dice el título de la nota de El Universal, pide el zar antisecuestros al Poder Legislativo evitar el populismo penal, el populismo punitivo y cito tres párrafos de esa declaración:

Renato Sales expuso que podría considerarse como turismo ingenuo creer que modificar la ley implica modificar la realidad, y eso no es así, y por eso llamó a los legisladores federales y locales a no hacer populismo penal y hacer modificaciones a las leyes que realmente impliquen modificaciones a la realidad, y planteó y puso como ejemplo en ese foro esta iniciativa que hoy estamos discutiendo, que busca elevar la pena, en el caso extremo de 70 a 140 años de prisión, lo que califica con la siguiente frase: la idea es simplemente aplicar la ley, no incrementarla, la mejor forma de abatir un delito es acabando con su impunidad. Y por eso resulta lógica la propuesta que el propio gobierno federal, a través de la Estrategia Nacional Antisecuestro ha señalado, que son diez medidas que no me voy a referir a todas ellas.

Habla del uso a la inteligencia, del fortalecimiento de las capacidades operativas en las entidades donde hay mayor incidencia del delito, de conformar la Base Nacional de Datos Criminales, de diseñar el Protocolo Unico de Atención Ciudadana al Secuestro, un modelo de reclusión de secuestradores en módulos especiales de los penales de alta seguridad, y el fortalecimiento de programas de atención a víctimas de secuestro para ofrecer un apoyo integral.

Por eso esta reforma no va a resolver el problema, si se quiere resolver el problema hay que atacar a fondo el delito; y además esta iniciativa tiene dos problemas adicionales, porque contraviene lo establecido en nuestra propia Constitución, y contraviene lo que el gobierno mexicano a suscrito en los tratados internacionales.

Y señalo, de manera muy puntual, estas penalidades propuestas no solamente no resuelven el problema, sino que implica renunciar al modelo constitucional que se ha establecido, pues se trata de penas que de acuerdo al artículo 22 de nuestra Constitución, están prohibidas y no corresponden a los fines que se persiguen con la reinserción social.

Se atenta contra lo establecido en el segundo párrafo del artículo 18 constitucional, que ofrece la garantía al sentenciado de rehabilitación y posterior reinserción en la sociedad. La imposición de la pena privativa de libertad debe de tener como finalidad la reinserción social del individuo, como lo establece el párrafo seis del artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que la imposición de una pena de prisión excesiva, como es la que se propone, viola este instrumento internacional.

Por ello, si bien es cierto que el delito de secuestro es uno de los más lacerantes y más graves cometidos en México, todas las experiencias a nivel internacional han demostrado que imponiendo mayor penalidad no es la forma idónea para combatir este delito, hay que mejorar los esquemas de operación policial.

Por eso, yo sé que esto es políticamente incorrecto, seguramente la aprobación que hagan ustedes el día de hoy de este dictamen, tendrá una gran difusión mediática, estará en los spots del Partido Verde diciendo que cumplieron con sus compromisos de campaña, aunque se viole la Constitución, se caiga en una simulación y no sea sino más que nada una reforma demagógica que no va a resolver el problema y sí vagenerar mayor desconfianza en la población en el momento en que podrán castigarlos por durante muchos años, pero el 97 por ciento de los delincuente seguirán actuando con absoluta impunidad.

Por eso vamos a votar en contra, como lo hemos hecho siempre, contra esa tesis falsa de que el endurecimiento de las penas y el incremento de la población penitenciaria lleva a la disminución del delito, lo cual ha fracasado en todos los estados y en todos los países, para mejor pensar, como lo dice su propio comisionado en materia de combate al secuestro en tareas de inteligencia y en tareas de aplicación efectiva de la ley, para que estos delincuentes paguen sus castigos y al mismo tiempo se repare el gravísimo daño que han hecho a sus víctimas.

Por eso votaremos en contra.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

(Voto particular del C. Senador Alejandro Encinas Rodriguez)



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Para la discusión en lo general, informo a la Asamblea que se han inscrito los siguientes Senadores: Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, en contra, Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, a favor, Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, para razonar su voto, Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, a favor, Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, María del Pilar Martínez, del grupo parlamentario del PAN, a favor, Armado Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, en contra, Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, en contra, Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD, en contra, Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, en contra, Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM a favor, Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, a favor, Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI y Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI, a favor.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para hablar en contra, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señoras Senadoras y Senadores, o buenas noches, casi, buenas noches.

El dictamen que motiva nuestra intervención propone establecer reformas a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de nuestra Constitución, y establece sanciones a ciertas conductas que equiparan a la, sí, es verdad, a una prisión vitalicia, eso es verdad.

Me parece que lo que establecen al duplicar las sanciones en los artículos 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 y además el 25 el único que hago excepción es en los artículos 13, del Código Penal Federal, pues me parece no deben ser aceptados.

Dice el dictamen que el estudio sobre las penas de la prevención, y dice, la reinserción social del reo, nos llevan principalmente a encontrar y valorar los argumentos y métodos científicos que nos llevarán a fijar una postura que atienda este fenómeno social en crecimiento.

No está en discusión que tenemos un grave problema en México, gravísimo, del incremento de secuestro en todas sus formas.

Hay secuestros de manera preponderante, a propósito de daños colaterales por la lucha contra el narcotráfico, de los jefes, de los capos, de los cárteles que han dejado bandas desarticuladas, armadas, y que se dedican al secuestro, efectivamente, en los barrios, en los pueblos, a personas, no solamente de clase media-alta; o pudiente, sino de clase media-baja; eso es verdad, ese es un problema que no podemos ocultar.

Y decir aquí que debe prevalecer la defensa de los derechos humanos de las víctimas por el ver los derechos humanos de los delincuentes, me parece que ese es un absurdo fenomenal, bizantino, que aquí nadie puede sostenerlo.

Este proyecto de dictamen que se pone a consideración, efectivamente, también se contrapone con lo que ha dicho el coordinador nacional para el combate de este delito, que nos ha llamado, Renato Sales Heredia, nos ha llamado la atención que solamente tres estados de la República, Chihuahua, Nuevo León y Puebla, han constituido sus unidades de antisecuestro con una estructura operativa eficiente. El resto del país, no, ni siquiera a nivel federal. Perdónenme, ese es el problema.

El establece, desde esta encomienda que tiene a partir de enero de 2014, efectivamente 10 ejes que aquí mencionó mi compañero Alejandro Encinas, y me parece que hay que atenderlos, no tienen desperdicio.

El uso de inteligencia por encima de la fuerza; fortalecimiento de capacidades operativas en las entidades, en particular, en aquellas 10 entidades donde hay mayor índice del delito, ya repetí, solamente hay tres estados que lo han hecho; trabajo con congresos locales y gobernadores para ajustar el marco jurídico homologando criterios; base nacional de datos criminales; campaña en medios de comunicación sobre prevención y denuncia; atención ciudadana de secuestro; vigilancia y evaluación permanente de todos los elementos que integran las unidades antisecuestros del país; un modelo de reclusión de secuestradores en módulos especiales de los penales de alta seguridad; fortalecimiento de programas de atención a víctimas de secuestro y, además, ofrecer un apoyo integral, así como la creación de la coordinación nacional antisecuestro.

Estas reformas que hoy estamos a punto de aprobar o desaprobar, efectivamente, se contraponen con la Constitución en su artículo 18 respecto al concepto que tiene que prevalecer sobre la reinserción social, pero también, por supuesto, que se contrapone con otros dos principios importantes que están establecidos en el artículo 22, que tienen que ver con la prohibición de penas inusitadas o trascendentes y el otro principio que tiene que ver con la proporcionalidad.

Casi estuve a punto de escuchar, si me permiten decirlo con todo respeto, aquella consigna de campaña en donde se decía: “No volvamos, por cierto, a esa discusión de que los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas”.

De aquí a lo que sigue, es volver a discutir la cadena perpetua, que es esto, la prisión vitalicia, y por supuesto otra vez volver a discutir la pena de muerte. Eso es realmente pernicioso porque estamos frente a un dictamen que es inconstitucional, inconvencional y, por supuesto, es totalmente pernicioso para nuestra política jurídica que prevalece a partir de 2008 en nuestra Constitución.

No es, perdónenme, que estemos a favor de quienes perpetuan este tipo de delitos, de ninguna manera.

A mí me gustaría muchísimo que visitásemos las cárceles de este país, la gran cantidad de personas que entran y las que salen, es una diferencia que realmente nos debe preocupar.

Una persona en la cárcel que tiene una privación de libertad como la que están aquí planteando duplicar, por supuesto va a ser incontrolable en los reclusorios, y claro que no va a tener opción el secuestrador frente a la sanción de 140 años, claro que va a optar por matar, por asesinar a las víctimas, eso es lo que está en el fondo, eso es de lo que tenemos que realmente preocuparnos; lo demás es un mito, no se ha comprobado en ninguna parte del mundo, que ni con la pena de muerte ni con sanciones de privación vitalicia como las que están aquí planteando se resuelva el fenómeno de la criminalidad, y en este caso del secuestro, es lo que dicen, efectivamente los expertos, un populismo punitivo.

Me parece que hay que alertarnos a analizar de manera mucho más tranquila este dictamen y no cometer el error que aquí estamos a punto de cometer y no confundamos la discusión.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora de la Peña Gómez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señor Presidente.

Venimos a discutir un dictamen, en efecto, polémico, pero yo quisiera remontarme a algunos años, en los años 80’s cuando se cometía un secuestro, la población en general se indignaba y hacía todo lo posible porque ese delito fuera sancionado con la mayor de las fuerzas.

Han ido pasando los años, han ido aumentando los números de los secuestros y pareciera que nos vamos acostumbrando a ellos, pareciera que los contamos como números, el 20 por ciento en el mundo, aumenta en los últimos años, y nos hemos ido acostumbrando a que puedan secuestrar a una persona, a que puedan vulnerarla en todos los sentidos de su vida, a que vulneren a su familia, a que vivan horas y días de incertidumbre, de angustia insufrible, y a que se convierta en, a veces, un pretexto.

Hoy un grupo de legisladores han pedido que aumente la pena, y me parece que lo que están haciendo y que es atendible también, es volver a llamar la atención sobre lo inacatable que es privar de la libertad a una persona, o a 20, o a cientos de personas que viven el secuestro en nuestro país.

Es cierto que las penas en la cárcel, en condiciones difíciles, difícilmente van a ir a la rehabilitación o reinserción social, pero también eso es un mito que van ir a la cárcel y van a tener rehabilitación.

La pena y el aumento en la pena, en lo que influye es en un aprendizaje social, la gente aprende de lo que ve, y si se ve sancionada va a disminuir sus conductas, pero si ve que hay impunidad, y en eso coincido con el Senador Alejandro Encinas, va a seguir haciendo las conductas que están prohibidas, pero que pocos o muy pocos castigan.

A mí me parece que el mensaje en el fondo de aumentar las penas frente a quien secuestra es decirle que esta comunidad no la acepta y que tenemos que volver a alarmarnos, a indignarnos, a censurar absolutamente a quien se atreve a privar de la vida a un niño o a una mujer embarazada, a quitarle una parte de su cuerpo, a anunciar, a tener a la gente en la zozobra, en la angustia, que son reprobables.

También creo que además de volver a alarmarnos, además de poner en focos los más rojos en la reprobación absoluta el secuestro, tenemos que volver a otro tipo de acciones, como recuperar el sentido de la vida, en todos los sentidos, recuperar la cultura o construir una cultura de prevención, de respeto, de legalidad, de vivir en comunidades, no exacerbar en este tema de que, tú tienes derechos inalienables y no importa que lastimes a otros, no, vivimos en comunidad y nadie puede lastimar a otro si no los cuida, tenemos que volver a aprender del respeto a la vida, del respeto a la vida en comunidad y de sancionar a quien no respeta la vida y a quien no respeta a la comunidad.

Sí entiendo que sea polémico, sí entiendo que es a veces contradictorio el tema de la reinserción, pero hagamos realidad la estrategia de reinserción, y luego hablemos de reducir las penas.

Nosotros, por lo menos yo voy a votar a favor del aumento de las penas en caso de los secuestros.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, para hablar en contra del dictamen.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su permiso, señor Presidente, muchas gracias.

No cabe duda que el secuestro es un horror para la sociedad.

No cabe duda que esta acción es extremadamente grave.

No cabe duda que debe castigarse a los criminales, yo creo que todos estamos convencidos que eso es así.

Sin embargo, aquí se han expresado posiciones muy claras que deben de ponernos a reflexionar.

El sistema mexicano penal establece desde hace muchos años el sistema de readaptación de los delincuentes, es una medida que está de acuerdo con la teoría moderna, actual de las penas, la readaptación. ¿Por qué? Porque comentaba yo hace un momento, la sociedad no puede ser vengativa, no indicativa, el Estado no puede convertirse en un vengador; el Estado tiene que tomar medias que correspondan al fenómeno y eso está en múltiples leyes que se han venido estableciendo de readaptación de los sentenciados.

La iniciativa que propone este incremento de las penas es inconstitucional, ya lo mencionó el Senador Alejandro Encinas, claramente es inconstitucional, no va a resistir la constitucionalidad de este hecho.

El artículo 18 dice: el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos; a mí me parece, con todo respeto a que lo que aquí se ha dicho, que los derechos humanos de los delincuentes son menos importantes que los derechos humanos de los agredidos, de las víctimas, los derechos humanos son derechos humanos para todos, son derechos humanos y están considerados en los tratados internacionales que hemos suscrito en esta materia, de manera que el sistema se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, es una brutal violación a los derechos humanos de los peores delincuentes que podemos señalarlo sin duda alguna, decía Alejandro Encinas que es lo políticamente correcto, no, es una apariencia de lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto es, para empezar, independiente de todo, aquí está en la Constitución.

A través del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.

Esto establece el artículo 18 de la Constitución, de manera que ese planteamiento, con todo respeto, es inconstitucional.

También, y aquí ya se mencionó, el sistema de penas trascendentales está prohibido, artículo 22.

Lo leo: Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento en cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otra penas inusitadas y trascendentales, toda pena será proporcional al delito, etcétera.

Estos dos artículos hacen inconstitucional esta iniciativa, y por eso debe votarse en contra.

Dice la Senadora Calderón Hinojosa, que por cierto ha tenido razón en muchas cosas, verdad dice la Senadora Calderón Hinojosa, y toca el tema, dijo: que no se bajen las penas, mientras no funcione el sistema de readaptación social. Y tiene razón.

Podemos decir, es que el sistema de readaptación social no funciona, es que no hay readaptación, es que no hay educación en las cárceles, es que no se cumple este principio. Pero eso es responsabilidad del Estado.

Y lo que tenemos que impulsar es, con esta preocupación, verdad, lo que tenemos que impulsar es la readaptación de verdad, y no la falsa actitud de las prisiones, en donde están juntos los delincuentes y los celadores que son delincuentes también. En donde están los directores de las prisiones auspiciando el delito, en lugar de cumplir su función.

Entonces, yo diría, no hay que equivocarnos, los derechos humanos, perdón, son generales. Tenemos suscritos tratados internacionales que prohíben, y ya son parte de la Constitución, estas medidas de venganza social.

No lo hagamos, vamos a luchar porque el Estado cumpla su responsabilidad, como decía la Senadora Calderón Hinojosa, mientras no lo hagan, bueno, pues vamos hacer que lo hagan.

Es responsabilidad del Estado lo que está ocurriendo. Si no hay readaptación, porque no la hay, es responsabilidad del gobierno federal, de los gobiernos locales, del gobierno del Distrito Federal, eso es lo que tenemos que atacar, para evitar que sean las cárceles, como se sabe y se dice, son escuelas del crimen.

Para evitar los secuestros, que sabemos que se organizan desde las cárceles. Cómo es posible que no haya seguridad alguna para evitar que haya contacto adentro y afuera.

Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es atacar el problema en la raíz. Ya no toquemos otros aspectos, porque parecería justificar el delito.

Pero este país, nuestro país, está en una quiebra moral.

La corrupción está en todos lados, ya no digamos en PEMEX, que aquí está el Senador David Penchyna, especialista. Todos los delitos que ocurren con los directores de PEMEX, con todos ellos.

De manera que este país no tiene empleo, no crece, no tiene oportunidades para nadie. Eso no justifica, pero también es un caldo de cultivo.

No vayamos a las penas trascendentales, no vayamos a violar la Constitución, vamos a luchar, porque los gobiernos cumplan con la función y las cárceles no sigan siendo un lugar de escuelas de delincuentes.

Es lo que hay que hacer, no violar los principios que establecimos ya ese tiempo y que no cumplimos.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Primero que nada decirles, que no es difícil argumentar cuando se está convencido de lo que el día de hoy vamos a votar y de una propuesta, que no lo ha hecho el de la voz, a título personal, sino es un clamor nacional.

Aquellos que salimos a hacer campaña; aquellos que salimos recorriendo nuestros estados; aquellos que escuchamos, efectivamente, como lo ha dicho, hoy a los más necesitados y que los lastima y lacera este grave delito, que es el secuestro.

Existe un agravio generalizado en la sociedad mexicana. Nadie dice aquí, que simplemente con el incremento de penas vamos a lograr nosotros terminar con este delito.

Estamos convencidos que tiene que ser a través de acciones conjuntas.

Quiero decirles que escuché con atención el voto particular, y los argumentos en donde se centran para señalar que duplicar las penas en el delito del secuestro, según se apunta por mi compañero Senador, no son una medida eficaz para cambiarla.

Aquí se argumenta de la impunidad, mayor predisposición a la violencia, la imposible reinserción social y un populismo penal o un populismo mediático de mi partido.

No ha sido un populismo mediático, ha sido parte de nuestra plataforma política, que en congruencia venimos a cumplir con la palabra empeñada con los ciudadanos.

Nosotros lo ofrecimos, y aquí venimos a cumplir.

Para atender la impunidad, este Senado de la República aprobó el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es un paso más en la implementación de un sistema de justicia penal acusatorio, con reglas más claras y con una mayor transparencia.

Precisamente lo que impulsó la transición a un sistema penal oral, fue la opacidad, las altas cifras negras en diversidad de delitos y la corrupción.

En relación a qué penas más duras los criminales presentan mayor predisposición al homicidio, señalo que uno de los objetivos de duplicar las penas, es que las víctimas tengan la seguridad, de que los secuestradores pasarán en los centros penitenciarios, el tiempo que dicte la sentencia, por ello se reducen las posibilidades de que las víctimas sufran de represalias.

Esta situación permitirá que las víctimas denuncien con menor temor a su integridad.

Por otra parte, elevar las penas no anula la posibilidad de la reinserción social, por dos motivos principales:

Primero, durante el tiempo de reclusión, los secuestradores pueden acceder al tratamiento médico para su reinserción.

Y segundo, debemos considerar que para el delito del secuestro, también hay penas mínimas.

Compañeras y compañeros Senadores, con la legislación vigente, si una persona comete el delito del secuestro, pero libera a su víctima dentro de los tres días siguientes, hoy la pena es de dos a seis años de prisión.

Esos tres días de cautiverio, significan 72 horas de vejaciones y agresiones emocionales; representan 4,320 minutos de miedo y 259 mil 200 segundos de incertidumbre, que cambian radicalmente la vida de una persona y de sus seres queridos.

Si una persona de 35 años de edad fue secuestrada tres días y su esperanza de vida es de 75 años, esta víctima y su familia vivirán por 40 años con las secuelas que deja el secuestro.

En cambio, el secuestrador con las penas vigentes, estará de dos a seis años en la cárcel.

Precisamente en estos casos radica la importancia de duplicar las penas. Con la aprobación del dictamen la pena mínima será de 4 a 12 años de prisión, y en este periodo existe la posibilidad de trabajar en la reinserción.

Pero saben, incluso 4 años son pocos para un delincuente que en tan sólo 72 horas acabó con la tranquilidad, la seguridad, la estabilidad emocional y hasta la economía de una familia.

Lamentablemente la sensación de inseguridad, de intranquilidad de todas y todos los mexicanos a ser víctimas del secuestro, ya no sólo se restringe a un cierto sector socioeconómico en específico. Anteriormente el secuestro simplemente afectaba a esos grandes empresarios, a las familias con altos recursos económicos.

Hoy es una triste realidad, las familias más pobres, aquellos de las comunidades más alejadas, los asalariados, los comerciantes, las clases medias, los estudiantes, son y han sido el nuevo blanco de los secuestradores.

Incrementar las penas no es populismo penal, respeto a las personas que tienen esa opinión sin embargo, en la propia Estrategia Nacional Antisecuestro, reconoce que se deben tener medidas diferenciadas y contundentes para combatir el secuestro.

Dicha estrategia al proponer un modelo de reclusión especial para secuestradores, implícitamente reconoce la necesidad de medidas de seguridad y tratamiento penitenciario específicos para este tipo de delincuentes.

Es un tratamiento diferenciado porque los secuestradores atentan contra la vida, contra la libertad y contra la libertad de las personas.

Un ejemplo que hoy quiero darles de ese incremento de penas, con resultados tangibles, no simplemente con encuestas, lo encontramos en el estado de Chihuahua.

El gobernador César Duarte Jaques tuvo la valentía de combatir frontalmente a los criminales con decisiones firmes, sin atavismos, enviando una iniciativa al Congreso del Estado.

Desde el 2010 la legislación penal en el estado de Chihuahua establece la prisión vitalicia para los delitos de secuestro, extorsión y homicidio múltiple.

El gobernador César Duarte se comprometió con los ciudadanos a abatir el alto índice de los secuestros en el estado. Y ¿saben qué? Les cumplió.

Les cumplió a los chihuahuenses en una labor conjunta entre el Congreso del Estado y el Ejecutivo local. Se logró reducir los índices de comisión del delito del secuestro.

Aquí contamos con una ex funcionaria de su administración que fungía como Secretaria de Gobierno, la Senadora Graciela Ortiz.

De acuerdo a las cifras de la fiscalía estatal, el número de plagios en el estado de Chihuahua se ha reducido en 91 por ciento, al pasar de 130 casos en 2010 a 32 en 2013, y a sólo 1 en lo que va del presente año.

Aprovechemos la experiencia que nos deja el estado de Chihuahua para que a nivel federal el Legislativo y el Ejecutivo, en sus relativos ámbitos de competencia, trabajemos en conjunto para reducir al mínimo el secuestro en México.

Duplicar las penas a los secuestradores no es populismo penal, es un clamor ciudadano.

Mi voz en estos momentos, ya lo dije, es la voz de muchos mexicanos, de muchas y muchos zacatecanos a los cuales me honro en representar en este Senado de la República.

Lo políticamente correcto es cumplir con el compromiso que hicimos de frente ante los ciudadanos, no ignorar las promesas que les planteamos.

Compañeras y compañeros, ojalá tengamos tiempo de continuar con este debate para hablar del tema de inconstitucionalidad que se ha dado aquí.

Ojalá y pudieran revisar, y me ofrezco a acercárselos, compañeros Senadores, que lo han expresado aquí, las tesis de la Corte, los antecedentes que se tienen; no de 2001, sino la de 2011. Ojalá los podamos compartir.

Entiendo que es un tema polémico, pero no lo veamos como algo electoral, veámoslo como un beneficio y una respuesta que le tenemos que dar como Poder Legislativo a todas y todos los mexicanos.

Ojalá nos puedan acompañar con su voto a favor, como lo habían hecho ya en la comisión.

Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Puente Salas.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen.

- El C. Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

No voy a abundar en lo que ya han expresado mis compañeras y compañeros del PRD y el Senador Manuel Bartlett, se han referido a la inconstitucionalidad de esta reforma, a cómo contraviene lo que establece la Constitución, que impide establecer la cadena perpetua. Ese es el tema legislativo, el tema donde debemos ser responsables y no ir en contra de la Constitución para permitir se cumpla lo que electoralmente se ofreció por un partido de manera irresponsable, por cierto.

Pero no vengo a hablar de eso, vengo a hablar de lo que son los secuestros, de lo que implica un secuestro y a pedir que no se burlen de la sociedad.

He sufrido, mi familia ha sufrido lo que es un secuestro y lo que es perder a un familiar por un secuestro.

Y cuando se habla aquí de números, se pretende también frivolizar con los números. Sí hay estadísticas, por cierto, por supuesto que sí. Se habla que sólo el 3 por ciento de los secuestros, sólo el 3 por ciento se denuncian. El 97 por ciento es la cifra negra.

Pero cuánto de lo que se denuncia se resuelve. Es mínimo, no llega ni al 1 por ciento.

Para qué queremos entonces elevar las penas si no tenemos ni siquiera la capacidad para que eso que es mínimo que se denuncia, resolverlo.

Y es el caso de mi familia que pasó a ser un número más. Que denunciado el secuestro, la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala simple y sencillamente guardó la denuncia; no hizo absolutamente nada para tratar de rescatar a mi familiar.

Y después ya en esta administración pedí el apoyo de la PGR. Simple y sencillamente no se hizo nada tampoco.

Este es el sentir de la gente. La gente no está pidiendo 140 años, está pidiendo que le atiendan esto que no se atiende el día de hoy.

Y veo que lo que se hace aquí es simplemente frivolizar este tema. Es simple y sencillamente populismo. Claro que es populismo. Por supuesto que es populismo.

La discusión está entre si son 70 ó 140 años. Póngale 1,000 años, si así piensan que la gente les va a aplaudir más, 140 años.

¿Estamos legislando con responsabilidad? No. Es muy irresponsable lo que están haciendo.

Esto, señoras y señores, no tiene otra palabra. Esto es una infamia, esto es una burla a quienes hemos sufrido en carne propia esta desgracia de sufrir un secuestro.

Ojalá y recapaciten, señoras y señores.

Ojalá y no se burlen de la sociedad.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Sánchez Jiménez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Acudo a esta tribuna profundamente indignado por la forma en la que se está tratando este tema, después de haber escuchado al Senador Carlos Puente, mi indignación se incrementó, mi molestia, hace tres años y medio, estando yo en mi oficina me habló mi esposa, me dijo, que su padre había sido secuestrado; después de esas horas, minutos, que en una prosa muy romántica, muy llena de connotaciones literarias señalaba Carlos Puente, mi suegro fue liberado, junto con su esposa, y como secuela de ese secuestro, murió.

Entonces, a mi me preocupa enormemente que un tema tan indignante, tan sentido por la sociedad mexicana, se trate con esta banalidad, con esta frivolidad.

Yo les preguntaba hace rato a los compañeros del Partido Verde, por qué no decidieron poner 180 años ó 130 ó 125, no hay respuesta, porque es un tema que ellos han manejado bajo la lógica electoral; seguramente revisaron hace algunos años qué tema más le dolía a la gente, casi 105 mil temas de esta naturaleza que implican muertos, fallecidos, secuestrados en la encuesta del INEGI, pues ellos seguramente dijeron este tema pega, este tema es algo en lo que hay que estar como partido político, pongamos la pena de muerte, y ahora, pongamos el incremento de una pena.

Y me siento indignado, compañeras y compañeros, no por el Verde, sé la frivolidad con la que tratan y construyen su agenda legislativa, me siento indignado porque el partido en el gobierno y un partido que estuviera en el gobierno le quieran dar salida a un tema de esta naturaleza, de esta preocupación y de este sentimiento por parte de la sociedad para sacar, como si fuera un asunto más de la lista, y decir, bueno, mandemos una señal de que estamos haciendo algo; 140 años Senador Puente Salas, significarán que ese secuestrador que ahora entre a una cárcel en Zacatecas, en Acapulco, en Guerrero, en cualquier lugar, pueda seguir haciendo los secuestros desde ahí, desde el centro penitenciario, si usted no lo sabe, revise bien cómo funciona el tema del secuestro.

Porque así fue secuestrado mi suegro, desde un centro penitenciario, y les puedo asegurar que si aquí nos pusiéramos a revisar el tema, de la mayoría de los secuestros, se realizan precisamente en esos centros penitenciarios.

Por eso, compañeras y compañeros, acudo especialmente al partido en el gobierno.

Hay diez puntos que ustedes han exhibido como parte de una plataforma de tratamiento a este tema. Este tema es inconstitucional, pero me parece que darle solamente un litigio de carácter jurídico es equivocado; yo les pido que ustedes no caigan en la trampa de estar construyendo una agenda frívola para tratar los temas que le duelen a la gente en el país.

Y he recorrido el estado de Guerrero, donde hice campaña, y sé que es el tema que más le duele a la gente de Guerrero, el tema del secuestro porque estamos en los primeros lugares.

Pero no me permitiré, como Senador de Guerrero, y como ciudadano mexicano, a ser la comparsa de un planteamiento vacío y un planteamiento hueco.

Y ahí está la Senadora por Chihuahua, Graciela Ortiz, quien fue aludida; sé que los indicadores en Chihuahua han descendido, pero yo le preguntaría, y ojalá que ella suba a tribuna porque este debate es de fondo, sí ha sido el incremento de la pena o ha sido todo el acondicionamiento integral que se ha hecho, desde el rescate de los jóvenes, la atención a los jóvenes que antes estaban solamente dispuestos a ser atendidos por el crimen organizado, ha sido el reforzamiento que se ha hecho en los centros penitenciarios, ha sido el combate a la corrupción que se ha hecho, ha sido la posibilidad de tener un marco integral, compañeras y compañeros.

Yo no me permito ser partícipe de una farsa de este tipo, y sobre todo, como miembro de una generación de políticos que espero que cambiemos al país, invito al Senador Puente Salas, y sobre todo a los compañeros del Partido Verde, a que no voten a favor de esto, porque solamente tiene atrás un tinte de campaña política.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ríos Piter.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Gracias, señor Presidente.Compañeras y compañeros legisladores:

Simplemente para hacer algunas sumas y restas en el argumento en contra de este dictamen que quizá no van a poder ser vistas por las notas de prensa, que seguramente mañana van a circular, pero que debemos de poner en consideración antes de generar falsas expectativas a la gente de nuestro país.

Según el INEGI, en el 2012 hubo 105 mil plagios en nuestro país, 105 mil, de esos, solamente hubo 2,431 denuncias. Decía el Senador Alejandro Encinas, el 3 por ciento de los casos, bueno, es un poco menos del 3 por ciento de los casos.

Pero, lo más grave es que de esas 2,431 denuncias solamente se iniciaron 401 procesos; y de esos 401 procesos, en 2012, sólo hubo 209 sentenciados.

Entonces, de qué estamos hablando aquí, del 0.0019 por ciento de los casos de secuestro en nuestro país. Esos van a permanecer en la cárcel más tiempo si aprobamos esta iniciativa.

¿Va a resolver el problema? Por supuesto que no.

¿Qué va a lograr esta iniciativa? Que el 0.0019 por ciento de las personas que cometen un delito como el secuestro, estos delincuentes permanezcan más tiempo en la cárcel. Nada más.

No engañemos a la población. Estamos siendo hoy considerados el segundo país del mundo con más secuestros, es un tema muy serio, y por eso, como dice el Senador Puente Salas, él está convencido en que hay un clamor ciudadano, y un clamor nacional; por supuesto que lo hay.

El clamor es que se detenga el delito de secuestro. No hay un clamor por las penas. No hay clamor de gente diciendo, incrementen las penas para que el 0.0019 por ciento permanezca el doble de tiempo en la cárcel.

El clamor es porque detengamos el delito. ¿Esta iniciativa detiene el delito? ¿Inhibe a los secuestradores? Por supuesto que no.

Es, como lo manifestó el Senador Puente Salas, un tema, lo dijo él, de su campaña electoral, de la campaña electoral de su partido, un tema programático, y por supuesto que lo es. Es más, yo le recordaría que es un tema dosificado, hay que recordar, y cito el boletín 53-09 del Partido Verde Ecologista, del 26 de marzo de 2009, que se titula “Todo Un Exito la Iniciativa Para Restaurar la Pena de Muerte a Secuestradores que Asesinen o Mutilen a sus Víctimas”. Un boletín del Partido Verde, así lo dijo.

Y, en el encabezado dice: la Pena de Muerte que se Aplique en Algunos Estados de la Unión Americana, le recuerdo de muchos casos a mexicanos, ha tenido un efecto intimidatorio. Eso es falso.

Hay que reconocer que hay temas que aunque estén en la plataforma política de un partido como lo ha estado el asunto de la pena de muerte para el Partido Verde, puede estar equivocado.

No digo yo que esté equivocado, en su momento, en un foro llevado a cabo en la Cámara de Diputados, el entonces Subsecretario de Asuntos Jurídicos, Daniel Cabeza de Vaca, les dijo a los del Partido Verde una cosa, el problema contra la inseguridad no son las penas.

¿Cuál es el problema contra la inseguridad?

Pues que los delincuentes sepan que hay consecuencias de sus actos antisociales, y que esas consecuencias influyan en su toma de decisiones antes de cometer delitos. Así de sencillo.

Por lo tanto, el castigo no previene por sí mismo la comisión del delito; podrá generar un sentimiento de que hay una pena mayor, pero no inhibe el delito, lo inhibe o por lo menos servirá, repito, para el 0.0019 por ciento, pero el 99.998 por ciento seguirá impune.

Aquí lo que debemos de considerar es que para atender este clamor popular del que se habla, hay que hacer cuatro cosas muy sencillas: Uno, lograr que la gente denuncie. Y como digo, 105 mil secuestros; y 2,400 denuncias, me parece que es muy claro lograr que la gente denuncie. Se rompió la confianza con las instituciones, logremos que la gente vuelva a confiar y vuelva a denunciar.

Segundo, que el Ministerio Público inicie procesos e inicie averiguaciones con el debido proceso para que, tercero, esas averiguaciones terminen en procesos de sentencia.

105 mil secuestros en 2012, y solamente 209 sentenciados; ahí está el problema, el que no lo quiera ver, es porque atrás de esto, entonces hay una agenda diferente a la de atender el clamor nacional ciudadano, porque México deje de ser el segundo país con más secuestros en el mundo.

Es un tema que además está planteado así por quien es hoy la autoridad en el tema de, no solamente combate, de prevención al secuestro, Renato Sales, reconocemos su autoridad, reconocemos su conocimiento en el tema y apoyamos en este caso a este funcionario del gobierno federal, y por eso nuestro voto será en contra.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, desde su escaño.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Desde mi escaño quisiera aportar dos datos importantes que pueden ilustrar el debate esta noche y que nos pueden ayudar para salir más rápidamente de este embrollo en el que nos hemos metido. El primero de los datos es mencionarle a los compañeros que han hablado en contra del dictamen, que los congresos locales ya han aprobado en sus códigos penales el castigo de prisión vitalicia, Chihuahua, Estado de México, Puebla, Veracruz y Quintana Roo, para delitos como secuestro, homicidio, extorsión y violación.

Y también quiero ilustrarles que el día 6 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la aplicación de cadena perpetua en México no viola la Constitución, pues es equiparable a la prisión vitalicia.

Por último, aquí no estamos hablando de cadena perpetua ni de prisión vitalicia, sino se está duplicando el número de años de la pena, aunque la interpretación pueda ser que, claro, vamos a poner una pena que por el número de años, 140 años, pues evidentemente podría equiparase a cadena perpetua o a prisión preventiva.

Sólo para ilustrar a la Asamblea estos datos, y la moción de procedimiento que quiero hacerle, señor Presidente, es que habiendo ya intervenido más de cinco oradores en contra del dictamen, le pido someta a la consideración de este Pleno si está suficientemente discutido para que podamos pasar a la votación en general y posteriormente a las reservas que se hagan del mismo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fayad Meneses.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente, si me permite una pregunta el Senador Omar Fayad.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Ya concluyó la intervención el Senador Omar Fayad, primero el orador tendrá que ver si acepta, pero ya terminó de hablar.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Señor Presidente, precisamente hice la ilustración a la Asamblea para salir de este embrollo, y le ruego esta moción de procedimiento, someta usted a consideración de la Asamblea, si está suficientemente discutido este dictamen.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente, es sólo una pregunta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: No aceptó la pregunta el Senador Omar Fayad.

Antes de hacer la consulta al Pleno, como estaba ya anotado en la lista de oradores el Senador Miguel Barbosa, inmediatamente pondremos a la consideración del Pleno la propuesta que ha hecho el Senador Omar Fayad Meneses.

Tiene el uso de la palabra, Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Bien, parece que este debate ya se enriqueció, y sin duda de un tema muy importante. Hemos mantenido un lenguaje adecuado y construye para el Senado este tipo de debates, de intercambios.

Yo quiero hacerles una pregunta a todas y a todos los Senadores, ¿cuál es la obligación de un legislador o legisladora? La primera obligación es hacer la buena ley, es la primera obligación antes de verse como aliados entre fuerzas políticas, que es legítimo, antes de verse como legisladores y políticos que respalden un programa político, tenemos que ser buenos legisladores; y tenemos que tener la obligación de crear la buena ley.

La buena ley tiene como primer requisito, que se enmarque en el sistema constitucional vigente del país donde son legisladores.

¿Cuándo se enmarca una modificación a una ley penal?

Hay dos elementos, y hay otros más, dos principios: no ser aplicables ni previsibles penas inusitadas, y en el sistema penitenciario atender al sistema de rehabilitación o de reinserción social del delincuente.

Es la primera pregunta.

¿Si estamos construyendo una buena ley, como obligación de legisladores, de buenos legisladores, o estamos atendiendo alguna obligación de lealtad o de alianza político-legislativa? Es una buena pregunta que nos debemos de hacer, porque sabemos todos que estas reformas que aumentan la penalidad en las diferentes modalidades del delito de secuestro, están en contradicción con la Constitución.

Cuántos años yo pediría para quien secuestre a un hijo, a mi madre, a mi suegro, yo pediría no 140, pediría 280 ó 500 años, porque tal parece que no hay una referencia lógica para determinar las penalidades que aquí se pretenden aumentar.

Pero miren, toda esa insatisfacción, frustración, indignación que ha provocado en la sociedad, en el pueblo, en su conjunto la bestialización en la comisión de los delitos, toda esa indignación, todo ello depende de dos cosas: de la procuración de justicia y del sistema de administración de justicia agregado con el sistema penitenciario. No puede haber leyes con mucha penalidad sin que estos sistemas no se modifiquen.

Alguna vez quienes pasamos por una escuela de derecho debatíamos en el entusiasmo de ser eso, estudiantes, qué pasaría con la pena de muerte si se aplicaba o se imponía o se preveía en el sistema legal mexicano, después de modificar la Constitución, porque estas dos menciones que hago están prohibidas en los artículos 18 y 22 constitucionales.

¿Qué pasaría? Habría inocentes condenados a muerte, como ocurre en Estados Unidos con mexicanos, paisanos nuestros que van por necesidad allá, por el sistema de procuración de justicia, por el sistema de administración de justicia y la negada reinserción o rehabilitación por el sistema penitenciario.

No cometamos una barbaridad legislativa, de verdad, no hagamos que esto se vuelva un asunto de favores; no hagamos que esto se vuelva un asunto de programa político, no pensemos así, seamos buenos legisladores y construyamos la buena ley.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Senador Manuel Bartlett Díaz, nada más le recuerdo que de acuerdo al procedimiento, debo de desahogar la moción que presentará el Senador Omar Fayad Meneses, en base a lo que señala con fundamento en lo dispuesto en el artículo 199 de nuestro Reglamento, inmediatamente después de desahogar esa moción con gusto le doy el uso de la palabra.

Pero le aclaro que inmediatamente en este momento nada más para ver cuál es el objeto, con qué objeto, pero en lo que sigue en este momento es de consultarle a la Asamblea, si considera que el asunto está suficientemente discutido, y sino, indudablemente usted podrá continuar en el uso de la palabra. nada más. ¿Con qué objeto, Senador?

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Estoy pidiendo la palabra para hechos, porque sí, el Senador Omar Fayad pidió una moción suspensiva, pero antes se echa un royo descalificando lo que hemos dicho, entonces no es una moción suspensiva neutral, sino saben, ustedes están perdidos, no saben nada, yo sí sé, y por favor que se acabe la discusión.

Déjeme usted nada más decir una contestación a lo que dice el Senador Omar Fayad. El presenta un criterio de la Corte, yo tengo otro, que dice: Prisión vitalicia constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 constitucional, y trae todo el alegato.

O sea, que él tiene una, yo tengo otra, para decir que sí es inconstitucional.

Una última cosa nada más. Me acordé de uno de los tratadistas más importantes de derecho penal de la historia universal, que es el Marqués de Becaria, su libro Tratado de los Delitos y las Penas.

Uno de los puntos dice esto: lo que más disuade, es uno de los grandes penalistas y teóricos doctrinarios de la historia del derecho penal; lo que más disuade a los ciudadanos de violar la ley, no es la exagerada gravedad de la pena, sino la inexorabilidad de la justicia. Ese es el problema, la ley impunidad.

Y la impunidad y del no funciona el sistema de readaptación es responsabilidad del Estado, nosotros representamos a la sociedad, reconocemos el deseo de venganza, pero no está en la teoría constitucional de nuestro país.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Bartlett Díaz. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si considera que el dictamen está suficientemente discutido.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra lo suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí esta suficientemente discutido, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que se han registrado para la discusión en lo particular por parte de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, los artículos: 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, y del Código Penal Federal el artículo 25.

En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.

Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad, ¿con qué objeto, Senador, porque estamos en votación ahorita?

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Con el objeto de hacer constar a la Asamblea, que hay compañeros que están aquí presentes, que registraron su asistencia y que estando aquí presentes no están votando como lo marca el Reglamento, tienen que votar a favor, en contra o abstenerse.

Quiero que quede constancia de este hecho, para las consecuencias a las que haya lugar, que estando presentes tienen la obligación reglamentaria de votar.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Omar Fayad.

De acuerdo a quienes deseen votar, que el sistema electrónico sigue abierto.

Sonido en el escaño del Senador Patricio Martínez, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para hechos. Tengo un gran respeto por mis colegas perredistas, he respetado y respeto sus argumentos, pero no puede ser que con manejos procedimentales y con manejos de ausencia cuando hay presencia, pretendan reventar una asamblea sin quórum.

El señor coordinador Miguel Barbosa está presente, y el hecho de que esté presente y haya argumentado en contra, no le da la posibilidad de manejar de esa manera el quórum, yo creo que este es un asunto de honestidad, no nada más de manejo del Reglamento.

Si hay un desacuerdo, discutámoslo, lo hemos discutido, pero no se acuda a este manejo del tablero para reflejar un quórum que no es tal, porque la realidad es otra.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Martínez García.

- El C. Senador Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Gerardo Flores, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Sólo para hacer notar que el debate de este dictamen se llevó conforme a procedimiento, apegado al Reglamento, y que ahora los Senadores del Partido de la Revolución Democrática, que no están de acuerdo con que se vote, están violando el Reglamento, particularmente el artículo 10 del Reglamento, en su fracción II, que los obliga a votar estando presentes en el Pleno.

Por favor, le pido que la Secretaría lea el artículo 10, fracción II.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Flores Ramírez.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Le pido a la Secretaría que continúe con el desahogo de la votación que estamos llevando a cabo.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño)Gracias, señorPresidente. Solamente por una moción.

Sin duda que el procedimiento de aún estando presente, como lo estamos, nos declaramos culpables de no votar estando presentes, como ocurrió en otras ocasiones por legisladores de los otros grupos parlamentarios.

No estaba yo acá, pero me contaron que cuando al final del periodo, como terminó el periodo, el propio Presidente Raúl Cervantes, estando él presente, habiendo dirigido la sesión, no votó, no votó. Lo recuerdo como un antecedente.

Entonces, solamente tengamos esto. Concluyamos este procedimiento, porque no hay otra forma de resolverlo.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

- El C. Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador José María Martínez Martínez, ¿con qué objeto?

- El C. Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño) Para los mismos hechos, señor Presidente, con respecto a lo que ya se aludía que marca nuestro Reglamento en su artículo 10, en su fracción II, creo que incluso cabría la posibilidad de que la Secretaría pudiese tomar la votación nominal, toda vez que en efecto se encuentran presentes los Senadores que no han querido manifestar su votación, de los cuales, incluso, uno de ellos ha hecho el uso de la palabra, que es el Senador Coordinador del PRD, Miguel Barbosa.

Son diversos con lo que eventualmente se cubre el quórum. ¿Por qué? porque al tomar en consideración sólo esta votación, estamos desestimando que haya asuntos pendientes que desahogar en esta sesión, por tanto, si la puesta es romper el quórum, me parece que es irresponsable.

Por tanto, pediría que, en todo caso, la Secretaría tomara la votación de forma nominal, dado que se encuentran los Senadores presentes que no han querido manifestar su voto en el tablero.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Martínez Martínez.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Romo Medina, ¿con qué objeto?

Ya pedimos que se desahogara la votación en la cual estamos pero, ¿con qué objeto sería?

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Para asegundar la propuesta del Senador Martínez Martínez.

Efectivamente, solicitar la constancia, en primer lugar, de la Secretaría, de quienes estamos presentes en este recinto parlamentario, quienes han hecho uso de la palabra, para que se acredite y se aplique, en todo caso, en los términos del Reglamento, la exigencia de que como responsables en nuestra tarea legislativa, se emita el voto en el sentido que se estime pertinente.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Romo Medina.

Le pido a la Secretaría que dé a conocer el resultado de la votación.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, no existe quórum.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Como ya se hizo del conocimiento, todas las iniciativas y proposiciones de la agenda del día de hoy, se turnarán a comisiones.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 31 BIS A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN MATERIA DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

“La que suscribe,MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR,Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 31 BIS DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN MATERIA DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A pesar de los esfuerzos realizados desde la Conferencia Internacional sobre Maternidad sin Riesgo (1987), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido que las tasas de mortalidad materna continúan siendo inaceptables en un número importante de países (Ramson, 2002), por ello existe un renovado interés mundial en disminuir este tipo de mortalidad. En septiembre de 2002 los miembros de la ONU adoptaron la Declaración del Milenio; el gobierno de México y otros 188 Estados miembros suscribieron los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los cuales el número 5 establece la meta de mejorar la salud materna y reducir la mortalidad en 75% para el año 2015, respecto de los niveles de 1990.

Una observación frecuente en los análisis de muertes maternas está en relación directa con los múltiples motivos por los cuales se difiere la atención médica a las mujeres embarazadas, y no solamente es los criterios de derecho-habiencia, sino también está en función de carencia en ocasiones de infraestructura física y/o de personal calificado las 24hrs y las dilaciones en éste sentido pueden condicionar, en cualquier momento un riesgo inminente para la vida. El reto actual en nuestro fragmentado sistema de salud consiste en que no exista ya motivo para negarle la atención médica a ninguna mujer que la solicite de manera urgente.

Ya que existe una elevada cobertura de atención del parto en unidades médicas, misma que no parece relacionarse con una adecuada reducción en la mortalidad materna. En México, los datos de la más reciente ENSANUT documentan la elevada y creciente atención del parto en unidades médicas por profesionales de la salud, en línea con otras fuentes oficiales. De acuerdo con INEGI, por ejemplo, en 2011 en México hubo 2’586,287 nacimiento, de los que 1’046,883, se estima fueron atendidos en unidades médicas de la Secretaría de Salud (40.47%) y 559,718 en el IMSS (21.6%). Sin embargo, en nuestro análisis no se pudo documentar correlación alguna entre porcentajes de cobertura del parto y RMM por entidad federativa. Estos datos demuestran que, si bien es necesario incrementar la atención del parto hasta garantizar su cobertura universal para todas las mujeres, independientemente de su derecho habiencia o de su nivel socioeconómico, la cobertura en sí no es suficiente para lograr una reducción de la mortalidad materna conforme a los compromisos adquiridos por el país. Se requiere urgentemente garantizar que esta atención sea calificada, lo cual requiere contar con personal de salud con los conocimientos y habilidades necesarias, recursos e infraestructura que garanticen la atención obstétrica oportuna y de calidad en cualquier institución, así como de otras estrategias que permitan mejorar la calidad de la atención obstétrica y el funcionamiento del sistema de salud en su conjunto, incorporando en los servicios el enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad. Como elemento estratégico, es necesario fortalecer los programas de planificación familiar e innovar políticas de salud capaces de promover acciones intersectoriales que disminuyan la enorme inequidad social, en un escenario donde el porcentaje de muertes materna en función de los nacimientos para la Secretaría de Salud es estimada en 0.04% y de 0.03% en el IMSS, eventos obstétricos fatales cuyo elevado riesgo no es predecible hasta el momento del inicio del trabajo de parto en la mayoría de los casos.

Las causas de muerte materna son bien conocidas y tratables en su gran mayoría: aproximadamente 75% de las mismas incluyen causas obstétricas directas tales como hemorragia, enfermedades hipertensivas, aborto inseguro, infección puerperal y parto distócico, las cuales requieren no sólo de acceso oportuno a unidades de atención obstétrica y de su tratamiento por personal capacitado, sino que la atención proporcionada en estas unidades y por este personal sea de calidad homogénea, culturalmente sensible y esté disponible permanentemente.

En la actualidad, el sistema de salud de México se encuentra segmentado, por lo que existen diversas instituciones que ofrecen servicios de acuerdo con el tipo de población. Las unidades médicas están desarticuladas y no funcionan como redes de servicios de salud. Asimismo, como ya se ha comentado, no se tiene garantizado el traslado, la comunicación entre las unidades médicas en zonas marginadas o la presencia de traductores en zonas indígenas.

Todavía existen plantillas incompletas de personal de salud que impiden tener cobertura con el núcleo básico (obstetra, anestesiólogo, cirujano y pediatra) las 24 horas del día, incluso en unidades que han sido establecidas como de referencia para emergencias obstétricas. Por otro lado, desde hace varios años, en las unidades médicas de primer nivel, ha disminuido la atención de partos e intervenciones en salud reproductiva de baja complejidad (aborto no complicado, salpingoclasia y vasectomía). Esto ha llevado a una saturación de servicios de atención de todo tipo de eventos obstétricos, des parto vaginal eutócico hasta una urgencia obstétrica.

Con fecha 28 de mayo del 2009 se contempló en un convenio general de colaboración firmado por la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Servicios Sociales al Servicio del Estado, avanzar a la universalidad en el acceso a servicios médicos de calidad a través de una integración funcional y programática de las instituciones públicas bajo la rectoría de la Secretaría de Salud (I). En este convenio se describe a continuación a lo que se refieren las fracciones III, IV, V, VI y VII:

III. La mortalidad materna, constituye un grave problema de salud pública, frente al cual México se ha comprometido, como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a reducirla en tres cuartas partes entre 1990 y 2015. Actualmente, estas acciones se llevan a cabo sin una efectiva coordinación entre las distintas instituciones públicas de salud y con un financiamiento dispar.

IV. En congruencia con lo que establecen los artículos 6, fracción I, 7, fracción X y 33, fracción II, de la Ley General de Salud, corresponde a la Secretaría de Salud las coordinación del Sistema Nacional de Salud, el cual tiene entre sus objetivos primordiales proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, así como promover el establecimiento de un sistema nacional de información básica en materia de salud, a fin de mejorar la prestación de sus servicios a través de la atención médica, con la finalidad de efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno a los pacientes.

V. De conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley General de Salud y los artículos 71 a 75, del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, los establecimientos que brinden servicios de atención médica, están obligados a tomar las medidas necesarias que aseguren la valoración médica del usuario y el tratamiento completo de la urgencia o la estabilización de sus condiciones generales para que pueda ser transferido a otra unidad médica con el fin de preservar la vida y la integridad física de las personas, sin restricciones de ningún tipo.

VI. Con fecha 14 de marzo de 2003, las partes suscribieron el Convenio General de Colaboración Interinstitucional en materia de prestación de servicios de salud, el cual tiene por objeto establecer las bases, términos y condiciones que regirán a las partes para el mejor aprovechamiento de su infraestructura de salud, a fin de lograr la óptima operación interinstitucional en beneficio de los usuarios o derechohabientes de las mismas, bajo criterios de calidad, equidad, eficiencia y protección financiera a efecto de incrementar la cobertura de sus servicios.

VII. Con fecha 2 de octubre de 2001, celebraron un Memorando de Entendimiento para la Optimización del Sistema Nacional de Salud, en virtud del cual se comprometieron a desarrollar las acciones necesarias para facilitar la colaboración entre ellas, mediante la planeación conjunta, la participación de recursos humanos, el aprovechamiento de instalaciones, el uso de recursos técnicos y tecnológicos, así como la prestación coordinada de servicios, a efecto de garantizar y facilitar el acceso a los servicios médicos que prestan o sus derechohabientes o usuarios.

No obstante lo anterior, el trabajo conjunto entre las diferentes dependencias que signan este convenio no se ha concretado por lo que es necesario agilizar la atención de las emergencias obstétricas con la Coordinación de todas las instituciones de salud para evitar y abatir la mortalidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Decreto por el que se adiciona un artículo 31 bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de emergencias obstétricas, para quedar como sigue:

Artículo 31 BIS: Los Servicios médicos que tienen encomendados el Instituto, prestarán atención expedita con criterios de calidad, eficacia y resolutividad a las mujeres en periodo de gestación que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o por la referencia de otra unidad médica, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

TRANSITORIO

PRIMERO.- La presente iniciativa se ceñirá al artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de abril de 2014.

Sen. Cristina Díaz Salazar”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DE MEXICO

(Presentada por el C. Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre del grupo parlamentario del PRD)

LUIS SANCHEZ JIMENEZ, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DE MEXICO QUE REGLAMENTA LA FRACCION V, DEL APARTADO B DEL ARTICULO 6 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La noción de servicio público en radiodifusión en México se sustenta en un modelo de organización monopólica de medios de comunicación masiva, donde privan intereses comerciales sobre los sociales. La reforma integral del régimen jurídico de las telecomunicaciones, el derecho de las audiencias y el derecho a la información van en un sentido opuesto: proteger el interés público, la libre competencia y los derechos de las audiencias.

Hasta antes de la reforma constitucional, teníamos un sistema organizado bajo la lógica mercantil propia de los dueños de los monopolios de comunicación, contraria a la de otros países de cultura más democrática, donde prevalecen los criterios cultural, informativo y educativo.

Como en la economía en general, en la radiodifusión existe el conflicto entre el interés social y el interés privado. No pretendemos eliminar la actividad mercantil. Para nosotros es vital salvaguardar la cohesión social y los cometidos comunitarios del Estado.

Es necesario precisar dónde hay un interés del conjunto de las personas superior del interés individual y dónde se consolida la necesidad de un servicio público.

Este interés debe ser protegido y garantizado por el Estado, mediante el acceso de tales bienes a la diversidad de individuos que integran la Sociedad. Debe quedar claro, que no se trata que el Estado sea quien preste monopólicamente el servicio, pero sí que participe sin fines de lucro en beneficio de la colectividad.

Las reformas a la Constitución en materia de medios de comunicación y telecomunicaciones advierten una parte relevante de nuestra nueva constitucionalidad, la riqueza institucional sobre la inédita Fracción V del Apartado B del Artículo 6°.

En esta se ordena la creación de un Organismo Público de carácter descentralizadocon autonomía técnica, operativa, de decisión y gestión; cuyo objeto será proveer del servicio de radiodifusión sin fines de lucro a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional.

Añade: para dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y la pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.
La regla constitucional ordena que dicho organismo cuente con un Consejo Ciudadano para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva, que se integre por nueve consejeros honorarios elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos, de la Comisión Permanente.

Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo.

Toca a su Presidente, ser designado a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría.

A fin de reglamentar la comentada fracción V del apartado B del artículo 6 constitucional, proponemos la conformación de este Organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión; un Sistema Nacional Público de Radiodifusión, cuyo objeto será proveer el servicio de radiodifusión (radio y televisión) sin fines de lucro a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades federativas bajo los siguientes contenidos:

1. Promover la integración nacional;

2. Impulsar la formación educativa, cultural y cívica;

3. Formar una cultura de igualdad entre mujeres y hombres;

4. Asumir la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional;

5. Dar espacio a las obras de producción independiente;

6. Ser un espacio de expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalecen la vida democrática de la sociedad.

La Ley que presentamos, establece la definición de estaciones de radio y canales de televisión sin fines de lucro, como aquellas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dirigidas por el Sistema de conformidad con la ley, así como los reglamentos, lineamientos y acuerdos del propio Sistema.

En tanto, determina que las concesiones otorgadas a las instituciones autónomas de educación superior de la Federación y el Instituto Politécnico Nacional, sean dirigidas y administradas exclusivamente por éstas, de conformidad con el Artículo 3°, fracción VII de la Constitución, respetando a las estaciones de radio y canales de televisión universitarios.

Por lo que toca a la organización institucional, el Sistema estará constituido por un Consejo Ciudadano, su Consejo de Administración, una Contraloría Interna y el Presidente del Sistema, mismos que estarán facultados para otorgarse su Estatuto Orgánico mediante los lineamientos que se establecen en esta Ley del Sistema de Radiodifusión de México, creando así un Medio Público de Radiodifusión de la Federación y un Sistema Público de Radiodifusión de México.

Dentro del órgano, Medio Público de Radiodifusión de la Federación, la Ley en lista ocho objetivos claves sobre el contenido programático del Sistema, sustentados en la pluralidad política, cultural y social del país:

1. Educación;

2. Cultura;

3. Esparcimiento;

4. Recreación;

5. Valores democráticos;

6. Servicio social;

7. Información veraz y objetiva;

8. Participación ciudadana;

Patrimonio del Sistema.

El patrimonio se integrará por:

1. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente;

2. Los derechos y bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por la Federación o trasladados por las entidades federativas;

3. Los ingresos propios provenientes de los servicios que preste y;

4. Los demás ingresos que perciba en los términos de las disposiciones aplicables, que podrán consistir en patrocinios, donaciones, legados, derechos y otras que reciba de personas físicas y morales.

Asimismo, la Ley establece un Sistema de Patrocinios, bajo las siguientes reglas:

1. Se establecen por escrito los derechos y obligaciones específicos del Sistema Público de Radiodifusión de México y del patrocinador;

2. Las presentaciones de patrocinadores en su conjunto no podrán exceder del 15 por ciento de cada hora en radio y del diez por ciento de cada hora en televisión;

3. Las presentaciones y mensajes tendrán una duración máxima de 20 segundos en una sola ocasión por cada patrocinador cada media hora de transmisión continua;

4. Mediante el patrocinio podrá informarse al público de apoyos o donativos de carácter social que lleve a cabo el patrocinador;

5. (Prohibición) No podrán ser patrocinadores los canales comerciales de radio y televisión así como las publicaciones periódicas de carácter privado.

De igual forma se establece que estos serán usados solamente para financiar la instalación y operación de estaciones de radiodifusión, así como la producción de segmentos o programas completos de radiodifusión; recursos que de forma íntegra pasarán a formar parte del patrimonio del Sistema.

La Virtud fundamental del Sistema será su conducción bajo Principios Rectores, tales como: promover la cultura de Derechos Humanos y la no discriminación aludidas en el artículo 1º de la Constitución, el fomento a la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres; el fomento y difusión del conocimiento, los valores cívicos, la historia y las humanidades.

El compromiso ético con la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social, cultural y étnico del país.

Además deberá facilitar y difundir el debate político de las diversas corrientes ideológicas; promover la participación ciudadana mediante el ejercicio del derecho de acceso a los medios públicos de radiodifusión; suscitar el conocimiento, la salvaguarda y el respeto de los valores ecológicos y de protección del medio ambiente.

Debe reservar e impulsar el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes; el respeto a los derechos de los pueblos indígenas; la libertad y la diversidad sexual; el apoyo a los derechos de las minorías y la atención a grupos sociales con necesidades específicas.

El Sistema ofrecerá acceso a los distintos géneros de programación y a los acontecimientos institucionales, sociales, científicos, culturales y deportivos, dirigidos a todos los sectores de la audiencia, prestando atención a aquellos temas de especial interés público mediante la promoción, la difusión y el conocimiento de producciones científicas, artísticas y culturales nacionales: cinematográficas, musicales, pictóricas, dramatúrgicas, literarias o escultóricas.

Promoverá el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia y la cultura y velará por la conservación de los archivos históricos audiovisuales que disponga. Asimismo buscará la más amplia audiencia, la máxima continuidad, cobertura geográfica y social, con el compromiso de ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética.

El Sistema será un espacio de expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, a lo que destinará al menos un 15 por ciento de su programación diaria.

Al igual destinará al menos un 15 por ciento del tiempo de su programación semanal alas obras de producción independiente.

Obligaciones del Sistema:

1. Brindar información a los particulares en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

2. Conceder la réplica a quien corresponda de conformidad con la legislación aplicable;

3. Establecer un defensor de la audiencia en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Atribuciones:

1. Dirigir los medios públicos de radiodifusión;

2. Colaborar y coadyuvar en el desarrollo de las actividades realizadas por los medios públicos de radiodifusión estatales y municipales;

3. Preservar y difundir los acervos audiovisuales que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal le entreguen en custodia o como parte de su patrimonio;

4. Realizar, promover y coordinar la generación, producción, difusión y distribución de materiales y contenidos audiovisuales por sí mismo o a través de terceros;

5. Constituirse en una plataforma para la libre expresión, que promueva el desarrollo educativo, cultural y cívico de los mexicanos y promover el intercambio cultural internacional;

6. Diseñar, desarrollar y aplicar un programa anual en el que se prevean metas específicas para el mejoramiento en la prestación del servicio de radiodifusión de los medios públicos de radiodifusión de la Federación;

7. Proponer al Ejecutivo Federal las actualizaciones que se estimen necesarias al marco jurídico que regula los medios públicos de radiodifusión de la Federación;

8.Participar en la formación de recursos humanos especializados en la operación de los medios públicos de radiodifusión de la Federación y de las entidades federativas, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar;

9. Fomentar la incorporación de las tecnologías digitales de radiodifusión y telecomunicaciones en la prestación de los servicios de los medios públicos de radiodifusión;

10. Establecer lineamientos generales sobre el contenido programático y la función de los medios públicos de radiodifusión de la Federación, fomentando el desarrollo de la radiodifusión de carácter informativa, cultural, social, científica, educativa y recreativa, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;

11. Aprobar la Memoria anual relativa al desarrollo de las actividades del Sistema;

12. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para el cumplimiento satisfactorio de los principios y fines de los medios públicos de radiodifusión de la Federación.

Con la estructura organizativa del Sistema de Radiodifusión Público a partir de una perspectiva ciudadana, la radio y la televisión a la que mandata el Artículo 6to. Constitucional, creará una cultura ciudadana que contribuya a crear las condiciones para la participación política y social en la resolución de las diversas contradicciones de México.

Abonará a la construcción de ciudadanía para la responsabilidad colectiva sobre las demandas de libertad, equidad, desarrollo.Y a transitar de medios de comunicación dominadores que imponen los monopolios privados, a la democratización de medios que estén al servicio de los audiencias.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la LEY DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DE MEXICO.ARTICULO UNICO. Se expide la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México, para quedar como sigue:

LEY DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DE MEXICO

Capítulo Primero

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de la fracción V del Apartado B del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. El Sistema Público de Radiodifusión de México es un Organismo Público Descentralizado del Estado dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tiene por objeto proveer el servicio de radiodifusión (radio y televisión) sin fines de lucro a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades federativas a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

El Sistema Público de Radiodifusión de México contará con las concesiones necesarias para cumplir con su objeto. Las estaciones de radio y los canales de televisión, sin fines de lucro, concesionadas a dependencias y entidades de la administración pública federal serán dirigidas por el Sistema de conformidad con esta ley y las demás disposiciones normativas aplicables así como con los reglamentos, lineamientos y acuerdos del propio Sistema.

Las estaciones de radio y televisión que operen bajo concesiones otorgadas a las instituciones autónomas de educación superior de la Federacióny el Instituto Politécnico Nacional serán dirigidas y administradas exclusivamente por las mismas de conformidad con el artículo 3º., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. Consejo Ciudadano: el Consejo Ciudadano del Sistema;

II. Consejo de Administración: el Consejo de Administración del Sistema;

III. Contraloría: la Contraloría Interna del Sistema

IV. Presidente: el presidente del Sistema;

V. Estatuto Orgánico: el Estatuto Orgánico del Sistema;

VI. Ley: la Ley del Sistema de Radiodifusión de México;

VII. Medio público de radiodifusión de la Federación: la estación de radio o televisión de la Administración Pública Federal, que opera mediante concesión, sin fines de lucro, y debe contar con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, cuyo contenido programático se basa en la pluralidad política, cultural y social del país y tiene por objeto promover la educación, la cultura, el esparcimiento, la recreación, los valores democráticos, el servicio social, la información veraz y objetiva y la participación ciudadana;

VIII. Sistema: el Sistema Público de Radiodifusión de México.

Artículo 4. El Sistema Público de Radiodifusión de México tendrá su domicilio legal en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Capítulo Segundo

Del patrimonio del Sistema

Artículo 5. El patrimonio del Sistema Público de Radiodifusión de México se integra por:

I. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente;

II. Los derechos y bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por la Federación o trasladados por las entidades federativas;

III. Los ingresos propios provenientes de los servicios que preste, y

IV. Los demás ingresos que perciba en los términos de las disposiciones aplicables, que podrán consistir en patrocinios, donaciones, legados, derechos y otras que reciba de personas físicas y morales.

Artículo 6. Para los efectos de este capítulo, se entiende por patrocinio el pago en efectivo o en especie que realiza cualquier persona denominada patrocinador, a fin de que se haga la mención y/o presentación visual de la denominación o razón social de la persona que realizó el pago que puede ir acompañada de un mensaje sin convocatoria, inducción ni exaltación de atributos;.

Artículo 7. Los patrocinios tendrán las siguientes características:

I. Deberán contratarse por escrito y establecer los derechos y obligaciones específicos del Sistema Público de Radiodifusión de México y del patrocinador;

II. Las presentaciones de patrocinadores en su conjunto no podrán exceder del 15 por ciento de cada hora en radio y del diez por ciento de cada hora en televisión;

III. Las presentaciones y mensajes tendrán una duración máxima de 20 segundos en una sola ocasión por cada patrocinador cada media hora de transmisión continua;

IV. Mediante el patrocinio podrá informarse al público de apoyos o donativos de carácter social que lleve a cabo el patrocinador;

V. No podrán ser patrocinadores los canales comerciales de radio y televisión así como las publicaciones periódicas de carácter privado.

Artículo 8. Con los ingresos de los patrocinios se podrán financiar la instalación y operación de estaciones de radiodifusión, así como de producción de segmentos o programas completos de radiodifusión; todo ello pasará a formar parte del patrimonio del Sistema.

Capítulo Tercero

De los Principios Rectores

Artículo 9. El Sistema tendrá como principios rectores:

I. Promover la cultura de los Derechos Humanos y la no discriminación aludidas en el artículo 1º. de la Constitución;

II. Fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres;

III. Promover el conocimiento y difusión de los valores cívicos;

IV. El compromiso ético con la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social, cultural y étnico del país;

V. Facilitar y difundir el debate político de las diversas corrientes ideológicas;

VI. Promover la participación ciudadana mediante el ejercicio del derecho de acceso a los medios públicos de radiodifusión;

VII. Promover el conocimiento, la salvaguarda y el respeto de los valores ecológicos y de protección del medio ambiente;

VIII. Preservar y promover el respeto de los derechos de los menores;

IX. Promover el respeto a los derechos de los pueblos indígenas;

X. Respetar la libertad sexual;

XI. Apoyar los derechos de las minorías y atender a grupos sociales con necesidades específicas;

XII. Ofrecer acceso a los distintos géneros de programación y a los acontecimientos institucionales, sociales, culturales y deportivos, dirigidos a todos los sectores de la audiencia, prestando atención a aquellos temas de especial interés público;

XIII Promover la difusión y conocimiento de las producciones culturales nacionales, particularmente las cinematográficas;

XIV. Promover el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia y la cultura;

XV. Velar por la conservación de los archivos históricos audiovisuales que disponga;

XVI. Procurar la más amplia audiencia y la máxima continuidad y cobertura geográfica y social, con el compromiso de ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética;

XVII. Los demás principios que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 10. El Sistema deberá brindar espacio a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, a lo que destinará al menos un 15 por ciento de su programación diaria.

Artículo 11. El Sistema destinará al menos un 15 por ciento del tiempo de su programación semanal a las obras de producción independiente.

Artículo 12. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente:

I. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

II. La Ley de Vías Generales de Comunicación;

III. La Ley General de Bienes Nacionales;

IV. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

V. Código Civil Federal y;

VI. Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 13. El Sistema estará obligado a brindar información a los particulares en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a conceder la réplica a quien corresponda de conformidad con la legislación aplicable y a establecer un defensor de la audiencia en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Capítulo Cuarto

De las atribuciones y conformación

Artículo 14. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá las siguientes atribuciones:

I. Dirigir los medios públicos de radiodifusión de la Federación de acuerdo con lo establecido en la presente ley así como en las disposiciones derivadas de la misma y de otras normas aplicables;

II. Colaborar y coadyuvar en el desarrollo de las actividades realizadas por los medios públicos de radiodifusión estatales y municipales;

III. Preservar y difundir los acervos audiovisuales que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal le entreguen en custodia o como parte de su patrimonio;

IV. Realizar, promover y coordinar la generación, producción, difusión y distribución de materiales y contenidos audiovisuales por sí mismo o a través de terceros;

V. Constituirse en una plataforma para la libre expresión, que promueva el desarrollo educativo, cultural y cívico de los mexicanos y promover el intercambio cultural internacional;

VI. Diseñar, desarrollar y aplicar un programa anual en el que se prevean metas específicas para el mejoramiento en la prestación del servicio de radiodifusión de los medios públicos de radiodifusión de la Federación;

VII. Proponer al Ejecutivo Federal las actualizaciones que se estimen necesarias al marco jurídico que regula los medios públicos de radiodifusión de la Federación;

VIII. Participar en la formación de recursos humanos especializados en la operación de los medios públicos de radiodifusión de la Federación y de las entidades federativas, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar;

IX. Fomentar la incorporación de las tecnologías digitales de radiodifusión y telecomunicaciones en la prestación de los servicios de los medios públicos de radiodifusión;

X. Establecer lineamientos generales sobre el contenido programático y la función de los medios públicos de radiodifusión de la Federación, fomentando el desarrollo de la radiodifusión de carácter informativa, cultural, social, científica, educativa y recreativa, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;

XI. Aprobar la Memoria Anual relativa al desarrollo de las actividades del Sistema;

XII. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para el cumplimiento satisfactorio de los principios y fines de los medios públicos de radiodifusión de la Federación, y

XIII. Las demás que le correspondan, conforme a esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 15. Además de las actividades necesarias para el ejercicio de sus funciones, el Sistema podrá solicitar ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones nuevas concesiones a efecto de contar con la cobertura territorial necesaria que le permita cumplir cabalmente con su objeto y sus principios rectores.

Capítulo Quinto

De la Dirección y administración

Artículo 16. La dirección del Sistema corresponde a:

I. El Consejo Ciudadano establecido en el segundo párrafo de la fracción V del artículo 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. El Presidente señalado en los párrafos tercero y cuarto de la fracción V del artículo 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. El Consejo de Administración.

Artículo 17. El Estatuto Orgánico aprobado por el Consejo de Administración distribuirá los asuntos administrativos del Sistema entre diversas dependencias. El presidente del Sistema tendrá a su cargo la administración en los términos y con los procedimientos señalados en dicho Estatuto.

Artículo 18. El Consejo Ciudadano se integrará por nueve consejeros elegidos mediante una amplia consulta pública con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo de manera honorífica por cinco años.

I. Los consejeros serán elegidos en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo;

II. Cada vez que se presente una o varias vacantes, la Mesa Directiva del Senado o la de la Comisión Permanente enlistará en el orden del día el asunto de la ratificación de los comisionados siempre que éstos hubieran manifestado por escrito su disponibilidad de ser reelegidos. La votación será secreta y por cada uno. Luego del escrutinio se publicará el resultado y se hará la declaratoria correspondiente.

III. En caso que se requiera una elección nueva, la Mesa Directiva del Senado o de la Comisión Permanente convocará a una amplia consulta pública que consistirá en recibir propuestas de personas que pudieran desempeñar el encargo. Toda propuesta deberá estar motivada por escrito y ser acompañada por el currículum del aspirante así como contar con la aceptación firmada del mismo;

III. La organización de la consulta estará a cargo de la comisión ordinaria que le corresponda según el reglamento del Senado o aquella de la Comisión Permanente que sea designada por la asamblea;

IV. La comisión mencionada en la fracción anterior desechará las propuestas de las personas que no cumplan con los requisitos y seleccionará a continuación a tres candidatos por cada vacante; si hubiera varias vacantes la lista estará integrada por el número de aspirantes que resulte de multiplicar aquéllas por tres;

V. La comisión presentará al Pleno a través de la Mesa Directiva la lista de los seleccionados, ordenada por orden alfabético de apellidos paternos;

VI. El voto será secreto. Cada legislador podrá votar hasta por el número de consejeros a elegir; será declarado consejero quien obtenga a su favor dos tercios de los votos emitidos y rendirá protesta ante la asamblea;

VII. Si como consecuencia del procedimiento anterior aún hubiera vacantes que cubrir, la comisión presentará dentro del plazo de 15 días naturales una nueva lista sin que en la misma puedan figurar los candidatos que no hayan obtenido la mayoría necesaria en la votación precedente;

VIII. No se podrá convocar a una nueva consulta sino hasta agotar la lista de los aspirantes que hubieran cumplido con los requisitos;

Artículo 19. Son requisitos para ser consejero ciudadano:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos;

II. Tener veinticinco años cumplidos;

III. Contar con una experiencia comprobada de por lo menos cinco años en materia de medios públicos o medios sociales, o ser académico especialista en los mismos con obra publicada sobre el tema;

IV. Contar con título profesional y su correspondiente cédula;

V. No desempeñar, ni haber desempeñado, cargos de dirección nacional o estatal, en algún partido o agrupación política, en los dos años anteriores a su designación;

VI. No desempeñar, ni haber desempeñado, cargo de Secretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputado o senador en el año anterior a su nombramiento;

VII. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión.

Artículo 20. El Consejo Ciudadano del Sistema tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I. Vigilar el cumplimiento de los principios rectores del Sistema preceptuados en el artículo 9 de la presente Ley.

II. Establecer las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el Sistema, relativas al cumplimiento de su objeto;

III. Aprobar, a propuesta del Presidente, el programa anual de actividades y metas específicas en la prestación del servicio de radiodifusión, tomando en consideración las propuestas de los directivos de los medios públicos de radiodifusión de la Federación;

IV. Definir los lineamientos generales en materia de producción y programación de los medios públicos de radiodifusión de la Federación;

V. Definir la línea editorial de los programas noticiosos y de comentarios de los medios públicos de la Federación;

VI. Nombrar y remover a los servidores públicos que se encarguen de funciones de dirección editorial, a propuesta del Presidente;

VII. Valorar y, en su caso, remitir al Ejecutivo Federal propuestas de modificaciones legales en materia de regulación de medios públicos de radiodifusión;

VIII. Presentar, en su caso, recomendaciones al Presidente sobre la gestión administrativa y el anteproyecto de presupuesto;

IX. Examinar y, en su caso, aprobar el informe anual de actividades del Sistema así como los demás informes generales o especiales que le presente el Presidente;

X. Nombrar al Secretario del Consejo a propuesta del Presidente;

XI. Aprobar los convenios de cooperación con medios sociales;

XII. Autorizar la política de patrocinios así como aprobar el informe que al respecto le presente el Presidente;

XIII. Resolver sobre otros asuntos que el Presidente someta a su consideración y;

XIV. Las demás atribuciones que le confieran esta Ley, su Estatuto Orgánico y demás ordenamientos legales y administrativos aplicables.

Artículo 21. Las sesiones del Consejo serán válidas con la presencia de la mayoría de sus integrantes con derecho de voto. Sus acuerdos y resoluciones serán tomados con cinco votos.

Artículo 22. El Consejo Ciudadano será presidido por el Presidente del Sistema con voz pero sin voto.

Artículo 23. El Presidente del Sistema será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente, durará en su cargo cinco años y podrá ser reelegido para un nuevo periodo por una sola vez. Antes de terminar el periodo de su encargo, manifestará ante el Senado o la Comisión Permanente del Congreso su aspiración a ser reelegido, luego de lo cual la Mesa Directiva agendará el tema y la asamblea procederá a votar el asunto.

Artículo 24. Para ser Presidente del Sistema se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Contar con título profesional y la cédula correspondiente así como experiencia mínima de cinco años en las materias objeto del Sistema;

III. Tener cumplidos treinta años de edad al día de su designación;

IV. No desempeñar, ni haber desempeñado, cargos de dirección nacional o estatal, en algún partido o agrupación política, en los dos años anteriores a su designación;

V. No haber sido condenado por delitos patrimoniales, ni inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

VI. No desempeñar, ni haber desempeñado, cargo de Secretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputado o senador en los tres años anteriores a su nombramiento y;

VII. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión.

Artículo 25. El Presidente del Sistema podrá ser removido con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.

Artículo 26. El Presidente no podrá desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión distintos, con excepción de los no remunerados de carácter docente o científico.

Artículo 27. El Presidente del Sistema tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Administrar y representar legalmente al Sistema;

II. Instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas generales del Sistema y ejecutar los acuerdos que emita el Consejo Ciudadano en las materias de la competencia del mismo

III. Instrumentar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Consejo de Administración;

IV. Dirigir y coordinar las actividades de las unidades administrativas del Sistema, de conformidad con lo que disponga el Estatuto Orgánico;

V. Coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas del Sistema y dictar los acuerdos tendientes a dicho fin;

VI. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones del Sistema se realicen de manera articulada, congruente y eficaz, mediante el establecimiento, coordinación y actualización de procedimientos, sistemas y aplicaciones que se implementen en el Sistema;

VII. Realizar los actos jurídicos de dominio, de administración y de pleitos y cobranzas necesarios para el funcionamiento del Sistema, gozando de todas las facultades que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en el marco del Estatuto Orgánico y los acuerdos del Consejo de Administración;

VIII. Otorgar, para que se ejerzan individual o conjuntamente, poderes generales o especiales, así como sustituir y revocar a los apoderados;

IX. Elaborar y presentar para la aprobación del Consejo Ciudadano el programa anual de actividades en el que se prevean propuestas y el cumplimiento de metas específicas para el mejoramiento en la prestación del servicio de radiodifusión, en coordinación con los medios públicos, mediante principios básicos en materia de producción y programación;

X. Formular los anteproyectos de modificaciones legales en materia de regulación de medios públicos de radiodifusión y presentarlos ante el Consejo Ciudadano para su valoración;

XI. Organizar y tener a su cargo el registro nacional de medios públicos de radiodifusión;

XII. Elaborar las propuestas de programas y anteproyectos de presupuestos anuales de ingresos y egresos del Sistema, oyendo las recomendaciones de los consejeros;

XIII. Elaborar la propuesta de estructura básica de organización del Sistema, así como sus modificaciones, además del proyecto de Estatuto Orgánico, que deberán ser aprobados por el Consejo de Administración;

XIV. Someter al Consejo Ciudadano, para su aprobación, el informe anual de actividades del Sistema;

XV. Rendir ante el Consejo Ciudadano y ante el Consejo de Administración los informes que cada cual le requiera en el marco de las respectivas atribuciones, facultades y obligaciones que esta Ley les impone;

XVI. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles del Sistema;

XVII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones del Sistema, con la finalidad de mejorar su gestión;

XVIII. Presentar públicamente, por lo menos dos veces al año, la evaluación de gestión, escuchando al Comisario;

XIX. Establecer sistemas de control y mecanismos de evaluación de las metas y objetivos del Sistema;

XX. Celebrar acuerdos, convenios, bases de coordinación y demás instrumentos jurídicos, con los medios públicos de radiodifusión estatales y municipales, para coadyuvar en el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus fines;

XXI. Realizar, dentro del marco de las atribuciones del Sistema, todos los actos jurídicos y suscribir todos los documentos necesarios, para el cumplimiento de los fines y objetivos del Sistema;

XXII. Formular los programas de organización;

XXIII. Elaborar las políticas para implementar los indicadores y evaluaciones de desempeño de los empleados del Sistema, con apego a la normatividad que para el efecto emitan en el ámbito de sus atribuciones, las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público;

XXIV. Nombrar y remover a los servidores públicos del Sistema, excepto aquellos de nivel de director general y quienes se encarguen de funciones de dirección editorial en cuyo caso se limitará a realizar las propuestas correspondientes ante el Consejo de Administración o el Consejo Ciudadano, según corresponda, quienes harán los nombramientos o remociones respectivos;

XXV. Suscribir las condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones laborales del Sistema con sus trabajadores de base con la previa aprobación del Consejo de Administración;

XXVI. Presentar anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de actividades del Sistema; al efecto, comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos legalmente establecidos;

XXVII. Todas aquellas atribuciones otorgadas al Sistema que no hayan sido conferidas al Consejo Ciudadano o al Consejo de Administración y;

XXVIII. Las demás que esta Ley, el Estatuto Orgánico u otros ordenamientos le confieran.

Artículo 28. El Consejo de Administración se integra con:

I. El Presidente, quien lo presidirá con voz y voto;

II. El Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes;

III. El Secretario de Comunicaciones y Transportes;

IV. Dos consejeros ciudadanos nombrados para un periodo de dos años con posibilidad de reelección por el Consejo Ciudadano con una mayoría de cinco votos;

V. El Comisario que sólo tendrá derecho de voz y;

VI. El secretario del propio Consejo sólo con derecho de voz.

El Secretario de Comunicaciones y Transportes podrá nombrar a un representante con nivel de subsecretario para asistir a las sesiones del Consejo;

Artículo 29. El Consejo de Administración tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I. Aprobar el Estatuto Orgánico del Sistema y su propio reglamento interno;

II. Aprobar el anteproyecto de presupuesto del Sistema que le presente a su consideración el Presidente;

III. Aprobar los informes sobre el ejercicio del presupuesto autorizado que le presente el Presidente;

IV. Aprobar anualmente los estados financieros del Sistema y autorizar la publicación de los mismos, previo informe del servidor público competente de la Secretaría de la Función Pública;

V. Aprobar la política financiera del Sistema y autorizar al Presidente para realizar las gestiones necesarias en materia de deuda;

VI. Nombrar y remover a los servidores públicos del nivel de director general y director, a propuesta del Presidente, con excepción de los responsables editoriales;

VII. Definir los casos en los que sería necesaria su previa y especial aprobación para realizar actos de dominio, de administración y de pleitos y cobranzas;

VIII. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales el Presidente pueda disponer de los activos fijos del Sistema que no correspondan a las operaciones propias del objeto de la misma;

IX. Establecer las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que requiera el Sistema para el cumplimiento de sus fines;

X. Nombrar y remover, a propuesta del Presidente, al secretario del propio Consejo;

XI. Requerir al Presidente toda clase de informes que estime necesarios sobre la administración del Sistema;

XII. Pronunciarse sobre las propuestas de carácter presupuestario y administrativo que le sean presentadas por el Consejo Ciudadano a través del Presidente;

XIII. Resolver sobre los asuntos de su competencia que le presente el Presidente o cualquiera de sus miembros;

XIV. Las demás que le confiera esta ley y el Estatuto Orgánico.

Capítulo Sexto

De la Vigilancia y Control

Artículo 30. El Sistema contará con un Contralor Interno designado por el Titular de la Secretaría de la Función Pública, de quien dependerá jerárquica y funcionalmente, y cuya competencia y atribuciones serán las que se establezcan en las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás preceptos legales y administrativos aplicables.

Artículo 31. Para la atención de los asuntos y sustanciación de los procedimientos a su cargo, el Contralor Interno y las áreas competentes se auxiliarán del personal adscrito al propio Sistema.

Artículo 32. De conformidad con las disposiciones correspondientes de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública designará un Comisario que tendrá las facultades prescritas en la dicha ley.

Capítulo Séptimo

Del Régimen Laboral

Artículo 33. Las relaciones de trabajo del Sistema y su personal se regirán por la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado "B" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo de la Unión enviará su propuesta de Presidente del Sistema al Senado de la República dentro de los quince días naturales a partir de la entrada en vigor de la presente ley y el Senado de la República o la Comisión Permanente contará asimismo con un plazo de quince días naturales para votar dicha propuesta. En caso de no ratificación se aplicarán nuevamente estos mismos plazos. El Presidente del Sistema rendirá protesta ante la asamblea plenaria.

TERCERO. El Senado de la República o en su caso la Comisión Permanente del Congreso convocará dentro del plazo de diez días naturales a partir de la ratificación del presidente del Sistema a la consulta en la cual se recibirán las propuestas de integración del Consejo Ciudadano del Sistema. La convocatoria deberá estar abierta al menos durante 15 días naturales. El Senado o la Comisión Permanente en su caso contará con otros 15 días naturales para proceder a la elección conforme a las siguientes reglas:

I. Se elegirán nueve consejeros ciudadanos mediante el procedimiento establecido en la presente ley. Si como resultado de la votación hubiera más de nueve aspirantes con dos tercios de los votos emitidos en su favor, serán consejeros quienes hayan obtenido mayor número de sufragios.

II. El tiempo de duración del encargo de cada uno de los consejeros se definirá por insaculación que se llevará a cabo tan luego hayan sido elegidos los nueve consejeros, la cual la realizará por parte de la Mesa Directiva en sesión de pleno.

III. Los consejeros ciudadanos rendirán protesta en sesión plenaria.
El Presidente convocará e instalará el Consejo Consultivo tan luego como hubieran sido elegidos al menos cinco de sus integrantes. Aún si faltara uno o varios consejeros por ser elegidos los acuerdos y resoluciones se tomarán con cinco votos.

CUARTO. Los recursos humanos, financieros y materiales del organismo descentralizado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales pasarán directamente al Sistema Público de Radiodifusión de México. De acuerdo con lo dispuesto en el TRANSITORIO TERCERO, fracción II, del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º., 7º., 27., 28., 73., 94., 94., y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

QUINTO. La dirección de los medios públicos de la Federación se ejercerá por el Sistema tan luego como sea emitido el Estatuto de Gobierno del mismo, y se aplicará lo dispuesto en el DECIMO TRANSITORIO del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º., 7º., 27., 28., 73., 94., 94., y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

SEXTO. Tan luego como rinda protesta de ley el presidente del Sistema y de conformidad con el DECIMO TERCERO TRANSITORIO del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º., 7º., 27., 28., 73., 94., 94., y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, se aplicarán de las previsiones presupuestales asignadas al Sistema.

SEPTIMO. El Consejo de Administración se instalará y sesionará válidamente tan luego como sea ratificado el Presidente aún cuando no hubieran sido nombrados todavía los consejeros ciudadanos que lo integrarán. Tan luego como estos nombramientos se realicen, dichos consejeros de incorporarán de inmediato al Consejo de Administración. Mientras tanto, sus acuerdos y resoluciones se tomarán por unanimidad.

Sen. Luis Sánchez Jiménez”.





 

PROPUESTAS

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República reconoce la labor que realiza Diconsa en el abasto de alimentos en el país y exhorta a su titular y a la SEDESOL a fortalecer la red de tiendas en zonas rurales y populares, así como diversificar la oferta a las familias de menores ingresos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA SENADORA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA PARA QUE EL SENADO RECONOZCA LA LABOR QUE REALIZA DICONSA EN EL ABASTO DE ALIMENTOS EN EL PAIS Y EXHORTE RESPETUOSAMENTE A SU TITULAR Y A LA SEDESOL A FORTALECER LA RED DE TIENDAS EN ZONAS RURALES Y POPULARES, ASI COMO DIVERSIFICAR LA OFERTA A LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS.

“La suscrita María Verónica Martínez Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, párrafo 1 fracción II y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA SENADORA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA PARA QUE EL SENADO RECONOZCA LA LABOR QUE REALIZA DICONSA EN EL ABASTO DE ALIMENTOS EN EL PAIS Y EXHORTE RESPETUOSAMENTE A SU TITULAR Y A LA SEDESOL A FORTALECER LA RED DE TIENDAS EN ZONAS RURALES Y POPULARES, ASI COMO DIVERSIFICAR LA OFERTA A LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS.

CONSIDERACIONES

Nuestro país en los últimos meses se encuentra inmerso en una transformación institucional que busca garantizar un mayor y mejor acceso a la justicia social a millones de mexicanos que aún subsisten en situación de pobreza y pobreza extrema.

El tema de la alimentación y abasto de alimentos ha sido recurrente en este año, sobre todo con el encarecimiento de algunos productos como el limón recientemente y en meses anteriores el huevo, el pollo y otros productos básicos que han sido sometidos a las redes de los intermediarios y la especulación.

Ante ello es importante mencionar que el primer antecedente del abasto institucional en México tuvo lugar con la creación del Comité Regulador del Mercado del Trigo, el 22 de junio de 1937, con motivo de la insuficiente producción y ante la necesidad de garantizar el abasto y regular el predio de este producto.

En marzo de 1938, ante la necesidad de garantizar el abasto de un mayor número de productos básicos, se creó el Comité regulador del Mercado de Subsistencias. De esta manera, fue posible corregir diferencias en la producción, distribución y precio de los productos de consumo necesario, a través de la compra, venta y almacenamiento de granos.

El periodo comprendido entre el año 1938 y principios de la década de los años 70’, se caracterizó por la transformación que sufrieron las instancias responsables del abasto institucional, siendo el antecedente más directo de Diconsa la Compañía Distribuidora de Subsistencias Populares (Codisupo), la cual en 1964 se transformó en la Compañía Distribuidora de Subsistencias Conasupo (Codisuco). En agosto de 1972 se creó Diconsa.

La actual Modalidad de Abasto Ruralnació originalmente como Programa ConasupoCoplamar, el cual se basó en un esquema de corresponsabilidad gobierno-comunidad, y se integró a Diconsa a partir del convenio que le dio origen, firmado por diversas instancias y el Ejecutivo Federal el 20 de noviembre de 1979.

A partir de ese año Diconsa inició ofertando 25 productos básicos que serían distribuidos en 14 tiendas comunitarias. La flotilla de abastecimiento estaba constituida por dos camiones y dos camionetas.

A grandes rasgos cabe destacar que de 1989 a 1994 se realizó la modernización para la reorientación de subsidios, llevándose a cabo una reestructuración y se fusionaron tres empresas subsidiarias para quedar en 16.En 1999 se fusionaron las 16 empresas subsidiarias y la entidad corporativa para formar una sola empresa nacional.

Actualmente, Diconsa opera el Programa de Apoyo Alimentario y Abasto Rural (PAAyAR), el cual cumplirá 29 años de su creación en noviembre de este año.

La Modalidad de Abasto Rural del programa representa más del 80 por ciento de las ventas totales de la empresa; en dicha modalidad están involucradas más de 155 mil personas entre encargados de tiendas, Consejos Comunitarios de Abasto, personal comunitario, y personal de la empresa.

Como parte de su Misión, Diconsa garantiza el abasto suficiente y oportuno. Es una red de alimentación y nutrición eficiente con cobertura nacional. Cuenta con más de 22 mil tiendas rurales en todo el país, 272 almacenes rurales y 28 almacenes centrales.

Muchas de las tiendas rurales se han convertido en auténticas unidades de servicio a la comunidad; además de los productos de consumo básico, las tiendas Diconsa cuentan con el servicio de telefonía rural, servicios postales, distribución de leche subsidiada, paquete de medicamentos que no requieren prescripción médica, tortillería, molino, y una variedad de alimentos enriquecidos, entre otros.

Hoy, prácticamente 900 productos de una gama de 2000 que conforman el catálogo cuentan con una característica adicional, ya que están considerados como alimentos enriquecidos, con alto valor nutricional.

Por otra parte, también está identificado que, en aquellas comunidades en donde Diconsa no está presente, en ocasiones los precios son significativamente más altos que en el comercio urbano.

Esta paradoja es tema de reflexión y es lo que se busca evitar: que la gente con menos recursos sea la que pague más. Se pretende, además, lograr que esta misma gente, si tiene algún producto que vender, pueda hacerlo a precios justos.

La semblanza aquí expuesta destaca el esfuerzo de varias décadas de trabajo del personal, técnicos y funcionarios de Diconsa, que busca el combate a la pobreza, contribuir al bienestar e igualdad de oportunidades de los habitantes de las localidades con población en situación de pobreza, a través del abasto de bienes básicos.

Sin embargo, este esfuerzo aún es insuficiente ante los rezagos que existen en el país en zonas rurales y urbanas, donde la pobreza, pobreza extrema y desnutrición aún persisten, por lo que es necesario fortalecer los mecanismos para ampliar la red de tiendas de Diconsa en el país, sobre todo en zonas de difícil acceso, donde la ley de la oferta y la demanda hace inaccesible la compra de alimentos y productos básicos.

La reciente y aún vigente crisis de los precios del limón, que llegaron a niveles de hasta 80 pesos por kilo, son un ejemplo de la forma en que operan las redes de intermediarios y es ahí donde Diconsa debe fincar sus fortalezas no sólo en zonas indígenas o rurales, sino dentro de los mercados, tianguis, tiendas móviles y centrales de abasto para desactivar a los acaparadores.

De acuerdo con estudio realizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo entre clientes de las tiendas de Diconsa, el 85 por ciento de los consumidores señaló que los establecimientos apoyan la economía familiar y, sin ellos, los precios en otras tiendas se elevarían

En la actualidad, la paraestatal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), tiene una flota vehicular de 300 tiendas móviles que, en promedio, recorren seis localidades por día, a través de carreteras estrechas o caminos de terracería, en poblaciones asiladas o de difícil acceso en todo el país, para ofrecer productos a bajo costo.

Esta modalidad de abasto, Diconsa llega a más de cuatro mil localidades del país, incluyendo a comunidades o colonias de los 400 municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, por lo que también estas tiendas móviles dan servicio a los derechohabientes del Esquema de Apoyo Alimentario SIN Hambre.

Cada unidad está equipada y debidamente surtida para ofrecer a la población productos como harina de maíz Sedesol-Diconsa, sardina, atún, leche en polvo, arroz, frijol, avena, harina de trigo, maíz, café soluble, latas de chiles y aceite.

También ofrecen artículos de higiene y limpieza, como papel higiénico, cepillos dentales, crema dental, toallas sanitarias, jabones de tocador Sedesol-Diconsa y detergente en polvo marca propia, además del jabón de lavandería Sedesol-Diconsa.

Esta modalidad de abasto tiene presencia en las poblaciones donde no hay opción de abasto o se carece de una tienda comunitaria fija. Pero se requiere que aumente su presencia donde también hay opciones de abasto, pero las mismas son controladas por grandes cadenas comerciales, tiendas en pueblos o colonias populares que fijan los precios sin ningún tipo de control o competencia.

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar al Honorable Pleno del Senado de la República, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero: El Senado de la República reconoce la labor que realiza Diconsa a través de sus 22 mil tiendas en el país, sobre todo para distribuir alimentos y productos básicos a precios accesibles para apoyar a la población en situación de pobreza y pobreza extrema.

Segundo: El Senado de la República exhorta al titular de Diconsa y a la secretaria de Desarrollo Social, fortalecer y ampliar estos esquemas de distribución de alimentos no sólo en los municipios con mayores rezagos, sino en zonas rurales, semiurbanas, urbanas y populares donde se requiere la presencia de tiendas que oferten productos a menor costo para competir con los esquemas tradicionales de comercialización.

Tercero: El Senado de la República exhorta a Diconsa a establecer mayores esquemas de colaboración y compra de productos básicos a productores sociales, cooperativas, ejidos y organizaciones que diversifiquen la oferta de productos y que permitan amortiguar los esquemas de intermediarios y especulación que repercuten en altos precios.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de abril de 2014.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza”.





 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Yucatán a atender el robo de instrumentos de trabajo a pescadores de los puertos de San Felipe y Río Lagartos, en Yucatán. Se turna a la Comisión de Pesca y Acuacultura.







 

De los Senadores Luz María Beristain Navarrete, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, Víctor Manuel Camacho Solís, Lorena Cuéllar Cisneros, Mario Delgado Carrillo, Fidel Demédicis Hidalgo, Adán Augusto López Hernández, Fernando Enrique Mayans Canabal, Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter, Angel Benjamín Robles Montoya, Adolfo Romero Lainas, Luis Sánchez Jiménez, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Isidro Pedraza Chávez, Zoé Robledo Aburto, Rabindranath Salazar Solorio, Ivonne Liliana Alvarez García y Angélica del Rosario Araujo Lara, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar la solicitud correspondiente ante la UNESCO en la que se proponga al Polyforum Cultural Siqueiros como patrimonio de la humanidad. Se turna a la Comisión de Cultura.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE REALICE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE ANTE LA UNESCO EN LA QUE SE PROPONGA AL POLYFORUM CULTURAL SIQUEIROS COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, CON LA FINALIDAD DE QUE DICHA ORGANIZACION LE RECONOZCA EL ESTATUS SOLICITADO.

“De los suscritos, senadores LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, LUIS MIGUEL GERONIMO BARBOSA HUERTA, DOLORES PADIERNA LUNA, VICTOR MANUEL CAMACHO SOLIS, LORENA CUELLAR CISNEROS, MARIO DELGADO CARRILLO, FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ, FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, SOFIORAMIREZ HERNANDEZ, ARMANDO RIOS PITER, ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA, ADOLFO ROMERO LAINAS, LUIS SANCHEZ JIMENEZ, ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ, IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ, ZOE ROBLEDO ABURTO, RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Polyforum Siqueiros ubicado en Insurgentes Sur 701, Nápoles Benito Juárez Distrito Federal, representa la mayor síntesis de la obra del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros que se haya realizado y de la que exista memoria. Pero además, representa un hito fundamental en la historia cultural que nos ha dado identidad. El Polyforum como todos sabemos alberga en su interior al mural más grande del mundo, llamado: “La Marcha de la Humanidad”. Justamente por esto, por la materia de la que trata la vasta obra del muralista, podemos decir sin temor a equivocarnos que desde su propia gestación y por el tema que aborda: la evolución de la humanidad, desde el comienzo de los tiempos, incluyendo una visión del futuro, el mural fue concebido como un legado para toda la especie humana.

El movimiento muralista mexicano se caracterizó por la extensión, la generosidad y el tamaño monumental de sus obras. De ese tamaño fueron sus trabajos, sus ideales, su entrega y la herencia que nos dejaron. Uno de sus máximos símbolos es el Polyforum Siqueiros, que últimamente, como todos sabemos, se ha visto amenazado por la intención de sus dueños de ser trasladado o modificado, o relevado, para que en su sitio se realice un conjunto de condominios o un centro comercial.

Sin que resulte en desmedro de la función del INBA, que esla institución responsable jurídicamente de preservar las obras declaradas monumento artístico,como es el caso del Polyforum Siqueiros, y que tiene como antecedente para su resguardo, un decreto federal del 18 de julio de 1980, y que además se ha expresado afirmando que el Polyforum "no está en peligro de desaparecer ni de sufrir afectación alguna", encontramos propicia la ocasión para exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que realice la gestión pertinente ante la UNESCO, para que el Polyforum Cultural Siqueiros, sea catalogado como Patrimonio de la Humanidad.

Dicha propuesta es acorde sin duda a la voluntad de David Alfaro Siqueiros, pero también al legado que el mundo merece tener en sus manos, de que el Polyforum sea Patrimonio de toda la Humanidad, como lo definen las arterias de sus trazos, la emblemática visión de Siqueiros de toda la evolución humana, aportando esa mirada distinta que debe caracterizar a un artista, pero gestando desde sus inicios una obra fastuosa que enorgullece sin duda la historia del arte y de todo el género humano.

Por esto es que tomo en mis manos la iniciativa de la Fundación Conciencia y Dignidad, que le ha solicitado formalmente a esta Soberanía, a que exhorte al Poder Ejecutivo Federal, para realizar las gestiones pertinentes ante la UNESCO, por ser los Estados quienes deben realizar la solicitud para que un lugar que cumpla con los criterios de selección, sea catalogado como Patrimonio de la Humanidad.

El otorgamiento de dicho estatus al Polyforum Siqueiros sería un orgullo más para México, que de esta forma haría al mundo, digno merecedor de un legado histórico que por su envergadura, su magnitud monumental, por la calidad de su obra, por ser la máxima expresión en su tamaño del muralismo mexicano, y por los temas que han sido la materia de su espíritu, sólo pueden ser considerados parte de la cultura universal, y por lo tanto, Patrimonio de la Humanidad.

Que el Polyforum Siqueiros sea catalogado como Patrimonio de la Humanidad, lo colocará además, bajo la protección de la órbita internacional, con los beneficios y resguardos que esto significa.

Cada sitio nombrado como Patrimonio de la Humanidad continúa sin duda perteneciendo al país en donde se ubica, pero también pasa a considerarse dentro del interés de la comunidad internacional y por esto debe ser preservado para las futuras generaciones. Algo que, con el Polyforum Siqueiros, no puede ser de otra manera. Cuando un sitio es nombrado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, su conservación también pasa a ser de la responsabilidad de los 188 países que apoyan dicho ordenamiento internacional.

Sin duda, el Polyforum Siqueiros cumple con todos los criterios de selección que se deben cumplir para ser catalogado como Patrimonio de la Humanidad, entre los que se encuentran: representar una obra maestra del genio creativo humano; testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la arquitectura o tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico; aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida; ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana; contener fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza natural e importancia estética. Por nombrar sólo algunos de los criterios que son requeridos para dicho nombramiento, estando claro que el Polyforum cumple con todos.

Hay actualmente 981 sitios catalogados como Patrimonio de la Humanidad en 160 países. México ocupa el sexto lugar en el mundo, y el primero en el continente en contener en su territorio sitios nombrados Patrimonio de la Humanidad con 32 lugares bajo esta denominación otorgada por la UNESCO.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la aprobación del pleno de la Cámara de Senadores la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El H. Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a que realice la solicitud correspondiente ante la UNESCO en la que se proponga al Polyforum Cultural Siqueiros como patrimonio de la humanidad, con la finalidad de que dicha organización le reconozca el estatus solicitado.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 10 de abril de 2014.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.-Sen. Dolores Padierna Luna.-Sen. Víctor Manuel Camacho Solís.- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.-Sen. Mario Delgado Carrillo.-Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.-Sen. Adán Augusto López Hernández.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.-Sen. Sofío Ramírez Hernández.-Sen. Armando Ríos Piter.-Sen. Angel Benjamín Robles Montoya.-Sen. Adolfo Romero Lainas.-Sen. Luis Sánchez Jiménez.-Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio.- Sen. Ivonne Liliana AlvarezGarcía.- Sen. Angélica Del Rosario Araujo Lara”.





 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Delegado de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente a hacer una inspección detallada de los condiciones de funcionamiento de la empresa Clorobencenos S.A. de C.V., ubicada en el estado de Tlaxcala. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD, A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), AL COMISIONADO DE LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS),AL DELEGADO DE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL MEDIO AMBIENTE (PROFEPA), QUE HAGAN UNA INSPECCION DETALLADA DE LOS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA CLOROBENCENOS S.A. DE C.V., DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y DE LA EMISION DE HUMO SUSTANCIAS TOXICAS Y CONTAMINANTES AL AMBIENTE; ASI MISMO SE LES REQUIERA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y EN SU CASO SE IMPONGA LAS SANCIONES CORREPONDIENTES QUE PUEDEN IR DESDE UNA MULTA HASTA LA CLAUSURA DE LA EMPRESA;REPRESENTA UN RIESGO PARA LA SALUD DE LOS HABITANTES DE VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA.

“La Suscrita Senadora Martha Palafox Gutiérrez integrante del Grupo Parlamentario del Trabajo, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente propuesta con Punto de Acuerdo, sustentado en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el Estado de Tlaxcala desde hace veintiocho años, en el Municipio del Carmen Tequexquitla, Tlaxcala, se instaló una empresa que manufactura benceno, un producto identificado como solvente que sirve de base para la fabricación de pesticidas (insecticidas, herbicidas), entre otros usos.

También es usado en la fabricación de agroquímicos y como solvente contra grasas; en desodorantes; para control de insectos; la fabricación de fungicidas, desinfectantes, usado para la limpieza de sarro y metales.

Estos productos químicos manufacturados representan un grave riesgo para la salud de la gente que radica en Tequexquitla,quienes desde la instalación de la empresa, han sufrido la nube de gases contaminantes que emite la empresa así como la explosión por las pruebas químicas que realizan al interior.

El día cuatro de agosto del año dos mil trece siendo las dieciocho horas, en el Municipio del Carmen Tequexquitla, en el área de seguridad pública y protección civil se recibieron diversas llamadas telefónicas, manifestando que en la planta de cloro bencenos se presentaba una emergencia, trasladándose a esa empresa el cuerpo de elementos que integran protección civil, policía estatal, bomberos, seguridad público municipal y se percataron que un contenedor presentó derramedeliquido y que en la planta y sus alrededores al igual que en gran parte del Municipio se percibía un olor penetrante el cual causaba molestia para los habitantes, reuniéndose en las inmediaciones de la planta diversas personas pidiendo que se haga un estudio a fondo del líquido derramado y por la exposición de niveles altos de gases emitidoshubo afectaciones en algunas personas como sangrado de nariz, nauseas e irritaciónocular y dolor de cabeza.

La empresa durante el proceso de producción exhala una nube de humo negro que se propaga por todo el medio ambiente de la población, por lo que los niños que se encuentran en clases tienen que salirse del aula por el olor con motivo de esas exhalaciones, todos los adultos tienen que protegerse con tapabocas y al no tener lentes protectores les origina una irritación permanente en ojos y garganta; los niños les salen ámpulas en la piel cuando revientan les quedan marcas.

La exposición constante a niveles altos de benceno en el aire puede producir la muerte.

En tanto que en niveles bajos pueden producir letargo, mareo, aceleración del latido del corazón, dolor de cabeza, temblores, confusión y perdida del conocimiento, estos son algunos síntomas que produce la inhalación de benceno y como referencia hace veintiocho años que esa empresa se instalo en elmunicipio del Carmen Tequexquitla

Los pobladores que se han reunido para protestar por la alta contaminación de la empresa cloro bencenos, han sido motivo de reprehensión, encarcelamiento, ofensas, denostacióny humillaciones del clásico arrogante háganle como puedan por parte de la Secretaria de la SETYDE en Tlaxcala que resulta ser defensora de la empresa; las protestas, han sido diseminadas a través de los operativos de la Policía Federal, en coordinación con la Policía Estatal de esa Entidad, dando como resultado la detención de ocho personas, por lo que se demuestra la falta de voluntad y sensibilidad para ser atendidasy buscar dar una solución.

A la fecha nadie ha dado respuesta a la serie de peticiones que la población de ese municipio ha hecho a diversas autoridades del Estado de Tlaxcala y Federales, sin importarles la salud de toda la gente de la población.

Lo anterior me motiva para solicitar a las autoridades antes mencionadas quehagan una inspección detallada de las condiciones de funcionamiento de la empresa Clorobencenos S.A de C.V., y el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad ambientaly de la emisión de humo sustancias toxicas y contaminantes al ambiente; así mismo se les requiera del cumplimiento de las normas y en su caso se imponga las sancionescorrespondientes que puede ir desde una multa hasta la clausura de la empresa, representa un riesgo para la salud de los habitantes de Villa del Carmen Tequexquitla, Tlaxcala.

Por todo lo anterior someto a consideración de esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo.

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD, A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), AL COMISIONADO DE LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS),AL DELEGADO DE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL MEDIO AMBIENTE (PROFEPA), QUE HAGAN UNA INSPECCION DETALLADA DE LOS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA CLOROBENCENOS S.A. DE C.V., DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y DE LA EMISION DE HUMO SUSTANCIAS TOXICAS Y CONTAMINANTES AL AMBIENTE; ASI MISMO SE LES REQUIERA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y EN SU CASO SE IMPONGA LAS SANCIONES CORREPONDIENTES QUE PUEDEN IR DESDE UNA MULTA HASTA LA CLAUSURA DE LA EMPRESA;REPRESENTA UN RIESGO PARA LA SALUD DE LOS HABITANTES DE VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA.

Sen. Martha Palafox Gutiérrez”.





 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar campañas informativas sobre la enfermedad del Parkinson y la importancia de un diagnóstico temprano. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD SE REALICEN CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LA ENFERMEDAD DEL PARKINSON Y LA IMPORTANCIA DE UN DIAGNOSTICO TEMPRANO.

“La suscrita,Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD SE REALICEN CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LA ENFERMEDAD DEL PARKINSON Y LA IMPORTANCIA DE UN DIAGNOSTICO TEMPRANO.

CONSIDERACIONES

11 de abril, Día Mundial del mal del Parkinson.

En el marco del Día mundial del Parkinson, los datos son alarmantes: en México más de 500 mil personas padecen esta enfermedad neuro degenerativa, que cada vez va más en aumento. Se estima en el año 2040 se duplicarán los casos en la población mundial.

El Parkinson es una enfermedad que ni se cura ni se detiene, y se desconocen las causas porque son multifactoriales, aunque se puede mejorar la calidad de vida de quien la padece tanto con medicamento como con intervención quirúrgica que evita el deterioro físico que les provoca hasta perder su trabajo.

Lo que hay que hacer es tratarlo y diagnosticarlo a tiempo y tener acceso al esquema de medicamentos más conveniente, tener rehabilitación y continuar la vida laboral y familiar, por eso el paciente no pierde su vida.

Con la intervención quirúrgica, el paciente puede lograr un estado controlado de la rigidez y recucir el número de medicamentos que llega a ser elevado, aunque no todos los pacientes son candidatos, para ello se necesita una evaluación.

La atención médica de primer nivel como son los médicos generales o familiares están capacitados para remitir al enfermo con el especialista, sin embargo, aún hay falta de conocimiento y conciencia entre los enfermos y por ello hay diagnósticos tardíos hasta por tres años.

La depresión, apatía, ansiedad, pérdida del olfato, anorexia, trastornos del sueño son síntomas frecuentes que se presentan de manera temprana en los pacientes con enfermedad de Parkinson.

Este mal es un padecimiento crónico que provoca la pérdida de neuronas productoras de dopamina, que son los neurotransmisores vinculados con los sistemas de control y movimiento, por ello se deteriora de manera irreversible la capacidad motriz con temblores y rigidez.

La tardanza en la atención de los enfermos que llegan con el especialista cuando por la enfermedad han perdido 60 por ciento o más de las neuronas productoras de dopamina.

El Parkinson es asociado con problemas emocionales, como estrés o nervios, y por ello retrasan su atención, se señala que 25 por ciento de los pacientes que sufren de depresión pueden desarrollar la enfermedad.

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.Se exhorta al ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud se realicen campañas informativas sobre la enfermedad del Parkinson y la importancia de un diagnostico temprano.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de abril de 2014.

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas del país a emitir programas de promoción permanente sobre la importancia de una adecuada alimentación y la activación física para prevenir el riesgo de diabetes tipo 2 y sus complicaciones, de conformidad con los lineamientos descritos en la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAIS A EMITIR PROGRAMAS DE PROMOCION PERMANENTE SOBRE LA IMPORTANCIA DE UNA ADECUADA ALIMENTACION, Y LA ACTIVACION FISICA PARA PREVENIR EL RIESGO DE DIABETES TIPO 2 Y SUS COMPLICACIONES, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DESCRITOS EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA 015-SSA2- 2010

“FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Asamblea unaproposición con Punto de Acuerdo, por el que se EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAIS A EMITIR PROGRAMAS DE PROMOCION PERMANENTE SOBRE LAIMPORTANCIA DE UNA ADECUADA ALIMENTACION, Y LA ACTIVACION FISICA PARA PREVENIR EL RIESGO DE DIABETES TIPO 2 Y SUS COMPLICACIONES, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DESCRITOS EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA 015- SSA2- 2010, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. De acuerdo con datos dela Federación Internacional de Diabetes, enel mundo existen más de 371 millones de personas que padecen diabetes;4 de cada 5 personas viven en países de ingresos bajos y medios; la mitad de las personas que padecen la enfermedad no están conscientes de su condición; la mitad de los fallecimientos atribuibles ocurre en personas con menos de 60 años; 4.8 millones de fallecimientos y 471 miles de millones de dólares en gastos sanitarios fueron atribuibles a este padecimiento en el 2012.

2. Por su parte, la Federación Mexicana de Diabetes publicó los siguientes datos en torno a esta enfermedad, con base en laEncuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012:

• La diabetes se encuentra entre las primeras causas de muerte en México.

• 6.4 millones de personas refirieron haber sido diagnosticadas con diabetes.

• La proporción de adultos con diagnóstico previo de diabetes es de 9.2%1, en tanto que en la Encuesta Nacional de Salud (ENSA) 2000 fue de 4.6% y, en 2006 fue de 7.3%.

• La cifra de diagnóstico previo aumenta después de los 50 años.

• Los estados con prevalencias más altas son: Distrito Federal, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí.

• Esta enfermedad representa un gasto de 3,430 millones de dólares al año en su atención y complicaciones.

• El incremento en la actividad física, la adopción de una dieta adecuada y la reducción de peso, disminuyen el riesgo de desarrollar diabetes entre el 34% y 43%.

Respecto a la proporción de adultos con diagnóstico previo de diabetes (9.2%), señala:

• Poco más del 80% recibe tratamiento.

• 25% presentó evidencia de un adecuado control metabólico (1 de cada 4 personas, en el 2006 únicamente 5.3% de las personas con diabetes presentó adecuado control).

• 13% reciben insulina sola o insulina combinada con pastillas.

• El 16% no cuenta con protección en salud (servicios de salud).

• 24.7% está en riesgo alto y 49.8% está en riesgo muy alto de padecer las complicaciones.

• 47% han recibido también diagnóstico de hipertensión arterial.

• Del total de la población mayor a 20 años, el 4.3% vive con diabetes e hipertensión.

• Son bajos los porcentajes de la población que se realiza mediciones de hemoglobina glucosilada y microalbuminuria, además de la revisión de pies.

• En nuestro país, el 23 de noviembre de 2010, la Secretaría de Salud expidió la NOM 015- SSA2- 2010 para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus que establece los procedimientos de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.

Esta norma señala que las acciones de prevención primaria deben ejecutarse, no sólo a través de actividades médicas, sino también con la participación y compromiso de la comunidad y autoridades sanitarias utilizando los medios de comunicación masivos existentes en cada región como radio, prensa y televisión, entre otros.

Entre los lineamientos de la Norma Oficial destacan los enfocados a:

1.- La alimentación.- Debe promoverse un tipo de alimentación que sea útil para la prevención de la diabetes.Promoción y educación para la salud en materia alimentaria.

2.- La actividad física.- Al respecto, se debe recomendar a la población general, mantenerse físicamente activa a lo largo de la vida, adoptando prácticas que ayuden a evitar el sedentarismo.En el caso de personas de vida sedentaria, se les debe recomendar la práctica de ejercicio aeróbico, en especial la caminata, por lo menos 150 minutos a la semana.

3.- La promoción de la salud.- Que consiste en el fomento de los estilos de vida saludables, necesarios para prevenir o retardar la aparición de la diabetes. Esta se llevará a cabo entre la población general, mediante actividades de educación para la salud, de participación social y de comunicación educativa, con énfasis en ámbitos específicos como la familia, la escuela, la comunidad y grupos de alto riesgo.

Con la finalidad de promover la salud, es necesario convocar a la población a corregir factores dentro del estilo de vida, por lo que hacemos un exhorto a los gobiernos de las entidades federativas del país a emitir programas de promoción permanente sobre la importancia de una adecuada alimentación y la actividad física para prevenir el riesgo de diabetes tipo 2 y sus complicaciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas del país, a que emitan programas de promoción permanente para la prevención de la diabetes mellitus en la población, de conformidad con los lineamientos descritos en la Norma Oficial Mexicana 015- SSA2- 2010para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus.

México, D.F. a 10 de abril de 2014

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.





 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas en el nivel de educación básica y media superior, a respetar los derechos laborales de los docentes y con función directiva o de supervisión. Se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE EXHORTA ALA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACION BASICA Y MEDIA SUPERIOR, EN TERMINOS DE LA LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.

“El que suscribe Senador FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo mediante el que se exhorta a la Secretaria de Educación Pública y las autoridades educativas de las entidades federativas en el nivel de Educación Básica y Media Superior, a respetar los derechos laborales de los docentes y con función directiva o de supervisión, en términos de los artículos noveno y décimo cuarto de la Ley General del Servicio Profesional Docente, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

A partir de las reformas constitucionales federales a los artículos 3 y 73 y de las reformas a la Ley General de Educación y la emisión de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y la Ley General del Servicio Profesional Docente, son el marco de aplicación legal en vigor.

A partir de las diversas reformas, la transformación del paradigma educativo es un reto que debe ajustarse con la voluntad de política, social y organizacional de las partes involucradas, debiendo incluso, sobre la marcha corregir las diversas arbitrariedades que ha planteado el modelo; sin embargo, debemos atender que se generaron elementos normativos para establecer orden, mientras se aplicaban los cambios que deben implementarse con el nuevo modelo de evaluación educativa.

En ese sentido los artículos noveno y décimo cuarto transitorio de la ley General del Servicio Profesional Docente, garantizan un estatus de inamovilidad temporal para los docentes con funciones directivas y de supervisión con nombramiento provisional o sin nombramiento, en el sistema de educación básica y media superior, otorgándoles el derecho para que se conserven las cosas en el estado que se encuentre su situación hasta que procedan las evaluaciones y procesos para que en su caso puedan acceder a su nombramiento definitivo; entendemos estas circunstancias dentro del sistema superior de derechos fundamentales, como el respeto irrestricto a los derechos humanos de debido proceso, motivación y fundamentación consagrados constitucionalmente y como lo estableció la Ley citada:

“Ley del Servicio Profesional Docente:

Noveno. El Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados que a la entrada en vigor de esta Ley tenga Nombramiento Provisional, continuará en la función que desempeña y será sujeto de la evaluación establecida en el artículo 52 de la presente Ley. Al personal que obtenga resultados suficientes en dicha evaluación, se le otorgará Nombramiento Definitivo y quedará incorporado al Servicio Profesional Docente conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según sea el caso, el personal que:

I. Se niegue a participar en los procesos de evaluación;

II. No se incorpore al programa de regularización correspondiente cuando obtenga resultados insuficientes en el primer o segundo proceso de evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, o

III. Obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación previsto en el artículo 53.

Décimo Cuarto. La Secretaría y las Autoridades Educativas Locales diseñarán un programa, que estas últimas llevarán a cabo, para la regularización progresiva de las plazas con funciones de dirección que correspondan a las estructuras ocupacionales de las escuelas de Educación Básica, de conformidad a la disponibilidad presupuestal, conforme a lo siguiente:

I. Quienes a la entrada en vigor de esta Ley ejerzan funciones de dirección sin el Nombramiento respectivo seguirán en dichas funciones y serán sujetos de la evaluación del desempeño establecida en el artículo 52 de esta Ley. Lo anterior, para determinar si dicho personal cumple con las exigencias de la función directiva;

II. De obtener un resultado suficiente en la evaluación del desempeño el personal recibirá el Nombramiento Definitivo y quedará incorporado al Servicio Profesional Docente conforme a lo dispuesto en esta Ley, y

III. El personal que incumpla con la obligación de evaluación o cuando en ésta se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función de dirección, volverá a su función docente en la Escuela en que hubiere estado asignado u otra conforme a las necesidades del Servicio, quedando sujeto a lo dispuesto por el artículo Octavo Transitorio o Noveno Transitorio de esta Ley, según sea el caso.

De manera particular, aunque no excluyente, en el sistema de Educación Básica del Estado de Morelos, se han estado cometiendo las más graves irregularidades, con violación a lo dispuesto en los artículos noveno y décimo cuarto transitorios de la Ley General de Servicio Profesional Docente, ya que de manera arbitraria, se han hecho cambios en los cargos de docentes con función directiva y de supervisión, actos sin la fundamentación y motivación correspondiente.

El caso documentado de los profesores de educación básica, adscritos al nivel de secundaria, del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, CC. José Luis Pliego Zuñiga, Nicolás TlaliSolis, Evangelina Díaz Infante Torres, Manuel Gómez Colín, Mayolo Hernández Cortes, Roberto Eugenio Campuzano Patiño, Martha Lilia García Bello, Miguel Gahbler Sánchez, Ricardo Aldape Cázares, Ezequiel Carrillo Huerta, María Del Consuelo Contreras Barba, Nieves Maldonado Rendón, Francisco Figueroa Aranda, Gerardo Contreras Franco, Héctor Gutiérrez Salazar, Ma. Antonieta Rodríguez Barrera; quienes han sido removidos de sus adscripciones sin un procedimiento administrativo, con la mayor irregularidad y legalmente violatorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Con fecha 2 de abril del 2014, y mediante oficio: LXII/IIB/FDH/ST/025/04-14, he suscrito un oficio al C. Graco Luís Ramírez Garrido Abreu, en su calidad de Gobernador del estado de Morelos, para que me informé sobre esta situación, en particularmente sobre:

1. Las causas, motivos y fundamentos que dieron origen a la remoción del cargo que venían desempeñando y del cambio de adscripción al que se han asignado a los compañeros citados;

2. Los procedimientos administrativos incoados y las resoluciones definitivas que originaron los cambios citados.

3. El nombre de los profesionistas que ocuparon la adscripción de la que fueron removidos los citados compañeros.

4. Los procedimientos, convocatorias y resoluciones firmes que respaldan la asignación de los cargos para ocupar la adscripción de donde fueron removidos los compañeros citados.

5. Los nombres de todos los profesionistas que a partir de 12 de septiembre del 2013 a la fecha, hayan sido removidos de un puesto directivo y asignado a uno de menor jerarquía en el IEBEM.

Y que una vez revisados los casos citados, se corrija el abuso cometido en contra de los educadores y se les reinstale en los cargos que ejercían antes de la arbitraria remoción.

Misiva que a la fecha no ha tenido respuesta, como muchas otras que he formulado en términos de los artículos 8 y 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11.1 y 11.2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8.1. fracción VII, del Reglamento del Senado de la República; así como tampoco ha dado respuesta a la solicitud hecha bajo el derecho de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, de la información pública de oficio, solicitada vía infomex con números de folios 00204814, 00204914, 00205114, 00205214, 00205314.

Es de mencionar que del citado oficio se remitieron sendas copias al Presidente de la Mesa Directiva, Presidente de la Junta Política y de Gobierno, Comisión de Educación y Cultura, y de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, autoridades del Congreso del Estado de Morelos de la LII Legislatura, para su conocimiento e intervención.

El marco de legalidad entendemos está por encima de cualquier interés personal o de grupo, donde los titulares evitan gobernar a partir de una voluntad caprichosa y se ajusta estrictamente al Estado de Derecho que protestaron cumplir y hacer cumplir.

En el interés de que se respeten las normas vigentes, y no se afecten los derechos en las asignaciones de docentes con función directiva o de supervisión en educación básica y media superior, sin que medien los procedimientos legales correspondientes, el Senado de la República debe velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos que representamos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

UNICO: EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A RESPETAR LOS DERECHOS LABORALES DE DOCENTES CON FUNCION DIRECTIVA O DE SUPERVISION DE EDUCACION BASICA Y MEDIA SUPERIOR EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS NOVENO Y DECIMO CUARTO TRANSITORIOS DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA.

Dado en el salón de sesiones, a 10 de abril de 2014.

Suscribe

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo”.





 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a generar mecanismos de mejora en la práctica de los usuarios del servicio bancario, a fin de evitar el sobreendeudamiento derivado del uso y oferta desmesurado de créditos bancarios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A GENERAR MECANISMOS DE MEJORA EN LA PRACTICA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO BANCARIO, A FIN DE EVITAR EL SOBRENDEUDAMIENTO DERIVADO DEL USO Y OFERTA DESMESURADO DE CREDITOS BANCARIOS

DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México y en cualquier país, el sistema financiero ejerce un papel central en el desempeño de la economía nacional, su correcto funcionamiento y desarrollo dependen en gran parte de la función equilibrada de los intermediarios financieros, principalmente de los bancos, pues son los más conocidos y utilizados por su oferta de servicios al público y su sistema de pagos.

Por lo anterior, el Banco de México (BANXICO), en su función de banco central del Estado Mexicano, es el encargado de promover el sano desarrollo del sistema financiero y, es el mismo organismo quien afirma que “un sistema financiero estable, eficiente, competitivo e innovador contribuye a elevar el crecimiento económico sostenido y el bienestar de la población...”1

Asimismo, el sistema financiero mexicano debe tener como principal objetivo el proveer a la población de una variedad de instrumentos que movilicen el ahorro, tanto personal como nacional a los sectores y usos más productivos, esto, a través de un marco institucional sólido, guiado por regulación y supervisión eficientes que garanticen la protección a los intereses de la población.

No obstante, las autoridades financieras del país han advertido de un riesgo en la estabilidad de dicho sistema, adjudicando este desequilibrio al incremento en las deudas de todas aquellas personas que solicitan y obtienen créditos en los que el acreedor, en la mayoría de los casos un banco, tiene certeza de pago; sin embargo, actualmente se ha incrementado en el usuario la riesgosa práctica de, al mismo tiempo, recibir préstamos de otras instituciones bancarias, lo que consecuentemente le ha generado a gran parte de la población un problema de sobrendeudamiento.

Aunado a lo anterior, algunos intermediarios financieros otorgan préstamos a trabajadores del sector privado y público sin consultar previamente el historial de pago en el buró de crédito, es decir, los usuarios reciben créditos que son descontados por el acreedor directamente de la nómina, por lo que la certeza de pago es casi total, sin embargo, los acreedores sin previa revisión del buró de crédito, otorgan créditos sin tomar en cuenta la posibilidad de no ser la única fuente de financiamiento para el acreditado, es decir, que tenga más de un préstamo por pagar con su salario.

Tal es el caso de organismos como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) o el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), que siendo dos de los otorgantes de crédito para adquisición de vivienda más importantes del sistema financiero, entregan préstamos sin la certeza de que estos no excedan la capacidad real de pago del deudor, es decir, la limitada capacidad de pago que hoy en día tienen los usuarios del sistema financiero mexicano, se suma de forma riesgosa a la sobreoferta de créditos personales y de nómina, generando mayor inflación y, con ello, un aumento negligente de la cartera vencida en todo el país.

Tan sólo entre junio de 2011 y junio de 2012, el número de préstamos personales otorgados por la banca aumentó 31 %, al pasar de 5 a 6.5 millones de pesos, manteniendo el ritmo de crecimiento exorbitante y llegando hasta 10.7 millones de créditos para el primer semestre de 2013. Es decir, en el primer semestre de 2012 el número de créditos vencidos fue de 469 mil y, para la primera mitad del 2013, la cifra prácticamente se triplicó al llegar a un millón 405 mil créditos.2

Cabe mencionar, que para el presente año, la advertencia que las autoridades hicieron acerca de este desequilibrio financiero, fue hecha precisamente cuando la cartera ya vencida en los préstamos que otorga la banca para el consumo de personas y familias, como tarjetas de crédito, préstamos de nómina y personales, acumulaba para enero pasado un monto de 34 mil 95 millones de pesos, el monto más alto en cuatro años y medio, según el mismo BANXICO.3

Este descuido al sistema financiero nacional, viene de una política agresiva, no regulada, por la comercialización de los créditos, pues no es casualidad, que la cartera vencida de la banca haya registrado un incremento anual de 0.82 %, al tener un incremento de 3.42 % respecto al año anterior, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.4

Evidentemente, hay un exceso de oferta y demanda de créditos, pero para evitar el sobrendeudamiento tiene que haber una responsabilidad tanto de las empresas al consultar y reportar a las sociedades de información crediticia, de evaluar la capacidad de pago del cliente y asesorarlo, como del usuario de servicios financieros de pedir sólo lo que pueden pagar y elegir la opción que mejor le convenga y no todas las que se le ofrecen.

Además, el aumento permanece constante conforme pasan los años, no se ha controlado ni regulado el problema que generan los intermediarios financieros en la búsqueda de ganancias ilimitadas y, al final, los que se endeudan son los usuarios; de ahí que el sobrendeudamiento con créditos bancarios esté creciendo, tanto por un uso inadecuado de las tarjetas, como por el otorgamiento desmedido de créditos por parte de las instituciones bancarias.

Así pues, es necesario que los usuarios se sensibilicen respecto de este problema, realizando una distribución de sus ingresos, identificando las necesidades básicas y reconociendo la capacidad de pago para eliminar sus deudas; asimismo, es imprescindible verificar tanto el número de compromisos financieros que se tienen como el monto de cada uno para destinar una suma superior al pago mínimo.

Por su parte, las autoridades encargadas y las instituciones financieras, siendo responsables del bache financiero por el que está pasando el país, deben tomar en cuenta el generar una serie de mecanismos que mitiguen este problema de financiamiento que ya es una realidad en la mayoría de la población mexicana, llegando al límite de incluso, contratar a un institución financiera para pagar a la otra.

El problema de sobrendeudamiento por el que atraviesa el país, sumado al incremento en la deuda pública de las entidades mexicanas, genera un grave riesgo de caer en una recesión nacional, incluso más fuerte que la que actualmente se vive. Tras este escenario, el Ejecutivo Federal y sus representantes en las secretarías encargadas de las finanzas nacionales, deben reconocer y responsabilizarse de la situación de la actividad económica total, pues lo que va del año sirve como una medida para calcular la capacidad de pago que actualmente tiene el país.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a:

a) Generar mecanismos de mejora en la práctica de los usuarios del servicio bancario, a fin de evitar el sobrendeudamiento derivado del uso y oferta desmesurado de créditos bancarios.

b) Intervenir en las reglas de oferta y demanda de créditos que otorgan los intermediarios financieros para incrementar la garantía, la estabilidad e integridad del sistema financiero mexicano en uso y beneficio de la sociedad.

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita al Banco de México a que, según sus atribuciones, promueva el sano desarrollo del sistema financiero, con la finalidad de evitar la práctica irresponsable de algunos intermediarios, y así, recobrar la vía de un sistema financiero estable que contribuya a elevar el crecimiento económico sostenido del país y de la economía individual de los usuarios de este sistema.

Dado en el salón de sesiones, a 10 de abril de 2014”.

Sen. David Monreal Avila”.





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a colocar una placa conmemorativa en la crujía que ocupó el escritor José Revueltas en la prisión de Lecumberri, hoy Archivo General de la Nación, con motivo del centenario de su nacimiento. Se turna a la Comisión de Cultura.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA PARA QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA ACUERDE ELABORAR UNA PLACA CONMEMORATIVA EN ALUSION AL ESCRITOR JOSE REVUELTAS EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO Y SER COLOCADA EN EL ARCHIVVO GENERAL DE LA NACION EN EL ESPACIO QUE OCUPO EN SU RECLUSION DE LA PRISION DE LECUMBERRI.

“La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICAACUERDE ELABORAR UNA PLACA CONMEMORATIVA EN ALUSION AL ESCRITOR JOSE REVUELTAS EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO, RECORDANDO SU TRAYECTORIA DE ESCRITOR E INFATIGABLE LUCHADOR SOCIAL, MOTIVO POR EL CUAL FUE RECLUIDO EN EL AÑO 1968, AÑO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y DE LA MATANZA DE TLATELOLCO. EL ACUERDO CONTEMPLA COLOCAR LA PLACA EN LA CRUJIA QUE OCUPO EL ESCRITOR EN LA PRISION DE LECUMBERRI, DESPUES DE ACORDARLO CON EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES.

1.- Esta propuesta pretende convocar a esta Institución para que, en acuerdo con el archivo General de la Nación, sea colocada una placa alusiva a José Revueltas en la crujía que ocupó en lo que fue la cárcel de Lecumberri, mencionando su fulgurante trayectoria de escritor, maestro y luchador social y que por esa causa, por su infatigable voluntad crítica, fue recluido como preso político dos años y medio. Se decretó acto de formal prisión el 21 de noviembre de 1968. Ahí escribió una obra cumbre para la literatura mexicana que sirvió de guion para una película, del mismo nombre que la novela, y fundamental en la cinematografía mexicana: “El Apando”. El 13 de mayo de 1971 se determinó su libertad bajo protesta por invitar a la violencia y sedición. Se le acusó de 10 delitos hasta que la autoridad se desistió.

2.- José Revueltas poseyó el carácter indómito de Belisario Domínguez. Autodidacta y amante de la verdad hasta sus últimas consecuencias. Feroz crítico del sistema político. Estuvo, en palabras de Juan Arvizú, en prisión muchas veces por su activismo político, desde siendo casi un niño (a los 14-15 años) y aún era menor de edad cuando lo enviaron por primera vez a la cárcel de máxima seguridad en ese entonces: las Islas Marías. Participó en el Movimiento Ferrocarrilero en 1958, donde también lo apresaron. En 1968 fue acusado de ser el 'autor intelectual' del movimiento estudiantil de México, que culminó con la Matanza de Tlatelolco, por lo cual lo apresaron y enviaron a la cárcel deLecumberri (El Palacio Negro). Perteneció al Partido Comunista Mexicano, pero fue expulsado unos quince años después por sus críticas a las prácticas burocráticas del organismo y por uno de los mejores análisis de la izquierda en México: “Ensayo de un proletariado sin cabeza”. Fundó la Liga Espartaquista y el Partido Popular Socialísta (PPS), de donde también fue expulsado por cuestionar y criticar los errores de la izquierda. Su bibliografía, su vida, son ahora patrimonio de la conciencia libertaria en México.

3.- Como colofón a esta propuesta, quiero presentarles un extracto de la carta que José Revueltas le escribió a Octavio Paz, otro centenario homenajeado por el Senado de la República, en esos negros tiempos de 1968 para abordar el temperamento de José Revueltas que no escatima, que no conoce las prudencias temerosas ni las discreciones castas.

“Y así en otra celdas y otras crujías, Octavio Paz, en otras calles, en otras aulas, en otros colegios, en otros millones de manos, cuando ya creíamos perdido todo, cuando mirabas a tus pies con horror el cántaro roto. Ay, la noche de México, la noche de Cempoala, la noche de Tlaltelolco, el esculpido rostro de sílex que aspira el humo de los fusilamientos” (…).“Vino la noche que tú anunciaste, vinieron los perros, los cuchillos, "el cántaro roto caído en el polvo", y ahora que la verdad te denuncia y te desnuda, ahora que compareces en la plaza contigo y con nosotros, para el trémulo cacique de Cempoala has dejado de ser poeta. Ahora, a mi lado, en la misma celda de Lecumberri, Martín Dozal lee tu poesía”.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

UNO.- EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES ACUERDA:

a) ELABORAR UNA PLACA CONMEMORATIVA EN ALUSION AL ESCRITOR JOSE REVUELTAS EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO, RECORDANDO SU TRAYECTORIA DE ESCRITOR E INFATIGABLE LUCHADOR SOCIAL, MOTIVO POR EL CUAL FUE RECLUIDO EN EL AÑO 1968, AÑO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y DE LA MATANZA DE TLATELOLCO.

b) LA PLACA CONMEMORATIVA A JOSE REVUELTAS SERA COLOCADA EN EL ESPACIO QUE OCUPO LA CRUJIA DONDE FUE RECLUIDO EL ESCRITOR EN LA PRISION DE LECUMBERRI.

c) REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA SOLICITAR EL PERMISO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA LA COLOCACION DE LA PLACA MENCIONADA Y LA CEREMONIA DE DEVELACION DE LA MISMA.

DOS.- EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION A PERMITIR LA INSTALACION DE UNA PLACA CONMEMORATIVA, ELABORADA POR EL SENADO DE LA REPUBLICA, EN ALUSION AL ESCRITOR JOSE REVUELTAS EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO EN EL ESPACIO QUE OCUPO LA CRUJIA DE LA PRISION DE LECUMBERRI DONDE FUE RECLUIDO. LA DEVELACION DE LA PLACA, DE SER ADMITIDO EL PERMISO, SERA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza”.





 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a ampliar el periodo de descuento del peaje de la Autopista del Sol, hasta el 12 de enero de 2015. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SE AMPLIE EL PERIODO DE DESCUENTO DEL PEAJE DE LA AUTOPISTA DEL SOL HASTA EL 12 DE ENERO DE 2015.

“El suscrito Senador de la República, Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracc. II del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, el presente Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los impactos causados por los fenómenos meteorológicos, el huracán ‘Ingrid’ y la tormenta tropical ‘Manuel’ el pasado mes de septiembre, han afectado gravemente y en mayor medida a nuestro querido estado de Guerrero.

Debido a ello, el turismo, principal fuente de recursos del estado y de varias de sus más importantes ciudades, ha resultado muy afectada. Especialmente para Acapulco, que junto con Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo forman el denominado “Triángulo del Sol”; sin embargo, no son las únicas.

Como se puede apreciar, nuestra tierra posee grandes riquezas históricas, naturales y culturales que sumadas a una gastronomía exquisita y diversa hacen del Estado, un destino incomparable para el turismo nacional e internacional.

El turismo a nivel nacional aporta poco más del 8% del Producto Interno Bruto (PIB)1; a pesar de que la participación que se lleva nuestro estado es de solo el 2.5% de ese total nacional, el ingreso proveniente del sector turístico en las finanzas estatales, representa un 25%, es decir, uno de cada cuatro pesos que ingresan a Guerrero, es aportado por el turismo2.

A pesar de los estragos que ocasionaron los fenómenos naturales nuestro estado ha sabido levantarse y recuperarse, gracias al apoyo del gobierno federal y estatal; tan es así que en la temporada vacacional decembrina se logró en el puerto de Acapulco una derrama económica histórica, con más de 2 mil millones de pesos, lo que significó un aumento del 1.6% respecto al 2012.

Sensible a esta situación, el gobierno federal a través del secretario Gerardo Ruíz Esparza el pasado 13 de diciembre de 2013, anunció el descuento de un 50% en el tramo de Cuernavaca – Acapulco de la Autopista del Sol, medida que ha contribuido eficazmente a promover la afluencia de turistas a nuestro estado, y por ende a su recuperación económica.

No obstante, en días pasados integrantes de organizaciones turísticas, civiles y empresariales firmaron una carta para solicitar que se amplíe el plazo del descuento del 50% en las casetas de dicha autopista, el cual concluye su vigencia hasta el 9 de junio del presente año, esto con el objetivo de seguir incentivando la afluencia turística a los diferentes destinos y garantizando la recuperación de Guerrero.

La petición fue firmada por los representantes de AHETA, Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Acapulco, COPARMEX, Asociación Civil Acapulco, Habla Bien de Aca, CANIRAC, CANACINTRA, Asociación Mexicana de Profesionales, AFEET, entre otras organizaciones.

Es necesario seguir impulsando el turismo en el estado, pues se ha demostrado que esta actividad es fundamental para el desarrollo económico y social de los guerrerrenses, en este sentido, respaldamos e impulsamos desde nuestra trinchera acciones como esta que brindan oportunidades de progreso y beneficio a Guerrero.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se amplíe el periodo de descuento del peaje de la Autopista del Sol hasta el 12 de enero de 2015.

Cámara de Senadores, a 10 de abril de 2014.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.

También le informo a la Asamblea que la excitativa de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández y la efeméride del Senador Rabindranath Salazar Solorio se insertarán de manera íntegra al Diario de los Debates.




 

EXCITATIVA

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, en relación con el punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México a implementar medidas urgentes ante la creciente inseguridad que sufre la entidad, presentado el 30 de enero de 2013.







 

EFEMERIDE

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar.







 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el lunes 21 de abril a las 12:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 21:10 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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