Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 24 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 23

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 08 de Abril de 2014

SUMARIO                                              


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COMUNICACION

- Del C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Coordinador del grupo parlamentario del PRD, por la que solicita se haga un respetuoso llamado a los legisladores para que se conduzcan con respeto y atención hacia los invitados a los foros convocados por las Comisiones de Comunicaciones y Transportes; de Radio; Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, en materia de telecomunicaciones; del C. Senador Manuel Bartlett Díaz, Coordinador del grupo parlamentario del PT, por la se refiere al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores por el que se establecen los criterios para la recepción, dictamen y programación de los trabajos para el análisis de las iniciativas y proyectos de Decreto sobre las materias de telecomunicaciones, competencia económica, política­electoral, política del Distrito Federal y energética, circulado para su firma el pasado martes 1 del mes en curso.

















































































































 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: (11:41 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 88 ciudadanas Senadoras y Senadores. Por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Se abre la sesión del martes 8 de abril correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
TRES DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE LA SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con catorce minutos del día jueves tres de abril de dos mil catorce, encontrándose presentes ochenta y cuatro ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes uno de abril de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, dos oficios con los que remite los Informes de sus visitas oficiales de trabajo a:

1) La 33ª Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas, que se llevó a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, los días 20 y 21 de marzo de 2014 y

2) Al Encuentro Parlamentario en ocasión de la 58ª Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se llevó a cabo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos de América, del 10 al 12 de marzo de 2014.

Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el Informe sobre el inicio de negociaciones formales para un Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial; de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Reporte anual del cumplimiento de actividades y metas programadas, correspondiente a 2013.- Se remitió a la Comisión de Energía.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se declara finalizado el proceso legislativo a que se refiere el artículo 72 constitucional, de las minutas de ley o decreto que fueron recibidas antes del 1 de septiembre de 2009.- Quedó de enterado.

 

Los grupos parlamentarios emitieron pronunciamiento, en ocasión del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.- Intervinieron los senadores: Hilda Esthela Flores Escalera del PRI; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Martha Palafox Gutiérrez del PT; Fernando Mayans Canabal del PRD; y Martha Elena García Gómez del PAN.

(Iniciativas)

El Senador Eviel Pérez Magaña, a nombre propio y de los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Isidro Pedraza Chávez, René Juárez Cisneros y Rosa Adriana Díaz Lizama, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas y los Senadores Arely Gómez González, Oscar Román Rosas González, Humberto Domingo Mayans Canabal, Raúl Aarón Pozos Lanz, Adolfo Romero Lainas, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Zoé Robledo Aburto, Héctor Yunes Landa, David Penchyna Grub, Roberto Armando Albores Gleason, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para garantizar los sistemas normativos internos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador César Octavio Pedroza Gaitán, a nombre propio y de los Senadores Mely Romero Celis y Zoé Robledo Aburto, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.- Se turnó a las Comisiones Unidas Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Ernesto Gándara Camou, a nombre propio y de la Senadora María Verónica Martínez Espinoza y, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 476 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón, a nombre propio y de la Senadora Ana Gabriela Guevara, Martha Elena García Gómez y Dolores Padierna Luna, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, en materia de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados y separados.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para la creación de una fiscalía especializada en delitos contra la competencia económica y las relaciones de consumo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo del artículo 210, se reforma el artículo 212 y se modifica el artículo 301 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, por los que se modifica la integración de comisiones.- Fueron aprobados en votación económica.

(Iniciativas)

El Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y de los Senadores Armando Ríos Piter Fidel Demédicis Hidalgo y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Fernando Torres Graciano, a nombre de Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y del Senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción v del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Desarrollo Municipal y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Protección Civil.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre propio y del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el sub inciso 3, del sub inciso ii), del inciso b), de la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en materia de combate a la elusión fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a continuar implementado acciones que impulsen y fomenten la inversión en el ramo turístico, particularmente en los estados de la región sur-sureste de México.

2) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a continuar implementando medidas de promoción turística para el estado de Guerrero.

3) Que exhorta a la Secretaría de Turismo Federal y a la Secretaría de Fomento Turístico del estado de Guerrero a diseñar e implementar los programas necesarios para el aprovechamiento turístico en el estado de Guerrero, con impacto en el municipio de Zirándaro de los Chávez.

Intervinieron los Senadores: Benjamín Robles Montoya, Zoé Robledo Aburto y Fernando Mayans Canabal, para referirse al dictamen sobre la Región Sur-Sureste; Sofío Ramírez Hernández y Armando Ríos Piter, para referirse a los dictámenes sobre promoción turística para el estado de Guerrero. Los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Dictamen de primera lectura)

Se recibieron de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, cuatro dictámenes con proyecto de decreto:

1) Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud.

2) Por el que se modifica el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud.

3) Por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud.

4) Por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación.

La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día. Los cuatro dictámenes quedaron de Primera Lectura.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

(Proposiciones)

El Senador Javier Corral Jurado, a nombre propio y de los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Laura Angélica Rojas Hernández, Víctor Hermosillo y Celada, Martín Orozco Sandoval, Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando Herrera Avila, Juan Carlos Romero Hicks, Martha Elena García Gómez, José Rosas Aispuro Torres, Fernando Yunes Márquez, Daniel Gabriel Avila Ruíz y Salvador Vega Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los siete comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que den a conocer su postura sobre la Iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas que aún permiten contraer matrimonio a menores de edad, a reformar su legislación en materia familiar, estableciendo como requisito que los pretendientes tengan 18 años de edad cumplidos.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo en torno al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores María Verónica Martínez Espinoza y Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo que exhorta a destinar parte de los recursos obtenidos por el incremento al precio del boleto, en adecuaciones necesarias para personas con capacidades diferentes en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al gobierno del estado de Baja California Sur a implementar medidas de manejo para que las comunidades pesqueras de dicha entidad tengan preferencia en la explotación de los recursos pesqueros de Bahía Magdalena.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y al Presidente del Congreso de dicho estado a incluir en los sistemas y programas educativos y deportivos estatales, a la Primer Escuela de Fútbol y Oficios y para que gestionen ante el Gobierno Federal su inclusión en el próximo proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para que sea discutido y aprobado por la Cámara de Diputados y pueda ser instrumentado a partir del próximo ejercicio fiscal.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación a informar sobre la situación del trastorno del espectro autista en México e implementar acciones en favor de las personas con este padecimiento.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Marcela Guerra Castillo y Jorge Luis Lavalle Maury, proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República lamenta la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos para revisar el caso de Ramiro Hernández Llanas, quien es uno de los connacionales que forma parte del Caso Avena.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Salvador López Brito, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Oscar Román Rosas González, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Ricardo Barroso Agramont y Sofío Ramírez Hernández, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a la realización de una sesión solemne para conmemorar el 125 aniversario del natalicio del ex presidente Abelardo L. Rodríguez.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar en los hospitales de segundo nivel del país centros de atención integral del paciente con diabetes.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a ampliar las investigaciones correspondientes a fin de sancionar a quien resulte responsable del delito de fraude a Caminos y Puentes Federales.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a llevar a cabo las investigaciones conducentes sobre las irregularidades en el proyecto carretero Durango-Mazatlán durante el año 2012, a fin de que se apliquen las penas y medidas correspondientes a quienes resulten responsables.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, de manera conjunta, instrumenten un programa para regularizar el abasto y evitar la volatilidad del precio del limón en el país.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre las acciones implementadas o a instrumentar, con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, en relación al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones de prevención, información y atención físico-psicológico pertinentes, ante el aumento del número de casos de embarazos en adolescentes que se han presentado en el territorio nacional.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones de prevención, atención y fomento sanitario, así como las campañas de información, ante el incremento de las enfermedades gastrointestinales y dermatológicas durante la temporada de calor.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso h) al artículo 27 y se reforma el inciso i) del artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Presidencia informó de las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta fecha:

1) La Mesa Directiva autorizó las ampliaciones de turno solicitadas por la Comisión de Justicia, para los siguientes asuntos:

- Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Delitos Electorales, Reglamentaria de la fracción vigésimo primera del artículo 73 constitucional, presentado el 19 de marzo pasado y

- Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General Electoral, y se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentado el 26 de marzo,

Se turnaron a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

2) Se dio cuenta con el Informe mensual de vencimiento de plazos para emitir dictamen sobre las prórrogas otorgadas y las excitativas formuladas.- Se publicará en la Gaceta del Senado.

3) Autorizó la ampliación de plazo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la presentación del dictamen correspondiente.

(Excitativas)

Se recibió de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, solicitud de excitativa sobre el punto de acuerdo relativo al equipo del acelerador lineal tomógrafo computarizado para el Hospital de la Mujer, presentado el 9 de diciembre de 2013.- La Mesa Directiva emitió excitativa a la Comisión de Salud.

 

Se recibió de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, solicitud de excitativa sobre el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una evaluación general de su estructura, infraestructura, patrimonio, padrón de afiliados y cobertura, presentado el 20 de noviembre de 2013.- La Mesa Directiva emitió excitativa a la Comisión de Salud.

(Efemérides)

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride en ocasión del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y citó a la siguiente el martes ocho de abril a las once horas.

 

Fin de la sesión”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Coordinador del grupo parlamentario del PRD, al cual daré lectura.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett Díaz, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Yo quisiera nada más hacer un comentario sobre el comunicado del Senador Barbosa Huerta, que es además muy cuidadoso, pero que yo quiero decir, que con Javier Lozano lo que existe es un conflicto de intereses.

Y entonces, todo lo que se está produciéndose ahí, es porque Javier Lozano representa intereses y genera un conflicto muy importante al Senado de la República.

El Senador debería de renunciar a esa posición, porque va a seguir cometiendo este tipo de atropellos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Yo le agradezco su comentario.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Yo pediría, y voy a enviar un documento a la Mesa Directiva, para señalar y explicar, cómo el Senador Javier Lozano tiene intereses que están impidiendo el desarrollo adecuado de su gestión en una tarea tan importante, como el debate en torno de la Ley de Telecomunicaciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Bartlett.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Asimismo, se recibió una comunicación del Senador Manuel Bartlett Díaz, Coordinador del grupo parlamentario del PT, al cual doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite similar de la Secretaría de Economía con el informe periódico al Senado de las reuniones técnicas y la reunión ministerial del Acuerdo de Asociación Transpacífico, en Singapur, febrero de 2014.

SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/540/14
México, D.F., 2 de abril de 2014

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 76, fracción I, 89, fracción X, y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, me permito remitir copia del oficio número 113.2014.DGVP.218 signado por el Mtro. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, Director General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, así como de su anexo, mediante los cuales remite el "Informe Periódico al Senado de las Reuniones Técnicas y la Reunión Ministerial del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) en Singapur (febrero de 2014)".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario
Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase la documentación a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial; y a todas las Comisiones de Relaciones Exteriores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, por el que expresa su conformidad con el Acuerdo del Senado de desechar el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO NO.: D.G.P.L 62-II-8-3270

C. SECRETARIOS DE LA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTES

Nos permitimos comunicar que en sesión celebrada en esta fecha, por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, remitida el 10 de octubre de 2013, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

México D. F. a 1 de abril de 2014

Dip. Javier Orozco Gómez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado enterada. El asunto se da por totalmente concluido.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: También de la Cámara de Diputados, se recibió el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propuso al Pleno la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-8-327

C. Secretarios de la
Cámara de Senadores
Presentes

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al Pleno la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar.

México D. F. a 3 de abril de 2014

Dip. Angelina Carreño Mijares”.



Se recibió de la Colegisladora, un oficio por el que informa de la modificación en la integración de los Diputados ante la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-8-3270

C. Secretarios de la
Cámara de Senadores
Presentes

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que comunica modificaciones en la integración de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos Unión Europea:

Diputadas

Grupo Parlamentario

Movimiento

Cargo

Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez

PAN

Baja

Integrante

Rocío Esmeralda Reza Gallegos

PAN

Alta

Integrante

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: "De enterado. Comuníquese".

México D. F. a 3 de abril de 2014
Dip. Angel Cedillo Hernández”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Compañeras y compañeros Senadores, por acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse al Día Mundial de la Salud.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT.





 

PRONUNCIAMIENTOS

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso. Señoras y señores Senadores:

A nombre del Partido del Trabajo, en Conmemoración de la Fundación de la Organización Mundial de la Salud, en 1948, cada 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud.

Cada año se elige un tema prioritario de la salud pública. Este 2014 son las enfermedades transmitidas por vectores, los cuales son organismos que transmiten patógenos de una persona o animal infectada a otra. Es el caso de los mosquitos, las chinches, las garrapatas y los caracoles. Así las enfermedades vectoriales son las causadas por estos patógenos en el ser humano y generalmente son más frecuentes en zonas tropicales y lugares con problemas de acceso al agua potable y al saneamiento.

Ahora bien, no debemos dejar de señalar el carácter socioeconómico detrás de este tipo de enfermedades, van de la mano de la exclusión y la pobreza, son parte de una problemática mayor de salud pública y no sólo de derecho a la salud.

Y es que el derecho a la salud no es solo el derecho a estar sano. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, significa que los Estados deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos.

En México, en lo general se ha intentado atacar esa problemática con la universalización del Seguro Popular, al grado que ha llegado a casi 66 mil millones de pesos en 2013, y se incrementó a más de 72 millones para este 2014.

A pesar de este punto, hay problemas claramente institucionales que no resuelve sólo el presupuesto. Coordinar con la opinión de las entidades federativas para una mayor programación y ejecución de la prestación de servicios, mejor operación y fiscalización de recursos para identificar el destino específico de los recursos, realizar una evaluación general de la estructura de autoridades de salud, de su infraestructura, patrimonio, padrón de afiliados y prestadores de servicios.

En lo particular, las cifras sobre los principales problemas de la salud en México nos dicen:

Diabetes mellitus, cada año mueren 74 mil personas a consecuencia de la diabetes mellitus y sus complicaciones; sobrepeso y obesidad.

Hoy en día el 68 por ciento de la población mayor de 20 años tiene sobrepeso y obesidad, y estos dos factores constituyen un grave riesgo para desarrollar diabetes, padecimiento que se mantiene como primera causa de muerte a nivel nacional.

Hipertensión arterial sistémica, conocida como el asesino silencioso y más de 15 millones de mexicanos, entre los 20 y 69 años, se conocen hipertensos, mientras que en los hombres mayores de 60 la hipertensión arterial se llega a presentar hasta en un 50 por ciento de ellos.

El cáncer cervicouterino a nivel nacional se ubica como la primera causa de muerte entre las mujeres.

Virus del Papiloma Humano, es precursor de cáncer cervicouterino y se puede detectar oportunamente a través de una prueba de captura de híbridos.

El cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres por neoplasias malignas.

En estos problemas hemos avanzado, pero persisten problemas más profundos que van de la mano de la exclusión social y la pobreza, desabasto de medicamentos, mujeres que dan a luz en las calles, niños recién nacidos en cajas de cartón o plástico. No podemos permitirlo.

He reclamado en diversas ocasiones que no solamente sea un avance de millones que se van al bolsillo de algunos amigos y vivales, sino la aplicación real del gasto público.

La política de salud pública puede ser muy buena, con el crecimiento de la pobreza, nunca será suficiente.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El día de ayer se celebró el Día Mundial de la Salud; y hoy desde esta tribuna hago una reflexión de este tema que sin duda es un punto de convergencia para todos nosotros, porque queremos hacer posible y dar tranquilidad a todas las familias mexicanas, logrando un rostro de un México sano, un rostro de una nación con acceso real a los servicios de atención médica, pero sobre todo, enfatizando sobre la calidad que merece nuestra gente.

El derecho a la salud es un derecho a disfrutar del más alto estándar de salud física y mental.

Se habla mucho de ello en tratados internacionales, en consultas globales, regionales, nacionales, de manera que propicie el desarrollo y el crecimiento de todas las naciones.

Una sociedad saludable, lo sabemos todos, es una sociedad productiva, es la sociedad que necesita México.

La salud permite un desarrollo sostenible, es un determinante social, pues consecuentemente el 75 por ciento de los resultados dependen de las condiciones de vida y de trabajo.

Un mexicano, una mexicana saludable es más productiva; y además de ser más productiva, también ello se traduce en mejores ingresos para sus hogares a partir de la participación activa en el mercado laboral.

Los mexicanos requerimos de universalidad de los servicios de salud, donde se dé un mejor nivel y distribución de servicios sin importar su nivel económico, el género, el estado civil, la situación laboral o la situación física y más aún haciendo efectivo el derecho a la protección de la salud consignado en nuestra Constitución.

Sabemos que actualmente enfrentamos desafíos epidemiológicos y demográficos que aumentan la demanda de servicios de salud, tanto en el suministro de recursos como en el tipo de atención y de entrega de los propios relacionados con un nuevo panorama epidemiológico con predominio de las enfermedades crónicas, y en otras invisibles.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado un aumento en la afiliación de la población a los servicios del Seguro Popular, pero lamentablemente no se ha dado el mismo aumento en la calidad de los mismos ni en su cobertura. Por ello, reconozco la iniciativa del señor Presidente Enrique Peña Nieto, de crear una instancia que vigile, controle y regule los centros e instituciones de salud en materia de calidad, porque con la participación coordinada de todos los niveles de gobierno y de los organismos internacionales, podremos asegurar y darle seguimiento a una buena distribución y entrega de servicios.

México cuenta con todos los elementos para poder materializar esta meta, lo importante es hacer conciencia sobre la importancia que se tiene a nivel personal y social. Con la cobertura universal de los servicios de salud se trata de prevenir, de atender y actuar en contra de las enfermedades. Dentro de la universalidad de los servicios de salud se prevé la coordinación del sector público y privado, sólo así se tendrá un verdadero acceso a los servicios, no basta con la afiliación, se trata de un acceso real a clínicas, de la necesidad de contar con personal médico suficiente y capacitado, de unidades de atención cerca de los domicilios, de consultas preventivas privilegiadas, antes que las curativas, para garantizar el acceso real a una salud plena.

El Partido Verde Ecologista de México tiene el objetivo de que ningún mexicano vea comprometida su vida por falta de atención médica, o bien que se ponga en riesgo su estabilidad económica, psicológica o familiar por no tener posibilidades de acceder a los servicios públicos.

Compañeras y compañeros legisladores, sé que esto se puede lograr, la universalidad de los servicios de salud la tenemos que apostar a iniciar. Necesitamos apostar por la salud de los mexicanos, porque apostando por la salud de los mexicanos y de las mexicanas se apuesta al crecimiento incluyente y sostenible de nuestro país, se trata de un ganar, ganar; ganamos mexicanos saludables, ganamos mejoras en las relaciones familiares, ganamos mejoras en las relaciones sociales laborales, ganamos también en las condiciones económicas, ganamos en el desarrollo sustentable para el país, ganamos, pues, por tener más oportunidades, ganamos por mejores niveles de educación y competitividad.

Tenemos que continuar trabajando juntos por un México más sano, más productivo y más competitivo.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Adolfo Romero Lainas: Buenos días. Con su permiso, señor Presidente.

Hoy sin duda es un día importante para México y para todos los mexicanos. El Día Mundial de la Salud, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en México existe la persistencia de infecciones comunes, enfermedades de la nutrición y de la reproducción asociada a la pobreza, y la aparición de riesgos emergentes asociados al incremento de las enfermedades no transmisibles y lesiones, al surgimiento de las nuevas infecciones, como el VIH/SIDA.

Al resurgimiento de enfermedades de tipo infecciosas, a la aparición de padecimientos relacionados con la contaminación ambiental, al incremento de padecimientos mentales y al abuso de sustancias tóxicas. En lo relativo a la mortalidad infantil, en México es de 18 de cada mil nacimientos, cifras que, si bien es cierto, se han venido disminuyendo, no escapan a casos tan penosos como los alumbramientos sucedidos recientemente en los jardines y baños de nosocomios ubicados en los estados de Oaxaca y Tabasco, lo cual no ha de extrañarse si la propia Organización Mundial de la Salud eleva la cifra de mortalidad infantil en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que es de 25 por cada mil, tratándose de indígenas, 48 por cada mil.

En el caso de la mortalidad materno infantil, no existen variaciones significativas, pues éstas se mantienen prácticamente en 6 por cada 10 mil, siendo la edad promedio de muerte de 29 años, ocurriendo la mitad de estas muertes en zonas rurales, poniendo como ejemplo el hecho de que en Chiapas sólo el 21 por ciento de los partos son atendidos en establecimientos de salud.

En México se presenta un incremento de enfermedades no transmisibles asociadas a gran parte de transmisión de gente adulta hacia la vejez, así como en los malos hábitos alimenticios que hoy en día sitúan como un grave problema de salud a la obesidad y el sobrepeso en todos los grupos de edad, sexo y clases sociales, con predominio en las zonas urbanas.

De datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud para el año 2012, el 36.9 por ciento de los niños y niñas entre 5 y 11 años tenían sobrepeso, y el 32 por ciento de obesidad en un grupo de hombres y mujeres entre 12 y 19 años. El sobrepeso promedio es del 34.1 por ciento y la obesidad de 35.8 por ciento.

Del grupo de adultos de 20 años y más, la recurrencia de sobrepeso y obesidad es mayor en el género femenino.

Lo anterior conlleva a problemas de salud como la hipertensión arterial, que a nivel nacional es del 30.5 por ciento, la diabetes mellitus de 10.75 por ciento, que genera la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda en los hombres, y la hipercolesterolemia es del 43 por ciento.

Otro problema serio de salud, como son el tabaco, que afecta a cerca del 26 por ciento de la población urbana, y el 14 por ciento de la población rural, teniendo un incremento entre la población de los adolescentes entre 12 y 17 años de edad, y del alcoholismo vinculado de manera importante con accidentes de tránsito, homicidios violentos intrafamiliares e incapacidades parciales y permanentes.

Las enfermedades transmisibles por vectores, que son organismos que transmiten patógenos a una persona o animal infectada a otra, con mayor frecuencia en zonas tropicales, para cada año serán objetivo mediante el despliegue de campañas consistentes en aumentar la conciencia sobre la amenaza que suponen las enfermedades vectoriales, y animar a las familias y a las comunidades a que opten medidas de protección.

Un elemento básico de la campaña será la difusión de enfermedades de las comunidades, como las enfermedades vectoriales que empiezan a sobrepasar sus fronteras. Tradicionalmente es necesario que las medidas se amplíen más allá de los países en los que actualmente medran estas enfermedades. A este respecto, en el marco del Día Mundial de la Salud, el gobierno de la República inauguró el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica.

Derivado de lo anterior, es de señalar que este Senado está atento a los problemas de salud antes descritos, pues basta ver la gran cantidad de iniciativas que se han propuesto para contribuir a controlarlos, y que sencillamente es un asunto que sobrepasa más allá de los acuerdos que puedan tener los grupos parlamentarios, tratándose de la salud de las y los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Romero Lainas.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores:

Estamos conmemorando un aniversario más de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, y al mismo tiempo el Día Mundial de la Salud.

La ocasión es propicia para reflexionar sobre la salud pública, hacer un balance de nuestra situación en esta importante área.

El tema elegido por la Organización Mundial de la Salud para este año son las enfermedades transmitidas por vectores.

¿Pero, qué son las enfermedades vectoriales?

Son infecciones propagadas por algunos organismos como por ejemplo, insectos y caracoles que transportan virus, parásitos y bacterias a humanos.

Estas enfermedades representan una alta carga de morbilidad y mortalidad para las personas, sus familias y las comunidades, especialmente en los países más pobres, causando ausentismo escolar, mayor pobreza, así como un impacto negativo en la productividad económica y altos costos y sobrecargas de los sistemas de salud de los países.

Algunas de las enfermedades transmitidas por vectores que más impactan en América Latina son: la malaria o paludismo, el dengue, la enfermedad de chagas y la ceguera por tracoma.

Se calcula que el paludismo es la enfermedad vectorial más mortífera causante de 660 mil muertes en 2010, la mayoría niños africanos menores de 5 años.

En nuestro país, aún cuando en la transmisión se lograron reducciones de más de 75 por ciento en la última década, aún persisten algunos focos de transmisión persistente: Chiapas, frontera con Guatemala, sur de Oaxaca, Nayarit, Durango, Chihuahua y Sinaloa.

Otra enfermedad de este tipo es el dengue, cuya incidencia se ha multiplicado por 30 en los últimos 50 años; la globalización del comercio, los viajes, la organización y los cambios medioambientales tales como el cambio climático, están teniendo gran impacto en la transmisión de esta enfermedad, por eso ha empezado a aparecer en países en los que antes no existía.

Si bien, durante 2013 México registró un aumento de casos hasta llegar a 60 por ciento en agosto del año pasado, siendo los estados más afectados Tabasco, Guerrero y Quintana Roo, según cifras de la Secretaría de Salud.

En el primer trimestre de este año se observa un decremento de 22.5 por ciento de los casos confirmados.

En 1983 se sentaron las bases jurídicas para la construcción del Sistema Nacional de Salud en nuestro país, desde entonces ha sido un permanente anhelo lograr que se incorpore a todas las personas en esquemas de protección, independientemente de su situación laboral.

A pesar de los importantes avances en materia de salud, para el año 2000 el país enfrentaba retos que ameritaban una reforma de fondo; era necesario modernizar la legislación para alcanzar mayor eficiencia en el acceso a los servicios médicos. Gracias a la reforma a la Ley General de Salud impulsada de manera decidida por el Partido Acción Nacional, desde enero de 2004 contamos con un esquema de seguridad universal denominado Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular, para ofrecer por primera vez en la historia del país acceso igualitario de un aseguramiento médico público a la población no asalariada.

La mayoría de los países reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, al menos 180 de 200, sean desarrollados o no, todavía no han logrado la cobertura universal de salud; gracias al Seguro Popular, México ya está a la vanguardia en este sentido y su esquema de aseguramiento en salud como política pública está sirviendo de ejemplo a otros países.

A diez años de su creación, el Seguro Popular se ha vuelto un pilar que proporciona servicios de salud a muchos millones de mexicanos; pero aún no podemos cantar victoria, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, cerca de 30 millones de mexicanos siguen sin sentirse con dicha protección.

Además, está presente el reto de garantizar a toda la población afiliada el acceso a los servicios de salud de manera oportuna y con calidad, fortaleciendo la plantilla de personal de salud, así como la infraestructura y el equipamiento de los centros de salud y de los hospitales de especialidades básicas y de alta especialidad.

Es necesario también hacer efectiva la garantía del surtimiento completo de las recetas a todos los usuarios de los servicios de salud en las instituciones públicas, particularmente en el Seguro Popular.

Por otra parte, en algunos estados el presupuesto otorgado al Seguro Popular ha sido ejercido con irregularidades, las cuales han sido documentadas por la Auditoría Superior de la Federación.

La fiscalización realizada para el ejercicio fiscal 2010 es muy ilustrativa, derivado de las auditorías practicadas en las 32 entidades federativas, la opinión contenida en los dictámenes fue negativa en 20, y con observaciones en las 12 restantes.

Ante este panorama, las Senadoras y Senadores de Acción Nacional insistiremos en que las reformas ya aprobadas en materia de contabilidad gubernamental, transparencia y federalismo durante la presente legislatura, rindan frutos en una mejor fiscalización y ejercicio eficaz y eficiente de los recursos para la salud.

No sólo es importante hablar en la celebración de estas fechas, también debemos actuar; por eso, tal como lo establecimos en nuestra plataforma política, habremos de impulsar los cambios necesarios para lograr la integración funcional de los servicios de salud, incluyendo la portabilidad que permita a la población mexicana atenderse con equidad y calidad homogénea en cualquier institución, por el solo hecho de ser mexicano y sin importar su afiliación o derechohabiencia.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente,

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Díaz Lizama.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con su permiso, señor Presidente. Estimadas compañeras y compañeros, muy buenas tardes a todos:

A nombre del grupo parlamentario del PRI, me permito y me honra el día de hoy, dar un mensaje en relación al Día Mundial de la Salud que se celebró justamente el día de ayer.

La salud es una de las principales condiciones que impactan en la calidad de vida y en el nivel de bienestar de las personas; sin duda, es un elemento fundamental para el progreso y el desarrollo de nuestra sociedad.

En el Senado de la República los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional conmemoramos el Día Mundial de la Salud, instituido por la Organización Mundial de la Salud, el 7 de abril de 1950.

Como parte de la celebración, cada año se elige un tema central de interés general para la población mundial.

Este 2014 el lema es: “Pequeñas Picaduras, Grandes Amenazas”, relativo a las enfermedades transmitidas por vectores, es decir, organismos que transmiten patógenos de una persona a otra y se derivan en enfermedades como el dengue y el paludismo.

Hoy, más que festejar, es oportuno reflexionar y conscientizar sobre el panorama y los retos que tenemos en materia de salud pública.

La esperanza de vida al nacer pasó de 41.5 en 1940, a 74.3 años en 2012. Se ha incrementado la cobertura de vacunación, ha disminuido la mortalidad asociada a enfermedades infecciosas; el número promedio de consultas médicas desde 1990 ha registrado uno de los aumentos más rápidos entre los países de la OCDE.

Pese a estos logros, aún persisten deudas con nuestra sociedad. Aún faltan médicos y enfermeras en diversas regiones de nuestro país; de acuerdo a la OCDE, en México por cada 1,000 habitantes, hay 2.2 médicos, y 2.7 enfermeras y enfermeros; mientras que el promedio es de 3.2 y 8.7 respectivamente, según la OCDE.

Por lo que respecta al tema central de este año, es importante saber que los mosquitos, las moscas, las garrapatas y los caracoles de agua dulce pueden propagar patógenos que derivan en enfermedades graves como ya lo señalamos, e incluso en la muerte; enfermedades como el paludismo, el dengue y la fiebre amarilla, entre otros, son transmitidas por estos insectos, y a pesar de que todas se pueden prevenir, la realidad nos indica que continúan siendo letales entre las poblaciones más pobres del mundo.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades transmitidas por vectores afectan a la población mundial de la siguiente manera: el 40 por ciento corre el riesgo de contraer el dengue, cada año se producen 1.3 millones de nuevos casos leishmaniasis, y el paludismo causa cerca de 660 mil muertes.

Por lo anterior, el organismo internacional busca mejorar la protección contra estas enfermedades, planteándose los siguientes objetivos generales a cumplir: que las familias donde hay transmisión vectorial sepan cómo protegerse, que las personas sepan cómo protegerse de los vectores y las enfermedades vectoriales cuando viajan a países en los que estas suponen una amenaza para la salud; que los ministerios de salud de los países en los que las enfermedades vectoriales constituyen un problema de salud pública tomen medidas para mejorar la protección de su población; que las autoridades sanitarias de los países en la que las enfermedades vectoriales empiezan a ser una amenaza colaboren con las autoridades pertinentes para mejorar la vigilancia integrada de los vectores y adoptar medidas que eviten su proliferación.

En México, de acuerdo al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, las enfermedades transmitidas por vectores constituyen un importante problema de salud pública, ya que en alrededor del 60 por diento del territorio nacional hay condiciones que favorecen la transmisión de este tipo de patologías.

Los lugares con mayor susceptibilidad de que se reproduzcan este tipo de enfermedades son los centros agrícolas, ganaderos, industriales, pesqueros, petroleros y turísticos de importancia de nuestro país, donde residen más de 50 millones de personas.

Por lo que respecta al dengue, este es transmitido por el mosquito “aedes aegypti” y hasta marzo de 2014 se habían reportado 955 casos confirmados de fiebre hemorrágica por dengue, y mil 855 de fiebre por dengue. La mitad de los casos se concentra en cinco estados: Sinaloa, Yucatán, Nuevo León, Guerrero y Jalisco.

En cuanto al paludismo o malaria, la Secretaría de Salud señala que es una enfermedad causada por parásitos del género plasmodium, el cual es transmitido por la picadura de las hembras del mosquito anopheles, infecta los glóbulos rojos de la sangre, eritrocitos, puede producir anemia e inflamación del hígado y el vaso; de no tratarse a tiempo pueden presentarse complicaciones hasta llegar a un cuadro severo, afectar otros órganos, y en el peor de los escenarios, producir la muerte.

Conforme a información de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en 2011 se presentaron 714 casos de paludismo por plasmodium vivax.

Compañeras y compañeros legisladores, las cifras son contundentes, y dejan de manifiesto lo importante que es prevenir la presencia de estas enfermedades, pues además del deterioro de la salud, también constituye el menoscabo de la economía, la estabilidad y la tranquilidad de las familias mexicanas.

Sin duda la salud es el bien más valioso del ser humano, por ello no podemos ser indiferentes con quienes padecen cualquier tipo de enfermedades, incluidas las transmitidas por vectores. Hemos tenido avances significativos en el sistema nacional de salud, sin embargo, aun tenemos grandes retos, en particular, con la población que vive en condiciones de vulnerabilidad.

Es imperativo, por tanto, seguir impulsando una cultura de la prevención, pues se trata del mejor instrumento con que contamos.

En el marco del Día Mundial de la Salud, los invitamos a trabajar para fortalecer nuestro sistema nacional de salud; a legislar para que todos los mexicanos tengan acceso a tratamientos idóneos, oportunos y a poder asegurarles servicios de salud con calidad.

Por su atención, y sobre todo por su compromiso con la salud, muchas gracias a todas y a todos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Muchas gracias, Senadora Flores Escalera.

Esta Presidencia saluda a un grupo de personas provenientes del estado de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Compañeras y compañeros Senadores, el pasado jueves dimos cuenta con el Acuerdo de la Colegisladora, por el que declaró finalizado el proceso legislativo a diversos proyectos que el Senado le remitió para su fase de revisión.

En correspondencia y complemento a lo anterior, la Mesa Directiva del Senado suscribió un Acuerdo homólogo por el que proponemos dar conclusión a los proyectos enviados por la Cámara de Diputados, correspondientes a la LVIII, LIX y LX Legislaturas.

Solicito a la Secretaría dé lectura a al Acuerdo.





 

MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho punto de Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria, aprobado el Acuerdo. En consecuencia, se declara concluido el proceso legislativo de los proyectos de Decreto remitidos por la Colegisladora correspondientes a las LVIII, LIX y LX Legislaturas.

La Secretaría Parlamentaria publicará en la Gaceta del Senado la relación de los proyectos que se tendrán por concluidos. Comuníquense a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISION DE ADMINISTRACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Para los efectos de los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibieron de la Comisión de Administración del Senado, los proyectos de Presupuesto de Dietas, Honoraros, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para los meses de abril y mayo de 2014.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a consideración de la Asamblea los dos proyectos de presupuesto. Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los proyectos de presupuesto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los proyectos de presupuesto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban los presupuestos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los presupuestos de la Cámara de Senadores para los meses de abril y mayo de 2014.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibieron de la Comisión de Administración, los informes de los presupuestos ejercidos en los meses de enero y febrero de 2014.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura a los siguientes dictámenes.

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 constitucional, en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 108 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un octavo párrafo al artículo 4o. constitucional, en materia de derecho de la identidad y gratuidad de la primera copia certificada del registro de nacimiento.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN OCTAVO PARRAFO, RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, AL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO DE LA IDENTIDAD Y GRATUIDAD DE LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DEL REGISTRO DE NACIMIENTO

(Dictamen de primera lectura)







 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SEGURIDAD SANGUINEA

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Seguridad Sanguínea.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de Septiembre de 2013, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Seguridad Sanguínea.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Legislador proponente pretende establecer en las disposiciones que regulan los bancos de sangre así como la hemovigilancia en nuestro país.

Dicho instrumento legislativo propone incorporar la organización, operación, supervisión y evaluación de la prestación de servicios de seguridad sanguínea, con objeto de garantizar el acceso equitativo, oportuno, eficiente y seguro de sangre y sus componentes, además delograr un efectivo sistema de hemovigilancia.

Así mismo, prevé que los Servicios de Sangre se integran por los diversos establecimientos que realizan actividades relativas a la disposición de sangre y que se conformarán en la red de servicios de sangre compuesta por: a) Centro de colecta, b) Bancos de sangre c) Centro de procesamiento de sangre, d) Centros de calificación biológica, e) Centro de distribución de sangre y componentes, y f) Servicios de transfusión.

La conformación y supervisión de la red de servicios de sangre será responsabilidad del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, con la participación de los Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea, la verificación sanitaria permanece en la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios.

Lo anterior para darle certeza jurídica a los servicios de sangre.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. La Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, adoptó la Resolución WHA58.13, “Seguridad de la sangre: Propuesta para el establecimiento del Día Mundial del Donante de Sangre”, y estableció en mayo de 2005 el Día Mundial del Donante de Sangre, previo antecedente que se tenía de varios países como Estados Unidos de América que organizaban reuniones con dicho fin. Entre otras virtudes, se promueve la donación voluntaria de sangre para valorar la vida, sensibilizar y solidarizar a las personas para con sus semejantes y conservar lo más preciado de la vida que es la salud donando sangre.

C. Hay que señalar que la Primera Conferencia Panamericana de Seguridad Sanguínea, organizada en febrero de 2003, por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), consideró necesario ampliar el concepto de seguridad transfusional para abarcar la seguridad de los donantes de sangre, la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de los componentes sanguíneos, así como la seguridad del acto transfusional, considerando en la medición no sólo la ausencia de reacciones adversas en pacientes transfundidos sino también el beneficio clínico que las transfusiones proveen.

D. Asimismo la resolución CE136.R6 de la OPS solicita a la Directora que coopere con los Estados Miembros en la elaboración de sus políticas y estrategias nacionales de sangre, y en el fortalecimiento de los servicios de sangre para garantizar la seguridad de las transfusiones y resuelve instar a los países miembros (México forma parte de ella), para que entre otras intervenciones:

• Analicen el progreso y los retos en la búsqueda de la suficiencia, la calidad, la seguridad y el uso apropiado de la sangre y sus productos en sus países;

• Promuevan la participación de los sectores público y privado, ministerios de educación, trabajo y desarrollo social y de la sociedad civil en las actividades internacionales, nacionales y locales emprendidas para implementar el plan regional de acción para la seguridad de las transfusiones, asignando los recursos apropiados para alcanzar los objetivos contenidos en él;

• Fortalezcan los servicios de sangre y mejoren su eficiencia a la vez que promueven una cultura de donación voluntaria no remunerada.

E. Es importante señalar que, en septiembre de 2006, México firmó ante la Organización Mundial de la Salud su compromiso respecto al Primer Reto de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente: “Una atención más segura”, uno de cuyos componentes es la seguridad de la sangre. Este compromiso fue ratificado en septiembre de 2007 (Programa de Acción Específico 2007-2012 de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud).

Por otro lado, una parte fundamental en el tema es que la 63ª. Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 2010) reiteró la solicitud a la Directora General de que oriente a los Estados Miembros para que en el proceso de actualizar sus leyes, normas nacionales y medidas de regulación orientadas a garantizar un control eficaz de la calidad y seguridad de los productos sanguíneos y los dispositivos médicos conexos, en particular de los empleados para el diagnóstico in vitro, se atengan a las normas reconocidas internacionalmente; para que fomente la capacidad para dirigir y gestionar los sistemas de suministro de sangre a fin de reforzar los programas nacionales coordinados y sostenibles de sangre y sus componentes; que en caso necesario promueva la creación de redes regionales de colaboración y regulación y que se aliente la investigación de nuevas tecnologías para producir sucedáneos seguros y eficaces de la sangre.

F. Hay que subrayar que en México, el 21 de enero de 1988 se creó el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Salud, dicho órgano de gobierno coordina la política de Estado en materia de disposición de sangre, misma que debe articular a los tres órdenes de gobierno, a la iniciativa privada y a la sociedad civil en general, con la finalidad de lograr la seguridad y suficiencia en el Sistema Nacional de Salud.

Entre otras atribuciones, dicho Centro debe de: elaborar y proponer actualizaciones legislativas, políticas, programas, modelos operativos y estrategias para uniformar criterios, actividades y técnicas sobre la disposición de sangre, componentes, sanguíneos y células troncales con el fin de incrementar la autosuficiencia, seguridad y calidad de estos biológicos, así como, promover un trato digno y respetuoso al donante, el receptor y el personal de salud.

En el mismo sentido, tiene como objetivo, lograr la autosuficiencia, seguridad, calidad y uso terapéutico racional de las unidades de sangre, componentes sanguíneos y células troncales.

G. Hay que decir que de conformidad con el Programa de Acción Específico 2007-2012 TRANSFUSION SANGUINEA, se advirtió, que las transfusiones de sangre salvan vidas y contribuyen de manera sustantiva a mejorar la salud de quien en su momento lo necesita. Sin embargo, a pesar de los avances que se han tenido en la regulación y aplicación de dicha materia, se requiere de mayores esfuerzos para poder ofrecer el servicio a quien lo necesite, toda vez que el acceso a la sangre es un asunto de equidad, justicia, responsabilidad social y humanismo.

Algunas características de la política nacional de sangre consideran: Constituir los mecanismos que aseguren el acceso oportuno y de calidad de los productos sanguíneos a todos los ciudadanos, basados en los principios de equidad, solidaridad, universalidad, calidad y eficiencia.

H. Por otro lado la seguridad transfusional es un tema de Derechos Humanos, acceso universal e inclusión por lo que se considera a la suficiencia, la disponibilidad y el acceso a la sangre para las transfusiones no sólo un elemento de salud pública, sino una opción de tratamiento indispensable para algunos padecimientos y un recurso terapéutico para solventar emergencias sanitarias en la población. Por ello, la sangre debe ser considerada en su justa dimensión como un recurso terapéutico de vital importancia para la población mexicana.

Por lo anterior, se propone reformar la Ley General de Salud, a fin de garantizar el derecho a la protección de la salud de los mexicanos otorgando toda garantía en materia de seguridad transfusional.

Dicha propuesta tiene dos componentes:

A) Fortalecer la regulación, el control y la vigilancia sanitarios de la sangre (tejido hemático con todos sus componentes), y

B) Regular la Seguridad Sanguínea de manera específica e integral incluyendo la seguridad de los donantes de sangre, la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de los componentes sanguíneos, así como la seguridad del acto transfusional, considerando en la medición no sólo la ausencia de reacciones adversas en pacientes transfundidos sino también el beneficio clínico que las transfusiones proveen.

Es por ello, que estas comisiones dictaminadoras coinciden en la iniciativa, en el sentido de otorgar certeza jurídica a todo lo que engloba la seguridad sanguínea en nuestro país.

Sin embargo, estas comisiones proponen cambios al Decreto en dictamen, por considerar que una parte del articulado pretendido no es materia de ley, ya que por su contenido específico, técnico y dinámico, es objeto de disposiciones reglamentarias, por lo que deben conservarse a nivel de norma oficial mexicana.

En efecto, no se debe perder de vista la generalidad del ordenamiento su contenido, alcance y espíritu.

Adicionalmente, es de hacer notar por estas comisiones dictaminadoras, que acorde con los avances de la biotecnología contemporánea de alta complejidad, es necesario actualizar, en el mismo sentido de la iniciativa a dictamen, los demás artículos que hacen referencia a células troncales o progenitoras, por el concepto unívoco de células troncales, toda vez que es el término que se utiliza a nivel internacional de acuerdo con los estándares de la Unión Europea.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto que REFORMA y ADICIONA diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

ARTICULO UNICO. Se REFORMAN los artículos; 112,fracción III, 313, fracciones I y V, 314,fracciones I Bis, XIII, XXVI y XXVII, 315, fracciones II, III, IV, V y el segundo párrafo, 316 Bis 1, 317, 322, 323, 327, 329 Bis, 338, fracciones I y IV, 339, 341, 341 Bis, 342 Bis 1 y 342 Bis 2, y se ADICIONAN las fracciones XII Bis, XII Bis 1, XIV Bis., XXVIII al artículo 314, la fracción VI y el tercer párrafo al 315, el Capítulo III Bis., al Título Décimo Cuarto, los artículos 342 Bis. 3, 460 Bis y una fracción VII al 462.

Artículo 112.-

I. a II.

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 313.-

I. El control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos, en los términos establecidos por esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

II. a IV.

V. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas, campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para fines de trasplantes, así como de sangre y sus componentes para efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos.

Artículo 314.- …

I.…

I Bis. Células Troncales, aquellas capaces de autoreplicarse y diferenciarse hacia diversos linajes celulares especializados;

II. a XII.

XII Bis. Sangre, es el tejido hemático con todos sus componentes;

XII Bis 1. Plasma, el componente específico separado de las células de la sangre;

XIII. Tejido, agrupación de células especializadas que realizan una o más funciones;

XIV.

XIV Bis. Transfusión, procedimiento terapéutico consistente en la aplicación de sangre o de componentes sanguíneos a un ser humano;

XV. a XXV.

XXVI. Procuración, al proceso y las actividades dirigidas a promover la obtención oportuna de órganos, tejidos y células donados para su trasplante;

XXVII. Trazabilidad, a la capacidad de localizar e identificar los órganos, tejidos, sus componentes y células, en cualquier momento desde la donación y, en su caso, hasta el uso terapéutico, procesamiento o destino final, y

XXVIII. Hemoderivados, los productos obtenidos de algunos componentes sanguíneos, especialmente el plasma, mediante procesos fisicoquímicos o biológicos, para aplicación terapéutica, diagnóstica, preventiva o en investigación.

Artículo 315.- Los establecimientos de salud que requieren de licencia sanitaria son los dedicados a:

I. …

II. Los trasplantes de órganos, tejidos y células;

III. Los bancos de órganos, tejidos no hemáticos y células;

IV. Los servicios de sangre;

V. La disposición de células troncales, y

VI. Los establecimientos de medicina regenerativa.

La Secretaría de Salud otorgará la licencia a que se refiere el presente artículo a los establecimientos que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los actos relativos, conforme a lo que establezcan las disposiciones de esta Ley y demás aplicables.

Para el caso de los establecimientos de salud a que se refiere la fracción IV del presente artículo, la licencia sanitaria tendrá una vigencia de 5 años prorrogables por plazos iguales de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 316 Bis 1.-Para garantizar la disponibilidad oportuna de sangre o sus componentes, los establecimientos a los que se refieren las fracciones I y II del artículo 315 de esta Ley que no cuenten con bancos de sangre o centros de procesamiento, deberán tener convenio con algún establecimiento de banco de sangre, un centro de procesamiento o un centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos.

Artículo 317.- …

Los permisos para que los tejidos y sus componentes, así como las células puedan salir del territorio nacional, se concederán siempre y cuando estén satisfechas las necesidades terapéuticas de éstos en el país, salvo casos de urgencia. Para la entrada o salida de sangre y sus componentes, se estará en lo dispuesto en la fracción VI del artículo 375.

En el caso de plasma residual se concederán los permisos siempre que se trate de realizar su procesamiento para la obtención de hemoderivados y se garantice su retorno al territorio nacional con fines terapéuticos.

Artículo 322.-

En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células troncales se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

Artículo 323.-

I.

II. Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales en vida.

Artículo 327.-Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de éstos se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito.

No se considerarán actos de comercio la recuperación de los costos derivados de la obtención o extracción, análisis, conservación, preparación, distribución, transportación y suministro de órganos, tejido y células, incluyendo la sangre y sus componentes.

Artículo 329 Bis.- El Centro Nacional de Trasplantes fomentará la cultura de la donación para fines de trasplantes, en coordinación con los centros estatales de trasplantes.

...

Artículo 338…

I. El registro de establecimientos autorizados a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta Ley;

II. a III. …

IV. Los datos de los trasplantes con excepción de los autotrasplantes y los relativos a células troncales;

V. a VI. ...

En los términos que precisen las disposiciones reglamentarias, los establecimientos de salud referidos en las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta Ley, a través del responsable sanitario en coordinación con los Comités Internos señalados en el artículo 316 del mismo ordenamiento, deberán proporcionar la información relativa a las fracciones II, III, IV y V de este artículo.

El registro de los trasplantes de células troncales estará a cargo del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.

Artículo 339.- …

La asignación y la distribución en el territorio nacional de órganos, tejidos y células, con excepción de las troncales, se realizará por los comités internos de trasplantes y por los comités internos de coordinación para la donación de órganos y tejidos, de conformidad con lo previsto en la presente Ley.

CAPITULO III BIS

Disposición de sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados y células troncales de seres humanos.

Artículo. 340.-…

Artículo 341.- La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células troncales, con fines terapéuticos estará a cargo de los establecimientos siguientes:

A). Los servicios de sangre que son:

I. Banco de sangre;

II. Centro de procesamiento de sangre;

III. Centro de colecta;

IV. Centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos;

V. Servicio de transfusión hospitalario; y

VI. Centro de calificación biológica.

B). Los que hacen disposición de células troncales que son:

I. Centro de colecta de células troncales, y

II. Banco de células troncales.

C) Los establecimientos de medicina regenerativa.

Los establecimientos que lleven a cabo la transfusión sanguínea, serán los responsables de la seguridad transfusional.

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al respecto.

La Secretaría de Salud, emitirá las disposiciones que regulen tanto la infraestructura con que deberán contar los bancos de sangre que lleven a cabo actos de disposición y distribución de células troncales, como la obtención, procesamiento y distribución de dichas células.

Artículo 342 Bis 1.-…

Para dotar de transparencia a los procesos y la valoración de donantes, la obtención de sangre y sus componentes, su análisis, procesamiento, conservación, transporte, control sanitario y uso terapéutico, se sujetarán a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud.

La distribución de sangre y sus componentes deberá ser equitativa y dar prioridad a las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

Se deberán realizarlas pruebas necesarias que determine la Secretaría de Salud de acuerdo con los estándares internacionales de calidad y seguridad sanguínea a efecto de disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades por transfusión.

Artículo 342 Bis 2.- …

Las disposiciones que emita la Secretaría de Salud para garantizar la trazabilidad en cuanto a origen y destino de los tejidos y el plasma residual, así como las relativas a la fármaco vigilancia y control sanitarios de los mismos, tomarán en cuenta la experiencia en la materia, de agencias reguladoras nacionales e internacionales y a la evidencia científica y tecnológica.

Artículo 342 Bis 3.- El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea tendrá a su cargo el Registro Nacional de Sangre y de Células Troncales, el cual integrará y mantendrá actualizada la información relativa a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células troncales e incluirá lo siguiente:

I. El registro de establecimientos a que se refiere el artículo 341 de esta Ley, así como de sus respectivos responsables sanitarios, en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios;

II. El registro de los comités de medicina transfusional, así como de los comités o subcomités de trasplantes de células Troncales;

III. Información relativa a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células troncales que se lleven a cabo en el país;

IV. El Sistema Nacional de Biovigilancia;

V. El registro único de unidades de células troncales que se tengan en existencia, así como de los donantes potenciales de dichas células, con el fin de actuar como enlace nacional e internacional para su localización; y

VI. Los demás que prevean las disposiciones reglamentarias.

Artículo 460 Bis.-Al que introduzca o pretenda introducir en el territorio nacional sangre humana o cualquiera de sus componentes, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de uno a cinco años y multa por el equivalente de diez a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Si la introducción de sangre humana o cualquiera de sus componentes a que se refiere el párrafo anterior, produce algún contagio en la población, las penas previstas en este artículo se incrementarán en una mitad.

Artículo 462.- …

I a IV. …

V. Al receptor del órgano que consienta la realización del trasplante conociendo su origen ilícito;

VI. Al que trasplante un órgano o tejido cuando el recepto y/o donador sean extranjeros, sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto, y

VII. Aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes, se aplicará de uno a dos años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Para los efectos de lo establecido por el artículo 315 de esta Ley, a la entrada en vigor de este Decreto, las solicitudes de licencia sanitaria que se encuentren en trámite por parte de los establecimientos de salud a que se refieren la fracción IV de dicho artículo y que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los actos relativos, tendrán a partir de la fecha de su expedición una vigencia de 5 años.

TERCERO.- Las autorizaciones sanitarias de los establecimientos de salud mencionados en la fracción IV del artículo 315 de esta Ley, otorgadas por tiempo indeterminado deberán someterse a revisión para obtener la licencia sanitaria correspondiente en un plazo de hasta cinco años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO.- Los gobiernos Federal, de las entidades federativas y de los municipios, desarrollarán de manera coordinada y en el ámbito de su competencia, las políticas públicas previstas en el presente Decreto a partir de los recursos presupuestarios disponibles, para lograr de manera progresiva, el cumplimiento del mismo.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, quedan de primera lectura.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, sobre seguro popular.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, sobre seguro popular.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, SOBRE SEGURO POPULAR

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 08 de Septiembre de 2013, se dio cuenta con oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite propuesta del Presidente de la República Enrique Peña Nieto con fundamento en los Artículos 71 y 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud.

Con fecha 10 de Septiembre de 2013, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 22 de Octubre de 2013, se discutió y aprobó la Iniciativa que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud, con la siguiente votación:

EN LO GENERAL

EN LO PARTICULAR

  • 390 votos a favor
  • 361 votos a favor
  • 20 votos en contra
  • 32 votos en contra
  • 25 abstenciones
  • 13 abstenciones

 

En la misma fecha se remitió a la Cámara de Senadores para los efectos correspondientes.

4. Con fecha 23 de Octubre de 2013, se recibió de la Cámara de Diputados, la Minuta que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud. En la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dispuso que se turnara a las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos, del Senado de la República para su análisis y Dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

El espíritu de la presente Minuta, hace mención de lo siguiente:

Señala que los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), deberán financiar y coordinar eficiente, oportuna y sistemáticamente la prestación de servicios de salud.

Así mismo precisa las responsabilidades del Ejecutivo Federal y de los gobiernos de los estados en la coordinación, planeación, operación y fiscalización de las acciones en la materia.

Por otra parte determina que los acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), deberán incluir como mínimo:

• Las modalidades orgánicas y funcionales de los REPSS;

• Los conceptos de gasto;

• El destino de los recursos;

• Los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la evaluación integral del Sistema; y

• El perfil que los titulares de los regímenes deben cubrir.

También pone las bases a las que se sujetarán a dichos regímenes y establece que cuando una entidad federativa incumpla en el pago por la prestación de servicios, la Secretaría de Salud (SS) destinará a la entidad acreedora el monto de los casos validados, cuyos recursos provendrán de los correspondientes a la entidad deudora.

Un punto toral, indica que la transferencia de recursos a los estados podrá ser en Numerario, mediante depósitos en las cuentas que los REPSS instauren en la Tesorería de la Federación o en Especie.

Cabe hacer mención, que establece que los recursos del Sistema estarán sujetos a supervisión a fin de verificar el cumplimiento de las acciones que se provean en materia de salud.

Desaparece el Consejo Nacional de Protección Social en Salud, y atribuye al Secretario de Salud la facultad de proponer al candidato a Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Protección Social en Salud.

Por último establece una pena de 4 a 7 años de prisión y multa de 1,000 a 500,000 días de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, a quien desvíe el objeto de los recursos transferidos al Sistema de Protección Social en Salud.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en los Artículos 4° párrafo cuarto y 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan la necesidad de regular en materia del Sistema Nacional de Protección Social en Salud.

De lo mencionado se desprende el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

B. La Minuta en comento es incumbencia de este órgano legislativo y se deriva de la Iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal, que tiene como propósito reestructurar en algunos rubros, el sistema del Seguro Popular.

La creación y puesta en vigor del Sistema de Protección Social en Salud, comúnmente conocido como Seguro Popular, tiene como objetivo principal, que toda la población tenga acceso igualitario al cuidado de su salud.

Es el instrumento a través del cual se da el impulso de la protección económica y financiera para todos aquellos ciudadanos que no contaban con seguridad social.

C. Desde hace años nuestro país ha hecho lo posible para tener un objetivo primordial en la salud de los mexicanos y universalizar la cobertura en salud, por ello cabe destacar el origen del Sistema de Protección Social en Salud, mismo que fue durante 2001-2006, cuando se puso en marcha el Programa “La Democratización de la Salud en México”, y tras una prueba en cinco entidades federativas, entre las que se encuentran (Aguascalientes, Campeche, Colima, Jalisco y Tabasco), es que a partir de ello se adicionó el Título Tercero Bis en la Ley General de Salud, mediante reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003, Decreto por el que se reformó y adicionó la Ley General de Salud, el cual entró en vigor el 1º de enero de 2004, y cuyo objeto fue la creación del Sistema de Protección Social en Salud como materia de Salubridad General, fortaleciendo con ello el derecho de la población a la protección de la salud, Derecho Humano reconocido en el artículo 4º Constitucional.

Mediante esta reforma se concede a todos los mexicanos el derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud con la garantía del Estado al acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción a la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y de aceptabilidad social.

Es a partir de dicha reforma que:

• Se otorga la prestación de los servicios de salud ofrecidos a la población afiliada contenidos en el Catálogo Universal de servicios de salud;

• Se otorga el tratamiento de los padecimientos de alta especialidad y alto costo que representan un riesgo financiero o gasto catastrófico, mediante el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos;

• La previsión presupuestal, a través del Fondo de Previsión Presupuestal, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, que contempla recursos para:

1. Infraestructura y equipamiento en zonas de mayor marginación social.

2. Cobertura de servicios esenciales de salud en las entidades federativas.

D. El Objetivo primordial del Seguro Popular es:

1. Ofrecer a los mexicanos que carecen de algún tipo de seguridad social acceso a servicios de salud, mediante un esquema de aseguramiento sin detrimento a su bolsillo, que favorezca la igualdad social en materia de salud;

2. Mejorar las condiciones de salud de los mexicanos;

3. Abatir las desigualdades en salud; y

4. Optimizar la capacidad de respuesta de los servicios públicos.

E. El modelo financiero del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) se sustenta en un esquema tripartito con aportaciones; 1) Del Gobierno Federal, 2) de las Entidades Federativas y 3) Contribuciones de los afiliados conforme a su capacidad económica.

Los beneficiaros del SPSS al cierre del ejercicio 2012, ascendían a 52,908,0111 personas y el presupuesto asignado al programa federal también conocido como Seguro Popular, para el ejercicio fiscal 2013, ascendió a $ 66,791,938,6392. Así mismo para el 2014 se produjo un incremento, con un presupuesto total de 72 mil 330 mdp.

F. Por lo que respecta a esta Minuta incumbencia del presente dictamen, está entre muchas otras propuestas, el establecimiento de una serie de elementos, que permitan consolidar a la Secretaría de Salud como instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección Social en Salud; hacer efectivos los beneficios que otorga la Ley a los beneficiarios del Sistema, y mejorar la transparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo de los recursos del Sistema, actualmente ejercidos por las entidades federativas.

Entre las reformas propuestas destacan las siguientes:

1.- En el art. 77 bis 2; Se define de manera detallada que los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), serán aquellas estructuras administrativas que provean dichas acciones, que dependan o sean coordinadas por la encargada de conducir la política en materia de salud en las entidades federativas.

Así mismo estos regímenes tendrán la obligación de garantizar las acciones, mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud. Con ello se le da un lugar y certeza jurídica a esta figura, además que se hace más clara la definición de los REPSS, ya que anteriormente se confundía con la definición de SPSS y desvincula la función de administración de los recursos, de la prestación de los servicios de salud a los usuarios, evitando con esto, la confusión del papel que debe desempeñar cada instancia;

2.- Por otro lado, el art. 77 bis 5; plantea la posibilidad de realizar la transferencia de recursos en “especie”, por lo que se requiere que su entrega además de realizarse en los plazos establecidos, atienda a otros criterios de conveniencia y mérito, por ello el término oportunidad es más amplio que puntualidad, toda vez que el primero además de hacer referencia a cuestiones de tiempo comprende, entre otros aspectos, a cuestiones de lugar. En consecuencia se coincide con la Colegisladora que es mejor plasmar el término oportunidad.

Respecto al inciso A) fracción IV del mismo precepto, se homologa el término de entidad federativa y especifica el destino de los recursos a que hacen referencia el artículo 77 bis 15 y las demás disposiciones aplicables del Capítulo III del Título al que pertenece la Protección Social en Salud.

La homologación del término entidad federativa y la eliminación de "estado y Distrito Federal", se realiza en los siguientes artículos 77 bis 5, inciso A) fracción VIII, IX, XII, XVI, 77 bis 5, inciso B), 77 bis 6, 77 bis 9, 77 bis 11, 77 bis 12, 77 bis 13, 77 bis 14, 77 bis 15, 77 bis 16, 77 bis 18, 77 bis 20, 77 bis 31 y 77 bis 32 fracciones I, II, III, y se considera pertinente, ya que el artículo 2 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1994, señala:

ARTÍCULO 2o.- La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. El Distrito Federal es una entidad federativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir y poseer toda clase de bienes que le sean necesarios para la prestación de los servicios públicos a su cargo, y en general, para el desarrollo de sus propias actividades y funciones.

Así mismo en el inciso A) fracción XV del mismo artículo, que incorpora el término establecimientos de salud, para sustituir a centros públicos que se pueden acreditar para ser inscritos al SPSS. Dicha modificación se basa en que los “establecimientos de Salud” tienen una definición en la Ley General de Salud, caso contrario a los “centros públicos prestadores de servicios”, es por ello que además de armonizar la legislación mencionada, se da certeza jurídica a los términos plasmados en dicha Ley.

Por otro lado en su inciso A) fracción XVI, define las bases para la compensación económica entre entidades federativas, instituciones y establecimientos del Sistema Nacional de Salud por concepto de prestación de servicios de salud, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La opinión de dicha secretaría es importante, en atención a la participación que dicha dependencia del Ejecutivo Federal tiene en la determinación de la aportación solidaria por parte del Gobierno Federal mediante la distribución del Fondo de aportaciones para los servicios de Salud a la persona que cada año se aprueba en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Así mismo en dicha fracción se agrega un párrafo que a la letra dice: Asimismo, para el caso en que proceda una compensación económica por incumplimiento a las obligaciones de pago entre entidades federativas, destinar al Régimen Estatal de Protección Social en Salud acreedor, el monto del pago que resulte por la prestación de servicios de salud que correspondan, con cargo a los recursos que en términos del presente Título deben transferirse directamente a las entidades federativas, o entregarse a la entidad federativa cuyo Régimen Estatal de Protección Social en Salud, sea considerado deudor.

Al respecto se señala que, si bien existen convenios de colaboración interestatal en los que las entidades federativas adquirieron la responsabilidad de cumplir sus compromisos pactados en materia de prestación de servicios interestatales, también lo es, que no todas las entidades lo asumen con la oportunidad debida, lo cual descapitaliza a las entidades acreedoras, en este sentido se ha buscado que sea la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud quien coordine el pago de dichos compromisos, sin embargo, a la fecha no existe disposición en la Ley General de Salud que faculte expresamente a realizar dichas acciones, por tal motivo y considerando que la Secretaría de Salud, como todo ente de carácter público, está sujeta a que el orden jurídico nacional le faculte expresamente a realizar determinadas acciones, es imprescindible que se adicione el párrafo que se comenta a fin de fortalecer el esquema de compensación económica interestatal.

En el inciso B) fracción I, la reforma incorpora al reglamento y a las disposiciones de la Ley General de Salud, a lo que estipula el Titulo Tercero Bis, de la misma Ley, en cuanto a en qué términos se deben proveer los servicios de salud por parte de las entidades federativas.

Ello posiciona dentro de un marco regulatorio apropiado a los servicios de salud del SPSS, que antes solo se enmarcaba en el título que lo crea, lo cual dejaba fuera las disposiciones reglamentarias y las propias de la Ley General de Salud.

El 77 bis 5, inciso B) fracción II, precisa que los beneficiarios del SPSS, son incorporados por conducto de los REPSS.

Estamos de acuerdo con esta modificación ya que en la redacción actual pareciera que los beneficiarios son incorporados a los REPSS y no al SPSS.

El 77 bis 5, inciso B) fracción III, precisa la forma y los tiempos en que los recursos, una vez radicados en la entidad federativa, deben ser transferidos a los REPSS incluyendo los rendimientos que se pudieran generar, además los REPSS deberán informar a la Secretaría de Salud sobre los montos recibidos por parte de las entidades.

Unas de las más recurrentes observaciones en las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación a los recursos del Seguro Popular, son que los recursos son transferidos a cuentas bancarias de otros fondos o programas, y que estos y sus rendimientos no son transferidos con oportunidad a los REPSS3. Por esta razón, la inclusión de estas precisiones en cuanto a la forma y al tiempo en que deben ser transferidos los recursos a los REPSS, así como la ratificación de recepción por parte de estos últimos, ayudará a evitar el desvío de recursos a otras acciones diferentes para los que fueron ministrados.

El 77 bis 5, inciso B) fracción VIII, establece que las entidades federativas, por conducto de los REPSS, lleven el adecuado control y registro de los recursos en numerario que le sean transferidos y cooperar con los órganos de fiscalización en cuanto a proporcionar información que les sea solicitada.

Esto abonará al control y fiscalización de los recursos transferidos y a fortalecer a la Secretaría de Salud como ente coordinador y rector del SPSS.

3.- Por lo que respecta al art. 77 bis 6, establece los requisitos mínimos que deben contener los acuerdos de coordinación, incorporando el perfil que debe cubrir el titular del REPSS.

Con ello se pretende evitar que los encargados de los REPSS sean designados por compadrazgos, filias partidistas o el pago de favores, en la Comisión de Salud coincidimos con esta medida que apoyará la profesionalización de la función.

Así mismo se enfatiza que para la parte operativa se dirigirá hacia los Lineamientos que en términos del artículo Sexto Transitorio, deberán emitirse en un plazo que no excederá de los 180 días siguientes al de la entrada en vigor del Decreto de reforma.

Por lo que respecta al perfil del titular se menciona que al ser los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, estructuras administrativas de carácter local, se coincide con la Colegisladora que el perfil debe establecerse en la forma propuesta, a efecto de no vulnerar la autonomía que los artículos 40, 116 y 122 de la Constitución reconoce a las entidades federativas.

En este artículo las comisiones dictaminadoras tienen una observación por lo que se refiere al primer párrafo, ya que tiene exclusivamente la facultad la Secretaría de Salud para establecer el modelo nacional a que se sujetarán los acuerdos entre la federación y los estados, por ello se considera que dicha facultad imperante, a la realización de dicho modelo se debe tomar en cuenta la opinión de las entidades federativas. Es por lo anterior que se realiza el siguiente cambio:

 

TEXTO VIGENTE

 

MINUTA CAMARA DE DIPUTADOS

PROPUESTA COMISIONES DICTAMINADORAS

Artículo 77 BIS 6. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y los gobiernos de los estados y el Distrito Federal celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Para esos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, en los cuales se determinarán, entre otros, los conceptos de gasto, el destino de los recursos, los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la evaluación integral del Sistema.

Artículo 77 bis 6. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Para esos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos.

 

 

Artículo 77 bis 6. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Para esos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando en consideración la opinión de las entidades federativas.

 

 

4.- Por lo que respecta a la modificación que se contiene en el artículo 77 bis 10, la cual establece que los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud se ajustarán ciertas bases.

Se justifica que en cuanto a garantizar el mantenimiento y desarrollo de infraestructura en salud se tiene que mencionar que el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2013 y 2014, en su artículo 36 faculta a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a emitir disposiciones generales o lineamientos sobre el destino de los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas para el fortalecimiento de la infraestructura médica.

Por lo que actualmente la manera en la que se garantiza el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura en salud se contempla en los anexos IV “Conceptos de Gasto” de los Acuerdos de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, suscritos entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y las diferentes entidades federativas.

Por otra parte, se ha consolidado el Plan Maestro de Infraestructura Física a cargo de la Secretaría de Salud, mediante el cual se emiten certificados de necesidad con elementos técnicos, tomando en cuenta las necesidades reales de las regiones geográficas y situación epidemiológica de las mismas con el objeto de hacer más eficiente el ejercicio de los recursos en la infraestructura sectorial existente.

5.- En cuanto al art. 77 bis 11, establece que el Sistema de Protección Social en Salud será financiado de manera solidaria por la Federación, las entidades federativas y los beneficiarios. Así mismo los recursos que se transfieran por la Federación para el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud, en cualquiera de sus modalidades, deberán computarse como parte de la cuota social o de la aportación solidaria federal. Y en los casos de incumplimiento a las obligaciones de pago por la prestación de servicios de salud a la persona, establecidas en los convenios de colaboración celebrados entre las entidades federativas, la Federación, por conducto de la Secretaría de Salud, de los recursos a los que se refiere el presente Título, correspondientes a la entidad federativa deudora, podrá destinar a la entidad federativa acreedora, el monto que representa el pago de los casos validados y no rechazados por concepto de compensación económica.

Al respecto, se coincide con el espíritu de esta reforma, ya que como lo menciona el párrafo segundo de la fracción XVI del apartado A del artículo 77 bis 5 de la Minuta, si bien existen convenios de colaboración interestatal en los que las entidades federativas adquirieron la responsabilidad de cumplir sus compromisos pactados en materia de prestación de servicios interestatales, también lo es que no todas las entidades lo asumen con la oportunidad debida, lo cual descapitaliza a las entidades acreedoras, en este sentido se ha buscado que sea la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud quien coordine el pago de dichos compromisos, sin embargo, a la fecha no existe disposición en la Ley General de Salud que faculte expresamente a realizar dichas acciones, por tal motivo y considerando que la Secretaría de Salud, como todo ente de carácter público, está sujeta a que el orden jurídico nacional le faculte expresamente a realizar determinadas acciones, es por ello imprescindible que se adicione el párrafo en este precepto a fin de fortalecer el esquema de compensación económica interestatal.

6.- En cuanto al art. 77 Bis 15 se establece que la transferencia de los recursos federales podrá́ hacerse en numerario o en especie, a fin de garantizar que la población cuente con los medicamentos y demás insumos para su atención. Tratándose de los recursos en numerario, éstos serán administrados por las autoridades locales mediante cuentas bancarias productivas específicas para dicho fin y, a través de depósitos en la Tesorería de la Federación, quien mediante instrucción de los Regímenes Estatales de Protección en Salud, podrá́ realizar los pagos a los proveedores de los bienes y servicios que determinen dichos Regímenes, con cargo a los referidos depósitos.

A efecto de que las secretarías de finanzas de las entidades federativas lleven el adecuado control y registro de los recursos depositados en la Tesorería de la Federación, los mencionados Regímenes deberán dar aviso de las instrucciones que giren a la Tesorería de la Federación.

Cabe señalar que estas Comisiones Dictaminadoras consideran viable dicho precepto, sin embargo, en cuanto a la fracción III del artículo en comento, la cual hace referencia a la entrega de recursos, es que se propone adicionar dos párrafos, mismos que darán certeza e inclusión a las entidades federativas en cuanto a los precios de referencia que deberán ser establecidos por la SSA y a los recursos que se transfieran en especie, mismos serán acordados en el anexo que corresponda. Con ello dar mayor transparencia en el propio sistema. Es por ello que realizan la siguiente modificación:

 

TEXTO VIGENTE

 

MINUTA CAMARA DE DIPUTADOS

PROPUESTA COMISIONES DICTAMINADORAS

Artículo 77 bis 15. El Gobierno Federal transferirá a los gobiernos de los estados y el Distrito Federal los recursos que por concepto de cuota social y de aportación solidaria le correspondan, con base en los padrones de familias incorporadas, que no gocen de los beneficios de las instituciones de seguridad social, validados por la Secretaría de Salud.

Artículo 77 bis 15. El Gobierno Federal transferirá a los gobiernos de las entidades federativas, los recursos que por concepto de cuota social y de aportación solidaria le correspondan, con base en las personas afiliadas, que no gocen de los beneficios de las instituciones de seguridad social, validados por la Secretaría de Salud.

Artículo 77 bis 15. ….

 

La transferencia de recursos a que se refiere el párrafo anterior, podrá realizarse en numerario directamente a las entidades federativas, en numerario mediante depósitos en las cuentas que constituyan los Regímenes Estatales de Protección en Salud en la Tesorería de la Federación, o en especie, conforme los lineamientos que para tal efecto emitan la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias, y adicionalmente, se sujetará a lo siguiente:

 

 

  • La transferencia de los recursos en numerario que se realice directamente a las entidades federativas, se hará por conducto de sus respectivas tesorerías, en los términos que determinen las disposiciones reglamentarias de esta Ley y demás disposiciones aplicables;

 

  • La Tesorería de la Federación, con cargo a los depósitos a la vista o a plazos a que se refiere este artículo, podrá realizar pagos a terceros, por cuenta y orden del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, quedando éste obligado a dar aviso de las disposiciones que realice con cargo a estos depósitos a la tesorería de su entidad para los efectos contables y presupuestarios correspondientes, y

 

  • Los recursos en especie se entregarán a los servicios estatales de salud, quedando obligados a dar aviso de dicha entrega a la tesorería de su entidad para los efectos contables y presupuestarios correspondientes.

 

III. Los recursos en especie se entregarán a los servicios estatales de salud, quedando obligados a dar aviso de dicha entrega a la tesorería de su entidad para los efectos contables y presupuestarios correspondientes.

Los recursos que se transfieran en especie se acordarán en el Anexo correspondiente.

La Secretaría establecerá precios de referencia a los que se deberán sujetar las entidades federativas que reciban los recursos en numerario para la adquisición de medicamentos.

 

Cuando una persona elegible beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud sea atendida en cualquier establecimiento de salud del sector público de carácter federal, la Secretaría de Salud canalizará directamente a dicho establecimiento, el monto correspondiente a las intervenciones prestadas, con cargo a los recursos a transferirse al respectivo Régimen Estatal de Protección Social en Salud, de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto emita la propia Secretaría.

7.- En lo que respecta al artículo 77 bis 16, el cual en su tercer párrafo hace referencia a que “En caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos a que se refiere este artículo se destinaron a los fines específicos para los que le fueron transferidos o entregados, las autoridades que tengan conocimiento de esta situación tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que procedan a su investigación y sanción correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad federativa reintegre los recursos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los intereses que correspondan.”Las comisiones dictaminadoras tienen la observación de lo anterior, de que si existe dicho supuesto en primer término, no exista cobro de intereses ya que repercutiría de forma trascendental en la economía del estado y en este rubro y en segundo término, si existe el supuesto que establece el artículo, se realice sin que se suspendan, parcial o totalmente, los servicios de salud a la persona, con ello siempre respetando el bien jurídico tutelado del ciudadano que es el derecho a la salud consagrado por el precepto 4to constitucional.

Es por lo anterior que se modifica de la siguiente manera:

 

TEXTO VIGENTE

 

MINUTA CAMARA DE DIPUTADOS

PROPUESTA COMISIONES DICTAMINADORAS

Artículo 77 bis 16. Los recursos de carácter federal a que se refiere el presente Título, que se transfieran a los estados y al Distrito Federal no serán embargables, ni los gobiernos de los estados podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en garantía, ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en el mismo.

Artículo 77 bis 16. Los recursos en numerario o en especie de carácter federal a que se refiere el presente Título, que se transfieran o entreguen, según sea el caso, a las entidades federativas, no serán embargables, ni los gobiernos de las mismas podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en garantía, ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en el mismo.

Artículo 77 bis 16.

Dichos recursos se administrarán y ejercerán por los gobiernos de los estados y el Distrito Federal conforme a sus propias leyes y con base en los acuerdos de coordinación que se celebren para el efecto. Los gobiernos de los estados deberán registrar estos recursos como ingresos propios destinados específicamente a los fines establecidos en el presente Título.

Dichos recursos se administrarán y ejercerán por las entidades federativas, conforme a esta Ley y, en lo que no se oponga a la misma, de acuerdo con sus respectivas leyes, así como con base en los acuerdos de coordinación que se celebren para el efecto. Los gobiernos de las entidades federativas deberán incluir en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, los recursos destinados específicamente a los fines establecidos en el presente Título.

 

 

 

 

 

 

 

En caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos a que se refiere este artículo se destinaron a los fines específicos para los que le fueron transferidos o entregados, las autoridades que tengan conocimiento de esta situación tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que procedan a su investigación y sanción correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad federativa reintegre los recursos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los intereses que correspondan.

El control y la fiscalización del manejo de los recursos a que se refiere este Capítulo se realizará conforme a los términos establecidos en el Capítulo VII de este Título y demás disposiciones aplicables.
Las entidades federativas llevarán la contabilidad y presentarán la información financiera respecto a los recursos a que se refiere este Título, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos a que se refiere este artículo se destinaron a los fines específicos para los que le fueron transferidos o entregados, las autoridades que tengan conocimiento de esta situación tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que procedan a su investigación y sanción correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad federativa reintegre los recursos a la Tesorería de la Federación, sin que se suspendan, parcial o totalmente, los servicios de salud a la persona.

 

 

 

8.- En los artículos 77 bis 22, 77 bis 23 y 77 bis 24, se eliminan el destino específico de las cuotas hacia la adquisición de medicamentos, equipo y otros insumos de la salud, establecen que los lineamientos para erogación serán definidos en disposiciones reglamentarias.

9.- El 77 bis 30, incluye además de a los centros regionales, a los demás prestadores públicos de salud de alta especialidad, para poder recibir recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para el fortalecimiento de su infraestructura. El objetivo es que con esto se abone a mejorar la calidad y ampliar la oferta de los servicios de alta especialidad que ofrece el SPSS.

10.- El 77 bis 31 y 77 bis 32, establecen la regulación de los órganos de fiscalización y las obligaciones de rendición de cuentas y se da consistencia entre la Ley General de Salud y lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto a la información que se debe rendir en materia de recursos humanos.

Esta reforma concuerda con lo que la OCDE recomienda:

Mejorar el buen gobierno del sistema, fortaleciendo los mecanismos de información y los marcos de rendición de cuentas de todas las instituciones e invirtiendo en la capacidad de gestión a todos los niveles del sistema.

Con relación a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en específico en su artículo 74.

11.- El artículo 77 bis 35, elimina, en congruencia con la derogación del artículo 77 bis 33, la necesidad de recoger la opinión de los miembros del Consejo Nacional de Protección Social en Salud, para la designación del titular de la Comisión Nacional del Sistema de Protección Social en Salud.

12.- Respecto de la adición del artículo 469 Bis estas Comisiones Dictaminadoras la estiman necesaria, y coinciden con el cambio hecho por la Colegisladora en aumentar la pena, con ello se garantizará el sentido estricto de la misma y evitar en medida de lo posible el desvío de los recursos del fin para el cual se destinaron originalmente.

Cabe señalar que en general, las comisiones dictaminadoras están de acuerdo con esta tan importante reforma, que lo que busca es entre muchas adiciones nobles, transparentar los recursos y darle mayor fortaleza al Seguro Popular. Sin embargo, realizan modificaciones ya señaladas en este apartado de Consideraciones y en conjunto se muestran en este cuadro comparativo.

 

TEXTO VIGENTE

 

MINUTA CAMARA DE DIPUTADOS 22-Oct-2013

PROPUESTA FINAL ACORDADA EN REUNION, JUEVES
20 MARZO DE 2014

 

TITULO TERCERO BIS
De la Protección Social en Salud

 

TITULO TERCERO BIS
De la Protección Social en Salud

 

TITULO TERCERO BIS
De la Protección Social en Salud

Artículo 77 BIS 6. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y los gobiernos de los estados y el Distrito Federal celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Para esos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, en los cuales se determinarán, entre otros, los conceptos de gasto, el destino de los recursos, los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la evaluación integral del Sistema.

Artículo 77 bis 6. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Para esos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos.

Artículo 77 bis 6. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Para esos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando en consideración la opinión de las entidades federativas.

 

 

Artículo 77 bis 15. El Gobierno Federal transferirá a los gobiernos de los estadosy el Distrito Federal los recursos que por concepto de cuota social y de aportación solidaria le correspondan, con base en los padrones de familias incorporadas, que no gocen de los beneficios de las instituciones de seguridad social, validados por la Secretaría de Salud.

Artículo 77 bis 15. El Gobierno Federal transferirá a los gobiernos de las entidades federativas, los recursos que por concepto de cuota social y de aportación solidaria le correspondan, con base en las personas afiliadas, que no gocen de los beneficios de las instituciones de seguridad social, validados por la Secretaría de Salud.

Artículo 77 bis 15. ….

 

 

I…

 

II…, y

 

III. Los recursos en especie se entregarán a los servicios estatales de salud, quedando obligados a dar aviso de dicha entrega a la tesorería de su entidad para los efectos contables y presupuestarios correspondientes.

 

III. Los recursos en especie se entregarán a los servicios estatales de salud, quedando obligados a dar aviso de dicha entrega a la tesorería de su entidad para los efectos contables y presupuestarios correspondientes.

Los recursos que se transfieran en especie se acordarán en el Anexo correspondiente.

 

La Secretaría establecerá precios de referencia a los que se deberán sujetar las entidades federativas que reciban los recursos en numerario para la adquisición de medicamentos.

 

 

Artículo 77 bis 16. Los recursos de carácter federal a que se refiere el presente Título, que se transfieran a los estados y al Distrito Federal no serán embargables, ni los gobiernos de los estados podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en garantía, ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en el mismo.

Artículo 77 bis 16. Los recursos en numerario o en especie de carácter federal a que se refiere el presente Título, que se transfieran o entreguen, según sea el caso, a las entidades federativas, no serán embargables, ni los gobiernos de las mismas podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en garantía, ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en el mismo.

Artículo 77 bis 16.

Dichos recursos se administrarán y ejercerán por los gobiernos de los estados y el Distrito Federal conforme a sus propias leyes y con base en los acuerdos de coordinación que se celebren para el efecto. Los gobiernos de los estados deberán registrar estos recursos como ingresos propios destinados específicamente a los fines establecidos en el presente Título.

Dichos recursos se administrarán y ejercerán por las entidades federativas, conforme a esta Ley y, en lo que no se oponga a la misma, de acuerdo con sus respectivas leyes, así como con base en los acuerdos de coordinación que se celebren para el efecto. Los gobiernos de las entidades federativas deberán incluir en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, los recursos destinados específicamente a los fines establecidos en el presente Título.

 

 

 

 

 

 

 

En caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos a que se refiere este artículo se destinaron a los fines específicos para los que le fueron transferidos o entregados, las autoridades que tengan conocimiento de esta situación tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que procedan a su investigación y sanción correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad federativa reintegre los recursos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los intereses que correspondan.

 

En caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos a que se refiere este artículo se destinaron a los fines específicos para los que le fueron transferidos o entregados, las autoridades que tengan conocimiento de esta situación tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que procedan a su investigación y sanción correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad federativa reintegre los recursos a la Tesorería de la Federación, sin que se suspendan, parcial o totalmente, los servicios de salud a la persona.

 

 

 

  •  Es por todo lo anterior, que los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, consideramos que la Minuta en estudio es viable, debido a que la propuesta impulsa medidas para fomentar una mayor eficiencia en los servicios estatales de salud, sobre todo las que aseguran que los recursos que se transfieran a los Sistemas de Protección Social en Salud, así mismo establece claramente la separación de funciones entre el financiamiento que se debe realizar por conducto de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud y la prestación de servicios; además, fortalece los mecanismos de información y los marcos de rendición de cuentas. Sin embargo, se realizan modificaciones que fortalecen la misma propuesta y por ello se presenta un dictamen viable con modificaciones.

 

Por lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman viable la aprobación de la Minuta, con modificaciones, y con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se REFORMAN los artículos 77 bis 2; 77 bis 5, inciso A), fracciones I, IV, VIII, IX, XII, XV, XVI y XVII, así como el inciso B), párrafo primero y las fracciones I, II y III VIII; 77 bis 6; 77 bis 9, párrafo segundo; 77 bis 10; 77 bis 11; 77 bis 12, párrafo tercero; 77 bis 13, párrafo primero, así como la fracción I; 77 bis 14; 77 bis 15; 77 bis 16; 77 bis 18, párrafos primero a tercero; 77 bis 19; 77 bis 20, párrafos primero y segundo; 77 bis 22; 77 bis 23; 77 bis 24; 77 bis 30, párrafos primero, tercero y quinto; 77 bis 31; 77 bis 32, párrafo primero, así como las fracciones I, II, párrafo primero, III y IV, párrafos primero, segundo y tercero; 77 bis 35, así como la denominación de los capítulos VII y VIII, del Título Tercero Bis; se ADICIONAN al artículo 77 bis 13, un párrafo quinto y el artículo 469 bis, y se DEROGAN los artículos 77 bis 33 y 77 bis 34, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 bis 2.- Para los efectos de este Título, se entenderá por Sistema de Protección Social en Salud a las acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud entendiéndose por éstos, a las estructuras administrativas que provean dichas acciones, que dependan o sean coordinadas por la encargada de conducir la política en materia de salud en las entidades federativas.

La Secretaría de Salud coordinará las acciones de protección social en salud, que lleven a cabo los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud en sus respectivas jurisdicciones, los cuales contarán con la participación subsidiaria y coordinada de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en este Título y demás disposiciones aplicables.

Los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud garantizarán las acciones a que se refiere el párrafo anterior, mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud a la persona del Sistema de Protección Social en Salud, los cuales deberán realizar su actividad de manera independiente de la prestación de servicios de salud.

Artículo 77 bis 5.-…

A)

I. Desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las bases para la regulación de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, para lo cual formulará el plan estratégico de desarrollo del Sistema y aplicará, en su caso, las medidas correctivas que sean necesarias, tomando en consideración la opinión de las entidades federativas a través del Consejo Nacional de Salud;

II. y III. …

IV. Transferir con oportunidad a las entidades federativas, los recursos que les correspondan para operar, por conducto de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, las acciones del Sistema de Protección Social en Salud, en los términos del artículo 77 Bis 15 y demás disposiciones aplicables del Capítulo III de este Título.

V. a VII. …

VIII. Definir el marco organizacional del Sistema de Protección Social de Salud en los ámbitos federal y local;

IX. Diseñar, desarrollar y suministrar el instrumento para evaluar la capacidad de pago de los beneficiarios para efectos del esquema de cuotas familiares a que se refiere el artículo 77 Bis 21, en las entidades federativas;

X. y XI. …

XII. Establecer la forma y términos de los convenios que suscriban las entidades federativas, entre sí y con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios;

XIII. y XIV. …

XV. Definir los requerimientos mínimos para la acreditación de los establecimientos de salud prestadores de los servicios inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud;

XVI. Definir las bases para la compensación económica entre entidades federativas, instituciones y establecimientos del Sistema Nacional de Salud por concepto de prestación de servicios de salud, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, para el caso en que proceda una compensación económica por incumplimiento a las obligaciones de pago entre entidades federativas, destinar al Régimen Estatal de Protección Social en Salud acreedor, el monto del pago que resulte por la prestación de servicios de salud que correspondan, con cargo a los recursos que en términos del presente Título deben transferirse directamente a las entidades federativas, o entregarse a la entidad federativa cuyo Régimen Estatal de Protección Social en Salud, sea considerado deudor, y

XVII. Evaluar el desempeño de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud y coadyuvar con los órganos competentes federales y locales en el control y la fiscalización de los recursos que se les transfieran o entreguen, para llevar a cabo las acciones del Sistema de Protección Social en Salud en su respectiva jurisdicción, incluyendo aquéllos destinados al mantenimiento y desarrollo de infraestructura y equipamiento.

B) Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales:

I. Proveer los servicios de salud en los términos de este Título y demás disposiciones de esta Ley, así como de los reglamentos aplicables, disponiendo de la capacidad de insumos y del suministro de medicamentos necesarios para su oferta oportuna y de calidad;

II. Identificar e incorporar por conducto del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, beneficiarios al Sistema de Protección Social en Salud, para lo cual ejercerán actividades de difusión y promoción, así como las correspondientes al proceso de incorporación, incluyendo la integración, administración y actualización del padrón de beneficiarios en su entidad, conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto por la Secretaría de Salud;

III. Aplicar, de manera transparente y oportuna, los recursos que sean transferidos por la Federación y las aportaciones propias, para la ejecución de las acciones del Sistema de Protección Social en Salud, en los términos de este Título, las demás disposiciones aplicables y los acuerdos de coordinación que para el efecto se celebren.

Para tal efecto, las entidades federativas estarán a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como a lo siguiente:

a) Una vez transferidos por la Federación los recursos que corresponda entregar directamente a la entidad federativa de que se trate en los términos del artículo 77 bis 15, fracción I de esta Ley, los mismos deberán ser ministrados íntegramente, junto con los rendimientos financieros que se generen al Régimen Estatal de Protección Social en Salud, dentro de los cinco días hábiles siguientes, y

b) El Régimen Estatal de Protección Social en Salud, deberá informar a la Secretaría de Salud, dentro de los tres días hábiles siguientes el monto, la fecha y el importe de los rendimientos generados que le hayan sido entregados por la tesorería de la entidad federativa.

IV. a VII. …

VIII. Recabar, custodiar y conservar por conducto del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, la documentación justificante y comprobatoria original de las erogaciones de los recursos en numerario que le sean transferidos, en términos del presente Título, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables, y proporcionar a la Secretaría de Salud y a los órganos de fiscalización competentes, la información que les sea solicitada, incluyendo los montos y conceptos de gasto, y

IX.…

Artículo 77 bis 6.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Para esos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando en consideración la opinión de las entidades federativas.

En dichos acuerdos se estipulará como mínimo lo siguiente:

I. Las modalidades orgánicas y funcionales de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud;

II. Los conceptos de gasto;

III. El destino de los recursos;

IV. Los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la evaluación integral del Sistema, y

V. El perfil que los titulares de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud deben cubrir.

Artículo 77 bis 9.-…

La Secretaría de Salud y las entidades federativas, promoverán las acciones necesarias para que las unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que se incorporen al Sistema de Protección Social en Salud provean como mínimo los servicios de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, de acuerdo al nivel de atención, y acrediten previamente su calidad.

Artículo 77 bis 10.- Los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud se ajustarán a las bases siguientes:

I. Tendrán a su cargo la administración y gestión de los recursos que en términos de los Capítulos III y IV de este Título, se aporten para el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud; en el caso de los recursos transferidos por la Federación a que se refiere el artículo 77 bis 15, fracción I de esta Ley, deberán abrir cuentas bancarias productivas específicas para su manejo;

II. Verificarán que se provean de manera integral los servicios de salud, los medicamentos y demás insumos para la salud asociados, siempre que los beneficiarios cumplan con sus obligaciones;

III. Fortalecerán el mantenimiento y desarrollo de infraestructura en salud, a partir de los recursos que reciban en los términos de este Título, destinando los recursos necesarios para la inversión en infraestructura médica, de conformidad con el plan maestro que para el efecto elabore la Secretaría de Salud;

IV. Deberán rendir cuentas y proporcionar la información establecida respecto a los recursos que reciban, en los términos de esta Ley y las demás aplicables, y

V. Las demás que se incluyan en los acuerdos de coordinación que se celebren.

Artículo 77 bis 11.- El Sistema de Protección Social en Salud será financiado de manera solidaria por la Federación, las entidades federativas y los beneficiarios en los términos de este Capítulo y el Capítulo V.

Los recursos que se transfieran por la Federación para el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud, en cualquiera de sus modalidades, deberán computarse como parte de la cuota social o de la aportación solidaria federal a que se refieren los artículos 77 bis 12 y 77 bis 13 de esta Ley, respectivamente.

En los casos de incumplimiento a las obligaciones de pago por la prestación de servicios de salud a la persona, establecidas en los convenios de colaboración celebrados entre las entidades federativas, la Federación, por conducto de la Secretaría de Salud, de los recursos a los que se refiere el presente Título, correspondientes a la entidad federativa deudora, podrá destinar a la entidad federativa acreedora, el monto que representa el pago de los casos validados y no rechazados por concepto de compensación económica.

Artículo 77 bis 12.-…

La aportación a que se refiere este artículo se entregará a las entidades federativas, cuando cumplan con lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 77 bis 13.- Para sustentar el Sistema de Protección Social en Salud, el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas efectuarán aportaciones solidarias por persona beneficiaria conforme a los siguientes criterios:

I. La aportación mínima de las entidades federativas por persona será equivalente a la mitad de la cuota social que se determine con base en el artículo anterior, y

II.…

La composición y forma de entrega de los recursos correspondientes a las aportaciones a que hace referencia este artículo se determinarán en las disposiciones reglamentarias y serán incluidos en los acuerdos respectivos.

Artículo 77 bis 14.- Cualquier aportación adicional a la establecida en el artículo anterior de los gobiernos de las entidades federativas para las acciones de protección social en salud, tendrán que canalizarse directamente a través de las estructuras de los servicios estatales de salud.

Artículo 77 bis 15.- El Gobierno Federal transferirá a los gobiernos de las entidades federativas, los recursos que por concepto de cuota social y de aportación solidaria le correspondan, con base en las personas afiliadas, que no gocen de los beneficios de las instituciones de seguridad social, validados por la Secretaría de Salud.

La transferencia de recursos a que se refiere el párrafo anterior, podrá realizarse en numerario directamente a las entidades federativas, en numerario mediante depósitos en las cuentas que constituyan los Regímenes Estatales de Protección en Salud en la Tesorería de la Federación, o en especie, conforme los lineamientos que para tal efecto emitan la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias, y adicionalmente, se sujetará a lo siguiente:

I. La transferencia de los recursos en numerario que se realice directamente a las entidades federativas, se hará por conducto de sus respectivas tesorerías, en los términos que determinen las disposiciones reglamentarias de esta Ley y demás disposiciones aplicables;

II. La Tesorería de la Federación, con cargo a los depósitos a la vista o a plazos a que se refiere este artículo, podrá realizar pagos a terceros, por cuenta y orden del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, quedando éste obligado a dar aviso de las disposiciones que realice con cargo a estos depósitos a la tesorería de su entidad para los efectos contables y presupuestarios correspondientes, y

II. Los recursos en especie se entregarán a los servicios estatales de salud, quedando obligados a dar aviso de dicha entrega a la tesorería de su entidad para los efectos contables y presupuestarios correspondientes.

Los recursos que se transfieran en especie se acordarán en el Anexo correspondiente.

La Secretaría establecerá precios de referencia a los que se deberán sujetar las entidades federativas que reciban los recursos en numerario para la adquisición de medicamentos.

Cuando una persona elegible beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud sea atendida en cualquier establecimiento de salud del sector público de carácter federal, la Secretaría de Salud canalizará directamente a dicho establecimiento, el monto correspondiente a las intervenciones prestadas, con cargo a los recursos a transferirse al respectivo Régimen Estatal de Protección Social en Salud, de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto emita la propia Secretaría.

Artículo 77 bis 16.- Los recursos en numerario o en especie de carácter federal a que se refiere el presente Título, que se transfieran o entreguen, según sea el caso, a las entidades federativas, no serán embargables, ni los gobiernos de las mismas podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en garantía, ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en el mismo.

Dichos recursos se administrarán y ejercerán por las entidades federativas, conforme a esta Ley y, en lo que no se oponga a la misma, de acuerdo con sus respectivas leyes, así como con base en los acuerdos de coordinación que se celebren para el efecto. Los gobiernos de las entidades federativas deberán incluir en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, los recursos destinados específicamente a los fines establecidos en el presente Título.

En caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos a que se refiere este artículo se destinaron a los fines específicos para los que le fueron transferidos o entregados, las autoridades que tengan conocimiento de esta situación tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que procedan a su investigación y sanción correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad federativa reintegre los recursos a la Tesorería de la Federación, sin que se suspendan, parcial o totalmente, los servicios de salud a la persona.

El control y la fiscalización del manejo de los recursos a que se refiere este Capítulo se realizará conforme a los términos establecidos en el Capítulo VII de este Título y demás disposiciones aplicables.

Las entidades federativas llevarán la contabilidad y presentarán la información financiera respecto a los recursos a que se refiere este Título, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 77 bis 18.- De la cuota social y de las aportaciones solidarias a que se refieren los artículos 77 bis 12 y 77 bis 13, la Secretaría de Salud canalizará anualmente el 3% de dichos recursos para la constitución de una previsión presupuestal, aplicando, a través de un fondo sin límite de anualidad, dos terceras partes para las necesidades de infraestructura para atención primaria y especialidades básicas preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social, y una tercera parte, sujeta a anualidad, para atender las diferencias imprevistas en la demanda de servicios durante cada ejercicio fiscal.

Con cargo a esta previsión presupuestal, que será administrada por la Secretaría de Salud, se realizarán transferencias a las entidades federativas conforme a las reglas que fije el Ejecutivo Federal mediante disposiciones reglamentarias.
En caso de que al concluir el ejercicio fiscal correspondiente, existan remanentes en la previsión presupuestal destinada a la atención de las diferencias imprevistas en la demanda de servicios, la Secretaría de Salud canalizará dichos remanentes al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos establecido en el Capítulo VI de este Título.

Artículo 77 bis 19.- Será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones establecidas en el presente Título.

Artículo 77 bis 20.- El Gobierno Federal establecerá un Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad, mediante el cual se aportarán recursos que serán ejercidos, en los términos que disponga el Reglamento, por la Secretaría de Salud y las entidades federativas para llevar a cabo las acciones relativas a las funciones de rectoría y la prestación de servicios de salud a la comunidad, conforme a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud, y de conformidad con los acuerdos de coordinación que para el efecto se suscriban.

La Secretaría de Salud determinará el monto anual de este fondo, así como la distribución del mismo con base en la fórmula establecida para tal efecto en las disposiciones reglamentarias de esta Ley. Dicha fórmula deberá tomar en cuenta la población total de cada entidad federativa y un factor de ajuste por necesidades de salud asociadas a riesgos sanitarios y a otros factores relacionados con la prestación de servicios de salud a la comunidad.

Artículo 77 bis 22.- Las cuotas familiares se recibirán, administrarán y aplicarán conforme a las disposiciones de esta Ley y serán destinadas específicamente a los conceptos de gasto que determinen las disposiciones reglamentarias de la misma y que sean necesarios para el Sistema de Protección Social en Salud.

Artículo 77 bis 23.- Las cuotas familiares y reguladoras, que en su caso se establezcan, serán recibidas, administradas y ejercidas por los servicios estatales de salud, a través de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, conforme a lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias de esta Ley.

Artículo 77 bis 24.- Los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud deberán presentar a la Secretaría de Salud, conforme a los lineamientos que la misma establezca, los informes que sean necesarios respecto del destino, manejo y comprobación del ejercicio de los recursos correspondientes a las cuotas familiares.

Artículo 77 bis 30.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura médica de alta especialidad y su acceso o disponibilidad regional, la Secretaría de Salud, mediante un estudio técnico, determinará aquellas unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que por sus características y ubicación puedan ser reconocidos como centros regionales de alta especialidad o la construcción con recursos públicos de nueva infraestructura con el mismo propósito, que provean sus servicios en las zonas que determine la propia dependencia.

Los centros regionales y demás prestadores públicos de servicios de salud de alta especialidad podrán recibir recursos del fondo a que se refiere este Capítulo para el fortalecimiento de su infraestructura, de conformidad con los lineamientos que establezca la Secretaría de Salud, en los que se incluirán pautas para operar un sistema de compensación y los elementos necesarios que permitan precisar la forma de sufragar las intervenciones que provean los centros regionales.

No se considerarán elegibles para la participación en los recursos del fondo que se establezca en los términos del presente Capítulo las instalaciones médicas de alta especialidad que no cuenten con el Certificado de Necesidad que para el efecto expida la Secretaría de Salud, en congruencia con el plan maestro a que se refiere el párrafo anterior.

Capítulo VII
De la Transparencia, Supervisión, Control y Fiscalización del Manejo de los Recursos del Sistema de Protección Social en Salud

Artículo 77 bis 31.- Los recursos del Sistema de Protección Social en Salud estarán sujetos a lo siguiente:

A) Considerando el financiamiento solidario del Sistema de Protección Social en Salud, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán lo necesario para transparentar su gestión de conformidad con las normas aplicables en materia de acceso y transparencia a la información pública gubernamental.

Para estos efectos, tanto la Federación como los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, a través de los servicios estatales de salud, difundirán toda la información que tengan disponible respecto de universos, coberturas, servicios ofrecidos, así como del manejo financiero del Sistema de Protección Social en Salud, entre otros aspectos, con la finalidad de favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño del Sistema.

Asimismo, los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud dispondrán lo necesario para recibir y evaluar las propuestas que le formulen los beneficiarios respecto de los recursos que éstos aporten y tendrán la obligación de difundir, con toda oportunidad, la información que sea necesaria respecto del manejo de los recursos correspondientes.

B)Para efectos del presente Título, la supervisión tendrá por objeto verificar el cumplimiento de las acciones que se provean en materia de protección social en salud, así como solicitar en su caso, la aclaración o corrección de la acción en el momento en que se verifican, para lo cual se podrá solicitar la información que corresponda. Estas actividades quedan bajo la responsabilidad en el ámbito federal, de la Secretaría de Salud, y en el local, de las entidades federativas, sin que ello pueda implicar limitaciones, ni restricciones, de cualquier índole, en la administración y ejercicio de dichos recursos.

C) Además de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar la información a que se refiere el artículo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La Secretaría de Salud dará a conocer al Congreso de la Unión, semestralmente de manera pormenorizada la información y las acciones que se desarrollen con base en este artículo.

Artículo 77 bis 32.- El control y la fiscalización del manejo de los recursos federales que sean transferidos a las entidades federativas en los términos de este Título quedará a cargo de las autoridades siguientes, en las etapas que se indican:

I. Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las entidades federativas, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública;

II. Recibidos los recursos federales por las entidades federativas, hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades competentes de control, supervisión y fiscalización, sean de carácter federal o local.

III. La fiscalización de las cuentas públicas de las entidades federativas, será efectuada por el Congreso Local que corresponda, por conducto de su órgano de fiscalización conforme a sus propias leyes, a fin de verificar que las dependencias y entidades del Ejecutivo Local aplicaron dichos recursos para los fines previstos en esta Ley, y

IV. La Auditoría Superior de la Federación, al fiscalizar la Cuenta Pública Federal, verificará que las dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales, y por lo que hace a la ejecución de los recursos a que se refiere este Título, la misma se realizará en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Cuando las autoridades federales o locales que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión, conozcan que los recursos federales señalados no han sido aplicados a los fines que señala la Ley, deberán hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública en forma inmediata y, en su caso, del Ministerio Público de la Federación.

Por su parte, cuando el órgano de fiscalización de un Congreso Local detecte que los recursos federales señalados no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberá hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades a que se refiere el párrafo anterior.

Capítulo VIII
De la Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Artículo 77 bis 33.- Se deroga.

Artículo 77 bis 34.- Se deroga.

Artículo 77 bis 35.- El Sistema de Protección Social en Salud contará con una Comisión Nacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con la estructura y funciones que le asigne su reglamento interno. El titular de la Comisión Nacional será designado por el Presidente de la República a propuesta del Secretario de Salud, que dispondrá para la operación de la Comisión de los recursos previstos para la misma en el presupuesto de la Secretaría de Salud.

Artículo 469 bis.- Se impondrá pena de cuatro a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a cualquier persona que desvíe del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerario o en especie, según el caso, a que se refiere el Título Tercero bis de la presente Ley o para la prestación de servicios en materia de salubridad general, si por razón de sus funciones o actividades los hubiere recibido en administración o por cualquier otra causa.

La pena prevista en el presente artículo es sin perjuicio de las sanciones administrativas u otras penas que puedan determinarse conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Tercero.- Las obligaciones pendientes de pago que a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, existan por la prestación de servicios de salud a la persona y se encuentren reconocidas en términos de los convenios de colaboración celebrados entre entidades federativas, serán pagadas conforme a las disposiciones jurídicas vigentes al momento en que se generaron.

Cuarto.- Los asuntos relativos a las responsabilidades administrativas, civiles y penales, en que se hubiere incurrido con motivo de la desviación de recursos federales recibidos y que al entrar en vigor este Decreto se encuentren en trámite o pendientes de resolución, deberán sustanciarse conforme a las disposiciones legales aplicables con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.

Quinto.- El Ejecutivo Federal deberá emitir las disposiciones reglamentarias a que se refiere el presente Decreto, en un plazo que no excederá de los 180 días siguientes al de la entrada en vigor del mismo.

Sexto.- La Secretaría de Salud deberá emitir los lineamientos, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que alude el presente Decreto, en un plazo que no excederá de los 180 días siguientes al de la entrada en vigor del mismo.

Séptimo.- Los acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo 77 bis 6 de la Ley General de Salud, deberán ser suscritos dentro de los 90 días siguientes al de la publicación de las disposiciones reglamentarias a que se refiere el presente Decreto”.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su segunda lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, iniciamos su discusión.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen que nos ocupa deriva de una minuta que tiene como gran propósito la reestructuración de ciertas áreas del Sistema de Protección Social en Salud, llamado Seguro Popular.

Recordemos como antecedente que con las reformas de la Ley General de Salud en el año de 2004, se da impulso a la protección económica y financiera para todos aquellos ciudadanos que no contaban con la seguridad social.

Es a partir de esta reforma que se plantean los objetivos de garantizar la prestación de los servicios de salud ofrecidos a la población afiliada contenidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud CAUSES, y se otorga el tratamiento de los padecimientos de alta especialidad y alto costo que representaban un alto riesgo financiero o gasto catastrófico para los bolsillos de las familias.

Con ello se otorga una garantía y, sobre todo, se da cumplimiento del mandato constitucional que establece el artículo 4o.

No obstante, como legisladores, estamos comprometidos a seguir perfeccionando estas normas, y con ello quiero comentarles que esta iniciativa se recibió el día 23 de octubre del año 2013 de la Cámara de Diputados, y la cual tuvo como origen el Poder Ejecutivo Federal y que hace mención a lo siguiente:

Primero, señala que los regímenes estatales de protección social en salud deberán de financiar y coordinar eficiente, oportuna y sistemáticamente en la prestación de los servicios de salud.

Otro punto, es que también precisa la responsabilidad compartida del Ejecutivo Federal y de los estados en la coordinación, planeación, operación y fiscalización de las acciones en materia de salud.

Por otra parte, determina que los acuerdos de coordinación para la ejecución del sistema, deberán de incluir como mínimo las modalidades orgánicas y funcionales de los regímenes, y esta es una de las principales diferencias que también se tiene para transparentar el uso de los recursos.

Con ello se incluye los conceptos de gasto, el destino de los recursos, los indicadores de seguimiento de operación y los términos de la evaluación integral; asimismo, incluye también los perfiles que deberán de cumplir los titulares de los regímenes estatales de salud; también se definen las bases a las que se sujetarán estos regímenes.

Algo muy importante que tenemos que destacar, que establece también las sanciones por incumplimiento en las entidades federativas, en el pago por la prestación de servicios y también habla de que la Secretaría de Salud, destinará a la entidad acreedora el monto de los casos validados cuyos recursos provendrán de los correspondientes a la entidad deudora. O sea, que está garantizado el pago de los servicios entre entidades federativas, y con ello se avanza hacia la universalidad de los servicios.

Otro punto toral es el que indica también de la transferencia de los recursos a los estados, podrá ser numérica mediante depósitos en cuentas a los regímenes, y también en especie, si así se acuerda por parte de los estados.

Cabe hacer mención que establece que los recursos del sistema estarán sujetos a supervisión a fin de verificar el cumplimiento de las acciones que se provean en materia de salud.

Señala también, esta propuesta, que desaparece el Consejo Nacional de Protección Social en Salud, y atribuye al titular de la Secretaría de Salud la facultad de proponer al candidato a Presidente de la Comisión del Sistema de Protección Social en Salud.

Por último, y como comentábamos, es un gran avance, establece una pena de 4 a 7 años de prisión, y multa de mil a 500 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien desvíe el objeto de los recursos transferidos al Sistema de Protección Social en Salud.

Como vemos, todos ellos destinados a transparentar el uso de los recursos y a generar, por supuesto, a dar origen a los regímenes estatales de salud.

No obstante a ello, aquí en la Cámara de Senadores se hicieron tres modificaciones al proyecto:

La primera de ellas, es la que faculta la Secretaría de Salud a establecer el modelo nacional al que se sujetarán los acuerdos de coordinación para la ejecución del sistema y, entre ésta, también las entidades federativas que tomarán en consideración su opinión.

El segundo, es lo relativo a precisar que los recursos que se transfieran en especie se acordarán en el anexo correspondiente.

 

Y por otro lado, que la Secretaría de Salud deberá de establecer los precios de referencia con que compren las entidades federativas los insumos a la salud.

Con ello, tanto la Federación como las entidades federativas estarán en común acuerdo para la transferencia en especie, y se definirá un límite para la adquisición de medicamentos, beneficiando el funcionamiento del propio sistema y directamente al paciente.

Tercero, y último de los cambios al que se refiere, cuando la entidad federativa no haya comprobado que los recursos que se destinaron a los fines específicos para los que les fueron transferidos o entregados los recursos, las autoridades que tengan conocimiento de esta situación tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que procedan a su investigación y sanción correspondiente.

Al respecto, las comisiones dictaminadoras agregamos que independientemente del supuesto anterior, no se suspenderá en ningún momento, de forma parcial ni total, los servicios de salud a la persona que lo necesite. Con ello se respeta el derecho de todos a la salud.

Derivado de la anterior, es que estas comisiones dictaminadoras consideran viable dicha propuesta, y están de acuerdo con esta importante reforma, la cual fundamentalmente busca transparentar los recursos y darle mayor fortaleza al Seguro Popular, y por supuesto, favorecer el otorgamiento de servicios hacia la ciudadanía.

Por su apoyo a esta reforma y su voto, señoras y señores legisladores, nuestro agradecimiento.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Está a discusión en lo general, informo a la Asamblea que para ello se han inscrito los siguientes oradores:

Senador Armando Neyra Chávez, del grupo parlamentario del PRI, a favor.

Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, a favor.

Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, a favor.

Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, a favor.

Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, a favor.

Y el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para razonar su voto.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Neyra Chávez, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Armando Neyra Chávez: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Me honra presentar a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el posicionamiento de la fracción, relativo a las modificaciones a diversas disposiciones de la Ley General de Salud y en materia de fiscalización, ordenamiento y rendición de cuentas en la operación del Seguro Popular.

Uno de los derechos fundamentales que un Estado debe de garantizar a su población, es el acceso oportuno a los servicios de salud.

Qué duda puede caber en que el bienestar integral de una persona, en condición previa, para desarrollarse en diversos aspectos de su vida.

Hacia finales de 2013, el Sistema de Protección Social en Salud, brindaba servicios gratuitos a más de 53.2 millones de personas, lo cual pone en contexto la presión en que se genera, en su modelo operativo y financiero.

Lo anterior sin tener en cuenta los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que refleja que aún siguen sin protección en salud 30 millones de mexicanos.

Cabe recordar que de acuerdo a los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en nuestra nación el gasto público para el ramo de salud asciende a 442 dólares per cápita, mientras que en el resto de países, miembros, el promedio es, de 2,414 dólares per cápita.

Sin embargo, primero debe ponerse orden en la administración de los recursos de los estados.

Se trata de poner a México al día y generar el marco jurídico que sirva para hacer frente a estos desafíos, que en el fondo pretenden atender, con toda eficiencia, a los usuarios, y particularmente para aquellos que tienen solo este medio de acceso al cuidado de la salud.

Compañeras y compañeros Senadores, no se trata solamente de extender una cartilla para universalizar los servicios de salud. El objetivo debe de ir acompañado de cerrar el paso a la opacidad y generar esquemas que fomenten mayor transparencia en el uso de los recursos públicos para el ramo, a fin de garantizar y mejorar el acceso a la atención, ampliar la gama de servicios y, desde luego, mejorar la calidad integral en el trato humano que se otorga a los usuarios.

Para el grupo parlamentario del PRI es un orgullo servir y cumplirle a los mexicanos, mediante la modernización de las leyes que faciliten la instrumentación de políticas públicas que redunden en una mayor atención a la salud, como la que hoy se presenta y de la cual destacan los siguientes beneficios:

Se beneficia el modelo de operaciones, por lo que desaparece la figura del Consejo Nacional de Protección Social en Salud, a fin de evitar duplicar las instancias y la coordinación con los servicios estatales en salud.

Se fortalece el esquema de portabilidad en los beneficios que otorga la afiliación, toda vez que se aclaran las prestaciones a recibir independientemente de la entidad federativa en la cual se realizó la afiliación.

Trasciende en la rendición de cuentas, el seguimiento al destino de los recursos en materia de salud, es un eje transversal de la reforma, se estandariza el modelo para los informes relativos a los recursos humanos del sector.

Tan solo en estas instituciones laboran 141 mil 865 médicos y 193 mil 770 enfermeras.

Se establece, de manera clara, la obligación de denunciar presuntos desvíos de recursos en el ramo, ya sea en efectivo o en especie, para fines distintos para lo cual se tipifica como delito grave.

El nuevo modelo de control de los recursos implica que su administración, por las autoridades locales, se realice en cuentas bancarias particulares, para que en ese fin, la Tesorería de la Federación realizará los depósitos correspondientes acompañados por instrucciones precisas sobre la manera de realizar los pagos a proveedores y demás servicios.

Por último, señor Presidente, juntos, con trabajo y con la mayor voluntad de fortalecer el esquema de protección de la salud, las Senadoras y Senadores del PRI, aportamos lo mejor de nuestro talento para que cada mexicano sea beneficiario de manera efectiva en lo establecido por el artículo 4o. constitucional, en derecho a la salud.

El Senado, así cumple.

Muchas gracias, compañeras y compañeros Senadores.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Neyra Chávez.

Esta Presidencia saluda a un grupo de mujeres coahuilenses, invitadas a este recinto por la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera y el Senador Braulio Fernández Aguirre. ¡Sean ustedes bienvenidas!

(Aplausos)

Igualmente esta Presidencia saluda al Diputado Williams Dávila Barrios, de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, invitado a este recinto por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza. ¡Sea usted bienvenido!

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Martha Elena García Gómez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Desde hace años nuestro país ha hecho lo posible por tener una cobertura universal de salud. Por ello la importancia del origen del Sistema de Protección Social en Salud, en 2001, cuando se puso en marcha el programa “La Democratización de la Salud en México”, y tras una prueba piloto en cinco entidades federativas, se reformó y adicionó la Ley General de Salud, Decreto que entró en vigor el 1° de enero de 2004, y cuyo objeto fue la creación del Sistema de Protección Social en Salud como materia de salubridad general, fortaleciendo con ello el derecho de la población a la protección de salud y extendiendo los beneficios del mismo a las 32 entidades federativas.

Como todos sabemos, el modelo financiero del Sistema de Protección Social en Salud se sustenta en un esquema con aportaciones del gobierno federal, de las entidades federativas y contribuciones de los afiliados conforme a su capacidad económica.

En menos de una década el Seguro Popular se ha convertido en uno de los pilares de la atención médica para la población mexicana que no contaba con seguridad social.

Hoy el dictamen que vamos a votar tiene como objeto establecer una serie de elementos que permitirán consolidar a la Secretaría de Salud como instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección Social en Salud. Con ello se harán efectivos los beneficios que otorga la ley a los beneficiarios del sistema y se perfeccionará la transparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo de los recursos del sistema actualmente ejercidos por las entidades federativas.

En el Partido Acción Nacional coincidimos con esta propuesta que fortalece al mismo Sistema de Protección Social en Salud, con mecanismos que permitirán que la transparencia de los recursos federales se realice en numerario o en especie, a fin de garantizar que la población cuente con los medicamentos y demás insumos para su atención.

Que los regímenes estatales de protección social en salud financien y coordinen de una manera eficaz la prestación de servicios. Con ello se transparenta el proceso de financiamiento del Seguro Popular.

Asimismo, que en los acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, se incluyan el destino de los recursos y los conceptos de gasto.

Aunado a ello, también estamos de acuerdo con los cambios que realizan las comisiones dictaminadoras, entre los que destaco la instrumentación del modelo nacional para que se tome en cuenta la opinión de las entidades federativas. Asimismo que los recursos que se transfieran en especie serán acordados en el anexo correspondiente entre los estados y la Federación.

Por otra parte, se acotó que para la adquisición de medicamentos, la Secretaría de Salud establecerá los precios de referencia a los que se deberán sujetar las entidades federativas que reciban los recursos en numerario.

Dichos cambios que son de fondo, cuidan que no exista un modo paternalista que impida que los estados cumplan con la salud de todos los mexicanos.

Es por ello que Acción Nacional votará a favor de este dictamen, ya que con ello se logrará mayor transparencia en el uso de los recursos destinados a este fin que beneficiará a todas y todos los mexicanos pertenecientes a este Sistema de Protección Social en Salud.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora García Gómez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Muy buenos días, compañeras y compañeros Senadores:

¡Bienvenido el colega de la República Bolivariana de Venezuela que nos hace el favor de acompañarnos aquí! un honor. Y nos sumamos al esfuerzo del pueblo venezolano.

Hablar de Seguro Popular ya parece disco rayado desde el 2001, cuando el entonces Presidente Fox dio a conocer el Seguro Popular, cuando estaba su secretario de salud, el doctor Julio Frenk Mora. Resulta de que en lugar de irnos a un sistema único de salud, pues nos fuimos a un atajo e inventaron el Seguro Popular.

Lo hemos dicho muchas veces que si le preguntamos al pueblo de México que va a los hospitales públicos a atenderse con toda esa odisea que implica tanto para el enfermo como para el familiar que están afuera de los hospitales durmiendo en la banqueta sin comer, porque se tienen que trasladar kilómetros para llegar a un hospital, porque no tienen enfrente un hospital de una institución, el ISSSTE, por ejemplo, ¡Ah! pero no son derechohabientes, entonces tienen que trasladarse kilómetros para alcanzar un hospital de salubridad, cuando podemos eficientar la infraestructura en salud que tiene este país y poder ir al IMSS, y tengo enfrente un hospital del ISSSTE, de PEMEX, del DIF, etcétera.

Sin embargo, el Seguro Popular no lo ha permitido, este sistema que inventó el gobierno mexicano y que si uno le pregunta al pueblo, le van a decir que ni es popular ni es seguro, porque además se han ido acotando del catálogo de padecimientos que se supone contempla el seguro y cada día es menos.

Y no se diga de enfermedades como la insuficiencia renal, muchos tipos de cáncer que no los cubre.

Y, por supuesto, que a la hora de darle la medicina no la hay. No hay el medicamento y haber cómo le hace. “Oiga pero yo tengo mi seguro”. “Sí, pero no hay la medicina”.

Esa es la realidad de todo México, desde Progreso hasta Tijuana.

Y ahora nos llega una minuta de la Cámara de Diputados. Desde octubre ha estado aquí, la hemos revisado y hemos trabajado de tal manera de que estamos conscientes que para cambiar el sistema de salud de raíz tenemos que ganar la Presidencia de la República, no hay de otra, para qué nos hacemos guajes. Y mientras no logremos esto, pues, bueno, vamos a ir corrigiéndole la plana, a ver cómo podemos ir avanzando en beneficio del pueblo de México, no hay de otra.

Si los que pensamos de izquierda queremos ese cambio, ya lo dije, hay que ganar la Presidencia de la República. Por cierto, la hemos ganado y nos la han quitado, nos la han robado en tres ocasiones.

Con esto del Seguro Popular, trabajando con la Senadora que ha estado muy atenta a lo que ha sucedido aquí en el Senado, la Senadora Maki Esther Ortiz, del Partido Acción Nacional, a pesar de que sabemos que está enfermita, ha estado muy atenta y pendiente de lo que sucede en esta Cámara de Senadores.

Y como grupo de la Comisión de Salud, les quiero comentar que, bueno, qué pretende esta pequeña reforma al Seguro Popular, no es la gran cosa, no es la gran maravilla. Pero qué pretendemos, porque hemos corregido la plana a la minuta. Eso me agrada de este Senado, que hemos estado corrigiendo planas y muchas planas; y, bueno, fiscalizar, controlar, regular, meter orden, eso es lo que queremos.

Miren ustedes, cuántos estados de la República han hecho del dinero del Seguro Popular actos de corrupción, se deben 2 mil 800 millones de pesos a proveedores del Seguro Popular.

Dónde se compra una jeringa en un estado que vale 2 pesos, la compran en 100 pesos; una solución que vale 20 pesos, hay hasta de 200 pesos. Y no se diga en medicamentos que valen muy poco dinero y el negocio siempre por delante a través del Seguro Popular. Eso se acabó, se tiene que terminar, y eso es lo que estamos privilegiando.

Ni modo, no nos gusta retroceder y volver otra vez a centralizar en las compras en la ciudad de México, pero no queda de otra, hay que aceptarlo, porque seguimos en la cultura de “el que no tranza, no avanza”, y eso lo estamos combatiendo con esto. Así vamos a hacer este tipo de compras, van haber catálogos de referencia de medicamentos donde nadie va a poder comprar, si este vaso de agua vale un peso, nadie va a poderlo comprar a dos pesos ni a tres, tiene que ser a un peso o a noventa centavos, y así va a ser en todos los insumos para la salud y todos los medicamentos.

Aquí también vamos a consultar con los estados, el gobierno federal quería hacerlo porque ellos tienen poder, sin embargo, hemos llegado al consenso.

Hay que llegar, sí, a que los estados estén participando, opinen, porque no les vamos a comprar algodón, y por ocurrencia se lo vamos a mandar a Nuevo León donde no necesita algodón; insulina a Veracruz, donde no la necesita. Los estados van a participar en forma activa en las compras que se hagan del gobierno federal con sus opiniones y observaciones, y con un catálogo de referencia.

Otro punto interesante…

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador, le pido que concluya, por favor, su intervención.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Señor Presidente, si me permite, esto no es cualquier cosa, estamos hablando de miles de millones de pesos, y hay que decírselo a los compañeros y al pueblo de México.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pero hay que respetar el procedimiento que establece el propio Reglamento.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Pues sí, pero el Reglamento me da diez minutos, y usted, por sus pantalones, me quiere dar cinco.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Son cinco minutos para la intervención, hay que respetar al resto de los compañeros, hay muchos otros oradores.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Ya término, señor Presidente. Por favor, déjeme de estar dando sermones. Por favor, ya le entendí, ahorita acabo.

Después de la interrupción, hasta la inspiración le cortan a uno aquí, como si estuviéramos vendiendo galletas o Sabritas aquí en el Senado, y estamos hablando de miles de millones de pesos, y de todo un sistema fast-track.

Entonces, les decía, el 40 por ciento, un ejemplo, de los que se atienden en la ciudad de México, son del Estado de México, ahora el Estado de México tendrá que darle a la ciudad de México los recursos por los enfermos que se atienden, y así en todo el país. En Tabasco el 40 por ciento de los que se atienden son de Chiapas, y Chiapas no aporta ni un peso de su pueblo, de su población que se atiende en Tabasco, ahora lo va a tener que hacer, y así en todos los estados.

Las entidades federativas obligarán a abrir cuentas especiales y a llevar toda documentación relativa a todos los conceptos de gasto, o sea, control. Se establece la compensación de recursos entre entidades federativas, el ejemplo que dí.

Hoy con estas reformas intermedias los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, los REPSS, ahora serán estructuras financieras, administrativas, hoy son acciones. Se establece las bases para la separación de funciones, tanto financieras y prestaciones de servicio.

Vamos a estar muy pendientes, no se les olvide, muy pendientes, que esta separación de funciones no implique que en el futuro con una próxima reforma, y ahí, Senador Manuel Bartlett, vamos a estar muy pendientes, que estas funciones no impliquen que en el futuro inmediato la mercantilización del sistema público de salud, ni la transferencia de miles de millones de pesos del sector público en salud, se vaya al sector privado de la medicina y de las instituciones del Seguro Popular especializadas en salud.

También se especifica que la Federación transferirá recursos en monetario y en especie. Insistiremos que cuando se trate de recursos en especie se obligue a través de convenios a que las entidades federativas consoliden compras de medicamentos e insumos para la salud. En fin, podríamos debatir aquí lo que llevamos desde el mes de octubre aquí en el Senado, que obviamente muchos legisladores querían que ya saliera al vapor, de un día para otro, y está desde octubre parada aquí en la Cámara de Senadores.

Ahora, en bien de todos, estamos accediendo, nuestro voto será a favor, pero muy atentos a que esto se dé con transparencia, igual que esté muy atenta la Auditoría Superior de la Federación. Fíjense ustedes, el Seguro Popular no nos tiene a gusto no nos gusta, pero no nos queda de otra, entonces, le estamos metiendo mano para apretar la tuerca y poder ir corrigiendo las cosas. Pero saben ustedes, la primera auditoría desde el 2001, que se hizo al Seguro Popular, fue en 2008, y luego en el ejercicio 2009 al 2010 se auditaron las 32 entidades federativas, porque las primeras fueron nada más los estados en forma voluntaria.

Sí, y 2010 y 2011 en los que incluye la Auditoría Superior de la Federación para que se auditen los recursos federales que se transfirieron. Del 2008 al 2010 la Federación transfirió 93 mil 197.3 millones de pesos a las entidades federativas para operar el Seguro Popular. Y aquí parece que estamos contando huevos de gallina, porque el Presidente no quiere discutir los temas.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Luis Armando Melgar Bravo: Compañeras y compañeros Senadores:

El derecho a la protección de la salud es un derecho social y es un derecho universal, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En días pasados, las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, aprobaron el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Títulos III Bis y XVIII de la Ley General de Salud.

Con estas disposiciones se señala que en los regímenes estatales de protección social de salud deberán financiar y coordinar eficiente, oportuna y sistemáticamente la prestación de los servicios de salud. Asimismo, se detallan cuáles serán las obligaciones del Ejecutivo Federal y de los gobiernos de los estados para la planeación, fiscalización y operación de las acciones en esta materia.

Se especifica que los acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección en Salud deberán incluir los siguientes requerimientos: modalidades orgánicas y funcionales, conceptos de gasto, destino de los recursos, indicadores de seguimiento, el perfil de los titulares que deberán de cubrirse; también se sientan las bases para que se establezca con toda claridad cuando en una entidad federativa se está incumpliendo con el pago por la prestación de los servicios. La Secretaría de Salud destinará a la entidad acreedora el monto de los casos validados.

El punto medular de esta reforma indica que la transferencia de recursos a los estados podrá ser en numerario, mediante depósitos en las cuentas que los REPSS          instauren en la Tesorería de la Federación o en especie. Cabe hacer mención que fija que los recursos del sistema estarán sujetos a supervisión a fin de verificar el cumplimiento de las acciones.

Compañeras y compañeros Senadores, quizás haya muchos compañeros que estén sorprendidos por este tipo de reformas y que quizás no se entiende con claridad que lo que aquí se está buscando, es construir una dinámica de total y absoluta transparencia y combate a la corrupción en la gestión pública y en la rendición de cuentas del gobierno para la sociedad.

La transparencia no se limita a ser un elemento preventivo de la corrupción, sino que además es fundamental para el funcionamiento de un sistema democrático, dada que su existencia o ausencia afecta la relación entre el Estado y los ciudadanos.

Como bien lo señala el doctor Videgaray Caso, la transparencia no es un objetivo que se logre con una sola decisión, una sola política pública, es un proceso de mejora continua, es un proceso de un Estado eficiente y de un Estado responsable frente a los ciudadanos.

Asumamos pues, con responsabilidad la gran encomienda que el pueblo de México nos ha dado confiriéndole y perfeccionando nuestras instituciones; así como promoviendo el mejor uso, un uso transparente, un uso que combata la corrupción, un uso que corrija los malos usos, un uso y un ejercicio del gasto público que nos dé a todos la responsabilidad que frente al pueblo de México tenemos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Melgar Bravo.

Esta Presidencia saluda a un grupo de estudiantes de la maestría en asesoramiento de imagen y consultoría política de la Universidad Camilo José Cela, de Madrid, España, invitados por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, para hablar a favor de este dictamen.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Como integrantes de la bancada del Partido del Trabajo y de la Comisión de Salud, quiero razonar mi voto a favor de la minuta de esta Ley General de Salud, con las siguientes consideraciones:

Deseo sinceramente que estas reformas por fin cumplan con un anhelo deseado desde hace mucho tiempo por nuestra población, sostenida en el mito del Seguro Popular.

Una población que aún sufre de marginación y la más necesitada es la que requiere precisamente la protección a su salud.

Es de destacar que en esta reforma, en la celebración de los acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, se tome en consideración la opinión de las entidades federativas, que no solamente sea una determinación centralista, sino que la opinión de quienes conocen con amplitud sus problemas locales por vivirlos diariamente.

Se estipula que los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud deberán financiar y coordinar eficiente, oportuna y sistemáticamente la prestación de los servicios de salud, y se precisa la responsabilidad del Ejecutivo Federal y de los gobiernos de los estados en la planeación, operación y fiscalización de acciones y recursos.

Otro aspecto importante es el establecimiento de los precios de referencia a los que deberán sujetarse las entidades federativas que reciban las entidades para la mayor adquisición de medicamentos, lo que dará mayor transparencia al manejo de los recursos y se evite el que se adquieran a precios que en ocasiones multiplican su precio real en beneficio de unos cuantos.

De igual forma en caso de que no se compruebe el destino específico de los recursos, es importante su reintegro a la Federación sin que se suspenda parcial o totalmente los servicios de salud.

Como se menciona en el dictamen, una de las observaciones más recurrentes formuladas por la Auditoría Superior de la Federación a los recursos del Seguro Popular es la transferencia a cuentas bancarias de otros fondos o programas y que éstos y sus rendimientos no son transferidos con oportunidad a los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.

De gran trascendencia es que ahora sí se efectúe un control y vigilancia más riguroso, especialmente si tomamos en consideración que el presupuesto asignado para el programa federal conocido como Seguro Popular para el ejercicio fiscal de 2013 ascendió a más de 66 mil millones de pesos, y que para este 2014 se incrementó en un presupuesto total de 72 mil 330 millones de pesos.

Estos múltiples recursos deben ser aplicados a satisfacer verdaderas necesidades considerando la conveniencia de que se realice una evaluación general de la estructura de las autoridades de salud, de su infraestructura, patrimonio, padrón de afiliados y se enfaticen los esfuerzos para atender las urgencias de salud, por ejemplo, el funcionamiento del acelerador lineal para el tratamiento del cáncer y el tomógrafo del Hospital de la Mujer, que tiene años sin funcionar, con una cuantiosa inversión, y ahí está parado.

Son obras de infraestructura que existen en el país, y que son meros cascarones sin proporcionar el servicio.

En el Distrito Federal tenemos el ejemplo palpable del Hospital Nacional Homeopático que tuvo un costo de más de 700 millones de pesos; así como la ampliación del Hospital Gea González, con un costo similar.

Con estas reformas, en el Partido del Trabajo esperamos que desaparezca el descuido de la atención médica, que sean más humanos, que ya no haya mujeres que den a luz en las calles o en el piso; que no haya más niños en el piso, en cajas de cartón o de plástico; que no solamente sea una danza de millones para ver cómo se la reparten los cercanos y los amigos, sino que sea una aplicación real del gasto público.

La seguridad en la atención médica de todos aquellos mexicanos que no tienen recursos para su salud, es la razón por la que votamos esta reforma a favor.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Esta Presidencia saluda la presencia de alumnos y docentes de la Universidad Autónoma de Coahuila, invitados por el Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, para razonar su voto.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente.

En México el derecho a la seguridad social se encuentra garantizado en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política Federal, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades en materia de salubridad general.

Sin embargo, nuestro país tiene un sistema de salud anacrónico que no atiende a las demandas de los ciudadanos, y por tal razón no cumple plenamente con lo establecido en la constitución de la Organización Mundial de la Salud que menciona a la salud como el goce máximo que puede alcanzar un ser humano asimismo, señala que es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad de los Estados.

En México los altos índices de desempleo impiden que un número considerado de personas no cuenten con seguridad social ni puedan recibir los servicios médicos que otorga el Estado; por tal razón en el año 2003 se estableció un esquema de seguridad universal denominado Sistema de Protección Social en Salud, comúnmente conocido como el Seguro Popular.

Así, se ofrece por primera vez en la historia del país acceso igualitario de un aseguramiento médico público a la población carente de seguridad social formal.

El Seguro Popular tiene como objeto otorgar protección a la salud a toda aquella población, no derechohabiente de la seguridad social, es decir, rompe con el viejo esquema que señalaba, que para tener derecho a la salud era forzoso contar con un trabajo formal.

Su financiamiento se logra por la participación de tres formas: por la aportación Federal, por las aportaciones del Estado y las contribuciones de los afiliados conforme a su capacidad económica.

La cifra de afiliados asciende aproximadamente a más de 55 millones de mexicanos, es importante mencionar que para el presente año el Seguro Popular cuenta con un presupuesto de poco más de 72 mil millones de pesos, de aquí el interés de que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, maneje directamente dichos recursos.

A mí me da confianza el haber escuchado a los compañeros Senadores en la exposición a favor del dictamen sobre las modificaciones que estamos discutiendo, y esto nos permite visualizar que seguramente va encaminado a mejorar el manejo del recurso en este tema, concretamente, que los estados en el pasado llegó a ser, inclusive, con opacidad de manera irregular, como se ha acreditado y como muchos compañeros también lo han documentado en algunos estados de la República.

Sin embargo, la preocupación es si con esta centralización del poder, o con esta centralización para la adquisición de medicamentos para el diseño de la aplicación, la vigilancia y una serie de medidas que se están aprobando, no vayamos a incurrir en el mismo error y en la misma práctica, simplemente trasladarlo a la Federación.

Ojalá que este dictamen que se está discutiendo el día de hoy, tal como lo han expuesto los compañeros Senadores, sea en bien de la salud de los mexicanos, y pueda mejorar la atención, pueda mejorar la provisión de medicamento y pueda mejorar la infraestructura, porque este, el del Seguro Popular es uno de los únicos que ha permitido a muchos, a muchos mexicanos, por cierto, los más vulnerables, y los que no tienen ninguna posibilidad de acceso a la medicina privada ni a la seguridad social que proporciona el Estado, mejorar o tener esta alternativa de atención para sus hijos, para ellos, para su esposa, que no es menor, no es menor si lo revisamos en cada una de las entidades de nuestra República; por eso ojalá y en verdad cumpla con el propósito de este dictamen en la modificación.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Monreal Avila.

Compañeras y compañeros, informo que en virtud de que los diferentes grupos parlamentarios hablaron solo a favor de este dictamen, y tal y como lo establece el artículo 199, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si considera que está suficientemente discutido el dictamen, en virtud de que las participaciones han sido todas a favor del mismo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Señor Presidente, pedí la palabra con anticipación para razonar mi voto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿En qué sentido es su intervención? Porque también está para el mismo asunto pidiendo hacer uso de la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, y en virtud de que todos han hablado a favor, el Reglamento es muy claro, cuando todos hablan en un mismo sentido, los diferentes grupos parlamentarios, la Asamblea determina si se considera suficientemente discutido, y pasaríamos a la votación.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Hablamos de respetar el Reglamento, yo le pido que no me coarte mi derecho a fijar mi posición en el sentido que yo lo considere pertinente. Amablemente le pido eso, yo entiendo que algunos parlamentarios tienen prisa porque terminemos temprano el día de hoy, pero como lo decía, y coincido con el Senador Mayans Canabal, no estamos discutiendo cualquier asunto, estamos discutiendo un tema de salud fundamental para el país, y los Senadores venimos a eso, a discutir y a fijar nuestras posiciones, y ver qué recomendaciones podemos hacer con respecto a la reforma concreta que se esta haciendo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: El Reglamento es muy claro, pero en aras de que ninguna Senadora o Senador considere que se le está violentando su derecho, por eso es importante que todo mundo también conozcamos el Reglamento para poder exigir nuestros derechos; en aras de ello, se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente se ha hablado aquí, se ha establecido que la descentralización que se ha promovido en nuestro país, y en muchos países, efectivamente, como vehículo para mejorar lo que llamamos la provisión de los servicios públicos, bajo el argumento de que las autoridades estatales y locales conocen mejor que el gobierno federal las necesidades y las preferencias de los ciudadanos, en virtud de estar más cerca de estos, esto por supuesto también ha traído como consecuencia que se acarreen ganancias en beneficio y, por lo tanto, en lo que se refiere al bienestar social.

Pero no es el único argumento, hay otros argumentos utilizados, en especial en el caso de nuestro país que se incluye, por ejemplo, la mayor participación financiera por parte de los gobiernos estatales en la provisión de estos servicios públicos, y la atención a presiones políticas.

También está el tema del fortalecimiento al federalismo, que es otro argumento utilizado para justificar estas medidas descentralizadoras; de ahí que valga la pena recordar que en 1996 se inició en nuestro país un proceso de descentralización de los servicios de salud que atienden a nuestra población abierta.

De manera paralela también hay que recordar, se llevaron acabo acciones desconcentradoras de algunos servicios provistos por los institutos de seguridad social.

Sin embargo, hay que recordarlo en esta oportunidad, la descentralización de los servicios de salud enfrenta, como aquí se ha explicado, un obstáculo relacionado por la incapacidad del gobierno federal para promover cambios en la relación laboral entre los trabajadores de la Secretaría de Salud, toda vez de que a pesar de que se logró que los trabajadores del sector salud pasaran a formar parte de las llamadas administraciones estatales, las negociaciones permanecen centralizadas, en tanto se definen los aumentos entre los dirigentes sindicales y el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Salud, a pesar, insisto, de que los trabajadores son empleados de los gobiernos estatales.

Aunado a esto, también creo que vale la pena puntualizar que la mayoría de los recursos aplicados al sector de salud en los estados provienen, reiteramos, de la Federación, situaciones que evidentemente impiden que los estados tomen control sobre una de las herramientas principales para lograr los cambios que se requieren en la provisión de los servicios, es decir, el personal de las clínicas, de los centros de salud y de los propios hospitales.

Así pues, compañeras y compañeros, nosotros pensamos que con las reformas que se proponen en el presente dictamen que estamos discutiendo, lo que se busca es efectivamente impulsar medidas para fomentar una mayor eficiencia de los servicios estatales de salud y establecer la separación de funciones entre el financiamiento que se deba realizar por conducto de los llamados Regímenes Estatales de Protección Social en Salud y prestación de servicios, el Seguro Popular, además también de que fortalece los mecanismos de información y los marcos de rendición de cuentas.

En ese sentido, yo solicité el uso de la palabra para afirmar efectivamente que votaremos a favor del presente dictamen, seguro de que esto contribuirá a que de primera instancia los servicios de salud en México, independientemente de que si son impartidos por el gobierno federal o por la entidad federativa según corresponda, sean de mayor calidad, que es lo que todos debemos buscar, de mayor calidad, por supuesto, en beneficio de la población.

Le agradezco que se me haya otorgado el uso de la palabra.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para el mismo asunto.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente.

Sin duda que no podemos estar en desacuerdo con que se eficiente el sistema de salud en México; por supuesto que es necesario que los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud deberán financiar y coordinar eficiente, oportuna y sistemáticamente la prestación de los servicios de salud.

Es importante también precisar las responsabilidades del Ejecutivo Federal y los gobiernos de los estados en la coordinación, planeación, operación y fiscalización de las acciones en la materia.

También es muy importante que se dé una lucha sin cuartel contra la corrupción, por eso las medidas de establecer una pena de 4 a 7 años de prisión y multa de mil a 500 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien les dé el objeto de los recursos transferidos al Sistema de Protección Social en Salud, es una medida que va a inhibir a quien ha estado cometiendo este tipo de actos en el sistema de salud.

Pero como Senado de la República no podemos dejar de señalar que el Seguro Popular, aunque es cierto, no lo podemos negar, cumple de alguna manera como paliativo para resolver algunos problemas de salud, pero no atiende de fondo los problemas torales de este asunto en México.

Revisemos. Se dice que el Seguro Popular tiene una cobertura universal, esto significa únicamente que todas las personas de nuestro país tienen un servicio médico, no quiere decir que cubra todas las enfermedades ni el total de estudios de diagnóstico, ni medicamentos, ni cirugías, deja afuera la mayoría de los cánceres de los adultos, incluyendo el de próstata, el más común en los adultos mayores y que pueden detectarse a tiempo, no atiende los problemas de columna, enfermedades alérgicas, los accidentes de alta gravedad, es un absurdo, cómo derechohabientes del Seguro Popular pueden fracturarse los brazos y las piernas, pero no la cabeza ni padecer sangrados intracraneales, fracturas vertebrales, de costillas o de hombro.

Por supuesto que no atiende enfermedades crónicas, cardiacas por isquemia coronaria, tampoco atiende la enfermedad vascular cerebral, que es la tercera causa de muerte en México, no es contemplada ni para atención en urgencias, ni para consultas de medicina, de medicina general, familiar o especialidad.

Es inconcebible entonces, compañeros Senadores, cómo el Seguro Popular pretende mejorar la salud de los mexicanos si no atiende los principales padecimientos que la población de nuestro país padece.

Son avances en la parte administrativa, en la parte de la lucha contra la corrupción y eso es importante resaltarlo.

Pero este Senado de la República tiene que fijar su posición con respecto al Seguro Popular en el tema que más le interesa a la población cuando asiste a un hospital.

Tengo un problema cardiaco, crónico, pero no cuento con los recursos para atenderlo.

Mi familiar tuvo un accidente y tuvo una fractura de cráneo y no cuento con los recursos para atenderlo. Y, ¿cuál es la salida?

En los hospitales, disculpe usted, disculpe usted, pero esos problemas no los atiende el Seguro Popular y que Dios lo acompañe en su desventura y que ojala y su familiar no se muera.

El Senado de la República no puede permitir este tipo de situaciones, por eso es necesario que atendamos este tema y de la atención a los padecimientos principales que padece la población en México.

Vamos a votar a favor, por supuesto, porque no podemos oponernos a que se eficientice el sistema de salud y menos a que se dé una lucha contra la corrupción.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 103 votos a favor y 2 abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, sobre el Seguro Popular. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades de transmisión sexual.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 157 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 157 Bis de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de abril de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 157 Bis de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Legisladora proponente, señala que además del VIH/SIDA, las enfermedades de transmisión sexual muestran tasas de contagio que van a la alza en gran parte del mundo y nuestro país no es la excepción y que en atención a dicha alerta, es importante que al igual que el VIH/SIDA, las enfermedades de transmisión sexual sean consideradas en la Ley General de Salud.

Por ello, la Senadora formula la siguiente propuesta:

Ley General de Salud, Vigente

Ley General de Salud Propuesta

ARTICULO 157 BIS. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA.

ARTICULO 157 BIS. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas Dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México, por lo que se encuentran debidamente facultada para legislar en materia de enfermedades de transmisión sexual.

B. Se conocen como Enfermedades de Transmisión Sexual, ETS, tanto a las infecciones como a las enfermedades transmitidas por vía sexual, sus complicaciones y sus secuelas, a través del tiempo y de acuerdo con la publicación de ONUSIDA, denominada Enfermedades de Transmisión Sexual: políticas y principios de prevención y asistencia, realizada por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, OMS, señalan que la morbilidad por ETS, no sólo se da en la edad adulta, sino que su presencia en jóvenes y adolescentes, pueden dar lugar a complicaciones con secuelas tales como esterilidad masculina y femenina, embarazos ectópicos, cáncer cervical, mortalidad prematura, sífilis congénita, pérdidas fetales, bajo peso al nacer, nacimientos prematuros y oftalmia neonatorum.

De acuerdo con la OMS, según estimaciones de 2005, cada año se producen en el mundo 448 millones de nuevos casos de ETS curables como la sífilis, gonorrea, clamidiasis y tricomoniasis, en personas que van desde los 15 hasta los 49 años de edad, a dicha cifra falta sumar los casos de VIH/SIDA.

Existen más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes transmisibles por vía sexual, algunos de los cuales como el VIH y los treponemas causantes de la sífilis, también se pueden transmitir de la madre al hijo durante el embarazo y el parto o bien a través de transfusiones de sangre y trasplantes de tejidos.

Enfermedades de Transmisión Sexual, OMS

Bacterias/ (Enfermedades)

Virus/(Enfermedades)

Parásitos/(Enfermedades)

  • Neisseria gonorrhoeae (gonorrea o infección gonocócica);
  • Chlamydia trachomatis (clamidiasis);
  • Treponema pallidum (sífilis);
  • Haemophilus ducreyi (chancroide);
  • Klebsiella granulomatis (antes llamada Calymmatobacterium granulomatis, (granuloma inguinal o donovanosis).
  • Virus de la inmunodeficiencia humana (sida);
  • Virus del herpes simple de tipo 2 (herpes genital) ;
  • Papilomavirus humanos (verrugas genitales y, en el caso de algunos tipos de estos virus, cáncer del cuello del útero en la mujer);
  • Virus de la hepatitis B (hepatitis, que en los casos crónicos puede ocasionar cáncer de hígado);
  • Citomegalovirus (inflamación de diferentes órganos, como el cerebro, los ojos y los intestinos).
  •  
  • Trichomonas vaginalis (tricomoniasis vaginal);
  • Candida albicans (vulvovaginitis en la mujer y balanopostitis [inflamación del glande y el prepucio] en el hombre).

De acuerdo con la OMS, se recomienda la abstención sexual para evitar las ETS, o bien, tener una pareja sexual mutuamente monógama, aunado a ello, el uso correcto del condón masculino de látex, puede ser eficaz en la reducción de la transmisión del VIH y otras ETS, como la gonorrea, clamidiasis y tricomoniasis.

C. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en su boletín Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Juventud, de agosto de 2012, señaló que conforme a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2009, el 61.8% de las adolescentes de 15 a 19 años de edad que son sexualmente activas, declararon no haber utilizado algún método anticonceptivo durante su primera relación sexual; en el mismo sentido, el 75% de las jóvenes de 25 a 29 años de edad declaró no haber utilizado algún método anticonceptivo.

Dichas cifras nos lleva a dos consecuencias principales que se pueden derivar de la falta de uso de métodos anticonceptivos, la primera de ellas, puede ser un embarazo no deseado a temprana edad y la segunda, un posible contagio de alguna de las enfermedades de transmisión sexual, señaladas anteriormente, ambas pueden ser causantes de muerte o menoscabo en la calidad de vida de las personas.

Las dificultades con el uso, acceso o disponibilidad de métodos de protección entre los jóvenes incrementan su exposición a otra serie de enfermedades, como son las enfermedades de transmisión sexual, que en caso de no ser detectadas o tratadas a tiempo, pueden generar complicaciones a largo plazo, como ya lo señalamos en el dictamen anteriormente. De acuerdo con el INEGI, entre 2005 y 2010, la candidiasis urogenital y el Virus del Papiloma Humano (VPH) fueron las afecciones de mayor incidencia en jóvenes de 15 a 24 años de edad, siendo aún mayor entre los jóvenes de 20 a 24 años, sin tendencia a disminuir y con posibles consecuencias en su salud a mediano y largo plazo, sin dejar de mencionar otras enfermedades que también tuvieron incidencia pero en menor medida como el Chancro blando, herpes genital y sífilis adquirida.

Aunado a ello existe evidencia que señala que el padecimiento de una ETS, aumenta la probabilidad de infección por VIH. A nivel mundial se estima que 11.8 millones de personas de 15 a 24 años viven con esta enfermedad, de los cuales 7.7 millones son mujeres y 4.5 millones son varones, con alrededor de 6 mil jóvenes infectados a diario. En México la principal forma de transmisión para VIH/SIDA según casos acumulados a marzo de 2012, es la vía sexual, siendo el grupo de 25 a 29 años de edad, el más afectado, con 27 mil 449 casos acumulados, de acuerdo con cifras del INEGI y el Registro Nacional de Casos de SIDA, de la Secretaría de Salud.

Finalmente de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012, durante dicho año se reportaron 118 casos de sífilis congénita, 3038 casos de sífilis adquirida y 1389 casos de infección gonocóccica genitourinaria. Datos más alarmantes sobre la misma Encuesta demostraron que en 2011, se reportaron 36 mil 333 casos de Virus de Papiloma Humano, de los cuales el 96% se dieron en mujeres.

D. De acuerdo con la Ley General de Salud, dentro del Título Octavo, De la Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes, Capítulo II, De las Enfermedades Transmisibles, establece en su Artículo 134, que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de enfermedades transmisibles como, fracción VIII, Sífilis, infecciones gonocócicas y otras enfermedades de transmisión sexual, y fracción XIII, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

Acertadamente como complemento de lo anterior, el Artículo 157 Bis de la Ley en comento, establece que:

“La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA.”

No obstante, y a pesar del gran avance que se obtuvo el 15 de diciembre de 2008, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformó la fracción II del Apartado A del Artículo 13 y se adicionó una fracción XVII Bis al artículo 3º y un Artículo 157 Bis a la Ley General de Salud, todos enfocados a la Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual, se omitió integrar en el Artículo 157 Bis a las demás Enfermedades de Transmisión Sexual, muchas de las cuales tienen tendencias de incremento, como el Virus del Papiloma Humano y otras que ya se señalaron a través del dictamen y cuya prevención con el uso correcto del condón, como lo señala el precepto, puede evitar consecuencias en la salud de la población mexicana.

Finalmente, estas Comisiones dictaminadoras, consideran viable la propuesta de la Legisladora, con la sugerencia de un cambio con el que se pretende integrar a todas las Enfermedades de Transmisión Sexual y que consiste en la palabra “demás”, para quedar como sigue:

Iniciativa Propuesta

Decreto Propuesto por las Comisiones Dictaminadoras

ARTICULO 157 BIS. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual.

ARTICULO 157 BIS. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA y demás enfermedades de transmisión sexual.

Lo anterior, otorga mayor fundamento jurídico que permite a las autoridades correspondientes, llevar a cabo las acciones pertinentes que conlleven evitar el contagio no sólo del VIH/SIDA, como hoy lo dispone el precepto en comento, sino que las acciones en favor del uso correcto del condón, se extiendan a las demás enfermedades de transmisión sexual, como lo establece el Artículo 134, fracción VIII y así de manera integral, se puedan evitar las diversas consecuencias que se pueden derivar en la salud de la población mexicana, por el contagio de alguna de las ETS o el VIH/SIDA.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma el Artículo 157 Bis de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades de transmisión sexual para quedar como sigue:

ARTICULO 157 BIS. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA y demás enfermedades de transmisión sexual.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la comisión, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Las infecciones de transmisión sexual, también conocidas como Enfermedades de Transmisión Sexual ETS, antes enfermedades venéreas, son un conjunto de afecciones clínicas infectocontagiosas que se transmiten de persona a persona por medio de contacto sexual que se produce casi exclusivamente durante las relaciones sexuales.

Sin embargo, pueden transmitirse también por uso de jeringas contaminadas o por contacto con la sangre, y algunas de ellas pueden transmitirse durante el embarazo o el parto desde la madre al hijo.

La mayor parte de las enfermedades de transmisión sexual son causadas por dos tipos de gérmenes: bacterias y virus, pero algunas también son causadas por hongos y protozoarios.

En 1996 la Organización Mundial de la Salud estimaba que más de un millón de personas se infectaban diariamente.

Cerca del 60 por ciento de esas infecciones ocurren entre menores de 25 años, y el 30 por ciento de estos tienen menos de 20 años.

Entre los 14 y 19 años de edad las infecciones de transmisión sexual ocurren con más frecuencia en mujeres que en hombres en una proporción casi de 2 a 1, esto se iguala en ambos sexos hacia los 20 años.

Se estima que 340 millones de nuevos casos de sífilis, gonorrea y tricomoniasis se dieron en el mundo entero en 1999.

Los preservativos o condones proporcionan protección cuando se utilizan correctamente como barrera desde y hacia el área que cubren.

Las áreas descubiertas todavía son susceptibles a muchas enfermedades de transmisión sexual.

La propuesta es al artículo 157 Bis, y dice lo siguiente:

“La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección de VIH SIDA y demás enfermedades de transmisión sexual”.

Y solicitamos el apoyo de las señoras y señores Senadores para aprobar este dictamen de la Comisión de Salud.

Por lo anteriormente expuesto, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor de este dictamen.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: ¡Nada de papelitos, señor Presidente! Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen que hoy ponemos a su consideración de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos de este Pleno del Senado, es de suma importancia para la protección de la salud de los mexicanos.

Quiero recordar que presenté una iniciativa que va a nutrir este primer paso de este dictamen que hoy votaremos, muy importante.

Es oportuno también recordar, que como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se trazó como una meta la de detener y comenzar a reducir para el año 2015 la propagación del VIH SIDA, y con ello también tales enfermedades que conllevan.

Se ha reconocido que el uso del condón, ¡No preservativo!, preservativo es lo que conserva los alimentos, hay que decirle condón.

Que luego llega la gente a la farmacia y dice: “Me da un preservativo”. Le da pena ¿No? Se llama Condón, Condonquién, Condón.

Y estas prácticas sexuales reducen significativamente los riesgos de contraerla, no nada más el SIDA, sino todas las enfermedades de transmisión sexual usando condón.

De ahí que consideramos que es fundamental que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias se coordinen para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo.

De hecho, el estado de Tabasco, en su Ley de Salud, les quiero pasar el dato, dice que en todos los lugares donde se vendan o expendan bebidas alcohólicas, esto es en la Ley de Alcoholes, deben de haber máquinas expendedoras de condones, no nada más de Coca Cola y de Sabritas, aunque sea comercial, sino de condones, máquinas expendedoras de condones. Al día de hoy, todavía no se cumple.

Será prioritario que también se intensifiquen las campañas de prevención y del uso del condón, para poder incrementar el porcentaje de población, con un conocimiento adecuado integral del VIH SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en la población entre 15 y 24 años, sector que presenta la mayor incidencia en los jóvenes, los chavos.

De acuerdo al Informe de Avance 2010, que presentó el gobierno federal en torno al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se destacan casos como los de Tabasco y Veracruz, donde las tasas de mortalidad por VIH-Sida se incrementaron significativamente con relación a las demás entidades federativas.

Desde el 2010 el Instituto Mexicano del Seguro Social ha reportado que las infecciones de transmisión sexual, como herpes y vaginitis, también se extienden rápidamente entre los adolescentes.

En México el 30 por ciento de jóvenes han contraído alguna enfermedad sexual. Las complicaciones frecuentes son la infertilidad y el cáncer cervicouterino.

El 5 por ciento de mujeres son portadoras del papiloma humano, el 5 por ciento.

Y, obviamente, en el caso de los hombres, lamentablemente no se conoce cifra alguna.

Actualmente 9 de cada 10 menores tienen su primera relación sexual sin protección.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud refiere que los mexicanos de 15 a 24 años sostienen 300 millones de relaciones sexuales al año, y en ese mismo lapso utilizan más de 120 millones de condones en el país, cifra conservadora y cambiante.

Sobre este tema, como secretario integrante de la Comisión de Salud, he insistido en que es necesario elevar a rango constitucional, un programa nacional de prevención y control del VIH SIDA y las enfermedades de transmisión sexual.

Lo anterior, con el objeto que se contemplen estrategias de prevención y control, de prestación de servicios, de atención integral de calidad, de fortalecimiento de las acciones de promoción de la salud sexual, de impulso a la política para la disminución del estigma, discriminación, violaciones a los derechos humanos y homofobia en poblaciones claves; y de fortalecimiento a la coparticipación multisectorial social y ciudadana en la formulación de políticas.

Y, sobre todo, para desarrollar prioritariamente acciones permanentes de prevención por el uso adecuado y constante del condón, mediante la atribución de la Secretaría de Salud, para implementar los mecanismos de coordinación con los sectores privados y social, a fin de que se garantice el acceso a condones, lubricantes, prueba de detención, educación sexual en la comunidad lésbico-gay, mujeres y hombres trabajadores del sexo comerciales y sus clientes, privados de la libertad y población móvil indígena; espero que pronto sea considerada dicha propuesta.

Compañeras y compañeros Senadores, con el propósito de seguir avanzando en la protección de la salud de los ciudadanos, ante el embate de estas enfermedades, mi voto será respaldando a este dictamen.

Con la convicción plena de que tenemos que continuar implementando acciones que disminuyan y detengan la tendencia y las graves consecuencias que generan dichas enfermedades de la salud en las personas, principalmente en nuestros jóvenes.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, para hablar sobre este mismo dictamen.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a ser muy breve. Y simplemente para advertir en la aprobación de este dictamen, que me parece muy positivo, al artículo 157 Bis de la Ley General de Salud.

La necesidad de que sigamos impulsando este tipo de medidas, ya que, efectivamente, si bien el VIH es una de las enfermedades de transmisión sexual, con obviamente mayores índices de mortandad y, sobre todo, mayores rangos de propagación, también están todas estas, nueve categorías de enfermedades de transmisión sexual que se podrían evitar con el uso adecuado de métodos, como el condón. El papiloma humano, el herpes genital, la sífilis adquirida, el chancro blando, la gonorrea, la infrogranuloma venérea y la hepatitis B, por decir algunos.

Pero sobre lo que creo que es importante destacar, que este tipo de medidas de promoción del uso del condón, deben ir a la base, deben ir a la educación primaria y a la educación secundaria, sobre todo entre las mujeres.

Déjenme darles un dato, que a mí me ha alarmado siempre, en Chiapas, el año pasado se detectaron 40 mil 180 mujeres que tenían infecciones de alguno de estos nueve tipos, frente a 1,653 hombres. Entonces el tema es, que el asunto de las enfermedades de transmisión sexual está propagándose en grupos todavía más vulnerables, como es en el caso de Chiapas, las mujeres, que a la vez no solamente son las mayores afectadas por este tipo de enfermedades, sino además son quienes presentan menores índices de escolaridad.

Pareciera que hay una relación, una vinculación de causalidad entre la incidencia de la presencia de este tipo de enfermedades y la escolaridad.

Creo que es un extraordinario primer paso, que el tema esté en la Ley General de Salud. El siguiente es, incorporarlo a los programas educativos desde la primaria y la secundaria, de todos y cada uno de los estados de la República Mexicana.

Debemos de perderle este miedo al uso de preservativo o de condones, para que no se moleste el Senador Mayans Canabal, en el uso correcto de la palabra, pero hacerlo en la población objetivo, a la que debemos de ir, que son los niños.

Hay realidades que hay que reconocer. El inicio de las actividades sexuales de los niños y los jóvenes mexicanos, está bajando de manera dramática.

Y ese comportamiento no se va a adaptar a lo que digan las leyes. Las leyes y las instituciones deben de adaptarse a las tendencias sociales y a los comportamientos de las nuevas generaciones.

Y eso debe de partir, empezar a tenerle miedo a este tipo de datos, y no miedo a métodos, como el uso correcto del condón.

Estoy a favor de este dictamen. Y espero que todos hagan lo mismo en este día de sesión.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Informo a la Asamblea que el Senador Angel Benjamín Robles Montoya hizo llegar a esta Mesa Directiva su intervención sobre este asunto, la cual se inscribirá de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 102 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades de transmisión sexual. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de control del sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 3, 6, 7, 27, 111, 112, 113, 115, 212 Y 301 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, SOBRE CONTROL DEL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 2 de Diciembre de 2013, las y los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Luis Fernando Salazar Fernández, Jorge Luis Lavalle Maury, Héctor Larios Córdova, César Octavio Pedroza Gaitán, Javier Lozano Alarcón, Fernando Torres Graciano, María del Pilar Ortega Martínez, Ernesto Ruffo Appel, Javier Corral Jurado, Gabriela Cuevas Barrón, Silvia Guadalupe Garza Galván, José María Martínez Martínez, Francisco Salvador López Brito, Juan Carlos Romero Hicks, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Mónica Tzasna Arriola Gordillo, Senadora independiente, Fernando Enrique Mayans Canabal y Adolfo Romero Lainas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, todos Integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud para el Control del Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria.

En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que se turnara a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa propone una serie de reformas a diversos artículos de la Ley General de Salud así como a la Ley de Educación, en materia del control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Con ello contrarrestar el grave problema de salud pública.

Los proponentes hacen mención que la Encuesta Nacional de Salud ENSANUT 2012, reveló datos que son alarmantes, ya que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de cinco años, registró un ligero pero significativo ascenso a lo largo del tiempo con casi 2 puntos porcentuales de 7.8% en 1988 a 9.7% en 2012. La principal región con aumento, fue el Norte del país con una prevalencia de 12% en 2012, con 2.3 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

Así mismo hacen énfasis que dicho tema al ser de interés público, debe tomarse en cuenta y como prioridad, es por ello que se pretende legislar de una forma integral y someter a la Ley sanitaria diversas reformas que podrán combatir el tema de sobrepeso, obesidad y la bulimia y anorexia que hoy en día están sumamente enquistadas en nuestra sociedad, afectando a los niños, niñas y adolescentes.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. La nutrición y la salud son partes fundamentales de nuestra vida. Una correcta nutrición es vital. Si no nos nutrimos adecuadamente nuestra salud se deteriora en forma progresiva. Así mismo estos dos conceptos están conectados a una buena alimentación. A una alimentación balanceada. Ya que el ser humano puede ingerir muchos tipos de alimentos, pero eso no significa que se esté nutriendo de manera adecuada.

Una buena nutrición en la infancia, es parte toral del desarrollo del menor, en esta etapa los infantes pueden adquirir los hábitos correctos, para el cuidado de su salud e integridad física. Si el menor está bien alimentado durante los primeros años de vida puede tener un efecto positivo en su salud a largo plazo, así como en su habilidad para aprender, comunicarse, pensar, socializarse y adaptarse a nuevos ambientes y personas.

C. Cabe señalar que el sobrepeso y la obesidad en los menores, ha ganado terreno de forma negativa, ello se ha traducido en un grave problema en diversos países del mundo y aún más en nuestro país.

D. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define a la obesidad y al sobrepeso como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, son el quinto factor principal de riesgo, de defunción en el mundo. Un dato alarmante que señala esta Organización, es que cada año fallecen alrededor de 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso y la obesidad, además también se le atribuyen como la causa de la diabetes en 44%, de cardiopatías isquémicas en 23%, y algunos cánceres entre el 7% y el 41%.

Datos fuertes marcan que mil millones de adultos tienen sobrepeso. Si no se actúa, esta cifra superará los 1500 millones en 2015. Aunque anteriormente se consideraba un problema limitado a los países de altos ingresos, en la actualidad la obesidad también es prevalente en los países de ingresos bajos y medianos.

La obesidad infantil es uno de los problemas más graves del siglo XXI. Los niños con sobrepeso tienen muchas probabilidades de convertirse en adultos obesos y, en comparación con los niños sin sobrepeso, tienen más probabilidades de sufrir a edades más tempranas diabetes y enfermedades cardiovasculares.

E. Además de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, desde 1980 el problema de la obesidad se ha duplicado en todo el mundo. En 2008, mil 400 millones de adultos mayores de 20 años tenían obesidad. Aunado a ello, el 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. En 2010, alrededor de 40 millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los países de ingresos altos, actualmente, ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos. En los países en desarrollo están viviendo cerca de 35 millones de niños con sobrepeso, mientras que en los países desarrollados esa cifra es de 8 millones.

Es por lo anterior y todavía más preocupante que a la fecha la población no esté consciente que, de prevenir el sobrepeso o la obesidad, se pueden librar de consecuencias en su salud que pueden ser mortales.

F. Es por ello que en México este tema se ha tornado en un grave problema de salud pública. Desde la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) 2006, que se reveló que el sobrepeso y la obesidad continuaban en aumento, en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos, fue entonces que se colocaron entre los problemas de salud pública más importantes.

La ENSANUT 2012, reportó que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de cinco años, registró un ligero pero significativo ascenso a lo largo del tiempo con casi 2 puntos porcentuales de 7.8% en 1988 a 9.7% en 2012. La principal región con aumento, fue el Norte del país con una prevalencia de 12% en 2012, con 2.3 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

G. Para la población en edades de los 5 a los 11 años, la prevalencia en 2012 fue de 34.4% (19.8% de sobrepeso y 14.6% de obesidad), lo que equivale a aproximadamente 5,664,870 infantes con sobrepeso u obesidad en nuestro país, de los cuales 36.9% son niños y 32% son niñas. Aunque la prevalencia no aumentó de 2006 a 2012, según lo indica la ENSANUT, tampoco disminuyó y es un número muy grande de la población que está siendo afectada, lo anterior, representa a la tercera parte de la población infantil, en este rango de edades.

Así mismo la ENSANUT 2012, señala que el 35% de los adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, lo cual equivale a 6, 325, 131 personas que van desde los 12 a los 19 años, poco más de uno de cada 5 tiene sobrepeso y uno de cada 10 tiene obesidad. De dicha cifra 35.8% son mujeres y 34.1% son hombres, tendencia que cambia cuando vemos que de los 5 a los 11 años las cifras de las niñas están por debajo de los niños.

Así mismo de acuerdo con la multicitada encuesta, de un universo de 66, 849, 80 adultos, el 69.4% son mujeres el 73% son hombres con sobrepeso u obesidad. En el caso de los adultos, la prevalencia más alta se presenta en el grupo de edad de 40 a 49 años en hombres y de 50 a 59 años en las mujeres. La obesidad abdominal en mujeres tiene una prevalencia de 82.2% y en hombres de 64.5%.

Los aumentos en las prevalencias de obesidad en México se encuentran entre los más rápidos documentados en el plano mundial. De 1988 a 2012, el sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años de edad se incrementó de 25% a 35.3% y la obesidad de 9.5% a 35.2%.

Como podemos observar todo lo anterior, son datos alarmantes por los efectos que van a tener a corto y mediano plazo, que tiene que ver con los infantes en su crecimiento, desarrollo, rendimiento escolar e intelectual, el desarrollo de capacidades, y, en los adultos con el rendimiento en el trabajo, el ingreso laboral, y la repercusión que todo esto implica en el ámbito social y económico de nuestro país.

Sabemos que el Gobierno Federal ha hecho esfuerzos, prueba de ello es que en Octubre de 2013 se presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, como medida para reducir la incidencia de la diabetes.

La Estrategia Nacional establece cuatro premisas:

• La salud debe de estar presente en todas las políticas públicas.

• El enfoque de atención debe estar basado en determinantes sociales, bajo un abordaje integral, que incluye desde la promoción de la salud hasta la atención médica.

• Privilegia la suma de esfuerzos y alineación de acciones de todos los sectores y todos los actores.

• Son elementos esenciales para su correcto funcionamiento la medición del impacto de las acciones y la rendición de cuentas.

El objetivo de la Estrategia consiste en mejorar los niveles de bienestar de la población y contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional al desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los mexicanos, a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, particularmente la diabetes mellitus tipo 2, utilizando intervenciones de salud pública, un modelo integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales.

Sin embargo, se considera que se deben redoblar esfuerzos, continuar con la prevención y concientización de las consecuencias que provoca el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.

H. Para frenar la epidemia de obesidad son necesarias acciones y una estrategia poblacional, multisectorial, multidisciplinaria y adaptada al entorno cultural, las estrategias constituyen una hoja de ruta para el establecimiento y fortalecimiento de iniciativas de vigilancia, prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles, entre ellas el sobrepeso y la obesidad.

• Es por ello, que dicha iniciativa incumbencia del presente Dictamen presenta una propuesta la cual pretende prevenir, y combatir de manera frontal desde el ámbito de la Ley la obesidad, el sobrepeso y los transtornos de la conducta alimentaria como la bulimia y anorexia.

J. Cabe mencionar, que la Iniciativa trata de reformar diversos preceptos en los cuales se pretende que estos problemas de salud mencionados como lo son la obesidad, el sobrepeso y los transtornos de la conducta alimentaria como la bulimia y anorexia, sean materia de salubridad pública establecidos en el artículo 3º de la Ley General de Salud.

En el artículo 6 de la Ley General de Salud, se pretende que el sistema nacional de salud tenga por objetivo diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien y promuevan cambios hacia una alimentación correcta y contrasten eficientemente al sobrepeso, obesidad, desnutrición y transtornos de la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia.

En el art. 7 se pretende promover e impulsar los programas y campañas sobre la información y buenos hábitos alimenticios sin embargo las comisiones unidas coinciden y agregan la activación física parte importante de solución a la problemática.

Por otro lado, en el art. 27 de la Ley General de Salud, se introduce como servicio básico de salud la orientación alimentaria y la alimentación correcta, para el mejoramiento de la nutrición. Así mismo, se pretende que la educación para la salud entre otros rubros tenga por objeto también el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.

Se coincide en el artículo 111, 112 y 113 en cuanto agregar la orientación alimentaria así como la alimentación correcta, sin embargo de igual forma la activación física es importante para las comisiones dictaminadoras y lo propone.

En este sentido, en el artículo 115 de le Ley citada, se establece que la Secretaría de Salud tendrá a su cargo diferentes atribuciones, en entre ellas, se propone establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de sobrepeso, obesidad, desnutrición y los trastornos de conducta alimentaria.

Y un tema que no puede quedar fuera, son los establecimientos donde se maneja la modalidad de refill o relleno que no es más que “Relleno Gratis” o “Refresco Sin fin”, esto se utiliza mucho como herramienta de marketing en casi todos los restaurantes de América del Norte, donde uno puede “saciar” su sed con toda la bebida que apetezca sin costo adicional, es decir, paga por su bebida una sola vez y puede tomar y rellenar su vaso, de forma ilimitada.

Sin embargo, como bien sabemos el agua es el líquido que trae las propiedades para saciar la sed no así una bebida gaseosa y azucarada. Hoy en día en nuestro país, según cifras del Instituto Mexicano de la Juventud, solamente 37% de los jóvenes entre 12 y 29 años consumen frutas diariamente y 36% verduras, lo que es similar al consumo de refrescos que alcanza el 37%. Esto se suma al 60% de los jóvenes mexicanos que no practica ninguna actividad física, además de la falta de consumo de alimentos que proporcionen nutrientes y no solamente azúcar y grasas. México es el principal consumidor de refrescos en el mundo, con 163 litros de refresco en promedio por personas al año, 40% más que en Estados Unidos de Norteamérica.

Es por lo anterior, que se propone en el artículo 115 en su fracción IV, que en los tipos de establecimientos que enuncia el artículo en comento, no se podrá expender aquellas bebidas con alto contenido calórico, en la modalidad de relleno o “refill”.

Por otra parte, en aras de que los infantes de México tengan un mayor control en su nutrición se pretende que la Secretaría de Salud, para prevenir, detectar, tratar y controlar padecimientos como sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, llevarán a cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica;

Así mismo, ante la grave situación que vive la población infantil en cuanto al sobrepeso y la obesidad, es en las escuelas de educación básica del Sistema Educativo Nacional donde existe la oportunidad de modificar patrones conductuales de alimentación a través de la renovación en la oferta de productos alimenticios, junto con acciones de orientación y educación sobre los hábitos alimentarios que se mantendrán en las diferentes etapas de la vida; acciones con las cuales debe establecerse la corresponsabilidad de la comunidad escolar para ofrecer alimentos y bebidas nutritivas que favorezcan la salud de los estudiantes.

Lo anterior, también deberá estar acompañado por la responsabilidad de los padres y hacer lo mismo en el seno del hogar, pues no se debe olvidar que la escuela es sólo complemento de la formación, por lo tanto, padres y escuela deben ser copartícipes en la formación de hábitos adecuados de alimentación de los niños mexicanos.

Las elecciones de los niños, su dieta y el hábito de realizar actividades físicas dependen del entorno que les rodea. El desarrollo socioeconómico y las políticas agrícolas, de transporte, de planificación urbana, medioambientales, educativas, y de procesamiento, distribución y comercialización de los alimentos influyen en los hábitos y las preferencias dietéticas de los niños, así como en su actividad física. Estas influencias están fomentando cada vez más un aumento de peso que está provocando un aumento continuo de la prevalencia de la obesidad infantil.

Una dieta saludable puede contribuir a prevenir la obesidad y se puede:
1) Mantener un peso saludable, 2) Reducir la ingesta total de grasas y sustituir las grasas saturadas por las insaturadas, 3) Aumentar el consumo de frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos, 4) Reducir la ingesta de azúcar y sal.

Al ser un tema primordial la alimentación que se suministra por parte de los educandos en los centros escolares, se considera que es ahí la parte medular para comenzar a atacar el gran problema de salud pública ya mencionado, es por ello que se pretende que la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación propongan, los menús o los alimentos y bebidas preparados y procesados que se expendan o distribuyan de manera directa o a través de terceros, dentro de los centros escolares, los cuales serán variados y equilibrados teniendo como prioridad aquellos alimentos que lleven a buenos hábitos alimenticios y una buena nutrición. Así mismo, se deberá informar a los padres de familia o tutores de la población escolar, los menús que se propongan, los cuales estarán supervisados por profesionales en nutrición.

Sin embargo las comisiones dictaminadoras coinciden en la propuesta pero realizan una mejor redacción para abarcar de una forma general dichas fracciones, como se muestra en el cuadro comparativo de este apartado.

Hoy en día los consumidores no tienen la suficiente información nutrimental en la publicidad o empaques de los productos, o tal vez muchas veces no se entiende.

Como bien sabemos se ha intentado tanto por parte del Poder Ejecutivo Federal como en el Poder Legislativo, regular y modificar el etiquetado en los alimentos para conocer la cantidad de calorías que consumen las persona, es por ello que se pretende regular las etiquetas de los productos, para que se especifique por empaque o envase individual y por contenido calórico, y por porciones, en cada tipo de presentación, de conformidad con lo señalado por las Normas Oficiales Mexicanas o disposiciones aplicables así como tener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población.

De igual forma las comisiones dictaminadoras consideran viable dicha propuesta pero se realizan modificaciones como se expresa en el cuadro comparativo de este apartado.

En cuanto a la reforma que se pretende; que en “Los planteles de educación básica y media superior o equivalente, contarán con depósitos de agua equipados con filtros y bebederos públicos.

Estas comisiones difieren ya que el 20 febrero de 2014, la Cámara de Senadores aprobó un dictamen que modifica diversos artículos de la Ley de Educación y las comisiones propusieron modificar el artículo tercero transitorio, con el propósito de establecer un plazo máximo de dieciocho meses para que los planteles educativos particulares instalen bebederos, bajo la supervisión de las autoridades competentes. Regresando de esta forma a la Cámara de Diputados para su correspondiente dictamen. Así mismo el 11 de marzo de 2014 dicha Minuta fue aprobada por la Comisión de Educación de la Colegisladora y el 20 de marzo por el Pleno de Diputados. En dicha reforma se propone la misma inquietud de la proponente. Es por ello que se encontrará ya regulado.

Por otra parte, coincidimos que los trastornos de la conducta alimentaria como lo es la bulimia y anorexia se ha arraigado más en nuestra sociedad atacando en su mayoría a las adolescentes. Por ello la iniciativa pretende que en ningún caso en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes, se vendan laxantes a menores de edad. Sin embargo se considera viable porque dicha propuesta se encuentra ya regulada en las normas oficiales correspondientes.

En otro tenor de ideas, se coincide con la propuesta que en los centros escolares los educandos no tengan a la vista la publicidad de alimentos con bajo contenido nutricional, ya que ello, es incentivo para su consumo por ello la propuesta prohíbela publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética, dentro de los centros escolares.

Se coincide que en la escuela, es donde se da el aprendizaje, donde se absorben los hábitos y donde se tornea la educación para el futuro del educando, y por ello se observa la reforma en donde se pretende incorporar dentro del programa de educación básica la asignatura que incluya temas de alimentación correcta, las causas y consecuencias de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria.

Sin embargo, estas comisiones no están de acuerdo ya que dicha pretensión debe realizarse impactando los preceptos de la Ley General de Educación y con ello se estaría acorde en la estrategia nacional ya mencionada así mismo jurídicamente encuadra de mejor forma en dicho ordenamiento.

En este tenor de ideas se coincide con la proponente sin embargo por lo ya expresado se presenta un dictamen con cambios los cuales se expresan en el siguiente cuadro comparativo.

CUADRO COMPARATIVO

Proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación.

Ley General de Salud (VIGENTE 2014)

PROPUESTA DE INICIATIVA

PROPUESTA DE DICTAMEN

Proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación.

Artículo Primero: Se reforma los artículos; 3, 6, 7, 27, 111, 112, 113, 115, 212, 226, 301, 421 y se adiciona el artículo 115 bis., todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Proyecto de Decreto que reforman los artículos; 3, 6, 7, 27, 111, 112, 113, 115, 212 y 301, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I.

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII. a XXVIII

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I a XI…

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad, trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII. a XXVIII.

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I a XI…

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII. a XXVIII.

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I.-

IX.- Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud.

Artículo 6o.- El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

I a IX …

X. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación correcta y su relación con los beneficios a la salud; y

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación correcta, que contrarreste eficiente al sobrepeso, obesidad, desnutrición y transtornos de la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia.

Artículo 6o.-

I. a VII.

VIII. Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la salud;

IX. Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud;

X. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación correcta y su relación con los beneficios a la salud, y

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación correcta, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad, y otros trastornos de la conducta alimentaria.

Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. a XII

XIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud;

XIV. a XV.

Art. 7º.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. a XII…

XIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud;

XIII Bis. Promover e impulsar programas y campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios y una buena nutrición.

XIV. Impulsar la permanente actualización de las disposiciones legales en materia de salud, y

XV. Las demás atribuciones, afines a las anteriores, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, y las que determinen las disposiciones generales aplicables.

Art. 7º.- …:

I. a XIII.

XIII Bis. Promover e impulsar programas y campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición y la activación física.

XIV. y XV.

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. a VIII.

IX. La promoción del mejoramiento de la nutrición;

X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas, y

XI. La atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica.

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. a VIII…

IX. La orientación alimentaria y la alimentación correcta;

X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas; y

XI. La atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica.

Artículo 27.- ...

I. a VIII.

IX. La promoción de un estilo de vida saludable;

X. y XI.

Artículo 111. La promoción de la salud comprende:

I. Educación para la salud;

II. Nutrición;

III. Control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, adoptando medidas y promoviendo estrategias de mitigación y de adaptación a los efectos del cambio climático;

IV. Salud ocupacional, y

V. Fomento Sanitario

Artículo 111. La promoción de la salud comprende:

I. Educación para la salud;

II. Nutrición y orientación alimentaria;

III. a V.

Artículo 111.-

I.

II. Nutrición, orientación alimentaria y activación física;

III. a V.

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. a II.

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. a II; y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición hacia una alimentación correcta, actividad física para la salud, salud mental (TCA), salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 112.-

I. y II.

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación correcta, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 113.- La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.

Tratándose de las comunidades indígenas, los programas a los que se refiere el párrafo anterior, deberán difundirse en español y la lengua o lenguas indígenas que correspondan.

Artículo 113.- La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, con énfasis en el consumo de alimentos que conduzcan a la alimentación correcta y así mismo impulsen la actividad física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.

Tratándose de las comunidades indígenas, los programas a los que se refiere el párrafo anterior, deberán difundirse en español y la lengua o lenguas indígenas que correspondan.

Artículo 113.- La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, entre otros, aquellos orientados a la alimentación correcta y a la activación física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.

Así como, llevar a cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica.

...

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición;

II. III.

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas.

V. a VIII.

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

  • Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de sobrepeso, obesidad, desnutrición y los trastornos de conducta alimentaria. Que cuantifique y analice periódicamente la prevalencia de la obesidad y el impacto de las estrategias implementadas;

II. a III.

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas.

Así mismo no se podrá expender en estos establecimientos bebidas gaseosas y/o azucaradas en la modalidad de relleno o “refill”.

V. a VIII.

IX. Para prevenir, detectar, tratar y controlar padecimientos como sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta y en coordinación con la Secretaria de Educación Pública, llevará cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica;

X. Difundir en los entornos familiar, escolar, laboral y comunitario la alimentación correcta; y

  • En coordinación con la Secretaría de Educación proponer, los menús o los alimentos y bebidas preparados y procesados que se expendan o distribuyan de manera directa o a través de terceros, dentro de los centros escolares, los cuales serán variados y equilibrados teniendo como prioridad aquellos alimentos que lleven a buenos hábitos alimenticios y una buena nutrición. Así mismo, se deberá informar a los padres de familia o tutores de la población escolar, los menús que se propongan, los cuales estarán supervisados por profesionales en nutrición.

Así mismo dentro de estos centros escolares, se eliminará el consumo y expendio de alimentos y bebidas con alta densidad energética y bajo contenido nutrimental.

Artículo 115.-

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de sobrepeso, obesidad, desnutrición y los trastornos de la conducta alimentaria;

II. y III.

IV.

Asimismo, no se podrá expender en estos establecimientos bebidas con alto contenido calórico en la modalidad de relleno o “refill”.

V. a VII.

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas;

IX. Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la prevención y el control del sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria y, en coordinación con la Secretaria de Educación Pública, la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica;

X. Difundir en los entornos familiar, escolar, laboral y comunitario la alimentación correcta, y

XI. Expedir en coordinación con la Secretaría de Educación Pública los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, a fin de eliminar dentro de estos centros escolares el consumo y expendio de aquellos que no cumplan con los criterios nutrimentales que al efecto determine la Secretaría de Salud y, en consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en riesgo.

(NO EXISTE)

Artículo 115 Bis.- Los planteles de educación básica y media superior o equivalente, contarán con depósitos de agua equipados con filtros y bebederos públicos.

La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, garantizarán el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.

INVIABLE

Artículo 212.- …

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional, y tener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población.

En la marca o denominación de los productos, no podrán incluirse clara o veladamente indicaciones con relación a enfermedades, síndromes, signos o síntomas, ni aquellos que refieran datos anatómicos o fisiológicos.

Artículo 212.- …

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional, especificando por empaque o envase individual y por contenido calórico, y por porciones, en cada tipo de presentación, de conformidad con lo señalado por las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables así como tener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población.

En la marca o denominación de los productos, no podrán incluirse clara o veladamente indicaciones con relación a enfermedades, síndromes, signos o síntomas, ni aquellos que refieran datos anatómicos o fisiológicos.

Artículo 212.- …

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional, que consideren el contenido energético total que aporta el producto, así como el contenido de grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y sodio. Dicha información será presentada en los términos que determine la Secretaría de Salud conforme a lo previsto en las disposiciones Reglamentarias y demás disposiciones jurídicas aplicables, la cual deberá contener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población.

Artículo 226.- Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se consideran:

I. aVI.

No podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes.

Artículo 226.- Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se consideran:

I. a VI.

No podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes, y en ningún caso se venderán laxantes a menores de edad.

INVIABLE

Artículo 301. Será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud, la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los insumos para la salud, las bebidas alcohólicas, así como los productos y servicios que se determinen en el reglamento de esta Ley en materia de publicidad.

Artículo 301. Será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud, la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los insumos para la salud, las bebidas alcohólicas, así como los productos y servicios que se determinen en el reglamento de esta Ley en materia de publicidad.

Queda prohibida la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética, dentro de los centros escolares.

Artículo 301.

Queda prohibida la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética, dentro de los centros escolares.

Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta Ley.

Artículo 421.Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266,301, 306, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413

INVIABLE

Artículo Segundo: Se reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I.- a XII Quintus.- Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo, y

XIII.- Incorporar dentro del programa de educación básica la asignatura que incluya temas de alimentación correcta, las causas y consecuencias de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria; así como beneficios de la actividad física constante; y

XIV.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta Ley, con excepción de aquéllas que, con carácter exclusivo, les confieren los artículos 12 y 13.

INVIABLE

K. Es por lo anteriormente vertido, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, consideran la propuesta viable con modificaciones, y con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3, 6, 7, 27, 111, 112, 113, 115, 212 y 301, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I a XI…

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII. a XXVIII.

Artículo 6o.-

I. a VII.

VIII. Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la salud;

IX. Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud;

X. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación correcta y su relación con los beneficios a la salud; y

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación correcta, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad, y otros trastornos de la conducta alimentaria.

Art. 7º.- …:

I. a XIII.

XIII Bis. Promover e impulsar programas y campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición y la activación física;

XIV. y XV.

Artículo 27.- ...

I. a VIII.

IX. La promoción de un estilo de vida saludable;

X. y XI.

Artículo 111.-

I.

II. Nutrición, orientación alimentaria y activación física;

III. a V.

Artículo 112.-

I. y II.

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación correcta, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 113.- La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, entre otros, aquellos orientados a la alimentación correcta y a la activación física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.

Así como, llevar a cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica.

...

Artículo 115.-

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de sobrepeso, obesidad, desnutrición y los trastornos de la conducta alimentaria;

II. y III.

IV.

Asimismo, no se podrá expender en estos establecimientos bebidas con alto contenido calórico en la modalidad de relleno o “refill”;

V. a VII.

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas;

IX. Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la prevención y el control del sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria y, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica;

X. Difundir en los entornos familiar, escolar, laboral y comunitario la alimentación correcta; y

XI. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, a fin de eliminar dentro de estos centros escolares el consumo y expendio de aquellos que no cumplan con los criterios nutrimentales que al efecto determine la Secretaría de Salud y, en consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en riesgo.

Artículo 212.- …

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional, que consideren el contenido energético total que aporta el producto, así como el contenido de grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y sodio. Dicha información será presentada en los términos que determine la Secretaría de Salud conforme a lo previsto en las disposiciones Reglamentarias y demás disposiciones jurídicas aplicables, la cual deberá contener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población.

Artículo 301.

Queda prohibida la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética, dentro de los centros escolares.

Artículos Transitorios

UNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

(Intervenciones de los CC. Senadores Angel Benjamín Robles Montoya y David Monreal Avila)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, iniciamos la discusión de este dictamen.

Antes esta Presidencia quiere saludar a estudiantes de derecho de la Universidad Panamericana, Campus Distrito Federal, invitados por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento, donde le informo que tiene el uso de la palabra, hasta por diez minutos.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su venia, señor Presidente. Hoy estamos afortunados, ya nos dieron diez minutos. Compañeras y compañeros Senadores:

Aunque el Presidente no quiera, hoy me ha tenido que aguantar aquí en la tribuna.

Y como bien sabemos, la obesidad y el sobrepeso en los últimos años han ganado terreno de forma negativa a nivel mundial. Datos fuertes marcan que mil millones de adultos tienen sobrepeso.

Si no se actúa con precisión, esta cifra superará los 1,500 millones de personas con obesidad en 2015.

Aquí el interés, el empeño y el entusiasmo de la Senadora Maki Esther Ortiz, Presidenta de la Comisión de Salud, fue la que creó y dio este dictamen, que la hemos acompañado en el desarrollo de los mismos los integrantes de la comisión, pero sí hay que darle el crédito a la Senadora Maki Esther Ortiz y que esperemos que también tenga ya una pronta recuperación, ya la necesitamos aquí en el Senado.

Y decía que la Organización Mundial de la Salud, señala que cada año fallecen alrededor de 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso y la obesidad, además de que se atribuye como la causa de la diabetes mellitus en un 44 por ciento, de cardiopatía sistémicas en un 23 por ciento y algunos cánceres entre el 7 y el 41 por ciento.

En México este tema se ha tornado en un grave problema de salud pública. Desde la Encuesta Nacional de Salud 2006, se reveló que el sobrepeso y la obesidad continuaban en aumento.

En todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos, no respeta clases sociales.

Posteriormente en 2012, reportó que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de 5 años registró un ligero pero significativo ascenso a lo largo del tiempo con casi 2 puntos porcentuales que fueron de 7.8 en 1988 a 9.7 por ciento en el 2012.

Hay aproximadamente ¡Ojo! 5 millones 664 mil 870 niños infantes con sobrepeso y obesidad en nuestro país, de los cuales, 36.9 por ciento son niños y el 32 por ciento niñas.

Los aumentos en la prevalencia de la obesidad en México se encuentran entre los más rápidos documentados en el plano mundial.

Como podemos observar, son datos alarmantes por los cuales esas comisiones dictaminadoras presentan este dictamen que reforma diversos preceptos de la Ley General de Salud, y toca temas torales como lo cual se pretende integrar a la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria como la bulimia y la anorexia como materia de salubridad pública; también prioriza la promoción de un estilo de vida saludable. Asimismo, pretende promover impulsar la alimentación correcta y la actividad física.

Señala que la Secretaría de Salud promoverá e impulsará campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios y deberá establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica, de sobrepeso, obesidad, desnutrición y los trastornos de conducta alimentaria.

En cuanto a la orientación para la capacitación a la población en materia de nutrición, se enfatiza en alimentación correcta y la actividad física.

En el mismo sentido, se pretende que la Secretaría de Salud para prevenir, detectar, tratar y controlar padecimientos como el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, llevará a cabo la detención y seguimiento del peso, talla e índice de masa corporal en los centros escolares de educación básica. Y un gran avance es que se regule el expendio y distribución de alimentos que existe en las escuelas.

La población debe de estar bien informada, por ello un progreso en la regulación en cuanto al etiquetado en los alimentos y bebidas no alcohólicas.

Es por todo lo anterior que en aras de ir contrarrestando el grave problema de sobrepeso y la obesidad que se enquistan cada vez más en nuestro país, es que se presenta este dictamen, que lo único que salvaguarda es la salud de todas y todos los mexicanos. En especial, de aquellos que son menores de edad y que no deseamos que crezcan con las enfermedades que se derivan del sobrepeso y la obesidad.

Aprovecho, señor Presidente, para entregarle y mencionar una fe de errata en el artículo 113 en donde viene: “procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población”, está punto y a parte, debe ser punto y seguido, y quedaría el texto: “Así como, llevar a cabo la detención y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica”.

Compañeras y compañeros. Esperamos el apoyo de todos los Senadores responsables, que apoyen a favor este dictamen.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta presentada por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite para su discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta.



Modificacion_aprobada.jpg

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el dictamen con la modificación que ha sido aceptada por el Pleno. Para la discusión en lo general, lo votaremos ya con la adición que el Pleno está aceptando.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Estamos, por supuesto, a favor de las reformas a la Ley General de Salud, en las cuales se plantean situaciones que tienen que ver con la vigilancia a los temas de sobrepeso, obesidad y otros trastornos que tienen que ver con la conducta alimentaria.

El problema, igual que con el Seguro Popular, no es sólo la eficientización del sistema qué dice o cuáles son los problemas que generan la obesidad, las malas conductas en la alimentación. Niñez es vida, y si el Senado de la República no entiende que niñez es vida, entonces nos seguiremos desgastando en reformas y reformas, pero no vamos a atender el problema de fondo.

¿Por qué hay obesos? Porque se alimentan mal, pero no se alimentan mal porque quieran hacerlo. Un pobre alimentario se come lo que se encuentra, come lo que puede, y no está revisando a ver si la etiqueta dice que es un producto que le genera daños a la salud. Lo que quiere el que tiene hambre es quitarse esa sensación complicada cuando se padece este problema que tienen más de 30 millones de compatriotas.

Seguiremos insistiendo en que las buenas costumbres para la alimentación se adquieren en la escuela, y que el primer acto que deben de tener los niños del Sistema Educativo Nacional, es el desayuno escolar para los que están en el turno matutino, y en la comida escolar para los que están en el turno vespertino.

Si nosotros como Senado de la República no impulsamos esta situación, difícilmente lo que aquí estamos proponiendo va a poder llevarse a la práctica, y entonces será una falacia, porque por más que digamos que si al niño no se le cuida, si al niño no se le previene, si al niño no se le vigila lo que come, pues lo podemos decir, y lo podemos decir, y lo podemos repetir una y mil veces y el problema no se va a corregir.

¿Qué significan las buenas costumbres para la alimentación? Pues significa el hecho de que en el desayuno escolar o en la comida escolar el niño conozca qué contenidos nutricionales tiene el alimento que se le está proporcionando. Si es leche, bueno, pues ahí el niño se le explicará qué contenidos nutricionales tiene la leche; si es una torta exactamente lo mismo; si es una fruta exactamente lo mismo; y si es una palanqueta también se le explicará los contenidos nutricionales, y entonces el niño al ver reflejada la buena alimentación en su persona, cuando sea grande, Senadoras y Senadores, el niño o el adulto ya entonces no va a preferir las chatarras a una buena alimentación.

También se sugiere aquí en las reformas que haga activación física para la salud. Hemos insistido en esos aspectos para mejorar la educación de calidad en México, y esta reforma si se aplicara tal cual, sin duda que va ayudar para que haya buena educación, haya educación de calidad en México; una es el tema de la alimentación, que aquí se pide que se cuide, pero no se dice que se obliga al Estado mexicano a que garantice la alimentación al cien por ciento de los infantes de nuestro país, y el otro tema, que se haga la activación física.

En todos los estados de la República el calor en esta época es infernal, y se le exige a los niños que salgan a los patios de las escuelas a realizar acondicionamiento físico. Yo quisiera que alguno de ustedes o todos ustedes se tomaran la molestia de ir a una escuela a las 10, 11, 12, una de la tarde, y junto con los niños al rayo del sol ponerse a hacer acondicionamiento físico, y les aseguro que entonces entenderían por qué algunos estamos insistiendo de manera permanente en que no va haber educación de calidad si no se mejora la infraestructura en las escuelas.

Está bien que se recomiende, pero no está bien que no impulsemos que la infraestructura en las escuelas se mejore, que es uno de los temas centrales para mejorar la calidad en la educación. Por supuesto que estamos de acuerdo en lo que aquí se está planteando, pero seguiremos insistiendo en que todos los escolares de México y toda la población de nuestro país tiene que comer alimentos sanos, suficientes y saludables, y que los niños en la escuela tengan mejores condiciones, sobre todo para el acondicionamiento físico en la medida en que hagan ejercicio bajo la sombra.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

No habiendo más oradores para la discusión en lo general ni artículos reservados para la discusión en lo particular, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto;

Esta Presidencia saluda a personas provenientes del estado de Querétaro, invitadas por la Senadora Marcela Torres Peimbert. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Informo a la Asamblea que oportunamente tanto el Senador Angel Benjamín Robles Montoya como el Senador David Monreal Avila, hicieron llegar a esta Presidencia sus intervenciones, las cuales piden que se inserten de manera íntegra en el Diario de los Debates, y desde luego que se hará lo conducente, con gusto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 95 votos a favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, sobre control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos ahora a la discusión de un dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de Acuerdo por el que se solicita información sobre los accesos públicos para las playas de Puerto Morelos, en Quintana Roo.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISION DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE TURISMO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo a realizar las acciones inmediatas para que se abran más accesos públicos a las playas de Puerto Morelos en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, presentada por la Senadora Luz María Beristain Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio.

VI. En el apartado de “CONSIDERACIONES”, esta Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustentan los Acuerdos propuestos.

ANTECEDENTES

1.- El 28 de noviembre de 2013 la Senadora Luz María Beristain Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo a realizar las acciones inmediatas para que se abran más accesos públicos a las playas de Puerto Morelos en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

2.- En esa fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de acuerdo propone lo siguiente:

UNICO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales aplicables, se respeten los Derechos Humanos que establecen la protección de todos los mexicanos y turistas, en relación al libre tránsito, acceso, y disfrute de las playas, con la finalidad de que se realicen las acciones inmediatas para que se abran más accesos públicos a las playas de Puerto Morelos en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

CONTENIDO DEL PROYECTO

Refiere la promovente que de acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales las playas marítimas son bienes de uso común; y, que en Quintana Roo debido a numerosos establecimientos situados a la orilla de la playa, y a que la construcción entre cada edificación es muy cercana, se han ido disminuyendo los accesos a las playas, lo que dificulta el acceso delos originarios de las localidades a las playas.

Asimismo, menciona que el derecho a la recreación y esparcimiento reviste un carácter social, ya que tiene que ver con la calidad de vida de sus habitantes, pues forma parte de los elementos satisfactores, como la alimentación, la vivienda, la educación, protección a la salud y trabajo; forman parte de los derechos económicos, sociales y culturales, donde el Estado debe actuar como garante y promotor del bienestar económico y social de todas las personas a fin de que éstas se desarrollen al máximo.

La legisladora da cuenta de que el derecho a la recreación y sano esparcimiento se encuentra consagrado en los siguientes instrumentos internacionales: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 24); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 3º y 7º); la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 31); la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 30); y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 15).

Agrega que el derecho a la cultura, la cultura física y el libre tránsito también se encuentran contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Bajo este contexto señala que la falta de accesos a las playas públicas en Cancún (sólo hay nueve entradas con acceso a playas) restringe el derecho a la recreación y al libre tránsito a un segmento de la población.

Por ello considera necesario que se realicen acciones inmediatas para que se abran más accesos públicos a las playas de Puerto Morelos en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Finalmente menciona que resulta fundamental la intervención de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Turismo para continuar con el crecimiento de Cancún como un Centro Integralmente Planeado y ejercer un control en beneficio de los mexicanos.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión de Turismo consideran que el esparcimiento y la recreación son indispensables para el desarrollo integral del ser humano así como para mejorar su nivel de vida, ya que favorecen el descanso físico y psicológico; la diversión compensatoria de las rutinas y el trabajo; y, el desarrollo de la creatividad y demás capacidades humanas.

Esta Comisión Legislativa, reconoce que la recreación y el esparcimiento están íntimamente relacionadas con el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una jornada razonable de trabajo, a las vacaciones y a la participación en actividades recreativas, deportivas, artísticas y culturales.

Sin duda, el mantener espacios recreativos que beneficien a la población de sus comunidades, en especial a aquellas poblaciones que carecen de posibilidades financieras para disfrutar de actividades recreativas comerciales, es prioritario, pues contribuye a que niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad puedan mantener una vida libre de violencia, de victimización y de conflictos con la ley.

Bajo este contexto, los integrantes de la Comisión de Turismo reconocen que es fundamental la existencia de accesos a las playas, para que los diversos segmentos de la población mexicana y turistas nacionales e internacionales puedan hacer uso de ellas y practicar actividades de esparcimiento y recreación.

Quienes suscriben el presente dictamen coinciden con la legisladora promovente, en el sentido de que es necesario garantizar el acceso y libre tránsito en las playas públicas del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

En este sentido, es importante mencionar que en junio de 2012, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, y el Gobierno del estado de Quintana Roo firmaron un Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos en materia de Desarrollo Turístico, por medio del cual se impulsaron diversos proyectos de inversión turística, dentro de ellos un Programa Integral de Mejoramiento de Accesos Públicos a Playas y Lagunas.

Cabe señalar que dicho Convenio sufrió una modificación el 14 de diciembre de 2012, y que el Programa Integral de Mejoramiento de Accesos Públicos a Playas y Lagunas recibió una inversión de 6 millones de pesos.

No obstante lo anterior, y en atención a lo señalado por la promovente del punto de acuerdo, esta Comisión de Turismo, considera adecuado solicitar a la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo y al Presidente Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo un informe sobre:

• Si se han dado cierres a accesos públicos en playas de Puerto Morelos, y de ser el caso, los motivos por los que se han dado los mismos.

• Las acciones que están implementando para garantizar los accesos públicos a las playas de Puerto Morelos.

Asimismo, estima pertinente solicitar a la Secretaría de Turismo Federal y a la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo informe sobre los resultados del Programa Integral de Mejoramiento de Accesos Públicos a Playas y Lagunas en Quintana Roo.

Por lo anteriormente señalado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.-El Senado de la República solicita de manera respetuosa al Presidente Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, y al titular de la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo, informen a esta soberanía:

a) Si se han efectuado cierres en los accesos públicos para las playas de Puerto Morelos en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; y si es el caso, lo motivos por los que se realizaron.

b) Las acciones que se están implementando para garantizar los accesos públicos a las playas de Puerto Morelos, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Turismo Federal y a la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo, informen a esta soberanía los resultados del Programa Integral de Mejoramiento de Accesos Públicos a Playas y Lagunas del estado de Quintana Roo.

Salón de comisiones del Senado de la República, a 8 de abril de 2014.

COMISION DE TURISMO”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente. Buenos días, Senadoras y Senadores:

El día de hoy analizamos un dictamen relacionado con los cierres a los accesos públicos en las playas.

Aquí en tribuna he denunciado varias veces hechos en donde cada día son más cerrados los accesos al mar en todo el estado de Quintana Roo.

Cabe destacar que el problema no sólo se presenta en el estado de donde soy originaria, sino que también en otros estados de la República.

Inclusive, mis compañeros Senadores de los estados costeros ya habrán notado que también esta problemática se presenta en sus estados, porque la problemática no solamente se presenta en una región del país.

Estamos hablando de una problemática que debemos atender a la brevedad, y en el caso de no hacerlo, el conflicto se podría agravar y sería demasiado tarde.

Compañeros Senadores, no permitamos más violaciones de derechos humanos a los mexicanos.

Cabe destacar que en este Pleno he propuesto la creación de la Comisión Especial de Desarrollo Sustentable de Costas, por lo que espero que pronto se emita una respuesta favorable para poder seguir sumando esfuerzos y llegar a una solución de las demandas de los ciudadanos.

Como legisladora por el estado de Quintana Roo, mi obligación es velar por los derechos de los ciudadanos, razón por la cual no puedo dejar por desapercibidas las demandas de la ciudadanía de mi estado e inclusive de otros estados de la República.

Es por esto que celebro este dictamen como un paso adelante en la búsqueda de la solución del conflicto.

Sin embargo, necesitamos sumar esfuerzos ante esta tribuna, y quiero dar las gracias a compañeros Senadores y Senadoras que ya me han manifestado su apoyo; y de igual manera les pido que se sumen a los trabajos para brindar solución a la ciudadanía, ya que no es un hecho ajeno al país e inclusive de serlo así seguramente como Senado de la República realizaríamos un pronunciamiento.

Reitero, no sólo en las localidades de Akumal, Puerto Morelos, Puerto Aventuras, Playa del Carmen o Cancún se presenta esta problemática, sino que también se presenta en toda la geografía de la Península de Yucatán y en los estados costeros de la República.

Senadoras y Senadores, el pueblo mexicano exige resultados; de este dictamen se destaca la solicitud de un informe de los accesos que se han cerrado en la localidad de Puerto Morelos, Benito Juárez, Quinta Roo, y la solicitud de un informe a la Secretaría de Turismo Federal y a la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo, de los resultados del Programa Integral de Mejoramiento de Accesos Públicos a Playas y Lagunas del Estado de Quintana Roo.

Es menester mencionar que este programa recibió una inversión de 6 millones de pesos, por lo que también le daremos seguimiento a este programa, ya que los resultados en el estado de Quintana Roo no son apreciables.

Confío en que pronto podamos disponer de la información requerida, y en su caso, si es conveniente, solicitaremos la comparecencia a la Comisión de Turismo del responsable de dicho programa, con la finalidad de conocer los resultados de dicho fondo, así como el uso de la inversión que le fue otorgado.

Seguiré velando por los intereses de los quintanarroenses, pidiendo el respeto a sus derechos humanos, con la finalidad de lograr los cierres de los accesos públicos al mar que tanto nos afecta; asimismo, compañeros Senadores, les vuelvo a invitar a que se sumen a los esfuerzos que hemos estado realizando para conseguir más y mejores accesos públicos, dignos para todos los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Beristain Navarrete. No habiendo más oradores registrados sobre este asunto, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de cinco dictámenes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.





 

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al primer dictamen.

“COMISION DE COMERCIO Y
FOMENTO INDUSTRIAL

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Proposición con Punto de Acuerdo,”Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a valorar la derogación del decreto por el que se autoriza la desgravación arancelaria de las importaciones de maíz blanco, procedente de los países con los que México no tiene acuerdos comerciales”, suscrito por el Senador Aarón Irízar López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En virtud del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 175 numeral 1, 182, 183 numeral 1, 190 y 277numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. Metodología de Trabajo

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la Proposición con Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisión Dictaminadora realizan un análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal.

II. Antecedentes

El 10 de octubre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador Aarón Irízar López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo el siguiente resolutivo:

“UNICO. EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A FIN DE QUE, PREVIO LOS ESTUDIOS TECNICOS PERTINENTES, VALORE LA DEROGACION DEL DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA DESRAVACION ARANCELARIA DE LAS IMPORTACIONES DE MAIZ BLANCO, PROCEDENTE DE LOS PAISES CON LOS QUE MEXICO NO TIENE ACUERDOS COMERCIALES”

III. Consideraciones de la Comisión

Primera.- Los integrantes de esta Comisión coinciden plenamente con los motivos expresados por el Senador promovente, en el sentido de que las prácticas inequitativas en la comercialización de los productos desinhiben el mercado interno en nuestro país, de manera particular, en el caso de las importaciones de los granos se han incrementado considerablemente.

De acuerdo con el promovente, las importaciones, en el caso del maíz blanco se han incrementado por más de un millón de toneladas en el transcurso del 2011 al 2012, situación que ha perjudicado al mercado nacional concretamente a estados como Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Tamaulipas que son principales productores de este producto.

Segunda.- Que el 27 de mayo de 2008, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial”, en el cual en su artículo 1dispone las modificaciones arancelarias, para el caso que nos ocupa el maíz blanco (harinero) quedó exento del impuesto a la importación.

Cabe señalar, que hasta antes de la modificación del 2008, el impuesto a la importación era de 194 por kg, como se presenta en el siguiente cuadro comparativo:

Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación 2007

 

IMPUESTO

Código

Descripción

Unidad

IMP

EXP

1005.90.04

Maíz blanco (harinero)

Kg

194

Ex

Decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial 2008

 

IMPUESTO

Código

Descripción

Unidad

IMP

EXP

1005.90.04

Maíz blanco (harinero)

Kg

ºEx

Ex

Tercera.- Que de acuerdo con los artículos 5 y 6 del decreto en comento, la Secretaría de Economía tiene como facultad continuar con el monitoreo estadístico de las importaciones de los productos a fin de evaluar su impacto en la economía nacional, así la Secretaría de Economía revisará en coordinación con las dependencias competentes, los resultados de las medidas contenidas para proponer los niveles arancelarios que se consideren convenientes en base a la situación económica del país.

En este sentido, esta dictaminadora estima que antes que exhortar al Ejecutivo Federal, lo pertinente sería solicitar información a la Secretaría de Economía sobre el impacto que ha tenido en la economía nacional la exención a las importaciones del maíz blanco.

IV. Resolutivo

Que de conformidad con las disposiciones en los cuerpos normativos descritos, los integrantes de esta dictaminadora estiman pertinente realizar adecuaciones a los resolutivos planteados por la Senador promovente.

Texto

Sen. Aarón Irízar López

Texto Dictamen

“UNICO. EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A FIN DE QUE, PREVIO LOS ESTUDIOS TECNICOS PERTINENTES, VALORE LA DEROGACION DEL DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA DESRAVACION ARANCELARIA DE LAS IMPORTACIONES DE MAIZ BLANCO, PROCEDENTE DE LOS PAISES CON LOS QUE MEXICO NO TIENE ACUERDOS COMERCIALES”

Unico. El Senado de la República solicita a la Secretaria de Economía, envíe a esta Soberanía, a la brevedad un informe detallado sobre el monitoreo estadístico y los resultados sobre el impacto que ha ocasionado para la economía nacional, la desgravación arancelaria de las importaciones del maíz blanco, procedente de los países con los que México no tiene acuerdos comerciales.

En virtud de las consideraciones descritas, la Comisión que suscribe el presente, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Unico. El Senado de la República solicita a la Secretaria de Economía, envíe a esta Soberanía, a la brevedad, un informe detallado sobre el monitoreo estadístico y los resultados sobre el impacto que ha ocasionado para la economía nacional, la desgravación arancelaria de las importaciones del maíz blanco, procedente de los países con los que México no tiene acuerdos comerciales.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 8 de abril de 2014.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL”.




 

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al segundo dictamen.







 

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al tercer dictamen.

“COMISION DE COMERCIO Y
FOMENTO INDUSTRIAL

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Proposición con Punto de Acuerdo,”Que exhorta a la Secretaría de Economía a rendir un informe acerca de las medidas regulatorias que se están implementando para contrarrestar la disminución en la viabilidad de crear micros, pequeñas y medianas empresas en el país”, suscrito por el Senador David Monreal Avila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

En virtud del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 175 numeral 1, 182, 183 numeral 1, 190 y 277numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. Metodología de Trabajo

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la Proposición con Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisión Dictaminadora realizan un análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal.

II. Antecedentes

El 20 de noviembre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador David Monreal Avila, integrante del Grupo Parlamentario del Partidodel Trabajo bajo el siguiente resolutivo:

UNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía:

A. Informe a esta Soberanía los motivos por los cuales México disminuyó 5 lugares, según el informe de Doing Business 2014, en su facilidad para hacer negocios.

B. Rendir un informe completo y detallado acerca de los instrumentos de mejora que se están implementando para contrarrestar la disminución en la viabilidad de crear micros, pequeñas y medianas empresas en el país.

III. Consideraciones de la Comisión

Primera.- Los integrantes de esta Comisión coinciden plenamente con el Senador promovente, en el sentido de que las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) son una fuente importante para la economía de país. En México actualmente se tienen registradas 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales el 99.8% son PYMES que generan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 72% del empleo en el país, de conformidad con datos generados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Segunda.- Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tiene por objeto regular la creación de la micro, pequeñas y medianas empresas así como incrementar su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional.

En este sentido, el artículo 12 de esta Ley, dispone que la Secretaría de Economía en materia de coordinación y desarrollo de la competitividad de las MIPYMES, tiene las siguientes responsabilidades:

“…II. Impulsar un entorno favorable para la creación, desarrollo y crecimiento con calidad de las MIPYMES;

V. Evaluar anualmente el desempeño de la Competitividad nacional en relación al entorno internacional;…”

Tercera.- Que el Proyecto Doing Business comenzó en 2002, y tiene como objetivo analizar y comparar las normas que regulan las actividades de las pequeñas y medianas empresas locales a lo largo de su ciclo de vida. Además proporciona una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial y su puesta en práctica en 189 economías y ciudades seleccionadas en el ámbito subnacional y regional.

En este sentido, de acuerdo con el Senador promovente, México ocupaba en el 2013 el lugar 53 dentro del apartado “facilidad para hacer negocios” (Ease of Doing Business Rank) que en comparación con el año 2012, México disminuyó 5 lugares (Economy Rankings realizado por el Banco Mundial para 2013).

Sin embargo, de acuerdo datos actualizados por el reporte Doing Business 2014, la clasificación de México en el apartado en comento, ocupa el lugar 53mientras que en el año 2013 se ubicó en el lugar 51.

Algunos de los elementos que se toman en consideración dentro de esta clasificación se encuentran:

1) Apertura de un negocio:

-Posición 2014: 48

-Posición 2013: 41

Indicador

México

América Latina y

El Caribe

OCDE

Procedimientos (número)

6

9

5

Tiempo (días)

6,0

36,1

11,1

Costo (% de ingreso per cápita)

19,7

33,1

3,6

Requisito de capital mínimo pagado (% de ingreso per cápia)

0,0

3,6

10,4

Fuente:Doing Business 2014

2) Obtención de Crédito

-Posición 2014: 42

-Posición 2013: 40

Indicador

México

América Latina y

El Caribe

OCDE

Indice de fortaleza de los derechos legales (0-10)

6

6

7

Indice de alcance de la información crediticia (0-6)

6

3

5

Cobertura de registros públicos (% de adultos)

0,0

12,8

15,2

Cobertura de organismos privados (% de adultos)

100,0

37,5

66,7

Fuente: Doing Business 2014

Cuarta.-De acuerdo con el 1er Informe de labores de la Secretaría de Economía de Diciembre de 2012 a Agosto de 2013, en cuanto al Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) por primera vez, se definieron de manera conjunta entre el Gobierno Federal, gobiernos estatales y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico de las 32 entidades federativas del país, los sectores estratégicos de cada estado de la República para alinear la política de apoyo a MIPYMES y emprendedores y lograr mayores impactos en el desarrollo económico nacional, regional y sectorial.

Quinta.- Que si bien es cierto, el proyecto Doing Business constituye un recurso útil de investigación en el ámbito empresarial en comparación con otros países, también lo es que, en México, la evaluación de los programas está a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, quien entre sus funciones tiene a cargo la fiscalización de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, en este sentido, en la medición de las políticas públicas que aplique una dependencia gubernamental intervienen diversos factores que van desde la aprobación y aplicación del recurso, en donde en este último caso, no necesariamente es responsabilidad total del titular de la dependencia gubernamental, toda vez que como acertadamente establece el estudio en comento, los países cuentan con leyes que se requieren flexibilizar para la obtención de un mejor resultado.

IV. Resolutivo

Que de conformidad con las disposiciones en los cuerpos normativos descritos, los integrantes de esta dictaminadora estiman pertinente realizar adecuaciones a los resolutivos planteados por el Senador promovente.

Texto

Sen. David Monreal Avila

Texto Dictamen

UNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía:

  • Informe a esta Soberanía los motivos por los cuales México disminuyó 5 lugares, según el informe de Doing Business 2014, en su facilidad para hacer negocios.
  • Rendir un informe completo y detallado acerca de los instrumentos de mejora que se están implementando para contrarrestar la disminución en la viabilidad de crear micros, pequeñas y medianas empresas en el país.

Primero.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de Economía para que remita a esta Soberanía, los objetivos, acciones y metas que tiene planeado implementar, para mejorar la calificación de México en el proyecto Doing Business, en el apartado de “facilidad para hacer negocios”.

Segundo.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de Economía para que remita a esta Soberanía, los instrumentos de mejora que implementará en la creación de micros, pequeñas y medianas empresas en el país.

En virtud de las consideraciones descritas, la Comisión que suscribe el presente, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de Economía, para que remita a esta Soberanía, los objetivos, acciones y metas que tiene planeado implementar, para mejorar la calificación de México en el proyecto Doing Business, en el apartado de “facilidad para hacer negocios”.

Segundo.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de Economía, para que remita a esta Soberanía, los instrumentos de mejora que implementará en la creación de micros, pequeñas y medianas empresas en el país.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 8 de abril de 2014.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL”.





 

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al cuarto dictamen.

“COMISION DE COMERCIO Y
FOMENTO INDUSTRIAL

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Proposición con Punto de Acuerdo, ”Que exhorta a la Secretaría de Economía a firmar un convenio general de colaboración con la Conferencia Nacional de Gobernadores, a fin de aportar visiones y soluciones de inversión y desarrollo económico desde lo local, tomando en cuenta sus criterios temáticos y geográficos”, suscrito por el Senador René Juárez Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En virtud del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 175 numeral 1, 182, 183 numeral 1, 190 y 277numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. Metodología de Trabajo

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la Proposición con Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisión Dictaminadora realizan un análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal.

II. Antecedentes

El 20 de noviembre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador René Juárez Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional bajo el siguiente resolutivo:

“Unico.- El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Economía (SE) para que a través de ProMéxico se firme un convenio general de colaboración con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), a fin de que a través de esta instancia se puedan aportar visiones y soluciones de inversión y desarrollo económico desde lo local, tomando en cuenta sus criterios temáticos y geográficos, al tiempo de promover un sentido de cooperación regional como estrategia de atracción de inversión extranjera directa para maximizar las oportunidades de desarrollo y generar condiciones de equidad y de equilibrio entre las regiones de nuestro país”.

III. Consideraciones de la Comisión

Primera.- Los integrantes de esta Comisión coinciden plenamente con el Senador promovente, en el sentido de que ProMéxico funciona como una gran embajada promotora para la atracción de inversiones extranjeras directas de capital.

De acuerdo con la Secretaría de Economía los apoyos del Fondo ProMéxico son canalizados para el desarrollo de infraestructura física y tecnológica; edificios y construcciones; equipamiento, innovación y desarrollo tecnológico; transferencia tecnológica y desarrollo de capital humano, que equivalen a un máximo de 10% del total de la inversión sin rebasar un máximo de 30 millones de pesos por proyecto.

Segunda.- Que ProMéxico es un fideicomiso público sectorizado a la Secretaría de Economía creado por Decreto Presidencial el 13 de junio de 2007.

De conformidad con el artículo 4 del Decreto por el que se ordena la constitución del fideicomiso público considerado entidad paraestatal denominado Proméxico”, este fideicomiso tiene por objeto:

I. Coadyuvar en la conducción, coordinación y ejecución de las acciones que en materia de promoción al comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

II. Promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas mexicanas, a través de medidas que reordenen, refuercen, mejoren e innoven los mecanismos de fomento a la oferta exportable competitiva, principalmente de las pequeñas y medianas empresas;

III. Difundir y brindar asesoría, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, respecto de los beneficios contenidos en los tratados internacionales o negociaciones en materia comercial, promoviendo la colocación de sus productos y servicios en el mercado internacional, de manera directa o indirecta;

IV. Brindar asesoría y asistencia técnica a las empresas mexicanas en materia de exportaciones;

V. Organizar y apoyar la participación de empresas y productores en misiones, ferias y exposiciones comerciales que se realicen en el extranjero, para difundir los productos nacionales y promover el establecimiento de centros de distribución de dichos productos en otras naciones, y

VI. Promover las actividades tendientes a la atracción de inversión extranjera directa que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como apoyar alas Entidades Federativas en la ubicación de inversión extranjera directa en el territorio nacional.

Tercera.-Que de acuerdo con el 1er Informe de Labores de la Secretaría de Economía 2012-2013, de diciembre de 2012 a junio de 2013, ProMéxico apoyó a 190 beneficiarios, divididos de la siguiente forma por zonas:

-Norteamérica: 75 (39%)

-Latinoamérica: 59 (31%)

-Europa: 45 (24%) y Asía: 11 (6%)

En materia de atracción de inversión extranjera directa, ProMéxico llevo a cabo 77 proyectos de inversión multianuales por un monto de 4,704.60 millones de dólares y la creación potencial de 28,359 empleos.

En cuanto a la Coordinación Institucional ProMéxico suscribió cuatro convenios de colaboración, de los cuales dos fueron internacionales, uno con la Administración Pública Federal y uno con instituciones educativas.

Cuarta.- Que la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), es un foro permanente, el cual busca fortalecer el federalismo mediante mecanismos democráticos, manteniendo pleno respeto de las instituciones de México.

De acuerdo con el portal de internet de la Conferencia Nacional de Gobernadores cuenta con las siguientes atribuciones:

I. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117 constitucional, inciso I, que indica que los “Estados no podrán en ningún caso celebrar alianza, tratado, o coalición con otro Estado ni con potencias extranjeras”, delibera y toma decisiones no vinculantes pero si propositivas, que se sustentan en el compromiso y voluntad política que suscita el encuentro de los Titulares de los Ejecutivos Estatales.

II. Que todos y cada uno de los Titulares de los Ejecutivos Estatales y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal participan de manera voluntaria.

III. Que la dinámica que priva entre los miembros de la CONAGO, se caracteriza por estar sustentada en una relación entre pares.

IV. Que todas y cada una de las decisiones de los miembros de la CONAGO se toman por consenso.

Quinta.- Que la CONAGO cuenta con 12 comisiones de trabajo, para el caso que nos ocupa es de mencionarse la de Competitividad y Desarrollo Regional.

En el caso de la Comisión de Desarrollo Regional, en la XLV Reunión ordinaria de la CONAGO, celebrada el pasado 20 agosto de 2013, los gobernadores aprobaron el siguiente pronunciamiento:

“PRIMERO.- Consolidar los mecanismos pertinentes a fin de impulsar la gestión y ejecución de carteras de proyectos que permitan detonar y potenciar el desarrollo, modernización y productividad en todas y cada una de las regiones de nuestro país.

SEGUNDO.- Establecer como tema prioritario de la agenda de esta Conferencia, el continuar con el impulso y consolidación del Corredor Económico del Norte, así como de otros proyectos estratégicos regionales, tales como el Corredor Transístmico y la Carretera México-Tuxpan, a fin de vigorizar la competitividad a nivel nacional.

TERCERO.- Sumar esfuerzos y voluntades para promover la adecuada articulación de estrategias de desarrollo de infraestructura con el objetivo de consolidar la conectividad, acceso y transversalidad entre distintas regiones económicas, productivas y comerciales de nuestro país.

IV. Resolutivo

Que de conformidad con las disposiciones en los cuerpos normativos descritos, los integrantes de esta dictaminadora estiman pertinente realizar adecuaciones a los resolutivos planteados por el Senador promovente.

Texto

Sen. René Juárez Cisneros

Texto Dictamen

Unico.- El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Economía (SE) para que a través de ProMéxico se firme un convenio general de colaboración con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), a fin de que a través de esta instancia se puedan aportar visiones y soluciones de inversión y desarrollo económico desde lo local, tomando en cuenta sus criterios temáticos y geográficos, al tiempo de promover un sentido de cooperación regional como estrategia de atracción de inversión extranjera directa para maximizar las oportunidades de desarrollo y generar condiciones de equidad y de equilibrio entre las regiones de nuestro país”.

Se propone exhortar directamente al Director General del Fideicomiso ProMéxico, toda vez que este cuenta con atribuciones legales para suscribir convenios.

Unico.-El Senado de la República exhorta al Director General del Fideicomiso Público considerado entidad paraestatal denominado ProMéxico, para que en el ámbito de sus atribucionesanalice la conveniencia de suscribirun convenio de colaboración con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), en el marco de apoyo a las entidades federativas, con la finalidad de que ambas instituciones compartan visiones y soluciones de inversión, de desarrollo económico, de promoción, y de cooperación regional como estrategia de atracción de inversión extranjera directa para maximizar las oportunidades de desarrollo y generar condiciones de equidad y de equilibrio entre las regiones de nuestro país.

En virtud de las consideraciones descritas, la Comisión que suscribe el presente, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta al Director General del Fideicomiso Público considerado entidad paraestatal denominado ProMéxico, para que en el ámbito de sus atribuciones analice la conveniencia de suscribir un convenio de colaboración con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), en el marco de apoyo a las entidades federativas, con la finalidad de que ambas instituciones compartan visiones y soluciones de inversión, de desarrollo económico, de promoción, y de cooperación regional como estrategia de atracción de inversión extranjera directa, para maximizar las oportunidades de desarrollo y generar condiciones de equidad y de equilibrio entre las regiones de nuestro país.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 8 de abril de 2014.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL”.





 

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al quinto dictamen.

“COMISION DE COMERCIO Y
FOMENTO INDUSTRIAL,

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de cinco Proposiciones con Punto de Acuerdo siguientes:

1. Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Procuraduría de la Defensa del Consumidora informar al público en general, los teléfonos, direcciones o medios electrónicos donde puedan dirigirse para formular sus quejas, debido a las compras que realicen con motivo del Buen Fin.

2. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a promover una campaña de protección a los consumidores durante la próxima temporada navideña y emprenda acciones específicas encaminadas a incentivar la prestación de servicios de transporte aéreo y terrestre de calidad, por parte de las empresas del ramo, durante las vacaciones decembrinas.

3. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a informar las razones del retraso en la entrega del Fondo Pyme a los estados y cuáles serán las medidas que aplicará para que no se repita dicho retraso en los años subsecuentes.

4. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a incentivar el fortalecimiento del Programa Prosoft 2.0 para ser detonante de las distintas regiones del país.

5. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del estado de Guanajuato a consolidar los denominados “clusters” en las ramas industriales más productivas, o en las que se vislumbra un crecimiento potencial, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico, profesional y técnico, así como la generación de empleos en esta entidad federativa.

En virtud del análisis y estudio de las cincoproposiciones con Punto de Acuerdo descritas, esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 182, 190 y 277,del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. Metodología de Trabajo

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de las cinco Proposiciones con Punto de Acuerdo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fueron presentadas las cinco proposiciones con punto de acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisión Dictaminadora realizan un análisis de las cinco proposiciones con punto de acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal.

II. Antecedentes

1. El 14 de noviembre de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por la Senadora Martha Palafox Gutiérrez integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo, bajo el siguiente resolutivo:

“PUNTO DE ACUERDO.- Por el que se exhorta a la Procuraduría de la Defensa del Consumidor dentro del ámbito de competencia obligue a las empresas a publicar e informar al público en general, a los consumidores, los teléfonos, direcciones, correos electrónicos y lugares a los que pueden acudir en el caso de que tengan quejas en contra de los comercios o empresas prestadoras de servicios con motivo de las compras o contrataciones efectuadas en el Buen Fin.

2. El 20 de noviembre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por el Senador Miguel Romo Medina integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo los siguientes resolutivos:

“PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que promueva una campaña de protección a los consumidores durante la próxima temporada navideña.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que emprenda acciones específicas encaminadas a incentivar que la prestación de servicios de transporte aéreo y terrestre sean de calidad y a precios justos por parte de las empresas del ramo, durante las vacaciones decembrinas.”

3. El 28 de noviembre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por el Senador Francisco Salvador López Brito integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, bajo los siguientes resolutivos:

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que informe todas y cada una de las causas por las cuales no ha sido entregado el Fondo Pyme en la mayoría de los estados, así como haga de conocimiento cuáles serán las medidas que aplicaran para que no se repita dicho retraso en años subsecuentes.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que a través del Instituto Nacional del Emprendedor tome en consideración el retraso en la entrega del recurso, con la finalidad de que los plazos para la aplicación del mismo se amplíen.

4. El 20 de noviembre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, bajo el siguiente resolutivo:

“UNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Economía para que en usos de sus facultades y a través de los mecanismos que juzgue necesarios a incentivar el fortalecimiento del programa Prosoft 2.0 para ser detonante de las distintas regiones en el país, dando la oportunidad a todos y cada uno de los estados de ser beneficiados con este programa”.

5. El 28 de noviembre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador Miguel Angel Chico Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo el siguiente resolutivo:

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de las Secretarías de Economía, de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el gobierno del Estado de Guanajuato y el de sus municipios, se impulsen las acciones necesarias, tendientes a consolidar los denominados “clusters” en las ramas industriales más productivas de la entidad, o en las que se vislumbra un crecimiento potencial, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico, profesional, técnico, así como la generación de empleos en esta demarcación estatal.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a través de las Secretarías de Educación y de Economía estatales, así como a sus gobiernos municipales, para que realicen convenios con las instituciones educativas de instrucción media y superior, públicas y privadas, y con las empresas que conformen “clusters”, para impulsar el desarrollo del estado, con la finalidad de fomentar la instrucción especializada, la investigación y desarrollo de tecnologías nuevas, la formación de profesionales y técnicos, garantizar la oportunidad de empleo y evitar la fuga de talentos a otras entidades federativas o al extranjero.

III. Consideraciones de la Comisión

Primera.- Los integrantes de esta Comisión coinciden plenamente con los motivos expresados por los Senadores promoventes en cada una de las proposiciones expuestas, no obstante, se trata de planteamientos que se encuentra atendidoso bien ha prescrito su vigencia.

Segundo.- Esta dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 277 numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, considera que es procedente dictaminar en conjunto las cinco proposiciones con punto de acuerdo descritas en el apartado de “antecedentes” del presente dictamen.

A continuación se hace un análisis de cada una de estas propuestas.

Proposición con Punto de Acuerdo

Análisis de la Comisión

1. Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Procuraduría de la Defensa del Consumidor a informar al público en general, los teléfonos, direcciones o medios electrónicos donde puedan dirigirse para formular sus quejas, debido a las compras que realicen con motivo del Buen Fin.

“PUNTO DE ACUERDO.- Por el que se exhorta a la Procuraduría de la Defensa del Consumidor dentro del ámbito de competencia obligue a las empresas a publicar e informar al público en general, a los consumidores, los teléfonos, direcciones, correos electrónicos y lugares a los que pueden acudir en el caso de que tengan quejas en contra de los comercios o empresas prestadoras de servicios con motivo de las compras o contrataciones efectuadas en el Buen Fin”.

Está comisión dictaminadora estima que la petición planteada por la Senadora promovente, se encuentra atendido, de conformidad con las acciones emprendidas por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) informadas en el comunicado número 191,con fecha del 19 de noviembre de 2013, entre las que destacan:

1. Entre el 15 y 19 de noviembre de 2013 con motivo de la celebración del “El Buen Fin”, la PROFECO recibió 81 denuncias, 7 quejas y atendió 182 llamadas de asesoría, información, chats, correos electrónicos y conciliaciones inmediatas.

2. Los principales motivos de las denuncias fueron por publicidad engañosa, incumplimiento de promoción, no informar de los términos y condiciones en la compra, así como respetar el pago vía meses sin intereses.

3. Los proveedores con más denuncias durante la edición de 2013 de “El Buen Fin” son: Sams Club, Liverpool, Famsa, Coppel y Chedrahui.

4. Entidades Federativas como el Estado de México, Puebla, Hidalgo y el Distrito Federal fueron donde se registró el mayor número de denuncias.

2. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a promover una campaña de protección a los consumidores durante la próxima temporada navideña y emprenda acciones específicas encaminadas a incentivar la prestación de servicios de transporte aéreo y terrestre de calidad, por parte de las empresas del ramo, durante las vacaciones decembrinas.

“PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que promueva una campaña de protección a los consumidores durante la próxima temporada navideña.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que emprenda acciones específicas encaminadas a incentivar que la prestación de servicios de transporte aéreo y terrestre sean de calidad y a precios justos por parte de las empresas del ramo, durante las vacaciones decembrinas.”

Está comisión dictaminadora estima que los puntos petitorios planteados por el Senador promovente, se encuentra debidamente atendidos, de conformidad con las acciones emprendidas por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) informadas enlos comunicadosnúmero 198y 199 con fecha del 26 y 31 de diciembre de 2013 que a continuación se describen:

1. Del 1 al 24 de diciembre se registraron 39 denuncias en los módulos de atención, recuperó $1,695,520.32 en favor de los consumidores y llevo a cabo 436 conciliaciones.

2. Durante la temporada navideña se instaló en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México una báscula para la comprobación gratuita de peso de equipaje, la cual registro un promedio diario de 20 usuarios desde el 20 de diciembre que entró en operaciones.

3. En el mes de diciembre de 2013 el personal de la dependencia inició acciones de verificación, supervisión y sanción para para evitar abusos y violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor e impedir el alza de precios en tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia, con motivo de la entrada en vigor de la Reforma Hacendaria.

3. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a informar las razones del retraso en la entrega del Fondo Pyme a los estados y cuáles serán las medidas que aplicará para que no se repita dicho retraso en los años subsecuentes.

PRIMERO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que informe todas y cada una de las causas por las cuales no ha sido entregado el Fondo Pyme en la mayoría de los estados, así como haga de conocimiento cuáles serán las medidas que aplicaran para que no se repita dicho retraso en años subsecuentes.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que a través del Instituto Nacional del Emprendedor tome en consideración el retraso en la entrega del recurso, con la finalidad de que los plazos para la aplicación del mismo se amplíen.

Está comisión dictaminadora estima que los puntos petitorios planteados por el Senador promovente, se encuentran atendidos bajo los siguientes argumentos:

1. Al Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme)le fueron aprobados en el año 2013 recursos por el orden de los 7 mil 291 millones de pesos, no obstante, de acuerdo con el tercer trimestre de ese año, según se desprende del “Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”, la asignación presupuestal de este fondo fue modificada a 7 mil de 176 millones de pesos, teniendo un ejercicio presupuestal hasta el mes de septiembre de 2013 de 7 mil millones de pesos, alrededor del 97% de su ejercicio.

2. Que el artículo 54 párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que:

“…Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio..”

Por lo que, de no haberse aplicado los recursos en su totalidad del referido Fondo, por disposición legal fueron reintegrados a la TESOFE.

4. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a incentivar el fortalecimiento del Programa Prosoft 2.0 para ser detonante de las distintas regiones del país.

“UNICO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Economía para que en usos de sus facultades y a través de los mecanismos que juzgue necesarios a incentivar el fortalecimiento del programa Prosoft 2.0 para ser detonante de las distintas regiones en el país, dando la oportunidad a todos y cada uno de los estados de ser beneficiados con este programa”.

Está comisión dictaminadora estima que la petición planteada por el Senador promovente, se encuentra atendida bajo los siguientes argumentos:

1. El pasado 20 de diciembre de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación las “Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft) para el ejercicio fiscal 2014.

2. Con la publicación de dichas Reglas, se realizaron diversas modificaciones a este Programa, entre las que se encuentran:

a) Renovar los objetivos específicos alineados a las nuevas estrategias de fomento del sector;

b) Simplificar la operación administrativa;

c) Mejorar la definición de las poblaciones;

d) Otorgar una herramienta que permita la autoevaluación de los Organismos Promotores;

e) Robustecer las características para poder fungir como Organismo Promotor;

f) Establecer una estrategia que diversifique y enfoque los apoyos otorgados mediante bolsas virtuales prioritarias de recursos;

Las Bolsas virtuales prioritarias: Son aquellas que el Consejo Directivo determina en función del presupuesto aprobado para fuente de financiamiento 1 (origen fiscal) con el objeto de mejorar la cobertura y distribución de los apoyos enfocados a atender proyectos estratégicos, PYMES innovadoras de TI (Tecnología de Información), empresas no atendidas por PROSOFT en años anteriores, así como empresas de reciente creación (startups) en el sector (de dos años o menos de antigüedad).

g) Especificar causales y sanciones, fortaleciendo el uso de la suspensión de apoyos en PROSOFT y otros programas federales; y,

h) Clarificar conceptos descritos en las Reglas de Operación y sus anexos.

En este contexto, con las actualizaciones a las Reglas de Operación del fondo PROSOFT, se busca que sea una herramienta que facilite la habilitación del entorno al fortaleceralineación de objetivos y acciones del Gobierno de la República, las entidades federativas y los sectores privado y académico.

5. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del estado de Guanajuato a consolidar los denominados “clusters” en las ramas industriales más productivas, o en las que se vislumbra un crecimiento potencial, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico, profesional y técnico, as{i como la generación de empleos en esta entidad federativa.

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de las Secretarías de Economía, de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el gobierno del Estado de Guanajuato y el de sus municipios, se impulsen las acciones necesarias, tendientes a consolidar los denominados “clusters” en las ramas industriales más productivas de la entidad, o en las que se vislumbra un crecimiento potencial, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico, profesional, técnico, así como la generación de empleos en esta demarcación estatal.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a través de las Secretarías de Educación y de Economía estatales, así como a sus gobiernos municipales, para que realicen convenios con las instituciones educativas de instrucción media y superior, públicas y privadas, y con las empresas que conformen “clusters”, para impulsar el desarrollo del estado, con la finalidad de fomentar la instrucción especializada, la investigación y desarrollo de tecnologías nuevas, la formación de profesionales y técnicos, garantizar la oportunidad de empleo y evitar la fuga de talentos a otras entidades federativas o al extranjero.

Está comisión dictaminadora estima que la petición planteada por el Senador promovente, se encuentra atendida bajo los siguientes argumentos:

1. Que el pasado 02 de abril de 2013, el Senado de la República aprobó un dictamen de la Comisión de Comercio, por el que se exhorta a las “Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 impulsen de manera coordinada con las entidades federativas, programas que incentiven la creación y fortalecimiento de agrupamientos empresariales agroindustriales (clusters) que permitan avanzar en el desarrollo de las regiones del país y mejorar las condiciones económicas de los productores”.

En este sentido, el pasado 15 de mayo de 2013, la Secretaría de Economía dio contestación al referido exhorto, informando a esta Soberanía lo siguiente:

“Que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, se desarrollaron diversos foros, de manera particular, el 15 de abril de 2013, se llevó a cabo el “tercer foro” en el estado de Guanajuato con la finalidad de enriquecer la perspectiva y el actuar conforme la visión, las necesidades y los anhelos que se capten en la creación del Plan Nacional de Desarrollo.

2. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en la estrategia 4.10.2 “Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario en las siguientes líneas de acción:

-Promover el desarrollo de conglomerados productivosy comerciales (clústeres de agronegocios) que articulen a los pequeños productores con empresas integradoras, así como de agroparques.

-Instrumentar nuevos modelos de agronegocios que generen valor agregado a lo largo de la cadena productiva y mejoren el ingreso de productores.

-Impulsar, en coordinación con los diversos órdenes de gobierno, proyectos productivos, rentables y de impacto regional.

3. De acuerdo con datos del Primer Informe de Gobierno del estado de Guanajuato 2012se impulsaron las siguientes acciones:

En el ámbito empresarial, se crearon62 nuevas empresas de Mipyme, en los municipios de Abasolo, Celaya, Comonfort, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, León, Salamanca, San Diego de la Unión, San Francisco, Silao, Valle de Santiago y Yuriria.

IV. Resolutivo

En consecuencia, esta comisión dictaminadora considera que las cinco Proposiciones con Punto de Acuerdo citadas han quedado sin materia desde el punto vista temporal de validez por lo que someten a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero.-Se da por concluido el procedimiento legislativo de las cinco Proposiciones con Punto de Acuerdo siguientes:

1. Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Procuraduría de la Defensa del Consumidor a informar al público en general, los teléfonos, direcciones o medios electrónicos donde puedan dirigirse para formular sus quejas, debido a las compras que realicen con motivo del Buen Fin.

“PUNTO DE ACUERDO.- Por el que se exhorta a la Procuraduría de la Defensa del Consumidor dentro del ámbito de competencia obligue a las empresas a publicar e informar al público en general, a los consumidores, los teléfonos, direcciones, correos electrónicos y lugares a los que pueden acudir en el caso de que tengan quejas en contra de los comercios o empresas prestadoras de servicios con motivo de las compras o contrataciones efectuadas en el Buen Fin”.

2. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a promover una campaña de protección a los consumidores durante la próxima temporada navideña y emprenda acciones específicas encaminadas a incentivar la prestación de servicios de transporte aéreo y terrestre de calidad, por parte de las empresas del ramo, durante las vacaciones decembrinas.

“PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que promueva una campaña de protección a los consumidores durante la próxima temporada navideña.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que emprenda acciones específicas encaminadas a incentivar que la prestación de servicios de transporte aéreo y terrestre sean de calidad y a precios justos por parte de las empresas del ramo, durante las vacaciones decembrinas.”

3. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a informar las razones del retraso en la entrega del Fondo Pyme a los estados y cuáles serán las medidas que aplicará para que no se repita dicho retraso en los años subsecuentes.

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que informe todas y cada una de las causas por las cuales no ha sido entregado el Fondo Pyme en la mayoría de los estados, así como haga de conocimiento cuáles serán las medidas que aplicaran para que no se repita dicho retraso en años subsecuentes.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que a través del Instituto Nacional del Emprendedor tome en consideración el retraso en la entrega del recurso, con la finalidad de que los plazos para la aplicación del mismo se amplíen.

4. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a incentivar el fortalecimiento del Programa Prosoft 2.0 para ser detonante de las distintas regiones del país.

“UNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Economía para que en usos de sus facultades y a través de los mecanismos que juzgue necesarios a incentivar el fortalecimiento del programa Prosoft 2.0 para ser detonante de las distintas regiones en el país, dando la oportunidad a todos y cada uno de los estados de ser beneficiados con este programa”.

5. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del estado de Guanajuato a consolidar los denominados “clusters” en las ramas industriales más productivas, o en las que se vislumbra un crecimiento potencial, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico, profesional y técnico, as{i como la generación de empleos en esta entidad federativa.

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de las Secretarías de Economía, de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el gobierno del Estado de Guanajuato y el de sus municipios, se impulsen las acciones necesarias, tendientes a consolidar los denominados “clusters” en las ramas industriales más productivas de la entidad, o en las que se vislumbra un crecimiento potencial, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico, profesional, técnico, así como la generación de empleos en esta demarcación estatal.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a través de las Secretarías de Educación y de Economía estatales, así como a sus gobiernos municipales, para que realicen convenios con las instituciones educativas de instrucción media y superior, públicas y privadas, y con las empresas que conformen “clusters”, para impulsar el desarrollo del estado, con la finalidad de fomentar la instrucción especializada, la investigación y desarrollo de tecnologías nuevas, la formación de profesionales y técnicos, garantizar la oportunidad de empleo y evitar la fuga de talentos a otras entidades federativas o al extranjero.

Segundo.- Archívense las cinco Proposiciones con Punto de Acuerdo mencionadas en el presente dictamen como formal y materialmente concluidos.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 8 de abril de 2014.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para referirse al dictamen sobre maíz blanco, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hemos revisado con atención este punto de Acuerdo y la propuesta del Senador Aarón Irízar, inicialmente era en el sentido de que se gravara la importación de maíz blanco, es decir, que se le pusiera el arancel que se le quitó en el 2008 y definitivamente coincidimos con esa propuesta, sobre todo porque entiendo que la intención del proponente es proteger a la agricultura mexicana, especialmente al maíz blanco, ya que de no hacerlo, estamos en el riesgo de seguir teniendo lo que se llama la dependencia alimentaria.

La producción de maíz en México es de 22 millones de toneladas, principalmente maíz blanco, las importaciones son de 11.5 millones, tenemos una dependencia alimentaria del 33 por ciento.

El Decreto en mención es producto del tortillazo que en el 2007 provocó que el precio de las tortillas se fuera hasta el 40 por ciento; es decir, este Decreto en el cual se elimina el arancel para el maíz blanco que era del 194 por ciento, sólo provocó el incremento de el alimento fundamental base de la dieta de los mexicanos y de las mexicanas.

En 2013 la Secretaría de Economía reinstala el arancel, pero ahora sólo con el 20 por ciento.

Sí nos llama la atención de que la Comisión de Comercio y Fomento Industrial esté planteando o replanteando el punto de Acuerdo en el sentido de que el Senado de la República solicita a la Secretaría de Economía un informe a la brevedad detallando sobre el monitoreo estadístico y los resultados sobre el impacto que ha ocasionado para la economía nacional la desgravación arancelaria de las importaciones de maíz blanco, procedente de los países con los que México no tiene acuerdos comerciales.

Y decimos que nos preocupa y ojala algún miembro de esta comisión pudiera venir a ilustrarnos, porque esa es la propuesta razonable que hace el Senador Aarón Irízar, se cambia a esta propuesta.

Es importante que el Senado conozca si ha habido o no ha habido impacto al eliminar el arancel, pero es más importante que protejamos a nuestra agricultura, especialmente que protejamos al maíz, sobre todo cuando tenemos situaciones tan desventajosas con otros países en donde allá sí se les subsidia y en México los agricultores tienen que rascarse con sus propias uñas.

No es la importación lo que va a resolver el problema de la alimentación en México. Eso sólo compromete la soberanía y la seguridad alimentaria.

Por eso seguiremos insistiendo en que el gobierno de México tiene que impulsar la producción social de alimentos y también tiene que cumplir con los acuerdos internacionales como ese que tiene con la FAO en donde se comprometió a impulsar la agricultura familiar como un elemento central para hacer autosuficiente alimentariamente a México.

Estamos a favor del punto de Acuerdo, porque conocer esa información es importante, pero hacemos estas acotaciones, porque el punto de Acuerdo que proponía el Senador Aarón Irízar, desde nuestro punto de vista, es lo que requiere la agricultura en México para tener la protección en contra de las prácticas desleales como las que se viven en nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, para referirse al dictamen sobre la creación de micros, pequeñas y medianas empresas en el país.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente.

Es claro que la agenda de reformas estructurales que el Ejecutivo Federal está imponiendo no representa verdaderas modificaciones que innoven y mejoren el sistema económico y social del país.

De acuerdo con el ranking económico que año con año realiza el Banco Mundial, en el apartado facilidad para hacer negocios, México se encuentra en el lugar 53 para este año, y en comparación al año pasado, se encontraba en el lugar 48.

Efectivamente, el país descendió 5 lugares a tan sólo un año de la nueva administración.

La evidencia reafirma que las políticas públicas aplicadas hasta el día de hoy no han sido alentadoras para el crecimiento económico del país.

Lo que es peor, las propuestas de reforma no han logrado forjar como tanto se prometió, ni bases sólidas que aseguren la necesaria creación e incorporación de nuevas empresas al mercado, empresas que puedan crear empleos de desarrollo en productos innovadores, empresas cien por ciento mexicanas.

El problema surge cuando las familias mexicanas y los emprendedores requieren solicitar un crédito para iniciar un negocio, pues las instituciones financieras se benefician obteniendo un alto nivel de demanda para el otorgamiento de créditos sin importar que las tasas de interés que ofrecen son cada vez más altas.

Todo ello es consecuencia de la ausencia de apoyos gubernamentales para los nuevos empresarios, ya que las necesidades de los mexicanos emprendedores sólo pueden ser cubiertas acudiendo a dichas entidades financieras y no al gobierno, que se supone debería apoyarlos, provocando con esto un endeudamiento masivo a millones de empresarios.

No es casualidad que actualmente exista un alto nivel de endeudamiento creado a partir de las deudas generadas por los créditos otorgados por los bancos, lo que sin duda deteriora y merma la capacidad financiera de los nuevos emprendedores adquiriendo únicamente más deuda.

Por ello es inevitable cuestionar cómo es que la actual administración pretende ayudar a las familias mexicanas y en específico las pequeñas y medianas empresas siendo fuente importante para la economía del país, no cuentan con los recursos necesarios para desarrollarse de manera plena.

Independientemente de su tamaño, son estos negocios familiares los que hacen grandes aportaciones a la nación, pues generan producción y distribución de bienes y servicios, son de rápida adaptación a los cambios tecnológicos, y lo más importante, son generadores de empleo para miles de mexicanos.

Es un error restarles importancia y obstaculizar a estas empresas que indiscutiblemente contribuyen al desarrollo económico y a una mejor distribución de la riqueza.

Si a México se le considera una economía emergente, es imprescindible reconocer la necesidad de impulsar a este sector, en gran medida por su contribución al crecimiento económico, por su aporte en la generación de empleo y por todo el desarrollo regional y local que conlleva.

Obviamente los mexicanos buscan generar ingresos por sus propios medios, sin embargo, en el panorama del ingreso y el trabajo no se visualiza una mejora pronta; y sí la constitución de una pequeña o mediana empresa le da a las familias mexicanas la posibilidad de mejorar su calidad de vida, lo menos que puede hacer el gobierno federal es suministrar los medios para ello.

México es una economía emergente que requiere políticas públicas adecuadas para un país en desarrollo, un fomento en su productividad y competitividad, con políticas monetarias que respalden la actividad económica de todos los sectores productivos.

No hay necesidad de complicar la formulación de dichas políticas, las necesidades son claras: lograr un equilibrio interno, tanto financiero como regulatorio que le genere al país una solución eficaz y eficiente para el sector de las pequeñas y medianas empresas.

Por ello, compañeras y compañeros Senadores, es de suma importancia brindar a las PyMES las facilidades necesarias para que se establezcan y consoliden a fin de ayudar a que otros se introduzcan en este medio empresarial, a que proliferen en este sector y siga favoreciendo el campo laboral dentro de un marco económico legal que permita a los mexicanos y a la sociedad en general favorecer sus ingresos en términos más llanos.

Compañeras y compañeros Senadores, los invito a votar a favor del presente dictamen, en virtud de que la economía mexicana podrá mejorar sobre la facilidad de hacer negocios.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Monreal Avila.

Agotada la lista de oradores, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Pasamos a la discusión de cinco dictámenes de la Comisión de Salud, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.





 

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al primer dictamen.

“COMISION DE SALUD

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen cuatro proposiciones con Punto de Acuerdo en materia de Influenza AH1N1.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DELOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de enero de 2014, el Senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo, relativo a acciones de prevención de la influenza.

Con fecha 04 de febrero de 2014, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 22 de enero de 2014, la Senadora Hilda Esther Flores Escalera, presentó proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en los estados, a emprender acciones en materia de vacunación contra la influenza.

Con fecha 04 de febrero de 2014, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 04 de marzo de 2014, los Senadores Layda Sansores San Román, Senadora independiente y Fernando Enrique Mayans Canabal, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las razones del desabasto del medicamento antiviral oceltamivir (Tamiflu) en las farmacias del país.

En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

4. Con fecha 06 de marzo de 2014, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar programas de difusión y medidas de prevención dirigidas a la población con anticipación y durante las épocas invernales; y a considerar la inclusión de la vacunación contra la influenza AH1N1 dentro del esquema de vacunación universal.

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO

Los Legisladores proponentes señalan la importancia de reforzar las acciones para evitar el contagio de la Influenza AH1N1.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de la Salud, en que es de vital importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud.

La influenza es una enfermedad viral altamente contagiosa. El virus de la influenza A se aisló en 1933 y el B en 1936, esto permitió la caracterización y desarrollo de vacunas.

El virus de la influenza es un virus ARN de una sola hebra, es miembro de la familia de los Orthomyxovirus. Hay 3 tipos antigénicos básicos A,B,C, que son determinados por el material nuclear.

El virus de la influenza tipo A tiene subtipos determinados por los antígenos de superficie hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N). El virus de la influenza A causa enfermedad moderada a grave. Infecta a animales (aves, cerdos) y humanos, afectando a todos los grupos de edad. El virus de influenza B afecta sólo a humanos, causa enfermedad más leve que el tipo A. El virus de influenza C no se ha asociado a epidemias y rara vez causa enfermedad en humanos.

Se transmite de persona a persona por contacto directo a través de secreciones respiratorias producidas por toser o estornudar, o a través de artículos contaminados recientemente.

El periodo de incubación usualmente es de dos días, pero puede variar de 1 a 5 días. Mientras que el periodo de transmisión del paciente, es infectante de 24 a 48 horas antes del inicio de los síntomas y hasta 4 a 5 días durante la enfermedad.

La gravedad de la enfermedad dependerá de la experiencia inmunológica previa, aproximadamente 50% de las personas infectadas desarrollará los síntomas clásicos de influenza.

La influenza clásica se caracteriza por fiebre de inicio súbito, con escalofríos, cefalea, malestar general, mialgias difusas y tos seca. Posteriormente, signos respiratorios consistentes en dolor de garganta, congestión nasal y tos intensa.

Puede haber infección y dolor conjuntival, dolor abdominal, náuseas y vómitos. En niños pequeños puede producir un cuadro séptico o neumonía. Los síntomas sistémicos y la fiebre duran de 2 a 3 días, rara vez más de 5.

Las complicaciones más frecuentes que pueden derivarse, son la neumonía bacteriana secundaria, o viral primaria por virus de influenza, síndrome de Reye, miocarditis, agravamiento de la bronquitis crónica o de otras enfermedades pulmonares crónicas.

En México, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Salud, denominado “Casos y defunciones por Influenza estacional”, de 2012, de un total de 6,567 casos reportados, los estados con mayores brotes por este virus fueron Jalisco con 651, de los cuales 590 fueron del tipo A(H1N1), el Distrito Federal con 579 casos, de los cuales 538 fueron del tipo A(H1N1), Nuevo León con 483 casos, de los cuales 430 fueron del tipo A(H1N1), el Estado de México con 470 casos, de los cuales 371 fueron del tipo A(H1N1) y Oaxaca con 407 casos de los cuales 304 fueron del tipo A(H1N1).

No obstante la cantidad de afectados, las cifras de defunciones fueron mínimas en comparación con los pacientes atendidos, en promedio de alrededor de 2.5% frente a la cifra de infectados por este virus.

Las acciones de control se realizan ante todo caso, con diagnóstico clínico de influenza y en los casos confirmados. Las actividades incluyen cuando es factible la vacunación de personas de grupos en riesgo, vigilancia de casos y contactos, así como profilaxis o tratamiento de personas en alto riesgo de desarrollar complicaciones graves o muerte.

Lamentablemente, las estadísticas del 01 de enero al 23 de febrero de 2014, confirmaron 5,606 casos de Influenza, de los cuales 4, 576 son por AH1N1 y 589 defunciones registradas de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, por lo que las cifras con respecto al año 2012, son significativamente superiores y por ende, es motivo de preocupación.

Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, remita a esta Soberanía, a la brevedad, un informe pormenorizado sobre el abasto del medicamento antiviral Oceltamivir (Tamiflu), en las farmacias del país y en caso de desabasto, se informe sobre la estrategia que se debe implementar para garantizar su distribución.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, genere una base datos en la que se le informe a la población sobre las unidades médicas en las cuales se puede diagnosticar influenza y brindar el tratamiento en cada entidad del país.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que la Secretaría de Salud, incremente programas de difusión y medidas de prevención dirigidas a la población con anticipación y durante las épocas invernales, para prevenir el contagio y las secuelas de la Influenza AH1N1.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, se considere la posibilidad de incluir la vacunación contra la influenza AH1N1 dentro del esquema de vacunación universal.

COMISION DE SALUD”.





 

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al segundo dictamen.

“COMISION DE SALUD

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen dos proposiciones con Punto de Acuerdo por las cuales se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a reforzar las medidas de tratamiento y control del dengue.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOSPUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 05 de noviembre de 2013, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo en relación a contagios de coahuilenses por el virus denominado “dengue”.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 07 de noviembre de 2013, el Senador Adán Augusto López Hernández, integrante del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a destinar recursos para la prevención y control del dengue en el estado de Tabasco y a los tres órdenes de gobierno para que refuercen las medidas de tratamiento y control de la misma enfermedad.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DELOS PUNTOS DE ACUERDO

Los Senadores proponentes, señalan la importancia de reforzar las acciones y estrategias a nivel federal y local, para prevenir, tratar y controlar los posibles brotes de dengue que se den en la República Mexicana.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es el combate a la enfermedad del dengue en las diferentes entidades de la República Mexicana en específico en los Estados de Coahuila y Tabasco, poseen una gran relevancia, ya que el impacto social puede ser de grandes consecuencias negativas, reflejadas en la salud de la población mexicana.

B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el dengue es una infección vírica transmitida por el mosquito AEDES AEGYPTI, que se presenta en los climas tropicales de todo el mundo, principalmente en las zonas urbanas y semiurbanas, convirtiéndose en un importante problema de la salud pública y cuyos síntomas pueden comenzar como una gripe, pero cuyas consecuencias pueden causar la muerte de las personas.

Cabe señalar que el mosquito se reproduce en recipientes que contienen agua clara y quieta como botellas, baldes, bebederos de animales, tanques de agua, macetas y lonas dentro de las casas, patios, jardines, balcones y terrazas. Mientras que en los lugares públicos se cría en depósitos de neumáticos, chatarrerías, y en cualquier sitio donde haya recipientes en los que se acumule agua quieta.

De acuerdo con dicha Organización, se estimó que el presente año sería uno de los más difíciles por el aumento de la incidencia de personas contagiadas por el virus del dengue en países con climas tropicales y subtropicales. Por ejemplo, señaló que más de 2500 millones de personas podrían estar en riesgo de contraer la infección, es decir, más del 40 % de la población mundial; y que cada año, 500 mil personas padecen dengue grave, la población infantil en mayor proporción, y aproximadamente un 2.5 % del total de los afectados fallecen.

C. El dengue y dengue hemorrágico son enfermedades de tipo febril con intensidad aguda, dolor intenso en el sistema músculo esquelético e inflamación de los ganglios linfáticos. La primera, es una enfermedad de tipo gripal que ataca a los adultos y a niños de edad avanzada, y excepcionalmente, provoca la muerte. El segundo tipo es aún más grave, ya que pueden sobrevenir hemorragias y en ocasiones un estado de choque, que conduce a la muerte.

Se transmite al ser humano por la picadura del mosquito hembra denominado “Aedes aegypti”, o por la del “Aedes albopictus”, cuya característica es su color blanquinegro con rayas en el dorso y las patas.

D. Derivado del incremento del virus del dengue que se dio en los meses de septiembre-noviembre del 2013, en diversas entidades federativas de la República Mexicana, resulta apremiante que los niveles de gobierno Federal, Estatal y Municipal actúen en coordinación para la elaboración de estrategias que complementen las ya existentes, tendientes a la erradicación de esta enfermedad.

Hay que enfatizar, que el 20 de septiembre de 2013, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) reportó que en la semana epidemiológica número 36, el total acumulado de casos confirmados de dengue ascendió a 27, 783 mientras que en el mismo periodo del año 2012 la cifra acumulada fue de 20 mil 290 casos; lo que significó un incremento del 37 %. La incidencia nacional encabezada por Tabasco, con 4,245 casos acumulados seguidos de Tamaulipas con 3,503, Veracruz con 3,147, Morelos con 985 y Chiapas con 1,838 casos, representando en su conjunto el 53 % de casos en tan sólo 5 entidades federativas.

A pesar de que en San Luis Potosí se han registrado 479 personas infectadas con el virus del dengue clásico y hemorrágico, no se pueden excluir que este número aumente, ya que por el momento la población se encuentra en situación vulnerable a causa de los daños ocurridos por los fenómenos meteorológicos en la región y por la cantidad de escombros y desechos que se generaron a partir de los huracanes Ingrid y Manuel.

H. Derivado de lo anterior, esta Comisión dictaminadora coincide en que resulta apremiante el combate del padecimiento del dengue, por lo que, a pesar de que muchas han sido las acciones, campañas y programas implementados por los gobiernos de los estados en coordinación con la Secretaría de Salud para reducir esta enfermedad, es importante prevenir estos daños y fortalecer así las acciones ylas campañas de prevención en las entidades federativas que suelen verse afectadas por la presencia del mosquito transmisor del dengue.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus funciones y atribuciones, establezca una estrategia, inmediata y efectiva, de prevención, tratamiento y control del virus del dengue a nivel nacional y se atiendan con prioridad en los servicios de salud a las personas que presentan los síntomas del dengue, particularmente en los ciclos en que aumenta la presencia del mosquito transmisor.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal y a las Secretarías homólogas de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, y de acuerdo con los convenios de coordinación suscritos, se implementen e intensifiquen las acciones de tratamiento, prevención y control del dengue, para reducir los riesgos de transmisión de dicha enfermedad y evitar las consecuencias de una epidemia, así mismo que se informe a esta Soberanía al respecto.

COMISION DE SALUD”.





 

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al tercer dictamen.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a analizar y examinar el desempeño práctico del Seguro Popular como política pública.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 23 de abril de 2013, el Senador David Monreal Avila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a analizar y examinar el desempeño práctico del Seguro Popular como política pública.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El Senador proponente, señala la importancia de que se evalúe, analice y examine el desempeño práctico del Seguro Popular como política pública, para que derivado de dicho análisis, se comparen los resultados obtenidos, contra los objetivos establecidos y se refuercen las estrategias, para que el Seguro Popular, vaya de acuerdo con las necesidades de salud, de la población mexicana.

III. CONSIDERACIONES

A. El Sistema Nacional de Protección Social en Salud, se inició como programa piloto, en dicha fase, que tuvo una duración de tres años, del periodo de 2001 a 2003, se logró una afiliación de más de un millón de personas, con la finalidad de brindar un seguro médico, público y voluntario. Aunado a ello, el programa definió inicialmente un paquete de 78 intervenciones tanto de primer como de segundo nivel de atención.

B. Hacia el año 2005, se logró la incorporación de dicho Sistema, en 31 estados, dirigido principalmente para proveer de aseguramiento en salud a la población que no era cubierta por ninguna institución de seguridad social. Algunos de los objetivos específicos, consistieron en:

• La posibilidad de agregar intervenciones al paquete de acuerdo a su conveniencia y capacidad financiera;

• La estrategia de movilizar fondos federales para subsidiar el costo de la prima y solicitar un pago fijo a cada familia de acuerdo a su ingreso; con la finalidad de generar un sentido de apropiación del programa y una cultura ciudadana para la demanda de buena calidad de la atención en la población afiliada.

• Fomentar la atención oportuna a la salud, a través de un mecanismo de protección del patrimonio familiar, para todas aquellas personas que no están cubiertas por alguna institución de seguridad social.

• Se inició con la cobertura de 249 padecimientos, relacionados con acciones de detección y prevención para toda la familia; medicina ambulatoria; odontología; salud reproductiva; embarazo, parto y recién nacido; rehabilitación, hospitalización, urgencias y cirugía.

C. Esta Comisión dictaminadora, coincide con el Legislador proponente, en que existen grandes retos por cumplir, en materia de seguridad social, con la finalidad de atender las necesidades ciudadanas y garantizar el derecho humano a la salud, establecido en nuestro Artículo 4º Constitucional.

D. Así mismo, de acuerdo con los Artículos 77 bis 1 de la Ley General de Salud:

“La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, gíneco-obstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.”

E. Diez años después del término de la fase piloto, del conocido Seguro Popular, se cuenta con un conjunto de más de mil 500 intervenciones, entre enfermedades y actividades de salud, que deben ser cubiertas por el Sistema de Protección Social en Salud y que consisten en acciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, seleccionados en forma prioritaria, según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales, por señalar algunos.

Para la integración y actualización de las intervenciones y padecimientos que deben figurar en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, conocido como CAUSES, se consideran las intervenciones orientadas a las principales causas de morbilidad y demanda hospitalaria con un enfoque de efectividad y sustento en los programas federales y la normatividad vigente.

F. No obstante, el legislador proponente, señala que es necesario continuar con la adecuación de la planeación de dicha política pública, conforme a la constante transformación económica, social y demográfica del país.

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, que esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud se evalúe, analice y contraste el desempeño práctico del Sistema de Protección Social en Salud como política pública, e informe a esta Soberanía, sobre los resultados obtenidos, a partir de los objetivos planteados para la ejecución de dicho sistema de aseguramiento de la salud.

Segundo.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, con base en el análisis derivado del resolutivo anterior, realice las acciones necesarias con la finalidad de eficientar los recursos y adecuar las estrategias de cobertura del Sistema de Protección Social en Salud, conforme a la transformación y necesidades de la población objetivo del programa.

COMISION DE SALUD”.





 

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al cuarto dictamen.

“COMISION DE SALUD

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen tres Proposiciones con Punto de Acuerdo que exhortan a la Secretaría de Salud a realizar una evaluación general de su estructura, infraestructura, patrimonio, padrón de afiliados y cobertura y se enfaticen los esfuerzos para atender las urgencias de salud que se presenten en nuestro país.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen delos referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 7 de noviembre de 2013, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Salud Pública y al DIF del estado de Sonora; y a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a enfatizar esfuerzos para atender las urgencias de salud que se presenten en dicho estado.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 20 de noviembre de 2013, la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una evaluación general de su estructura, infraestructura, patrimonio, padrón de afiliados y cobertura.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 09 de diciembre de 2013, la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a requerir a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas para que comparezca e informe a la Comisión de Salud del Senado de la República, y explique las razones por las que no funciona el equipo de alta especialidad del acelerador lineal tomógrafo computarizado e instalación en el Hospital de la Mujer.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

4.- Con fecha 18 de febrero de 2014, la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, presentó solicitud de excitativa a comisiones, en relación con la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a requerir a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas para que comparezca e informe a la Comisión de Salud del Senado de la República, y explique las razones por las que no funciona el equipo de alta especialidad del acelerador lineal tomógrafo computarizado e instalación en el Hospital de la Mujer, turnado el pasado 09 de diciembre de 2013.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, acordó formular excitativa a la Comisión de Salud.

II. CONTENIDO DELOS PUNTOS DE ACUERDO

Las Senadoras proponentes resaltan la importancia de evaluar el funcionamiento de las Secretarías de Salud Federal y locales, toda vez que en últimas fechas se han urgido diversas situaciones que violentan los derechos humanos de las personas, a quienes presuntamente se les niegan los servicios de salud y en ocasiones mueren por la falta de atención médica o falta de equipo médico.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia de los Puntos de Acuerdo, como lo es el mejoramiento de los servicios en salud, posee una gran relevancia, ya que se refiere a un tópico con un gran impacto social y trascendente para la salud de la población de nuestro país.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud ”es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, y la salud mental “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.”

Por ende, y claramente como se refiere en ambas definiciones, es de suma importancia que los gobiernos de cada país, elaboren las políticas públicas necesarias tanto preventivas como paliativas, que generen una cultura de cuidado de la salud en su población.

Es de esa manera que si se logra reducir la atención de las personas cuyos padecimientos son prevenibles, tales como cánceres derivados del consumo del tabaco, enfermedades derivadas del consumo de alcohol y otras drogas, el sobrepeso y la obesidad a partir de malos hábitos alimenticios, afecciones respiratorias, cardiacas e hipertensión y diabetes, mismas que aquejan a la mayoría de la población de México, se podrá brindar un mejor servicio a aquellas personas que lo necesiten, tales como mujeres embarazadas por ejemplo, o aquellos que tengan enfermedades crónico degenerativas y congénitas, como esclerosis múltiple, entre otras y que de ninguna manera se pueden evitar y necesitan tratamiento.

Con ello no sólo se podrían mejorar los servicios de salud brindados en nuestro país, sino que también tendría un impacto positivo en su economía, con mejor rendimiento laboral, entre otras bondades derivadas de una salud en óptimas condiciones.

B. Sabemos que un gran problema que siempre se ha enfrentado en México, es la cobertura de los servicios de salud, en tanto que la calidez y la eficiencia son cualidades todavía difíciles de alcanzar. En este contexto han existido avances significativos, prueba de ello es la cobertura universal a través del Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como “Seguro Popular”, mismo que a la fecha cubre la salud de alrededor de 53 millones de personas.

Cabe mencionar que con el Seguro Popular, se logró un presupuesto que pasó de 81 mil millones de pesos corrientes en 2006 a más de 175 mil millones de pesos en 2012; es decir, más del doble. Estos recursos, se han canalizado en su mayoría a las entidades federativas. Mientras que en 2006 las transferencias a los estados y el Distrito Federal representaban el 80.6% de estos recursos, en el 2012 la proporción es de 84.2%. En términos nominales, los recursos transferidos a las entidades federativas para la prestación de los servicios de salud, pasó de 65 mil millones de pesos en 2006 a 148 mil millones de pesos que se proyectaron para 2012, es decir casi 2 y media veces lo transferido en el año base.

Esta situación de mayores recursos en las entidades federativas, ha hecho patente la necesidad de fortalecer los mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas, por una parte y por otra la necesidad de observar el impacto positivo en la salud de los mexicanos y la mejora en la infraestructura de los hospitales públicos.

C. Durante el sexenio anterior, el incremento en el financiamiento se reflejó en la conclusión de 2,747 acciones de infraestructura por parte de la Secretaría de Salud y más de 3,700 obras considerando a todas las instituciones públicas de salud, con una inversión de más de 78 mil millones de pesos. Se destacó que más de mil de estas acciones corresponden a clínicas y hospitales nuevos.

Asimismo, el incremento en el presupuesto permitió en este mismo periodo la regularización de alrededor de 70 mil plazas precarias, y que la plantilla de médicos en contacto con el paciente del sector salud creciera en 16% y la de enfermeras en 20%.

D. Actualmente los servicios de calidad en salud que hoy demanda nuestra sociedad, generan mayor cantidad de recursos humanos, financieros e infraestructura, y abre la oportunidad de lograr mejoras sustanciales y permanentes en la calidad de estos servicios.

No obstante, pese a que se ha mejorado en diversos aspectos, esto no ha sido suficiente para lograr brindar la atención necesaria a cada persona que lo necesita, más aún aquellos que presentan una emergencia de salud.

Tales han sido los casos y materia de los presentes puntos de acuerdo, las situaciones por las que han atravesado diversas personas en nuestro país, a quienes presuntamente se les ha negado la atención médica en hospitales públicos.

Como lo señalan las proponentes, el caso de la mujer que dio a luz en un Jardín del Centro de Salud de Jalapa de Díaz, en Oaxaca; el hombre fallecido en los patios del Hospital General de Guaymas, en Sonora; y el caso de una mujer, que fue intervenida quirúrgicamente para retirar miomas en la matriz y le perforaron la vejiga, en el Hospital de Huamantla, en Tlaxcala; todos ellos que han salido a la luz pública, pero que lamentablemente existen más casos de los que no se llega a tener conocimiento, lleva a analizar la atención médica que se está brindado, sin elenfoque humanitario.

Recordar que todos los anteriores representan una violación directa a los derechos humanos de las personas a quienes o bien se les niega la atención médica, o bien, incurren en negligencia médica y niegan su reparación.

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, que esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud, para que se realice una evaluación y auditoría general de su estructura, infraestructura, patrimonio, padrón de afiliados y cobertura, y se dé un informe detallado a esta Soberanía.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud y a las Secretarías de Salud de las entidades federativas, a que se intensifiquen los esfuerzos a fin de atender las urgencias de salud que se presenten, y se evalúen y tomen medidas respecto de las condiciones que han propiciado que los servicios de salud, les sean negados a las personas y se informe al respecto a esta Soberanía.

TERCERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos para que considere la violación de derechos humanos a las personas a quienes se les ha negado el servicio de salud, emita su recomendación e informe a esta Soberanía.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud, para que informe a esta Soberanía sobre la adquisición del Acelerador Lineal, Tomógrafo Computarizado y construcción del área donde se ubicarían dichos equipos en el Hospital de la Mujer, y en su caso, se informe el tiempo en que entrará en operación dicho equipo.

COMISION DE SALUD”.




 

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al quinto dictamen.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Salud a reconocer al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” de la Ciudad de San Luis Potosí, como Centro Regional de Alta Especialidad.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 03 de octubre de 2013, los Senadores César Octavio Pedroza Gaitán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Teófilo Torres Corzo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Luz María Beristain Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Salud a reconocer al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” de la Ciudad de San Luis Potosí, como Centro Regional de Alta Especialidad.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DELOS PUNTOS DE ACUERDO

La presente proposición pretendereconocer al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. como Centro Regional de Alta Especialidad.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo, es el servicio de un hospital de alta especialidad como lo puede ser el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” de la ciudad de San Luis Potosí.

B. El Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, ubicado en el estado de San Luis Potosí, es reconocido como Hospital de Tercer Nivel y centro de atención regional al brindar el 10% de los servicios a la población de los estados de Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro.

Este hospital cuenta con el certificado de Hospital de Especialidades desde el año 2000 y fue recertificado en el año 2005 como tal. Actualmente está acreditado para atención del Seguro Popular y centro de referencia estatal del Gasto Catastrófico.

C. El pasado 06 de noviembre de 2012, los Senadores César Octavio Pedroza Gaitán, Maki Esther Ortiz Domínguez y Sonia Mendoza Díaz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el Senador Teófilo Torres Corzo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una proposición con Punto de Acuerdo, que contenía el mismo resolutivo de la propuesta que se dictamina en el presente.

El pasado 24 de septiembre de 2013, se llevó a cabo la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Salud del Senado de la República, en la que se analizó y voto el dictamen que contenía la propuesta presentada el 06 de noviembre de 2012.

Con fecha 23 de octubre de 2013, se publicó en la Gaceta del Senado de la República, el dictamen con el cual se fundamentó al Pleno del Senado y se propuso que se le reconozca como Centro Regional de Alta Especialidad, al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, misma propuesta que fue aprobada en la Sesión del Pleno del Senado, en la fecha indicada, en votación económica por mayoría de los legisladores presentes.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

UNICA.- Esta Comisión dictaminadora, desecha la proposición con Punto de Acuerdo, turnada el pasado 03 de octubre de 2013, por la que se exhorta a la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal a reconocer al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. como centro regional de alta especialidad, derivado de la aprobación ante el Pleno del Senado, del mismo Acuerdo en la sesión del pasado 23 de octubre de 2013.

COMISION DE SALUD”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión los anteriores dictámenes con punto de Acuerdo. No habiendo oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores puntos de Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, comuníquense.

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhorta a enviar al Senado diversas propuestas para Magistrados del Tribunal Unitario Agrario.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISION DE REFORMA AGRARIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen con punto de Acuerdo. No habiendo oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

COMISION DE FOMENTO ECONOMICO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.

“Comisión de Fomento
Económico

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Fomento Económico fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición conPunto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a tomar medidas para fomentar el desarrollo económico de las micro y pequeñas empresas a través de sus exportaciones, sometida a la consideración del Pleno de este Senado de la Republica, por el Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los integrantes de la Comisión de Fomento Económico de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2 y 277 del Reglamento del Senado de la República, se abocó al análisis de la proposición con punto de acuerdo descrita y somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

MetodologIa

I. Enel apartado denominado “ANTECEDENTES”, se detalla el trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con Punto de Acuerdo.

II. En el apartado “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se exponen los objetivos y un resumen de su contenido, motivos y alcances.

III. En el apartado de las “CONSIDERACIONES”, los integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

ANTECEDENTES

Primero. En sesión ordinaria celebrada por el Senado de la República, el 28 de noviembre de 2013, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Fomento Económico para su estudio y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo en mérito, presentado por el Senador Mario Delgado Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. En sesión ordinaria, celebrada el jueves 27 de marzo del presente, los CC. Senadores integrantes de la Comisión de Fomento Económico procedieron al estudio de la proposición con Punto de Acuerdo; efectuando diversos razonamientos sobre su contenido, y emitiendo el siguiente dictamen tomando en cuenta el siguiente:

CONTENIDO DE LA proposiciOn con Punto de acuerdo.

La propuesta del Senador Mario Delgado Carrillo tiene como objetivo exhortar al Gobierno Federal a tomar medidas para fomentar el desarrollo económico de las micro y pequeñas empresas a través de sus exportaciones.

El promovente señala que el 13 de septiembre de 2013, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, presentó el Programa de Aceleración del Crecimiento a diversos gobernadores de la República mexicana, el cual contiene tres ejes: 1. Mayor colaboración para impulsar el gasto en obras; 2. Fortalecer los programas de crédito a través de la banca de desarrollo; 3. Apoyo al financiamiento al sector vivienda.

De acuerdo con el Senador Delgado Carrillo, el Programa carece de elementos para impulsar el crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes); aunado a que el sector se verá afectado con la medida fiscal de gravar con IVA a las importaciones temporales.

Continúa su exposición el Senador Delgado, señalando que las exportaciones se encuentran concentradas en grandes empresas; mientras que las Mipymes enfrentan enormes retos para colocar sus productos en mercados internacionales. Por ejemplo, el 70 por ciento de las Mipymes –cerca de 24,000 empresas–, apenas realizan el 0.4 por ciento de las exportaciones no petroleras en el país.

Para garantizar la solidez financiera de las Mipymes y que las ventas al extranjero se conviertan en un factor del crecimiento económico, el Senador señala que es fundamental el Instituto Nacional del Emprendedor ponga en marcha un programa emergente de apoyos económicos que permita a las empresas impulsar y fortalecer sus exportaciones.

El Programa tendría las siguientes responsabilidades:

• Realizar diagnósticos empresariales, planes de desarrollo y asesoramiento técnico para cumplir con las normas y requisitos internacionales;

• Obtención de certificaciones, asistencia legal relacionada con los trámites de apertura de empresas en el extranjero;

• Brindar asesoría y trámites para contar con certidumbre jurídica y migratoria en el extranjero;

• Efectuar estudios de mercado para desarrollar estrategias comerciales para posicionar los productos de las Mipymes en el extranjero, entre otras.

El Senador Delgado Carrillo sugiere un instrumento que podría fortalecer las exportaciones de las Mipymes es que la Secretaría de Economía -en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores- abra sucursales con vocación de ventas en el extranjero, a efecto de promover los productos de las Mipymes en otros países, diversificar la cartera de clientes y evitar a los intermediarios para maximizar las utilidades.

Por las anteriores consideraciones, se propone el siguiente Punto de Acuerdo:

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía a implementar, a través del Instituto Nacional del Emprendedor, un programa emergente de apoyos económicos para la internacionalización de las empresas mexicanas, que les permita, a través de la apertura de una sucursal en el extranjero, acceder a clientes potenciales de manera directa.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de Nacional Financiera (NAFIN) y del Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT), a que desarrollen instrumentos de financiamiento para que las Pymes mexicanas accedan a crédito, a tasas competitivas, que les permita financiar parcialmente los costos relacionados con la apertura de una sucursal en el extranjero.

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISION DICTAMINADORA

Los integrantes de la Comisión de Fomento Económico expresan su plena conciencia sobre la importancia de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, (Mipymes) en la generación de empleos, y de su potencial para impulsar un desarrollo económico armónico en todo el país.Un aspecto sustancial para ello, es el diseño de los instrumentos administrativos y financieros que permitan ampliar la colocación de los productos mexicanos en el extranjero.

El Gobierno de la República realiza acciones para fortalecer a las Mipymes. En el caso del INADEM, como parte de la estrategia para apoyar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, por conducto del Fondo Nacional Emprendedor se han realizado convocatorias para apoyar directamente a las empresas que quieren acceder a los mercados internacionales. Por ejemplo, las convocatorias 4.3 y 4.4 tienen como propósito integrar a PYMES mexicanas a Consorcios de Exportación o algún otro tipo de asociacionismo empresarial con fines de exportación y/o la consolidación de los ya conformados; asimismo, dichas convocatorias contemplan el proporcionar diversos apoyos para desarrollar la oferta exportable. Este ha sido el camino más exitoso que han usado los países que hoy en día tienen una alta presencia en los mercados internacionales.

En forma coordinada con ProMéxico1, a través de la Unidad de Promoción de Exportaciones, se apoya a las empresas -incluyendo al sector Mipymes para realizar diagnósticos empresariales, planes de desarrollo, asesoramiento técnico para cumplir con normas y requisitos internacionales, asistencia legal relacionada con trámites de apertura de empresas en el extranjero, estudios de mercado para desarrollas estrategias comerciales, entre otros aspectos indispensables para lograr productos competitivos exportables.

ProMéxico cuenta con una red de 45 oficinas de representación en el extranjero, en tanto que el INADEM opera en el interior del país, aprovechando la estructura de la Delegaciones Federales de la Secretaria de Economía; lo que genera sinergias operaciones, más eficaces y eficientes.

Por su parte, Nacional Financiera (NAFIN) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEX) disponen de programas de financiamiento para apoyar la producción exportables, que no excluye la posibilidad de financiar instalaciones en el exterior, cuando se demuestra que es la mejor alternativa para que las Mypymes accedan a esos mercados

Con base en estos argumentos, los integrantes de la Comisión de Fomento Económico, con fundamento en los artículo 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran la proposición con Punto de Acuerdo de la Senador Mario Delgado es de desecharse, por lo que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

ACUERDO

UNICO.- Se desecha la proposición con Punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Economía a implementar, a través del Instituto Nacional del Emprendedor, un programa emergente de apoyos económicos para la internacionalizaciónde las empresas mexicanas, que les permita, a través de la apertura de una sucursal en el extranjero, acceder a clientes potenciales de manera directa; así como a los titulares de Nacional Financiera y del Banco de Comercio Exterior, a que desarrollen instrumentosde financiamiento para que las Pymes mexicanas acedan a crédito, a tasas competitivas, que les permita financiar parcialmente los costos relacionados con la apertura de una sucursal en el extranjero.

Dado en el Senado de la República, a 8 de abril de 2014”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el dictamen con punto de Acuerdo. No habiendo oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

En otro apartado del Orden del Día, se le concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, para presentar, a nombre propio y de la Senadora Marcela Guerra Castillo, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso de los Estados Unidos emitir ordenamientos con el fin de que los estados que componen su federación acaten el fallo de la Corte Internacional de Justicia, sobre el caso Avena.

1 Organismo del Gobierno Federal encargado de coordinar las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional; apoyando el proceso exportador de empresas establecidas en nuestro país y coordinando acciones encaminadas a la atracción de inversión extranjera. Fue creada bajo la figura de Fideicomiso medianteDecreto Presidencialen junio de 2007.





 

PROPUESTA

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su venia, señor Presidente.

También quiero agradecer la adhesión de las Senadoras Luz María Beristain, Layda Sansores, Mariana Gómez del Campo y el Senador Gerardo Flores, a este punto de Acuerdo que estamos presentando en conjunto la Senadora Marcela Guerra y su servidor.

También quiero agradecer la presencia de Mario Flores, que nos acompaña en esta tarde. Un mexicano que ha logrado sobreponerse a la adversidad.

Mario Flores fue sentenciado a muerte en Illinois, Estados Unidos. Allí tuvo el acierto de estudiar derecho y defender su caso. Hoy es evidencia de la falibilidad del sistema penal estadounidense. Es uno de los defensores más aguerridos de los mexicanos, que esperan su fecha de ejecución en el pabellón de la muerte y todo aquel connacional que tenga que enfrentarse a las leyes de los Estados Unidos.

Gracias Mario por honrarnos con tu presencia. Y le pido a todos mis compañeros un gran aplauso para ti.

(Aplausos)

Y de continuar bajo esta lógica, el día de mañana será ejecutado el mexicano Ramiro Hernández Llanas, pues la Junta de Perdon de Texas, decidió por mayoría en no posponer la ejecución ni otorgar un castigo menor a la pena de muerte, en el caso de nuestro connacional.

México siempre ha sido un país solidario y propositivo en materia de derechos humanos. Nuestra Constitución fue la primera en otorgar garantías individuales a todo aquel que se encontrara en nuestro territorio, hoy llamados derechos humanos, gracias a la reforma que aprobaron nuestros legisladores en el año 2011.

Esta reforma merece la congruencia que nuestro país ha buscado para establecer entre los instrumentos internacionales, de los que es parte, y defiende los derechos inherentes a la persona, sobre todo cuando esta se encuentra expuesta a las instituciones, autoridades y poderes que conforman el Estado.

Hemos sido respetuosos siempre de la vida, por ello, quien aplica las normas debe ser muy respetuoso del debido proceso legal, sobre todo, cuando la sentencia puede conducir a la muerte.

Hoy apelamos esa lógica que protege a la persona. El principio “in dubio pro reo”, que quiere decir: “ante la duda a favor del reo”, debe seguirse en todo proceso penal, cuando se trata de una sentencia condenatoria, no debe existir lugar a la duda, y mucho menos cuando la sentencia sea la pena capital.

Con este antecedente, México acudió a la Corte Internacional de Justicia en 2003, pues 52 mexicanos fueron detenidos, juzgados y sentenciados a la pena de muerte, sin que ellos hubieran conocido su derecho a recibir asistencia consular en su proceso penal. Derecho que les otorga la Convención de Viena sobre relaciones consulares, en el artículo 36.

Las autoridades consulares de nuestro país tuvieron conocimiento de estos casos. No por las autoridades de los Estados Unidos, sino por las solicitudes de familiares e incluso de manera fortuita, lo cual es una obligación clara al derecho internacional, y esta situación pudo ser un factor determinante en esto juicios, pues nuestros connacionales fueron procesados sin una defensa adecuada, bajo la legislación distinta y sin traductor alguno que los auxiliara.

La violación al debido proceso legal es motivo suficiente para que estos casos sean abiertos y revisados por las autoridades correspondientes. Sin embargo, por tratarse de un asunto internacional, la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo en 2004, hace casi 10 años, en el que aceptaba la solicitud de México para revisar estos casos.

A esta resolución se le conoce como “Fallo Avena”, dicho fallo, que también mencionamos hace algunos meses con el caso del ciudadano Edgar Tamayo, que desafortunadamente fue ejecutado.

No obstante, Estados Unidos ha ejecutado a tres mexicanos amparados bajo el Fallo Avena, y 49 más esperan la fecha de su ejecución.

México ha recurrido a las instituciones internacionales en esta materia. Y cuenta con el apoyo de organismos internacionales y de varios países que hoy reclaman el respeto al derecho internacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha promovido innumerables recursos para hacer valer el derecho de estos mexicanos, en el Congreso de la Unión, y ha sido insistente en el tema: respeto a los derechos de nuestros connacionales.

El Ejecutivo nacional en días pasados presentó una carta al Consejo de Seguridad, con relación a este tema. Sin duda, ello nos habla del esfuerzo que para todos ha significado este proceso.

Es complicado, pues Estados Unidos tiene un voto en dicho Consejo, como bien sabemos. Sin embargo, apelamos a su sentido de justicia y a todos los acuerdos, que con referencia al respeto a los derechos humanos, se han adherido libremente como país.

Hay que dejarlo claro, que la solicitud de México no consiste en eximir de castigo a quien haya violado la ley norteamericana, sino que se lleven a cabo procesos penales apegados al debido proceso legal.

México ha tomado un papel proactivo en la promoción y respeto a los derechos humanos. Se ha convertido en uno de los países solidarios que mayor actividad cuenta para el intercambio diplomático y que fue pionero en el reconocimiento de las garantías individuales, hoy llamado derechos humanos, en nuestra Carta Magna.

Es por ello que tenemos que hacer un llamado enérgico, para que el Congreso de los Estados Unidos intensifique sus acciones, a fin de garantizar que sus instituciones y los gobiernos de sus estados respeten los derechos que otorgan los tratados internacionales, a los que su país libremente ha decidido suscribirse.

La falta de asistencia consular, es considerada como una violación flagrante al debido proceso.

Que quede claro, en México no buscamos, de nueva cuenta, probar la inocencia o culpabilidad de un connacional, sino estamos luchando por hacer valer los derechos que tiene una persona, particularmente mexicana, al ser juzgada en otro país, mismos que Estados Unidos ha violado sistemáticamente, y no solo eso, sino que han contravenido la resolución que dictó la Corte Interamericana de Justicia, con la ejecución de tres mexicanos amparados en este fallo. El último, como bien lo comenté, y lo comentamos hace algunos meses, el caso de Edgar Tamayo.

Hoy quiero hacer un llamado a todos los que somos parte de esa Soberanía, para exigir el cumplimiento del derecho internacional y para que nos pronunciemos a favor del respeto a la vida, a la protección de las personas y en particular de nuestros hermanos mexicanos en el extranjero.

Por lo anteriormente expuesto, compañeros, y en apoyo a los exhortos que ya han presentado en ese sentido y sobre todo porque es un tema que reclama justicia y que solicita el apego al debido proceso, someto a su consideración el siguiente punto de Acuerdo:

El Senado de la República, con el pleno respeto a la soberanía, al pueblo y gobierno de los Estados Unidos de América, reitera un exhorto respetuoso al Congreso de Estados Unidos, y especialmente a los representantes que forman parte del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, para que se apruebe cuanto antes el lenguaje legislativo que permita dar cumplimiento al fallo de la Corte Internacional de Justicia, sobre el caso Avena.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Lavalle Maury. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Guerra Castillo, para hablar sobre este punto de Acuerdo.

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros.

Bueno, como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, este punto que acaba de aprobarse para urgente resolución por parte del Senador Lavalle Maury, es de la más alta relevancia porque se trata de la vida de un connacional. Además porque llevamos tiempo también llevando todo esto del caso del análisis del Caso Avena con varios puntos de Acuerdo que han sido dictaminados exhortando al Congreso de los Estados Unidos para que se logre aprobar el lenguaje legislativo del que el propio Senador acaba de hablar.

Y pertinente que se haga posible que el fallo de 2004 de la Corte Internacional de Justicia se acate en las cortes estatales de la unión americana, especialmente en Texas, que es un estado que se ha caracterizado por ser un estado duro, porque recordemos que no todos los estados en nuestro país vecino contemplan la pena máxima de muerte.

Hay 18 estados que no la tienen, entre ellos Massachusetts, y hay que reconocerlo porque son estados de otra generación donde sí contemplan los derechos humanos a plenitud.

En el seno de la comisión que me honro en presidir, se ha creado un consenso para unificar una posición, porque estamos a favor de la vida y a favor de que se respete el debido proceso. Y como todos sabemos, actualmente no se ha revisado el caso de 37 mexicanos a quienes les fue violado su derecho a la asistencia consular.

En días pasados firmamos una carta al señor gobernador Rick Perry, para que tuviera la clemencia para el último mexicano que fue sentenciado a pena de muerte.

El 27 de marzo de 2014, hace apenas una semana, en reunión ordinaria de trabajo vino a dialogar con todos los miembros de la comisión el abogado Gregory Kuykendall, que es el director del Programa de Asistencia Legal para los Mexicanos Sentenciados a la Pena Capital en Estados Unidos, a quien en ese momento le exhortamos que agotara todos los instrumentos legales con los que se cuenta para evitar, en ese entonces, y ahora que el señor Hernández Llanas sea ejecutado.

Los integrantes de nuestra comisión enviamos estas dos cartas que les dije y no vamos a parar en seguir enviando las que sean necesarias.

A partir del fallo de la Corte Internacional de Justicia, en el estado de Texas se han llevado a cabo tres ejecuciones de mexicanos considerados en el Caso Avena, pero el cuarto puede tener lugar el 9 de abril, es decir, el día de mañana.

Por eso les pido que tengamos esa conciencia social, esa conciencia de vida que siempre nos ha caracterizado en este Senado, que defendamos a plenitud y sigamos haciéndolo, al derecho a la vida de nuestros hermanos connacionales que están trabajando o que están por muchas circunstancias en nuestro país vecino.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Guerra Castillo.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luz María Beristain Navarrete, para el mismo asunto.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros.

Para el Partido de la Revolución Democrática es un honor tener aquí entre nosotros al señor Mario Flores, es un precedente muy grande en la historia del respeto a los derechos humanos de nuestros migrantes que han sido sentenciados a muerte ahí en Estados Unidos, que él haya logrado con su esfuerzo conmover a todos estos jueces para que finalmente no se le aplicara la pena de muerte como ya iba a ser aplicada, y en 2004 él la libró.

Para nosotros es un honor tener a un mexicano que sí lo logró; y él nos mencionaba el día de hoy que se logró conmover porque no solamente tuvo el apoyo de los legisladores, el mismo Ejecutivo en ese entonces, el Presidente Fox, le hizo un llamado al entonces Presidente de los Estados Unidos para que no se llevara a cabo esa sentencia y posteriormente se demostró su inocencia.

Luego entonces el llamado que hoy hacemos desde el Senado de la República, es porque se ha demostrado, hay un precedente histórico en el tema de la justicia con nuestros migrantes que han sido condenados a muerte, porque no se está cumpliendo la sentencia del tribunal de los acuerdos de Viena, no se está cumpliendo.

Entonces, el Caso Avena debe de llamar la atención a todos los órdenes de gobierno, no solamente al Poder Legislativo, también el Poder Ejecutivo debe de influir, también hoy debe el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mead, y el mismo Presidente Enrique Peña Nieto, hacer un llamado a los Estados Unidos, a los jueces, a los gobernadores, al mismo presidente, para que revisen este tema. No podemos nada más facilitar el tema de los negocios internacionales con los Estados Unidos, hay que facilitar el tema de los derechos humanos con las personas que están siendo violentadas en sus derechos humanos.

Estamos por la defensa de la vida, no queremos que se siga aplicando la pena de muerte con nuestros connacionales, sean o no sean culpables. Queremos nosotros que se cumplan los acuerdos de la Convención de Viena y que así como se le ha dado a Estados Unidos todas las facilidades para que hoy puedan hacer una serie de transacciones con nosotros, que también los Estados Unidos aprendan a respetar y nos den todas las facilidades para el respeto a los derechos humanos de los mexicanos que están siendo juzgados y que han sido condenados ahí indebidamente.

Queremos el respeto a los derechos humanos de los mexicanos y que se cumpla la sentencia de la Convención de Viena.

Así es que, respaldamos el exhorto que mi compañero José Luis Lavalle está mandando, pero también exigimos de manera respetuosa al Ejecutivo Federal que haga valer en esos encuentros que tiene con el Presidente Obama este tipo de manifestaciones. Hay que apoyar a los nuestros.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Beristain Navarrete. Agotada la lista de oradores, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada la propuesta. Comuníquese.

Esta Presidencia saluda a estudiantes de la licenciatura en administración financiera de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, invitados por el Senador Miguel Romo Medina. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Guerra Castillo, para presentar, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Angélica de la Peña Gómez, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de paridad de género en candidaturas a puestos de elección popular.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE PARIDAD DE GENERO EN CANDIDATURAS A PUESTOS DE ELECCION POPULAR

(Presentada por la C. Senadora Marcela Guerra Castillo, a nombre propio y de las CC. Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Angélica de la Peña Gómez)

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, otra vez, colegas, ahora con el tema que compete al género, con este proyecto de Decreto que estamos presentando las Senadoras ya dichas por usted, señor Presidente; y es nuestra forma de contribuir con los cambios legislativos que deben de integrarse a la legislación en materia electoral y a la que regulará la organización y funcionamiento de los partidos políticos.

Como todos saben, y derivado de la reforma de diversos artículos constitucionales en la materia político-electoral, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de este año, y específicamente la aplicada al artículo 41 constitucional, donde se prevé como uno de los objetivos y fines de los partidos, el de posibilitar el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que estos postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, además de que deberán establecer las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales.

Derivado de estos principios rectores nace nuestra inquietud de que en los preceptos normativos de la legislación secundaria en materia electoral y de organización de partidos, se incluyen las normas sobre la implementación de esta paridad de género en estas candidaturas para ocupar puestos en el Congreso Federal y en los Congresos estatales.

La motivación de este proyecto de Decreto se deriva de los cambios sociales en los que ha ido participando activamente la mujer, sobre todo ante la necesidad de luchar por conseguir una efectiva igualdad jurídica, política y social.

Si bien se han dado cambios y se han obtenido logros en cuanto al reconocimiento de la importancia y la participación nuestra, de las mujeres en la vida política, es importante seguir avanzando en la misma.

Si bien es cierto que desde el año 1923, en que se aprobó el derecho de las mujeres a participar en los procesos electorales, ese mismo fue también limitado ya que únicamente podrían gozar de este derecho aquellas mujeres que supieran leer y escribir. Transcurrieron más de dos décadas, hasta que en 1947 se le otorgó a la mujer mexicana derechos políticos, y en 1952 fue electa la primear diputada.

26 años después de estos acontecimientos, en el año 2000, durante la celebración de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, 140 países aprobaron y firmaron la Declaración del Milenio, entre ellos México. En este documento se incluyen diversos objetivos en varios rubros, pero sobre todo, en materia de derechos humanos.

Otro hecho que marcó el precedente fue la sentencia 12624, emitida en el 2011 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial, como ustedes bien lo recuerdan, en la que se estableció la obligación para todos los partidos políticos de cumplir con las cuotas de género sin excepción, así como la de integrar fórmulas con suplentes del mismo sexo.

En un periodo de 30 años, sólo cinco han sido las mujeres que han ocupado puestos de gobernadoras en entidades federativas como Colima, Tlaxcala, Yucatán, en dos ocasiones, y en Zacatecas y una más que encabezó el Gobierno del Distrito Federal. Como se puede apreciar, la participación femenina todavía es reducida, por lo que resulta importante elevar su presencia y participación política en todas las actividades institucionales.

Dicha participación se puede aumentar con el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres en su comunidad, en organizaciones sociales, en los partidos, en las calles, en las plazas, en la Administración Pública tanto federal como local y en los poderes del Estado. Como lo he dicho, este aumento servirá para elevar su influencia en la vida política.

Por eso esta iniciativa que estamos presentando nace del artículo 41 constitucional, pero además en donde en el COFIPE se establece un porcentaje para que los partidos políticos cuando reciben las prerrogativas públicas deben de destinar el 2 por ciento de las mismas para la capacitación política de las mujeres. En tanto que ha sido aprobada ya la paridad para las candidaturas a diputaciones y a las senadurías, y también a las diputaciones locales para las mujeres y los hombres, es necesario que los partidos aumenten ese porcentaje del 2 al 6 por ciento, que destinen con transparencia y con rendición de cuentas ese recurso público, ese recurso de la nación para la capacitación política de las mujeres, toda vez que las mujeres habremos de ocupar más cargos, como ya se estableció en la reciente reforma constitucional.

Por eso se propone reformar el artículo 219 para establecer, y que quede plasmado esto que acabo de mencionar.

Sin más preámbulos, muchas gracias, señor Presidente, y espero que cuando esto, que va a ir directo a las comisiones correspondientes, sea apoyado por los hombres y por las mujeres de todos los partidos.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Las suscritas Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE PARIDAD DE GENERO EN CANDIDATURAS A PUESTOS DE ELECCION POPULAR, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Derivado de los cambios sociales que generó la Revolución Mexicana que fueron gestándose durante el siglo XX, el papel de la mujer fue teniendo cada vez más importancia y muchas mujeres defendieron a capa y espada sus derechos hasta llegar a los que hoy en día tenemos, partiendo del derecho a participar en los comicios y al rol tan importante que ha desempeña la mujer en la política de México. 

Vale la pena recordar que la primera participación de la mujer mexicana en la vida política de nuestro país se remonta al año de 1916 en Mérida, Yucatán, donde se llevó a cabo el Primer Congreso Feminista con 617 asistentes, en su mayoría mujeres de clase media, maestras, empleadas de oficina y amas de casa.

Más tarde, en el año de 1923, en San Luís Potosí se aprobó el derecho de las Mujeres a participar en los procesos electorales limitándolo aquellas que supieran leer y escribir y tiempo después en 1936, se produjo otro avance en materia de equidad de derechos políticos en el Estado de Puebla.

Once años más tarde, en 1947 se le otorgaron a la mujer derechos políticos, con el reconocimiento a votar y ser votadas, aunque esto fue de manera limitada, toda vez que dicho derecho podía ser ejercido solo en el ámbito municipal, mientras que en 1953, se amplió para todo el territorio nacional, el derecho a votar y ser votadas para ocupar cargos de elección popular.

En 1952 fue electa la primera diputada y en el año de 1964 fueron electas las primeras Senadoras y con la reforma del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tuvo lugar en el año de 1974, las mujeres mexicanas adquirieron la igualdad jurídica tema que fue abordado en la Primera Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas celebrada en nuestro país en el año de 1975.

Veinticinco años después de estos acontecimientos, en el año 2000, durante la celebración de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas,  140 países aprobaron y firmaron la declaración del Milenio, entre ellos México, dentro de este documento se incluyeron diversos objetivos en varios rubros, pero sobre todo en materia de derechos humanos a efecto de que pudieran ser alcanzador para el año 2015.

Podemos destacar el tercer objetivo de los muchos que se comprenden en el Desarrollo del Milenio (ODM) que consiste en promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

Derivado de los cambios políticos generados por la pérdida de la hegemonía en el poder de un solo partido, el 2 de agosto de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que sienta las bases jurídicas para la coordinación, colaboración y concertación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la igualdad sustantiva, eliminado todas las formas de discriminación basadas en las diferencias sexuales.

Cinco años más tarde, en el año 2011, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió mediante la sentencia 12624, la obligación para todos los partidos políticos de cumplir con las cuotas de género sin excepción, así como integrar formulas con suplencias del mismo sexo, con lo cual se evitaba que las mujeres fueran sustituidas por varones en los puestos de elección y representación popular. Los partidos políticos quedaron obligados a registrar sin excusas 40 por ciento de candidatas a la Cámara baja y el Senado, para las elecciones federales de 2012.

Si bien en México, estos cambios en la participación de la mujer en la política se dieron lentos, tienen un gran significado y trascendencia, ya que las mujeres representan poco más de la mitad de la población, pero con todo y eso, su participación en los tres poderes del Estado, se mantiene por debajo de la participación de los hombres, alcanzando solo un 10% en los puestos más altos del Gobierno Federal, como Secretarias y Subsecretarias de Estado y cerca del 20% en el Poder Judicial.1

A lo largo de 30 años, cinco han sido las mujeres que han ocupado puestos de gobernadoras de entidades federativas como Colima, Tlaxcala, Yucatán (en dos ocasiones) y en Zacatecas y una más que encabezó el gobierno del Distrito Federal, la participación femenina es reducida por lo que resulta importante elevar su presencia y participación política en todas las actividades institucionales.

Dicha participación se puede aumentar con el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres en su comunidad, en organizaciones sociales, en los partidos políticos, en la administración pública tanto federal como local y en los poderes del Estado por lo que dicho aumento servirá para aumentar su influencia en la vida política; de igual forma, estimulará y propiciará la solidaridad, la concertación y la búsqueda de consensos entre mujeres; promoverá el liderazgo en la vida pública y garantizará el acceso a las posiciones políticas a través de las cuotas de género que serán el medio ideal para la inclusión de la mujer en el ámbito político.

Como antecedente de la exigencia de aumentar la participación de la mujer en cuestiones políticas, sin duda fue la aprobación del artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) en 1993, que obligaba a los partidos a promover una mayor participación de las mujeres en la vida política del país y sin duda esta reforma impacto de manera directa la conformación de la LVI Legislatura, en el que el porcentaje de mujeres pasó de un 8.4 al 13.8% y de un 4.6 al 13.3%, en la cámara baja y en el senado, respectivamente.

Mientras que en el año de 1996, se aprobó la adición a la fracción XXII, transitoria del artículo 5° del COPIFE que establece la obligación para los partidos políticos nacionales, de considerar en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excederían del el 70% para un mismo género, lo que sin duda posibilitaría la mayor participación política de las mujeres.

Otra reforma al COFIPE que fue publicada en el año 2002, avanzó en un sentido más específico y garantizó materialmente la distribución de candidaturas de manera efectiva entre las categorías de género al imponer mandato de posición en las cinco circunscripciones plurinominales, las cuales afectan a un total de 200 escaños del total de 500 que componen la cámara de diputados y ordenándolos en segmentos de tres candidaturas en el orden de la lista plurinominal, pero los restantes 300 escaños uninominales quedan afuera de la aplicación de la ley de cuota, debido a la imposibilidad de la aplicación de las leyes de cuotas en sistemas uninominales. 2

En esta reforma, las cuotas de género cambiaron de manera importante al establecer por primera vez una cuota máxima de 70% para “candidatos propietarios de un mismo género” (artículo 175-A).

Las cuotas han sido consideradas como una de las acciones afirmativas más eficaces para aumentar la participación política de las mujeres, actualmente hay 77 países que tienen cuotas constitucionales, electorales o de partidos políticos para las mujeres y los partidos políticos juegan un papel fundamental en la formación de las candidaturas a los órganos de representación y en las cuotas para el acceso a puestos de representación política para promover una mayor afiliación de mujeres a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.

De acuerdo al comentario de expertos, hay países que han adoptado un sistema de sanciones o estímulos a los partidos políticos y en sus leyes de financiación, o bien por la vía directa a través de las subvenciones que obtiene del Estado por escaños obtenidos.3

En América Latina el porcentaje de mujeres en el poder legislativo se ha incrementado de manera notable, en paralelo a las políticas de discriminación positiva, como las leyes de cupos o las cuotas y el primer país que lo hizo fue Argentina, en 1991, con la Ley de Cupos, que les aseguró un mínimo del 30%; después Brasil, que lo instituyó en 1997, con el 25%; República Dominicana, también en 1997; con 25%; Ecuador, 20%; Paraguay, 20%; Perú, 25%; Bolivia, 30%; Panamá, 30%; Venezuela, 30%; Costa Rica, 40%.

En cuanto a la asignación de recursos, los presupuestos de género han sido un método para determinar el grado al cual los gastos gubernamentales se han alejado de la meta de la igualdad de género o se han aproximado a ésta y hay que tomar en cuenta que un presupuesto de género, no implica crear un presupuesto separado para las mujeres, sino una herramienta que analiza las asignaciones presupuestarias, el gasto público y los impuestos desde una óptica de género y, por lo tanto, puede ser utilizada para abogar por la reasignación de presupuestos con el fin de dar una mejor respuesta a las prioridades de las mujeres.

En el caso de México, derivado de preceptos constitucionales que han integrado estos cambios en materia electoral y que se regulan con mayor detalle en preceptos como el219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (2008), se prevé que los partidos políticos cumplan con las cuotas mínimas de género en el registro de candidaturas de las cámaras que integran el Poder Legislativo de la Unión.

En estas últimas modificaciones, en el artículo 219 se establece la proporción del 40 % de candidaturas propietarias de un mismo género y la excepción de este acuerdo en las candidaturas de mayoría relativa.

De igual manera el citado código electoral, prevé que los partidos políticos habrán de destinar al menos 2% del financiamiento público ordinario que reciben a través del Instituto Federal Electoral para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, porcentaje que se pretende ampliar hasta un 6% en la presente iniciativa.

Como particularidad para ejercer el gasto del 2%, los partidos políticos deben elaborar proyectos relacionados con aspectos como el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, igualdad sustantiva, acciones afirmativas, adelanto de las mujeres, empoderamiento de las mujeres perspectiva de género.4

Los presupuestos de género han sido instrumentos para incrementar los gastos del gobierno en aquellos servicios sociales que benefician principalmente a mujeres, niñas y niños, así como para orientar prioridades gubernamentales hacia rubros de protección a la salud y nutrición, educación y diversos servicios familiares y comunitarios.

En algunos países, los presupuestos de género exponen áreas donde las políticas gubernamentales han sido débiles, por ejemplo, en sectores productivos tales como la agricultura y la industria. Finalmente, los presupuestos de género también rastrean las áreas donde se ha ejecutado la mayor parte del gasto público, a menudo dejando al descubierto corrupción y servicios sociales subfinanciados. En general, estos presupuestos aportan una significativa contribución para potenciar las estrategias de transversalización del género.5

Con tales antecedentes, es necesario remarcar que las mujeres tendrán mayores posibilidades de ingresar en los órganos directivos del partido político, si éste tiene una orientación normativa y operacional hacia la paridad de género, de igual forma, otro elemento que influye en la presencia de mujeres en las listas electorales, se trata de la presencia de cursos de capacitación sobre liderazgo y a la actividad política desde el espacio político partidario.6

Por ello, es necesario que aparte de incrementar el acceso de las mujeres a puestos de toma de decisiones en el gobierno, se potencien continuamente las capacidades de las mujeres en la implementación de mecanismos e instrumentos internacionales relacionados con los derechos de las mujeres a los niveles nacional y local.

En el plano internacional, se deberán de maximizar los instrumentos vigentes con previsiones de la Plataforma de Acción de Beijing y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); de igual forma, se deben explorar estrategias para implementarlos, como la promoción y defensa públicas, la reforma de políticas, medidas especiales y acciones afirmativas, sistemas de rendición de cuentas y evaluaciones, además de otros medios.

Y una vez que más mujeres hayan llegado a puestos claves del gobierno, deberán continuar esforzándose por compartir estrategias y recursos de información, además de formar redes y fortalecer vínculos con otras mujeres en el gobierno, con grupos no gubernamentales de mujeres y con especialistas.

En la medida en que las mujeres ocupen un número mayor de lugares en las ramas de los poderes ejecutivo y legislativo, tendrán más oportunidad de influir en los debates y en la agenda política del país y con esto se podrá alcanzar un mayor grado de madurez política para resolver los problemas que afectan a nuestro país.

La presente iniciativa resulta congruente con la Reforma del artículo 41 Constitucional que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014, como parte de la Reforma en materia Política-Electoral, en la que se prevé dentro de los fines de los partidos políticos, el posibilitar el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que estos postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, debiendo establecer las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO:PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 78, 218 y 219 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 78

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes:

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I. … a IV. …

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el seis por cierto del financiamiento público ordinario.

b)…

I. … a III. …

c)…

I. …a III. …

2. …

3. …

4. …

5. …

Artículo 218

1....

2. Las candidaturas a diputaciones a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las senadurías por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación.

3. ...

4. ...

Artículo 219

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputaciones como de senadurías que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Nacional Electoral, deberán integrarse con el cincuenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando en todo momento la paridad.

2. Derogado.

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 8 de abril de 2014.

Suscriben

Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen.Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz.- Sen.Graciela Ortiz González.- Sen.Angélica de la Peña Gómez”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Guerra Castillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar, con el aval del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

1 José Enrique Ortiz Rosas, Director de Capacitación del Programa DIM.

2 Diego Reynoso, Natalia D’Angelo. Leyes de Cuotas y Elección de Mujeres en México

3 Sistematización Foro: Ley de cuotas, ley de igualdad y violencia política, UN-INSTRAW, 2007

4 http://genero.ife.org.mx/guiadosporciento

5Coleen Lowe Morna, Gender Budgeting: Myths and Realities, 2000.

6 Shvedova, Mujer, partidos políticos y reforma electoral, Instituto Internacional para la democracia y asistencia electoral, 2002, página 69.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

(Presentada por la C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con aval de grupo)

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente, con su permiso. Señoras y señores legisladores:

En Acción Nacional consideramos que dada la etapa política por la que está atravesando nuestro país, es necesario seguir pugnando desde el ámbito legislativo por el respeto cabal a los derechos político-electorales de los ciudadanos, por hacer que se respete un sistema de partidos políticos donde prevalezca la equidad y transparencia en sus derechos, así como por garantizar que los órganos electorales sean árbitros neutrales en las contiendas electorales, todo ello con miras a proteger los valores fundamentales que debe ostentar todo sistema democrático.

En este sentido, consideramos que los procesos electorales constituyen instrumentos indispensables para poder dar validez a los principios básicos de la organización del poder público; y por ello una de las mayores aspiraciones y demandas sociales es que los procesos electorales sean transparentes y confiables, que se garantice en todo momento la equidad y la contienda en los procesos electorales.

Por ello, se estima que debe lograrse salvaguardar el valor jurídico-electoral constitucionalmente tutelado de mayor trascendencia, que es el derecho al voto universal, libre, secreto y directo, por ser el acto mediante el cual se expresa la voluntad ciudadana para elegir a sus representantes, y consecuentemente resulta fundamental la protección del principio de equidad e igualdad que debe regir en toda contienda electoral.

Factor éste, que en caso de vulnerarse, no solamente constituiría un acto atentatorio contra la equidad e igualdad político-electoral de los candidatos y de los partidos, sino que, lo que es más grave, se afectaría el interés de cada uno de los ciudadanos que pueden votar en los comicios respectivos llegándose a vulnerar los valores propios de la democracia representativa que debe asegurar, entre otras cosas, que todos los candidatos y aspirantes a cargos públicos cuenten con igualdad de circunstancias y equidad en el proceso.

En el grupo parlamentario del PAN concebimos que todo régimen democrático debe respetar, promover y garantizar, mediante procedimientos electorales imparciales y objetivos, el derecho del ciudadano para intervenir en el proceso de integración del gobierno al que vive sujeto y del cual forma parte.

En tal contexto, consideramos que es fundamental, a la luz de la reciente reforma político-electoral, perfeccionar nuestro marco jurídico en materia de justicia penal electoral, con el objetivo de garantizar de manera más eficaz que las elecciones se apeguen a los principios de legalidad, equidad, certeza, objetividad, profesionalismo y transparencia, estableciendo para tal efecto nuevas conductas típicas antijurídicas, culpables y punibles en materia electoral que disuadan, o en su caso, castiguen las conductas que perturban los bienes jurídicos tutelados bajo esos principios.

En este sentido, con la seria intención de contribuir a la búsqueda de medidas eficaces que incidan en la solución de dicha situación, se plantea ante esta Soberanía, a nombre del grupo parlamentario del PAN, la presente iniciativa que tiene por objeto establecer un marco jurídico general en materia de delitos electorales.

En síntesis, el contenido de la propuesta que se presenta tiene las siguientes características relevantes: Se crea un proyecto claro y preciso en el régimen de competencias; se prevé la concurrencia de los fueros local y federal para la aplicación de la ley; se establece un glosario de definiciones de los principales elementos normativos de los tipos penales electorales que describe de manera concreta y detallada el contenido y alcance de los mismos; se sistematizan las conductas penales en relación con la calidad del sujeto activo partiendo de lo general a lo particular; se establecen sanciones proporcionales respecto de las conductas y bienes jurídicos tutelados conforme al principio de proporcionalidad que establece el artículo 22 de nuestra Constitución.

Quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, somos conscientes de que una de las razones por las que se funda nuestro partido, es la oposición contundente y decidida a las prácticas fraudulentas en materia electoral, posición que se ha mantenido firme durante casi 75 años de vida institucional.

Fieles a esta tradición y sabedores de que no sólo es necesario conforme a la reforma constitucional en la materia, sino que es urgente debido al clamor ciudadano ante la falta de normas idóneas en la materia que permitan castigar casos como Soriana, Monex, y el excesivo uso de recursos públicos en las elecciones como las de Veracruz, recientemente ocurridas.

Por ello es que se propone la presente iniciativa de Ley General de Delitos Electorales, la cual tiene como propósito mejorar las redacciones existentes en los tipos penales, incluir nuevos sujetos activos, así como conductas tipificadas como delitos.

Se realiza la propuesta, por ejemplo, de tipificar con una pena mayor la conducta del uso indebido de programas sociales por parte de servidores públicos a cargo de su operación, señalando de forma clara lo que debe entenderse por uso indebido de programas sociales. Y de igual manera se incluyen aquellas conductas que impliquen el uso de fondos públicos, quedando claro que no se tolerará de ninguna manera el uso de los programas que tendrían un fin social con motivos electorales.

Finalmente, con la presente iniciativa pretendemos establecer las bases legales idóneas para la sanción de todas aquellas conductas que atentan contra la voluntad popular y el debido desarrollo de los procesos electorales.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ortega Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL APARTADO C AL ARTICULO 102 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Asamblea.

La incontenible ola de ataques contra personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y medios de comunicación, hace evidente la debilidad institucional del mecanismo establecido para su protección.

La insuficiencia crónica del mecanismo para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, ha entrado en una etapa crítica, ya que no existe una persona que lo dirija, ante la renuncia, hace unas semanas, del coordinador.

Mientras el mecanismo permanece acéfalo, las agresiones proliferan, el Director de la Organización de Periodistas “Artículo 19” sufrió la violación de su domicilio; y el Director del Periódico “Noroeste”, de Sinaloa, el ingeniero Adrián López Ortiz, fue asaltado y herido.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos elaboró un informe producto de sus investigaciones y recopilación de datos en torno a la agresión de periodistas.

Este Ombudsman reporta 85 homicidios de periodistas de 2000 a 2013, como Veracruz, donde fue secuestrado y asesinado Gregorio Jiménez de la Cruz, como el estado, repito, Veracruz, en el que más asesinatos se llevan a cabo con un total de 12.

En el mismo periodo se tienen registradas 20 desapariciones de comunicadores y 40 ataques a medios de comunicación.

En cuanto a personas defensoras de derechos humanos, la Organización No Gubernamental “Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos”, reportó 188 agresiones, solamente durante el 2011.

Este informe registra un aumento de ataques a activistas en el año ya referido frente a los años precedentes, pues documenta 120 casos en 2008, 153 en 2009 y 50 en 2010.

Esta propuesta coincide con las preocupaciones que han externado distintos organismos nacionales e internacionales sobre la situación de inseguridad por la que atraviesan las personas defensoras de los derechos humanos y, por supuesto, los periodistas.

Todos los organismos coinciden en que México atraviesa por una crisis de seguridad para los activistas y los comunicadores.

Por sólo mencionar algunos, comparten dicha visión los siguientes: El Segundo Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de las Américas, dice: La información de Amnistía Internacional para el Examen Periódico Universal, el EPU, de la ONU también lo dice, el informe anual 2011, la Perseverancia del Testimonio del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos lo incluye.

El informe especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, el derecho a defender de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El comentario en español a la Declaración de Defensoras y Defensores elaborado por Margaret Sequilla, que es el actor especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de estos derechos.

Y desde luego, también la visión del mosaico de organizaciones de derechos humanos y de periodistas en nuestro país.

La parálisis del esquema en vigor que ha dejado sin protección por el rezago que registra a decenas de activistas y periodistas es causa sobrada de justificación para elevar al mecanismo al rango de órgano constitucional autónomo.

Repito. Este mecanismo que funciona como un órgano ejecutivo, si pudiéramos decir que funciona, sea elevado al rango de órgano constitucional autónomo.

Nuestra ley fundamental no prevé reglas para crear este tipo de personas de derecho público; creo que el fundamento lo encontramos en el mandato de la decisión política fundamental contenida en el artículo 39, que reza: “...La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene todo el tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno...”.

El precepto anterior permite levantar una nueva ingeniería constitucional superando la teoría tradicional de la división de poderes, la doctrina ha formulado criterios para sustentar la creación de los órganos constitucionales autónomos.

Desde el 10 de junio de 2011, por decisión expresa del poder revisor de la constitución los derechos humanos, son la piedra angular del Estado mexicano, nuestro país colocó en el centro de su proyecto a las libertades civiles y a los derechos sociales.

Pero resulta que los derechos humanos dependen para su vigencia real, efectiva, sociológica de la actividad de sus impulsores, del dinamismo de las organizaciones y del oficio de los periodistas.

Así se logró la reforma constitucional que consagró los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y las nuevas obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales.

La viabilidad de México como un Estado democrático de derecho pasa por la garantía para los activistas y los periodistas de que podrán llevar a cabo su labor de creación de una cultura de derechos humanos y de debate de las ideas en base al derecho a la información derivado de la libertad de expresión en un ambiente de seguridad.

La gobernabilidad democrática resulta amenazada ante el efecto inhibidor que busca factores de poder empecinados en detener y revertir los avances democráticos.

Los ataques no provienen únicamente de la delincuencia, también, en no pocas ocasiones, vienen de los servidores públicos, por eso la necesidad de su autonomía.

En el ámbito de la libertad de expresión, la falta de protección se traduce en un efecto silenciador que deja a la sociedad sin el derecho a la información necesaria para conocer los problemas nacionales en una democracia deliberante.

Comparto la opinión de John Ackerman, expresada en su obra “Autónomos y Democracia”, donde expone lo siguiente, abro la cita: “Una de las manifestaciones más destacadas del avance de la reforma del Estado, ha sido la proliferación de organismos autónomos pro-rendición de cuentas. Estos organismos son instituciones públicas en las cuales se delega la operación de los elementos medulares del orden democrático liberal”. Cierro cita.

Para proteger nuestra democracia y la viabilidad del Estado mexicano, propongo la existencia de un órgano constitucional autónomo, austero, especializado en la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, encabezado por una junta de gobierno de cinco integrantes nombrados por esta Cámara en colaboración con el Ejecutivo Federal, que formula la propuesta con un presidente elegido de la misma forma, y un órgano de consulta formado por representantes de las organizaciones defensoras, todos ellos obviamente con perfil, con experiencia en la lucha por los derechos humanos y la libertad de expresión.

Finalmente, quiero decir que los ataques encuentran el mayor de los incentivos precisamente en la impunidad, de ahí la urgente necesidad de que el mecanismo, con plena autonomía, se coloque en aptitud de identificar con certeza el origen de estas amenazas y, por supuesto, de estos ataques.

No se trata simplemente de proveer de servicios de escolta sin saber en qué momento ni de dónde provendrá la explosión de violencia en contra del comunicador, sin saber si la medida de protección dictada cuenta con los recursos necesarios y suficientes para repeler el ataque y dejar indemne al periodista o al activista.

Ese nivel de seguridad que debemos de garantizar a los beneficiarios del mecanismo sólo se logra dándole la facultad de realizar labores de inteligencia, ingeniería de protección. Si por medio de dichas actividades realizadas con las restricciones de ley se logra identificar a los probables responsables, entonces en la iniciativa se propone el deber del órgano de entregar sus actuaciones de investigación para la prevención de los ataques al ciudadano Procurador General de la República.

Amigas y amigos, si garantizamos la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de todos aquellos que luchan por los derechos humanos y por la libertad de expresión, vamos a hacer de México una verdadera democracia.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“El suscrito MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL APARTADO “C” AL ARTICULO 102 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Introducción

La debilidad institucional que desde su creación ha mostrado el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se ha agudizado en los últimos meses en tanto se incrementan los ataques a dichas personas, tanto en cantidad como en intensidad de las agresiones, pone de manifiesto que es evidente la necesidad de transferir dicha función a un ente que a partir de su nivel orgánico constitucional garantice un entorno adecuado y propicio para aquellos que deciden impulsar de manera comprometida y cotidiana los derechos fundamentales y la libertad de expresión en nuestro país. La presente iniciativa tiene el propósito de aportar elementos para crear dicho órgano constitucional autónomo en el orden jurídico nacional.

La Nueva Arquitectura Constitucional.

La idea de la Constitución surge históricamente como la gran limitante del Poder. También en el orden práctico la propuesta, debate y expedición de las primeras Constituciones encuentran su motivación en el anhelo del pueblo por superar un esquema donde la concepción y el ejercicio del poder tenían un carácter patrimonialista. Antes que normas para estructurar al poder, la Constitución surgió como garantía de la preservación de los derechos de la comunidad política y de cada uno de sus integrantes. Bajo la idea originaria, la llamada parte orgánica de la Constitución es consecuencia de la dogmática en el sentido de que a aquella se le considera la mejor forma de sujetar al poder sin invasiones ilegítimas a la esfera de derechos fundamentales de los ciudadanos.

Aunque en el mundo de la Hispanidad se contaba con una rica elaboración jurídica entre la que destacan el reconocimiento a la auto-determinación de los municipios ibéricos y a los fueros como el Fuero Juzgo de Castilla y el de Aragón, lo cierto es que en el mismo año de 1521 que se consumó la Conquista del Imperio Azteca por igual se apagaron las libertades municipales y personales en la España recién unificada. En la batalla de Villalar los comuneros sucumbieron al absolutismo de la Corona. Hasta 1808, la invasión de Napoleón a la península provocó el resurgimiento de la idea de introducir equilibrios en el poder. Con el mártir Francisco Primo de Verdad y Ramos sucumben pero ahora en la Nueva España, los sueños de una dimensión democrática por la vía de una mayor capacidad de decisión de los municipios. Finalmente, con influencia de la Constitución de Cádiz y de las ideas de la Ilustración y su concreción en la Constitución de los Estados Unidos de América, se adopta en México la división de poderes en los albores de la independencia.

En el transcurso de casi doscientos años de vida independiente, las y los mexicanos nos dimos cuenta de que la simple división de poderes resultaba insuficiente para hacer de la democracia un modo de vida. En la etapa de los primeros cien años como pueblo soberano, la Nación mexicana se percató de la necesidad de romper los moldes constitucionales clásicos y pasar a introducir en el articulado de la Ley Fundamental de 1917 los llamados derechos sociales. En la segunda etapa, hasta llegar al 11 de junio de 2011 en que se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional, se garantizan los derechos fundamentales, tanto libertades civiles como derechos sociales, transformando la idea de no invasión de la esfera jurídica de los individuos a un régimen de nuevas obligaciones de carácter pro-activo: respetar, promover, proteger y, como ya se mencionó, garantizar los derechos. Así pasamos del concepto jurídico de Garantías Individuales al de Derechos Humanos. El carácter pro-activo a partir de la especialización es uno de los factores que legitima a los órganos constitucionales autónomos como el que aquí proponemos.

A la par que,bajo el impulso de activistas y en ejercicio de la libertad de expresión, los derechos humanos se fueron abriendo paso cada vez con mayor fuerza en la última década del Siglo pasado, la arquitectura constitucional se modificó de nueva cuenta. Rompiendo los cánones tradicionales comenzaron a surgir lo que se conoce como órganos constitucionales autónomos. Ante la evidencia de sustraer del ámbito de los Tres Poderes ciertas funciones que sólo habrían de ser viables –como la experiencia lo confirmó- atribuyendo facultades a un ente nuevo que resultaba así especializado, nacieron en principio el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En “Elementos de Derecho Constitucional”, Miguel Carbonell explica que “Los órganos constitucionales autónomos surgen sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, aunque fueron ya teorizados por Georg Jellinek y Santi Romano desde finales del Siglo XIX. La existencia de dichos órganos supone un enriquecimiento de las teorías clásicas de la división de poderes que postulaban que dentro de un Estado solamente habían tres funciones: la legislativa, la ejecutiva y la judicial.

En la actualidad se entiende que dentro de un Estado pueden haber funciones distintas de las anteriores o tareas que deban ser llevadas a cabo por órganos diferentes a los tradicionales. La realidad estatal contemporánea, que en los últimos tiempos se ha vuelto muy compleja y problemática, ha hecho surgir la necesidad de ir perfeccionado las formas de actuación de los órganos públicos y la distribución de funciones entre ellos. En este contexto es que empiezan a crearse los órganos constitucionales autónomos.“ (p. 103)

Nuestra Carta Magna carece de reglas específicas para la creación de los órganos constitucionales autónomos. No obstante, es posible encontrar reglas habilitantes en las normas básicas de la Ley Fundamental y como orientación en el análisis llevado a cabo recientemente por la doctrina. Recurriendo a la terminología de Carl Schmitt, la Decisión Política Fundamental primigenia quedó consagrada en el artículo 39 que establece lo siguiente:

Artículo 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

En cuanto a personas defensoras de derechos humanos, la Organización No Gubernamental Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (Acuddeh) reportó 188 agresiones solamente durante el año de 2011. El informe registra un aumento de ataques a activistas en el 2011 frente a los años precedentes, pues documenta 120 casos en 2008, 153 en 2009, y 50 en 2010.

Es así que el suscrito considera que desde el 2011 al pasar los derechos humanos y con ellos la libertad de expresión a formar el núcleo de nuestra Constitución Política existen sobradas razones para contar con un Mecanismo que como ente constitucional proteja a personas defensoras de derechos humanos y periodistas por igual, justificación que se amplifica en vista del entorno de violencia extrema en contraste con la parálisis que ha mostrado el Mecanismo actual, lo cual nos lleva a la propuesta de elevar al rango de órgano constitucional autónomo al Mecanismo como una forma de arreglo del poder que viene a ser complementario de los ya constituidos haciendo compatible al órgano propuesto con la división de poderes.

Elementos doctrinarios para crear un órgano constitucional autónomo.

Ileana Moreno Ramírez se ha ocupado del tema en su libro “Los órganos constitucionales autónomos en el ordenamiento mexicano”, editada por Porrúa en el 2005. Las principales referencias las tomamos de dicha obra. Dicha autora manifiesta a contra-portada que “El derecho constitucional contemporáneo ha dejado de sostener la división horizontal y tripartita de poderes del Estado de modo de aceptar, en cambio, la conveniencia de formas adicionales en que se divida el poder.”

En la corriente del constitucionalismo moderno no se da más la división de poderes mineralizada o rígida. La división clásica de poderes resulta ahora limitada. La autora en la página XIII cita a Manuel García Pelayo, quien expresa lo siguiente:

“Pero, además, dentro de la organización interna del Estado se producen fenómenos de diversificación y de dispersión efectiva del Poder.”

En dicho esquema cabe la vigencia de entidades o personas públicas que no dependen orgánicamente de ninguno de los tres Poderes y que por ser componentes fundamentales de la estructura constitucional adquieren una expectativa mayor de permanencia ya que no se les puede extinguir más que con la intervención del Poder Constituyente.

La autora explica que ha quedado superada la teoría original de Montesquieu según la cual los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben estar completamente desvinculados entre sí (p. 14) para dar paso, por lo menos en el régimen mexicano a una relación entre los poderes, y éstos deben controlarse recíprocamente (p. 17) De ahí que refiriéndose a los órganos constitucionales autónomos, considera lo siguiente: “Lo que vale la pena resaltar es que estos entes no rompen la armonía de la división de poderes, no violan los principios democráticos o constitucionales. Así la forma más sencilla y congruente de abordar la existencia de los órganos autónomos a nivel constitucional es como entes a los que la Constitución atribuye un determinado conjunto de competencias.” (p. 20)

La autora considera que el órgano constitucional autónomo ha de tener a su cargo funciones no sólo especializadas sino que además “de las cuales dependa la gobernabilidad del Estado mexicano” (p- XVI) Este aspecto resulta toral para la propuesta contenida en esta iniciativa ya que la viabilidad de nuestra democracia se encuentra seriamente amenazada por los ataques reiterados y crecientes tanto a quienes defienden los derechos humanos como a los periodistas.

Otro elemento que justifica la creación de un órgano constitucional autónomo es “la importancia de su existencia para el Estado” (p. 9), lo cual la autora relaciona con lo dispuesto por el artículo 40 constitucional en el sentido de que “…puede considerarse fundamental aquel órgano sin el cual el republicanismo, la representatividad, la democracia y el federalismo se verían seriamente amenazados, mermados” (p. 11)

Además de su configuración inmediata en la Constitución, Ileana Mercado concluye en su investigación que los órganos constitucionales autónomos deben erigirse como componentes fundamentales de la estructura constitucional; tener participación en la dirección política del Estado y justificar su autonomía a través de su estatuto orgánico, el régimen de sus funcionarios, autonomía presupuestaria y el sistema de responsabilidades.

Sobre la necesidad del Mecanismo como órgano constitucional autónomo.

A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 y su entrada en vigor al día siguiente, podemos afirmar que el Estado mexicano dio un giro de 360 grados. Al colocar a los derechos humanos como el núcleo primigenio de toda la construcción constitucional se adquirió un nuevo compromiso por un tipo nuevo de democracia. Dejamos atrás la democracia representativa para pasar a la democracia participativa. Abandonamos el esquema de la democracia formal centrada únicamente en la renovación de los cargos públicos mediante elecciones libres y auténticas y entramos a la estructura de una democracia real con vigencia sociológica de los derechos fundamentales tanto de las libertades civiles como de los derechos económicos, sociales y culturales. El impulso de los activistas en pro de los derechos humanos y de los periodistas antes, durante y después de la reforma constitucional en la materia ha sido, es y será decisivo. Así como en buena medida la reforma se concretó a raíz de años de promoverla las organizaciones de derechos humanos en un entorno cada vez de mayor apertura en los medios de comunicación, de la misma manera la consolidación de una cultura plena de derechos humanos encuentra un factor importante en el dinamismo de los defensores de derechos humanos y su difusión y opinión al respecto de los periodistas y medios de comunicación.

En otras palabras, el fortalecimiento del Estado democrático de derecho no es una condición que se logre por decreto. Depende del ejercicio cotidiano por parte de la sociedad civil de las libertades y la exigencia de la satisfacción de los derechos como la protección de la salud, a la educación, la vivienda, al agua, entre otros. Con la promulgación de la reforma constitucional en el 2011 se han sentado las bases para construir el México democrático e igualitario al que por siglos ha aspirado nuestro pueblo. Sin embargo, nos encontramos que el libre activismo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión se ven seriamente afectadas por la violencia extrema que se ha producido en el país y que la experiencia indica que no se abatirá en el corto plazo. En consecuencia, proteger a las y los defensores de derechos humanos y a las y los periodistas se convierte en el contexto actual en una condición esencial para mantener la gobernabilidad democrática en nuestro país.

Para aportar un panorama de que en el entorno de violencia las personas de defensoras de derechos humanos y las y los periodistas se convierten en víctimas estratégicas, el suscrito se permite transcribir los datos que obran en la iniciativa diversa que presentó el 25 de marzo del año en curso:

“Al instalar el senador Jesús Casillas Romero y el suscrito la Comisión Especial el 7 de febrero del 2013 denunciamos el elevado número de agresiones contra comunicadores. Y mencionamos que “.. Entre 1983 y 1999 33 informadores fueron asesinados; entre 2000 y 2006, 66, de 2007 a 2012, 127 y sólo el año pasado hubo 10 comunicadores muertos, dos desaparecidos y 27 violentados; además, se contabilizaron 11 agresiones a medios de difusión y México ocupó el tercer lugar mundial en asesinatos de periodistas sólo después de Siria y Somalia.”

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos elaboró un informe producto de sus investigaciones y recopilación de datos en torno a las agresiones a periodistas. El Ombudsman reporta 85 homicidios a periodistas de 2000 a 2013 con Veracruz, donde fue secuestrado y asesinado Gregorio Jiménez de La Cruz, como el Estado en el que más asesinatos se llevan a cabo con un total de 12. En el mismo período se tienen registradas 20 desapariciones de comunicadores y 40 ataques a medios de comunicación. De las 145 averiguaciones previas penales iniciadas en el país por agresiones a periodistas, la CNDH reporta un nivel de impunidad del 89% donde no se cuenta con dato alguno sobre los autores de los ilícitos. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México considera que el 98% de las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas quedan impunes. Las Naciones Unidas destacan en su análisis que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión ha obtenido una sola sentencia condenatoria por delitos cometidos en agravio de periodistas.

En el 2014 los ataques no cesan. El pasado 27 de enero fue encontrado sin vida el columnista Miguel Angel Guzmán Garduño del diario local Vórtice, en Chilpancingo, Guerrero. Asimismo, el 5 de febrero fue sustraído de su domicilio el reportero Gregorio Jiménez de la Cruz, de los periódicos Notisur y Liberal del Sur, posteriormente encontrado muerto junto con otros cuerpos en una fosa clandestina. Benjamín Galván Gómez, propietario de los periódicos Primera Hora y Ultima Hora fue decapitado en Nuevo Laredo, Tamps. El 7 de marzo de este año, la Sociedad Interamericana de Prensa por los ataques a la actividad periodística en Argentina, Venezuela y México denunció que en este último país destaca el diario el Noroeste que ha sufrido múltiples amenazas en varias ciudades del Estado de Sinaloa donde circula.”

Como se puede observar, la democracia incipiente terminará por endurecerse si persiste la tendencia de ataques a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Los ataques buscan -y lo logran- producir un efecto de inhibición para que los activistas abandonan la defensa e impulso de los derechos humanos, y entre los periodistas la violencia logra un efecto silenciador al terminar por imponer la auto-censura dejando al pueblo de México sin acceso al derecho a la información en torno a los problemas que en verdad tienen qué ver con su destino.

La transición a la democracia terminará en un callejón cuya única salida serán las tentaciones totalitarias si no garantizamos que la deliberación cotidiana en torno a los problemas nacionales se desenvuelva en un ambiente de tolerancia, libertad y seguridad. Las agresiones a defensores y periodistas no afectan únicamente a las personas de carne y hueso dedicadas a esos nobles fines, también vulneran de manera inmediata y directa a nuestra democracia que ha optado por centrarse en la realización de los derechos humanos y en el amplio respeto a las libertades civiles, la de expresión destacando como supuesto de posibilidad de las demás.

En este orden de ideas, resulta evidente la importancia de brindar protección a quienes, por decisión propia, asumen y tienen un papel activo y preponderante en la construcción del Estado Democrático de Derecho a que aspira la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En un país como el nuestro con más de la mitad de sus habitantes en pobreza y casi la totalidad de la otra mitad haciendo esfuerzos desesperados por no caer en dicha situación, los activistas y los periodistas son un referente obligado para el desarrollo político.

En consecuencia, se propone elevar el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a rango de órgano constitucional autónomo ya que dicha función reviste la mayor importancia no sólo para mantener el tránsito hacia la democracia plena sino a fin de conservar los avances incipientes de nuestra organización política y social. La parálisis del esquema en vigor que ha dejado sin protección por el rezago que registra a decenas de activistas y periodistas es causa sobrada de justificación para su existencia. La experiencia ha mostrado que la simple protección aportando escoltas, utensilios de seguridad y vehículos blindados resulta insuficiente pues se requiere tener conocimiento de dónde proviene la amenaza, lo cual sólo se puede lograr mediante actividades de inteligencia. Por ello, el suscrito propone que para estar en aptitud de llevar a cabo su función, se dote al mecanismo de la facultad de desplegar las acciones de inteligencia que permite la ley circunscritas a las agresiones de los beneficiarios en riesgo y desde luego bajo el control parlamentario. Las organizaciones de derechos humanos, de periodistas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos coinciden en que una de las principales causas de la proliferación de los ataques radica en la impunidad que cobija a los responsables. De ahí que se establece el deber a cargo del Mecanismo de entregar a la oficina del titular del Ministerio Público Federal el resultado de sus actividades de inteligencia para llevar ante los tribunales a los responsables de los ataques. La intención es no sólo poder hacer investigación para prevenir las agresiones sino también abatir la impunidad.

Recientemente se han aprobado ordenamientos y tomado diversas medidas en el ámbito de la protección a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas pero derivado de la práctica cotidiana se pueden adoptar muchas más hasta llegar a un cuerpo de normas, disposiciones y acciones que garanticen su seguridad al cien por ciento. Por esa razón, y en un esquema de paridad del órgano constitucional con los Poderes Constituidos, se propone en la iniciativa que el Mecanismo cuente con la facultad de solicitar medidas de todo tipo en coordinación los dichos poderes.

La autonomía queda asegurada al establecer un órgano de gobierno propio sin adscripción a algún Poder externo, con capacidad de elaborar y ejercer por sí su presupuesto, determinar su organización interna y disfrutar de personalidad y patrimonio propios. La Junta de Gobierno propuesta contará con cinco integrantes de manera que pueda tomar decisiones con la agilidad que la urgencia en la protección de las personas requiere. Se reconoce una demanda de las organizaciones sociales en este ámbito que han repetidamente han manifestado la necesidad de que quienes tengan a su cargo el Mecanismo tengan experiencia en la defensa de los derechos humanos o el ejercicio del periodismo así como en las medidas de protección a las personas. No se trata de que al proteger a periodistas y luchadores por los derechos humanos se cometan nuevas violaciones.

En un esquema de colaboración entre Poderes, se plantea que el nombramiento lo haga el Senado a propuesta del titular del Poder Ejecutivo Federal. La designación deberá formularse por medio de una votación calificada de las dos terceras partes de las y los legisladores presentes en la Cámara o en la Permanente según el momento en que se registre.

Se considera que la duración en el cargo para el Presidente debe ser de cuatro años, con posibilidad de una elección continua a fin de que no coincida con el período del Ejecutivo Federal y enriquezca de esa manera su visión sobre el entorno de las y los activistas y de las y los periodistas. Para los miembros de la Junta de Gobierno se estima adecuado un período de cinco años con renovación escalonada a fin de dar continuidad a la labor directiva del Mecanismo. Todos ellos serán sujetos de responsabilidad administrativa en función del incumplimiento de sus obligaciones como servidores públicos. Sobre este tópico, John M. Ackerman en su obra “Autónomos y Democracia” expone lo siguiente:

“Una de las manifestaciones más destacadas del avance de la reforma del Estado ha sido la proliferación de organismos autónomos pro-rendición de cuentas. Estos organismos son instituciones púbicas en las cuales se delega la operación de elementos medulares del orden democrático liberal.” (p. 17 y 18)

Adelante, en las páginas 32 y 33, el mismo autor sostiene lo siguiente:

“México se destaca como uno de los países ubicados a la vanguardia en la tendencia mundial contemporánea hacia la reestructuración de división de poderes mediante la creación de organismos autónomos. Durante las últimas dos décadas, el gobierno mexicano fundó el Instituto Federal Electoral (IFE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y otorgó autonomía tanto al Banco de México (BM) como al Instituto Nacional de Estadística, geografía e Informática (INEGI). Históricamente el sistema político mexicano ha sido reconocido internacionalmente por su forma de gobierno altamente institucionalizada. Por fortuna, en lugar de seguir destacando por la institucionalización del autoritarismo y el corporativismo, México hoy se distingue por la institucionalización de la rendición de cuentas democrática.”

Finalmente, en el ámbito de la lucha por los derechos humanos y la libertad de expresión es necesario mantener, fomentar y consolidar la comunicación fluida con las organizaciones que impulsan dichos valores. De ahí que la iniciativa contempla un Consejo Consultivo integrado por personas provenientes de dichas organizaciones remitiendo para su integración, nombramiento y facultades a la ley secundaria. La decisión de incorporar a las organizaciones de derechos humanos y de periodistas en un órgano de consulta permite fortalecer una estructura de rendición de cuentas, característica de los órganos constitucionales autónomos.

Con la finalidad de preservar el Estado Democrático de Derecho, encomendando a un órgano constitucional autónomo la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas me permito poner a consideración de esa Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL APARTADO “C” AL ARTICULO 102 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

UNICO. Se adiciona el Apartado “C” al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 102. A...

B…

C. Las personas que defiendan los derechos humanos y las que se dediquen al ejercicio del periodismo que se encuentren en situación de riesgo serán protegidas contra agresiones por medio de un Mecanismo que estará a cargo de un órgano constitucional autónomo que tendrá dicha denominación, contará con autonomía presupuestaria y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios. El Mecanismo brindará protección integral y oportuna sin interferir con las labores ni derechos de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación. En coordinación con los demás Poderes, el Mecanismo podrá solicitar la implementación de medidas legislativas, administrativas o de carácter general en el ámbito judicial para preservar la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión como valores de la democracia.

El Mecanismo realizará labores de inteligencia permitidas por la ley con el único fin de identificar el origen de las agresiones y prevenir su consumación en contra de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación. Cuando las actividades de inteligencia permitan la identificación de alguna persona que realice las agresiones, el Mecanismo hará entrega de sus investigaciones al Procurador General de la República. Las actividades de inteligencia que lleve a cabo el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas quedarán sujetas al control parlamentario en términos de la Ley.

El Mecanismo contará con una Junta de Gobierno que estará integrada por cinco miembros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente, con la misma mayoría calificada, a propuesta del Presidente de la República.

El Presidente del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, quien lo será también de la Junta de Gobierno, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior.

El Presidente durará en su cargo cuatro años, podrá ser reelecto una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones de conformidad con el Título Cuarto de esta Constitución. Los miembros de la Junta de Gobierno durarán en su cargo cinco años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos.

La Junta de Gobierno contará con un órgano de consulta que es el Consejo Consultivo, cuyo número de integrantes, nombramientos y atribuciones se determinarán en la ley. Los integrantes de la Junta de Gobierno, el Presidente del Mecanismo y los consejeros deberán tener experiencia o conocimiento en la defensa o promoción de los derechos humanos o en el ejercicio del periodismo o conocimiento en evaluación de riesgos y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos o Periodistas, y no deberán desempeñar ningún cargo como servidores públicos.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En tanto se expide la Ley del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, continuará en vigor la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Tercero. El Congreso de la Unión cuenta con ciento ochenta días para expedir la Ley del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto. Al día siguiente de la entrada en vigor de la Ley del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Presidente de la República enviará su propuesta de nombramientos de Presidente y miembros de la Junta de Gobierno del Mecanismo a la Cámara de Senadores, o de encontrarse ésta en receso, a la Comisión Permanente, la cual elegirá a los funcionarios en un plazo no mayor de treinta días naturales.

Quinto. En la conformación de la primera Junta de Gobierno y por única vez, los dos miembros elegidos para integrar la Junta de Gobierno durarán en su cargo cuatro años, otros dos, tres años y el restante, dos años. La duración en el cargo de cada consejero se efectuará por sorteo.

Sexto. En tanto entre en vigor la Ley del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las solicitudes y las medidas de protección otorgadas se realizarán conforme a la ley de la materia en vigor.

Séptimo. Los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2014 para el mecanismo operado por la Secretaría de Gobernación pasarán al órgano constitucional autónomo establecido por efecto del presente Decreto.

México, Distrito Federal, en la sede del Senado de la República, a 8 de abril de 2014.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Blásquez Salinas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que esta Mesa Directiva suscribió un Acuerdo relativo a la visita del Presidente de la República Francesa.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 

MESA DIRECTIVA

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.

ACUERDO PARLAMENTARIO RELATIVO A LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA FRANCESA

“La Mesa Directiva, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56 del Reglamento del Senado, y

CONSIDERANDO.

Que es interés del Senado impulsar el acercamiento entre Estados y procurar condiciones que permitan conocer los posicionamientos que se asumen sobre los temas de interés común en los diferentes foros en que coinciden;

Que en la LXII Legislatura, el Senado en diversas ocasiones ha recibido invitados distinguidos, como el Dip. Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo, el Sr. Shimon Peres, Presidente de Israel, los Presidentes de Parlamentos de países miembros del Grupo de los 20, el Dip. René Nuñez Téllez, Presidente del foro de Presidentes y Presidentas de poderes legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe;

Que en el artículo 56 del Reglamento del Senado está prevista la organización de sesiones solemnes para recibir invitados distinguidos nacionales o extranjeros;

Que la celebración de una sesión solemne obliga a que se adopten formatos especiales que permitan dar cumplimiento al ceremonial y el protocolo;

Que con la finalidad de revitalizar las relaciones bilateral es entre los Gobiernos de Francia y México y la viabilidad de establecer un mecanismo permanente se ha previsto el próximo 10 de abril de 2014 recibir la vista de Presidente de Francia, François Hollande, en el Senado de República;

Que corresponde al Pleno de la Cámara de Senadores sancionar los acuerdos parlamentarios que presentan a su consideración los órganos de dirección, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- El jueves 10 de abril de 2014, a las 16:30 horas, el Senado de la República realizará sesión solemne para recibir en el Pleno la visita del Sr. François Gérard Georges Hollande, Presidente de la República Francesa.

SEGUNDO.- Durante su presencia en el salón de sesiones de este órgano legislativo, al Sr. François Hollande se le asignará un escaño en el presidium.

TERCERO.- El Presidente de la Mesa Directiva, en representación del Senado de la República, dirigirá un mensaje de bienvenida al Presidente de Francia y a su comitiva.

CUARTO.- En su visita, el Sr. François Hollande hará uso de la palabra, para dirigir un mensaje a la Asamblea.

QUINTO.- En esta sesión solemne únicamente tendrán lugar las intervenciones señaladas en el texto del presente Acuerdo.

SEXTO.- Se enviará invitación al Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de que acuda a la sesión solemne motivo de este acuerdo y se le asignará un escaño en el presidium.

SEPTIMO.- En reconocimiento a la alta investidura del visitante y de los invitados, la Presidencia de la Mesa Directiva designará las comisiones de ceremonial a que se refiere el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 8 de abril de 2014.

Mesa Directiva”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el Acuerdo antes señalado. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Berrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Recibimos en la Mesa Directiva una iniciativa que suscriben los Senadores de diversos grupos parlamentarios, que contiene proyecto de Decreto que adiciona diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de derechos políticos de los mexicanos en el exterior, que se turna a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE DERECHOS POLITICOS DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR

(Presentada por los CC. Senadores de diversos grupos parlamentarios)



Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos también en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, el cual está publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo tanto, queda de primera lectura.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



(Se inserta voto particular del C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez)



Hago de su conocimiento que la Mesa Directiva acordó que en las sesiones que restan de este periodo, dará prioridad a los asuntos que le remitan las comisiones para discusión y votación en el Pleno.

A partir de este día las proposiciones podrán inscribirse en la agenda y se publicarán en la Gaceta Parlamentaria para turnarse directamente a comisiones; no se permitirá que permanezcan en el Orden del Día por más de una sesión, solo se presentarán en tribuna aquellas proposiciones que cuenten con el consenso de los grupos parlamentarios.

Informo a ustedes que las demás proposiciones inscritas en el Orden del Día se turnarán directamente a comisiones.





 

PROPUESTAS

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como al titular de la demarcación territorial de Miguel Hidalgo en el Distrito Federal, a enviar un análisis detallado sobre el impacto que tendrá en la zona, la obra de rehabilitación de la avenida Presidente Masaryk, en Polanco. Se turna a la Comisión del Distrito Federal

PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA HACE UN ATENTO EXHORTO AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASI COMO AL TITULAR DE LA DEMARCACION TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO EN EL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE ENVIEN UN ANALISIS DETALLADO DE ACUERDO A SUS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES RESPECTIVAMENTE, SOBRE EL IMPACTO QUE TENDRA EN LA ZONA, LA OBRA DE REHABILITACION DE LA AVENIDA PRESIDENTE MASARYK EN LA COLONIA POLANCO.

“Los que suscriben Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA HACE UN ATENTO EXHORTO AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASI COMO AL TITULAR DE LA DEMARCACION TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO EN EL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE ENVIEN UN ANALISIS DETALLADO DE ACUERDO A SUS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES RESPECTIVAMENTE, SOBRE EL IMPACTO QUE TENDRA EN LA ZONA, LA OBRA DE REHABILITACION DE LA AVENIDA PRESIDENTE MASARYK EN POLANCO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La ciudad de México es sin duda uno de los centros urbanos con amplias posibilidades de competir a nivel mundial por distintas razones: más de sesenta museos en tan sólo mil 495 kilómetros cuadrados; posee una gran riqueza pluricultural en sus casi nueve millones de habitantes, de los cuales el 82 por ciento profesa la religión católica; pero es al mismo tiempo, es asiento de  casi la tercera parte de los ministros de culto de toda la nación: 24 mil 521 repartidos en 654 asociaciones religiosas registradas, de acuerdo a datos de la Secretaría de Gobernación; cuenta con 122 mil personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena y la posibilidad de realizar distintas actividades recreativas y culturales a lo largo de sus dieciséis demarcaciones territoriales.

Una de las zonas con mayor oferta de actividades no sólo culturales sino financieras, educativas, deportivas y de actividades propias del turismo como los centros comerciales es la demarcación territorial de Miguel Hidalgo.

El espacio territorial de la Delegación está dividido en 81 colonias, la más grande es Bosques de las Lomas con 3.2 kilómetros cuadrados y la más pequeña, Popo Ampliación con .33 kilómetros cuadrados; además tiene la mayor extensión de áreas verdes, tan sólo el Bosque de Chapultepec cuenta con 7.2 kilómetros cuadrados, así como grandes construcciones modernas y una vasta actividad comercial y de servicios.

La demarcación territorial de Miguel Hidalgo, recientemente ha sido objeto de diversas acciones benéficas a la ciudadanía, algunas destacables como la rehabilitación de espacios públicos para uso de la comunidad, habilitándolos con luminarias, con servicios de limpieza y reverdecimiento de sus áreas naturales y fomentando el respeto a los peatones y a los usuarios de bicicletas, en un esquema de fortalecimiento de la movilidad en zonas conflictivas como Polanco, por citar alguna.

No obstante, también ha persistido en la idea de “regenerar” la calle de Masaryk que alberga importantes centros que ofrecen servicios y productos en distintas modalidades, pero principalmente, conocidos en la mercadotecnia como “Premium”, tal vez de aquí la idea del titular de la demarcación territorial en cuestión de considerar a Masaryk de la siguiente forma “… el centro y el corazón de Polanco y queremos que sea accesible, caminable, visitable, turística, que se compare con la Quinta Avenida”. Lo cual es muy loable pero se requiere más que hacer banquetas amplias con árboles nuevos, una de las principales situaciones a resolver en la zona es el servicio de estacionamientos.

De acuerdo a datos de la propia delegación, por cada residente de Polanco, existen 2.3 empleados que laboran en la zona; esto provoca que casi el 90 por ciento de los viajes a este lugar sean de visitantes.

Se estima que entre las seis de la tarde y las ocho de la noche se generan 87 mil  viajes de personas que salen de su trabajo, a lo cual debe sumarse el déficit de cajones de estacionamiento que se refleja en coches en segunda fila, entorpeciendo el tráfico.

Otros datos adicionales del plan de movilidad, señalan 210 mil viajes1 diarios en la zona, de los cuales el 87 por ciento son de visitantes y el 13 por ciento de residentes. La mitad de la gente llega a Polanco en automóvil, sólo un 5 por ciento usa taxi, 8 por ciento viaja en metro y el 31 por ciento viaja en los servicios de transporte colectivo.

Aproximadamente en Polanco hay 61estacionamientos privados, los cuales se usan en promedio casi dos horas y previo a la instalación de los parquímetros se tenía reportado el 116 por ciento de ocupación de estacionamiento en la vía pública durante horas pico.

Para atacar este problema que afecta la calidad de vida de los residentes y la movilidad de quienes transitan en la zona por diversas razones, se planeó la construcción de cinco estacionamientos subterráneos que en teoría deben resolver el problema de los camiones de pasajeros que se estacionan a lo largo de las avenidas Campos Elíseos, Rubén Darío y conexas, los cuales no sólo minan la visibilidad en la zona sino que generan otro tipo de externalidades a los vecinos de la zona como los derivados de ausencia de servicios sanitarios, de control de desperdicios generados por quienes visitan la zona y realizan “picnic” en las calles, entre otros, como la inseguridad.

Ahora bien, como si esto no fuera un conflicto de primer orden, el Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo, ha anunciado la obra para rehabilitar la avenida Presidente Masaryk, en Polanco. El proyecto integral de rehabilitación fue adjudicado de forma directa a la empresa Mecano Inmobiliaria Construcciones Lerma, con un presupuesto de 463 millones de pesos con el que se  construirá, entre otras cosas, un corredor compuesto de tres etapas: Arquímedes y Moliére, Arquímedes – Mariano Escobedo y Moliére –Periférico.

Masaryk es la zona comercial de lujo más importante de México y ocupa el lugar 51 de la lista de 622 calles más caras del mundo, al albergar las mejores marcas y por las altas rentas anuales de los locales.

En esta avenida, vista como eje del Fashion District de la ciudad, se ubican 138 establecimientos, la mayoría boutiques, hay 60 restaurantes, dos parques y tres centros de estudio.

Se cambiarán camellones, sustituirán la paleta vegetal, se hará un cambio de carpeta asfáltica, se instalará mobiliario urbano incluidas luminarias, cableado subterráneo, adecuaciones en banquetas para hacerlas más amplias, universales y accesibles, retirarán mobiliario inservible y los negocios unificarán las fachadas y terrazas.

Asimismo, en el parque Winston Churchill ubicado sobre Paseo de la Reforma frente al Auditorio Nacional, el espacio está siendo tapiado y se trabaja en el análisis de la paleta vegetal que integrarán. Tanto en esta zona como en Masaryk habrá retiro de vendedores ambulantes, o al menos eso dice, habrá que revisar si no representa un franco cambio de lealtades de los ambulantes.

Tan sólo ésta última tendrá un costo de 25 millones de pesos, de los cuales 15 serán aportados por la franja hotelera de Polanco, cada hotel contribuirá con 1.5 millones que irán al Fideicomiso del Bosque, el cual se encargará de la recaudación para este proyecto y el mantenimiento.

Este proyecto que implica esfuerzos de la iniciativa privada, del gobierno de la Ciudad de México así como del órgano político administrativo Miguel Hidalgo, suena ambicioso y de relumbrón, pues difícilmente quienes acuden con regularidad a la zona de Masaryk abandonarán sus autos para llegar caminando, dicho sea de paso, sólo algunos tienen posibilidad de contar con un conductor que se ocupe de estacionar el auto, el resto de los visitantes de la zona de Polanco, tendrán que atenerse a las reglas del Parquímetro o de los franeleros que laboran de manera nocturna y los fines de semana.

El jefe delegacional en Miguel Hidalgo se escuda en que será a través de un derecho de mejoramiento urbano, figura contemplada en el Código Fiscal, para que a través de un convenio con el dueño o arrendador y después de hecha la obra, en 15 años se paguen cuotas que serán fondeadas por una institución bancaria.

La importancia del proyecto no es el cuestionamiento sino la incapacidad para resolver un problema previo y severo como es el déficit de cajones de estacionamiento en Polanco, pues si bien otros datos mencionan que en la zona operan 93 de ellos que suman un total de 10 mil 418 espacios, otras cifras reportan la demanda por 29 mil 14 cajones, es decir, faltan 18 mil sitios para cumplir con la demanda.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado de urgente resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como al titular de la demarcación territorial Miguel Hidalgo en el Distrito Federal, para que envíen un análisis detallado de acuerdo a sus facultades y responsabilidades respectivamente, sobre el impacto que tendrá en la zona de Polanco, la obra de rehabilitación de la avenida Presidente Masaryk, mismo que deberá contener el análisis de costo-beneficio a la población residente y de tránsito.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como al titular de la demarcación territorial Miguel Hidalgo en el Distrito Federal para que envíen un informe detallado en el que expliquen las razones por las cuales el proyecto a desarrollar en la zona de Masaryk en Polanco, se otorgó mediante adjudicación directa, así como las razones por las cuales se decidió que el proyecto de regeneración urbana quede a cargo del arquitecto Bernardo Gómez-Pimienta.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como al titular de la demarcación territorial Miguel Hidalgo en el Distrito Federal para que detengan el proyecto de regeneración urbana en Masaryk-Polanco y se realice una consulta pública a los habitantes de la zona, para establecer un orden de prioridades y saber si debe hacerse primero la regeneración urbana en comento o la construcción de estacionamientos que aligeren el tráfico en Polanco y se presten servicios dignos a los visitantes de la zona que asisten en camiones de pasajeros y autos.

Dado en el salón de sesiones del Senado, a 8 de abril de 2014.

Suscribe

El Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional”.

1 http://sistemas.miguelhidalgo.gob.mx/files/Programa/284/Documento/Movilidad_Polanco_OK.pdf

2 http://www.cushmanwakefield.mx/es-mx/services/occupiers-and-tenants/





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a incentivar una política de manejo compartido de cuotas, para que sean los propios pescadores quienes cuiden los recursos marinos, inviertan esquemas de monitoreo y vigilancia y puedan generar un mayor valor agregado a sus productos. Se turna a la Comisión de Pesca y Acuacultura.







 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar de todos los acuerdos y proyectos que se han firmado con las agencias de seguridad de Estados Unidos, en el marco de la Iniciativa Mérida. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR DE TODOS LOS ACUERDOS Y PROYECTOS QUE SE HAN FIRMADO CON LAS AGENCIAS DE SEGURIDAD DE ESTADOS UNIDOS, EN EL MARCO DE LA INICIATIVA MERIDA

“La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, HAGA LLEGAR A ESTA SOBERANIA UN INFORME DETALLADO DE TODOS LOS ACUERDOS Y PROYECTOS QUE SE HAN FIRMADO CON LAS AGENCIAS DE SEGURIDAD DE ESTADOS UNIDOS EN EL MARCO DE LA INICIATIVA MERIDA al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la pasada reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, celebrada el pasado 12 de febrero, asistió a esta Soberanía el Embajador de los Estados Unidos de América, Anthony Wayne, como parte de los trabajos que en materia de Política Exterior tiene el Senado de la República.

En esta reunión, se abordaron diversos temas de la relación bilateral, siendo uno de ellos el relativo a la cooperación internacional en materia de seguridad, en especial la “Iniciativa Mérida”. Al respecto, el Embajador Wayne, en respuesta a un cuestionamiento relacionado con las declaraciones hechas por el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade y el Secretario de Estado norteamericano, John Kerry, sobre los planes de revitalizar la dañina Iniciativa Mérida, mencionó que se tenía prevista una reunión, al día siguiente del encuentro, con el Secretario de Gobernación para afinar y signar 20 proyectos de cooperación entre ambas naciones con el objetivo de combatir la inseguridad causada por el crimen organizado en el país.

Los acuerdos referidos ascienden a un monto de 100 millones de dólares, los cuales se suman a los mil 600 millones de dólares que, hasta 2013, el Congreso de los Estados Unidos ha destinado para la Iniciativa Mérida. Asimismo, el Embajador Wayne afirmó que se tiene prevista una partida de más de mil 900 millones más a la Iniciativa en comento.

En este tenor de ideas es menester hacer observaciones precisas acerca de las implicaciones que se tienen con el otorgamiento de más recursos a un proyecto que desde sus inicios sólo ha generado inseguridad, muerte y destrucción del tejido social. La Iniciativa Mérida ha impuesto un modelo militarizado para combatir al narcotráfico y la inseguridad, lo cual encaminó a nuestro país, nuestro Estado mexicano a ser un Estado policiaco. Lo anterior recuerda al Plan Colombia implementado, curiosamente por los Estados Unidos, para combatir la delincuencia en ese país a finales de los noventas.

Derivado de las concesiones otorgadas con motivo de la Iniciativa Mérida por la administración del gobierno anterior, firmada y aceptada de manera unilateral por Calderón sin la consulta del Senado, y la permisividad con la que la actual administración deja operar a las agencias de seguridad norteamericanas, el tema de seguridad se cambió por el de injerencia en los asuntos internos y en el espionaje violatorio del derecho internacional. Es así que las Agencias de Seguridad de Estados Unidos como la DEA, la ATF, la CIA y el FBI crecieron en presencia en funciones y operaciones y han estado capacitando e instruyendo a los cuerpos policiacos y militares nuestros sin que dicha estrategia haya rendido fruto positivo alguno.

En este contexto se gestaron los nefastos operativos “Rápido y Furioso” y “Receptor Abierto”. Por ellos, funcionarios de Estados Unidos entregaron miles de armas a cárteles mexicanos; asimismo, agentes estadounidenses encubiertos recibieron total libertad para operar al margen de toda ley y reunirse con narcotraficantes mexicanos sin que el Gobierno fuera notificado; se permitió el uso de “drones” para sobrevolar el espacio aéreo nacional y se creó el Centro de Fusión México para realizar actos de espionaje contra ciudadanos mexicanos. Cabe destacar que en el marco de estas operaciones ocurrieron los ataque en contra de los agentes de la CIA que supuestamente participaban en un programa de adiestramiento conjunto con la Marina, ocurrido en Tres Marías, Morelos y el ataque a funcionarios norteamericanos en San Luis Potosí. Todo esto realizado bajo la complicidad tácita del Gobierno Mexicano.

Al inicio de la administración priísta, se habló de modificar la estrategia de seguridad emprendida por el Gobierno anterior, pero lo único que se demuestra es la continuidad, ya que debido a la ineficiencia de las autoridades mexicanas, se maneja el discurso de que solamente con el apoyo de Estados Unidos se podrá poner fin al clima de inseguridad en el país.

Somos una nación libre y soberana, somos una nación con dignidad que establece relaciones de respeto y de iguales con el conjunto de las naciones del mundo. No podemos y no debemos actuar con sumisión, con el silencio cómplice, ante la gravedad de los hechos que ha generado la Iniciativa Mérida.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, haga llegar a esta Soberanía un informe detallado de todos los acuerdos y proyectos que se han firmado con las Agencias de Seguridad de Estados Unidos en el marco de la Iniciativa Mérida.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Secretario de Gobernación a asistir a una reunión de trabajo con Senadoras y Senadores con el fin de que explique el porqué de la firma de los proyectos, así como los alcances y objetivos de los mismos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 8 días de abril de 2014.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.





 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno para el combate a la venta y consumo de alcohol en niños y jóvenes. Se turna a la Comisión de Salud.







 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una estricta vigilancia en mercados y centrales de abasto de que la carne vacuna destinada al consumo humano esté libre del clembuterol. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD PARA QUE POR CONDUCTO DE SUS AREAS COMPETENTES, EN MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO REALICE UNA ESTRICTA VIGILANCIA DE QUE LA CARNE VACUNA DESTINADA AL CONSUMO HUMANO ESTE LIBRE DEL CLEMBUTEROL.

“La suscrita Senadora Martha Palafox Gutiérrez integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente propuesta de Punto de Acuerdo, sustentado en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El uso de sustancia denominada clembuterol como medicamento ha sido utilizado para personas que padecen de desordenes respiratorios, como el asma, para facilitarles la respiración, siendo este uso limitado.

El clembuterol tiene un polémico estado legal como medicamento en varios países, debido a estudios contradictorios respecto a sus efectos a largo plazo y a su posible relación con problemas cardíacos, por lo que esta sustancia ha sido prohibida  para uso humano y ha sido restringida su utilización en animales.

Debido a sus efectos anabolizantes en la industria ganadera, se utiliza para acelerar el desarrollo de la masa muscular y disminuir el tejido graso del ganado vacuno, lo que les permite lograra una mayor producción en menor tiempo, esto es debido al incremento en la demanda de productos cárnicos por los consumidores.

La intoxicación de las personas por este producto se asocia principalmente por el consumo del hígado de res y pueden producir como síntomas: palpitaciones, nerviosismo, temblores involuntarios en los dedos, dolor de cabeza, aumento de la hipertensión, insomnio, aumento de la opresión sanguínea y nauseas.

Representa un peligro para la salud pública la estimulación cardio vascular por la ingesta de productos cárnicos proveniente de animales tratados con clembuterol y en los que no se observó un retiro de rastro de cuatro semanas.

Por las razones antes expuestas, someto a consideración de esta H: Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.- Se solicita se exhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que por conducto de sus unidades administrativas competentes, efectúen una estricta vigilancia, en rastros centrales de abasto y mercados, de que los productos cárnicos vacunos destinados al consumo humano, estén exentos del clembuterol, cuenten con el sello de calidad que garantice que esa carne ha sido analizada y que cumple con la normatividad, en lo que a contaminación alimenticia se refiere.

Atentamente

Sen. Martha Palafox Gutiérrez”.





 

De los Senadores Layda Sansores San Román y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre los avances del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LOS AVANCES DEL ACUERDO DE ASOCIACION TRANSPACIFICO

Layda Sansores San Román y Alejandro Encinas Rodríguez, senadores de la lxii legislatura del senado de la república, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción ii; 76; 108 numeral 1 y 276 numeral 2 del reglamento del senado de la república, con el carácter de urgente resolución sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente: proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE A LA BREVEDAD, ENVIE UN INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL ACUERDO DE ASOCIACION TRANSPACIFICO A ESTA SOBERANIA EN EL QUE SE INCLUYAN TODOS LOS TEXTOS DE LA NEGOCIACION DE DICHO ACUERDO COMERCIAL, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El miércoles 23 de febrero, llegará a México el presidente de los estados unidos, barack obama, con el propósito explícito de hablar sobre los supuestos éxitos a los 20 años de vigencia del tlcan con sus pares de Canadá y México y hacer propaganda sobre el acuerdo de asociación transpacífico (o TPP por sus siglas en inglés) tan cuestionado incluso por los miembros del congreso estadounidense.

No resulta políticamente sano para ninguno de los tres mandatarios hablarle a la población de “éxitos” de papel ante mayorías de familias cada vez más pobres, más desempleadas, de economías estancadas, de salarios y prestaciones cada vez menores, de un campo sembrado de narco-negocios y transgénicos, o incluso de ciudades en quiebra financiera y territorios cada vez más contaminados por el “crecimiento de las exportaciones” y por el “éxito” de las ganancias de las empresas transnacionales.

Ya no convence la retórica del falso “libre comercio” y de supuestas negociaciones del tlc del siglo xxi, cuando se violan reglas elementales de transparencia y respeto a los congresos, pues actualmente ni siquiera se les permite conocer a los legisladores –y mucho menos a los gobernados- el texto secreto que se negocia con el apoyo e incidencia de cabilderos de empresas trasnacionales, situación internacionalmente criticada por más de 100 eminentes juristas de muchos países, objetando la carencia de transparencia y oposición a las cláusulas de inversionista-estado del TPP.

El encuentro entre los presidentes de Canadá, estados unidos y México en Toluca, pretende dar cobertura propagandística y luz verde a la reunión de finales de mes en Singapur de los ministros de comercio de los 12 países que negocian el TPP y que los estados unidos pretenden declarar como finalizada.  Situación por demás improbable, pues de los textos filtrados y de las crecientes declaraciones informales de delegados gubernamentales de países asiáticos y de chile, subsisten muchas contradicciones internas y una sigilosa oposición creciente de varios gobiernos a las demandas insostenibles de los cabilderos trasnacionales que con beneplácito impulsan gobiernos como el de Estados Unidos, Canadá y México.

Recién se dio a conocer una encuesta nacional de opinión ciudadana sobre la autorización al presidente de usar la vía rápida de negociación de Tratados comerciales, sin opción de revisión o enmienda por parte del Congreso de los Estados Unidos. Los resultados muestran que 62 por ciento de los estadounidenses se oponen a que pase el TPP mediante el mecanismo de fast track, mientras el 43 por ciento de los encuestados dijeron que se oponen fuertemente al TPP.

La encuesta  realizada por Hart Research Associates y Chesapeake Beach Consulting, y encargada por el Sindicato Communication Workers of America (CWA), la organización ambientalista Sierra Club, y la organización empresarial el Consejo de Comercio e Industria EE.UU. (U.S. Business and Industry Council -USBIC ) mostró la preocupación de la ciudadanía por el riesgo de que bajo el TPP empeoren la exportación de empleos, el debilitamiento de las normas laborales, de salud alimentaria y ambientales.

Además, la consulta toco el tema clave de la lucha electoral venidera arrojando los siguientes datos: Cincuenta y dos por ciento de los demócratas dijeron que apoyaban la renovación de la TPA para el presidente, mientras que el 35 por ciento se opone. Entre los independientes, 20 por ciento apoyó la renovación de la TPA, mientras que 66 por ciento se opone. Para los republicanos, el apoyo se redujo al 8 por ciento, mientras que la oposición se elevó a 87 por ciento. A estos últimos le bastan 6 nuevos escaños en el Senado para tener mayoría.

La dimensión de la oposición al TPP es creciente. El Presidente Obama ha recibido el explícito rechazo de legisladores de su partido; a la Carta Abierta de Oposición de 166 legisladores demócratas se ha sumado la contundente oposición del Senador Harry Reid, líder de la mayoría Demócrata, quien al día siguiente del Informe sobre “El Estado de la Nación” dijo que se opondría al TPP y "Todo el mundo haría bien - sólo con no empujar este momento".

Por su parte, en una reciente Declaración Trinacional surgida este fin de enero en la Ciudad de México y apoyada por acciones simultaneas de movilización en más de 70 ciudades de Quebec, Canadá, EUU y México, poderosas organizaciones sindicales, campesinas, ambientalistas, de derechos humanos, de mujeres, y otras señalaron enfáticamente:  20 años de TLCAN: Basta de libre comercio! No al TTP!.

“..hemos realizado un balance de los impactos causados en los derechos humanos, ambientales, laborales, sociales y culturales, declaramos que el TLCAN fue sobreestimado con el fin de venderlo a los pueblos. No se cumplieron las promesas hechas y al contrario, hemos visto el incremento de las desigualdades, el empobrecimiento de la gran mayoría de la población, la desaparición de nuestros empleos, la precarización laboral, la degradación del medio ambiente, el deterioro de la cohesión social y el incremento de la violencia.

Nos queda claro que la política económica y laboral impuesta a través de los acuerdos comerciales, induce una generalización de la explotación y comercialización de los bienes comunes y de los ecosistemas; y también una intensificación de la comodificación de los cuerpos de las mujeres. “ (Se anexa Declaración Trinacional).

Finalmente, además de los documentos filtrados por Wikileaks, donde se exhiben las contradicciones entre negociadores y el evidente fracaso de la intensión estadounidense de declarar la conclusión de las negociaciones del pasado mes de diciembre en Singapur,  hay declaraciones públicas del primer ministro y del Ministro de industria y comercio, lo mismo que del Parlamento de Malasia, de que para ellos no hay fecha final de negociación, que no cederán derechos soberanos, y de ser el caso no les interesa un TPP que no sea conforme a sus intereses. 

En medida que se dan a conocer evaluaciones económicas y geopolíticas independientes sobre los impactos y costos que entrañaría un TPP al gusto de las trasnacionales encabezadas por los EEUU, se revela que los estudios oficiales previos sobre este tipo tratados han exagerado las ganancias y ocultado los costos de toda índole y algunos países, entre ellos México, pueden salir perjudicados en su economía y sobre todo en la perdida política de soberanía. Son estudios econométricos fundamentalmente de Asia, de institutos de Bancos Regionales como de académicos y universidades.

¿Dónde está el estudio previo, serio e independiente de impacto del TPP promovido por el Poder Ejecutivo de México? ¿También es secreto?

Además en el plano de los poderes legislativos no estadounidenses, es conveniente resaltar la petición del Senado de Chile (ratificada por los diputados el pasado 8 de diciembre) de parar las negociaciones del TPP hasta que no se transparente lo que se esta negociando y los parlamentarios sean respetados en su atribuciones.

CONSIDERANDO:

1) Que de conformidad con el explícito conflicto político de éstas negociaciones mercantiles alejadas de las más elementales reglas democráticas y del derecho internacional, lo mismo que en contradicción con el espíritu constitucional renovado y reforzado por el reconocimiento de la jerarquía del respeto, observancia y ejercicio de los derechos humanos, en particular con la restricción que la fracción X del Artículo 89 Constitucional, relativo a la facultad del Ejecutivo para “Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales” pero, observando los principios normativos conocidos de: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

2) Reconociendo y concordando con la sentencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos acerca del reconocimiento del acceso a la información como derecho humano y de que:

“El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias, signadas por una cultura de secretismo y por organismos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a la misma”.

3) Que por ser facultad exclusiva del Senado analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal (Artículo 76 fracc. I)  resulta incongruente con estos principios y disposiciones que los negociadores mexicanos del Poder Ejecutivo, pese a su propia y reiterada declaración pública de que el Acuerdo de Asociación Transpacífica es de enorme trascendencia para nuestro país, se hagan eco de negar el acceso a los Senadores y a la ciudadanía mexicana de los textos acordados y en negociación relativos al Acuerdo de Asociación Trans Pacífica en curso.

Nuestra República y sus instituciones merecen trato de pares y no de menores. La política exterior de México debe recuperar su jerarquía política, por encima de los criterios mercantiles o financieros. Por tanto, con el debido respeto de pares, solicitamos al Poder Ejecutivo dar a conocer de inmediato los textos de la negociación del TTP, o en su caso suspender la participación en las negociaciones.

En consecuencia, sometemos a consideración de esta soberanía el presente

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta al titular del poder ejecutivo federal a que a la brevedad, envíe un informe sobre los avances del Acuerdo de Asociación Transpacífico a esta soberanía en el que se incluyan todos los textos de la negociación de dicho acuerdo comercial.

Sen. Layda Sansores San Roman.- Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez”.





 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad a realizar los estudios correspondientes para incorporar las áreas naturales protegidas del litoral costero campechano al Corredor Biológico Mesoamericano. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Punto de Acuerdo que exhorta RESPETUOSAMENTE a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, a REALIZAR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES PARA incorporar las áreas naturales protegidas del litoral costero campechano al Corredor Biológico Mesoamericano.

“El que suscribe, Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISION NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD, A REALIZAR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES PARA INCORPORAR LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL LITORAL COSTERO CAMPECHANO AL CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El cuidado de nuestro medio ambiente es esencial para preservar la vida en la Tierra. Sin duda, desde hace varios años, distintos gobiernos han puesto un empeño especial en mejorar las condiciones ambientales del mundo. México no es la excepción, y también desde hace algunas décadas, ha procurado dar una atención especial a los recursos naturales del país. Ejemplo de este énfasis se encuentra en distintos órganos de Gobierno; empezando por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y todas sus dependencias, incluyendo la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) es una comisión intersecretarial, creada en 1992 con carácter de permanente. De acuerdo con su reglamento, la CONABIO tiene la misión de promover, coordinar, apoyar y realizar actividades dirigidas al conocimiento de la diversidad biológica, así como a su conservación y uso sustentable para beneficio de la sociedad, así, se encarga también de llevar a cabo acciones orientadas a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad de México. En este tenor es que en 2009, la CONABIO acoge el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), con el fin de impulsar esta herramienta de conservación en territorio mexicano. Los corredores biológicos empezaron a tener relevancia para la conservación de la naturaleza con la observación de la disminución del número de especies en zonas aisladas.

El CBM es un sistema de ordenamiento territorial, integrado por cuatro tipos de áreas naturales: las áreas núcleo, que son exclusivamente para la conservación de ecosistemas y especies y en las que no se permiten actividades humanas; las áreas de amortiguamiento, que son de usos restringidos; los corredores propiamente dichos, que son áreas que facilitan el movimiento, dispersión y migración de especies, en las que se presentan actividades humanas de bajo impacto; y áreas de uso múltiple que pueden incluir zonas dedicadas a diversas actividades como agricultura, ganadería, pesca, manejo forestal, etc.

La importancia del CBM radica en la protección que otorga a las distintas especies de flora y fauna presentes en dicho corredor No obstante es preciso señalar que hay una gran cantidad de especies que no se hayan protegidas por el CBM. Ejemplo de ellas son las localizadas en Laguna de Términos, la Reserva de la Biosfera Los Petenes, el Sitio RAMSAR de Chencán, además de una gran cantidad de humedales, como AakBal, Champotón, Nohan, Icahao, Costa Blanca, Haltunchén, y los pequeños humedales marinos de Seybaplaya y Campeche.

Todos estos sitios, pese a que se encuentran dentro del cinturón de humedales costero y que involucran sistemas costeros y marinos, no están protegidos por el CBM. Así, se contradice el objetivo de este, que señala: “sus objetivos son mantener la diversidad biológica, disminuir la fragmentación y mejorar la conectividad del paisaje y los ecosistemas; promover procesos productivos sustentables que mejoren la calidad de vida de las poblaciones humanas locales que usan, manejan y conservan la diversidad biológica.”1

Así, el objetivo de dicho corredor, queda incompleto. Y es que aunque es indispensable que se realicen estudios con la finalidad de determinar si es necesario incluir dichos espacios dentro del CBM, esto ya ha sido contemplado antes, tanto por biólogos como por especialistas de los Estados de Campeche y Tabasco. Es por ello que el presente punto de acuerdo busca únicamente sugerir que la CONABIO considere el incluir al litoral costero de Campeche y Tabasco dentro del CBM.

Y es que si se integran estos sitios, no solamente se fortalecen los hábitat de ambos Estados, sino que al sumarse a Río Celestum, Río Lagartos y Contoy, Isla Mujeres, y en su caso Sian-Kahan, entonces se tiene un contorno costero peninsular, en donde se pueden minimizar tendencias de fragmentación y enriquecer aspectos de fortalecimiento a la resilencia.

Los corredores mantienen la continuidad de los procesos biológicos. Uno de los más importantes para la conservación es el proceso de dispersión de los individuos. Generación tras generación las poblaciones se dispersan y colonizan exitosamente lugares lejanos al sitio donde nacieron.

Por lo anteriormente expuesto y fundado es que someto a su consideración la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, a realizar los estudios correspondientes para incorporar las áreas naturales protegidas del litoral costero campechano al Corredor Biológico Mesoamericano.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de abril del 2014.

Sen. Rául Aarón Pozos Lanz”.

1 Ibid.





 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del Estado de México a implementar una estrategia de combate a la inseguridad que permita revertir el incremento en la incidencia de delitos de alto impacto. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO A IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMBATE A LA INSEGURIDAD QUE PERMITA REVERTIR EL INCREMENTO EN LA INCIDENCIA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO, ASI COMO PARA ESTABLECER MEDIDAS DE COORDINACION CON EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN LA MATERIA

“La suscrita, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II; 76; 108 numeral 1 y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO A IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMBATE A LA INSEGURIDAD QUE PERMITA REVERTIR EL INCREMENTO EN LA INCIDENCIA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO, ASI COMO PARA ESTABLECER MEDIDAS DE COORDINACION CON EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN LA MATERIA al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone en su artículo 2, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación, la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esa Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Según datos obtenidos de la Décimo Tercer Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México (marzo 2014), elaborada por la organización civil México Unido contra la Delincuencia y Consulta Mitofski, se señala que en cuanto al delito de extorsión las entidades que aglutinaron el mayor registro de delitos en 2013, fueron el Estado de México y el Distrito Federal, que contabilizaron 1,555 y 900 denuncias, respectivamente. Además, hay que resaltar el hecho de que en el Estado de México se aumentó un 30 por ciento en el periodo, mientras que el Distrito Federal registró un decremento del 13 por ciento.

Así mismo, se reporta que para enero de 2014, una vez más el Estado de México fue el estado con un mayor número de extorsiones registradas, seguido por Jalisco, Guanajuato, Distrito Federal y Morelos, y que sumados representan el 56 por ciento del total de las extorsiones en el país.

3.- En los últimos meses el Estado de México ha sido calificado por algunos medios de comunicación como “foco rojo de inseguridad”. Lo anterior, como consecuencia de los hechos violentos que se han registrado en lo que va del presente año.

Un claro ejemplo de lo anterior, se refleja en los acontecimientos que se han suscitado en Cuautitlán Izcalli, municipio en el que durante los tres primeros meses de 2014, se han registrado al menos 39 asesinatos y hallazgos de cadáveres, según datos de la Comisaría de Seguridad Pública, organismo de seguridad municipal.

De igual forma, a través de diversos medios de comunicación se han dado a conocer hechos violentos como los ocurridos en febrero pasado, en que autoridades de ese estado localizaron al menos 10 cuerpos de personas asesinadas.

4.- Según datos obtenidos del Reporte sobre Delitos de Alto Impacto Enero 2014 realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, encontramos los datos siguientes respecto al Estado de México:

I. De acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), actualizadas al 17 de febrero de 2014, la entidad federativa que experimentó el mayor número de homicidios dolosos durante el primer mes del año en curso fue el Estado de México en donde se denunciaron 176 casos, lo que representa el 12.6 por ciento del total de registros en todo el país.

II. El delito de homicidio culposo en el país durante el mes de enero de 2014, se concentró en el Estado de México, Guanajuato y Michoacán. Las tres entidades concentraron el 31.61 por ciento de los homicidios culposos cometidos en todo el país en enero de 2014.

III. Respecto al delito de homicidio doloso, se señala que donde se denunció el mayor número de casos fue el Estado de México con 185. Esto implica que por cada 100 homicidios dolosos, 13 se cometieron en dicha entidad federativa.

IV. Sobre la concentración espacial del delito, identificamos que en enero de 2014, la región integrada por Estado de México, Guerrero y Michoacán fue donde mayormente se denunció el delito de homicidio intencional.

V. Para enero de 2014, el Estado de México fue la entidad que registró el mayor número de denuncias por el delito de secuestro con 19 casos.

VI. Para enero de 2014, existen 2 regiones de concentración del secuestro. La primera se emplaza al centro del país y está integrada por Michoacán, Estado de México, Morelos y Guerrero.

VII. El Estado de México es la entidad que registró la mayor cantidad de denuncias por robo de vehículo, con un total de 4 mil 591 casos en enero de 2014, esto implica un promedio de 148.09 robos de vehículos diarios, 6.17 por hora, 1.03 cada 10 minutos.

5.- Según datos contenidos en el “Informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio Una Mirada al feminicidio en México, enero de 2010 a junio de 2011”, indican que en ocho estados de la República 1,235 mujeres fueron víctimas de presuntos feminicidio en ese periodo; de los cuales 320 ocurrieron en el Estado de México, 168 en Sinaloa, 169 en Tamaulipas, 142 en Jalisco, 138 en Nuevo León, 125 en el Distrito Federal, 102 en Oaxaca y 71 en el estado de Sonora.

6.- Finalmente, resulta importante señalar que a mediados del mes de marzo de 2014, el vocero se Seguridad del Estado de México, Indalecio Ríos Velásquez, dio a conocer a la opinión pública “que muchos empresarios de la entidad les han hablado de "graves problemas" de cobro de derecho de piso, y que otro punto de alerta es el hecho de que por lo general, los movimientos criminales se realizan desde la periferia hacia el centro, y lo que ha ocurrido ya está muy cerca del Distrito Federal”. En tal sentido es pertinente la intervención de las autoridades capitalinas en materia de seguridad, con el objeto de prevenir que se extienda la ciudad la ola de violencia o que el crimen opere con impunidad al cruzar de una a otra entidad.

7.- No puede ocultarse la inconformidad ciudadana ante la falta de resultados por parte de las autoridades, muestra de ello son las manifestaciones que tuvieron lugar el 22 de marzo de 2014 en las Torres de Satélite, municipio de Naucalpan, donde los organizadores señalaron que la inseguridad se incrementó de manera alarmante en los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Tultitlán y Naucalpan, atribuyendo esta alza a que los elementos policiacos no cuentan con las herramientas y equipo necesarios para cumplir adecuadamente su labor, como en el caso de la Procuraduría mexiquense.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo 21, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.  

SEGUNDO.- Que el artículo 1º de la Ley de Seguridad Nacional, dispone que la ley tiene por objeto establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia; así como, la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea; regular los instrumentos legítimos para fortalecer los controles aplicables a la materia.

TERCERO.- Que ante el incremento de inseguridad en varios estados del país, principalmente en el Estado de México, es necesario y urgente implementar medidas que impliquen estrategias eficientes para el combate de delitos de alto impacto como son el homicidio doloso, el secuestro o la extorsión por lo que consideramos necesaria e indispensable la coordinación entre la Federación, el Estado de México y el Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de México para que implemente una estrategia de combate a la inseguridad que permita revertir el incremento en los delitos de alto impacto en dicha entidad.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de México a que establezca mecanismos de coordinación en materia de Seguridad Pública con el Secretario de Gobernación y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal para frenar el alza en la incidencia delictiva en los municipios y delegaciones colindantes.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de México a que remita un informe a esta soberanía sobre los avances del Convenio del Mando Unico mediante la Policía Estatal Coordinada implementado en dicha entidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de abril de 2014.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza”.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos, para informar sobre el proceso de la “Ronda Cero”, en el sector de la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos. Se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO QUE CITA A COMPARECER AL DIRECTOR GENERAL DE PETROLEOS MEXICANOS, PARA INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE LA “RONDA CERO”, EN EL SECTOR DE LA EXPLORACION Y EXTRACCION DE PETROLEO E HIDROCARBUROS

“La suscrita Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108, 109 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION CON RELACION A LA RONDA CERO EN EL SECTOR DE LA EXPLORACION Y EXTRACCION DE PETROLEO E HIDROCARBUROS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado 12 de diciembre del 2013 se aprobó la reforma constitucional en materia energética presentada por el Ejecutivo Federal ante esta Soberanía. En ella se realizaron cambios significativos a los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales en materia del Petróleo y Electricidad, conteniendo, el Decreto, 21 artículos transitorios, que marcan las directrices y lineamientos para operar, producir y administrar el sector energético en México. Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de diciembre pasado, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

En el artículo Cuarto Transitorio, se estableció un plazo de 120 días para que el Congreso de la Unión realizara las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico para regular las modalidades de contratación en el sector petroleros, ya sean contratos de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencias, para llevar a cabo la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos. Este plazo también aplica para que se legisle sobre las modalidades de contraprestaciones o pago de servicios derivados de los contratos celebrados; pudiendo ser en efectivo, con un porcentaje de la producción o de la utilidad compartida o con la transmisión onerosa de los hidrocarburos extraídos o una combinación de lo anterior.

Con esto se establece de manera directa y contundente el  ingreso del sector privado a la administración y posesión de la Renta Petrolera de México,  cerrada y limitada para uso exclusivo de la nación desde el 18 de marzo de 1938, bajo el decreto de expropiación realizado por el General Lázaro Cárdenas del Rio, entonces Presidente Constitucional de México.

Cabe señalar que a lo largo de estos 75 años, los mexicanos pudimos formar y consolidar nuestra gran empresa petrolera Petróleos Mexicanos. PEMEX se especializó en exploración, extracción y explotación del petróleo y gas, logrando producciones históricas de hasta 3 millones 500 mil barriles de petróleo por día. Lo anterior a través de extracciones realizadas tanto en el subsuelo como en las costas y aguas someras del territorio nacional; También Pemex conformó un extenso sistema de Refinación ubicado en diferentes puntos del país, con la instalación de 6 grandes refinerías, cuya  capacidad  de procesar crudo y producir gasolinas es de 1 millón 660 mil barriles diarios para el consumo interno. Petróleos Mexicanos ha instalado y operado una red de ductos de más de 13 mil kilómetros a lo largo y ancho del territorio nacional; fuimos pioneros a nivel mundial en el desarrollo de la petroquímica construyendo 8 grandes complejos petroquímicos con capacidad de producción de diseño de casi 20 millones de toneladas por año.1 De igual forma, se ocupó de crear diferentes centros de procesamiento de gas natural para abastecer el sistema nacional, tanto industrial como doméstico y la comercialización y movimiento de productos se ha llevado  a cabo con una de las flotas navieras más grandes del mundo en la industria petrolera, donde barcos que fueron  propiedad de Pemex han surcado todos los océanos llevando y trayendo productos petroleros a todos los rincones del mundo. Todo lo anterior, así como otras grandes operaciones, ha realizado PEMEX en todos estos años administrado y operado exclusivamente con técnicos, operarios y administradores mexicanos. 

Sin embargo, dada la modificación a la Constitución estas acciones dejarán de ser exclusivas y estratégicas para México, mediante la reforma del párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, así como del artículo Sexto Transitorio del Decreto de reforma energética que señala:

La Secretaría del ramo en materia de Energía, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, será la encargada de adjudicar a Petróleos Mexicanos las asignaciones a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución.

El organismo deberá someter a consideración de la Secretaría del ramo en materia de Energía la adjudicación de las áreas en exploración y los campos que estén en producción, que esté en capacidad de operar, a través de asignaciones. Para lo anterior, deberá acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer loshidrocarburos de forma eficiente y competitiva. La solicitud se deberá presentar dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

La Secretaría del ramo en materia de Energía revisará la solicitud, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y emitirá la resolución correspondiente dentro del plazo de ciento ochenta días naturales posteriores a la fecha de la solicitud de Petróleos Mexicanos, estableciendo en la misma la superficie, profundidad y vigencia de las asignaciones procedentes. Lo anterior tomando en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

Para asignaciones de exploración de hidrocarburos: en las áreas en las que, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, Petróleos Mexicanos haya realizado descubrimientos comerciales o inversiones en exploración, será posible que, con base en su capacidad de inversión y sujeto a un plan claramente establecido de exploración de cada área asignada, continúe con los trabajos en un plazo de tres años, prorrogables por un período máximo de dos años en función de las características técnicas del campo de que se trate y del cumplimiento de dicho plan de exploración, y en caso de éxito, que continúe con las actividades de extracción. De no cumplirse con el plan de exploración, el área en cuestión deberá revertirse al Estado.

Para asignaciones de extracción de hidrocarburos: Petróleos Mexicanos mantendrá sus derechos en cada uno de los campos que se encuentren en producción a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. Deberá presentar un plan de desarrollo de dichos campos que incluya descripciones de los trabajos e inversiones a realizar, justificando su adecuado aprovechamiento y una producción eficiente y competitiva.

Para la determinación de las características establecidas en cada asignación de extracción de hidrocarburos se considerará la coexistencia de distintos campos en un área determinada. Con base en lo anterior, se podrá establecer la profundidad específica para cada asignación, de forma que las actividades extractivas puedan ser realizadas, por separado, en aquellos campos que se ubiquen en una misma área pero a diferente profundidad, con el fin de maximizar el desarrollo de recursos prospectivos en beneficio de la Nación.

En caso de que, como resultado del proceso de adjudicación de asignaciones para llevar a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos a que hace mención este transitorio, se llegaran a afectar inversiones de Petróleos Mexicanos, éstas serán reconocidas en su justo valor económico en los términos que para tal efecto disponga la Secretaría del ramo en materia de Energía. El Estado podrá determinar una contraprestación al realizar una asignación. Las asignaciones no podrán ser transferidas sin aprobación de la Secretaría del ramo en materia de Energía.

Petróleos Mexicanos podrá proponer a la Secretaría del ramo en materia de Energía, para su autorización, la migración de las asignaciones que se le adjudiquen a los contratos a que se refiere el artículo 27, párrafo séptimo, de esta Constitución. Para ello, la Secretaría del ramo en materia de Energía contará con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

En la migración de las asignaciones a contratos, cuando Petróleos Mexicanos elija contratar con particulares, a fin de determinar al particular contratista, la Comisión Nacional de Hidrocarburos llevará a cabo la licitación en los términos que disponga la ley. La ley preverá, al menos, que la Secretaría del ramo en materia de Energía establezca los lineamientos técnicos y contractuales, y que la Secretaría del ramo en materia de Hacienda será la encargada de establecer las condiciones fiscales. En estos casos, la administración del contrato estará sujeta a las mismas autoridades y mecanismos de control que aplicarán a los contratos suscritos por el Estado.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos será quien realice las funciones de “operador” en los contratos y asignaciones de la explotación y extracción de los campos petroleros, también reportará de manera inicial a la Secretaria de Energía los campos que estén en producción y que estén en capacidad de operar por Petróleos Mexicanos. No obstante, previo a lo anterior, Pemex deberá acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución para explorar y extraer hidrocarburos. Este proceso está previsto para un periodo de 90 días, a partir de la entrada en vigor de la reforma. Por ello, PEMEX tiene hasta el 21 de marzo para presentar los proyectos y campos que son considerados viables técnica y económicamente, de acuerdo a lo que marca la propia ley.

Una vez recibida la información, la Secretaria de Energía, con asistencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, revisará la solicitud y emitirá una resolución, a más tardar el 21 de septiembre en que establezca la superficie, profundidad y vigencia de las asignaciones procedentes que quedarán bajo la administración de Pemex. A este proceso de asignación y supervisión se le ha denominado “RONDA CERO”. Por si fuera poco, una vez con estas asignaciones Pemex podrá celebrar contratos con otras empresas para realizar la exploración y explotación de hidrocarburos.

Es de señalar, que actualmente PEMEX reporta una producción de 2 millones 505 mil barriles diarios (enero 2014)2, en diferentes campos y pozos de producción operados bajo diferentes sistemas de administración: Por contratos de servicios con privados, donde recoleta la producción al 100 por ciento, el pago se hace en efectivo por el servicio exclusivamente contratado.

• Por Contratos incentivados con privados, donde se paga el servicio de exploración y explotación más un porcentaje por barril extraído (de 5 a 15 dólares por barril extraído)

• Por Asignación directa a la paraestatal a través de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP), con personal interno, entre los que se encuentran miembros del sindicato petrolero y técnicos de confianza y financiamiento otorgado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Todos los contratos son operados por Pemex donde la renta petrolera y la producción de hidrocarburos entran íntegramente al sistema tributario y fiscal nacional.

Por otra parte, de acuerdo con datos3 de Pemex presentados a inversionistas en enero de este año se reportan los siguientes datos:

• Se tienen reservas probadas para 10.2 años;

• La producción de petróleo crudo es de 2 millones 513 mil barriles por día.

• La producción de gas natural es de 6 millones 406 Mil pies cúbicos, por lo que ocupa el 7º lugar en producción mundial de hidrocarburos;

• El 76% de crudo y gas se encuentra en Costa Fuera (Golfo de México), de los cuales el 87% de las reservas probadas se localizan en el sureste de México (Litoral de Tabasco, Sur de Veracruz y Sonda de Campeche)

• Los trabajos que se realizan actualmente bajo las diferentes modalidades de contratos se llevan a cabo en la Marina sureste, en la región Norte, en la región Marina Noreste y campos que se extienden en el centro del territorio nacional.

Los datos anteriores son importantes porque reflejan el potencial y capacidad de nuestro sector petrolero y, sobre todo, de Pemex. Sin embargo, el artículo sexto Transitorio de la Reforma señala que “Para asignaciones de exploración de hidrocarburos: en las áreas en las que  Petróleos Mexicanos ya  haya realizado descubrimientos comerciales o inversiones en exploración, será posible que, con base en su capacidad de inversión y sujeto a un plan claramente establecido de exploración de cada área asignada, continúe con los trabajos en un plazo de tres años, prorrogables por un período máximo de dos años” en función de las características técnicas del campo de que se trate y del cumplimiento de dicho plan de exploración, y en caso de éxito, que continúe con las actividades de extracción. De no cumplirse con el plan de exploración, el área en cuestión deberá revertirse al Estado.

Lo anterior refleja que un gran porcentaje de los trabajos exploratorios que actualmente tiene PEMEX estén condenados a una permanecía máximo de 5 años, antes de que estos puedan entregarse o cederse a privados.

Por otra parte, para asignaciones de extracción de hidrocarburos, Pemex mantendrá sus derechos en cada uno de los campos que se encuentren en producción a la fecha del 20 de diciembre del 2013 y posteriormente deberá presentar un plan de desarrollo de dichos campos que incluya descripciones de los trabajos e inversiones a realizar, justificando su adecuado aprovechamiento y una producción eficiente y competitiva.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República cita a comparecer ante esta Soberanía al Director General de Petróleos Mexicanos, antes del 19 de marzo de 2014 para dar un informe detallado del proceso que tiene contemplado para participar en la “Ronda Cero”, precisando los criterios para elegir las áreas que requerirá a la Secretaría de Energía le sean asignadas, conforme al Artículo Sexto Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional en materia energética. De igual forma, en la misma comparecencia deberá explicar la forma en que acreditará la capacidad técnica y económicamente inviables para continuar con la producción o exploración de algunas áreas y campos. Finalmente, deberá precisar las causas por las que opta por renunciar a la exploración de algunas áreas específicas y, en su caso si considera asociarse en alguno de dichos proyectos con alguna empresa privada.

Segundo.- El Senado de la República cita a comparecer ante esta Soberanía, al Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a efecto de que rinda un informe del equipo técnico con que cuenta dicho organismo para auditar y supervisar los contratos, asignaciones y trabajos que se realizaran en el sector de hidrocarburos.

Tercero.- El Senado de la República cita a comparecer ante esta Soberanía, al Titular de la Secretaría de Energía, a efecto de que informe detalladamente los criterios con los que se desarrollará la “Ronda Cero”.

Cuarto.- Se crea al interior del Senado de la República, una Comisión Especial con el fin de dar seguimiento puntual y detallado a todo el proceso de la Ronda Cero, misma que deberá tener un enlace permanente con Petróleos Mexicanos y la Comisión Nacional de Hidrocarburos,  para dar seguimiento puntual en la definición de la llamada “Ronda Cero”.

Dado en el Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, a 8 de abril de 2014

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.

1 Fuente: http://www.energia.gob.mx/res/85/Refinacion_Web.pdf

2 http://www.ri.pemex.com/files/dcpe/petro/eprohidro_esp.pdf

3 Fuente: Potencial and Strategy of  Sahle Oil/Gas in Mexico   Presentaciòn de PEMEX Exploración y Producción a inversionistas. (Enero 2014)





 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a declarar al 2 abril “Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo”. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE DECLARE AL “2 ABRIL DIA NACIONAL DE LA INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON AUTISMO”

“La Suscrita Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración, PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE DECLARE AL “2 ABRIL DIA NACIONAL DE LA INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON AUTISMO”, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El síndrome del autismo, es un problema de salud mental, son una serie de trastornos neuropsiquiátricos, que son catalogados como trastornos generalizados del desarrollo, los cuales pueden detectarse a edades muy tempranas. Esta disfuncionalidad tiene un impacto considerable no solo en el correcto desarrollo y bienestar de la persona afectada, sino también de los familiares, dada la elevada carga de cuidados personalizados1.

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el autismo es un “repliegue patológico de la personalidad sobre sí misma; síndrome infantil caracterizado por la incapacidad congénita de establecer contacto verbal y afectivo con las personas y por la necesidad de mantener absolutamente estable su entorno; en psiquiatría, síntoma esquizofrénico que consiste en referir a la propia persona todo cuanto acontece a su alrededor”2.

Este padecimiento resulta ser un trastorno crónico, en el desarrollo que persiste a lo largo de toda la vida. Este síndrome puede hacerse evidente durante los primeros 30 meses de vida y da lugar a diferentes grados de alteración del lenguaje y la comunicación, de las competencias sociales y de la imaginación.

En México la prevalencia del diagnóstico de personas con autismo no es clara, sin embargo se estima que hay 6 mil casos de niños y niñas con este síndrome. Asimismo, diversas investigaciones calculan que solo 426 niños han sido integrados a la sociedad de un total de 37 mil niños mexicanos con este padecimiento3.

Este trastorno es una discapacidad severa y crónica del desarrollo, que se reflejadurante los tres primeros años de vida4, con los siguientes:

• Discapacidad cualitativa de interacción social.

• Discapacidad cualitativa en la comunicación.

• Patrones restringidos, repetitivos y estereotipados, de comportamiento, intereses y actividades.

Es importante resaltare que el autismo ocurre aproximadamente en 1 de cada 500 nacimientos y es cuatro veces más común en niños que en niñas.

Los síntomas incluyen5:

• Perturbaciones en la rapidez de aparición de las habilidades físicas, sociales y de lenguaje.

• Respuesta anormal a sensaciones. Cualquier combinación de los sentidos y sus respuestas están afectados: visión, oído, tacto, dolor, equilibrio, olfato, gusto y el modo en que el niño maneja su cuerpo.

• El habla y el lenguaje no aparecen o retrasan su aparición a pesar de que existan capacidades intelectuales evidentes.

• Relación anormal con personas, objetos o acontecimientos.

De lo anterior, se observa la importancia de apoyar esta causa para beneficio de las personas con el padecimiento del autismo. Este trastorno en el desarrollo infantil que ha atraído la atención a nivel internacional, parcialmente porque es un trastorno inexplicable y misterioso, los niños no presentan una discapacidad física y no se ve a primera vista que tiene algún trastorno. Algunos niños con autismo mantienen un buen nivel académico, pero no pueden interactuar con otros niños, porque se comportan de una manera diferente o llegan a presentan problemas emocionales, sociales y de conducta.

Por lo tanto, la inclusión puede llegar a ser más complicada para los niños con autismo, comparada con los otros niños que tienen necesidades educativas especiales (NEE), debido a que los niños con autismo presentan la triada de discapacidad en la interacción social, en la comunicación y en la imaginación. También, existe una hipersensibilidad (mucha) o hiposensibilidad (poca) a los estímulos sensoriales. Esto provoca que ellos enfrenten más retos comparados con otros niños con discapacidad.

Lamentablemente los niños con autismo pueden presentar, a veces una dificultad del aprendizaje, y puede ser difícil para ellos enfocar la atención. Debido a que en algunas ocasiones reflejan rutinas obsesivas y repetitivas.

En razón a estos factores, a muchos niños se les llega a dificultar la inclusión al ambiente de la escuela regular, que por su propia naturaleza puede llegar a ser ruidoso y cambiante. Además, puede ser difícil para ellos el interactuar con sus compañeros, lo cual es aún más complicado si presentan dificultades emocionales y de comportamiento.

Cabe hacer mención que la Organización de la Naciones Unidas, ha establecido al 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo que tiene como objetivo ayudar a rectificar esta situación mediante la concienciación del autismo a nivel internacional, entre los responsables políticos y el público en general6.

Asimismo, Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce los derechos de las personas con autismo, reafirmando el principio fundamental de universalidad de los derechos humanos para todos.

A razón de lo anterior, el punto de acuerdo tiene como objeto que el mismo día que se celebra la Concienciación sobre el Autismo a nivel internacional, México declare el 2 de abril como Día Nacional de la integración de las personas con Autismo.

Debemos hacer del conocimiento a la sociedad la importancia de integrara las millones de personas con autismo debido a que ellas tienen una gran capacidad para interactuar en las escuelas, comercios, oficinas públicas, entre otros.

En este sentido, la senadora que suscribe pone a consideración del Pleno del Senado de la República el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que declare al “2 Abril Día Nacional de la integración de las personas con Autismo”.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que declare “Abril mes de la Concienciación del Autismo”.

TERCERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, para que en coordinación con las Secretarias de Educación Pública y de Desarrollo Social, a generar estrategias de inclusión de niños y niñas con trastornos del espectro autista, en las instituciones educativas y en la sociedad.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 8 de abril de 2014.

Sen. María Elena Barrera Tapia”.


1 Secretaria de Salud,
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/528_GPC_Espectroautista/GER_Autismo.pdf

2 Real Academia Española, http://lema.rae.es/drae/?val=autismo

3 La inclusión de Niños y niñas con trastorno del espectro autista en las escuelas en la Ciudad de México, UNICEF, 2012.

4 Asociación Pro – Autismo, http://www.proautismo.com/?page_id=51

5 Ibídem

6 Organización de la Naciones Unidas, https://www.un.org/es/events/autismday/





 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en el marco de la reforma educativa y la desaparición del programa carrera magisterial, se respeten los derechos adquiridos de los docentes. Se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PARA QUE EN EL MARCO DE LA REFORMA EDUCATIVA Y LA DESAPARICION DEL PROGRAMA CARRERA MAGISTERIAL SE RESPETEN LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DE LOS DOCENTES.

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

En las últimas décadas los avances en educación en México han sido mínimos, los resultados en pruebas internacionales como PISA dejan al descubierto la ineficacia con la que opera el sistema educativo mexicano, esto a pesar de que el gasto en este rubro ha ido en aumento, ya que en 1990 se erogaba el 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto para educación, mientras que para el año 2010 se elevó a 6.7%. Sólo en el periodo de 1995 y 2004 el gasto se incrementó en un 47%,1 lo que coloca a México como uno de los países que más recursos destina en educación entre los países de la OCDE.

Los indicadores anteriores son un reflejo por un lado de que se ha invertido en educación, y sin embargo esto no se ha visto reflejado en el aprendizaje y nivel de competitividad de los estudiantes, es decir no hay avances significativos en la materia, y por otro lado, abre la discusión acerca de si el gasto está siendo bien direccionado, o no, y a consecuencia de esto es el estancamiento educativo nacional.

En el marco de la descentralización de la educación en 1992, y con el objetivo de incentivar su trabajo a los profesores del país, se creó un sistema de promociones horizontales para los docentes, directores, supervisores escolares y personal que desarrolla material pedagógico para la educación pública básica denominado Carrera Magisterial.

Este programa fue diseñado a modo de que los docentes a través de evaluaciones y actualización curricular, pudieran acceder a niveles, de la letra “A” a la “E”, dentro de los cuales recibía una compensación extraordinaria en su salario. El paso de un nivel a otro depende de una evaluación global que incluye criterios para calificar el desempeño y los méritos profesionales de los docentes.

Desde su inicio los registros de los docentes estuvieron vinculados con la actualización y capacitación que tomaban por cuenta propia, así como a los resultados de sus estudiantes en pruebas (exámenes) que en un inicio era presentados únicamente para evaluar a los docentes que participaban en carrera magisterial, y tiempo después con la aparición de la prueba ENLACE, se fueron generalizando, y además se tomaba en cuenta el desempeño que tenía el docente durante el ciclo escolar.

A cada uno de estos elementos se le asignaba un puntaje determinado, a fin de cumplir con los requisitos, y lograr ascender entre los niveles establecidos por el programa carrera magisterial. De manera directa esto traía como beneficio a los docentes el incremento en sus ingresos salariales, e indirectamente se buscaba que dedicaran mayor tiempo en la planeación, evaluación y reflexión de su práctica docente.

En el marco de la Reforma Educativa aprobada en agosto del 2013, uno de los puntos más controversiales que contenía dicha reforma, era que abría la posibilidad de que el programa carrera magisterial desapareciera. Incluso el Gobierno Federal en diferentes ocasiones declaró que este mecanismo de estímulos salariales no desaparecería2, todo lo contrario se fortalecería por medio de una restructuración.

Sin embargo el Gobierno actúo con un doble discurso, al tiempo que se comprometían en no desaparecer carrera magisterial, en la iniciativa de reforma presentada al Congreso de la Unión, se contemplaba que ésta desaparecería en el año 2015. Ahora que el descontento social se ha apaciguado y los maestros tuvieron que regresar a sus aulas, tras ser sometidos de manera autoritaria por la policía federal, el Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, confirmó el pasado mes de febrero que este mecanismo de promoción docente desaparecerá en la fecha establecida3.

En este sentido, es necesario que el Gobierno Federal se comprometa a respetar los derechos adquiridos por los docentes que ya formaban parte de este mecanismo de promoción, que aun y con los vicios que mantenía, servía para dignificar y honrar el trabajo de los profesores y profesoras de México.

Se debe tener presente que la Constitución Federal señala en su artículo 14 que ninguna ley debe tener efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que significa que el Gobierno Federal, no deberá anteponer ningún requisito a los docentes que han adquirido este derecho, ya que con el simple hecho de haber obtenido sus ascensos en el escalafón de carrera magisterial, tienen resguardados por la Constitución este derecho.

A consecuencia de que el Gobierno Federal actúa con un doble discurso, es que surge la necesidad de exhortar al Secretario de Educación Pública, a fin de que en ese proceso de desaparición de la carrera magisterial, se conduzca con transparencia y pleno respeto a los derechos de los docentes.

Asimismo es indispensable que en los nuevos mecanismos de promoción que establezca el Gobierno, se tomen en cuenta las particularidades de cada región del país, la cual ha sido una demanda constante por parte de los docentes, en cuanto a la forma en la que son evaluados. No se puede evaluar de la misma forma a todos los docentes, cuando tienen condiciones sociales y contextos diferentes.

Además, la nueva forma de estímulos económicos debe ser no sólo para otorgar reconocimiento al docente que sus alumnos tienen mejores evaluaciones, pues esos resultados no dependen únicamente del desempeño del profesor, también intervienen las condiciones del contexto social, familiar y económico, así como los intereses personales del estudiante, y que influyen directamente en el resultado de sus evaluaciones.

En este sentido, el Gobierno debe crear mecanismos para otorgar incentivos a todo el magisterio, que tenga como finalidad dignificar la labor del docente, y hacer que recupere su papel agente transformador y valor social que ha pedido.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Secretario de Educación Pública para que:

a) en el marco de la Reforma Educativa, y la desaparición del programa carrera magisterial, se respeten los derechos adquiridos por los docentes de la educación básica que participan en dicho programa.

b) en el nuevo mecanismo de estímulos económicos que implemente la Secretaría a su cargo, se busque incentivar por medio de los salarios a todos los profesores de la educación básica y media superior.

c) en los criterios a considerar para la promoción de los docentes, se tome en cuenta las diferencias de los contextos en los cuales son evaluados tanto los docentes como los estudiantes. 

Dado en el salón de sesiones, a 8 de abril de 2014”.

1 Véase, México Evalúa, “10 puntos para entender el gasto educativo en México: consideraciones sobre su eficiencia”, México [en línea] disponible en internet http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2013/02/MEX_EVA-INHOUS-GASTO_EDU-LOW.pdf

2 Véase, “Mitos y realidades de la Reforma Educativa”, disponible en internet
http://www.vertigopolitico.com/articulo/22382/Mitos-y-realidades-de-la-reforma-educativa

3 Avilés, Karina, “Desaparecerá la SEP la carrera magisterial para crear otra en 2015”, periódico la jornada, 04-01-14, [citado 04-03-14] disponible en internet http://www.jornada.unam.mx/2014/02/04/sociedad/032n1soc





 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal y al gobernador del estado de Colima a impedir la instalación de una mina de oro en la comunidad indígena nahua de Zacualpan, municipio de Comala. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA A IMPEDIR LA INSTALACION DE UNA MINA DE ORO EN LA COMUNIDAD INDIGENA NAHUA DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMALA

LAYDA SANSORES SAN ROMAN, senadora de la lxii legislatura del congreso de la unión, perteneciente al partido movimiento ciudadano, con fundamento en los artículos 8,1 fracción ii, 108  y  276 del reglamento del senado de la república, someto a consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIONPOR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, IMPEDIR LA  INSTALACION DE UNA MINA DE ORO EN LA COMUNIDAD INDIGENA NAHUA DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMALA ESTADO DE COLIMA, al  tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Situación de las comunidades indígenas en México

Más allá de lo específicamente étnico, la propuesta del movimiento indígena nacional es un aporte hacia un nuevo pacto social que sirve de base a la vida futura de un país democrático, incluyente y pluricultural.

Al respecto la mayoría de los entidades de la República han reformado sus Constituciones y emitido leyes reglamentarías en materia indígena, tales como Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Campeche, el Estado de México, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco entre otros, mismos que actualmente se han visto beneficiados con recursos de programas federales; nuestra entidad (Colima) no puede quedarse al margen del reconocimiento y defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el 0.6 % de la población del Estado pertenecen a este sector desprotegido y la mayoría de las veces relegado, motivo suficiente y bastante para presentar la iniciativa de Ley, que garantice a los pueblos y comunidades indígenas del Estado su forma de organización comunitaria y de gobierno, el respeto y desarrollo de sus culturas, creencias, conocimientos, lenguas, usos, costumbres y medicina tradicional.

La composición del país presenta un panorama social altamente diversificado y al respecto el Instituto Nacional Indigenista  (INI) en sus investigaciones ha concluido que estos pueblos están integrados por más de 12 millones de personas, que constituyen más de la décima parte de la población mexicana, distribuidos en cerca de 20 mil localidades. En 12 entidades se concentran 5.4 millones de hablantes de lengua indígena, los restantes 678, 000 están diseminados en el resto de los Estados.  México ocupa el 8° lugar en el mundo, entre los países con la mayor cantidad de pueblos indígenas.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), arroja datos al 2005 de que la población hablante de lengua indígena a nivel nacional suma un total de 6’011,202 (Seis millones once mil doscientos dos) habitantes, de los cuales al Estado de Colima corresponden 2,889 (Dos mil ochocientos ochenta y nueve). Es importante destacar que la presente iniciativa de Ley trae consigo como razón fundamental el reconocimiento de los derechos y el fortalecimiento inaplazable de las comunidades indígenas -Comala, Ixtlahuacán y Minatitlán- indispensable requerimiento para el Estado como condición necesaria para una vida digna, dentro de un orden solidario y subsidiario.

Solidario porque se concibe que todas las comunidades, como las personas con las que se integran, deben apoyarse mutuamente; subsidiario, para permitir que las personas y comunidades que tienen menores condiciones de desarrollo sean apoyadas con programas que les permita alcanzar la capacidad para progresar por cuenta propia.1

El saqueo de minerales en México

“Es inconcebible que nadie mueva un dedo para detener el salvaje saqueo minero que registra el país.  Esta incalculable riqueza pertenece a los mexicanos pero, a la vista de todos y en connivencia con el gobierno federal, cada año miles y miles de millones de dólares rebosan las alforjas de un grupúsculo de consorcios nacionales y las de unas cuantas empresas foráneas, canadienses la mayoría de ellas, sin que a cambio la nación reciba beneficio alguno.

Millones y millones de hectáreas concesionadas al gran capital del ramo, miles y miles de kilogramos de metales preciosos extraídos, enormes daños ecológicos provocados, miserables salarios pagados y condiciones laborales infrahumanas, a cambio de migajas, si bien va, para el denominado cuerno de la abundancia y sus habitantes.

Resulta aberrante lo que sucede. El gobierno federal consiente que ese pequeño grupo de consorcios, nacionales y extranjeros, devasten millones de hectáreas para que expriman al subsuelo de oro, plata y minerales diversos, abundantes en la geografía nacional, y quedarse íntegramente con esa riqueza. A cambio, tales empresas pagan (si en realidad lo hacen) entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada, mientras los estados de la República ricos en recursos minerales no reciben un peso.

¿Hasta cuándo? Urge una modificación a la ley respectiva, para que la enorme riqueza minera del país beneficie a sus dueños originales. Se estima que 95% de la minería en el país corresponde a los grandes consorcios, y son ellos quienes se quedan con el pastel completo.

Un par de días atrás La Jornada (Juan Antonio Zúñiga) publicó un espeluznante recuento: en un negocio sin par, las empresas mineras extranjeras y nacionales que operan en México extrajeron 79 mil 388 kilogramos de oro puro en 2011, la mayor producción anual de este metal en por lo menos 31 años, según informó el INEGI. Paradójicamente, el país se convirtió ese año en el principal comprador de oro en el mundo, al adquirir 98 mil kilogramos de ese metal por un monto de 5 mil 300 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La cantidad de oro extraído del subsuelo mexicano durante el año pasado fue 121%  mayor a la obtenida al iniciar sus funciones el segundo gobierno surgido del Partido Acción Nacional, cuando la producción anual fue de 35 mil 899 kilogramos en 2006. Pero el valor a precios del mercado internacional del oro extraído en 2011 fue superior en 476% al de cinco años antes. El precio de la onza troy de este metal se situaba en 629.79 dólares en diciembre de 2006, mientras en el mismo mes de 2011 se pagaban 1,640 dólares, lo cual implicó un incremento de 160% en la cotización del metal que desde hace 600 años constituye el delirio del mercantilismo.

Así, el valor de la producción de oro mexicano en 2011 puede estimarse en alrededor de

4,592 millones de dólares, mientras que la de hace cinco años se calcula en unos 797.5 millones de dólares, equivalentes a 17% de aquella con la que iniciara la administración (2006-2012).

Como en este espacio se ha comentado, alrededor de 26% del territorio nacional (52 millones de hectáreas) ha sido concesionado por el gobierno federal a consorcios mineros privados, que pagan, si lo hacen, entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada. De acuerdo con la Cámara Minera de México, la empresa canadiense Goldcorp es la mayor productora de oro en el país, la cual no sólo se beneficia del metal nacional, sino del sostenido aumento del precio internacional (alrededor de 700% en los últimos ocho años) hasta llegar a un nivel histórico, al que ahora compra el gobierno federal, el mismo que concesiona las zonas mineras.

Para dar una idea de qué se trata, la industria minera en México ha dejado atrás la industria turística en lo que a captación de divisas se refiere (en 2010, 15 mil 500 millones de dólares y 11, 900 millones, respectivamente), y se ubica sólo por debajo de las remesas (21, 300 millones). Casi 26 por ciento de la extracción minera en México es oro (alrededor de 4000 millones de dólares sólo en 2010), y toda ella queda en manos de particulares concesionados, a quienes el gobierno federal les compra el oro mexicano con dinero de los mexicanos.

Ni de lejos parece ser el mejor de los negocios para los habitantes de este país, pero el calderonato insiste en la tesis, verdaderamente escalofriante, de que vamos por el camino correcto: con dinero de los mexicanos, atesora oro mexicano, extraído de minas mexicanas por trabajadores mexicanos, y lo compra a precios históricamente elevados a empresas privadas, mayoritariamente extranjeras, concesionadas por el propio gobierno federal, para que extraigan el oro mexicano y lo exporten, en cantidades crecientes, a sus naciones de origen. ¿Qué tal?

Meses atrás, La Jornada también publicó lo siguiente: ‘tanto ha dado y sigue dando esta tierra, que sólo en la primera década del siglo XXI, con dos gobiernos panistas (2001-2010), un pequeño grupo de empresas mexicanas y extranjeras –con las canadienses a la cabeza– extrajeron el doble de oro y la mitad de la plata que la Corona española atesoró en 300 años de conquista y coloniaje de 1521 a 1821, en lo que hoy es México, de acuerdo con la citada estadística.

En esa década panista, con Vicente Fox y Felipe Calderón en Los Pinos, los corporativos mineros obtuvieron 380 toneladas de oro y 28,274 toneladas de plata de las minas mexicanas, contra 182 y 53,500 toneladas, respectivamente, en los tres siglos citados. Ello, sin olvidar que 20 años atrás las invaluables reservas nacionales de cobre se entregaron a una sola empresa, Grupo México, cuyo dueño, Germán Larrea (el segundo hombre más rico del país), ni siquiera hizo el intento de rescatar los cuerpos de los 63 mineros que, cinco años después de la explosión, se mantienen bajo cientos de toneladas de tierra en la mina Pasta de Conchos, Coahuila’.

Entonces, no será el gobierno calderonista el que detenga el saqueo. Por el contrario. Pero tampoco el Congreso mexicano, que nada ha hecho para detener el atraco. Menos los partidos políticos. De hecho, la única iniciativa para intentar que la nación obtuviera algún provecho de la riqueza minera (presentado en 2009 por el senador priísta Francisco Arroyo) fue rápida y directamente remitida al bote de la basura, aunque algunos ilusos creen que sólo está congelada. ¿Hasta cuándo? 2

La mina de oro, Zacualpan en Comala

Dentro de este contexto, se encuentra la comunidad nahua de Zacualpan, Municipio de Comala del Estado de Colima, ubicado al centro norte de la entidad federativa y al pie del Cerro Grande, ya tiene cuatro meses en resistencia para impedir la instalación de una mina de oro que inevitablemente, provocará un desplazamientos forzado de su asentamiento, afectará la cosmovisión y la sobrevivencia de este pueblo originario.

Siendo un asunto de suma importancia para la vida de esta comunidad indígena, impedir la instalación de la mina, el proceso de extracción que tradicionalmente se utiliza para obtener el oro y otros minerales, conlleva al uso de químicos agresivos, que contaminará el medio ambiente y los manantiales de agua cristalina/potable3 que alimenta a una población de aproximadamente 250 mil habitantes pertenecientes a los municipios de Colima y Villa de Alvarez y una superficie de casi mil kilómetros gran parte de ellas para uso agrícola y ganadero.

En este período de lucha la comunidad ha tomado el Congreso local, realizado marchas, foros, asambleas públicas, se destituyó al Comisario de Bienes Comunales y se instituyó un nuevo Comité para que represente los intereses de la comunidad nahua.

Hartos de que sus reclamos sean ignorados por las autoridades, apenas el 13 de marzo pasado, tomaron durante doce horas las instalaciones que bombean el agua a Colima y Villa de Alvarez. No se hizo esperar la respuesta del gobierno estatal, 150 granaderos apoyados por una tanqueta fueron envíalos a desalojar a los inconformes, golpearos a mujeres, niños y ancianos inermes, quienes se mantuvieron firmes en espera del gobernador para ser escuchados en defensa.4

FUNDAMENTO LEGAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.5

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales

Parte II Tierras

Artículo 13

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.

2. La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Artículo 14

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

Artículo 15

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Artículo 16

1. A reserva de los dispuestos en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberán tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir la causa que motivaron su traslado y su reubicación.

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización con las garantías apropiadas.

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan como consecuencia de su desplazamiento.

Artículo 17

1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre las tierras entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.

Artículo 18

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.

Artículo 19

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:

a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico;

b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen.6

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007

Artículo 3º

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 4º

Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.

Artículo 5º

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.7

Constitución Política del Estado Libre y Soberano Colima.

Artículo 1°. El Estado de Colima reconoce, protege y garantiza a toda persona, el goce de sus derechos consignados en la Constitución General de la República y los establecidos en esta Constitución.8

Ley sobre los Derechos y Cultura Indígena del Estado de Colima, 2012.
Del Derecho a la tierra

Artículo 18 Bis.- Los pueblos y comunidades indígenas, por conducto de sus autoridades tendrán el derecho y la obligación de conservar y mejorar el habitad; preservando la integridad de sus tierras, para acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra en la Constitución Federal y en la ley de la materia.

(Este artículo fue adicionado, mediante Decreto número 613, publicado el 15 de septiembre de 2012, tal como ahora aparece).

Artículo 18 Bis 1.- Esta Ley reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades indígenas reconocidas por ésta, en el marco de autonomía y libre determinación, el acceso al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan de manera permanente, para lo cual podrán asociarse en términos de ley; salvo aquellos que correspondan a las áreas estratégicas y con respeto a los derechos de terceros y a otras formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución Federal y demás legislación secundaria.

(Este artículo fue adicionado, mediante Decreto número 613, publicado el 15 de septiembre de 2012, tal como ahora aparece).9

Por las razones anteriores y debido a la omisión de las autoridades federales, estatales y municipales para dar protección al territorio de la comunidad indígena de Zacualpan, presentó el siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIONPOR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, IMPEDIR LA  INSTALACION DE UNA MINA DE ORO EN LA COMUNIDAD INDIGENA NAHUA DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMALA EN EL ESTADO DE COLIMA.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República en pleno respeto a la división de poderes contemplados en la Constitución General de la República, exhorta al Presidente de la República a fin de hacer respetar la decisión de la comunidad indígena de Zacualpan, Municipio de Comala, del Estado de Colima en el sentido de su negativa a la instalación del proyecto minero.

SEGUNDO. Se exhorta al Presidente de la República para que a través de los mecanismos institucionales sea removida de su cargo la Delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, quien con sus acciones ha incitado el conflicto, al declarar públicamente: que ella utilizó a corporaciones policíacas para acudir a la comunidad, sin tener facultades para disponer de la fuerza pública.

Adicionalmente ha puesto en riesgo la integridad de personas ambientalistas así como a integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan.

TERCERO. Se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Colima, en pleno respeto a la soberanía estatal, se apegue a las normas internacionales, constitucionales y locales para proteger a la comunidad nahua de Zacualpan y se impida la instalación de la mina de oro dentro de su territorio.

Atentamente

Sen. Layda Sansores San Román”.

1 Ley sobre los Derechos y Cultura Indígena del Estado de Colima. (Considerando Primero)
Página Web. www.congresocol.gob.mx/leyes/derechos_cultura_indigena.doc‎ (Consultada 23 de marzo de 2014)

2 Fernández-Vega, Carlos, “México S.A. ¿Do está el oro? Privatizado, Saqueo minero: manos libres, Pingües ganancias al capital”, Periódico La Jornada, México, 23 de marzo de 2012.
Página Web. http://www.jornada.unam.mx/2012/03/23/opinion/030o1eco (Consultada 23 de marzo de 2014)

3 Manantiales de Cerro Grande, Zacualpan, Municipio de Comala, Estado de Colima.
Página Web. https://www.youtube.com/watch?v=ybjxVzMVCFE (Consultada 23 de marzo de 2014)

4 Mejía, Ricardo, “Riesgos de la Minería en México”, Volante entregado en el mitin del Movimiento de Regeneración Nacional,  realizado el 22 de marzo de 2014 en el Municipio de Villa de Villa de Alvarez, Estado de Colima.

5 Artículo 2º. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. TEXTO VIGENTE.  Ultima reforma 26-02-2013.

6 Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Página Web. http://es.wikisource.org/wiki/Convenio_169_de_la_OIT#Art.C3.ADculo_13 (Consultada 23 de marzo de 2013)

7 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007.
Página Web. http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf (Consultada 24 de febrero de 2013)

8 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.
Página Web. http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-IFEMujeres/Mujeres-Legislacion
/Mujeres-LegislacionLocal-estaticos/Colima_Cons_Pol_Edo.pdf

9 Del Derecho a la Tierra. Ley sobre los Derechos y Cultura Indígena del Estado de Colima, citada.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública a investigar el destino de los recursos presupuestales asignados para prevención y mitigación de riesgos ejercidos en el año 2012 y, de encontrar anomalías, se sancione a quienes resulten responsables por el desvío de fondos presupuestales. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, A QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES SE INVESTIGUE EL DESTINO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS PARA PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS EJERCIDOS EN EL AÑO 2012, Y DE ENCONTRAR ANOMALIAS SE SANCIONE A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR EL DESVIO DE FONDOS PRESUPUESTALES.

“Los que suscriben, Senadores DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante el 2012, México se vio expuesto a fenómenos naturales que provocaron varias muertes y causaron graves daños a lo largo del país. Desde la sequía, catalogada por las autoridades como la peor en siete décadas, hasta inundaciones en el noreste del país.

La OCDE presentó un análisis, donde señala que las leyes mexicanas de protección civil a nivel federal y estatal han sido logros importantes en el proceso progresivo de crear un sistema nacional para la gestión integral de riesgos y presentaron una serie de recomendaciones que fortalecerían al Sistema Nacional de Protección Civil, tales como:

• Aprovechar la oportunidad que brinda la Ley General de Protección Civil de 2012 para establecer prioridades para una gestión integral de riesgos por medio de consultas con los actores involucrados en los distintos niveles.

• Dar seguimiento a la implementación de la Ley General de 2012 a nivel estatal mediante el establecimiento de un mecanismo de supervisión específico.

• Aprovechar el impulso creado por la Ley General de 2012 para el diseño del siguiente Programa Nacional de Protección Civil.

• Incluir la protección civil como prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo.

En este sentido, para mejorar la integración de la evaluación del riesgo entre los niveles de gobierno México el mismo análisis también señaló que se deben:

• Facilitar los vínculos entre los atlas de riesgo en todos los niveles, y desarrollar sinergias entre los sistemas SAVER y R-FONDEN.

• Homologar el apoyo federal para la elaboración de atlas de riesgos en los niveles subnacionales.

• Incrementar la inclusión de la posibilidad de la ocurrencia de tsunamis en los atlas de riesgos.

• Elaborar un Atlas Nacional de Impacto y Vulnerabilidad ante el Cambio Climático.

• Reforzar el compromiso del sector privado en los procesos de evaluación de riesgo en todos los niveles.

De igual forma, dentro del documento realizado por la OCDE, se plantea que para crear una mayor capacidad de prevención a través de nuevas asociaciones entre los niveles de gobierno, México debería:

• Crear mayor congruencia entre la gestión de riesgos, la planeación territorial y el desarrollo urbano, y la adaptación al cambio climático.

• Convertir la planeación territorial y urbana en una prioridad nacional apoyada por un marco institucional adecuado.

• Asegurar que los estados y municipios preparen, bajo su responsabilidad, un plan de prevención de riesgos de desastre basado en un atlas de riesgo indicando las medidas estructurales y no estructurales necesarias para prevenir el riesgo por desastres en sus jurisdicciones.

Ahora bien, la Auditoria Superior de la Federación ha dado a conocer a través del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 que probablemente no se tomaron en cuenta dichas recomendaciones. Señala que la oficina del Sistema Nacional de Protección Civil no cumplió con el objetivo de contribuir a prevenir y mitigar los riesgos por desastres naturales en la población, ya que las acciones de protección civil se centraron fundamentalmente en la atención de emergencias y la reconstrucción y no en la previsión y prevención del riesgo.

El CENAPRED no logró conformar el Atlas Nacional de Riesgos donde contemplará la información del peligro, vulnerabilidad y del riesgo ante desastres a escala nacional, regional, estatal y municipal, ya que solo recibió 23 de los 32 Atlas de Riesgos Estatales.

Derivado de lo anterior, de los 23 Atlas Estatales de Riesgos entregados al CENAPRED, ninguno incluyó información sobre los fenómenos naturales, sobre la determinación del peligro y sobre los diferentes niveles de riesgo asociados a los fenómenos naturales; y sólo 2 de los 23 Atlas estaban actualizados a 2012. Asimismo se señala que en el periodo 2007-2012, la SEGOB revisó 182 de los 2,441 Programas de Protección Civil, que debían tener los gobiernos municipales, y encontró que únicamente 31 establecían medidas preventivas para reducir el riesgo de desastres.

La presente auditoria se llevo a cabo en razón de que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 señaló que los fenómenos naturales como terremotos, tormentas, ciclones, inundaciones e incendios forestales representan un riesgo permanente para la seguridad de la población en el país. De esta forma el Gobierno Federal estableció como una prioridad fortalecer y  articular el Sistema Nacional de Protección Civil, a fin de prevenir y mitigar los riesgos ocasionados por los desastres naturales y, con ello, preservar la integridad física y el patrimonio de los mexicanos. 

Es importante señalar que en el periodo 2007-2012, el Gobierno Federal mediante el FONDEN erogó 77,310.6 millones de pesos para atender las zonas devastadas por los desastres naturales registrados en el país.  

Sin hacer de lado, que la ASF emitió 20 recomendaciones para que se fortalezcan las medidas de coordinación con los gobiernos estatales y municipales y se conforme el Atlas Nacional de Riesgos, los Programas de Manejo Integral de Riesgos y de Protección Civil para prevenir y responder adecuadamente en emergencias y desastres.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El H. Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de la Función Pública, a que en el ámbito de sus atribuciones se investigue el destino de los recursos presupuestales asignados para prevención y mitigación de riesgos ejercidos en el año 2012, y de encontrar anomalías se sancione a quienes resulten responsables por el desvió de fondos presupuestales.

Dado en el Senado de la República, a 8 de abril de 2014.

Atentamente”.





 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a garantizar la seguridad de los usuarios del tramo en funcionamiento de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Metro. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.







 

Del Senador Raúl Morón Orozco, con aval del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Educación Pública a que, dentro del proceso de consulta para la revisión del modelo educativo, incorpore otros elementos que permitan ampliar la discusión y diagnóstico nacional rumbo a la construcción de una verdadera reforma educativa estructural integral en México. Se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO, CON CARACTER DE URGENTE RESOLUCION, PRESENTADO POR EL SENADOR RAUL MORON OROZCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA A QUE DENTRO DEL PROCESO DE CONSULTA PARA LA REVISION DEL MODELO EDUCATIVO, INCORPORE OTROS ELEMENTOS QUE PERMITAN AMPLIAR LA DISCUSION Y DIAGNOSTICO NACIONAL RUMBO A LA CONSTRUCCION DE UNA VERDADERA REFORMA EDUCATIVA ESTRUCTURAL INTEGRAL EN MEXICO.

Raúl Morón Orozco, en mi carácter de Senador, a nombre propio y con el Aval de las y los Senadores del Grupo Parlamentario del PRD, de la Sexagésima Segunda Legislatura del Senado de la República,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 175, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, Proposición con Punto de  Acuerdo, con carácter de urgente resolución para EXHORTAR AL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA A QUE DENTRO DEL PROCESO DE CONSULTA PARA LA REVISION DEL MODELO EDUCATIVO, INCORPORE OTROS ELEMENTOS QUE PERMITAN AMPLIAR LA DISCUSION Y DIAGNOSTICO NACIONAL RUMBO A LA CONSTRUCCION DE UNA VERDADERA REFORMA EDUCATIVA ESTRUCTURAL INTEGRAL EN MEXICO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Como consecuencia de la pasada reforma educativa y de su legislación reglamentaria, y en cumplimiento del artículo Décimo Segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y del artículo Vigésimo Segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013, de acuerdo con lo dispuesto por este Congreso de la Unión, la Secretaría de Educación Pública, emitió Convocatoria a los diversos actores involucrados en la educación básica, media superior y normal del país: maestros, padres de familia, alumnos, legisladores, investigadores y estudiosos de la educación, autoridades educativas locales, organizaciones de la sociedad civil y a todo interesado en aportar propuestas, a participar en los FOROS DE CONSULTA NACIONAL PARA LAREVISION DEL MODELO EDUCATIVO que se llevarán a cabo de febrero a junio de 2014, en las sedes y en las fechas que se especifican en la misma convocatoria publicada con fecha 15 de enero del presente año, por el mismo Secretario de Educación Pública, Lic. Emilio ChuayffetChemor.

Como instrumentos para el desarrollo de la Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo, la Secretaría dispuso que se efectuaran 18 Foros Regionales y tres Nacionales, de los cuales 6 foros regionales y uno nacional estarían dirigidos para educación básica, seis foros regionales y uno nacional para la media superior y seis foros regionales y uno nacional para educación normal, de acuerdo con las bases de participación y temáticas señaladas para cada nivel educativo.

El propósito fundamental de la consulta, tal como se específica en el apartado correspondiente a los objetivos y descripción del contexto, es la revisión del modelo educativo actual en su conjunto, no la construcción de un nuevo modelo educativo, según lo expresado por la propia Secretaría, en los siguientes términos:

“… La Secretaría de Educación Pública llevará a cabo un proceso amplio de consulta para revisar el modelo educativo en su conjunto, los planes y programas, los materiales y los métodos educativos, entre otros. La revisión se realizará de la mano de los actores centrales involucrados en el proceso, analizando los rasgos principales y elementos específicos del modelo de educación básica, media superior y normal, considerando las particularidades regionales y contextos locales”.

Finalmente, en la convocatoria de referencia no se precisa cual será el uso o destino que se dará a los resultados o conclusiones de los foros de la consulta nacional, que contribuya de forma clara y específica a la adecuación del modelo educativo o inclusive a la construcción de uno nuevo.

Es el caso, que hasta la fecha de los 8 foros efectuados en los meses de febrero y marzo, en las ciudades de Distrito Federal, Chihuahua, Saltillo, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Querétaro y Toluca, la asistencia de los participantes en los foros no ha rebasado el número de ocho mil personas, cantidad que no es ni siquiera representativa de los 2 millones 100 mil trabajadores de la educación que hay en el país, menos aún del universo que comprende los diversos sectores público, social, privado y académico, interesados en el tema educativo, situación que deja en entredicho el carácter amplio e incluyente, que pretende el multicitado proceso de consulta para la revisión del modelo educativo nacional, más bien se trata de un grupo sumamente reducido, que en ningún sentido representa o puede llegar a representar, el interés social, la preocupación, el diagnóstico y la propuesta de la mayoría de los mexicanos sobre el tema educativo y de forma particular sobre la pertinencia del modelo educativo vigente, que es en gran parte, el factor determinante en los resultados que hoy tenemos de la educación en el país.

El haber limitado la consulta a un solo mecanismo o instrumento de participación como son los foros presenciales, excluye a una gran mayoría de la sociedad que pueda participar o expresar puntos de vista alternos que enriquezcan por otros medios el debate y el propio modelo educativo.

El proceso de diagnóstico para la revisión del modelo educativo, tampoco toma en cuenta todos los antecedentes, conclusiones y diagnósticos de congresos educativos en los niveles básico, media superior y superior realizados con anterioridad en diferentes regiones del país, como los Congresos de Educación y Cultura, Congresos de Investigación Educativa (Comie), Congresos de las Universidades Públicas sobre educación, innovación educativa, divulgación científica, coloquios de educación especial, desarrollo curricular, evaluación y seguimiento educativo, entre otros, por eso creemos necesario, que el proceso de consulta en curso, amplíe, diversifique e incluya otros instrumentos de consulta como acciones complementarias de los foros, tales como:

a) Estudios y análisis publicados sobre la situación del sistema educativo nacional.

b) Encuesta presencial.

c) Entrevistas a informantes clave.

d) Paneles televisados y en radio.

e) Plataforma Web, que contenga los siguientes instrumentos:

• Foros virtuales temáticos según la calendarización. Donde se pueda participar en más de uno, dirigido especialmente a investigadores e informantes claves.

• Mesas de trabajo virtuales: Que disponga de una sección para que ingresen dos tipos de usuarios: “Coordinador” y “Participante”.

• Encuesta en línea. Mecanismo de participación con preguntas sobre los contenidos de la consulta, dirigida a Docentes, Alumnos, Padres de Familia y Directores de Escuelas, Institutos y Facultades.

• Participación a través de Redes Sociales. (Acceso a través de Twitter y Facebook)

• Multimedia. Acceso a material audiovisual, videos sobre la Consulta a través de un canal de YouTube y material impreso.

Por otra parte, es de considerarse que la división o agrupación geográfica regional realizada por la Secretaría de Educación Pública, a partir de 6 regiones generales para la realización de los 18 foros propuestos, resulta excluyente y limita la posibilidad de participación de diversos actores sociales y académicos interesados en el tema educativo de los estados que no son sede, lo que en cierto sentido, incumple el propósito de la convocatoria respectiva, al no permitir la discusión amplia y representativa de las particularidades regionales y los contextos locales de todos los estados, municipios, comunidades y centros educativos del país; en ese sentido es que consideramos necesario que la Secretaría de Educación Pública amplíe el proceso de consulta a todos los Estados del país, promoviendo la realización de 32 foros estatales en lugar de 18 regionales, así como la realización de foros municipales, comunitarios y escolares previos a la realización de cada foro estatal, con la participación de la Comisión de Educación de los Congresos Locales en coparticipación con la Secretaría de Educación de cada estado, los Ayuntamientos y los jefes de sector, supervisores y directores de la zona escolar de que se trate.

Es importante señalar que la participación de los actores educativos desde los centros escolares, permitirá conocer la opinión real de los integrantes de cada comunidad escolar: maestros, alumnos, padres de familia y autoridades locales y educativas, como aquellos sujetos involucrados de forma directa en el proceso de enseñanza aprendizaje y no sólo en los aspectos colaterales y adjetivos del sistema educativo. Una consulta de este tipo, puede realizarse a partir de asambleas escolares o de encuestas censales, con el apoyo de instituciones especializadas en la aplicación y procesamiento de instrumentos de investigación y generación de información pública.

La ampliación del proceso de consulta en este sentido, permitirá, además, que problemáticas similares de los tipos, niveles y servicios educativos, puedan ser discutidos y abordados con diferentes particularidades regionales y contextos locales, estableciendo la correlación de ciertas variables, integrando diagnósticos holísticos y buscando que las opiniones en cada foro, puedan ser representativas de diversas regiones del país, con puntos de convergencia que permitan la construcción de un modelo educativo nacional con estrategias de atención regional.

Otra de las dificultades que enfrenta el actual proceso para la consulta nacional de la revisión del modelo educativo, es el hecho de que los temas propuestos por la Secretaría, responden a un interés muy focalizado y prioritario de la autoridad educativa, dejando de lado los temas centrales y transversales del modelo educativo, que aplican a todos los niveles.

Se encuentran dirigidos a legitimar el servicio profesional docente o a la adecuación del modelo al servicio, utilizando inclusive el término de “habilitación docente”, enfocado solo al modelo de las competencias, olvidándose de la formación ética, profesional, desarrollo y adquisición de saberes y otros valores de la educación.

En este sentido consideramos importante que la Secretaría amplíe la discusión del modelo educativo, a partir de temas transversales, organizados por ejes temáticos y campos temáticos, que entre otros, comprenda aspectos relacionados con:  a) Principios y Valores de la Educación, b) Fines de la Educación, c) Modelo Pedagógico y Didáctico, d) Política Educativa, e) Federalismo y Descentralización de la Educación, f) Financiamiento de la Educación, g) Planeación y Evaluación Educativa, h) Formación Docente y Desarrollo profesional, i) Gestión Educativa e Infraestructura Escolar, j) Marco Jurídico de la Educación, k) Participación Social en la Educación y l) Niveles y Servicios Educativos.

Bajo estas consideraciones, es evidente que el modelo que propone o trata de legitimar la Secretaría es reproductivo en cuanto a que únicamente repite de manera mecánica los procesos y conceptos de la educación y no da oportunidad a la recreación y construcción de nuevos conceptos, paradigmas y alternativas de formación del ser humano en general, desde la acción educativa.

Los ejes temáticos y subtemas propuestos por la SEP, para cada nivel educativo, no reflejan de forma general los elementos que debe contener un nuevo modelo educativo, son problemáticas o campos temáticos muy específicos de los niveles educativos, no del sistema educativo nacional, por tanto se propone que dichos temas sean considerados dentro del eje temático que se refiere exclusivamente a los niveles educativos, pero integrando a los foros de discusión y otros instrumentos de diagnóstico y consulta pública, el resto de los ejes y campos temáticos antes señalados.

El objetivo de la consulta y debate nacional, debe ser en este sentido impulsar en todo el país un debate sobre los temas que debe contener UNA REFORMA EDUCATIVA ESTRUCTURAL INTEGRAL, (que implica un nuevo modelo educativo, con un nuevo proyecto de nación), así como los principales componentes del sistema educativo nacional, contenidos en la Ley General de Educación y en la Política Educativa en General, con la participación de todos los actores interesados y con la finalidad de construir un consenso nacional sobre el rumbo que debe seguir la educación en México.

La propuesta de la Secretaría de Educación Pública en ese sentido, enfrenta una grave confusión conceptual, al pretender discutir bajo la idea del modelo educativo, componentes que corresponden exclusivamente al modelo o enfoque pedagógico, que constituye sólo una parte de él, sustantiva sí, pero se refiere sólo a la parte del proceso de enseñanza aprendizaje en los diferentes niveles educativos, y el problema educativo, es sin duda, mucho más amplio y complejo.

Un modelo educativo implica visualizar la postura ontológica, antropológica, sociológica, axiológica, epistemológica, psicológica y pedagógica que se va asumir para poner en marcha el propio sistema con la finalidad de lograr los objetivos de la mejor manera posible.

En ese sentido, los elementos de un modelo educativo dan forma a lo que constituye como modelo para el aprendizaje y la enseñanza, normalmente conocido como “modelo pedagógico o enfoque pedagógico” y luego a la técnica y procedimientos para enseñar, conocido esto como el “modelo o enfoque didáctico”.

En el modelo educativo, según Araceli Jara Vázquez, reúnen la mayor relevancia los elementos filosófico, organizativo, didáctico y el marco legal, entre otros.

Lo anterior implica que un modelo educativo, se constituye en el eje articulador de todos los componentes del sistema educativo, define el modelo pedagógico a utilizarse en el proceso educativo, en función de las características, competencias y cualidades que debe tener el sujeto educando y en él confluyen elementos adyacentes como los recursos, la administración educativa y las condiciones materiales y organizativas en las que se realiza el proceso de enseñanza aprendizaje, pues sería imposible hablar de calidad educativa, cuando esta se realiza en condiciones rudimentarias, tradicionales, marginales o de pobreza.

En el modelo educativo, los componentes del sistema como la política, el financiamiento, la planeación y la evaluación educativa, permiten orientar el rumbo y los objetivos educativos que se esperan alcanzar con el modelo, forman en cierto sentido parte de él, puesto que lo definen y lo adecuan o lo armonizan al interés superior de la sociedad y del Estado.

La política determina las condiciones sobre las cuales se diseña, se instrumenta y se evalúa el currícula y ésta, a través de los planes y programas, responde a un interés educativo superior: alcanzar la educación de calidad.

De la definición de ambos modelos podemos deducir que el modelo educativo tiene que ver más con la concepción que se tenga de la educación, es decir, la forma en que se entiende y aborda la tarea educativa y la finalidad de la educación; mientras que el modelo pedagógico tiene que ver más con el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de la finalidad de la educación que ha sido concebida en el modelo educativo. Por ejemplo si se desea un ser humano solidario, se deben favorecer metodologías cooperativas, más que competitivas. En el modelo educativo encontramos elementos como la postura ontológica, antropológica, sociológica, axiológica, epistemológica, psicológica y pedagógica; mientras que en el modelo pedagógico tenemos que partir de la finalidad de la educación para desarrollar el currículo, la metodología, las características de la evaluación y de la relación maestro- alumno. Es decir, los elementos del modelo educativo están en función de la concepción que se tenga en el modelo pedagógico.

Finalmente, es importante que la Secretaría de Educación Pública, precise de inmediato, cual es el fin, el producto, el proceso y los resultados que deberán esperarse en todo este proceso de consulta y debate nacional, así como los retos y compromisos que habrán de surgir de este ejercicio democrático rumbo a la construcción de un nuevo modelo educativo, que debe estar claro no sólo en la política educativa, en los planes y programas del sector, sino también en la legislación educativa fundamental.

Por todo eso, resulta urgente y prioritario exhortar a la Secretaría de Educación Pública, a fin de que en el actual proceso de consulta nacional rumbo a la revisión del modelo educativo, no sólo establezca elementos que amplíen los procesos de participación en todo el país, desde el contexto escolar y regional hasta el ámbito estatal, introduzcan nuevos mecanismos o instrumentos de diagnóstico y consulta pública, reorganice la discusión nacional en temas transversales que involucran a todos los niveles educativos y deslinde conceptualmente los propósitos del modelo pedagógico y del modelo educativo, a fin de clarificar el rumbo y características que el nuevo modelo debe contener, sino que también, especifique en favor de la educación de todo el país, cuál o cuáles serán sus compromisos de política pública en torno a la reforma estructural educativa integral que los mexicanos necesitamos, tanto en el componente legislativo, como en el diseño e implementación de la nueva política educativa nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a través de su Titular, a fin de que en el actual proceso de consulta nacional rumbo a la revisión del modelo educativo, se establezcan elementos que amplíen los procesos de participación en todo el país, desde el contexto escolar y regional hasta el ámbito estatal, introduzcan nuevos mecanismos o instrumentos de diagnóstico y consulta pública, reorganice la discusión nacional en temas transversales que involucran a todos los niveles educativos y deslinde conceptualmente los propósitos del modelo pedagógico y del modelo educativo, a fin de clarificar el rumbo y características que el nuevo modelo debe contener; así como para que  especifique en favor de la educación de todo el país, de manera clara, sencilla, concreta y particular, cuál o cuáles serán sus compromisos de política pública como resultado de las conclusiones del presente proceso de consulta, en torno a la reforma estructural educativa integral, tanto en el componente legislativo, como en el diseño e implementación de la nueva política educativa nacional.

Presentado en la sede del Senado de la República, a 8 de abril de 2014.

Sen. Raúl Morón Orozco”.





 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional del Agua a informar las razones por las que se le entregó a Sempra Energy la concesión de un terreno para construir un parque eólico en Baja California. Se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LA COMISION REGULATORIA DE ENERGIA Y A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANIA LOS RAZONES POR LAS CUALES SE LE ENTREGO A SEMPRA ENERGY LA CONCESION DE UN TERRENO PARA CONSTRUIR UN PARQUE EOLICO EN BAJA CALIFORNIA, ASI COMO, LOS BENEFICIOS QUE TRAERA AL PAIS EL MENCIONADO PROYECTO

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La iniciativa de reforma energética presentada por el Enrique Peña Nieto y aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre pasado, simula legislar en materia energética, empero, es bien sabido que la industria privada desde hace años domina el mercado energético del país por medio de las concesiones.

Por medio de ésas se han cerrado contratos millonarios, un ejemplo es la construcción del gasoducto “Los Ramones”, una de las obras más emblemáticas y perniciosas de la Administración Federal actual, pues el proyecto es un sistema de transporte de gas natural por un ducto que comienza en la frontera con Estados Unidos en un punto cercano a la ciudad de Camargo, Tamaulipas, y finalizará en Los Ramones, Nuevo León; la concesión para construir tan flamante y perjudicial proyecto fue entregada a “Infraestructura Energética Nova (Ienova)”, empresa subsidiaria de la estadounidense “Sempra Energy”, encabezada en México por el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán.

Sempra Energy no es un nombre nuevo en el país, la vinculación de la empresa con Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha sido polémica desde que Emilio Lozoya Austin fue nombrado titular de la petrolera; hay que recordar que el director de Ienova, Carlos Ruiz Sacristán, fue compañero de Emilio Lozoya en el Comité de Auditoría de la constructora española OHL, justo antes de que el actual Director General de PEMEX ingresara a la administración pública.

Así, la compañía Sempra México se benefició con la adjudicación directa de 2 mil 500 millones de dólares por construir el gasoducto Los Ramones, no obstante, pareciera que para la firma energética, el territorio mexicano se ha convertido en su mejor negocio; ahora, recibió la concesión de un terreno de aproximadamente 300 mil hectáreas para construir un parque eólico en Baja California.

El parque eólico utilizará 294 mil hectáreas del territorio mexicano, la autorización para desarrollar tal proyecto fue en julio de 2010 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a cargo entonces de Rafael Elvira Quesada. La operación del parque eólico estará a cargo de Energía Sierra Juárez, una filial creada por Sempra.

En la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) obtenida por Sempra, se indica que la construcción del parque tendrá cuatro etapas y ocupará terrenos en las comunidades de Jacume, La Rumorosa, Sierra Juárez y Cordillera, en la Sierra Juárez, en Baja California, según lo indica un periódico de circulación nacional.

Este diario también señala que a pesar de que en sus propios documentos Sempra indica que usará como máximo 5 mil 300 hectáreas de terreno para colocar hasta mil aerogeneradores, la SEMARNAT les otorgó en el permiso, para disponer de 294 mil 153 hectáreas.

Este noticiario impreso menciona que los beneficios que obtendrá el país por esta transacción son nulos, en octubre del año pasado Sempra solicitó al Banco de Desarrollo de América del Norte, a través de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, un financiamiento por 50 millones de dólares para construir el parque eólico.

Además se dice que en la solicitud se especifican una serie de argumentos poco benéficos para el país, claramente en la solicitud del préstamo se enfatiza en que México no obtendrá “energía limpia” por este parque eólico, ubicado en la tercera mejor zona de vientos del país y la más cercana al estado norteamericano de California; en cambio, los 155.1 megawatts que producirá Sempra en este parque serán trasladados a San Diego por medio de una línea de transmisión de 7.7 kilómetros que se construirá por debajo de la línea fronteriza.

Asimismo, en el documento de la solicitud detallan que “el proyecto propuesto estará diseñado para operar con mínima intervención humana”, es decir, esperan que genere “aproximadamente 350 empleos directos durante la construcción, así como 7 puestos de tiempo completo permanentes durante su operación”.

La empresa adorna sus beneficios, esto es, plantea que “la contratación de personal para la construcción generará un impacto positivo temporal para las empresas locales y la economía regional, ya que habrá un aumento en el gasto por concepto de la adquisición de bienes y servicios. “Un número limitado de obreros de la construcción podría requerir vivienda temporal, por lo que probablemente se hospedarían en hoteles y consumirían alimentos, bebidas y otros productos básicos; este consumo generaría beneficios temporales para la economía local”. Con esto, Sempra pretende que los 350 empleados que contraten para instalar sus aerogeneradores hagan un repunte en la economía de la región.

Otro beneficio local que la empresa destaca es la construcción 40 kilómetros de caminos, con la justificación de que “así como algunas zonas asfaltadas que faciliten la circulación en el área del proyecto y permitan el acceso a los aerogeneradores, los patios de maniobras de la subestación, las estructuras del circuito y el edificio de operación y mantenimiento”.

De esta forma, menciona el diario, Energía Sierra Juárez firmará un contrato de compraventa a 20 años para vender toda la electricidad producida a la subsidiaria de Sempra en esa ciudad, San Diego Gas & Electric (SDG&E).

Esto fue aprobado por la Comisión Reguladora de Energía en junio de 2012, seis meses antes de que la administración federal pasada saliera de funciones.

Con lo anterior, se puede deducir que el proyecto es resultado de un esfuerzo conjunto de Sempra con la administración federal pasada y actual, así como el gobierno de Baja California y del municipio de Tecate, ya que estos han aprobado todos los pasos legales para que el parque eólico pueda estar listo en el otoño de este año.

El plan de acción fue el siguiente: en noviembre de 2006, Rumorosa Wind Energy firmó un contrato de arrendamiento con representantes del Ejido. Al año siguiente, la Secretaría de la Reforma Agraria aprobó que los derechos de renta se pasaran a Ecogas Holding Company, la filial de Sempra hoy rebautizada como Energía Sierra Juárez.

Así, iniciaron los trámites legales, en julio de 2010, Sempra obtuvo la autorización ambiental de SEMARNAT, un año más tarde, esa misma dependencia les firmó el cambio de uso de suelo, que antes era para uso agrícola y ahora será para un parque eólico.

En 2012, obtuvieron un dictamen aprobatorio ambiental del Estado de Baja California, el municipio de Tecate les autorizó el cambio de uso de suelo y la construcción, mientras la Comisión Regulatoria de Energía dio el visto bueno para generar y exportar la electricidad a California.

Con la administración actual, el año pasado, obtuvieron el consentimiento de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, dependiente de la cancillería.

En abril, la Comisión Nacional del Agua les permitió el cruce del acueducto que alimentará el parque. Con esto, Sempra pretende iniciar operaciones comerciales en marzo del próximo año.

El paso final ocurrió en noviembre pasado, cuando Sempra firmó el contrato de arrendamiento del terreno, con el que asegura el uso del sitio por un periodo de 30 años. En la solicitud del préstamo la compañía anunció que ha probado la calidad del viento en esa zona desde 2005. Su conclusión es que “la región donde se ubicará el proyecto cuenta con excelentes recursos eólicos”.

Derivado de la recién aprobada Reforma Energética, si el gobierno mexicano quisiera usar esa área para generar energía limpia en beneficio del país, tendría que negociar con Sempra.

Así se muestra el doble discurso de la Reforma Energética, en la cual se aseguró que sería benéfica para el crecimiento económico, la generación de empleos, la competitividad y el desarrollo social del país; sin embargo, la entrega de los recursos naturales de la nación están siendo entregados a la industria privada extranjera.

Contrario al discurso a favor de la transición energética, la administración peñista otorgó los permisos finales con la entrega de generación de energía limpia a Sempra, beneficiando a los californianos solamente.

La narrativa de estos hechos solo sirven para demostrar el gran engaño y la mentira de la reforma energética, por medio del cual, hoy en día, únicamente, se impulsa la inversión de nuevas centrales de generación con tecnologías limpias y eficientes privadas para obtener millonarios negocios.

Se está transformando a México, el país se está convirtiendo en el mejor mercado energético, se ofrece y se entrega al mejor postor, el mejor ejemplo es Sempra, una empresa extranjera que transformará la energía obtenida de los vientos de Baja California construyendo un parque eólico que “ayudará a cumplir con los requisitos de la Cartera de Energía Renovable de California y a acatar la normatividad sobre emisiones de GEI (gas de efecto invernadero), al tiempo que satisface la creciente demanda de electricidad en ese Estado”.

Por lo anterior, vale la pena cuestionar el discurso de la presidencia referente a la Reforma Energética, en el cual explícitamente se aseguró que “Con la Reforma energética en materia eléctrica, la planta productiva nacional y los hogares mexicanos contarán con más electricidad, a mejor precio y proveniente de fuentes menos contaminantes”, entonces, la creación de un parque eólico seria justificable, si los resultados obtenidos fueran en beneficio de los mexicanos, empero, ocurre lo contrario.

Entregar contratos a precios ridículamente baratos sobre el territorio nacional a la industria privada, se está volviendo en una práctica constante.

Por ello, es necesario preguntar a las autoridades tanto locales como federales, acerca de lo que realmente está sucediendo, para saber si efectivamente los beneficios que traerá al país la construcción del parque eólico con sede en Baja California beneficiara de alguna manera a México, de antemano, es de reconocer que la respuesta a esta interrogante es no.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Regulatoria de Energía y a la Comisión Nacional del Agua para que informe a esta Soberanía los razones por las cuales se le entregó a Sempra Energy la concesión de un terreno para construir un parque eólico en Baja California, así como, los beneficios que traerá al país el mencionado proyecto.

Dado en el salón de sesiones, a 8 de abril de 2014”.





 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre la atención proporcionada a la entonces connacional Lucía Vega Jiménez, quien falleció el 28 de diciembre de 2013, en la ciudad de Vancouver, Canadá, así como a su familia. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

PUNTO DE ACUERDO EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LA ATENCION PROPORCIONADA A LA ENTONCES CONNACIONAL LUCIA VEGA JIMENEZ, QUIEN FALLECIO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2013, EN LA CIUDAD DE VANCOUVER, CANADA, ASI COMO A SU FAMILIA.

LAYDA SANSORES SAN ROMAN, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al partido movimiento ciudadano, con fundamento en los artículos 8°,1 fracción II, 95, 108  y  276 del reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía el siguiente: PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DEL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, QUE INFORME SOBRE LA ATENCION  PROPORCIONADA A LA ENTONCES CONNACIONAL LUCIA VEGA JIMENEZ, QUIEN FALLECIO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2013, EN LA CIUDAD DE VANCOUVER CANADA, ASI COMO A SU FAMILIA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Lucía Vega Jiménez, ciudadana mexicana de 42 años de edad, que trabajaba como recamarera en un hotel de la ciudad de Vancouver, British Columbia, Canadá, fue arrestada el primero de diciembre de 2013 en una estación del sistema de transporte público (Translink) de dicha ciudad por no pagar su pasaje. Una vez detenida, le fue notificado que sería deportada a México ya que no contaba con los documentos correspondientes para permanecer en Canadá.

Anteriormente en el año 2010, a Lucia se le había negado su petición de refugio, la cual se fundamentaba en una situación de violencia doméstica. En ese entonces, había salido de Canadá, sin embargo, se estima que alrededor de 2012, regresó a dicho país.

Desde el momento de su detención hasta el 19 de diciembre de 2013, Lucia Vega Jiménez fue privada de su libertad en la cárcel Alouette Correctional Centre for Women en la ciudad de Maple Ridge, B.C, Canadá, durante ese lapso estuvo incomunicada. Unicamente el Consulado mexicano y un par de amistades, se enteraron de la detención de Lucia.

Una vez que se le notificó su deportación, Lucía se comunicó con su pareja sentimental para que recogiera sus pertenencias de su domicilio, entre las que se encontraban $4000 dólares canadienses que ella había ahorrado. Sin embargo, su pareja, tomó el dinero y desde entonces no se ha sabido nada de él.

El mismo 19 de diciembre, Lucía fue trasladada de la cárcel en Maple Ridge al centro de detención de inmigración de British Columbia que se encuentra localizado en el Aeropuerto Internacional de Vancouver (YVR), desde donde sería deportada a México el día 20 de diciembre de 2013.

Mientras se encontraba detenida en las instalaciones del aeropuerto, su custodia directa no estuvo a cargo de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA por sus siglas en Ingles), sino bajo el resguardo de una firma de seguridad privada de nombre Genesis Security Group, empresa subcontratada por la CBSA. Las celdas en donde Lucía se encontraba llevan más de una década de operar y están totalmente incomunicadas de cualquier tipo de asistencia, servicio o visita.

Condiciones de las cuales tiene conocimiento el Consulado Mexicano. Es más, Phil Rankin, destacado abogado de inmigración Canadiense, indicó a la prensa que en quince años, sólo en una ocasión, pudo entrar a dichas instalaciones: “Es un lugar muy solitario ahí adentro”.

Entre el día 19 y 20 de diciembre de 2013, Lucía intentó suicidarse colgándose de la regadera de su celda con una toalla. Lucia permaneció colgada por al menos 45 minutos sin que nadie se percatara del hecho. Se presume que fue encontrada por sus compañeros de celda y no por los guardias de seguridad. Después de dicho intento de suicidio, Lucía fue trasladada por razones desconocidas a diversos hospitales siendo el último de ellos el Mount Saint Joseph Hospital ubicado en East 15th Avenue de Vancouver, B.C.

Es entonces cuando el Consulado Mexicano hace contacto con la familia de Lucía en la Ciudad de México, donde se les informa del intento de suicidio. Debido a sus escasos recursos económicos, la familia de Lucía pide asistencia económica al Consulado Mexicano en Vancouver para viajar a Canadá. De acuerdo a una amiga de la familia: Jazmín Trejo y quien a su vez fungió como traductora de Martha Vega Jiménez (hermana de Lucía), el consulado comento “para que se molestaban si simplemente pueden desconectarla y ahorrarse el gasto”.

Este hecho quedo constatado en una entrevista para la televisión nacional de Canadá de la Cadena Global TV. Martha, hermana de Lucia consiguió llegar a Vancouver, gracias a que amistades de Lucía, le prestaron dinero para comprar su pasaje. Estas mismas amistades intercedieron por ella en el aeropuerto para que entrara a Canadá, ya que no se contó con ningún tipo de representación por parte del Consulado de México para recibirla y facilitar su entrada a Canadá.

Una vez en Vancouver, se le explica a Martha Vega Jiménez, que su hermana sufría de muerte cerebral, por lo que el día 28 de diciembre de 2013, la familia decide que Lucía sea desconectada. Martha, acudió al Consulado de México en Vancouver para pedir asistencia, en el consulado le fue informada que debía pagar 3,500 dólares o de lo contario se quedaría el cadáver en la morgue. Igualmente el Consulado no se comprometió a repatriar el cadáver.

Así mismo el 30 de diciembre, Rocco Trigueros, activista de Vancouver, tuvo conocimiento de este caso por medio de una queja que una amistad de Lucia hizo en su cuenta personal de Facebook.

El conocimiento sobre los hechos por parte de la comunidad latina en Vancouver, que rodearon el fallecimiento de Lucía, comenzó una campaña de presión por las redes sociales, en donde se expuso la deficiente participación del Consulado Mexicano. La historia fue recogida por los medios de comunicación hispanos como “Latino Soy”.

Amistades de Lucia, establecieron por medio de las redes sociales, una cuenta bancaria en el Banco TD Canada Trust: transit 05680, cuenta 6382026, para ayudar a la familia con los gastos de pasaje, fueron reunidos 900 dólares que le fueron entregados a la familia. Martha Vega Jiménez, hizo un video agradeciendo la ayuda de la comunidad latina de Vancouver. Dicho video, fue distribuido por las redes sociales. El consulado de México, después de enterarse que la comunidad latina estaba tomando acciones, accedió prontamente a ayudar parcialmente a Lucía.

La historia llego a los medios de comunicación nacionales el 27 de enero de 2014, causando revuelo por la forma en que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, guardó la información herméticamente. El 28 de enero de 2014 el sacerdote Eduardo Quintero de la Iglesia Católica Our Lady of Sorrows informó que Martha Vega Jiménez, había firmado un acuerdo de confidencialidad con las autoridades.

El 30 de enero de 2014 el periódico Vancouver Sun y la televisora Global News señalan en sendos reportajes la falta de cooperación y apoyo tanto a Lucia Vega Jiménez como a sus familiares por parte del Consulado Mexicano. Es hasta entonces, 42 días después del intento de suicidio, que el primero de febrero de 2014 el Consulado de México en Vancouver emite un comunicado de prensa en donde anuncia que “México está enojado con este caso” y exige a las autoridades canadienses aclarar las circunstancias bajo las cuales la ciudadana mexicana falleció.

Diversas organizaciones civiles y de derechos humanos como NOOne is Illegal y Watari  Counselling and Support Services of Vancouver llevaron a cabo el día 31 de enero de 2014 una vigilia en frente de las instalaciones del CBSA  exigiendo aclarar las circunstancias de la muerte de Lucia, en esta vigilia se hizo presente también la prensa nacional.

Finalmente, el día 6 de febrero de 2014, No One is illegal, the British Columbia Civil Liberties Association y otras organizaciones de derechos humanos recabaron en pocos días 7,500 firmas alrededor de todo Canadá para exigir una investigación independiente del caso. Dichas firmas fueron entregadas ese mismo día oficialmente a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. Por su parte, el Consulado Mexicano no ha aclarado su actitud ante los hechos ni las acciones a seguir para exigir el esclarecimiento de las condiciones que llevaron a la muerte de Lucía Vega Jiménez.

Ante los hechos mencionados, queremos recalcar los siguientes interrogantes:

1. Lucía fue innecesariamente privada de su libertad y mantenida incomunicada por casi tres semanas, del 1° al 20 de diciembre de 2013.

2. Al Consulado de México le tomó 42 días, para hacer un pronunciamiento público con respecto al caso de Lucía, un día después que la prensa canadiense cuestionó su actitud.

3. Durante el tiempo que Lucia permaneció en las celdas quedó bajo el cuidado, de personal poco capacitado, perteneciente a Genesis Security Group, una agencia de seguridad privada subcontratada por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá.

4. ¿Por qué Lucia permaneció 45 minutos privada de oxígeno, sin recibir asistencia?  ¿Cada cuánto tiempo son monitoreados los detenidos en las celdas del Aeropuerto Internacional de Vancouver?

5. Tal como lo demuestran diversos testimonios, reportajes y testigos, la asistencia consular fue insensible, ineficiente, déspota y no cumple con sus funciones de asistencia a los mexicanos.

6. Existe un contrato de confidencialidad para silenciar a la familia de Lucía. Esto ha sido corroborado por al menos tres personas, incluyendo un sacerdote católico. Se ignora si fue expedido por el Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá o el Consulado de México en Vancouver.

7. Igualmente, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá sólo hizo pública la muerte de Lucia hasta el día 27 de enero de 2014, debido a la intensa presión mediática. Su discurso sólo confirma la muerte de Lucia, pero no ofrece detalles de la causa de defunción. Hasta la fecha el caso se mantiene en total hermetismo.

8. Durante su agonía, Lucia fue trasladada a varios hospitales sin que se haya explicado la razón por la cual no fue admitida inmediatamente en el primer hospital al que fue presentada.

Por las razones anteriormente descritas demando las siguientes acciones:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION

Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que el Consulado Mexicano en Vancouver, Canadá, dé seguimiento de forma oficial al caso, a fin de saber las razones que dieron lugar a la muerte de la mexicana LUCIA VEGA JIMENEZ y comunique los avances en la investigación.

Se exhorta al Ejecutivo Federal para que la autoridad correspondiente en Vancouver dé asistencia a la familia de LUCIA VEGA JIMENEZ.

Se exhorta al Ejecutivo Federal para que haga una investigación al personal integrante de la oficina consular en Vancouver Canadá, por el comportamiento negativo que han mostrado en este caso.

Sen. Layda Sansores San Román”.





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas del país a implementar medidas preventivas y de concientización en materia de cultura vial, en la que la visión toral sea la de advertir como sujetos vulnerables y prioritarios a los peatones, ciclistas y motociclistas en la prevención de accidentes de tránsito. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAIS A IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONCIENTIZACION EN MATERIA DE CULTURA VIAL, EN LA QUE LA VISION TORAL SEA LA DE ADVERTIR COMO SUJETOS VULNERABLES Y PRIORITARIOS A LOS PEATONES, CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS EN LA PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO

“El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAIS A IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONCIENTIZACION EN MATERIA DE CULTURA VIAL, EN LA QUE LA VISION TORAL SEA LA DE ADVERTIR COMO SUJETOS VULNERABLES Y PRIORITARIOS A LOS PEATONES, CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS EN LA PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

De conformidad a la Ley General de Salud, un “accidente” es conceptualizado como el hecho súbito que ocasiona daños a la salud y que se produce por la concurrencia de condiciones potencialmente prevenibles. El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes del Estado de Jalisco (CEPAJ), señala que los accidentes son prevenibles en un 90%, esto con actitud y propiciando condiciones seguras a través de la detección de riesgos.

Las causas y circunstancias de los accidentes son muy diversas, destacando para los efectos que en el presente documento interesan, los que suceden en la vía pública, principalmente los accidentes de tránsito. Este último resulta uno de los más complejos al ser donde confluyen distintos entes viales que involucra a los peatones, ciclistas, motociclistas, transporte público, de carga, automovilistas, y a las autoridades encargadas del orden vial.

En este problema incide drásticamente la falta de una cultura vial en la población, la cual es necesaria conocer y asimilar para prevenir los accidentes, acompañada de la efectiva aplicación de las leyes y reglamentos.

De acuerdo con el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2012, al año mueren más de 1.3 millones de personas como consecuencia de accidentes viales mientras que 50 millones sufren de traumatismos.

También, conforme a dicho informe, el 62% de las victimas reportadas por estos accidentes ocurre en tan solo diez países: India, China, Estados Unidos, Rusia, Brasil, Irán, México, Indonesia, Sudáfrica y Egipto, entre los cuales, nuestro país ocupa el séptimo lugar. En este diagnóstico se reconoce que los usuarios más vulnerables son principalmente los peatones, ciclistas y motociclistas, ya que no viajan en una estructura que los proteja de cualquier percance, no obstante, son pocos los países que generan medidas de prevención y de protección para estos usuarios, ya que en general, es para los automovilistas para quienes se genera una mayor cantidad de campañas y recomendaciones de protección.

Usuarios vulnerables de la vía pública

El Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, formulado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, está orientado a exponer las medidas, metas y objetivos en materia de seguridad vial, y clasifica como USUARIOS VULNERABLES DE LA VIA PUBLICA A LOS PEATONES, LOS CICLISTAS Y LOS MOTOCICLISTAS.

Uso de bicicletas y motocicletas

Cabe mencionar que los medios de transporte que mayormente han aumentado su uso son la bicicleta y la motocicleta. Este incremento se debe al congestionamiento vial y deficiencia en el servicio del transporte público, aunado a los beneficios que trae para la salud, en el caso de la bicicleta. De acuerdo con el INEGI, tan sólo en la Ciudad de México se realizan diariamente más de 100 mil viajes en bicicletas, donde el 57% de ellos es por motivos de trabajo. Otro dato que destaca es el uso de motocicletas, las cuales al año 2012 se encontraban en circulación en todo el país 1,589,7081 unidades.

Debido al mayor uso de estos dos medios de transporte, es imperativo establecer una cultura de respeto y cuidado al ciclista y al motociclista para disminuir la cantidad de accidentes que los involucran.

Peatones

Los peatones forman parte también de los usuarios vulnerables involucrados en los accidentes de tránsito. De acuerdo a cifras del Segundo Estudio del 2012 del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), la cantidad de accidentes de este grupo ascendió a 18,195. Entre las causas que explican este comportamiento, se encuentran la ineficiente infraestructura urbana, la falta de señalamientos, la invasión de las banquetas por el comercio ambulante y por la falta de precaución de los conductores de vehículos, mas todo redunda en una casi nula cultura vial.

La mitad de los fallecidos por accidentes de tránsito son peatones, ciclistas y motociclistas.

Un elemento más que nos recuerda la importancia de crear campañas de cultura vial entre las autoridades y la sociedad a fin de generar un ambiente armónico de respeto hacia estos usuarios vulnerables2, son los datos que nos indican que la mitad de las muertes por accidentes de tránsito, a nivel mundial, corresponden a peatones (22%), ciclistas (5%) y motociclistas (23%).

Además de las lesiones y defunciones que generan los accidentes viales, éstos acarrean consecuencias que dañan el patrimonio familiar y la calidad de vida de las víctimas, por datos como los siguientes3:

• 3 de cada 100 lesionados por accidentes viales adquieren una deuda.

• 5 de cada 10 hospitalizados por choque adquieren una deuda donde el costo representa más del 100% de su ingreso mensual.

• 8.5 de cada 10 familias de personas discapacitadas por choque registran una disminución permanente en su nivel de vida.

• 75% de las personas que sufren una discapacidad no vuelven a encontrar empleo.

• 9 de cada 10 familias donde falleció una persona por choque registran una disminución permanente en su calidad de vida.

Estos escenarios se agravan cuando las personas no poseen un seguro que los ampare y los asista en caso de un incidente.

Estabilización del número de accidentes viales

Recientemente, la OMS en su “Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013” (en apoyo al Decenio de acción), da a conocer cifras donde resalta que cada año se producen en todo el mundo aproximadamente 1.24 millones de muertes por accidentes de tránsito, y la situación ha cambiado poco desde 2007. Sin embargo, esta cifra constante se refiere a una estabilización que debe examinarse en el contexto de un aumento mundial del 15% en el número de vehículos registrados, lo cual hace concluir que las intervenciones para mejorar la seguridad vial mundial han mitigado el aumento previsto del número de muertes.

Por lo tanto, menciona dicho documento, que está demostrado que la adopción y observancia de leyes integrales sobre los factores de riesgo fundamentales (exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol y no utilización del casco de motociclista, del cinturón de seguridad y de sistemas de retención para niños), ha reducido las lesiones causadas por el tránsito. Las campañas de comunicación social para transmitir a la ciudadanía la percepción de que hay que cumplir esas normas son esenciales para que éstas resulten eficaces.

De esta manera, la adecuación normativa y las campañas de información y difusión para su cumplimiento se traducen en una herramienta bastante útil para crear una cultura vial preventiva en la sociedad, encaminados al respeto de los derechos de los usuarios vulnerables. Punto donde radica precisamente la propuesta que me permito traer a la consideración de esta honorable Asamblea, esto es, exhortar a las autoridades competentes para acentuar la adopción de medidas preventivas y de concientización en materia de cultura vial, en la que la visión toral sea la que parta de advertir como sujetos vulnerables a los peatones, ciclistas y motociclistas. Ello nos conviene a todos, pues no está de más recordar que todos, absolutamente todos, somos peatones.

La presente sugerencia forma parte además, de las inquietudes que diversas organizaciones de la sociedad civil han tenido a bien compartirme y que, coincidente con ellas, el suscrito a su vez tengo a bien el hacerlas extensivas a esta soberanía a efecto de emitir un pronunciamiento en favor de la preservación de la vida. De una preservación a la que el respeto a las normas de tránsito y una debida cultura vial pueden aportar en la prevención de accidentes.

Cabe decir, que esta propuesta ha sido bien recibida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues a sus diputados les ha sido planteada ya y parece se están tomando cartas en el asunto; mas es evidente que la problemática planteada no es privativa de esta ciudad, por lo que el planteamiento realizado sugiere hacerlo extensivo a los ejecutivos y legislativos de las entidades federativas.

Por ello, solicito a esta Soberanía aprobar, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con…

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a…

a).- Los Congresos Locales, para que en el ámbito de sus atribuciones, promuevan acciones legislativas en materia de seguridad vial, en las que  se contemplen aquellas que consideren a los peatones, ciclistas y motociclistas como usuarios prioritarios y de mayor vulnerabilidad de la vía pública, y fortalezcan en sus marcos jurídicos, las medidas encaminadas a la prevención de los factores de riesgo fundamentales en los accidentes viales, a saber: el exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol, la no utilización del casco de motociclista, del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención para niños.

b).- A los ejecutivos de los gobiernos estatales, para que implementen campañas de prevención y difusión en materia de cultura para la seguridad vial, con énfasis en la importancia del respeto a las leyes y reglamentos de tránsito, asimismo, encaminadas a fomentar la conciencia vial que permita reducir los accidentes de tránsito y adoptar una actitud de cuidado y respeto hacia los usuarios más vulnerables de la vía pública: Peatones, ciclistas y motociclistas.

Dado en el salón de sesiones, a 8 de abril de 2014.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero”.

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información INEGI, consultado en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biinegi/ el 15 de diciembre de 2013

2 Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2013, apoyo al decenio de acción, sitio web: http://who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/report/summary_es.pdf, consultado el 15 de noviembre de 2013

3 México Previene, Diagnostico general sobre la casualidad de los accidentes en México, editorial, Efrén Murillo, noviembre 2013, México DF. Página 23





 

Del Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo en relación a la minuta por la que se expide la Ley de la Pensión Universal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LA MINUTA POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA PENSION UNIVERSAL

“El suscrito, SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° numeral I fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION A LA MINUTA POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA PENSION UNIVERSAL. LO ANTERIOR, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado martes 18 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con el voto en contra del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional junto con otras fuerzas parlamentarias, la Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de la Pensión Universal, la cual medularmente tiene por objeto otorgar a todas las personas mayores de 65 años de edad, una pensión universal por un monto máximo de $1,092.00 (un mil noventa y dos pesos 00/100 M.N.) mensuales.

Sin embargo, dicho monto no se aplicará de manera inmediata, pues conforme a lo previsto en los artículos transitorios, el monto de la pensión iniciará en $580.00 (quinientos ochenta pesos 11/100 M.N.) y se irá actualizando anualmente, hasta alcanzar el monto máximo, para lo cual no podrán transcurrir más de 15 años. Para tales fines, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, en el mes de febrero de cada año, el monto exacto a pagar por concepto de pensión universal.

Dicha Minuta ya ha sido recibida en esta Cámara y la Mesa Directiva dispuso que se turnara a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, razón por la cual dirijo una atenta y respetuosa solicitud para que durante el proceso de dictamen se tomen en cuenta las preocupaciones que planteo a continuación.

Una de las disposiciones de la Minuta que más llaman mi atención, se encuentra en el artículo segundo transitorio, fracción IV del Decreto por el que se expide la Ley de la Pensión Universal, el cual dispone:

“IV. El Gobierno Federal, para el financiamiento de la Pensión Universal de los mexicanos que a partir del año 2014 cumplan 18 años de edad, constituirá un fideicomiso irrevocable y sin estructura orgánica, el cual se integrará con los recursos que, atendiendo a los estudios actuariales y demográficos elaborados conforme al Reglamento de la Ley de la Pensión Universal se prevean cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Los recursos aportados al fideicomiso se individualizarán con los datos de los mexicanos a que se refiere el párrafo anterior, en la medida en que se cuente con la información que permita su plena identificación, en términos del Reglamento de la Ley de la Pensión Universal”.

A reserva de conocer el contenido de los documentos que sirvieron de base a la Cámara de Diputados, para aprobar la Minuta a la que me he referido, que debe contar con el análisis de impacto presupuestal correspondiente, estimo necesario que desde este momento quede claro a quien corresponderá llevar a cabo los estudios actuariales y demográficos que sirvan de base para estimar los recursos que deberán provisionarse, para el pago de la pensión universal.

La preocupación que justifica la presentación de este punto de acuerdo, deviene del hecho de que los pasivos contingentes siguen creciendo anualmente a casi el doble de la recaudación adicional estimada con las reformas recién aprobadas a las leyes fiscales.

Según los propios Criterios General de Política Económica 2014, al cierre de 2012 el saldo de los pasivos por los sistemas de pensiones del IMSS, ISSSTE, PEMEX y CFE suman 9 billones de pesos, equivalentes a 58% del PIB:

- IMSS / IMSS-RJP  $ 2.5 billones  15.9% del PIB

- PEMEX  $ 1.3 billones 8.3% del PIB

- CFE $ 452 mil mdp  2.9% del PIB

- ISSSTE $ 4.8 billones 31.3% del PIB

Las previsiones para pensiones y jubilaciones en el presupuesto 2014 consideran un incremento en términos reales de más de 15% con respecto al presupuesto 2013 (incluye las pensiones que se otorgan a los jubilados del Gobierno Federal, de las entidades de control directo, así como de los trabajadores afiliados al IMSS y cuya pensión está a cargo de este).

El año pasado, cuando recibimos en esta Cámara la propuesta de paquete económico que nos envió el Titular del Poder Ejecutivo Federal, manifesté en varias ocasiones mi desacuerdo por la actitud del Gobierno Federal de pedir más dinero, incrementar los impuestos golpeando a la clase media y a los contribuyentes cautivos de siempre, así como solicitar un endeudamiento de más de 650 millones de pesos, sin que se ofreciera ninguna medida para ir aliviando el gran problema que los pasivos contingentes significan para las finanzas de nuestro país, particularmente los esquemas de pensiones que aún subsisten en instituciones públicas como PEMEX y CFE, que por estar sustentadas en sus contratos colectivos, poco les afectan las reformas hechas a las leyes del IMSS y del ISSSTE.

Por este motivo, no puedo estar de acuerdo en que se deje al arbitrio del Poder Ejecutivo, en uso de su facultad constitucional reglamentaria, la determinación del cómo y quién llevará a cabo el cálculo actuarial y demográfico de las pensiones universales. De hecho, me preocupa que tengamos en nuestro régimen jurídico, una institución única responsable de mantener actualizado el cálculo de la totalidad de los pasivos contingentes del sector público que permita a los Senadores contar con información objetiva e imparcial, para decidir si es viable aprobar la Minuta que expide la Ley de la Pensión Universal o no.

Sin embargo, toda vez que se tiene en puerta el análisis y dictamen de dicha Minuta, quiero por una parte solicitar a los Senadores que integran las Comisiones Dictaminadoras que, en primer término, definan la autoridad a la que competerá hacer los cálculos actuariales y demográficos de la pensión universal, pero por el otro, solicitar que compartan con todos los Senadores la información de los análisis de impacto presupuestal que debieron respaldar la aprobación que hicieron los Diputados.

Respecto a la primera petición, me permito citar el contenido del artículo 26, apartado B Constitucional, en su parte conducente dispone:

“Artículo 26…

A…

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.

C…

Por su parte, el artículo 3º de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, dispone que el INEGI tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado Información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional.

Con base en ambos dispositivos, estimo que el organismo al que le corresponde realizar los estudios actuariales y demográficos tanto para el cálculo de la pensión universal, como de todos los pasivos contingentes de la administración pública federal, es al INEGI y en este sentido, dichos dispositivos normativos deben considerarse en el proceso de dictamen.

Ahora bien, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé lo siguientes respecto a la creación de nuevos compromisos de gasto:

Artículo 18.- A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior.

Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.

El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión.

Consecuentemente, tanto el Titular del Poder Ejecutivo, como la Cámara de los Diputados, debieron contar con un análisis de impacto presupuestal de la pensión universal que aprobaron. En este sentido, solicito que dichos documentos sean difundidos entre todos los Senadores que integramos esta Cámara, con el objetivo de que nuestra decisión sobre este tema esté debidamente informado, pero sobre todo, que tengamos claro cuál será la carga que dicha medida representará, en las finanzas públicas de nuestro país.

Sin embargo, me gustaría conocer si dicho estudio de impacto presupuestal, cuenta con una proyección de gasto de largo plazo, al menos de los quince años en los que se deberá alcanzar el monto máximo de $1,092.00 (mil noventa y dos pesos 00/100 M.N.), a pesar de que los estudios actuariales y demográficos apenas se llevarán a cabo.

Aprobar leyes como la Minuta a la que me he referido, sin tener la certeza de los cálculos, como lo hicieron nuestros compañeros Diputados con el apoyo de las bancadas del PRI, del Partido Verde, de Nueva Alianza y algunos Diputados del Partido de la Revolución Democrática, no hacen más que dejar fiel testimonio de las prácticas populistas que se aplicaron durante 70 años y que hoy siguen vigentes.

Mantener esa actitud dadivosa y poco seria en términos actuariales y económicos, no hace más que evidenciar las viejas prácticas de que la Presidencia en turno quede bien y el que venga asuma el problema y vea cómo lo resuelve.

Mi posición no es contra la pensión universal per se, sino en contra de la falta de información objetiva e imparcial que permita definir si financieramente es posible otorgar un derecho social como el que se propone o no.

Mi desacuerdo, es porque creamos derechos, sin establecer mecanismos de cuantificación y proyección de gasto que representarán en el futuro. No nos engañemos, con esta Minuta estaríamos hipotecando el futuro sin poder saber cuánto les costará a nuestros hijos y a nuestros nietos.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea del Senado de la República, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Estudios Legislativos Primera de esta Cámara, a que difundan entre los 128 Senadores, la información de impacto presupuestal que sirvió de base para la aprobación de la Minuta de la Ley de la Pensión Universal.

SEGUNDO.- Se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe a esta Cámara y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el monto total de los pasivos laborales contingentes que tiene la Administración Pública Federal a la fecha.

TERCERO.- Se exhorta al INEGI a que con la información que le remita la SHCP, haga el levantamiento de la información de la totalidad de los pasivos laborales contingentes de la administración pública federal, a partir de lo cual lleve un control riguroso y público de dichos pasivos.

CUARTO.- Se solicita a las Comisiones dictaminadoras, a que previamente a que se emita dictamen de la Minuta de la Ley de la Pensión Universal, difunda entre los 128 Senadores la información señalada en los resolutivos segundo y tercero.

Sen. Ernesto Ruffo Appel”.





 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar acciones que fomenten y salvaguarden los principios establecidos en los convenios internacionales en protección a los infantes víctimas de conflictos armados y zonas violentas. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTE ACCIONES QUE FOMENTEN Y SALVAGUARDEN LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN PROTECCION A LOS INFANTES VICTIMAS DE CONFLICTOS ARMADOS Y ZONAS VIOLENTAS.

“El que suscribe Senador Benjamín Robles Montoya integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República; de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, Proposición con Punto de Acuerdo en base a los siguientes antecedentes:

Según el Derecho Internacional Humanitario1, existen dos clasificaciones en la definición de "conflicto armado": Conflicto Armado Internacional y Conflicto Armado No Internacional.

Según el Derecho Internacional Humano: Puede ser un conflicto armado aquel en que participen uno o más grupos armados no gubernamentales y en el que según la situación, puede haber hostilidades entre las fuerzas armadas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales o entre esos grupos únicamente. El Derecho Internacional Humanitario dicta que: Los grupos no gubernamentales que participan en el conflicto son considerados "partes en el conflicto", en el sentido de que disponen de fuerzas armadas organizadas2, que mantienen un control territorial que les permite realizar acciones fuera del marco institucional.

La Convención sobre los Derechos del Niño y el primer protocolo adicional de los Convenios de Ginebra de 1949 prohíben el reclutamiento de menores de 15 años en las fuerzas armadas y estipulan también que los Estados Partes deberán adoptar todas las medidas que sean factibles para impedir que los niños menores de esa edad participen en situaciones hostiles.

La UNICEF3 afirma que “Niños Soldados son aquellos menores de 18 años de edad, vinculados a grupos armados regulares o irregulares, es decir estatales o no estatales, en distintas calidades operativas. Se considera no sólo aquellos niños que sostienen o han sostenido un arma: Dentro de este universo de personas también están aquellos otros que realizan todo tipo de actividades de apoyo logístico o de inteligencia: hablamos de niños informantes, mensajeros, rastreadores, cocineros, etc.”

Por lo tanto, el DIH ha impulsado en términos generales: “la protección y a la asistencia en favor de los niños víctimas de los conflictos armados y a la promoción del principio de no reclutamiento y no participación de menores de 18 años en conflictos armados”.

Hoy en México y dentro del fenómeno de violencia que está generando el crimen organizado en diferentes puntos del país, los legisladores del grupo parlamentario del PRD estamos preocupados por el desarrollo de la infancia. Sabemos que los infantes no se incorporan voluntariamente a las fuerzas o grupos armados de índole criminal; se incorporan debido a que forman parte de un grupo en situación de extrema vulnerabilidad.

Muchas de las razones por las cuales los niños se alistan dentro de estos grupos se deben a problemas de orden socioeconómico y estamos seguros de que los infantes prefieren disfrutar de un sano entorno escolar que estar involucrados en temas de violencia.

Los mismos jóvenes y niños saben que toda vez que han participado en temas de delincuencia y violencia armada, difícilmente vuelven a ser aceptados por sus comunidades locales o incluso por sus familias. Por lo tanto, hay necesidad de realizar actividades institucionales de mediación en favor de esos niños. Deben hacerse esfuerzos para alentar a las comunidades a reconocer que sus niños son víctimas y integrar todos juntos un esfuerzo para aceptarlos en el seno de la sociedad civil.

En el estado de inseguridad y violencia que guardan muchos puntos de México, debemos reconocer que estos niños son ante todo víctimas del conflicto, a quienes se ha vulnerado sus derechos interrumpiendo su proceso de desarrollo.

“Estos niños y niñas han tenido que desenvolverse en un contexto de una especie de guerra y apología de la violencia que ha determinado el rumbo de sus vidas. En muchas poblaciones del país la presencia permanente de grupos armados, intimida a la población que, para proteger su vida, se ven en la obligación de vincularse directa o indirectamente a alguno de estos grupos4

Desgraciadamente en México ya existe el fenómeno llamado “paramilitarismo5”.  El Paramilitarismo denota realizar actividades cercanas a lo militar pero que al mismo tiempo desvían o irregularizan la milicia. Los grupos paramilitares son cuerpos que actúan junto a la institución militar pero que al mismo tiempo ejercen una acción irregular, desviada, deformada, de lo militar.

Si la institución militar tiene un papel en las sociedades o Estados de Derecho, es justamente la de ejercer, en nombre y por delegación del cuerpo social, la actividad armada o guerrera en defensa de ese mismo cuerpo, dentro de estrictas normas éticas y jurídicas que le impidan desnaturalizar su peligroso papel. Y si hay una justificación para que tal institución exista, es precisamente el peligro de que esa actividad la ejerza cualquiera que no esté rigurosamente formado en los cánones éticos y jurídicos del uso de las armas, y sobre todo alguien que no pueda responder rigurosamente por sus actuaciones en el uso de las mismas.

Contradicen el principio legítimo de la institución armada, tanto la politización o ideologización de los hombres de armas -que los lleva a usar la fuerza en defensa de los intereses de un grupo o sector de la sociedad y no en defensa de los intereses del conjunto- , como la práctica de vincular a la acción armada a personas o grupos civiles. En este último caso, la institución armada pierde su razón de ser, pues está esencialmente concebida para ejercer una acción que no pueden ni deben ejercer los civiles, bajo pena de destruir los principios fundantes del Estado de Derecho: la igualdad de todos los asociados ante la ley y la ilegitimidad de usar la fuerza para someter a los demás a sus intereses.

Sin embargo, el Gobierno Federal ha admitido la coordinación de la estructura institucional del Estado de Derecho con los grupos llamados “autodefensas” ; esta situación solo provoca una interpretación abusiva que lo único que impulsan es el involucramiento de la población civil en acciones armadas llamándose "Juntas de Autodefensa".

Esta situación provoca que sea regular el uso de prácticas que tienen que ver con el abuso en la vida de los infantes, como el rapto de niños y niñas en zonas donde estos grupos que generan violencia, mantienen control. En algunas zonas urbanas marginadas o de asentamientos de desplazados o refugiados operan personas que hacen el trabajo de convencimiento de los adolescentes aprovechando la pobreza y exclusión en que viven estos y sus familias, ofreciéndoles “trabajo” con un sueldo mensual, comida y seguridad para él y su familia ya que las zonas en donde viven la violencia es una práctica cotidiana. En muchos casos el reclutamiento se exige como una “cuota de familia” para el movimiento.

Los niños hacen parte de una estructura estrictamente jerárquica y experimentan procesos de socialización; esta experiencia pueden dificultar que en la vida civil los niños se adapten a nuevos códigos de conducta, siendo muy tarde cuando los infantes, ya convertidos en adolescentes, sufren conflictos morales al tomar conciencia de la gravedad de las acciones que cometieron en convivencia o como integrantes de grupos armados.

Por todo lo anterior, es imprescindible que el Estado Mexicano realice acciones urgentes dentro del ámbito del desarrollo social, con el objeto de realizar un adecuado acompañamiento para evitar la culpa y la vergüenza que posteriormente aqueja a los adolescentes que perdieron la infancia en un entorno hostil. Bajo procesos de desvinculación y reintegración social en donde sea necesario comprometer a las entidades gubernamentales y no gubernamentales, a las organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad en el acompañamiento a los niños y a sus familias, a través de la creación de redes locales que faciliten el proceso y hagan acompañamiento hasta que los adolescentes puedan asumir su propia vida.

En México las hostilidades en zonas con cierto grado de violencia, mantienen el llamado “nivel mínimo de intensidad” suficiente como para atender con una estrategia especial las hostilidades de índole colectiva que ha ocasionado que el Gobierno tienda a recurrir a la aceptación de grupos llamados autodefensas apoyada de los mandos militares en contra de los grupos de organización criminal, sin importar en lo más mínimo dentro de la misma estrategia las repercusiones imborrables que esta desarrollará en la vida de los infantes.

Como legisladores federales, debemos velar por lo que establece nuestra Constitución Política en su artículo 4 párrafo 8 que a la letra versa:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Nuestro máximo interés es la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la promoción de su sano desarrollo físico, mental y social;

Por lo anteriormente y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Proposición con punto de Acuerdo por el que el senado de la república exhorta respetuosamente al titular del poder ejecutivo federal, para que en uso de sus atribuciones, implemente acciones que fomenten y salvaguarden los principios establecidos en los convenios internacionales en protección a los infantes victimas de conflictos armados y zonas violentas.

Dado en el salón de sesiones da la Cámara de Senadores, a 8 de abril de 2014.

Atentamente

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.


1 Comité Internacional de la Cruz Roja (Geneve)

2 Esto significa, por ejemplo, que estas fuerzas tienen que estar sometidas a un estructura de mando que tiene la capacidad de mantener operaciones militares.

3 Vallés, Jorge (2.002). UNICEF- Aspectos Operativos y Experiencias Internacionales en Niñez y Conflicto Armado. Cátedra Ciro Angarita por la Infancia. Memoria anual. Universidad de los Andes. Bogotá.

4 Niños, niñas y adolescentes vinculados al conflicto armado.http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7057.pdf?view=1

5 Crisóstomo Eseverri Hualde, el autor de un erudito Diccionario Etimológico de Helenismos Españoles, publicado en España en 1944, precisa el significado de la partícula griega "para", utilizada como prefijo en numerosos vocablos castellanos. Según él, son tres las denotaciones de esta partícula: 1) aproximación ; 2) trasposición ; 3) desviación o irregularidad. En efecto, dicha partícula se utiliza para referirse a algo que está al lado de, junto a, que es semejante a, pero que al mismo tiempo está más allá de, fuera de, salido de la entidad denotada por el cuerpo principal del vocablo.





 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a disponer lo necesario a efecto de que en el estado de Baja California la facturación se realice de manera mensual cobrando la energía efectivamente consumida bajo un esquema de la mayor transparencia y respeto a los derechos de los usuarios. Se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A DISPONER LO NECESARIO A EFECTO DE QUE EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA LA FACTURACIÓN SE REALICE DE MANERA MENSUAL COBRANDO LA ENERGÍA EFECTIVAMENTE CONSUMIDA BAJO UN ESQUEMA DE LA MAYOR TRANSPARENCIA Y RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS

“El Senador MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS, integrante del grupo parlamentario del partido del trabajo en la lxii legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 8 numeral 1 fracción ii, 108, 109 y 276 del reglamento del senado de la república, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO CON MOCION DE URGENTE RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA, CON TODA ATENCION, A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR CONDUCTO DE SU TITULAR, PARA QUE SE SIRVA DISPONER LO NECESARIO A EFECTO DE QUE EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA LA FACTURACION SE REALICE DE MANERA MENSUAL COBRANDO LA ENERGIA EFECTIVAMENTE CONSUMIDA BAJO UN ESQUEMA DE LA MAYOR TRANSPARENCIA Y RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, con base en las siguientes,

Consideraciones

Sobre la racionalidad en la facturación del servicio de energía eléctrica.

El Estado de Baja California tiene 3’155,070 habitantes según el último Censo de Población y Vivienda llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. En la entidad se encuentran 870,310 viviendas de particulares habitadas. En todas ellas la energía eléctrica resulta vital. Las altas temperaturas en primavera y verano, así como la caída en el clima en invierno tornan imprescindible la instalación de aparatos diversos para aminorar los efectos extremos del medio ambiente. Atendiendo a esta circunstancia, el Congreso de la Unión estableció que las tarifas para el suministro de energía eléctrica que cobra la Comisión Federal de Electricidad se fijaran con base en un criterio que atienda a los diferentes tipos de clima que se registran en el país. De ahí que se establecieron siete regiones en la república donde se aplican las tarifas de acuerdo con la temperatura mínima media de verano.

Por otra parte, hace unos años se optó por crear incentivos de sentido económico a través de los componentes de la facturación. De esta manera, resultan 3 niveles de consumo a los cuales corresponden tres tipos de facturación. El Básico es el más barato. El intermedio implica una tarifa mayor, con reducción del subsidio autorizado para uso residencial. Y finalmente la tarifa de Alto Consumo (DAC) que se eleva significativamente. La lógica de esta estructura tarifaria radica en estimular a los usuarios a reducir su consumo para no sufrir el castigo de la tarifa más elevada. O si se quiere ver de otro modo, se otorga el incentivo de mayor subsidio a aquellas familias que hagan un uso racional de la energía.

De acuerdo a datos del 2011 del INEGI, en Baja California hay 1’096,278 usuarios del servicio. Lo anterior implica un volumen de ventas de $12,807’622,000. Las familias dedican una parte importante de sus ingresos para el pago de la energía eléctrica. Según la Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares (ENGASTO) 2012 realizada por el INEGI, las familias ubicadas en localidades urbanas destinaron 20.4% de su gasto total para la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.  En promedio las familias dedicaron $2,296 pesos para cubrir el recibo de luz de la vivienda principal, de los cuales las familias donde sus miembros tienen la educación primaria incompleta pagaron $1,525. Si tomamos en cuenta que, de acuerdo con la misma Encuesta, el gasto anual promedio por persona en Baja California es de $51,532 resulta que los recursos que una persona destina para el pago de combustibles diversos para la vivienda, entre los que se encuentra la electricidad, ascienden a la cantidad aproximada de $10,200

El pago bimestral no se concilia con egresos no programados, es decir, gastos no previstos que las familias tengan que desembolsar principalmente por eventualidades a las que hay que hacer frente como por ejemplo enfermedades o fallecimientos. La facturación cada dos meses hace más vulnerables a las familias que tienen que soportar gastos extraordinarios pues necesariamente tendrán que hacer recortes en necesidades primarias si desean seguir disfrutando del servicio.
Los plazos por mes son más cómodos ya que el dinero se puede distribuir de mejor manera en dos meses. El plazo más corto permite a las familias tener mayor conciencia de sus hábitos de consumo pues la referencia temporal es más próxima en cada ejercicio. El pago mes a mes aporta la oportunidad a cada hogar de desarrollar patrones de consumo estandarizados para no salirse de la tarifa básica y conservar el beneficio del subsidio. La identificación clara del consumo digamos irreductible de una familia despierta el interés por adoptar tecnologías caracterizadas por el alto nivel de eficiencia, muchas de las escuelas cuentan con subsidios para su adquisición y facilidades provenientes de fideicomisos públicos relacionados con el uso racional de la energía. La facturación mensual aporta los datos para valorar la instrumentación de energías limpias bajo el incentivo de mantener el consumo dentro de los límites del subsidio, o por lo menos no llegar a la tarifa que opera como si fuera una multa que es la de alto consumo o DAC.

La mayoría de las familias mexicanas y en Baja California no es la excepción pertenecen a los estratos de ingresos bajos que oscilan de uno hasta los cuatro salarios mínimos. De ahí que la facturación mensual resulta más acorde con el espíritu del salario mínimo que no es otro que el garantizar a la familia del trabajador cubrir los gatos normales tales como alimentos, vestido, salud, vivienda, educación y sano esparcimiento.

La petición de que los cobros por el servicio de suministro de energía eléctrica se hagan cada mes incide también en la consolidación de una cultura financiera en la familia. El pago mensual se presta más a la elaboración del presupuesto doméstico ya que queda contemplado dentro de los renglones a cubrir de manera permanente, lo cual facilita programar su pago sobre la base de un consumo esperado.

Por otra parte, la Comisión Federal de Electricidad acumula quejas por concepto de facturación, las cuales se desahogan ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Se estima que 4.51 personas de cada mil optan por la reclamación al considerar injusto el cobro por no apegarse al consumo real. Una vía de solución factible para que el “recibo de la luz” en México deje de ser motivo de controversia entre la población y la Comisión lo encontramos precisamente en el cobro mensual de acuerdo a lo realmente consumido, en un nuevo esquema en el que la transparencia y claridad sean elementos torales.

Finalmente, nuestra propuesta permite armonizar lo tocante a la energía eléctrica con las modalidades de pago de los demás servicios inherentes a los hogares como los de suministro de agua potable y alcantarillado, de telefonía residencial que son mensuales. Otros servicios que están adquiriendo carta de naturalización como esenciales como la telefonía celular son también cada mes en su pago. La televisión por cable se cobra también por mes. Por otra parte, el alquiler de viviendas por lo general se realiza pactando pensiones rentísticas cada treinta días naturales.

Existen razones de peso en el ámbito ambiental que tienen que ver también con la necesidad de que la facturación se lleva a cabo cada mes. Como ya se ha explicado con antelación, este tipo de facturación permite a las familias desarrollar hábitos de consumo más racionales bajo el incentivo de conservar el beneficio del subsidio, lo cual al reducir gradual pero mayoritariamente el nivel de consumo produce una baja en las emisiones de tipo invernadero con motivo de la producción de energía eléctrica. Lo anterior es una buena prospectiva si partimos de que de acuerdo a la Quinta Comunicación Nacional sobre Cambio Climático en México, el sector energético representa 67.3% de las emisiones. Cabe mencionar que según datos recabados por Greenpeace, organización ambientalista, la Comisión Federal de Electricidad utiliza combustibles fósiles para generar más del 76% de la electricidad para servicio público. Lo anterior se traduce en que la Comisión emite alrededor del 11% de los gases de efecto invernadero de México.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, el siguiente,

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Con moción de urgente resolución se exhorta, con toda atención, a la comisión federal de electricidad, por conducto de su titular, para que se sirva disponer lo necesario a efecto de que en el estado de baja california la facturación se realice de manera mensual cobrando la energía efectivamente consumida bajo un esquema de la mayor transparencia y respeto a los derechos de los usuarios.

México, Distrito Federal, a 8 de abril de 2014.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas”.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al congreso del estado de Coahuila de Zaragoza a presentar un informe sobre la adquisición de la obra “Carranza en los muros del Congreso”. Se turna a la Comisión de Federalismo.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA A PRESENTAR UN INFORME SOBRE LA ADQUISICION DE LA OBRA "CARRANZA EN LOS MUROS DEL CONGRESO"

“La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN Senadora de la República por el Estado de Coahuila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, de conformidad con lo previsto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo, en el cual SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA A PRESENTAR UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA ADQUISICION DE LA OBRA "CARRANZA EN LOS MUROS DEL CONGRESO".

CONSIDERACIONES

La historia de México y del mundo, se ha dejado plasmada en reconocidos murales que suelen ubicarse en edificios públicos de alto valor arquitectónico, cultural o social.

Generalmente se aprovechan fechas conmemorativas para inmortalizar sucesos importantes que se considera deben permanecer en el recuerdo de los pueblos. En el caso del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, se decidió inmortalizar los CIENTO UN años del nacimiento del Ejército Constitucionalista, a través de una obra pictórica en 8 tiempos nombrada "Carranza en los Muros del Congreso", misma que fue pagada, obviamente, con recursos de los coahuilenses.

Debo decir que para la mayoría de los Coahuilenses, José Venustiano Carranza Garza, es motivo de orgullo por haber sido uno de los muy pocos mexicanos de aquel entonces, que tuvo las suficientes agallas para enfrentar al dictador Victoriano Huerta, y junto con un grupo de mexicanos valientes que buscaban, nada más que un país justo, formaron un ejército que luchó para derrocar a quien usurpaba el poder y se aprovechaba del miedo y la ignorancia para gobernar buscando solo el beneficio de unos pocos.

No obstante, hoy subo a esta tribuna, NO a criticar el homenaje a un ilustre y bien reconocido coahuilense, como lo fue el ex Presidente Carranza. Me da gusto que como sociedad estemos aprendiendo a valorar lo que los mandatarios pasados han hecho bueno por este país. Ojalá no pase mucho tiempo en que nos demos cuenta del bien que hicieron también mandatarios de épocas muy recientes.

Lo que hoy subo a denunciar compañeros, es una vez más, las formas en como en Coahuila se toman a cabo decisiones sobre el erario público. Sin consultar ni pensar en el bienestar de los coahuilenses.

Subo en nombre de aquellos coahuilenses que no tienen que comer, ni donde vivir dignamente. Estoy aquí hablando de todos aquellos coahuilenses que han sufrido de la epidemia de A H1 N1 que hay en el Estado y que no han recibido atención o medicamentos adecuados “porque nunca alcanza el recurso para hospitales, medicinas, doctores, equipo médico”. Hoy decidí subir a la tribuna compañeros, para darles voz a todos aquellos coahuilenses que estarán endeudados por los próximos veinte años, o más, de su vida, gracias al maximato mexicano del siglo XXI conformado por los Moreira.

Resulta compañeros, que mientras en Coahuila sufrimos hambre, frio, muertes por enfermedades y estamos endeudados por generaciones, en Saltillo se llevó a cabo, con bombo y platillos, la inauguración de la obra que conmemora la conformación del ejército constitucionalista carrancista. Pero pongan mucha atención compañeros, pues no fue una celebración cualquiera, fue el aniversario de los CIENTO UN años!

Y es que esperamos CIENTO UN años los coahuilenses, para que el Diputado local, Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, quien es además Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Estado, tomara la decisión de celebrar tan importante fecha. Pues claro compañeros, no todos los días se cumplen CIENTO UN años.

Por supuesto que no podía faltar en esta fiesta tan importante, el Gobernador Rubén Moreira, a quien se le dio el honor de dejar su nombre plasmado en una placa para la posteridad.

Sin embargo, el evento no quedó ahí y trascendió cuando surgieron varias inquietudes tanto entre Diputados, como entre trabajadores del Congreso del Estado, reporteros y públicos en general, pues el diseño muestra facetas diferentes a lo que la historia nos ha enseñado, como modificaciones importantes a los colores de los símbolos patrios. Pero, sin duda alguna, lo que más llamó la atención de propios y extraños, fue que en la entrada principal del vestíbulo, se incluyó a un lado de Don Venustiano Carranza, la figura de un profesor de historia que coincidentemente muestra un gran parecido con Gabriel Pereyra Lanza, que resulta ser el enlace entre el Congreso Local y el autor de la obra. No obstante, como en este país respetamos la libertad de expresión, no ahondaré más en el tema.

En lo que si entraré a detalle, será en la falta de transparencia con la que OTRA VEZ se hicieron las cosas en Coahuila. Lamentablemente estas prácticas opacan la conmemoración del CIENTO UN aniversario de la conformación del ejército constitucionalista carrancista. Aun cuando la fecha lo ameritara, no podemos dejar pasar el hecho de que se hagan “caravanas con sombrero ajeno” y se gasten miles de pesos en obras de esta índole, mientras que por otro lado, no se mueve un solo dedo para reclamar los recursos de los coahuilenses que le incautaron las autoridades norteamericanas al extesorero responsable de la deuda histórica más grande de un Estado en este país, Héctor Javier Villarreal Hernández.

Disculpen la expresión compañeros pero en el caso de Coahuila, “la burra no era arisca, la hicieron los Moreira y sus secuaces”.

Por eso, estoy aquí DEMANDANDO que se nos informe, no solo a la población de Coahuila, sino a todos los mexicanos, sobre la forma en que nuestros gobernantes deciden sobre recursos que ganamos día a día con el sudor de nuestras frentes y que les llegan a sus manos gracias políticas públicas mal diseñadas y que se esconden detrás de argumentos como “que paguen más los que más tienen”. Ya basta de solapar gobiernas con prácticas turbias y mañas que nacieron hace 85 años. Hoy los coahuilenses queremos mínimo saber lo siguiente:

• ¿Cuál fue el mecanismo para elegir al pintor que hizo esta obra?

• ¿Quién verificó y aprobó el modelo de la obra?

• ¿Hubo un proceso de licitación o concurso o convocatoria para ser considerado como artista para esta obra?

• Si es así, ¿Quiénes participaron en ella? y ¿cuáles fueron los criterios para seleccionar una obra que presenta una imagen coincidentemente muy parecida al encargado de contratar al artista?

Por notas periodísticas nos hemos enterado que el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Estado de Coahuila, el Diputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, parece que sí estaba al tanto de los detalles de este proyecto de obra. Tan es así que gustosamente encabezó su evento inaugural y cedió el honor de que su nombre quedara impreso en los muros del Congreso Estatal, al Segundo Gobernador Moreira que hemos tenido. Sin embargo, en varias publicaciones el Dip. Mendoza Berrueto ha declarado que no había vista la obra hasta ese día, lo cual me parece indignante y preocupante porque me hace pensar que, o se está gastando el dinero de los coahuilenses sin saber en qué, lo cual es muy irresponsable; o como es costumbre en los gobiernos moreiristas, adoptó la doctrina de “no veo, no digo, no escucho”

Este tipo de derroches de la actual administración del Congreso del Estado es una muestra más de lo que sucede en Coahuila, resulta indignante que sucedan situaciones tan ridículas en mi estado natal, pero que además cuesten dinero a los coahuilenses. Como si fuera poco cargar con la deuda estatal que además heredaremos a las próximas generaciones.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de ésta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente alDiputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, a que instruya a quien corresponda para que se presente a este Senado de la República, un informe pormenorizado sobre el proceso de adquisición de la obra "Carranza en los Muros del Congreso", el cual deberá incluir el costo, partidas presupuestales utilizadas, forma de contratación, responsable de la obra y justificación legal de la erogación.

Dado en el salón de sesiones, a 8 de Abril de 2014.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.





 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo un estudio del subsuelo de la zona donde se ubica el fraccionamiento Villas Rinconada del Mar, en Acapulco, Guerrero. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) Y LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) SE LLEVE A CABO UN ESTUDIO DEL SUBSUELO DE LA ZONA DONDE SE UBICA EL FRACCIONAMIENTO VILLAS RINCONADA DEL MAR EN ACAPULCO, GUERRERO.

“El suscrito Senador de la República, Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracc. II y el artículo 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, el presente Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El reciente paso de los fenómenos meteorológicos de septiembre del año pasado, dejó en el país entidades devastadas, siendo la más dañada el estado de Guerrero.

Tales fueron los impactos causados por el huracán ‘Ingrid’ y la tormenta tropical ‘Manuel’ en Guerrero, que aproximadamente entre 230 mil y 250 mil hectáreas de cultivo (25% de la superficie que se cultiva en el estado), fueron dañadas por las fuertes lluvias, desbordamiento de ríos y deslaves, afectando aproximadamente a 100 mil campesinos1.

A esto se suma lo ocurrido en los centros escolares del estado, por ejemplo según cifras proporcionadas por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio ChuayffetChemor, 887 planteles presentan daños de leves a graves en su infraestructura, de los cuales 730 aproximadamente se ubican sólo en Guerrero2.

Del total de los 887, 500 de ellos están considerados como pérdida total en diez estados de la República y por lo menos 150 deben ser reubicados únicamente en Guerrero.

De igual forma de 20 mil viviendas que resultaron afectadas por estos fenómenos en todo el país, 13,700 corresponden al estado de Guerrero3, muchas de ellas como resultado de haber sido construidas en zonas no aptas como pasó en Acapulco, en donde condominios fueron construidos sobre humedales.

Esto ocurrió con el fraccionamiento Villas Rinconada del Mar, ubicado en el puerto de Acapulco en la zona conocida como Diamante. En dicho asentamiento, las viviendas afectadas por Manuel, presentan fisuras en su estructura y lodo impregnado en las paredes.

Asimismo, el canal pluvial se encuentra rebasado de aguas residuales y en consecuencia las coladeras en la calle están colmadas, lo que genera olores fétidos y riesgos en materia de salud. Ante esta situación, el 50% de los dueños de las viviendas abandonaron el lugar, según comentarios de los vecinos4.

A seis meses de ocurridos los fenómenos naturales, las casas no han sido reparadas en su totalidad, además de que se suspendieron desde hace un mes los trabajos de introducción de drenaje en la calle principal, llevados a cabo por la CONAGUA.

Debido a la proximidad de las lluvias, los habitantes de dicho asentamiento reclaman que las autoridades lleven a cabo un estudio del subsuelo de la zona para conocer la situación actual del lugar.

Es importante que las autoridades de los tres órdenes de gobierno coordinen esfuerzos en la prevención de desastres naturales que pudieran afectar nuevamente a nuestra nación y sobre todo a las comunidades de mayor vulnerabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) lleven a cabo un estudio del subsuelo de la zona donde se ubica el fraccionamiento Villas Rinconada del Mar en Acapulco, Guerrero; con el propósito de evaluar la pertinencia de su permanencia.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) se reanuden las obras de introducción de drenaje en la calle principal del fraccionamiento Villas Rinconada del Mar en Acapulco, Guerrero.

Cámara de Senadores, a 8 de abril de 2014.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.

1 Guerrero, Jesús, “Pierde Guerrero 250 mil has. de cultivo”. Reforma, México, 29/09/13.

2 El Universal, (2013), Reubicarán 150 escuelas dañadas por lluvias en Guerrero, El Siglo de Torreón, México, 10/10/2013 [En línea] www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/922017.reubicaran-150-escuelas-danadas-por-lluvias-en-guerrero.html

3 Boletín SEDATU. De las más de 20 mil viviendas afectadas por “Manuel” e “Ingrid” en el país, 13,700 son de Guerrero. 21 de octubre de 2013.

4 Salmerón, Argenis. “Vecinos de Rinconada del Mar temen la llegada de las próximas lluvias; exigen un estudio del subsuelo”.El Sur de Acapulco. 10 de marzo de 2014.





 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en conjunto con la Procuraduría General de la República, se implemente una campaña preventiva contra el secuestro, robo, sustracción y extravío de infantes. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA ALA SECRETARIA DE GOBERNACION PARA QUE EN CONJUNTO CON LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE IMPLEMENTE UNA CAMPAÑA PREVENTIVA CONTRA EL SECUESTRO, ROBO, SUSTRACCION Y EXTRAVIO DE INFANTES

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La inseguridad en México es una de las muchas problemáticas que más lacera a la ciudadanía en general; la diversificación de los delitos, así como su incremento en los últimos años ha ocasionado alarma en toda la sociedad mexicana, teniendo que cambiar hasta sus hábitos cotidianos.

Según el documento “8 Delitos Primero, Indice Delictivo CIDAC”, realizado por los integrantes del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), los delitos que impactan la percepción de inseguridad son: en primer lugar, el secuestro, seguido por homicidios dolosos, lesión dolosa con arma blanca, extorsión, robo sin violencia transeúnte, robo con violencia transeúnte, robo con violencia vehículo y robo sin violencia vehículo.1

De los delitos anteriormente mencionados, el secuestro es uno de los que más alarma a la ciudadanía, ya que se priva de libertad de forma ilegal a una persona o grupo de personas durante un tiempo, con objeto de obtener un rescate que normalmente es una cotización económica u otras exigencias del secuestrado o de terceros.

Regularmente, el secuestro deriva a la realización de otros delitos como sería la trata de personas, uno de los delitos más lucrativos del mundo, que está detrás del tráfico de drogas y de armas.

Mucho se habla de la trata de personas, pero muy poco del tráfico de infantes, el cual se considera como una de las formas de trata de personas, ya que se utiliza a los menores para ser explotados laboralmente, en la mendicidad o sexualmente.2

México no es la excepción, el robo y la desaparición de niñas y niños se llevan a cabo cuando los infantes son sustraídos de hospitales, de sus hogares, o en la vía pública, con el fin de secuestrarlos, o en el peor de los casos, son vendidos para adopciones ilegales dentro y fuera del país, explotación laboral y sexual, incluso para tráfico de órganos.

Referente a la violencia sexual y robo de niñas, niños y adolescentes, la revista electrónica “México Social”, destaca tres tipos de delitos: 1) Exposición de menores e incapaces; 2) Sustracción y trafico de menores de edad e incapaces y; 3) Delito de lenocinio, los cuales, en el periodo de 2009 a 2011, se abrieron un total de 2, 141 averiguaciones previas, lo que equivale a 713 casos anuales, es decir, dos denuncias al día.3

Asimismo, según un diagnóstico realizado por la Organización de las Naciones Unidas y la Secretaria de Gobernación, en México cerca de 70 mil niños y niñas son víctimas de trata, y de 28 países con problema de trata de personas en América Latina, lamentablemente México es el país líder en la trata de infantes.4

Además, según las últimas cifras obtenidas por el Senado de la República, en promedio, de tres a cuatro niños desaparecen cada hora en México.5

Para los padres de los infantes les resulta lo mismo si es secuestro o robo, sustracción, extravío o huida voluntaria, coinciden en que se trata del dolor más lacerante, que aumenta ante la apatía, incapacidad, insensibilidad y falta de coordinación por parte de las autoridades.

Casos como el suscitado en la Colonia Nativitas en la Ciudad de México, en el cual una estudiante de secundaria de 14 años desapareció, revelan el mal trabajo, la burocracia y el desinterés por parte de las autoridades frente a una situación tan grave como el robo o secuestro de infantes; y es que a 90 días de la ausencia de la adolescente y tras una cascada de peticiones erróneas por parte de la policía, no fue posible obtener el rastreo e historial de su móvil, indispensable en la indagatoria, derivado a que la compañía telefónica rechazo en varias ocasiones los oficios judiciales para la entrega del documento, razonando que no llevan las firmas adecuadas, porque no refieren artículos de la ley correctos, o simplemente porque se giran a instancias incorrectas.6

Asimismo, lo más lamentable es que al momento de presentar la denuncia, las autoridades sin averiguación alguna, agravian a los desaparecidos, asegurando que los menores desaparecieron por descuidos de los padres o tutores, en otros casos, porqué tenían alguna relación secreta, un embarazo, adicción, o problemas en casa. Dando por hecho, suposiciones que solo entorpecen la búsqueda, localización y recuperación de menores de edad desaparecidos.

Basta con salir a la tienda de la esquina, a los mercados, centrales de autobuses de todo el país, estaciones del metro, lugares públicos, y por supuesto en las agencias del Ministerio Público, para encontrar tapizadas las paredes con fotocopias con la imagen de cientos de niños extraviados.

Actualmente, la Procuraduría General de la República cuenta con la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Organos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quien se encarga de investigar el delito de tráfico de menores cuando hay participación de integrantes de la delincuencia organizada en la comisión de dicho delito.7

En cuanto al robo o extravío de infantes, la institución que en conjunto con organismos internacionales, tiene como finalidad la búsqueda de menores en esta situación, es INTERPOL- México, quien a través de la "Alerta Amber", se activa un sistema que tiene por objetivo la búsqueda y localización de menores de edad que se encuentran en riesgo inminente de sufrir daños a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito.8

De acuerdo con diversas organizaciones enfocadas a la recuperación de niños extraviados, las primeras horas de búsqueda de una persona son vitales y en el caso de menores de edad es aún mayor derivado de su situación de vulnerabilidad, por ello, dicha alerta es transmitida a través de  medios masivos como: televisión, radio, mensajes por celular, correo electrónico, entre otras, el objetivo es llegar al mayor número de personas en el menor tiempo posible.9

En México el “Programa Nacional Alerta Amber” fue implementado en el último año de la pasada administración federal, desafortunadamente, el programa es conocido por el 31% de los mexicanos, según datos de la encuesta nacional de Parametría, sólo tres de cada diez entrevistados dijo conocer o escuchar sobre el programa de Alerta AMBER.10

Además, resulta importante resaltar que este programa se ha quedado en un mero acto protocolario, pues no opera del todo a nivel nacional; incluso, en algunos estados, sin ningún tipo de obligación, firman un convenio para ponerla en operación, pero en la práctica carece de organización y coordinación no sólo con otros estados del país, sino también con otros países.

Lo anterior, se refleja en la desinformación que muestra la ciudadanía, para ejemplificar, según la misma encuesta realizada por Parametría, a nivel nacional, un 38% de entrevistados dijo que sí sabía de que trataba el programa de Alerta Amber, mientras un 62% expuso que desconocía tal información; en cambio en el Distrito Federal los resultados fueron todo lo contrario, 63% de los encuestados conocían el programa mientras un 37% no.11

Este mismo ejercicio se observa al momento de cuestionarles sobre si conocen el número telefónico para activar la alerta, a nivel nacional el 72% de los consultados no sabía de la existencia del número telefónico para poder denunciar la desaparición de menores de edad, sólo 28% identificó la existencia del mismo; en el caso del Distrito Federal, 6 de cada diez entrevistados sabía del medio para activar la alerta AMBER.12

Finalmente, otro de los errores que se comete constantemente con el programa nacional Alerta Amber es, la nula participación y cooperación por parte de la iniciativa privada, ya que con excepción de algunos medios electrónicos, pocos difunden las fotografías de niños robados o lo hacen en horarios sin raiting o en escasos segundos.

La desinformación por parte de los mexicanos frente al como actuar frente al robo o extravió de niños y niñas, combinado con la burocracia y corrupción que existe en el país, aunado a la poca participación por parte de la iniciativa privada, y el caso omiso que se les presta a las organizaciones civiles dedicadas a la previsión, búsqueda y localización de infantes; son factores que sin duda influyen en que tráfico de infantes sea una problemática que aumenta día con día en México.

Por lo anterior, es indispensable prevenir el robo, extravío, de niños, niñas y adolescentes mexicanos, así como regular su búsqueda y localización de los mismos.  También, contar con una base de datos gubernamental referente a los infantes extraviados y su estatus, lo anterior, con el objeto de crear una cultura de protección de infantes, para evitar la trata y el lucro de los mismos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Gobernación para que en conjunto con la Procuraduría General de la República:

a) Se implemente una campaña preventiva contra el secuestro, robo, sustracción y extravío de infantes.

b) Informe a esta Soberanía sobre cuantos son los casos de robo de niños, niñas y adolescentes por entidad federativa.

c) Informe a esta Soberanía cuales son los casos exitosos de localización de infantes, en los que el “Programa Nacional Alerta Amber” haya intervenido.

Dado en el salón de sesiones, a 8 de abril de 2014”.

1 Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. 8 Delitos Primero, Indice Delictivo CIDAC. 2013. México. Disponible en:
http://cidac.org/esp/uploads/1/Indice_Delictivo_CIDAC_2012._8_delitos_primero_1.pdf?__hstc=212340043.b1d70cc41fdda30af81fb0846c2a009d.1395876028837.1395944155675.1396283703742.3&__hssc=212340043.1.1396283703742&__hsfp=597178194 [consulta 30 de marzo de 2014].

2 Procuraduría General de la República. Tráfico de menores. México. 2013. Disponible en: http://www.pgr.gob.mx/combate%20a%20la%20delincuencia/delitos%20federales/delincuencia%20organizada/Trafico%20de%20menores/Trafico%20de%20Menores.asp [consulta 31 de marzo de 204].

3 Ibídem.

4 Tonantzin Pedro. México encabeza trata de menores en América Latina. Periódico Excelsior. México. 2013. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/2013/02/19/885135 [consulta 31 de marzo de 2014].

5 Blancas Madrigal Daniel. Cada hora desaparecen en México de 3 a 4 niños. La Crónica. México. Disponible en: http://www.cronica.com.mx/notas/2012/677990.html [consulta 31 de marzo de 2014].

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 Carta Paramétrica. Alerta AMBER, un programa poco conocido. Parametría. México. 2013. Disponible en: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4547 [consulta 31 de marzo de 2013].

10 Ibídem.

11 Ibídem.

12 Ibídem.





 

De los Senadores Jesús Casillas Romero y Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas del país a legislar y emitir sus programas en materia de cambio climático. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SEEXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAIS A LEGISLAR Y EMITIR SUS PROGRAMAS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMATICO.

“Los suscritos, Senadores JESUS CASILLAS ROMERO y AARON IRIZAR LOPEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SEEXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAIS A LEGISLAR Y EMITIR SUS PROGRAMAS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMATICO; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

El 19 de abril de 2012, fue aprobada finalmente en México la Ley General de Cambio Climático, considerada como una de las leyes nacionales más sólidas a la fecha, atento a sus metas de emisiones y mitigación. Incluye, entre otras disposiciones, un mandato para que en 2020 las emisiones de dióxido de carbono se hayan reducido a 30% respecto de los niveles del año 2000, y a un 50% menos en 2050.

Además establece que 35% de la electricidad del país deberá provenir de fuentes renovables en 2024, exige un reporte obligatorio de sus emisiones a los principales generadores de contaminación y gases de efecto invernadero (GEI) e incentiva el desarrollo de un esquema de mercado de carbono.  Así, el país emprende el camino hacia una economía de baja emisión de carbono, y hará una contribución real y mundial al combate contra la crisis climática.

Esta Ley es un resultado exitoso de la Cumbre de Cambio Climático realizada en Cancún (Conferencia de Partes de Naciones Unidas para el Cambio Climático COP 16). Ello convierte a México y Gran Bretaña en los dos países que han promulgado exhaustivas legislaciones sobre cambio climático. Es un punto de partida al que se deben sumar otras normas e instrumentos, en nuestro país, por citar algunos, las LEYES ESTATALES en materia de cambio climático, la ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO (ENCC), presentada por el Presidente de México, ENRIQUE PEÑA NIETO el pasado mes de junio; además, el inminente PROGRAMA ESPECIAL DE CAMBIO CLIMATICO 2013-2018 (PECC), instrumento que establecerá acciones prioritarias para reducir las emisiones de Efecto Invernadero (GEI), así como políticas públicas en términos de adaptación y mitigación al cambio climático, que permitan reducir el nivel de vulnerabilidad en que se encuentran muchas poblaciones del país las cuales viven en zonas de huracanes o con inundaciones y sequías frecuentes.

Por lo que respecta a las primeras, las legislaciones estatales en materia de cambio climático revisten una trascendental importancia, en virtud de que la experiencia obtenida a lo largo de las diversas Conferencias de Partes de Naciones Unidas para el Cambio Climático, ha permitido concluir válidamente que el desarrollo de legislación es la vía para consolidar el llevar a cabo acciones para reducir nuestras emisiones, mejorar nuestra eficiencia y seguridad energética, promover el manejo sustentable de nuestros bosques, ejecutar medidas de adaptación y preparar nuestras economías para los impactos inevitables ocasionados para el cambio climático. Además, constituye un facilitador para obtener acuerdos globales jurídicamente vinculantes entre las naciones; lo que acentúa su valía ante la intención de lograr un acuerdo global satisfactorio para el año 2015, en la Conferencia de Partes a celebrarse en París, Francia (COP 21).

Además de lo anterior, la importancia de la existencia de legislaciones estatales en materia de cambio climático redunda también, en consolidar instancias e instituciones permanentes, una coordinación prestablecida, definidas atribuciones y competencias, previsiones presupuestales, y al estar también en el marco de la ley local, logramos que las acciones sean abordadas con una visión a largo plazo, independientemente del gobierno en turno. Lo mejor, se tratará de disposiciones acordes a la situación concreta de cada localidad.

Ello fue previsto en la Ley General de Cambio Climático, tan así que en su texto normativo se advierten disposiciones como las siguientes:

“Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones:”…

… “II. Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, de acuerdo con la Estrategia Nacional y el Programa en las materias siguientes:

a) Preservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y recursos hídricos de su competencia;

b) Seguridad alimentaria;

c) Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y acuacultura;

d) Educación;

e) Infraestructura y transporte eficiente y sustentable;

f) Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano de los centros de población en coordinación con sus municipios o delegaciones;

g) Recursos naturales y protección al ambiente dentro de su competencia;

h) Residuos de manejo especial;

i) Protección civil, y

j) Prevención y atención de enfermedades derivadas de los efectos del cambio climático;”…

…“IV. Elaborar e instrumentar su programa en materia de cambio climático, promoviendo la participación social, escuchando y atendiendo a los sectores público, privado y sociedad en general;”…

…“XIV. Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales para enfrentar al cambio climático;”…

… “Artículo 11. Las Entidades Federativas y los Municipios expedirán las disposiciones legales necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta ley.”

Así, como se lee, también los gobiernos locales deberán regular, en el ámbito de su competencia, acciones de mitigación en materia de cambio climático, elaborar e instrumentar su programa y en general, expedir las disposiciones legales necesarias para regular las materias y competencias que les fueron atribuidas en la Ley General de Cambio Climático.

Se tiene conocimiento que algunos Estados ya cuentan con una ley en la materia, como Baja California, Coahuila de Zaragoza, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz.

Algunos otros ya trabajan en ello, por ejemplo, el Gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, destacó que ya se tiene un proyecto básico de lo que será la normatividad que facilite que las actividades humanas en esa entidad cumplan con las exigencias en reducir los gases de efecto invernadero; mismo que en breve será debatido y ampliado para su aprobación final en el Poder Legislativo. También Morelos y Sonora están avanzados en ello y el estado de Tabasco cuenta con algunas disposiciones en su Ley de Protección Ambiental.

Como se ve, existen avances significativos en materia de legislación estatal en materia de Cambio Climático, no obstante, aún falta por hacer y resulta indispensable que las entidades federativas cuenten con sus legislaciones locales relativas.

Ha quedado completamente demostrado que el 95 % de los cambios en el sistema climático son provocados por la actividad humana. En los últimos años, México ha sufrido una serie de eventos hidrometeorológicos que han generado graves daños sociales y económicos y que requieren de importantes inversiones para permitir a las regiones afectadas regresar a su condición habitual. Esto ha hecho evidente la gran vulnerabilidad del país y la importancia de avanzar en el tema.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (organización civil apartidista que promueve desde 1993 el derecho a un medio ambiente sano y la protección ambiental) alerta sobre las consecuencias de no actuar contra el cambio climático. Asegura que se pone en riesgo a 15 por ciento del territorio nacional, a 68 por ciento de la población y 71 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Por ello, se reitera la urgencia de avanzar en materia de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, para lo cual, conforme se ha expuesto, la legislación y los programas en materia de cambio climático locales constituyen herramientas indispensables.

Por ello, la propuesta que nos permitimos traer a la consideración de esta honorable Asamblea, lo es precisamente a exhortar respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas del país a legislar y emitir sus programas en materia de Cambio Climático.

Máxime que la acepción legislativa en nuestro país ha sido un destacable en las conferencias y cumbres internacionales, y ahora que tenemos en puerta la Segunda Cumbre Mundial de Legisladores en el mes de junio del presente año, de la cual México será anfitrión, así como la importancia de las Conferencias de Partes 20 y 21 a celebrarse este y el siguiente año en Lima y París respectivamente (COPS 20 y 21), para lograr un acuerdo mundial satisfactorio en materia de cambio climático; muy oportuno sería que las entidades federativas pudieran contar con las herramientas citadas y de paso, dar cuenta de ellas en las siguientes conferencias y cumbres de carácter internacional como también, del compromiso que la Nación Mexicana tiene sobre el tema que en este documento nos ocupa.

En mérito de lo anterior, nos permitimos poner a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de…

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a…

a).- Los Congresos Locales, para que en el ámbito de sus atribuciones, emitan sus respectivas leyes locales en materia de Cambio Climático; así como aquellas disposiciones encaminadas a la adaptación y mitigación en la materia, a efecto de contar con normas acordes a las particularidades de cada entidad federativa.

b).- A los ejecutivos de los gobiernos estatales, para que expidan e implementen sus respectivos programas en materia de cambio climático, promoviendo la participación social, escuchando y atendiendo a los sectores público, privado y sociedad en general.

SEGUNDO. Para el caso de que ya se cuente con legislación local, programas o avances en éstos en materia de cambio climático, el Senado de la República hace un especial reconocimiento y exhorta a continuar con los esfuerzos que permitan contar con herramientas regulatorias que contribuyan a la adaptación y mitigación en favor de todos los mexicanos.

Dado en el salón de sesiones, a 8 de abril de 2014.

Suscriben

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Aarón Irízar López”.





 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Luisa María Calderón Hinojosa, María del Pilar Ortega Martínez, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar diversas gestiones en pro de la defensa de los derechos humanos de los venezolanos. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.







 

De los Senadores Armando Ríos Piter, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y Laura Angélica Rojas Hernández, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que, a través del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información y en coordinación con los congresos locales de Nuevo León, Guanajuato, Chiapas y Guerrero, se realicen 4 foros regionales en materia de transparencia y parlamento abierto. Se turna a la Comisión de Coordinación Política.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA DEL SENADO DE LA REPUBLICA PARA QUE A TRAVES DEL COMITE DE GARANTIA DE ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION Y EN COORDINACION CON LOS CONGRESOS LOCALES DE NUEVO LEON, GUANAJUATO, CHIAPAS Y GUERRERO, SE REALICEN 4 FOROS REGIONALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PARLAMENTO ABIERTO.

“Los Senadores Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática así como la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández del Grupo Parlamentario Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA DEL SENADO DE LA REPUBLICA PARA QUE A TRAVES DEL COMITE DE GARANTIA DE ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION Y EN COORDINACION CON LOS CONGRESOS LOCALES DE NUEVO LEON, GUANAJUATO, CHIAPAS Y GUERRERO, SE REALICEN 4 FOROS REGIONALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PARLAMENTO ABIERTO bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

La transparencia es una cualidad que todo espacio del poder público debe observar para mantener una relación sana con la sociedad. Las y los representantes populares estamos comprometidos a realizar nuestro mandato de cara a la ciudadanía. La mejor manera de garantizar la representatividad de quien nos eligió es siendo congruentes y transparentes en nuestras decisiones y sus motivaciones.

La LXII Legislatura del Senado de la República se ha caracterizado por impulsar grandes cambios que nos prometen un mejor país. En materia de transparencia, no hemos dejado de incorporar a nuestro marco jurídico las prácticas más innovadoras para garantizar el acceso a la información de forma transparente y con oportunidad. La reciente reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública, es de vital importancia para entender la democracia de México.

En esta asamblea hemos pasado del discurso a los hechos, concretando reformas de transparencia y combate a la corrupción que colocan a México como uno de los países con la legislación más desarrollada en la materia. En poco más de una década, hemos pasado de ser uno de los países más opacos y cerrados a una de las naciones con mejores prácticas de transparencia y apertura internacional.

Para demostrarlo, basta rescatar algunas de las cifras dadas a conocer por el propio Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), en relación con el 2013. Durante este año, los recursos de revisión realizados por el órgano autónomo aumentaron en un 20.2 por ciento con respecto a los del año 2012. Por otro lado, las solicitudes de información realizadas entre 2003 a 2013 superan el millón y las de consulta en el Portal de Obligaciones de Transparencia se encuentran por arriba de los 100 millones en el periodo comprendido entre 2007 y 2013.

No obstante, a pesar de estas cifras, aún existe en nuestro país una enorme necesidad de avanzar en el tema, pues pese al incremento en visitas a los portales de transparencia y solicitudes realizadas, las autoridades responsables de brindar la información requerida a la ciudadanía se siguen resistiendo a proporcionarla. A esto habrá que añadir el excesivo uso del carácter de “reservado” con el que mucha información es catalogada.

La reforma constitucional en materia de transparencia y rendición de cuentas aprobada por el Congreso de la Unión, y recientemente publicada por el Ejecutivo Federal es el resultado de la demanda de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales para impulsar una segunda generación de reformas que establece las bases generales de acceso a la información, con el objeto de combatir el retraso de la modernización en la materia a nivel de entidades federativas.

Con esta reforma se planteó, entre otros aspectos, un nuevo diseño institucional y legal del órgano garante de acceso a la información en nuestro país. El nuevo texto constitucional perfila al órgano con autonomía constitucional, grado máximo al que una institución puede llegar en nuestro sistema jurídico actual. Dicho status confiere una mayor cantidad de atribuciones que le permitan, en este caso específico, obligar a las autoridades a otorgar la información requerida a los ciudadanos y ciudadanas que deseen hacer uso de este derecho fundamental.

Por otra parte, con esta reforma se amplío el número de sujetos obligados a cumplir con  las leyes de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad, llámense Partidos Políticos, fideicomisos, sindicatos y, en general, cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en cualquiera de los tres niveles de gobierno (federal, estatal o municipal), quienes a partir de ahora están obligados a contribuir con la información que solicite la ciudadanía.

Asimismo, la legislación aprobada por el Congreso General y la mayoría de los Congresos Locales establece, de manera mucho más clara, las reglas para que cualquier sujeto obligado por la Ley pueda denominar a cierta información “inexistente” o “reservada” para evitar su uso excesivo, al tiempo que les impone la obligación, no menor, de conservarla y preservarla en archivos administrativos actualizados, así como de publicar en medios electrónicos el ejercicio de los recursos públicos ejercidos, lo cual se traduce en un enorme paso en el fortalecimiento de la rendición de cuentas en México. Con la nueva reforma de transparencia se pretende adentrar a México en una verdadera era de la información, donde la ciudadanía disponga de mecanismos de control y vigilancia sobre sus gobiernos, resultado de la información clara, precisa y oportuna de cómo se ejercen sus recursos y cómo actúan las autoridades frente a diversos temas para ellos relevantes.

Todo este entramado legislativo sería insuficiente y sólo generaría una entropía normativa, si no va acompañado de una nueva cultura de participación cívica que haga que cada vez más ciudadanos estén informados, denuncien abusos, propongan alternativas de solución a los diversos problemas y hagan efectivos los nuevos mecanismos de rendición de cuentas. Desde el punto de vista de los derechos ciudadanos, la ley reglamentaria debe además de reconocer el acceso a la información como derecho humano, necesita ser acompañado por un régimen jurídico que de los elementos y garantías para su correcto ejercicio.

La LXII Legislatura del Senado de la República tiene la responsabilidad con las organizaciones civiles, instituciones académicas y la sociedad civil, así como establecer los puentes de comunicación con los órganos locales de transparencia, de construir un dialogo para diseñar una nueva arquitectura institucional que permita al país afrontar de manera eficaz los compromisos y obligaciones asumidos con la sociedad mexicana.

En esa lógica, Senadores y especialistas se pronunciaron por lograr hacer un parlamento abierto a la ciudadanía. Partiendo como reto en común, el dotar a nuestra democracia representativa de los instrumentos de participación ciudadana que permita involucrar a la sociedad en asuntos públicos para lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas.

El Parlamento Abierto alude a una cualidad que consiste en cambiar la manera en que la sociedad se relaciona con sus representantes a través de la apertura y la publicación de información, así como en la creación de espacios de participación ciudadana en los procesos de deliberación. La apertura de datos, junto con el aprovechamiento de las recientes mejoras en las tecnologías de información y comunicación, representa un paso más para acercarnos a nuestro electorado y sus intereses. Así, un Parlamento Abierto es el que rinde cuentas y se acerca a la ciudadanía mediante mecanismos de participación efectiva.

En congruencia con el compromiso firme de impulsar la agenda de Parlamento Abierto, el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, en colaboración con la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, la semana pasada iniciaron la convocatoria a la Semana de Transparencia y Parlamento Abierto en el Senado de la República, para la cual contaron con el invaluable apoyo del Instituto Nacional Demócrata (IND), FUNDAR Centro de Análisis e Investigación y Transparencia Mexicana.

Dicho evento tiene como objetivo abordar los temas que interesan a la ciudadanía, la academia, la sociedad civil organizada y a las y los representantes parlamentarios que permitan contar con elementos prácticos y teóricos para diseñar y ejecutar mejores normas y prácticas internas a favor de la transparencia y el Parlamento Abierto.

Si bien, sabemos que el tema de la transparencia hoy se ha vuelto un concepto que anda en boca de muchas agrupaciones constituidas como asociación civil o simplemente como grupos sociales interesados en ejercer uno de sus derechos humanos, hay que agradecer el interés y el gran trabajo en apoyo de la construcción de esta Ley general de trasparencia y acceso a la información pública a las organizaciones civiles como FUNDAR, México Infórmate y Colectivo por la Transparencia quienes no han parado de hacer un llamado a los legisladores para que rinden un marco jurídico adecuado a la sociedad que estamos buscando tener.

En la inauguración de dicha Semana, se acordó que legisladores del Senado y diputados entablarán mesas de diálogo con integrantes de organizaciones de transparencia. Al respecto, el presidente del Senado, Raúl Cervantes, dijo que se está trabajando en una Ley del Congreso y en una Comisión Bicameral para abrir la información legislativa a los ciudadanos. Lo que no se podía seguir haciendo era invitar a voces técnicas y especializadas que solamente pareciera que eran validadas con su presencia pero nunca con su conocimiento.

Este tipo de mecanismos de participación ciudadana promueven la construcción de dictámenes en base a los razonamientos tras escuchar las voces de una u otra opinión, de tal manera que se construye un mejor poder legislativo. El Parlamento Abierto busca ayudar a transitar del ejercicio de la transparencia a una nueva relación entre gobernante y gobernados. Se trata de promover una cultura de cooperación, participación y rendición de cuentas para una nueva gobernanza democrática de sinergias positivas que detone diversas dinámicas de desarrollo.

En ese sentido es muy importante que la discusión se extienda a los Congresos locales para ser abordada desde un federalismo dinámico y participativo que fortalezca los trabajos y conocimientos en materia de transparencia y Parlamento Abierto, concibiendo un espacio pluralista, con la función primordial de que las entidades federativas tengan la oportunidad de construir un espacio de reflexión, análisis y diálogo propositivo, capaz de trascender del debate y la reflexión a la creación, implementación y mejora de los instrumentos que garanticen el Derecho de Acceso a la Información.

Hoy en día los congresos estatales tienen el reto de modernizar sus procedimientos parlamentarios y mejorar las funciones técnicas legislativas para acercar a la sociedad civil a su trabajo y de este modo rendir cuentas por el mandato conferido a los legisladores de tal modo que es imperante la necesidad de realizar cuatro foros regionales a desarrollarse en los estados de Nuevo León, Guanajuato, Chiapas y Guerrero, en materia de Transparencia y Parlamento abierto, para que las entidades federativas logren adoptar las mejores prácticas.

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El pleno del Senado de la República, Exhorta a la Junta de Coordinación Política para que a través del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información y en coordinación con los Congresos Locales de Nuevo León, Guanajuato, Chiapas y Guerrero, se realicen foros regionales en materia de transparencia y parlamento abierto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de abril de 2014

Suscriben

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez”.





 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a verificar que el trato al interior de los hospitales públicos y privados de todo el país hacia mujeres embarazadas sea con respeto a la dignidad humana. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, PARA QUE EN COORDINACION CON SUS HOMOLOGAS ESTATALES, VERIFIQUEN EL TRATO AL INTERIOR DE LOS HOSPITALES PUBLICOS Y PRIVADOS DE TODO EL PAIS HACIA MUJERES EMBARAZADAS SEA CON RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA.

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Uno de los grandes avances de la humanidad en el siglo XX fue el reconocimiento de la dignidad humana como piedra angular de toda acción entre personas o bien entre los gobiernos y sus gobernados, y como resultado de esto se llegó a la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.

Dicha acuerdo internacional protege tanto la dignidad humana, el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la salud, entre muchos otros. Estos han sido antecedentes importantes para que muchas naciones ajusten sus legislaciones a fin de cumplir con el pacto universal, y con ello reconocer que por el sólo hecho de ser humano se tienen garantías mínimas de protección por parte del Estado.

En México, la Constitución Política Federal en su capítulo I, denominado “De los Derechos Humanos y sus garantías”, en su artículo 1º, declara que en México todas las personas gozarán de los Derechos Humanos que reconoce la Constitución Federal, debido a que el Estado signó dicho acuerdo desde 1948.

Esto se debe traducir en acciones de gobierno encaminadas a proteger y hacer valer los Derechos Humanos de todas las personas dentro del territorio nacional, y por otro lado, se debe ver reflejado a través de políticas públicas que tengan como finalidad dar garantía y certeza de protección de estos derechos mínimos de todo ser humano, pero sobretodo, significa que todas las autoridades y personas deben actuar respetando la dignidad humana, los derechos de los demás, y al mismo tiempo exigir el respeto a sus propios derechos.

Sin embargo en muchos ámbitos de la vida pública de México el panorama es desolador en cuanto al respeto de la dignidad y los derechos de las personas. Así lo confirma el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 2013, en el que los 20 países integrantes hicieron 188 recomendaciones en materia de respeto a los Derechos Humanos.1

Uno de los ámbitos del sector público que los últimos ha sido severamente cuestionado por el maltrato, la falta de respeto a la dignidad humana y la violación de los Derechos Humanos hacia mujeres, es el área de la salud, específicamente dentro de los hospitales públicos, donde mujeres en labor de parto son objeto de malos tratos, humillaciones, discriminación y falta de un servicio de atención profesional por parte del personal médico que las atiende.

El pasado mes de enero se dio a conocer una investigación coordinada por el Dr. Roberto Castro intitulada “Génesis de la práctica del habitus médico autoritario en México”, la cual señala que en el país al igual que muchos países de América Latina, como son Perú, Costa Rica, Brasil y Argentina, se han llevado a cabo diversos estudios para analizar la problemática de los servicios de salud y cómo es que estos espacios constituyen un ámbito desde el cual se ejerce violencia contra las mujeres.2

La investigación que tiene como objeto explicar la relación entre el habitus médico autoritario con la atención que brinda el personal médico a las pacientes de hospitales públicos, señala que en los últimos 12 años, la Comisión Nacional y las Comisiones Estatales de los Derechos Humanos han emitido 150 recomendaciones relacionadas con el abuso en la atención de la salud reproductiva.

Ha esto se debe sumar que entre 2000 y 2012 la Comisión Nacional de Arbitraje Médico arbitró 2, 877 quejas en el área de gineco-obstetricia,3 y cada año en el país ocurren 931 casos de partos fuera de hospitales, los cuales son identificados por la Secretaría de Salud como “fortuitos”,4 sin embargo muchos de ellos ocurren por la falta de atención en los hospitales públicos.

Con base en los datos descritos, se puede afirmar que el panorama en materia del respeto a los Derechos Humanos dentro de los hospitales públicos en el área de gineco-obstetricia es preocupante.

Dentro de la investigación “Génesis de la práctica del habitus médico autoritario en México”,5 en el que se registraron 256 horas de observación directa y 130 partos y césares, se describe cómo es que se ejerce violencia y maltrato hacia las mujeres en labor de parto por parte de médicos y enfermeras, situaciones que denigran la  dignidad de las mujeres que reciben esos servicios de salud, lo cual deja al descubierto cierto desconocimiento del marco jurídico que protege tanto a las mujeres en sus derechos reproductivos, como el derecho a la vida de los niños y niñas quienes también son víctimas de los malos tratos del personal médico.

Además hay que señalar los casos recientes en los que mujeres han tenido que dar a luz en las salas de espera de hospitales públicos por la falta de atención del personal, como fue el caso de la clínica del municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, donde Alma Ruth Mendoza Martínez, dio a luz en el pasto de la clínica.6

Un caso similar fue el de Irma López Aurelio, quien no recibió atención médica y tuvo que dar a luz en el patio del centro de salud San Felipe Jalapa de Díaz, en Oaxaca.

Estos son algunos ejemplos de los más de 931 que cada año ocurren en el país, muchos de ellos desafortunadamente quedan sin denunciar dichas prácticas del personal de clínicas y hospitales públicos.

En este sentido, es urgente que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas estatales, lleven a cabo acciones en primer lugar para detener los